Discursos

Período:132 Reunion:16 Fecha:17/09/2014 CONSIDERACIÓN CONJUNTA DE ASUNTOS (CONTINUACIÓN)

SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Prosigue la consideración del asunto en tratamiento.
Para referirse al dictamen de minoría, comparten su tiempo los señores diputados De Mendiguren, Solá, Schwindt y Adrián Pérez.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

SR. DE MENDIGUREN, JOSE IGNACIO (BUENOS AIRES): Señora presidenta: nuestro país está atravesando un momento difícil en lo que respecta a su realidad económica.
En mi doble condición de representante de la provincia de Buenos Aires y de industrial, haré algunas consideraciones que creo clave, para que entendamos los proyectos que hoy están puestos a nuestra consideración. Hablaré sobre el referido a la nueva regulación de las relaciones de producción y consumo, llamada también ley de abastecimiento.
Como todos saben, hace años que defiendo el ideario desarrollista. Soy industrial, es cierto; pero tengo una visión general de la sociedad y una mirada que busca los intereses particulares del sector al que pertenezco y represento a fin de que se conjuguen con el interés del conjunto de la sociedad y de todos los sectores.
El desarrollo, como bien lo definió el papa Pablo VI significa el desarrollo de todo hombre y de todos los hombres. Desde el Frente Renovador entendemos que para avanzar hacia el desarrollo en ese sentido, la Argentina debe cambiar la “o” por la “y” en todas sus discusiones políticas y económicas. Es necesario terminar con los dilemas que vienen atormentándonos desde hace doscientos años y que impiden que avancemos como nación: campos, industria, interior o centros urbanos, grandes empresas o pymes, capital o trabajo.
Esto que digo hoy lo dije frente a la señora presidenta hace exactamente tres años, en setiembre de 2011, cuando celebrábamos el Día de la Industria en Tecnópolis. Como presidente de la Unión Industrial Argentina dije textualmente: “Queremos una Argentina donde celebremos el aumento de la demanda interna y no discutamos cómo enfriar la economía sino discutamos cómo recalentar la inversión.”
Lamentablemente, señora presidenta, desde fines del 2011 se viene haciendo todo lo contrario. En lugar de calentar la inversión, la pusimos en el freezer del cepo cambiario y de la inflación. A esto se sumaron las prácticas arbitrarias que todos conocimos de un secretario de Comercio que se jactaba de tener a los actores económicos en la palma de su mano. Ese secretario nos decía que si algo no nos gustaba, teníamos que tirarle las llaves de la empresa a su secretaria, porque él la iba a manejar.
Recordemos todas las cosas enunciadas en aquel momento. Por ejemplo, mandar las vacas preñadas de remonta al mercado de Liniers, la lluvia de gasoil, cambiar autos marca BMW por pollos si se los quería importar, “Pescado para todos” y “Carne para todos”. Todos vivimos lo que fue esa etapa cuando por otro lado necesitábamos recuperar la inversión.
Los resultados están a la vista. Hoy ya no sólo sigue cayendo la inversión sino que por primera vez en más de una década también cae el consumo. ¿Por qué ocurre esto? Porque como lo señalamos en aquel momento y como lo expresa la heterodoxia bien entendida, a la cual adscribo, las relaciones entre consumo-producción y demanda-inversión no deben ser de exclusión sino de complementación.
Entiendo que llevar adelante una política heterodoxa requiere del esfuerzo de mayores reglas claras y estables. A diferencia de lo que postula el neoliberalismo, creo que un Estado prodesarrollo tiene que ser activo y estar presente. Sin embargo, esa presencia tiene que ser clara, justa y transparente.
El proyecto de ley que propone el Ejecutivo agudiza más una división innecesaria y estéril y apunta a buscar culpables más que soluciones para los problemas de nuestra economía. Esta es una muestra más de que no se quieren reconocer los problemas de la Argentina que tienen que ver con las situaciones concretas de la macroeconomía, de la microeconomía y con políticas que han estado mal orientadas y mal implementadas.
En noviembre del 2011, al cierre de la conferencia industrial titulada “El péndulo argentino o la hora del desarrollo”, manifesté ante la presidenta de la Nación que para evitar la lógica pendular de avances y retrocesos que siguió nuestro país por décadas, debíamos llevar adelante una sintonía fina, y que era necesario calentar la inversión para no tener que enfriar la economía.
En la misma conferencia también expresé que ante la velocidad de los cambios que se daban no solamente en la Argentina sino también en el mundo, era necesario innovarnos. Lo dije en el sentido amplio de la palabra y no refiriéndome solamente a ciencia y tecnología. Además eso implicaba innovar las formas en que concebíamos todas nuestras relaciones, como ser: capital y trabajo, interior y centros urbanos, ciencia y producción, y campo e industria. La clave radicaba en innovarnos, en pensarnos de manera distinta para poder dar la talla de los desafíos que el contexto global proponía en ese momento y que sigue haciéndolo ahora. Simplemente queríamos continuar ese sendero que veníamos transitando después de la crisis del 2001, reconfigurando ritmos y prioridades.
Sabemos que es imposible buscar en el pasado la solución a los problemas del futuro. A nuestro entender esa es la respuesta que está dando este proyecto de ley a las cosas que tenemos que resolver.
Lo que ocurrió fue que en lugar de avanzar en ese sentido se rompieron los trazos gruesos del proceso virtuoso que había comenzado después de la crisis del 2001. Por eso decimos que es infructuoso hablar de década ganada o perdida. Lo que está claro, viendo ese proceso completo, es que estamos viviendo una década partida donde el círculo virtuoso que construimos entre los sectores de la política, los trabajadores y los empresarios, perdió los motores que permitieron avanzar aun con dificultades. Me refiero a la crisis mundial del 2008/2009 hasta el 2010/2011.
Entiendo que está claro que durante ese proceso virtuoso la industria creció el 110 por ciento, generamos 5 millones de puestos de trabajo y acumulamos reservas. El problema que teníamos en el 2006 acerca de cómo administrábamos el exceso de dólares que generaba la economía argentina, hoy ha cambiado. De una inflación del 3 por ciento pasamos a otra superior al 30 por ciento. A la vez con la inflación perdimos el tipo de cambio competitivo y hoy los superávits gemelos son déficits. Por ello creo que debemos recuperar esos motores y no seguir llevando a cabo las mismas políticas erróneas desde 2011.
La respuesta a la caída de los dólares en el 2011 fue un cepo cambiario. Sin embargo, no hizo falta un cepo cambiario en esa primera etapa ni las discusiones que hoy estamos teniendo buscando culpables en los sectores concentrados que eran exactamente los mismos que estaban en la Argentina cuando se crecía al 9 por ciento con un 3 por ciento de inflación. Por eso, orientémonos a recuperar esos motores que dieron resultado y no insistamos con las políticas que dieron cuenta que de 53.000 millones de dólares de reservas pasamos a 28.000, a una inflación del 30 por ciento y a una inversión que refleja una caída de más 6 puntos, como explicaré a continuación.
Señora presidenta: no nos engañemos. Los actores que hoy estamos en el escenario de la realidad nacional, somos los mismos que estuvimos entre 2003 y 2008, cuando la economía estaba en un círculo virtuoso de producción y empleo. Somos los mismos trabajadores y los mismos empresarios. Es en vano agitar fantasmas de conspiraciones para los problemas que nos aquejan. Actualmente existen intereses legítimos expresados por actores legítimos.
La función del Estado no es la de cuestionar la existencia de esos intereses sino encauzarlos y sintetizarlos para que se integren mejor al interés general.
Esta nueva ley que nos propone el Ejecutivo erra en el diagnóstico y al hacerlo también erra en el instrumento.
Hemos hablado bastante sobre por qué creemos que el texto de la nueva ley es inconstitucional. Y voy a volver a estos argumentos al final de mi exposición. De todos modos, no quiero dejar pasar un argumento central ya que es cierto que en muchos países del mundo existen legislaciones en este sentido, pero también lo es que son muy precisas en la tipificación de las conductas y de las situaciones que describen. Esto ocurre porque si no, se deja la puerta abierta a la arbitrariedad en su implementación por parte de muchas autoridades de aplicación a las que les confieren facultades. Sabemos que la imprecisión en el lenguaje es el caballo de Troya de la arbitrariedad y del abuso.
Más allá de las cuestiones legales y técnicas, me quiero centrar en lo irrazonable y contraproducente que la ley es para el objetivo que, entiendo, persigue el gobierno al igual que todos, y que consiste en que el país vuelva a crecer.
Estamos en un momento en el que para volver a crecer lo que más necesitamos en nuestro país es reconstruir la confianza de todos los actores económicos y sociales. Por el contrario, este es un instrumento que ahuyenta una de las herramientas insustituibles que es la inversión y que va a tener el efecto exactamente contrario al deseado. En el momento actual tenemos que poner todas nuestras energías en reactivar la economía, y la inversión es un motor clave para esa reactivación.
El potencial de la Argentina es infinito, pero necesita de un contexto y un marco regulatorio que le permita desplegarse. La legislación que estamos debatiendo nos aleja de ese potencial. Acorralar a la inversión es un error estratégico grave; nuestra historia común tiene muchos y dolorosos ejemplos que lo demuestran. Como argentinos sabemos que se puede huir de los debates cruciales, pero de lo que no podemos escapar es de las consecuencias irreparables de esa actitud.
En los últimos años la inversión cayó sistemáticamente a niveles muy por debajo de lo que necesita el país para crecer: -20,9 por ciento del PBI en los últimos dos años, luego de haber crecido el 22,3 por ciento en 2011, de acuerdo con los datos del propio INDEC. Desde fines de aquel 2011 la inversión está cayendo y este año estaremos casi un 5 por ciento por debajo de lo que se invertía hace cuatro años. Para usar una imagen que usó un ministro hace unos días, aunque sobre otro tema, en lugar de convertir la inversión en una bola de nieve, fuerte y creciente, la derretimos.
Una fuerte y sostenida inversión es necesaria para cambiar la matriz productiva de nuestro país. Hoy la Argentina exporta a razón de 820 dólares la tonelada, mientras que importa a más de 1.980 dólares la tonelada. Esto implica que estamos multiplicando casi por tres veces el valor de lo que exportamos, incluso con las commodities al valor más alto de nuestro promedio histórico.
Si esas exportaciones hoy fueran a los precios promedio de esta última década las importaciones estarían alrededor de los 500 dólares, por lo cual la brecha entre lo importado y lo exportado sería de cuatro veces. Las cifras nos ayudan a construir una imagen contundente que debe hacernos reflexionar: exportamos 400 mil puestos de trabajo e importamos 800 mil empleos. Por eso es que la disputa por la agregación de valor a nivel mundial no es una pelea inocua: tiene que ver con el empleo de calidad que no estamos generando para nuestros trabajadores. Cambiar la matriz productiva, también es generar más y mejores puestos de trabajo.
Si queremos crecer de manera sostenida al 4 o 5 por ciento anual y desarrollar energía -por ejemplo Vaca Muerta- e infraestructura clave -trenes, autopistas y puertos- vamos a necesitar 500.000 millones de dólares en la próxima década. No podremos estar ni siquiera cerca de ese objetivo de crecimiento y de desarrollo si no aumentamos la inversión por lo menos al 25 o 26 por ciento del producto bruto interno. La falta de infraestructura afecta directamente la competitividad de nuestra producción. Actualmente, bajar una tonelada de cereal de Salta al puerto cuesta el doble que llevarlo de Buenos Aires a Turquía.
Para desarrollarnos tenemos que pensar en grande y juntos, no en chico y peleados. La pelea en el mundo es por la agregación de valor. No podemos perder nunca eso de vista. El iPhone, por ejemplo, se ensambla en China, pero más del 50 por ciento del valor queda en Estados Unidos.
Tenemos que discutir cómo hacemos para agregar más valor argentino, tanto en nuestro agro como en nuestra industria. Si no sucederá lo que nos pasó siempre en nuestra historia: la coyuntura nos complica porque no pensamos al país estructuralmente. Discutir un proyecto como que el estamos analizando hoy es una muestra más de esa falencia argentina: señalarnos con el dedo acusador cuando las cosas van mal porque no fuimos capaces de pensarnos estratégicamente y planificar en consecuencia.
Seguidamente me tomaré unos minutos para enumerar las cuestiones que hacen a la inconstitucionalidad de la normativa propuesta. Por ejemplo, en el texto del proyecto se establecen determinadas facultades en cabeza del Poder Ejecutivo nacional -artículo 2º del proyecto-, de extrema intervención y regulación sobre los mercados, que corresponden al ámbito de competencias del Congreso de la Nación. Todos conocemos el texto de nuestra Ley Fundamental: el artículo 76 prohíbe la delegación legislativa. Está claro que este no es el caso que nos reúne hoy aquí.
Otro aspecto cuestionable es el relacionado con el artículo 3º y las facultades que otorga a la autoridad de aplicación -el Poder Ejecutivo nacional, los gobernadores provinciales y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto permite definir precios y márgenes de utilidad sin criterio alguno, definir cuánto debe producir una empresa y a qué precio, exigir información comercial, estratégica y operativa en cualquier momento, sancionar empresas cuando formaren existencias superiores a las necesarias, decomisar mercaderías y productos, clausurar e inhabilitar y cancelar concesiones, beneficios fiscales y crediticios en virtud del artículo 5º.
Muchas preguntas surgen a partir de estos claroscuros y delegaciones. Cabe preguntarse, por ejemplo, cuál es el margen razonable o no abusivo. ¿Cómo se define qué y cuánto se considera apropiación indebida de la renta? ¿Cómo se mide la utilidad razonable? ¿Sobre ventas, sobre capital total, sobre capital propio? ¿Qué es una existencia superior a la necesaria? ¿Cuál será la interpretación de Insfrán, Gioja, de la Sota o Scioli? ¿Estas interpretaciones serán las mismas?
Otro ejemplo de la imprecisión del proyecto lo constituyen las facultades del Poder Ejecutivo nacional en materia sancionatoria, las que se destacan por la vaguedad e indefinición de las conductas pasibles de sanción. Es decir, hay una falta de definición previa de la conducta pasible de sanción, por lo que queda al libre arbitrio del funcionario de turno. Sabemos lo problemático que es en la Argentina dejar las cosas libradas a la arbitrariedad.
Para cerrar el apartado legal de mi exposición quisiera mencionar que en el derecho comparado la herramienta para garantizar el funcionamiento transparente del mercado de bienes y servicios es el régimen de defensa de la competencia. En estos regímenes existen comisiones administrativas de aplicación, no decisiones unipersonales de los funcionarios de turno.
En nuestro país la Ley de Defensa de la Competencia es la herramienta específica que debe actuar como mecanismo de regulación económica para garantizar la competencia en el mercado e impedir prácticas anticompetitivas. Esta ley se encuentra vigente y estipula la creación del Tribunal de Defensa de la Competencia; está vigente desde hace más de quince años y aún no se ha implementado a la fecha. El tribunal nunca fue creado y el proyecto que crea el Sistema de Resolución de Conflictos en las Relaciones de Consumo lo suprime.
Por lo expuesto el Frente Renovador no acompañará el proyecto en consideración.

SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Antes de ceder el uso de la palabra al próximo orador la Presidencia informa que se cerró el plazo para que los señores diputados se inscriban como oradores individuales.