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Período:132 Reunion:13 Fecha:27/08/2014 REGULARIZACIÓN DE DEUDAS PREVISIONALES
(Continuación)
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
En consideración en general el dictamen de mayoría recaído en el proyecto de ley contenido en el Orden del Día N° 469.
Tiene la palabra el señor diputado por Formosa.
Tiene la palabra el señor diputado por Formosa.
SR. DIAZ ROIG, JUAN CARLOS (FORMOSA):
Señor presidente: creo que hoy será un día bueno para los argentinos y para esta Cámara pues podremos demostrar a nuestra comunidad que no sólo estamos unidos detrás de la selección de fútbol o del reclamo por las islas Malvinas.
El proyecto en consideración fue aprobado por unanimidad en el Senado y esperamos que hoy suceda lo mismo en este recinto. De ese modo cumpliremos con un acto de reparación histórica hacia nuestros adultos mayores.
Todos los sistemas previsionales en su desarrollo encuentran una opción que no es otra que la de otorgar privilegios, beneficios sectoriales o la famosa inclusión social.
La problemática de la seguridad social atraviesa el mundo, que en la actualidad está dividido en tres partes. Un tercio de la humanidad está en guerra o con hipótesis de guerra militarizada; otro tercio padece graves problemas socioeconómicos, hambrunas, despidos, disminución de los haberes de los jubilados, y el otro tercio en la última década ha impulsado la economía global. Allí estamos ubicados los argentinos y en general los países emergentes.
En este marco en el mundo se están debatiendo dos ideas centrales: si lo que genera la riqueza es el capital o el trabajo, el consumo, el gasto y la producción.
El proyecto en consideración fue aprobado por unanimidad en el Senado y esperamos que hoy suceda lo mismo en este recinto. De ese modo cumpliremos con un acto de reparación histórica hacia nuestros adultos mayores.
Todos los sistemas previsionales en su desarrollo encuentran una opción que no es otra que la de otorgar privilegios, beneficios sectoriales o la famosa inclusión social.
La problemática de la seguridad social atraviesa el mundo, que en la actualidad está dividido en tres partes. Un tercio de la humanidad está en guerra o con hipótesis de guerra militarizada; otro tercio padece graves problemas socioeconómicos, hambrunas, despidos, disminución de los haberes de los jubilados, y el otro tercio en la última década ha impulsado la economía global. Allí estamos ubicados los argentinos y en general los países emergentes.
En este marco en el mundo se están debatiendo dos ideas centrales: si lo que genera la riqueza es el capital o el trabajo, el consumo, el gasto y la producción.
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
La Presidencia solicita a los señores diputados que ocupen sus bancas y guarden silencio a efectos de que se pueda oír al orador.
SR. DIAZ ROIG, JUAN CARLOS (FORMOSA):
El proyecto que hoy proponemos sancionar implica el acceso del ciento por ciento de nuestros adultos mayores al beneficio previsional.
En este mismo marco de discusión ideológica en el que nosotros hemos tomado partido, pues creemos que los que generan riqueza son el trabajo y el consumo, también hay otro debate central. Una doctrina clásica sostenía que las funciones del Estado eran cuatro: salud, justicia, educación y seguridad pública.
Nosotros formamos parte de aquellos que creemos que las funciones del Estado son más. La quinta sería seguridad social, y la sexta, su intervención para garantizar que en la economía no existan monopolios ni oligopolios que deformen las prácticas del mercado y que permitan la apropiación de la riqueza de un país en manos de algunos, en detrimento de la mayoría.
Dicho esto, tenemos que mencionar que respecto de la seguridad social hay dos ideas: aquella que sostiene que cada uno debe ahorrar para su vejez y aquella que entiende que es el conjunto de la sociedad el que debe garantizar las contingencias de vejez, invalidez y muerte de sus integrantes.
Este debate no es menor y tiene que ver con un esquema de valores. Recuerdo que en la campaña del año pasado el principal referente de la oposición, al parecer el principal candidato de algunos sectores, pronunciaba un discurso ante la Unión Industrial consistente en que era tiempo de abandonar las ideologías y volver a los valores. La ideología es una categorización de los valores. Justamente, de acuerdo con qué valores cada uno de nosotros entiende que son los máximos en una sociedad es que tenemos determinada ideología.
Por eso, esta discusión entre el sistema de capitalización y el de reparto encuentra su justificación en los valores fundamentales que cada uno de nosotros acepta. Cuando aceptamos el sistema de capitalización entendemos que depositamos un dinero que alguien tiene que guardar para que cuando lleguemos a la contingencia de la vejez podamos recuperarlo.
Los que aceptamos el sistema de reparto sostenemos que nosotros hacemos aportes para pagar a nuestros viejos, en el entendimiento de que cuando nosotros seamos viejos nuestros hijos van a aportar para pagar nuestra jubilación. Esto se refleja en dos grandes valores: el de la solidaridad que es bueno hoy reafirmarlo porque ayer nomás fue el Día Mundial de la Solidaridad, en homenaje a la Madre Teresay el de la universalidad, que es lo que hoy vamos a sancionar.
Es en función de este valor de la universalidad que hoy vamos a habilitar a todos los adultos mayores a cubrir universalmente la contingencia de la vejez en nuestro país. Esto es muy bueno porque sólo dos o tres países en el mundo han llegado a este nivel de inclusión social, porque nosotros creemos que debe recaer en el conjunto de una comunidad la financiación de la vejez de los adultos mayores.
Nosotros no creemos en la mano invisible del mercado; no creemos en la teoría de las copas. Entendemos que no es posible dejar librado al mercado que resuelva las contingencias de vejez, invalidez y muerte.
También es menester que reflexionemos un poco –al haber tenido unanimidad en el Senado, fueron debatidos los detalles del proyecto de leysobre lo que yo llamo la legitimación activa de estos adultos mayores para recibir este beneficio.
Estoy hablando de dos aspectos fundamentales. El primero es que nadie llega a los 60 o 65 años sin trabajar. Yo no conozco a una sola persona que llegue a estas edades sin trabajar. En todo caso ha sido el Estado, el sistema previsional argentino, el que no pudo confeccionar un control sobre los aportes y contribuciones debidas.
Además, se repite el debate que tuvimos cuando se trató el tema de la Asignación Universal por Hijo, donde había hijos de trabajadores en blanco que contaban con asignación familiar, pero los hijos de los trabajadores en negro o desocupados no tenían beneficio alguno.
Este tema en la Argentina tiene un financiamiento tripartito, ya que un 40 o 45 por ciento se financia mediante los impuestos. De ahí la legitimación de la Asignación Universal por Hijo, como la correspondiente a los adultos mayores. Esto ocurre porque cada vez que una persona compra algo en nuestro país está aportando al sistema de seguridad social. Los adultos mayores han contribuido toda su vida al sistema de seguridad social. Por eso lo que hoy este Congreso va a sancionar constituye una reparación histórica para todos ellos, muchos de los cuales han hecho grande a esta patria, cuando otros la estuvieron achicando con desencuentros estériles en algunas oportunidades.
Lo que he dicho refleja lo que venimos predicando hace años: el sistema previsional argentino es por lejos el mejor de América Latina.
Hace quince días tuvimos un gran debate en la Universidad de Chile en el que participamos un chileno, un uruguayo, un brasileño y quien les habla. Quedó claro que tenemos el mejor sistema previsional, porque poseemos la mejor mínima, la mejor media y el mejor sistema de movilidad, que cubre a la mayor cantidad de gente: el 93 por ciento. Sin embargo, a partir de hoy estará cubierto el ciento por ciento de nuestros adultos mayores.
Lo que he dicho constituye una reflexión que hago llegar a los colegas de la oposición. Tenemos un fondo de garantía y sustentabilidad sumamente exitoso. El sistema de seguridad social que poseemos funciona muy bien, a pesar de estar en un país en el cual algunos medios lo quieren presentar como que está al borde del colapso o de la quiebra.
Es muy sólida la economía argentina. También es muy sólido lo que ha reflejado en los últimos diez años el sistema previsional.
Más allá de eso, a nadie escapa que quizás pasado el tiempo y las elecciones del año que viene sería muy bueno que el conjunto de la sociedad argentina se proponga efectuar una reforma integral –como lo hizo con el Código Penal y con la unificación de los códigos Civil y Comercialdel sistema de seguridad social y elabore un nuevo Código del Trabajo y Seguridad Social. Podrían participar los jubilados, los trabajadores, etcétera.
Tampoco escapa a nadie que nos quedan cuestiones de colectivos sociales menores para resolver en nuestro sistema previsional, entre los que se encuentran los que quedaron presos de la renta vitalicia, que son los que tienen hechos sus aportes pero en realidad no tienen nada.
Esto es una clara señal de que cuando los argentinos nos juntamos con un proyecto común podemos resolver todos los problemas que nos aquejan.
Más allá de eso, evidentemente, tenemos que reflexionar sobre aquellos que solicitan 1.000 o 1.200 pesos más para cada jubilado, como si se tratara de una suma tan fácil de otorgar. Generalmente se trata de un reclamo que viene de los sectores que cuentan con mayor nivel de ingresos, que a su vez son aquellos que se resisten a aportar el impuesto a los ingresos altos, que no es el impuesto a las ganancias que fue establecido por Perón.
Nosotros somos muy amplios; no somos sectarios ni excluyentes. Aceptamos el debate de ideas. Son más las veces que nos descalifican que aquellas que nosotros descalificamos. Pero sí estamos preocupados y nos molesta cuando algunos en nombre del peronismo vienen a plantearnos, por ejemplo, que el peronismo tiene un formato liberal porque la democracia es liberalismo. No compartimos esto porque para nosotros hay una sola democracia, que es aquella en la que se hace lo que el pueblo quiere y lo que defiende su interés.
Nos preocupa este tema del mismo modo que nos preocupó aquel falso debate sobre el 82 por ciento móvil, aquella iniciativa que se sancionó en este Congreso cuando éramos minoría. Algunos de los que están aquí presentes apoyaron ese proyecto. Se trataba de una norma que ordenaba a la ANSES recalcular en treinta días el haber inicial de 3.500.000 carpetas, actualizarlas por tres índices distintos –artículos 5º, 6º y 7º- y además vender todos los bienes del fondo para proceder al pago en ese plazo.
Era una ley de cumplimiento imposible. Es como si un día sancionáramos un proyecto de ley por el cual se exigiera a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en treinta días fallara respecto de todos los casos que tiene en su registro.
Es preocupante porque no debemos ser proclives a utilizar cualquier argumento de cualquier área en pos de los postulados electorales.
Estimo que otro tema que debemos abordar –que fue tratado en las comisiones- tiene que ver con el pacto federal entre las provincias y la cesión del 15 por ciento a la Nación y al sistema de seguridad social.
En aquella comisión conjunta yo decía que la Nación no es una entelequia. Veo que hay muchos que se preocupan y que hablan mucho de la república, pero hay que tener en cuenta que la nación está antes que la república; es la nación la que se da la forma republicana de gobierno.
¿Qué es la nación? La nación tiene tres componentes: dos de ellos materiales y uno espiritual. Los componentes materiales de la nación son el territorio y el pueblo. Cuando en el sistema de seguridad social se aplican los fondos para pagar a los jubilados, hay que tener en cuenta que millones de jubilados nacionales viven en las provincias argentinas. Esta es la legitimación para que sean atendidos con participación en sus propias provincias.
También se vincula a la seguridad social la situación que está pasando el país en relación con los denominados fondos buitre. Lo primero que hay que decir a este respecto es que es una sentencia inmoral e injusta. Es como si un día un juez extranjero nos ordenara vender el obelisco. No es algo a lo que podamos estar obligados. No estamos obligados a cumplir una sentencia inmoral, injusta, dictada por un juez de distrito de un país extranjero, que si no está comprometido con los propios intereses que dice que defiende, al menos advertimos que está muy cerca de la senilidad porque no se acuerda de lo que firmó cinco minutos antes.
Pero además, según la doctrina Saavedra Lamas, nosotros no podemos aceptar el cobro compulsivo de las deudas a través de las acciones de las naciones. Si se vuelve a disparar la deuda externa, esto va a disparar tremendamente el equilibrio de todos los sistemas argentinos, entre ellos el de la seguridad social.
Señores: lo que se discutía en este Congreso era cómo íbamos a conseguir créditos para pagar no sólo los intereses de la deuda sino los haberes a los jubilados, y hoy estamos discutiendo en este Parlamento cómo invertimos los fondos de garantía y sustentabilidad del sistema de seguridad social.
Más allá de la satisfacción que me causa como militante político poder participar en la discusión de un proyecto que será sancionado por una gran y absoluta mayoría –fue aprobado por unanimidad en el Senado-, no puedo dejar de contestar porque esta cuestión es parte de nuestra estrategia central.
Muchos insisten en que nosotros debemos “enfriar” la economía y dar garantía al capital externo, es decir, lo de Griesa: constituir domicilio en el exterior y todo lo que se está viviendo en relación con este tema.
Enfriar la economía significa no seguir con los planes de inclusión social que hoy vamos a sancionar.
Permítanme repetir lo que dijo Néstor Kirchner en este recinto con absoluta responsabilidad, convencido de que este es el camino peronista ortodoxo, el camino keynesiano –o como ustedes lo quieran calificar-: “Nosotros no vamos a enfriar la economía y vamos a continuar con este proyecto de inclusión social.”
En nombre de San Martín, Belgrano, Rosas, Perón, Yrigoyen y Alfredo Palacios vamos a seguir provocando la inclusión social.
Puedo asegurar que este acto de hoy –ya no sólo de este gobierno y de nuestro bloque sino de todos los diputados- implica un acto de amor de toda la comunidad argentina hacia nuestros adultos mayores. (Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.)
En este mismo marco de discusión ideológica en el que nosotros hemos tomado partido, pues creemos que los que generan riqueza son el trabajo y el consumo, también hay otro debate central. Una doctrina clásica sostenía que las funciones del Estado eran cuatro: salud, justicia, educación y seguridad pública.
Nosotros formamos parte de aquellos que creemos que las funciones del Estado son más. La quinta sería seguridad social, y la sexta, su intervención para garantizar que en la economía no existan monopolios ni oligopolios que deformen las prácticas del mercado y que permitan la apropiación de la riqueza de un país en manos de algunos, en detrimento de la mayoría.
Dicho esto, tenemos que mencionar que respecto de la seguridad social hay dos ideas: aquella que sostiene que cada uno debe ahorrar para su vejez y aquella que entiende que es el conjunto de la sociedad el que debe garantizar las contingencias de vejez, invalidez y muerte de sus integrantes.
Este debate no es menor y tiene que ver con un esquema de valores. Recuerdo que en la campaña del año pasado el principal referente de la oposición, al parecer el principal candidato de algunos sectores, pronunciaba un discurso ante la Unión Industrial consistente en que era tiempo de abandonar las ideologías y volver a los valores. La ideología es una categorización de los valores. Justamente, de acuerdo con qué valores cada uno de nosotros entiende que son los máximos en una sociedad es que tenemos determinada ideología.
Por eso, esta discusión entre el sistema de capitalización y el de reparto encuentra su justificación en los valores fundamentales que cada uno de nosotros acepta. Cuando aceptamos el sistema de capitalización entendemos que depositamos un dinero que alguien tiene que guardar para que cuando lleguemos a la contingencia de la vejez podamos recuperarlo.
Los que aceptamos el sistema de reparto sostenemos que nosotros hacemos aportes para pagar a nuestros viejos, en el entendimiento de que cuando nosotros seamos viejos nuestros hijos van a aportar para pagar nuestra jubilación. Esto se refleja en dos grandes valores: el de la solidaridad que es bueno hoy reafirmarlo porque ayer nomás fue el Día Mundial de la Solidaridad, en homenaje a la Madre Teresay el de la universalidad, que es lo que hoy vamos a sancionar.
Es en función de este valor de la universalidad que hoy vamos a habilitar a todos los adultos mayores a cubrir universalmente la contingencia de la vejez en nuestro país. Esto es muy bueno porque sólo dos o tres países en el mundo han llegado a este nivel de inclusión social, porque nosotros creemos que debe recaer en el conjunto de una comunidad la financiación de la vejez de los adultos mayores.
Nosotros no creemos en la mano invisible del mercado; no creemos en la teoría de las copas. Entendemos que no es posible dejar librado al mercado que resuelva las contingencias de vejez, invalidez y muerte.
También es menester que reflexionemos un poco –al haber tenido unanimidad en el Senado, fueron debatidos los detalles del proyecto de leysobre lo que yo llamo la legitimación activa de estos adultos mayores para recibir este beneficio.
Estoy hablando de dos aspectos fundamentales. El primero es que nadie llega a los 60 o 65 años sin trabajar. Yo no conozco a una sola persona que llegue a estas edades sin trabajar. En todo caso ha sido el Estado, el sistema previsional argentino, el que no pudo confeccionar un control sobre los aportes y contribuciones debidas.
Además, se repite el debate que tuvimos cuando se trató el tema de la Asignación Universal por Hijo, donde había hijos de trabajadores en blanco que contaban con asignación familiar, pero los hijos de los trabajadores en negro o desocupados no tenían beneficio alguno.
Este tema en la Argentina tiene un financiamiento tripartito, ya que un 40 o 45 por ciento se financia mediante los impuestos. De ahí la legitimación de la Asignación Universal por Hijo, como la correspondiente a los adultos mayores. Esto ocurre porque cada vez que una persona compra algo en nuestro país está aportando al sistema de seguridad social. Los adultos mayores han contribuido toda su vida al sistema de seguridad social. Por eso lo que hoy este Congreso va a sancionar constituye una reparación histórica para todos ellos, muchos de los cuales han hecho grande a esta patria, cuando otros la estuvieron achicando con desencuentros estériles en algunas oportunidades.
Lo que he dicho refleja lo que venimos predicando hace años: el sistema previsional argentino es por lejos el mejor de América Latina.
Hace quince días tuvimos un gran debate en la Universidad de Chile en el que participamos un chileno, un uruguayo, un brasileño y quien les habla. Quedó claro que tenemos el mejor sistema previsional, porque poseemos la mejor mínima, la mejor media y el mejor sistema de movilidad, que cubre a la mayor cantidad de gente: el 93 por ciento. Sin embargo, a partir de hoy estará cubierto el ciento por ciento de nuestros adultos mayores.
Lo que he dicho constituye una reflexión que hago llegar a los colegas de la oposición. Tenemos un fondo de garantía y sustentabilidad sumamente exitoso. El sistema de seguridad social que poseemos funciona muy bien, a pesar de estar en un país en el cual algunos medios lo quieren presentar como que está al borde del colapso o de la quiebra.
Es muy sólida la economía argentina. También es muy sólido lo que ha reflejado en los últimos diez años el sistema previsional.
Más allá de eso, a nadie escapa que quizás pasado el tiempo y las elecciones del año que viene sería muy bueno que el conjunto de la sociedad argentina se proponga efectuar una reforma integral –como lo hizo con el Código Penal y con la unificación de los códigos Civil y Comercialdel sistema de seguridad social y elabore un nuevo Código del Trabajo y Seguridad Social. Podrían participar los jubilados, los trabajadores, etcétera.
Tampoco escapa a nadie que nos quedan cuestiones de colectivos sociales menores para resolver en nuestro sistema previsional, entre los que se encuentran los que quedaron presos de la renta vitalicia, que son los que tienen hechos sus aportes pero en realidad no tienen nada.
Esto es una clara señal de que cuando los argentinos nos juntamos con un proyecto común podemos resolver todos los problemas que nos aquejan.
Más allá de eso, evidentemente, tenemos que reflexionar sobre aquellos que solicitan 1.000 o 1.200 pesos más para cada jubilado, como si se tratara de una suma tan fácil de otorgar. Generalmente se trata de un reclamo que viene de los sectores que cuentan con mayor nivel de ingresos, que a su vez son aquellos que se resisten a aportar el impuesto a los ingresos altos, que no es el impuesto a las ganancias que fue establecido por Perón.
Nosotros somos muy amplios; no somos sectarios ni excluyentes. Aceptamos el debate de ideas. Son más las veces que nos descalifican que aquellas que nosotros descalificamos. Pero sí estamos preocupados y nos molesta cuando algunos en nombre del peronismo vienen a plantearnos, por ejemplo, que el peronismo tiene un formato liberal porque la democracia es liberalismo. No compartimos esto porque para nosotros hay una sola democracia, que es aquella en la que se hace lo que el pueblo quiere y lo que defiende su interés.
Nos preocupa este tema del mismo modo que nos preocupó aquel falso debate sobre el 82 por ciento móvil, aquella iniciativa que se sancionó en este Congreso cuando éramos minoría. Algunos de los que están aquí presentes apoyaron ese proyecto. Se trataba de una norma que ordenaba a la ANSES recalcular en treinta días el haber inicial de 3.500.000 carpetas, actualizarlas por tres índices distintos –artículos 5º, 6º y 7º- y además vender todos los bienes del fondo para proceder al pago en ese plazo.
Era una ley de cumplimiento imposible. Es como si un día sancionáramos un proyecto de ley por el cual se exigiera a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en treinta días fallara respecto de todos los casos que tiene en su registro.
Es preocupante porque no debemos ser proclives a utilizar cualquier argumento de cualquier área en pos de los postulados electorales.
Estimo que otro tema que debemos abordar –que fue tratado en las comisiones- tiene que ver con el pacto federal entre las provincias y la cesión del 15 por ciento a la Nación y al sistema de seguridad social.
En aquella comisión conjunta yo decía que la Nación no es una entelequia. Veo que hay muchos que se preocupan y que hablan mucho de la república, pero hay que tener en cuenta que la nación está antes que la república; es la nación la que se da la forma republicana de gobierno.
¿Qué es la nación? La nación tiene tres componentes: dos de ellos materiales y uno espiritual. Los componentes materiales de la nación son el territorio y el pueblo. Cuando en el sistema de seguridad social se aplican los fondos para pagar a los jubilados, hay que tener en cuenta que millones de jubilados nacionales viven en las provincias argentinas. Esta es la legitimación para que sean atendidos con participación en sus propias provincias.
También se vincula a la seguridad social la situación que está pasando el país en relación con los denominados fondos buitre. Lo primero que hay que decir a este respecto es que es una sentencia inmoral e injusta. Es como si un día un juez extranjero nos ordenara vender el obelisco. No es algo a lo que podamos estar obligados. No estamos obligados a cumplir una sentencia inmoral, injusta, dictada por un juez de distrito de un país extranjero, que si no está comprometido con los propios intereses que dice que defiende, al menos advertimos que está muy cerca de la senilidad porque no se acuerda de lo que firmó cinco minutos antes.
Pero además, según la doctrina Saavedra Lamas, nosotros no podemos aceptar el cobro compulsivo de las deudas a través de las acciones de las naciones. Si se vuelve a disparar la deuda externa, esto va a disparar tremendamente el equilibrio de todos los sistemas argentinos, entre ellos el de la seguridad social.
Señores: lo que se discutía en este Congreso era cómo íbamos a conseguir créditos para pagar no sólo los intereses de la deuda sino los haberes a los jubilados, y hoy estamos discutiendo en este Parlamento cómo invertimos los fondos de garantía y sustentabilidad del sistema de seguridad social.
Más allá de la satisfacción que me causa como militante político poder participar en la discusión de un proyecto que será sancionado por una gran y absoluta mayoría –fue aprobado por unanimidad en el Senado-, no puedo dejar de contestar porque esta cuestión es parte de nuestra estrategia central.
Muchos insisten en que nosotros debemos “enfriar” la economía y dar garantía al capital externo, es decir, lo de Griesa: constituir domicilio en el exterior y todo lo que se está viviendo en relación con este tema.
Enfriar la economía significa no seguir con los planes de inclusión social que hoy vamos a sancionar.
Permítanme repetir lo que dijo Néstor Kirchner en este recinto con absoluta responsabilidad, convencido de que este es el camino peronista ortodoxo, el camino keynesiano –o como ustedes lo quieran calificar-: “Nosotros no vamos a enfriar la economía y vamos a continuar con este proyecto de inclusión social.”
En nombre de San Martín, Belgrano, Rosas, Perón, Yrigoyen y Alfredo Palacios vamos a seguir provocando la inclusión social.
Puedo asegurar que este acto de hoy –ya no sólo de este gobierno y de nuestro bloque sino de todos los diputados- implica un acto de amor de toda la comunidad argentina hacia nuestros adultos mayores. (Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.)
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR. LOUSTEAU, MARTIN (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: el proyecto que hoy estamos discutiendo tiene naturalmente un fin loable: maximizar la cobertura de nuestro sistema previsional.
Para nosotros esta discusión es muy bienvenida, pero creemos que la tenemos que dar de otra manera porque el sistema previsional es sin dudas el principal elemento de redistribución de cualquier Estado moderno. En el caso de la Argentina representa el 37 por ciento del gasto primario y el 77 por ciento del gasto social. Así, para que nos demos una idea, representa trece veces el total que redistribuimos a través de la Asignación Universal por Hijo.
¿De quién a quién es la redistribución? Es de quien está en condiciones de trabajar y aportar a aquel que ya trabajó, que aportó y que hoy está incapacitado por alguna cuestión para tener un ingreso que le permita consumir.
Esto lo damos por sentado porque en la Argentina los primeros sistemas previsionales –las cajas- tienen más de cien años. Entonces, lo tomamos como un dato natural que existe en los sistemas previsionales, pero no se trata de una constante de la historia argentina, ni siquiera de la mundial.
Los sistemas previsionales nacieron hacia fines del siglo XIX en la Alemania de Von Bismarck. En ese momento se decía que aquellos que estaban incapacitados para trabajar merecían el apoyo del Estado. De hecho, eso se observa en el contexto de una suerte de guerra o conflicto intergeneracional donde Von Bismarck le decía a su gente lo siguiente: “Imagínense si los viejos, en lugar de tirar piedras a los comercios, pudieran comprar en esos mismos comercios. Imagínense lo distinto que sería el entorno social.”
Esto nació hace 125 años y casi todos los países del mundo lo fueron adoptando, como la Argentina, con la creación de las primeras cajas previsionales a principios del siglo XX y con una masificación en la década del 40.
Pero nuestro sistema previsional, inclusive siendo el primero de Latinoamérica, padeció crisis recurrentes en los años 50, 70 y 80, y en los 90 lo privatizamos, volviendo a reestatizarlo posteriormente.
Entonces, modificar permanentemente sistemas en crisis requiere de una rigurosidad mayor porque se trata de un cuerpo vivo que provoca impacto por mucho más tiempo que el que solemos prever en cada una de las decisiones que tomamos.
En primer lugar, la universalización o ampliación es correcta y constituye un buen paso, pero particularmente no creo que tengamos que debatir en este recinto si el sistema previsional debe ser contributivo o no. Más del 35 por ciento de los ingresos de la ANSES vienen del sistema tributario. Esto quiere decir que una persona que trabaja en negro o está desempleada si consume cigarrillos o indirectamente combustibles está contribuyendo a pagar la jubilación de alguien, con lo cual, que reciba algo no es sólo un tema de solidaridad sino también de estricta equidad.
Nosotros estamos de acuerdo con los criterios de equidad y de solidaridad para universalizar el sistema. Lo que estamos cuestionando es cómo lo hacemos. Tenemos que discutirlo de otra manera; debemos discutir mejor cómo calibrarlo y corregir las falencias del sistema con un criterio un poco más serio. Por varias razones esto no es más que un parche. Voy a expresar algunos de los motivos por los que creo que es sólo un parche y que generará otros inconvenientes a futuro.
En primer lugar, tenemos la cuestión federal. Debemos recordar que cuando en 1993 se decide privatizar el sistema se produce un desfinanciamiento brutal del sistema previsional. ¿Por qué? Porque a aquel que estaba trabajando y contribuyendo a pagar la jubilación de otro en ese momento le decíamos que debía empezar a ahorrar en una cuenta individual. Cuando empieza a hacerlo, ese dinero ya no está más disponible para el jubilado de hoy. Ante esa diferencia de financiamiento se pidió a las provincias, a través de un pacto sancionado en 1993, que cedieran el 15 por ciento de la masa coparticipable para bancar la transición del sistema.
Las provincias pusieron el 15 por ciento de la masa coparticipable para bancar esa transición, pero cuando se reestatizó el sistema no se les preguntó si querían nuevamente ese 15 por ciento. De hecho, ese 15 por ciento llevó a la ANSES a tener superávit, que es lo que le permitió prestar a las provincias dinero que ya era de ellascon una tasa de interés.
El propio Bossio reconoció en la reunión conjunta de comisiones que si no hubiera sido por ese 15 por ciento no podría haber pagado las jubilaciones. Entonces, creo que estamos tocando un sistema, ampliándolo, sin considerar algunos criterios ni saber si será sostenible o no en el tiempo.
En segundo lugar, debemos considerar que los sistemas previsionales son cuerpos vivos. No se trata de algo que tocamos hoy y que tiene impacto en la actualidad o en la próxima generación: tendrá impacto en los próximos siglos. Por lo tanto, debemos calibrar bien el modo en que lo tocamos, particularmente en un contexto no sólo de la Argentina sino a nivel globalen el que los sistemas previsionales tienen inconvenientes estructurales por el aumento de la esperanza de vida y el cambio de la relación estructural entre pasivos y activos. Esto significa que no podemos tocarlos arbitrariamente sin calibrar un poco más cuáles serán los impactos a largo plazo.
En la Argentina, como dije antes, entre 1993 y 1994 los privatizamos ridículamente, sobre proyecciones que eran abiertamente optimistas. Tanto es así que fueron irrealistas a los siete años, y nos quedamos con un problema mayúsculo. Al mismo tiempo se bajaron contribuciones a grandes empresas, esquema que recién se deshizo siete años después. Se reestatizó el sistema, hicimos una moratoria, hace poco volvimos a bajar contribuciones para las pequeñas y medianas empresas y ahora estamos discutiendo otra moratoria.
Cada vez que tocamos el sistema lo hacemos sin ningún cálculo actuarial; no hay cálculos actuariales disponibles para saber cuál es el impacto de las decisiones que está tomando este cuerpo en el día de hoy. De hecho, cuando vino Bossio a la comisión dijo que los últimos cálculos actuariales eran de 2009. Cuando yo escribí un libro en el año 2002, explicando por qué había que deshacer el sistema de las AFJP, me tomé el trabajo de hacer cálculos actuariales y ponerlos a disposición, porque no existían en la ANSES. Sin embargo seguimos teniendo cálculos actuariales que datan de cinco años atrás.
De modo que si no tenemos una suerte de consejo actuarial del Estado, y debemos discutir cuestiones tan importantes como ésta, que –insistorepresenta casi el 80 por ciento del gasto social, al no contar con los números necesarios es probable que volvamos a cometer errores.
Voy a dar algunas ideas respecto de los errores implícitos en la reforma propuesta. En primer lugar, todo sistema de reparto tiene una tasa de rentabilidad sustentable a través del tiempo que está relacionada con el crecimiento real del PBI. Si lo que estamos haciendo es recaudar impuestos o aportes y contribuciones para pagar a los jubilados, lo que puedo ofrecer a alguien es lo que crecerá el PBI real, es decir, la tasa anual de rentabilidad del sistema ajustada por el cambio de la relación entre activos y pasivos.
Esa es una relación que tenemos que tener en mente y la ANSES nos debería decir cuál es la tasa implícita del sistema hoy en día para saber si es sustentable o no. Esto es muy diferente a lo que ofrece esta reforma. Simplemente para que todos tengamos una idea de lo que estoy manifestando, debo decir que cuando uno analiza la tasa de rentabilidad anual que le vamos a otorgar con esta moratoria a alguien que lleva, por ejemplo, veinte años sin hacer aportes, vemos que por cada peso que esa persona va a contribuir lo que recibe como haber previsional es once veces más alto que lo que recibe un jubilado que hizo todos sus aportes.
Es decir que el sistema en su totalidad es ciento cincuenta veces más generoso con quien no hizo sus aportes y ahora entra en esta moratoria, que con aquel jubilado que contribuyó al sistema regularmente.
Cuando uno calibra las cosas de esa manera, se da cuenta de que no es raro que exista fraude tal como lo reconoció el propio director ejecutivo de la ANSES, porque la rentabilidad es muy grande. Reitero que la tasa que se le brinda a quien ingresa a la moratoria es mucho más alta que la que el sistema, como un todo, puede solventar. También es más generosa que la que el sistema le reconoce a quienes hicieron sus aportes regularmente. Aquí hay un tema de calibración sobre el cual debemos tener mucho cuidado, porque otra vez estamos discutiendo estas cosas sin contar con ningún número.
Para nosotros esta discusión es muy bienvenida, pero creemos que la tenemos que dar de otra manera porque el sistema previsional es sin dudas el principal elemento de redistribución de cualquier Estado moderno. En el caso de la Argentina representa el 37 por ciento del gasto primario y el 77 por ciento del gasto social. Así, para que nos demos una idea, representa trece veces el total que redistribuimos a través de la Asignación Universal por Hijo.
¿De quién a quién es la redistribución? Es de quien está en condiciones de trabajar y aportar a aquel que ya trabajó, que aportó y que hoy está incapacitado por alguna cuestión para tener un ingreso que le permita consumir.
Esto lo damos por sentado porque en la Argentina los primeros sistemas previsionales –las cajas- tienen más de cien años. Entonces, lo tomamos como un dato natural que existe en los sistemas previsionales, pero no se trata de una constante de la historia argentina, ni siquiera de la mundial.
Los sistemas previsionales nacieron hacia fines del siglo XIX en la Alemania de Von Bismarck. En ese momento se decía que aquellos que estaban incapacitados para trabajar merecían el apoyo del Estado. De hecho, eso se observa en el contexto de una suerte de guerra o conflicto intergeneracional donde Von Bismarck le decía a su gente lo siguiente: “Imagínense si los viejos, en lugar de tirar piedras a los comercios, pudieran comprar en esos mismos comercios. Imagínense lo distinto que sería el entorno social.”
Esto nació hace 125 años y casi todos los países del mundo lo fueron adoptando, como la Argentina, con la creación de las primeras cajas previsionales a principios del siglo XX y con una masificación en la década del 40.
Pero nuestro sistema previsional, inclusive siendo el primero de Latinoamérica, padeció crisis recurrentes en los años 50, 70 y 80, y en los 90 lo privatizamos, volviendo a reestatizarlo posteriormente.
Entonces, modificar permanentemente sistemas en crisis requiere de una rigurosidad mayor porque se trata de un cuerpo vivo que provoca impacto por mucho más tiempo que el que solemos prever en cada una de las decisiones que tomamos.
En primer lugar, la universalización o ampliación es correcta y constituye un buen paso, pero particularmente no creo que tengamos que debatir en este recinto si el sistema previsional debe ser contributivo o no. Más del 35 por ciento de los ingresos de la ANSES vienen del sistema tributario. Esto quiere decir que una persona que trabaja en negro o está desempleada si consume cigarrillos o indirectamente combustibles está contribuyendo a pagar la jubilación de alguien, con lo cual, que reciba algo no es sólo un tema de solidaridad sino también de estricta equidad.
Nosotros estamos de acuerdo con los criterios de equidad y de solidaridad para universalizar el sistema. Lo que estamos cuestionando es cómo lo hacemos. Tenemos que discutirlo de otra manera; debemos discutir mejor cómo calibrarlo y corregir las falencias del sistema con un criterio un poco más serio. Por varias razones esto no es más que un parche. Voy a expresar algunos de los motivos por los que creo que es sólo un parche y que generará otros inconvenientes a futuro.
En primer lugar, tenemos la cuestión federal. Debemos recordar que cuando en 1993 se decide privatizar el sistema se produce un desfinanciamiento brutal del sistema previsional. ¿Por qué? Porque a aquel que estaba trabajando y contribuyendo a pagar la jubilación de otro en ese momento le decíamos que debía empezar a ahorrar en una cuenta individual. Cuando empieza a hacerlo, ese dinero ya no está más disponible para el jubilado de hoy. Ante esa diferencia de financiamiento se pidió a las provincias, a través de un pacto sancionado en 1993, que cedieran el 15 por ciento de la masa coparticipable para bancar la transición del sistema.
Las provincias pusieron el 15 por ciento de la masa coparticipable para bancar esa transición, pero cuando se reestatizó el sistema no se les preguntó si querían nuevamente ese 15 por ciento. De hecho, ese 15 por ciento llevó a la ANSES a tener superávit, que es lo que le permitió prestar a las provincias dinero que ya era de ellascon una tasa de interés.
El propio Bossio reconoció en la reunión conjunta de comisiones que si no hubiera sido por ese 15 por ciento no podría haber pagado las jubilaciones. Entonces, creo que estamos tocando un sistema, ampliándolo, sin considerar algunos criterios ni saber si será sostenible o no en el tiempo.
En segundo lugar, debemos considerar que los sistemas previsionales son cuerpos vivos. No se trata de algo que tocamos hoy y que tiene impacto en la actualidad o en la próxima generación: tendrá impacto en los próximos siglos. Por lo tanto, debemos calibrar bien el modo en que lo tocamos, particularmente en un contexto no sólo de la Argentina sino a nivel globalen el que los sistemas previsionales tienen inconvenientes estructurales por el aumento de la esperanza de vida y el cambio de la relación estructural entre pasivos y activos. Esto significa que no podemos tocarlos arbitrariamente sin calibrar un poco más cuáles serán los impactos a largo plazo.
En la Argentina, como dije antes, entre 1993 y 1994 los privatizamos ridículamente, sobre proyecciones que eran abiertamente optimistas. Tanto es así que fueron irrealistas a los siete años, y nos quedamos con un problema mayúsculo. Al mismo tiempo se bajaron contribuciones a grandes empresas, esquema que recién se deshizo siete años después. Se reestatizó el sistema, hicimos una moratoria, hace poco volvimos a bajar contribuciones para las pequeñas y medianas empresas y ahora estamos discutiendo otra moratoria.
Cada vez que tocamos el sistema lo hacemos sin ningún cálculo actuarial; no hay cálculos actuariales disponibles para saber cuál es el impacto de las decisiones que está tomando este cuerpo en el día de hoy. De hecho, cuando vino Bossio a la comisión dijo que los últimos cálculos actuariales eran de 2009. Cuando yo escribí un libro en el año 2002, explicando por qué había que deshacer el sistema de las AFJP, me tomé el trabajo de hacer cálculos actuariales y ponerlos a disposición, porque no existían en la ANSES. Sin embargo seguimos teniendo cálculos actuariales que datan de cinco años atrás.
De modo que si no tenemos una suerte de consejo actuarial del Estado, y debemos discutir cuestiones tan importantes como ésta, que –insistorepresenta casi el 80 por ciento del gasto social, al no contar con los números necesarios es probable que volvamos a cometer errores.
Voy a dar algunas ideas respecto de los errores implícitos en la reforma propuesta. En primer lugar, todo sistema de reparto tiene una tasa de rentabilidad sustentable a través del tiempo que está relacionada con el crecimiento real del PBI. Si lo que estamos haciendo es recaudar impuestos o aportes y contribuciones para pagar a los jubilados, lo que puedo ofrecer a alguien es lo que crecerá el PBI real, es decir, la tasa anual de rentabilidad del sistema ajustada por el cambio de la relación entre activos y pasivos.
Esa es una relación que tenemos que tener en mente y la ANSES nos debería decir cuál es la tasa implícita del sistema hoy en día para saber si es sustentable o no. Esto es muy diferente a lo que ofrece esta reforma. Simplemente para que todos tengamos una idea de lo que estoy manifestando, debo decir que cuando uno analiza la tasa de rentabilidad anual que le vamos a otorgar con esta moratoria a alguien que lleva, por ejemplo, veinte años sin hacer aportes, vemos que por cada peso que esa persona va a contribuir lo que recibe como haber previsional es once veces más alto que lo que recibe un jubilado que hizo todos sus aportes.
Es decir que el sistema en su totalidad es ciento cincuenta veces más generoso con quien no hizo sus aportes y ahora entra en esta moratoria, que con aquel jubilado que contribuyó al sistema regularmente.
Cuando uno calibra las cosas de esa manera, se da cuenta de que no es raro que exista fraude tal como lo reconoció el propio director ejecutivo de la ANSES, porque la rentabilidad es muy grande. Reitero que la tasa que se le brinda a quien ingresa a la moratoria es mucho más alta que la que el sistema, como un todo, puede solventar. También es más generosa que la que el sistema le reconoce a quienes hicieron sus aportes regularmente. Aquí hay un tema de calibración sobre el cual debemos tener mucho cuidado, porque otra vez estamos discutiendo estas cosas sin contar con ningún número.
- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª de la Honorable Cámara, profesora Norma Amanda Abdala de Matarazzo.
SR. LOUSTEAU, MARTIN (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Por otra parte, nuestro sistema previsional sigue manteniendo los criterios restrictivos establecidos por la reforma de 1994. Ahora decimos que somos generosos y que queremos la universalización, pero el sistema sigue exigiendo 60 y 65 años de edad con treinta años de aporte. Obviamente que esto no se va a cumplir, y no lo digo respecto de esta generación que estamos jubilando ahora sino que no se va a cumplir a futuro. Digo esto porque casi la mitad de los trabajadores están en negro y porque vamos camino a un desempleo de dos dígitos.
En esas condiciones, dentro de cinco o diez años, cuando alguien diga que se quiere jubilar porque hizo aportes indirectamente al pagar sus impuestos, le vamos a tener que decir que no le corresponde la jubilación, porque eso es lo que establece la ley.
Seguramente en ese momento nos veremos obligados a discutir una nueva moratoria, en lugar de atacar el verdadero problema, que es el rediseño del sistema.
Si no cuestionamos cómo modificar el sistema a largo plazo, vamos a tener que aplicar parches recurrentemente, el sistema va a reflejar problemas de insolvencia y otra vez se va a defraudar a los jubilados como ya ocurrió otras veces a lo largo de la historia de nuestro país.
Esta moratoria es nada más que un parche destinado a aquellos que hoy deberían acceder a una jubilación y no pueden hacerlo. El problema es que con este proyecto no se corrigen los inconvenientes a futuro. Dentro de unos años nos vamos a encontrar otra vez con que hay gente que no cumple todos los requisitos para jubilarse, por más que merezca contar con un ingreso cuando entra a la vejez.
Por eso, reitero que hay otras formas de resolver el inconveniente desde dentro del sistema. Se podría instrumentar un ingreso universal a la vejez calibrado como corresponde. Para que me entiendan, voy a poner un ejemplo sobre la base de esta moratoria que estamos analizando para ver por qué es tan generosa.
Al respecto, la norma indica que se tienen que tomar los aportes que alguien debería haber hecho, si son anteriores a 1994, al monto de cotización de ese año, y si son posteriores a esa fecha, al año en que la cotización se tendría que haber efectuado. Cuando se suma todo eso obviamente que en el medio nos hemos comido la inflaciónno hay actualización de ningún tipo, mientras que el monto de capital adeudado se ajusta por un máximo del 30 por ciento. En este sentido, tengamos en cuenta que desde 2003 a la fecha la inflación fue superior al 600 por ciento. O sea que se ajusta al 30 por ciento algo que se desactualizó un 600 por ciento.
Eso no se le dice a quien hizo las contribuciones en tiempo y forma. Por ese motivo –tal como ocurrió con el esquema anterior, y más allá de que es bienvenida la universalización de las prestaciones, decimos que esto da lugar a fraude y a la aparición de un montón de elementos que ya hemos conocido en el pasado, como el de los intermediarios.
Si no discutimos correctamente la cuestión, si no contamos con un consejo actuarial del Estado y si no calibramos bien los beneficios de un sistema que, repito, es un cuerpo vivo que al tocarlo repercute en el futuro de varias generaciones, vamos a tener problemas recurrentes. No vamos a poder construir un Estado que sea capaz de acumular mejoras para su ciudadanía a través del tiempo; es decir, que cada vez que actuemos creemos una base nueva sobre la cual la siguiente actuación genere un nuevo piso mejor que el anterior, sino que vamos a empeorar las cosas si las miramos con un sesgo cortoplacista y populista –defino populista como la subordinación permanente del largo plazo al corto plazo-, y en el largo plazo otra vez vamos a defraudar al pueblo argentino con una crisis, sea del sistema previsional o una crisis general.
Esto es lo que estamos construyendo cuando no discutimos sobre bases sólidas. No podemos seguir discutiendo aisladamente, sin ningún número ni una rigurosidad técnica, acerca del sistema previsional. Cuando me refiero a rigurosidad técnica no lo digo sólo por los números o la rentabilidad del sistema. Lo que hay que discutir no es una sustentabilidad económico financiera sino social. Insisto, tenemos un sistema previsional absolutamente excluyente. Uno puede construir el mejor sistema previsional desde el punto de vista de su rentabilidad disponiendo que todo el mundo pague cien años de aportes y tenga doscientos años para jubilarse. Obviamente, en ese sistema todo el mundo aporta pero ninguno va a cobrar y va a ser un sistema solvente, pero quedará afuera el grueso de la población.
Si no miramos el sistema previsional en profundidad, recurrentemente, cada equis tiempo, vamos a dejar gente afuera, y si lo resolvemos así, en un momento no va a haber plata para incorporarlos. Por eso es que este tema tenemos que discutirlo de otra manera. (Aplausos.)
En esas condiciones, dentro de cinco o diez años, cuando alguien diga que se quiere jubilar porque hizo aportes indirectamente al pagar sus impuestos, le vamos a tener que decir que no le corresponde la jubilación, porque eso es lo que establece la ley.
Seguramente en ese momento nos veremos obligados a discutir una nueva moratoria, en lugar de atacar el verdadero problema, que es el rediseño del sistema.
Si no cuestionamos cómo modificar el sistema a largo plazo, vamos a tener que aplicar parches recurrentemente, el sistema va a reflejar problemas de insolvencia y otra vez se va a defraudar a los jubilados como ya ocurrió otras veces a lo largo de la historia de nuestro país.
Esta moratoria es nada más que un parche destinado a aquellos que hoy deberían acceder a una jubilación y no pueden hacerlo. El problema es que con este proyecto no se corrigen los inconvenientes a futuro. Dentro de unos años nos vamos a encontrar otra vez con que hay gente que no cumple todos los requisitos para jubilarse, por más que merezca contar con un ingreso cuando entra a la vejez.
Por eso, reitero que hay otras formas de resolver el inconveniente desde dentro del sistema. Se podría instrumentar un ingreso universal a la vejez calibrado como corresponde. Para que me entiendan, voy a poner un ejemplo sobre la base de esta moratoria que estamos analizando para ver por qué es tan generosa.
Al respecto, la norma indica que se tienen que tomar los aportes que alguien debería haber hecho, si son anteriores a 1994, al monto de cotización de ese año, y si son posteriores a esa fecha, al año en que la cotización se tendría que haber efectuado. Cuando se suma todo eso obviamente que en el medio nos hemos comido la inflaciónno hay actualización de ningún tipo, mientras que el monto de capital adeudado se ajusta por un máximo del 30 por ciento. En este sentido, tengamos en cuenta que desde 2003 a la fecha la inflación fue superior al 600 por ciento. O sea que se ajusta al 30 por ciento algo que se desactualizó un 600 por ciento.
Eso no se le dice a quien hizo las contribuciones en tiempo y forma. Por ese motivo –tal como ocurrió con el esquema anterior, y más allá de que es bienvenida la universalización de las prestaciones, decimos que esto da lugar a fraude y a la aparición de un montón de elementos que ya hemos conocido en el pasado, como el de los intermediarios.
Si no discutimos correctamente la cuestión, si no contamos con un consejo actuarial del Estado y si no calibramos bien los beneficios de un sistema que, repito, es un cuerpo vivo que al tocarlo repercute en el futuro de varias generaciones, vamos a tener problemas recurrentes. No vamos a poder construir un Estado que sea capaz de acumular mejoras para su ciudadanía a través del tiempo; es decir, que cada vez que actuemos creemos una base nueva sobre la cual la siguiente actuación genere un nuevo piso mejor que el anterior, sino que vamos a empeorar las cosas si las miramos con un sesgo cortoplacista y populista –defino populista como la subordinación permanente del largo plazo al corto plazo-, y en el largo plazo otra vez vamos a defraudar al pueblo argentino con una crisis, sea del sistema previsional o una crisis general.
Esto es lo que estamos construyendo cuando no discutimos sobre bases sólidas. No podemos seguir discutiendo aisladamente, sin ningún número ni una rigurosidad técnica, acerca del sistema previsional. Cuando me refiero a rigurosidad técnica no lo digo sólo por los números o la rentabilidad del sistema. Lo que hay que discutir no es una sustentabilidad económico financiera sino social. Insisto, tenemos un sistema previsional absolutamente excluyente. Uno puede construir el mejor sistema previsional desde el punto de vista de su rentabilidad disponiendo que todo el mundo pague cien años de aportes y tenga doscientos años para jubilarse. Obviamente, en ese sistema todo el mundo aporta pero ninguno va a cobrar y va a ser un sistema solvente, pero quedará afuera el grueso de la población.
Si no miramos el sistema previsional en profundidad, recurrentemente, cada equis tiempo, vamos a dejar gente afuera, y si lo resolvemos así, en un momento no va a haber plata para incorporarlos. Por eso es que este tema tenemos que discutirlo de otra manera. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra el señor diputado por Salta, quien comparte su tiempo de veinte minutos con las señoras diputadas Miriam Gallardo, María del Carmen Bianchi y Claudia Giaccone.
SR. KOSINER, PABLO FRANCISCO JUAN (SALTA):
Señora presidenta: desde el año 2003 estamos reconstruyendo un modelo de país que plantea como objetivo los beneficios compartidos.
Venimos de una situación en materia de reformas estructurales de la década del 90 donde claramente se han llevado adelante transformaciones en América Latina y Europa que generaron que los sistemas previsionales estén diseñados en función del trabajo formal.
A partir de la cantidad de argentinos y argentinas que quedaron fuera del mercado laboral, o aquellos incorporados fundamentalmente al mercado informal, el sistema previsional argentino fue debilitándose y empequeñeciéndose cada vez más.
Pero este sistema previsional público destruido no podía ser ajeno al contexto de país que en el año 2002 mostraba una caída del producto bruto interno del 11 por ciento y más de la mitad de los argentinos viviendo bajo la línea de pobreza.
Esta tarea de reconstrucción del Estado que encara el proyecto político que hoy gobierna la Argentina ha permitido elevar de 3.158.164 a casi 6 millones el número de argentinos incluidos dentro del sistema previsional.
El diputado Díaz Roig planteaba recién que la Argentina tiene la tasa más alta de Latinoamérica. Es verdad, y conviene plantear claramente algunos ejemplos, porque aquí se habló de que era un parche y de que esto afectaba concretamente al sistema federal argentino.
Yo creo que un país que ha logrado crecer treinta puntos en materia de inclusión en el sistema previsional argentino, más que un parche está haciendo una revolución en materia previsional.
Mientras los incluidos en el sistema previsional en Chile alcanzan el 72,8 por ciento, en México 34,5 por ciento, en Colombia 28,3 por ciento, en Paraguay 17 por ciento, en Uruguay 78 por ciento, en Brasil 89 por ciento, la Argentina ha logrado pasar en materia de inclusión previsional del 54,5 por ciento que se registraba en 2002 al 94,3 por ciento.
Entonces, decir que esta reforma es coyuntural o no ha sido planificada cuando en realidad es una transformación en el plano previsional que permitirá un crecimiento del 30 por ciento esto significa que millones de argentinos serán incluidos dentro del sistema jubilatorio, implica tener una visión muy egoísta.
Esto se logró a partir de la creación del Plan de Inclusión Previsional llevado adelante por nuestro gobierno. Su base es luchar frente a dos situaciones que dominaron la economía argentina: la flexibilización y la desregulación. Son millones los argentinos que no pudieron aportar la cantidad de años requerida para acceder a una jubilación, algunos por estar trabajando en la informalidad y otros porque nunca pudieron tener un empleo.
El proyecto de ley en consideración ha sido criticado –como escuchamos reciénen algunos aspectos. Se ha afirmado, por ejemplo, que podría privilegiar a quienes no aportaron para gozar de una jubilación. En este punto quiero dar una contestación muy clara. El 40 por ciento de los recursos de la ANSES son tributarios; es decir que provienen de impuestos como el IVA, ganancias o aquel que grava a los combustibles que pagan los argentinos, aun aquellos que no tienen trabajo. Esto significa que quienes serán beneficiarios de la moratoria, ya sea porque no cuentan con los aportes suficientes o porque nunca los pudieron realizar, contribuyen al sistema previsional de manera indirecta a través del pago de los impuestos. Entonces, tienen el mismo derecho de acceder al régimen jubilatorio que aquellos que aportaron de manera directa.
En materia federal, quiero comentar algunas cuestiones que considero claras y contundentes.
Con esta moratoria habrá una transferencia directa de recursos a las provincias. Las que más se benefician con este tipo de medidas son las que presentan mayores criterios de desigualdad. En la provincia de Formosa, el 77,1 por ciento de los jubilados accedieron al sistema previsional por intermedio de una moratoria. En Chaco es el 65 por ciento; en Corrientes, el 59 por ciento; en Misiones, también el 59 por ciento; en La Pampa, el 48 por ciento; en Entre Ríos, también el 48 por ciento; en Córdoba, el 46 por ciento y en Chubut, el 47 por ciento.
Como consecuencia de esta transferencia directa de recursos, el circulante de dinero en cada provincia se refleja en mayor consumo.
El decreto 896/01 definió el sistema de “penuria nacional” para justificar el descuento del 13 por ciento en los haberes de los jubilados. Venimos de esa Argentina que utilizó los ingresos de los jubilados y de los empleados públicos nacionales como variable de ajuste para llevar adelante un plan de déficit cero. De ahí arrancamos, de esa penuria nacional definida por el gobierno de Fernando de la Rúa en el decreto 896/01, que utilizó los ingresos de la gente para concretar un ajuste que se tradujo en el “corralito” y el “corralón”.
Hoy dignificaremos al pueblo argentino a través de esta medida que busca la inclusión universal en el sistema previsional. (Aplausos.)
Venimos de una situación en materia de reformas estructurales de la década del 90 donde claramente se han llevado adelante transformaciones en América Latina y Europa que generaron que los sistemas previsionales estén diseñados en función del trabajo formal.
A partir de la cantidad de argentinos y argentinas que quedaron fuera del mercado laboral, o aquellos incorporados fundamentalmente al mercado informal, el sistema previsional argentino fue debilitándose y empequeñeciéndose cada vez más.
Pero este sistema previsional público destruido no podía ser ajeno al contexto de país que en el año 2002 mostraba una caída del producto bruto interno del 11 por ciento y más de la mitad de los argentinos viviendo bajo la línea de pobreza.
Esta tarea de reconstrucción del Estado que encara el proyecto político que hoy gobierna la Argentina ha permitido elevar de 3.158.164 a casi 6 millones el número de argentinos incluidos dentro del sistema previsional.
El diputado Díaz Roig planteaba recién que la Argentina tiene la tasa más alta de Latinoamérica. Es verdad, y conviene plantear claramente algunos ejemplos, porque aquí se habló de que era un parche y de que esto afectaba concretamente al sistema federal argentino.
Yo creo que un país que ha logrado crecer treinta puntos en materia de inclusión en el sistema previsional argentino, más que un parche está haciendo una revolución en materia previsional.
Mientras los incluidos en el sistema previsional en Chile alcanzan el 72,8 por ciento, en México 34,5 por ciento, en Colombia 28,3 por ciento, en Paraguay 17 por ciento, en Uruguay 78 por ciento, en Brasil 89 por ciento, la Argentina ha logrado pasar en materia de inclusión previsional del 54,5 por ciento que se registraba en 2002 al 94,3 por ciento.
Entonces, decir que esta reforma es coyuntural o no ha sido planificada cuando en realidad es una transformación en el plano previsional que permitirá un crecimiento del 30 por ciento esto significa que millones de argentinos serán incluidos dentro del sistema jubilatorio, implica tener una visión muy egoísta.
Esto se logró a partir de la creación del Plan de Inclusión Previsional llevado adelante por nuestro gobierno. Su base es luchar frente a dos situaciones que dominaron la economía argentina: la flexibilización y la desregulación. Son millones los argentinos que no pudieron aportar la cantidad de años requerida para acceder a una jubilación, algunos por estar trabajando en la informalidad y otros porque nunca pudieron tener un empleo.
El proyecto de ley en consideración ha sido criticado –como escuchamos reciénen algunos aspectos. Se ha afirmado, por ejemplo, que podría privilegiar a quienes no aportaron para gozar de una jubilación. En este punto quiero dar una contestación muy clara. El 40 por ciento de los recursos de la ANSES son tributarios; es decir que provienen de impuestos como el IVA, ganancias o aquel que grava a los combustibles que pagan los argentinos, aun aquellos que no tienen trabajo. Esto significa que quienes serán beneficiarios de la moratoria, ya sea porque no cuentan con los aportes suficientes o porque nunca los pudieron realizar, contribuyen al sistema previsional de manera indirecta a través del pago de los impuestos. Entonces, tienen el mismo derecho de acceder al régimen jubilatorio que aquellos que aportaron de manera directa.
En materia federal, quiero comentar algunas cuestiones que considero claras y contundentes.
Con esta moratoria habrá una transferencia directa de recursos a las provincias. Las que más se benefician con este tipo de medidas son las que presentan mayores criterios de desigualdad. En la provincia de Formosa, el 77,1 por ciento de los jubilados accedieron al sistema previsional por intermedio de una moratoria. En Chaco es el 65 por ciento; en Corrientes, el 59 por ciento; en Misiones, también el 59 por ciento; en La Pampa, el 48 por ciento; en Entre Ríos, también el 48 por ciento; en Córdoba, el 46 por ciento y en Chubut, el 47 por ciento.
Como consecuencia de esta transferencia directa de recursos, el circulante de dinero en cada provincia se refleja en mayor consumo.
El decreto 896/01 definió el sistema de “penuria nacional” para justificar el descuento del 13 por ciento en los haberes de los jubilados. Venimos de esa Argentina que utilizó los ingresos de los jubilados y de los empleados públicos nacionales como variable de ajuste para llevar adelante un plan de déficit cero. De ahí arrancamos, de esa penuria nacional definida por el gobierno de Fernando de la Rúa en el decreto 896/01, que utilizó los ingresos de la gente para concretar un ajuste que se tradujo en el “corralito” y el “corralón”.
Hoy dignificaremos al pueblo argentino a través de esta medida que busca la inclusión universal en el sistema previsional. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra la señora diputada por Tucumán.
SRA. GALLARDO, MIRIAM GRACIELA (TUCUMAN):
Señora presidenta: el proyecto de ley en tratamiento, que es la segunda etapa del Plan de Inclusión Previsional, pretende dar continuidad a la moratoria impulsada por el ex presidente Néstor Kirchner en 2005.
La primera etapa, iniciada con la sanción de la ley 24.476 y sus modificatorias, se dio en un contexto en el cual el 40 por ciento de los adultos mayores se encontraba en una situación de total desprotección. Es decir que no podían acceder a un haber jubilatorio.
Con la sanción de aquella norma se incorporaron tres millones de nuevos jubilados. Esto realmente constituyó un acto de justicia social pues aumentó la distribución de los recursos del Estado hacia los sectores que no contaban con ningún ingreso. Aquella ley vigente permitió regularizar los aportes no ingresados hasta septiembre de 1993.
Mediante el proyecto que estamos considerando este plazo se extenderá hasta 2003. Estamos contemplando la posibilidad de inclusión previsional a través de la regularización de las deudas de los trabajadores autónomos y monotributistas con el fin de completar los treinta años de aportes. Las condiciones siguen siendo de 60 años de edad para las mujeres y de 65 años para los hombres, con treinta años de aportes. De esta manera se permite que quien tenga la edad requerida pero le falten años de aportes pueda completarlos mediante una moratoria, accediendo así a una jubilación segura.
La aprobación de este proyecto de ley permitirá la incorporación al sistema jubilatorio de 470 mil personas de todo el país. En el caso de la provincia de Tucumán, a la que represento, esta medida llegará a beneficiar a 25 mil adultos mayores, de acuerdo con lo que nos ha informado la delegación local de la ANSES. Estas personas se encontraban excluidas por no tener la totalidad de los aportes al sistema jubilatorio.
Esto traerá como consecuencia un impacto positivo sobre la economía y el consumo, al tiempo que producirá un efecto redistributivo orientado a garantizar, a través del otorgamiento de la jubilación, una cobertura médica a estas personas, que hoy no pueden acceder a ella por el elevado costo de la deuda previsional.
Como ya lo ha destacado el señor ministro de Economía, doctor Axel Kicillof, este gobierno ha elevado a un récord histórico el gasto público social, que alcanza el 13 por ciento del producto bruto interno y que a través del Estado se trasladará a los más necesitados.
Como representante del pueblo entiendo que este es un hecho más de reparación histórica y de justicia para con nuestros abuelos. Debemos hacernos cargo de ellos y ser lo suficientemente expeditivos porque la gente no puede esperar. Tenemos que acompañar el proyecto de ley en consideración, que ya fue aprobado por unanimidad en el Honorable Senado, facilitando así a este sector de la población el acceso a un derecho más, que es el de la inclusión y que reviste tanta importancia como el de la jubilación.
La primera etapa, iniciada con la sanción de la ley 24.476 y sus modificatorias, se dio en un contexto en el cual el 40 por ciento de los adultos mayores se encontraba en una situación de total desprotección. Es decir que no podían acceder a un haber jubilatorio.
Con la sanción de aquella norma se incorporaron tres millones de nuevos jubilados. Esto realmente constituyó un acto de justicia social pues aumentó la distribución de los recursos del Estado hacia los sectores que no contaban con ningún ingreso. Aquella ley vigente permitió regularizar los aportes no ingresados hasta septiembre de 1993.
Mediante el proyecto que estamos considerando este plazo se extenderá hasta 2003. Estamos contemplando la posibilidad de inclusión previsional a través de la regularización de las deudas de los trabajadores autónomos y monotributistas con el fin de completar los treinta años de aportes. Las condiciones siguen siendo de 60 años de edad para las mujeres y de 65 años para los hombres, con treinta años de aportes. De esta manera se permite que quien tenga la edad requerida pero le falten años de aportes pueda completarlos mediante una moratoria, accediendo así a una jubilación segura.
La aprobación de este proyecto de ley permitirá la incorporación al sistema jubilatorio de 470 mil personas de todo el país. En el caso de la provincia de Tucumán, a la que represento, esta medida llegará a beneficiar a 25 mil adultos mayores, de acuerdo con lo que nos ha informado la delegación local de la ANSES. Estas personas se encontraban excluidas por no tener la totalidad de los aportes al sistema jubilatorio.
Esto traerá como consecuencia un impacto positivo sobre la economía y el consumo, al tiempo que producirá un efecto redistributivo orientado a garantizar, a través del otorgamiento de la jubilación, una cobertura médica a estas personas, que hoy no pueden acceder a ella por el elevado costo de la deuda previsional.
Como ya lo ha destacado el señor ministro de Economía, doctor Axel Kicillof, este gobierno ha elevado a un récord histórico el gasto público social, que alcanza el 13 por ciento del producto bruto interno y que a través del Estado se trasladará a los más necesitados.
Como representante del pueblo entiendo que este es un hecho más de reparación histórica y de justicia para con nuestros abuelos. Debemos hacernos cargo de ellos y ser lo suficientemente expeditivos porque la gente no puede esperar. Tenemos que acompañar el proyecto de ley en consideración, que ya fue aprobado por unanimidad en el Honorable Senado, facilitando así a este sector de la población el acceso a un derecho más, que es el de la inclusión y que reviste tanta importancia como el de la jubilación.
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra la señora diputada por San Luis.
SRA. BIANCHI, IVANA MARIA (SAN LUIS):
Señora presidenta: la reconstrucción del sistema previsional llevada a cabo por este gobierno y el de Néstor Kirchner se basó en tres ejes: que sea público, que asegure la progresiva dignidad de los ingresos y que tenga alcance universal.
La vuelta al sistema público a través de la ley 26.425, que estatizó los fondos de las AFJP, eliminó la intermediación financiera de las comisiones, la inversión de los fondos en actividades especulativas fracasantes y el uso de ellos para dar, muchas veces, golpes de mercado que no sólo afectaban al sistema previsional sino también la propia vida de los trabajadores.
Pero de nada sirve un sistema público si el objetivo es distribuir degradación, como ocurría antes de la creación de las AFJP, cuando era público pero se repartía pobreza.
En 2009, con la aprobación de la movilidad jubilatoria, se dio previsibilidad a los ingresos y a los incrementos. ¿Pero de qué serviría un sistema público y progresivo si no tuviera objetos de progresiva dignificación y si no hiciera justicia al conjunto de los trabajadores, incluyendo a quienes por distintos motivos se han ido quedando afuera del sistema?
El Plan de Inclusión Previsional Jubilatoria cuya segunda etapa venimos a acompañar hoy significó que el 45 por ciento de la cantidad actual de jubilados proviniera de la primera etapa de esa inclusión. Es decir que viene a cumplir con la propuesta de hacer justicia para todos los trabajadores.
Solicitando permiso para insertar el resto de mis argumentos en el Diario de Sesiones, para quienes se llenan la boca hablando de su temor al populismo, quiero terminar diciendo que ninguna cifra que podamos esgrimir dará cuenta cabal de lo que ha significado en la modificación del sistema organizativo interno de las familias que los jubilados dejen de ser los mendicantes del ingreso familiar, esculcando el ingreso familiar para mantenerlos. Eso les permitirá volver a recuperar la dignidad que se merecían como trabajadores y el derecho que tienen como ancianos, tal como nos enseñó la compañera Eva Perón, cuyo compromiso venimos a ratificar hoy aquí una vez más. (Aplausos.)
La vuelta al sistema público a través de la ley 26.425, que estatizó los fondos de las AFJP, eliminó la intermediación financiera de las comisiones, la inversión de los fondos en actividades especulativas fracasantes y el uso de ellos para dar, muchas veces, golpes de mercado que no sólo afectaban al sistema previsional sino también la propia vida de los trabajadores.
Pero de nada sirve un sistema público si el objetivo es distribuir degradación, como ocurría antes de la creación de las AFJP, cuando era público pero se repartía pobreza.
En 2009, con la aprobación de la movilidad jubilatoria, se dio previsibilidad a los ingresos y a los incrementos. ¿Pero de qué serviría un sistema público y progresivo si no tuviera objetos de progresiva dignificación y si no hiciera justicia al conjunto de los trabajadores, incluyendo a quienes por distintos motivos se han ido quedando afuera del sistema?
El Plan de Inclusión Previsional Jubilatoria cuya segunda etapa venimos a acompañar hoy significó que el 45 por ciento de la cantidad actual de jubilados proviniera de la primera etapa de esa inclusión. Es decir que viene a cumplir con la propuesta de hacer justicia para todos los trabajadores.
Solicitando permiso para insertar el resto de mis argumentos en el Diario de Sesiones, para quienes se llenan la boca hablando de su temor al populismo, quiero terminar diciendo que ninguna cifra que podamos esgrimir dará cuenta cabal de lo que ha significado en la modificación del sistema organizativo interno de las familias que los jubilados dejen de ser los mendicantes del ingreso familiar, esculcando el ingreso familiar para mantenerlos. Eso les permitirá volver a recuperar la dignidad que se merecían como trabajadores y el derecho que tienen como ancianos, tal como nos enseñó la compañera Eva Perón, cuyo compromiso venimos a ratificar hoy aquí una vez más. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra la señora diputada por Santa Fe.
SRA. GIACCONE, CLAUDIA ALEJANDRA (SANTA FE):
Señora presidenta: ratifico nuestro pleno apoyo a este importante y valioso proyecto de ley remitido por nuestra presidenta, que viene a cumplimentar una segunda etapa del Plan de Inclusión Previsional de 2005.
En esta ocasión me permito hablar también como diputada nacional por Santa Fe y, tal como lo señalaba el diputado Kosiner, destaco el alcance federal de esta norma. Habitualmente cuando envían el proyecto de ley de presupuesto todos miramos los ítems referidos a nuestras obras y en general la infraestructura para nuestras provincias, y no tenemos en cuenta estas leyes que son impactantes no solo en materia de transferencias directas de recursos sino también de inclusión de cantidad de ciudadanos y ciudadanas de nuestras provincias.
En Santa Fe el Plan de Inclusión Previsional anterior involucró a más de 106 mil santafesinos. En el ránking de cantidad de adultos mayores jubilados ocupó el segundo lugar con un 12 por ciento de sus jubilados en relación a Buenos Aires. Pero si consideramos el porcentaje de jubilados respecto de la población, en proporción supera a Buenos Aires pues un 3,3 por ciento de ciudadanos santafesinos fueron amparados por un sistema de seguridad social que los incluyó y los sacó de un estado de desprotección absoluta.
Esta norma tiene también una mirada de género porque de esos 106 mil santafesinos más del 66 por ciento fueron mujeres, quizá uno de los eslabones más desprotegidos y débiles dentro del sistema laboral registrado.
En este tema también tiene incidencia la dispersión de nuestros territorios, sobre todo en nuestros pueblos, donde el alto índice de trabajo no registrado tiene un impacto muy fuerte de arraigo, transferencia de recursos y contención social.
Me interesa reforzar la idea de que estamos trabajando sobre un cambio de paradigma que empezó con el Plan de Inclusión Previsional de 2005, y que pasa de una ecuación económica a un sistema de ampliación de derechos. Digo esto porque nuevamente muchos economistas comienzan a hablar del gasto social y el déficit fiscal, volviendo con el eslogan de que el gasto social no es una inversión.
Entre 1993 y 2001 fui secretaria de Acción Social de Casilda, mi ciudad, y recuerdo la cantidad de personas que se acercaban sin haber tenido un trabajo registrado, muchas veces habiendo trabajado y con el convencimiento de que les efectuaban los aportes, pero cuando iban a la ANSES encontraban que habían sido estafados. Por eso comenzamos a trabajar con un régimen de pensiones no contributivas provinciales y nacionales que tenía este paradigma de la ecuación económica, un fondo y un presupuesto estricto en el cual para poder ingresar un nuevo pensionado había que esperar la baja, o sea la muerte de otro. Y así trabajábamos, esperando ver qué baja había en esa lista para incorporar a otro beneficiario.
Hoy trabajamos sobre el paradigma de la ampliación de derechos, para que aquel que tenga el derecho a jubilarse pueda hacerlo. En este caso, para que aquel que no tiene la oportunidad de tener todos los aportes pueda completarlos a través de una moratoria.
Reforzar la presencia del Estado, el acompañamiento en este eslabón tan débil de los adultos mayores, es seguir sosteniendo un proyecto político que nosotros también llamamos un proyecto de vida porque tiene nombres y apellidos, y tiene las caras de los conciudadanos con los que transitamos todos los días, que conocemos y vamos a seguir apoyando. (Aplausos.)
En esta ocasión me permito hablar también como diputada nacional por Santa Fe y, tal como lo señalaba el diputado Kosiner, destaco el alcance federal de esta norma. Habitualmente cuando envían el proyecto de ley de presupuesto todos miramos los ítems referidos a nuestras obras y en general la infraestructura para nuestras provincias, y no tenemos en cuenta estas leyes que son impactantes no solo en materia de transferencias directas de recursos sino también de inclusión de cantidad de ciudadanos y ciudadanas de nuestras provincias.
En Santa Fe el Plan de Inclusión Previsional anterior involucró a más de 106 mil santafesinos. En el ránking de cantidad de adultos mayores jubilados ocupó el segundo lugar con un 12 por ciento de sus jubilados en relación a Buenos Aires. Pero si consideramos el porcentaje de jubilados respecto de la población, en proporción supera a Buenos Aires pues un 3,3 por ciento de ciudadanos santafesinos fueron amparados por un sistema de seguridad social que los incluyó y los sacó de un estado de desprotección absoluta.
Esta norma tiene también una mirada de género porque de esos 106 mil santafesinos más del 66 por ciento fueron mujeres, quizá uno de los eslabones más desprotegidos y débiles dentro del sistema laboral registrado.
En este tema también tiene incidencia la dispersión de nuestros territorios, sobre todo en nuestros pueblos, donde el alto índice de trabajo no registrado tiene un impacto muy fuerte de arraigo, transferencia de recursos y contención social.
Me interesa reforzar la idea de que estamos trabajando sobre un cambio de paradigma que empezó con el Plan de Inclusión Previsional de 2005, y que pasa de una ecuación económica a un sistema de ampliación de derechos. Digo esto porque nuevamente muchos economistas comienzan a hablar del gasto social y el déficit fiscal, volviendo con el eslogan de que el gasto social no es una inversión.
Entre 1993 y 2001 fui secretaria de Acción Social de Casilda, mi ciudad, y recuerdo la cantidad de personas que se acercaban sin haber tenido un trabajo registrado, muchas veces habiendo trabajado y con el convencimiento de que les efectuaban los aportes, pero cuando iban a la ANSES encontraban que habían sido estafados. Por eso comenzamos a trabajar con un régimen de pensiones no contributivas provinciales y nacionales que tenía este paradigma de la ecuación económica, un fondo y un presupuesto estricto en el cual para poder ingresar un nuevo pensionado había que esperar la baja, o sea la muerte de otro. Y así trabajábamos, esperando ver qué baja había en esa lista para incorporar a otro beneficiario.
Hoy trabajamos sobre el paradigma de la ampliación de derechos, para que aquel que tenga el derecho a jubilarse pueda hacerlo. En este caso, para que aquel que no tiene la oportunidad de tener todos los aportes pueda completarlos a través de una moratoria.
Reforzar la presencia del Estado, el acompañamiento en este eslabón tan débil de los adultos mayores, es seguir sosteniendo un proyecto político que nosotros también llamamos un proyecto de vida porque tiene nombres y apellidos, y tiene las caras de los conciudadanos con los que transitamos todos los días, que conocemos y vamos a seguir apoyando. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires, que comparte veinte minutos con el señor diputado Diego Mestre.
SR. SANTIN, EDUARDO (BUENOS AIRES):
Señora presidenta: es un buen momento para discutir sobre la seguridad social porque es un mecanismo que viene a resolver las contingencias que tenemos los ciudadanos en distintos momentos de nuestra vida.
La seguridad social viene a cubrir a aquellos que están más indefensos o que en la práctica están sufriendo algún conflicto que no les permite desarrollarse debidamente.
Por eso existe la asignación para los chicos. Nosotros tenemos la necesidad de velar porque nuestros chicos y adolescentes, entre que nacen y hasta los 18 años, dediquen su tiempo al estudio y al juego. La seguridad social viene a cubrir a aquellos que se han discapacitado, enfermado en la etapa laboral. Por último, viene a cubrir a los adultos mayores después de una larga vida activa, en el período de descanso.
Este mecanismo de seguridad social está muy lejos del principio bismarckiano que se planteaba acá hace un rato, este principio del seguro al que uno tiene que aportar para poder recibir cuando llegue al otro período. ¿Por qué? Porque la seguridad social se ha convertido en un mecanismo de redistribución de la riqueza.
Así como la educación pública o el propio salario son elementos para redistribuir frente al crecimiento de la riqueza de un país, la seguridad social es otro de los mecanismos que permite que ese crecimiento de la economía de un país pueda ser redistribuido entre sus miembros.
Desde este concepto es que la seguridad social en la Argentina está financiada de una forma mixta: los aportes y las contribuciones que hacen los trabajadores y los empleadores, y también el 20 por ciento del impuesto a las ganancias, el 11 por ciento del IVA, el impuesto sobre los combustibles y el impuesto sobre el tabaco. Este tipo de recursos permiten, junto con el 15 de la precoparticipación, financiar un sistema que redistribuye parte de la riqueza que hay en la Argentina.
Por esta razón es absolutamente correcto trabajar en la inclusión previsional.
En la década del 90 más del 50 por ciento de los trabajadores estaba en negro, y de alguna forma hacía falta que el Estado viniera a resolver ese conflicto. Hoy tenemos un tercio de la población en negro, es decir, un tercio de la población económicamente activa está fuera del sistema, no haciendo aportes.
Nosotros estamos convencidos de que es casi imposible imaginar que alguien llegue a la edad jubilatoria sin haber trabajado nunca. Pero no solamente sin haber trabajado en un empleo formal, de levantarse todas las mañanas, sino de haber formado parte del mantenimiento de una estructura como es la de una casa, porque en esto también hay mucha hipocresía. Resulta que una señora que limpia casas ajenas es una trabajadora, pero una que se ocupa de su propia casa no lo es. Incluso, una persona que cuida hijos ajenos es una trabajadora y la que se ocupa de hijos propios no lo es.
El derecho a la seguridad social dejó de ser un derecho derivado del derecho del trabajo. En la década del 50, cuando pensábamos en los modelos bismarckianos, se trabajaba sobre el concepto de pleno empleo. Dicho concepto consistía en que el señor trabajaba y tenía una relación laboral estable. Por eso la familia tenía garantizado el trabajo, la obra social, el sistema jubilatorio y el de asignación familiar.
Pero todo eso se ha roto y hoy en la Argentina prima la seguridad social que tiene que ser reactivada por el derecho ciudadano.
Desde el momento en que se es ciudadano se tiene derecho a ser incluido en el sistema. Por lo tanto, es muy bueno que se esté pensando que debemos adoptar mecanismos de sistemas de seguridad social de carácter universal. Se trata de un concepto que al oficialismo le cuesta bastante entender. Normalmente hablan de la universalización, pero siempre se quedan a mitad de camino.
Hay 5 millones de chicos que están fuera del sistema de la Asignación Universal por Hijo. De los doce millones de adolescentes que hay en la Argentina, cinco no están cubiertos específicamente por el Estado.
En el sistema previsional es tan fuerte ese concepto que la seguridad social, en vez de ser un derecho ciudadano, es uno derivado del trabajo, por lo que el gobierno inventa aportes para que la jubilación sea contributiva.
¿Cómo los inventa? Con una moratoria para quienes no tengan aportes. Los hacen y el propio Estado les paga dichos aportes para seguir manteniendo el concepto de que se jubilaron efectuando aportes. Es lo que hace perverso al sistema, porque la realidad indica que tendríamos que tener una prestación universal para todos nuestros adultos en el momento que llegan a la edad jubilatoria. Debería ser para todos por igual, sin distinciones.
De esta forma se garantizaría el nivel de subsistencia mínima y la dignidad que se necesita para poder alcanzar determinado piso a cierta edad. Luego se continuaría con la segunda parte del sistema de seguridad social, que tiene que ver con las contribuciones que uno efectuó en el sistema previsional.
Lo cierto es que en un modelo como el que ponemos en marcha, donde inventamos contribuciones donde no las hay, la realidad impide que exista el compromiso y la cultura para aquéllos que deban hacer los aportes.
Si hoy un monotributista piensa que el hecho de aportar o no va a significar que cobre exactamente lo mismo cuando se jubile, estamos rompiendo con los mecanismos solidarios que debe tener la propia estructura de la seguridad social.
Es bueno discutir el mecanismo, porque hay que salir de la concepción de que la seguridad social tiene que ver con el derecho al trabajo; en realidad, la seguridad social tiene que ver con el derecho ciudadano, precisamente en un país moderno.
Otro dato que existe tiene que ver con el hecho de que en 2005 se puso en marcha un mecanismo similar que permitió incluir a más de 2.600.000 personas. Fue muy importante, porque la Argentina alcanzó niveles de cobertura social equivalente a los países más desarrollados del mundo. Esto constituyó un orgullo para cada uno de nosotros, porque sabíamos que casi la totalidad de los adultos mayores tenía un nivel de dignidad para avanzar y poder mantenerse en la vida. ¿Pero qué pasó? Como el sistema tuvo una fecha de corte terminaba en septiembre de 1993, todos aquellos que no tenían aportes y habían cumplido los sesenta años en 2005 no se pudieron jubilar. Una mujer de sesenta años necesitaba nueve años de aportes adicionales.
¿Por qué en el medio tuvimos estos ocho años, en los que se generó una desigualdad fenomenal, a pesar de que la ANSES tiene superávit mes a mes? Uno no puede explicarse por qué en estos ocho años condenamos a una cantidad de ciudadanos a no incluirse, cuando el sistema de seguridad social es superavitario en la Argentina. Hoy los volvemos a incluir; volvemos a elaborar un proyecto de ley que tiene otra fecha de corte: diciembre de 2003. Esto significa que cuando los hombres y mujeres que hoy tienen cincuenta y ocho años lleguen a la edad jubilatoria van a poder acceder a su haber.
¿Qué pasará dentro de dos años? Tendremos que volver a discutir la forma de incorporar a los que van a quedar afuera. ¿Por qué esta perversión por la cual dentro de dos años volveremos a tener esta discusión, en vez de cerrar la posibilidad de la inclusión de aquí en adelante, para que sea un derecho conquistado y que no tenga que ser discutido nuevamente en la Argentina?
¿Cuál es la intención de este gobierno al poner una fecha de corte al sistema? La realidad es que se quiere hacer notar que el límite se establece en la finalización de este gobierno, para hacerle discutir al próximo si va a continuar con esta política. Si ganamos nosotros, no queda ninguna duda; no sé qué pasará si ganan los otros, y en la práctica generamos incertidumbre en los hombres y mujeres que tienen menos de 58 años y no pueden estar en el sistema formal de trabajo.
Otro elemento muy cuestionable de este sistema es que debido a la complejidad esto de inventar aportesincluye todo un sistema informático en el cual se debe armar una moratoria para poder llegar a resolver la cuestión. Al igual que sucedió con la moratoria anterior, esto promueve negocios fenomenales para los estudios jurídicos y para los gestores.
La ANSES dice que va a atender en sus propias oficinas, pero invito a cualquiera de ustedes a que hable con los empleados de la ANSES en las UDAI, que hoy están abarrotadas en el conurbano bonaerense y en gran parte de la ciudad. Uno quiere pedir un turno para jubilarse, pero no lo consigue. ¿Esas UDAI van a poder atender a las 500 mil personas que van a ir dentro de diez o quince días a resolver su conflicto? No, van a terminar en algún gestor o en algún estudio previsional y, en definitiva, van a tener que compartir parte de lo que obtengan con el profesional que les resuelva el problema.
Otro punto cuestionable de este proyecto es que incorpora las condiciones patrimoniales y socioeconómicas. La realidad es que, como decía Bossio el otro día, una señora que tenía una pensión de 90 mil pesos vino a tramitar su jubilación. Ojalá la mayoría de los jubilados en la Argentina ganara eso. ¿Saben cuántos cobran más de 15 mil pesos? El 0,6 por ciento de los jubilados. ¿Para quiénes hacemos esta cláusula? Para que aparezca un príncipe diciendo: “A vos te corresponde; a vos, no”.
Es increíble que el oficialismo no rompa con esta teoría paternalista y clientelar que tiene de la seguridad social. Siempre tiene que aparecer específicamente como el que tiene capacidad para decir: “A vos te corresponde y a vos, no”. ¿Hay que sacar certificado de pobre para tener derechos? Eso rompe la teoría de que la seguridad social es un derecho ciudadano, porque el que tiene plata debe pagar impuestos y no se lo debe discriminar con su derecho a entrar al sistema.
Entonces, desde el punto de vista de que es muy bueno que se incorporen 500 mil nuevos adultos a la seguridad social, vamos a apoyar este proyecto. Siempre creemos que el oficialismo debe repensar este tema cuando habla de “universalización”, porque se refiere a todos y no a algunos. Para eso va a tener que romper específicamente, tal como decíamos recién, con esa concepción paternalista y clientelista. (Aplausos.)
La seguridad social viene a cubrir a aquellos que están más indefensos o que en la práctica están sufriendo algún conflicto que no les permite desarrollarse debidamente.
Por eso existe la asignación para los chicos. Nosotros tenemos la necesidad de velar porque nuestros chicos y adolescentes, entre que nacen y hasta los 18 años, dediquen su tiempo al estudio y al juego. La seguridad social viene a cubrir a aquellos que se han discapacitado, enfermado en la etapa laboral. Por último, viene a cubrir a los adultos mayores después de una larga vida activa, en el período de descanso.
Este mecanismo de seguridad social está muy lejos del principio bismarckiano que se planteaba acá hace un rato, este principio del seguro al que uno tiene que aportar para poder recibir cuando llegue al otro período. ¿Por qué? Porque la seguridad social se ha convertido en un mecanismo de redistribución de la riqueza.
Así como la educación pública o el propio salario son elementos para redistribuir frente al crecimiento de la riqueza de un país, la seguridad social es otro de los mecanismos que permite que ese crecimiento de la economía de un país pueda ser redistribuido entre sus miembros.
Desde este concepto es que la seguridad social en la Argentina está financiada de una forma mixta: los aportes y las contribuciones que hacen los trabajadores y los empleadores, y también el 20 por ciento del impuesto a las ganancias, el 11 por ciento del IVA, el impuesto sobre los combustibles y el impuesto sobre el tabaco. Este tipo de recursos permiten, junto con el 15 de la precoparticipación, financiar un sistema que redistribuye parte de la riqueza que hay en la Argentina.
Por esta razón es absolutamente correcto trabajar en la inclusión previsional.
En la década del 90 más del 50 por ciento de los trabajadores estaba en negro, y de alguna forma hacía falta que el Estado viniera a resolver ese conflicto. Hoy tenemos un tercio de la población en negro, es decir, un tercio de la población económicamente activa está fuera del sistema, no haciendo aportes.
Nosotros estamos convencidos de que es casi imposible imaginar que alguien llegue a la edad jubilatoria sin haber trabajado nunca. Pero no solamente sin haber trabajado en un empleo formal, de levantarse todas las mañanas, sino de haber formado parte del mantenimiento de una estructura como es la de una casa, porque en esto también hay mucha hipocresía. Resulta que una señora que limpia casas ajenas es una trabajadora, pero una que se ocupa de su propia casa no lo es. Incluso, una persona que cuida hijos ajenos es una trabajadora y la que se ocupa de hijos propios no lo es.
El derecho a la seguridad social dejó de ser un derecho derivado del derecho del trabajo. En la década del 50, cuando pensábamos en los modelos bismarckianos, se trabajaba sobre el concepto de pleno empleo. Dicho concepto consistía en que el señor trabajaba y tenía una relación laboral estable. Por eso la familia tenía garantizado el trabajo, la obra social, el sistema jubilatorio y el de asignación familiar.
Pero todo eso se ha roto y hoy en la Argentina prima la seguridad social que tiene que ser reactivada por el derecho ciudadano.
Desde el momento en que se es ciudadano se tiene derecho a ser incluido en el sistema. Por lo tanto, es muy bueno que se esté pensando que debemos adoptar mecanismos de sistemas de seguridad social de carácter universal. Se trata de un concepto que al oficialismo le cuesta bastante entender. Normalmente hablan de la universalización, pero siempre se quedan a mitad de camino.
Hay 5 millones de chicos que están fuera del sistema de la Asignación Universal por Hijo. De los doce millones de adolescentes que hay en la Argentina, cinco no están cubiertos específicamente por el Estado.
En el sistema previsional es tan fuerte ese concepto que la seguridad social, en vez de ser un derecho ciudadano, es uno derivado del trabajo, por lo que el gobierno inventa aportes para que la jubilación sea contributiva.
¿Cómo los inventa? Con una moratoria para quienes no tengan aportes. Los hacen y el propio Estado les paga dichos aportes para seguir manteniendo el concepto de que se jubilaron efectuando aportes. Es lo que hace perverso al sistema, porque la realidad indica que tendríamos que tener una prestación universal para todos nuestros adultos en el momento que llegan a la edad jubilatoria. Debería ser para todos por igual, sin distinciones.
De esta forma se garantizaría el nivel de subsistencia mínima y la dignidad que se necesita para poder alcanzar determinado piso a cierta edad. Luego se continuaría con la segunda parte del sistema de seguridad social, que tiene que ver con las contribuciones que uno efectuó en el sistema previsional.
Lo cierto es que en un modelo como el que ponemos en marcha, donde inventamos contribuciones donde no las hay, la realidad impide que exista el compromiso y la cultura para aquéllos que deban hacer los aportes.
Si hoy un monotributista piensa que el hecho de aportar o no va a significar que cobre exactamente lo mismo cuando se jubile, estamos rompiendo con los mecanismos solidarios que debe tener la propia estructura de la seguridad social.
Es bueno discutir el mecanismo, porque hay que salir de la concepción de que la seguridad social tiene que ver con el derecho al trabajo; en realidad, la seguridad social tiene que ver con el derecho ciudadano, precisamente en un país moderno.
Otro dato que existe tiene que ver con el hecho de que en 2005 se puso en marcha un mecanismo similar que permitió incluir a más de 2.600.000 personas. Fue muy importante, porque la Argentina alcanzó niveles de cobertura social equivalente a los países más desarrollados del mundo. Esto constituyó un orgullo para cada uno de nosotros, porque sabíamos que casi la totalidad de los adultos mayores tenía un nivel de dignidad para avanzar y poder mantenerse en la vida. ¿Pero qué pasó? Como el sistema tuvo una fecha de corte terminaba en septiembre de 1993, todos aquellos que no tenían aportes y habían cumplido los sesenta años en 2005 no se pudieron jubilar. Una mujer de sesenta años necesitaba nueve años de aportes adicionales.
¿Por qué en el medio tuvimos estos ocho años, en los que se generó una desigualdad fenomenal, a pesar de que la ANSES tiene superávit mes a mes? Uno no puede explicarse por qué en estos ocho años condenamos a una cantidad de ciudadanos a no incluirse, cuando el sistema de seguridad social es superavitario en la Argentina. Hoy los volvemos a incluir; volvemos a elaborar un proyecto de ley que tiene otra fecha de corte: diciembre de 2003. Esto significa que cuando los hombres y mujeres que hoy tienen cincuenta y ocho años lleguen a la edad jubilatoria van a poder acceder a su haber.
¿Qué pasará dentro de dos años? Tendremos que volver a discutir la forma de incorporar a los que van a quedar afuera. ¿Por qué esta perversión por la cual dentro de dos años volveremos a tener esta discusión, en vez de cerrar la posibilidad de la inclusión de aquí en adelante, para que sea un derecho conquistado y que no tenga que ser discutido nuevamente en la Argentina?
¿Cuál es la intención de este gobierno al poner una fecha de corte al sistema? La realidad es que se quiere hacer notar que el límite se establece en la finalización de este gobierno, para hacerle discutir al próximo si va a continuar con esta política. Si ganamos nosotros, no queda ninguna duda; no sé qué pasará si ganan los otros, y en la práctica generamos incertidumbre en los hombres y mujeres que tienen menos de 58 años y no pueden estar en el sistema formal de trabajo.
Otro elemento muy cuestionable de este sistema es que debido a la complejidad esto de inventar aportesincluye todo un sistema informático en el cual se debe armar una moratoria para poder llegar a resolver la cuestión. Al igual que sucedió con la moratoria anterior, esto promueve negocios fenomenales para los estudios jurídicos y para los gestores.
La ANSES dice que va a atender en sus propias oficinas, pero invito a cualquiera de ustedes a que hable con los empleados de la ANSES en las UDAI, que hoy están abarrotadas en el conurbano bonaerense y en gran parte de la ciudad. Uno quiere pedir un turno para jubilarse, pero no lo consigue. ¿Esas UDAI van a poder atender a las 500 mil personas que van a ir dentro de diez o quince días a resolver su conflicto? No, van a terminar en algún gestor o en algún estudio previsional y, en definitiva, van a tener que compartir parte de lo que obtengan con el profesional que les resuelva el problema.
Otro punto cuestionable de este proyecto es que incorpora las condiciones patrimoniales y socioeconómicas. La realidad es que, como decía Bossio el otro día, una señora que tenía una pensión de 90 mil pesos vino a tramitar su jubilación. Ojalá la mayoría de los jubilados en la Argentina ganara eso. ¿Saben cuántos cobran más de 15 mil pesos? El 0,6 por ciento de los jubilados. ¿Para quiénes hacemos esta cláusula? Para que aparezca un príncipe diciendo: “A vos te corresponde; a vos, no”.
Es increíble que el oficialismo no rompa con esta teoría paternalista y clientelar que tiene de la seguridad social. Siempre tiene que aparecer específicamente como el que tiene capacidad para decir: “A vos te corresponde y a vos, no”. ¿Hay que sacar certificado de pobre para tener derechos? Eso rompe la teoría de que la seguridad social es un derecho ciudadano, porque el que tiene plata debe pagar impuestos y no se lo debe discriminar con su derecho a entrar al sistema.
Entonces, desde el punto de vista de que es muy bueno que se incorporen 500 mil nuevos adultos a la seguridad social, vamos a apoyar este proyecto. Siempre creemos que el oficialismo debe repensar este tema cuando habla de “universalización”, porque se refiere a todos y no a algunos. Para eso va a tener que romper específicamente, tal como decíamos recién, con esa concepción paternalista y clientelista. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
SR. MESTRE, DIEGO MATIAS (CORDOBA):
Señora presidenta: en primer lugar, voy a manifestar que estoy de acuerdo en general con este proyecto de ley.
¿Cómo no estarlo si genera más inclusión y la posibilidad de que aquellos que han trabajado, sobre todo en la década del 90, cuando fuimos gobernados por el justicialismo –que tenía una informalidad del 50 por ciento en la economía y una tasa de desempleo de casi el 50 por ciento, puedan acogerse a los beneficios de la jubilación?
Estamos de acuerdo con que el sistema debería ser universal, pero también debemos manifestar algunos puntos importantes en relación con esta iniciativa.
Por ejemplo, me quiero referir al artículo 3º. Anticipo que voy a votarlo negativamente, tal como lo ha dicho el miembro informante de nuestro bloque, el diputado Santín. Dicho artículo establece que la ANSES, en forma previa a determinar el derecho a la prestación previsional, realizará evaluaciones patrimoniales o socioeconómicas. Creemos que esto afecta el Estado de derecho y que no constituye una facultad discrecional de la administración.
El propio artículo 3º debería establecer cuáles son esos criterios objetivos. He participado en la reunión conjunta que se ha celebrado oportunamente, a pesar de que no soy miembro. Hemos escuchado las explicaciones que brindó el director ejecutivo de la ANSES en relación con este artículo, pero no nos satisficieron. Por tal motivo, vamos a votarlo negativamente.
Max Weber decía que la impersonalidad es lo más importante de la administración pública, pero lo más destacable es que vamos a hablar de un sistema integral de seguridad social. Nos debemos ocupar y tratar en este recinto el verdadero problema de los excluidos del sistema de la seguridad social, que son los casi 600 mil jubilados que tienen que iniciar juicio a la ANSES. Evidentemente, allí existe un colapso en la Justicia.
En tal sentido, he presentado tres proyectos de ley que solicito a mis pares que sean debatidos. Uno de ellos tiene que ver con la modificación de la ley de procedimientos administrativos –la 19.549-, para acortar los plazos a los efectos de que se pueda publicar en Internet la resolución que otorga el beneficio previsional y sea más fácil saber cómo se ha hecho ese cálculo.
Por otro lado, hemos presentado un proyecto de ley, que también es muy importante, ya que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una acordada en mayo de este año que se refiere al colapso de los juicios previsionales. Esta iniciativa apunta a la creación de salas previsionales en cada una de las cámaras federales del país.
Por otra parte, he presentado un proyecto de ley por el que se modifica el artículo 498 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para que los juicios previsionales se realicen por trámite sumarísimo y no por la vía ordinaria.
Es decir, no estamos de acuerdo con que la ANSES obtenga un superávit de 80 mil millones de pesos y no se destine ni siquiera el 3 por ciento de ese superávit a pagar el juicio a los jubilados; máxime si tenemos en cuenta que esos 80 mil millones de pesos son fondos que aportan las provincias y que no se está cumpliendo con el artículo 1° de la Constitución Nacional, que señala que la Nación adopta para su gobierno la forma representativa, Repúblicana y federal.
Hago mías las palabras del doctor Lorenzetti, presidente de la Corte, que ha descripto esta situación como una verdadera tragedia social. Debemos dejar de hacer declaraciones y abocarnos a resoluciones efectivas. Los jubilados no esperan, se mueren. (Aplausos.)
¿Cómo no estarlo si genera más inclusión y la posibilidad de que aquellos que han trabajado, sobre todo en la década del 90, cuando fuimos gobernados por el justicialismo –que tenía una informalidad del 50 por ciento en la economía y una tasa de desempleo de casi el 50 por ciento, puedan acogerse a los beneficios de la jubilación?
Estamos de acuerdo con que el sistema debería ser universal, pero también debemos manifestar algunos puntos importantes en relación con esta iniciativa.
Por ejemplo, me quiero referir al artículo 3º. Anticipo que voy a votarlo negativamente, tal como lo ha dicho el miembro informante de nuestro bloque, el diputado Santín. Dicho artículo establece que la ANSES, en forma previa a determinar el derecho a la prestación previsional, realizará evaluaciones patrimoniales o socioeconómicas. Creemos que esto afecta el Estado de derecho y que no constituye una facultad discrecional de la administración.
El propio artículo 3º debería establecer cuáles son esos criterios objetivos. He participado en la reunión conjunta que se ha celebrado oportunamente, a pesar de que no soy miembro. Hemos escuchado las explicaciones que brindó el director ejecutivo de la ANSES en relación con este artículo, pero no nos satisficieron. Por tal motivo, vamos a votarlo negativamente.
Max Weber decía que la impersonalidad es lo más importante de la administración pública, pero lo más destacable es que vamos a hablar de un sistema integral de seguridad social. Nos debemos ocupar y tratar en este recinto el verdadero problema de los excluidos del sistema de la seguridad social, que son los casi 600 mil jubilados que tienen que iniciar juicio a la ANSES. Evidentemente, allí existe un colapso en la Justicia.
En tal sentido, he presentado tres proyectos de ley que solicito a mis pares que sean debatidos. Uno de ellos tiene que ver con la modificación de la ley de procedimientos administrativos –la 19.549-, para acortar los plazos a los efectos de que se pueda publicar en Internet la resolución que otorga el beneficio previsional y sea más fácil saber cómo se ha hecho ese cálculo.
Por otro lado, hemos presentado un proyecto de ley, que también es muy importante, ya que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una acordada en mayo de este año que se refiere al colapso de los juicios previsionales. Esta iniciativa apunta a la creación de salas previsionales en cada una de las cámaras federales del país.
Por otra parte, he presentado un proyecto de ley por el que se modifica el artículo 498 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para que los juicios previsionales se realicen por trámite sumarísimo y no por la vía ordinaria.
Es decir, no estamos de acuerdo con que la ANSES obtenga un superávit de 80 mil millones de pesos y no se destine ni siquiera el 3 por ciento de ese superávit a pagar el juicio a los jubilados; máxime si tenemos en cuenta que esos 80 mil millones de pesos son fondos que aportan las provincias y que no se está cumpliendo con el artículo 1° de la Constitución Nacional, que señala que la Nación adopta para su gobierno la forma representativa, Repúblicana y federal.
Hago mías las palabras del doctor Lorenzetti, presidente de la Corte, que ha descripto esta situación como una verdadera tragedia social. Debemos dejar de hacer declaraciones y abocarnos a resoluciones efectivas. Los jubilados no esperan, se mueren. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
SRA. TUNDIS, MIRTA (BUENOS AIRES):
Señora presidenta: el Frente Renovador viene a expresar su beneplácito por tratar la inclusión de nuestros trabajadores, hombres y mujeres que a lo largo de su vida han trabajado, pero quizá no han podido demostrar sus aportes.
No obstante, comparto lo que se ha dicho anteriormente en el sentido de que este es un nuevo parche a la ley 24.241, que ha sido modificada constantemente, desde su nacimiento, con agregados de diferentes reglamentaciones y resoluciones para dar curso al otorgamiento de los beneficios.
Estoy en un todo de acuerdo con haber vuelto al sistema de reparto; pero considero que deberíamos haber reformado el sistema previsional, porque no está incluyendo a toda la gente en un momento de crisis económica y laboral como el que está viviendo la Argentina. En este sentido, sabemos que hay muchísimos desocupados, y que esta norma tendrá una vigencia de dos años, luego de lo cual, vencido ese plazo, tendremos el mismo problema sin una exacta solución para aquellas personas que están reclamando el derecho a poder jubilarse.
Hemos escuchado al licenciado Bossio, en la reunión conjunta de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda, detallar los alcances de esta norma, que incluirá los treinta años hasta diciembre de 2003, a través de la moratoria, o la posibilidad de que aquellos que tengan los aportes necesarios puedan completar la cantidad de años. Sin embargo, el funcionario también manifestó que se trata de la misma ley que se aplicó entre 2005 y 2006, me refiero a la 25.994, pero más equitativa.
No es mucho más equitativa, porque recordemos que la ley 25.994 estaba integrada por 9 artículos. En el primero disponía otorgar la jubilación anticipada a aquellas personas que trabajaron toda su vida y que, lamentablemente, por quedar desempleadas, por el cierre de las empresas o por no haber elegido la situación de estar desocupadas, no alcanzaron la edad jubilatoria, y hoy se ven sin ningún aporte, ningún ingreso dentro de su hogar, ninguna protección previsional ni de salud, y obligadas a realizar changas, porque no pueden acceder al beneficio por no tener cumplidos los 65 años, el hombre, y los 60 años, la mujer.
En el artículo sexto recién se hablaba de la moratoria para aquellos que no tenían los aportes suficientes. Entonces, ante la afirmación de que esta ley será más equitativa que la aplicada entre 2005 y 2006, nosotros decimos que no es cierto.
Teniendo en cuenta que en la Comisión de Presupuesto y Hacienda existía un proyecto presentado por el bloque oficialista, deberían haberse tratado ambas iniciativas conjuntamente, incluyendo, como lo hace la ley 25.994, las dos posibilidades: aquellos que no tienen los aportes y los que sí cumplieron con la ley y tienen treinta o cuarenta años de aportes, pero en la actualidad no cuentan con la edad necesaria ni tampoco con ingresos o servicios de salud y deben hacer changas o muchas veces ser sostenidos por sus familiares. Por todo esto digo que este proyecto de ley no es más equitativo que la norma anterior.
Posteriormente entró en vigencia la ley 24.476, que permitió incluir a casi 3 millones de jubilados al sistema.
Esta es una ley que se sancionó durante el gobierno de Néstor Kirchner, en momentos en que el director ejecutivo de la ANSES era Sergio Massa. Por lo tanto, cuando la ANSES o la propia presidenta, en nombre del gobierno, hablan de la inclusión de casi 3 millones de personas, debemos recordar también que fue la gestión del director ejecutivo Sergio Massa la que permitió universalizar el sistema previsional con la inclusión de aquellas personas a las que no les alcanzaban los aportes para jubilarse. Entonces, ¡bienvenida sea la inclusión!
Es nuestra obligación acompañar esta propuesta para darles solución a aquellas personas que hoy no tienen la posibilidad de jubilarse. De todos modos, insistimos en que es necesario que este Honorable Congreso considere, en beneficio de todos los ciudadanos, el tema de la jubilación anticipada.
En ese sentido, hay algo que no resulta menor: cuando decimos que queremos ser equitativos y llevarle una solución a la gente debemos recordar que le dijimos que “no” al sistema privado, porque estábamos en contra de un mecanismo que tenía fondos cautivos de manera personalizada. También hay que tener en cuenta que hoy hay jubilados por invalidez y pensionados que cobran rentas vitalicias por las que reciben una verdadera miseria, ya que el sistema ni siquiera les aseguró el haber mínimo.
Bienvenido sea el momento en el que en este Parlamento se derogó la ley de las AFJP. El problema es que no se solucionó la situación de 300 o 400 mil personas que hoy perciben un beneficio que en la mitad de los casos es inferior al mínimo.
Hace quince días estuve en Santiago del Estero y me dio vergüenza cuando un jubilado por invalidez con casi veinte años de aporte me planteó que cobraba una renta vitalicia de 46 pesos. Eso es consecuencia de haber nacido después del año 1963 y de percibir una renta que no tiene componente del Estado. Esa persona me planteó también que iba a cobrar cada dos meses, porque el cajero automático solo otorgaba sumas que fueran múltiplos de 50 pesos, con lo cual, si quería cobrar todos los meses, tenía que ir por ventanilla para poder retirar su pensión. Este es un tema que este Congreso tiene que analizar.
Tengamos en cuenta que hay muchos proyectos presentados por los diferentes bloques, de los cuales no podemos desentendernos. No podemos usar una frazada corta, porque cuando nos tapamos los pies, nos descubrimos la cabeza, o viceversa. Si realmente queremos dar equidad e inclusión, tenemos que tener en cuenta todos los sectores: la inclusión de quienes tienen la edad, pero no les alcanzan los aportes; la de quienes aportaron y trabajaron, pero no tienen la edad exigida por la norma y la de quienes perciben una renta vitalicia que hoy ronda entre los 200 y los 400 pesos, que es menos que el haber mínimo establecido por ley.
Nos preocupa también lo que manifestó el licenciado Diego Bossio, en el sentido de que la ANSES tenía la capacidad operativa para tramitar las jubilaciones y realizar el SICAM, que es el detalle de pago de cada una de las personas para determinar si pueden acceder o no al beneficio.
Lo cierto es que no es muy fácil tramitarlo a través del sistema vía Internet. Esto obliga a acudir a gestores o profesionales que se quedan con los tres primeros sueldos. Pero reitero que el licenciado Bossio nos dijo que la ANSES tiene la capacidad necesaria como para efectuar ese cálculo sin necesidad de que la gente tenga que recurrir a un gestor.
Por ello quisiera saber si esa capacidad la van a asegurar, porque lo cierto es que las personas hoy tienen que recurrir a los gestores y a los profesionales, dado lo complicado del sistema. Entonces, ¿van a tratar de resolverle el problema a la gente y permitir utilizar el SICAM cuando se trate de alguien que tiene un trabajo en relación de dependencia? Formulo esta consulta, porque hasta ahora la ANSES no lo hace.
Tengamos en cuenta también que la ley 17.040 le permite a los profesionales tramitar el beneficio previsional ante la ANSES.
En consecuencia, lo que debe asegurar el Estado es la gratuidad en la tramitación del beneficio, y para eso tiene que preparar al personal.
Otro de los inconvenientes que se presentan es que en el momento de solicitar un turno, la gente se encuentra con que de aquí a tres meses no hay un turno disponible para iniciar la tramitación del beneficio jubilatorio. En consecuencia, quisiera saber cuánto tiempo van a demorar en darle curso a las verificaciones para que las personas accedan al beneficio.
Por eso nuestra preocupación es que la ANSES tenga esa capacidad operativa y evitar que la persona que se quiere jubilar tenga que recurrir a un gestor.
De todos modos, queremos acompañar este proyecto, provenga de donde provenga, porque realmente la intención es darle solución a la gente, pero tenemos que trabajar en una reforma previsional en serio, donde pueda existir una jubilación proporcional al aporte realizado una vez que se llega a la edad, donde pueda existir un beneficio de pensión a la vejez para aquellos que no alcanzaron a hacer los aportes previsionales y dar solución a su problema de inclusión en el beneficio, como existe en los países del Primer Mundo, donde no es necesario tener que acceder a una pensión no contributiva que se otorga a una persona de 70 años cuando no tiene familiares legalmente obligados a mantenerla ni vivienda, lo cual es imposible de demostrar.
Por eso insisto a mis pares en que en este año y medio que queda de este gobierno trabajemos sobre la reforma previsional para que todo el mundo tenga derecho a la inclusión, sin tener que depender, cada cuatro años, cuando hay elecciones, de cuál es la dirección que tomará el gobierno en ese momento y la situación económica y laboral del país.
También tenemos que trabajar sobre un haber digno. Estamos de acuerdo con la movilidad jubilatoria, pero si ella se aplica sobre un haber de 2 o 3 mil pesos, un aumento de 300 pesos no cubre la canasta básica de un jubilado, quien hoy necesita entre 5.500 y 6.000 pesos por mes para vivir dignamente.
También tenemos que trabajar sobre la litigiosidad, es decir, la aplicación del fallo “Badaro” –que dio origen a la ley de movilidad- en forma automática a todos los jubilados para evitar que sigan haciendo juicios. Les recuerdo que Badaro pidió la recomposición de su haber entre el año 2000 y 2006, mientras que la ANSES la aplica desde marzo de 2009, lo cual es poco equitativo.
Desde el Congreso tenemos que trabajar sobre esta recomposición para los jubilados y pensionados, que es la deuda interna que tenemos con quienes hicieron grande este país, realizaron su trabajo dejando a su familia, no pudiendo asistir a los actos de sus hijos, para poder aportar al sistema previsional. Todos tienen que estar incluidos, reconociéndoseles el haber por el cual aportaron, sin necesidad de hacer juicio. Valoro la actitud de la madre de la señora presidenta, que se animó a hacerle juicio al Estado, y lo ganó, para cobrar la pensión que le correspondía. Mucha gente no tiene dinero para hacerlo.
Por eso, más allá de la inclusión mediante esta moratoria, es necesario trabajar sobre una reforma integral del sistema previsional, sobre la dignidad del haber de los jubilados y sobre una recomposición, que es la deuda interna que tenemos con los jubilados y pensionados, que son la columna vertebral del país. (Aplausos.)
No obstante, comparto lo que se ha dicho anteriormente en el sentido de que este es un nuevo parche a la ley 24.241, que ha sido modificada constantemente, desde su nacimiento, con agregados de diferentes reglamentaciones y resoluciones para dar curso al otorgamiento de los beneficios.
Estoy en un todo de acuerdo con haber vuelto al sistema de reparto; pero considero que deberíamos haber reformado el sistema previsional, porque no está incluyendo a toda la gente en un momento de crisis económica y laboral como el que está viviendo la Argentina. En este sentido, sabemos que hay muchísimos desocupados, y que esta norma tendrá una vigencia de dos años, luego de lo cual, vencido ese plazo, tendremos el mismo problema sin una exacta solución para aquellas personas que están reclamando el derecho a poder jubilarse.
Hemos escuchado al licenciado Bossio, en la reunión conjunta de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda, detallar los alcances de esta norma, que incluirá los treinta años hasta diciembre de 2003, a través de la moratoria, o la posibilidad de que aquellos que tengan los aportes necesarios puedan completar la cantidad de años. Sin embargo, el funcionario también manifestó que se trata de la misma ley que se aplicó entre 2005 y 2006, me refiero a la 25.994, pero más equitativa.
No es mucho más equitativa, porque recordemos que la ley 25.994 estaba integrada por 9 artículos. En el primero disponía otorgar la jubilación anticipada a aquellas personas que trabajaron toda su vida y que, lamentablemente, por quedar desempleadas, por el cierre de las empresas o por no haber elegido la situación de estar desocupadas, no alcanzaron la edad jubilatoria, y hoy se ven sin ningún aporte, ningún ingreso dentro de su hogar, ninguna protección previsional ni de salud, y obligadas a realizar changas, porque no pueden acceder al beneficio por no tener cumplidos los 65 años, el hombre, y los 60 años, la mujer.
En el artículo sexto recién se hablaba de la moratoria para aquellos que no tenían los aportes suficientes. Entonces, ante la afirmación de que esta ley será más equitativa que la aplicada entre 2005 y 2006, nosotros decimos que no es cierto.
Teniendo en cuenta que en la Comisión de Presupuesto y Hacienda existía un proyecto presentado por el bloque oficialista, deberían haberse tratado ambas iniciativas conjuntamente, incluyendo, como lo hace la ley 25.994, las dos posibilidades: aquellos que no tienen los aportes y los que sí cumplieron con la ley y tienen treinta o cuarenta años de aportes, pero en la actualidad no cuentan con la edad necesaria ni tampoco con ingresos o servicios de salud y deben hacer changas o muchas veces ser sostenidos por sus familiares. Por todo esto digo que este proyecto de ley no es más equitativo que la norma anterior.
Posteriormente entró en vigencia la ley 24.476, que permitió incluir a casi 3 millones de jubilados al sistema.
Esta es una ley que se sancionó durante el gobierno de Néstor Kirchner, en momentos en que el director ejecutivo de la ANSES era Sergio Massa. Por lo tanto, cuando la ANSES o la propia presidenta, en nombre del gobierno, hablan de la inclusión de casi 3 millones de personas, debemos recordar también que fue la gestión del director ejecutivo Sergio Massa la que permitió universalizar el sistema previsional con la inclusión de aquellas personas a las que no les alcanzaban los aportes para jubilarse. Entonces, ¡bienvenida sea la inclusión!
Es nuestra obligación acompañar esta propuesta para darles solución a aquellas personas que hoy no tienen la posibilidad de jubilarse. De todos modos, insistimos en que es necesario que este Honorable Congreso considere, en beneficio de todos los ciudadanos, el tema de la jubilación anticipada.
En ese sentido, hay algo que no resulta menor: cuando decimos que queremos ser equitativos y llevarle una solución a la gente debemos recordar que le dijimos que “no” al sistema privado, porque estábamos en contra de un mecanismo que tenía fondos cautivos de manera personalizada. También hay que tener en cuenta que hoy hay jubilados por invalidez y pensionados que cobran rentas vitalicias por las que reciben una verdadera miseria, ya que el sistema ni siquiera les aseguró el haber mínimo.
Bienvenido sea el momento en el que en este Parlamento se derogó la ley de las AFJP. El problema es que no se solucionó la situación de 300 o 400 mil personas que hoy perciben un beneficio que en la mitad de los casos es inferior al mínimo.
Hace quince días estuve en Santiago del Estero y me dio vergüenza cuando un jubilado por invalidez con casi veinte años de aporte me planteó que cobraba una renta vitalicia de 46 pesos. Eso es consecuencia de haber nacido después del año 1963 y de percibir una renta que no tiene componente del Estado. Esa persona me planteó también que iba a cobrar cada dos meses, porque el cajero automático solo otorgaba sumas que fueran múltiplos de 50 pesos, con lo cual, si quería cobrar todos los meses, tenía que ir por ventanilla para poder retirar su pensión. Este es un tema que este Congreso tiene que analizar.
Tengamos en cuenta que hay muchos proyectos presentados por los diferentes bloques, de los cuales no podemos desentendernos. No podemos usar una frazada corta, porque cuando nos tapamos los pies, nos descubrimos la cabeza, o viceversa. Si realmente queremos dar equidad e inclusión, tenemos que tener en cuenta todos los sectores: la inclusión de quienes tienen la edad, pero no les alcanzan los aportes; la de quienes aportaron y trabajaron, pero no tienen la edad exigida por la norma y la de quienes perciben una renta vitalicia que hoy ronda entre los 200 y los 400 pesos, que es menos que el haber mínimo establecido por ley.
Nos preocupa también lo que manifestó el licenciado Diego Bossio, en el sentido de que la ANSES tenía la capacidad operativa para tramitar las jubilaciones y realizar el SICAM, que es el detalle de pago de cada una de las personas para determinar si pueden acceder o no al beneficio.
Lo cierto es que no es muy fácil tramitarlo a través del sistema vía Internet. Esto obliga a acudir a gestores o profesionales que se quedan con los tres primeros sueldos. Pero reitero que el licenciado Bossio nos dijo que la ANSES tiene la capacidad necesaria como para efectuar ese cálculo sin necesidad de que la gente tenga que recurrir a un gestor.
Por ello quisiera saber si esa capacidad la van a asegurar, porque lo cierto es que las personas hoy tienen que recurrir a los gestores y a los profesionales, dado lo complicado del sistema. Entonces, ¿van a tratar de resolverle el problema a la gente y permitir utilizar el SICAM cuando se trate de alguien que tiene un trabajo en relación de dependencia? Formulo esta consulta, porque hasta ahora la ANSES no lo hace.
Tengamos en cuenta también que la ley 17.040 le permite a los profesionales tramitar el beneficio previsional ante la ANSES.
En consecuencia, lo que debe asegurar el Estado es la gratuidad en la tramitación del beneficio, y para eso tiene que preparar al personal.
Otro de los inconvenientes que se presentan es que en el momento de solicitar un turno, la gente se encuentra con que de aquí a tres meses no hay un turno disponible para iniciar la tramitación del beneficio jubilatorio. En consecuencia, quisiera saber cuánto tiempo van a demorar en darle curso a las verificaciones para que las personas accedan al beneficio.
Por eso nuestra preocupación es que la ANSES tenga esa capacidad operativa y evitar que la persona que se quiere jubilar tenga que recurrir a un gestor.
De todos modos, queremos acompañar este proyecto, provenga de donde provenga, porque realmente la intención es darle solución a la gente, pero tenemos que trabajar en una reforma previsional en serio, donde pueda existir una jubilación proporcional al aporte realizado una vez que se llega a la edad, donde pueda existir un beneficio de pensión a la vejez para aquellos que no alcanzaron a hacer los aportes previsionales y dar solución a su problema de inclusión en el beneficio, como existe en los países del Primer Mundo, donde no es necesario tener que acceder a una pensión no contributiva que se otorga a una persona de 70 años cuando no tiene familiares legalmente obligados a mantenerla ni vivienda, lo cual es imposible de demostrar.
Por eso insisto a mis pares en que en este año y medio que queda de este gobierno trabajemos sobre la reforma previsional para que todo el mundo tenga derecho a la inclusión, sin tener que depender, cada cuatro años, cuando hay elecciones, de cuál es la dirección que tomará el gobierno en ese momento y la situación económica y laboral del país.
También tenemos que trabajar sobre un haber digno. Estamos de acuerdo con la movilidad jubilatoria, pero si ella se aplica sobre un haber de 2 o 3 mil pesos, un aumento de 300 pesos no cubre la canasta básica de un jubilado, quien hoy necesita entre 5.500 y 6.000 pesos por mes para vivir dignamente.
También tenemos que trabajar sobre la litigiosidad, es decir, la aplicación del fallo “Badaro” –que dio origen a la ley de movilidad- en forma automática a todos los jubilados para evitar que sigan haciendo juicios. Les recuerdo que Badaro pidió la recomposición de su haber entre el año 2000 y 2006, mientras que la ANSES la aplica desde marzo de 2009, lo cual es poco equitativo.
Desde el Congreso tenemos que trabajar sobre esta recomposición para los jubilados y pensionados, que es la deuda interna que tenemos con quienes hicieron grande este país, realizaron su trabajo dejando a su familia, no pudiendo asistir a los actos de sus hijos, para poder aportar al sistema previsional. Todos tienen que estar incluidos, reconociéndoseles el haber por el cual aportaron, sin necesidad de hacer juicio. Valoro la actitud de la madre de la señora presidenta, que se animó a hacerle juicio al Estado, y lo ganó, para cobrar la pensión que le correspondía. Mucha gente no tiene dinero para hacerlo.
Por eso, más allá de la inclusión mediante esta moratoria, es necesario trabajar sobre una reforma integral del sistema previsional, sobre la dignidad del haber de los jubilados y sobre una recomposición, que es la deuda interna que tenemos con los jubilados y pensionados, que son la columna vertebral del país. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. DAER, HECTOR RICARDO (BUENOS AIRES):
Señora presidenta: hablar de los temas previsionales siempre nos da una alegría. Cuando tratamos de incluir o corregir rumbos, en el discurso parecen muy efectivos y eficientes, pero en la realidad tienen muchos baches. En ese sentido, quiero hacer algunas salvedades.
La señora diputada Mirta Tundis hablaba del haber, y del hecho de que cerca del 70 por ciento de los jubilados esté cobrando hoy 3.257 pesos no nos puede dar ninguna alegría ni la satisfacción de decir que estamos logrando inclusión, porque lo que estamos haciendo es morigerar la calidad de vida de esta importante parte de nuestra sociedad.
Por otra parte, quiero hacer una salvedad que se vincula con una de las tareas pendientes de este Congreso. Me refiero a que sigue incorporándose en el impuesto a la cuarta categoría a todos aquellos jubilados que superan el monto por el que se tributa por dicho concepto. Se lo hace sabiendo que quienes están jubilados ya pagaron ese impuesto cuando trabajaban; por eso ahora afrontan un tributo que supera los valores por los cuales se debe pagar.
Quiero concatenar este tema con otro que se ha mencionado mucho en el transcurso de la sesión. Se ha dicho reiteradas veces que el 40 por ciento de los recursos que ingresan en el sistema jubilatorio proviene de los impuestos. De tanto fundamentar los actos con esta verdad, se desvirtúa el hecho de que el sistema jubilatorio tiene que ver con el trabajo que los seres humanos desarrollan durante su período de actividad y después, cuando forman parte del sector pasivo, con el haber que perciben en un régimen colectivo solidario y que les permite continuar con su vida.
En ningún momento la seguridad social puede ser separada del trabajo, porque se financia esencialmente con el salario diferido. Entonces, tengamos mucho cuidado al universalizar dentro del sistema previsional, porque corremos el riesgo de cometer un error y pensar que la seguridad social nada tiene que ver con el trabajo.
Estamos de acuerdo con esta moratoria porque entendemos que es necesario corregir la inoperancia que tuvo el Estado cuando no logró que los trabajadores estén en un sistema formal es decir, que aporten lo que tienen que aportar y sus patrones contribuyan con lo que tienen que contribuir, hablando siempre de personas perjudicadas por trabajar en negro.
En consecuencia, debemos hacer una autocrítica y encontrar el camino para terminar con el flagelo del 30 o el 40 por ciento –depende de quien lo midade la población económicamente activa que continúa con los mismos padecimientos. Hablar del haber previsional que recibirán estos 480.000 potenciales jubilados, precisamente tiene que ver con corregir estas injusticias.
También es de esperar que esta Honorable Cámara opine sobre las injusticias que se siguen cometiendo en innumerables provincias, donde los trabajadores estatales perciben en algunos casos hasta el 50 por ciento de sus salarios en valores no remunerativos pero, por supuesto, sostienen los sistemas previsionales. Se afirma que son parte de un porcentaje importante del salario de la actividad, cuando ese salario básico es la nada misma. Por eso se sostienen con esta falacia de encontrar altos porcentajes de salarios mentirosos, porque terminan siendo salarios básicos inexistentes.
Por otra parte, quiero hacer un llamamiento a mis pares en el sentido de dar tratamiento al proyecto de ley del señor diputado Adrián Pérez y de quien habla, contenido en el expediente4734-d-2014 , por el que se procura corregir nuevamente la fórmula del RIPTE, que fue perjudicada por la ley 26.944. Deseamos modificar dicha fórmula para que no tenga una incidencia negativa sobre las futuras actualizaciones de los haberes jubilatorios.
Por último, quiero señalar que si en la ANSES tenemos 80 mil millones de pesos de superávit podríamos corregir perfectamente dos cosas: incorporar el haber número catorce a las jubilaciones que perciben nuestros jubilados y lograr un aumento de emergencia que establezca y eleve la base de cálculo para las próximas actualizaciones. (Aplausos.)
La señora diputada Mirta Tundis hablaba del haber, y del hecho de que cerca del 70 por ciento de los jubilados esté cobrando hoy 3.257 pesos no nos puede dar ninguna alegría ni la satisfacción de decir que estamos logrando inclusión, porque lo que estamos haciendo es morigerar la calidad de vida de esta importante parte de nuestra sociedad.
Por otra parte, quiero hacer una salvedad que se vincula con una de las tareas pendientes de este Congreso. Me refiero a que sigue incorporándose en el impuesto a la cuarta categoría a todos aquellos jubilados que superan el monto por el que se tributa por dicho concepto. Se lo hace sabiendo que quienes están jubilados ya pagaron ese impuesto cuando trabajaban; por eso ahora afrontan un tributo que supera los valores por los cuales se debe pagar.
Quiero concatenar este tema con otro que se ha mencionado mucho en el transcurso de la sesión. Se ha dicho reiteradas veces que el 40 por ciento de los recursos que ingresan en el sistema jubilatorio proviene de los impuestos. De tanto fundamentar los actos con esta verdad, se desvirtúa el hecho de que el sistema jubilatorio tiene que ver con el trabajo que los seres humanos desarrollan durante su período de actividad y después, cuando forman parte del sector pasivo, con el haber que perciben en un régimen colectivo solidario y que les permite continuar con su vida.
En ningún momento la seguridad social puede ser separada del trabajo, porque se financia esencialmente con el salario diferido. Entonces, tengamos mucho cuidado al universalizar dentro del sistema previsional, porque corremos el riesgo de cometer un error y pensar que la seguridad social nada tiene que ver con el trabajo.
Estamos de acuerdo con esta moratoria porque entendemos que es necesario corregir la inoperancia que tuvo el Estado cuando no logró que los trabajadores estén en un sistema formal es decir, que aporten lo que tienen que aportar y sus patrones contribuyan con lo que tienen que contribuir, hablando siempre de personas perjudicadas por trabajar en negro.
En consecuencia, debemos hacer una autocrítica y encontrar el camino para terminar con el flagelo del 30 o el 40 por ciento –depende de quien lo midade la población económicamente activa que continúa con los mismos padecimientos. Hablar del haber previsional que recibirán estos 480.000 potenciales jubilados, precisamente tiene que ver con corregir estas injusticias.
También es de esperar que esta Honorable Cámara opine sobre las injusticias que se siguen cometiendo en innumerables provincias, donde los trabajadores estatales perciben en algunos casos hasta el 50 por ciento de sus salarios en valores no remunerativos pero, por supuesto, sostienen los sistemas previsionales. Se afirma que son parte de un porcentaje importante del salario de la actividad, cuando ese salario básico es la nada misma. Por eso se sostienen con esta falacia de encontrar altos porcentajes de salarios mentirosos, porque terminan siendo salarios básicos inexistentes.
Por otra parte, quiero hacer un llamamiento a mis pares en el sentido de dar tratamiento al proyecto de ley del señor diputado Adrián Pérez y de quien habla, contenido en el expediente
Por último, quiero señalar que si en la ANSES tenemos 80 mil millones de pesos de superávit podríamos corregir perfectamente dos cosas: incorporar el haber número catorce a las jubilaciones que perciben nuestros jubilados y lograr un aumento de emergencia que establezca y eleve la base de cálculo para las próximas actualizaciones. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Los señores diputados Durand Cornejo, Sturzenegger, Pradines y Baldassi compartirán el tiempo de veinte minutos del que disponen para hacer uso de la palabra.
Tiene la palabra el señor diputado por Salta.
Tiene la palabra el señor diputado por Salta.
SR. DURAND CORNEJO, GUILLERMO MARIO (SALTA):
Señora presidenta: el Estado argentino y los sucesivos gobiernos de los últimos años han logrado que millones de personas lleguen a la vejez sin trabajo ni aportes. ¿De quién fue la culpa? Obviamente, no de esos trabajadores. Otros millones de personas sí pudieron tener trabajo y efectuar, afortunada y solidariamente, los correspondientes aportes al sistema jubilatorio. Esas personas actualmente cobran haberes miserables e indignos. El Estado, como responsable y a la vez culpable del problema, enmendó esta situación a través de la primera moratoria llevada a cabo hace algunos años. Pero lo hizo indiscriminadamente y metiendo la mano en los bolsillos de los empobrecidos jubilados.
¿Por qué digo que lo hizo indiscriminadamente? Porque cuando so pretexto de esta real injusticia –así lo era- se otorgó esto a millones de personas, se lo hizo sin efectuar previamente el debido estudio socioambiental para que tantas personas de muy buenos recursos que se encontraban en una situación de bienestar no terminaran recibiendo este beneficio jubilatorio.
Afortunadamente la ley actual corrigió este desajuste. En consecuencia, ahora finalmente se hará –y es bueno que así sea- ese estudio social para determinar si las personas que van a recibir estos beneficios realmente tienen esa necesidad.
Entiendo que el Estado debería generar recursos, pero no provenientes de los aportes de los jubilados. Por ejemplo, el Estado tiene la clara posibilidad de echar mano a las pensiones no contributivas. Tendrían que ser recursos no contributivos porque de lo contrario, obviamente, se estará favoreciendo y dando a las personas a las que esto les ocurre, que son los jubilados, una sensación contraria a lo que es la cultura del trabajo y del esfuerzo.
Por eso no es posible encarar de esta forma esta enmienda por parte del Estado. No hay ninguna duda de que el Estado argentino se debe hacer cargo de esto, y lo celebramos. Por eso nuestro bloque va a apoyar el proyecto en consideración, por entender que se trata de una cuestión de estricta justicia. Pero estas observaciones son útiles para que todos recordemos que la cultura del trabajo y el esfuerzo no la tendríamos que haber perdido nunca. Yo al menos tengo la sensación de que hoy en nuestro país eso se ha perdido.
¿Cuánto necesitaremos en nuestra comunidad para recuperar esta cultura? Indudablemente tenemos fe en que nuestro país saldrá adelante. No dudo de que la Argentina tiene todas las condiciones para salir adelante a partir del próximo año y recuperar esa cultura que acabo de mencionar. (Aplausos.)
¿Por qué digo que lo hizo indiscriminadamente? Porque cuando so pretexto de esta real injusticia –así lo era- se otorgó esto a millones de personas, se lo hizo sin efectuar previamente el debido estudio socioambiental para que tantas personas de muy buenos recursos que se encontraban en una situación de bienestar no terminaran recibiendo este beneficio jubilatorio.
Afortunadamente la ley actual corrigió este desajuste. En consecuencia, ahora finalmente se hará –y es bueno que así sea- ese estudio social para determinar si las personas que van a recibir estos beneficios realmente tienen esa necesidad.
Entiendo que el Estado debería generar recursos, pero no provenientes de los aportes de los jubilados. Por ejemplo, el Estado tiene la clara posibilidad de echar mano a las pensiones no contributivas. Tendrían que ser recursos no contributivos porque de lo contrario, obviamente, se estará favoreciendo y dando a las personas a las que esto les ocurre, que son los jubilados, una sensación contraria a lo que es la cultura del trabajo y del esfuerzo.
Por eso no es posible encarar de esta forma esta enmienda por parte del Estado. No hay ninguna duda de que el Estado argentino se debe hacer cargo de esto, y lo celebramos. Por eso nuestro bloque va a apoyar el proyecto en consideración, por entender que se trata de una cuestión de estricta justicia. Pero estas observaciones son útiles para que todos recordemos que la cultura del trabajo y el esfuerzo no la tendríamos que haber perdido nunca. Yo al menos tengo la sensación de que hoy en nuestro país eso se ha perdido.
¿Cuánto necesitaremos en nuestra comunidad para recuperar esta cultura? Indudablemente tenemos fe en que nuestro país saldrá adelante. No dudo de que la Argentina tiene todas las condiciones para salir adelante a partir del próximo año y recuperar esa cultura que acabo de mencionar. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR. STURZENEGGER, FEDERICO ADOLFO (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señora presidenta: este proyecto de ley viene a subsanar un problema de nuestro sistema previsional: la falta de cobertura. Un sistema donde no existe esa cobertura no es justo y claramente debe ser corregido, enmendado, modificado.
Cabe observar que la Argentina no es el único país que en los últimos años ha tenido que enfrentar este problema, pero es uno de los que más avanzó en la resolución de esta cuestión de la cobertura. Como fuerza política queremos tomar esta bandera y defenderla, en el convencimiento de que es algo que como sociedad debemos proteger en el futuro.
Por supuesto podríamos preguntarnos cómo se ha implementado puntualmente esta reforma. Si analizamos la modificación que implementó este mismo gobierno diez años atrás, se tomaban los aportes hasta 1993 y se actualizaban a 2004, con una tasa de interés del 30 por ciento, en un momento en el que las jubilaciones se habían incrementado en un 60 por ciento.
En esta ocasión también se actualizan por diez años los aportes y la deuda se consolida de 2003 a 2014 con una tasa del 30 por ciento, cuando las jubilaciones subieron un 600 por ciento de la mano del aumento en el nivel de precios.
Por supuesto esto tiene su costo y su impacto en la evolución del sistema previsional a futuro. Según nuestras estimaciones el sistema previsional perdería su superávit y alcanzaría el equilibrio en 2048. Con esta reforma ese equilibrio se trasladaría a 2038. Según la demografía los sistemas previsionales van perdiendo su solvencia a lo largo del tiempo, y tenemos un sistema que en la actualidad alcanzaba el punto de equilibrio en 2048, pero eso se adelantó diez años, con lo cual estamos imponiendo una mayor carga a las generaciones futuras. Sin embargo creemos que esto vale la pena y que es un objetivo que todos debemos compartir, por lo que nuestro bloque acompaña esta iniciativa.
En el debate en comisión nuestra disidencia tenía que ver con el artículo 3°, otro aspecto particular de implementación de esta moratoria que otorga una cierta discrecionalidad a la ANSES para determinar quién tiene o no el beneficio en una reglamentación que lamentablemente desconocemos. Debido a eso hoy no sabemos cuál será el real alcance de esta moratoria.
Diego Bossio nos dijo que las excepciones serían pocas y el alcance amplio. Nos preguntamos si tiene sentido imponer cierta cuota de discrecionalidad a una reforma si las excepciones son pocas. Nuestra sugerencia es que en la reglamentación el criterio sea lo más amplio posible.
El segundo punto de la discrecionalidad es que en tanto y en cuanto el beneficiario no esté seguro de si califica o no para la moratoria, o no se sabe rápidamente cuáles son los criterios objetivos para participar en ella, puede haber cierta especulación, intervención o uso de las personas que sí tienen acceso a este derecho justamente por la incertidumbre que tienen sobre si califican o no. En esto cabe mencionar lo que sostuvieron varios diputados preopinantes en cuanto al rol de los gestores que terminaría siendo perjudicial al aprovechar esa falta de información.
Por eso la segunda recomendación sobre la implementación del artículo 3° aunque hicimos una sugerencia en nuestra disidencia parcial sabemos que no se modificarátiene que ver con que las condiciones objetivas para que alguien participe en esta moratoria deben estar claramente estipuladas, con muchísima transparencia, y tienen que ser informadas muy rápidamente para justamente evitar la manipulación de ciertos actores con respecto a los posibles beneficiarios en la moratoria que viene.
Creo que si lo implementamos con transparencia y rapidez vamos a estar acercándonos mucho más al objetivo que todos compartimos y al espíritu de la norma que hoy queremos sancionar.
Cabe observar que la Argentina no es el único país que en los últimos años ha tenido que enfrentar este problema, pero es uno de los que más avanzó en la resolución de esta cuestión de la cobertura. Como fuerza política queremos tomar esta bandera y defenderla, en el convencimiento de que es algo que como sociedad debemos proteger en el futuro.
Por supuesto podríamos preguntarnos cómo se ha implementado puntualmente esta reforma. Si analizamos la modificación que implementó este mismo gobierno diez años atrás, se tomaban los aportes hasta 1993 y se actualizaban a 2004, con una tasa de interés del 30 por ciento, en un momento en el que las jubilaciones se habían incrementado en un 60 por ciento.
En esta ocasión también se actualizan por diez años los aportes y la deuda se consolida de 2003 a 2014 con una tasa del 30 por ciento, cuando las jubilaciones subieron un 600 por ciento de la mano del aumento en el nivel de precios.
Por supuesto esto tiene su costo y su impacto en la evolución del sistema previsional a futuro. Según nuestras estimaciones el sistema previsional perdería su superávit y alcanzaría el equilibrio en 2048. Con esta reforma ese equilibrio se trasladaría a 2038. Según la demografía los sistemas previsionales van perdiendo su solvencia a lo largo del tiempo, y tenemos un sistema que en la actualidad alcanzaba el punto de equilibrio en 2048, pero eso se adelantó diez años, con lo cual estamos imponiendo una mayor carga a las generaciones futuras. Sin embargo creemos que esto vale la pena y que es un objetivo que todos debemos compartir, por lo que nuestro bloque acompaña esta iniciativa.
En el debate en comisión nuestra disidencia tenía que ver con el artículo 3°, otro aspecto particular de implementación de esta moratoria que otorga una cierta discrecionalidad a la ANSES para determinar quién tiene o no el beneficio en una reglamentación que lamentablemente desconocemos. Debido a eso hoy no sabemos cuál será el real alcance de esta moratoria.
Diego Bossio nos dijo que las excepciones serían pocas y el alcance amplio. Nos preguntamos si tiene sentido imponer cierta cuota de discrecionalidad a una reforma si las excepciones son pocas. Nuestra sugerencia es que en la reglamentación el criterio sea lo más amplio posible.
El segundo punto de la discrecionalidad es que en tanto y en cuanto el beneficiario no esté seguro de si califica o no para la moratoria, o no se sabe rápidamente cuáles son los criterios objetivos para participar en ella, puede haber cierta especulación, intervención o uso de las personas que sí tienen acceso a este derecho justamente por la incertidumbre que tienen sobre si califican o no. En esto cabe mencionar lo que sostuvieron varios diputados preopinantes en cuanto al rol de los gestores que terminaría siendo perjudicial al aprovechar esa falta de información.
Por eso la segunda recomendación sobre la implementación del artículo 3° aunque hicimos una sugerencia en nuestra disidencia parcial sabemos que no se modificarátiene que ver con que las condiciones objetivas para que alguien participe en esta moratoria deben estar claramente estipuladas, con muchísima transparencia, y tienen que ser informadas muy rápidamente para justamente evitar la manipulación de ciertos actores con respecto a los posibles beneficiarios en la moratoria que viene.
Creo que si lo implementamos con transparencia y rapidez vamos a estar acercándonos mucho más al objetivo que todos compartimos y al espíritu de la norma que hoy queremos sancionar.
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
SR. PRADINES, ROBERTO ARTURO (MENDOZA):
Señora presidenta: voy a discrepar con lo mencionado por un señor diputado preopinante porque la verdad es que hablar hoy en este país del sistema de jubilaciones no es ninguna alegría, todo lo contrario.
Como viene sucediendo desde hace bastante tiempo a esta parte, y en esto seguramente vamos a coincidir, lo que este Congreso ha hecho es otorgar determinados beneficios pero simplemente sobre la base de parches. No se ha tomado de la forma en que se debería haber hecho un régimen previsional, modificando las estructuras para poder tener un financiamiento de las necesidades de los millones de argentinos que de una u otra manera tienen que llegar a la edad jubilatoria, tanto los hombres como las mujeres, para poder obtener el beneficio previsional.
Entonces, no puede ser una alegría tener que sancionar cada 4 o 5 años, o los que sean necesarios, una modificación del régimen para poder incorporar a un sector de beneficiarios, como va a ser en este caso en el que se van a incorporar a este régimen alrededor de 473 mil nuevos beneficiarios, que por diversas circunstancias no han podido hacer sus aportes.
La ley 24.476 va a seguir otorgando determinados beneficios para que los que pretendan obtener su jubilación puedan conseguirla. De lo que acá nada se dice –y algunos lo han habladoes que con esto de practicar la movilidad previsional, a partir de hace unos años a la fecha, cada seis meses, anunciándose por cadena nacional un determinado porcentaje, no se hace otra cosa que achicar los distintos valores que deben tener por derecho propio aquellos que han aportado.
Entonces, no logramos hacer absolutamente nada con el solo hecho de brindar una información de esta naturaleza, más allá de cumplir con la ley, cuando en definitiva se está produciendo un achatamiento a la movilidad previsional.
En otro orden de cosas, ha quedado debidamente aclarado que lo del artículo 3° va a pasar a ser una discrecionalidad para aquellos que tengan el trabajo de hacer la reglamentación, cuando en definitiva lo que nosotros pedíamos era que quedara perfectamente definido, porque así debía ser a través de la ley y no simplemente del decreto reglamentario. No corresponde que esto sea así.
Hoy nos encontramos con que del financiamiento actual del sistema previsional, el 42 por ciento proviene de los impuestos, de los cuales el 15 por ciento lo aportan las provincias, y estamos viendo que justamente en aquellas provincias que tienen menor actividad, el sistema previsional es más solidario.
Este sistema ha tenido idas y venidas, y es solidario. Tampoco es justo que aquellas provincias que aportan ese 15 por ciento destinado directamente a financiar el sistema previsional lo hagan en detrimento de sus propios comprovincianos que con su trabajo y actividad aportan a todos y a cada uno de los distintos habitantes de este país, que son precisamente los que trabajan o aportan.
Es indispensable que este Congreso de la Nación analice las cosas como corresponde. Se trata de una de las falencias de la República Argentina en un tema tan medular como el sistema previsional. No se están abordando los temas con la responsabilidad o la importancia que requieren.
Para finalizar, adelanto que vamos a proponer que se incorpore un artículo al proyecto de ley, porque lo consideramos de fundamental importancia. De nada sirven los famosos relatos a los que nos tienen acostumbrados desde el gobierno. Lamentablemente, mucho menos sirven los fallos judiciales.
Por eso, proponemos un artículo que diga que previo a la puesta en vigencia de la presente ley que implementa esta moratoria previsional a fin de acceder a una jubilación, el Poder Ejecutivo deberá cancelar a través de un plan de facilidades de pago todas aquellas sentencias dictadas como consecuencia de los juicios teniendo en cuenta el caso “Badaro”.
Eso es importantísimo, porque si no existiría una desigualdad manifiesta entre los que aportaron a lo largo del tiempo, menguando los ingresos de sus propias familias para tener un beneficio al cumplir la edad correspondiente, y los que no lo hicieron. Resulta que tuvieron que hacer un juicio al Estado para cobrar lo que les correspondía, pero éste no cumple.
Desde ya adelantamos nuestro voto afirmativo, aclarando que tenemos una visión totalmente distinta en relación con lo que está haciendo este gobierno nacional sobre un tema medular como el sistema previsional para la República Argentina.
Como viene sucediendo desde hace bastante tiempo a esta parte, y en esto seguramente vamos a coincidir, lo que este Congreso ha hecho es otorgar determinados beneficios pero simplemente sobre la base de parches. No se ha tomado de la forma en que se debería haber hecho un régimen previsional, modificando las estructuras para poder tener un financiamiento de las necesidades de los millones de argentinos que de una u otra manera tienen que llegar a la edad jubilatoria, tanto los hombres como las mujeres, para poder obtener el beneficio previsional.
Entonces, no puede ser una alegría tener que sancionar cada 4 o 5 años, o los que sean necesarios, una modificación del régimen para poder incorporar a un sector de beneficiarios, como va a ser en este caso en el que se van a incorporar a este régimen alrededor de 473 mil nuevos beneficiarios, que por diversas circunstancias no han podido hacer sus aportes.
La ley 24.476 va a seguir otorgando determinados beneficios para que los que pretendan obtener su jubilación puedan conseguirla. De lo que acá nada se dice –y algunos lo han habladoes que con esto de practicar la movilidad previsional, a partir de hace unos años a la fecha, cada seis meses, anunciándose por cadena nacional un determinado porcentaje, no se hace otra cosa que achicar los distintos valores que deben tener por derecho propio aquellos que han aportado.
Entonces, no logramos hacer absolutamente nada con el solo hecho de brindar una información de esta naturaleza, más allá de cumplir con la ley, cuando en definitiva se está produciendo un achatamiento a la movilidad previsional.
En otro orden de cosas, ha quedado debidamente aclarado que lo del artículo 3° va a pasar a ser una discrecionalidad para aquellos que tengan el trabajo de hacer la reglamentación, cuando en definitiva lo que nosotros pedíamos era que quedara perfectamente definido, porque así debía ser a través de la ley y no simplemente del decreto reglamentario. No corresponde que esto sea así.
Hoy nos encontramos con que del financiamiento actual del sistema previsional, el 42 por ciento proviene de los impuestos, de los cuales el 15 por ciento lo aportan las provincias, y estamos viendo que justamente en aquellas provincias que tienen menor actividad, el sistema previsional es más solidario.
Este sistema ha tenido idas y venidas, y es solidario. Tampoco es justo que aquellas provincias que aportan ese 15 por ciento destinado directamente a financiar el sistema previsional lo hagan en detrimento de sus propios comprovincianos que con su trabajo y actividad aportan a todos y a cada uno de los distintos habitantes de este país, que son precisamente los que trabajan o aportan.
Es indispensable que este Congreso de la Nación analice las cosas como corresponde. Se trata de una de las falencias de la República Argentina en un tema tan medular como el sistema previsional. No se están abordando los temas con la responsabilidad o la importancia que requieren.
Para finalizar, adelanto que vamos a proponer que se incorpore un artículo al proyecto de ley, porque lo consideramos de fundamental importancia. De nada sirven los famosos relatos a los que nos tienen acostumbrados desde el gobierno. Lamentablemente, mucho menos sirven los fallos judiciales.
Por eso, proponemos un artículo que diga que previo a la puesta en vigencia de la presente ley que implementa esta moratoria previsional a fin de acceder a una jubilación, el Poder Ejecutivo deberá cancelar a través de un plan de facilidades de pago todas aquellas sentencias dictadas como consecuencia de los juicios teniendo en cuenta el caso “Badaro”.
Eso es importantísimo, porque si no existiría una desigualdad manifiesta entre los que aportaron a lo largo del tiempo, menguando los ingresos de sus propias familias para tener un beneficio al cumplir la edad correspondiente, y los que no lo hicieron. Resulta que tuvieron que hacer un juicio al Estado para cobrar lo que les correspondía, pero éste no cumple.
Desde ya adelantamos nuestro voto afirmativo, aclarando que tenemos una visión totalmente distinta en relación con lo que está haciendo este gobierno nacional sobre un tema medular como el sistema previsional para la República Argentina.
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba, a quien le restan cuatro minutos de su tiempo.
SR. BALDASSI, HECTOR (CORDOBA):
Señora presidenta: todos sabemos que cada decisión que se adopta en relación con el sistema previsional compromete a varias generaciones de beneficiarios y futuros beneficiarios. En el tiempo, afectará de manera positiva o negativa al sistema, según el análisis que se efectúe.
A pesar de que tenemos muchas dudas en relación con la profundidad de la proyección realizada es saludable que el Estado nacional asuma la responsabilidad de generar condiciones para brindar cobertura a la mayor cantidad posible de beneficiarios.
Debería existir la previsibilidad necesaria para que no se vean afectados los intereses de quienes, a lo largo de su vida, aportaron de manera permanente al sistema.
Creo profundamente en la necesidad de reconocer a cada trabajador su participación en el crecimiento y en el desarrollo de nuestro país. Estoy convencido de que brindar cobertura y protección a quienes dieron lo mejor de su vida laboral es el punto de partida para construir un país más justo y solidario.
El titular de la ANSES dijo que este proyecto permitirá jubilarse a 473.000 personas. Dijo que el promedio de aportes de quienes se jubilan por moratoria es de 12,7 años.
Sin duda que estos números modificarán sustancialmente la relación activo-pasivo, que deberá ser respaldada en el desarrollo de políticas a largo plazo que garanticen la sustentabilidad del sistema.
Obviamente que nuestro bloque va a apoyar este proyecto, pero constituye una responsabilidad para nosotros advertir que desde hace tiempo los aportes genuinos no alcanzan a cubrir el total del importe que se necesita para pagar las jubilaciones, por lo cual el sistema debe ser asistido en un 42 por ciento con otros impuestos, pero fundamentalmente con el 15 por ciento de la masa coparticipable que las provincias ceden al sistema, el 20 por ciento más del impuesto a las ganancias y el 11 por ciento restante del IVA.
A lo largo del año pasado las provincias aportaron 42.000 millones como expresión federal y solidaria. De ese monto, Córdoba aportó 2.700 millones, y gran parte de ese dinero fue destinado a otros programas que nada tienen que ver con el haber de los jubilados. Por eso es fundamental terminar con la administración discrecional de los fondos de la ANSES.
Señora presidenta: hace menos de dos décadas las provincias recibían 44 pesos de cada 100 que recaudaba la Nación. Hoy sólo reciben 25, por lo que difícilmente puedan seguir cediendo recursos para financiar la falta de previsibilidad de la Nación.
No podemos dejar de mencionar el alto grado de deterioro que la inflación produce a los haberes de los jubilados, independientemente de los ajustes que se han venido realizando. Por supuesto también debemos mencionar el deterioro que le origina al sistema.
Esta es la tercera moratoria que lanza el gobierno nacional en el término de once años, lo que sin duda debe hacer reflexionar sobre cuáles son las razones por las que el sistema no logra reencauzar su funcionamiento.
Nosotros creemos que las razones son varias, pero esencialmente el alto índice de empleo informal, la inestabilidad laboral y la falta de previsibilidad económica son los componentes que lesionan el sistema previsional de reparto.
Finalmente, quiero solicitar el restablecimiento de la pirámide prestacional, que reconozca una mejor jubilación de manera puntual y progresiva a quienes efectuaron todos sus aportes para poder jubilarse.
Para terminar, ésta, como todas las moratorias, está destinada a resolver problemas coyunturales.
A pesar de que tenemos muchas dudas en relación con la profundidad de la proyección realizada es saludable que el Estado nacional asuma la responsabilidad de generar condiciones para brindar cobertura a la mayor cantidad posible de beneficiarios.
Debería existir la previsibilidad necesaria para que no se vean afectados los intereses de quienes, a lo largo de su vida, aportaron de manera permanente al sistema.
Creo profundamente en la necesidad de reconocer a cada trabajador su participación en el crecimiento y en el desarrollo de nuestro país. Estoy convencido de que brindar cobertura y protección a quienes dieron lo mejor de su vida laboral es el punto de partida para construir un país más justo y solidario.
El titular de la ANSES dijo que este proyecto permitirá jubilarse a 473.000 personas. Dijo que el promedio de aportes de quienes se jubilan por moratoria es de 12,7 años.
Sin duda que estos números modificarán sustancialmente la relación activo-pasivo, que deberá ser respaldada en el desarrollo de políticas a largo plazo que garanticen la sustentabilidad del sistema.
Obviamente que nuestro bloque va a apoyar este proyecto, pero constituye una responsabilidad para nosotros advertir que desde hace tiempo los aportes genuinos no alcanzan a cubrir el total del importe que se necesita para pagar las jubilaciones, por lo cual el sistema debe ser asistido en un 42 por ciento con otros impuestos, pero fundamentalmente con el 15 por ciento de la masa coparticipable que las provincias ceden al sistema, el 20 por ciento más del impuesto a las ganancias y el 11 por ciento restante del IVA.
A lo largo del año pasado las provincias aportaron 42.000 millones como expresión federal y solidaria. De ese monto, Córdoba aportó 2.700 millones, y gran parte de ese dinero fue destinado a otros programas que nada tienen que ver con el haber de los jubilados. Por eso es fundamental terminar con la administración discrecional de los fondos de la ANSES.
Señora presidenta: hace menos de dos décadas las provincias recibían 44 pesos de cada 100 que recaudaba la Nación. Hoy sólo reciben 25, por lo que difícilmente puedan seguir cediendo recursos para financiar la falta de previsibilidad de la Nación.
No podemos dejar de mencionar el alto grado de deterioro que la inflación produce a los haberes de los jubilados, independientemente de los ajustes que se han venido realizando. Por supuesto también debemos mencionar el deterioro que le origina al sistema.
Esta es la tercera moratoria que lanza el gobierno nacional en el término de once años, lo que sin duda debe hacer reflexionar sobre cuáles son las razones por las que el sistema no logra reencauzar su funcionamiento.
Nosotros creemos que las razones son varias, pero esencialmente el alto índice de empleo informal, la inestabilidad laboral y la falta de previsibilidad económica son los componentes que lesionan el sistema previsional de reparto.
Finalmente, quiero solicitar el restablecimiento de la pirámide prestacional, que reconozca una mejor jubilación de manera puntual y progresiva a quienes efectuaron todos sus aportes para poder jubilarse.
Para terminar, ésta, como todas las moratorias, está destinada a resolver problemas coyunturales.
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Concluya por favor, señor diputado.
SR. BALDASSI, HECTOR (CORDOBA):
Ya termino, señora presidenta.
Creo que el desafío pendiente es discutir un nuevo orden de sustentabilidad del sistema. La verdadera inclusión es la que genera mayor igualdad de oportunidades, y eso se logra dando a los jubilados haberes justos, pagando en tiempo y forma los reclamos judiciales, y sobre todo respetando la dignidad de la persona. (Aplausos.)
Creo que el desafío pendiente es discutir un nuevo orden de sustentabilidad del sistema. La verdadera inclusión es la que genera mayor igualdad de oportunidades, y eso se logra dando a los jubilados haberes justos, pagando en tiempo y forma los reclamos judiciales, y sobre todo respetando la dignidad de la persona. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra la señora diputada por Santa Fe, que comparte su tiempo de veinte minutos con los diputados Linares y Peralta.
SRA. CICILIANI, ALICIA MABEL (SANTA FE):
Señora presidenta: en nombre del Frente Amplio Progresista quiero expresar nuestra preocupación porque estamos a pocas horas de que millones de trabajadores realicen un paro en reclamo de sus derechos y de la garantía de mantener el valor adquisitivo de su salario, que ven menguado por la alta inflación imperante.
A su vez, millones de esos trabajadores que mañana harán un paro, hoy están en las calles. Son los trabajadores no registrados, que no tienen el derecho a huelga amparado por la Constitución Nacional sino que hacen piquetes para poder ser escuchados. Esos millones de trabajadores no registrados son los que generan este sistema de parches.
Claro que vamos a acompañar al Poder Ejecutivo para que 400 mil nuevos ancianos puedan acceder al beneficio de la jubilación, pero no estamos contentos con este proyecto de ley. En su artículo 3º brinda potestad al Poder Ejecutivo para decidir a quién se lo van a dar y a quién no, haciendo una evaluación subjetiva y dejándolo a criterio de una reglamentación posterior.
Por este motivo adelantamos nuestro voto negativo al artículo 3º. Creemos que en este Congreso de la Nación deberían estar dadas las condiciones necesarias para garantizar el acceso a todos los posibles beneficiarios del sistema.
Además, también quiero manifestar que hoy leímos en los diarios que existe la posibilidad de discutir el federalismo pensando en el traslado de la Capital Federal, creyendo que simplemente cambiando un escritorio de lugar generaremos un hecho federal.
Nosotros decimos que el federalismo es otra cosa; es una forma de gobierno donde podemos discutir qué bienes públicos decide proporcionar una sociedad y quiénes pagan dichos bienes.
Si observamos cómo se va a financiar el nuevo sistema de jubilaciones, debemos remontarnos a los datos de 2010, que son los que figuran en la página de la ANSES.
En oportunidad del debate en comisión reclamamos a Diego Bossio que nos suministre los datos actuales de financiamiento. Nosotros representamos a distintas provincias y muchos diputados preopinantes hablaron del 15 por ciento que las provincias ceden a la Nación para financiar el sistema de jubilaciones y pensiones.
Quiero aclarar que nosotros no cedemos nada. La provincia de Santa Fe no ha cedido nada. Los que lo hacen están haciendo algo ilegal. Por eso, el Frente Progresista que gobierna en este momento la provincia de Santa Fe ha ido a la Corte Suprema de Justicia, pero no ha ido solo sino que fuimos acompañados por los ex gobernadores Reutemann y Obeid. Creemos que por encima de los gobiernos de turno y de las circunstanciales cuestiones de política está la Constitución Nacional, y estamos amparados por ella.
No queremos desfinanciar a la Nación. Hemos escuchado argumentos en el sentido de que los jubilados que van a ingresar al sistema también viven en la provincia de Santa Fe. Nosotros queremos debatir el sistema de jubilaciones y pensiones en su totalidad.
También queremos discutir esta cuestión porque no puede financiarse ningún sistema si el 40 por ciento de los trabajadores no están registrados. Las provincias también queremos ser parte y ayudar a solucionar este problema en el Consejo Federal del Trabajo en consonancia con todos los ministerios de Trabajo de cada una de las provincias y con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación a los efectos de terminar con este flagelo del trabajo sin registrar.
También reclamamos la existencia de una política de seguridad porque, si leemos los diarios de estas últimas jornadas, podremos observar que muere un jubilado cada cinco días a raíz de la inseguridad de turno. Este es un problema que nos afecta a todos y queremos discutirlo. (Aplausos.)
A su vez, millones de esos trabajadores que mañana harán un paro, hoy están en las calles. Son los trabajadores no registrados, que no tienen el derecho a huelga amparado por la Constitución Nacional sino que hacen piquetes para poder ser escuchados. Esos millones de trabajadores no registrados son los que generan este sistema de parches.
Claro que vamos a acompañar al Poder Ejecutivo para que 400 mil nuevos ancianos puedan acceder al beneficio de la jubilación, pero no estamos contentos con este proyecto de ley. En su artículo 3º brinda potestad al Poder Ejecutivo para decidir a quién se lo van a dar y a quién no, haciendo una evaluación subjetiva y dejándolo a criterio de una reglamentación posterior.
Por este motivo adelantamos nuestro voto negativo al artículo 3º. Creemos que en este Congreso de la Nación deberían estar dadas las condiciones necesarias para garantizar el acceso a todos los posibles beneficiarios del sistema.
Además, también quiero manifestar que hoy leímos en los diarios que existe la posibilidad de discutir el federalismo pensando en el traslado de la Capital Federal, creyendo que simplemente cambiando un escritorio de lugar generaremos un hecho federal.
Nosotros decimos que el federalismo es otra cosa; es una forma de gobierno donde podemos discutir qué bienes públicos decide proporcionar una sociedad y quiénes pagan dichos bienes.
Si observamos cómo se va a financiar el nuevo sistema de jubilaciones, debemos remontarnos a los datos de 2010, que son los que figuran en la página de la ANSES.
En oportunidad del debate en comisión reclamamos a Diego Bossio que nos suministre los datos actuales de financiamiento. Nosotros representamos a distintas provincias y muchos diputados preopinantes hablaron del 15 por ciento que las provincias ceden a la Nación para financiar el sistema de jubilaciones y pensiones.
Quiero aclarar que nosotros no cedemos nada. La provincia de Santa Fe no ha cedido nada. Los que lo hacen están haciendo algo ilegal. Por eso, el Frente Progresista que gobierna en este momento la provincia de Santa Fe ha ido a la Corte Suprema de Justicia, pero no ha ido solo sino que fuimos acompañados por los ex gobernadores Reutemann y Obeid. Creemos que por encima de los gobiernos de turno y de las circunstanciales cuestiones de política está la Constitución Nacional, y estamos amparados por ella.
No queremos desfinanciar a la Nación. Hemos escuchado argumentos en el sentido de que los jubilados que van a ingresar al sistema también viven en la provincia de Santa Fe. Nosotros queremos debatir el sistema de jubilaciones y pensiones en su totalidad.
También queremos discutir esta cuestión porque no puede financiarse ningún sistema si el 40 por ciento de los trabajadores no están registrados. Las provincias también queremos ser parte y ayudar a solucionar este problema en el Consejo Federal del Trabajo en consonancia con todos los ministerios de Trabajo de cada una de las provincias y con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación a los efectos de terminar con este flagelo del trabajo sin registrar.
También reclamamos la existencia de una política de seguridad porque, si leemos los diarios de estas últimas jornadas, podremos observar que muere un jubilado cada cinco días a raíz de la inseguridad de turno. Este es un problema que nos afecta a todos y queremos discutirlo. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
SRA. LINARES, MARIA VIRGINIA (BUENOS AIRES):
Señora presidenta: para seguir tocando este tema desde otro punto de vista –probablemente desde el aspecto social-, al Frente Amplio Progresista le resulta difícil oponerse a un proyecto que propone la incorporación de personas excluidas de un sistema de protección social.
Por eso vamos a acompañarlo en general, porque de alguna manera esta iniciativa permite el acceso a derechos que constitucionalmente hay que hacer valer.
La actual moratoria, que empezó a regir en 2005, permite incluir los aportes no ingresados hasta septiembre de 1993. Por lo tanto, el proyecto que hoy estamos tratando permite ampliar el plazo por diez años, justamente hasta 2003. De esta manera se justifica el accionar en los 30 años requeridos deduciendo los haberes de las cuotas adeudadas a la ANSES. Esto es importante, porque a partir de la sanción de este proyecto de ley vamos a permitir que las mujeres y los hombres -que van a cumplir 60 y 65 años respectivamente- que no cuenten con los aportes necesarios puedan acceder al derecho al menos de una jubilación mínima.
Por otra parte, es un reconocimiento social para el fuerte incremento del número de desocupados y empleados no registrados que se dio en la década del 90, hecho que fue muy doloroso para nuestro país, y que terminó potenciándose con la recesión y las crisis de los años 2001 y 2002.
Otro de los aspectos interesantes del proyecto es la simplicidad del sistema. Lo que estamos estudiando plantea que una persona puede ingresar al sistema teniendo la edad correspondiente, por medio de un simple trámite en la ANSES, lo que podrá hacer de manera gratuita y sin gestores. Sabemos que con la anterior moratoria algunos gestores vieron incrementados sus ingresos a costa de personas que cobraron las jubilaciones mínimas.
Consideramos que no hay que fijar una fecha de corte -hoy lo decía el señor diputado Santín- para que puedan acceder todas las personas que en su momento reunían las condiciones para jubilarse: 60 años las mujeres, 65 los varones y 30 años de aportes.
Como señalaba la señora diputada Ciciliani, objetamos el artículo 3°, porque no solo da la idea de que puede ser discrecional -lo preverá la reglamentación- sino que este aspecto de hacer una evaluación patrimonial y socioeconómica no da al sistema la universalidad que debería tener.
Debemos trabajar el sistema previsional considerando el acceso a ese derecho de aquellas personas que tengan la edad jubilatoria correspondiente para hacerlo.
También deberíamos decir que el sistema de seguridad social está en crisis, porque fue diseñado en torno a una idea de familia que también está en crisis. Se diseñó en torno de una idea de familia homogénea y nuclear, y de un mercado de trabajo con ciertas características también homogéneas y con pleno empleo, que hoy no se sostienen y que tampoco podrán volver a sostenerse.
La informalidad laboral, la crisis de la familia nuclear, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, el aumento de familias monoparentales, en las que las jefas de hogar son en su mayoría mujeres, y la feminización de la pobreza, sobre todo en la época neoliberal, ha sido muy impactante en nuestro país, y hace que estos mayores niveles de informalidad y precariedad laboral, que en la mayoría de los casos se producen en las mujeres, generen un sistema de seguridad que no ha podido traducirse en reformas estructurales, las que merecen un debate mucho más serio y amplio que una moratoria previsional.
Dicho esto, también es bueno aclarar que, dentro del contexto de la primera moratoria, se trató de una política inclusiva positiva que otorgó un mínimo índice de bienestar a muchas mujeres y varones, sobre todo a aquellas que habían dedicado toda su vida a los quehaceres domésticos. En ese momento se la llamó “jubilación para las amas de casa”, lo que constituyó un avance interesante, y aun lo sigue siendo, porque todavía continúan cobrando.
Hemos escuchado las exposiciones del administrador de la ANSES en las reuniones de comisión, quien señaló que se iban a incorporar al sistema cerca de 430 mil beneficiarios. Esto significa que no solo estamos incrementando la cantidad de jubilaciones a las más de 2 millones 700 mil vigentes, que representan un 45,5 por ciento del total de los beneficiarios del sistema, sino que el 73 por ciento son mujeres. Por eso es interesante poner en discusión esta mirada de género, que no sé si la ha considerado el Poder Ejecutivo, pero para nosotros es importante destacarlo.
Saludo las expresiones del señor miembro informante, señor diputado Díaz Roig, en el sentido de que debemos discutir un nuevo sistema previsional. Él planteaba –y me lo ha comentadola creación de un código previsional, que ojalá cuente con la decisión y acompañamiento del Frente para la Victoria para que se concrete el año que viene y podamos empezar a trabajar de manera prioritaria sobre ese particular.
Un nuevo sistema previsional debe estar basado en dos pilares. Uno es un pilar básico es el que permite el acceso al beneficio universal e incondicional, ya que se vincula con el tema de los derechos básicos a los que me he referido. En este sentido, vale la pena aclarar –sobre todo desde el punto de vista de lo comunicacionalque hay ciudadanos capaces de realizar actividades que son muy útiles socialmente pero que aun no son remuneradas en el mercado laboral. No me refiero solo a las mujeres que realizan un trabajo en sus casas o que desarrollan tareas de cuidado de niños y niñas, de adultos mayores o de personas con discapacidad, sino también a los trabajadores no registrados que lamentablemente en la Argentina de hoy son muchos.
Otro pilar importante es el contributivo u obligatorio. Algunos diputados preopinantes ya han señalado que esto se vincula con la vida activa y con los aportes que realizan los trabajadores, que en un sistema de reparto tiene en cuenta que quien más aporta puede cobrar más.
Por otra parte, no podemos olvidar que esta Cámara de Diputados aprobó una ley sobre el 82 por ciento móvil. Desde el punto de vista social esa fue una gran reivindicación que lamentablemente quedó en la nada. En consecuencia, además de los avances que se han registrado en materia de acceso a los derechos por parte de las mujeres y de los varones, también tenemos que poner en discusión el hecho de que las jubilaciones mínimas no alcanzan a cubrir el monto de la canasta básica.
Por lo tanto, debemos pensar en la situación del 70 por ciento de los jubilados, que son los que cobran las jubilaciones y pensiones mínimas, para que de una vez por todas vean que sus derechos están siendo representados merced a un aumento en los haberes que les permita sobrevivir o subsistir, de manera tal que la calidad de vida –que para nosotros es fundamental en la etapa de la vejezse convierta en algo más natural. (Aplausos.)
Por eso vamos a acompañarlo en general, porque de alguna manera esta iniciativa permite el acceso a derechos que constitucionalmente hay que hacer valer.
La actual moratoria, que empezó a regir en 2005, permite incluir los aportes no ingresados hasta septiembre de 1993. Por lo tanto, el proyecto que hoy estamos tratando permite ampliar el plazo por diez años, justamente hasta 2003. De esta manera se justifica el accionar en los 30 años requeridos deduciendo los haberes de las cuotas adeudadas a la ANSES. Esto es importante, porque a partir de la sanción de este proyecto de ley vamos a permitir que las mujeres y los hombres -que van a cumplir 60 y 65 años respectivamente- que no cuenten con los aportes necesarios puedan acceder al derecho al menos de una jubilación mínima.
Por otra parte, es un reconocimiento social para el fuerte incremento del número de desocupados y empleados no registrados que se dio en la década del 90, hecho que fue muy doloroso para nuestro país, y que terminó potenciándose con la recesión y las crisis de los años 2001 y 2002.
Otro de los aspectos interesantes del proyecto es la simplicidad del sistema. Lo que estamos estudiando plantea que una persona puede ingresar al sistema teniendo la edad correspondiente, por medio de un simple trámite en la ANSES, lo que podrá hacer de manera gratuita y sin gestores. Sabemos que con la anterior moratoria algunos gestores vieron incrementados sus ingresos a costa de personas que cobraron las jubilaciones mínimas.
Consideramos que no hay que fijar una fecha de corte -hoy lo decía el señor diputado Santín- para que puedan acceder todas las personas que en su momento reunían las condiciones para jubilarse: 60 años las mujeres, 65 los varones y 30 años de aportes.
Como señalaba la señora diputada Ciciliani, objetamos el artículo 3°, porque no solo da la idea de que puede ser discrecional -lo preverá la reglamentación- sino que este aspecto de hacer una evaluación patrimonial y socioeconómica no da al sistema la universalidad que debería tener.
Debemos trabajar el sistema previsional considerando el acceso a ese derecho de aquellas personas que tengan la edad jubilatoria correspondiente para hacerlo.
También deberíamos decir que el sistema de seguridad social está en crisis, porque fue diseñado en torno a una idea de familia que también está en crisis. Se diseñó en torno de una idea de familia homogénea y nuclear, y de un mercado de trabajo con ciertas características también homogéneas y con pleno empleo, que hoy no se sostienen y que tampoco podrán volver a sostenerse.
La informalidad laboral, la crisis de la familia nuclear, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, el aumento de familias monoparentales, en las que las jefas de hogar son en su mayoría mujeres, y la feminización de la pobreza, sobre todo en la época neoliberal, ha sido muy impactante en nuestro país, y hace que estos mayores niveles de informalidad y precariedad laboral, que en la mayoría de los casos se producen en las mujeres, generen un sistema de seguridad que no ha podido traducirse en reformas estructurales, las que merecen un debate mucho más serio y amplio que una moratoria previsional.
Dicho esto, también es bueno aclarar que, dentro del contexto de la primera moratoria, se trató de una política inclusiva positiva que otorgó un mínimo índice de bienestar a muchas mujeres y varones, sobre todo a aquellas que habían dedicado toda su vida a los quehaceres domésticos. En ese momento se la llamó “jubilación para las amas de casa”, lo que constituyó un avance interesante, y aun lo sigue siendo, porque todavía continúan cobrando.
Hemos escuchado las exposiciones del administrador de la ANSES en las reuniones de comisión, quien señaló que se iban a incorporar al sistema cerca de 430 mil beneficiarios. Esto significa que no solo estamos incrementando la cantidad de jubilaciones a las más de 2 millones 700 mil vigentes, que representan un 45,5 por ciento del total de los beneficiarios del sistema, sino que el 73 por ciento son mujeres. Por eso es interesante poner en discusión esta mirada de género, que no sé si la ha considerado el Poder Ejecutivo, pero para nosotros es importante destacarlo.
Saludo las expresiones del señor miembro informante, señor diputado Díaz Roig, en el sentido de que debemos discutir un nuevo sistema previsional. Él planteaba –y me lo ha comentadola creación de un código previsional, que ojalá cuente con la decisión y acompañamiento del Frente para la Victoria para que se concrete el año que viene y podamos empezar a trabajar de manera prioritaria sobre ese particular.
Un nuevo sistema previsional debe estar basado en dos pilares. Uno es un pilar básico es el que permite el acceso al beneficio universal e incondicional, ya que se vincula con el tema de los derechos básicos a los que me he referido. En este sentido, vale la pena aclarar –sobre todo desde el punto de vista de lo comunicacionalque hay ciudadanos capaces de realizar actividades que son muy útiles socialmente pero que aun no son remuneradas en el mercado laboral. No me refiero solo a las mujeres que realizan un trabajo en sus casas o que desarrollan tareas de cuidado de niños y niñas, de adultos mayores o de personas con discapacidad, sino también a los trabajadores no registrados que lamentablemente en la Argentina de hoy son muchos.
Otro pilar importante es el contributivo u obligatorio. Algunos diputados preopinantes ya han señalado que esto se vincula con la vida activa y con los aportes que realizan los trabajadores, que en un sistema de reparto tiene en cuenta que quien más aporta puede cobrar más.
Por otra parte, no podemos olvidar que esta Cámara de Diputados aprobó una ley sobre el 82 por ciento móvil. Desde el punto de vista social esa fue una gran reivindicación que lamentablemente quedó en la nada. En consecuencia, además de los avances que se han registrado en materia de acceso a los derechos por parte de las mujeres y de los varones, también tenemos que poner en discusión el hecho de que las jubilaciones mínimas no alcanzan a cubrir el monto de la canasta básica.
Por lo tanto, debemos pensar en la situación del 70 por ciento de los jubilados, que son los que cobran las jubilaciones y pensiones mínimas, para que de una vez por todas vean que sus derechos están siendo representados merced a un aumento en los haberes que les permita sobrevivir o subsistir, de manera tal que la calidad de vida –que para nosotros es fundamental en la etapa de la vejezse convierta en algo más natural. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
SR. PERALTA, FABIAN FRANCISCO (SANTA FE):
Señora presidenta: en total sintonía con lo expresado por mis compañeras de bloque, quiero referirme a algunas diferencias conceptuales que tenemos, sobre todo cuando se habla de federalismo.
Un diputado del oficialismo manifestó que esta medida implicará más dinero circulando en cada una de las provincias, como si eso fuera un síntoma de federalismo. Lo cierto es que tenemos otra concepción, ya que para nosotros el federalismo político se ejerce, en primer lugar, a través del federalismo económico. Esto está instituido por la Constitución Nacional.
Eso permite que una obra o una gestión no dependa de la mayor o menor suerte de tener como amigo o conocido a algún ministro o algún secretario.
Para nosotros el federalismo se convierte en realidad cuando cada provincia recibe lo que le corresponde porque lo manda la Constitución y no por una actitud generosa del Poder Ejecutivo de turno.
También se ha dicho que es necesario mantener una discusión profunda, integral y general, porque cada vez que apoyamos medidas de este tipo –que acompañamos, porque son inclusivasemerge otra realidad que es la que generalmente nos atropella todos los días.
Al respecto, me tengo que referir, por ejemplo, al Programa Probienestar, que vulgarmente se conoce como el de los bolsones alimentarios. A través de este programa hoy se asigna a cada beneficiario la suma de 136 pesos –los artículos se vienen reduciendo permanentementey no todos los jubilados que cobran la mínima acceden al bolsón. La verdad es que resulta bastante indigno ver la fila de jubilados que van a ver si sobra –entre comillasalgún bolsón para recibirlo.
Además, la Auditoría General de la Nación dijo textualmente en un informe sobre el programa: “Entre el momento de implementación del beneficio de complemento alimentario y el período auditado la cobertura del requerimiento calórico de alimentos secos y frescos contenidos en los bolsones disminuyó un 31,32 por ciento, y esto refleja el deterioro permanente que han tenido los bolsones.”
Con respecto a los medicamentos hace unos veinte días recibí un llamado de los jubilados de Arroyo Seco, cerca de Rosario, diciéndome que las farmacias no suministraban más medicamentos por falta de pago. Tenemos el problema de todos los jubilados del cordón industrial cercano a Rosario, que son derivados a esa ciudad porque no hay otros efectores.
Hablando de efectores, quiero referirme a la situación de PAMI I y PAMI II de Rosario, dos de los tres efectores públicos que tiene el PAMI, ya que tanto se habla del rol del Estado y de la importancia de lo estatal, que compartimos.
En Rosario los dos efectores del PAMI están siendo víctimas de una política de vaciamiento; tienen una gran cantidad de problemas edilicios, y hace poco el portal Rosario3 tituló: “Ascensor averiado de PAMI I casi parte al medio a una paciente”. También tengo infinidad de declaraciones de compañeros de ATE respecto a cómo se va reduciendo y tercerizando el servicio de ambulancias, el de diálisis, la centralización del servicio PAMI Escucha, la falta de personal. Es decir que efectores que son públicos van siendo vaciados a manos de efectores del sector privado. Hay bastantes ejemplos para ilustrar esta política de intervención y vaciamiento de PAMI I y PAMI II, efectores que para nosotros son ejemplos de lo que se debería hacer en el resto del país.
Somos absolutamente partícipes de la idea de que el servicio de salud, el derecho a la salud, debe ser garantizado por el Estado. Por eso, rechazamos esta política donde paulatinamente se van vaciando dos efectores, los cuales tienen el aval y la conformidad de los afiliados que en todo momento hablan del trato del cuerpo médico y de los trabajadores de una manera muy significativa.
Menciono todo esto porque esta moratoria implicará la inclusión dentro del sistema de salud de una gran cantidad de nuevos jubilados -en la zona Sur de Rosario, la 9ª Delegación, serán aproximadamente 16 mil- y nos planteamos el interrogante de cómo incorporarlos en una situación que desde nuestro punto de vista ya es bastante caótica.
Acompañamos este proyecto e insistimos en el 82 por ciento móvil de hecho, estamos acompañando la recolección de un millón de firmasy seguimos reclamando la normalización del PAMI, pilar esencial para su trasparencia, cosa que hoy dista de serlo. (Aplausos.)
Un diputado del oficialismo manifestó que esta medida implicará más dinero circulando en cada una de las provincias, como si eso fuera un síntoma de federalismo. Lo cierto es que tenemos otra concepción, ya que para nosotros el federalismo político se ejerce, en primer lugar, a través del federalismo económico. Esto está instituido por la Constitución Nacional.
Eso permite que una obra o una gestión no dependa de la mayor o menor suerte de tener como amigo o conocido a algún ministro o algún secretario.
Para nosotros el federalismo se convierte en realidad cuando cada provincia recibe lo que le corresponde porque lo manda la Constitución y no por una actitud generosa del Poder Ejecutivo de turno.
También se ha dicho que es necesario mantener una discusión profunda, integral y general, porque cada vez que apoyamos medidas de este tipo –que acompañamos, porque son inclusivasemerge otra realidad que es la que generalmente nos atropella todos los días.
Al respecto, me tengo que referir, por ejemplo, al Programa Probienestar, que vulgarmente se conoce como el de los bolsones alimentarios. A través de este programa hoy se asigna a cada beneficiario la suma de 136 pesos –los artículos se vienen reduciendo permanentementey no todos los jubilados que cobran la mínima acceden al bolsón. La verdad es que resulta bastante indigno ver la fila de jubilados que van a ver si sobra –entre comillasalgún bolsón para recibirlo.
Además, la Auditoría General de la Nación dijo textualmente en un informe sobre el programa: “Entre el momento de implementación del beneficio de complemento alimentario y el período auditado la cobertura del requerimiento calórico de alimentos secos y frescos contenidos en los bolsones disminuyó un 31,32 por ciento, y esto refleja el deterioro permanente que han tenido los bolsones.”
Con respecto a los medicamentos hace unos veinte días recibí un llamado de los jubilados de Arroyo Seco, cerca de Rosario, diciéndome que las farmacias no suministraban más medicamentos por falta de pago. Tenemos el problema de todos los jubilados del cordón industrial cercano a Rosario, que son derivados a esa ciudad porque no hay otros efectores.
Hablando de efectores, quiero referirme a la situación de PAMI I y PAMI II de Rosario, dos de los tres efectores públicos que tiene el PAMI, ya que tanto se habla del rol del Estado y de la importancia de lo estatal, que compartimos.
En Rosario los dos efectores del PAMI están siendo víctimas de una política de vaciamiento; tienen una gran cantidad de problemas edilicios, y hace poco el portal Rosario3 tituló: “Ascensor averiado de PAMI I casi parte al medio a una paciente”. También tengo infinidad de declaraciones de compañeros de ATE respecto a cómo se va reduciendo y tercerizando el servicio de ambulancias, el de diálisis, la centralización del servicio PAMI Escucha, la falta de personal. Es decir que efectores que son públicos van siendo vaciados a manos de efectores del sector privado. Hay bastantes ejemplos para ilustrar esta política de intervención y vaciamiento de PAMI I y PAMI II, efectores que para nosotros son ejemplos de lo que se debería hacer en el resto del país.
Somos absolutamente partícipes de la idea de que el servicio de salud, el derecho a la salud, debe ser garantizado por el Estado. Por eso, rechazamos esta política donde paulatinamente se van vaciando dos efectores, los cuales tienen el aval y la conformidad de los afiliados que en todo momento hablan del trato del cuerpo médico y de los trabajadores de una manera muy significativa.
Menciono todo esto porque esta moratoria implicará la inclusión dentro del sistema de salud de una gran cantidad de nuevos jubilados -en la zona Sur de Rosario, la 9ª Delegación, serán aproximadamente 16 mil- y nos planteamos el interrogante de cómo incorporarlos en una situación que desde nuestro punto de vista ya es bastante caótica.
Acompañamos este proyecto e insistimos en el 82 por ciento móvil de hecho, estamos acompañando la recolección de un millón de firmasy seguimos reclamando la normalización del PAMI, pilar esencial para su trasparencia, cosa que hoy dista de serlo. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra la señora diputada por San Luis, quien comparte su tiempo de veinte minutos con el señor diputado Aguilar.
SRA. BIANCHI, IVANA MARIA (SAN LUIS):
Señora presidenta: adelanto mi voto favorable a esta iniciativa que servirá para que cerca de 500 mil personas que se encuentran excluidas del sistema puedan acceder a una jubilación y tengan su tan ansiada obra social.
Como peronista y perteneciente a un espacio político de mi provincia, San Luis, que ha hecho de la justicia social una bandera de militancia, no sólo de palabras sino principalmente de obras, voy a celebrar y acompañar en este recinto todo proyecto que amplíe los derechos de las personas, especialmente cuando se trata de las más desprotegidas y vulnerables.
Celebro también el amplio consenso transversal y casi unánime con que se llevara adelante esta ley en el Senado y espero que también sea así en este recinto.
Celebro asimismo que hayan quedado atrás las épocas de los recortes a los jubilados.
Celebro que más de 5.000 sanluiseños puedan acceder a una jubilación a partir de la sanción de esta iniciativa que, a mi modo de ver, tiene diferencias con la anterior que me gustan mucho.
Una de ellas es que dispone examinar la situación patrimonial de las personas que quieren acceder a este beneficio. De esta manera, es posible minimizar situaciones que todos conocemos de personas con grandes ingresos que ciertamente no necesitan percibir un aporte jubilatorio. Además, evitamos que el objetivo de esta norma –favorecer a los más desprotegidosse aparte de su eje.
Celebro también que se permita a los beneficiarios percibir jubilación y pensión en el caso de que esta última sea inferior a 2.757 pesos, y la simplicidad con la que se pretende llevar adelante este proceso para evitar que los intermediarios se queden con una parte de los ingresos de dichos beneficiarios cuando cobran honorarios por trámites que son gratuitos.
La lucha por la justicia social está en mi ADN. Como peronista e hija de San Luis me veo obligada a expresar algunas situaciones que todavía se viven en nuestro país y que me duelen.
No puedo dejar de recordar a los trabajadores que aportaron durante toda su vida y que hoy ven negado el derecho a percibir el 82 por ciento móvil. Hoy estamos saldando una deuda con las personas que estuvieron excluidas del sistema, situación que resalta y pone más de manifiesto la deuda del Estado con quienes aportaron durante treinta años.
Por otra parte, es una cuestión de estricta justicia poner fin a los juicios iniciados por los jubilados que todavía tienen pendiente el cobro. Actualmente hay miles de pasivos que pese a tener una sentencia favorable del Poder Judicial, se encuentran en la situación de que este gobierno les niega la actualización de su jubilación. En ocasiones el pago de las sentencias se realizan a cuentagotas utilizando una perversa estrategia: al ser personas mayores de edad, la administración estira al máximo los plazos de pago. Entonces me pregunto: ¿qué esperan para pagarles? ¿Será que especulan con que la muerte se encargue de solucionar el problema?
Situaciones como la informalidad laboral, que crece día tras día en nuestro país, ponen de manifiesto la necesidad de disponer una moratoria.
Como peronistas debemos luchar para que se creen nuevos puestos de trabajo genuino que dignifiquen a los trabajadores y sus familias, para que no queden excluidos ni a merced del clientelismo político. Es necesario que avancemos en la plena vigencia de la cultura del trabajo.
Como decía el general Perón, en nuestro tiempo gobernar es crear trabajo.
Como peronista y perteneciente a un espacio político de mi provincia, San Luis, que ha hecho de la justicia social una bandera de militancia, no sólo de palabras sino principalmente de obras, voy a celebrar y acompañar en este recinto todo proyecto que amplíe los derechos de las personas, especialmente cuando se trata de las más desprotegidas y vulnerables.
Celebro también el amplio consenso transversal y casi unánime con que se llevara adelante esta ley en el Senado y espero que también sea así en este recinto.
Celebro asimismo que hayan quedado atrás las épocas de los recortes a los jubilados.
Celebro que más de 5.000 sanluiseños puedan acceder a una jubilación a partir de la sanción de esta iniciativa que, a mi modo de ver, tiene diferencias con la anterior que me gustan mucho.
Una de ellas es que dispone examinar la situación patrimonial de las personas que quieren acceder a este beneficio. De esta manera, es posible minimizar situaciones que todos conocemos de personas con grandes ingresos que ciertamente no necesitan percibir un aporte jubilatorio. Además, evitamos que el objetivo de esta norma –favorecer a los más desprotegidosse aparte de su eje.
Celebro también que se permita a los beneficiarios percibir jubilación y pensión en el caso de que esta última sea inferior a 2.757 pesos, y la simplicidad con la que se pretende llevar adelante este proceso para evitar que los intermediarios se queden con una parte de los ingresos de dichos beneficiarios cuando cobran honorarios por trámites que son gratuitos.
La lucha por la justicia social está en mi ADN. Como peronista e hija de San Luis me veo obligada a expresar algunas situaciones que todavía se viven en nuestro país y que me duelen.
No puedo dejar de recordar a los trabajadores que aportaron durante toda su vida y que hoy ven negado el derecho a percibir el 82 por ciento móvil. Hoy estamos saldando una deuda con las personas que estuvieron excluidas del sistema, situación que resalta y pone más de manifiesto la deuda del Estado con quienes aportaron durante treinta años.
Por otra parte, es una cuestión de estricta justicia poner fin a los juicios iniciados por los jubilados que todavía tienen pendiente el cobro. Actualmente hay miles de pasivos que pese a tener una sentencia favorable del Poder Judicial, se encuentran en la situación de que este gobierno les niega la actualización de su jubilación. En ocasiones el pago de las sentencias se realizan a cuentagotas utilizando una perversa estrategia: al ser personas mayores de edad, la administración estira al máximo los plazos de pago. Entonces me pregunto: ¿qué esperan para pagarles? ¿Será que especulan con que la muerte se encargue de solucionar el problema?
Situaciones como la informalidad laboral, que crece día tras día en nuestro país, ponen de manifiesto la necesidad de disponer una moratoria.
Como peronistas debemos luchar para que se creen nuevos puestos de trabajo genuino que dignifiquen a los trabajadores y sus familias, para que no queden excluidos ni a merced del clientelismo político. Es necesario que avancemos en la plena vigencia de la cultura del trabajo.
Como decía el general Perón, en nuestro tiempo gobernar es crear trabajo.
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.
SR. AGUILAR, LINO WALTER (SAN LUIS):
Señora presidenta: todos coincidimos en que este es un proyecto justo y digno de ser acompañado con nuestro voto. Asimismo, todos estamos de acuerdo en que debemos seguir trabajando para mejorar el sistema previsional.
Con esta iniciativa se reconoce el esfuerzo de una gran cantidad de ciudadanos que trabajaron durante años pero que, por faltarles aportes, se ven impedidos de acceder a una jubilación; también se contempla la situación de quienes trabajaron en la informalidad con empleadores que no efectuaron los aportes necesarios y que ahora, habiendo alcanzado la edad para jubilarse, se encuentran con que no pueden hacerlo.
Más allá de lo manifestado, debemos tener en cuenta que hay casos en que el Estado pareciera haberse olvidado de nuestros jubilados. Al decir esto pienso, por ejemplo, en la pobre prestación que en ocasiones ofrece el PAMI. Todos sabemos porque lo vemos a diario que no hay estructura para la atención de los abuelos. Faltan medicamentos, equipos de diagnóstico e insumos. Las prótesis no se proveen oportunamente. Transcurre mucho tiempo entre el momento en que se solicita un turno y se presta la debida atención a los jubilados; esto no es algo nuevo.
Tampoco debemos culpar solamente al gobierno actual. Esta es una deuda que se mantiene con los adultos mayores desde hace décadas y frente a la cual no podemos hacer la vista gorda.
El proyecto de ley en consideración permitirá la incorporación de más beneficiarios en el sistema de salud del PAMI. ¿Creen que podrán solventarlos? A esto se debe sumar algo que no podemos dejar de mencionar, que es la situación en que se encuentran cientos de miles de jubilados que se ven obligados a iniciar reclamos judiciales al Estado por la mala liquidación o la desactualización de sus haberes previsionales. Ni qué hablar de aquellos que ya cuentan con sentencias firmes por las cuales se les reconocen sus derechos pero el Estado demora para efectuar el pago correspondiente.
Considero que estas medidas son justas y contribuyen en tanto y en cuanto se destinen exclusivamente a aquellas personas que realmente las necesitan, toda vez que si bien se están ampliando derechos se está poniendo en igualdad de condiciones a quienes durante su vida laboral efectuaron aportes al sistema previsional y a quienes no los realizaron. Consecuentemente, considero oportuna la incorporación del estudio socioambiental.
Por las razones expuestas nuestro bloque acompañará el proyecto en consideración, pero solicitando que el gobierno nacional contemple estas cuestiones, que no son más que propuestas para brindar menos disgustos y una mejor calidad de vida y mayor felicidad a nuestros abuelos. (Aplausos.)
Con esta iniciativa se reconoce el esfuerzo de una gran cantidad de ciudadanos que trabajaron durante años pero que, por faltarles aportes, se ven impedidos de acceder a una jubilación; también se contempla la situación de quienes trabajaron en la informalidad con empleadores que no efectuaron los aportes necesarios y que ahora, habiendo alcanzado la edad para jubilarse, se encuentran con que no pueden hacerlo.
Más allá de lo manifestado, debemos tener en cuenta que hay casos en que el Estado pareciera haberse olvidado de nuestros jubilados. Al decir esto pienso, por ejemplo, en la pobre prestación que en ocasiones ofrece el PAMI. Todos sabemos porque lo vemos a diario que no hay estructura para la atención de los abuelos. Faltan medicamentos, equipos de diagnóstico e insumos. Las prótesis no se proveen oportunamente. Transcurre mucho tiempo entre el momento en que se solicita un turno y se presta la debida atención a los jubilados; esto no es algo nuevo.
Tampoco debemos culpar solamente al gobierno actual. Esta es una deuda que se mantiene con los adultos mayores desde hace décadas y frente a la cual no podemos hacer la vista gorda.
El proyecto de ley en consideración permitirá la incorporación de más beneficiarios en el sistema de salud del PAMI. ¿Creen que podrán solventarlos? A esto se debe sumar algo que no podemos dejar de mencionar, que es la situación en que se encuentran cientos de miles de jubilados que se ven obligados a iniciar reclamos judiciales al Estado por la mala liquidación o la desactualización de sus haberes previsionales. Ni qué hablar de aquellos que ya cuentan con sentencias firmes por las cuales se les reconocen sus derechos pero el Estado demora para efectuar el pago correspondiente.
Considero que estas medidas son justas y contribuyen en tanto y en cuanto se destinen exclusivamente a aquellas personas que realmente las necesitan, toda vez que si bien se están ampliando derechos se está poniendo en igualdad de condiciones a quienes durante su vida laboral efectuaron aportes al sistema previsional y a quienes no los realizaron. Consecuentemente, considero oportuna la incorporación del estudio socioambiental.
Por las razones expuestas nuestro bloque acompañará el proyecto en consideración, pero solicitando que el gobierno nacional contemple estas cuestiones, que no son más que propuestas para brindar menos disgustos y una mejor calidad de vida y mayor felicidad a nuestros abuelos. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR. HELLER, CARLOS SALOMON (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señora presidenta: estamos considerando un tema que a mi juicio es sumamente sensible. Aunque ya se ha expresado, creo que resulta interesante insistir en la comparación con las situaciones preexistentes y los escenarios que tenemos que analizar hoy.
En la época en que la mano invisible del mercado fijaba las reglas –no hace tanto, porque fue a comienzos del siglo XXI- el 21,5 por ciento de la población argentina estaba desempleada, casi el 50 por ciento de los trabajadores no realizaban aportes, el 53 por ciento de los habitantes de nuestro país se encontraba por debajo de la línea de pobreza, etcétera.
Creo que dentro del conjunto de las políticas que se llevaron a cabo a partir de 2003 podemos ubicar en un lugar destacado la correspondiente a la implementación del Plan de Inclusión Previsional del año 2005, efectuado a través de la ley 25.994 y del decreto 1.454, que permitió que 2.701.933 adultos mayores –prefiero esta denominación en lugar de la de ancianos que ha utilizado algún señor diputado preopinante y que me parece poco feliz- pudieran ejercer sus derechos a la seguridad social financiando el monto previsional adeudado hasta en sesenta cuotas, descontadas mensualmente de sus haberes jubilatorios y luego del pago de la primera cuota.
Esta reforma permitió elevar en pocos años la tasa de cobertura previsional en un 30 por ciento. Dicha tasa, que en 2002 era del 63,6 por ciento, en 2013 pasó a ser del 93,8 por ciento. Se trató efectivamente de un cambio más que significativo.
La cobertura previsional de los adultos mayores que, como dijimos hoy, ya está en el 93,8 por ciento, es una de las marcas más altas de inclusión a nivel mundial. Sin embargo, el Poder Ejecutivo nacional nos ha remitido este proyecto que estamos analizando para ampliar los beneficios de la inclusión previsional a fin de que la cobertura para los adultos mayores sea prácticamente universal.
Solo un gobierno verdaderamente preocupado por la situación social y la inclusión toma este tipo de iniciativas que no solo están inspiradas en cuestiones de equidad sino que se adoptan con el profundo convencimiento de que estas políticas tienen además un impacto altamente positivo para toda la economía al dinamizar la demanda y por lo tanto la producción y el empleo. No se trata de un dato menor en momentos en los que en el mundo entero vemos a diario anuncios de políticas de ajuste que van exactamente en la dirección contraria de iniciativas como ésta.
Existen claros signos mundiales de desaceleración económica, y las recetas clásicas de aquellos que creen en el mercado siempre pasan por los mismos lugares: ajuste del gasto, disminución del empleo público, privatizaciones, etcétera.
En estos últimos años en la Argentina se hace lo contrario: cada vez que tenemos una situación de cierto amesetamiento en la economía invariablemente se adoptan políticas contracíclicas y aparecen los planes de vivienda o para comprar autos y distintas iniciativas destinadas a cubrir un doble propósito: resolver una necesidad insatisfecha, un derecho no atendido, y al mismo tiempo actuar como elementos dinamizadores para la actividad económica con un claro sentido contracíclico.
El proyecto de ley que estamos tratando constituye una moratoria y está muy lejos de ser una condonación de deuda, como se sostuvo en algunas intervenciones, dando a entender incluso que era una suerte de prebenda u obsequio que se hacía a quienes no habían cumplido con sus obligaciones previsionales.
Esta es una regularización de deuda que requiere que quienes accedan a ella cumplan una serie de requisitos. Además deberán pagar en planes de hasta 60 cuotas una tasa de interés, y la cuota será ajustada con la movilidad jubilatoria. Así se corrige un defecto que tal vez tuvo la moratoria anterior, que de alguna manera creaba una cierta desfinanciación del sistema. Al ajustar la cuota por el mismo coeficiente de la movilidad jubilatoria en modo alguno esta moratoria desfinancia el sistema, todo lo contrario.
Quienes están en condiciones de jubilarse al día de la fecha más aquellos que lo pueden hacer en los próximos dos años en general son víctimas de la década de los 90, de distintas situaciones de irregularidad y etapas de alta desocupación, y este proyecto viene a actualizar las posibilidades de inclusión de estos adultos mayores. Como todas las políticas sociales, tendrá costos, pero están absolutamente justificados por la inclusión que se concreta.
Esta medida está en el marco del conjunto de las políticas que apuntan a la mejora de la distribución del ingreso y constituye una de las herramientas más potentes para el logro de ese objetivo. Pero también es esencial –y reiteroconsiderar que buena parte de estas erogaciones de la moratoria y de las nuevas prestaciones previsionales que surjan, serán compensadas con un mayor consumo de los nuevos jubilados y pensionados, mayor demanda de los productos y servicios producidos por las empresas que generan esos productos y servicios, y por ende, mayores posibilidades de trabajo y mayores ingresos previsionales y fiscales.
Es decir que es una medida que mirémosla por donde la miremos entra en el circuito virtuoso de las medidas ya que sus efectos potencian la actividad económica y generan recursos para hacerla autosustentable.
Queda absolutamente claro que con esto no alcanza, que hay que seguir trabajando –como acá se ha dichoen la reducción del empleo no registrado, que dicho sea de paso no es ya del 40 por ciento, sino que está ligeramente por encima del 30, 32, 33 por ciento según las informaciones que se conocen.
Se ha avanzado aunque insuficientemente, porque es una asignatura pendiente importante. Hay que seguir dando la batalla por el trabajo registrado, pero hay que destacar que las distintas medidas que se han venido tomando están orientadas hacia ese objetivo.
Sin ir más lejos, la reciente implementación del programa ProEmplear no sólo apunta a la protección del empleo, sino que promueve la creación de empleos registrados, facilitando la inserción laboral. En este Congreso hemos aprobado muchas leyes destinadas a reducir el empleo no registrado en los sectores en los que éste se encuentra más difundido.
Podemos mencionar el régimen del trabajo agrario. A veces uno se sorprende al ver dirigentes sindicales que se opusieron a la ley de defensa del trabajo agrario para incluir a los trabajadores rurales, pero que marchan por el impuesto a las ganancias.
También la ley del régimen especial del contrato de trabajo para el personal de casas particulares; la ley de prohibición del trabajo infantil; la protección del trabajo adolescente; la ley que instala en el Código Penal la prisión por utilización del trabajo infantil; o la última, la 26.940, de promoción del trabajo registrado y prevención del fraude laboral.
Todas han sido iniciativas que este Congreso ha convertido en leyes y ahora se debe trabajar para que logren los resultados que perseguían al ser planteadas.
Son todos avances hacia una política de inclusión y mejora de la dignidad ya que todas apuntan a mejorar la distribución del ingreso. Son un paso más en una tarea que sabemos ardua y compleja que este gobierno y este Parlamento han venido llevando a cabo mediante la aprobación de una legislación adecuada, y habrá que seguir mejorándola con otros proyectos que vayan en la misma dirección, para llegar a conseguir nuestra aspiración: que ningún habitante de nuestro suelo se vea afectado por el flagelo de la pobreza o de la indigencia.
Como este es uno de los objetivos que perseguimos como fuerza política desde nuestro espacio, el Frente Nuevo Encuentro, vamos a votar positivamente este proyecto de ley que extiende los beneficios de la inclusión previsional.
En la época en que la mano invisible del mercado fijaba las reglas –no hace tanto, porque fue a comienzos del siglo XXI- el 21,5 por ciento de la población argentina estaba desempleada, casi el 50 por ciento de los trabajadores no realizaban aportes, el 53 por ciento de los habitantes de nuestro país se encontraba por debajo de la línea de pobreza, etcétera.
Creo que dentro del conjunto de las políticas que se llevaron a cabo a partir de 2003 podemos ubicar en un lugar destacado la correspondiente a la implementación del Plan de Inclusión Previsional del año 2005, efectuado a través de la ley 25.994 y del decreto 1.454, que permitió que 2.701.933 adultos mayores –prefiero esta denominación en lugar de la de ancianos que ha utilizado algún señor diputado preopinante y que me parece poco feliz- pudieran ejercer sus derechos a la seguridad social financiando el monto previsional adeudado hasta en sesenta cuotas, descontadas mensualmente de sus haberes jubilatorios y luego del pago de la primera cuota.
Esta reforma permitió elevar en pocos años la tasa de cobertura previsional en un 30 por ciento. Dicha tasa, que en 2002 era del 63,6 por ciento, en 2013 pasó a ser del 93,8 por ciento. Se trató efectivamente de un cambio más que significativo.
La cobertura previsional de los adultos mayores que, como dijimos hoy, ya está en el 93,8 por ciento, es una de las marcas más altas de inclusión a nivel mundial. Sin embargo, el Poder Ejecutivo nacional nos ha remitido este proyecto que estamos analizando para ampliar los beneficios de la inclusión previsional a fin de que la cobertura para los adultos mayores sea prácticamente universal.
Solo un gobierno verdaderamente preocupado por la situación social y la inclusión toma este tipo de iniciativas que no solo están inspiradas en cuestiones de equidad sino que se adoptan con el profundo convencimiento de que estas políticas tienen además un impacto altamente positivo para toda la economía al dinamizar la demanda y por lo tanto la producción y el empleo. No se trata de un dato menor en momentos en los que en el mundo entero vemos a diario anuncios de políticas de ajuste que van exactamente en la dirección contraria de iniciativas como ésta.
Existen claros signos mundiales de desaceleración económica, y las recetas clásicas de aquellos que creen en el mercado siempre pasan por los mismos lugares: ajuste del gasto, disminución del empleo público, privatizaciones, etcétera.
En estos últimos años en la Argentina se hace lo contrario: cada vez que tenemos una situación de cierto amesetamiento en la economía invariablemente se adoptan políticas contracíclicas y aparecen los planes de vivienda o para comprar autos y distintas iniciativas destinadas a cubrir un doble propósito: resolver una necesidad insatisfecha, un derecho no atendido, y al mismo tiempo actuar como elementos dinamizadores para la actividad económica con un claro sentido contracíclico.
El proyecto de ley que estamos tratando constituye una moratoria y está muy lejos de ser una condonación de deuda, como se sostuvo en algunas intervenciones, dando a entender incluso que era una suerte de prebenda u obsequio que se hacía a quienes no habían cumplido con sus obligaciones previsionales.
Esta es una regularización de deuda que requiere que quienes accedan a ella cumplan una serie de requisitos. Además deberán pagar en planes de hasta 60 cuotas una tasa de interés, y la cuota será ajustada con la movilidad jubilatoria. Así se corrige un defecto que tal vez tuvo la moratoria anterior, que de alguna manera creaba una cierta desfinanciación del sistema. Al ajustar la cuota por el mismo coeficiente de la movilidad jubilatoria en modo alguno esta moratoria desfinancia el sistema, todo lo contrario.
Quienes están en condiciones de jubilarse al día de la fecha más aquellos que lo pueden hacer en los próximos dos años en general son víctimas de la década de los 90, de distintas situaciones de irregularidad y etapas de alta desocupación, y este proyecto viene a actualizar las posibilidades de inclusión de estos adultos mayores. Como todas las políticas sociales, tendrá costos, pero están absolutamente justificados por la inclusión que se concreta.
Esta medida está en el marco del conjunto de las políticas que apuntan a la mejora de la distribución del ingreso y constituye una de las herramientas más potentes para el logro de ese objetivo. Pero también es esencial –y reiteroconsiderar que buena parte de estas erogaciones de la moratoria y de las nuevas prestaciones previsionales que surjan, serán compensadas con un mayor consumo de los nuevos jubilados y pensionados, mayor demanda de los productos y servicios producidos por las empresas que generan esos productos y servicios, y por ende, mayores posibilidades de trabajo y mayores ingresos previsionales y fiscales.
Es decir que es una medida que mirémosla por donde la miremos entra en el circuito virtuoso de las medidas ya que sus efectos potencian la actividad económica y generan recursos para hacerla autosustentable.
Queda absolutamente claro que con esto no alcanza, que hay que seguir trabajando –como acá se ha dichoen la reducción del empleo no registrado, que dicho sea de paso no es ya del 40 por ciento, sino que está ligeramente por encima del 30, 32, 33 por ciento según las informaciones que se conocen.
Se ha avanzado aunque insuficientemente, porque es una asignatura pendiente importante. Hay que seguir dando la batalla por el trabajo registrado, pero hay que destacar que las distintas medidas que se han venido tomando están orientadas hacia ese objetivo.
Sin ir más lejos, la reciente implementación del programa ProEmplear no sólo apunta a la protección del empleo, sino que promueve la creación de empleos registrados, facilitando la inserción laboral. En este Congreso hemos aprobado muchas leyes destinadas a reducir el empleo no registrado en los sectores en los que éste se encuentra más difundido.
Podemos mencionar el régimen del trabajo agrario. A veces uno se sorprende al ver dirigentes sindicales que se opusieron a la ley de defensa del trabajo agrario para incluir a los trabajadores rurales, pero que marchan por el impuesto a las ganancias.
También la ley del régimen especial del contrato de trabajo para el personal de casas particulares; la ley de prohibición del trabajo infantil; la protección del trabajo adolescente; la ley que instala en el Código Penal la prisión por utilización del trabajo infantil; o la última, la 26.940, de promoción del trabajo registrado y prevención del fraude laboral.
Todas han sido iniciativas que este Congreso ha convertido en leyes y ahora se debe trabajar para que logren los resultados que perseguían al ser planteadas.
Son todos avances hacia una política de inclusión y mejora de la dignidad ya que todas apuntan a mejorar la distribución del ingreso. Son un paso más en una tarea que sabemos ardua y compleja que este gobierno y este Parlamento han venido llevando a cabo mediante la aprobación de una legislación adecuada, y habrá que seguir mejorándola con otros proyectos que vayan en la misma dirección, para llegar a conseguir nuestra aspiración: que ningún habitante de nuestro suelo se vea afectado por el flagelo de la pobreza o de la indigencia.
Como este es uno de los objetivos que perseguimos como fuerza política desde nuestro espacio, el Frente Nuevo Encuentro, vamos a votar positivamente este proyecto de ley que extiende los beneficios de la inclusión previsional.
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR. LOZANO, CLAUDIO RAUL (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señora presidenta: desde nuestro bloque Unidad Popular vamos a acompañar esta iniciativa por el simple hecho de que supone reconocer un derecho que hoy algunos no tienen. Por esa simple razón merece nuestro voto en general de carácter positivo.
Esto se hace en el marco de una movilización que se está desarrollando y que está por llegar aquí, al Parlamento nacional, y en las vísperas de un paro nacional que involucra a millones de trabajadores, que además de plantear los reclamos vinculados al empleo y al salario, también plantean la cuestión de las urgencias que siguen existiendo en el sistema previsional argentino. No podemos acompañar esta iniciativa sin señalar cosas que debemos tener en cuenta. Son las que definen la razón por la cual vamos a aprobar el proyecto en general, a pesar de que tenemos discrepancias con algunos de los criterios que este iniciativa tiene.
Lo primero que queremos decir es que esta moratoria –al igual que la anterior, más allá del efecto positivo que supone reconocer derechos a quienes no los tienen, sigue siendo un nuevo parche para una cuestión que parece no querer reconocerse: la conflictiva relación entre mantener un sistema previsional de base contributiva en el contexto de un mercado laboral, donde la precariedad, la ilegalidad y la informalidad prácticamente involucran a la mitad de la población trabajadora.
En ese sentido, no estamos resolviendo la cuestión laboral para que exista una diferente en la que prime la idea de un sistema contributivo ni tampoco estamos adaptando el sistema previsional a las condiciones vigentes en el mundo laboral argentino.
Por lo tanto, la moratoria viene a tratar de emparchar algo que no termina de cerrar. Lo que sí queremos decir es que en este sentido compartimos e impulsamos la idea de que este Parlamento se abra a la discusión de una verdadera reforma previsional. Es algo que necesita la Argentina y un compromiso que asumimos en el mismo momento en que se produjo la reestatización del sistema previsional y que nunca concluyó.
Hoy existen proyectos presentados en el Parlamento nacional que son importantes. Plantean la necesidad de la reforma integral del sistema y fueron presentados por las propias organizaciones de jubilados. Ellos hoy están recabando un millón de firmas para que este Parlamento se aboque a la discusión del tema, a pesar de que sigue durmiendo el sueño de los justos en el ámbito de las comisiones respectivas.
Para nosotros se trata de una deuda pendiente y una imperiosa necesidad el hecho de que se dejen de poner parches para que se llegue a una discusión en serio y una reforma integral del sistema previsional.
Por otro lado, queremos señalar que en un contexto en el que prima la precariedad, la ilegalidad y la informalidad, la idea de que alguien pueda demostrar treinta años de aportes muchas veces se transforma en una verdadera quimera. Por lo tanto, este hecho hace que una y otra vez, después de que cada moratoria suba la cobertura previsional, lo que termine pasando sea que paulatinamente esa cobertura vuelva a bajar. Esto lo digo porque se van presentando casos que no logran demostrar los treinta años de servicios.
Consecuentemente, lo que ocurrió con la moratoria pasada fue que aumentó la cobertura pero en los últimos tres años –como lo demuestran las propias cifras del sistema previsionalexistió una tendencia declinante de la prestación que es lo que explica la necesidad de volver a colocar un nuevo parche.
La verdad es que lo que deberíamos hacer es debatir una nueva norma que contenga una estrategia previsional en la Argentina. ¿Por qué? Porque cada vez que tenemos que volver a recurrir a una nueva moratoria que pone en discusión la posibilidad concreta de contar con el financiamiento para llevarla adelante, el resultado es que se incorporan jubilados que van a percibir menos que la mínima. Es decir, van a tener una jubilación inferior a la mínima lo que va a significar que tengan problemas adquisitivos graves. De esta forma, también vamos a estar afectando el financiamiento del sistema general y, por lo tanto, la posibilidad de actualización de los haberes que poseen los jubilados que hoy cobran.
Esto ya se observa en el sistema previsional de nuestro país. Por eso no hay que asombrarse de que los jubilados, sus organizaciones y los trabajadores nos traigan petitorios reclamando cuestiones de orden urgente. Ello, porque con los instrumentos que tenemos, en un contexto en el que la inflación se ha ubicado en torno del 40 por ciento anual, la Ley de Movilidad Jubilatoria ha garantizado, septiembre contra septiembre, un aumento del 29,13 por ciento, con lo cual claramente hay un retraso del poder adquisitivo de las jubilaciones.
En septiembre de 2014 las jubilaciones se ubican, en cuanto a poder adquisitivo real, 7 puntos por debajo en relación con septiembre del año anterior. Por su parte, en febrero de 2015, esto es, antes del próximo aumento, van a estar un 17 por ciento por debajo, si no decidimos un aumento de emergencia que compense la situación, que es uno de los reclamos que trae la marcha que está llegando al Congreso.
Es más: la realidad nos indica que los 3.232 pesos del haber mínimo actual versus la canasta para la tercera edad, que es de 6.560 pesos, implica que solo estamos cubriendo el 49 por ciento de lo que necesitaría un jubilado para vivir en la Argentina.
Cabe señalar además que en ese contexto el Estado está incumpliendo con su obligación de pagar aquellas sentencias que pierde.
El tercer punto que quiero señalar tiene que ver con que este proyecto presenta una contradicción de base. Por un lado, sus fundamentos señalan: “Al igual que con el lanzamiento del Plan de Inclusión Previsional en el año 2005, el objetivo de esta medida es brindar un reconocimiento al esfuerzo y el trabajo de millones de trabajadores argentinos que, mayoritariamente, por motivos ajenos a su voluntad…” -recalco: motivos ajenos a su voluntad- “...se vieron impedidos de cumplir con los requisitos exigidos para contar con una jubilación en su vejez.”
Si se vieron impedidos por motivos ajenos a su voluntad, no tiene ningún sentido plantear que esos trabajadores tienen que asumir una deuda y que como contrapartida tienen que cobrar menos que el haber mínimo o que el monto que les correspondería. Aquí hay una cuestión contradictoria que transforma en responsable al trabajador que tiene dificultades para demostrar los años de aporte, porque el mundo laboral y el régimen vigente de la Argentina lo impiden, y en lugar de resolverle la situación lo transformamos en deudor y en perceptor de un haber jubilatorio inferior al propio haber mínimo vigente.
El cuarto punto que queremos señalar y que también nos parece preocupante es la situación de quien tiene que afrontar el pago del haber jubilatorio, que es la ANSES. Digo esto porque cuando hoy uno mira las cuentas de la Administración Nacional de la Seguridad Social se encuentra con que el superávit que tienen está conformado exclusivamente por los intereses que le transfiere el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En la práctica esos intereses no se cobran y se transforman en un nuevo bono que va a parar a más del 60 por ciento de la participación en los activos de ese fondo de garantía. Es decir que son letras del Tesoro que la ANSES no cobra.
Con esto quiero decir que en realidad en la ANSES no hay recursos para afrontar esto, y por lo tanto dejarlo en este contexto implicaría la posibilidad de debilitar el financiamiento del sistema previsional actual.
Por ende, nosotros vamos a apoyar en general este proyecto y vamos a rechazar aquellos artículos donde se coloca al trabajador como deudor cuando no es responsable por no haber aportado al sistema. También vamos a cuestionar el artículo en el que no hay ningún criterio de universalidad porque se establece que habrá algunos parámetros –que no se sabe cuáles son- para definir quiénes pueden acceder a este beneficio y quiénes no.
Asimismo queremos ratificar que este Parlamento y este gobierno deberían ayudar a encarar de una vez por todas una reforma de carácter integral del sistema previsional, lo cual implica establecer un tramo de acceso universal financiado por Rentas Generales, que permita que todo aquel que no pueda demostrar los 30 años, al llegar a la edad de 60 o 65 tenga acceso inmediato al haber mínimo.
En segundo lugar, que exista un tramo contributivo donde en función de los aportes se establezca la liquidación del haber, dejando abierta la posibilidad de un tramo optativo de carácter voluntario de capitalización individual.
La reforma integral del sistema es absolutamente indispensable y hay que terminar con parches que no nos llevan por buen camino. La ANSES tenía recursos y superávit genuinos a comienzo de la década, pero actualmente no hay más superávit genuino en sus fondos.
Esto se hace en el marco de una movilización que se está desarrollando y que está por llegar aquí, al Parlamento nacional, y en las vísperas de un paro nacional que involucra a millones de trabajadores, que además de plantear los reclamos vinculados al empleo y al salario, también plantean la cuestión de las urgencias que siguen existiendo en el sistema previsional argentino. No podemos acompañar esta iniciativa sin señalar cosas que debemos tener en cuenta. Son las que definen la razón por la cual vamos a aprobar el proyecto en general, a pesar de que tenemos discrepancias con algunos de los criterios que este iniciativa tiene.
Lo primero que queremos decir es que esta moratoria –al igual que la anterior, más allá del efecto positivo que supone reconocer derechos a quienes no los tienen, sigue siendo un nuevo parche para una cuestión que parece no querer reconocerse: la conflictiva relación entre mantener un sistema previsional de base contributiva en el contexto de un mercado laboral, donde la precariedad, la ilegalidad y la informalidad prácticamente involucran a la mitad de la población trabajadora.
En ese sentido, no estamos resolviendo la cuestión laboral para que exista una diferente en la que prime la idea de un sistema contributivo ni tampoco estamos adaptando el sistema previsional a las condiciones vigentes en el mundo laboral argentino.
Por lo tanto, la moratoria viene a tratar de emparchar algo que no termina de cerrar. Lo que sí queremos decir es que en este sentido compartimos e impulsamos la idea de que este Parlamento se abra a la discusión de una verdadera reforma previsional. Es algo que necesita la Argentina y un compromiso que asumimos en el mismo momento en que se produjo la reestatización del sistema previsional y que nunca concluyó.
Hoy existen proyectos presentados en el Parlamento nacional que son importantes. Plantean la necesidad de la reforma integral del sistema y fueron presentados por las propias organizaciones de jubilados. Ellos hoy están recabando un millón de firmas para que este Parlamento se aboque a la discusión del tema, a pesar de que sigue durmiendo el sueño de los justos en el ámbito de las comisiones respectivas.
Para nosotros se trata de una deuda pendiente y una imperiosa necesidad el hecho de que se dejen de poner parches para que se llegue a una discusión en serio y una reforma integral del sistema previsional.
Por otro lado, queremos señalar que en un contexto en el que prima la precariedad, la ilegalidad y la informalidad, la idea de que alguien pueda demostrar treinta años de aportes muchas veces se transforma en una verdadera quimera. Por lo tanto, este hecho hace que una y otra vez, después de que cada moratoria suba la cobertura previsional, lo que termine pasando sea que paulatinamente esa cobertura vuelva a bajar. Esto lo digo porque se van presentando casos que no logran demostrar los treinta años de servicios.
Consecuentemente, lo que ocurrió con la moratoria pasada fue que aumentó la cobertura pero en los últimos tres años –como lo demuestran las propias cifras del sistema previsionalexistió una tendencia declinante de la prestación que es lo que explica la necesidad de volver a colocar un nuevo parche.
La verdad es que lo que deberíamos hacer es debatir una nueva norma que contenga una estrategia previsional en la Argentina. ¿Por qué? Porque cada vez que tenemos que volver a recurrir a una nueva moratoria que pone en discusión la posibilidad concreta de contar con el financiamiento para llevarla adelante, el resultado es que se incorporan jubilados que van a percibir menos que la mínima. Es decir, van a tener una jubilación inferior a la mínima lo que va a significar que tengan problemas adquisitivos graves. De esta forma, también vamos a estar afectando el financiamiento del sistema general y, por lo tanto, la posibilidad de actualización de los haberes que poseen los jubilados que hoy cobran.
Esto ya se observa en el sistema previsional de nuestro país. Por eso no hay que asombrarse de que los jubilados, sus organizaciones y los trabajadores nos traigan petitorios reclamando cuestiones de orden urgente. Ello, porque con los instrumentos que tenemos, en un contexto en el que la inflación se ha ubicado en torno del 40 por ciento anual, la Ley de Movilidad Jubilatoria ha garantizado, septiembre contra septiembre, un aumento del 29,13 por ciento, con lo cual claramente hay un retraso del poder adquisitivo de las jubilaciones.
En septiembre de 2014 las jubilaciones se ubican, en cuanto a poder adquisitivo real, 7 puntos por debajo en relación con septiembre del año anterior. Por su parte, en febrero de 2015, esto es, antes del próximo aumento, van a estar un 17 por ciento por debajo, si no decidimos un aumento de emergencia que compense la situación, que es uno de los reclamos que trae la marcha que está llegando al Congreso.
Es más: la realidad nos indica que los 3.232 pesos del haber mínimo actual versus la canasta para la tercera edad, que es de 6.560 pesos, implica que solo estamos cubriendo el 49 por ciento de lo que necesitaría un jubilado para vivir en la Argentina.
Cabe señalar además que en ese contexto el Estado está incumpliendo con su obligación de pagar aquellas sentencias que pierde.
El tercer punto que quiero señalar tiene que ver con que este proyecto presenta una contradicción de base. Por un lado, sus fundamentos señalan: “Al igual que con el lanzamiento del Plan de Inclusión Previsional en el año 2005, el objetivo de esta medida es brindar un reconocimiento al esfuerzo y el trabajo de millones de trabajadores argentinos que, mayoritariamente, por motivos ajenos a su voluntad…” -recalco: motivos ajenos a su voluntad- “...se vieron impedidos de cumplir con los requisitos exigidos para contar con una jubilación en su vejez.”
Si se vieron impedidos por motivos ajenos a su voluntad, no tiene ningún sentido plantear que esos trabajadores tienen que asumir una deuda y que como contrapartida tienen que cobrar menos que el haber mínimo o que el monto que les correspondería. Aquí hay una cuestión contradictoria que transforma en responsable al trabajador que tiene dificultades para demostrar los años de aporte, porque el mundo laboral y el régimen vigente de la Argentina lo impiden, y en lugar de resolverle la situación lo transformamos en deudor y en perceptor de un haber jubilatorio inferior al propio haber mínimo vigente.
El cuarto punto que queremos señalar y que también nos parece preocupante es la situación de quien tiene que afrontar el pago del haber jubilatorio, que es la ANSES. Digo esto porque cuando hoy uno mira las cuentas de la Administración Nacional de la Seguridad Social se encuentra con que el superávit que tienen está conformado exclusivamente por los intereses que le transfiere el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En la práctica esos intereses no se cobran y se transforman en un nuevo bono que va a parar a más del 60 por ciento de la participación en los activos de ese fondo de garantía. Es decir que son letras del Tesoro que la ANSES no cobra.
Con esto quiero decir que en realidad en la ANSES no hay recursos para afrontar esto, y por lo tanto dejarlo en este contexto implicaría la posibilidad de debilitar el financiamiento del sistema previsional actual.
Por ende, nosotros vamos a apoyar en general este proyecto y vamos a rechazar aquellos artículos donde se coloca al trabajador como deudor cuando no es responsable por no haber aportado al sistema. También vamos a cuestionar el artículo en el que no hay ningún criterio de universalidad porque se establece que habrá algunos parámetros –que no se sabe cuáles son- para definir quiénes pueden acceder a este beneficio y quiénes no.
Asimismo queremos ratificar que este Parlamento y este gobierno deberían ayudar a encarar de una vez por todas una reforma de carácter integral del sistema previsional, lo cual implica establecer un tramo de acceso universal financiado por Rentas Generales, que permita que todo aquel que no pueda demostrar los 30 años, al llegar a la edad de 60 o 65 tenga acceso inmediato al haber mínimo.
En segundo lugar, que exista un tramo contributivo donde en función de los aportes se establezca la liquidación del haber, dejando abierta la posibilidad de un tramo optativo de carácter voluntario de capitalización individual.
La reforma integral del sistema es absolutamente indispensable y hay que terminar con parches que no nos llevan por buen camino. La ANSES tenía recursos y superávit genuinos a comienzo de la década, pero actualmente no hay más superávit genuino en sus fondos.
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra la señora diputada por Neuquén.
SRA. VILLAR MOLINA, MARIA INES (NEUQUEN):
Señora presidenta: nuestro bloque va a aprobar este proyecto. Da gusto apoyar leyes que hacen bien a todos, y sobre todo a los más vulnerables.
Sabemos que el gobierno actual se está haciendo cargo de los mayores y por ese motivo –reitero- apoyamos esta iniciativa, porque beneficia a un sector muy vulnerable que tiene grandes necesidades y realmente se ha visto desposeído de derechos.
En la provincia que represento tenemos muchos casos que están comprendidos en esta ley. Además, a raíz del neoliberalismo y de las barbaridades que ocurrieron con las privatizaciones, mucha gente quedó en una situación tal que es joven para jubilarse y vieja para conseguir trabajo. A partir de esta iniciativa hay personas que, habiendo hecho algunos aportes, podrán verse beneficiadas y llegar a obtener una jubilación mínima.
Por lo tanto, en función de este beneplácito vamos a apoyar este proyecto porque efectivamente sí otorga beneficios a una franja poblacional vulnerable que realmente los necesita. Nuestro bloque ve con muy buenos ojos este tipo de proyectos de ley. (Aplausos.)
Sabemos que el gobierno actual se está haciendo cargo de los mayores y por ese motivo –reitero- apoyamos esta iniciativa, porque beneficia a un sector muy vulnerable que tiene grandes necesidades y realmente se ha visto desposeído de derechos.
En la provincia que represento tenemos muchos casos que están comprendidos en esta ley. Además, a raíz del neoliberalismo y de las barbaridades que ocurrieron con las privatizaciones, mucha gente quedó en una situación tal que es joven para jubilarse y vieja para conseguir trabajo. A partir de esta iniciativa hay personas que, habiendo hecho algunos aportes, podrán verse beneficiadas y llegar a obtener una jubilación mínima.
Por lo tanto, en función de este beneplácito vamos a apoyar este proyecto porque efectivamente sí otorga beneficios a una franja poblacional vulnerable que realmente los necesita. Nuestro bloque ve con muy buenos ojos este tipo de proyectos de ley. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. PITROLA, NESTOR ANTONIO (BUENOS AIRES):
Señora presidenta: ante todo, quiero decir que estamos teniendo este debate en vísperas de un paro nacional que creo que va conmover al país. Mientras tanto, se está llevando a cabo una gran movilización que va a dirigirse a la Plaza del Congreso.
Además, nos han pedido entrevistas a distintos diputados de todos los bloques para entregarnos un petitorio, y vamos a concederlas. Dicho petitorio naturalmente incluye el tema jubilatorio, el reclamo de un aumento de emergencia inmediato a los jubilados y el 82 por ciento móvil, que aquí se ha mencionado en varias oportunidades.
Lo que estamos discutiendo no es ajeno a este reclamo ni a ninguna de las reivindicaciones que persigue este paro nacional por el deterioro del mercado laboral, por los despidos, por las suspensiones, por el trabajo en negro y por la precariedad laboral.
De alguna manera, estamos discutiendo un beneficio para 500 mil personas. Vamos a votar favorablemente pero en disidencia, tal como ya lo hicimos en la comisión. Aclaro que obra en poder de la Presidencia el texto de los artículos que vamos a votar en disidencia, y voy a proceder a fundamentarlos.
Esencialmente, estamos discutiendo un beneficio para 500 mil personas a través de una ley que no quisiéramos estar analizando, porque el problema de fondo que nos lleva a este parche en el sistema previsional es incluir a tanta gente de un período que está fuera del sistema jubilatorio.
En la medida en que se prolongue esta realidad de que un tercio de la clase trabajadora argentina esté informalizado o en negro, cabe preguntarse si esta situación va a prolongarse y habrá que seguir apelando a este tipo de resoluciones o de normas que lo único que hacen es emparchar el sistema previsional. Esto es así, y mal que pese es la herencia de la década.
Ese tercio de trabajadores en negro llevará a que después del año 2003 debamos afrontar nuevamente esta situación, que seguramente se agravará. Ya no hay debate acerca de la delicada situación que genera la desocupación. Según el propio INDEC existen 190 mil despedidos, y 200 mil personas que han dejado de buscar trabajo, lo que impulsa a la desocupación a un real 10 por ciento.
Según la CGT opositora, convocante del paro de mañana, que en algún tiempo fuera la columna vertebral del kirchnerismo, la desocupación bien vista está en el 20 por ciento, porque incluye la desocupación a través de los planes sociales que no tienen aportes sociales ni jubilatorios. Naturalmente, formarán parte de la legión de personas que en el futuro no contarán con el beneficio jubilatorio. Es decir que los problemas que venimos a resolver hoy tienen una fuente de reproducción en la realidad argentina de características gigantescas.
En el plenario de las comisiones al que asistió el titular de la ANSES fijamos nuestra posición, que deseo destacar. Evidentemente, tiene que ver con el trabajo en negro, pero vamos a profundizar el tema.
Oportunamente, cuando se discutió la ley de rebajas de aportes patronales, de incentivo al empresario para formalizar o tomar trabajadores, de cuño noventista, que nunca ha dado resultado, porque hoy con la ley se producen más despidos que antes, elaboramos un dictamen de minoría que presentamos bajo la forma de ley.
El problema del trabajo en negro es un mecanismo brutal para extraer una plusvalía a ese trabajador, porque no tiene derechos ni convenciones colectivas y sí tiene los salarios promedio más bajos del mercado, por lo cual tampoco cuenta con los derechos jubilatorios que hoy estamos tratando de reparar de alguna manera.
Así fue como presentamos como proyecto de ley un cuerpo legal que establece una forma de estabilidad laboral y de organización sindical de todos los trabajadores informales que notifiquen su situación.
El problema de la informalidad depende de la voluntad del poder político y de su naturaleza social y económica que lleva adelante el Estado. No podemos seguir quejándonos indefinidamente de que un tercio de la economía está informalizada y, al mismo tiempo, tenemos impactado un sistema jubilatorio que no tiene futuro ni resolución en estas condiciones.
Quiero referirme puntualmente a este tema para defender un aspecto que considero absolutamente clave. Nuestro concepto sobre el problema jubilatorio es el que llevó a grandes conquistas del movimiento obrero. Me refiero a la gran conquista del sistema jubilatorio que llevó muchas luchas y etapas históricas, a la gran huelga de 1924 y al período en el que se generalizaron las cajas jubilatorios después del 45. Me refiero al concepto –algunos legisladores lo mencionaron en su intervenciónde que la jubilación es un salario diferido.
Acá existe la idea de que por la modernización esta es una discusión que mantuve en el seno de la comisión con el titular de la ANSES y con algunos integrantes de la oposición presentes en la Cámarala jubilación ya no se puede considerar como parte del salario o como resultado de los aportes, sino que tiene que ser un beneficio universal.
Esto es lo que denominamos como la mundialización del anticoncepto jubilatorio, que en realidad significa la implementación de una pensión asistencial para la ancianidad, porque se acabó la jubilación. Es como decir: “Démosles algo a los viejitos para que no se mueran de hambre, porque los sistemas jubilatorios ya no se pueden sostener en el mundo”.
Nosotros rechazamos de plano esa idea y sostenemos que las llamadas cargas sociales, que hoy algunos quieren denominar –especialmente desde los años 90, cuando se atacó vertebralmente el sistema jubilatoriocomo “impuestos al trabajo”, son un salario diferido que el trabajador se va ganando cada día de su vida. Obviamente que necesitamos una mayor formalización, aportes, que no haya evasión patronal y varias cosas más que luego voy a detallar.
Ese es el concepto de fondo que nosotros queremos defender contra la idea de que estamos en la supermodernidad y en la universalización de la asistencia social a la vejez.
A partir de ese concepto de la modernización están siendo atacados los fondos de pensión en todo el mundo. Esa es la realidad. Sin embargo, no podemos confundir esa situación con el problema de los cálculos actuariales, con el argumento de que no cierran los números y todo lo demás que aquí se ha dicho. Lo cierto es que estamos viviendo una enorme crisis financiera del capitalismo mundial, por lo que los fondos de pensión son un auténtico bocatto di cardinale que los ponen en la mira de la banca y de los Estados que salieron a rescatar a la banca quebrada.
Tengamos en cuenta que cuando sobrevino la crisis norteamericana y se produjeron los despidos en General Motors, lo primero que atacaron fueron los fondos de pensión de los trabajadores de esa compañía. Por eso considero que este es un ataque a los fondos de pensión con características estratégicas en el mundo. Lo digo porque aquí tenemos una ANSES que no escapa a la regla.
Nosotros estuvimos en contra de la privatización de los fondos jubilatorios y del sistema de AFJP, pero en el momento de su renacionalización, ese día y a la hora y fecha en que el presidente Néstor Kirchner anunció su decisión, señalamos que la plata de la ANSES no debía ser usada con otros fines y mucho menos para el rescate capitalista que se impulsa en gran parte del mundo.
Hoy nos encontramos con la realidad de que el 60 o el 65 por ciento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES está constituido por bonos de la deuda pública, por más que la presidenta diga que estamos desendeudados. Lo cierto es que no cuenta la deuda con la ANSES como deuda pública. ¡Arreglados estamos! Digo esto porque el Fondo de Garantía de Sustentabilidad poseería un “pagadios” y el Tesoro no tendría una deuda por todos esos bonos que han pasado de la banca acreedora internacional a nuestros jubilados. Esto quiere decir que tenemos una hipoteca sobre el futuro de los actuales trabajadores argentinos.
Aquí se habló de una revolución jubilatoria, pero en el Partido Obrero creemos que todavía no hemos salido de la contrarrevolución previsional de los años 90. Esta es la realidad, porque no se respeta el 82 por ciento móvil ni se reinstauraron las contribuciones patronales que se rebajaron en 1993.
Por estas razones nuestro voto está en disidencia con el artículo de la arbitrariedad en el otorgamiento, que aquí ya se criticó en forma masiva. También estamos en disidencia con el descuento al jubilado, porque se lo hace víctima de un sistema en el cual ya es la víctima; es una víctima por partida doble. Nosotros sostenemos otro tipo de haber; creemos que como mínimo la jubilación tiene que ser un 82 por ciento del salario promedio. Eso no es lo que estamos viviendo en la Argentina, a pesar del mal salario promedio que tenemos.
Vamos a votar a favor en general, y en particular con disidencia en los artículos 3°, 6°, 7° y 8°, tal como hemos expresado por escrito.
Nuestro voto y nuestra disidencia están en el camino de una Argentina con pleno empleo, una Argentina en blanco, una Argentina formalizada y una Argentina con el 82 por ciento. Sabemos que probablemente esto se consiga únicamente cuando los trabajadores gestionen la economía y el gobierno, pero vamos a luchar decididamente desde este recinto, y por supuesto con toda la sociedad argentina, para hacerlo realidad. (Aplausos.)
Además, nos han pedido entrevistas a distintos diputados de todos los bloques para entregarnos un petitorio, y vamos a concederlas. Dicho petitorio naturalmente incluye el tema jubilatorio, el reclamo de un aumento de emergencia inmediato a los jubilados y el 82 por ciento móvil, que aquí se ha mencionado en varias oportunidades.
Lo que estamos discutiendo no es ajeno a este reclamo ni a ninguna de las reivindicaciones que persigue este paro nacional por el deterioro del mercado laboral, por los despidos, por las suspensiones, por el trabajo en negro y por la precariedad laboral.
De alguna manera, estamos discutiendo un beneficio para 500 mil personas. Vamos a votar favorablemente pero en disidencia, tal como ya lo hicimos en la comisión. Aclaro que obra en poder de la Presidencia el texto de los artículos que vamos a votar en disidencia, y voy a proceder a fundamentarlos.
Esencialmente, estamos discutiendo un beneficio para 500 mil personas a través de una ley que no quisiéramos estar analizando, porque el problema de fondo que nos lleva a este parche en el sistema previsional es incluir a tanta gente de un período que está fuera del sistema jubilatorio.
En la medida en que se prolongue esta realidad de que un tercio de la clase trabajadora argentina esté informalizado o en negro, cabe preguntarse si esta situación va a prolongarse y habrá que seguir apelando a este tipo de resoluciones o de normas que lo único que hacen es emparchar el sistema previsional. Esto es así, y mal que pese es la herencia de la década.
Ese tercio de trabajadores en negro llevará a que después del año 2003 debamos afrontar nuevamente esta situación, que seguramente se agravará. Ya no hay debate acerca de la delicada situación que genera la desocupación. Según el propio INDEC existen 190 mil despedidos, y 200 mil personas que han dejado de buscar trabajo, lo que impulsa a la desocupación a un real 10 por ciento.
Según la CGT opositora, convocante del paro de mañana, que en algún tiempo fuera la columna vertebral del kirchnerismo, la desocupación bien vista está en el 20 por ciento, porque incluye la desocupación a través de los planes sociales que no tienen aportes sociales ni jubilatorios. Naturalmente, formarán parte de la legión de personas que en el futuro no contarán con el beneficio jubilatorio. Es decir que los problemas que venimos a resolver hoy tienen una fuente de reproducción en la realidad argentina de características gigantescas.
En el plenario de las comisiones al que asistió el titular de la ANSES fijamos nuestra posición, que deseo destacar. Evidentemente, tiene que ver con el trabajo en negro, pero vamos a profundizar el tema.
Oportunamente, cuando se discutió la ley de rebajas de aportes patronales, de incentivo al empresario para formalizar o tomar trabajadores, de cuño noventista, que nunca ha dado resultado, porque hoy con la ley se producen más despidos que antes, elaboramos un dictamen de minoría que presentamos bajo la forma de ley.
El problema del trabajo en negro es un mecanismo brutal para extraer una plusvalía a ese trabajador, porque no tiene derechos ni convenciones colectivas y sí tiene los salarios promedio más bajos del mercado, por lo cual tampoco cuenta con los derechos jubilatorios que hoy estamos tratando de reparar de alguna manera.
Así fue como presentamos como proyecto de ley un cuerpo legal que establece una forma de estabilidad laboral y de organización sindical de todos los trabajadores informales que notifiquen su situación.
El problema de la informalidad depende de la voluntad del poder político y de su naturaleza social y económica que lleva adelante el Estado. No podemos seguir quejándonos indefinidamente de que un tercio de la economía está informalizada y, al mismo tiempo, tenemos impactado un sistema jubilatorio que no tiene futuro ni resolución en estas condiciones.
Quiero referirme puntualmente a este tema para defender un aspecto que considero absolutamente clave. Nuestro concepto sobre el problema jubilatorio es el que llevó a grandes conquistas del movimiento obrero. Me refiero a la gran conquista del sistema jubilatorio que llevó muchas luchas y etapas históricas, a la gran huelga de 1924 y al período en el que se generalizaron las cajas jubilatorios después del 45. Me refiero al concepto –algunos legisladores lo mencionaron en su intervenciónde que la jubilación es un salario diferido.
Acá existe la idea de que por la modernización esta es una discusión que mantuve en el seno de la comisión con el titular de la ANSES y con algunos integrantes de la oposición presentes en la Cámarala jubilación ya no se puede considerar como parte del salario o como resultado de los aportes, sino que tiene que ser un beneficio universal.
Esto es lo que denominamos como la mundialización del anticoncepto jubilatorio, que en realidad significa la implementación de una pensión asistencial para la ancianidad, porque se acabó la jubilación. Es como decir: “Démosles algo a los viejitos para que no se mueran de hambre, porque los sistemas jubilatorios ya no se pueden sostener en el mundo”.
Nosotros rechazamos de plano esa idea y sostenemos que las llamadas cargas sociales, que hoy algunos quieren denominar –especialmente desde los años 90, cuando se atacó vertebralmente el sistema jubilatoriocomo “impuestos al trabajo”, son un salario diferido que el trabajador se va ganando cada día de su vida. Obviamente que necesitamos una mayor formalización, aportes, que no haya evasión patronal y varias cosas más que luego voy a detallar.
Ese es el concepto de fondo que nosotros queremos defender contra la idea de que estamos en la supermodernidad y en la universalización de la asistencia social a la vejez.
A partir de ese concepto de la modernización están siendo atacados los fondos de pensión en todo el mundo. Esa es la realidad. Sin embargo, no podemos confundir esa situación con el problema de los cálculos actuariales, con el argumento de que no cierran los números y todo lo demás que aquí se ha dicho. Lo cierto es que estamos viviendo una enorme crisis financiera del capitalismo mundial, por lo que los fondos de pensión son un auténtico bocatto di cardinale que los ponen en la mira de la banca y de los Estados que salieron a rescatar a la banca quebrada.
Tengamos en cuenta que cuando sobrevino la crisis norteamericana y se produjeron los despidos en General Motors, lo primero que atacaron fueron los fondos de pensión de los trabajadores de esa compañía. Por eso considero que este es un ataque a los fondos de pensión con características estratégicas en el mundo. Lo digo porque aquí tenemos una ANSES que no escapa a la regla.
Nosotros estuvimos en contra de la privatización de los fondos jubilatorios y del sistema de AFJP, pero en el momento de su renacionalización, ese día y a la hora y fecha en que el presidente Néstor Kirchner anunció su decisión, señalamos que la plata de la ANSES no debía ser usada con otros fines y mucho menos para el rescate capitalista que se impulsa en gran parte del mundo.
Hoy nos encontramos con la realidad de que el 60 o el 65 por ciento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES está constituido por bonos de la deuda pública, por más que la presidenta diga que estamos desendeudados. Lo cierto es que no cuenta la deuda con la ANSES como deuda pública. ¡Arreglados estamos! Digo esto porque el Fondo de Garantía de Sustentabilidad poseería un “pagadios” y el Tesoro no tendría una deuda por todos esos bonos que han pasado de la banca acreedora internacional a nuestros jubilados. Esto quiere decir que tenemos una hipoteca sobre el futuro de los actuales trabajadores argentinos.
Aquí se habló de una revolución jubilatoria, pero en el Partido Obrero creemos que todavía no hemos salido de la contrarrevolución previsional de los años 90. Esta es la realidad, porque no se respeta el 82 por ciento móvil ni se reinstauraron las contribuciones patronales que se rebajaron en 1993.
Por estas razones nuestro voto está en disidencia con el artículo de la arbitrariedad en el otorgamiento, que aquí ya se criticó en forma masiva. También estamos en disidencia con el descuento al jubilado, porque se lo hace víctima de un sistema en el cual ya es la víctima; es una víctima por partida doble. Nosotros sostenemos otro tipo de haber; creemos que como mínimo la jubilación tiene que ser un 82 por ciento del salario promedio. Eso no es lo que estamos viviendo en la Argentina, a pesar del mal salario promedio que tenemos.
Vamos a votar a favor en general, y en particular con disidencia en los artículos 3°, 6°, 7° y 8°, tal como hemos expresado por escrito.
Nuestro voto y nuestra disidencia están en el camino de una Argentina con pleno empleo, una Argentina en blanco, una Argentina formalizada y una Argentina con el 82 por ciento. Sabemos que probablemente esto se consiga únicamente cuando los trabajadores gestionen la economía y el gobierno, pero vamos a luchar decididamente desde este recinto, y por supuesto con toda la sociedad argentina, para hacerlo realidad. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
SR. SCHIARETTI, JUAN (CORDOBA):
Señora presidenta: quisiera remarcar dos cosas. En primer lugar, que el aporte jubilatorio, al igual que las cargas sociales y todo lo que algunos malamente llaman “impuesto al trabajo”, son salarios de los trabajadores, y que los aportes y las contribuciones jubilatorias son salarios diferidos de los trabajadores, que ahorran desde que comienzan a trabajar hasta la edad en que tienen derecho a retirarse del trabajo activo.
Los recursos son de ellos y, por lo tanto, todos los discursos que hablan de que las cargas sociales son impuestos al trabajo y hay que bajarlas, no para bajar el salario de los trabajadores, como puede ser para darle una ventaja a las pymes, en realidad, están desconociendo este principio básico, que significa que esos recursos de los trabajadores tienen que volver a ellos cuando llegan a la edad jubilatoria.
Otra cuestión es que todos tienen derecho, al llegar a una determinada edad de su vida, a tener una prestación para poder sostenerse. Tienen derecho aquellos que han trabajado toda su vida en la informalidad y aquellos que han trabajado un tiempo difiriendo salario con aportes y contribuciones, y también tienen derecho aquellos que nunca han trabajado.
Por eso cuando se discutió la ley de jubilación de la ama de casa apoyé su aprobación, tal cual lo había planteado el SACRA y por lo que venía batallando hace tiempo, porque es un derecho que tiene la mujer que trabaja en la casa a recibir una prestación cuando llega a la edad correspondiente.
Lo que no se puede hacer permanentemente es, con los recursos de los trabajadores, que aportan su salario diferido, intentar cubrir la obligación del Estado a garantizar el derecho de los demás argentinos a recibir un haber a partir de una edad determinada.
Esto es lo que, lamentablemente, se viene haciendo en la Argentina desde hace tiempo. Esto no se puede hacer porque lo único que se consigue es que a lo largo del tiempo las jubilaciones de aquellos que aportaron siempre sean cada vez menores. No es casualidad que más del 70 por ciento de los jubilados argentinos ganen la mínima. Ello es así porque los recursos que aportan los trabajadores activos tienen que financiar en lugar de hacerlo el Estado, que tendría que sacar los fondos de otro ladolas jubilaciones de aquellos que, lamentablemente, por cómo les fue en la vida, no pudieron aportar.
Es lógico que aquellos que no pudieron aportar tengan una prestación dada por el Estado, pero no con los recursos de quienes hacen su aporte. Algunos dicen que no todos los ingresos de la ANSES son por aportes o salarios diferidos de los trabajadores. Entonces, hay que sacar los fondos de los impuestos que pone la ANSES para poder pagarles a quienes no pudieron aportar.
Lo que no es lógico es aprobar una moratoria cada cinco años porque el Estado es incapaz de resolver el problema del trabajo irregular y no registrado, y porque tenemos un 35 por ciento de la población trabajando en la informalidad.
Claro está que todos apoyaremos la iniciativa de que 480 mil argentinos próximos a llegar a la edad de retiro, que no tienen posibilidad de acceder a una jubilación, puedan recibir algún beneficio. Pero si seguimos insistiendo en hacerlo con recursos de quienes aportan, estaremos condenando cada vez más a que las personas que se jubilan sólo reciban un haber mínimo.
Hay que encarar en serio una reforma del sistema previsional y entender claramente que si el 35 por ciento de los argentinos trabaja en la informalidad, habrá que poner los impuestos que sean necesarios y sacar los recursos de donde sea para garantizar que cuando lleguen a determinada edad tengan cómo sostenerse y puedan vivir con dignidad.
Lo que no es justo y nos lleva siempre a igualar hacia abajo, condenando a percibir el haber mínimo cada vez a más jubilados, es seguir haciendo estas moratorias que terminan perjudicando a todo el sector pasivo.
Me parece importante dejar aclarados estos conceptos porque forman parte de un debate pendiente, como bien lo señalaron varios diputados preopinantes. El Estado debe resolver el problema del empleo informal, porque de lo contrario continuará haciendo moratorias cada cinco años. Asimismo, debe garantizar –con recursos que tendremos que ver de dónde salenque quienes no tuvieron la posibilidad de diferir salario para jubilarse reciban la remuneración que corresponda cuando les llegue la edad de retirarse de su vida laboral.
Es preciso que de una vez por todas debatamos en serio el tema en nuestra patria y resolvamos el problema del 35 por ciento de los trabajadores que se encuentran en situación de precariedad e irregularidad. ¿Cómo no vamos a apoyar una iniciativa cuyo objetivo es que 480 mil argentinos puedan recibir un beneficio al llegar a su edad de retiro? Pero si cada cinco años debemos recurrir a herramientas de este tipo, indudablemente terminaremos condenando a todos nuestros ancianos a recibir una jubilación mínima que será, en definitiva, una pensión de ayuda social y no el fruto del ahorro de toda su vida con el salario que difirieron para vivir dignamente al llegar a su edad de retiro.
Los recursos son de ellos y, por lo tanto, todos los discursos que hablan de que las cargas sociales son impuestos al trabajo y hay que bajarlas, no para bajar el salario de los trabajadores, como puede ser para darle una ventaja a las pymes, en realidad, están desconociendo este principio básico, que significa que esos recursos de los trabajadores tienen que volver a ellos cuando llegan a la edad jubilatoria.
Otra cuestión es que todos tienen derecho, al llegar a una determinada edad de su vida, a tener una prestación para poder sostenerse. Tienen derecho aquellos que han trabajado toda su vida en la informalidad y aquellos que han trabajado un tiempo difiriendo salario con aportes y contribuciones, y también tienen derecho aquellos que nunca han trabajado.
Por eso cuando se discutió la ley de jubilación de la ama de casa apoyé su aprobación, tal cual lo había planteado el SACRA y por lo que venía batallando hace tiempo, porque es un derecho que tiene la mujer que trabaja en la casa a recibir una prestación cuando llega a la edad correspondiente.
Lo que no se puede hacer permanentemente es, con los recursos de los trabajadores, que aportan su salario diferido, intentar cubrir la obligación del Estado a garantizar el derecho de los demás argentinos a recibir un haber a partir de una edad determinada.
Esto es lo que, lamentablemente, se viene haciendo en la Argentina desde hace tiempo. Esto no se puede hacer porque lo único que se consigue es que a lo largo del tiempo las jubilaciones de aquellos que aportaron siempre sean cada vez menores. No es casualidad que más del 70 por ciento de los jubilados argentinos ganen la mínima. Ello es así porque los recursos que aportan los trabajadores activos tienen que financiar en lugar de hacerlo el Estado, que tendría que sacar los fondos de otro ladolas jubilaciones de aquellos que, lamentablemente, por cómo les fue en la vida, no pudieron aportar.
Es lógico que aquellos que no pudieron aportar tengan una prestación dada por el Estado, pero no con los recursos de quienes hacen su aporte. Algunos dicen que no todos los ingresos de la ANSES son por aportes o salarios diferidos de los trabajadores. Entonces, hay que sacar los fondos de los impuestos que pone la ANSES para poder pagarles a quienes no pudieron aportar.
Lo que no es lógico es aprobar una moratoria cada cinco años porque el Estado es incapaz de resolver el problema del trabajo irregular y no registrado, y porque tenemos un 35 por ciento de la población trabajando en la informalidad.
Claro está que todos apoyaremos la iniciativa de que 480 mil argentinos próximos a llegar a la edad de retiro, que no tienen posibilidad de acceder a una jubilación, puedan recibir algún beneficio. Pero si seguimos insistiendo en hacerlo con recursos de quienes aportan, estaremos condenando cada vez más a que las personas que se jubilan sólo reciban un haber mínimo.
Hay que encarar en serio una reforma del sistema previsional y entender claramente que si el 35 por ciento de los argentinos trabaja en la informalidad, habrá que poner los impuestos que sean necesarios y sacar los recursos de donde sea para garantizar que cuando lleguen a determinada edad tengan cómo sostenerse y puedan vivir con dignidad.
Lo que no es justo y nos lleva siempre a igualar hacia abajo, condenando a percibir el haber mínimo cada vez a más jubilados, es seguir haciendo estas moratorias que terminan perjudicando a todo el sector pasivo.
Me parece importante dejar aclarados estos conceptos porque forman parte de un debate pendiente, como bien lo señalaron varios diputados preopinantes. El Estado debe resolver el problema del empleo informal, porque de lo contrario continuará haciendo moratorias cada cinco años. Asimismo, debe garantizar –con recursos que tendremos que ver de dónde salenque quienes no tuvieron la posibilidad de diferir salario para jubilarse reciban la remuneración que corresponda cuando les llegue la edad de retirarse de su vida laboral.
Es preciso que de una vez por todas debatamos en serio el tema en nuestra patria y resolvamos el problema del 35 por ciento de los trabajadores que se encuentran en situación de precariedad e irregularidad. ¿Cómo no vamos a apoyar una iniciativa cuyo objetivo es que 480 mil argentinos puedan recibir un beneficio al llegar a su edad de retiro? Pero si cada cinco años debemos recurrir a herramientas de este tipo, indudablemente terminaremos condenando a todos nuestros ancianos a recibir una jubilación mínima que será, en definitiva, una pensión de ayuda social y no el fruto del ahorro de toda su vida con el salario que difirieron para vivir dignamente al llegar a su edad de retiro.
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. BROWN, CARLOS RAMON (BUENOS AIRES):
Señora presidenta: manifiesto nuestro apoyo a la iniciativa en tratamiento, no sin señalar una serie de cuestiones sobre las que este Parlamento deberá ponerse a trabajar sin más demora.
Una de ellas es la inexorable licuación del haber jubilatorio que por efecto de la inflación, que es del orden del 40 por ciento interanual, observamos mes tras mes aun con la movilidad anunciada.
Como bien lo plantearon algunos bloques, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, resulta necesario revisar el mecanismo de actualización, por lo menos en forma trimestral, e incluso fijar una asignación adicional por única vez para compensar la pérdida que en términos reales sufre el haber de bolsillo de los jubilados. Esta es una tarea absolutamente urgente.
Por otro lado, no puedo dejar de recordar la ley del 82 por ciento móvil que este Parlamento sancionara con amplio consenso en octubre de 2010, y que el Poder Ejecutivo nacional vetara en forma inmediata en virtud del decreto 1.482 de ese año.
Aquella norma establecía un haber jubilatorio del 82 por ciento vinculado con el salario mínimo, vital y móvil, y recomponía los haberes conforme con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del fallo “Badaro”, según el índice salarial. De esta manera, resolvía en gran parte la litigiosidad que afectaba al sistema.
También es necesario manifestar como problemática no resuelta el incumplimiento de las sentencias judiciales en relación con los derechos de los haberes jubilatorios. Esas sentencias se acumulan en nuestros tribunales y la ANSES solamente las paga de acuerdo con sus cálculos y conveniencias. De este modo, esto se transforma, en definitiva, en un premio que muchos jubilados nunca reciben, porque se mueren antes de ello.
Otro tema es la gravísima existencia del trabajo informal o en negro, que en nuestro país oscila entre el 30 y el 40 por ciento. Con el actual mecanismo de moratoria –esto ya se ha manifestado aquí en otras ocasiones y lo repito- hay que persistir en esta alternativa reiteradamente.
Quiero adherir a la manifestación efectuada por el señor diputado Schiaretti respecto de la necesidad de establecer una partida presupuestaria que reconozca esta grave situación y financie el otorgamiento de jubilaciones a los trabajadores no registrados sin afectar los fondos de la ANSES, que son los de los futuros jubilados aportantes.
Todas estas cosas que he expresado se han manifestado aquí reiteradamente por parte de una importante cantidad de señores diputados. No obstante, siento la obligación de acompañarlos y de decir que con estos planteos que se han formulado no podemos estar en desacuerdo, por lo que vamos a votar afirmativamente el proyecto en consideración.
Pero la problemática profunda de estos temas no se resuelve mediante estas cuestiones circunstanciales. Por el contrario, la solución está dada por estos puntos que he señalado y por los que también han expresado otros señores diputados que me precedieron en el uso de la palabra.
La problemática jubilatoria no es cualquier cosa, sino algo que afecta a miles de personas que son compañeras nuestras, que han cumplido con sus obligaciones y que si no lo han hecho no fue porque no lo hayan querido, sino porque no pudieron, debido a que no forman parte del sistema de trabajo en blanco, que debería ser el de todos.
Por eso no es nada equivocado decir –y en este sentido voy a reiterar los conceptos expresados por el señor diputado Schiaretti- que si el Estado no es capaz de resolver el elevadísimo porcentaje de trabajadores no registrados, entonces deberá contemplar en su presupuesto la partida necesaria para cubrir esos requerimientos. Pero desde ningún punto de vista el Estado debe afectar los fondos que aquellos trabajadores están aportando como futuros jubilados y que, tal como aquí se ha señalado claramente, forman parte de su patrimonio y constituyen un salario diferido que nadie debe tocar.
En virtud de los antecedentes expuestos y de los interrogantes no resueltos que he planteado, manifiesto mi acompañamiento a la iniciativa en consideración.
Una de ellas es la inexorable licuación del haber jubilatorio que por efecto de la inflación, que es del orden del 40 por ciento interanual, observamos mes tras mes aun con la movilidad anunciada.
Como bien lo plantearon algunos bloques, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, resulta necesario revisar el mecanismo de actualización, por lo menos en forma trimestral, e incluso fijar una asignación adicional por única vez para compensar la pérdida que en términos reales sufre el haber de bolsillo de los jubilados. Esta es una tarea absolutamente urgente.
Por otro lado, no puedo dejar de recordar la ley del 82 por ciento móvil que este Parlamento sancionara con amplio consenso en octubre de 2010, y que el Poder Ejecutivo nacional vetara en forma inmediata en virtud del decreto 1.482 de ese año.
Aquella norma establecía un haber jubilatorio del 82 por ciento vinculado con el salario mínimo, vital y móvil, y recomponía los haberes conforme con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del fallo “Badaro”, según el índice salarial. De esta manera, resolvía en gran parte la litigiosidad que afectaba al sistema.
También es necesario manifestar como problemática no resuelta el incumplimiento de las sentencias judiciales en relación con los derechos de los haberes jubilatorios. Esas sentencias se acumulan en nuestros tribunales y la ANSES solamente las paga de acuerdo con sus cálculos y conveniencias. De este modo, esto se transforma, en definitiva, en un premio que muchos jubilados nunca reciben, porque se mueren antes de ello.
Otro tema es la gravísima existencia del trabajo informal o en negro, que en nuestro país oscila entre el 30 y el 40 por ciento. Con el actual mecanismo de moratoria –esto ya se ha manifestado aquí en otras ocasiones y lo repito- hay que persistir en esta alternativa reiteradamente.
Quiero adherir a la manifestación efectuada por el señor diputado Schiaretti respecto de la necesidad de establecer una partida presupuestaria que reconozca esta grave situación y financie el otorgamiento de jubilaciones a los trabajadores no registrados sin afectar los fondos de la ANSES, que son los de los futuros jubilados aportantes.
Todas estas cosas que he expresado se han manifestado aquí reiteradamente por parte de una importante cantidad de señores diputados. No obstante, siento la obligación de acompañarlos y de decir que con estos planteos que se han formulado no podemos estar en desacuerdo, por lo que vamos a votar afirmativamente el proyecto en consideración.
Pero la problemática profunda de estos temas no se resuelve mediante estas cuestiones circunstanciales. Por el contrario, la solución está dada por estos puntos que he señalado y por los que también han expresado otros señores diputados que me precedieron en el uso de la palabra.
La problemática jubilatoria no es cualquier cosa, sino algo que afecta a miles de personas que son compañeras nuestras, que han cumplido con sus obligaciones y que si no lo han hecho no fue porque no lo hayan querido, sino porque no pudieron, debido a que no forman parte del sistema de trabajo en blanco, que debería ser el de todos.
Por eso no es nada equivocado decir –y en este sentido voy a reiterar los conceptos expresados por el señor diputado Schiaretti- que si el Estado no es capaz de resolver el elevadísimo porcentaje de trabajadores no registrados, entonces deberá contemplar en su presupuesto la partida necesaria para cubrir esos requerimientos. Pero desde ningún punto de vista el Estado debe afectar los fondos que aquellos trabajadores están aportando como futuros jubilados y que, tal como aquí se ha señalado claramente, forman parte de su patrimonio y constituyen un salario diferido que nadie debe tocar.
En virtud de los antecedentes expuestos y de los interrogantes no resueltos que he planteado, manifiesto mi acompañamiento a la iniciativa en consideración.
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
SR. DEL CAÑO, NICOLAS (MENDOZA):
Señora presidenta: deseo expresar el acompañamiento en general a este proyecto por parte del bloque del Partido de los Trabajadores Socialistas-Frente de Izquierda. No obstante, no quiero dejar de mencionar varias cuestiones. Si bien algunas de ellas ya fueron mencionadas, creo que es importante destacarlas nuevamente.
En primer término, se debe tener en cuenta que este es un problema estructural al que se le está dando una respuesta a través de un proyecto de ley que constituye, tal como se ha señalado, un parche, ya que un tercio de la clase trabajadora se encuentra en la informalidad, es decir, bajo la forma del trabajo no registrado. Asimismo, más del 50 por ciento de los trabajadores de nuestro país se encuentra en alguna situación de informalidad o de precarización laboral.
Creo que esto no ha sido solamente la consecuencia de la década neoliberal de los años 90, sino también del modelo de los últimos once años, que en gran parte se ha basado en los momentos en que se registró un crecimiento récord y en los cuales, como muchas veces dice la presidenta, las grandes empresas se la han llevado en pala.
Estamos hablando de años en los que el país creció a tasas chinas y, sin embargo, se mantuvo esta estructura en la que más del 50 por ciento de la clase trabajadora sufre precarización laboral.
En segundo lugar, hay que mencionar la negativa a otorgar el 82 por ciento móvil. Después de los anuncios de la última actualización, millones de jubilados cobrarán, a partir del próximo septiembre, 3.231 pesos. Cerca del 70 por ciento de los jubilados cobran el haber mínimo y yo les pregunto a las diputadas y los diputados presentes si alguien cree que se puede vivir dignamente con 3.231 pesos. Sería una hipocresía que alguien me contestara afirmativamente, cuando en la actualidad la dieta es de alrededor de 50 mil pesos.
En el mismo sentido que lo hicieron otros diputados, quiero mencionar la utilización de los fondos de los jubilados para el pago de la deuda externa, es decir, para pagar a los acreedores internacionales, los buitres.
Me parece importante mencionar esto porque el oficialismo plantea una visión muy autorreferencial, con un relato casi épico, cuando en realidad existe una deuda enorme, y actualmente millones de jubilados cobran 3.231 pesos. Considero que hay que remarcarlo para no caer en esa visión autorreferencial, en un festejo, cuando la realidad es otra.
Adherimos a lo planteado por el diputado por el Frente de Izquierda, que adelantó nuestra disidencia, como así mismo la nulidad de los artículos 3°, 6°, 7° y 8°. Si bien acompañaremos en general, rechazaremos la aprobación de esos artículos.
Para finalizar, tal como lo mencionaron otros diputados, recuerdo que mañana se realizará un paro nacional. Millones de trabajadores harán una huelga convocada por muchas organizaciones por distintos reclamos, entre ellos el 82 por ciento móvil para los jubilados.
En los últimos acontecimientos hemos visto una escalada represiva en los conflictos obreros que fueron militarizados por la Gendarmería Nacional y la Policía Bonaerense, y el reciente desalojo en una villa de Lugano por parte de la Gendarmería Nacional y la Policía Metropolitana. Por eso hay que exigir y hacer responsable al gobierno de que mañana garantice el derecho de huelga, terminando con esta escalada represiva y garantizando el derecho a la protesta y a la huelga que tienen los trabajadores, que –insisto entre otros puntos incluirá el reclamo del 82 por ciento móvil para los jubilados.
En primer término, se debe tener en cuenta que este es un problema estructural al que se le está dando una respuesta a través de un proyecto de ley que constituye, tal como se ha señalado, un parche, ya que un tercio de la clase trabajadora se encuentra en la informalidad, es decir, bajo la forma del trabajo no registrado. Asimismo, más del 50 por ciento de los trabajadores de nuestro país se encuentra en alguna situación de informalidad o de precarización laboral.
Creo que esto no ha sido solamente la consecuencia de la década neoliberal de los años 90, sino también del modelo de los últimos once años, que en gran parte se ha basado en los momentos en que se registró un crecimiento récord y en los cuales, como muchas veces dice la presidenta, las grandes empresas se la han llevado en pala.
Estamos hablando de años en los que el país creció a tasas chinas y, sin embargo, se mantuvo esta estructura en la que más del 50 por ciento de la clase trabajadora sufre precarización laboral.
En segundo lugar, hay que mencionar la negativa a otorgar el 82 por ciento móvil. Después de los anuncios de la última actualización, millones de jubilados cobrarán, a partir del próximo septiembre, 3.231 pesos. Cerca del 70 por ciento de los jubilados cobran el haber mínimo y yo les pregunto a las diputadas y los diputados presentes si alguien cree que se puede vivir dignamente con 3.231 pesos. Sería una hipocresía que alguien me contestara afirmativamente, cuando en la actualidad la dieta es de alrededor de 50 mil pesos.
En el mismo sentido que lo hicieron otros diputados, quiero mencionar la utilización de los fondos de los jubilados para el pago de la deuda externa, es decir, para pagar a los acreedores internacionales, los buitres.
Me parece importante mencionar esto porque el oficialismo plantea una visión muy autorreferencial, con un relato casi épico, cuando en realidad existe una deuda enorme, y actualmente millones de jubilados cobran 3.231 pesos. Considero que hay que remarcarlo para no caer en esa visión autorreferencial, en un festejo, cuando la realidad es otra.
Adherimos a lo planteado por el diputado por el Frente de Izquierda, que adelantó nuestra disidencia, como así mismo la nulidad de los artículos 3°, 6°, 7° y 8°. Si bien acompañaremos en general, rechazaremos la aprobación de esos artículos.
Para finalizar, tal como lo mencionaron otros diputados, recuerdo que mañana se realizará un paro nacional. Millones de trabajadores harán una huelga convocada por muchas organizaciones por distintos reclamos, entre ellos el 82 por ciento móvil para los jubilados.
En los últimos acontecimientos hemos visto una escalada represiva en los conflictos obreros que fueron militarizados por la Gendarmería Nacional y la Policía Bonaerense, y el reciente desalojo en una villa de Lugano por parte de la Gendarmería Nacional y la Policía Metropolitana. Por eso hay que exigir y hacer responsable al gobierno de que mañana garantice el derecho de huelga, terminando con esta escalada represiva y garantizando el derecho a la protesta y a la huelga que tienen los trabajadores, que –insisto entre otros puntos incluirá el reclamo del 82 por ciento móvil para los jubilados.
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.
SR. FERNANDEZ MENDIA, GUSTAVO RODOLFO (LA PAMPA):
Señora presidenta: manifiesto mi apoyo a esta iniciativa en función de que me tocó ser testigo de la evolución social en la provincia de La Pampa, en la que me desempeñé en los años anteriores a ser diputado nacional como ministro de Bienestar Social. En ese tiempo pude palpar realmente los efectos de la moratoria propuesta por el entonces presidente Néstor Kirchner. En La Pampa se jubilaron más de 11 mil pampeanos por esa moratoria.
Hace un rato escuché que se calificaba al sistema previsional como un cuerpo vivo, y yo digo que un adulto mayor, que no tiene ningún recurso para subsistir, más que un cuerpo vivo es un cuerpo superviviente. Pudimos observar cómo estos adultos mayores, que eran habitués de los pasillos de las oficinas de contención social, dejaron de serlo.
Siempre se plantea la cuestión de terminar con el clientelismo, y pocas cosas ayudaron a terminar con el clientelismo político como fue el caso de la moratoria previsional, que posibilitó que millones de argentinos, miles en La Pampa, tuvieran un recurso propio y no tuvieran que recurrir a las oficinas de bienestar social para poder garantizar su sustento diariamente.
Es cierto que a todos nos gustaría –desde el beneficio de inventarioque los jubilados ganaran más, todos los jubilados, los de la moratoria y los que no son de la moratoria. Quienes se quejan se lo dicen al gobierno que lo hizo posible, el único gobierno que desde Perón para acá incluyó gente en este sistema previsional, pese a que la vida les había resultado absolutamente injusta, en algunos de los casos.
Cuando se cuestiona el artículo 3°, que fija alguna consideración acerca de quién debe recibir o no el beneficio, me viene a la mente cómo en la provincia de La Pampa se jubiló un hachero que había trabajado casi toda su vida en negro, pero también la esposa del dueño del establecimiento, que no había trabajado en toda su vida. Uno entiende que los derechos universales son muy buenos, pero no son del todo justos.
Vimos cómo se jubilaba la empleada doméstica de una casa de familia, y también la esposa de un profesional exitoso que no había querido aportar en toda su vida. Pero por supuesto que el beneficio es infinitamente mayor a las fugas –entre comillasque pueda tener el sistema.
Entre la diatriba revolucionaria y los preocupados por la calibración del sistema transita la vida de todos los argentinos. Creo que sin duda el mayor de los beneficios es que tanta gente que no ha podido realizar un aporte durante toda su vida, hoy no dependa de una oficina de contención social para poder alcanzar los más básicos requerimientos, y esto lo hace posible.
A veces uno escucha estas cuestiones de la diferencia entre los que aportaron y los que no aportaron y me viene a la memoria aquella discusión epistolar que tuvieron Sarmiento y Alberdi, que sería bueno que la repasaran los que tengan tiempo y ganas. A mí me hizo descubrir un Sarmiento diferente del que yo tenía visualizado. Le decía a Alberdi que no era la categoría de contribuyente, ni siquiera la de vecino, la que definía los derechos; que la que definía los derechos era la categoría de ciudadano.
Es cierto que algunos aportamos más y otros aportan menos, pero todos somos ciudadanos, y es el cumplimiento de los deberes de ciudadano lo que nos otorga derechos en una sociedad.
De alguna manera este gobierno ha ido restituyendo derechos, no sólo en esto, sino también con la Asignación Universal por Hijo, y tantas otras cosas que se han ido restituyendo y van en el mismo camino.
Más allá de los reclamos, que algunos podemos compartir, hay que entender que los recursos son absolutamente escasos. Siempre los recursos son escasos, y mucho más en el sistema previsional.
Tenemos que tener en claro que estos reclamos los hacemos a quienes incluyeron a millones de argentinos en el sistema, que estaban absolutamente excluidos y desprotegidos. Cuando uno escucha las argumentaciones se da cuenta de que aquí funciona un poco la lógica de la relatividad a la que hacía mención Fontanarrosa. En uno de sus cuentos decía que la izquierda del arquero es la derecha del que patea. Por eso todo depende del lugar donde uno esté parado. En función de ello es la categoría de su fundamentación. Cuando están en el gobierno no les preocupa calibrar el sistema. En cambio, cuando están afuera cambian de opinión.
Algunos dicen que confían en la “mano invisible del mercado”, pero por otro lado nos quejamos de la cantidad de trabajadores en negro que existen. Entonces me pregunto: ¿de quién son los trabajadores que están en negro? Parece que tenemos trabajadores en negro sin patrones, porque la mano invisible del mercado es la que contrata en negro. Precisamente es la que muchas veces viola los derechos de los trabajadores.
Cuando discutamos dentro de poco el proyecto de ley de abastecimiento vamos a ver quiénes están a favor de mantener esta mano invisible del mercado que para algunos de nosotros es bastante visible. En este caso sería bueno poner blanco sobre negro para saber cuál es el efecto que tiene sobre los trabajadores, los precios, la inflación y sobre tantas otras cosas que afectan a todos y cada uno de los argentinos. Por supuesto, los más vulnerables son los que menos tienen.
También quiero decir que este tema de los gestores y de los fraudes que a muchos preocupa no tiene razón de ser. En la provincia de La Pampa se hizo un centro de inclusión previsional provincial que funcionó en colaboración con la ANSES. Se dieron créditos del banco provincial para financiar los aportes que faltaba realizar a los trabajadores que precisaban jubilarse. Gracias a ello se jubiló prácticamente la totalidad de la población. Sobre todo se pudieron jubilar los que menos tenían, sin la existencia de un gestor y sin la posibilidad de un fraude. De cualquier forma, si existiera algún fraude va a estar totalmente compensado por la gran masa de trabajadores que podrán recibir un derecho tan elemental como la posibilidad de garantizar su subsistencia en sus últimos años de vida, justamente en un país donde todo el mundo –algunos más, otros menosha trabajado en forma irregular o en negro alguna vez, sin poder realizar los correspondientes aportes.
Estoy ante una iniciativa que me genera orgullo como peronista, como argentino, y es una de las que certifican que vamos en el camino correcto. Independientemente de las observaciones que se puedan hacer, estamos ante la restitución de un derecho. Me alegra que al menos en esto estemos todos de acuerdo, más allá de las argumentaciones que cada uno deba esgrimir en función del lugar donde esté parado. (Aplausos.)
Hace un rato escuché que se calificaba al sistema previsional como un cuerpo vivo, y yo digo que un adulto mayor, que no tiene ningún recurso para subsistir, más que un cuerpo vivo es un cuerpo superviviente. Pudimos observar cómo estos adultos mayores, que eran habitués de los pasillos de las oficinas de contención social, dejaron de serlo.
Siempre se plantea la cuestión de terminar con el clientelismo, y pocas cosas ayudaron a terminar con el clientelismo político como fue el caso de la moratoria previsional, que posibilitó que millones de argentinos, miles en La Pampa, tuvieran un recurso propio y no tuvieran que recurrir a las oficinas de bienestar social para poder garantizar su sustento diariamente.
Es cierto que a todos nos gustaría –desde el beneficio de inventarioque los jubilados ganaran más, todos los jubilados, los de la moratoria y los que no son de la moratoria. Quienes se quejan se lo dicen al gobierno que lo hizo posible, el único gobierno que desde Perón para acá incluyó gente en este sistema previsional, pese a que la vida les había resultado absolutamente injusta, en algunos de los casos.
Cuando se cuestiona el artículo 3°, que fija alguna consideración acerca de quién debe recibir o no el beneficio, me viene a la mente cómo en la provincia de La Pampa se jubiló un hachero que había trabajado casi toda su vida en negro, pero también la esposa del dueño del establecimiento, que no había trabajado en toda su vida. Uno entiende que los derechos universales son muy buenos, pero no son del todo justos.
Vimos cómo se jubilaba la empleada doméstica de una casa de familia, y también la esposa de un profesional exitoso que no había querido aportar en toda su vida. Pero por supuesto que el beneficio es infinitamente mayor a las fugas –entre comillasque pueda tener el sistema.
Entre la diatriba revolucionaria y los preocupados por la calibración del sistema transita la vida de todos los argentinos. Creo que sin duda el mayor de los beneficios es que tanta gente que no ha podido realizar un aporte durante toda su vida, hoy no dependa de una oficina de contención social para poder alcanzar los más básicos requerimientos, y esto lo hace posible.
A veces uno escucha estas cuestiones de la diferencia entre los que aportaron y los que no aportaron y me viene a la memoria aquella discusión epistolar que tuvieron Sarmiento y Alberdi, que sería bueno que la repasaran los que tengan tiempo y ganas. A mí me hizo descubrir un Sarmiento diferente del que yo tenía visualizado. Le decía a Alberdi que no era la categoría de contribuyente, ni siquiera la de vecino, la que definía los derechos; que la que definía los derechos era la categoría de ciudadano.
Es cierto que algunos aportamos más y otros aportan menos, pero todos somos ciudadanos, y es el cumplimiento de los deberes de ciudadano lo que nos otorga derechos en una sociedad.
De alguna manera este gobierno ha ido restituyendo derechos, no sólo en esto, sino también con la Asignación Universal por Hijo, y tantas otras cosas que se han ido restituyendo y van en el mismo camino.
Más allá de los reclamos, que algunos podemos compartir, hay que entender que los recursos son absolutamente escasos. Siempre los recursos son escasos, y mucho más en el sistema previsional.
Tenemos que tener en claro que estos reclamos los hacemos a quienes incluyeron a millones de argentinos en el sistema, que estaban absolutamente excluidos y desprotegidos. Cuando uno escucha las argumentaciones se da cuenta de que aquí funciona un poco la lógica de la relatividad a la que hacía mención Fontanarrosa. En uno de sus cuentos decía que la izquierda del arquero es la derecha del que patea. Por eso todo depende del lugar donde uno esté parado. En función de ello es la categoría de su fundamentación. Cuando están en el gobierno no les preocupa calibrar el sistema. En cambio, cuando están afuera cambian de opinión.
Algunos dicen que confían en la “mano invisible del mercado”, pero por otro lado nos quejamos de la cantidad de trabajadores en negro que existen. Entonces me pregunto: ¿de quién son los trabajadores que están en negro? Parece que tenemos trabajadores en negro sin patrones, porque la mano invisible del mercado es la que contrata en negro. Precisamente es la que muchas veces viola los derechos de los trabajadores.
Cuando discutamos dentro de poco el proyecto de ley de abastecimiento vamos a ver quiénes están a favor de mantener esta mano invisible del mercado que para algunos de nosotros es bastante visible. En este caso sería bueno poner blanco sobre negro para saber cuál es el efecto que tiene sobre los trabajadores, los precios, la inflación y sobre tantas otras cosas que afectan a todos y cada uno de los argentinos. Por supuesto, los más vulnerables son los que menos tienen.
También quiero decir que este tema de los gestores y de los fraudes que a muchos preocupa no tiene razón de ser. En la provincia de La Pampa se hizo un centro de inclusión previsional provincial que funcionó en colaboración con la ANSES. Se dieron créditos del banco provincial para financiar los aportes que faltaba realizar a los trabajadores que precisaban jubilarse. Gracias a ello se jubiló prácticamente la totalidad de la población. Sobre todo se pudieron jubilar los que menos tenían, sin la existencia de un gestor y sin la posibilidad de un fraude. De cualquier forma, si existiera algún fraude va a estar totalmente compensado por la gran masa de trabajadores que podrán recibir un derecho tan elemental como la posibilidad de garantizar su subsistencia en sus últimos años de vida, justamente en un país donde todo el mundo –algunos más, otros menosha trabajado en forma irregular o en negro alguna vez, sin poder realizar los correspondientes aportes.
Estoy ante una iniciativa que me genera orgullo como peronista, como argentino, y es una de las que certifican que vamos en el camino correcto. Independientemente de las observaciones que se puedan hacer, estamos ante la restitución de un derecho. Me alegra que al menos en esto estemos todos de acuerdo, más allá de las argumentaciones que cada uno deba esgrimir en función del lugar donde esté parado. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Antes de comenzar con la lista de oradores de cinco minutos, la Presidencia solicita a los señores diputados que respeten el tiempo acordado, porque hay anotados 52 oradores solamente para este tema.
Tiene la palabra la señora diputada por Chubut.
Tiene la palabra la señora diputada por Chubut.
SRA. CONTRERA, MONICA GRACIELA (CHUBUT):
Señora presidenta: en esta oportunidad hemos sido convocados para tratar la implementación de la segunda etapa del Plan de Inclusión Previsional remitido por el Poder Ejecutivo nacional.
La moratoria previsional es una medida continuadora de otras adoptadas anteriormente y tiene carácter equitativo e inclusivo, ya que pretende lograr la universalización de las prestaciones previsionales para la población en edad jubilatoria.
Entiendo que necesitamos hacer memoria para tener claridad sobre la importancia de la temática que nos atañe.
En los 90 el vendaval neoliberal impuso desregulación de los mercados, disminución del gasto público, visión del Estado ineficiente, desempleo y precarización laboral. Los pocos trabajadores que llegaban a jubilarse cobraban jubilaciones miserables, estimándose que cuatro de cada diez abuelos quedaban fuera del sistema.
En ese estado de caos, me atrevo a decir que en 2003, cuando asume la Presidencia de nuestro país el compañero Néstor Kirchner, dando inicio a este proyecto nacional que a la fecha se mantiene, comienza un proceso para revertir esa situación de desprotección.
Recién iniciada la gestión, el presidente Kirchner implementó la primera etapa de la moratoria previsional, que obtuvo excelentes resultados y que por ello fue prorrogada.
Esta medida fue pensada para dar cobertura previsional y de salud a miles de trabajadores que como consecuencia de disposiciones excluyentes no pudieron acceder a ella. Así, la cobertura previsional pasó de un 63 por ciento en el año 2002 al 94 por ciento en 2013. Luego, debido a que los haberes jubilatorios estaban congelados y eran paupérrimos, se otorgaron sucesivos aumentos para recomponer su poder adquisitivo. Más adelante, en 2008, nuestra presidenta impulsó la Ley de Movilidad Jubilatoria para que quedaran definitivamente resueltos los incrementos en las jubilaciones y pensiones. Es así que desde 2003 a la fecha se aumentaron entre el 500 y el 600 por ciento.
Otra determinación sumamente importante fue la eliminación del sistema de capitalización, creándose a fines de 2008 el Sistema Integrado Previsional Argentino SIPA-, quedando así en manos del Estado, como corresponde, el manejo de los fondos de los jubilados, poniendo fin a los espurios negociados de las AFJP.
En este contexto actualmente se estima que más del 45 por ciento de los beneficiarios totales del SIPA corresponde a prestaciones ingresadas a partir del Plan de Inclusión Previsional, lo cual evidencia el éxito de las políticas adoptadas. Yo sé que los detractores reniegan de esto, pero quiero destacar que anteriormente la mitad de los pasivos argentinos ni siquiera podía acceder a una jubilación mínima.
La inversión en materia de seguridad social se duplicó desde 2003 a la fecha en términos del producto bruto interno. Al mes de abril de 2014 la cobertura previsional fue del 93 por ciento, la más elevada de toda América Latina.
Quiero destacar la importancia que tiene para nuestro género la continuidad de una medida como la moratoria previsional, ya que el 73 por ciento de los beneficios previsionales fue otorgado a nosotras, las mujeres. Esto viene a suplir situaciones muchas veces injustas luego de tantos años de trabajo.
La medida propuesta, en sus versiones anteriores, redundó en una sensible mejora distributiva entre los adultos mayores y sin duda tiene la direccionalidad de tutelar un derecho social amparado en nuestra Constitución Nacional.
Me gustaría que nuestro pueblo pueda tomar conciencia de las conquistas sociales y económicas que nuestro gobierno ha logrado desde 2003 hasta la fecha. No quiero que nos olvidemos de dónde venimos. Es muy fácil criticar, pero es de necios olvidar.
Por eso, como ya he dicho en intervenciones anteriores en este recinto, este es un paso más, un paso necesario, uno de los tantos que nos resta dar. Por ello adelanto mi voto afirmativo. (Aplausos.)
La moratoria previsional es una medida continuadora de otras adoptadas anteriormente y tiene carácter equitativo e inclusivo, ya que pretende lograr la universalización de las prestaciones previsionales para la población en edad jubilatoria.
Entiendo que necesitamos hacer memoria para tener claridad sobre la importancia de la temática que nos atañe.
En los 90 el vendaval neoliberal impuso desregulación de los mercados, disminución del gasto público, visión del Estado ineficiente, desempleo y precarización laboral. Los pocos trabajadores que llegaban a jubilarse cobraban jubilaciones miserables, estimándose que cuatro de cada diez abuelos quedaban fuera del sistema.
En ese estado de caos, me atrevo a decir que en 2003, cuando asume la Presidencia de nuestro país el compañero Néstor Kirchner, dando inicio a este proyecto nacional que a la fecha se mantiene, comienza un proceso para revertir esa situación de desprotección.
Recién iniciada la gestión, el presidente Kirchner implementó la primera etapa de la moratoria previsional, que obtuvo excelentes resultados y que por ello fue prorrogada.
Esta medida fue pensada para dar cobertura previsional y de salud a miles de trabajadores que como consecuencia de disposiciones excluyentes no pudieron acceder a ella. Así, la cobertura previsional pasó de un 63 por ciento en el año 2002 al 94 por ciento en 2013. Luego, debido a que los haberes jubilatorios estaban congelados y eran paupérrimos, se otorgaron sucesivos aumentos para recomponer su poder adquisitivo. Más adelante, en 2008, nuestra presidenta impulsó la Ley de Movilidad Jubilatoria para que quedaran definitivamente resueltos los incrementos en las jubilaciones y pensiones. Es así que desde 2003 a la fecha se aumentaron entre el 500 y el 600 por ciento.
Otra determinación sumamente importante fue la eliminación del sistema de capitalización, creándose a fines de 2008 el Sistema Integrado Previsional Argentino SIPA-, quedando así en manos del Estado, como corresponde, el manejo de los fondos de los jubilados, poniendo fin a los espurios negociados de las AFJP.
En este contexto actualmente se estima que más del 45 por ciento de los beneficiarios totales del SIPA corresponde a prestaciones ingresadas a partir del Plan de Inclusión Previsional, lo cual evidencia el éxito de las políticas adoptadas. Yo sé que los detractores reniegan de esto, pero quiero destacar que anteriormente la mitad de los pasivos argentinos ni siquiera podía acceder a una jubilación mínima.
La inversión en materia de seguridad social se duplicó desde 2003 a la fecha en términos del producto bruto interno. Al mes de abril de 2014 la cobertura previsional fue del 93 por ciento, la más elevada de toda América Latina.
Quiero destacar la importancia que tiene para nuestro género la continuidad de una medida como la moratoria previsional, ya que el 73 por ciento de los beneficios previsionales fue otorgado a nosotras, las mujeres. Esto viene a suplir situaciones muchas veces injustas luego de tantos años de trabajo.
La medida propuesta, en sus versiones anteriores, redundó en una sensible mejora distributiva entre los adultos mayores y sin duda tiene la direccionalidad de tutelar un derecho social amparado en nuestra Constitución Nacional.
Me gustaría que nuestro pueblo pueda tomar conciencia de las conquistas sociales y económicas que nuestro gobierno ha logrado desde 2003 hasta la fecha. No quiero que nos olvidemos de dónde venimos. Es muy fácil criticar, pero es de necios olvidar.
Por eso, como ya he dicho en intervenciones anteriores en este recinto, este es un paso más, un paso necesario, uno de los tantos que nos resta dar. Por ello adelanto mi voto afirmativo. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra la señora diputada por Salta.
SRA. ISA, EVITA NELIDA (SALTA):
Señora presidenta: hoy estamos debatiendo una iniciativa que puede ser espejo de nuestra condición de nación y de patria.
Me siento identificada con las palabras del presidente de la comisión, el compañero Díaz Roig, cuando nos habló de los valores y de la ideología que uno viene a defender. Cuando uno defiende esto creo que lo hace porque justamente tiene valores. No puede concebirse un país, que constituye una nación, sin que la solidaridad esté presente, sobre todo hacia los más necesitados, los postergados y los indefensos.
La solidaridad es el tejido que nos constituye como nación y no como una suma de individualidades que comparten un territorio. Por eso, ese conjunto solidario es el que va a hacer este aporte fundamental a la patria argentina en este día. Pensar en el otro es la consigna que no muchos –por cierto- entienden en este recinto, tal como decía Atahualpa Yupanqui: “Verse uno mismo en el cuero de otro”.
Ayer justamente, en honor a la Madre Teresa de Calcuta, se conmemoró el Día de la Solidaridad, y en su memoria he citado a Gioconda Belli –poetisa nicaragüense que seguramente conocen-, quien dijo que “la solidaridad es la ternura de los pueblos”.
Esta moratoria es la continuidad de una política social inclusiva que inició el presidente Néstor Kirchner a fines de 2004 tendiente a incluir a todos aquellos que por diferentes motivos por los vaivenes de su vida y por las políticas neoliberales egoístas y excluyentes que hemos sufrido hasta 2003- han quedado afuera de un beneficio que debe universalizarse hacia la mayor cantidad posible de personas.
Me siento identificada con las palabras del presidente de la comisión, el compañero Díaz Roig, cuando nos habló de los valores y de la ideología que uno viene a defender. Cuando uno defiende esto creo que lo hace porque justamente tiene valores. No puede concebirse un país, que constituye una nación, sin que la solidaridad esté presente, sobre todo hacia los más necesitados, los postergados y los indefensos.
La solidaridad es el tejido que nos constituye como nación y no como una suma de individualidades que comparten un territorio. Por eso, ese conjunto solidario es el que va a hacer este aporte fundamental a la patria argentina en este día. Pensar en el otro es la consigna que no muchos –por cierto- entienden en este recinto, tal como decía Atahualpa Yupanqui: “Verse uno mismo en el cuero de otro”.
Ayer justamente, en honor a la Madre Teresa de Calcuta, se conmemoró el Día de la Solidaridad, y en su memoria he citado a Gioconda Belli –poetisa nicaragüense que seguramente conocen-, quien dijo que “la solidaridad es la ternura de los pueblos”.
Esta moratoria es la continuidad de una política social inclusiva que inició el presidente Néstor Kirchner a fines de 2004 tendiente a incluir a todos aquellos que por diferentes motivos por los vaivenes de su vida y por las políticas neoliberales egoístas y excluyentes que hemos sufrido hasta 2003- han quedado afuera de un beneficio que debe universalizarse hacia la mayor cantidad posible de personas.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Julián Andrés Domínguez.
SRA. ISA, EVITA NELIDA (SALTA):
Algunos diputados hablaron de “jubilados truchos”, y la verdad es que me dolió muchísimo porque quién puede negar que cualquier argentino o argentina a los 65 o 60 años de edad ha dejado no sólo trabajo sino también grandeza a esta patria.
Es así que la última moratoria incluyó a casi 3 millones de adultos mayores y en unos pocos años elevó un 30 por ciento la cobertura previsional tan postergada, llegando al 93,8 por ciento en 2013. Esta es una muestra más del rumbo solidario auténticamente nacional y popular de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
Los legisladores debemos ser los defensores de los más desvalidos honrando con nuestro voto afirmativo a quienes representamos, porque somos el instrumento que permite garantizarles mejor calidad de vida. Aquí no hay lugar para las especulaciones políticas, dudas o egoísmos personales. Será esta Cámara, recinto del pueblo, quien defienda a todos los argentinos, porque pensar en nuestros mayores, en sus preocupaciones y en sus desamparos debe ser uno de nuestros mayores y más nobles objetivos.
Cuando pensamos en ellos, pensamos en todos. Cuando los cuidamos, nos cuidamos todos. Cuando la patria es el otro, tenemos patria. Precisamente la Madre Teresa proclamaba: “El que no vive para servir, no sirve para vivir.”
A nuestros queridos abuelos y a la presidenta Cristina Fernández les digo con mucho amor que esta salteña viene a defender un proyecto que también va a engrandecer a su querida provincia.
Finalmente, pido autorización para insertar en el Diario de Sesiones el resto de mi discurso. (Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan a la oradora.)
Es así que la última moratoria incluyó a casi 3 millones de adultos mayores y en unos pocos años elevó un 30 por ciento la cobertura previsional tan postergada, llegando al 93,8 por ciento en 2013. Esta es una muestra más del rumbo solidario auténticamente nacional y popular de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
Los legisladores debemos ser los defensores de los más desvalidos honrando con nuestro voto afirmativo a quienes representamos, porque somos el instrumento que permite garantizarles mejor calidad de vida. Aquí no hay lugar para las especulaciones políticas, dudas o egoísmos personales. Será esta Cámara, recinto del pueblo, quien defienda a todos los argentinos, porque pensar en nuestros mayores, en sus preocupaciones y en sus desamparos debe ser uno de nuestros mayores y más nobles objetivos.
Cuando pensamos en ellos, pensamos en todos. Cuando los cuidamos, nos cuidamos todos. Cuando la patria es el otro, tenemos patria. Precisamente la Madre Teresa proclamaba: “El que no vive para servir, no sirve para vivir.”
A nuestros queridos abuelos y a la presidenta Cristina Fernández les digo con mucho amor que esta salteña viene a defender un proyecto que también va a engrandecer a su querida provincia.
Finalmente, pido autorización para insertar en el Diario de Sesiones el resto de mi discurso. (Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan a la oradora.)
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra el señor diputado por el Chaco.
SR. MONGELO, JOSE RICARDO (CHACO):
Señor presidente: manifiesto mi total y absoluto acompañamiento a este proyecto, que tiene que ver con una serie de iniciativas legislativas y políticas públicas que impulsara Néstor Kirchner a nivel nacional el 25 de mayo de 2003; pero no hay casualidades. Cuando el general Perón llegó al gobierno el sistema previsional prácticamente no existía en la República Argentina, y ya en la década del 50 casi el ciento por ciento de los adultos mayores eran contenidos por el sistema previsional.
Luego de que en el año 2003 se iniciara el proceso de inclusión social, la reconstitución del Estado nacional y la recuperación de la política como eje y debate permanente para resolver los grandes temas de la patria, en 2004, siendo nuevamente legislador nacional, me tocó votar la primera iniciativa, en este sentido.
Quienes venimos de provincias alejadas que hoy viven realidades absolutamente distintas a las que teníamos en esos momentos y recorremos pueblos de El Impenetrable chaqueño u otros de cualquier lugar de la patria, nos encontramos con manos callosas de trabajadores hacheros, cosecheros, carpidores, albañiles, hombres y mujeres a lo largo y a lo ancho del país que no tienen la mínima posibilidad de ser parte del sistema previsional porque han sido excluidos de los aportes. No es que no hayan trabajado; todo lo contrario. Fueron los hombres y mujeres que tal vez hicieron mayores esfuerzos para construir cada una de las comunidades de nuestra patria.
Cuando uno vuelve a recorrer esos pueblos y se encuentra con las miradas de hombres y mujeres de carne y hueso que fueron incluidos dentro del sistema previsional estoy hablando aproximadamente de 3 millones de personasse da cuenta de que los niveles de pobreza fueron drásticamente reducidos y se ha devuelto la dignidad a los ciudadanos. Nuevamente el rol del abuelo en la familia cobra sentido, y a partir de allí vuelven a generarse los lazos comunicantes en la familia, que sin duda siguen siendo los pilares centrales de toda sociedad.
Hoy venimos a considerar este proyecto. Sin ninguna duda, esas casi 500 mil personas que van a ingresar al sistema tendrán mucha más dignidad que antes. Desde el año 2005 cuando se implementó el programa de inclusión previsionalhasta el año 2010, la merma en la situación de pobreza de las mujeres de 60 años fue del 15 por ciento, y de los hombres de 65 años, de más del 16 por ciento. Esto significa que los niveles de pobreza estructural en la República Argentina han ido disminuyendo claramente. A ello debemos agregar lo relacionado con la Asignación Universal por Hijo, el Plan Progresar, la Asignación Universal por Embarazo, el Plan Empleo Joven, las becas a estudiantes universitarios y las diversas pensiones no contributivas, lo que nos permite llegar a la conclusión de que existe un conjunto de integrantes de la sociedad argentina que nuevamente tiene posibilidades de desarrollarse, crecer y tener distintas oportunidades.
Nuevamente debo remarcar el orgullo que siento como militante de este proyecto nacional, porque desde el año 2003 este Parlamento no votó una sola ley en contra de los intereses nacionales, y menos aún de los sectores más desprotegidos. (Aplausos.)
Luego de que en el año 2003 se iniciara el proceso de inclusión social, la reconstitución del Estado nacional y la recuperación de la política como eje y debate permanente para resolver los grandes temas de la patria, en 2004, siendo nuevamente legislador nacional, me tocó votar la primera iniciativa, en este sentido.
Quienes venimos de provincias alejadas que hoy viven realidades absolutamente distintas a las que teníamos en esos momentos y recorremos pueblos de El Impenetrable chaqueño u otros de cualquier lugar de la patria, nos encontramos con manos callosas de trabajadores hacheros, cosecheros, carpidores, albañiles, hombres y mujeres a lo largo y a lo ancho del país que no tienen la mínima posibilidad de ser parte del sistema previsional porque han sido excluidos de los aportes. No es que no hayan trabajado; todo lo contrario. Fueron los hombres y mujeres que tal vez hicieron mayores esfuerzos para construir cada una de las comunidades de nuestra patria.
Cuando uno vuelve a recorrer esos pueblos y se encuentra con las miradas de hombres y mujeres de carne y hueso que fueron incluidos dentro del sistema previsional estoy hablando aproximadamente de 3 millones de personasse da cuenta de que los niveles de pobreza fueron drásticamente reducidos y se ha devuelto la dignidad a los ciudadanos. Nuevamente el rol del abuelo en la familia cobra sentido, y a partir de allí vuelven a generarse los lazos comunicantes en la familia, que sin duda siguen siendo los pilares centrales de toda sociedad.
Hoy venimos a considerar este proyecto. Sin ninguna duda, esas casi 500 mil personas que van a ingresar al sistema tendrán mucha más dignidad que antes. Desde el año 2005 cuando se implementó el programa de inclusión previsionalhasta el año 2010, la merma en la situación de pobreza de las mujeres de 60 años fue del 15 por ciento, y de los hombres de 65 años, de más del 16 por ciento. Esto significa que los niveles de pobreza estructural en la República Argentina han ido disminuyendo claramente. A ello debemos agregar lo relacionado con la Asignación Universal por Hijo, el Plan Progresar, la Asignación Universal por Embarazo, el Plan Empleo Joven, las becas a estudiantes universitarios y las diversas pensiones no contributivas, lo que nos permite llegar a la conclusión de que existe un conjunto de integrantes de la sociedad argentina que nuevamente tiene posibilidades de desarrollarse, crecer y tener distintas oportunidades.
Nuevamente debo remarcar el orgullo que siento como militante de este proyecto nacional, porque desde el año 2003 este Parlamento no votó una sola ley en contra de los intereses nacionales, y menos aún de los sectores más desprotegidos. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
SR. COBOS, JULIO CESAR CLETO (MENDOZA):
Señor presidente: como ya se ha dicho bastante sobre este tema seré muy breve. Simplemente voy a pedir autorización a la Honorable Cámara para insertar mi discurso en el Diario de Sesiones a fin de no reiterar conceptos que ya se han vertido.
Obviamente, tal como lo adelantó nuestro miembro informante, el señor diputado Santín, vamos a acompañar en general y en particular el proyecto en tratamiento. No obstante ello, creo que hubiera sido oportuno no otorgar el principio de discrecionalidad contemplado en el artículo 3°, habida cuenta de que la moratoria anterior, que permitió detectar casos que podrían considerarse abusivos, no dio la certidumbre que requiere una norma de este tipo. Digo esto porque se deja en manos del funcionario del turno, tanto de la AFIP como de la ANSES, cualquier pedido de consideración.
En cuanto al artículo 5°, considero válida la adecuación del plan de pagos conforme a la movilidad jubilatoria porque es una forma de compensar y actualizar la masa de recursos del sistema previsional. Sin embargo, entiendo que es un tanto exagerado el interés del 1,35 por ciento.
De todas formas, para que esto se transforme en ley en el día de la fecha vamos a aceptar la propuesta teniendo en cuenta que esto ya ha sido discutido en el Senado de la Nación.
Por otra parte, permítanme hacer algunas observaciones que van más allá de este proyecto. Así, el sistema previsional tiene que formar parte de una verdadera política de Estado, tal como lo informó el señor miembro informante del Frente para la Victoria. Es necesario acordar una verdadera política de Estado en materia previsional para que el día de mañana no nos veamos obligados nuevamente a hacer consideraciones sobre este tema.
Hay ciertas cosas que debemos empezar a considerar, como la sustentabilidad que debe garantizar el sistema o las condiciones a tener en cuenta en el momento de fijar el haber.
Sin duda han cambiado los tiempos en la Argentina y en el mundo. El trabajo de nuestros padres y de nuestros abuelos era una constante en crecimiento por la estabilidad que implicaba tener un trabajo. Muy fácil se podía prever que quien ingresaba a un empleo se iba a mantener en él a lo largo del tiempo. Esto ahora se ha modificado: la gente cambia cada vez más de trabajo. Así, en ocasiones la edad pasa a jugar en contra, con lo cual basar el cálculo sobre el ingreso percibido en los últimos diez años no es lo mejor. En mi opinión sería conveniente tomar en cuenta los diez mejores años, habida cuenta de que hay gente que a veces pierde el trabajo a los 50 o 55 años y los últimos diez años no son los más productivos de su etapa laboral.
Tal como lo manifestó el diputado Pradines, del Partido Demócrata de Mendoza, hay una deuda pendiente con los jubilados que reclaman ante la Justicia. En estos casos la administración siempre apela con la única finalidad de dilatar una sentencia que, por los antecedentes que existen en estos casos, va a ser favorable para el jubilado. Por esta razón, comparto la idea de darle una solución definitiva a esta cuestión. Recordemos que muchos de los pagos por los reclamos que ya cuentan con sentencia firme son demorados y no se efectúan dentro de los 180 días que fija la ley sino que a veces se demoran hasta un año y medio.
Otro aspecto a tener en cuenta es la ganancia o superávit que tiene hoy el sistema. Mientras haya jubilados a los que no se les reconozcan las sentencias, mientras tengamos temas pendientes para ir mejorando las remuneraciones –como aprobó este Congreso con respecto a los docentes y a los investigadores-, considerar que hay superávit no es lo que corresponde. Este superávit tendrá que empezar a engrosar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
En los últimos años los recursos del sistema previsional han ido disminuyendo en comparación con la evolución del IVA, del impuesto a las ganancias y de los recursos aduaneros. Solamente tuvieron un incremento del 27 por ciento.
Como bien decía Alberdi, un gobierno no está para hacer ganancias sino para hacer justicia. Debemos hacer justicia pagándoles a los jubilados lo que merecen. (Aplausos.)
Obviamente, tal como lo adelantó nuestro miembro informante, el señor diputado Santín, vamos a acompañar en general y en particular el proyecto en tratamiento. No obstante ello, creo que hubiera sido oportuno no otorgar el principio de discrecionalidad contemplado en el artículo 3°, habida cuenta de que la moratoria anterior, que permitió detectar casos que podrían considerarse abusivos, no dio la certidumbre que requiere una norma de este tipo. Digo esto porque se deja en manos del funcionario del turno, tanto de la AFIP como de la ANSES, cualquier pedido de consideración.
En cuanto al artículo 5°, considero válida la adecuación del plan de pagos conforme a la movilidad jubilatoria porque es una forma de compensar y actualizar la masa de recursos del sistema previsional. Sin embargo, entiendo que es un tanto exagerado el interés del 1,35 por ciento.
De todas formas, para que esto se transforme en ley en el día de la fecha vamos a aceptar la propuesta teniendo en cuenta que esto ya ha sido discutido en el Senado de la Nación.
Por otra parte, permítanme hacer algunas observaciones que van más allá de este proyecto. Así, el sistema previsional tiene que formar parte de una verdadera política de Estado, tal como lo informó el señor miembro informante del Frente para la Victoria. Es necesario acordar una verdadera política de Estado en materia previsional para que el día de mañana no nos veamos obligados nuevamente a hacer consideraciones sobre este tema.
Hay ciertas cosas que debemos empezar a considerar, como la sustentabilidad que debe garantizar el sistema o las condiciones a tener en cuenta en el momento de fijar el haber.
Sin duda han cambiado los tiempos en la Argentina y en el mundo. El trabajo de nuestros padres y de nuestros abuelos era una constante en crecimiento por la estabilidad que implicaba tener un trabajo. Muy fácil se podía prever que quien ingresaba a un empleo se iba a mantener en él a lo largo del tiempo. Esto ahora se ha modificado: la gente cambia cada vez más de trabajo. Así, en ocasiones la edad pasa a jugar en contra, con lo cual basar el cálculo sobre el ingreso percibido en los últimos diez años no es lo mejor. En mi opinión sería conveniente tomar en cuenta los diez mejores años, habida cuenta de que hay gente que a veces pierde el trabajo a los 50 o 55 años y los últimos diez años no son los más productivos de su etapa laboral.
Tal como lo manifestó el diputado Pradines, del Partido Demócrata de Mendoza, hay una deuda pendiente con los jubilados que reclaman ante la Justicia. En estos casos la administración siempre apela con la única finalidad de dilatar una sentencia que, por los antecedentes que existen en estos casos, va a ser favorable para el jubilado. Por esta razón, comparto la idea de darle una solución definitiva a esta cuestión. Recordemos que muchos de los pagos por los reclamos que ya cuentan con sentencia firme son demorados y no se efectúan dentro de los 180 días que fija la ley sino que a veces se demoran hasta un año y medio.
Otro aspecto a tener en cuenta es la ganancia o superávit que tiene hoy el sistema. Mientras haya jubilados a los que no se les reconozcan las sentencias, mientras tengamos temas pendientes para ir mejorando las remuneraciones –como aprobó este Congreso con respecto a los docentes y a los investigadores-, considerar que hay superávit no es lo que corresponde. Este superávit tendrá que empezar a engrosar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
En los últimos años los recursos del sistema previsional han ido disminuyendo en comparación con la evolución del IVA, del impuesto a las ganancias y de los recursos aduaneros. Solamente tuvieron un incremento del 27 por ciento.
Como bien decía Alberdi, un gobierno no está para hacer ganancias sino para hacer justicia. Debemos hacer justicia pagándoles a los jubilados lo que merecen. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra el señor diputado por Formosa.
SR. DONKIN, CARLOS GUILLERMO (FORMOSA):
Señor presidente: la verdad es que venir a tratar este tema nos hace a los militantes políticos no mejores militantes sino mejores personas, porque con esta ley estamos contribuyendo al futuro y a la seguridad de miles de argentinos que habían quedado excluidos del sistema previsional. Hoy estamos devolviendo la sonrisa y esperanza a 470 mil argentinos, que no es poca cosa.
En un mundo en crisis, en guerra, donde algunos países que son referencia de muchos aquí expulsan a los jubilados y a los trabajadores, no les brindan cobertura social, esta Argentina presidida por la compañera Cristina está dando una vez más una muestra de solidaridad y compromiso con los más necesitados.
Mediante esta ley vamos a ser uno de los países con mayor previsión social. Tenemos una cobertura de casi el 95 por ciento de aquellos que necesitan previsión social. Nos dolió mucho en la historia, como seres humanos, ver a Norma Plá llorar en una plaza pública, y al ministro que la condenó a muerte dándonos hoy soluciones sobre cómo resolver los problemas. No queremos más ese tipo de dramas en nuestra sociedad.
Por eso votamos orgullosamente, como integrantes del Frente para la Victoria, el proyecto en discusión. Con esta iniciativa venimos a decir a nuestros conciudadanos que vamos a reparar diecisiete años de aquellos que no han aportado, estrechando así la brecha de esos años de falta de aportes, que no los hicieron no porque se tragaron la plata seamos sincerossino porque en su momento quedaron fuera del plano laboral, no tenían trabajo o su trabajo era precarizado.
Estamos corrigiendo desigualdades, porque quienes venimos del peronismo sabemos muy bien lo que nos enseñó el general. El movimiento peronista reconoce una sola clase de hombres: los trabajadores. Aquellos que han trabajado tienen derecho a jubilarse. Por eso venimos a cerrar esta brecha.
Me llama la atención que algunos vengan a decirnos que estamos siendo muy generosos, que este sistema previsional es muy generoso. Les recuerdo que no se trata de una cuestión de generosidad sino de reparación y de volver a poner en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos argentinos.
La diferencia que tenemos con algunos radica en que nosotros creemos en la solidaridad -que es un concepto básico del peronismo-, no en la caridad. La caridad es dar de lo que nos sobra, y nosotros venimos a compartir lo que es de todos y para todos los argentinos. Ese es el fundamento de por qué vamos a votar orgullosamente este proyecto de ley.
Recuerdo que no hace mucho tiempo criticaban a la presidenta porque le daba un préstamo a General Motors para que no despidiera gente. Los grandes titulares decían que se estaba llevando la plata de los jubilados, pero nunca dijeron que ese dinero produjo muchas ganancias al Estado argentino y que permitió seguir incrementando los recursos.
Hoy las jubilaciones se actualizan dos veces por año según lo que establece la ley. ¡Qué lejos estamos de aquel 13 por ciento que se llevaron algunos!
A quienes afirman que dentro de quince años nadie se podrá jubilar, les pido que no se preocupen. Mientras continúe vigente este proyecto –que es el proyecto del pueblo, el proyecto del gobierno de la compañera Cristina sustentado por la mayoría de los argentinos y, en general, el proyecto de todo el Frente para la Victoria, no sólo percibirán su haber los actuales jubilados sino todos aquellos que tengan la posibilidad de trabajar y seguir creyendo en una Argentina más justa y solidaria.
Esta iniciativa contribuye a mejorar nuestra patria, a seguir creyendo que en el otro debemos ver a un igual y a entender que es necesario restaurar los principios que alguna vez fueron dejados de lado.
Con todo mi orgullo de militante y de ser humano, adelanto mi apoyo a este proyecto porque el día de mañana quiero sentirme mejor militante y mejor ser humano. (Aplausos.)
En un mundo en crisis, en guerra, donde algunos países que son referencia de muchos aquí expulsan a los jubilados y a los trabajadores, no les brindan cobertura social, esta Argentina presidida por la compañera Cristina está dando una vez más una muestra de solidaridad y compromiso con los más necesitados.
Mediante esta ley vamos a ser uno de los países con mayor previsión social. Tenemos una cobertura de casi el 95 por ciento de aquellos que necesitan previsión social. Nos dolió mucho en la historia, como seres humanos, ver a Norma Plá llorar en una plaza pública, y al ministro que la condenó a muerte dándonos hoy soluciones sobre cómo resolver los problemas. No queremos más ese tipo de dramas en nuestra sociedad.
Por eso votamos orgullosamente, como integrantes del Frente para la Victoria, el proyecto en discusión. Con esta iniciativa venimos a decir a nuestros conciudadanos que vamos a reparar diecisiete años de aquellos que no han aportado, estrechando así la brecha de esos años de falta de aportes, que no los hicieron no porque se tragaron la plata seamos sincerossino porque en su momento quedaron fuera del plano laboral, no tenían trabajo o su trabajo era precarizado.
Estamos corrigiendo desigualdades, porque quienes venimos del peronismo sabemos muy bien lo que nos enseñó el general. El movimiento peronista reconoce una sola clase de hombres: los trabajadores. Aquellos que han trabajado tienen derecho a jubilarse. Por eso venimos a cerrar esta brecha.
Me llama la atención que algunos vengan a decirnos que estamos siendo muy generosos, que este sistema previsional es muy generoso. Les recuerdo que no se trata de una cuestión de generosidad sino de reparación y de volver a poner en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos argentinos.
La diferencia que tenemos con algunos radica en que nosotros creemos en la solidaridad -que es un concepto básico del peronismo-, no en la caridad. La caridad es dar de lo que nos sobra, y nosotros venimos a compartir lo que es de todos y para todos los argentinos. Ese es el fundamento de por qué vamos a votar orgullosamente este proyecto de ley.
Recuerdo que no hace mucho tiempo criticaban a la presidenta porque le daba un préstamo a General Motors para que no despidiera gente. Los grandes titulares decían que se estaba llevando la plata de los jubilados, pero nunca dijeron que ese dinero produjo muchas ganancias al Estado argentino y que permitió seguir incrementando los recursos.
Hoy las jubilaciones se actualizan dos veces por año según lo que establece la ley. ¡Qué lejos estamos de aquel 13 por ciento que se llevaron algunos!
A quienes afirman que dentro de quince años nadie se podrá jubilar, les pido que no se preocupen. Mientras continúe vigente este proyecto –que es el proyecto del pueblo, el proyecto del gobierno de la compañera Cristina sustentado por la mayoría de los argentinos y, en general, el proyecto de todo el Frente para la Victoria, no sólo percibirán su haber los actuales jubilados sino todos aquellos que tengan la posibilidad de trabajar y seguir creyendo en una Argentina más justa y solidaria.
Esta iniciativa contribuye a mejorar nuestra patria, a seguir creyendo que en el otro debemos ver a un igual y a entender que es necesario restaurar los principios que alguna vez fueron dejados de lado.
Con todo mi orgullo de militante y de ser humano, adelanto mi apoyo a este proyecto porque el día de mañana quiero sentirme mejor militante y mejor ser humano. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
SR. BARRETO, JORGE RUBEN (ENTRE RIOS):
Señor presidente: si bien solicito autorización para insertar parte de mi discurso en el Diario de Sesiones, no quiero dejar de señalar algunos pareceres que a lo largo de esta jornada expresaron algunos diputados de la oposición.
Escuchar a un ex ministro de este gobierno decir que esta norma es un parche porque el sistema no será sustentable, en verdad llama mi atención. Como peronistas no vemos a este proyecto de ley como un parche; tampoco creemos que los ciudadanos, a quienes consideramos sujetos de derecho, lo sean. Es por eso que el texto de la iniciativa en tratamiento no habla de “beneficios” sino de “derechos”.
Estamos reparando la macana que se mandaron otros allá por los años 90 cuando privatizaron y dejaron un negociado en manos de las AFJP. Afortunadamente, en 2008 pudimos recuperar esos fondos gracias a la idea del vicepresidente Amado Boudou, quien estoy seguro de que por ese motivo hoy sufre el escarnio mediático y público. No tengo dudas de que su situación actual es la consecuencia de haber cortado el chorro de un negociado a unos pocos vivos en nuestro país.
Por otra parte, quiero recordar a este ex ministro que habló sobre la sustentabilidad del sistema, que en más de diez años de gobierno el Frente para la Victoria creó más de 6 millones de puestos de laburo. Es decir que más de 6 millones de argentinos hoy pueden comer y vivir con dignidad gracias a este proyecto político.
También quiero recordar a algunos diputados que no estamos contentos con el haber mínimo que cobran más de 2.700.000 jubilados; en cambio, sí estamos contentos con haber incorporado al sistema previsional a quienes se encontraban fuera de él no por vagos, como dijo o dio a entender un legislador, sino porque no pudieron jubilarse al perder su trabajo en los años de las privatizaciones.
Por otro lado, se habló de universalización. Si se aprueba este proyecto de ley, estaremos dando cobertura al ciento por ciento de los adultos mayores que llegaron a su edad jubilatoria. Se trata de aproximadamente 500 mil personas que tendrán la posibilidad de jubilarse. Por eso me llama la atención que se diga que no estamos trabajando con números. La verdad es que no estamos trabajando con números, sino que lo estamos haciendo con personas, con ciudadanos. Si tanto le interesa el tema a este ex ministro, le voy a recordar algunas cifras.
Tal como he señalado, por medio de esta iniciativa estaremos beneficiando a cerca de 500 mil argentinos. El Plan de Inclusión Previsional de 2005 permitió que 2.700.000 ciudadanos se jubilaran. De esa forma, el total de personas incluidas en el sistema pasó del 63,3 por ciento en 2002 al 93,8 por ciento en la actualidad.
Por otra parte se agregó la cuestión del género, porque más del 73 por ciento de los sujetos de derecho que se incorporaron al sistema han sido mujeres.
Entonces, a fin de ir redondeando mi intervención y adelantando, desde luego, mi voto por la afirmativa respecto de esta importantísima iniciativa, simplemente quiero dejar en claro que nuestro proyecto político jamás ha tomado una medida en contra de las mayorías populares. Mientras sigamos gobernando no vamos a adoptar ninguna medida contraria a ellas, sino que las vamos a seguir beneficiando mediante este tipo de proyectos. (Aplausos.)
Escuchar a un ex ministro de este gobierno decir que esta norma es un parche porque el sistema no será sustentable, en verdad llama mi atención. Como peronistas no vemos a este proyecto de ley como un parche; tampoco creemos que los ciudadanos, a quienes consideramos sujetos de derecho, lo sean. Es por eso que el texto de la iniciativa en tratamiento no habla de “beneficios” sino de “derechos”.
Estamos reparando la macana que se mandaron otros allá por los años 90 cuando privatizaron y dejaron un negociado en manos de las AFJP. Afortunadamente, en 2008 pudimos recuperar esos fondos gracias a la idea del vicepresidente Amado Boudou, quien estoy seguro de que por ese motivo hoy sufre el escarnio mediático y público. No tengo dudas de que su situación actual es la consecuencia de haber cortado el chorro de un negociado a unos pocos vivos en nuestro país.
Por otra parte, quiero recordar a este ex ministro que habló sobre la sustentabilidad del sistema, que en más de diez años de gobierno el Frente para la Victoria creó más de 6 millones de puestos de laburo. Es decir que más de 6 millones de argentinos hoy pueden comer y vivir con dignidad gracias a este proyecto político.
También quiero recordar a algunos diputados que no estamos contentos con el haber mínimo que cobran más de 2.700.000 jubilados; en cambio, sí estamos contentos con haber incorporado al sistema previsional a quienes se encontraban fuera de él no por vagos, como dijo o dio a entender un legislador, sino porque no pudieron jubilarse al perder su trabajo en los años de las privatizaciones.
Por otro lado, se habló de universalización. Si se aprueba este proyecto de ley, estaremos dando cobertura al ciento por ciento de los adultos mayores que llegaron a su edad jubilatoria. Se trata de aproximadamente 500 mil personas que tendrán la posibilidad de jubilarse. Por eso me llama la atención que se diga que no estamos trabajando con números. La verdad es que no estamos trabajando con números, sino que lo estamos haciendo con personas, con ciudadanos. Si tanto le interesa el tema a este ex ministro, le voy a recordar algunas cifras.
Tal como he señalado, por medio de esta iniciativa estaremos beneficiando a cerca de 500 mil argentinos. El Plan de Inclusión Previsional de 2005 permitió que 2.700.000 ciudadanos se jubilaran. De esa forma, el total de personas incluidas en el sistema pasó del 63,3 por ciento en 2002 al 93,8 por ciento en la actualidad.
Por otra parte se agregó la cuestión del género, porque más del 73 por ciento de los sujetos de derecho que se incorporaron al sistema han sido mujeres.
Entonces, a fin de ir redondeando mi intervención y adelantando, desde luego, mi voto por la afirmativa respecto de esta importantísima iniciativa, simplemente quiero dejar en claro que nuestro proyecto político jamás ha tomado una medida en contra de las mayorías populares. Mientras sigamos gobernando no vamos a adoptar ninguna medida contraria a ellas, sino que las vamos a seguir beneficiando mediante este tipo de proyectos. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la señora diputada por Corrientes.
SRA. PERRONI, ANA MARIA (CORRIENTES):
Señor presidente: la verdad es que en el día de hoy no puedo dejar de expresar mi satisfacción por este proyecto de ley. Gracias a la moratoria anterior en Corrientes existen actualmente más jubilados nacionales que provinciales, a pesar de que mi provincia debe de ser una de las que posee más empleados públicos, ya que nosotros tenemos la industria de ese tipo de empleo. Eso también nos está dando la pauta de que tenemos muchos empleados que no tienen aportes y de que no solamente trabajan para el sector privado, sino también para el Estado.
Uno de los aspectos que más deseo destacar es el referido a las mujeres, porque la mayoría de los adultos mayores que han logrado este beneficio son, precisamente, mujeres. Generalmente se trata de mujeres que han sido explotadas como empleadas en casas de familia o en zonas rurales, donde a veces el padre de familia percibía un magro salario, mientras que ellas trabajaban por el mismo sueldo, la casa y la comida.
Realmente, desde la llegada al gobierno del doctor Néstor Kirchner primero y de la doctora Cristina Fernández de Kirchner después, han sido muchos los beneficios que se han obtenido, sobre todo para los adultos mayores. En ese sentido cabe recordar cómo se ha reactivado, durante la primera etapa, la pensión asistencial para los adultos de más de 70 años. Pero había una franja que nunca lograba ingresar al sistema previsional. En consecuencia, creo que la moratoria ha sido una de las mejores leyes de inclusión social que ha propiciado este gobierno, del que estoy muy orgullosa de pertenecer.
En 2006, en Corrientes había 33 mil jubilados nacionales, y después de la primera moratoria 75 mil. El Sindicato de Amas de Casa ha ayudado muchísimo en mi provincia para que toda esta gente que fue explotada pueda acceder a un salario, pero no teníamos modo de atender a muchas mujeres de más de 60 años.
La moratoria no solo ha llegado a las ciudades sino también a las zonas rurales. Es un beneficio que incluye al pobre peón rural o a la pobre señora que trabajó de sol a sol en los campos, para que cuando lleguen a la edad adulta tras dejar los campos y vayan a los cordones pobres de los pequeños pueblos, tengan el beneficio de esta jubilación.
He trabajado mucho en la parte social de mi provincia y sé que la moratoria ha traído a muchos ciudadanos argentinos la tranquilidad que, como ya lo hemos visto en más de 3 millones de ciudadanos, les permite darse el lujo de comprar un caramelo a su nieto. Eso es lo que dicen muchos adultos mayores que han tenido que vivir de la caridad de sus familiares, generalmente de escasos recursos.
Por otra parte, contar con este beneficio previsional les permite acceder al PAMI que, como nunca, está dando respuestas a todos los adultos mayores.
Este es un gobierno que nunca ha dejado de asistir y tender la mano a aquellos que más lo necesitan. Por eso con mucha satisfacción votaré por la afirmativa este proyecto de ley, sintiéndome orgullosa de pertenecer a este proyecto político. (Aplausos.)
Uno de los aspectos que más deseo destacar es el referido a las mujeres, porque la mayoría de los adultos mayores que han logrado este beneficio son, precisamente, mujeres. Generalmente se trata de mujeres que han sido explotadas como empleadas en casas de familia o en zonas rurales, donde a veces el padre de familia percibía un magro salario, mientras que ellas trabajaban por el mismo sueldo, la casa y la comida.
Realmente, desde la llegada al gobierno del doctor Néstor Kirchner primero y de la doctora Cristina Fernández de Kirchner después, han sido muchos los beneficios que se han obtenido, sobre todo para los adultos mayores. En ese sentido cabe recordar cómo se ha reactivado, durante la primera etapa, la pensión asistencial para los adultos de más de 70 años. Pero había una franja que nunca lograba ingresar al sistema previsional. En consecuencia, creo que la moratoria ha sido una de las mejores leyes de inclusión social que ha propiciado este gobierno, del que estoy muy orgullosa de pertenecer.
En 2006, en Corrientes había 33 mil jubilados nacionales, y después de la primera moratoria 75 mil. El Sindicato de Amas de Casa ha ayudado muchísimo en mi provincia para que toda esta gente que fue explotada pueda acceder a un salario, pero no teníamos modo de atender a muchas mujeres de más de 60 años.
La moratoria no solo ha llegado a las ciudades sino también a las zonas rurales. Es un beneficio que incluye al pobre peón rural o a la pobre señora que trabajó de sol a sol en los campos, para que cuando lleguen a la edad adulta tras dejar los campos y vayan a los cordones pobres de los pequeños pueblos, tengan el beneficio de esta jubilación.
He trabajado mucho en la parte social de mi provincia y sé que la moratoria ha traído a muchos ciudadanos argentinos la tranquilidad que, como ya lo hemos visto en más de 3 millones de ciudadanos, les permite darse el lujo de comprar un caramelo a su nieto. Eso es lo que dicen muchos adultos mayores que han tenido que vivir de la caridad de sus familiares, generalmente de escasos recursos.
Por otra parte, contar con este beneficio previsional les permite acceder al PAMI que, como nunca, está dando respuestas a todos los adultos mayores.
Este es un gobierno que nunca ha dejado de asistir y tender la mano a aquellos que más lo necesitan. Por eso con mucha satisfacción votaré por la afirmativa este proyecto de ley, sintiéndome orgullosa de pertenecer a este proyecto político. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Atento a los reiterados pedidos de muchos legisladores que tienen problemas de transporte y pueden perder sus vuelos o la posibilidad de regresar a sus hogares, y a que hay 40 inscriptos para hacer uso de la palabra, la Presidencia solicita a los señores presidentes de bloque que analicen la posibilidad de insertar discursos o disminuir el número de oradores.
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
SR. SEMINARA, EDUARDO JORGE (SANTA FE):
Señor presidente: como lo han expresado otros compañeros del Frente para la Victoria, el proyecto de ley en consideración representa la posibilidad concreta de incluir a miles de argentinos dentro del sistema previsional.
La moratoria propuesta está destinada a trabajadores que junto a los que incluimos en 2005 sumarán cerca de 4 millones de personas.
La iniciativa del Poder Ejecutivo nacional propone otorgar la jubilación a los trabajadores autónomos y los monotributistas que habiendo cumplido la edad correspondiente no reunieran los requisitos para acceder a este beneficio.
No es casual que sea el Frente para la Victoria la fuerza política que lleve adelante esta iniciativa. El peronismo y el Frente para la Victoria son fuerzas políticas que se mueven por la sensibilidad y la defensa de los intereses del pueblo que en las últimas elecciones nos consagró en el gobierno con el 54 por ciento de los votos. A esos votos debemos la obligación de defender los intereses de las mayorías populares.
Mucho nos han dicho los tecnoburócratas sin corazón acerca de los números y de los fracasos. Nosotros, como fuerza política, nos hacemos cargo de nuestros aciertos y de los desaciertos de quienes nos antecedieron. Lo cierto es que el peronismo está acostumbrado a que sobre él caigan todas las diatribas.
Néstor Kirchner no reconocía derechos de autor sobre las propuestas; sólo tenía una preocupación: mejorar la condición social del país que había recibido con una exigua cantidad de votos que sólo –como bien le gustaba decirsuperaba al número de desocupados que la Argentina tenía en ese momento.
Nosotros vamos a seguir avanzando en la universalización de los derechos para que el ciento por ciento de a quienes les corresponda tenga un haber jubilatorio cada vez mejor, más elevado, porque eso es producto de nuestras convicciones. Es nuestro deber como legisladores trabajar para una mejor calidad de vida de los argentinos.
Para eso necesitamos un Estado solvente y financiado, como también una fuerte decisión política de combatir la evasión fiscal en todas sus formas, y la elusión impositiva. No hay forma de llevar adelante un país con políticas sociales inclusivas con un Estado quebrado y desfinanciado.
Por eso fue necesario renegociar la deuda contraída por los gobiernos que nos antecedieron y así poder tener los recursos genuinos para poder avanzar en dos derechos fundamentales que tienen que ver con la inclusión. Uno es la Asignación Universal por Hijo, que garantiza a todos nuestros niños por nacer, y a su vez niños hasta su juventud avanzada, un ingreso que los ponga en posibilidades de estudiar, de crecer y de tener acceso a la salud.
Ahora nos toca el otro escalón más débil de la cadena biológica, que es el de los adultos mayores. Para eso estamos votando y yo quiero manifestar mi intención favorable hacia este proyecto que impulsó el Frente para la Victoria, dejando en claro que esto es como dijo el señor diputado que me antecedió en el uso de la palabrael piso del cual partimos y no el techo al cual queremos llegar.
Nos preocupa poder mirar a los ojos a nuestros hijos y a nuestros padres sin vergüenza, dejando de lado la oprobiosa sensación que perciben los pueblos derrotados, para reemplazarla por la alegría de los pueblos que triunfan y cumplen con su sentido histórico. Creo que a eso estamos convocados los legisladores de la patria. (Aplausos.)
La moratoria propuesta está destinada a trabajadores que junto a los que incluimos en 2005 sumarán cerca de 4 millones de personas.
La iniciativa del Poder Ejecutivo nacional propone otorgar la jubilación a los trabajadores autónomos y los monotributistas que habiendo cumplido la edad correspondiente no reunieran los requisitos para acceder a este beneficio.
No es casual que sea el Frente para la Victoria la fuerza política que lleve adelante esta iniciativa. El peronismo y el Frente para la Victoria son fuerzas políticas que se mueven por la sensibilidad y la defensa de los intereses del pueblo que en las últimas elecciones nos consagró en el gobierno con el 54 por ciento de los votos. A esos votos debemos la obligación de defender los intereses de las mayorías populares.
Mucho nos han dicho los tecnoburócratas sin corazón acerca de los números y de los fracasos. Nosotros, como fuerza política, nos hacemos cargo de nuestros aciertos y de los desaciertos de quienes nos antecedieron. Lo cierto es que el peronismo está acostumbrado a que sobre él caigan todas las diatribas.
Néstor Kirchner no reconocía derechos de autor sobre las propuestas; sólo tenía una preocupación: mejorar la condición social del país que había recibido con una exigua cantidad de votos que sólo –como bien le gustaba decirsuperaba al número de desocupados que la Argentina tenía en ese momento.
Nosotros vamos a seguir avanzando en la universalización de los derechos para que el ciento por ciento de a quienes les corresponda tenga un haber jubilatorio cada vez mejor, más elevado, porque eso es producto de nuestras convicciones. Es nuestro deber como legisladores trabajar para una mejor calidad de vida de los argentinos.
Para eso necesitamos un Estado solvente y financiado, como también una fuerte decisión política de combatir la evasión fiscal en todas sus formas, y la elusión impositiva. No hay forma de llevar adelante un país con políticas sociales inclusivas con un Estado quebrado y desfinanciado.
Por eso fue necesario renegociar la deuda contraída por los gobiernos que nos antecedieron y así poder tener los recursos genuinos para poder avanzar en dos derechos fundamentales que tienen que ver con la inclusión. Uno es la Asignación Universal por Hijo, que garantiza a todos nuestros niños por nacer, y a su vez niños hasta su juventud avanzada, un ingreso que los ponga en posibilidades de estudiar, de crecer y de tener acceso a la salud.
Ahora nos toca el otro escalón más débil de la cadena biológica, que es el de los adultos mayores. Para eso estamos votando y yo quiero manifestar mi intención favorable hacia este proyecto que impulsó el Frente para la Victoria, dejando en claro que esto es como dijo el señor diputado que me antecedió en el uso de la palabrael piso del cual partimos y no el techo al cual queremos llegar.
Nos preocupa poder mirar a los ojos a nuestros hijos y a nuestros padres sin vergüenza, dejando de lado la oprobiosa sensación que perciben los pueblos derrotados, para reemplazarla por la alegría de los pueblos que triunfan y cumplen con su sentido histórico. Creo que a eso estamos convocados los legisladores de la patria. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
SR. CLERI, MARCOS (SANTA FE):
Señor presidente: este tema ha logrado unanimidad, más allá de las críticas que la oposición tiene que hacer porque si no, no se siente conforme. No pueden estar felices de acompañar el hecho de que 500 mil nuevos argentinos van a tener más derechos sin realizar alguna crítica; siempre alguna crítica tienen que efectuar.
Y quisiera hablar de la realidad, de lo cotidiano. A veces algunos que se dicen dirigentes dejan de visitar a sus vecinos, se cambian de domicilio, se casan, se cambian de pareja y se terminan alejando de la realidad.
En las recorridas que hicimos con compañeros de la UOCRA, lo primero que surgió desde el corazón de ellos fue que en 2001 -cuando la ANSES estaba por ser desmantelada- no tenían trabajo en la construcción y hacían fila para cobrar el Plan Trabajar. Cuando cobraban dicho plan, era el único día que a su hijo le podían comprar yogur.
Gracias a Dios eso cambió por la gran cantidad de trabajo y la inversión del Estado, no sólo en construcción sino en todos los niveles.
También existe otro organismo de la seguridad social, dependiente del Ministerio de Trabajo, que es un eje fundamental en un gobierno peronista como éste, también lo es para todos los argentinos porque ahí es donde se crea el círculo virtuoso y la mejor convivencia con inclusión.
Ese organismo que estaba por ser desmantelado era uno que se quedaba con la poca recaudación de los que tenían trabajo. Asimismo, se hacía cargo de algunas jubilaciones porque todo el sistema estaba privatizado. Las AFJP no pensaban en cómo jubilar más argentinos u otorgarles más derechos. Todo lo contrario: tenían un contubernio con pocos y con la Bolsa de Comercio. Invertían con algunos en contra del pueblo argentino.
Lo cierto es que este proyecto político, cada vez que toma una decisión lo hace en beneficio del pueblo argentino. Es lo que molesta a algunos y por ahí tienen que criticar, sin saber cómo posicionarse. Lo han hecho con este proyecto y seguramente lo harán cuando deban explicar por qué tienen que estar con los buitres y no con la patria, en oportunidad de discutirse el cambio de jurisdicción para el pago de la deuda.
El gobierno nacional tiene una clara mirada de política integral, porque creemos en un país profundamente federal como eje organizador del trabajo. Además, vemos que este organismo nos acompaña desde los tres meses de embarazo y luego por toda la vida: con la Asignación Universal por Hijo, las asignaciones familiares, las jubilaciones y pensiones, y también con el tema educativo mediante el plan “Conectar igualdad”. Se genera inversión para que haya más trabajo, con posibilidad de tener una política anticíclica cuando la economía del mundo –como hasta ahoraestá en retroceso. O sea que tenemos un Estado presente en todos los niveles que acompaña a los argentinos.
Junto con el PAMI, está la intención del gobierno de dar a los jubilados y pensionados una obra social. Esto es lo que hay que contar, porque forma parte de la realidad: que los argentinos tienen trabajo, que cuando el presidente Kirchner asumió tuvo más desocupados que votos y que tuvo una política clara que explicó y mantuvo en el tiempo. Además, tiene una juventud que está integrada, pensando siempre en la forma de llegar a tener el primer trabajo. Los trabajadores cuentan con una política ante la posibilidad de que se encuentren económicamente agobiados. En dicha circunstancia, contarán con el REPRO. No cabe duda alguna de que con esta política se está atendiendo a jubilados y pensionados.
En mi provincia va a haber cerca de 48.000 nuevos jubilados y pensionados. Un montón. En todo el país habrá 480.000. Vamos a trabajar y los vamos a ir a visitar. Lo haremos porque estamos convencidos de que ese trabajador cuando cobraba el plan “Trabajar” le podía comprar el yogur a su hijo.
Hoy ese jubilado o pensionado, que seguramente debe de estar mucho mejor, cuando llame a sus nietos o familiares podrá decir que ellos también tienen una jubilación o una pensión. No fue por vago o porque no trabajó, sino porque se quedó en la Argentina y siguió apostando. Sabía que estaba fuera del sistema, pero continuó apostando a la Argentina. Es el mensaje que tenemos que dar y espero que más allá de las críticas que hacen nos puedan acompañar desde el corazón y no desde la conveniencia electoral y desde la miseria por el hecho de querer decir algo a pesar de que estén a favor.
A uno le duele mucho esto porque yo vi a mi abuelo y a muchos más sufrir políticas de Estado que destruyeron el empleo y la falta de jubilaciones era permanente. No vi a muchos de ustedes defendiéndolos.
Hoy vamos a dar un paso histórico porque vamos a avanzar en la universalización de jubilaciones y pensiones. No lo haremos solamente con esto sino también con el empleo. Sabemos como peronistas y defensores de este proyecto político que es el eje fundamental.
Hablando un poco de mañana, debo decir que aquel que le hace un paro a un gobierno peronista verdaderamente es un carnero y un servil a la oligarquía. ¡Por eso mismo todos nosotros vamos a estar defendiendo a Cristina, recordando a Néstor y principalmente vamos a estar en la calle trabajando con los jubilados, con los jóvenes y con los trabajadores! (Aplausos y manifestaciones en las bancas.)
Y quisiera hablar de la realidad, de lo cotidiano. A veces algunos que se dicen dirigentes dejan de visitar a sus vecinos, se cambian de domicilio, se casan, se cambian de pareja y se terminan alejando de la realidad.
En las recorridas que hicimos con compañeros de la UOCRA, lo primero que surgió desde el corazón de ellos fue que en 2001 -cuando la ANSES estaba por ser desmantelada- no tenían trabajo en la construcción y hacían fila para cobrar el Plan Trabajar. Cuando cobraban dicho plan, era el único día que a su hijo le podían comprar yogur.
Gracias a Dios eso cambió por la gran cantidad de trabajo y la inversión del Estado, no sólo en construcción sino en todos los niveles.
También existe otro organismo de la seguridad social, dependiente del Ministerio de Trabajo, que es un eje fundamental en un gobierno peronista como éste, también lo es para todos los argentinos porque ahí es donde se crea el círculo virtuoso y la mejor convivencia con inclusión.
Ese organismo que estaba por ser desmantelado era uno que se quedaba con la poca recaudación de los que tenían trabajo. Asimismo, se hacía cargo de algunas jubilaciones porque todo el sistema estaba privatizado. Las AFJP no pensaban en cómo jubilar más argentinos u otorgarles más derechos. Todo lo contrario: tenían un contubernio con pocos y con la Bolsa de Comercio. Invertían con algunos en contra del pueblo argentino.
Lo cierto es que este proyecto político, cada vez que toma una decisión lo hace en beneficio del pueblo argentino. Es lo que molesta a algunos y por ahí tienen que criticar, sin saber cómo posicionarse. Lo han hecho con este proyecto y seguramente lo harán cuando deban explicar por qué tienen que estar con los buitres y no con la patria, en oportunidad de discutirse el cambio de jurisdicción para el pago de la deuda.
El gobierno nacional tiene una clara mirada de política integral, porque creemos en un país profundamente federal como eje organizador del trabajo. Además, vemos que este organismo nos acompaña desde los tres meses de embarazo y luego por toda la vida: con la Asignación Universal por Hijo, las asignaciones familiares, las jubilaciones y pensiones, y también con el tema educativo mediante el plan “Conectar igualdad”. Se genera inversión para que haya más trabajo, con posibilidad de tener una política anticíclica cuando la economía del mundo –como hasta ahoraestá en retroceso. O sea que tenemos un Estado presente en todos los niveles que acompaña a los argentinos.
Junto con el PAMI, está la intención del gobierno de dar a los jubilados y pensionados una obra social. Esto es lo que hay que contar, porque forma parte de la realidad: que los argentinos tienen trabajo, que cuando el presidente Kirchner asumió tuvo más desocupados que votos y que tuvo una política clara que explicó y mantuvo en el tiempo. Además, tiene una juventud que está integrada, pensando siempre en la forma de llegar a tener el primer trabajo. Los trabajadores cuentan con una política ante la posibilidad de que se encuentren económicamente agobiados. En dicha circunstancia, contarán con el REPRO. No cabe duda alguna de que con esta política se está atendiendo a jubilados y pensionados.
En mi provincia va a haber cerca de 48.000 nuevos jubilados y pensionados. Un montón. En todo el país habrá 480.000. Vamos a trabajar y los vamos a ir a visitar. Lo haremos porque estamos convencidos de que ese trabajador cuando cobraba el plan “Trabajar” le podía comprar el yogur a su hijo.
Hoy ese jubilado o pensionado, que seguramente debe de estar mucho mejor, cuando llame a sus nietos o familiares podrá decir que ellos también tienen una jubilación o una pensión. No fue por vago o porque no trabajó, sino porque se quedó en la Argentina y siguió apostando. Sabía que estaba fuera del sistema, pero continuó apostando a la Argentina. Es el mensaje que tenemos que dar y espero que más allá de las críticas que hacen nos puedan acompañar desde el corazón y no desde la conveniencia electoral y desde la miseria por el hecho de querer decir algo a pesar de que estén a favor.
A uno le duele mucho esto porque yo vi a mi abuelo y a muchos más sufrir políticas de Estado que destruyeron el empleo y la falta de jubilaciones era permanente. No vi a muchos de ustedes defendiéndolos.
Hoy vamos a dar un paso histórico porque vamos a avanzar en la universalización de jubilaciones y pensiones. No lo haremos solamente con esto sino también con el empleo. Sabemos como peronistas y defensores de este proyecto político que es el eje fundamental.
Hablando un poco de mañana, debo decir que aquel que le hace un paro a un gobierno peronista verdaderamente es un carnero y un servil a la oligarquía. ¡Por eso mismo todos nosotros vamos a estar defendiendo a Cristina, recordando a Néstor y principalmente vamos a estar en la calle trabajando con los jubilados, con los jóvenes y con los trabajadores! (Aplausos y manifestaciones en las bancas.)
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra el señor diputado por Chaco.
SR. PEDRINI, JUAN MANUEL (CHACO):
Señor presidente: hoy tendría que ser un día de júbilo y orgullo para todo el Parlamento. Tenemos la posibilidad de generar nada más ni nada menos que la mayor cobertura previsional de toda nuestra querida América Latina.
Este debate dio lugar a distintas manifestaciones pero, tal como lo señaló mi compañera de bancada, la diputada Contrera, por Chubut, debemos tener memoria y ver no solamente el cuadro de hoy sino toda la película del desarrollo de la previsión al menos desde 2003 hasta estos momentos.
He escuchado con sorpresa a algunos dirigentes de la oposición referirse al superávit de 80.000 millones, que por suerte y gracias a la buena administración, hoy podemos decir que tenemos un sistema que genera semejante superávit. También veo a dirigentes de la oposición preocupados por los juicios. Alguno llegó a parafrasear a Lorenzetti diciendo que lo que sucedía en la Argentina era una tragedia nacional. En realidad, la tragedia nacional es tener al presidente de la Corte, doctor Lorenzetti, que impide que en la Justicia intervenga el principio de soberanía popular, no permitiendo al pueblo la elección de miembros del Consejo de la Magistratura.
La tragedia nacional es tener un personaje que nos dice que tenemos que aceptar el fallo de Griesa. La tragedia nacional era tener a la mitad de nuestros mayores fuera del sistema. Con esta nueva norma, de 3 millones de jubilados vamos a pasar a más de 6 millones, esto es, prácticamente el ciento por ciento de nuestros mayores dentro del sistema. (Aplausos.)
También se dijo con absoluta irresponsabilidad que en el mercado laboral de nuestro país prima la irregularidad y la ilegalidad. Eso era antes. Nada más falso que estas aseveraciones. El 50 por ciento de la clase trabajadora trabajaba marginalmente en el año 2003. Hoy logramos reducir esa brecha –aunque todavía nos duele mucho- al 20 por ciento. Una gran mayoría de los trabajadores hoy están en blanco, como debe ser.
También se dijo con una ignorancia supina que los fondos de los jubilados argentinos se destinaban al pago de la deuda externa. Nada más falso. Los fondos de la ANSES están destinados a la Asignación Universal por Hijo, al pago de las jubilaciones, a la construcción de viviendas, y fundamentalmente a la generación de empleo, tal como lo reseñó el diputado Cleri. No hay pago de deuda externa con los recursos de nuestros jubilados.
También se habla con liviandad de “parches”. Yo quiero festejar que tenemos el SIPA, el Sistema Integrado Previsional Argentino. En noviembre de 2008 este Parlamento aprobó el proyecto de Cristina para estatizar los fondos de las AFJP. Esta reestatización del sistema previsional determinó que las AFJP, que llegaron a cobrar hasta el 30 por ciento de los aportes en concepto de comisiones, hoy pierdan una ganancia fabulosa. Indudablemente, esa es una de las razones que no le van a perdonar al vicepresidente Boudou, y lo van a seguir acosando permanentemente por esa decisión de estatizar el sistema. Anteriormente sólo el 2 por ciento de esos recursos eran destinados a obras públicas, a energía y a créditos para la vivienda. Hoy en día el 8 por ciento de los recursos ya son afectados al desarrollo de la Argentina.
No tenemos que olvidar que la ANSES gasta 54 millones para administrar el sistema del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Las AFJP cobraron 3.200 millones en concepto de comisiones. Estas son las cuestiones centrales.
Como militante político quiero decir que estoy orgulloso del SIPA, sistema que no es menor.
La otra cuestión que también debemos recalcar se refiere a la Ley de Movilidad Jubilatoria que garantiza a los jubilados dos aumentos automáticos por año, pero este mecanismo comenzó a implementarse en 2008.
Por lo tanto, celebro el SIPA, la estatización de los recursos del sistema previsional y el hecho de tener en nuestra patria la mayor cobertura previsional de América Latina. Estamos construyendo la sociedad más justa del continente. (Aplausos.)
Este debate dio lugar a distintas manifestaciones pero, tal como lo señaló mi compañera de bancada, la diputada Contrera, por Chubut, debemos tener memoria y ver no solamente el cuadro de hoy sino toda la película del desarrollo de la previsión al menos desde 2003 hasta estos momentos.
He escuchado con sorpresa a algunos dirigentes de la oposición referirse al superávit de 80.000 millones, que por suerte y gracias a la buena administración, hoy podemos decir que tenemos un sistema que genera semejante superávit. También veo a dirigentes de la oposición preocupados por los juicios. Alguno llegó a parafrasear a Lorenzetti diciendo que lo que sucedía en la Argentina era una tragedia nacional. En realidad, la tragedia nacional es tener al presidente de la Corte, doctor Lorenzetti, que impide que en la Justicia intervenga el principio de soberanía popular, no permitiendo al pueblo la elección de miembros del Consejo de la Magistratura.
La tragedia nacional es tener un personaje que nos dice que tenemos que aceptar el fallo de Griesa. La tragedia nacional era tener a la mitad de nuestros mayores fuera del sistema. Con esta nueva norma, de 3 millones de jubilados vamos a pasar a más de 6 millones, esto es, prácticamente el ciento por ciento de nuestros mayores dentro del sistema. (Aplausos.)
También se dijo con absoluta irresponsabilidad que en el mercado laboral de nuestro país prima la irregularidad y la ilegalidad. Eso era antes. Nada más falso que estas aseveraciones. El 50 por ciento de la clase trabajadora trabajaba marginalmente en el año 2003. Hoy logramos reducir esa brecha –aunque todavía nos duele mucho- al 20 por ciento. Una gran mayoría de los trabajadores hoy están en blanco, como debe ser.
También se dijo con una ignorancia supina que los fondos de los jubilados argentinos se destinaban al pago de la deuda externa. Nada más falso. Los fondos de la ANSES están destinados a la Asignación Universal por Hijo, al pago de las jubilaciones, a la construcción de viviendas, y fundamentalmente a la generación de empleo, tal como lo reseñó el diputado Cleri. No hay pago de deuda externa con los recursos de nuestros jubilados.
También se habla con liviandad de “parches”. Yo quiero festejar que tenemos el SIPA, el Sistema Integrado Previsional Argentino. En noviembre de 2008 este Parlamento aprobó el proyecto de Cristina para estatizar los fondos de las AFJP. Esta reestatización del sistema previsional determinó que las AFJP, que llegaron a cobrar hasta el 30 por ciento de los aportes en concepto de comisiones, hoy pierdan una ganancia fabulosa. Indudablemente, esa es una de las razones que no le van a perdonar al vicepresidente Boudou, y lo van a seguir acosando permanentemente por esa decisión de estatizar el sistema. Anteriormente sólo el 2 por ciento de esos recursos eran destinados a obras públicas, a energía y a créditos para la vivienda. Hoy en día el 8 por ciento de los recursos ya son afectados al desarrollo de la Argentina.
No tenemos que olvidar que la ANSES gasta 54 millones para administrar el sistema del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Las AFJP cobraron 3.200 millones en concepto de comisiones. Estas son las cuestiones centrales.
Como militante político quiero decir que estoy orgulloso del SIPA, sistema que no es menor.
La otra cuestión que también debemos recalcar se refiere a la Ley de Movilidad Jubilatoria que garantiza a los jubilados dos aumentos automáticos por año, pero este mecanismo comenzó a implementarse en 2008.
Por lo tanto, celebro el SIPA, la estatización de los recursos del sistema previsional y el hecho de tener en nuestra patria la mayor cobertura previsional de América Latina. Estamos construyendo la sociedad más justa del continente. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra la señora diputada por Misiones.
SRA. LEVERBERG, STELLA MARIS (MISIONES):
Señor presidente: me voy a referir a la moratoria jubilatoria, otra reparación histórica que nos debíamos.
El proceso de inclusión que experimentó la Argentina de la última década no estaría completo si uno de sus ejes sociales, el de honrar debidamente a quienes cumplieron durante décadas con su trabajo, no fuera concretado.
Mucho se logró a partir de que quienes pudieron jubilarse obtuvieran esa herramienta de protección que es, por ejemplo, la movilidad jubilatoria semestral asegurada. Pero es justo y tan importante para culminar tal proceso mirar otro costado que nuestra sociedad viene mostrando como déficit social para con quienes trabajaron toda la vida: la realidad de aquellos que, por diferentes razones no ajenas a los vaivenes de la historia contemporánea argentina, se han visto impedidos de acceder a la jubilación.
Casi medio millón de argentinos se beneficiarán con la sanción del proyecto de ley que hoy nos ocupa, es decir, casi medio millón de trabajadores a los que hemos de honrar con la aprobación de esta norma que –no por casualidad- viene aprobada por unanimidad en la Cámara alta. Con gran apoyo se sancionará hoy en este recinto, donde esta reparación histórica será ratificada por la gran mayoría de quienes, desde las más variadas vertientes políticas, nos vemos en la obligación moral, social y patriótica de dar curso final en esta Cámara a uno de los proyectos que mayor consenso histórico han obtenido en el Congreso de la Nación en los últimos años.
Como sucede en pocas partes del mundo, hoy la Argentina tiene un 93 por ciento de inclusión en el sistema público de retiro, y el gobierno nacional –nuestro gobierno- ha decidido ir por más y llegar al ciento por ciento.
En los años 90 algunos osaron dejar este sistema en manos de empresas privadas, muchas de ellas incluso extranjeras y otras nacionales o mixtas, pero todas claramente de dudoso manejo en función de su responsabilidad social ante tamaño compromiso.
¿Se imaginan acaso en qué situación estaría el resguardo de los fondos jubilatorios hoy en día si permaneciera bajo el poder de grupos económicos que, por ejemplo, podrían estar en manos de capitales emparentados a los fondos buitre?
¿Qué hubiera sido de los millonarios recursos de los trabajadores aportantes que, a valores de pesos convertibles a dólares uno a uno, se hubiesen llevado del sistema las empresas sólo en concepto de las abultadas comisiones administrativas que cobraban por disponer del dinero? Sí, cobraban por administrar e invertir a su criterio el dinero de la gente y ganar intereses con él, arriesgándolo como si se tratara de un fondo propio.
Es bueno recordarlo en estos días donde está en discusión la descontrolada ambición de quienes manejaban los capitales y de nación en nación iban hurgando a la caza de enormes rentabilidades que ingresaban a la sombra de la forzada insolvencia de quienes no podían desarrollarse probablemente por la presión de estos mismos capitales.
Por eso esta ley es lo que faltaba para poner en una línea de absoluta igualdad de derechos a quienes tienen años de trabajo en negro, fueron estafados por empleadores –cuando los sistemas de control no eran los que existen hoy- o quizás golpeados por el desempleo en una porción de su vida laboral, no hayan podido completar los años mínimos de aporte y hayan cumplido, muchos hace largo tiempo, la edad para acceder al beneficio de la jubilación.
Esta moratoria no es una más; no hay que verla como otra de las muchas herramientas que se han puesto a disposición de distintos sectores de la economía argentina con muy buen criterio en estos años. Esta es una moratoria claramente reparadora, no solo al bolsillo sino al derecho de más de 475 mil argentinos excluidos en la etapa más vulnerable de sus vidas, cuando ya para muchos las fuerzas se han agotado de tanto andar, la salud tal vez no pueda ser un pilar en que apoyarse, o simplemente cuando ha llegado el tiempo de la recompensa, de disfrutar en igualdad y armonía de lo que la vida nos ha dado en lo personal, de la familia, de la consagración de quienes hemos traído al mundo con tanto esfuerzo como seres plenos, y de materializar el sueño de poder ver crecer a sus nietos y tal vez bisnietos.
No hay mucho más que justificar. Esta ley será sin duda alguna un nuevo hito en la historia de las conquistas sociales de los argentinos, pero sobre todo de muchos argentinos que han sufrido la ingratitud, la voracidad y el olvido de sistemas, planes perversos y vaciamientos que se han ensayado en una etapa más de sus vidas.
No existe manera racional y humana lo digo como desafío a mis pares que no están convencidosde justificar un “no” a esta medida. Hablamos de reparación de derechos, de una década claramente ganada como sociedad, de una patria grande, de una Argentina que crece, es inclusiva, solidaria y pertenece a este movimiento nacional y popular que honramos desde esta bancada. (Aplausos.)
El proceso de inclusión que experimentó la Argentina de la última década no estaría completo si uno de sus ejes sociales, el de honrar debidamente a quienes cumplieron durante décadas con su trabajo, no fuera concretado.
Mucho se logró a partir de que quienes pudieron jubilarse obtuvieran esa herramienta de protección que es, por ejemplo, la movilidad jubilatoria semestral asegurada. Pero es justo y tan importante para culminar tal proceso mirar otro costado que nuestra sociedad viene mostrando como déficit social para con quienes trabajaron toda la vida: la realidad de aquellos que, por diferentes razones no ajenas a los vaivenes de la historia contemporánea argentina, se han visto impedidos de acceder a la jubilación.
Casi medio millón de argentinos se beneficiarán con la sanción del proyecto de ley que hoy nos ocupa, es decir, casi medio millón de trabajadores a los que hemos de honrar con la aprobación de esta norma que –no por casualidad- viene aprobada por unanimidad en la Cámara alta. Con gran apoyo se sancionará hoy en este recinto, donde esta reparación histórica será ratificada por la gran mayoría de quienes, desde las más variadas vertientes políticas, nos vemos en la obligación moral, social y patriótica de dar curso final en esta Cámara a uno de los proyectos que mayor consenso histórico han obtenido en el Congreso de la Nación en los últimos años.
Como sucede en pocas partes del mundo, hoy la Argentina tiene un 93 por ciento de inclusión en el sistema público de retiro, y el gobierno nacional –nuestro gobierno- ha decidido ir por más y llegar al ciento por ciento.
En los años 90 algunos osaron dejar este sistema en manos de empresas privadas, muchas de ellas incluso extranjeras y otras nacionales o mixtas, pero todas claramente de dudoso manejo en función de su responsabilidad social ante tamaño compromiso.
¿Se imaginan acaso en qué situación estaría el resguardo de los fondos jubilatorios hoy en día si permaneciera bajo el poder de grupos económicos que, por ejemplo, podrían estar en manos de capitales emparentados a los fondos buitre?
¿Qué hubiera sido de los millonarios recursos de los trabajadores aportantes que, a valores de pesos convertibles a dólares uno a uno, se hubiesen llevado del sistema las empresas sólo en concepto de las abultadas comisiones administrativas que cobraban por disponer del dinero? Sí, cobraban por administrar e invertir a su criterio el dinero de la gente y ganar intereses con él, arriesgándolo como si se tratara de un fondo propio.
Es bueno recordarlo en estos días donde está en discusión la descontrolada ambición de quienes manejaban los capitales y de nación en nación iban hurgando a la caza de enormes rentabilidades que ingresaban a la sombra de la forzada insolvencia de quienes no podían desarrollarse probablemente por la presión de estos mismos capitales.
Por eso esta ley es lo que faltaba para poner en una línea de absoluta igualdad de derechos a quienes tienen años de trabajo en negro, fueron estafados por empleadores –cuando los sistemas de control no eran los que existen hoy- o quizás golpeados por el desempleo en una porción de su vida laboral, no hayan podido completar los años mínimos de aporte y hayan cumplido, muchos hace largo tiempo, la edad para acceder al beneficio de la jubilación.
Esta moratoria no es una más; no hay que verla como otra de las muchas herramientas que se han puesto a disposición de distintos sectores de la economía argentina con muy buen criterio en estos años. Esta es una moratoria claramente reparadora, no solo al bolsillo sino al derecho de más de 475 mil argentinos excluidos en la etapa más vulnerable de sus vidas, cuando ya para muchos las fuerzas se han agotado de tanto andar, la salud tal vez no pueda ser un pilar en que apoyarse, o simplemente cuando ha llegado el tiempo de la recompensa, de disfrutar en igualdad y armonía de lo que la vida nos ha dado en lo personal, de la familia, de la consagración de quienes hemos traído al mundo con tanto esfuerzo como seres plenos, y de materializar el sueño de poder ver crecer a sus nietos y tal vez bisnietos.
No hay mucho más que justificar. Esta ley será sin duda alguna un nuevo hito en la historia de las conquistas sociales de los argentinos, pero sobre todo de muchos argentinos que han sufrido la ingratitud, la voracidad y el olvido de sistemas, planes perversos y vaciamientos que se han ensayado en una etapa más de sus vidas.
No existe manera racional y humana lo digo como desafío a mis pares que no están convencidosde justificar un “no” a esta medida. Hablamos de reparación de derechos, de una década claramente ganada como sociedad, de una patria grande, de una Argentina que crece, es inclusiva, solidaria y pertenece a este movimiento nacional y popular que honramos desde esta bancada. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra la señora diputada por Misiones.
SRA. PERIE, JULIA ARGENTINA (MISIONES):
Señor presidente: mientras la Argentina se encuentra dando una pelea dura contra un régimen financiero internacional, que muestra lo peor del sistema capitalista contemporáneo; mientras dentro de nuestro propio país nos encontramos con fuerzas políticas de la oposición a este gobierno, que en lugar de situarse a la altura de los acontecimientos y de la historia ofrecen un espectáculo desleal con la patria; mientras ciertas organizaciones sindicales buscan golpear absurdamente a un modelo político, que si algo puede mostrar es el compromiso irrenunciable con los trabajadores, que es la esencia del peronismo; mientras la estrategia de los multimedios hegemónicos recrudece contra algunas instituciones públicas, despreciando la legitimidad democrática; mientras los sectores concentrados de la economía que han hecho grandes ganancias y negocios traccionan con tácticas reprobables e ilegales generando una suba injustificada de los precios que golpea a los más pobres; mientras todo esto ocurre en nuestra querida Argentina el gobierno continúa mostrando su fortaleza e iniciativa política.
Por eso hoy nos reunimos aquí para tratar esta maravillosa para nosotros y miles de argentinosdecisión del gobierno nacional de incorporar a casi 500 mil jubilados al sistema previsional, como lo han señalado muchos de mis pares. Estamos hablando de prácticamente 500 mil jubilados que ingresarán a un sistema previsional que este gobierno ha reconvertido; hecho que no debemos olvidar.
Debemos recordar lo que sucede en el país desde Marzo del año 2009, cuando por una ley de este Congreso los jubilados gozan de dos aumentos por año, que se actualizan. Esto significa hablar de dignidad de una sociedad, a diferencia de otras épocas en las que cuando había que ajustar, como lo han hecho algunos que incluso pertenecen a este Honorable Congreso, lo hacían a través del bolsillo de estos jubilados a los que nosotros les damos dignidad y reivindicamos con las políticas públicas.
Ahora las prioridades son las que deben ser. Las prioridades políticas apuntan a los más necesitados, a los que tienen menos recursos económicos y a los que integran los sectores más vulnerables de nuestro territorio. Por eso, estamos convencidos de que debemos seguir luchando y trabajando para consolidar una patria justa, libre y soberana, como nos enseñó nuestro conductor.
Son desafíos muy serios, y el gobierno nacional se ha caracterizado por asumirlos. Es más, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se ha caracterizado por defender permanentemente al pueblo y asumir las responsabilidades sin escapar a las dificultades.
En homenaje a la cantidad de gente que hoy nos acompaña desde los palcos de este recinto y en nombre de los más de diez mil nuevos jubilados que va a tener la provincia de Misiones, adelanto mi voto afirmativo al proyecto en consideración. (Aplausos.)
Por eso hoy nos reunimos aquí para tratar esta maravillosa para nosotros y miles de argentinosdecisión del gobierno nacional de incorporar a casi 500 mil jubilados al sistema previsional, como lo han señalado muchos de mis pares. Estamos hablando de prácticamente 500 mil jubilados que ingresarán a un sistema previsional que este gobierno ha reconvertido; hecho que no debemos olvidar.
Debemos recordar lo que sucede en el país desde Marzo del año 2009, cuando por una ley de este Congreso los jubilados gozan de dos aumentos por año, que se actualizan. Esto significa hablar de dignidad de una sociedad, a diferencia de otras épocas en las que cuando había que ajustar, como lo han hecho algunos que incluso pertenecen a este Honorable Congreso, lo hacían a través del bolsillo de estos jubilados a los que nosotros les damos dignidad y reivindicamos con las políticas públicas.
Ahora las prioridades son las que deben ser. Las prioridades políticas apuntan a los más necesitados, a los que tienen menos recursos económicos y a los que integran los sectores más vulnerables de nuestro territorio. Por eso, estamos convencidos de que debemos seguir luchando y trabajando para consolidar una patria justa, libre y soberana, como nos enseñó nuestro conductor.
Son desafíos muy serios, y el gobierno nacional se ha caracterizado por asumirlos. Es más, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se ha caracterizado por defender permanentemente al pueblo y asumir las responsabilidades sin escapar a las dificultades.
En homenaje a la cantidad de gente que hoy nos acompaña desde los palcos de este recinto y en nombre de los más de diez mil nuevos jubilados que va a tener la provincia de Misiones, adelanto mi voto afirmativo al proyecto en consideración. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra la señora diputada por Formosa.
SRA. LOTTO, INES BEATRIZ (FORMOSA):
Señor presidente: no me sorprende que estemos debatiendo este proyecto, en el que una vez más el Estado aparece como garante de los derechos fundamentales, en este caso en particular en salvaguarda de nuestros adultos mayores.
Digo esto porque desde hace más de una década este gobierno ha impulsado y velado por la protección de los sectores sociales más desfavorecidos, tutelando los dos extremos que evidencian vulnerabilidad: el inicio de la vida y las postrimerías como adultos mayores. En ambos casos el Estado ha demostrado su interés en el tema a través de la implementación de la Asignación Universal por Hijo, de la Ley de Movilidad Jubilatoria y con la reforma del sistema previsional, permitiendo en este último caso alcanzar la universalización de la cobertura de las personas en edad de jubilarse.
De esa manera el Estado argentino se ubica en la vanguardia de sus pares de la región y de gran parte del mundo, con un sistema previsional integrado e inclusivo.
En esta segunda etapa, el Plan de Inclusión Previsional, que viene a dar continuidad a la moratoria impulsada por el presidente Néstor Kirchner en el año 2005, permitirá que más de 2,7 millones de personas en edad de jubilarse pero con deudas de aporte, puedan ingresar al sistema logrando así amparo legal en materia de ingresos y cobertura médica.
Resulta necesario aclarar que esto no es de ahora. Hemos llegado a esta situación como consecuencia de la informalidad laboral, los altos niveles de desempleo y la desindustrialización sistemática que ha sufrido nuestro país en décadas pasadas, que impidieron lograr continuidad en los aportes por parte de la mayoría de los trabajadores en relación de dependencia, como así también de los trabajadores independientes.
Cuando hablo de la universalidad de la cobertura, me refiero a que puedan ingresar al sistema, que puedan transcurrir la última etapa de sus vidas de la mejor manera posible, que puedan ingresar las viudas o viudos cuyo cónyuge fallecido haya estado inscripto y haya realizado aportes, que el peón rural se jubile a los 57 años y que el trabajador de la construcción se retire a los 55, por nombrar solo algunos de los casos.
Como sabemos, este proyecto ha alcanzado un consenso generalizado, salvo algunas excepciones. Quienes lo critican esgrimen la necesidad de una reforma estructural del sistema y señalan que esto es un parche y que nada se soluciona. Se manifiestan de esa manera tratando de menospreciar y ningunear las medidas que apuntan a beneficiar a los que menos tienen. Todos conocemos los motivos. El propósito está en volver a las antiguas épocas, aquellas en las que los grandes capitales incrementaban sus beneficios a costa de los más desprotegidos y eran defendidos internamente por los que piden reformas estructurales.
Por último, no quisiera dejar de poner de manifiesto la importancia que estos reconocimientos han tenido en mi provincia, donde en esta última década dejamos de ser considerados como provincia inviable para ser considerados como parte de un gran pueblo argentino, accediendo así a los innumerables beneficios sociales.
Por todo esto, señor presidente, adelanto mi voto positivo y el acompañamiento al presente proyecto en pos de un sistema previsional universal, equitativo e inclusivo para todos los habitantes del pueblo de la Nación Argentina. (Aplausos.)
De esa manera el Estado argentino se ubica en la vanguardia de sus pares de la región y de gran parte del mundo, con un sistema previsional integrado e inclusivo.
En esta segunda etapa, el Plan de Inclusión Previsional, que viene a dar continuidad a la moratoria impulsada por el presidente Néstor Kirchner en el año 2005, permitirá que más de 2,7 millones de personas en edad de jubilarse pero con deudas de aporte, puedan ingresar al sistema logrando así amparo legal en materia de ingresos y cobertura médica.
Resulta necesario aclarar que esto no es de ahora. Hemos llegado a esta situación como consecuencia de la informalidad laboral, los altos niveles de desempleo y la desindustrialización sistemática que ha sufrido nuestro país en décadas pasadas, que impidieron lograr continuidad en los aportes por parte de la mayoría de los trabajadores en relación de dependencia, como así también de los trabajadores independientes.
Cuando hablo de la universalidad de la cobertura, me refiero a que puedan ingresar al sistema, que puedan transcurrir la última etapa de sus vidas de la mejor manera posible, que puedan ingresar las viudas o viudos cuyo cónyuge fallecido haya estado inscripto y haya realizado aportes, que el peón rural se jubile a los 57 años y que el trabajador de la construcción se retire a los 55, por nombrar solo algunos de los casos.
Como sabemos, este proyecto ha alcanzado un consenso generalizado, salvo algunas excepciones. Quienes lo critican esgrimen la necesidad de una reforma estructural del sistema y señalan que esto es un parche y que nada se soluciona. Se manifiestan de esa manera tratando de menospreciar y ningunear las medidas que apuntan a beneficiar a los que menos tienen. Todos conocemos los motivos. El propósito está en volver a las antiguas épocas, aquellas en las que los grandes capitales incrementaban sus beneficios a costa de los más desprotegidos y eran defendidos internamente por los que piden reformas estructurales.
Por último, no quisiera dejar de poner de manifiesto la importancia que estos reconocimientos han tenido en mi provincia, donde en esta última década dejamos de ser considerados como provincia inviable para ser considerados como parte de un gran pueblo argentino, accediendo así a los innumerables beneficios sociales.
Por todo esto, señor presidente, adelanto mi voto positivo y el acompañamiento al presente proyecto en pos de un sistema previsional universal, equitativo e inclusivo para todos los habitantes del pueblo de la Nación Argentina. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. ROMERO, OSCAR ALBERTO (BUENOS AIRES):
Señor presidente: dada la cantidad de inscriptos para hacer uso de la palabra solicito permiso para insertar mi discurso en el Diario de Sesiones y sólo voy a hacer unas breves consideraciones.
Nuevamente en este recinto estamos escuchando definiciones como asistencialismo, números, beneficencia, y la verdad es que el peronismo, entre números, asistencialismo y beneficencia, opta siempre por la acción concreta, la política concreta que tiene que ver con la inclusión.
En este sentido venimos a acompañar este proyecto de ley, que nuevamente por decisión de nuestra presidenta de la Nación, compañera Cristina Fernández de Kirchner, como hizo Néstor en su momento... (Aplausos.) ...viene a pensar en aquellos sectores más vulnerables. Aquí se dijo en forma equivocada que son personas que no han trabajado. Todo lo contrario: han tenido una vida de trabajo, de esfuerzo, pero lamentablemente los buitres internos y externos no les han permitido realizar sus aportes para poder jubilarse. Por eso queremos acompañar este proyecto de ley.
Por último, quisiera dirigir una pequeña reflexión a mis compañeros gremialistas que mañana van a llevar adelante una medida de fuerza.
Humildemente les pido que tengan la sabiduría e inteligencia para interpretar el momento que estamos viviendo, las dificultades que atraviesa el país, y que permitan a todos aquellos que por voluntad propia quieran presentarse mañana en sus puestos de trabajo, que así lo puedan hacer. (Aplausos.)
Un paro no se realiza asustando y prohibiéndoles a los trabajadores concurrir a sus lugares de trabajo. Un paro se hace desde la convicción y el convencimiento.
Por eso les solicito humildemente que reflexionen y les permitan a los trabajadores que mañana voluntariamente han decidido concurrir a sus trabajos, que lo puedan hacer. (Aplausos.)
Nuevamente en este recinto estamos escuchando definiciones como asistencialismo, números, beneficencia, y la verdad es que el peronismo, entre números, asistencialismo y beneficencia, opta siempre por la acción concreta, la política concreta que tiene que ver con la inclusión.
En este sentido venimos a acompañar este proyecto de ley, que nuevamente por decisión de nuestra presidenta de la Nación, compañera Cristina Fernández de Kirchner, como hizo Néstor en su momento... (Aplausos.) ...viene a pensar en aquellos sectores más vulnerables. Aquí se dijo en forma equivocada que son personas que no han trabajado. Todo lo contrario: han tenido una vida de trabajo, de esfuerzo, pero lamentablemente los buitres internos y externos no les han permitido realizar sus aportes para poder jubilarse. Por eso queremos acompañar este proyecto de ley.
Por último, quisiera dirigir una pequeña reflexión a mis compañeros gremialistas que mañana van a llevar adelante una medida de fuerza.
Humildemente les pido que tengan la sabiduría e inteligencia para interpretar el momento que estamos viviendo, las dificultades que atraviesa el país, y que permitan a todos aquellos que por voluntad propia quieran presentarse mañana en sus puestos de trabajo, que así lo puedan hacer. (Aplausos.)
Un paro no se realiza asustando y prohibiéndoles a los trabajadores concurrir a sus lugares de trabajo. Un paro se hace desde la convicción y el convencimiento.
Por eso les solicito humildemente que reflexionen y les permitan a los trabajadores que mañana voluntariamente han decidido concurrir a sus trabajos, que lo puedan hacer. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.
SR. RUBIN, CARLOS GUSTAVO (CORRIENTES):
Señor presidente: adelanto mi voto positivo a este proyecto, y entre todos los argumentos que se han vertido quiero resaltar que esta es una ley profundamente federal. Las provincias, especialmente las más pobres y que tienen más trabajo en negro o no registrado, recibirán más dinero para poder invertir en el tema social.
En el caso de Corrientes los 30 mil nuevos jubilados de la moratoria anterior implican un ingreso de 700 millones de pesos más por año, y los más de 140 mil beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo otros 700 millones por año. Esto es más del doble que el 15 por ciento que se acordó entre las provincias y la Nación darle a la ANSES en concepto impositivo hasta diciembre de 2015.
Este proyecto implica una redistribución progresiva, ya que a las provincias más pobres –que es donde viven las personas con mayores necesidadesse destinará más dinero. De esta manera queda revertido el argumento que pretendidamente se ha dado de que la Nación se apropia del 15 por ciento de los recursos para hacer campaña. Eso es mentira, y los números que he dado demuestran que está ingresando el doble de lo que aporta la provincia de Corrientes. Lo mismo sucede en las demás provincias.
Los señores diputados Lousteau y Sánchez suscribieron un dictamen de minoría en el que proponen que esta moratoria no se haga y, en su lugar, se constituya una comisión para estudiar durante un año el establecimiento de un nuevo sistema. ¿Qué hacemos con todas las personas que aguardan recibir un beneficio previsional? ¿Les pedimos que esperen un año?
Este debate me recuerda una canción que conocemos en Corrientes, magistralmente interpretada por un chamamecero como Mario Bofill, que cuenta la historia de Cantalicio, un viejito que andaba por las calles de Loreto imitando con su voz un chamamé y haciendo que tocaba el acordeón con sus manos. Todos se preguntaban cuál era la historia de ese viejito, hasta que un día supimos que se trataba de un chamamecero muy querido y reconocido que iba con su acordeón a todas las fiestas del pueblo. Un día cayó enfermo; más tarde recuperó la salud pero perdió su alma, porque tuvo que vender su acordeón.
Estas historias, que parecen pequeñas, en realidad son grandes. Algunos sostienen que esta norma es un parche, que es poca cosa y que es necesario reformular todo el sistema; pero para las personas que esperan y que han sido excluidas del sistema, es todo porque no tienen nada. Desde ese punto de vista es que apoyamos la sanción de este proyecto de ley. El cambio de sistema vendrá en el momento oportuno, pero eso no quiere decir que no tengamos que pensar ya en la justicia social para evitar que haya más Cantalicios que deban vender su acordeón. Dando a la gente la posibilidad de tener una obra social, un PAMI que los cubra, podremos extender la justicia y la previsión social a cada uno de los que necesitan en la Argentina.
No nos vendan la idea de que hay que sacrificar hasta que el sistema cambie. Estamos cansados de que se exijan sacrificios en pos de un paraíso que no viene nunca. Necesitamos justicia social ya; como decimos los peronistas, no puede haber grandeza de la patria si no hay felicidad del pueblo. (Aplausos.)
En el caso de Corrientes los 30 mil nuevos jubilados de la moratoria anterior implican un ingreso de 700 millones de pesos más por año, y los más de 140 mil beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo otros 700 millones por año. Esto es más del doble que el 15 por ciento que se acordó entre las provincias y la Nación darle a la ANSES en concepto impositivo hasta diciembre de 2015.
Este proyecto implica una redistribución progresiva, ya que a las provincias más pobres –que es donde viven las personas con mayores necesidadesse destinará más dinero. De esta manera queda revertido el argumento que pretendidamente se ha dado de que la Nación se apropia del 15 por ciento de los recursos para hacer campaña. Eso es mentira, y los números que he dado demuestran que está ingresando el doble de lo que aporta la provincia de Corrientes. Lo mismo sucede en las demás provincias.
Los señores diputados Lousteau y Sánchez suscribieron un dictamen de minoría en el que proponen que esta moratoria no se haga y, en su lugar, se constituya una comisión para estudiar durante un año el establecimiento de un nuevo sistema. ¿Qué hacemos con todas las personas que aguardan recibir un beneficio previsional? ¿Les pedimos que esperen un año?
Este debate me recuerda una canción que conocemos en Corrientes, magistralmente interpretada por un chamamecero como Mario Bofill, que cuenta la historia de Cantalicio, un viejito que andaba por las calles de Loreto imitando con su voz un chamamé y haciendo que tocaba el acordeón con sus manos. Todos se preguntaban cuál era la historia de ese viejito, hasta que un día supimos que se trataba de un chamamecero muy querido y reconocido que iba con su acordeón a todas las fiestas del pueblo. Un día cayó enfermo; más tarde recuperó la salud pero perdió su alma, porque tuvo que vender su acordeón.
Estas historias, que parecen pequeñas, en realidad son grandes. Algunos sostienen que esta norma es un parche, que es poca cosa y que es necesario reformular todo el sistema; pero para las personas que esperan y que han sido excluidas del sistema, es todo porque no tienen nada. Desde ese punto de vista es que apoyamos la sanción de este proyecto de ley. El cambio de sistema vendrá en el momento oportuno, pero eso no quiere decir que no tengamos que pensar ya en la justicia social para evitar que haya más Cantalicios que deban vender su acordeón. Dando a la gente la posibilidad de tener una obra social, un PAMI que los cubra, podremos extender la justicia y la previsión social a cada uno de los que necesitan en la Argentina.
No nos vendan la idea de que hay que sacrificar hasta que el sistema cambie. Estamos cansados de que se exijan sacrificios en pos de un paraíso que no viene nunca. Necesitamos justicia social ya; como decimos los peronistas, no puede haber grandeza de la patria si no hay felicidad del pueblo. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SRA. BRAWER, MARA (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: a pedido de la Presidencia de nuestro bloque y en solidaridad con el resto de los legisladores, pido permiso para insertar mi discurso en el Diario de Sesiones. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Queda autorizada su inserción, señora diputada.
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.
SR. GOMEZ BULL, MAURICIO RICARDO (SANTA CRUZ):
Señor presidente: hoy nos sentimos más peronistas, dijo la señora diputada Cristina Fernández de Kirchner cuando envió este proyecto al Congreso. Esta medida, que acompañamos, nos conduce por la senda que se constituyó en uno de los pilares que marcó Néstor Kirchner: siempre al lado de los jubilados.
La iniciativa en consideración nos permite ser un poco más justos y equitativos, ya que una vez más daremos atención a los sectores más vulnerables de la sociedad, aquellos que fueron marginados como consecuencia de las políticas neoliberales de los años 90.
Sin lugar a dudas, hoy cometeremos un acto de justicia porque este proyecto de ley pretende cubrir en un ciento por ciento a los argentinos en edad jubilatoria.
En la moratoria del año 2005, tras tres décadas de informalidad laboral y de desempleo, luego de haber visto cómo la mitad de las personas que tenían edad para jubilarse quedaban fuera del sistema formal, nos encontramos con datos que celebramos a través de los resultados obtenidos. Entre ellos debemos destacar la reducción de la pobreza y la indigencia en los adultos mayores, como así también las políticas de igualdad de género, ya que las tres cuartas partes de esas jubilaciones han sido otorgadas a las mujeres. Por algo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo que era el sector que conformaba a las explotadas de siempre; no por nada hoy nos acompañan las compañeras del SACRA, es decir, del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina, que sin lugar a dudas han sabido acogerse a los beneficios de las políticas de este proyecto.
En cuanto a los números, sólo quiero referirme a los de la provincia de Santa Cruz, a la que represento y a cuya caja de previsión la gente se acoge mayoritariamente. Claramente puede observarse que de acuerdo con los datos de la ANSES, desde 2003 hasta el presente, en el Sistema Integral Previsional Argentino el número de jubilaciones pasó de 6.018 a 16.714, lo que equivale a un incremento del 142 por ciento.
En lo relativo a las pensiones no contributivas, en 2003 el número de ellas ascendía a 2.418, mientras que hoy son 5.065. Para una provincia que prácticamente tiene la menor densidad poblacional de la República Argentina estos números son muy significativos.
La iniciativa en consideración nos permite ser un poco más justos y equitativos, ya que una vez más daremos atención a los sectores más vulnerables de la sociedad, aquellos que fueron marginados como consecuencia de las políticas neoliberales de los años 90.
Sin lugar a dudas, hoy cometeremos un acto de justicia porque este proyecto de ley pretende cubrir en un ciento por ciento a los argentinos en edad jubilatoria.
En la moratoria del año 2005, tras tres décadas de informalidad laboral y de desempleo, luego de haber visto cómo la mitad de las personas que tenían edad para jubilarse quedaban fuera del sistema formal, nos encontramos con datos que celebramos a través de los resultados obtenidos. Entre ellos debemos destacar la reducción de la pobreza y la indigencia en los adultos mayores, como así también las políticas de igualdad de género, ya que las tres cuartas partes de esas jubilaciones han sido otorgadas a las mujeres. Por algo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo que era el sector que conformaba a las explotadas de siempre; no por nada hoy nos acompañan las compañeras del SACRA, es decir, del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina, que sin lugar a dudas han sabido acogerse a los beneficios de las políticas de este proyecto.
En cuanto a los números, sólo quiero referirme a los de la provincia de Santa Cruz, a la que represento y a cuya caja de previsión la gente se acoge mayoritariamente. Claramente puede observarse que de acuerdo con los datos de la ANSES, desde 2003 hasta el presente, en el Sistema Integral Previsional Argentino el número de jubilaciones pasó de 6.018 a 16.714, lo que equivale a un incremento del 142 por ciento.
En lo relativo a las pensiones no contributivas, en 2003 el número de ellas ascendía a 2.418, mientras que hoy son 5.065. Para una provincia que prácticamente tiene la menor densidad poblacional de la República Argentina estos números son muy significativos.
- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª de la Honorable Cámara, profesora Norma Amanda Abdala de Matarazzo.
SR. GOMEZ BULL, MAURICIO RICARDO (SANTA CRUZ):
Por otra parte, como consecuencia de la última moratoria los nuevos jubilados fueron 6.109.
Sabemos perfectamente que entre nuestros objetivos, además de garantizar un seguro de vejez para los contribuyentes, se encuentra el de asegurar las mejores condiciones de vida para nuestros ancianos.
Para finalizar quiero decir que porque queremos una ancianidad plena de derechos y necesitamos un país con una mayor equidad y con más oportunidades para todos, nos sentimos absolutamente identificados en nuestras convicciones a través de estas decisiones adoptadas por el gobierno. En ese sentido, deseo señalar que mientras otros recortaban los salarios de los trabajadores y los jubilados, nosotros, una vez más, los estamos incluyendo. Asimismo, mientras otros convocan a un paro general, nosotros votamos un Plan de Inclusión Previsional, y mientras todos los países del mundo –en particular los de Latinoamérica- nos están observando y quieren que sostengamos este modelo, nosotros estamos seguros de que nos encontramos en el camino correcto de la mano de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Por las razones expuestas, voy a acompañar este proyecto. (Aplausos.)
Sabemos perfectamente que entre nuestros objetivos, además de garantizar un seguro de vejez para los contribuyentes, se encuentra el de asegurar las mejores condiciones de vida para nuestros ancianos.
Para finalizar quiero decir que porque queremos una ancianidad plena de derechos y necesitamos un país con una mayor equidad y con más oportunidades para todos, nos sentimos absolutamente identificados en nuestras convicciones a través de estas decisiones adoptadas por el gobierno. En ese sentido, deseo señalar que mientras otros recortaban los salarios de los trabajadores y los jubilados, nosotros, una vez más, los estamos incluyendo. Asimismo, mientras otros convocan a un paro general, nosotros votamos un Plan de Inclusión Previsional, y mientras todos los países del mundo –en particular los de Latinoamérica- nos están observando y quieren que sostengamos este modelo, nosotros estamos seguros de que nos encontramos en el camino correcto de la mano de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Por las razones expuestas, voy a acompañar este proyecto. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra la señora diputada por Córdoba.
SRA. BEDANO, NORA ESTHER (CORDOBA):
Señora presidenta: la cuestión es muy simple. Si la presidenta Cristina Fernández de Kirchner adoptara sus decisiones políticas basándose únicamente en los números de la economía tal como los han planteado la oposición y algunos señores diputados por la provincia de Córdoba, a la que represento, seguramente no estaríamos teniendo programas tales como Progresar o la Asignación Universal por Hijo, o bien, este sistema de moratoria previsional para todos aquellos hombres y mujeres que en su momento no pudieron efectuar los aportes correspondientes.
Si la presidenta Cristina Fernández de Kirchner primero hiciera los números y se aferrara a rajatabla a esas columnas con cifras estaríamos exactamente igual que en 2001 y que en los años 90, cuando el ministro de Economía de entonces y algunos de sus colaboradores no hacían más que privatizar las empresas del Estado, permitir que se bajaran las persianas de las fábricas y no mover un dedo para que los trabajadores argentinos estuvieran debidamente registrados.
Claro que falta mucho por hacer. Hace unos instantes escuché a un señor diputado que en su intervención utilizó el verbo “habrá”. ¿No sería mejor que aquellos que formaron parte de los gobiernos nacionales que permitieron el descalabro del trabajo en negro también pusieran un grano de arena para que cada trabajador –aun los que faltanpueda tener su aporte? Si a lo largo de nuestra historia cada trabajador hubiera tenido el aporte correspondiente, no serían necesarias las moratorias.
Acompaño este proyecto porque pienso en esas mujeres que tienen sus dedos torcidos y las columnas destrozadas por trabajar en las lavanderías de las áreas turísticas y las casonas de las grandes estancias; jamás tuvieron un aporte jubilatorio porque sus patronas y patrones las consideraban casi esclavas.
Hoy nos acompaña el SACRA,...
Si la presidenta Cristina Fernández de Kirchner primero hiciera los números y se aferrara a rajatabla a esas columnas con cifras estaríamos exactamente igual que en 2001 y que en los años 90, cuando el ministro de Economía de entonces y algunos de sus colaboradores no hacían más que privatizar las empresas del Estado, permitir que se bajaran las persianas de las fábricas y no mover un dedo para que los trabajadores argentinos estuvieran debidamente registrados.
Claro que falta mucho por hacer. Hace unos instantes escuché a un señor diputado que en su intervención utilizó el verbo “habrá”. ¿No sería mejor que aquellos que formaron parte de los gobiernos nacionales que permitieron el descalabro del trabajo en negro también pusieran un grano de arena para que cada trabajador –aun los que faltanpueda tener su aporte? Si a lo largo de nuestra historia cada trabajador hubiera tenido el aporte correspondiente, no serían necesarias las moratorias.
Acompaño este proyecto porque pienso en esas mujeres que tienen sus dedos torcidos y las columnas destrozadas por trabajar en las lavanderías de las áreas turísticas y las casonas de las grandes estancias; jamás tuvieron un aporte jubilatorio porque sus patronas y patrones las consideraban casi esclavas.
Hoy nos acompaña el SACRA,...
- Aplausos en las galerías.
SRA. BEDANO, NORA ESTHER (CORDOBA):
...pero también nos podría acompañar el Sindicato de Empleadas Domésticas, porque las mujeres que hoy tienen 60 años y son beneficiarias de este proyecto de ley fueron amas de casa y empleadas domésticas, y no tuvieron aporte alguno. Tomo esta posición por ellas, por las que trabajaron en los hornos de ladrillos y en las zonas turísticas. En mi provincia de Córdoba, en Traslasierra, las mujeres de 60 años no tienen registrado ni un mes de aporte. ¿Cómo no vamos a aprobar este proyecto de ley? ¿Cómo nuestra presidenta no va a tomar esta decisión?
Ojalá ésta sea la última moratoria. Si eso ocurriera, dentro de algunos años me gustaría ver a la oposición reconocer a este mismo gobierno, con las mismas palabras con que hoy dicen que no nos acompañan, que después de Perón y Eva Perón los gobiernos de Néstor y Cristina fueron los únicos que se acordaron de ayudar a que los compañeros trabajadores estén debidamente registrados.
Para finalizar, solicito autorización para insertar el resto de mi discurso en el Diario de Sesiones, y sostengo que acompañar este proyecto de ley es casi una cuestión ética y solidaria, no tanto de análisis económico. ¡Todavía estamos pagando las consecuencias de tanto análisis económico! Ojalá alguna vez en este recinto podamos brindar porque no haya más moratorias ni comedores así los chicos podrán comer con sus padresy los hombres y mujeres puedan jubilarse yendo solos a la ANSES, registrando sus aportes y cobrando sus jubilaciones en 60 días. ¡Bienvenida entonces esta decisión política de Cristina! ¡Ojalá en este país nunca cambie el sistema y que las decisiones que se toman por el pueblo no se basen únicamente en las tablitas financieras, sino en la situación del pueblo que tanto lo necesita! (Aplausos en las bancas y en las galerías.)
Ojalá ésta sea la última moratoria. Si eso ocurriera, dentro de algunos años me gustaría ver a la oposición reconocer a este mismo gobierno, con las mismas palabras con que hoy dicen que no nos acompañan, que después de Perón y Eva Perón los gobiernos de Néstor y Cristina fueron los únicos que se acordaron de ayudar a que los compañeros trabajadores estén debidamente registrados.
Para finalizar, solicito autorización para insertar el resto de mi discurso en el Diario de Sesiones, y sostengo que acompañar este proyecto de ley es casi una cuestión ética y solidaria, no tanto de análisis económico. ¡Todavía estamos pagando las consecuencias de tanto análisis económico! Ojalá alguna vez en este recinto podamos brindar porque no haya más moratorias ni comedores así los chicos podrán comer con sus padresy los hombres y mujeres puedan jubilarse yendo solos a la ANSES, registrando sus aportes y cobrando sus jubilaciones en 60 días. ¡Bienvenida entonces esta decisión política de Cristina! ¡Ojalá en este país nunca cambie el sistema y que las decisiones que se toman por el pueblo no se basen únicamente en las tablitas financieras, sino en la situación del pueblo que tanto lo necesita! (Aplausos en las bancas y en las galerías.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra la señora diputada por Córdoba.
SRA. CARRIZO, MARIA SOLEDAD (CORDOBA):
Señora presidenta: adelanto que el bloque de la Unión Cívica Radical acompaña felizmente esta moratoria.
- Aplausos en las galerías.
SRA. CARRIZO, MARIA SOLEDAD (CORDOBA):
Como buena argentina del interior entiendo que debemos avalar la inclusión, sobre todo de los que menos tienen. Este es el espíritu y el sentido del proyecto de ley.
Sin embargo, cabe remarcar también que si estamos discutiendo distintos puntos de vista es porque en estos años no hemos cumplido con el verdadero sentido de la justicia social, que es dar a cada uno de los argentinos un trabajo digno, sin que sea necesario conceder estas excepciones.
Todavía hay deudas por las que debemos trabajar, reconociendo que en nuestra Argentina hoy tenemos una gran recesión. En nuestra provincia las automotrices están suspendiendo a los trabajadores e innumerables lugares están sufriendo una gran desocupación. Por eso es importante despojarse de las cuestiones partidarias y personalistas, y entender que realmente todavía nos queda mucho por trabajar, pero siempre se da cuando realmente reconocemos la realidad en la que estamos viviendo.
Por eso quiero no solamente dejar expresado mi voto positivo, sino también la disidencia y el temor a que el artículo 3° de este proyecto de ley sea utilizado discrecionalmente por la autoridad que va a reglamentar la ley, que es la ANSES.
Esperemos que realmente no se desvirtúe y que no se tomen facultades que no corresponden al Poder Ejecutivo, sino que se implemente y se tenga en cuenta que esta moratoria debe incluir a los 495 mil argentinos que la están esperando, sin discriminación, sin una evaluación, como se manifiesta en este artículo, que realmente considero que no debería haberse redactado de esta manera.
Simplemente cito un ejemplo que dio el licenciado Bossio en su visita a la reunión conjunta de comisiones. Manifestaba que un ex director de la ANSES reguló que todas las pensionadas que hoy van a ingresar no pudieran jubilarse con la moratoria anterior. Esto fue tildado de abuso de poder en la Justicia.
Por estos blancos y estas cuestiones que no se terminan de discutir en este recinto, porque aquí tendríamos que establecer los criterios objetivos, es que voy a votar en particular en contra del artículo 3°.
Sin embargo, cabe remarcar también que si estamos discutiendo distintos puntos de vista es porque en estos años no hemos cumplido con el verdadero sentido de la justicia social, que es dar a cada uno de los argentinos un trabajo digno, sin que sea necesario conceder estas excepciones.
Todavía hay deudas por las que debemos trabajar, reconociendo que en nuestra Argentina hoy tenemos una gran recesión. En nuestra provincia las automotrices están suspendiendo a los trabajadores e innumerables lugares están sufriendo una gran desocupación. Por eso es importante despojarse de las cuestiones partidarias y personalistas, y entender que realmente todavía nos queda mucho por trabajar, pero siempre se da cuando realmente reconocemos la realidad en la que estamos viviendo.
Por eso quiero no solamente dejar expresado mi voto positivo, sino también la disidencia y el temor a que el artículo 3° de este proyecto de ley sea utilizado discrecionalmente por la autoridad que va a reglamentar la ley, que es la ANSES.
Esperemos que realmente no se desvirtúe y que no se tomen facultades que no corresponden al Poder Ejecutivo, sino que se implemente y se tenga en cuenta que esta moratoria debe incluir a los 495 mil argentinos que la están esperando, sin discriminación, sin una evaluación, como se manifiesta en este artículo, que realmente considero que no debería haberse redactado de esta manera.
Simplemente cito un ejemplo que dio el licenciado Bossio en su visita a la reunión conjunta de comisiones. Manifestaba que un ex director de la ANSES reguló que todas las pensionadas que hoy van a ingresar no pudieran jubilarse con la moratoria anterior. Esto fue tildado de abuso de poder en la Justicia.
Por estos blancos y estas cuestiones que no se terminan de discutir en este recinto, porque aquí tendríamos que establecer los criterios objetivos, es que voy a votar en particular en contra del artículo 3°.
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra el señor diputado por Misiones.
SR. ZIEGLER, ALEX ROBERTO (MISIONES):
Señor presidente: simplemente como espacio político que representa al pueblo misionero, del Frente Renovador de la Concordia, venimos a acompañar este proyecto de ley que reivindica –como se dijo durante toda la jornadaun derecho que tienen nuestros mayores.
Muchas veces se escucha decir que son jubilaciones sin aportes, y yo no voy a venir a hablarles de tecnicismos, de sensaciones, de sentimientos, de lo que uno ve y siente todos los días en los lugares en los que visita a estas personas. Son personas que han hecho sus aportes, porque han trabajado, se han sacrificado, se han roto el alma laburando. Habrá sido un pequeño productor, un trabajador que estuvo en negro o un empresario que en algún momento quebró, se fue a la bancarrota y no pudo completar sus aportes. Ellos, a su edad, merecen que nosotros, como Estado, estemos presentes, que los acompañemos y podamos reivindicar sus derechos.
Recuerdo que en el año 99, cuando me tocó comenzar una campaña política recorriendo los barrios de mi ciudad, la ciudad de El Dorado, Misiones, uno ingresaba a la casa de cualquier familia, preguntaba dónde estaba el abuelo y le contestaban que seguramente estaría debajo de una planta de mango, de mandarina, de palta o de lo que fuere. Seguramente pasaba en todas las provincias lo mismo. Estaría sentado en una silla, una silla de ruedas o acostado en un catre. Cuando uno le preguntaba: “¿Cómo anda abuelo o cómo anda abuela?”, contestaba: “Y aquí me ve, esperando que el tiempo pase, tal vez que Tata Dios baje y se digne en llevarme para quitar esta carga a mis hijos”. Hoy usted va a esa misma casa y pregunta dónde está el abuelo o la abuela, y le dicen: “El abuelo estará jugando al truco en el centro de jubilados, y la abuela estará contando cuentos a los chicos en las escuelas junto a las maestras para mantener vivas nuestras costumbres y nuestra cultura”.
Quiero decir que de eso se trata profundamente este proyecto de ley. Es incorporar a nuestros mayores, a aquellos que construyeron, a aquellos que consolidaron, a aquellos que laburaron y a aquellos que muchas veces fueron abusados por los que inescrupulosamente los explotaron trabajando y les hacían firmar un recibo diciéndoles que se les hacían los aportes, pero cuando iban a la ANSES o alguna de las cajas en las que deberían haber estado los aportes, se daban cuenta de que no estaban y por eso hoy están marginados.
Por ello hoy venimos con mucho orgullo a acompañar este proyecto del gobierno nacional, de este gobierno que ha echado una mirada más profunda a esas grandes injusticias. Quiero decirles que tal vez en muchos de los grandes centros urbanos, ha habido mucho más trabajo formal. Sin embargo, en provincias como Misiones, donde existen obrajes, tarefas, donde se deshojan mandarinas y naranjas y muchos cultivos regionales, nos encontramos con que nos dicen que se tratan de tareas temporarias.
Algunos se abusan de que esas labores temporarias no estén registradas. A esa gente hoy la vamos a ir a registrar, para que se transformen de nuevo en sujetos de derecho y puedan acceder a una jubilación y a una ancianidad digna. Vamos a reconocer el sacrificio que han hecho en su juventud para reconstruir esta Nación.
Con profundo orgullo misionero venimos a dar el sí a este proyecto de ley. (Aplausos.)
Muchas veces se escucha decir que son jubilaciones sin aportes, y yo no voy a venir a hablarles de tecnicismos, de sensaciones, de sentimientos, de lo que uno ve y siente todos los días en los lugares en los que visita a estas personas. Son personas que han hecho sus aportes, porque han trabajado, se han sacrificado, se han roto el alma laburando. Habrá sido un pequeño productor, un trabajador que estuvo en negro o un empresario que en algún momento quebró, se fue a la bancarrota y no pudo completar sus aportes. Ellos, a su edad, merecen que nosotros, como Estado, estemos presentes, que los acompañemos y podamos reivindicar sus derechos.
Recuerdo que en el año 99, cuando me tocó comenzar una campaña política recorriendo los barrios de mi ciudad, la ciudad de El Dorado, Misiones, uno ingresaba a la casa de cualquier familia, preguntaba dónde estaba el abuelo y le contestaban que seguramente estaría debajo de una planta de mango, de mandarina, de palta o de lo que fuere. Seguramente pasaba en todas las provincias lo mismo. Estaría sentado en una silla, una silla de ruedas o acostado en un catre. Cuando uno le preguntaba: “¿Cómo anda abuelo o cómo anda abuela?”, contestaba: “Y aquí me ve, esperando que el tiempo pase, tal vez que Tata Dios baje y se digne en llevarme para quitar esta carga a mis hijos”. Hoy usted va a esa misma casa y pregunta dónde está el abuelo o la abuela, y le dicen: “El abuelo estará jugando al truco en el centro de jubilados, y la abuela estará contando cuentos a los chicos en las escuelas junto a las maestras para mantener vivas nuestras costumbres y nuestra cultura”.
Quiero decir que de eso se trata profundamente este proyecto de ley. Es incorporar a nuestros mayores, a aquellos que construyeron, a aquellos que consolidaron, a aquellos que laburaron y a aquellos que muchas veces fueron abusados por los que inescrupulosamente los explotaron trabajando y les hacían firmar un recibo diciéndoles que se les hacían los aportes, pero cuando iban a la ANSES o alguna de las cajas en las que deberían haber estado los aportes, se daban cuenta de que no estaban y por eso hoy están marginados.
Por ello hoy venimos con mucho orgullo a acompañar este proyecto del gobierno nacional, de este gobierno que ha echado una mirada más profunda a esas grandes injusticias. Quiero decirles que tal vez en muchos de los grandes centros urbanos, ha habido mucho más trabajo formal. Sin embargo, en provincias como Misiones, donde existen obrajes, tarefas, donde se deshojan mandarinas y naranjas y muchos cultivos regionales, nos encontramos con que nos dicen que se tratan de tareas temporarias.
Algunos se abusan de que esas labores temporarias no estén registradas. A esa gente hoy la vamos a ir a registrar, para que se transformen de nuevo en sujetos de derecho y puedan acceder a una jubilación y a una ancianidad digna. Vamos a reconocer el sacrificio que han hecho en su juventud para reconstruir esta Nación.
Con profundo orgullo misionero venimos a dar el sí a este proyecto de ley. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.
SR. SANTILLAN, WALTER MARCELO (TUCUMAN):
Señora presidenta: quiero comenzar diciendo que voy a apoyar este proyecto de ley, porque viene a complementar y así profundizar lo hecho en el sistema previsional argentino en los últimos años.
Creo que es muy importante tener en cuenta lo que pasó en las últimas dos o tres décadas en nuestro país para valorar lo que hoy tenemos, lo que este proyecto logró.
No debemos olvidar que tuvimos una década de jubilaciones congeladas por el neoliberalismo tras las megadevaluaciones de 1988 y 1991. Las jubilaciones estuvieron congeladas en su nivel más bajo.
Tampoco debemos olvidar que durante la ola de ajustes y privatizaciones, los fondos de la seguridad previsional fueron a parar a consorcios de bancos que tuvieron a disposición recursos por 35 mil millones de dólares. Asimismo, si ellos perdían, socializaban con el pueblo la pérdida y cuando ellos ganaban, las ganancias las veían ellos solamente.
El resultado de esa política en nuestro país fue catastrófico. Este contexto se profundizó en las crisis de 2001 y 2002. La situación de nuestros jubilados era dramática. Hubo muchos casos de inanición y suicidios por la imposibilidad de la subsistencia de nuestros mayores. Ellos se sentían una carga para sus hijos. Además, en el peor de los casos, muchos de esos hijos estaban desempleados.
Nadie puede negar que esto existió y mucho menos que a partir de 2003 el gobierno nacional, con la conducción política de nuestro recordado Néstor Kirchner, vino a marcar una línea de reparación social e histórica, lo que posibilitó que luego de casi once años los argentinos contemos con un sistema previsional donde el nivel de ingreso y la cobertura sean los más altos de América Latina. Este logro se ha transformado en lo que hoy denominamos con mucho orgullo justicia social.
No debemos dejar de lado que todos los logros se alcanzaron en un contexto de desempleo e informalidad laboral. Había un sistema donde solamente cinco de cada diez abuelos tenían su jubilación. Por eso digo que debemos valorar lo que tenemos para seguir construyendo el país que nos merecemos.
Es necesario marcar esta decisión política de inclusión previsional. Los cinco millones de jubilados que se generaron tienen que ver con los sueños y la justicia que Néstor Kirchner nos propuso a partir de 2003.
Como tucumano no debo desconocer que en nuestra provincia, en la primera moratoria previsional que existió, llegamos a un número importante de 70.000 jubilaciones. Con esta nueva moratoria calculamos que vamos a llegar a 25.000 nuevos jubilados. Será un impacto muy fuerte e importante para la provincia.
Nuestra presidenta ha sometido a nuestra consideración este proyecto de ley, buscando ampliar este derecho y que haya 450.000 nuevos beneficiarios argentinos que van a acceder a una vida digna.
Para terminar, quiero resaltar tres características de este proyecto: redistribución del ingreso, el aporte al crecimiento del país y la mejora en la sustentabilidad del sistema. La primera característica tiene que ver con el hecho de que esta medida está orientada para garantizar una cobertura médica para la persona en edad de jubilarse.
La segunda característica radica en que los fondos destinados a los sectores más vulnerables de adultos mayores se vuelcan al consumo y al sostenimiento del empleo, contribuyendo al circuito virtuoso de la actividad económica, a pesar de que algunos quieran negarlo.
La tercera característica tiene que ver con que la inyección de nuevos recursos genera, a su vez, un incremento de la recaudación impositiva por aportes y contribuciones, lo que a su turno mejora los ingresos del sistema previsional y contribuye a su sustentabilidad financiera.
Para finalizar, quiero señalar que doy mi apoyo a este proyecto de ley, porque deseo un sistema previsional mejor, justo, más equitativo y más redistributivo. Todo esto se encuentra contemplado en esta iniciativa. Este país se merece un futuro mejor para todos, fundamentalmente para los que durante años hicieron el esfuerzo para que hoy nos sintamos orgullosos de ser argentinos. (Aplausos.)
Creo que es muy importante tener en cuenta lo que pasó en las últimas dos o tres décadas en nuestro país para valorar lo que hoy tenemos, lo que este proyecto logró.
No debemos olvidar que tuvimos una década de jubilaciones congeladas por el neoliberalismo tras las megadevaluaciones de 1988 y 1991. Las jubilaciones estuvieron congeladas en su nivel más bajo.
Tampoco debemos olvidar que durante la ola de ajustes y privatizaciones, los fondos de la seguridad previsional fueron a parar a consorcios de bancos que tuvieron a disposición recursos por 35 mil millones de dólares. Asimismo, si ellos perdían, socializaban con el pueblo la pérdida y cuando ellos ganaban, las ganancias las veían ellos solamente.
El resultado de esa política en nuestro país fue catastrófico. Este contexto se profundizó en las crisis de 2001 y 2002. La situación de nuestros jubilados era dramática. Hubo muchos casos de inanición y suicidios por la imposibilidad de la subsistencia de nuestros mayores. Ellos se sentían una carga para sus hijos. Además, en el peor de los casos, muchos de esos hijos estaban desempleados.
Nadie puede negar que esto existió y mucho menos que a partir de 2003 el gobierno nacional, con la conducción política de nuestro recordado Néstor Kirchner, vino a marcar una línea de reparación social e histórica, lo que posibilitó que luego de casi once años los argentinos contemos con un sistema previsional donde el nivel de ingreso y la cobertura sean los más altos de América Latina. Este logro se ha transformado en lo que hoy denominamos con mucho orgullo justicia social.
No debemos dejar de lado que todos los logros se alcanzaron en un contexto de desempleo e informalidad laboral. Había un sistema donde solamente cinco de cada diez abuelos tenían su jubilación. Por eso digo que debemos valorar lo que tenemos para seguir construyendo el país que nos merecemos.
Es necesario marcar esta decisión política de inclusión previsional. Los cinco millones de jubilados que se generaron tienen que ver con los sueños y la justicia que Néstor Kirchner nos propuso a partir de 2003.
Como tucumano no debo desconocer que en nuestra provincia, en la primera moratoria previsional que existió, llegamos a un número importante de 70.000 jubilaciones. Con esta nueva moratoria calculamos que vamos a llegar a 25.000 nuevos jubilados. Será un impacto muy fuerte e importante para la provincia.
Nuestra presidenta ha sometido a nuestra consideración este proyecto de ley, buscando ampliar este derecho y que haya 450.000 nuevos beneficiarios argentinos que van a acceder a una vida digna.
Para terminar, quiero resaltar tres características de este proyecto: redistribución del ingreso, el aporte al crecimiento del país y la mejora en la sustentabilidad del sistema. La primera característica tiene que ver con el hecho de que esta medida está orientada para garantizar una cobertura médica para la persona en edad de jubilarse.
La segunda característica radica en que los fondos destinados a los sectores más vulnerables de adultos mayores se vuelcan al consumo y al sostenimiento del empleo, contribuyendo al circuito virtuoso de la actividad económica, a pesar de que algunos quieran negarlo.
La tercera característica tiene que ver con que la inyección de nuevos recursos genera, a su vez, un incremento de la recaudación impositiva por aportes y contribuciones, lo que a su turno mejora los ingresos del sistema previsional y contribuye a su sustentabilidad financiera.
Para finalizar, quiero señalar que doy mi apoyo a este proyecto de ley, porque deseo un sistema previsional mejor, justo, más equitativo y más redistributivo. Todo esto se encuentra contemplado en esta iniciativa. Este país se merece un futuro mejor para todos, fundamentalmente para los que durante años hicieron el esfuerzo para que hoy nos sintamos orgullosos de ser argentinos. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra el señor diputado por La Rioja.
SR. OLIVARES, HECTOR ENRIQUE (LA RIOJA):
Señora presidenta: tal como lo señalaron los diputados que me precedieron en el uso de la palabra y los miembros informantes, nuestro bloque va a votar afirmativamente este proyecto, porque consideramos que muchos ciudadanos van a tener la opción de acceder a una jubilación y pasar los últimos años de su existencia en una mejor situación.
También es importante que en esta igualdad que queremos brindar a los argentinos tengamos en cuenta que hay muchísimas sentencias por las cuales muchos jubilados no van a alcanzar tal beneficio, porque su avanzada edad tal vez no les permita llegar a cobrar los juicios que hoy la ANSES ha perdido, situación que hoy no reconoce ante muchos jubilados.
Corresponde también traer a colación el caso de muchas personas que cumplen el requisito de la edad para jubilarse y también el de los años de aporte. Por ejemplo, un vecino de mi pueblo, que durante treinta y cinco años ha aportado al sistema, va a acceder a la jubilación de peón rural, cuyo monto es de 2.700 pesos. Es decir que su situación es muy distinta a la de aquellos que nunca han hecho aportes. Esta persona me vino a plantear por qué él, habiendo aportado durante tantos años, va a percibir igual importe que otros que no lo han hecho.
Creo que como Congreso de la Nación tenemos la obligación de modificar esta situación, a fin de que aquellos empleados que hayan realizado sus aportes estén en una condición mejor que quienes no aportaron.
Cuando el licenciado Bossio concurrió a la reunión de comisión a brindar su informe señaló que no iba a permitir intermediarios en la operatoria de jubilaciones.
La delegada de la ANSES en mi provincia, la abogada Sandra Vanni, pidió a los ciudadanos de mi provincia que están en condiciones de jubilarse que visiten el despacho de la senadora Hilda Soria y le acerquen la documentación a los fines de obtener este régimen jubilatorio. En mi provincia el clientelismo sigue siendo una situación común; es moneda corriente. También expresó que el gobierno de la provincia va a pagar la primera cuota de la moratoria. Aclaro que es una provincia donde los sueldos de los empleados públicos son los más bajos del país.
Creo que esta situación que plantea una funcionaria nacional, como delegada de la Administración Nacional de la Seguridad Social en nuestra provincia, merece el más grande descalificativo.
Creemos, tal como lo han manifestado los miembros informantes de nuestro bloque, que este proyecto de ley constituye un acto de justicia por el que se establecen igualdad de condiciones, pero también debemos saber que tenemos que bregar por la igualdad de muchos jubilados que están esperando que la ANSES pague los juicios y no se involucre en este tipo de desigualdades.
También es importante que en esta igualdad que queremos brindar a los argentinos tengamos en cuenta que hay muchísimas sentencias por las cuales muchos jubilados no van a alcanzar tal beneficio, porque su avanzada edad tal vez no les permita llegar a cobrar los juicios que hoy la ANSES ha perdido, situación que hoy no reconoce ante muchos jubilados.
Corresponde también traer a colación el caso de muchas personas que cumplen el requisito de la edad para jubilarse y también el de los años de aporte. Por ejemplo, un vecino de mi pueblo, que durante treinta y cinco años ha aportado al sistema, va a acceder a la jubilación de peón rural, cuyo monto es de 2.700 pesos. Es decir que su situación es muy distinta a la de aquellos que nunca han hecho aportes. Esta persona me vino a plantear por qué él, habiendo aportado durante tantos años, va a percibir igual importe que otros que no lo han hecho.
Creo que como Congreso de la Nación tenemos la obligación de modificar esta situación, a fin de que aquellos empleados que hayan realizado sus aportes estén en una condición mejor que quienes no aportaron.
Cuando el licenciado Bossio concurrió a la reunión de comisión a brindar su informe señaló que no iba a permitir intermediarios en la operatoria de jubilaciones.
La delegada de la ANSES en mi provincia, la abogada Sandra Vanni, pidió a los ciudadanos de mi provincia que están en condiciones de jubilarse que visiten el despacho de la senadora Hilda Soria y le acerquen la documentación a los fines de obtener este régimen jubilatorio. En mi provincia el clientelismo sigue siendo una situación común; es moneda corriente. También expresó que el gobierno de la provincia va a pagar la primera cuota de la moratoria. Aclaro que es una provincia donde los sueldos de los empleados públicos son los más bajos del país.
Creo que esta situación que plantea una funcionaria nacional, como delegada de la Administración Nacional de la Seguridad Social en nuestra provincia, merece el más grande descalificativo.
Creemos, tal como lo han manifestado los miembros informantes de nuestro bloque, que este proyecto de ley constituye un acto de justicia por el que se establecen igualdad de condiciones, pero también debemos saber que tenemos que bregar por la igualdad de muchos jubilados que están esperando que la ANSES pague los juicios y no se involucre en este tipo de desigualdades.
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
SR. GILL, MARTIN RODRIGO (CORDOBA):
Señora presidenta: en la Asamblea Legislativa del 25 de mayo de 2003, en ocasión del primer mensaje que pronunciara Néstor Kirchner, describiendo el dramático escenario que vivía la Argentina, advertía que los argentinos no podíamos conformarnos simplemente con elegir un nuevo gobierno, dejando de lado la necesidad de revisar los paradigmas desde los cuales se juzgaba el éxito y el fracaso de la dirigencia y de un país.
Alertaba sobre el peligro de reducir lo político a lo electoral, y la administración de un gobierno a un mero gerenciamiento tecnocrático. Decía: “Cuando se incurre en tales desviaciones, las consecuencias son el desprestigio de la política y la imposición de una agenda que responde a los intereses de los grupos más concentrados de la economía, los que imponen, además, el sentido por el cual esa desprestigiada política debe ser juzgada como cosa exitosa o fracasada”.
Lo que hoy vamos a hacer no hace más que revalorizar lo que ha sido la coherencia de más de diez años de gestión con un único objetivo: permitir la inclusión de todos los argentinos. Hemos logrado convertir y construir un nuevo paradigma, recuperando las banderas que Eva y Juan Perón levantaron en nuestro país en la década del 40. (Aplausos.)
En 2003 se destinaba poco más del 4 por ciento del producto bruto al pago de las jubilaciones, pero luego de la moratoria ingresaron 2.700.000 jubilados. Es decir, se incrementó un 45 por ciento la masa de jubilados y por eso hoy, junto a la movilidad jubilatoria, más del 8 por ciento del PBI se destina a la cobertura de jubilaciones.
En el caso de la provincia que represento, Córdoba -que muchas veces ocupa ríos de tinta en relación con la disputa de quién atiende a los jubilados-, puedo decir que cerca de 70 mil cordobeses van a poder acceder a la jubilación a partir de esta moratoria. Un 15 por ciento de la población en edad jubilatoria hoy no tiene cobertura previsional.
En Córdoba hay un total de 564 mil jubilados y pensionados, de los cuales 460 mil son cubiertos por la ANSES con fondos del Estado nacional. Aún quedan 70 mil cordobeses sin cobertura, de los cuales más de 8 mil pertenecen al quintil más bajo y están en condiciones de gran pobreza.
La moratoria de 2010 permitió que 211 mil cordobeses pudieran acceder a la jubilación, es decir, casi un 40 por ciento de los actuales jubilados en la provincia.
Se ha hablado también de cuál es la sustentabilidad del sistema. Hoy tenemos 9.200.000 aportantes contra los 6 millones que teníamos en 2003, porque no solo hemos podido crear más de 6 millones de puestos de trabajo sino que tenemos el orgullo de haberlos podido generar en blanco, con todos los derechos. No hay trabajadores de primera o de segunda clase. Tienen absolutamente todos los mismos derechos, tal como ha resultado de la última iniciativa que enviara el Poder Ejecutivo y que el Congreso tratara.
Tampoco es cierto que solo los aportes sean los que solventan el sistema jubilatorio; este sistema también se complementa con otros recursos del presupuesto nacional: el 38 por ciento de la seguridad social se financia con recursos tributarios; el 11 por ciento con rentas y excedentes varios, y solo un 48 por ciento se financia con aportes y contribuciones.
También se ha destacado aquí la importancia que tiene que el 70 por ciento de quienes se incorporaron como beneficiarios de las jubilaciones sean mujeres, que en muchos casos sufrieron el abandono reiterado. (Aplausos.) Estoy hablando de las mujeres, como un verdadero ejemplo de cobertura y de igualdad de género.
Este es el paradigma del que hablaba Néstor Kirchner, que empezó a concretar durante su presidencia, y que ha hecho realidad también la señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Alertaba sobre el peligro de reducir lo político a lo electoral, y la administración de un gobierno a un mero gerenciamiento tecnocrático. Decía: “Cuando se incurre en tales desviaciones, las consecuencias son el desprestigio de la política y la imposición de una agenda que responde a los intereses de los grupos más concentrados de la economía, los que imponen, además, el sentido por el cual esa desprestigiada política debe ser juzgada como cosa exitosa o fracasada”.
Lo que hoy vamos a hacer no hace más que revalorizar lo que ha sido la coherencia de más de diez años de gestión con un único objetivo: permitir la inclusión de todos los argentinos. Hemos logrado convertir y construir un nuevo paradigma, recuperando las banderas que Eva y Juan Perón levantaron en nuestro país en la década del 40. (Aplausos.)
En 2003 se destinaba poco más del 4 por ciento del producto bruto al pago de las jubilaciones, pero luego de la moratoria ingresaron 2.700.000 jubilados. Es decir, se incrementó un 45 por ciento la masa de jubilados y por eso hoy, junto a la movilidad jubilatoria, más del 8 por ciento del PBI se destina a la cobertura de jubilaciones.
En el caso de la provincia que represento, Córdoba -que muchas veces ocupa ríos de tinta en relación con la disputa de quién atiende a los jubilados-, puedo decir que cerca de 70 mil cordobeses van a poder acceder a la jubilación a partir de esta moratoria. Un 15 por ciento de la población en edad jubilatoria hoy no tiene cobertura previsional.
En Córdoba hay un total de 564 mil jubilados y pensionados, de los cuales 460 mil son cubiertos por la ANSES con fondos del Estado nacional. Aún quedan 70 mil cordobeses sin cobertura, de los cuales más de 8 mil pertenecen al quintil más bajo y están en condiciones de gran pobreza.
La moratoria de 2010 permitió que 211 mil cordobeses pudieran acceder a la jubilación, es decir, casi un 40 por ciento de los actuales jubilados en la provincia.
Se ha hablado también de cuál es la sustentabilidad del sistema. Hoy tenemos 9.200.000 aportantes contra los 6 millones que teníamos en 2003, porque no solo hemos podido crear más de 6 millones de puestos de trabajo sino que tenemos el orgullo de haberlos podido generar en blanco, con todos los derechos. No hay trabajadores de primera o de segunda clase. Tienen absolutamente todos los mismos derechos, tal como ha resultado de la última iniciativa que enviara el Poder Ejecutivo y que el Congreso tratara.
Tampoco es cierto que solo los aportes sean los que solventan el sistema jubilatorio; este sistema también se complementa con otros recursos del presupuesto nacional: el 38 por ciento de la seguridad social se financia con recursos tributarios; el 11 por ciento con rentas y excedentes varios, y solo un 48 por ciento se financia con aportes y contribuciones.
También se ha destacado aquí la importancia que tiene que el 70 por ciento de quienes se incorporaron como beneficiarios de las jubilaciones sean mujeres, que en muchos casos sufrieron el abandono reiterado. (Aplausos.) Estoy hablando de las mujeres, como un verdadero ejemplo de cobertura y de igualdad de género.
Este es el paradigma del que hablaba Néstor Kirchner, que empezó a concretar durante su presidencia, y que ha hecho realidad también la señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
La Presidencia solicita al señor diputado que vaya concluyendo su exposición.
SR. GILL, MARTIN RODRIGO (CORDOBA):
Hace diez años la cobertura previsional de mi provincia era del 60 por ciento; hoy llega al 85 por ciento. Con esta moratoria, tanto en Córdoba como en todo el país, vamos a hacer realidad aquel sueño de Eva Perón: la cobertura universal para todos los que estén en condiciones de jubilarse.
Por las razones expuestas, acompañamos con convicción peronista el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo. (Aplausos.)
Por las razones expuestas, acompañamos con convicción peronista el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra la señora diputada por San Juan.
SRA. CASTRO, SANDRA DANIELA (SAN JUAN):
Señora presidenta: tal como ha señalado el señor diputado preopinante, estamos profundamente convencidos de esta iniciativa que vamos a votar.
Hace rato algunos diputados hablaron de tasas de rentabilidad, números y estadísticas. No menospreciamos los números, porque son parte de la planificación. Hacía muchos años que este país no tenía un gobierno que planificara tanto como el nuestro.
No queremos hablar desde una posición sectaria, sino simplemente del avance cualitativo que esta norma significa. Este proyecto de ley viene a complementar otras normas que han sido votadas en este recinto.
Alguien desprestigió hoy el populismo. Según una cita del escritor Ernesto Laclau, el populismo es una forma legítima, como otras, de construir el vínculo político. El vínculo político que genera este proyecto, que hace diez años está en nuestro país, tiene que ver con la solidaridad, la distribución y la posibilidad de lograr un país más justo para todos.
Como jóvenes –y en este bloque somos muchos los que representamos a las distintas provincias argentinasestamos muy contentos de votar hoy esta iniciativa vinculada con la seguridad social. Constantemente han aparecido discursos sobre la seguridad. Esto es seguridad, señora presidenta; esto es garantizar estabilidad y derechos previsionales, por los que nuestro proyecto político siempre se esmeró y trabajó.
Voy a solicitar autorización a la Presidencia para insertar mi discurso en el Diario de Sesiones, ya que la coyuntura que todos conocemos hace que tengamos que reducir nuestros tiempos para hablar. Sin embargo, me parece importante destacar la coherencia política. Hace algunos meses en este recinto juré por una patria libre, justa y soberana; hoy estamos por votar un proyecto de ley que se vincula con la justicia. De eso también se trata la coherencia política: pensar, estar convencidos, sentir y hacer en una misma línea. (Aplausos.)
Hace rato algunos diputados hablaron de tasas de rentabilidad, números y estadísticas. No menospreciamos los números, porque son parte de la planificación. Hacía muchos años que este país no tenía un gobierno que planificara tanto como el nuestro.
No queremos hablar desde una posición sectaria, sino simplemente del avance cualitativo que esta norma significa. Este proyecto de ley viene a complementar otras normas que han sido votadas en este recinto.
Alguien desprestigió hoy el populismo. Según una cita del escritor Ernesto Laclau, el populismo es una forma legítima, como otras, de construir el vínculo político. El vínculo político que genera este proyecto, que hace diez años está en nuestro país, tiene que ver con la solidaridad, la distribución y la posibilidad de lograr un país más justo para todos.
Como jóvenes –y en este bloque somos muchos los que representamos a las distintas provincias argentinasestamos muy contentos de votar hoy esta iniciativa vinculada con la seguridad social. Constantemente han aparecido discursos sobre la seguridad. Esto es seguridad, señora presidenta; esto es garantizar estabilidad y derechos previsionales, por los que nuestro proyecto político siempre se esmeró y trabajó.
Voy a solicitar autorización a la Presidencia para insertar mi discurso en el Diario de Sesiones, ya que la coyuntura que todos conocemos hace que tengamos que reducir nuestros tiempos para hablar. Sin embargo, me parece importante destacar la coherencia política. Hace algunos meses en este recinto juré por una patria libre, justa y soberana; hoy estamos por votar un proyecto de ley que se vincula con la justicia. De eso también se trata la coherencia política: pensar, estar convencidos, sentir y hacer en una misma línea. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.
SRA. ORTIZ, MARIELA (JUJUY):
Señora presidenta: desde mi banca quiero hacer algunas acotaciones que la oportunidad amerita, ya que el proyecto que estamos considerando tiene por objeto una mayor inclusión, que es uno de los ejes distintivos del actual gobierno nacional y que a lo largo del tiempo, allá por el año 2003, su mentor inició con este modelo nacional y popular. Provengo de una de las provincias que algunos calificaran de “inviable”. Tuvo que aparecer un hombre del interior para que esta calificación tan insólita y desmedida se revirtiera. Queda grabado en mi memoria cuando en mi provincia dijera: “por acá, en Jujuy, comienza la patria”.
Permítanme decir que con esas simples y profundas palabras supo darle el lugar que como provincia nunca debió haber perdido. Seguramente con esa frase quiso expresarle vaya si lo logróel reconocimiento a todo un pueblo que allá por el año 1812 protagonizó una de las gestas más gloriosas de nuestra argentinidad: el Éxodo Jujeño.
Justamente hace unos días, más precisamente el 23 de agosto, conmemoramos y festejamos con orgullo esa gesta, porque este gobierno también tuvo la deferencia de recordarla, situación que quienes nos calificaran como “no viables” nunca tuvieron en cuenta.
Con respecto al proyecto en tratamiento, deseo anticipar -tal como lo hicieran quienes me precedieron en el uso de la palabrami opinión sobre el particular. Sin duda esta es otra demostración más de la política inclusiva que permanentemente practica el gobierno nacional. Esta realidad hoy resulta incontrastable, ya que con este proyecto nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner viene a poner en claro la continuidad de un modelo de gestión de gobierno que iniciara el ex presidente Néstor Kirchner allá por el año 2005.
Votar esta propuesta es dar una nueva oportunidad a más de 450 mil personas que estaban excluidas del sistema por no tener la totalidad de sus aportes. Es decir que tendremos más jubilados en nuestro país, lo cual nos reconforta, porque nos ubica dentro de las naciones con mayor cobertura previsional.
Nosotros, que permanentemente estamos en contacto con el pueblo, podemos observar con meridiana claridad el impacto que por ejemplo ha generado la primera etapa del Plan de Inclusión Previsional, cuya moratoria fuera impulsada como dijeen el año 2005. Creo que todos, sin excepción, sabemos la alegría que significó para las personas que pudieron acceder a la primera etapa, ya sea porque conocemos a un familiar, un pariente, un vecino o simplemente un afiliado de nuestro partido que accedió a este beneficio. Recuerdo que nos decían que nunca habían pensado en jubilarse; lo decían contentos, porque tuvieron la oportunidad de acceder a algunas cosas que antes les estaban vedadas.
Eso es totalmente cierto, porque en el año 2005 cinco de cada diez abuelos no accedían a una jubilación, pero a partir de la puesta en marcha del Plan de Inclusión Previsional se incorporaron al sistema jubilatorio casi 3 millones de adultos mayores, se redujo la pobreza y la indigencia entre dichos adultos, mejoró la distribución del ingreso y se convirtió en una política de igualdad de género, ya que el 73 por ciento de las jubilaciones otorgadas fueron hacia las mujeres.
Entonces, cómo no apoyar esta nueva moratoria, sabiendo lo que significa y el efecto que producirá en el seno de la sociedad y del comercio. Claro que lo haré, porque como mujer y como peronista sé que represento a miles de hombres y mujeres de mi provincia que están esperando un reconocimiento mediante la sanción de esta norma.
Esas personas de edad intermedia y desempleadas resabios de la política neoliberal que sufrieron y padecieron la triste realidad de la desocupación y quedaron a mitad de camino en su etapa laboralson las que hoy podrán acceder a esta nueva moratoria previsional.
No quiero terminar mis palabras sin antes expresar que para mí acompañar este proyecto es en cierta forma rendir homenaje a nuestro presidente Néstor Carlos Kirchner, quien contra viento y marea logró encaminar esta Argentina por el sendero de la justicia social como uno de los pilares fundamentales de la política de su gobierno. Por eso me siento orgullosa de pertenecer a este gobierno que día a día va por más inclusión.
Con seguridad que queda mucho por hacer, pero con esas mismas convicciones es que vamos por más. Vamos a seguir trabajando y soñando, porque somos capaces de construir una Argentina más justa y más solidaria para todos los argentinos. (Aplausos.)
Permítanme decir que con esas simples y profundas palabras supo darle el lugar que como provincia nunca debió haber perdido. Seguramente con esa frase quiso expresarle vaya si lo logróel reconocimiento a todo un pueblo que allá por el año 1812 protagonizó una de las gestas más gloriosas de nuestra argentinidad: el Éxodo Jujeño.
Justamente hace unos días, más precisamente el 23 de agosto, conmemoramos y festejamos con orgullo esa gesta, porque este gobierno también tuvo la deferencia de recordarla, situación que quienes nos calificaran como “no viables” nunca tuvieron en cuenta.
Con respecto al proyecto en tratamiento, deseo anticipar -tal como lo hicieran quienes me precedieron en el uso de la palabrami opinión sobre el particular. Sin duda esta es otra demostración más de la política inclusiva que permanentemente practica el gobierno nacional. Esta realidad hoy resulta incontrastable, ya que con este proyecto nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner viene a poner en claro la continuidad de un modelo de gestión de gobierno que iniciara el ex presidente Néstor Kirchner allá por el año 2005.
Votar esta propuesta es dar una nueva oportunidad a más de 450 mil personas que estaban excluidas del sistema por no tener la totalidad de sus aportes. Es decir que tendremos más jubilados en nuestro país, lo cual nos reconforta, porque nos ubica dentro de las naciones con mayor cobertura previsional.
Nosotros, que permanentemente estamos en contacto con el pueblo, podemos observar con meridiana claridad el impacto que por ejemplo ha generado la primera etapa del Plan de Inclusión Previsional, cuya moratoria fuera impulsada como dijeen el año 2005. Creo que todos, sin excepción, sabemos la alegría que significó para las personas que pudieron acceder a la primera etapa, ya sea porque conocemos a un familiar, un pariente, un vecino o simplemente un afiliado de nuestro partido que accedió a este beneficio. Recuerdo que nos decían que nunca habían pensado en jubilarse; lo decían contentos, porque tuvieron la oportunidad de acceder a algunas cosas que antes les estaban vedadas.
Eso es totalmente cierto, porque en el año 2005 cinco de cada diez abuelos no accedían a una jubilación, pero a partir de la puesta en marcha del Plan de Inclusión Previsional se incorporaron al sistema jubilatorio casi 3 millones de adultos mayores, se redujo la pobreza y la indigencia entre dichos adultos, mejoró la distribución del ingreso y se convirtió en una política de igualdad de género, ya que el 73 por ciento de las jubilaciones otorgadas fueron hacia las mujeres.
Entonces, cómo no apoyar esta nueva moratoria, sabiendo lo que significa y el efecto que producirá en el seno de la sociedad y del comercio. Claro que lo haré, porque como mujer y como peronista sé que represento a miles de hombres y mujeres de mi provincia que están esperando un reconocimiento mediante la sanción de esta norma.
Esas personas de edad intermedia y desempleadas resabios de la política neoliberal que sufrieron y padecieron la triste realidad de la desocupación y quedaron a mitad de camino en su etapa laboralson las que hoy podrán acceder a esta nueva moratoria previsional.
No quiero terminar mis palabras sin antes expresar que para mí acompañar este proyecto es en cierta forma rendir homenaje a nuestro presidente Néstor Carlos Kirchner, quien contra viento y marea logró encaminar esta Argentina por el sendero de la justicia social como uno de los pilares fundamentales de la política de su gobierno. Por eso me siento orgullosa de pertenecer a este gobierno que día a día va por más inclusión.
Con seguridad que queda mucho por hacer, pero con esas mismas convicciones es que vamos por más. Vamos a seguir trabajando y soñando, porque somos capaces de construir una Argentina más justa y más solidaria para todos los argentinos. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. PIETRAGALLA CORTI, HORACIO (BUENOS AIRES):
Señora presidenta: en solidaridad con los compañeros solicito autorización a la Honorable Cámara para insertar mi discurso en el Diario de Sesiones.
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.
SR. RICCARDO, JOSE LUIS (SAN LUIS):
Señora presidenta: me da mucho gusto compartir un momento donde discutimos la ampliación de los derechos previsionales para nuestros mayores, sobre todo para aquellas mujeres y hombres que a lo largo y ancho del país no pudieron acceder al beneficio de la jubilación. Lo digo como radical, que ya hemos adelantado el apoyo a este proyecto de ley.
No quiero volver sobre consideraciones que sin duda son válidas acerca de las discusiones que tenemos pendientes, como mejorar en su integridad el sistema jubilatorio, la movilidad de las jubilaciones y el derecho que tienen aquellos miles de jubilados que están esperando cobrar sus juicios.
Apoyo este proyecto con el convencimiento y la expectativa de mis comprovincianos y comprovincianas, mujeres que han trabajado en el servicio doméstico, peones de campo, de taller, albañiles, a quienes está destinada esta medida extraordinaria de la moratoria.
Los legisladores tenemos la convicción de que la política tiene que ser una forma de reparar injusticias y falta de derechos que la legislación previa no ha podido resolver. En este espíritu me uno a la preocupación sobre los temas pendientes que tenemos para discutir.
Pero he venido aquí a plantear, como aporte a esta ampliación de derechos, con el mismo espíritu de esta ley, una situación particular muy importante. Miles de beneficiarios y beneficiarias de esta ley son trabajadores que por muchos años se han desempeñado en el Estado municipal, provincia o nacional como trabajadores de planes sociales, que no han efectuado aportes pero sí han volcado su esfuerzo en el Estado.
Si hubiéramos tenido un poco más de tiempo, sin duda habríamos logrado el consenso para incorporar la modificación que figura como artículo 6° bis en la página 4 del Orden del Día N° 469. Por eso pido en este recinto a los legisladores de todas las bancadas que aprueben la incorporación de ese artículo como una ampliación de derechos, porque es de estricta justicia y acorde al espíritu de esta iniciativa.
Se trata del reconocimiento a aquellos trabajadores de planes sociales que han trabajado en relación con el Estado provincial, nacional o municipal a quienes se les determine una deuda, de que el 60 por ciento de esa deuda queda cargo de la correspondiente dependencia titular del respectivo plan.
Creemos que esto es de estricta justicia pues se trata de trabajadores que han estado en relación con el Estado. Lo digo por mi provincia, pero a lo largo y ancho del país ha ocurrido lo mismo, por los años de precariedad y crisis que hemos sufrido. En mi provincia, de los 5 mil beneficiarios de esta ley, alrededor de mil han estado durante quince a dieciocho años bajo diferentes planes sociales, como Pañuelos Verdes, Pasantes, Plan de Inclusión, Seguridad Comunitaria y muchos otros.
El esfuerzo que pedimos es presupuestariamente insignificante frente a la reparación del derecho. Sabemos que lo perfecto siempre es enemigo de lo posible, pero esta es una ley posible, aunque no quita otras discusiones a futuro, y por eso la acompañamos en la comisión.
En el tratamiento en particular, habiendo manifestado el apoyo en general, como lo ha hecho nuestro bloque, solicitaremos la incorporación del artículo 6° bis. Esto va en el mismo espíritu de la ley.
Cuando hay justicia social y esperanza para nuestros mayores, hay mil veces más justicia social y esperanza en toda nuestra Argentina. (Aplausos.)
No quiero volver sobre consideraciones que sin duda son válidas acerca de las discusiones que tenemos pendientes, como mejorar en su integridad el sistema jubilatorio, la movilidad de las jubilaciones y el derecho que tienen aquellos miles de jubilados que están esperando cobrar sus juicios.
Apoyo este proyecto con el convencimiento y la expectativa de mis comprovincianos y comprovincianas, mujeres que han trabajado en el servicio doméstico, peones de campo, de taller, albañiles, a quienes está destinada esta medida extraordinaria de la moratoria.
Los legisladores tenemos la convicción de que la política tiene que ser una forma de reparar injusticias y falta de derechos que la legislación previa no ha podido resolver. En este espíritu me uno a la preocupación sobre los temas pendientes que tenemos para discutir.
Pero he venido aquí a plantear, como aporte a esta ampliación de derechos, con el mismo espíritu de esta ley, una situación particular muy importante. Miles de beneficiarios y beneficiarias de esta ley son trabajadores que por muchos años se han desempeñado en el Estado municipal, provincia o nacional como trabajadores de planes sociales, que no han efectuado aportes pero sí han volcado su esfuerzo en el Estado.
Si hubiéramos tenido un poco más de tiempo, sin duda habríamos logrado el consenso para incorporar la modificación que figura como artículo 6° bis en la página 4 del Orden del Día N° 469. Por eso pido en este recinto a los legisladores de todas las bancadas que aprueben la incorporación de ese artículo como una ampliación de derechos, porque es de estricta justicia y acorde al espíritu de esta iniciativa.
Se trata del reconocimiento a aquellos trabajadores de planes sociales que han trabajado en relación con el Estado provincial, nacional o municipal a quienes se les determine una deuda, de que el 60 por ciento de esa deuda queda cargo de la correspondiente dependencia titular del respectivo plan.
Creemos que esto es de estricta justicia pues se trata de trabajadores que han estado en relación con el Estado. Lo digo por mi provincia, pero a lo largo y ancho del país ha ocurrido lo mismo, por los años de precariedad y crisis que hemos sufrido. En mi provincia, de los 5 mil beneficiarios de esta ley, alrededor de mil han estado durante quince a dieciocho años bajo diferentes planes sociales, como Pañuelos Verdes, Pasantes, Plan de Inclusión, Seguridad Comunitaria y muchos otros.
El esfuerzo que pedimos es presupuestariamente insignificante frente a la reparación del derecho. Sabemos que lo perfecto siempre es enemigo de lo posible, pero esta es una ley posible, aunque no quita otras discusiones a futuro, y por eso la acompañamos en la comisión.
En el tratamiento en particular, habiendo manifestado el apoyo en general, como lo ha hecho nuestro bloque, solicitaremos la incorporación del artículo 6° bis. Esto va en el mismo espíritu de la ley.
Cuando hay justicia social y esperanza para nuestros mayores, hay mil veces más justicia social y esperanza en toda nuestra Argentina. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
SRA. GARCIA, ANDREA FABIANA (BUENOS AIRES):
Señora presidenta: en el curso de la vida, el envejecimiento es un proceso integral; pero la noción de vejez es una construcción histórica, social y económica.
En la cultura occidental, la edad cronológica se conformó en un parámetro de organización social y el adulto mayor se transformó en extranjero en tierras donde florece la productividad, la eficiencia, la belleza y la rapidez. Esto fue más perverso en aquellos países con gobiernos débiles y endeudados, signados por la pobreza pero respetuosos de los organismos internacionales.
La lucha consistió en ver en qué condiciones vivían esos años los adultos mayores, con qué grado de libertad y de empoderamiento. El adulto mayor es un sujeto de derecho y de deseo, y debe ser el Estado quien le atribuya un lugar en el orden productivo, biológico y social. Por eso apoyamos la sanción de este proyecto de ley.
Los primeros derechos individuales que se instauraron protegían al varón, al adulto y al propietario. Después, la intervención social introdujo un nuevo orden de clasificación según fueran capaces o incapaces para trabajar y diseñó acciones de contenido moralizador: vigilancia para los inválidos, trabajo forzado para los pobres, válidos y vagabundos, etcétera.
Fue en el siglo XX, específicamente en 1945, cuando el Estado comienza a ocuparse de los derechos sociales y Eva Perón, con el objeto de proteger a niños y ancianos, procura la universalización de la cobertura social.
El 28 de agosto de 1948 dio a conocer el Decálogo de la Ancianidad ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que recién treinta y cuatro años después reconocería los derechos de los adultos mayores. En 1956, con la dictadura militar libertadora –diría yo libertadora de la ambición desmedida de algunos sectores sociales y esclavizante de las mayorías trabajadorasesos derechos fueron eliminados. Sin embargo, la permanente resistencia de los argentinos y la empecinada voluntad de las mayorías se impusieron a los avatares conocidos, permitiendo reconstruir el sistema de la seguridad social en nuestro país impactado por el discontinuo discurrir del empleo y el desempleo. La inequidad que generaba el problema de falta de cobertura siempre estuvo relacionada con la informalidad del mercado laboral.
La nueva concepción de Estado que reconstruimos a partir de 2003 sigue enfrentándose a los obstáculos que presentan otros libertadores con nombres renovados o renovadores pero con idénticos intereses a los de aquella época.
El sistema debe brindar cobertura a la totalidad de la población. Asimismo, rechazamos que se limite la intervención del Estado al control o supervisión descentralizando en terceros la ejecución de las prestaciones.
Desde la reconstrucción del Estado institucionalizamos en cada acto de gobierno la universalidad y la solidaridad. Creo importante recordar el decreto 582/03 y las leyes 25.994, 26.222, 26.425 y 26.417, y en este punto refutar a los gestores que defienden a las administradoras y cuestionan esta iniciativa diciendo que se trata de un parche.
Cada proyecto de ley enviado al Congreso durante estos diez años permitió mejorar el haber previsional y garantizar el ingreso a un nuevo jubilado. No hay que escandalizarse ante iniciativas como ésta; hay que escandalizarse frente a la traición, cuando se recortan las jubilaciones, cuando se propone bajar retenciones, cuando se defienden los intereses externos, con la sentencia del juez Griesa.
Nosotros, desde el bloque del Frente para la Victoria, apoyamos este proyecto de ley y decimos que es un verdadero acto de justicia y que en la decisión de la señora presidenta de la Nación está la defensa de la soberanía y de la mayoría de los argentinos. (Aplausos.)
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra la señora diputada por Tucumán.
En la cultura occidental, la edad cronológica se conformó en un parámetro de organización social y el adulto mayor se transformó en extranjero en tierras donde florece la productividad, la eficiencia, la belleza y la rapidez. Esto fue más perverso en aquellos países con gobiernos débiles y endeudados, signados por la pobreza pero respetuosos de los organismos internacionales.
La lucha consistió en ver en qué condiciones vivían esos años los adultos mayores, con qué grado de libertad y de empoderamiento. El adulto mayor es un sujeto de derecho y de deseo, y debe ser el Estado quien le atribuya un lugar en el orden productivo, biológico y social. Por eso apoyamos la sanción de este proyecto de ley.
Los primeros derechos individuales que se instauraron protegían al varón, al adulto y al propietario. Después, la intervención social introdujo un nuevo orden de clasificación según fueran capaces o incapaces para trabajar y diseñó acciones de contenido moralizador: vigilancia para los inválidos, trabajo forzado para los pobres, válidos y vagabundos, etcétera.
Fue en el siglo XX, específicamente en 1945, cuando el Estado comienza a ocuparse de los derechos sociales y Eva Perón, con el objeto de proteger a niños y ancianos, procura la universalización de la cobertura social.
El 28 de agosto de 1948 dio a conocer el Decálogo de la Ancianidad ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que recién treinta y cuatro años después reconocería los derechos de los adultos mayores. En 1956, con la dictadura militar libertadora –diría yo libertadora de la ambición desmedida de algunos sectores sociales y esclavizante de las mayorías trabajadorasesos derechos fueron eliminados. Sin embargo, la permanente resistencia de los argentinos y la empecinada voluntad de las mayorías se impusieron a los avatares conocidos, permitiendo reconstruir el sistema de la seguridad social en nuestro país impactado por el discontinuo discurrir del empleo y el desempleo. La inequidad que generaba el problema de falta de cobertura siempre estuvo relacionada con la informalidad del mercado laboral.
La nueva concepción de Estado que reconstruimos a partir de 2003 sigue enfrentándose a los obstáculos que presentan otros libertadores con nombres renovados o renovadores pero con idénticos intereses a los de aquella época.
El sistema debe brindar cobertura a la totalidad de la población. Asimismo, rechazamos que se limite la intervención del Estado al control o supervisión descentralizando en terceros la ejecución de las prestaciones.
Desde la reconstrucción del Estado institucionalizamos en cada acto de gobierno la universalidad y la solidaridad. Creo importante recordar el decreto 582/03 y las leyes 25.994, 26.222, 26.425 y 26.417, y en este punto refutar a los gestores que defienden a las administradoras y cuestionan esta iniciativa diciendo que se trata de un parche.
Cada proyecto de ley enviado al Congreso durante estos diez años permitió mejorar el haber previsional y garantizar el ingreso a un nuevo jubilado. No hay que escandalizarse ante iniciativas como ésta; hay que escandalizarse frente a la traición, cuando se recortan las jubilaciones, cuando se propone bajar retenciones, cuando se defienden los intereses externos, con la sentencia del juez Griesa.
Nosotros, desde el bloque del Frente para la Victoria, apoyamos este proyecto de ley y decimos que es un verdadero acto de justicia y que en la decisión de la señora presidenta de la Nación está la defensa de la soberanía y de la mayoría de los argentinos. (Aplausos.)
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra la señora diputada por Tucumán.
SRA. CARRILLO, MARIA DEL CARMEN (TUCUMAN):
Señora presidenta: la seguridad social en tanto derecho humano irrenunciable ha sido, es y será prioridad fundamental en el marco de las políticas nacionales de inclusión social implementadas en el proyecto nacional que conduce nuestra presidenta con el firme propósito de afianzar el bienestar general.
Desde esa perspectiva y con el firme propósito de profundizar la equidad e inclusión social el Poder Ejecutivo ha impulsado esta segunda etapa del Plan de Inclusión Previsional, que permitirá afianzar los avances alcanzados en la instancia previa tendientes a lograr la cobertura universal previsional a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional.
El principal objetivo del presente proyecto de ley es universalizar el derecho a la jubilación para los adultos mayores. No existe otra etapa histórica de la Argentina en la que se haya estado tan cerca de esa meta.
Con esta iniciativa prácticamente la totalidad de las mujeres desde los 60 años y de los hombres desde los 65 cobrarán una jubilación.
A partir de la sanción de este proyecto de ley se estarían incorporando 473 mil beneficiarios que en la actualidad están fuera del sistema. Estamos hablando de más y mejores derechos para 473 mil argentinos y argentinas; estamos hablando de empoderamiento de derechos y de justicia social.
Solo se trata de incluir. Con esta nueva moratoria aspiramos a incluir en el sistema previsional a más de 473 mil personas sin ningún tipo de cobertura que se encuentran en su mayoría en el sector más vulnerable de la sociedad. Este proyecto de ley está dirigido a las familias que no tienen ingresos en el hogar. A partir de la sanción de esta iniciativa los tendrán, como así también la cobertura médica correspondiente.
Debo mencionar y destacar el trabajo sostenido e importante que realiza el SACRA. Esto ha quedado plasmado fundamentalmente a partir de la inauguración de los policonsultorios médicos en la provincia de Tucumán. Consecuentemente, felicitamos a las compañeras del sindicato por todas las conquistas que diariamente vienen logrando. (Aplausos.)
Como militante comprometida con la ampliación de los derechos de las mujeres quiero además remarcar que en la primera etapa del Plan de Inclusión Previsional fueron ellas las más beneficiadas, representando el 73 por ciento de las jubilaciones otorgadas por entonces.
Por ello, y para continuar avanzando en este largo recorrido hacia la equidad, considero que acompañar este proyecto contribuirá en tal sentido.
Por lo expuesto, voy a votar afirmativamente el proyecto de ley en consideración y solicito autorización para insertar el resto de mi discurso en el Diario de Sesiones. (Aplausos.)
Desde esa perspectiva y con el firme propósito de profundizar la equidad e inclusión social el Poder Ejecutivo ha impulsado esta segunda etapa del Plan de Inclusión Previsional, que permitirá afianzar los avances alcanzados en la instancia previa tendientes a lograr la cobertura universal previsional a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional.
El principal objetivo del presente proyecto de ley es universalizar el derecho a la jubilación para los adultos mayores. No existe otra etapa histórica de la Argentina en la que se haya estado tan cerca de esa meta.
Con esta iniciativa prácticamente la totalidad de las mujeres desde los 60 años y de los hombres desde los 65 cobrarán una jubilación.
A partir de la sanción de este proyecto de ley se estarían incorporando 473 mil beneficiarios que en la actualidad están fuera del sistema. Estamos hablando de más y mejores derechos para 473 mil argentinos y argentinas; estamos hablando de empoderamiento de derechos y de justicia social.
Solo se trata de incluir. Con esta nueva moratoria aspiramos a incluir en el sistema previsional a más de 473 mil personas sin ningún tipo de cobertura que se encuentran en su mayoría en el sector más vulnerable de la sociedad. Este proyecto de ley está dirigido a las familias que no tienen ingresos en el hogar. A partir de la sanción de esta iniciativa los tendrán, como así también la cobertura médica correspondiente.
Debo mencionar y destacar el trabajo sostenido e importante que realiza el SACRA. Esto ha quedado plasmado fundamentalmente a partir de la inauguración de los policonsultorios médicos en la provincia de Tucumán. Consecuentemente, felicitamos a las compañeras del sindicato por todas las conquistas que diariamente vienen logrando. (Aplausos.)
Como militante comprometida con la ampliación de los derechos de las mujeres quiero además remarcar que en la primera etapa del Plan de Inclusión Previsional fueron ellas las más beneficiadas, representando el 73 por ciento de las jubilaciones otorgadas por entonces.
Por ello, y para continuar avanzando en este largo recorrido hacia la equidad, considero que acompañar este proyecto contribuirá en tal sentido.
Por lo expuesto, voy a votar afirmativamente el proyecto de ley en consideración y solicito autorización para insertar el resto de mi discurso en el Diario de Sesiones. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra el señor diputado por Tierra del Fuego.
SR. PEREZ, MARTIN ALEJANDRO (TIERRA DEL FUEGO):
Señora presidenta: hoy es un día histórico para los adultos mayores de nuestro país. Por una decisión política de este gobierno estamos ante la posibilidad de dar un gran paso hacia la efectiva universalización del derecho a una ancianidad digna en la Argentina.
Tres décadas de neoliberalismo en nuestro país bastaron para desintegrar el sistema previsional argentino y pretender condenar a una vejez marginal a los trabajadores de nuestra patria. Durante los años 90 cinco de cada diez personas –en su mayoría mujeres- que se encontraban en condiciones de jubilarse quedaban fuera del sistema. Como corolario, no se trataba de cualquier sistema, sino que se había congeniado una de las mayores estafas que conoció la historia para nuestros trabajadores: el sistema perverso de las AFJP, que pretendía sacar la plata a nuestros jubilados para apostar al mercado financiero y consolidar así un país esencialmente desigual.
De aquella época no solo heredamos las ideas que vemos implícitas en muchas acciones de candidatos que se regocijan para 2015 sino también el ajuste mediante el desempleo, la represión de los trabajadores, la defensa de los intereses de las corporaciones y el deterioro de la salud y la educación públicas.
A partir de 2003 Néstor Kirchner nos vino a mostrar que otra política en una Argentina derrumbada era posible. Durante su gobierno, continuado y profundizado por Cristina Fernández de Kirchner, se tomaron las medidas más trascendentales para reconstruir un sistema de seguridad social nacional integrado e inclusivo, que logró torcer el rumbo que había sido impuesto en las décadas anteriores.
En 2005 se implementó el primer Plan de Inclusión Previsional, que permitió la inclusión de aproximadamente 2.700.000 adultos mayores excluidos, de los cuales un 73 por ciento eran mujeres. Se recibió un país con una tasa de cobertura previsional del 63,3 por ciento en 2002, mientras que en 2013 rondaba el 94 por ciento, una de las mayores del continente americano.
Soy testigo de que esta política llegó a todos los puntos del país. En mi provincia patagónica, Tierra del Fuego, tierra de pioneros y luchadores, esta política tuvo un enorme impacto. En 2002 la ANSES tenía apenas 3.500 casos en sus carpetas; diez años después eran 10.500, aproximadamente un 200 por ciento más.
La lógica de este nuevo paradigma de protección y previsión social no solo contemplaba la inclusión de los adultos mayores marginados sino también su dignificación. Se calcula que en septiembre de este año los montos reales de las jubilaciones van a alcanzar valores nunca vistos en la historia reciente de nuestro país. Mientras que en los 90 se congelaron los haberes jubilatorios y durante el gobierno de la Alianza se decidió vergonzosamente reducirlos un 13 por ciento, este gobierno ha sistematizado los aumentos previsionales mediante una propuesta de Ley de Movilidad Jubilatoria.
En mi provincia en julio de 2003 el haber mínimo era de apenas 264 pesos; el mes que viene alcanzará los 4.524 pesos, es decir que en términos reales la jubilación aumentó más de cuatro veces.
Cuando me refiero a que este gobierno, del que orgullosamente formo parte, que ha dignificado a nuestros trabajadores –en este caso adultos mayores y sus familias, aludo no solo al hecho de que ha reconocido y ampliado efectivamente el derecho a cobrar una jubilación digna sino que también ha brindado una amplia cobertura en salud a través de la asistencia del PAMI en todo el país, lo que significó –sumado a la aplicación de otras políticas complementariasir poco a poco hacia una sociedad más justa e inclusiva.
Desde 2003 se ha logrado disminuir sensiblemente los niveles de pobreza entre los adultos mayores y aumentar significativamente su poder adquisitivo a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina.
Hoy el Estado es y se siente diferente: ya no es el facilitador de rentas extraordinarias de privados que pretendían y pretenden enriquecerse con el dinero de todos los argentinos, fundamentalmente de los más desprotegidos, sino que es el organizador principal de la inclusión y el primer y último garante de una sociedad argentina digna. La plata de los trabajadores ya no se juega en el mercado financiero ni se va de nuestro país; el Fondo de Garantía de Sustentabilidad está consolidando un sendero de crecimiento exponencial y de financiamiento de proyectos estratégicos para nuestra región.
El proyecto que hoy proponemos sancionar, y que por supuesto votaré por la afirmativa, va en esta misma dirección: viene a cerrar el capítulo negro de exclusión de nuestros trabajadores más vulnerables para pasar a reconocer la universalización del derecho de la ancianidad, que sin duda es el reconocimiento del esfuerzo y del trabajo de millones de trabajadores argentinos.
Tres décadas de neoliberalismo en nuestro país bastaron para desintegrar el sistema previsional argentino y pretender condenar a una vejez marginal a los trabajadores de nuestra patria. Durante los años 90 cinco de cada diez personas –en su mayoría mujeres- que se encontraban en condiciones de jubilarse quedaban fuera del sistema. Como corolario, no se trataba de cualquier sistema, sino que se había congeniado una de las mayores estafas que conoció la historia para nuestros trabajadores: el sistema perverso de las AFJP, que pretendía sacar la plata a nuestros jubilados para apostar al mercado financiero y consolidar así un país esencialmente desigual.
De aquella época no solo heredamos las ideas que vemos implícitas en muchas acciones de candidatos que se regocijan para 2015 sino también el ajuste mediante el desempleo, la represión de los trabajadores, la defensa de los intereses de las corporaciones y el deterioro de la salud y la educación públicas.
A partir de 2003 Néstor Kirchner nos vino a mostrar que otra política en una Argentina derrumbada era posible. Durante su gobierno, continuado y profundizado por Cristina Fernández de Kirchner, se tomaron las medidas más trascendentales para reconstruir un sistema de seguridad social nacional integrado e inclusivo, que logró torcer el rumbo que había sido impuesto en las décadas anteriores.
En 2005 se implementó el primer Plan de Inclusión Previsional, que permitió la inclusión de aproximadamente 2.700.000 adultos mayores excluidos, de los cuales un 73 por ciento eran mujeres. Se recibió un país con una tasa de cobertura previsional del 63,3 por ciento en 2002, mientras que en 2013 rondaba el 94 por ciento, una de las mayores del continente americano.
Soy testigo de que esta política llegó a todos los puntos del país. En mi provincia patagónica, Tierra del Fuego, tierra de pioneros y luchadores, esta política tuvo un enorme impacto. En 2002 la ANSES tenía apenas 3.500 casos en sus carpetas; diez años después eran 10.500, aproximadamente un 200 por ciento más.
La lógica de este nuevo paradigma de protección y previsión social no solo contemplaba la inclusión de los adultos mayores marginados sino también su dignificación. Se calcula que en septiembre de este año los montos reales de las jubilaciones van a alcanzar valores nunca vistos en la historia reciente de nuestro país. Mientras que en los 90 se congelaron los haberes jubilatorios y durante el gobierno de la Alianza se decidió vergonzosamente reducirlos un 13 por ciento, este gobierno ha sistematizado los aumentos previsionales mediante una propuesta de Ley de Movilidad Jubilatoria.
En mi provincia en julio de 2003 el haber mínimo era de apenas 264 pesos; el mes que viene alcanzará los 4.524 pesos, es decir que en términos reales la jubilación aumentó más de cuatro veces.
Cuando me refiero a que este gobierno, del que orgullosamente formo parte, que ha dignificado a nuestros trabajadores –en este caso adultos mayores y sus familias, aludo no solo al hecho de que ha reconocido y ampliado efectivamente el derecho a cobrar una jubilación digna sino que también ha brindado una amplia cobertura en salud a través de la asistencia del PAMI en todo el país, lo que significó –sumado a la aplicación de otras políticas complementariasir poco a poco hacia una sociedad más justa e inclusiva.
Desde 2003 se ha logrado disminuir sensiblemente los niveles de pobreza entre los adultos mayores y aumentar significativamente su poder adquisitivo a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina.
Hoy el Estado es y se siente diferente: ya no es el facilitador de rentas extraordinarias de privados que pretendían y pretenden enriquecerse con el dinero de todos los argentinos, fundamentalmente de los más desprotegidos, sino que es el organizador principal de la inclusión y el primer y último garante de una sociedad argentina digna. La plata de los trabajadores ya no se juega en el mercado financiero ni se va de nuestro país; el Fondo de Garantía de Sustentabilidad está consolidando un sendero de crecimiento exponencial y de financiamiento de proyectos estratégicos para nuestra región.
El proyecto que hoy proponemos sancionar, y que por supuesto votaré por la afirmativa, va en esta misma dirección: viene a cerrar el capítulo negro de exclusión de nuestros trabajadores más vulnerables para pasar a reconocer la universalización del derecho de la ancianidad, que sin duda es el reconocimiento del esfuerzo y del trabajo de millones de trabajadores argentinos.
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Ha concluido su término, señor diputado.
SR. PEREZ, MARTIN ALEJANDRO (TIERRA DEL FUEGO):
Para finalizar, quiero decir que hoy siento una enorme felicidad porque el Estado vuelve a ser un promotor de derechos. Siento una enorme felicidad porque así como hay sectores que mañana harán un paro patronal y pretenden volver a los 90, nosotros reafirmamos el liderazgo de nuestra presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, una referente indiscutida por su visión estratégica y porque sigue pensando en un Estado que promueve derechos e incluye. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra la señora diputada por Tucumán.
SRA. CARRIZO, NILDA MABEL (TUCUMAN):
Señora presidenta: hoy y de una vez por todas estamos tratando uno de los proyectos más esperados por miles de argentinos y argentinas en todo el país, y me siento orgullosa de ser parte de un proyecto político que sigue dignificando a las personas, que continúa profundizado medidas de reparación social y que da felicidad al pueblo.
Un ingreso jubilatorio levanta la autoestima de quien lo percibe y contribuye a cerrar un círculo en la vida, un círculo que no se afirma en lo económico, aunque no sea un tema menor, sino que genera en cada persona la sensación de calma por el deber cumplido.
Esto no es un regalo, como dicen los mismos que descontaron el 13 por ciento a nuestros abuelos. Esto no es asistencialismo, como dejaron entrever para aminorar lo fructuoso de la medida; esto constituye una decisión política de una presidenta a la que no la mueve la coyuntura sino la institucionalización de las políticas de seguridad social.
Vengo del interior del interior argentino, de convivir con los que sacrificaron toda su vida en el surco, en los carros cañeros, en la zafra o en la cosecha del limón y que fueron estafados por sus patrones, por los industriales de ayer, de hoy y de siempre, por inescrupulosos empresarios que no les hicieron los aportes previsionales correspondientes y que sin embargo les descontaron progresivamente de sus adarmes salarios con ese fin.
¿Es un gasto generar y promover esta reparación personal, esta revancha de vida? Nosotros no lo vemos así. Desde 2003 nació, como nacieron tantas cosas que nos cambiaron la vida, una nueva cosmovisión de la cobertura social, y desde entonces hablamos de inversión social.
La jubilación se consagra como derecho constitucional en 1949, y años después encontramos que con el argumento de proteger al anciano en su vejez se va reforzando un sistema contributivo del que sólo recibían beneficios quienes habían aportado. Luego la historia es conocida. La aplicación de políticas económicas de gobiernos que abdicaban ante la presión de los grupos concentrados de la economía, los buitres internos, que todavía andan por ahí añorando etapas de debilidad presidencial o de complicidad de la Rosada, generaron la falta de sustentabilidad del sistema previsional argentino, basado en un concepto solidario.
La década neoliberal de exclusión y de expulsión de los empleos dejaron tambaleando la relación de empleos activos con los inactivos y fueron preparando el terreno, con los buitres externos y también mediáticos, para quedarse con el sistema previsional argentino promoviendo la génesis de las AFJP, el negocio y la venta más vergonzosos de nuestra historia.
Este proyecto que estamos por acompañar desde nuestro bloque viene a seguir saldando la deuda interna, porque Cristina no sólo paga la deuda externa sino que está pagando la más dolorosa deuda que pueda haber generado un Estado, que es la exclusión social. Hay que recordar que en el año 2005, cuando el presidente Néstor Kirchner promueve y lanza el sistema de moratoria, solamente el 55 por ciento de los argentinos en edad de jubilarse tenía una jubilación o pensión.
Hoy alrededor del 87 por ciento de los argentinos en edad de jubilación están dentro del sistema previsional. A partir de la puesta en marcha del Plan de Inclusión se incorporaron al sistema jubilatorio alrededor de 3 millones de adultos mayores a los que les faltaban aportes y a los que se les fueron descontando cuotas de la moratoria de su jubilación.
Hoy la cobertura alcanza a un 94 por ciento de la población, la más alta de América Latina, con 7 millones de jubilados. Esos millones de abuelos y abuelas que se incorporaron, no se incorporaron únicamente a la remuneración: se incorporaron a una obra social de las características del PAMI, que significa también una cobertura, sobre todo en la edad en la que más la necesitan.
Desde la recuperación de los fondos en propiedad de las AFJP hasta el día de hoy el proyecto político que conduce Cristina Fernández de Kirchner ha demostrado la firme convicción de romper con los conceptos neoliberales promercado, viciados de un egoísmo ilimitado y calculador, y con esta segunda etapa del Plan de Inclusión Previsional queda demostrado.
En la actualidad el sistema previsional, sumado a las cajas de algunas provincias, nos ubica en un 93 por ciento de cobertura, y desde hoy esta cobertura será universal, algo que tiene que ponernos orgullosos al conjunto de los argentinos, sabiendo que tenemos uno de los sistemas más abarcativos de toda América.
Por eso hoy como diputada de la Nación, pero más que nada como militante nacional y popular, pido el acompañamiento de todos para beneficiar a quienes todavía les falta un derecho. Hoy damos un paso más para garantizar estas variables macroeconómicas y este modelo que ha funcionado de esta manera. De esta forma vamos a estar incorporando a todos y a los que aún no están representados. (Aplausos.)
Un ingreso jubilatorio levanta la autoestima de quien lo percibe y contribuye a cerrar un círculo en la vida, un círculo que no se afirma en lo económico, aunque no sea un tema menor, sino que genera en cada persona la sensación de calma por el deber cumplido.
Esto no es un regalo, como dicen los mismos que descontaron el 13 por ciento a nuestros abuelos. Esto no es asistencialismo, como dejaron entrever para aminorar lo fructuoso de la medida; esto constituye una decisión política de una presidenta a la que no la mueve la coyuntura sino la institucionalización de las políticas de seguridad social.
Vengo del interior del interior argentino, de convivir con los que sacrificaron toda su vida en el surco, en los carros cañeros, en la zafra o en la cosecha del limón y que fueron estafados por sus patrones, por los industriales de ayer, de hoy y de siempre, por inescrupulosos empresarios que no les hicieron los aportes previsionales correspondientes y que sin embargo les descontaron progresivamente de sus adarmes salarios con ese fin.
¿Es un gasto generar y promover esta reparación personal, esta revancha de vida? Nosotros no lo vemos así. Desde 2003 nació, como nacieron tantas cosas que nos cambiaron la vida, una nueva cosmovisión de la cobertura social, y desde entonces hablamos de inversión social.
La jubilación se consagra como derecho constitucional en 1949, y años después encontramos que con el argumento de proteger al anciano en su vejez se va reforzando un sistema contributivo del que sólo recibían beneficios quienes habían aportado. Luego la historia es conocida. La aplicación de políticas económicas de gobiernos que abdicaban ante la presión de los grupos concentrados de la economía, los buitres internos, que todavía andan por ahí añorando etapas de debilidad presidencial o de complicidad de la Rosada, generaron la falta de sustentabilidad del sistema previsional argentino, basado en un concepto solidario.
La década neoliberal de exclusión y de expulsión de los empleos dejaron tambaleando la relación de empleos activos con los inactivos y fueron preparando el terreno, con los buitres externos y también mediáticos, para quedarse con el sistema previsional argentino promoviendo la génesis de las AFJP, el negocio y la venta más vergonzosos de nuestra historia.
Este proyecto que estamos por acompañar desde nuestro bloque viene a seguir saldando la deuda interna, porque Cristina no sólo paga la deuda externa sino que está pagando la más dolorosa deuda que pueda haber generado un Estado, que es la exclusión social. Hay que recordar que en el año 2005, cuando el presidente Néstor Kirchner promueve y lanza el sistema de moratoria, solamente el 55 por ciento de los argentinos en edad de jubilarse tenía una jubilación o pensión.
Hoy alrededor del 87 por ciento de los argentinos en edad de jubilación están dentro del sistema previsional. A partir de la puesta en marcha del Plan de Inclusión se incorporaron al sistema jubilatorio alrededor de 3 millones de adultos mayores a los que les faltaban aportes y a los que se les fueron descontando cuotas de la moratoria de su jubilación.
Hoy la cobertura alcanza a un 94 por ciento de la población, la más alta de América Latina, con 7 millones de jubilados. Esos millones de abuelos y abuelas que se incorporaron, no se incorporaron únicamente a la remuneración: se incorporaron a una obra social de las características del PAMI, que significa también una cobertura, sobre todo en la edad en la que más la necesitan.
Desde la recuperación de los fondos en propiedad de las AFJP hasta el día de hoy el proyecto político que conduce Cristina Fernández de Kirchner ha demostrado la firme convicción de romper con los conceptos neoliberales promercado, viciados de un egoísmo ilimitado y calculador, y con esta segunda etapa del Plan de Inclusión Previsional queda demostrado.
En la actualidad el sistema previsional, sumado a las cajas de algunas provincias, nos ubica en un 93 por ciento de cobertura, y desde hoy esta cobertura será universal, algo que tiene que ponernos orgullosos al conjunto de los argentinos, sabiendo que tenemos uno de los sistemas más abarcativos de toda América.
Por eso hoy como diputada de la Nación, pero más que nada como militante nacional y popular, pido el acompañamiento de todos para beneficiar a quienes todavía les falta un derecho. Hoy damos un paso más para garantizar estas variables macroeconómicas y este modelo que ha funcionado de esta manera. De esta forma vamos a estar incorporando a todos y a los que aún no están representados. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra la señora diputada por La Pampa.
SRA. ALONSO, MARIA LUZ (LA PAMPA):
Señora presidenta: nuevamente nos encontramos para tratar aquí un proyecto de ley de ampliación de derechos. Se trata de una norma propuesta por este gobierno nacional. Es coherente y va en línea con lo realizado en los últimos once años.
Durante toda la jornada he escuchado a muchos diputados hablar de la informalidad laboral. Quizás no recuerden –es bueno refrescar la memoria en este momentoque durante este año hemos discutido y aprobado en este mismo recinto un proyecto de ley que apunta a combatir la informalidad laboral.
Cuando la presidenta de la Nación anunció el envío del proyecto de ley al Congreso de la Nación, manifestó que lo peor que le podía pasar a un trabajador es no tener trabajo. El segundo factor de riesgo para un trabajador es la informalidad laboral.
Por eso, y por la coherencia que nos ha caracterizado durante los últimos once años, hemos enviado este proyecto para su consideración. Nosotros combatimos la informalidad laboral. Lo hacemos no sólo con legislación sino también con hechos reales.
A diferencia de las políticas aplicadas en la década del 90, hemos construido un modelo de crecimiento del PBI con inclusión social, con fuerte presencia del Estado nacional y crecimiento en torno de la generación de puestos de trabajo. También hemos logrado que seis millones de nuevos trabajadores estén en el sistema formal. Hemos trabajado para la recomposición del poder adquisitivo del salario, sin olvidar a aquellos trabajadores que están en edad de jubilarse y no pueden hacerlo.
Por eso en 2005 Néstor Kirchner envió al Congreso el primer Plan de Inclusión Previsional, tomando como fecha de corte 1993. Ahora se toma como corte 2003. Por eso nos hemos dedicado a combatir los problemas derivados de la desregularización laboral de 1990. Fue el momento en el que el desempleo mostró sus tasas más altas y donde la informalidad laboral se convirtió en un problema de raíz.
Hoy, en forma coherente, estamos aquí combatiendo, como lo hicimos ayer, el flagelo de la informalidad. Además, estamos incluyendo y devolviendo derechos a aquellos trabajadores que durante esa nefasta década del 90, con un modelo neoliberal salvaje, quedaron excluidos.
Como siempre, este gobierno se hace cargo de todas las cuestiones para solucionar los problemas de los argentinos, sin importar qué gobierno los haya generado.
Estimamos que esto va a beneficiar a más de 480.000 personas.
Anteriormente decía mi compañero Fernández Mendía que en 2003 teníamos 27.741 jubilaciones y hoy tenemos más de 60.000, de las cuales 11.000 son de la moratoria jubilatoria de 2005.
He escuchado decir muchas cosas en este recinto, pero lo importante es destacar –lo tenemos que hacer nosotros porque somos los que estamos todo el día con la genteque esto no surge por arte de magia, sino por una voluntad política manifiesta, por la voluntad política de Néstor Kirchner en 2005 y por la política de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al haber estatizado las AFJP, recuperando el dinero de nuestros trabajadores del lugar del que nunca debieron haberse ido. Sacó ese dinero de la timba financiera y lo puso al servicio de los trabajadores.
También ha sido voluntad de nuestra presidenta que se sancionara la ley que otorga dos aumentos anuales a las jubilaciones. Escuchamos atentamente cuando hay un nuevo aumento, ya que nuestros jubilados el próximo mes van a cobrar el 17,21 por ciento más.
Reiteradamente hemos oído decir que la inflación se come los aumentos y que no sirven por ese motivo. A aquellos diputados que dicen eso yo les propongo –les proponemos todos- que traigan la cifra que quieran, el índice de su consultora, el que soñaron la noche anterior y como no lo jugaron en la quiniela lo dicen en la televisión pensando que es el de la inflación, el que quieran, y lo contrastamos. Nosotros somos coherentes con lo que hacemos porque generamos trabajo, incluimos argentinos y ampliamos derechos. Esta es una Argentina mejor. La palabra “jubilación” etimológicamente significa júbilo, alegría, felicidad. Nosotros, los peronistas, buscamos la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación. Esto es peronismo puro, esto es justicia social, esto es Cristina Fernández de Kirchner. (Aplausos.)
Durante toda la jornada he escuchado a muchos diputados hablar de la informalidad laboral. Quizás no recuerden –es bueno refrescar la memoria en este momentoque durante este año hemos discutido y aprobado en este mismo recinto un proyecto de ley que apunta a combatir la informalidad laboral.
Cuando la presidenta de la Nación anunció el envío del proyecto de ley al Congreso de la Nación, manifestó que lo peor que le podía pasar a un trabajador es no tener trabajo. El segundo factor de riesgo para un trabajador es la informalidad laboral.
Por eso, y por la coherencia que nos ha caracterizado durante los últimos once años, hemos enviado este proyecto para su consideración. Nosotros combatimos la informalidad laboral. Lo hacemos no sólo con legislación sino también con hechos reales.
A diferencia de las políticas aplicadas en la década del 90, hemos construido un modelo de crecimiento del PBI con inclusión social, con fuerte presencia del Estado nacional y crecimiento en torno de la generación de puestos de trabajo. También hemos logrado que seis millones de nuevos trabajadores estén en el sistema formal. Hemos trabajado para la recomposición del poder adquisitivo del salario, sin olvidar a aquellos trabajadores que están en edad de jubilarse y no pueden hacerlo.
Por eso en 2005 Néstor Kirchner envió al Congreso el primer Plan de Inclusión Previsional, tomando como fecha de corte 1993. Ahora se toma como corte 2003. Por eso nos hemos dedicado a combatir los problemas derivados de la desregularización laboral de 1990. Fue el momento en el que el desempleo mostró sus tasas más altas y donde la informalidad laboral se convirtió en un problema de raíz.
Hoy, en forma coherente, estamos aquí combatiendo, como lo hicimos ayer, el flagelo de la informalidad. Además, estamos incluyendo y devolviendo derechos a aquellos trabajadores que durante esa nefasta década del 90, con un modelo neoliberal salvaje, quedaron excluidos.
Como siempre, este gobierno se hace cargo de todas las cuestiones para solucionar los problemas de los argentinos, sin importar qué gobierno los haya generado.
Estimamos que esto va a beneficiar a más de 480.000 personas.
Anteriormente decía mi compañero Fernández Mendía que en 2003 teníamos 27.741 jubilaciones y hoy tenemos más de 60.000, de las cuales 11.000 son de la moratoria jubilatoria de 2005.
He escuchado decir muchas cosas en este recinto, pero lo importante es destacar –lo tenemos que hacer nosotros porque somos los que estamos todo el día con la genteque esto no surge por arte de magia, sino por una voluntad política manifiesta, por la voluntad política de Néstor Kirchner en 2005 y por la política de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al haber estatizado las AFJP, recuperando el dinero de nuestros trabajadores del lugar del que nunca debieron haberse ido. Sacó ese dinero de la timba financiera y lo puso al servicio de los trabajadores.
También ha sido voluntad de nuestra presidenta que se sancionara la ley que otorga dos aumentos anuales a las jubilaciones. Escuchamos atentamente cuando hay un nuevo aumento, ya que nuestros jubilados el próximo mes van a cobrar el 17,21 por ciento más.
Reiteradamente hemos oído decir que la inflación se come los aumentos y que no sirven por ese motivo. A aquellos diputados que dicen eso yo les propongo –les proponemos todos- que traigan la cifra que quieran, el índice de su consultora, el que soñaron la noche anterior y como no lo jugaron en la quiniela lo dicen en la televisión pensando que es el de la inflación, el que quieran, y lo contrastamos. Nosotros somos coherentes con lo que hacemos porque generamos trabajo, incluimos argentinos y ampliamos derechos. Esta es una Argentina mejor. La palabra “jubilación” etimológicamente significa júbilo, alegría, felicidad. Nosotros, los peronistas, buscamos la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación. Esto es peronismo puro, esto es justicia social, esto es Cristina Fernández de Kirchner. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SRA. ARGUMEDO, ALCIRA SUSANA (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señora presidenta: teniendo en cuenta que muchos diputados del interior tienen que viajar y pueden tener problemas, y dado que ya se conoce la posición del Frente para la Victoria, propongo que los diputados que han pedido la palabra sigan el buen ejemplo de la diputada Brawer e inserten sus discursos, de manera tal que se pueda votar este proyecto. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra el señor diputado por Formosa.
SR. BURYAILE, RICARDO (FORMOSA):
Señora presidenta: solamente quiero formular dos o tres reflexiones porque creo que ya se ha dicho mucho.
Quiero decir a algunos diputados preopinantes que el bloque de la Unión Cívica Radical apoya este proyecto. No es solamente una iniciativa del Frente para la Victoria sino un proyecto que compartimos y acompañamos. Me parece que también es justo resaltar que este apoyo es de toda la Cámara de Diputados.
Sin embargo, hay dos o tres cuestiones que creo que es importante que tengamos en cuenta. Puede decirse que estos son casi los jubilados de la democracia. Son treinta años de democracia y estamos hablando de treinta años de aportes, y también del caso de alguien que haya empezado un poco antes. Tenemos que empezar a hacernos cargo de la deuda que tiene la democracia con nuestros adultos mayores.
Tenemos que empezar a mirar hacia dónde debemos apuntar, que es hacia un sistema sostenible en el tiempo, un sistema que genere educación e inclusión para que dentro de algún tiempo no volvamos a tener jubilados por una ley de moratoria sino que la gente se jubile como debe ser, luego de haber trabajado en forma digna durante determinado tiempo.
Voy a insertar el resto de mi discurso y adelanto que vamos a acompañar este proyecto tanto en general como en particular.
Quiero decir a algunos diputados preopinantes que el bloque de la Unión Cívica Radical apoya este proyecto. No es solamente una iniciativa del Frente para la Victoria sino un proyecto que compartimos y acompañamos. Me parece que también es justo resaltar que este apoyo es de toda la Cámara de Diputados.
Sin embargo, hay dos o tres cuestiones que creo que es importante que tengamos en cuenta. Puede decirse que estos son casi los jubilados de la democracia. Son treinta años de democracia y estamos hablando de treinta años de aportes, y también del caso de alguien que haya empezado un poco antes. Tenemos que empezar a hacernos cargo de la deuda que tiene la democracia con nuestros adultos mayores.
Tenemos que empezar a mirar hacia dónde debemos apuntar, que es hacia un sistema sostenible en el tiempo, un sistema que genere educación e inclusión para que dentro de algún tiempo no volvamos a tener jubilados por una ley de moratoria sino que la gente se jubile como debe ser, luego de haber trabajado en forma digna durante determinado tiempo.
Voy a insertar el resto de mi discurso y adelanto que vamos a acompañar este proyecto tanto en general como en particular.
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra la señora diputada por Santa Fe.
SRA. SIMONCINI, SILVIA ROSA (SANTA FE):
Señora presidenta: durante nuestra historia ha habido períodos trágicos con consecuencias sociales dramáticas. No fueron casuales, sino más bien pensados. La persecución política, la desaparición y muerte de personas, un plan implementado por la dictadura cívico militar para instaurar un nuevo país con un nuevo modelo colonial neoliberal con fuerte endeudamiento externo, destrucción de la industria nacional y del empleo, entrega del patrimonio y desprecio por nuestra cultura. Una conjunción de políticas que encontraron luego su expresión también en democracia durante los gobiernos de Menem y de de la Rúa, con Cavallo marcando el rumbo de nuestra economía representando los intereses financieros internacionales y el poder económico concentrado interno.
Los argentinos no podemos ni debemos olvidar los resultados de esas políticas que aún hoy encuentran eco en los voceros locales de las multinacionales y de los fondos buitre.
Los argentinos no debemos ni podemos olvidar que sufrimos el incremento de la desocupación y de empleos en negro, el recorte y el congelamiento de salarios y jubilaciones, la recesión y finalmente la crisis catastrófica de 2001, cuando el desempleo trepó al 21,5 por ciento con un claro impacto negativo en el sistema previsional.
Hoy vamos a tratar un proyecto de ley que nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió a este Parlamento ratificando el compromiso de este gobierno con los argentinos más vulnerables frente a estas políticas.
Decía Néstor Kirchner el 25 de mayo de 2003: “Es el Estado el que debe actuar como el gran reparador de las desigualdades. Es el Estado el que debe viabilizar los derechos constitucionales, protegiendo a los sectores más vulnerables de esta sociedad, es decir, los trabajadores, los jubilados, los pensionados.” Fundada en estas convicciones la recuperación de un modelo previsional inclusivo, solidario y universal fue un imperativo, y sigue siéndolo en la actualidad.
Por eso en 2005 se inicia la primera moratoria, que incluyó 1.200.000 beneficiarios -fundamentalmente mujeres- que se conoció como la “jubilación para amas de casa”. Luego, en 2008, la presidenta Cristina Fernández envió a este Parlamento el proyecto para recuperar los fondos de jubilaciones y pensiones de los trabajadores sancionado como ley 26.425.
Es necesario, a pesar de la hora, tener memoria y recabar en ella. En ese momento se alzaron voces en contra de la estatización de esos fondos. Claro, a las AFJP se les terminaba el negocio que les había permitido quedarse con más de 12 mil millones de dólares de los aportes de los trabajadores mientras que las jubilaciones permanecían congeladas y la cobertura previsional apenas superaba el 50 por ciento.
Por eso en 2003 se puso en marcha el mayor Plan de Inclusión Previsional que registra la historia de nuestro país como parte de una política de inclusión general excepcional. En ese momento se incorporaron al sistema jubilatorio 2.750.000 adultos mayores, alcanzando un 93,8 por ciento de cobertura de población objetiva, la mayor de América Latina, registrándose 5.907.860 titulares de derecho. No se habla de caridad ni de beneficio sino de restitución de derechos.
En julio de 2001 el gobierno de de la Rúa implementó un ajuste generalizado que incluyó salarios y jubilaciones que afectó a 3 millones de jubilados a los que se les recortaba el 13 por ciento de sus haberes. Meses después, recordemos, vino el episodio del helicóptero y el default.
Hoy la Argentina cumple con sus obligaciones externas depositando los fondos que están bloqueados por un fallo judicial en Estados Unidos. Este gobierno avanza en el cumplimiento de sus compromisos internos estableciendo una mejora en los ingresos de los jubilados y pensionados con la Ley de Movilidad Jubilatoria.
Desde que la Ley de Movilidad Jubilatoria entró en vigencia en 2009 el haber mínimo aumentó 368 por ciento, indicador que superó todos aquellos que pueden verse en otros rubros de la economía.
Mientras en 2001 destinábamos menos del 4 por ciento del PBI a las políticas sociales de nuestros adultos mayores, hoy estamos invirtiendo el 8 por ciento. Por eso, vamos por la sanción de esta ley, que incluirá más de 470 mil adultos mayores...
Los argentinos no podemos ni debemos olvidar los resultados de esas políticas que aún hoy encuentran eco en los voceros locales de las multinacionales y de los fondos buitre.
Los argentinos no debemos ni podemos olvidar que sufrimos el incremento de la desocupación y de empleos en negro, el recorte y el congelamiento de salarios y jubilaciones, la recesión y finalmente la crisis catastrófica de 2001, cuando el desempleo trepó al 21,5 por ciento con un claro impacto negativo en el sistema previsional.
Hoy vamos a tratar un proyecto de ley que nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió a este Parlamento ratificando el compromiso de este gobierno con los argentinos más vulnerables frente a estas políticas.
Decía Néstor Kirchner el 25 de mayo de 2003: “Es el Estado el que debe actuar como el gran reparador de las desigualdades. Es el Estado el que debe viabilizar los derechos constitucionales, protegiendo a los sectores más vulnerables de esta sociedad, es decir, los trabajadores, los jubilados, los pensionados.” Fundada en estas convicciones la recuperación de un modelo previsional inclusivo, solidario y universal fue un imperativo, y sigue siéndolo en la actualidad.
Por eso en 2005 se inicia la primera moratoria, que incluyó 1.200.000 beneficiarios -fundamentalmente mujeres- que se conoció como la “jubilación para amas de casa”. Luego, en 2008, la presidenta Cristina Fernández envió a este Parlamento el proyecto para recuperar los fondos de jubilaciones y pensiones de los trabajadores sancionado como ley 26.425.
Es necesario, a pesar de la hora, tener memoria y recabar en ella. En ese momento se alzaron voces en contra de la estatización de esos fondos. Claro, a las AFJP se les terminaba el negocio que les había permitido quedarse con más de 12 mil millones de dólares de los aportes de los trabajadores mientras que las jubilaciones permanecían congeladas y la cobertura previsional apenas superaba el 50 por ciento.
Por eso en 2003 se puso en marcha el mayor Plan de Inclusión Previsional que registra la historia de nuestro país como parte de una política de inclusión general excepcional. En ese momento se incorporaron al sistema jubilatorio 2.750.000 adultos mayores, alcanzando un 93,8 por ciento de cobertura de población objetiva, la mayor de América Latina, registrándose 5.907.860 titulares de derecho. No se habla de caridad ni de beneficio sino de restitución de derechos.
En julio de 2001 el gobierno de de la Rúa implementó un ajuste generalizado que incluyó salarios y jubilaciones que afectó a 3 millones de jubilados a los que se les recortaba el 13 por ciento de sus haberes. Meses después, recordemos, vino el episodio del helicóptero y el default.
Hoy la Argentina cumple con sus obligaciones externas depositando los fondos que están bloqueados por un fallo judicial en Estados Unidos. Este gobierno avanza en el cumplimiento de sus compromisos internos estableciendo una mejora en los ingresos de los jubilados y pensionados con la Ley de Movilidad Jubilatoria.
Desde que la Ley de Movilidad Jubilatoria entró en vigencia en 2009 el haber mínimo aumentó 368 por ciento, indicador que superó todos aquellos que pueden verse en otros rubros de la economía.
Mientras en 2001 destinábamos menos del 4 por ciento del PBI a las políticas sociales de nuestros adultos mayores, hoy estamos invirtiendo el 8 por ciento. Por eso, vamos por la sanción de esta ley, que incluirá más de 470 mil adultos mayores...
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Por favor, señora diputada: concluya su discurso. Se ha agotado su tiempo.
SRA. SIMONCINI, SILVIA ROSA (SANTA FE):
Sí, señora presidenta.
Me refiero a aquellos que hoy todavía tienen que hacer una changa en negro porque no tienen un ingreso que cubra sus necesidades más elementales.
Por eso, adelanto mi voto positivo como militante y como parte de este proyecto nacional y popular. (Aplausos.)
Me refiero a aquellos que hoy todavía tienen que hacer una changa en negro porque no tienen un ingreso que cubra sus necesidades más elementales.
Por eso, adelanto mi voto positivo como militante y como parte de este proyecto nacional y popular. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
SR. PEROTTI, OMAR ANGEL (SANTA FE):
Señora presidenta: solicito autorización para insertar mi discurso en el Diario de Sesiones.
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Así se hará, señor diputado.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. CALCAGNO Y MAILLMANN, ERIC (BUENOS AIRES):
Señora presidenta: seré breve. Anticipo que insertaré en el Diario de Sesiones el texto completo de mi exposición.
Hoy se ha mencionado a Von Bismarck con total pertinencia, y también deberíamos recordar a Beveridge, en el Reino Unido. Ambos imaginaron esa cuestión de la seguridad social desde una perspectiva de la voluntad política, porque la verdad y la justicia no se presentan ante nosotros en forma natural; son construcciones. Uno no ve a la justicia cruzando una calle o a la verdad esperando un colectivo. Simplemente se trata de construcciones que a lo largo del tiempo, sobre la base de valores y militancias, uno puede llegar a construir con determinados resultados.
De hecho, Perón, en La comunidad organizada, decía que la verdad y la justicia son del orden de la persuasión; hay que persuadir que tal cosa es justa o que tal otra es verdadera.
Cuando se habla de “parche”, me gustaría tomar este concepto quizás desde un lado más positivo y decir que eso es parte de la construcción política. Todos los legisladores o muchos de ellos sueñan en ambas Cámaras con la mejor ley, la ley perfecta, la ley que casi baja del Sinaí. Tal cosa no existe; la inmediatez puede ser una moda, pero no pasa de ser pasajera.
¿Por qué podemos votar en poco tiempo esta norma? Porque tenemos un sistema de seguridad social, la ANSES, que posee determinados pilares, que son esas construcciones y que permiten estos resultados, en base a un sistema de valores.
Se trata de un sistema de reparto asistido: 60 por ciento de aportes y contribuciones y 40 por ciento de recursos fiscales, como se dijo. Además, es un sistema solidario. Me refiero a aquel concepto de solidaridad entre generaciones de Ernest Renan que hablaba de la solidaridad como una de las estructuras constitutivas de lo que es una nación. Una nación, esa voluntad de un pueblo, esa sensación, esa conciencia de haber hecho grandes cosas antes y de querer hacer grandes cosas ahora, como la que estamos haciendo.
Este es un sistema redistributivo. Decir “más acaudalado” significa el que paga más, y beneficia a los deciles menos favorecidos, como lo demostró la señora presidenta cuando hablaba de nuestro círculo rojo, que son los tres deciles más desfavorecidos. Entonces, es un sistema redistributivo que funciona, porque también es sustentable. En efecto, existe el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que a través de inversiones seguras en el sector productivo genera trabajo en blanco, y este a su vez, aportes y contribuciones; estoy hablando del 60 por ciento de lo que se cobra en jubilación. Gracias a la inversión en el sector productivo, aumenta la actividad, y los ingresos fiscales generados por dicha actividad originan mayores recursos fiscales.
Por lo tanto, la idea que algunos tienen de rifar en nombre de la inmediatez el círculo virtuoso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, deberían pensarla dos veces antes, puesto que, como sucede con otros fondos que existen en Noruega o en Francia, el objetivo es asegurar al sistema en su conjunto. De allí que sea sustentable.
En épocas casi preelectorales sería bueno saber qué piensa hacer cada uno con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad o qué idea tiene de hacer grandes cosas.
Para finalizar, quiero señalar que este sistema es público. A los peronistas nos gusta que sea un sistema público, porque retoma el espíritu de la Constitución de 1949 que en su artículo 37, inciso 7°, se refiere al derecho a la seguridad social. El derecho de los individuos a ser amparados en los casos de disminución, suspensión o pérdida de su capacidad para el trabajo, promueve la obligación de la sociedad de tomar unilaterlamente a su cargo las prestaciones correspondientes o de promover regímenes de ayuda mutua obligatoria destinados, unos y otros, a cubrir o complementar las insuficiencias o ineptitudes propias de ciertos períodos de la vida, o las que resulten de infortunios provenientes de riesgos eventuales.
Por lo dicho, acompañando este proyecto de ley, como acompañamos la política de seguridad social y la construcción de un estado de bienestar que debemos lograr en la Argentina, y que tuvimos en algunos momentos de nuestra historia, creemos en la construcción política. Consideramos que no existen los parches y sí un camino hacia una patria, justa, libre y soberana. (Aplausos.)
Hoy se ha mencionado a Von Bismarck con total pertinencia, y también deberíamos recordar a Beveridge, en el Reino Unido. Ambos imaginaron esa cuestión de la seguridad social desde una perspectiva de la voluntad política, porque la verdad y la justicia no se presentan ante nosotros en forma natural; son construcciones. Uno no ve a la justicia cruzando una calle o a la verdad esperando un colectivo. Simplemente se trata de construcciones que a lo largo del tiempo, sobre la base de valores y militancias, uno puede llegar a construir con determinados resultados.
De hecho, Perón, en La comunidad organizada, decía que la verdad y la justicia son del orden de la persuasión; hay que persuadir que tal cosa es justa o que tal otra es verdadera.
Cuando se habla de “parche”, me gustaría tomar este concepto quizás desde un lado más positivo y decir que eso es parte de la construcción política. Todos los legisladores o muchos de ellos sueñan en ambas Cámaras con la mejor ley, la ley perfecta, la ley que casi baja del Sinaí. Tal cosa no existe; la inmediatez puede ser una moda, pero no pasa de ser pasajera.
¿Por qué podemos votar en poco tiempo esta norma? Porque tenemos un sistema de seguridad social, la ANSES, que posee determinados pilares, que son esas construcciones y que permiten estos resultados, en base a un sistema de valores.
Se trata de un sistema de reparto asistido: 60 por ciento de aportes y contribuciones y 40 por ciento de recursos fiscales, como se dijo. Además, es un sistema solidario. Me refiero a aquel concepto de solidaridad entre generaciones de Ernest Renan que hablaba de la solidaridad como una de las estructuras constitutivas de lo que es una nación. Una nación, esa voluntad de un pueblo, esa sensación, esa conciencia de haber hecho grandes cosas antes y de querer hacer grandes cosas ahora, como la que estamos haciendo.
Este es un sistema redistributivo. Decir “más acaudalado” significa el que paga más, y beneficia a los deciles menos favorecidos, como lo demostró la señora presidenta cuando hablaba de nuestro círculo rojo, que son los tres deciles más desfavorecidos. Entonces, es un sistema redistributivo que funciona, porque también es sustentable. En efecto, existe el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que a través de inversiones seguras en el sector productivo genera trabajo en blanco, y este a su vez, aportes y contribuciones; estoy hablando del 60 por ciento de lo que se cobra en jubilación. Gracias a la inversión en el sector productivo, aumenta la actividad, y los ingresos fiscales generados por dicha actividad originan mayores recursos fiscales.
Por lo tanto, la idea que algunos tienen de rifar en nombre de la inmediatez el círculo virtuoso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, deberían pensarla dos veces antes, puesto que, como sucede con otros fondos que existen en Noruega o en Francia, el objetivo es asegurar al sistema en su conjunto. De allí que sea sustentable.
En épocas casi preelectorales sería bueno saber qué piensa hacer cada uno con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad o qué idea tiene de hacer grandes cosas.
Para finalizar, quiero señalar que este sistema es público. A los peronistas nos gusta que sea un sistema público, porque retoma el espíritu de la Constitución de 1949 que en su artículo 37, inciso 7°, se refiere al derecho a la seguridad social. El derecho de los individuos a ser amparados en los casos de disminución, suspensión o pérdida de su capacidad para el trabajo, promueve la obligación de la sociedad de tomar unilaterlamente a su cargo las prestaciones correspondientes o de promover regímenes de ayuda mutua obligatoria destinados, unos y otros, a cubrir o complementar las insuficiencias o ineptitudes propias de ciertos períodos de la vida, o las que resulten de infortunios provenientes de riesgos eventuales.
Por lo dicho, acompañando este proyecto de ley, como acompañamos la política de seguridad social y la construcción de un estado de bienestar que debemos lograr en la Argentina, y que tuvimos en algunos momentos de nuestra historia, creemos en la construcción política. Consideramos que no existen los parches y sí un camino hacia una patria, justa, libre y soberana. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
SR. GIACOMINO, DANIEL OSCAR (CORDOBA):
Señora presidenta: en función de que a mis colegas les alegra mucho que los legisladores inserten sus discursos, yo voy a pedir autorización para insertar parcialmente la exposición que pensaba desarrollar.
Solamente me voy a tomar unos minutos para aludir a algunas cuestiones que hemos escuchado, como propuesta de la oposición, sobre nuestra política de inclusión y reparación que ya lleva once años. Nos proponen eliminar el 15 por ciento de los aportes que han hecho las provincias; además, están de acuerdo con incluir a todos los jubilados que se incorporan al sistema a través de estas dos moratorias y, por otro lado, nos pidieron en reiteradas oportunidades la aplicación del 82 por ciento móvil. La verdad es que parece un cóctel explosivo; ojalá se pudiera dar, pero no podemos dejar de lado nuestra responsabilidad de gobierno.
Obviamente que nosotros también queremos el 82 por ciento móvil; esto es lo que sigue para nuestros jubilados, y lo decimos sobre la base de lo que hemos hecho en estos últimos once años. Por eso, hoy podemos decirles a nuestros jubilados que en nuestro próximo período de gobierno vamos a plantear el tema del 82 por ciento móvil, así como hemos recuperado la ANSES y la capitalización para el Estado, así como eliminamos el sistema de renta financiera de las AFJP, así como incluimos a 3 millones de jubilados y ahora incluimos a medio millón más. Haremos esto de la misma manera en la que también representamos al PAMI, porque tenemos autoridad moral y política para plantearles a nuestros jubilados que en el próximo período de gobierno vamos a ir por el 82 por ciento móvil.
Es muy difícil que a los otros candidatos les crean que van a eliminar el 15 por ciento que aportan las provincias y que al mismo tiempo van a implementar el 82 por ciento móvil, porque cuando les tocó gobernar no solo no incluyeron sino que bajaron los haberes de los jubilados. (Aplausos.)
Reitero que tenemos la autoridad moral y política para decirles a nuestros jubilados que sustentados en todo lo que hemos hecho, en nuestra próxima gestión de gobierno vamos a ir por el 82 por ciento móvil. ¡Somos el gobierno que incluye y seguiremos incluyendo! (Aplausos.)
Solamente me voy a tomar unos minutos para aludir a algunas cuestiones que hemos escuchado, como propuesta de la oposición, sobre nuestra política de inclusión y reparación que ya lleva once años. Nos proponen eliminar el 15 por ciento de los aportes que han hecho las provincias; además, están de acuerdo con incluir a todos los jubilados que se incorporan al sistema a través de estas dos moratorias y, por otro lado, nos pidieron en reiteradas oportunidades la aplicación del 82 por ciento móvil. La verdad es que parece un cóctel explosivo; ojalá se pudiera dar, pero no podemos dejar de lado nuestra responsabilidad de gobierno.
Obviamente que nosotros también queremos el 82 por ciento móvil; esto es lo que sigue para nuestros jubilados, y lo decimos sobre la base de lo que hemos hecho en estos últimos once años. Por eso, hoy podemos decirles a nuestros jubilados que en nuestro próximo período de gobierno vamos a plantear el tema del 82 por ciento móvil, así como hemos recuperado la ANSES y la capitalización para el Estado, así como eliminamos el sistema de renta financiera de las AFJP, así como incluimos a 3 millones de jubilados y ahora incluimos a medio millón más. Haremos esto de la misma manera en la que también representamos al PAMI, porque tenemos autoridad moral y política para plantearles a nuestros jubilados que en el próximo período de gobierno vamos a ir por el 82 por ciento móvil.
Es muy difícil que a los otros candidatos les crean que van a eliminar el 15 por ciento que aportan las provincias y que al mismo tiempo van a implementar el 82 por ciento móvil, porque cuando les tocó gobernar no solo no incluyeron sino que bajaron los haberes de los jubilados. (Aplausos.)
Reitero que tenemos la autoridad moral y política para decirles a nuestros jubilados que sustentados en todo lo que hemos hecho, en nuestra próxima gestión de gobierno vamos a ir por el 82 por ciento móvil. ¡Somos el gobierno que incluye y seguiremos incluyendo! (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.
SR. CANO, JOSE MANUEL (TUCUMAN):
Señora presidenta: creo que algunos integrantes del bloque oficialista estuvieron en otra sesión. Digo esto porque mencionaron ciertos términos que supuestamente fueron pronunciados por diputados de la oposición que al menos yo no escuché.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Julián Andrés Domínguez.
SR. CANO, JOSE MANUEL (TUCUMAN):
Nadie dijo que acá hay vagos que nunca trabajaron. Daría la impresión de que lo que traen para leer en el ámbito de la Cámara de Diputados lo escribieron suponiendo lo que la oposición iba a plantear en el recinto, pero luego no modifican lo que trajeron escrito.
Por otra parte, debo remarcar que de los últimos treinta años ustedes gobernaron veintitrés. Traigo esto a colación porque aquí se habla mucho de la privatización y de los negocios de la ANSES, pero ustedes mismos fueron los protagonistas de esa época en la que se enajenaron los bienes del Estado. (Aplausos.)
Entonces, ¡háganse cargo! Recuerdo que en el año 2000 la actual presidenta decía que Domingo Cavallo era uno de los mejores cuadros que había dado la Capital Federal. También señalaba que no podía optar entre Béliz y Cavallo, porque los dos habían hecho méritos suficientes para ser candidatos a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Por eso, repito que deben hacerse cargo de esos veintitrés años y de lo que ocurrió en esa época que ahora denuestan, porque fueron protagonistas excluyentes de esa etapa de la Argentina.
Nosotros nos hacemos cargo de lo que nos toca, y lo que hoy estamos haciendo es suplir la ausencia de un Estado que excluyó y que no tuvo la capacidad suficiente para controlar el empleo informal.
Por lo tanto, considero que con esta nueva moratoria, que se suma a la anterior, el Estado está nuevamente presente para resarcir una deuda histórica con estos casi 470.000 ciudadanos que se podrán acoger a esta nueva moratoria.
Más allá de eso, creo que este escenario de ninguna manera alcanza para justificar lo que hoy percibe un jubilado que cobra la mínima. Aquí escuché hablar de Cavallo y de Norma Plá, pero la verdad, para no entrar en el tema de los índices porque desde enero de este año el INDEC no publica el costo de la canasta básica alimentaria ni el de la canasta básica total, todos los diputados nacionales deberíamos hacer el ejercicio de renunciar a nuestra dieta durante dos meses a ver si somos capaces de vivir con 2.700 pesos por mes, que aquí se señaló como un gran logro. (Aplausos.)
Este país destina 7.000 millones de pesos para Fútbol para Todos. Estamos de acuerdo con que todos puedan ver el fútbol, pero si un país tiene semejante cantidad de recursos para que la gente vea fútbol, debería tener muchos más para que los jubilados perciban un haber por arriba de la canasta básica de alimentos, que supera ampliamente los cinco mil pesos.
Nosotros veníamos hoy a acompañar este proyecto. Hubiese sido muy bueno, como hizo nuestro miembro informante, resaltar lo que en estos treinta años de democracia significa “incluir”. Pero tenemos que apelar a la memoria.
El diputado Calcagno, a quien admiro y respeto, hablaba de persuasión. No se puede persuadir cuando se parte de la mentira sistemática, cuando no nos hacemos cargo en estos treinta años de democracia de la parte que le corresponde a cada partido político. La mayoría de los integrantes del Frente para la Victoria han sido protagonistas excluyentes durante veintitrés años de democracia.
Entonces, el compromiso debe ser de todos, absolutamente de todos, para tener una jubilación mínima que dignifique a la gente, que la incluya definitivamente.
También se habló de los diputados que cambian de casa o de esposa. A veces es bueno dar nombres y apellidos cuando se quiere involucrar a dirigentes de la oposición. Les puedo dar ejemplos de quienes cambian de casa. Tenemos un ministro de Salud que en Tucumán se hizo una mansión que supera los 10 millones de pesos. Es un ejemplo de un funcionario que cambió de casa y tiene un patrimonio que no puede justificar de ninguna manera.
Se habló de la vergüenza de Lorenzetti. La vergüenza es que el Poder Judicial de la Nación tenga jueces corruptos como Oyarbide. Eso es una vergüenza, y que no se diga absolutamente nada de eso.
Creemos que en la sesión de hoy estamos generando las condiciones para que el Estado se haga cargo de treinta años de ausencia, pero hoy el trabajo informal oscila entre el 32 y el 35 por ciento, y todavía en esta “década ganada” hay miles de argentinos que viven de un plan social. Seguramente en un futuro próximo tendremos que sancionar una nueva moratoria para que éstos puedan acceder a una jubilación digna. (Aplausos.)
Por otra parte, debo remarcar que de los últimos treinta años ustedes gobernaron veintitrés. Traigo esto a colación porque aquí se habla mucho de la privatización y de los negocios de la ANSES, pero ustedes mismos fueron los protagonistas de esa época en la que se enajenaron los bienes del Estado. (Aplausos.)
Entonces, ¡háganse cargo! Recuerdo que en el año 2000 la actual presidenta decía que Domingo Cavallo era uno de los mejores cuadros que había dado la Capital Federal. También señalaba que no podía optar entre Béliz y Cavallo, porque los dos habían hecho méritos suficientes para ser candidatos a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Por eso, repito que deben hacerse cargo de esos veintitrés años y de lo que ocurrió en esa época que ahora denuestan, porque fueron protagonistas excluyentes de esa etapa de la Argentina.
Nosotros nos hacemos cargo de lo que nos toca, y lo que hoy estamos haciendo es suplir la ausencia de un Estado que excluyó y que no tuvo la capacidad suficiente para controlar el empleo informal.
Por lo tanto, considero que con esta nueva moratoria, que se suma a la anterior, el Estado está nuevamente presente para resarcir una deuda histórica con estos casi 470.000 ciudadanos que se podrán acoger a esta nueva moratoria.
Más allá de eso, creo que este escenario de ninguna manera alcanza para justificar lo que hoy percibe un jubilado que cobra la mínima. Aquí escuché hablar de Cavallo y de Norma Plá, pero la verdad, para no entrar en el tema de los índices porque desde enero de este año el INDEC no publica el costo de la canasta básica alimentaria ni el de la canasta básica total, todos los diputados nacionales deberíamos hacer el ejercicio de renunciar a nuestra dieta durante dos meses a ver si somos capaces de vivir con 2.700 pesos por mes, que aquí se señaló como un gran logro. (Aplausos.)
Este país destina 7.000 millones de pesos para Fútbol para Todos. Estamos de acuerdo con que todos puedan ver el fútbol, pero si un país tiene semejante cantidad de recursos para que la gente vea fútbol, debería tener muchos más para que los jubilados perciban un haber por arriba de la canasta básica de alimentos, que supera ampliamente los cinco mil pesos.
Nosotros veníamos hoy a acompañar este proyecto. Hubiese sido muy bueno, como hizo nuestro miembro informante, resaltar lo que en estos treinta años de democracia significa “incluir”. Pero tenemos que apelar a la memoria.
El diputado Calcagno, a quien admiro y respeto, hablaba de persuasión. No se puede persuadir cuando se parte de la mentira sistemática, cuando no nos hacemos cargo en estos treinta años de democracia de la parte que le corresponde a cada partido político. La mayoría de los integrantes del Frente para la Victoria han sido protagonistas excluyentes durante veintitrés años de democracia.
Entonces, el compromiso debe ser de todos, absolutamente de todos, para tener una jubilación mínima que dignifique a la gente, que la incluya definitivamente.
También se habló de los diputados que cambian de casa o de esposa. A veces es bueno dar nombres y apellidos cuando se quiere involucrar a dirigentes de la oposición. Les puedo dar ejemplos de quienes cambian de casa. Tenemos un ministro de Salud que en Tucumán se hizo una mansión que supera los 10 millones de pesos. Es un ejemplo de un funcionario que cambió de casa y tiene un patrimonio que no puede justificar de ninguna manera.
Se habló de la vergüenza de Lorenzetti. La vergüenza es que el Poder Judicial de la Nación tenga jueces corruptos como Oyarbide. Eso es una vergüenza, y que no se diga absolutamente nada de eso.
Creemos que en la sesión de hoy estamos generando las condiciones para que el Estado se haga cargo de treinta años de ausencia, pero hoy el trabajo informal oscila entre el 32 y el 35 por ciento, y todavía en esta “década ganada” hay miles de argentinos que viven de un plan social. Seguramente en un futuro próximo tendremos que sancionar una nueva moratoria para que éstos puedan acceder a una jubilación digna. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra la señora diputada por Chaco.
SRA. MENDOZA, SANDRA MARCELA (CHACO):
Señor presidente: el proyecto en consideración es un aporte, que quisiéramos que fuese mejor, pero es lo que se pudo hacer desde el gobierno de Néstor Kirchner a esta parte.
Soy una convencida de que tenemos que discutir nuevamente una ley de seguridad social, y por eso planteamos trabajarla en la Comisión de Previsión y Seguridad Social. Esto es lo que momentáneamente se ha podido lograr y avanzar desde políticas que lamentablemente no eran correctas respecto de los derechos de los ciudadanos argentinos. Se hizo en esta década ganada, con Néstor y por qué no decirlo con nuestra presidenta.
Quiero recordarles a los diputados de la oposición que en la Comisión de Previsión y Seguridad Social trabajamos en conjunto legisladores de diferentes ideologías, y la mayoría coincidimos en votar este proyecto que va a ser beneficioso para casi 500 mil personas, que podrán ingresar a un sistema al que antes no tenían acceso y cobrar un haber jubilatorio.
Con mucho cariño y respeto quiero decir al señor diputado Cano, con quien somos compañeros en la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano, que de nada sirve discutir. Hoy, lo importante para mí y para muchos ciudadanos que esperan una solución a sus problemas, es tiempo de debatir seriamente la posibilidad de dar un derecho más a quienes quedaron fuera de un régimen injusto y antidemocrático. En este punto agradezco la voluntad de trabajo de todos los bloques representados en la Comisión de Previsión y Seguridad Social.
No decimos que este sistema es el mejor; decimos que estamos trabajando para un sistema mejor. No sé si el haber jubilatorio es mucho o poco, pero sí que estamos hablando de ciudadanos que antes del gobierno de Néstor Kirchner primero y de Cristina Fernández de Kirchner después, no tenían acceso a ningún tipo de pensión o de jubilación.
Como diputada del Norte del país, de la provincia del Chaco, me siento muy feliz de que podamos trabajar en conjunto con otros partidos políticos y de que este proyecto de ley sea sancionado con mucha firmeza. La actitud de acusar por acusar no interesa a ningún habitante de la Argentina.
De acuerdo con los comentarios que me han hecho llegar ciudadanos del Chaco, que me conocen y saben que no pregunto sobre colores políticos y trabajo constantemente para solucionar los problemas de los jubilados y pensionados sin cobrar un solo peso, lo más importante en estos momentos es garantizar que más personas que quedaron fuera del sistema previsional puedan ingresar en él.
Por último, en honor a la brevedad, agradezco a todos los partidos políticos por sus aportes. En realidad, no sé por qué tardamos tantas horas en debatir un tema que ha sido consensuado con la oposición y que ya fue tratado en comisión.
Como peronista orgullosa que soy, como frentista –todos conocen mi ideología y saben que solo soy antidictadura, pido a los demás señores diputados que cuando lleguen a sus provincias transmitan que el Chaco es la primera...
Soy una convencida de que tenemos que discutir nuevamente una ley de seguridad social, y por eso planteamos trabajarla en la Comisión de Previsión y Seguridad Social. Esto es lo que momentáneamente se ha podido lograr y avanzar desde políticas que lamentablemente no eran correctas respecto de los derechos de los ciudadanos argentinos. Se hizo en esta década ganada, con Néstor y por qué no decirlo con nuestra presidenta.
Quiero recordarles a los diputados de la oposición que en la Comisión de Previsión y Seguridad Social trabajamos en conjunto legisladores de diferentes ideologías, y la mayoría coincidimos en votar este proyecto que va a ser beneficioso para casi 500 mil personas, que podrán ingresar a un sistema al que antes no tenían acceso y cobrar un haber jubilatorio.
Con mucho cariño y respeto quiero decir al señor diputado Cano, con quien somos compañeros en la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano, que de nada sirve discutir. Hoy, lo importante para mí y para muchos ciudadanos que esperan una solución a sus problemas, es tiempo de debatir seriamente la posibilidad de dar un derecho más a quienes quedaron fuera de un régimen injusto y antidemocrático. En este punto agradezco la voluntad de trabajo de todos los bloques representados en la Comisión de Previsión y Seguridad Social.
No decimos que este sistema es el mejor; decimos que estamos trabajando para un sistema mejor. No sé si el haber jubilatorio es mucho o poco, pero sí que estamos hablando de ciudadanos que antes del gobierno de Néstor Kirchner primero y de Cristina Fernández de Kirchner después, no tenían acceso a ningún tipo de pensión o de jubilación.
Como diputada del Norte del país, de la provincia del Chaco, me siento muy feliz de que podamos trabajar en conjunto con otros partidos políticos y de que este proyecto de ley sea sancionado con mucha firmeza. La actitud de acusar por acusar no interesa a ningún habitante de la Argentina.
De acuerdo con los comentarios que me han hecho llegar ciudadanos del Chaco, que me conocen y saben que no pregunto sobre colores políticos y trabajo constantemente para solucionar los problemas de los jubilados y pensionados sin cobrar un solo peso, lo más importante en estos momentos es garantizar que más personas que quedaron fuera del sistema previsional puedan ingresar en él.
Por último, en honor a la brevedad, agradezco a todos los partidos políticos por sus aportes. En realidad, no sé por qué tardamos tantas horas en debatir un tema que ha sido consensuado con la oposición y que ya fue tratado en comisión.
Como peronista orgullosa que soy, como frentista –todos conocen mi ideología y saben que solo soy antidictadura, pido a los demás señores diputados que cuando lleguen a sus provincias transmitan que el Chaco es la primera...
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
La Presidencia solicita a la señora diputada que vaya terminando con su exposición.
SRA. MENDOZA, SANDRA MARCELA (CHACO):
Señor presidente: para finalizar, sólo quiero agregar que hace dos semanas se sancionó una norma que el señor diputado Maldonado conoce muy bien, porque hemos trabajado en conjunto, que es la ley de gestión educativa aborigen, que tiene por objeto otorgar más derechos a los hermanos indígenas.
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra el señor diputado por Santiago del Estero.
SR. OLIVA, CRISTIAN RODOLFO (SANTIAGO DEL ESTERO):
Señor presidente: solicito autorización para insertar mi discurso en el Diario de Sesiones.
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Así se hará, señor diputado.
Tiene la palabra el señor diputado por Salta.
Tiene la palabra el señor diputado por Salta.
SR. VILARIÑO, JOSE ANTONIO (SALTA):
Señor presidente: quiero señalar dos cuestiones que me parece que no hay que dejarlas pasar por alto.
En primer término, este proceso de reconstrucción del sistema previsional, la primera moratoria, la de las amas de casa, que fue popularmente conocida, constituyó el primer instrumento de distribución del ingreso que llegó a los sectores más vulnerables de la sociedad, porque mientras la economía se iba recuperando y se empezaron a crear empleos esta operatoria llegó a los sectores más vulnerables.
En 2005 me tocó acompañar al correo a la gente de la comunidad de Iruya, en la Puna salteña, como así también a la de la comunidad aborigen de San Antonio Oeste, para pagar la primera moratoria de amas de casa, las jubilaciones y las pensiones. Allí pude ver realmente cómo esa distribución del ingreso empezó a generar nuevamente un movimiento de esas economías, que empezaron a comprar mercaderías y a vender sus productos y artesanías.
Pero el hecho fundamental que debe destacarse es la recuperación del rol fundamental que las mujeres tienen en sus familias. En ese sentido, debe señalarse que ellas fueron las que durante los años 90 sostuvieron sus hogares frente al desempleo y la pobreza que afectaron a sus familias, sus hombres y sus hijos mayores.
Nuestra política de protección social volvió a recuperar y aglutinar a las familias. Por eso he querido destacar esto, más allá del aspecto previsional.
Otro hecho no menor es que esta política de Estado iniciada por el presidente Néstor Kirchner y continuada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner contó con el concurso del Congreso Nacional. Aquí se han sancionado cinco leyes que han tenido que ver con este camino de reconstrucción. No se trata de algo menor, ya que significa un ensanchamiento de la base de apoyo o legitimidad.
En este sentido, no puedo dejar de mencionar la sanción de la ley 25.994, en diciembre de 2004, a partir de un proyecto del entonces presidente Néstor Kirchner. Por medio de esta norma legal se creó la figura de la prestación previsional anticipada. Fue la que precisamente estableció la moratoria de sesenta cuotas que se descontaban de los haberes jubilatorios. De esta forma, pudieron acogerse a este régimen previsional todas aquellas personas que obviamente no contaban con la edad necesaria para jubilarse. La sanción de esta iniciativa fue aprobada en soledad por nuestra bancada y por los bloques aliados a ella.
Posteriormente, en febrero de 2007, se sancionó la ley 26.222. Si bien muchos la pasan por alto, esta norma es muy importante, ya que es la que permitió la libre opción jubilatoria. Fue el camino que inició la incorporación al sistema de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones.
Como los señores diputados recordarán, esta ley es la que permitió que los trabajadores eligieran libremente si querían pertenecer al sistema de capitalización o al de reparto. Los resultados obtenidos en este sentido fueron contundentes: más de 2 millones de trabajadores argentinos se pasaron al sistema solidario de reparto, lo que puso claramente en evidencia que ya desconfiaban del sistema de las AFJP, que evidentemente era ineficiente y estaba buscando otro objetivo.
Esto permitió la sanción de la ley 26.425 en 2008, mediante la cual se restituyeron los fondos correspondientes a las pensiones para la creación del actual sistema jubilatorio, es decir, el SIPA. A esto debe agregarse el establecimiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Asimismo, el nuevo sistema no establecía el cobro de comisiones, al tiempo que permitía dotar a la ANSES de autonomía económica y financiera.
En relación con esta ley también deseo destacar que en su sanción ya contamos con el acompañamiento de algunos sectores de la oposición que advirtieron todo esto. Recuerdo que en la votación se obtuvieron 160 votos, y ya no en soledad.
A fines de 2008, una vez restituido el sistema previsional al Estado, se sancionó otra ley muy importante. Me refiero a la Ley de Movilidad Jubilatoria, que también votamos solitariamente y respecto de la cual se expresaron muchas críticas, sobre todo en lo relativo al tema del índice de actualización de los haberes, pues se consideraba que era ínfimo y que ni siquiera iba a acompañar el ritmo inflacionario.
En realidad la implementación de la movilidad jubilatoria demostró que se recuperaron los salarios y los haberes previsionales.
Finalmente llegamos al proyecto de ley en consideración, respecto del cual celebro que contemos con una amplia mayoría para su aprobación. Esta iniciativa constituye la culminación de este proceso, es decir, de esta segunda etapa. Muchos argentinos llegaron tarde a la primera moratoria, que tuvo una determinada temporalidad. La que establece el proyecto en tratamiento también prevé plazos.
Por eso es muy importante que este proyecto de ley sea sancionado por amplia mayoría. Celebro el acompañamiento de los partidos de la oposición porque esto demuestra que el camino iniciado por Néstor y Cristina no estuvo errado, y al contrario, permitió inclusión y equidad. Celebro asimismo la mayoría abrumadora con la que será sancionado este proyecto de ley en la Cámara de Diputados. (Aplausos.)
En primer término, este proceso de reconstrucción del sistema previsional, la primera moratoria, la de las amas de casa, que fue popularmente conocida, constituyó el primer instrumento de distribución del ingreso que llegó a los sectores más vulnerables de la sociedad, porque mientras la economía se iba recuperando y se empezaron a crear empleos esta operatoria llegó a los sectores más vulnerables.
En 2005 me tocó acompañar al correo a la gente de la comunidad de Iruya, en la Puna salteña, como así también a la de la comunidad aborigen de San Antonio Oeste, para pagar la primera moratoria de amas de casa, las jubilaciones y las pensiones. Allí pude ver realmente cómo esa distribución del ingreso empezó a generar nuevamente un movimiento de esas economías, que empezaron a comprar mercaderías y a vender sus productos y artesanías.
Pero el hecho fundamental que debe destacarse es la recuperación del rol fundamental que las mujeres tienen en sus familias. En ese sentido, debe señalarse que ellas fueron las que durante los años 90 sostuvieron sus hogares frente al desempleo y la pobreza que afectaron a sus familias, sus hombres y sus hijos mayores.
Nuestra política de protección social volvió a recuperar y aglutinar a las familias. Por eso he querido destacar esto, más allá del aspecto previsional.
Otro hecho no menor es que esta política de Estado iniciada por el presidente Néstor Kirchner y continuada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner contó con el concurso del Congreso Nacional. Aquí se han sancionado cinco leyes que han tenido que ver con este camino de reconstrucción. No se trata de algo menor, ya que significa un ensanchamiento de la base de apoyo o legitimidad.
En este sentido, no puedo dejar de mencionar la sanción de la ley 25.994, en diciembre de 2004, a partir de un proyecto del entonces presidente Néstor Kirchner. Por medio de esta norma legal se creó la figura de la prestación previsional anticipada. Fue la que precisamente estableció la moratoria de sesenta cuotas que se descontaban de los haberes jubilatorios. De esta forma, pudieron acogerse a este régimen previsional todas aquellas personas que obviamente no contaban con la edad necesaria para jubilarse. La sanción de esta iniciativa fue aprobada en soledad por nuestra bancada y por los bloques aliados a ella.
Posteriormente, en febrero de 2007, se sancionó la ley 26.222. Si bien muchos la pasan por alto, esta norma es muy importante, ya que es la que permitió la libre opción jubilatoria. Fue el camino que inició la incorporación al sistema de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones.
Como los señores diputados recordarán, esta ley es la que permitió que los trabajadores eligieran libremente si querían pertenecer al sistema de capitalización o al de reparto. Los resultados obtenidos en este sentido fueron contundentes: más de 2 millones de trabajadores argentinos se pasaron al sistema solidario de reparto, lo que puso claramente en evidencia que ya desconfiaban del sistema de las AFJP, que evidentemente era ineficiente y estaba buscando otro objetivo.
Esto permitió la sanción de la ley 26.425 en 2008, mediante la cual se restituyeron los fondos correspondientes a las pensiones para la creación del actual sistema jubilatorio, es decir, el SIPA. A esto debe agregarse el establecimiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Asimismo, el nuevo sistema no establecía el cobro de comisiones, al tiempo que permitía dotar a la ANSES de autonomía económica y financiera.
En relación con esta ley también deseo destacar que en su sanción ya contamos con el acompañamiento de algunos sectores de la oposición que advirtieron todo esto. Recuerdo que en la votación se obtuvieron 160 votos, y ya no en soledad.
A fines de 2008, una vez restituido el sistema previsional al Estado, se sancionó otra ley muy importante. Me refiero a la Ley de Movilidad Jubilatoria, que también votamos solitariamente y respecto de la cual se expresaron muchas críticas, sobre todo en lo relativo al tema del índice de actualización de los haberes, pues se consideraba que era ínfimo y que ni siquiera iba a acompañar el ritmo inflacionario.
En realidad la implementación de la movilidad jubilatoria demostró que se recuperaron los salarios y los haberes previsionales.
Finalmente llegamos al proyecto de ley en consideración, respecto del cual celebro que contemos con una amplia mayoría para su aprobación. Esta iniciativa constituye la culminación de este proceso, es decir, de esta segunda etapa. Muchos argentinos llegaron tarde a la primera moratoria, que tuvo una determinada temporalidad. La que establece el proyecto en tratamiento también prevé plazos.
Por eso es muy importante que este proyecto de ley sea sancionado por amplia mayoría. Celebro el acompañamiento de los partidos de la oposición porque esto demuestra que el camino iniciado por Néstor y Cristina no estuvo errado, y al contrario, permitió inclusión y equidad. Celebro asimismo la mayoría abrumadora con la que será sancionado este proyecto de ley en la Cámara de Diputados. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Cerrando la lista de oradores, y previo al cierre de la presidenta del bloque, tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. DEPETRI, EDGARDO FERNANDO (BUENOS AIRES):
Señor presidente: el proyecto de ley que estamos considerando no es una casualidad ni tampoco se nos ocurre por una cuestión electoral o para poner un parche. Este proyecto reivindica una de las políticas fundamentales de nuestro gobierno, que inició Néstor y continuó Cristina.
La decisión fundamental que nos lleva a ampliar a más de 500 mil compatriotas la posibilidad de incorporarse al sistema previsional tiene que ver con hacernos cargo de nuestra historia.
La decisión fundamental que nos lleva a ampliar a más de 500 mil compatriotas la posibilidad de incorporarse al sistema previsional tiene que ver con hacernos cargo de nuestra historia.
- Aplausos en las galerías.
SR. DEPETRI, EDGARDO FERNANDO (BUENOS AIRES):
¡Nos hacemos cargo de nuestra historia! Nosotros somos la continuidad, desde el primer gobierno del general Perón y de la compañera Eva Perón, que reivindicó el trabajo como una cuestión central.
- Aplausos en las galerías.
SR. DEPETRI, EDGARDO FERNANDO (BUENOS AIRES):
No habría nuevo sistema previsional si nosotros no hubiésemos recuperado el trabajo como el destino colectivo de la mayoría de nuestro pueblo argentino. Somos el gobierno del trabajo, y por eso hoy sentimos orgullo por los cinco millones de puestos de trabajo que hemos logrado en estos diez años.
También sentimos orgullo por la recuperación del Estado como garante de derecho y no del Estado como garante de los negocios del sector privado, como sucedió cuando con las AFJP se privatizó el sistema previsional en la década de los 90.
También sentimos orgullo por la recuperación del Estado como garante de derecho y no del Estado como garante de los negocios del sector privado, como sucedió cuando con las AFJP se privatizó el sistema previsional en la década de los 90.
- Aplausos en las galerías.
SR. DEPETRI, EDGARDO FERNANDO (BUENOS AIRES):
Nosotros recibimos un país con el sistema previsional privatizado. Era el país de los sectores exportadores, de los que abrieron la economía, de los que trasnacionalizaron y de los sectores económicos que llevaron a la Argentina a la desocupación, la pobreza y la miseria.
La privatización del sistema previsional –dinero de los trabajadores argentinosfue parte de aquella lógica neoliberal donde incluso el salario se convirtió en un negocio financiero de los bancos, que se llevaron nada más y nada menos que 30 mil millones de pesos por año en concepto de comisiones de los salarios de los trabajadores.
Fíjese qué paradoja, señor presidente; no solo fue un negocio de los sectores financieros y de los bancos sino también de algunos dirigentes sindicales que apoyaron la privatización del sistema previsional e hicieron a las AFJP parte de ese negocio que destruyó y saqueó el patrimonio nacional.
La privatización del sistema previsional –dinero de los trabajadores argentinosfue parte de aquella lógica neoliberal donde incluso el salario se convirtió en un negocio financiero de los bancos, que se llevaron nada más y nada menos que 30 mil millones de pesos por año en concepto de comisiones de los salarios de los trabajadores.
Fíjese qué paradoja, señor presidente; no solo fue un negocio de los sectores financieros y de los bancos sino también de algunos dirigentes sindicales que apoyaron la privatización del sistema previsional e hicieron a las AFJP parte de ese negocio que destruyó y saqueó el patrimonio nacional.
- Aplausos en las galerías.
SR. DEPETRI, EDGARDO FERNANDO (BUENOS AIRES):
Porque a la par de la privatización del sistema previsional se entregaron los sectores más rentables del Estado nacional.
Este proyecto de ley también se relaciona con la nacionalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales por la cual volvió a la órbita del sector público, fortaleciendo nuestro proyecto, que es la recuperación y la defensa del empleo, del salario, de la discusión en las convenciones colectivas de trabajo y de un Estado de derecho.
El Estado haciéndose cargo del sistema previsional nos permitió tener un instrumento fundamental para financiar la profundización de nuestro modelo económico, con la Asignación Universal por Hijo, el programa de entrega de netbooks y el financiamiento de las casas, las cloacas y el agua potable.
Aquella privatización también significó el endeudamiento del Estado en el negocio escandaloso del sector financiero. Las AFJP nos prestaban a tasas usurarias del 25 al 30 por ciento. Por eso el Estado recupera un instrumento esencial.
Estos momentos son fundamentales para la patria porque estamos discutiendo problemas con los fondos buitre, que algunos creen que es una discusión coyuntural.
Nosotros podemos negociar de manera soberana porque en el 2005 dijimos “no” al ALCA, pagamos al Fondo Monetario Internacional y dijimos que no nos iban a condicionar con sus políticas. Produjimos un desendeudamiento de nuestro país, y los 70 mil millones de dólares que el compañero Néstor Kirchner ahorró a la Argentina están puestos en estos 500 mil compatriotas que a partir de hoy se van a sumar al sistema previsional.
Mientras algunos, como los fondos buitre, quieren poner al país de rodillas, mientras otros, que van a realizar el paro de mañana, se ofrecen a ser la mano de obra de esos fondos buitre para desestabilizar al país, mientras algunas empresas formadoras de precios presionan sobre éstos con la inflación y otros presionan sobre el precio del dólar, y mientras algunos sectores económicos buscan dar a la Argentina un golpe de mercado, nosotros votamos este proyecto de ley para fortalecer el Estado nacional, incorporando 500 mil argentinos al sistema previsional, y para seguir fortaleciendo este proceso nacional, popular y de transformación, con Néstor en el corazón y Cristina Fernández de Kirchner en la conducción. (Aplausos prolongados.)
Este proyecto de ley también se relaciona con la nacionalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales por la cual volvió a la órbita del sector público, fortaleciendo nuestro proyecto, que es la recuperación y la defensa del empleo, del salario, de la discusión en las convenciones colectivas de trabajo y de un Estado de derecho.
El Estado haciéndose cargo del sistema previsional nos permitió tener un instrumento fundamental para financiar la profundización de nuestro modelo económico, con la Asignación Universal por Hijo, el programa de entrega de netbooks y el financiamiento de las casas, las cloacas y el agua potable.
Aquella privatización también significó el endeudamiento del Estado en el negocio escandaloso del sector financiero. Las AFJP nos prestaban a tasas usurarias del 25 al 30 por ciento. Por eso el Estado recupera un instrumento esencial.
Estos momentos son fundamentales para la patria porque estamos discutiendo problemas con los fondos buitre, que algunos creen que es una discusión coyuntural.
Nosotros podemos negociar de manera soberana porque en el 2005 dijimos “no” al ALCA, pagamos al Fondo Monetario Internacional y dijimos que no nos iban a condicionar con sus políticas. Produjimos un desendeudamiento de nuestro país, y los 70 mil millones de dólares que el compañero Néstor Kirchner ahorró a la Argentina están puestos en estos 500 mil compatriotas que a partir de hoy se van a sumar al sistema previsional.
Mientras algunos, como los fondos buitre, quieren poner al país de rodillas, mientras otros, que van a realizar el paro de mañana, se ofrecen a ser la mano de obra de esos fondos buitre para desestabilizar al país, mientras algunas empresas formadoras de precios presionan sobre éstos con la inflación y otros presionan sobre el precio del dólar, y mientras algunos sectores económicos buscan dar a la Argentina un golpe de mercado, nosotros votamos este proyecto de ley para fortalecer el Estado nacional, incorporando 500 mil argentinos al sistema previsional, y para seguir fortaleciendo este proceso nacional, popular y de transformación, con Néstor en el corazón y Cristina Fernández de Kirchner en la conducción. (Aplausos prolongados.)
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Me notifica la señora presidenta del bloque del Frente para la Victoria que no habrá cierres, y por lo tanto vamos a pasar a la votación.
SR. LOUSTEAU, MARTIN (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
¡Pido la palabra, señor presidente!
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR. LOUSTEAU, MARTIN (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: solicito permiso para abstenernos en la votación.
SR. PRESIDENTE (DOMÍNGUEZ)
Sí, señor diputado, quedan autorizados a abstenerse.
Se va a votar en general.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 209 señores diputados presentes, 204 han votado por la afirmativa, registrándose además 4 abstenciones.
Se va a votar en general.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 209 señores diputados presentes, 204 han votado por la afirmativa, registrándose además 4 abstenciones.
SR.(SECRETARIO (CHEDRESE))
Se han registrado 204 votos afirmativos y ningún voto negativo.
aquí votación nominal
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
La votación ha resultado afirmativa.
SRA. MADERA, TERESITA (LA RIOJA):
Solicito que quede constancia de mi voto por la afirmativa.
SR. GONZALEZ, JUAN DANTE (MENDOZA):
Lo mismo en mi caso, señor presidente.
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Quedan registrados sus votos, señores diputados.
En consideración en particular el artículo 1°.
Se va a votar.
En consideración en particular el artículo 1°.
Se va a votar.
-Resulta afirmativa.
-Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 2° a 6°.
SR. RICCARDO, JOSE LUIS (SAN LUIS):
¡Pido la palabra!
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.
SR. RICCARDO, JOSE LUIS (SAN LUIS):
Señor presidente: voy a solicitar la incorporación del artículo 6° bis tal como está presentado en la página 4 del Orden del Día Nº 649.
Como ya he dicho en mi alocución, se trata de un reconocimiento de un 60 por ciento de la deuda de aportes para quienes han trabajado en planes sociales durante los períodos en los que han estado en relación con los estados municipales, provinciales o nacional.
Pido a la Presidencia que someta a votación el artículo como corresponde, con la íntima esperanza de que tenga el mayor apoyo, porque se trata de un reconocimiento de un derecho en relación con trabajadores que durante un tiempo han pasado una enorme cantidad de años trabajando con estos planes y no se les han hecho los aportes correspondientes. Es una oportunidad más para reparar esa injusticia, como se lo va a hacer con el proyecto de ley que seguramente vamos a aprobar.
Pido que se dé lectura del artículo correspondiente.
Como ya he dicho en mi alocución, se trata de un reconocimiento de un 60 por ciento de la deuda de aportes para quienes han trabajado en planes sociales durante los períodos en los que han estado en relación con los estados municipales, provinciales o nacional.
Pido a la Presidencia que someta a votación el artículo como corresponde, con la íntima esperanza de que tenga el mayor apoyo, porque se trata de un reconocimiento de un derecho en relación con trabajadores que durante un tiempo han pasado una enorme cantidad de años trabajando con estos planes y no se les han hecho los aportes correspondientes. Es una oportunidad más para reparar esa injusticia, como se lo va a hacer con el proyecto de ley que seguramente vamos a aprobar.
Pido que se dé lectura del artículo correspondiente.
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
¿Me podría indicar el número de artículo?
SR. RICCARDO, JOSE LUIS (SAN LUIS):
El artículo 6° bis, página 4, Orden del Día Nº 469. He solicitado que se incorpore a esta altura del proyecto, porque técnicamente nos parecía que era lo correcto.
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
¿Se trata de un dictamen en minoría?
SR. RICCARDO, JOSE LUIS (SAN LUIS):
No, señor presidente. Es una disidencia parcial porque existe coincidencia con el resto del articulado que votaré afirmativamente.
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Por Secretaría se dará lectura.
SR.(SECRETARIO (CHEDRESE))
El artículo 6° bis dice: “Cuando el trabajador incluya entre los períodos con deuda a regularizar algunos en los que hubiese sido beneficiario de un plan social que exigiese prestaciones de servicios personales a favor del Estado nacional, provincial o municipal, se liquidará un 40 por ciento de esa deuda a su cargo, y el 60 por ciento restante será asumido por la dependencia del Estado que se benefició con tales servicios.”
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra el señor diputado por Formosa para que manifieste si la comisión acepta la incorporación de ese nuevo artículo.
SR. DIAZ ROIG, JUAN CARLOS (FORMOSA):
Señor presidente: no vamos a aceptar modificaciones. El proyecto va a ser votado tal como vino del Senado para que hoy se convierta en ley.
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
En consideración el artículo 7°.
Se va a votar.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 8° a 12.
- El artículo 13 es de forma.
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. (Aplausos prolongados.)
Se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado.
Se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado.
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