Discursos

Período:133 Reunion:7 Fecha:7/10/2015 PRÓRROGA DE LA LEY 26.204, DE EMERGENCIA ECONÓMICA

SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Corresponde considerar los dictámenes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda -Orden del Día N° 2386- recaídos en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se prorroga hasta el 31 de diciembre del 2017 la vigencia de la ley 26.204, de emergencia económica (expediente 0011-pe-2015).

AQUÍ ORDEN DEL DÍA N° 2386

SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) En consideración en general.
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

SR. FELETTI, ROBERTO JOSE (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señora presidenta: la verdad es que puedo utilizar una parte del término del que dispongo para hacer uso de la palabra para abordar algunas cuestiones del federalismo fiscal. El nivel de transferencia de recursos totales a las provincias asciende a 13 puntos del PBI, lo que es inédito y bastante superior a la situación existente al inicio de este gobierno.
De hecho, además de todas las obras, se transfiere o se coparticipa automáticamente el fondo nacional de la soja, o fondo nacional de los derechos de exportación, que nunca estuvo y que siempre fue tomado como renta de Aduana. De manera tal que hay innumerables muestras de federalismo fiscal, pero reitero que el volumen de transferencia de recursos totales a las provincias es inédito.
Voy a referirme a la Ley de Emergencia Económica. En primer término, dicha norma legal responde a una necesidad que fue explicada por quien habla cuando mostró la evolución del comercio exterior de la Argentina entre 2012 y 2014. Aquí hemos escuchado hasta el hartazgo cuestiones que niegan la realidad. Así, no es real, como se dijo aquí, que haya una desaceleración del comercio internacional.
Tampoco es real que no exista un proceso por el cual se registra una desaceleración de las economías más desarrolladas, con excepción de Estados Unidos, que plantea un fuerte desafío de competitividad al mundo, porque sale fortalecido. Eso también implica un perjuicio para la Argentina.
En más de una oportunidad –esto no lo expreso con el afán de incurrir en un antinorteamericanismo- he dicho que la economía argentina es altamente competitiva respecto de la estadounidense. Normalmente, los ciclos han demostrado que la recuperación de la economía de los Estados Unidos no impacta favorablemente en la Argentina. De hecho, desde 1994 tenemos un desequilibrio en la balanza comercial respecto de Estados Unidos, que en promedio asciende a 3.800 millones de dólares. Es decir que tenemos más de veinte años de balanza comercial deficitaria en relación con ese país.
Entonces, hay razones para plantear una cuestión de emergencia: la desaceleración del comercio internacional y el impacto que eso tiene sobre las ventas externas del país, tanto en precio como en cantidad.
A ello debe agregarse el tipo de salida de la crisis internacional que hubo después de 2008 y 2009, donde lo que se definió fue una recuperación de la competitividad de los Estados Unidos respecto del mundo desarrollado, lo cual tuvo un impacto significativo sobre la Argentina.
Por lo tanto, la capacidad de reasignar partidas de gasto flexible o no rígido es mínima en función de este escenario.
No suelo utilizar adjetivos calificativos, pero la verdad es que llegó el momento de decir alguna que otra cosa respecto de lo que la oposición ha expresado aquí en relación con el proyecto de ley de presupuesto.
En primer término, nadie puede manejar el presupuesto a su antojo o libre albedrío, porque el 85 por ciento de la inversión presupuestaria es rígida: involucra jubilaciones, salarios y gastos de mantenimiento y de funcionamiento. En consecuencia, nadie puede manejar el presupuesto a su antojo, sino todo lo contrario, a menos que se vaya contra los servicios sociales, lo que ha ocurrido en otras oportunidades pero no durante estos doce años.
Entonces, la posibilidad de reasignar partidas sobre todo, de inversión de capital mediante la desaceleración de una obra y la priorización de otra, es una facultad esencial en un mundo en crisis. Este es el aspecto central.
También he escuchado decir –y creo que esto tiene que ver con la discusión del tema de la emergencia económica- que la mayoría de la gente no cree que tengamos un Estado presente y que sea positivo que el Estado maneje una cantidad de recursos dos veces y media mayor a la de dos años atrás.
La verdad es que a quien dijo semejante barbaridad deberíamos responderle que hay millones de ciudadanos que creen en el rol de redistribuidor social que hemos asignado al Estado votando año tras año la ley de presupuesto, lo que expresan mediante el voto que durante doce años acompañó a este gobierno y que se vuelve a verificar ahora, al colocarnos en la puerta de un cuarto mandato. (Aplausos en las bancas.)
Por lo tanto, cuando alguien dice semejante barbaridad en contra de un Estado presente debería reflexionar un poco acerca de cómo se comporta la ciudadanía frente al presupuesto. En otras palabras, cada dos años nos respalda con su voto.
La Ley de Emergencia Económica también tiene que ver con la facultad de administrar el presupuesto frente a una crisis internacional como la que se vive y la forma de resolución que ella ha tenido, que no ha sido neutral para los países emergentes. Esto lo ha explicado el señor viceministro de Economía cuando vino al Parlamento para explicar extensamente el impacto de la resolución de la crisis sobre los países emergentes, sobre todo, los denominados “BRICS”. No es algo neutral.
De manera tal que frente a todo eso, lo que estamos haciendo es facultar al Poder Ejecutivo para administrar las partidas no rígidas del presupuesto a fin de readecuar obras en función de necesidades de coyuntura.
A esto debe sumarse otro conjunto de cuestiones, como por ejemplo, las tarifas, que durante todos estos años no se han afectado arbitrariamente. Por el contrario, las hemos convertido en parte de la política de ingresos como una forma de estímulo al consumo de bienes durables. Una gran parte de la expansión del consumo de esos bienes obedeció a la baratura de las tarifas de los servicios eléctricos en el área metropolitana.
Todas estas cosas forman parte de un conjunto de normas que ha permitido establecer previsibilidad fiscal en la Argentina. No quiero reiterar la exposición que efectué hace algunas horas, pero reitero que esto es parte de la previsibilidad fiscal que hay en nuestro país.
Precisamente, mientras la oposición permanentemente manifiesta aquí que el proyecto de ley de presupuesto no refleja la realidad y demás, los ciudadanos están tranquilos con él porque saben que les garantiza los haberes previsionales, la Asignación Universal por Hijo, la inversión en infraestructura y la solvencia externa. Eso es algo que asegura este presupuesto y no otro.
Insisto: cuando se critica la presencia del Estado en la economía, lo que se hace es cuestionar su rol como redistribuidor social, las facultades del Poder Ejecutivo para administrar los recursos tributarios y la posibilidad de contar con herramientas potentes frente a un mundo en crisis.
Por otra parte, quiero señalar que no es real lo que hemos escuchado en el sentido de que a todos nuestros vecinos les va bárbaro y a nosotros nos va mal. Si pensamos que la Argentina tiene menos recursos que Perú, Chile y Colombia, habría que volver a discutir el proyecto de ley de presupuesto y analizar por qué cuando los ciudadanos de esos países quieren recibir atención médica o cursar una carrera universitaria vienen a la Argentina. (Aplausos en las bancas.)
Señalo esto porque esas comparaciones que hacen con países que tienen un alto grado de informalidad, una negativa redistribución del ingreso, una renta per cápita más baja que la nuestra y a los que, además, dicen que les va bárbaro, son falsas. La Argentina, con este tipo de presupuesto y con este plexo normativo que incluye las leyes que recién hemos votado y la capacidad del Estado de reasignar partidas no rígidas del presupuesto en el marco de la Ley de Emergencia Económica, cuenta ahora con previsibilidad fiscal. Esto ha posibilitado que año tras año el presupuesto se trate en tiempo y forma y que nunca hayamos tenido una crisis fiscal.
Dicen que tenemos no sé cuántos puntos de déficit del PBI. Lamento decirles que el déficit primario no supera en un punto el PBI y el resultado financiero negativo no pasa 2,5 puntos del PBI. También lamento decirles que se trata de algo absolutamente administrable, porque la mayoría del resultado negativo es deuda intraestado. Lamento decirles que contamos con un Estado solvente. ¿Qué van a hacer? Lo lamento, porque todos sus pronósticos fracasaron.
La Ley de Emergencia Económica nos permite administrar este escenario. “Lamento” que lo hagamos bien, que vayamos a una elección y que nunca obtengamos menos del 40 por ciento de los votos. Lo siento mucho, pero es lo que ocurre con la ciudadanía con estos presupuestos, con esta política económica y con esta administración que hemos tenido a lo largo de estos doce años. (Aplausos en las bancas.)
No critiquen al Estado o digan que quieren un Estado mínimo. Esto se los digo porque cuando comienzan a hablar de que el Estado está mal, de que no es eficiente, huele feo.
Hablan de la cantidad de empleados públicos, pero hemos probado que la administración gubernamental se mantiene en el 1,4 por ciento del presupuesto. No es real que el Estado haya contado con una sobreabundancia de empleados públicos más allá de los necesarios efectores sociales, educativos y de seguridad que hemos alcanzado.
Voy a pedir que se vote la prórroga de la Ley de Emergencia Económica porque es la que respalda esta política fiscal, que ha demostrado ser capaz de afrontar este mundo en crisis sin que se desplome la economía.
Reitero mi pedido de respaldo de todo el cuerpo, dejando en claro que me sorprende que los partidos populares no apoyen la capacidad del Estado para reasignar recursos en la economía. Además, la cuestionan. ¡Cuestionan al Estado como reasignador de recursos en la economía! ¡Cuestionan al Estado por tener un presupuesto dinámico y potente! ¡Cuestionan las herramientas que tiene el Estado para hacer políticas en el mundo en crisis!
Leen mal lo que ocurre en el mundo en crisis, porque la reorganización del mundo procrisis no es un contexto internacional favorable para las economías de tamaño medio. (Aplausos en las bancas.)

SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza, quien va a compartir su término con el señor diputado Pastori.

SR. VAQUIE, ENRIQUE ANDRES (MENDOZA): Señora presidenta: lo mío será muy breve. Por fin empezamos a hablar de federalismo, lo que me parece correcto.
Si mi memoria no falla, los fondos distribuidos a las provincias en el presupuesto del año que viene figuran en la página 53. El producto bruto está estimado por el gobierno en la página 30. Esto da algo más del 8 por ciento y no del 13. Ese dinero sobrante no se lo da el gobierno nacional a las provincias; en realidad, el dinero es de las provincias. El gobierno nacional no les da nada. Hay que ser muy unitario para creer que se trata de plata que el gobierno nacional entrega a las provincias. Es nuestro dinero y por supuesto que nos correspondería mucho más.
Hace veintitrés años que ustedes con Menem y Cavallo comenzaron a quedarse con nuestro dinero, cuestión que hoy convalidaron. Incluso, lo hicieron con Pezoa que recién estaba sentado por acá. Se quedaron con nuestro dinero. Es nuestro y ustedes nada nos dieron.
Finalmente, reitero que se trata del 8 y no del 13 por ciento.

SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra el señor diputado por Misiones.

SR. PASTORI, LUIS MARIO (MISIONES): Señora presidenta: no queremos un Estado mínimo, sino un Estado normal. No sé si es mucho pedir un Estado normal. No cuestionamos este Estado sino la forma como el gobierno lo gestiona mediante la declaración de una emergencia.
Lo único permanente en la Argentina es la emergencia. Este es el razonamiento que podría derivarse del análisis del proyecto en consideración: lo único permanente en la Argentina es la emergencia.
Por propia definición, la emergencia es un estado de excepción y por su naturaleza es más o menos breve o transitorio para enfrentar situaciones excepcionales en caso de perturbación de la paz, del orden interno del Estado, como consecuencia de catástrofes o brotes de enfermedades infecciosas. Puede haber situaciones económicas, políticas o sociales que afecten o impidan la vida normal de una comunidad, región o país.
En el muy escueto mensaje enviado por el Poder Ejecutivo –yo hablaría de “desganado” para fundamentar esta iniciativa nada se dice acerca de las razones reales que avalan e impulsan el proyecto. Es más: ni una sola vez se menciona la palabra “emergencia”. No existe dicha palabra en el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo, como si la quisieran esconder o que pase desapercibida.
Por otro lado, en nada condicen las sucesivas prórrogas de las diferentes emergencias con los informes plenos de optimismos y de supuestos logros que a diario escuchamos por cadena nacional o por declaraciones del área económica del gobierno.
Una medida de semejante magnitud no debidamente fundada nos merece el rechazo y a la vez el derecho de exigir el sinceramiento por parte de las autoridades acerca del estado real de la economía, sin falsos índices que pintan una realidad que no percibe el ciudadano en su vida cotidiana.
Voy a tratar de sintetizar sobre qué trata el proyecto en discusión.
Mediante el artículo 1° se prorroga la vigencia de distintos artículos de la ley 26.204, con lo cual se prorroga la ley 25.561, de emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria. Esta ley fue sancionada el 6 de enero de 2002. Tiene casi catorce años de vigencia y ahora proponen una nueva prórroga por dos años, hasta el 31 de diciembre de 2017.
¿Qué pretende el Estado por medio de esta emergencia? Ordenar el sistema financiero, bancario y de cambio; reactivar el funcionamiento de la economía y mejorar el nivel de distribución de empleo y de ingresos, con acento en un programa de desarrollo de las economías regionales; crear condiciones para el crecimiento económico sustentable y compatible con la reestructuración de la deuda pública y reglar la reestructuración de las obligaciones en curso de ejecución, afectadas por el nuevo régimen cambiario.
Hace catorce años que el gobierno cuenta con esta herramienta. Incluso, por esta misma ley que se intenta prorrogar, se faculta al Poder Ejecutivo para establecer relaciones cambiarias entre el peso, las monedas extranjeras y dictar regulaciones cambiarias. Recuerdo que se trata de una facultad del Congreso ¿Hasta cuándo vamos a seguir delegando estas facultades al Poder Ejecutivo?
Esas medidas tan graves y genéricas que es posible tolerar en situaciones de excepción no pueden permanecer por tan largo tiempo, dejando al arbitrio del Poder Ejecutivo el manejo absoluto de variables tan sensibles y trascendentes de la economía.
También se prorroga el artículo 2° de la ley 26.204, es decir, la ley 25.790 y modificatorias para la renegociación de contratos de obras y de servicios públicos. La ley original fue sancionada el 1° de octubre de 2003, o sea que rige ya por doce largos años. Ahora, se propone prórroga por dos años más.
¿De qué trata esta ley? De la facultad que confiere al Poder Ejecutivo para llevar a cabo la renegociación de los contratos de obras y de servicios públicos, pudiendo contemplar fórmulas de adecuación contractual o enmiendas transitorias del contrato, incluir la posibilidad de revisiones periódicas pautadas, así como establecer la adecuación de los parámetros de calidad de los servicios. ¿Cuáles son estos contratos que están en proceso de renegociación? Estamos volviendo a otorgar un cheque en blanco al Poder Ejecutivo sin contralor alguno por parte del Congreso de la Nación.
El proyecto también prorroga el artículo 3° de la ley 26.204, esto es el estado de emergencia sanitaria nacional. Esta emergencia sanitaria fue declarada por un decreto del 12 de marzo de 2002, que debía regir hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, es decir que iba a tener una vigencia de diez meses. Lleva ya casi catorce años de vigencia.
La emergencia fue declarada para garantizar a la población argentina el acceso a los bienes y servicios básicos para la conservación de la salud mediante la flexibilización de los mecanismos de contrataciones vigentes y con fundamento en las bases que se especifican en el decreto: otorgar el suministro de medicamentos a instituciones públicas, garantizar el suministro de medicamentos para tratamiento ambulatorio a pacientes, garantizar el acceso a medicamentos e insumos para la prevención y tratamiento de enfermedades infecciones y asegurar a los beneficiarios del PAMI el acceso a las prestaciones médico asistenciales. Para todo ello, ¿tenemos que declarar una emergencia? Esto debería ser lo normal en un Estado normal cuya gestión sea normal, sin necesidad de recurrir a emergencia alguna.
¿Cuál es el sentido de la emergencia? ¿Por qué la emergencia sanitaria? ¿Es acaso para facilitar contrataciones directas en la compra de medicamentos a laboratorios sin pasar por procesos licitatorios? Hace catorce años que venimos con este mecanismo. ¿Hasta cuándo?
Cuestiones tan básicas como estas que señalamos en modo alguno justifican la permanencia de un régimen de excepción por tan largo tiempo y su continuidad, sin que se exprese en forma debida y circunstanciada las causas que lo ameritan. No hay fundamentación alguna.
Otra prórroga es la de la emergencia ocupacional nacional. También fue declarada por un decreto el 23 de enero de 2002, que lleva catorce años de vigencia; se pide su prórroga por dos años más.
La emergencia ocupacional estuvo vinculada con la creación del Programa Jefes y Jefas de Hogar, que fue discontinuado en 2013, por lo que no tiene sentido proseguir con la emergencia ocupacional, máxime considerando los informes del INDEC que dan cuenta de un continuo descenso del nivel de desempleo. ¿O ustedes no creen en los índices que les suministra el INDEC?
Por lo visto, no, porque si ustedes creyeran en los índices que informa el INDEC entonces no haría falta seguir declarando la emergencia ocupacional, si casi estamos en un número cercano al pleno empleo, según ese organismo. En mi provincia, en Posadas, hablan de un 1 por ciento de desocupación; en Resistencia, Chaco, del cero por ciento. Prácticamente, no hay desempleo. Entonces, ¿por qué la emergencia ocupacional? Esta es simplemente una pregunta.
Según el último informe del INDEC, del segundo trimestre de 2015, la tasa de desempleo a nivel país es del 6,6 por ciento. Y sigo preguntando: ¿cómo se compadece esto con la emergencia ocupacional?
La tasa de desempleo del segundo trimestre de 2014 había sido del 7,5 por ciento; o sea que ahora estamos mejor, 6,6 por ciento. Sin embargo, seguimos con la emergencia ocupacional. ¿No le creemos al INDEC? Entre el segundo trimestre de 2014 y el segundo trimestre de 2015, según la información oficial, 247.000 personas habrían logrado progresar en el mercado laboral. Sin embargo, prorrogamos la emergencia ocupacional.
Del estudio discriminado por provincias se puede inferir la incidencia del empleo público debido al contraste que producen los datos. Recién hablaba de Resistencia, de Posadas. Con estos datos oficiales, ¿cómo justifica el Poder Ejecutivo la continuidad de la emergencia ocupacional? Aquí también hace falta un sinceramiento de tan sensibles variables, ya que en todo caso la continuidad de la emergencia se contrapone y no resulta coherente con el discurso oficial.
Por último, también se prorroga la emergencia alimentaria nacional. Esta emergencia fue declarada por el decreto 108, del 15 de enero de 2002, y también estaba destinada a regir solo hasta el 31 de diciembre de ese año, es decir, por once meses y medio. Con sucesivas prórrogas lleva también catorce años de vigencia y se pretende que rija por dos años más.
Este decreto crea un programa para la compra de alimentos destinados a la población de alta vulnerabilidad y en riesgo de subsistencia, cuyos fondos se distribuyen entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fíjense cómo se distribuyen: el 60 por ciento, según los índices de distribución secundaria de la ley de coparticipación, y el 40 por ciento restante, en función de la población debajo de la línea de pobreza.
Lo paradojal es que hace dos años el gobierno nacional ha dejado de medir la población bajo la línea de pobreza. En realidad, desde el equipo económico nos dijeron que no es que no midan la pobreza sino que hay un nuevo índice multidimensional, y que el problema está en la compaginación de los índices. Parece que es muy complejo compaginar ese índice multidimensional con el anterior y en dos años era imposible hacerlo. Por ese motivo, no nos informaban el índice de pobreza.
Ahora nos enteramos -a partir de una presentación de la diputada Donda Pérez- que el Ministerio de Economía, para no dar a conocer la información que la Justicia le obligó a dar, dice que ya no miden esos índices. Dicen que no es un problema de compaginación de índices sino que no los pueden dar porque no los tienen, pues no los miden más. Pregunto: si el 40 por ciento de este fondo se reparte en base a las personas que están bajo la línea de pobreza en las distintas provincias, ¿cómo lo reparten, cómo lo distribuyen, si no hay índice de pobreza? Si la Nación dejó de hacer la medición de la pobreza, si no sabemos cuántos pobres hay en el país porque eso estigmatiza a los pobres, entonces, ¿cómo distribuimos este fondo? ¿Me pueden explicar cómo calculan este 40 por ciento que se distribuye en base a la población por debajo de la línea de pobreza? ¿Se basan en la información de la década pasada? ¿Cómo se distribuye?
Estas consideraciones brevemente expuestas nos llevan a aconsejar el rechazo del proyecto contenido en el dictamen de mayoría, ya que como dijimos anteriormente, las argumentaciones dadas por el Poder Ejecutivo en su extremadamente conciso mensaje resultan absolutamente insuficientes. Además, dichas argumentaciones no resultan coherentes y no están alineadas al discurso oficial ni al presupuesto 2016 recientemente aprobado.
Por estas consideraciones, pedimos a nuestros pares el rechazo al dictamen de mayoría y así lo dejamos expresamente solicitado. (Aplausos en las bancas.)

SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Se va a votar nominalmente en general el dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley por el cual se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2017 la vigencia de la ley 26.204, de emergencia económica, contenido en el Orden del Día N° 2386.

- Se practica la votación nominal.2015/133OE07_04_R07.pdf

- Conforme al tablero electrónico, sobre 198 señores diputados presentes, 132 han votado por la afirmativa y 65 por la negativa.

SR.(SECRETARIO (CHEDRESE)) Se han registrado 132 votos afirmativos y 65 negativos.

AQUÍ VOTACIÓN NOMINAL OD 2386

SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) En consideración en particular el artículo 1°.
Se va a votar.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) En consideración el artículo 2°.
Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

SRA. CARRIO, ELISA MARIA AVELINA (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señora presidenta: voy a reiterar los argumentos vertidos cuando se sancionó la ley de emergencia, en octubre de 2003. En esa oportunidad dijimos que la facultad en manos del Poder Ejecutivo para renegociar, readecuar contratos y establecer condonaciones facultad que era extraordinaria del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido-, implicaba una delegación de facultades violatoria de los principios establecidos en la Constitución Nacional y de las atribuciones del Parlamento nacional. Asimismo, señalamos que configuraba una violación al artículo 29 de la Constitución, por el delito de traición a la patria.
Creo que esta cláusula es nula de nulidad absoluta y me gustaría reiterar que en el marco de estas renegociaciones se condonaron enormes multas a los concesionarios viales y se perdonaron por ejemplo, a Aeropuertos Argentina 2000 los cánones que debía. Además, en virtud de estas facultades extraordinarias se prorrogaron y adecuaron concesiones de ferrocarriles, entre ellas, a los hermanos Cirigliano, que hoy están por ser condenados por la tragedia de Once.

SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Se va a votar el artículo 2°.

- Resulta afirmativa.

- El artículo 3° es de forma.

SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Queda sancionado el proyecto de ley.
Se comunicará al Honorable Senado.