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Período:130 Reunion:4 Fecha:28/03/2012 TRANSFERENCIA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE SUBTERRÁNEOS Y PREMETRO
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
En consideración en general el dictamen de mayoría de las comisiones de Asuntos Constitucionales y otras recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado por el que se ratifica la transferencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los servicios de transporte de subterráneos y premetro. (Orden del Día N° 192.)
AQUÍ ORDEN DEL DÍA N° 192
AQUÍ ORDEN DEL DÍA N° 192
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
SRA. CONTI, DIANA BEATRIZ (BUENOS AIRES):
Señor presidente: en primer lugar, solicito autorización para insertar en el Diario de Sesiones el texto del discurso que pensaba pronunciar.
Digo esto porque los demás colegas de mi bloque que harán uso de la palabra en este debate, seguramente aportarán razones de interés político, nacional, federal y de ejercicio del poder, sobre todo, cuando dicho poder viene respaldado por el voto popular y, a mi gusto, el jefe de gobierno de la Ciudad no lo utiliza. Se borra, y por ese motivo estamos destinando recursos en el Congreso para que él los utilice en lo que dice querer mejorar.
Por estas cuestiones y porque un ministro de la Corte, antes de que empezáramos a tratar este tema, dijo mediáticamente que el asunto iba a terminar en la Justicia, he preferido hacer el informe del dictamen de mayoría centrado en lo que pretendo que la Justicia tome como alegato, como intervención de un amicus curiae, a fin de dar un encuadre puramente constitucional y jurídico.
Por lo tanto, será un poco aburrido y solicito permiso para dar lectura a la mayoría de mi discurso.
Ante los cuestionamientos del jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que mediática e irresponsablemente dijera: “¡Esto es una papa caliente, no la quiero tomar en mis manos, a ver si me pasa lo mismo que al que le toca gobernar afrontando una tragedia, y esto me perjudica una carrera personal! ¡Qué me importa, yo no me hago cargo!”.
Luego de haber escuchado si el Congreso era o no competente se han hecho presentaciones ante la Justicia para tratar de interrumpir este proceso de formación de leyes, lo que es absurdo desde mi punto de vista; luego de haber escuchado si es constitucional o no nuestra actuación; si es constitucional o no el proyecto de ley que estamos tratando; consideraciones sobre el carácter contractual del acta acuerdo firmada el 3 de enero entre el gobierno nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y su naturaleza jurídica; el tema de subsidios y colectivos, luego de todo eso, desde el punto de vista jurídico, voy a hacer uso de este tiempo para fundar la competencia de este Congreso de la Nación. Tal competencia viene fundada en lo que da razón de ser a nuestra intervención, que es cuando tras la reforma de 1994, el artículo 129 de la nueva Constitución permite abrir el camino a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.
La Ciudad de Buenos Aires no tiene en la historia nacional la importancia de nuestras provincias, las que fueron preconstituyentes de nuestra Nación. Ellas concedieron algunas facultades al gobierno central y retuvieron otras.
La Ciudad de Buenos Aires va adquiriendo su autonomía porque se la va otorgando la Nación. Esto hace que su naturaleza jurídica sea peculiar, y lo será aún cuando tenga la autonomía plena.
Según mi entender, no estamos basados constitucionalmente y legalizados en nuestra actuación por el inciso 2° del artículo 75 de la Constitución Nacional, que habla fundamentalmente de la coparticipación. Esto porque no creo que aquí estemos evaluando un traspaso de competencia; lo que estamos haciendo es devolver a la Ciudad lo que siempre fue de ella.
Por una ley de reforma del Estado con pretensiones de saneamiento de las cuentas públicas y de los servicios el gobierno nacional asumió la facultad de privatizar subtes y colectivos, y a lo largo del proceso licitatorio tuvo la característica de concedente en relación con Ferrovías, que es el concesionario.
Lo que se está haciendo ahora es simplemente devolver a la Ciudad la capacidad de ser ese concedente, situación jurídica que el jefe de Gobierno ya ostentó, merituó y ejerció, no sólo al firmar el acta sabiendo lo que firmaba sino también disponiendo el aumento de la tarifa a 2,50 pesos. La motivación de su acto administrativo de aumento de tarifa tiene en cuenta para este año la rebaja de subsidios y cero subsidios de la Nación para el año que viene, e incluso los gastos que se cree conveniente financiar para que mejore el servicio, fijando la tarifa en 2,50 pesos, que están pagando los ciudadanos usuarios del transporte público.
Eso es irreparable, y por lo tanto es inadmisible e irresponsable que el jefe de Gobierno quiera soltar la “papa” que dice que está caliente. ¡Pobre de él si quiere gobernar el país!
Entonces, no se trata del artículo 75, inciso 2° de la Constitución Nacional, porque no hay transferencia de competencia o de servicios con recursos, como fue en su momento la transferencia de las escuelas o de los sistemas de salud a las provincias. Se trata de devolver a la Ciudad servicios que históricamente siempre tuvo.
Por lo tanto, el fundamento de nuestra actuación son los incisos 13, 18 y 19 del artículo 75 de la Constitución Nacional. El inciso 13 es conocido como “cláusula de comercio” y según él es este Congreso el que tiene facultad para regular el intercambio con las naciones extranjeras y él de las provincias entre sí.
El inciso 18 del mismo artículo, llamado “cláusula del progreso”, dice que este Congreso es el que tiene que promover el desarrollo de la industria, el comercio, las vías fluviales, las vías de transporte, el pleno empleo, las políticas que busquen la redistribución equitativa del crecimiento del país en su totalidad, y actuar junto con el Ejecutivo nacional para compensar los desequilibrios de aquellas provincias que en algún momento fueron estigmatizadas como “inviables”, de donde surgió aquello de: “¡qué me importa el resto!”.
Es política de este gobierno nacional que toda provincia y también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alcancen su máxima potencialidad. Así que sería bueno que el jefe de Gobierno contribuya y colabore para llevar adelante esta gran patria.
La Corte Suprema de Justicia ha dicho que las cláusulas a las que me estoy refiriendo dan amplias facultades al Congreso de la Nación, inclusive en materia de poder de policía.
Es verdad que la Corte estableció la regla de la “no interferencia”, la cual fue tomada del máximo tribunal de justicia de los Estados Unidos, como un estándar para delimitar los conflictos entre el gobierno federal y las provincias o, en este caso, entre el Gobierno Federal y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Según palabras de la propia Corte, las provincias van a poder ejercer las competencias concurrentes en materia de poder de policía, salvo cuando el Congreso de la Nación prohíba inequívocamente con base en la cláusula del progreso prevista en el inciso 18 mencionado, que dicho poder sea ejercido por las provincias, o se demuestre que, por las circunstancias del pleito, la normativa provincial dificulte o impida el adecuado cumplimiento de los propósitos del Congreso de la Nación contenidos en la normativa federal dictada con fundamento en la mencionada cláusula del progreso.
Ese fallo de la Corte ha dicho que este principio general y sus dos excepciones constituyen efectivamente un estándar, y su función es la de permitir determinar cuándo la normativa federal dictada con base en la cláusula del progreso prevalece sobre la normativa provincial, a raíz de lo establecido por el artículo 31 de la Constitución Nacional y cuándo tal preeminencia no se configura.
En el mismo fallo, nuestro máximo tribunal esclareció la doctrina con cita de la Corte de los Estados Unidos al afirmar que “aun en el supuesto de que el Congreso no haya completamente desplazado el poder estadual...” –o sea, el de la Ciudad de Buenos Aires- “...de regular cierta materia, la normativa federal prevalece sobre la estadual si ésta entra en conflicto de hecho con la normativa federal. Este conflicto puede originarse si es empíricamente imposible cumplir al mismo tiempo con las obligaciones establecidas por la normativa federal y la estadual o cuando las normas estaduales...” las locales “...son de hecho un obstáculo para la ejecución de los propósitos y objetivos del Congreso” (Pacific Gas & Electric v. State Energy Resources..., año 1983).
El estándar de la no interferencia fue incorporado con la jurisprudencia de la Corte en varios ámbitos normativos, en especial también en el de la cláusula del comercio, caso “Transportes Vidal S.A. c/ Provincia de Mendoza”.
O sea que corresponde a nosotros, al Congreso Nacional, regular el poder de policía federal sobre determinadas materias que hacen a la prosperidad de la Nación y al comercio, entendido este último “como tráfico de mercancías y personas, es decir, compra y venta...” y por supuesto todo lo atinente al transporte, según lo dice Gelli en su Manual de Derecho Constitucional y refiriéndose a la doctrina de la Suprema Corte de los Estados Unidos en el caso “Gibbons vs. Ogden”.
En este sentido, se ha dicho que “el transporte como actividad es parte misma del comercio” y de allí que le resulte claramente aplicable el artículo 75, inciso 13, de la Constitución Nacional; “el constituyente fue terminante con relación a la atribución de competencia a las autoridades federales en el tema que nos ocupa, lo que fue puesto de relieve por el propio Alberdi al considerar la cuestión como vital no sólo para el desarrollo del país sino como fuente de unión de todas las provincias.”
A tal punto llega nuestra competencia que el procurador del Tesoro de la Nación ha sostenido que “el gobierno federal tiene la más amplia competencia para reglar el comercio exterior e interprovincial, en tanto que las provincias la tienen para reglar el comercio interno; con el agregado de que en el ejercicio de su atribución el Congreso puede llegar inclusive a controlar actividades internas si tiene una relación tan estrecha y sustancial con el comercio exterior e interprovincial que de ello resulte necesario y conveniente para proteger el comercio.
¿Por qué es constitucional el proyecto que estamos tratando? El proyecto del Poder Ejecutivo es constitucional, básicamente, porque la competencia sobre el transporte interno dentro de los límites geográficos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires corresponde a la Ciudad.
Así lo ha expresado claramente la doctrina al mencionar que la Nación es competente en materia de transporte interjurisdiccional desde la Ciudad hacia la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es competente en materia de transporte que une dos o más partidos integrantes del conglomerado, y la Ciudad de Buenos Aires respecto del transporte que no sale de sus límites, aun cuando todavía –ahí estaba la doctrina en ese momento- éste –el transporte de la Ciudad- sigue siendo regulado por la Nación.
La ley Cafiero, fue sancionada como consecuencia de la reforma constitucional de 1994 y de lo normado en el artículo 129, para reservar las competencias nacionales sobre la Ciudad de Buenos Aires, que es asiento del gobierno nacional, pero por contrario sensu en ella se establece cuál es el transporte local y de qué le corresponde hacerse cargo a la Ciudad de Buenos Aires. La tradición histórica indica que los subtes, colectivos y el transporte local siempre le correspondió a la Ciudad de Buenos Aires.
Las líneas de subterráneos, operadas por empresas privadas, en 1939 se incorporaron a la Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires, ente constituido por la ley 12.311, que tenía como fin la coordinación de los transportes de personas de esa ciudad y la posibilidad de crear y organizar nuevos servicios.
Por el decreto 4.005 de 1963 se creó Subterráneos de Buenos Aires bajo forma de empresa del Estado de la ley 13.653. Mediante el decreto 2.853 de 1977 se transformó esa sociedad del Estado de subtes, y por la ley 20.705 se trasladó a la órbita de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires sobre la base de las facultades otorgadas por la ley 22.070.
Finalmente, la concesión de los servicios se llevó a cabo por aplicación de la Ley de Reforma del Estado 23.696 y del decreto 2.074 de 1990. Como dato peculiar del régimen administrativo de esta concesión diremos que el concedente es el Estado nacional en lo referente a la explotación de la red al momento de la adjudicación del contrato, incluida la extensión de la línea E y la remodelación de la línea A.
Pero el Gobierno Autónomo de la Ciudad es propietario de todos los activos y corresponsable del control. Este último, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es el competente en el otorgamiento de concesiones para la ampliación de la red y para la prestación de los servicios resultantes de dicha ampliación. El doctor Armando Canosa es el autor de estas líneas.
O sea, se observa que la tradición histórica normativa en materia de subterráneos es que la competencia sobre los mismos pertenece a la Ciudad de Buenos Aires. La concesión efectuada por el Estado Nacional sólo lo fue en virtud de la reforma del Estado, pero de ninguna manera implicó que los subterráneos y el transporte de pasajeros internos de la Ciudad pertenezcan al Estado nacional, y no implica que el Estado nacional deba financiarlos, subvencionarlos o subsidiarlos. Es por derecho que tales servicios públicos siempre pertenecieron a la ciudad.
El acta acuerdo tiene un carácter contractual e irresponsablemente se intenta renunciar a ella; se intenta, porque no es posible hacerlo. El artículo 6° de la ley Cafiero establece que el Estado nacional celebrará convenios relativos a la transferencia de organismos, funciones y competencias, y su artículo 9° estableció a contrario sensu, como ya dije, la competencia exclusiva de la Ciudad, sobre todo de los servicios públicos prestados dentro de su territorio.
El acta suscripta el 3 de enero de este año entre el Estado nacional y el Gobierno de la Ciudad es el convenio específico relativo a la transferencia de este servicio público. No deben caber dudas sobre su naturaleza contractual. Lo dijo bien el señor diputado Cigogna ayer en la reunión de comisión.
Todo esto a la luz de lo establecido en el artículo 1.137 del Código Civil, que establece que hay contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común destinada a reglar sus derechos. Alterini ha señalado que un contrato es un acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales.
Es manifiesto que el acta acuerdo es un arreglo de partes, un acto jurídico pleno con consentimiento de las mismas, mediante el cual se crearon relaciones jurídicas patrimoniales, básicamente, con el traspaso de la calidad de concedente en el contrato de concesión respectivo.
Hay que tener presente que tal como afirma la doctrina y establece la ley 24.588, la competencia sobre tales servicios públicos corresponde ab initio a la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual el traspaso del contrato de concesión viene simplemente a completar el proceso iniciado mediante la ley 23.696, de reforma del Estado. La estamos modificando, completando, y llenando de significado paulatinamente el proceso de autonomía de la Ciudad, dispuesto por el artículo 129 de la Constitución Nacional.
El gobierno federal hasta ahora simplemente actuó como concedente dentro de un programa general nacional de privatizaciones de servicios públicos, pero nada más. El patrimonio de subtes y colectivos siempre quedó en manos de privados o de la Ciudad.
Como todo acuerdo entre partes, esa acta acuerdo surte pleno efecto y forma para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma, con lo cual el Gobierno de la Ciudad no puede ahora desconocer su existencia, su vigencia ni su acto posesorio, que concluyó al incrementar las tarifas.
En cuanto al contenido del acta, debe señalarse que el mismo constituye una cesión completa de la posición jurídica de concedente, respecto de la cual el gobierno ya empezó a ejecutarlo ejerciendo la plena posesión de esa calidad, incrementando la tarifa.
Se entiende por cesión del contrato la sustitución de uno de los sujetos de una relación jurídica por un tercero, que pasa a ubicarse en la misma situación jurídica que el cedente. Lo que se ha transmitido en la cesión es justamente una situación jurídica. Se sustituye el sentido jurídico entre el cedente y el cesionario en cuanto a derechos y obligaciones. Podría haber sido total o parcial, pero en este caso ha sido una transferencia total de la calidad jurídica del cedente.
Digo esto porque los demás colegas de mi bloque que harán uso de la palabra en este debate, seguramente aportarán razones de interés político, nacional, federal y de ejercicio del poder, sobre todo, cuando dicho poder viene respaldado por el voto popular y, a mi gusto, el jefe de gobierno de la Ciudad no lo utiliza. Se borra, y por ese motivo estamos destinando recursos en el Congreso para que él los utilice en lo que dice querer mejorar.
Por estas cuestiones y porque un ministro de la Corte, antes de que empezáramos a tratar este tema, dijo mediáticamente que el asunto iba a terminar en la Justicia, he preferido hacer el informe del dictamen de mayoría centrado en lo que pretendo que la Justicia tome como alegato, como intervención de un amicus curiae, a fin de dar un encuadre puramente constitucional y jurídico.
Por lo tanto, será un poco aburrido y solicito permiso para dar lectura a la mayoría de mi discurso.
Ante los cuestionamientos del jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que mediática e irresponsablemente dijera: “¡Esto es una papa caliente, no la quiero tomar en mis manos, a ver si me pasa lo mismo que al que le toca gobernar afrontando una tragedia, y esto me perjudica una carrera personal! ¡Qué me importa, yo no me hago cargo!”.
Luego de haber escuchado si el Congreso era o no competente se han hecho presentaciones ante la Justicia para tratar de interrumpir este proceso de formación de leyes, lo que es absurdo desde mi punto de vista; luego de haber escuchado si es constitucional o no nuestra actuación; si es constitucional o no el proyecto de ley que estamos tratando; consideraciones sobre el carácter contractual del acta acuerdo firmada el 3 de enero entre el gobierno nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y su naturaleza jurídica; el tema de subsidios y colectivos, luego de todo eso, desde el punto de vista jurídico, voy a hacer uso de este tiempo para fundar la competencia de este Congreso de la Nación. Tal competencia viene fundada en lo que da razón de ser a nuestra intervención, que es cuando tras la reforma de 1994, el artículo 129 de la nueva Constitución permite abrir el camino a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.
La Ciudad de Buenos Aires no tiene en la historia nacional la importancia de nuestras provincias, las que fueron preconstituyentes de nuestra Nación. Ellas concedieron algunas facultades al gobierno central y retuvieron otras.
La Ciudad de Buenos Aires va adquiriendo su autonomía porque se la va otorgando la Nación. Esto hace que su naturaleza jurídica sea peculiar, y lo será aún cuando tenga la autonomía plena.
Según mi entender, no estamos basados constitucionalmente y legalizados en nuestra actuación por el inciso 2° del artículo 75 de la Constitución Nacional, que habla fundamentalmente de la coparticipación. Esto porque no creo que aquí estemos evaluando un traspaso de competencia; lo que estamos haciendo es devolver a la Ciudad lo que siempre fue de ella.
Por una ley de reforma del Estado con pretensiones de saneamiento de las cuentas públicas y de los servicios el gobierno nacional asumió la facultad de privatizar subtes y colectivos, y a lo largo del proceso licitatorio tuvo la característica de concedente en relación con Ferrovías, que es el concesionario.
Lo que se está haciendo ahora es simplemente devolver a la Ciudad la capacidad de ser ese concedente, situación jurídica que el jefe de Gobierno ya ostentó, merituó y ejerció, no sólo al firmar el acta sabiendo lo que firmaba sino también disponiendo el aumento de la tarifa a 2,50 pesos. La motivación de su acto administrativo de aumento de tarifa tiene en cuenta para este año la rebaja de subsidios y cero subsidios de la Nación para el año que viene, e incluso los gastos que se cree conveniente financiar para que mejore el servicio, fijando la tarifa en 2,50 pesos, que están pagando los ciudadanos usuarios del transporte público.
Eso es irreparable, y por lo tanto es inadmisible e irresponsable que el jefe de Gobierno quiera soltar la “papa” que dice que está caliente. ¡Pobre de él si quiere gobernar el país!
Entonces, no se trata del artículo 75, inciso 2° de la Constitución Nacional, porque no hay transferencia de competencia o de servicios con recursos, como fue en su momento la transferencia de las escuelas o de los sistemas de salud a las provincias. Se trata de devolver a la Ciudad servicios que históricamente siempre tuvo.
Por lo tanto, el fundamento de nuestra actuación son los incisos 13, 18 y 19 del artículo 75 de la Constitución Nacional. El inciso 13 es conocido como “cláusula de comercio” y según él es este Congreso el que tiene facultad para regular el intercambio con las naciones extranjeras y él de las provincias entre sí.
El inciso 18 del mismo artículo, llamado “cláusula del progreso”, dice que este Congreso es el que tiene que promover el desarrollo de la industria, el comercio, las vías fluviales, las vías de transporte, el pleno empleo, las políticas que busquen la redistribución equitativa del crecimiento del país en su totalidad, y actuar junto con el Ejecutivo nacional para compensar los desequilibrios de aquellas provincias que en algún momento fueron estigmatizadas como “inviables”, de donde surgió aquello de: “¡qué me importa el resto!”.
Es política de este gobierno nacional que toda provincia y también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alcancen su máxima potencialidad. Así que sería bueno que el jefe de Gobierno contribuya y colabore para llevar adelante esta gran patria.
La Corte Suprema de Justicia ha dicho que las cláusulas a las que me estoy refiriendo dan amplias facultades al Congreso de la Nación, inclusive en materia de poder de policía.
Es verdad que la Corte estableció la regla de la “no interferencia”, la cual fue tomada del máximo tribunal de justicia de los Estados Unidos, como un estándar para delimitar los conflictos entre el gobierno federal y las provincias o, en este caso, entre el Gobierno Federal y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Según palabras de la propia Corte, las provincias van a poder ejercer las competencias concurrentes en materia de poder de policía, salvo cuando el Congreso de la Nación prohíba inequívocamente con base en la cláusula del progreso prevista en el inciso 18 mencionado, que dicho poder sea ejercido por las provincias, o se demuestre que, por las circunstancias del pleito, la normativa provincial dificulte o impida el adecuado cumplimiento de los propósitos del Congreso de la Nación contenidos en la normativa federal dictada con fundamento en la mencionada cláusula del progreso.
Ese fallo de la Corte ha dicho que este principio general y sus dos excepciones constituyen efectivamente un estándar, y su función es la de permitir determinar cuándo la normativa federal dictada con base en la cláusula del progreso prevalece sobre la normativa provincial, a raíz de lo establecido por el artículo 31 de la Constitución Nacional y cuándo tal preeminencia no se configura.
En el mismo fallo, nuestro máximo tribunal esclareció la doctrina con cita de la Corte de los Estados Unidos al afirmar que “aun en el supuesto de que el Congreso no haya completamente desplazado el poder estadual...” –o sea, el de la Ciudad de Buenos Aires- “...de regular cierta materia, la normativa federal prevalece sobre la estadual si ésta entra en conflicto de hecho con la normativa federal. Este conflicto puede originarse si es empíricamente imposible cumplir al mismo tiempo con las obligaciones establecidas por la normativa federal y la estadual o cuando las normas estaduales...” las locales “...son de hecho un obstáculo para la ejecución de los propósitos y objetivos del Congreso” (Pacific Gas & Electric v. State Energy Resources..., año 1983).
El estándar de la no interferencia fue incorporado con la jurisprudencia de la Corte en varios ámbitos normativos, en especial también en el de la cláusula del comercio, caso “Transportes Vidal S.A. c/ Provincia de Mendoza”.
O sea que corresponde a nosotros, al Congreso Nacional, regular el poder de policía federal sobre determinadas materias que hacen a la prosperidad de la Nación y al comercio, entendido este último “como tráfico de mercancías y personas, es decir, compra y venta...” y por supuesto todo lo atinente al transporte, según lo dice Gelli en su Manual de Derecho Constitucional y refiriéndose a la doctrina de la Suprema Corte de los Estados Unidos en el caso “Gibbons vs. Ogden”.
En este sentido, se ha dicho que “el transporte como actividad es parte misma del comercio” y de allí que le resulte claramente aplicable el artículo 75, inciso 13, de la Constitución Nacional; “el constituyente fue terminante con relación a la atribución de competencia a las autoridades federales en el tema que nos ocupa, lo que fue puesto de relieve por el propio Alberdi al considerar la cuestión como vital no sólo para el desarrollo del país sino como fuente de unión de todas las provincias.”
A tal punto llega nuestra competencia que el procurador del Tesoro de la Nación ha sostenido que “el gobierno federal tiene la más amplia competencia para reglar el comercio exterior e interprovincial, en tanto que las provincias la tienen para reglar el comercio interno; con el agregado de que en el ejercicio de su atribución el Congreso puede llegar inclusive a controlar actividades internas si tiene una relación tan estrecha y sustancial con el comercio exterior e interprovincial que de ello resulte necesario y conveniente para proteger el comercio.
¿Por qué es constitucional el proyecto que estamos tratando? El proyecto del Poder Ejecutivo es constitucional, básicamente, porque la competencia sobre el transporte interno dentro de los límites geográficos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires corresponde a la Ciudad.
Así lo ha expresado claramente la doctrina al mencionar que la Nación es competente en materia de transporte interjurisdiccional desde la Ciudad hacia la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es competente en materia de transporte que une dos o más partidos integrantes del conglomerado, y la Ciudad de Buenos Aires respecto del transporte que no sale de sus límites, aun cuando todavía –ahí estaba la doctrina en ese momento- éste –el transporte de la Ciudad- sigue siendo regulado por la Nación.
La ley Cafiero, fue sancionada como consecuencia de la reforma constitucional de 1994 y de lo normado en el artículo 129, para reservar las competencias nacionales sobre la Ciudad de Buenos Aires, que es asiento del gobierno nacional, pero por contrario sensu en ella se establece cuál es el transporte local y de qué le corresponde hacerse cargo a la Ciudad de Buenos Aires. La tradición histórica indica que los subtes, colectivos y el transporte local siempre le correspondió a la Ciudad de Buenos Aires.
Las líneas de subterráneos, operadas por empresas privadas, en 1939 se incorporaron a la Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires, ente constituido por la ley 12.311, que tenía como fin la coordinación de los transportes de personas de esa ciudad y la posibilidad de crear y organizar nuevos servicios.
Por el decreto 4.005 de 1963 se creó Subterráneos de Buenos Aires bajo forma de empresa del Estado de la ley 13.653. Mediante el decreto 2.853 de 1977 se transformó esa sociedad del Estado de subtes, y por la ley 20.705 se trasladó a la órbita de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires sobre la base de las facultades otorgadas por la ley 22.070.
Finalmente, la concesión de los servicios se llevó a cabo por aplicación de la Ley de Reforma del Estado 23.696 y del decreto 2.074 de 1990. Como dato peculiar del régimen administrativo de esta concesión diremos que el concedente es el Estado nacional en lo referente a la explotación de la red al momento de la adjudicación del contrato, incluida la extensión de la línea E y la remodelación de la línea A.
Pero el Gobierno Autónomo de la Ciudad es propietario de todos los activos y corresponsable del control. Este último, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es el competente en el otorgamiento de concesiones para la ampliación de la red y para la prestación de los servicios resultantes de dicha ampliación. El doctor Armando Canosa es el autor de estas líneas.
O sea, se observa que la tradición histórica normativa en materia de subterráneos es que la competencia sobre los mismos pertenece a la Ciudad de Buenos Aires. La concesión efectuada por el Estado Nacional sólo lo fue en virtud de la reforma del Estado, pero de ninguna manera implicó que los subterráneos y el transporte de pasajeros internos de la Ciudad pertenezcan al Estado nacional, y no implica que el Estado nacional deba financiarlos, subvencionarlos o subsidiarlos. Es por derecho que tales servicios públicos siempre pertenecieron a la ciudad.
El acta acuerdo tiene un carácter contractual e irresponsablemente se intenta renunciar a ella; se intenta, porque no es posible hacerlo. El artículo 6° de la ley Cafiero establece que el Estado nacional celebrará convenios relativos a la transferencia de organismos, funciones y competencias, y su artículo 9° estableció a contrario sensu, como ya dije, la competencia exclusiva de la Ciudad, sobre todo de los servicios públicos prestados dentro de su territorio.
El acta suscripta el 3 de enero de este año entre el Estado nacional y el Gobierno de la Ciudad es el convenio específico relativo a la transferencia de este servicio público. No deben caber dudas sobre su naturaleza contractual. Lo dijo bien el señor diputado Cigogna ayer en la reunión de comisión.
Todo esto a la luz de lo establecido en el artículo 1.137 del Código Civil, que establece que hay contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común destinada a reglar sus derechos. Alterini ha señalado que un contrato es un acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales.
Es manifiesto que el acta acuerdo es un arreglo de partes, un acto jurídico pleno con consentimiento de las mismas, mediante el cual se crearon relaciones jurídicas patrimoniales, básicamente, con el traspaso de la calidad de concedente en el contrato de concesión respectivo.
Hay que tener presente que tal como afirma la doctrina y establece la ley 24.588, la competencia sobre tales servicios públicos corresponde ab initio a la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual el traspaso del contrato de concesión viene simplemente a completar el proceso iniciado mediante la ley 23.696, de reforma del Estado. La estamos modificando, completando, y llenando de significado paulatinamente el proceso de autonomía de la Ciudad, dispuesto por el artículo 129 de la Constitución Nacional.
El gobierno federal hasta ahora simplemente actuó como concedente dentro de un programa general nacional de privatizaciones de servicios públicos, pero nada más. El patrimonio de subtes y colectivos siempre quedó en manos de privados o de la Ciudad.
Como todo acuerdo entre partes, esa acta acuerdo surte pleno efecto y forma para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma, con lo cual el Gobierno de la Ciudad no puede ahora desconocer su existencia, su vigencia ni su acto posesorio, que concluyó al incrementar las tarifas.
En cuanto al contenido del acta, debe señalarse que el mismo constituye una cesión completa de la posición jurídica de concedente, respecto de la cual el gobierno ya empezó a ejecutarlo ejerciendo la plena posesión de esa calidad, incrementando la tarifa.
Se entiende por cesión del contrato la sustitución de uno de los sujetos de una relación jurídica por un tercero, que pasa a ubicarse en la misma situación jurídica que el cedente. Lo que se ha transmitido en la cesión es justamente una situación jurídica. Se sustituye el sentido jurídico entre el cedente y el cesionario en cuanto a derechos y obligaciones. Podría haber sido total o parcial, pero en este caso ha sido una transferencia total de la calidad jurídica del cedente.
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
La Presidencia informa a la señora diputada que su tiempo se ha agotado.
SRA. CONTI, DIANA BEATRIZ (BUENOS AIRES):
Permítame un minuto más para referirme a los subsidios.
En esta concesión especial por la cual el jefe de Gobierno ha adquirido la calidad de cedente, los subsidios y las tarifas no constituyen recursos sino que son la manera de pagar al concesionario que en los subtes es Metrovías para el caso que de acuerdo con ese contrato de concesión el concesionario demostrara que el servicio le quita la rentabilidad razonable que está expresamente preceptuada.
Al fijar la tarifa, el jefe de Gobierno –pueden leer esto en el decreto 27 fundamentó el aumento y en su merituación tuvo en cuenta todos y cada uno de estos parámetros. (Aplausos.)
En esta concesión especial por la cual el jefe de Gobierno ha adquirido la calidad de cedente, los subsidios y las tarifas no constituyen recursos sino que son la manera de pagar al concesionario que en los subtes es Metrovías para el caso que de acuerdo con ese contrato de concesión el concesionario demostrara que el servicio le quita la rentabilidad razonable que está expresamente preceptuada.
Al fijar la tarifa, el jefe de Gobierno –pueden leer esto en el decreto 27 fundamentó el aumento y en su merituación tuvo en cuenta todos y cada uno de estos parámetros. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Se incorporará su ponencia en el Diario de Sesiones, señora diputada.
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR. TONELLI, PABLO GABRIEL (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: el debate que hoy estamos teniendo, referido entre otros temas al traspaso de los subterráneos y de los colectivos a la Ciudad de Buenos Aires, es muy importante para los millones de personas que diariamente usan esos servicios.
Lo que resulta lamentable es que la génesis de este debate no haya tenido lugar en una legítima preocupación por la mejora del servicio y por el bienestar de los usuarios, sino que desgraciadamente el origen ha sido otro. En primer lugar, la necesidad del Gobierno nacional de recortar los subsidios que otorga al transporte, porque el presupuesto nacional no alcanza para abonarlos; en segundo término, el desconcierto ante la necesidad de mejorar el transporte sin saber cómo hacerlo. De todas maneras, ya que tenemos que debatir el tema, es bueno precisar algunas cosas y llegar a conclusiones correctas.
En primer lugar, debemos puntualizar algunos antecedentes vinculados con el subterráneo y la posibilidad de su traspaso a la Ciudad. Como se recordó, el subterráneo fue privatizado en 1989 por imperio de la ley 23.696. En 1993, se otorgó la concesión del servicio a Metrovías, que empezó a prestarlo el 1° de enero de 1994. Tres años después, en 1997, se ordenó la renegociación del contrato, que se produjo en 1999 y fue aprobada mediante el decreto 393 del Poder Ejecutivo nacional. En tal decreto también se previó el traspaso del subterráneo a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Es importante destacar que, en coincidencia con lo que diremos más adelante, ese mismo decreto instruyó al Ministerio de Economía para que realizara todos los actos necesarios a fin de la instrumentación de la transferencia a favor de la Ciudad. Es decir que ya desde aquel momento estaba en claro que la transferencia constituía un acto complejo que requería de una serie de trámites y decisiones de distintas jurisdicciones y órganos, razón por la cual no podía ser resuelta por el Estado nacional instantánea y unilateralmente.
De todas maneras, en el año 2000, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhirió al proceso de transferencia iniciado mediante el decreto 393, pero ella nunca se concretó. Fue así que pocos años después –en 2002- se sancionó la ley 25.561 de emergencia pública, que autorizó al Poder Ejecutivo a renegociar todos los contratos de concesiones vigentes. A raíz de ello, se encomendó al Ministerio de Economía la renegociación.
Con posterioridad, en 2003, se crea la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos –UNIREN, que comienza a funcionar ese año, pero sin embargo nunca se avanzó en el proceso de transferencia ni se realizaron los actos necesarios para concretarla.
Ello llevó, incluso, a que en el año 2005 la Corte Suprema, en un caso referido a Metrovías, resolviera que la transferencia dispuesta en el decreto 393 nunca tuvo efecto y que tal decreto había caído en letra muerta.
Ahora pasaremos a la historia reciente.
En noviembre de 2011, el señor ministro De Vido convocó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a reunirse para formalizar los trámites de la transferencia de los subtes. Pocos días después de realizada la reunión, el 23 de diciembre de ese año, el secretario de Transporte remitió una nota al señor jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma invitándolo a definir el cronograma para la realización de aquellos trámites necesarios a los fines de la transferencia. Es decir que una vez más quedaba en claro que ésta constituye un acto complejo que requiere la concreción de una serie de tramitaciones que deben ser cumplidos por diferentes órganos y jurisdicciones.
Pocos días después, el jefe de Gobierno ratificó la voluntad de la Ciudad Autónoma de hacerse cargo del servicio de subterráneos y propuso el temario a discutir durante el trámite de la negociación, que incluía ítems tales como tarifa, subsidios, inversiones pendientes, cronograma de traspaso, etcétera.
Así, el 3 de enero de 2012 se llega al acta acuerdo por la que la Ciudad ratifica su voluntad de recibir el servicio de subterráneos haciéndose cargo de él, y se establece un plazo de noventa días para realizar la negociación y acordar los detalles necesarios relativos a la transferencia. Pero poco después de firmada el acta se produjeron actos unilaterales por parte del gobierno nacional que alteraron sustancialmente lo que se había acordado en ella.
En primer lugar, mediante la resolución 10 del 26 de enero, de la Secretaría de Transporte, se crea un fideicomiso en el Banco de la Nación Argentina, al que se ordenó transferir buena parte de los fondos que previamente el Estado nacional se había comprometido a girar a la Ciudad de Buenos Aires para sufragar los gastos que implica el funcionamiento del subterráneo. Este fue el primer incumplimiento.
Segundo incumplimiento: aproximadamente en la misma fecha, sin ninguna explicación se procede al retiro de la Policía Federal del subterráneo violando su ley orgánica, que impone la tarea de ser la fuerza de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Todo esto con el aditamento de que la Ciudad de Buenos Aires no puede contratar servicios adicionales de la Policía Federal porque está prohibido a raíz de una resolución emitida por su propio jefe a instancias de la ministra de Seguridad.
Entonces, ante esos incumplimientos por parte del Estado nacional, el jefe de Gobierno notificó al ministro de Planificación Federal que suspendía el trámite del traspaso.
En este punto quiero recordar que si es cierto –como afirmó la diputada Conti que dicha acta es un contrato entre dos partes, hay que tener presente que el artículo 1.204 del Código Civil autoriza a cualquiera de los contratantes a denunciar el incumplimiento del contrato cuando la otra parte no cumple. Aquí hubo notorios incumplimientos por parte del Estado nacional que claramente autorizaban al jefe de Gobierno a denunciar la falta de cumplimiento.
En relación con el proyecto que ha remitido el Poder Ejecutivo para tratar de concretar ese traspaso que no pudo llevarse a cabo por vía de la negociación, encontramos varios defectos y problemas.
En primer lugar, se trata de un traspaso insuficiente. Como afirma el Poder Ejecutivo en su mensaje, si los servicios de índole local deben ser prestados por la jurisdicción local, además del subterráneo hay muchos otros servicios que tienen clara y notoria índole local y que deberían ser transferidos a la Ciudad. Es decir, no solamente el subterráneo y los colectivos sino también el Registro de la Propiedad Inmueble, la Inspección General de Justicia, el puerto, algunos fueros de la justicia nacional, parte del Servicio Penitenciario Federal, el control del juego, etcétera. De modo que todo esto no se contempla en el proyecto de ley.
También falta la previsión de la firma de un convenio, tal como exigen los artículos 6º de la ley 24.588 y 2º de la ley 26.288. Este convenio es necesario para resolver toda una serie de detalles que hacen a la transferencia.
Asimismo, falta la reasignación de recursos que prevé el artículo 75, inciso 2), de la Constitución Nacional, porque no es posible pretender que la cláusula de la Carta Magna que ha sido citada pueda pasar por encima de las cláusulas relativas al federalismo impositivo, que también están previstas en la Constitución.
En el proyecto de ley también falta prever la aprobación de la Legislatura. Esto es necesario porque así se establece en la Constitución Nacional y en la de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, falta resolver el tema de las inversiones pendientes, a las cuales el Poder Ejecutivo se ha comprometido por el decreto 1.683 de 2005, y asciende a casi mil millones de dólares. En ese sentido, la falta de previsión llama la atención si se tiene en cuenta un antecedente muy cercano, que es el de la ley 26.702, sancionada por este Congreso en septiembre del año pasado. Mediante dicha ley se transfirió a la Ciudad de Buenos Aires la competencia para juzgar e investigar determinados delitos. Quiere decir que en esa norma se incluyó un artículo, el 6º, que establece que la estimación y liquidación de los importes respectivos en los términos previstos por la ley 23.548, y a fin de cumplir con el artículo 75, inciso 2°, de la Constitución Nacional, será efectuado en forma conjunta entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación y los ministerios de Hacienda y de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Más adelante, en el artículo 8º se prevé que la transferencia y asignación de competencias dispuesta en esta norma se perfeccionará con la entrada en vigencia de la ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que acepte sin limitaciones ni reservas las disposiciones de la presente ley.
Entonces, si se procedió bien hace algunos meses, cuando se sancionó la ley 26.702, no se entiende la razón por la que no se procede bien ahora y no se incluyen todas estas previsiones en el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo.
Por estas razones, no podemos votar favorablemente el proyecto del Poder Ejecutivo, ya que es insuficiente e inconstitucional, y no contempla la realización de todos los pasos que corresponden dar de acuerdo con la Constitución Nacional y la de la Ciudad de Buenos Aires.
Por eso, nuestro bloque ha presentado un proyecto alternativo, que defiendo y que está incorporado en el dictamen de minoría. Consideramos que se trata de un proyecto superador por varias circunstancias.
En primer lugar, incluye todas las transferencias que corresponderían hacer a la Ciudad: no sólo la de los subterráneos, colectivos, premetro y tranvía, sino también los registros ya mencionados, como el de la propiedad, la Inspección General de Justicia, los fueros pendientes de transferencia de la justicia nacional, el Servicio Penitenciario, la Policía Federal –es decir, la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, inmuebles ferroviarios en desuso, el puerto y la competencia y la jurisdicción para regular todo lo relativo al juego.
Nuestro proyecto también incluye la celebración del convenio que es necesario realizar de acuerdo con la ley 24.588, el que debería ser suscrito entre la Nación y la Ciudad a fin de acordar los detalles referentes a la transferencia y, particularmente, la reasignación de los recursos que debe realizarse según el inciso 2° del artículo 75 de la Constitución.
Nuestro proyecto también contempla que las inversiones que el Estado se comprometió a hacer y que están pendientes se trata de aquellas previstas en el decreto 1.683 de 2005, firmado por el ex presidente Kirchner- queden a cargo de la Nación, como corresponde, y sea ella la encargada de efectuarlas. Nuestro proyecto también es superador en lo que se refiere al transporte, porque prevé la creación de una Agencia Metropolitana de Transporte, a la cual se invita a adherir a la provincia de Buenos Aires y a la propia Ciudad de Buenos Aires.
A dicha agencia deberían cedérsele las competencias que en materia de transporte hoy tienen la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. Este es el único modo de regular de manera seria y eficiente el transporte en el área metropolitana.
No sólo prevemos la creación de dicha agencia, con facultades de control, fiscalización, planeamiento y regulación, sino que también hemos contemplado la participación de los usuarios, según lo estipula el artículo 42 de la Constitución Nacional.
En definitiva, nuestro proyecto es completo y serviría para resolver el tema del traspaso del transporte a la Ciudad de Buenos Aires y todos los servicios de índole local, que como tales deben ser prestados por la jurisdicción local, pero con pleno y absoluto respeto de la Constitución Nacional y la de la Ciudad de Buenos Aires. (Aplausos.)
Lo que resulta lamentable es que la génesis de este debate no haya tenido lugar en una legítima preocupación por la mejora del servicio y por el bienestar de los usuarios, sino que desgraciadamente el origen ha sido otro. En primer lugar, la necesidad del Gobierno nacional de recortar los subsidios que otorga al transporte, porque el presupuesto nacional no alcanza para abonarlos; en segundo término, el desconcierto ante la necesidad de mejorar el transporte sin saber cómo hacerlo. De todas maneras, ya que tenemos que debatir el tema, es bueno precisar algunas cosas y llegar a conclusiones correctas.
En primer lugar, debemos puntualizar algunos antecedentes vinculados con el subterráneo y la posibilidad de su traspaso a la Ciudad. Como se recordó, el subterráneo fue privatizado en 1989 por imperio de la ley 23.696. En 1993, se otorgó la concesión del servicio a Metrovías, que empezó a prestarlo el 1° de enero de 1994. Tres años después, en 1997, se ordenó la renegociación del contrato, que se produjo en 1999 y fue aprobada mediante el decreto 393 del Poder Ejecutivo nacional. En tal decreto también se previó el traspaso del subterráneo a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Es importante destacar que, en coincidencia con lo que diremos más adelante, ese mismo decreto instruyó al Ministerio de Economía para que realizara todos los actos necesarios a fin de la instrumentación de la transferencia a favor de la Ciudad. Es decir que ya desde aquel momento estaba en claro que la transferencia constituía un acto complejo que requería de una serie de trámites y decisiones de distintas jurisdicciones y órganos, razón por la cual no podía ser resuelta por el Estado nacional instantánea y unilateralmente.
De todas maneras, en el año 2000, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhirió al proceso de transferencia iniciado mediante el decreto 393, pero ella nunca se concretó. Fue así que pocos años después –en 2002- se sancionó la ley 25.561 de emergencia pública, que autorizó al Poder Ejecutivo a renegociar todos los contratos de concesiones vigentes. A raíz de ello, se encomendó al Ministerio de Economía la renegociación.
Con posterioridad, en 2003, se crea la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos –UNIREN, que comienza a funcionar ese año, pero sin embargo nunca se avanzó en el proceso de transferencia ni se realizaron los actos necesarios para concretarla.
Ello llevó, incluso, a que en el año 2005 la Corte Suprema, en un caso referido a Metrovías, resolviera que la transferencia dispuesta en el decreto 393 nunca tuvo efecto y que tal decreto había caído en letra muerta.
Ahora pasaremos a la historia reciente.
En noviembre de 2011, el señor ministro De Vido convocó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a reunirse para formalizar los trámites de la transferencia de los subtes. Pocos días después de realizada la reunión, el 23 de diciembre de ese año, el secretario de Transporte remitió una nota al señor jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma invitándolo a definir el cronograma para la realización de aquellos trámites necesarios a los fines de la transferencia. Es decir que una vez más quedaba en claro que ésta constituye un acto complejo que requiere la concreción de una serie de tramitaciones que deben ser cumplidos por diferentes órganos y jurisdicciones.
Pocos días después, el jefe de Gobierno ratificó la voluntad de la Ciudad Autónoma de hacerse cargo del servicio de subterráneos y propuso el temario a discutir durante el trámite de la negociación, que incluía ítems tales como tarifa, subsidios, inversiones pendientes, cronograma de traspaso, etcétera.
Así, el 3 de enero de 2012 se llega al acta acuerdo por la que la Ciudad ratifica su voluntad de recibir el servicio de subterráneos haciéndose cargo de él, y se establece un plazo de noventa días para realizar la negociación y acordar los detalles necesarios relativos a la transferencia. Pero poco después de firmada el acta se produjeron actos unilaterales por parte del gobierno nacional que alteraron sustancialmente lo que se había acordado en ella.
En primer lugar, mediante la resolución 10 del 26 de enero, de la Secretaría de Transporte, se crea un fideicomiso en el Banco de la Nación Argentina, al que se ordenó transferir buena parte de los fondos que previamente el Estado nacional se había comprometido a girar a la Ciudad de Buenos Aires para sufragar los gastos que implica el funcionamiento del subterráneo. Este fue el primer incumplimiento.
Segundo incumplimiento: aproximadamente en la misma fecha, sin ninguna explicación se procede al retiro de la Policía Federal del subterráneo violando su ley orgánica, que impone la tarea de ser la fuerza de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Todo esto con el aditamento de que la Ciudad de Buenos Aires no puede contratar servicios adicionales de la Policía Federal porque está prohibido a raíz de una resolución emitida por su propio jefe a instancias de la ministra de Seguridad.
Entonces, ante esos incumplimientos por parte del Estado nacional, el jefe de Gobierno notificó al ministro de Planificación Federal que suspendía el trámite del traspaso.
En este punto quiero recordar que si es cierto –como afirmó la diputada Conti que dicha acta es un contrato entre dos partes, hay que tener presente que el artículo 1.204 del Código Civil autoriza a cualquiera de los contratantes a denunciar el incumplimiento del contrato cuando la otra parte no cumple. Aquí hubo notorios incumplimientos por parte del Estado nacional que claramente autorizaban al jefe de Gobierno a denunciar la falta de cumplimiento.
En relación con el proyecto que ha remitido el Poder Ejecutivo para tratar de concretar ese traspaso que no pudo llevarse a cabo por vía de la negociación, encontramos varios defectos y problemas.
En primer lugar, se trata de un traspaso insuficiente. Como afirma el Poder Ejecutivo en su mensaje, si los servicios de índole local deben ser prestados por la jurisdicción local, además del subterráneo hay muchos otros servicios que tienen clara y notoria índole local y que deberían ser transferidos a la Ciudad. Es decir, no solamente el subterráneo y los colectivos sino también el Registro de la Propiedad Inmueble, la Inspección General de Justicia, el puerto, algunos fueros de la justicia nacional, parte del Servicio Penitenciario Federal, el control del juego, etcétera. De modo que todo esto no se contempla en el proyecto de ley.
También falta la previsión de la firma de un convenio, tal como exigen los artículos 6º de la ley 24.588 y 2º de la ley 26.288. Este convenio es necesario para resolver toda una serie de detalles que hacen a la transferencia.
Asimismo, falta la reasignación de recursos que prevé el artículo 75, inciso 2), de la Constitución Nacional, porque no es posible pretender que la cláusula de la Carta Magna que ha sido citada pueda pasar por encima de las cláusulas relativas al federalismo impositivo, que también están previstas en la Constitución.
En el proyecto de ley también falta prever la aprobación de la Legislatura. Esto es necesario porque así se establece en la Constitución Nacional y en la de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, falta resolver el tema de las inversiones pendientes, a las cuales el Poder Ejecutivo se ha comprometido por el decreto 1.683 de 2005, y asciende a casi mil millones de dólares. En ese sentido, la falta de previsión llama la atención si se tiene en cuenta un antecedente muy cercano, que es el de la ley 26.702, sancionada por este Congreso en septiembre del año pasado. Mediante dicha ley se transfirió a la Ciudad de Buenos Aires la competencia para juzgar e investigar determinados delitos. Quiere decir que en esa norma se incluyó un artículo, el 6º, que establece que la estimación y liquidación de los importes respectivos en los términos previstos por la ley 23.548, y a fin de cumplir con el artículo 75, inciso 2°, de la Constitución Nacional, será efectuado en forma conjunta entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación y los ministerios de Hacienda y de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Más adelante, en el artículo 8º se prevé que la transferencia y asignación de competencias dispuesta en esta norma se perfeccionará con la entrada en vigencia de la ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que acepte sin limitaciones ni reservas las disposiciones de la presente ley.
Entonces, si se procedió bien hace algunos meses, cuando se sancionó la ley 26.702, no se entiende la razón por la que no se procede bien ahora y no se incluyen todas estas previsiones en el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo.
Por estas razones, no podemos votar favorablemente el proyecto del Poder Ejecutivo, ya que es insuficiente e inconstitucional, y no contempla la realización de todos los pasos que corresponden dar de acuerdo con la Constitución Nacional y la de la Ciudad de Buenos Aires.
Por eso, nuestro bloque ha presentado un proyecto alternativo, que defiendo y que está incorporado en el dictamen de minoría. Consideramos que se trata de un proyecto superador por varias circunstancias.
En primer lugar, incluye todas las transferencias que corresponderían hacer a la Ciudad: no sólo la de los subterráneos, colectivos, premetro y tranvía, sino también los registros ya mencionados, como el de la propiedad, la Inspección General de Justicia, los fueros pendientes de transferencia de la justicia nacional, el Servicio Penitenciario, la Policía Federal –es decir, la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, inmuebles ferroviarios en desuso, el puerto y la competencia y la jurisdicción para regular todo lo relativo al juego.
Nuestro proyecto también incluye la celebración del convenio que es necesario realizar de acuerdo con la ley 24.588, el que debería ser suscrito entre la Nación y la Ciudad a fin de acordar los detalles referentes a la transferencia y, particularmente, la reasignación de los recursos que debe realizarse según el inciso 2° del artículo 75 de la Constitución.
Nuestro proyecto también contempla que las inversiones que el Estado se comprometió a hacer y que están pendientes se trata de aquellas previstas en el decreto 1.683 de 2005, firmado por el ex presidente Kirchner- queden a cargo de la Nación, como corresponde, y sea ella la encargada de efectuarlas. Nuestro proyecto también es superador en lo que se refiere al transporte, porque prevé la creación de una Agencia Metropolitana de Transporte, a la cual se invita a adherir a la provincia de Buenos Aires y a la propia Ciudad de Buenos Aires.
A dicha agencia deberían cedérsele las competencias que en materia de transporte hoy tienen la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. Este es el único modo de regular de manera seria y eficiente el transporte en el área metropolitana.
No sólo prevemos la creación de dicha agencia, con facultades de control, fiscalización, planeamiento y regulación, sino que también hemos contemplado la participación de los usuarios, según lo estipula el artículo 42 de la Constitución Nacional.
En definitiva, nuestro proyecto es completo y serviría para resolver el tema del traspaso del transporte a la Ciudad de Buenos Aires y todos los servicios de índole local, que como tales deben ser prestados por la jurisdicción local, pero con pleno y absoluto respeto de la Constitución Nacional y la de la Ciudad de Buenos Aires. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR. PINEDO, FEDERICO (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: estaba solicitando una interrupción al señor diputado Tonelli, a quien le quedaban dos minutos, y pretendía utilizar uno, si la Cámara me lo permite.
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Continúe, señor diputado.
SR. PINEDO, FEDERICO (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: la brevedad del tiempo le impidió al señor diputado preopinante hablar de todos los detalles, explicando temas complejos muy rápidamente.
Quiero reforzar un aspecto que el diputado mencionó, en relación con la etapa previa a la firma del acta acuerdo del 3 de enero. El diputado Tonelli dijo que el jefe de Gobierno de la Ciudad, el 27 de diciembre, había respondido a una nota formal del ministro de Planificación Federal.
En esa contestación el jefe de Gobierno le informaba al ministerio nacional que había que hacer determinadas cosas, como preocuparse por las inversiones faltantes. Quiero destacar que también se mencionó allí que, una vez terminado el acuerdo, debía ser elevado a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para su aprobación, y recién entonces se podría hacer la transferencia. Esto se hizo por escrito pocos días antes de la firma del acta acuerdo y por nota formal.
En ese sentido, el supuesto contrato del 3 de abril tenía que ser perfeccionado, porque el artículo 104 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires expresamente dice que todos los convenios entre la Nación y la Ciudad que firme el jefe de Gobierno deben ser ratificados por la Legislatura de la Ciudad.
Quiero reforzar un aspecto que el diputado mencionó, en relación con la etapa previa a la firma del acta acuerdo del 3 de enero. El diputado Tonelli dijo que el jefe de Gobierno de la Ciudad, el 27 de diciembre, había respondido a una nota formal del ministro de Planificación Federal.
En esa contestación el jefe de Gobierno le informaba al ministerio nacional que había que hacer determinadas cosas, como preocuparse por las inversiones faltantes. Quiero destacar que también se mencionó allí que, una vez terminado el acuerdo, debía ser elevado a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para su aprobación, y recién entonces se podría hacer la transferencia. Esto se hizo por escrito pocos días antes de la firma del acta acuerdo y por nota formal.
En ese sentido, el supuesto contrato del 3 de abril tenía que ser perfeccionado, porque el artículo 104 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires expresamente dice que todos los convenios entre la Nación y la Ciudad que firme el jefe de Gobierno deben ser ratificados por la Legislatura de la Ciudad.
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR. CORTINA, ROY (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: quiero aclarar que este dictamen de minoría que estamos presentando con un conjunto de diputados y diputadas del Frente Amplio Progresista y el sentido de mi voto tienen que ver más con mi pertenencia a este distrito que con una postura de carácter político partidario.
Respeto el sentido del voto de mis compañeros de bloque de otras provincias que van a abstenerse. Ese voto no es antagónico –es distinto sí- porque es algo que sucede a menudo en muchos partidos cuando se tratan temas de la Ciudad de Buenos Aires. Ayer, una diputada planteaba que en el debate de la llamada ley Cafiero, los 25 diputados de la Ciudad habían votado en un sentido independiente respecto de su pertenencia político ideológica.
Algunos lo rechazamos, otros consideran que no es pertinente su tratamiento y se abstienen, ésta es la realidad. Pero estamos todos presentando esta misma caracterización de la realidad con este dictamen.
Agradezco profundamente la comprensión de los compañeros de mi bloque para poder expresar de esta manera mi voto, y por supuesto agradezco también a todos los diputados del interbloque que han firmado el dictamen porque integraban el plenario de las cuatro comisiones que ayer trataron el tema.
Precisamente en ese plenario dije que había diversas miradas sobre la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, pero una de ellas es gravitante y preponderante, y es que muchos consideran que se trata de un conflicto interjurisdiccional entre el Estado nacional y el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, con cierta percepción de que se visualiza más como un conflicto entre la fuerza política que gobierna el Estado nacional y la que gobierna el Estado de la Ciudad.
La verdad es que esto es muy difícil de soslayar porque así lo ve la gente, así lo trasmite la prensa y a juzgar por muchos discursos y conferencias de prensa de los propios protagonistas esto es indisimulable.
Personalmente, entiendo que esta mirada es absolutamente perjudicial para resolver este conflicto, básicamente porque muchas decisiones se toman entonces en virtud de los distintos alineamientos políticos y no por lo acertado o equivocado de la decisión que se toma cuando se está discutiendo este tema.
Tengo que decir también que esta mirada alimenta el resurgir siempre latente de lo que entiendo es un federalismo retórico. Yo creo en el federalismo, pero una cosa diferente es el federalismo retórico, que en la práctica no es tal y obtura la posibilidad de un análisis serio de este problema.
Tomando en cuenta estas dos maneras de ver el tema de los subtes entiendo y respeto –repito, entiendo y respeto la decisión de los diputados de nuestro interbloque y muchos otros integrantes de la Cámara que probablemente vean este debate como ajeno y piensen que lo mejor es la abstención.
Sinceramente, como diputado nacional del distrito de la Ciudad de Buenos Aires, e incluso animándome a representar a algunos millones de bonaerenses, siento que debo tomar una posición aun a riesgo de que ésta tenga que sortear los obstáculos que presentan estas dos caracterizaciones que se hacen de la política sobre este tema: que el conflicto es entre el gobierno nacional y el gobierno local -y por lo tanto lo tienen que resolver esos dos gobiernos-, y la cuestión federal.
Mucho se ha dicho acerca de la pertinencia de que estemos tratando este tema en el Congreso. La verdad es que las herramientas legales de las que uno dispone no ayudan mucho. Tal como lo decía ayer en el plenario, por un lado la Constitución Nacional es ambigua cuando se refiere al traspaso de competencias, funciones y servicios, dado que allí se colocó una palabrita que refleja esa ambigüedad. Concretamente, dice que lo tratará el Congreso cuando “correspondiere” y que lo tratará la Legislatura provincial según el caso.
Luego tenemos la ley Cafiero, que dice que los convenios se firman entre el Estado nacional y la Ciudad. No se habla del Congreso ni de la Legislatura, con lo cual puede haber una doble interpretación: que la ley Cafiero excluye al Congreso Nacional y a la Legislatura, o que al hablar del Estado nacional y del Estado de la Ciudad podrían incluir también a los Ejecutivos, al Congreso Nacional y a la Legislatura. Y la Legislatura porteña no deja dudas al respecto: los acuerdos que firme el jefe de Gobierno los tiene que ratificar la Legislatura porteña.
Por eso, como también lo manifesté ayer, esta discusión deviene en abstracto. El Poder Ejecutivo envió una iniciativa y nosotros tenemos que discutir el fondo de la cuestión, que es el acta que se ha enviado. Algunos plantean que lo que envió el Poder Ejecutivo no es el acta, sino la ratificación de un proceso. Personalmente, pienso que es un subterfugio, porque si uno lo lee detenidamente, de todos los antecedentes que se mencionan, el único que significa un traspaso real es la última acta que firmaron el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad.
Y a las pruebas me remito. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo habla de ratificar la transferencia y enumera una serie de leyes y decretos –los números impresionan pero fíjense qué interesante, tales como: la ley 23.696, de reforma del Estado; la ley 24.588, que es la ley Cafiero; el decreto 2.608, de privatización del subte; y el decreto 393, que es el famoso decreto por el cual el Ejecutivo renegocia la concesión y en virtud del cual el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos iba a hacer los actos necesarios para transferir el control y la fiscalización. Allí no se habla de operación, de potestad tarifaria, de manejo del plan de inversiones, ni de ninguna otra cuestión.
Luego, tenemos la ley 373, del Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires, que me voy a permitir leer porque su texto es muy breve. Dice así: “Artículo 1º.- Adhiérese al decreto del Poder Ejecutivo nacional Nº 393/99, de renegociación del contrato de concesión del sistema de transporte de subterráneos por el cual se faculta al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos a realizar los actos necesarios para transferir la fiscalización y el control de dicho contrato a favor de la Ciudad de Buenos Aires. Artículo 2º.- Comuníquese.”
Pretender sostener con estos antecedentes con seis renglones que la Legislatura porteña aceptó la transferencia del subte en las condiciones que se invocan ahora, es similar a cuando Macri pretende tener por cumplida la audiencia pública, previa a un aumento tarifario, que se hizo en 1999, que exigen las leyes de la Ciudad. Las dos cosas son incongruentes: lo que hizo el Estado nacional y lo que hizo el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ni hablemos de los micros; no cumplen con la Constitución, ni siquiera con la ley Cafiero, porque no contemplan la existencia de un convenio.
Descartada la importancia que se quiere dar a la cuestión formal del tema que estamos considerando, deseo entrar en el fondo del debate, o sea, en el acta enviada por el Poder Ejecutivo, como acabo de demostrar. Simplemente, se trata de la ratificación o rechazo de un acta.
Entiendo que todas las consideraciones sean atendibles. Puedo acompañar apreciaciones legales como las que he mencionado recién u otras efectuadas por otros señores diputados. De todos modos, es imposible tratar el problema de los subtes al margen de la crisis o complejidad global del transporte argentino. Reitero: nosotros debemos remitirnos a lo enviado por el Poder Ejecutivo.
Nuestro dictamen plantea el rechazo al acta por entender que es inconstitucional e inaceptable para el Congreso que se transfiera un servicio de transporte a una provincia argentina, en este caso, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin sus correspondientes recursos, incumpliendo con el artículo 75 de la Constitución Nacional.
El acta es poco seria, tiene un sesgo netamente economicista. Contiene cuatro artículos, y lo central radica en la necesidad de transferir al jefe de Gobierno el aumento de la tarifa. El jefe de Gobierno no fue lerdo y en poco tiempo implementó el aumento que se le solicitaba. Se especifica cómo se hará el pago en doce cuotas de 360 millones de pesos; algunas otras cuestiones más, y se patea todo para adelante por noventa días. Todo esto para transferir un servicio de transporte que usan un millón cuatrocientos mil pasajeros por día.
En algún momento se sabrá la razón o el misterio inexplicable de por qué el jefe de Gobierno firmó esta acta de defunción y al hacerlo claudicó de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.
La Ciudad de Buenos Aires recibe 1,4 por ciento de coparticipación federal, directamente de la distribución primaria que le corresponde a la Nación. Los fondos del subte no afectan los fondos de las provincias; son fondos que administra la Nación en la Ciudad de Buenos Aires, porque es la Nación quien administra los subtes. Ergo, si se transfieren los subtes, deberían hacerlo con sus respectivos recursos. Esto, por supuesto, si se acepta que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene rango de provincia. Recordemos que se trata de un gobierno de una ciudad autónoma, como lo plantea la reforma constitucional de 1994 y la propia Constitución que nos dimos los porteños.
Este tema se vincula con el rol de la Ciudad de Buenos Aires. Dicha ciudad tiene rango de provincia, es capital de la Argentina y forma parte de una trama urbana que es el área metropolitana. Además, es la puerta de entrada del turismo. Rescato las palabras que dijo el otro día el señor diputado Kunkel. Es verdad: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es de todos los argentinos. Entonces, no vean al subte o al transporte que le corresponde a la Ciudad de Buenos Aires como un transporte de un grupo de privilegiados.
Esta es una ciudad donde duermen dos millones ochocientas mil personas y circulan entre 5 y 7 millones de personas por día. Es un área urbana que concentra una población que oscila entre los 11 y 12 millones de habitantes. No estamos hablando de 12 millones de personas en China sino en la Argentina, que tiene algo más de 40 millones de habitantes.
Por otra parte, coincido con lo señalado por el señor diputado Feletti en el sentido de que el crecimiento trae movilidad. El área metropolitana no es el único conglomerado importante o el único núcleo urbano importante que tiene la Argentina; hay muchos, pero obviamente éste es el más trascendente. Probablemente la mayoría de los argentinos no quisiera que esto fuera así, y que la distribución demográfica fuera más equilibrada; pero esta es la realidad del país de hoy.
Por lo tanto, para terminar quiero decir que es una falacia que las provincias subsidien al subte. También es una falacia decir que el subte es un transporte de privilegiados. Es un grave error pensar que porque la Ciudad de Buenos Aires tiene autonomía presupuestaria, en base a la recaudación de impuestos propios, debe ser tratada con un régimen especial, donde se le tiren por la cabeza los servicios sin los recursos, porque inauguramos un federalismo de un tipo y el día de mañana esto mismo le puede pasar a provincias que pueden ser tan o más ricas que la Ciudad de Buenos Aires.
Abordamos el tema porque nos interesa pensar no en los actores políticos que intervienen en el conflicto. Como socialista me interesa pensar en forma institucional, y de hecho el Frente Amplio Progresista ha sido la segunda fuerza en las últimas elecciones y tiene la ambición de poder gobernar la ciudad en 2015. Si gobernamos esta ciudad en 2015 vamos a exigir que se cumpla esto también, porque si lo vamos a hacer cuando podamos gobernar, por supuesto lo vamos a pedir cuando haya un signo político distinto gobernando la Ciudad.
Respeto el sentido del voto de mis compañeros de bloque de otras provincias que van a abstenerse. Ese voto no es antagónico –es distinto sí- porque es algo que sucede a menudo en muchos partidos cuando se tratan temas de la Ciudad de Buenos Aires. Ayer, una diputada planteaba que en el debate de la llamada ley Cafiero, los 25 diputados de la Ciudad habían votado en un sentido independiente respecto de su pertenencia político ideológica.
Algunos lo rechazamos, otros consideran que no es pertinente su tratamiento y se abstienen, ésta es la realidad. Pero estamos todos presentando esta misma caracterización de la realidad con este dictamen.
Agradezco profundamente la comprensión de los compañeros de mi bloque para poder expresar de esta manera mi voto, y por supuesto agradezco también a todos los diputados del interbloque que han firmado el dictamen porque integraban el plenario de las cuatro comisiones que ayer trataron el tema.
Precisamente en ese plenario dije que había diversas miradas sobre la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, pero una de ellas es gravitante y preponderante, y es que muchos consideran que se trata de un conflicto interjurisdiccional entre el Estado nacional y el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, con cierta percepción de que se visualiza más como un conflicto entre la fuerza política que gobierna el Estado nacional y la que gobierna el Estado de la Ciudad.
La verdad es que esto es muy difícil de soslayar porque así lo ve la gente, así lo trasmite la prensa y a juzgar por muchos discursos y conferencias de prensa de los propios protagonistas esto es indisimulable.
Personalmente, entiendo que esta mirada es absolutamente perjudicial para resolver este conflicto, básicamente porque muchas decisiones se toman entonces en virtud de los distintos alineamientos políticos y no por lo acertado o equivocado de la decisión que se toma cuando se está discutiendo este tema.
Tengo que decir también que esta mirada alimenta el resurgir siempre latente de lo que entiendo es un federalismo retórico. Yo creo en el federalismo, pero una cosa diferente es el federalismo retórico, que en la práctica no es tal y obtura la posibilidad de un análisis serio de este problema.
Tomando en cuenta estas dos maneras de ver el tema de los subtes entiendo y respeto –repito, entiendo y respeto la decisión de los diputados de nuestro interbloque y muchos otros integrantes de la Cámara que probablemente vean este debate como ajeno y piensen que lo mejor es la abstención.
Sinceramente, como diputado nacional del distrito de la Ciudad de Buenos Aires, e incluso animándome a representar a algunos millones de bonaerenses, siento que debo tomar una posición aun a riesgo de que ésta tenga que sortear los obstáculos que presentan estas dos caracterizaciones que se hacen de la política sobre este tema: que el conflicto es entre el gobierno nacional y el gobierno local -y por lo tanto lo tienen que resolver esos dos gobiernos-, y la cuestión federal.
Mucho se ha dicho acerca de la pertinencia de que estemos tratando este tema en el Congreso. La verdad es que las herramientas legales de las que uno dispone no ayudan mucho. Tal como lo decía ayer en el plenario, por un lado la Constitución Nacional es ambigua cuando se refiere al traspaso de competencias, funciones y servicios, dado que allí se colocó una palabrita que refleja esa ambigüedad. Concretamente, dice que lo tratará el Congreso cuando “correspondiere” y que lo tratará la Legislatura provincial según el caso.
Luego tenemos la ley Cafiero, que dice que los convenios se firman entre el Estado nacional y la Ciudad. No se habla del Congreso ni de la Legislatura, con lo cual puede haber una doble interpretación: que la ley Cafiero excluye al Congreso Nacional y a la Legislatura, o que al hablar del Estado nacional y del Estado de la Ciudad podrían incluir también a los Ejecutivos, al Congreso Nacional y a la Legislatura. Y la Legislatura porteña no deja dudas al respecto: los acuerdos que firme el jefe de Gobierno los tiene que ratificar la Legislatura porteña.
Por eso, como también lo manifesté ayer, esta discusión deviene en abstracto. El Poder Ejecutivo envió una iniciativa y nosotros tenemos que discutir el fondo de la cuestión, que es el acta que se ha enviado. Algunos plantean que lo que envió el Poder Ejecutivo no es el acta, sino la ratificación de un proceso. Personalmente, pienso que es un subterfugio, porque si uno lo lee detenidamente, de todos los antecedentes que se mencionan, el único que significa un traspaso real es la última acta que firmaron el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad.
Y a las pruebas me remito. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo habla de ratificar la transferencia y enumera una serie de leyes y decretos –los números impresionan pero fíjense qué interesante, tales como: la ley 23.696, de reforma del Estado; la ley 24.588, que es la ley Cafiero; el decreto 2.608, de privatización del subte; y el decreto 393, que es el famoso decreto por el cual el Ejecutivo renegocia la concesión y en virtud del cual el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos iba a hacer los actos necesarios para transferir el control y la fiscalización. Allí no se habla de operación, de potestad tarifaria, de manejo del plan de inversiones, ni de ninguna otra cuestión.
Luego, tenemos la ley 373, del Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires, que me voy a permitir leer porque su texto es muy breve. Dice así: “Artículo 1º.- Adhiérese al decreto del Poder Ejecutivo nacional Nº 393/99, de renegociación del contrato de concesión del sistema de transporte de subterráneos por el cual se faculta al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos a realizar los actos necesarios para transferir la fiscalización y el control de dicho contrato a favor de la Ciudad de Buenos Aires. Artículo 2º.- Comuníquese.”
Pretender sostener con estos antecedentes con seis renglones que la Legislatura porteña aceptó la transferencia del subte en las condiciones que se invocan ahora, es similar a cuando Macri pretende tener por cumplida la audiencia pública, previa a un aumento tarifario, que se hizo en 1999, que exigen las leyes de la Ciudad. Las dos cosas son incongruentes: lo que hizo el Estado nacional y lo que hizo el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ni hablemos de los micros; no cumplen con la Constitución, ni siquiera con la ley Cafiero, porque no contemplan la existencia de un convenio.
Descartada la importancia que se quiere dar a la cuestión formal del tema que estamos considerando, deseo entrar en el fondo del debate, o sea, en el acta enviada por el Poder Ejecutivo, como acabo de demostrar. Simplemente, se trata de la ratificación o rechazo de un acta.
Entiendo que todas las consideraciones sean atendibles. Puedo acompañar apreciaciones legales como las que he mencionado recién u otras efectuadas por otros señores diputados. De todos modos, es imposible tratar el problema de los subtes al margen de la crisis o complejidad global del transporte argentino. Reitero: nosotros debemos remitirnos a lo enviado por el Poder Ejecutivo.
Nuestro dictamen plantea el rechazo al acta por entender que es inconstitucional e inaceptable para el Congreso que se transfiera un servicio de transporte a una provincia argentina, en este caso, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin sus correspondientes recursos, incumpliendo con el artículo 75 de la Constitución Nacional.
El acta es poco seria, tiene un sesgo netamente economicista. Contiene cuatro artículos, y lo central radica en la necesidad de transferir al jefe de Gobierno el aumento de la tarifa. El jefe de Gobierno no fue lerdo y en poco tiempo implementó el aumento que se le solicitaba. Se especifica cómo se hará el pago en doce cuotas de 360 millones de pesos; algunas otras cuestiones más, y se patea todo para adelante por noventa días. Todo esto para transferir un servicio de transporte que usan un millón cuatrocientos mil pasajeros por día.
En algún momento se sabrá la razón o el misterio inexplicable de por qué el jefe de Gobierno firmó esta acta de defunción y al hacerlo claudicó de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.
La Ciudad de Buenos Aires recibe 1,4 por ciento de coparticipación federal, directamente de la distribución primaria que le corresponde a la Nación. Los fondos del subte no afectan los fondos de las provincias; son fondos que administra la Nación en la Ciudad de Buenos Aires, porque es la Nación quien administra los subtes. Ergo, si se transfieren los subtes, deberían hacerlo con sus respectivos recursos. Esto, por supuesto, si se acepta que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene rango de provincia. Recordemos que se trata de un gobierno de una ciudad autónoma, como lo plantea la reforma constitucional de 1994 y la propia Constitución que nos dimos los porteños.
Este tema se vincula con el rol de la Ciudad de Buenos Aires. Dicha ciudad tiene rango de provincia, es capital de la Argentina y forma parte de una trama urbana que es el área metropolitana. Además, es la puerta de entrada del turismo. Rescato las palabras que dijo el otro día el señor diputado Kunkel. Es verdad: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es de todos los argentinos. Entonces, no vean al subte o al transporte que le corresponde a la Ciudad de Buenos Aires como un transporte de un grupo de privilegiados.
Esta es una ciudad donde duermen dos millones ochocientas mil personas y circulan entre 5 y 7 millones de personas por día. Es un área urbana que concentra una población que oscila entre los 11 y 12 millones de habitantes. No estamos hablando de 12 millones de personas en China sino en la Argentina, que tiene algo más de 40 millones de habitantes.
Por otra parte, coincido con lo señalado por el señor diputado Feletti en el sentido de que el crecimiento trae movilidad. El área metropolitana no es el único conglomerado importante o el único núcleo urbano importante que tiene la Argentina; hay muchos, pero obviamente éste es el más trascendente. Probablemente la mayoría de los argentinos no quisiera que esto fuera así, y que la distribución demográfica fuera más equilibrada; pero esta es la realidad del país de hoy.
Por lo tanto, para terminar quiero decir que es una falacia que las provincias subsidien al subte. También es una falacia decir que el subte es un transporte de privilegiados. Es un grave error pensar que porque la Ciudad de Buenos Aires tiene autonomía presupuestaria, en base a la recaudación de impuestos propios, debe ser tratada con un régimen especial, donde se le tiren por la cabeza los servicios sin los recursos, porque inauguramos un federalismo de un tipo y el día de mañana esto mismo le puede pasar a provincias que pueden ser tan o más ricas que la Ciudad de Buenos Aires.
Abordamos el tema porque nos interesa pensar no en los actores políticos que intervienen en el conflicto. Como socialista me interesa pensar en forma institucional, y de hecho el Frente Amplio Progresista ha sido la segunda fuerza en las últimas elecciones y tiene la ambición de poder gobernar la ciudad en 2015. Si gobernamos esta ciudad en 2015 vamos a exigir que se cumpla esto también, porque si lo vamos a hacer cuando podamos gobernar, por supuesto lo vamos a pedir cuando haya un signo político distinto gobernando la Ciudad.
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Ha vencido su término, señor diputado.
SR. CORTINA, ROY (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: en ese caso voy a solicitar la inserción del resto del discurso que pensaba pronunciar.
SR. KUNKEL, CARLOS MIGUEL (BUENOS AIRES):
Pido la palabra para una aclaración.
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. KUNKEL, CARLOS MIGUEL (BUENOS AIRES):
Señor presidente: mal que nos pese la Constitución no determina, y la Ciudad de Buenos Aires no es una provincia.
En segundo lugar, no es cierto que la mayoría de los turistas ingresen por la Ciudad de Buenos Aires, ingresan por Ezeiza, que está en la provincia de Buenos Aires.
En segundo lugar, no es cierto que la mayoría de los turistas ingresen por la Ciudad de Buenos Aires, ingresan por Ezeiza, que está en la provincia de Buenos Aires.
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. AMADEO, EDUARDO PABLO (BUENOS AIRES):
Señor presidente: durante los cuatro años en que tuve el honor de compartir el gobierno con mi jefe de tanto tiempo y amigo, Antonio Cafiero, él nos recordaba permanentemente: piensen para qué hacen política, piensen si la política que hacen sirve para el bienestar de las personas, y si no se lo pueden contestar renuncien, no se queden conmigo.
Esta introducción al tema de la política y la gente lo traigo a cuento porque veo con franca preocupación que el partido del gobierno parece ir en forma creciente en un camino de burocratización, donde la preocupación por las personas –y no quiero entrar en una discusión de la gente o el pueblo, que me planteaba un señor diputado ayer en la reunión de comisión va dejando lugar a la preocupación por la política, que no es necesariamente lo mismo.
¿Dónde estaban las personas cuando se destruyó el gremio de los pobres, el UATRE? ¿Dónde estaba la preocupación por las personas cuando se votó la ley antiterrorista? ¿Dónde estaba la preocupación por las personas? No oí una sola palabra sobre niveles de créditos a los pobres o el problema de la inflación, cuando el otro día se votó la ley de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
Solo oímos hablar de los 90, el Consenso de Washington, la derecha liberal, esas palabras que quieren decir todo y no dicen nada.
Traigo esto a cuento porque estamos por votar otra ley que se va a olvidar de las personas. El uso del tiempo no está igualmente repartido entre todos. Quienes estamos aquí, que según la distribución del ingreso somos ricos, podemos hacer el uso del tiempo que se nos dé la gana. Podemos ir y venir en auto.
Si nuestra esposa tiene que ir a trabajar podemos contratar a una persona que cuide a nuestros hijos. Ese no es el caso de los pobres, que tienen el tiempo como un factor escaso para poder armar su vida y necesitan estar con sus hijos y poder desplazarse para aprovecharlo de la mejor manera posible.
El uso del tiempo, si no está dentro de las políticas públicas, es un factor más de inequidad. En esta discusión y en el tema de la política de transportes de los últimos años, esta variable, que es una de las caras ocultas de la pobreza como es la garrafa, como es el trabajo en negro de los pibes, como es la droga, como es el hacinamiento no ha estado presente.
Y este no es un problema de la derecha liberal -otra de las palabras que escuché repetir una y otra vez ayer- lo cual no solamente no dice nada sino que no sirve para explicar dónde está la gente en este proyecto.
Por lo tanto, nuestro rechazo al proyecto tiene que ver, entre otras razones –mis colegas explicarán luego otros fundamentos legales, con otra dimensión, la dimensión social, la que se expresa en la política de transporte.
No se puede hablar de subte si no se considera al transporte en su totalidad, en particular el transporte del AMBA, y voy a distraer la atención de la Cámara unos minutos exhibiendo unos cuadros que mostré ayer en la reunión de comisión, que fueron sacados de la página de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Son datos oficiales que demuestran la degradación del sistema de transporte público popular con perdón en particular del bloque oficialista que demuestran que el sistema de transporte en esta década funciona peor que en los 90.
El número de pasajeros transportados bajó. En este cuadro que estoy exhibiendo se pueden observar los años y el número de pasajeros transportados. En la terrible década del 90 el número de pasajeros transportados llegó a un pico, luego bajó y después subió, pero no ha podido recuperarse, a pesar de que la presidenta nos dijo el otro día que por este medio iba mucha más gente a trabajar.
¿Por qué la gente usa menos el transporte público? Porque la cantidad de asientos que el sistema de transporte ofrece es cada vez menor.
En este cuadro que exhibo ahora observamos que entre los años 1996 y 2010 la cantidad de asientos que el sistema de transporte popular ofrece a la gente es cada vez menor, y digo “popular” irónicamente, porque esto se llama “sistema de transporte Cirigliano”. Cada vez hay menos asientos para la gente.
Hablando del uso del tiempo, el sistema es cada vez más impuntual. Durante los terribles años 90, el sistema de transporte tuvo una puntualidad promedio del 98 por ciento; ahora es del 85 por ciento y va bajando. Esto significa que cada vez hay menos respeto por las necesidades de la gente.
También, y en conexión con el drama de Once, la cantidad de accidentes y heridos no ha dejado de crecer en esta década en particular, si la comparamos con el pasado. En este caso hablábamos de una tragedia anunciada.
En este otro cuadro que muestro vemos el número de accidentes y heridos, que ha ido creciendo cada vez más. Pongo a disposición de la Honorable Cámara las cifras en particular.
La cantidad de heridos y accidentes no ha parado de crecer. De este tema nadie se ocupó; nadie vio las señales de que estaban aumentando los accidentes, los heridos y las muertes. Total, tal vez se pensaba que esos votos se podían conseguir de otra manera.
Ahora bien, cuando entramos en este terreno y lo comparamos con el aumento de los subsidios observamos, como surge de este otro cuadro que exhibo, que en el año 96 se produjo un aumento de los subsidios que ha ido a financiar un sistema de transporte popular –entre comillas- cada vez más inequitativo, más peligroso y más alejado de las necesidades de los pobres. Acá está el robo social, es decir no solamente el robo: el robo social. Y este dinero fue a financiar un sistema que no tenía en consideración las necesidades de los más pobres.
Entonces, señor presidente, ¿cómo podemos perder el tiempo entreteniéndonos como decía la señora diputada Conti, preocupándonos y diciendo “pobre Macri si quiere gobernar el país”? A mí me importa poco si Macri quiere gobernar el país. Lo que me preocupa es que esta Cámara no haya utilizado su tiempo para discutir estos temas. No hemos oído una sola palabra de arrepentimiento, dolor o preocupación, no solamente por los muertos sino también por lo que esto implica en términos de la calidad de vida popular.
Esto se irradia al resto del sistema. El sistema de subtes, sin recursos, que le vamos a “tirar por la cabeza” a Macri, no para de crecer en el número de interrupciones.
En este cuadro que muestro se refleja el funcionamiento de los subtes en 1994 y en el año 2010. Miren ustedes las interrupciones del sistema de subtes; las personas que viajan en la Ciudad tienen un subte cada vez más interrumpido en sus prestaciones.
¿Será por eso que tal vez el gobierno nacional quiere sacarse de encima este subte inmanejable? Ahora bien, si se lo quiere sacar de encima, ¿se lo van a tirar sin recursos a la Ciudad de Buenos Aires para que esto empeore? ¿Qué hay detrás de este tema?
Tal vez se me podrá objetar que estoy planteando la cuestión del subte como un apéndice dentro de nuestra posición, pero este es un tema esencial de la vida de los argentinos, en particular de los más pobres.
Yo mencionaba ayer que según un estudio muy serio la oferta de asientos de colectivo en San Isidro es diez veces mayor que en Florencio Varela, y los grupos económicos que hoy están detrás de este escándalo son los mismos que hacen plata en San Isidro y joroban –por no decir otra palabra a la gente de Florencio Varela ofreciéndole menos asientos para ir a trabajar.
Lo mismo podría decir del delirio de la inversión en Aerolíneas Argentinas: por cada persona que viaja en un avión, que nos cuesta 2 millones de dólares por día, 120 personas viajan hacinadas en tren. Pero eso no importa, total ya veremos cómo nos arreglamos.
Quiero finalizar incitando a que abordemos este tema con la importancia que se merece: no se trata de “tirárselo por la cabeza” a la Ciudad o de lograr que Macri no gane las elecciones.
Me sorprende también el énfasis institucionalista que he oído en el informe del oficialismo, cuando ayer un señor diputado dijo que “esto de hablar de las instituciones es propio de la derecha liberal”. Si así fuera, ¡vivan las instituciones, hablemos lo que hablemos de la derecha liberal!
Esto se arregla con diálogo; esto se arregla con una política de transporte que tome una opción preferencial por los pobres y que no sea un negocio sino un servicio. (Aplausos.)
Esta introducción al tema de la política y la gente lo traigo a cuento porque veo con franca preocupación que el partido del gobierno parece ir en forma creciente en un camino de burocratización, donde la preocupación por las personas –y no quiero entrar en una discusión de la gente o el pueblo, que me planteaba un señor diputado ayer en la reunión de comisión va dejando lugar a la preocupación por la política, que no es necesariamente lo mismo.
¿Dónde estaban las personas cuando se destruyó el gremio de los pobres, el UATRE? ¿Dónde estaba la preocupación por las personas cuando se votó la ley antiterrorista? ¿Dónde estaba la preocupación por las personas? No oí una sola palabra sobre niveles de créditos a los pobres o el problema de la inflación, cuando el otro día se votó la ley de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
Solo oímos hablar de los 90, el Consenso de Washington, la derecha liberal, esas palabras que quieren decir todo y no dicen nada.
Traigo esto a cuento porque estamos por votar otra ley que se va a olvidar de las personas. El uso del tiempo no está igualmente repartido entre todos. Quienes estamos aquí, que según la distribución del ingreso somos ricos, podemos hacer el uso del tiempo que se nos dé la gana. Podemos ir y venir en auto.
Si nuestra esposa tiene que ir a trabajar podemos contratar a una persona que cuide a nuestros hijos. Ese no es el caso de los pobres, que tienen el tiempo como un factor escaso para poder armar su vida y necesitan estar con sus hijos y poder desplazarse para aprovecharlo de la mejor manera posible.
El uso del tiempo, si no está dentro de las políticas públicas, es un factor más de inequidad. En esta discusión y en el tema de la política de transportes de los últimos años, esta variable, que es una de las caras ocultas de la pobreza como es la garrafa, como es el trabajo en negro de los pibes, como es la droga, como es el hacinamiento no ha estado presente.
Y este no es un problema de la derecha liberal -otra de las palabras que escuché repetir una y otra vez ayer- lo cual no solamente no dice nada sino que no sirve para explicar dónde está la gente en este proyecto.
Por lo tanto, nuestro rechazo al proyecto tiene que ver, entre otras razones –mis colegas explicarán luego otros fundamentos legales, con otra dimensión, la dimensión social, la que se expresa en la política de transporte.
No se puede hablar de subte si no se considera al transporte en su totalidad, en particular el transporte del AMBA, y voy a distraer la atención de la Cámara unos minutos exhibiendo unos cuadros que mostré ayer en la reunión de comisión, que fueron sacados de la página de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Son datos oficiales que demuestran la degradación del sistema de transporte público popular con perdón en particular del bloque oficialista que demuestran que el sistema de transporte en esta década funciona peor que en los 90.
El número de pasajeros transportados bajó. En este cuadro que estoy exhibiendo se pueden observar los años y el número de pasajeros transportados. En la terrible década del 90 el número de pasajeros transportados llegó a un pico, luego bajó y después subió, pero no ha podido recuperarse, a pesar de que la presidenta nos dijo el otro día que por este medio iba mucha más gente a trabajar.
¿Por qué la gente usa menos el transporte público? Porque la cantidad de asientos que el sistema de transporte ofrece es cada vez menor.
En este cuadro que exhibo ahora observamos que entre los años 1996 y 2010 la cantidad de asientos que el sistema de transporte popular ofrece a la gente es cada vez menor, y digo “popular” irónicamente, porque esto se llama “sistema de transporte Cirigliano”. Cada vez hay menos asientos para la gente.
Hablando del uso del tiempo, el sistema es cada vez más impuntual. Durante los terribles años 90, el sistema de transporte tuvo una puntualidad promedio del 98 por ciento; ahora es del 85 por ciento y va bajando. Esto significa que cada vez hay menos respeto por las necesidades de la gente.
También, y en conexión con el drama de Once, la cantidad de accidentes y heridos no ha dejado de crecer en esta década en particular, si la comparamos con el pasado. En este caso hablábamos de una tragedia anunciada.
En este otro cuadro que muestro vemos el número de accidentes y heridos, que ha ido creciendo cada vez más. Pongo a disposición de la Honorable Cámara las cifras en particular.
La cantidad de heridos y accidentes no ha parado de crecer. De este tema nadie se ocupó; nadie vio las señales de que estaban aumentando los accidentes, los heridos y las muertes. Total, tal vez se pensaba que esos votos se podían conseguir de otra manera.
Ahora bien, cuando entramos en este terreno y lo comparamos con el aumento de los subsidios observamos, como surge de este otro cuadro que exhibo, que en el año 96 se produjo un aumento de los subsidios que ha ido a financiar un sistema de transporte popular –entre comillas- cada vez más inequitativo, más peligroso y más alejado de las necesidades de los pobres. Acá está el robo social, es decir no solamente el robo: el robo social. Y este dinero fue a financiar un sistema que no tenía en consideración las necesidades de los más pobres.
Entonces, señor presidente, ¿cómo podemos perder el tiempo entreteniéndonos como decía la señora diputada Conti, preocupándonos y diciendo “pobre Macri si quiere gobernar el país”? A mí me importa poco si Macri quiere gobernar el país. Lo que me preocupa es que esta Cámara no haya utilizado su tiempo para discutir estos temas. No hemos oído una sola palabra de arrepentimiento, dolor o preocupación, no solamente por los muertos sino también por lo que esto implica en términos de la calidad de vida popular.
Esto se irradia al resto del sistema. El sistema de subtes, sin recursos, que le vamos a “tirar por la cabeza” a Macri, no para de crecer en el número de interrupciones.
En este cuadro que muestro se refleja el funcionamiento de los subtes en 1994 y en el año 2010. Miren ustedes las interrupciones del sistema de subtes; las personas que viajan en la Ciudad tienen un subte cada vez más interrumpido en sus prestaciones.
¿Será por eso que tal vez el gobierno nacional quiere sacarse de encima este subte inmanejable? Ahora bien, si se lo quiere sacar de encima, ¿se lo van a tirar sin recursos a la Ciudad de Buenos Aires para que esto empeore? ¿Qué hay detrás de este tema?
Tal vez se me podrá objetar que estoy planteando la cuestión del subte como un apéndice dentro de nuestra posición, pero este es un tema esencial de la vida de los argentinos, en particular de los más pobres.
Yo mencionaba ayer que según un estudio muy serio la oferta de asientos de colectivo en San Isidro es diez veces mayor que en Florencio Varela, y los grupos económicos que hoy están detrás de este escándalo son los mismos que hacen plata en San Isidro y joroban –por no decir otra palabra a la gente de Florencio Varela ofreciéndole menos asientos para ir a trabajar.
Lo mismo podría decir del delirio de la inversión en Aerolíneas Argentinas: por cada persona que viaja en un avión, que nos cuesta 2 millones de dólares por día, 120 personas viajan hacinadas en tren. Pero eso no importa, total ya veremos cómo nos arreglamos.
Quiero finalizar incitando a que abordemos este tema con la importancia que se merece: no se trata de “tirárselo por la cabeza” a la Ciudad o de lograr que Macri no gane las elecciones.
Me sorprende también el énfasis institucionalista que he oído en el informe del oficialismo, cuando ayer un señor diputado dijo que “esto de hablar de las instituciones es propio de la derecha liberal”. Si así fuera, ¡vivan las instituciones, hablemos lo que hablemos de la derecha liberal!
Esto se arregla con diálogo; esto se arregla con una política de transporte que tome una opción preferencial por los pobres y que no sea un negocio sino un servicio. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
SR. NEGRI, MARIO RAUL (CORDOBA):
Señor presidente, queridos colegas: ¿en qué condiciones estamos arribando casi al final de este debate? Queremos dejar en claro dos o tres puntos. En primer lugar, nos sentimos absolutamente competentes para tratar la materia en discusión, no sólo por el artículo 75 de la Constitución sino porque éste establece que es competencia del Congreso debatir cuando se trata de la disposición de recursos que están en el presupuesto nacional.
En segundo término, no sería sincero si no dijera que sentimos una profunda insatisfacción por la manera en que se ha llegado a este debate. Éste no es el resultado de una pequeña diferencia entre el Gobierno de la Ciudad y el gobierno nacional. Aclaro que no lo digo peyorativamente.
Este debate no va a resolver el problema de fondo de los ciudadanos, que es el transporte, el transporte general, el que lleva ganado en vez de personas, el que lleva gente que sabe cuándo sale de la casa pero no cuándo regresará, el transporte desequilibrado por la forma discrecional del manejo de subsidios a lo largo y a lo ancho del país.
Además, aunque no lo quieran confesar, se ha producido una enorme impotencia entre ambos gobiernos. Tengo la impresión de que se desató el corolario final de la confrontación por la huida de las responsabilidades que tienen ambos gobiernos: disparar hacia adelante.
La discusión no tenía que ver con que alguien no supiese resolver la ecuación económico financiera o con la falta de dinero de subsidios para seguir financiando el sistema de transporte de subterráneos o automotor. La huida se produce por miedo a la responsabilidad de hacerse cargo de la muerte.
En definitiva, lo que se sabe es que al no haber existido una respuesta eficiente al problema del transporte, el hecho ocurrido en Once muestra la antesala de lo que puede suceder en otro lado.
Cuando en un reportaje en televisión le preguntaron al jefe de Gobierno de la Ciudad cuánto había incidido en su decisión el accidente ocurrido en Once, creo que respondió con buena fe cuando dijo: “absolutamente todo”. También me lo dijo en una comisión un amigo cercano al Gobierno: “Menos mal que estamos tratando de sacarnos los problemas rápidamente, porque como está el sistema de transporte, en cualquier momento lo que sucedió en Once se repetirá en los subtes.”
Es decir que más allá de cómo finalice esta discusión, cosa que no ocurrirá en este Congreso sino en la Corte, como prácticamente todo lo preanuncia, para la política queda pendiente el debate de fondo: no huir de la responsabilidad, porque intentando huir de la responsabilidad sin resolver el problema esencial que tiene que ver con el transporte para los ciudadanos, o sea que estamos haciendo una competencia no de “mejor gobierno” sino de mejor “desgobierno”.
Por otro lado, queremos señalar que no nos sumaremos al debate en torno del virulento federalismo ejercido desde el gobierno nacional. Sin importar al partido político al que pertenecemos, todos sabemos que desde hace rato vivimos con un federalismo invertido: concentración de recursos hacia arriba y drenaje mínimo hacia abajo. Se trata de la pérdida de derecho de las provincias, de concesión de responsabilidades nunca recuperadas, de un 75 por ciento de recursos que maneja la Nación mientras que a las provincias les queda el 25 por ciento restante.
No entraremos en una pelea, pues ya demasiado dolor hay entre provincianos y capitalinos. Nosotros ratificamos la política de subsidios, pero realizada con transparencia, no aquella que durante diez años ha sido escondida debajo de la prórroga de la ley de emergencia, que permite efectuar una distribución discrecional entre hijos, amigos y empresarios. Tal política de subsidios desiguala.
Nosotros reclamamos una distribución equitativa a lo largo y a lo ancho del país. No nos oponemos porque sí; lo hacemos porque se han ido por el colador miles de millones de pesos sin que haya existido una respuesta al respecto.
Por otra parte, queremos referirnos al texto del proyecto que ha sido enviado al Congreso. En el artículo 1° se establece la ratificación de un convenio, por lo que no hay mucho que agregar. Sin embargo, el artículo 2° no es el resultado de un acuerdo sino que obedece a la disputa política entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el gobierno nacional: se trata del traspaso de los servicios del transporte automotor de pasajeros. Por lo tanto, como tal disposición no surge de acuerdo alguno, no es posible que se le dé el mismo tratamiento que al artículo 1°, sino que debe recorrer el camino que siguió la iniciativa en debate para ingresar al Parlamento.
Por otro lado, debemos discutir acerca de los recursos. Siempre dijimos que la ley Cafiero significó un parche en determinado momento y que siempre sería motivo de discusión hasta que se derogara. Esto renace en este debate.
No argumentaré en torno de los antecedentes legales que existen desde la privatización, la transferencia, hasta la discusión de la ley 373 sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Prácticamente, no ha habido debate sobre la transferencia.
Sí existió el acuerdo del jefe de Gobierno. Nosotros, respetuosamente, entendemos que no se trata de una discusión de sofisticación. Quiero decir a ustedes, queridos amigos, y al jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que si además de aceptar la transferencia mediante un acta, habiendo señalado públicamente que lo hizo en un momento de debilidad en razón de la enfermedad de la presidenta, indica que gustosamente aumentará las tarifas en un 127 por ciento, porque para gobernar hay que hacer lo que debe hacerse y no lo que uno quiere; esto es así de manera obvia: si tiene cuatro patas, relincha y parece un caballo, entonces, es un caballo. Todo esto, independientemente de que el asunto después termine en la Corte Suprema.
Existe un nudo imposible de resolver: la decisión de la responsabilidad política de haber dado ese paso. No hay razones para excusarse. Sin embargo, para desquitarse, el gobierno metió de rondón el artículo 2°. Aquí sí entramos en una situación mucho más difícil.
Como bien ha señalado el radicalismo en sus observaciones y en su dictamen disidente, en relación con el traspaso del servicio automotor de pasajeros debe ampliarse el área metropolitana y crearse un ente de regulación entre la Ciudad y la provincia. Racionalmente debemos ir hacia un debate de fondo sin “tirarnos” con tranvías, subtes u ómnibus.
Ahora, vemos que en el artículo 2° del proyecto se pretende trasmitir a la Ciudad treinta y tres líneas de ómnibus de las ciento veintinueve que tiene el AMBA. Ello, sin ningún tipo de explicación, de ecuación ni razón para que el usuario sepa cómo se interferirán las competencias. De esta manera el gobierno nacional preserva el subsidio y lo manda a la Ciudad para que regule la tarifa. Esto no sólo es un grave error sino un acto de irresponsabilidad. Además, su base jurídica es absolutamente débil.
Todos sabemos lo que significó la prórroga de la ley de emergencia, y también conocemos que en el año 94 a raíz del decreto 656 se estableció que dentro del sistema de transporte urbano y suburbano con jurisdicción en la Nación, que rige en la Capital Federal y en los partidos que conforman la región metropolitana, los contratos debían ser regulados y renegociados por un acto administrativo que se le encargó a la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos bajo la órbita de la Secretaría de Transporte de la Nación.
Pero la ley de emergencia y sus prórrogas suspendieron esta posibilidad, y la suspensión durante años de esta posibilidad de renegociación de los contratos dio origen a lo que genuinamente terminó siendo el acto de mayor discrecionalidad -e inclusive de corrupción-, porque los subsidios nacieron como una base de equilibrio compensatorio frente a la falta de renegociación de los contratos de servicios públicos, con el objeto de que el Estado nacional pusiera el dinero suficiente para poder compensar el resultado insatisfecho de una renegociación nunca llevada a cabo. Por supuesto, esto se desmadró y terminó dando vueltas en cualquier lado y en los bolsillos de cualquier empresario.
Esa fue la génesis de lo que terminamos haciendo desde el Estado, que ahora se quiere desprender de este mandato actuando con absoluta irresponsabilidad.
El radicalismo está dispuesto a debatir. Además, ha hecho una contribución en este sentido. En 1998 ya se creó un ente que tuvo una imposibilidad material de avanzar en el área metropolitana porque la ley disponía el consentimiento de dieciocho municipios del conurbano, pero todos saben que es imposible tener unanimidad en este sentido, tal como ocurre con la ley de coparticipación. Esta es una meta inalcanzable.
Por eso, la propuesta del radicalismo modifica ese artículo y busca una alternativa lisa y llana. Si realmente quieren resolver el problema cuenten con ese proyecto porque será una contribución absolutamente positiva, pero no se puede plantear una política de traspaso traída de rondón sin un marco de acuerdo –ni siquiera un debate sobre las competencias del transporte urbano de pasajeros y “tirársela” a la Ciudad de Buenos Aires diciéndole que además tiene que manejar las tarifas por su cuenta.
Los subsidios tienen una base de fondo que está dada por la detracción que se aplica al gasoil y a los demás combustibles, y eso lo pagan todos los ciudadanos del país. En consecuencia, hasta tanto no se renegocien los contratos y no se vuelva a la transparencia, cualquier transferencia de servicios ineludiblemente debe ir acompañada de ese equilibrio que pone el Estado nacional a través del subsidio. No se puede sacar la plata a todos los argentinos y quedarse con un pedazo porque están peleados con Macri. Ese es un acto de irresponsabilidad política que se está llevando a cabo. (Aplausos.) Hay que reflexionar, serenarnos y analizar esta situación como corresponde
Señor presidente: no quiero abundar en detalles sobre el federalismo fiscal, la transferencia de subsidios y la falta de transparencia, pero sí quiero hacer una breve reflexión.
Soy de los que piensan que, independientemente de las razones internas y externas, el gobierno resolvió bastante bien los problemas dentro de la casa de los argentinos. Restituyó salarios, volvió al trabajo, recuperó el poder adquisitivo, permitió la adquisición de bienes durables, y pensó que con el aliento del consumo y el manejo de algún criterio eficiente de superávit gemelo, como tuvieron al principio durante la gestión de Néstor Kirchner, esto era suficiente, porque la sociedad a veces se conforma con la resolución de las urgencias en el momento.
Pero la responsabilidad del gobierno no es resolver las urgencias sino prever que no vengan nuevas urgencias, lo digo con toda humildad, aun desde nuestros errores. Dejaron los problemas de afuera de la casa de los ciudadanos y de los argentinos. Se fueron acumulando sin dar respuesta a ninguno.
Por eso, quedó afuera una política de seguridad seria y empezó un proceso de huida, que es el peor. Les digo, porque a nosotros nos pasó, que cuando se comienza a navegar por aguas turbulentas, muchos de los errores son resultados de otros cometidos con anterioridad. Así se empieza a buscar la culpa afuera y se encuentra que el problema de la inseguridad es de Scioli, del progresismo o de la derecha, pero el problema de la inseguridad avanza y no se corrige. Cuando empezamos a reclamar un nuevo federalismo, se dice que las provincias son indisciplinadas y no se cumplen los convenios.
La presidenta nos advirtió que este año el déficit se basaba en lo que tenemos que pagar para importar energía, lo que superará los 10.000 millones de dólares. ¡Oh, sorpresa! El ministro De Vido, en un reportaje otorgado a Página/12 en 2010, dijo que íbamos a tener gas por noventa años y que los argentinos nos íbamos a tener que acostumbrar al anuncio del descubrimiento de un nuevo pozo petrolero cada tres meses. Eran los tiempos de abrazos con Eskenazi, de la nueva burguesía nacional y de los progresistas. Frente a ello, ahora tenemos el déficit y una falta de respuesta estructural por no haber entendido los problemas.
La agenda no contempla el “afuera” de la casa de los ciudadanos y hoy vivimos un espiral que no tiene respuesta. Salvo que sea por la sinarquía, como se dice, la nafta aumenta igual, independientemente de lo que el gobierno quiera hacer. Cuando se trata del transporte, ya se sabe lo que dijimos. Cuando se quiso evitar la salida de dólares y poner un cepo a la política cambiaria, llegamos a lo más novedoso...
En segundo término, no sería sincero si no dijera que sentimos una profunda insatisfacción por la manera en que se ha llegado a este debate. Éste no es el resultado de una pequeña diferencia entre el Gobierno de la Ciudad y el gobierno nacional. Aclaro que no lo digo peyorativamente.
Este debate no va a resolver el problema de fondo de los ciudadanos, que es el transporte, el transporte general, el que lleva ganado en vez de personas, el que lleva gente que sabe cuándo sale de la casa pero no cuándo regresará, el transporte desequilibrado por la forma discrecional del manejo de subsidios a lo largo y a lo ancho del país.
Además, aunque no lo quieran confesar, se ha producido una enorme impotencia entre ambos gobiernos. Tengo la impresión de que se desató el corolario final de la confrontación por la huida de las responsabilidades que tienen ambos gobiernos: disparar hacia adelante.
La discusión no tenía que ver con que alguien no supiese resolver la ecuación económico financiera o con la falta de dinero de subsidios para seguir financiando el sistema de transporte de subterráneos o automotor. La huida se produce por miedo a la responsabilidad de hacerse cargo de la muerte.
En definitiva, lo que se sabe es que al no haber existido una respuesta eficiente al problema del transporte, el hecho ocurrido en Once muestra la antesala de lo que puede suceder en otro lado.
Cuando en un reportaje en televisión le preguntaron al jefe de Gobierno de la Ciudad cuánto había incidido en su decisión el accidente ocurrido en Once, creo que respondió con buena fe cuando dijo: “absolutamente todo”. También me lo dijo en una comisión un amigo cercano al Gobierno: “Menos mal que estamos tratando de sacarnos los problemas rápidamente, porque como está el sistema de transporte, en cualquier momento lo que sucedió en Once se repetirá en los subtes.”
Es decir que más allá de cómo finalice esta discusión, cosa que no ocurrirá en este Congreso sino en la Corte, como prácticamente todo lo preanuncia, para la política queda pendiente el debate de fondo: no huir de la responsabilidad, porque intentando huir de la responsabilidad sin resolver el problema esencial que tiene que ver con el transporte para los ciudadanos, o sea que estamos haciendo una competencia no de “mejor gobierno” sino de mejor “desgobierno”.
Por otro lado, queremos señalar que no nos sumaremos al debate en torno del virulento federalismo ejercido desde el gobierno nacional. Sin importar al partido político al que pertenecemos, todos sabemos que desde hace rato vivimos con un federalismo invertido: concentración de recursos hacia arriba y drenaje mínimo hacia abajo. Se trata de la pérdida de derecho de las provincias, de concesión de responsabilidades nunca recuperadas, de un 75 por ciento de recursos que maneja la Nación mientras que a las provincias les queda el 25 por ciento restante.
No entraremos en una pelea, pues ya demasiado dolor hay entre provincianos y capitalinos. Nosotros ratificamos la política de subsidios, pero realizada con transparencia, no aquella que durante diez años ha sido escondida debajo de la prórroga de la ley de emergencia, que permite efectuar una distribución discrecional entre hijos, amigos y empresarios. Tal política de subsidios desiguala.
Nosotros reclamamos una distribución equitativa a lo largo y a lo ancho del país. No nos oponemos porque sí; lo hacemos porque se han ido por el colador miles de millones de pesos sin que haya existido una respuesta al respecto.
Por otra parte, queremos referirnos al texto del proyecto que ha sido enviado al Congreso. En el artículo 1° se establece la ratificación de un convenio, por lo que no hay mucho que agregar. Sin embargo, el artículo 2° no es el resultado de un acuerdo sino que obedece a la disputa política entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el gobierno nacional: se trata del traspaso de los servicios del transporte automotor de pasajeros. Por lo tanto, como tal disposición no surge de acuerdo alguno, no es posible que se le dé el mismo tratamiento que al artículo 1°, sino que debe recorrer el camino que siguió la iniciativa en debate para ingresar al Parlamento.
Por otro lado, debemos discutir acerca de los recursos. Siempre dijimos que la ley Cafiero significó un parche en determinado momento y que siempre sería motivo de discusión hasta que se derogara. Esto renace en este debate.
No argumentaré en torno de los antecedentes legales que existen desde la privatización, la transferencia, hasta la discusión de la ley 373 sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Prácticamente, no ha habido debate sobre la transferencia.
Sí existió el acuerdo del jefe de Gobierno. Nosotros, respetuosamente, entendemos que no se trata de una discusión de sofisticación. Quiero decir a ustedes, queridos amigos, y al jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que si además de aceptar la transferencia mediante un acta, habiendo señalado públicamente que lo hizo en un momento de debilidad en razón de la enfermedad de la presidenta, indica que gustosamente aumentará las tarifas en un 127 por ciento, porque para gobernar hay que hacer lo que debe hacerse y no lo que uno quiere; esto es así de manera obvia: si tiene cuatro patas, relincha y parece un caballo, entonces, es un caballo. Todo esto, independientemente de que el asunto después termine en la Corte Suprema.
Existe un nudo imposible de resolver: la decisión de la responsabilidad política de haber dado ese paso. No hay razones para excusarse. Sin embargo, para desquitarse, el gobierno metió de rondón el artículo 2°. Aquí sí entramos en una situación mucho más difícil.
Como bien ha señalado el radicalismo en sus observaciones y en su dictamen disidente, en relación con el traspaso del servicio automotor de pasajeros debe ampliarse el área metropolitana y crearse un ente de regulación entre la Ciudad y la provincia. Racionalmente debemos ir hacia un debate de fondo sin “tirarnos” con tranvías, subtes u ómnibus.
Ahora, vemos que en el artículo 2° del proyecto se pretende trasmitir a la Ciudad treinta y tres líneas de ómnibus de las ciento veintinueve que tiene el AMBA. Ello, sin ningún tipo de explicación, de ecuación ni razón para que el usuario sepa cómo se interferirán las competencias. De esta manera el gobierno nacional preserva el subsidio y lo manda a la Ciudad para que regule la tarifa. Esto no sólo es un grave error sino un acto de irresponsabilidad. Además, su base jurídica es absolutamente débil.
Todos sabemos lo que significó la prórroga de la ley de emergencia, y también conocemos que en el año 94 a raíz del decreto 656 se estableció que dentro del sistema de transporte urbano y suburbano con jurisdicción en la Nación, que rige en la Capital Federal y en los partidos que conforman la región metropolitana, los contratos debían ser regulados y renegociados por un acto administrativo que se le encargó a la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos bajo la órbita de la Secretaría de Transporte de la Nación.
Pero la ley de emergencia y sus prórrogas suspendieron esta posibilidad, y la suspensión durante años de esta posibilidad de renegociación de los contratos dio origen a lo que genuinamente terminó siendo el acto de mayor discrecionalidad -e inclusive de corrupción-, porque los subsidios nacieron como una base de equilibrio compensatorio frente a la falta de renegociación de los contratos de servicios públicos, con el objeto de que el Estado nacional pusiera el dinero suficiente para poder compensar el resultado insatisfecho de una renegociación nunca llevada a cabo. Por supuesto, esto se desmadró y terminó dando vueltas en cualquier lado y en los bolsillos de cualquier empresario.
Esa fue la génesis de lo que terminamos haciendo desde el Estado, que ahora se quiere desprender de este mandato actuando con absoluta irresponsabilidad.
El radicalismo está dispuesto a debatir. Además, ha hecho una contribución en este sentido. En 1998 ya se creó un ente que tuvo una imposibilidad material de avanzar en el área metropolitana porque la ley disponía el consentimiento de dieciocho municipios del conurbano, pero todos saben que es imposible tener unanimidad en este sentido, tal como ocurre con la ley de coparticipación. Esta es una meta inalcanzable.
Por eso, la propuesta del radicalismo modifica ese artículo y busca una alternativa lisa y llana. Si realmente quieren resolver el problema cuenten con ese proyecto porque será una contribución absolutamente positiva, pero no se puede plantear una política de traspaso traída de rondón sin un marco de acuerdo –ni siquiera un debate sobre las competencias del transporte urbano de pasajeros y “tirársela” a la Ciudad de Buenos Aires diciéndole que además tiene que manejar las tarifas por su cuenta.
Los subsidios tienen una base de fondo que está dada por la detracción que se aplica al gasoil y a los demás combustibles, y eso lo pagan todos los ciudadanos del país. En consecuencia, hasta tanto no se renegocien los contratos y no se vuelva a la transparencia, cualquier transferencia de servicios ineludiblemente debe ir acompañada de ese equilibrio que pone el Estado nacional a través del subsidio. No se puede sacar la plata a todos los argentinos y quedarse con un pedazo porque están peleados con Macri. Ese es un acto de irresponsabilidad política que se está llevando a cabo. (Aplausos.) Hay que reflexionar, serenarnos y analizar esta situación como corresponde
Señor presidente: no quiero abundar en detalles sobre el federalismo fiscal, la transferencia de subsidios y la falta de transparencia, pero sí quiero hacer una breve reflexión.
Soy de los que piensan que, independientemente de las razones internas y externas, el gobierno resolvió bastante bien los problemas dentro de la casa de los argentinos. Restituyó salarios, volvió al trabajo, recuperó el poder adquisitivo, permitió la adquisición de bienes durables, y pensó que con el aliento del consumo y el manejo de algún criterio eficiente de superávit gemelo, como tuvieron al principio durante la gestión de Néstor Kirchner, esto era suficiente, porque la sociedad a veces se conforma con la resolución de las urgencias en el momento.
Pero la responsabilidad del gobierno no es resolver las urgencias sino prever que no vengan nuevas urgencias, lo digo con toda humildad, aun desde nuestros errores. Dejaron los problemas de afuera de la casa de los ciudadanos y de los argentinos. Se fueron acumulando sin dar respuesta a ninguno.
Por eso, quedó afuera una política de seguridad seria y empezó un proceso de huida, que es el peor. Les digo, porque a nosotros nos pasó, que cuando se comienza a navegar por aguas turbulentas, muchos de los errores son resultados de otros cometidos con anterioridad. Así se empieza a buscar la culpa afuera y se encuentra que el problema de la inseguridad es de Scioli, del progresismo o de la derecha, pero el problema de la inseguridad avanza y no se corrige. Cuando empezamos a reclamar un nuevo federalismo, se dice que las provincias son indisciplinadas y no se cumplen los convenios.
La presidenta nos advirtió que este año el déficit se basaba en lo que tenemos que pagar para importar energía, lo que superará los 10.000 millones de dólares. ¡Oh, sorpresa! El ministro De Vido, en un reportaje otorgado a Página/12 en 2010, dijo que íbamos a tener gas por noventa años y que los argentinos nos íbamos a tener que acostumbrar al anuncio del descubrimiento de un nuevo pozo petrolero cada tres meses. Eran los tiempos de abrazos con Eskenazi, de la nueva burguesía nacional y de los progresistas. Frente a ello, ahora tenemos el déficit y una falta de respuesta estructural por no haber entendido los problemas.
La agenda no contempla el “afuera” de la casa de los ciudadanos y hoy vivimos un espiral que no tiene respuesta. Salvo que sea por la sinarquía, como se dice, la nafta aumenta igual, independientemente de lo que el gobierno quiera hacer. Cuando se trata del transporte, ya se sabe lo que dijimos. Cuando se quiso evitar la salida de dólares y poner un cepo a la política cambiaria, llegamos a lo más novedoso...
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Señor diputado: tengo el pedido de palabra de otra legisladora de su bloque.
SR. NEGRI, MARIO RAUL (CORDOBA):
Ya concluyo, señor presidente.
Fíjense que se ha roto toda la teoría económica, desde Marx para acá. Apareció Moreno y nos explicó con toda seguridad que para normalizar los desequilibrios representados por un combo de endeudamiento, fuga de capitales, alta inflación y deterioro del salario real deberíamos recurrir al teléfono, extorsionando, o ganar nuevos mercados, yendo a Uganda, el lugar del peor dictador del momento, además para vender preservativos.
Estamos mal y tenemos problemas. La agenda por delante es larga. El gobierno apoya la ratificación del acuerdo y vamos a explicar en particular las diferencias que tenemos, pero quiero advertir que no se ha resuelto el tema del transporte o de la energía.
Si siguen huyendo de las responsabilidades, lo que tendrán por delante es ver quién se hace cargo de más muertes y no de más vidas en la Argentina. (Aplausos.)
Fíjense que se ha roto toda la teoría económica, desde Marx para acá. Apareció Moreno y nos explicó con toda seguridad que para normalizar los desequilibrios representados por un combo de endeudamiento, fuga de capitales, alta inflación y deterioro del salario real deberíamos recurrir al teléfono, extorsionando, o ganar nuevos mercados, yendo a Uganda, el lugar del peor dictador del momento, además para vender preservativos.
Estamos mal y tenemos problemas. La agenda por delante es larga. El gobierno apoya la ratificación del acuerdo y vamos a explicar en particular las diferencias que tenemos, pero quiero advertir que no se ha resuelto el tema del transporte o de la energía.
Si siguen huyendo de las responsabilidades, lo que tendrán por delante es ver quién se hace cargo de más muertes y no de más vidas en la Argentina. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra la señora diputada por Mendoza.
SRA. JURI, MARIANA (MENDOZA):
Señor presidente: pocas cosas me han causado tanta satisfacción en este Parlamento como comenzar a leer los fundamentos del proyecto de ley que giró el Poder Ejecutivo, que hoy estamos considerando. Allí se puede leer en su primer párrafo: “Someter a su consideración un proyecto de ley que tiene por objeto garantizar la distribución equitativa de los recursos del Estado entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de servicios públicos.”
Esto, a mí en particular y a todos los diputados del bloque, nos predispuso especialmente a dar tratamiento a la cuestión, creyendo que íbamos a comenzar con la discusión de dos temas que aparecían en los fundamentos de ese proyecto de ley: la injusta distribución de un sistema público de trasporte que no funciona en el país, que nada tiene de federal, y un corrupto e ineficaz sistema de subsidios donde el Estado cada vez pone más plata para que los usuarios viajen peor.
También pensábamos que al fin íbamos a discutir el sistema de transporte que merecemos, ya que el actual desnuda el absoluto fracaso de la política en ese ámbito, que hoy día, lamentablemente, se llama “Once” y otro día vaya a saber cómo se va a llamar si este Parlamento no discute en serio estos aspectos.
Pero muy pronto llegó mi desilusión. El proyecto apenas contemplaba una minúscula porción del gran desafío que cada uno de nosotros teníamos por delante. Para colmo, la discusión de este proyecto ha dejado absolutamente afuera a los usuarios, y encima debemos ser parte de una pelea entre dos gobernantes que han sido ineficaces en su actuación y que nada demuestra que les preocupa resolver el problema de fondo.
Desde nuestro bloque insistimos en que debatir en forma aislada los subtes y los micros de la Ciudad de Buenos Aires es un gran error y demuestra incapacidad política para resolver los problemas que tenemos los argentinos. Nada, absolutamente nada, en este proyecto y en el dictamen nos lleva a discutir lo más valioso, que es el federalismo, el verdadero federalismo que necesitamos resolver en forma urgente todos los diputados para modificar un sistema que cada vez más ahoga a las provincias, a sus gobernadores y habitantes.
Hasta la asunción de este gobierno a las provincias se les transfería en forma automática del 35 al 40 por ciento de la recaudación nacional; ahora hay que mendigar apenas un 25 por ciento, que no nos permite atender el trasporte y ni siquiera la salud y la educación.
En segundo lugar, quiero que se trate lo que quedó fuera del proyecto, que es la escandalosa política de subsidios, y pedir más trasparencia. ¿Cómo hacemos para saber con el SIFER, el SISTAU, el Siscota, el REFOP, todos nombres raros que parecen a propósito, para saber cuántos son los subsidios y mejorar el sistema de trasporte en la República Argentina?
Esto, a mí en particular y a todos los diputados del bloque, nos predispuso especialmente a dar tratamiento a la cuestión, creyendo que íbamos a comenzar con la discusión de dos temas que aparecían en los fundamentos de ese proyecto de ley: la injusta distribución de un sistema público de trasporte que no funciona en el país, que nada tiene de federal, y un corrupto e ineficaz sistema de subsidios donde el Estado cada vez pone más plata para que los usuarios viajen peor.
También pensábamos que al fin íbamos a discutir el sistema de transporte que merecemos, ya que el actual desnuda el absoluto fracaso de la política en ese ámbito, que hoy día, lamentablemente, se llama “Once” y otro día vaya a saber cómo se va a llamar si este Parlamento no discute en serio estos aspectos.
Pero muy pronto llegó mi desilusión. El proyecto apenas contemplaba una minúscula porción del gran desafío que cada uno de nosotros teníamos por delante. Para colmo, la discusión de este proyecto ha dejado absolutamente afuera a los usuarios, y encima debemos ser parte de una pelea entre dos gobernantes que han sido ineficaces en su actuación y que nada demuestra que les preocupa resolver el problema de fondo.
Desde nuestro bloque insistimos en que debatir en forma aislada los subtes y los micros de la Ciudad de Buenos Aires es un gran error y demuestra incapacidad política para resolver los problemas que tenemos los argentinos. Nada, absolutamente nada, en este proyecto y en el dictamen nos lleva a discutir lo más valioso, que es el federalismo, el verdadero federalismo que necesitamos resolver en forma urgente todos los diputados para modificar un sistema que cada vez más ahoga a las provincias, a sus gobernadores y habitantes.
Hasta la asunción de este gobierno a las provincias se les transfería en forma automática del 35 al 40 por ciento de la recaudación nacional; ahora hay que mendigar apenas un 25 por ciento, que no nos permite atender el trasporte y ni siquiera la salud y la educación.
En segundo lugar, quiero que se trate lo que quedó fuera del proyecto, que es la escandalosa política de subsidios, y pedir más trasparencia. ¿Cómo hacemos para saber con el SIFER, el SISTAU, el Siscota, el REFOP, todos nombres raros que parecen a propósito, para saber cuántos son los subsidios y mejorar el sistema de trasporte en la República Argentina?
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR. FELETTI, ROBERTO JOSE (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: ayer me referí a la derecha liberal –ratifico el término para caracterizarla precisamente- porque aquí hay quienes creen –y es legítimo que las fuerzas de mercado son las que mejor asignan recursos en la economía y por lo tanto hay que dejarlas en libertad.
Son esas fuerzas de mercado las que, cuando las instituciones elegidas por el voto popular emiten normas que pretenden regularlas –como lo viene haciendo este Congreso de la Nación desde 2003 automáticamente tratan de degradarlas. Por eso, se habla de “escribanía”, de “trámite exprés” y de “aplicación categórica de mayorías”.
Sobre este punto quiero ser enfático, porque en otras épocas la derecha liberal recurría al partido militar para cerrar las instituciones que no respondían a la fuerza de mercado. (Aplausos.)
Son esas fuerzas de mercado las que, cuando las instituciones elegidas por el voto popular emiten normas que pretenden regularlas –como lo viene haciendo este Congreso de la Nación desde 2003 automáticamente tratan de degradarlas. Por eso, se habla de “escribanía”, de “trámite exprés” y de “aplicación categórica de mayorías”.
Sobre este punto quiero ser enfático, porque en otras épocas la derecha liberal recurría al partido militar para cerrar las instituciones que no respondían a la fuerza de mercado. (Aplausos.)
SR. AMADEO, EDUARDO PABLO (BUENOS AIRES):
Solicito una interrupción, señor presidente.
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
No hay ninguna referencia personal, señor diputado.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR. FELETTI, ROBERTO JOSE (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
El segundo punto que es muy importante es el proceso de inversión pública en la Argentina. ¿Por qué es importante? En el año 2003 la tasa de inversión pública en la Argentina era del 0,8 por ciento del producto; en 2011, fue del 4,2 por ciento. Es decir que este gobierno cuadruplicó la tasa de inversión pública. De no ser así, el producto no hubiera podido crecer el 70 por ciento en todo ese período.
Acá permanentemente escuchamos hablar de las debilidades de inversión del país pero nadie habla de las condiciones en que se recibieron los servicios públicos, de la infraestructura ni del tipo de contrato que tenían esos servicios públicos. El gobierno tuvo que escindir el tipo de contrato, hacerse cargo de los procesos de inversión incumplidos e impedir que la ruptura de contratos –porque muchas tarifas estaban dolarizadas impactara sobre la gente por la vía de la regulación y el subsidio.
Ese fue el modelo que se eligió, que entre otras cosas permitió que la expansión de servicios públicos acompañara el proceso de crecimiento vertiginoso que tuvo el país, con fuerte inclusión social y caída del desempleo.
Ayer, yo citaba que cada punto de crecimiento del producto implica un 20 por ciento más de demanda de movilidad. Esta última crece un 1,2 por ciento por cada punto del producto y el gobierno tuvo que dar respuesta, en simultáneo, a la integración social, al proceso de expansión de la cobertura previsional, al proceso de regulación de tarifas, al proceso de expansión de la inversión pública y, de ese modo, producir la baja de desempleo con crecimiento. Digo esto porque, si no, estamos mostrando una verdad incompleta.
A partir de la década del 90, las reformas del mercado plantearon, en definitiva, el proceso de inversión que necesariamente hubo que revertir. Aparte, es una cuestión de orden práctico: no podría haber crecido la economía sin este proceso de inversión, con los pronósticos sistemáticos cada año del colapso permanente del sistema de infraestructura del país, cosa que no ocurrió.
Insisto, la demanda de movilidad crece 1,2 por cada punto que crece el producto –porque aumenta por otras razones, y el gobierno tuvo que dar respuesta a esta situación. No pongamos en el escenario de discusión factores tomando aspectos puntuales sin tener bien en claro el proceso.
Este gobierno ha hecho notables esfuerzos a diferencia de lo que cree la derecha liberal para corregir las inequidades de las fuerzas del mercado.
Acá permanentemente escuchamos hablar de las debilidades de inversión del país pero nadie habla de las condiciones en que se recibieron los servicios públicos, de la infraestructura ni del tipo de contrato que tenían esos servicios públicos. El gobierno tuvo que escindir el tipo de contrato, hacerse cargo de los procesos de inversión incumplidos e impedir que la ruptura de contratos –porque muchas tarifas estaban dolarizadas impactara sobre la gente por la vía de la regulación y el subsidio.
Ese fue el modelo que se eligió, que entre otras cosas permitió que la expansión de servicios públicos acompañara el proceso de crecimiento vertiginoso que tuvo el país, con fuerte inclusión social y caída del desempleo.
Ayer, yo citaba que cada punto de crecimiento del producto implica un 20 por ciento más de demanda de movilidad. Esta última crece un 1,2 por ciento por cada punto del producto y el gobierno tuvo que dar respuesta, en simultáneo, a la integración social, al proceso de expansión de la cobertura previsional, al proceso de regulación de tarifas, al proceso de expansión de la inversión pública y, de ese modo, producir la baja de desempleo con crecimiento. Digo esto porque, si no, estamos mostrando una verdad incompleta.
A partir de la década del 90, las reformas del mercado plantearon, en definitiva, el proceso de inversión que necesariamente hubo que revertir. Aparte, es una cuestión de orden práctico: no podría haber crecido la economía sin este proceso de inversión, con los pronósticos sistemáticos cada año del colapso permanente del sistema de infraestructura del país, cosa que no ocurrió.
Insisto, la demanda de movilidad crece 1,2 por cada punto que crece el producto –porque aumenta por otras razones, y el gobierno tuvo que dar respuesta a esta situación. No pongamos en el escenario de discusión factores tomando aspectos puntuales sin tener bien en claro el proceso.
Este gobierno ha hecho notables esfuerzos a diferencia de lo que cree la derecha liberal para corregir las inequidades de las fuerzas del mercado.
- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª de la Honorable Cámara, profesora Norma Amanda Abdala de Matarazzo.
SR. FELETTI, ROBERTO JOSE (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
No quería dejar de hacer este análisis sobre el proceso de inversión pública en la Argentina y las necesidades de cuadruplicarlo para dar respuesta al proceso de crecimiento, por supuesto con debilidades, porque nuestro gobierno no eligió ser competitivo por el salario. No hablamos de “costo argentino”. Elevamos la inversión pública porque no hablamos –como se habló siempre de “costo argentino”, que justificaba la baja nominal del salario o la pérdida de derechos laborales como forma de hacer una Argentina más competitiva. Ese recorrido no lo hicimos; no elegimos ser competitivos por el salario.
Por eso, pensamos que los vectores de competitividad, además de las ventajas naturales de este país, son la infraestructura, la energía, el transporte, y estamos dando un debate y llevando a cabo un conjunto de acciones de gobierno para resolver esos vectores de competitividad porque –reitero no elegimos ser competitivos por el salario.
Por eso, este gobierno no habla de costo argentino y por eso la política cambiaria responde a las necesidades de preservar el empleo y, simultáneamente, preservar el salario.
Yendo directamente al tema de los subtes, creo que la discusión se ha tornado ociosa. Es bastante poco sustentable que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no acepte administrar el sistema de subtes.
Con respecto al problema de los recursos –no me voy a referir a los temas legales porque la señora diputada Conti fue muy clara al respecto, ayer preguntaba en la comisión, cosa que ningún diputado del partido oficialista de la Ciudad de Buenos Aires me supo responder, si 2,50 pesos es una tarifa de equilibrio o no, porque por algo han decidido aumentar las tarifas un 127 por ciento. Pregunto: ¿es esta una tarifa de equilibrio o no? Los 360 millones de pesos en cuotas que suponen la mitad de los subsidios que transfiere el gobierno, ¿alcanzan o no para un mayor gradualismo en el futuro? ¿Cuál es la razón por la que pretendemos resolver un tema de orden institucional, jurisdiccional y político, colocando en cabeza de una sola jurisdicción la administración del sistema de transporte público de esa jurisdicción? Justamente, para evitar la ruptura de contratos que hemos tenido en 2001 y 2002, y resolver de modo tal que sea una sola jurisdicción la que regule la extensión de la red, la frecuencia, el mantenimiento y las tarifas. ¿Acaso alguien que quiere ser presidente no puede administrar seis líneas de subte?
Estas son las cuestiones que debemos poner en discusión en el centro de la escena. No es real que falten recursos. Si faltaran, ¿por qué razón aumentaron las tarifas? ¿Por qué nadie dice que la tarifa de 2,5 pesos es de equilibrio, cuando en 2005 distaba apenas un 50 por ciento de la tarifa nominal? Eso impactaba en menos del uno por ciento del presupuesto de la Ciudad. Hoy, el subsidio de 720 millones de pesos representa el 2,3 por ciento del presupuesto de la Ciudad. Si lo dividimos por la mitad, es del 1,2 por ciento del presupuesto de la Ciudad. Si aún pensamos que ésta es una tarifa de equilibrio, el impacto en términos fiscales sería cero. Esta es la respuesta que deben dar los señores diputados del partido oficialista de la Ciudad de Buenos Aires; es decir, si la tarifa de 2,50 pesos es o no de equilibrio, cuando hablan de recursos.
Respecto de las discusiones de las inversiones pendientes, todas las gobernaciones –eso hace al federalismo- las reclaman. Discuten, pero ninguna se desobliga de sus responsabilidades de gobierno, de la infraestructura de sus respectivas provincias, y tampoco lo hacen los municipios.
Hoy, en la Argentina un 10 por ciento de los presupuestos municipales es financiado por el Tesoro nacional, para cubrir los gastos de infraestructura de los dos mil ochocientos veinte municipios. Todos, reitero, discuten y reclaman; pero nadie se desobliga de sus sistemas de alumbrado, pavimentación, cloacas y pluviales.
Es ahora la oportunidad que tiene el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de construir y enunciar un sistema de transporte público, articulando con los colectivos que tienen cabecera y terminal en la Ciudad, la red de subterráneos y los taxis que ya administran para resolver los problemas de movilidad de la Ciudad en materia de transporte de superficie y subterráneo. Afortunadamente, estos problemas han crecido, lo que significa que el país también está creciendo. Cuando la gente no se mueve, es una muy mala señal. De hecho ustedes han hecho campaña diciendo: “Estamos bien, vamos bien”.
Ayer, me referí al debate de las inversiones pendientes que la Ciudad tiene con los porteños. Debieron haber hecho cuarenta kilómetros de subte, pero inauguraron cuatro estaciones; gastaron 1.700 millones de pesos en cuatro años con tasas de subejecución en dos años 2009/2010- cercanas al 70 por ciento. Así y todo, gastaron 1.700 millones de pesos. No hubiera alcanzado para cuarenta kilómetros de subte, pero sí para seis. Sin embargo, inauguraron cuatro estaciones. Entonces, también ustedes tienen problemas de inversión pendiente por los que deberían responder a la ciudadanía. ¿A dónde fueron a parar esos 1.700 millones de pesos que Subterráneos de Buenos Aires reconoce que no ejecutaron ni alcanzaron para terminar cuatro estaciones que ya estaban empezadas?
¿A dónde fueron a parar los 1.175 millones de pesos que tomaron de deuda, que dijeron que era para los subtes, cuando a Subterráneos de Buenos Aires fueron 450 millones de pesos de esos casi 1.200 por los que endeudaron la Ciudad? Las fuerzas de mercado, la derecha liberal, para ser exactos, constituyen otro tema. Reitero: este es otro tema: queremos Estados débiles, desequilibrados, donde no se puedan conocer los niveles de inversión pública y donde además nos endeudamos porque así liberamos a las fuerzas del mercado.
Termino aquí ratificando que el traspaso del subte es una cuestión de orden práctico. El gobierno de la Ciudad lo debe asumir, debe llevarlo adelante, y ojalá muestre que puede administrarlo mejor. (Aplausos.)
Por eso, pensamos que los vectores de competitividad, además de las ventajas naturales de este país, son la infraestructura, la energía, el transporte, y estamos dando un debate y llevando a cabo un conjunto de acciones de gobierno para resolver esos vectores de competitividad porque –reitero no elegimos ser competitivos por el salario.
Por eso, este gobierno no habla de costo argentino y por eso la política cambiaria responde a las necesidades de preservar el empleo y, simultáneamente, preservar el salario.
Yendo directamente al tema de los subtes, creo que la discusión se ha tornado ociosa. Es bastante poco sustentable que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no acepte administrar el sistema de subtes.
Con respecto al problema de los recursos –no me voy a referir a los temas legales porque la señora diputada Conti fue muy clara al respecto, ayer preguntaba en la comisión, cosa que ningún diputado del partido oficialista de la Ciudad de Buenos Aires me supo responder, si 2,50 pesos es una tarifa de equilibrio o no, porque por algo han decidido aumentar las tarifas un 127 por ciento. Pregunto: ¿es esta una tarifa de equilibrio o no? Los 360 millones de pesos en cuotas que suponen la mitad de los subsidios que transfiere el gobierno, ¿alcanzan o no para un mayor gradualismo en el futuro? ¿Cuál es la razón por la que pretendemos resolver un tema de orden institucional, jurisdiccional y político, colocando en cabeza de una sola jurisdicción la administración del sistema de transporte público de esa jurisdicción? Justamente, para evitar la ruptura de contratos que hemos tenido en 2001 y 2002, y resolver de modo tal que sea una sola jurisdicción la que regule la extensión de la red, la frecuencia, el mantenimiento y las tarifas. ¿Acaso alguien que quiere ser presidente no puede administrar seis líneas de subte?
Estas son las cuestiones que debemos poner en discusión en el centro de la escena. No es real que falten recursos. Si faltaran, ¿por qué razón aumentaron las tarifas? ¿Por qué nadie dice que la tarifa de 2,5 pesos es de equilibrio, cuando en 2005 distaba apenas un 50 por ciento de la tarifa nominal? Eso impactaba en menos del uno por ciento del presupuesto de la Ciudad. Hoy, el subsidio de 720 millones de pesos representa el 2,3 por ciento del presupuesto de la Ciudad. Si lo dividimos por la mitad, es del 1,2 por ciento del presupuesto de la Ciudad. Si aún pensamos que ésta es una tarifa de equilibrio, el impacto en términos fiscales sería cero. Esta es la respuesta que deben dar los señores diputados del partido oficialista de la Ciudad de Buenos Aires; es decir, si la tarifa de 2,50 pesos es o no de equilibrio, cuando hablan de recursos.
Respecto de las discusiones de las inversiones pendientes, todas las gobernaciones –eso hace al federalismo- las reclaman. Discuten, pero ninguna se desobliga de sus responsabilidades de gobierno, de la infraestructura de sus respectivas provincias, y tampoco lo hacen los municipios.
Hoy, en la Argentina un 10 por ciento de los presupuestos municipales es financiado por el Tesoro nacional, para cubrir los gastos de infraestructura de los dos mil ochocientos veinte municipios. Todos, reitero, discuten y reclaman; pero nadie se desobliga de sus sistemas de alumbrado, pavimentación, cloacas y pluviales.
Es ahora la oportunidad que tiene el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de construir y enunciar un sistema de transporte público, articulando con los colectivos que tienen cabecera y terminal en la Ciudad, la red de subterráneos y los taxis que ya administran para resolver los problemas de movilidad de la Ciudad en materia de transporte de superficie y subterráneo. Afortunadamente, estos problemas han crecido, lo que significa que el país también está creciendo. Cuando la gente no se mueve, es una muy mala señal. De hecho ustedes han hecho campaña diciendo: “Estamos bien, vamos bien”.
Ayer, me referí al debate de las inversiones pendientes que la Ciudad tiene con los porteños. Debieron haber hecho cuarenta kilómetros de subte, pero inauguraron cuatro estaciones; gastaron 1.700 millones de pesos en cuatro años con tasas de subejecución en dos años 2009/2010- cercanas al 70 por ciento. Así y todo, gastaron 1.700 millones de pesos. No hubiera alcanzado para cuarenta kilómetros de subte, pero sí para seis. Sin embargo, inauguraron cuatro estaciones. Entonces, también ustedes tienen problemas de inversión pendiente por los que deberían responder a la ciudadanía. ¿A dónde fueron a parar esos 1.700 millones de pesos que Subterráneos de Buenos Aires reconoce que no ejecutaron ni alcanzaron para terminar cuatro estaciones que ya estaban empezadas?
¿A dónde fueron a parar los 1.175 millones de pesos que tomaron de deuda, que dijeron que era para los subtes, cuando a Subterráneos de Buenos Aires fueron 450 millones de pesos de esos casi 1.200 por los que endeudaron la Ciudad? Las fuerzas de mercado, la derecha liberal, para ser exactos, constituyen otro tema. Reitero: este es otro tema: queremos Estados débiles, desequilibrados, donde no se puedan conocer los niveles de inversión pública y donde además nos endeudamos porque así liberamos a las fuerzas del mercado.
Termino aquí ratificando que el traspaso del subte es una cuestión de orden práctico. El gobierno de la Ciudad lo debe asumir, debe llevarlo adelante, y ojalá muestre que puede administrarlo mejor. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra el señor diputado por Chubut.
SR. PAIS, JUAN MARIO (CHUBUT):
Señora presidenta: en primer lugar, quiero complementar las muy sólidas y fundadas expresiones de la señora diputada Conti como miembro informante, y también el complemento efectuado por el señor diputado Feletti.
Como seguramente la señora diputada Conti no contó con el tiempo necesario, me voy a referir en concreto a analizar el acta en sí misma, entendiendo que ha quedado resuelta la competencia del Congreso de la Nación y la procedencia y la pertinencia del tratamiento de esta ley. También quedó resuelto que este Congreso de la Nación debe abocarse fundamentalmente a transferir, a ceder y a velar por el derecho de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires en esta materia tan delicada como es el transporte, máxime al haber visto la desidia por parte de quien debe dedicarse directamente al servicio por un imperativo constitucional y de su propio Estatuto Organizativo.
Quiero aclarar que cuando hablamos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no estamos hablando de una provincia más, como se dijo aquí. Las provincias son las 23 que manda la Constitución, tienen una jerarquía y un estatuto diferente, son preexistentes, aunque algunas hayan sido constituidas posteriormente. Así mismo, tienen constitución, porque así lo prevé el artículo 5° de la Constitución Nacional.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un gobierno autónomo, es una ciudad Estado, tiene un estatuto especial que emerge de la Constitución, es un Estatuto Organizativo propio, según lo dispone el artículo 129 del texto constitucional.
Ahora bien, si los porteños o la Convención Constituyente lo llaman “Constitución”, allá ellos. Es un “Estatuto Organizativo”: esa es la jerarquía y el rango que tiene.
Aclarada la cuestión, queremos hablar de que esencialmente estamos analizando y ratificando un proceso que comenzó hace casi veinte años, que debió concluir con la suscripción del acta y después con su instrumentación. Me refiero a la suscripción del acta del 3 de enero pasado.
De la simple lectura del acta no se admiten dudas, porque ratifica expresamente y acepta a partir de ese momento y no supeditada a una ley posterior la transferencia de la concesión de la red de subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El acta dice que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asume en ese acto, en ese instante y a partir de la firma, el control y fiscalización del contrato de concesión en su totalidad, como así también el íntegro ejercicio de la potestad de fijar tarifas del servicio, incluyendo la facultad de establecer la posesión unilateral.
Esto no estaba supeditado a ninguna norma posterior. Esto se debe a que la propia acta y el proceso que ya se venía desarrollando a lo largo de décadas contaba con la sanción de la ley 373, que adhería al decreto 393/99. En forma expresa adhería y facultaba a la transferencia y a la aceptación de esa transferencia de la concesión de subterráneos.
Es más, en los considerandos la Comisión de Servicios Públicos de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires hace casi una suerte de denuncia al entonces jefe de Gobierno, reclamándole que con prontitud concretara esa transferencia del servicio que aceptaba a través de esa adhesión a la ley 373.
Los contratos administrativos deben firmarse, suscribirse, negociarse y cumplirse de buena fe. Este es un requisito esencial que en el orden del derecho administrativo adquiere mayor gravedad y rigidez que en el derecho privado.
La bona fides, como la llamaban los romanos, es un requisito esencial en la negociación, fundamentalmente de quienes ejercen el derecho público y el gobierno. Deben actuar con probidad, con lealtad, con honradez, ajustando su obrar al debido proceso legal y, fundamentalmente, ajustando su obrar a los marcos normativos en los que deben actuar.
El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, De Vido, actuaron en esos marcos normativos. Pero la buena fe contractual se ve violentada cuando advertimos que a los pocos días, y luego de haber tomado principio de ejecución efectiva del contrato, por las razones que fuera se observa una conducta que quiere desdecirse, lo que implica querer decir o asignarle a este instrumento una naturaleza jurídica diferente. O sea, decir que no se dijo lo que se dijo, que no se firmó lo que se firmó, no asumir una responsabilidad que se asumió.
Esta es la realidad que también estamos discutiendo en el Congreso de la Nación y esto es lo que hizo el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Esto es muy grave, porque hay un instrumento esencial, que ha sido mencionado ayer en el tratamiento del asunto en comisión e incluso en el debate llevado a cabo en el Senado de la Nación, que es el decreto 27, al que también aludió la señora diputada Diana Conti.
Dicho decreto que fue suscripto por el jefe de Gobierno y sus ministros Chaín, Grindetti y el jefe de Gabinete, Rodríguez Larreta es muy importante y trascendente. Fue suscripto a menos de cuarenta y ocho horas de la firma del acta del 3 de enero, es decir que fue firmado con premura el 5 de enero de 2012. De manera que vemos que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejecuta “con premura” un auto en base a que ha asumido en plenitud la titularidad como poder concedente de la concesión de subterráneos, no sujeto a ninguna ley posterior ni a la intervención ulterior de la Legislatura de la Ciudad. Esto es así porque ya existía la ley 373.
Pero en este marco nosotros debemos señalar que cuando el jefe de Gobierno interviene lo hace previa actuación del ente de control y regulación de los servicios públicos, que emite un dictamen se trata del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad.
Luego de ello, fija una tarifa para subterráneos y para premetro y convoca a una audiencia pública que aún debe, porque entiendo que este decreto todavía no ha sido modificado ni derogado, pues los porteños que toman el subte siguen pagando 2 pesos con 50 dentro de los veinte días de culminado el proceso de negociación, y dentro de los noventa días debía hacerse la audiencia pública.
Estamos hablando de que el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se quiere hacer cargo de lo que mandan las propias normas: la Constitución Nacional en el inciso 30 del artículo 75 y el propio Estatuto Organizativo. Se debe hacer cargo de lo que le corresponde: de los servicios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Debería estar reclamando la titularidad de estos servicios. Incluso tendría que reclamar a la Nación que le otorgue el resto de los servicios públicos para poder ejercer su derecho, pero nunca rechazarlos, y menos en los términos del artículo 1.204 del Código Civil, porque ni siquiera hubo una intimación previa sino un accidente, temor, miedo e ineficiencia, y además existió un retroceso. Se retiraron; total, saben que el Estado nacional seguirá defendiendo los intereses de la Ciudad de Buenos Aires.
Pero, en definitiva, estamos hablando de que alguien no se está haciendo cargo de su deber, y en este marco el Congreso de la Nación está cumpliendo con su rol de ratificar lo actuado por el Poder Ejecutivo, porque el Congreso es competente en el marco de la ley de reforma del Estado y fundamentalmente de la ley Cafiero. Adicionalmente estamos iniciando el camino del artículo 2º para el resto de los transportes de la Ciudad de Buenos Aires.
Como seguramente la señora diputada Conti no contó con el tiempo necesario, me voy a referir en concreto a analizar el acta en sí misma, entendiendo que ha quedado resuelta la competencia del Congreso de la Nación y la procedencia y la pertinencia del tratamiento de esta ley. También quedó resuelto que este Congreso de la Nación debe abocarse fundamentalmente a transferir, a ceder y a velar por el derecho de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires en esta materia tan delicada como es el transporte, máxime al haber visto la desidia por parte de quien debe dedicarse directamente al servicio por un imperativo constitucional y de su propio Estatuto Organizativo.
Quiero aclarar que cuando hablamos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no estamos hablando de una provincia más, como se dijo aquí. Las provincias son las 23 que manda la Constitución, tienen una jerarquía y un estatuto diferente, son preexistentes, aunque algunas hayan sido constituidas posteriormente. Así mismo, tienen constitución, porque así lo prevé el artículo 5° de la Constitución Nacional.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un gobierno autónomo, es una ciudad Estado, tiene un estatuto especial que emerge de la Constitución, es un Estatuto Organizativo propio, según lo dispone el artículo 129 del texto constitucional.
Ahora bien, si los porteños o la Convención Constituyente lo llaman “Constitución”, allá ellos. Es un “Estatuto Organizativo”: esa es la jerarquía y el rango que tiene.
Aclarada la cuestión, queremos hablar de que esencialmente estamos analizando y ratificando un proceso que comenzó hace casi veinte años, que debió concluir con la suscripción del acta y después con su instrumentación. Me refiero a la suscripción del acta del 3 de enero pasado.
De la simple lectura del acta no se admiten dudas, porque ratifica expresamente y acepta a partir de ese momento y no supeditada a una ley posterior la transferencia de la concesión de la red de subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El acta dice que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asume en ese acto, en ese instante y a partir de la firma, el control y fiscalización del contrato de concesión en su totalidad, como así también el íntegro ejercicio de la potestad de fijar tarifas del servicio, incluyendo la facultad de establecer la posesión unilateral.
Esto no estaba supeditado a ninguna norma posterior. Esto se debe a que la propia acta y el proceso que ya se venía desarrollando a lo largo de décadas contaba con la sanción de la ley 373, que adhería al decreto 393/99. En forma expresa adhería y facultaba a la transferencia y a la aceptación de esa transferencia de la concesión de subterráneos.
Es más, en los considerandos la Comisión de Servicios Públicos de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires hace casi una suerte de denuncia al entonces jefe de Gobierno, reclamándole que con prontitud concretara esa transferencia del servicio que aceptaba a través de esa adhesión a la ley 373.
Los contratos administrativos deben firmarse, suscribirse, negociarse y cumplirse de buena fe. Este es un requisito esencial que en el orden del derecho administrativo adquiere mayor gravedad y rigidez que en el derecho privado.
La bona fides, como la llamaban los romanos, es un requisito esencial en la negociación, fundamentalmente de quienes ejercen el derecho público y el gobierno. Deben actuar con probidad, con lealtad, con honradez, ajustando su obrar al debido proceso legal y, fundamentalmente, ajustando su obrar a los marcos normativos en los que deben actuar.
El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, De Vido, actuaron en esos marcos normativos. Pero la buena fe contractual se ve violentada cuando advertimos que a los pocos días, y luego de haber tomado principio de ejecución efectiva del contrato, por las razones que fuera se observa una conducta que quiere desdecirse, lo que implica querer decir o asignarle a este instrumento una naturaleza jurídica diferente. O sea, decir que no se dijo lo que se dijo, que no se firmó lo que se firmó, no asumir una responsabilidad que se asumió.
Esta es la realidad que también estamos discutiendo en el Congreso de la Nación y esto es lo que hizo el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Esto es muy grave, porque hay un instrumento esencial, que ha sido mencionado ayer en el tratamiento del asunto en comisión e incluso en el debate llevado a cabo en el Senado de la Nación, que es el decreto 27, al que también aludió la señora diputada Diana Conti.
Dicho decreto que fue suscripto por el jefe de Gobierno y sus ministros Chaín, Grindetti y el jefe de Gabinete, Rodríguez Larreta es muy importante y trascendente. Fue suscripto a menos de cuarenta y ocho horas de la firma del acta del 3 de enero, es decir que fue firmado con premura el 5 de enero de 2012. De manera que vemos que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejecuta “con premura” un auto en base a que ha asumido en plenitud la titularidad como poder concedente de la concesión de subterráneos, no sujeto a ninguna ley posterior ni a la intervención ulterior de la Legislatura de la Ciudad. Esto es así porque ya existía la ley 373.
Pero en este marco nosotros debemos señalar que cuando el jefe de Gobierno interviene lo hace previa actuación del ente de control y regulación de los servicios públicos, que emite un dictamen se trata del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad.
Luego de ello, fija una tarifa para subterráneos y para premetro y convoca a una audiencia pública que aún debe, porque entiendo que este decreto todavía no ha sido modificado ni derogado, pues los porteños que toman el subte siguen pagando 2 pesos con 50 dentro de los veinte días de culminado el proceso de negociación, y dentro de los noventa días debía hacerse la audiencia pública.
Estamos hablando de que el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se quiere hacer cargo de lo que mandan las propias normas: la Constitución Nacional en el inciso 30 del artículo 75 y el propio Estatuto Organizativo. Se debe hacer cargo de lo que le corresponde: de los servicios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Debería estar reclamando la titularidad de estos servicios. Incluso tendría que reclamar a la Nación que le otorgue el resto de los servicios públicos para poder ejercer su derecho, pero nunca rechazarlos, y menos en los términos del artículo 1.204 del Código Civil, porque ni siquiera hubo una intimación previa sino un accidente, temor, miedo e ineficiencia, y además existió un retroceso. Se retiraron; total, saben que el Estado nacional seguirá defendiendo los intereses de la Ciudad de Buenos Aires.
Pero, en definitiva, estamos hablando de que alguien no se está haciendo cargo de su deber, y en este marco el Congreso de la Nación está cumpliendo con su rol de ratificar lo actuado por el Poder Ejecutivo, porque el Congreso es competente en el marco de la ley de reforma del Estado y fundamentalmente de la ley Cafiero. Adicionalmente estamos iniciando el camino del artículo 2º para el resto de los transportes de la Ciudad de Buenos Aires.
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Su tiempo ha concluido, señor diputado.
SR. PAIS, JUAN MARIO (CHUBUT):
Ya termino, señora presidenta.
Con el artículo 2º estamos iniciando la transferencia del resto de los transportes de la Ciudad de Buenos Aires. Este proceso tendrá que seguir a un acta acuerdo, conforme a la ley Cafiero, y esa acta acuerdo sí tendrá que ser ratificada por la Ciudad de Buenos Aires. (Aplausos.)
Con el artículo 2º estamos iniciando la transferencia del resto de los transportes de la Ciudad de Buenos Aires. Este proceso tendrá que seguir a un acta acuerdo, conforme a la ley Cafiero, y esa acta acuerdo sí tendrá que ser ratificada por la Ciudad de Buenos Aires. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
SRA. BULLRICH, PATRICIA (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Quiero hacer una aclaración, señora presidenta.
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Podrá hacerlo luego de que concluya la señora diputada Camaño.
SRA. CAMAÑO, GRACIELA (BUENOS AIRES):
Señora presidenta, señores diputados: este no es un tema que haya comenzado con la firma de la famosa acta que tomó estado público y, seguramente, no va a ser un proceso que culmine con la sanción de esta ley, muy a pesar del oficialismo.
Analizando no solamente la ley sino los términos en los que se la formula debemos advertir que estamos ante un nuevo formato de legislación rayano en la inconstitucionalidad. Disiento con algunos colegas que plantean que esta ley está en el marco de lo que prevé la Constitución.
Por primera vez en muchos años me toca venir a este recinto a ratificar un acuerdo del Poder Ejecutivo nacional y una jurisdicción. En el pasado las ratificaciones estaban vinculadas a la cláusula 8ª de la Constitución. Es un tema de delegación de facultades que gracias a Dios este Congreso ha allanado el año pasado.
Es más, algunas cuestiones que hacen a acuerdos no solamente internacionales, sino algunos entre el Estado nacional y los privados, siempre han sido aprobados o rechazados. La Constitución no tiene en su plexo normativo ninguna indicación que diga que debemos aprobar o rechazar un acuerdo.
Eso sí, debemos ser sinceros con la historia de nuestro país. Este tipo de ratificaciones nos llevan a esa praxis constitucional que tuvo que subsanar el Congreso, para ratificar leyes dictadas durante los gobiernos de la dictadura. Esta es una de las primeras cuestiones que quiero plantear: la pésima factura legislativa de esta ley, además –por supuesto de algunas cuestiones que han planteado algunos diputados respecto del artículo 2°.
Ahora bien, si vamos al pasado y al futuro del proceso de transferencia de los subtes en la Ciudad de Buenos Aires, también debemos consentir que es absolutamente ociosa la aprobación o el rechazo de lo que estamos tratando. Esta es una ley absolutamente innecesaria, no enmarca en los cánones de constitucionalidad, y creo que para poder abundar en argumentos debemos decir cómo ha sido el proceso entre la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional.
Es un proceso que puede gustarnos o disgustarnos porque acá algunos señores legisladores, desde el punto de vista político, han planteado serias objeciones, pero lo cierto, lo real y concreto, señores diputados, es que hay normas que han sido dictadas, que tienen vigencia y que son las que debemos respetar.
El proceso no comienza en la Constitución sino en la ley Cafiero, cuando en el artículo 6° de la ley 24.588 se establece que el Estado nacional y la Ciudad de Buenos Aires celebrarán convenios relativos a la transferencia de organismos, funciones, competencias, servicios y bienes.
Este es el inicio de un proceso que continúa con el decreto 393 del año 99, que es cierto es una adenda al contrato original, pero que en su artículo 4° claramente establece un plazo de noventa días para hacer la transferencia de los servicios, e invita a la Ciudad de Buenos Aires a adherir.
La Ciudad de Buenos Aires, en uno de sus poderes, el Poder Legislativo, acepta y adhiere a través de la ley 373 del año 2000, y nos encontramos entonces después con la famosa acta acuerdo que, supuestamente en un acto de excesiva soberanía democrática, esta Cámara pretende refrendar.
El acta acuerdo del 3 de enero de 2012 es efectivamente un acuerdo en ejecución al que el jefe de Gobierno de la Ciudad no puede renunciar en conferencia de prensa. Acá se habló de la buena fe, y no coincido con que esa conferencia tenga que ver o no con la buena fe, porque a los papeles me remito.
La resolución 10 de la Secretaría de Transporte, que es el meollo de la cuestión, vulnera la letra del acta acuerdo y ha sido recurrida en la Justicia por el Gobierno de la Ciudad.
Para abundar en argumentos que puedan ilustrar a los señores legisladores que no hayan tenido la posibilidad de la lectura de esas normas, cabe decir que esta buena fe ha sido vulnerada nada más y nada menos que en la parte económica. Fíjese usted, señora presidenta, que se menciona el acta acuerdo firmada por el gobierno nacional y el Gobierno de la Ciudad. El acta acuerdo dice lo siguiente: “En caso de que durante el año calendario 2012 se verificaran reducciones de necesidades de subsidios, los remanentes resultantes deberán ser aplicados a inversiones específicas en el servicio.”
El amigo Schiavi, renunciado secretario de Transporte, con una pillería propia de quienes administran, en la resolución 10 agrega: “...que signifiquen un esfuerzo compartido entre ambas jurisdicciones por partes iguales.” ¿Qué quiere decir esto, señora presidenta? Que la buena fe ha sido vulnerada por el gobierno nacional en la letra y firma del secretario de Transporte. ¿Cuál es el paso a seguir? Yo no tengo dudas de que no es esta ley; creo que hemos puesto a este Congreso de la Nación en un brete inexplicable, porque estamos ante una norma que, como dije al comienzo, se parece a aquellas que venían después de los procesos militares para salvar constitucionalmente la seguridad jurídica.
Estamos ante una iniciativa que no tenemos que ratificar. Quien tendrá que ratificar o no esta acta acuerdo es la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, tal como lo establece claramente la Constitución ciudadana. La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires no tiene que aprobar ningún proyecto de declaración o resolución; tiene que ratificar o no esta acta.
Por estas razones, nuestro bloque ha pedido retirar el dictamen firmado ayer. Entendemos que esta ley es innecesaria, ociosa y, como dije al comienzo, es un tema que ha comenzado hace mucho tiempo y que sin duda –tal como lo ha expresado algún legislador terminará en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Analizando no solamente la ley sino los términos en los que se la formula debemos advertir que estamos ante un nuevo formato de legislación rayano en la inconstitucionalidad. Disiento con algunos colegas que plantean que esta ley está en el marco de lo que prevé la Constitución.
Por primera vez en muchos años me toca venir a este recinto a ratificar un acuerdo del Poder Ejecutivo nacional y una jurisdicción. En el pasado las ratificaciones estaban vinculadas a la cláusula 8ª de la Constitución. Es un tema de delegación de facultades que gracias a Dios este Congreso ha allanado el año pasado.
Es más, algunas cuestiones que hacen a acuerdos no solamente internacionales, sino algunos entre el Estado nacional y los privados, siempre han sido aprobados o rechazados. La Constitución no tiene en su plexo normativo ninguna indicación que diga que debemos aprobar o rechazar un acuerdo.
Eso sí, debemos ser sinceros con la historia de nuestro país. Este tipo de ratificaciones nos llevan a esa praxis constitucional que tuvo que subsanar el Congreso, para ratificar leyes dictadas durante los gobiernos de la dictadura. Esta es una de las primeras cuestiones que quiero plantear: la pésima factura legislativa de esta ley, además –por supuesto de algunas cuestiones que han planteado algunos diputados respecto del artículo 2°.
Ahora bien, si vamos al pasado y al futuro del proceso de transferencia de los subtes en la Ciudad de Buenos Aires, también debemos consentir que es absolutamente ociosa la aprobación o el rechazo de lo que estamos tratando. Esta es una ley absolutamente innecesaria, no enmarca en los cánones de constitucionalidad, y creo que para poder abundar en argumentos debemos decir cómo ha sido el proceso entre la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional.
Es un proceso que puede gustarnos o disgustarnos porque acá algunos señores legisladores, desde el punto de vista político, han planteado serias objeciones, pero lo cierto, lo real y concreto, señores diputados, es que hay normas que han sido dictadas, que tienen vigencia y que son las que debemos respetar.
El proceso no comienza en la Constitución sino en la ley Cafiero, cuando en el artículo 6° de la ley 24.588 se establece que el Estado nacional y la Ciudad de Buenos Aires celebrarán convenios relativos a la transferencia de organismos, funciones, competencias, servicios y bienes.
Este es el inicio de un proceso que continúa con el decreto 393 del año 99, que es cierto es una adenda al contrato original, pero que en su artículo 4° claramente establece un plazo de noventa días para hacer la transferencia de los servicios, e invita a la Ciudad de Buenos Aires a adherir.
La Ciudad de Buenos Aires, en uno de sus poderes, el Poder Legislativo, acepta y adhiere a través de la ley 373 del año 2000, y nos encontramos entonces después con la famosa acta acuerdo que, supuestamente en un acto de excesiva soberanía democrática, esta Cámara pretende refrendar.
El acta acuerdo del 3 de enero de 2012 es efectivamente un acuerdo en ejecución al que el jefe de Gobierno de la Ciudad no puede renunciar en conferencia de prensa. Acá se habló de la buena fe, y no coincido con que esa conferencia tenga que ver o no con la buena fe, porque a los papeles me remito.
La resolución 10 de la Secretaría de Transporte, que es el meollo de la cuestión, vulnera la letra del acta acuerdo y ha sido recurrida en la Justicia por el Gobierno de la Ciudad.
Para abundar en argumentos que puedan ilustrar a los señores legisladores que no hayan tenido la posibilidad de la lectura de esas normas, cabe decir que esta buena fe ha sido vulnerada nada más y nada menos que en la parte económica. Fíjese usted, señora presidenta, que se menciona el acta acuerdo firmada por el gobierno nacional y el Gobierno de la Ciudad. El acta acuerdo dice lo siguiente: “En caso de que durante el año calendario 2012 se verificaran reducciones de necesidades de subsidios, los remanentes resultantes deberán ser aplicados a inversiones específicas en el servicio.”
El amigo Schiavi, renunciado secretario de Transporte, con una pillería propia de quienes administran, en la resolución 10 agrega: “...que signifiquen un esfuerzo compartido entre ambas jurisdicciones por partes iguales.” ¿Qué quiere decir esto, señora presidenta? Que la buena fe ha sido vulnerada por el gobierno nacional en la letra y firma del secretario de Transporte. ¿Cuál es el paso a seguir? Yo no tengo dudas de que no es esta ley; creo que hemos puesto a este Congreso de la Nación en un brete inexplicable, porque estamos ante una norma que, como dije al comienzo, se parece a aquellas que venían después de los procesos militares para salvar constitucionalmente la seguridad jurídica.
Estamos ante una iniciativa que no tenemos que ratificar. Quien tendrá que ratificar o no esta acta acuerdo es la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, tal como lo establece claramente la Constitución ciudadana. La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires no tiene que aprobar ningún proyecto de declaración o resolución; tiene que ratificar o no esta acta.
Por estas razones, nuestro bloque ha pedido retirar el dictamen firmado ayer. Entendemos que esta ley es innecesaria, ociosa y, como dije al comienzo, es un tema que ha comenzado hace mucho tiempo y que sin duda –tal como lo ha expresado algún legislador terminará en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
SR. AMADEO, EDUARDO PABLO (BUENOS AIRES):
¿Me permite una interrupción, señora diputada, con el permiso de la Presidencia?
SRA. CAMAÑO, GRACIELA (BUENOS AIRES):
Sí, señor diputado.
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. AMADEO, EDUARDO PABLO (BUENOS AIRES):
Señora presidenta: al igual que ayer, en su exposición de hoy el diputado Feletti ha incriminado a quienes piensan de manera diferente a él, planteando una supuesta relación con los mecanismos del gobierno militar. Yo no soy paranoico pero tampoco soy tonto, y quiero decir, señora presidenta, que en los años 70 había que tener algo más que lauros académicos para sobrevivir y hacer militancia contra la dictadura militar.
Yo no sé si hay algún paracaidista que llegó a la burocracia ahora y se cree con títulos para hablar de aquellos que piensan de manera diferente, imputándoles relación con el pensamiento militar. Pero no lo voy a aceptar, porque me podré haber equivocado alguna vez en mi vida política, pero nunca perdí una posición de dignidad frente a la dictadura. Que lo tome bien en cuenta. (Aplausos.)
Yo no sé si hay algún paracaidista que llegó a la burocracia ahora y se cree con títulos para hablar de aquellos que piensan de manera diferente, imputándoles relación con el pensamiento militar. Pero no lo voy a aceptar, porque me podré haber equivocado alguna vez en mi vida política, pero nunca perdí una posición de dignidad frente a la dictadura. Que lo tome bien en cuenta. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SRA. BULLRICH, PATRICIA (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señora presidenta: simplemente, quiero solicitar al diputado Pais que por favor reitere el último concepto de su discurso porque no me quedó claro si planteó que había que volver a hacer una ratificación del acta.
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
En este momento no se encuentra en el recinto el señor diputado Pais.
Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SRA. PARADA, LILIANA BEATRIZ (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señora presidenta: desde el bloque Unidad Popular estamos convencidos de que esta discusión es totalmente inútil; no conduce a ninguna parte. Y más allá de la cuestión de la competencia, que es la que se ha puesto de manifiesto en mayor medida y en la que desde el oficialismo han tratado de hacer hincapié por la judicialización o por la posible inconstitucionalidad que se vaya a decretar, coincido con la diputada preopinante en que esto no resuelve siquiera lo que dicen los oficialistas que pretende resolver, que es la transferencia del transporte líneas de subtes, de colectivos, Premetro y tranvía a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si esta cuestión realmente fuese resuelta por el dictamen de mayoría, en el momento de la votación no nos pronunciaríamos como habremos de hacerlo es decir, por la abstención, pues estaríamos resolviendo algo frente a lo cual tendríamos que votar a favor o en contra. Estamos totalmente convencidos de la intencionalidad de la iniciativa, pero acá votamos leyes y no su espíritu; o sea que nos pronunciamos por normas que tienen características de leyes.
Ayer, en comisión, analizábamos qué nos había enviado el Poder Ejecutivo, pero advierto que aún en el planteo del oficialismo hay un error. Algunos creen que vamos a ratificar, o no, un acta; otros, que se trata de un proyecto de ley. He escuchado discursos que, a mi juicio, son contradictorios.
En efecto, lo que envía el Poder Ejecutivo y está a consideración de la Cámara es una iniciativa que cuenta con dictamen de mayoría, por el que se ratifica la transferencia de los servicios de transporte de subterráneos y Premetro a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dispuesta en el marco de las leyes 23.696 y 24.588, que lejos están de disponer transferencia alguna.
La primera de ellas se refiere a la reforma del Estado, a las privatizaciones, y la segunda la denominada ley Cafiero retiene las competencias de la Nación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en tanto ésta sea sede del gobierno federal. En este caso se agregan algunas otras leyes y decretos, bastante complejos y engorrosos, que sí se refieren, por ejemplo, a la transferencia de los servicios de agua y saneamiento y de determinados atributos que tiene la autoridad de aplicación en un contrato de concesión, como podría ser el control y la fiscalización. Sin embargo, en modo alguno se concede el contrato ni la transferencia efectiva e integral de esa concesión.
Se pretende que nosotros ratifiquemos leyes votadas por el Congreso, o decretos, que tampoco establecen lo que dice el artículo 1° del proyecto contenido en el dictamen de mayoría.
Por otro lado, se establece que debe ser ratificada la bendita acta acuerdo celebrada el 3 de enero de 2012 entre el Estado nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, como señaláramos ayer, a nuestro juicio, no constituye otra cosa que un acto de temeridad del gobierno de la Nación, que pretende reducir el gasto fiscal y sacarse de encima la papa caliente que representan en este momento algunos servicios en razón del problema generado por el manejo de los subsidios, que han sido otorgados sin que el proceso fuera vigilado como corresponde.
Por otro lado, advertimos la intrepidez –esa fue mi calificación, por no decir “irresponsabilidad” del jefe de Gobierno, que firma el acta aceptando recibir la mitad de los recursos requeridos para el funcionamiento de los subtes. Si no revisa las concesiones y no se verifica, realmente, cuál es el costo operativo y el valor real de la tarifa, imposible es determinarlo. Sin embargo, alegremente firma un acta que no es la que aquí vino a consideración.
Nosotros entendemos que dicha acta debió haber sido firmada ad referéndum y remitida al Parlamento. Ese trámite nos hubiera puesto en otro lugar al momento de definirnos en relación con la iniciativa que vamos a votar.
Cuando digo que nada habremos de votar –de allí que nos abstendremos es porque de la lectura del dictamen de mayoría advertimos que se trata de una declaración. Aquí estamos en un reality show del que participan el jefe de Gobierno y la presidenta. Ella, al momento de inaugurar el período de sesiones ordinarias, nos dijo que su futuro adversario será Mauricio Macri. Acá comienza una disputa que beneficia mucho a los grandes medios que el gobierno nacional critica. Por ejemplo, ayer se podía ver cómo se sentaba a un diputado del oficialismo y a otro del PRO en un programa de televisión mostrando a ver quién tiene razón en esta cuestión.
La verdad es que la razón no la tiene ninguno de los dos, y lo que estamos haciendo hoy al debatir este proyecto de ley es aparentar que tenemos una ley cuando en realidad es una declaración.
Cuando leo esta declaración, y la he leído más de una vez, encuentro que ameritaría ser una carta documento. Lo único que le falta es que, al final, en lugar decir “Comuníquese al Poder Ejecutivo” diga “Queda usted debidamente notificado”. Es una pelea entre los dos gobiernos en la cual están metidos los usuarios y los trabajadores.
Por eso, el día 22 –justamente al cumplirse un mes de la masacre de Once hemos realizado una audiencia pública a la que concurrieron eximios investigadores, profesores universitarios y representantes de los gremios de los trabajadores, tanto de Metrovías como de la Central General de Trabajadores de nuestro país, además de organizaciones de usuarios y consumidores.
Por eso, solicito autorización para insertar en el Diario de Sesiones la versión taquigráfica de dicha audiencia pública, porque entiendo que esa es la discusión que debería haberse llevado a cabo en el marco de pretender hacer un traspaso a la Ciudad de Buenos Aires por fuera de este acuerdo que celebraron.
Desde ya anticipo nuestro repudio, porque ninguno de los dos gobiernos se hizo cargo de lo que firmó, tan así es que el oficialismo viene ahora a pretender la sanción de una ley porque sabe que el acta resulta insuficiente, habida cuenta de que está judicializada.
Por lo tanto, este traspaso de competencias lo va a terminar resolviendo la Justicia, pero no creo que sea bueno que sometamos al poder político del Congreso de la Nación, que ya lo tenía otorgado por ley -tanto al Poder Ejecutivo local como al nacional-, a la decisión de la Justicia. Cabe aclarar que este Congreso ya resolvió este traspaso cuando votó la ley 24.588, más allá de que algunos diputados digan que no la votaron. Está votada. En todo caso, deroguémosla. Esa es nuestra propuesta.
Hemos presentado cuatro proyectos de ley. El primero tiene que ver con la forma en que pensamos que se debe hacer la transferencia.
El segundo también se relaciona con esta cuestión, pero en este sentido quiero manifestar que disiento del oficialismo que cree que el transporte debe ser una especie de isla para la Ciudad de Buenos Aires. No existe ciudad que tenga la cantidad de personas transportadas que tiene Buenos Aires, que excede las que viven en ella cotidianamente, que pueda pensar su política de transportes desde una visión tan acotada.
Tiene que debatirse la cuestión metropolitana. Existe una ley por la que se creó el Ente Metropolitano, pero no se cumple. Creemos que es otra de esas leyes que, simplemente, por votarse acá, va a resultar operativa, pero ella es totalmente disfuncional.
Nosotros también hemos presentado un proyecto para que se modifique dicha norma y exista una autoridad metropolitana que planifique y ejecute las políticas de transporte que se acuerden, sobre todo en aquellos transportes que tienen competencia concurrente y donde se debe convocar a audiencias públicas para analizar cualquier transferencia de transporte o de servicios.
No puede ser que trabajemos a espaldas de la gente porque lo único que estamos decidiendo es quién tiene la razón y qué se le devuelve al jefe de Gobierno, que se arrepintió de haber hecho el “esfuercito” que le pidió la presidenta.
Creo que “se fue de mambo” con el “esfuercito” porque todo esto, que se podría haber hecho bien, lo tiraron al mar. ¿Y por qué digo “al mar”? Porque en el derecho, cuando no se pueden resolver todas las cuestiones, se habla de que existen lagunas.
El acta que firmaron el jefe de Gobierno y la presidenta no tiene lagunas; tiene un mar. Me preguntaba qué servicio jurídico de cuál de los dos Estados revisó esa acta antes de ser firmada. Estamos tirando al mar el servicio de transporte y lo digo así, metafóricamente…
Si esta cuestión realmente fuese resuelta por el dictamen de mayoría, en el momento de la votación no nos pronunciaríamos como habremos de hacerlo es decir, por la abstención, pues estaríamos resolviendo algo frente a lo cual tendríamos que votar a favor o en contra. Estamos totalmente convencidos de la intencionalidad de la iniciativa, pero acá votamos leyes y no su espíritu; o sea que nos pronunciamos por normas que tienen características de leyes.
Ayer, en comisión, analizábamos qué nos había enviado el Poder Ejecutivo, pero advierto que aún en el planteo del oficialismo hay un error. Algunos creen que vamos a ratificar, o no, un acta; otros, que se trata de un proyecto de ley. He escuchado discursos que, a mi juicio, son contradictorios.
En efecto, lo que envía el Poder Ejecutivo y está a consideración de la Cámara es una iniciativa que cuenta con dictamen de mayoría, por el que se ratifica la transferencia de los servicios de transporte de subterráneos y Premetro a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dispuesta en el marco de las leyes 23.696 y 24.588, que lejos están de disponer transferencia alguna.
La primera de ellas se refiere a la reforma del Estado, a las privatizaciones, y la segunda la denominada ley Cafiero retiene las competencias de la Nación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en tanto ésta sea sede del gobierno federal. En este caso se agregan algunas otras leyes y decretos, bastante complejos y engorrosos, que sí se refieren, por ejemplo, a la transferencia de los servicios de agua y saneamiento y de determinados atributos que tiene la autoridad de aplicación en un contrato de concesión, como podría ser el control y la fiscalización. Sin embargo, en modo alguno se concede el contrato ni la transferencia efectiva e integral de esa concesión.
Se pretende que nosotros ratifiquemos leyes votadas por el Congreso, o decretos, que tampoco establecen lo que dice el artículo 1° del proyecto contenido en el dictamen de mayoría.
Por otro lado, se establece que debe ser ratificada la bendita acta acuerdo celebrada el 3 de enero de 2012 entre el Estado nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, como señaláramos ayer, a nuestro juicio, no constituye otra cosa que un acto de temeridad del gobierno de la Nación, que pretende reducir el gasto fiscal y sacarse de encima la papa caliente que representan en este momento algunos servicios en razón del problema generado por el manejo de los subsidios, que han sido otorgados sin que el proceso fuera vigilado como corresponde.
Por otro lado, advertimos la intrepidez –esa fue mi calificación, por no decir “irresponsabilidad” del jefe de Gobierno, que firma el acta aceptando recibir la mitad de los recursos requeridos para el funcionamiento de los subtes. Si no revisa las concesiones y no se verifica, realmente, cuál es el costo operativo y el valor real de la tarifa, imposible es determinarlo. Sin embargo, alegremente firma un acta que no es la que aquí vino a consideración.
Nosotros entendemos que dicha acta debió haber sido firmada ad referéndum y remitida al Parlamento. Ese trámite nos hubiera puesto en otro lugar al momento de definirnos en relación con la iniciativa que vamos a votar.
Cuando digo que nada habremos de votar –de allí que nos abstendremos es porque de la lectura del dictamen de mayoría advertimos que se trata de una declaración. Aquí estamos en un reality show del que participan el jefe de Gobierno y la presidenta. Ella, al momento de inaugurar el período de sesiones ordinarias, nos dijo que su futuro adversario será Mauricio Macri. Acá comienza una disputa que beneficia mucho a los grandes medios que el gobierno nacional critica. Por ejemplo, ayer se podía ver cómo se sentaba a un diputado del oficialismo y a otro del PRO en un programa de televisión mostrando a ver quién tiene razón en esta cuestión.
La verdad es que la razón no la tiene ninguno de los dos, y lo que estamos haciendo hoy al debatir este proyecto de ley es aparentar que tenemos una ley cuando en realidad es una declaración.
Cuando leo esta declaración, y la he leído más de una vez, encuentro que ameritaría ser una carta documento. Lo único que le falta es que, al final, en lugar decir “Comuníquese al Poder Ejecutivo” diga “Queda usted debidamente notificado”. Es una pelea entre los dos gobiernos en la cual están metidos los usuarios y los trabajadores.
Por eso, el día 22 –justamente al cumplirse un mes de la masacre de Once hemos realizado una audiencia pública a la que concurrieron eximios investigadores, profesores universitarios y representantes de los gremios de los trabajadores, tanto de Metrovías como de la Central General de Trabajadores de nuestro país, además de organizaciones de usuarios y consumidores.
Por eso, solicito autorización para insertar en el Diario de Sesiones la versión taquigráfica de dicha audiencia pública, porque entiendo que esa es la discusión que debería haberse llevado a cabo en el marco de pretender hacer un traspaso a la Ciudad de Buenos Aires por fuera de este acuerdo que celebraron.
Desde ya anticipo nuestro repudio, porque ninguno de los dos gobiernos se hizo cargo de lo que firmó, tan así es que el oficialismo viene ahora a pretender la sanción de una ley porque sabe que el acta resulta insuficiente, habida cuenta de que está judicializada.
Por lo tanto, este traspaso de competencias lo va a terminar resolviendo la Justicia, pero no creo que sea bueno que sometamos al poder político del Congreso de la Nación, que ya lo tenía otorgado por ley -tanto al Poder Ejecutivo local como al nacional-, a la decisión de la Justicia. Cabe aclarar que este Congreso ya resolvió este traspaso cuando votó la ley 24.588, más allá de que algunos diputados digan que no la votaron. Está votada. En todo caso, deroguémosla. Esa es nuestra propuesta.
Hemos presentado cuatro proyectos de ley. El primero tiene que ver con la forma en que pensamos que se debe hacer la transferencia.
El segundo también se relaciona con esta cuestión, pero en este sentido quiero manifestar que disiento del oficialismo que cree que el transporte debe ser una especie de isla para la Ciudad de Buenos Aires. No existe ciudad que tenga la cantidad de personas transportadas que tiene Buenos Aires, que excede las que viven en ella cotidianamente, que pueda pensar su política de transportes desde una visión tan acotada.
Tiene que debatirse la cuestión metropolitana. Existe una ley por la que se creó el Ente Metropolitano, pero no se cumple. Creemos que es otra de esas leyes que, simplemente, por votarse acá, va a resultar operativa, pero ella es totalmente disfuncional.
Nosotros también hemos presentado un proyecto para que se modifique dicha norma y exista una autoridad metropolitana que planifique y ejecute las políticas de transporte que se acuerden, sobre todo en aquellos transportes que tienen competencia concurrente y donde se debe convocar a audiencias públicas para analizar cualquier transferencia de transporte o de servicios.
No puede ser que trabajemos a espaldas de la gente porque lo único que estamos decidiendo es quién tiene la razón y qué se le devuelve al jefe de Gobierno, que se arrepintió de haber hecho el “esfuercito” que le pidió la presidenta.
Creo que “se fue de mambo” con el “esfuercito” porque todo esto, que se podría haber hecho bien, lo tiraron al mar. ¿Y por qué digo “al mar”? Porque en el derecho, cuando no se pueden resolver todas las cuestiones, se habla de que existen lagunas.
El acta que firmaron el jefe de Gobierno y la presidenta no tiene lagunas; tiene un mar. Me preguntaba qué servicio jurídico de cuál de los dos Estados revisó esa acta antes de ser firmada. Estamos tirando al mar el servicio de transporte y lo digo así, metafóricamente…
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Señora diputada: su tiempo ha concluido.
SRA. PARADA, LILIANA BEATRIZ (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Ya termino, señora presidenta.
Me expresé en forma metafórica, para no usar el término que realmente cuadraría a este respecto.
Finalmente, quiero decir que, por las razones expuestas, nos vamos a abstener de votar. (Aplausos.)
Me expresé en forma metafórica, para no usar el término que realmente cuadraría a este respecto.
Finalmente, quiero decir que, por las razones expuestas, nos vamos a abstener de votar. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. PIEMONTE, HECTOR HORACIO (BUENOS AIRES):
Señor presidente: otros diputados del bloque harán algunas apreciaciones sobre los aspectos jurídicos y la situación de la Ciudad de Buenos Aires en este tema.
Quiero plantear claramente la posición de la Coalición Cívica-ARI, en cuanto a expresar un rotundo rechazo al proyecto en consideración, debido a que es improcedente, inconducente e ilegal. Además, por sobre todas las cosas, es parte de una disputa política entre dos gobiernos, que en este tema han demostrado una absoluta irracionalidad.
Observábamos con expectativa la firma del acta acuerdo del 3 de enero, porque ello señalaba algún grado de madurez política, que era un reclamo de hace mucho tiempo de los porteños postergados. Sin embargo, después hemos asistido perplejos a una serie de agresiones, conductas incoherentes y sinrazones, como las vinculadas con el proyecto que estamos considerando.
En medio de todo ello está el habitante de la Ciudad de Buenos Aires o el usuario del subte, que en un mes vio cómo se le aumentó la tarifa y se le retiró la seguridad.
Veo que el señor diputado Feletti se levanta de su banca, pero le pido que me escuche un minuto. No le pedí la aclaración antes, pero había una expresión suya que me llamó mucho la atención.
En realidad, rechazamos este proyecto, pero no queremos dejar de decir que la actitud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nos parece un verdadero mamarracho. El jefe de Gobierno porteño firma el acta acuerdo y aumenta la tarifa, porque supuestamente se hace cargo de la administración del subte.
Sin embargo, de buenas a primeras, quiere tirar todo para atrás, menos la tarifa. Pero ahora no escuché al bloque del PRO explicar por qué se había aumentado la tarifa. Si se lo hizo en función del acta acuerdo firmada el 3 de enero, sería ilegal, pero después se explicó que ello estaba vinculado con la ley 373 de 2000, sancionada por la Ciudad de Buenos Aires.
Entonces, si se hace referencia a la ley 373 y al acta acuerdo firmada el 3 de enero, jamás se podría plantear la devolución de la administración de los subterráneos. Nos parece una actitud infantil e irresponsable.
Además, se plantea que en el acta acuerdo quedaba pendiente la discusión sobre la seguridad, las inversiones y los subsidios. Si ello fuera así, ¿por qué se decidió aumentar la tarifa? ¿Cuál fue el estudio de costos que se hizo, en función del aporte que iba a hacer el gobierno nacional, para tomar la única medida que se resolvió, como aumentar más del ciento por ciento la tarifa a los usuarios?
Esto es de una absoluta irresponsabilidad, y no es menos irresponsable la actitud asumida por el gobierno nacional, que en medio de la discusión del convenio del traspaso de subtes decide retirar la Policía Federal del subterráneo, dejando a los usuarios sin servicio.
Cuesta entender que el gobierno nacional siga sin querer traspasar la policía, pero continúe negándose a articular con el Gobierno de la Ciudad la coordinación entre la Policía Federal y la Metropolitana.
Rechazamos la iniciativa por improcedente, porque con la ratificación de un convenio se pretende que dirimamos un conflicto de poderes entre el Gobierno de la Ciudad y el de la Nación. También lo hacemos por inconducente, porque ambos gobiernos han planteado acciones judiciales en el Tribunal Contencioso Administrativo Federal Número 3, y un miembro del Alto Tribunal reconoció que esta cuestión la resolverá la Corte Suprema de Justicia.
A su vez, la iniciativa es ilegal, porque viola el artículo 75 de la Constitución Nacional. Me sorprendió la argumentación de la diputada Conti, diciendo que el inciso 2º de dicho artículo no está presente en este tratamiento, pero hablaron mil veces el tema de la trasferencia. Todos los diputados del Frente para la Victoria que hablaron de este tema se refirieron a “trasferencia de servicios”, y el artículo 2º dice claramente que no hay trasferencia de competencia o servicios sin la respectiva reasignación de recursos.
El señor diputado Feletti dijo que la derecha liberal desjerarquiza a las instituciones de la República, entre ellas al Congreso, porque muchas veces lo trata de escribanía.
Valoro lo que está haciendo la Presidencia de la Cámara de Diputados, como creo que todos los diputados valoran lo que está haciendo en materia de arreglos edilicios, el ritmo que se le da a las comisiones, los aspectos administrativos, todos avances muy importantes. Pero fue el propio presidente de la Cámara de Diputados tengo aquí los artículos periodísticos quien dijo que no tenía problema en que esta Cámara se constituyera en una escribanía del Poder Ejecutivo porque el Poder Ejecutivo defiende los intereses del pueblo. Entonces, o lo dice la derecha liberal o lo justifica la propia administración política de esta Cámara.
Nunca pertenecí a la derecha liberal, pero es complejo creer que temas de esta importancia se trabajen y traten en apenas 48 horas. Entonces sí, la Cámara casi se trasforma en una escribanía.
Cuando se piensa que uno de los tres poderes del Estado se trasforma en escribanía; si se cree que el Poder Judicial también se puede trasformar en escribanía podríamos hablar largo y tendido sobre su independencia, Oyarbide mediante, pero todos queremos que la justicia se imponga sobre la impunidad; si se pensase que un solo poder puede concentrar a los tres y además manejar los recursos de la Nación; si los gobernadores e intendentes pasan a estar pintados; si además ese poder quiere controlar a la prensa y al poder sindical, estaríamos entonces en presencia casi de una monarquía en lugar de un poder constitucional democrático elegido por el pueblo.
Todos los que estamos acá hemos peleado y defendido la democracia y la República.
Por eso, le digo al señor presidente -a quien aprecio y respeto porque lo conozco desde cuando debatíamos en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, y él lo sabe que devolverle poder al Poder Legislativo es trasformarlo en un poder en serio. Y eso no se logra simplemente discutiendo las iniciativas del Poder Ejecutivo. Nadie dice que el bloque oficialista no tenga que defender las iniciativas del Poder Ejecutivo, porque ello sería necio e hipócrita, ya que es el bloque oficialista. Pero ¿cuál es el rol central del Poder Legislativo en la Argentina? Es la posibilidad de construir consenso entre las fuerzas que tienen representación parlamentaria.
Eso es devolverle poder, como se hizo con el documento del 24 de marzo y con el tema de Malvinas, donde todos nos vimos reflejados en las palabras de cierre del señor presidente. Es la posibilidad de encontrar consensos.
En este tema en particular los sinsentidos e irracionalidades de ambos gobiernos debían tener en este Poder Legislativo la posibilidad de encontrar un camino para retomar un diálogo que inexplicablemente quedó trunco. Ese era el rol central de este poder; no aprobar en 48 horas una ley que no va a llevar a nada ni va a tener ningún sentido.
La pregunta que uno debe hacerse en el Congreso de la Nación es si el tema del traspaso del subte era el primero referido a trasporte que debía ser tratado. Hubo una tragedia que costó la vida de muchas víctimas. Tendría que estar el ministro de Planificación, Julio de Vido, dando cuenta de esa situación. Tendríamos que estar discutiendo sobre la red ferroviaria nacional. Si se habla de federalismo, tendríamos que estar discutiendo la situación del Ferrocarril Belgrano Cargas, que conecta catorce provincias argentinas y sufrió el desvío de fondos, la corrupción y el desvío de subsidios a través de empresas fantasmas y facturas apócrifas. Esto no lo digo yo sino la propia AFIP en su informe.
Esa sería la agenda prioritaria y federal que debería discutir el Congreso en materia de trasporte de los argentinos.
Por los motivos expuestos, rechazamos el proyecto y abogamos para que este Congreso recupere también su jerarquía en la medida en que podamos encontrar los consensos en función del bien de los argentinos.
Quiero plantear claramente la posición de la Coalición Cívica-ARI, en cuanto a expresar un rotundo rechazo al proyecto en consideración, debido a que es improcedente, inconducente e ilegal. Además, por sobre todas las cosas, es parte de una disputa política entre dos gobiernos, que en este tema han demostrado una absoluta irracionalidad.
Observábamos con expectativa la firma del acta acuerdo del 3 de enero, porque ello señalaba algún grado de madurez política, que era un reclamo de hace mucho tiempo de los porteños postergados. Sin embargo, después hemos asistido perplejos a una serie de agresiones, conductas incoherentes y sinrazones, como las vinculadas con el proyecto que estamos considerando.
En medio de todo ello está el habitante de la Ciudad de Buenos Aires o el usuario del subte, que en un mes vio cómo se le aumentó la tarifa y se le retiró la seguridad.
Veo que el señor diputado Feletti se levanta de su banca, pero le pido que me escuche un minuto. No le pedí la aclaración antes, pero había una expresión suya que me llamó mucho la atención.
En realidad, rechazamos este proyecto, pero no queremos dejar de decir que la actitud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nos parece un verdadero mamarracho. El jefe de Gobierno porteño firma el acta acuerdo y aumenta la tarifa, porque supuestamente se hace cargo de la administración del subte.
Sin embargo, de buenas a primeras, quiere tirar todo para atrás, menos la tarifa. Pero ahora no escuché al bloque del PRO explicar por qué se había aumentado la tarifa. Si se lo hizo en función del acta acuerdo firmada el 3 de enero, sería ilegal, pero después se explicó que ello estaba vinculado con la ley 373 de 2000, sancionada por la Ciudad de Buenos Aires.
Entonces, si se hace referencia a la ley 373 y al acta acuerdo firmada el 3 de enero, jamás se podría plantear la devolución de la administración de los subterráneos. Nos parece una actitud infantil e irresponsable.
Además, se plantea que en el acta acuerdo quedaba pendiente la discusión sobre la seguridad, las inversiones y los subsidios. Si ello fuera así, ¿por qué se decidió aumentar la tarifa? ¿Cuál fue el estudio de costos que se hizo, en función del aporte que iba a hacer el gobierno nacional, para tomar la única medida que se resolvió, como aumentar más del ciento por ciento la tarifa a los usuarios?
Esto es de una absoluta irresponsabilidad, y no es menos irresponsable la actitud asumida por el gobierno nacional, que en medio de la discusión del convenio del traspaso de subtes decide retirar la Policía Federal del subterráneo, dejando a los usuarios sin servicio.
Cuesta entender que el gobierno nacional siga sin querer traspasar la policía, pero continúe negándose a articular con el Gobierno de la Ciudad la coordinación entre la Policía Federal y la Metropolitana.
Rechazamos la iniciativa por improcedente, porque con la ratificación de un convenio se pretende que dirimamos un conflicto de poderes entre el Gobierno de la Ciudad y el de la Nación. También lo hacemos por inconducente, porque ambos gobiernos han planteado acciones judiciales en el Tribunal Contencioso Administrativo Federal Número 3, y un miembro del Alto Tribunal reconoció que esta cuestión la resolverá la Corte Suprema de Justicia.
A su vez, la iniciativa es ilegal, porque viola el artículo 75 de la Constitución Nacional. Me sorprendió la argumentación de la diputada Conti, diciendo que el inciso 2º de dicho artículo no está presente en este tratamiento, pero hablaron mil veces el tema de la trasferencia. Todos los diputados del Frente para la Victoria que hablaron de este tema se refirieron a “trasferencia de servicios”, y el artículo 2º dice claramente que no hay trasferencia de competencia o servicios sin la respectiva reasignación de recursos.
El señor diputado Feletti dijo que la derecha liberal desjerarquiza a las instituciones de la República, entre ellas al Congreso, porque muchas veces lo trata de escribanía.
Valoro lo que está haciendo la Presidencia de la Cámara de Diputados, como creo que todos los diputados valoran lo que está haciendo en materia de arreglos edilicios, el ritmo que se le da a las comisiones, los aspectos administrativos, todos avances muy importantes. Pero fue el propio presidente de la Cámara de Diputados tengo aquí los artículos periodísticos quien dijo que no tenía problema en que esta Cámara se constituyera en una escribanía del Poder Ejecutivo porque el Poder Ejecutivo defiende los intereses del pueblo. Entonces, o lo dice la derecha liberal o lo justifica la propia administración política de esta Cámara.
Nunca pertenecí a la derecha liberal, pero es complejo creer que temas de esta importancia se trabajen y traten en apenas 48 horas. Entonces sí, la Cámara casi se trasforma en una escribanía.
Cuando se piensa que uno de los tres poderes del Estado se trasforma en escribanía; si se cree que el Poder Judicial también se puede trasformar en escribanía podríamos hablar largo y tendido sobre su independencia, Oyarbide mediante, pero todos queremos que la justicia se imponga sobre la impunidad; si se pensase que un solo poder puede concentrar a los tres y además manejar los recursos de la Nación; si los gobernadores e intendentes pasan a estar pintados; si además ese poder quiere controlar a la prensa y al poder sindical, estaríamos entonces en presencia casi de una monarquía en lugar de un poder constitucional democrático elegido por el pueblo.
Todos los que estamos acá hemos peleado y defendido la democracia y la República.
Por eso, le digo al señor presidente -a quien aprecio y respeto porque lo conozco desde cuando debatíamos en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, y él lo sabe que devolverle poder al Poder Legislativo es trasformarlo en un poder en serio. Y eso no se logra simplemente discutiendo las iniciativas del Poder Ejecutivo. Nadie dice que el bloque oficialista no tenga que defender las iniciativas del Poder Ejecutivo, porque ello sería necio e hipócrita, ya que es el bloque oficialista. Pero ¿cuál es el rol central del Poder Legislativo en la Argentina? Es la posibilidad de construir consenso entre las fuerzas que tienen representación parlamentaria.
Eso es devolverle poder, como se hizo con el documento del 24 de marzo y con el tema de Malvinas, donde todos nos vimos reflejados en las palabras de cierre del señor presidente. Es la posibilidad de encontrar consensos.
En este tema en particular los sinsentidos e irracionalidades de ambos gobiernos debían tener en este Poder Legislativo la posibilidad de encontrar un camino para retomar un diálogo que inexplicablemente quedó trunco. Ese era el rol central de este poder; no aprobar en 48 horas una ley que no va a llevar a nada ni va a tener ningún sentido.
La pregunta que uno debe hacerse en el Congreso de la Nación es si el tema del traspaso del subte era el primero referido a trasporte que debía ser tratado. Hubo una tragedia que costó la vida de muchas víctimas. Tendría que estar el ministro de Planificación, Julio de Vido, dando cuenta de esa situación. Tendríamos que estar discutiendo sobre la red ferroviaria nacional. Si se habla de federalismo, tendríamos que estar discutiendo la situación del Ferrocarril Belgrano Cargas, que conecta catorce provincias argentinas y sufrió el desvío de fondos, la corrupción y el desvío de subsidios a través de empresas fantasmas y facturas apócrifas. Esto no lo digo yo sino la propia AFIP en su informe.
Esa sería la agenda prioritaria y federal que debería discutir el Congreso en materia de trasporte de los argentinos.
Por los motivos expuestos, rechazamos el proyecto y abogamos para que este Congreso recupere también su jerarquía en la medida en que podamos encontrar los consensos en función del bien de los argentinos.
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. DOMINGUEZ, JULIAN ANDRES (BUENOS AIRES):
Señora presidenta: he pedido la palabra porque fui aludido, y quiero aclarar el tema porque se trata del prestigio del cuerpo en general.
Cuando me referí al tema de la escribanía planteé que si la escribanía desarrollaba una actividad privada que daba fe pública de los actos comerciales y construía la certeza al conjunto de los integrantes de la sociedad, yo no tenía ningún problema en ser parte de quien dé fe pública de lo que hace el gobierno. Quiero aclararlo porque este tema ha generado muchísimas opiniones.
Mucho se ha hablado de la crisis política o de la crisis de representatividad de este Congreso, particularmente de esta Cámara de Diputados. Reitero: cuando me referí a ese tema dije que no había ningún problema en ser comparados con una escribanía porque ésta, en definitiva, es quien construye certeza en los actos de comercio entre los particulares.
Dije que consideraba que ser fedatario público no era una imputación al Congreso. Dije que si nosotros servíamos para dar fe pública al conjunto de la sociedad, no tenía ningún problema en ser tratado como tal. Este era el concepto, y quiero dejarlo aclarado.
No quiero hacer referencia a este tema, pero realmente sentí que la alusión fue una especie de desconsideración y destrato al conjunto de los legisladores. Bienvenido si nosotros podemos llegar a tener ese mismo valor. Simplemente, en ese contexto lo he planteado.
Creo que todo el debate hay que darlo en el Parlamento. Por suerte, hoy estamos debatiendo más allá de estar de acuerdo o no según los procedimientos que nos estipula el reglamento. Podemos discutir más o menos, pero es el proceso de la democracia el que está resolviendo los tratamientos de temas conflictivos, y los estamos debatiendo de cara al conjunto de la sociedad. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es dar fe pública de que la democracia encuentra procesos para resolver aun las diferencias. (Aplausos.)
Cuando me referí al tema de la escribanía planteé que si la escribanía desarrollaba una actividad privada que daba fe pública de los actos comerciales y construía la certeza al conjunto de los integrantes de la sociedad, yo no tenía ningún problema en ser parte de quien dé fe pública de lo que hace el gobierno. Quiero aclararlo porque este tema ha generado muchísimas opiniones.
Mucho se ha hablado de la crisis política o de la crisis de representatividad de este Congreso, particularmente de esta Cámara de Diputados. Reitero: cuando me referí a ese tema dije que no había ningún problema en ser comparados con una escribanía porque ésta, en definitiva, es quien construye certeza en los actos de comercio entre los particulares.
Dije que consideraba que ser fedatario público no era una imputación al Congreso. Dije que si nosotros servíamos para dar fe pública al conjunto de la sociedad, no tenía ningún problema en ser tratado como tal. Este era el concepto, y quiero dejarlo aclarado.
No quiero hacer referencia a este tema, pero realmente sentí que la alusión fue una especie de desconsideración y destrato al conjunto de los legisladores. Bienvenido si nosotros podemos llegar a tener ese mismo valor. Simplemente, en ese contexto lo he planteado.
Creo que todo el debate hay que darlo en el Parlamento. Por suerte, hoy estamos debatiendo más allá de estar de acuerdo o no según los procedimientos que nos estipula el reglamento. Podemos discutir más o menos, pero es el proceso de la democracia el que está resolviendo los tratamientos de temas conflictivos, y los estamos debatiendo de cara al conjunto de la sociedad. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es dar fe pública de que la democracia encuentra procesos para resolver aun las diferencias. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR. FELETTI, ROBERTO JOSE (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señora presidenta: en la misma línea que el señor presidente de la Honorable Cámara, observo con enorme preocupación que cuando el Congreso legisla en favor del interés público, de acuerdo con la mayoría que el pueblo votó, se comienza a hablar del tratamiento exprés de las leyes, del Congreso “levanta manos”, de la mayoría automática, etcétera.
Realmente, es muy preocupante la agresión a la investidura de los diputados que fueron votados por el pueblo; recuerda cuando los mercados recurrían al partido militar sin embargo, yo no acusé a ningún diputado de complicidad con el partido militar porque creo firmemente en la vocación democrática de todos y cada uno de los que estamos aquí para cerrar las instituciones aludiendo a las mismas cuestiones.
Entonces, esta súbita campaña de desprestigio hacia quienes ocupamos una banca de legislador, incluso desde adentro de este propio recinto, me preocupa sobremanera, fundamentalmente por el carácter de las leyes que se están votando en favor de los intereses mayoritarios que representamos.
Realmente, es muy preocupante la agresión a la investidura de los diputados que fueron votados por el pueblo; recuerda cuando los mercados recurrían al partido militar sin embargo, yo no acusé a ningún diputado de complicidad con el partido militar porque creo firmemente en la vocación democrática de todos y cada uno de los que estamos aquí para cerrar las instituciones aludiendo a las mismas cuestiones.
Entonces, esta súbita campaña de desprestigio hacia quienes ocupamos una banca de legislador, incluso desde adentro de este propio recinto, me preocupa sobremanera, fundamentalmente por el carácter de las leyes que se están votando en favor de los intereses mayoritarios que representamos.
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SRA. MICHETTI, MARTA GABRIELA (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señora presidenta: como dije ayer en el plenario de las comisiones, es difícil abordar este tema con racionalidad cuando se escuchan muchas inconsistencias e irracionalidades en los argumentos que vierte el bloque de diputados que responde al Poder Ejecutivo, respecto de este proyecto de ley que nos lleva a tratar hoy el traspaso de los subtes y líneas de colectivos a la Ciudad de Buenos Aires.
Voy a intentar hace un repaso de algunas de esas inconsistencias, sobre todo, teniendo en cuenta –algún diputado lo dijo, pero lamentablemente es minoría- que en medio de esta discusión y en el centro de todas estas cuestiones está, nada más y nada menos, que la gente que viaja todos los días muy mal. Ninguno de nosotros puede hoy decir lo contrario. Sabemos positivamente –y los números que citó el señor diputado Amadeo son clarísimos- que el deterioro del sistema de transporte público en la Argentina en los últimos años es brutal.
La primera inconsistencia, la primera situación de dificultad para abordar este tema con racionalidad, se presenta cuando lo que deberíamos tratar es el fracaso de la política de transporte a nivel nacional, situación que se soslaya absolutamente y parece no existir.
En el AMBA, el transporte metropolitano tiene un subsidio distribuido por cantidad de pasajeros de 500 pesos por persona, cuando en otros lugares del país no llega a los 50, y en otros, a 100. Entonces, es inentendible cómo la gente viaja como lo hace. Definitivamente, deberíamos pensar que esa plata es destinada a cualquier otro lugar menos a ese pasajero que va a trabajar, al hospital, a la escuela, a visitar a su familia o donde quiera ir.
Ese famoso fondo fiduciario –no sólo existe el sistema de subsidios de 17 mil millones de pesos sino uno especialmente destinado al sistema de infraestructura de transportes- hace que esto que estaba pensado para la inversión en el sistema de transporte se haya convertido en los últimos años en la compensación de los costos operativos de las empresas de transporte automotor de la zona del AMBA.
Otra vez tenemos empresarios favorecidos sin ningún control sobre las inversiones que deben hacer, las obligaciones que deben cumplimentar, y pasajeros que viajan de manera absolutamente indigna e inhumana todos los santos días de su vida.
Esto, como dije ayer, se da en un contexto de crecimiento económico muy importante de los últimos ocho años. Lo que ocurre es que ese crecimiento económico no se ve, de ninguna manera, correlacionado con el desarrollo humano que deberíamos encontrar en los indicadores propios de dicho desarrollo.
La segunda situación absolutamente irracional y que no tiene ninguna explicación es la súbita desesperación y la súbita iniciativa fanatizada del gobierno nacional en traspasar a la Ciudad de Buenos Aires la competencia del transporte, y no la totalidad de ellas, de un día para el otro.
Hace ocho años, desde que estamos en la escena política de la Ciudad de Buenos Aires y de la República Argentina, el PRO viene reclamando la transferencia de las competencias que esta Ciudad debe ejercer como ciudad autónoma, según lo manifiesta su Constitución. Sin embargo, al gobierno nacional, de un día para el otro, se le ocurrió transferir un pedacito de esas competencias, sin respetar lo que dice la Constitución Nacional en el inciso 2º del artículo 75, en cuanto a que dicha transferencia debe hacerse con recursos y con la aceptación de la Legislatura de la jurisdicción competente.
De modo que nuevamente estamos ante un espasmo, una situación de urgencia no fundamentada, porque hace ocho años que venimos reclamando esto, y de golpe aparece la necesidad de hacerlo, de la noche a la mañana, sin respetar los cauces de las normas previstas. No solo eso: la transferencia se pretende hacer sin recursos, sin la aceptación de la Legislatura, como prevé la Constitución; a lo que debemos sumar el pequeño detalle de una deuda de 1.100 millones de dólares en inversiones comprometida por el ex presidente Néstor Kirchner en 2006, con nombre y apellido, y explicitadas en papel blanco y negro.
Esto es, nada más ni nada menos, que la plata que la Ciudad de Buenos Aires a través de sus ciudadanos pusieron en impuestos. Se trata de cinco mil y pico de millones de pesos, es decir, 1.100 millones de dólares, y ahora el gobierno nacional pretende, al traspasar esa deuda a la Ciudad sin hacer las inversiones que se comprometió a realizar, que los ciudadanos porteños paguen nuevamente esos cinco mil y pico de millones de pesos.
Resulta inentendible que los gobernadores de todas las provincias de la Argentina no comprendan que en este caso lo que se está haciendo es defender a los ciudadanos de una jurisdicción, como ellos deberían defender a los ciudadanos de sus propias jurisdicciones.
No he visto a ninguno de nuestros gobernadores pararse con absoluta vehemencia y firmeza para defender los intereses de sus ciudadanos, como debe hacer cualquier representante elegido por la gente.
Otra de las inconsistencias es la de firmar un acta para comenzar un proceso de traspaso, con la voluntad explícita de llegar a ese traspaso, y a los pocos días empezar a incumplir cada una de las cosas que se acordaron.
Se acordó transferir a la Ciudad parte de los subsidios que el gobierno nacional tiene hoy aplicados al subterráneo de Buenos Aires, y evidentemente de esos treinta y pico de millones de pesos solo llegaron a la Ciudad 3 millones y pico, porque el gobierno nacional no está dispuesto a hacerlo; de la misma manera viene incumpliendo en enviar el dinero que debe poner para la Ciudad en el caso de la transferencia de la Justicia –y estamos en juicio por eso, y de esa misma forma incumplió a los pocos días de la firma del acta la transferencia de los recursos del subsidio.
Pero no solo eso: como se ha dicho varias veces, la ministra de Defensa, otra vez haciendo caso omiso al interés de la gente, de los porteños, de los ciudadanos argentinos que habitan esta ciudad, decidió de un día para otro correrse de su responsabilidad primaria, que es la de ejercer la seguridad de los vecinos de la Ciudad, y quitar la policía de los subtes, no conforme con haberla quitado de las escuelas, de los hospitales, de los organismos públicos y de varios de los espacios públicos de la Ciudad de Buenos Aires; ahora también lo hace en el caso de los subterráneos.
Otra de las cuestiones, que también es absolutamente inconsistente, es pretender poner a la ciudad como la que no quiere ser solidaria con las provincias. Ya lo hemos aclarado varias veces: la Ciudad de Buenos Aires no sólo aporta el 25 por ciento a la masa coparticipable sino que además aporta en salud y en educación 4 mil millones de pesos a los ciudadanos de otras provincias.
Entonces, para ir terminando, el centro de la cuestión es por qué hoy no estamos discutiendo en una mesa de trabajo, con técnicos especializados, que vienen trabajando en la Argentina desde hace muchos años para ver cómo puede hacerse un sistema de transporte integrado en el área metropolitana de Buenos Aires, de la misma manera que se ha hecho en otras ciudades de América Latina.
Puedo citar el ejemplo de Santiago de Chile, donde el Sistema Integrado de Transporte logró reducir en un 72 por ciento los accidentes, un 90 por ciento las muertes por accidentes de tránsito y un 37 por ciento, el tiempo de los pasajeros en los medios de transporte.
¿Por qué no podemos estar haciendo exactamente lo mismo en esta ciudad, con la provincia de Buenos Aires y con la Nación para solucionar los problemas de la gente y no los problemas de la política, de la no política, de la Justicia, de la no Justicia, de la Constitución o la no Constitución? ¿Por qué no estamos trabajando en los problemas de la gente?
Quiero responder a uno de los diputados del Frente para la Victoria, que fue tan agresivo con sus palabras y que además habla de motes, donde en verdad no entiendo por qué los toma de forma despectiva y los aplica además a personas con cuyas tendencias ideológicas no nos sentimos para nada identificados, como la derecha liberal. También habló de un estado pequeño, y yo me pregunto si un estado pequeño no es aquél al que se le mueren 51 personas por no haber hecho las inversiones en los trenes y que le da 17 mil millones de pesos a empresas que no hacen absolutamente nada de lo que tienen que hacer y que paga 500 pesos por persona, que de ninguna manera les llegan al pasajero. Ese es un estado chico.
Un estado chico es el que no invierte en las rutas y se mueren 2.500 personas en el país por año, por accidentes donde estuvo involucrado un transporte de carga o de pasajeros. Ese es un estado chico, el que no invierte en energía, el que lamentablemente, comparándolo con Brasil...
Voy a intentar hace un repaso de algunas de esas inconsistencias, sobre todo, teniendo en cuenta –algún diputado lo dijo, pero lamentablemente es minoría- que en medio de esta discusión y en el centro de todas estas cuestiones está, nada más y nada menos, que la gente que viaja todos los días muy mal. Ninguno de nosotros puede hoy decir lo contrario. Sabemos positivamente –y los números que citó el señor diputado Amadeo son clarísimos- que el deterioro del sistema de transporte público en la Argentina en los últimos años es brutal.
La primera inconsistencia, la primera situación de dificultad para abordar este tema con racionalidad, se presenta cuando lo que deberíamos tratar es el fracaso de la política de transporte a nivel nacional, situación que se soslaya absolutamente y parece no existir.
En el AMBA, el transporte metropolitano tiene un subsidio distribuido por cantidad de pasajeros de 500 pesos por persona, cuando en otros lugares del país no llega a los 50, y en otros, a 100. Entonces, es inentendible cómo la gente viaja como lo hace. Definitivamente, deberíamos pensar que esa plata es destinada a cualquier otro lugar menos a ese pasajero que va a trabajar, al hospital, a la escuela, a visitar a su familia o donde quiera ir.
Ese famoso fondo fiduciario –no sólo existe el sistema de subsidios de 17 mil millones de pesos sino uno especialmente destinado al sistema de infraestructura de transportes- hace que esto que estaba pensado para la inversión en el sistema de transporte se haya convertido en los últimos años en la compensación de los costos operativos de las empresas de transporte automotor de la zona del AMBA.
Otra vez tenemos empresarios favorecidos sin ningún control sobre las inversiones que deben hacer, las obligaciones que deben cumplimentar, y pasajeros que viajan de manera absolutamente indigna e inhumana todos los santos días de su vida.
Esto, como dije ayer, se da en un contexto de crecimiento económico muy importante de los últimos ocho años. Lo que ocurre es que ese crecimiento económico no se ve, de ninguna manera, correlacionado con el desarrollo humano que deberíamos encontrar en los indicadores propios de dicho desarrollo.
La segunda situación absolutamente irracional y que no tiene ninguna explicación es la súbita desesperación y la súbita iniciativa fanatizada del gobierno nacional en traspasar a la Ciudad de Buenos Aires la competencia del transporte, y no la totalidad de ellas, de un día para el otro.
Hace ocho años, desde que estamos en la escena política de la Ciudad de Buenos Aires y de la República Argentina, el PRO viene reclamando la transferencia de las competencias que esta Ciudad debe ejercer como ciudad autónoma, según lo manifiesta su Constitución. Sin embargo, al gobierno nacional, de un día para el otro, se le ocurrió transferir un pedacito de esas competencias, sin respetar lo que dice la Constitución Nacional en el inciso 2º del artículo 75, en cuanto a que dicha transferencia debe hacerse con recursos y con la aceptación de la Legislatura de la jurisdicción competente.
De modo que nuevamente estamos ante un espasmo, una situación de urgencia no fundamentada, porque hace ocho años que venimos reclamando esto, y de golpe aparece la necesidad de hacerlo, de la noche a la mañana, sin respetar los cauces de las normas previstas. No solo eso: la transferencia se pretende hacer sin recursos, sin la aceptación de la Legislatura, como prevé la Constitución; a lo que debemos sumar el pequeño detalle de una deuda de 1.100 millones de dólares en inversiones comprometida por el ex presidente Néstor Kirchner en 2006, con nombre y apellido, y explicitadas en papel blanco y negro.
Esto es, nada más ni nada menos, que la plata que la Ciudad de Buenos Aires a través de sus ciudadanos pusieron en impuestos. Se trata de cinco mil y pico de millones de pesos, es decir, 1.100 millones de dólares, y ahora el gobierno nacional pretende, al traspasar esa deuda a la Ciudad sin hacer las inversiones que se comprometió a realizar, que los ciudadanos porteños paguen nuevamente esos cinco mil y pico de millones de pesos.
Resulta inentendible que los gobernadores de todas las provincias de la Argentina no comprendan que en este caso lo que se está haciendo es defender a los ciudadanos de una jurisdicción, como ellos deberían defender a los ciudadanos de sus propias jurisdicciones.
No he visto a ninguno de nuestros gobernadores pararse con absoluta vehemencia y firmeza para defender los intereses de sus ciudadanos, como debe hacer cualquier representante elegido por la gente.
Otra de las inconsistencias es la de firmar un acta para comenzar un proceso de traspaso, con la voluntad explícita de llegar a ese traspaso, y a los pocos días empezar a incumplir cada una de las cosas que se acordaron.
Se acordó transferir a la Ciudad parte de los subsidios que el gobierno nacional tiene hoy aplicados al subterráneo de Buenos Aires, y evidentemente de esos treinta y pico de millones de pesos solo llegaron a la Ciudad 3 millones y pico, porque el gobierno nacional no está dispuesto a hacerlo; de la misma manera viene incumpliendo en enviar el dinero que debe poner para la Ciudad en el caso de la transferencia de la Justicia –y estamos en juicio por eso, y de esa misma forma incumplió a los pocos días de la firma del acta la transferencia de los recursos del subsidio.
Pero no solo eso: como se ha dicho varias veces, la ministra de Defensa, otra vez haciendo caso omiso al interés de la gente, de los porteños, de los ciudadanos argentinos que habitan esta ciudad, decidió de un día para otro correrse de su responsabilidad primaria, que es la de ejercer la seguridad de los vecinos de la Ciudad, y quitar la policía de los subtes, no conforme con haberla quitado de las escuelas, de los hospitales, de los organismos públicos y de varios de los espacios públicos de la Ciudad de Buenos Aires; ahora también lo hace en el caso de los subterráneos.
Otra de las cuestiones, que también es absolutamente inconsistente, es pretender poner a la ciudad como la que no quiere ser solidaria con las provincias. Ya lo hemos aclarado varias veces: la Ciudad de Buenos Aires no sólo aporta el 25 por ciento a la masa coparticipable sino que además aporta en salud y en educación 4 mil millones de pesos a los ciudadanos de otras provincias.
Entonces, para ir terminando, el centro de la cuestión es por qué hoy no estamos discutiendo en una mesa de trabajo, con técnicos especializados, que vienen trabajando en la Argentina desde hace muchos años para ver cómo puede hacerse un sistema de transporte integrado en el área metropolitana de Buenos Aires, de la misma manera que se ha hecho en otras ciudades de América Latina.
Puedo citar el ejemplo de Santiago de Chile, donde el Sistema Integrado de Transporte logró reducir en un 72 por ciento los accidentes, un 90 por ciento las muertes por accidentes de tránsito y un 37 por ciento, el tiempo de los pasajeros en los medios de transporte.
¿Por qué no podemos estar haciendo exactamente lo mismo en esta ciudad, con la provincia de Buenos Aires y con la Nación para solucionar los problemas de la gente y no los problemas de la política, de la no política, de la Justicia, de la no Justicia, de la Constitución o la no Constitución? ¿Por qué no estamos trabajando en los problemas de la gente?
Quiero responder a uno de los diputados del Frente para la Victoria, que fue tan agresivo con sus palabras y que además habla de motes, donde en verdad no entiendo por qué los toma de forma despectiva y los aplica además a personas con cuyas tendencias ideológicas no nos sentimos para nada identificados, como la derecha liberal. También habló de un estado pequeño, y yo me pregunto si un estado pequeño no es aquél al que se le mueren 51 personas por no haber hecho las inversiones en los trenes y que le da 17 mil millones de pesos a empresas que no hacen absolutamente nada de lo que tienen que hacer y que paga 500 pesos por persona, que de ninguna manera les llegan al pasajero. Ese es un estado chico.
Un estado chico es el que no invierte en las rutas y se mueren 2.500 personas en el país por año, por accidentes donde estuvo involucrado un transporte de carga o de pasajeros. Ese es un estado chico, el que no invierte en energía, el que lamentablemente, comparándolo con Brasil...
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Señora diputada: ha vencido su término.
SRA. MICHETTI, MARTA GABRIELA (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señora presidenta: algunos señores diputados han podido utilizar unos minutos de más.
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
No es así, señora diputada.
Se le ha acabado su tiempo.
Se le ha acabado su tiempo.
- La Presidencia desconecta el micrófono de la oradora.
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR. JUNIO, JUAN CARLOS ISAAC (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señora presidenta: quiero adelantar el voto afirmativo del bloque del Frente Nuevo Encuentro al dictamen de mayoría del tema que hoy nos ocupa.
Si tuviera que sintetizar la fundamentación de nuestra posición, como enfoque central, diría que está basada en el principio de legalidad y de reafirmación de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de algunas otras consideraciones políticas.
Antes de entrar en la materia quisiera hacer una digresión sobre la monarquía, porque ya escuché en las sesiones de diciembre hacer referencia a la monarquía de la presidenta de la Nación. Por entonces, también se asoció a la presidenta con la figura del dictador del Imperio Romano, y luego, como corolario de ese planteo, también se la asoció con la monarquía de los Capetos. Por lo tanto, se ve que hay una manía de asociar a la presidenta de la Nación con estos regímenes propios de otros estadios históricos; por ejemplo, del esclavismo o del feudalismo.
Volviendo al planteo recién hecho, todos sabemos que la monarquía es la expresión de un sistema en el que no hay ciudadanía sino como ocurrió en el pasado siervos de la gleba, no existiendo ningún derecho.
A esta presidenta particularmente la votaron casi 12 millones de ciudadanos. Por lo tanto, francamente creo que habría que terminar con estos desatinos que a mi entender constituyen planteos temerarios que lo único que hacen es rebajar la calidad del debate de nuestra Cámara de Diputados.
Entrando en la materia, comparto que el acta acuerdo firmada el 3 de enero ratifica la transferencia del sistema de transporte, al igual que el aumento de las tarifas mediante el decreto del Poder Ejecutivo de la Ciudad del 5 de enero. De acuerdo con la teoría de los actos propios, esto revela la efectivización de la transferencia y la hace indubitable.
Quiero agregar que existe un antecedente que demuestra que la Ciudad ya ha ejercido la potestad de administrar. Se trata de la creación de la nueva línea H. En este caso fue la Ciudad la que otorgó la concesión, e incluso se la dio al mismo concesionario que tenía a su cargo otras líneas.
En un sistema federal de gobierno los servicios de naturaleza y jurisdicción local son resorte de las autoridades locales, sean provinciales o municipales, y muy en particular el servicio de transporte público de una jurisdicción debe ser administrado y controlado por las autoridades de esa jurisdicción. El Gobierno de la Ciudad debería entonces apoyar este proceso de creciente autonomía y preocuparse por brindar un servicio público mucho más extendido y eficiente que el actual.
Por eso, creo que el titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad debería pensar mucho más en gobernar de una buena vez para los ciudadanos de la Ciudad que mayoritariamente lo votaron y para los otros cientos de miles que no lo votaron o lo rechazan.
Por el contario, Macri ha cometido una serie de actos que ponen de manifiesto su falta de voluntad política para trabajar por la mejora del servicio público de transporte y por los usuarios de la Ciudad, que no son otros que los del pueblo de la Capital y del Gran Buenos Aires. Ha demostrado su falta de voluntad no sólo para trabajar por la mejora del servicio público. En realidad, creo que ha demostrado su falta de voluntad para trabajar, a secas.
Los porteños tuvimos mala suerte, ya que el señor Macri como exponente de la derecha podría ser bastante más laborioso y trabajador, pero no hemos tenido esa suerte. Ciertamente, al jefe de Gobierno le gusta viajar mucho y, entre otras cosas, recibir con bombos y platillos a sus amigos neofranquistas como Aznar, el mentado hombre de Atocha.
Volviendo al tema, lo primero que hizo a pocos días de firmar el acta acuerdo fue aumentar las tarifas sin ningún tipo de audiencias públicas o explicitación de cuál sería la política en materia de subtes y la estrategia financiera en la que se ubicaba ese aumento de tarifas.
Entonces, lo primero que hizo fue aumentar las tarifas. Esta sería la política en materia de subtes y la estrategia. Me pregunto quién no escuchó al jefe de Gobierno decir una y mil veces en forma enfática que iba a ampliar la red de subterráneos. Ciertamente, han pasado cinco años y la vida ha demostrado que no cumplió con sus promesas de campaña, como suponían muchos ciudadanos.
Debo recordar que en un debate televisivo volviendo al tema de sus promesas de la campaña del año 2007, confrontando con el licenciado Filmus, el entonces candidato señalaba a propósito de la política de transporte lo siguiente: “¿Somos idiotas que no podemos construir 15 kilómetros de subte por año?”. Nosotros tenemos que construir por lo menos 15 kilómetros, como hicieron los chilenos, tal cual lo decía recién la señora diputada Michetti. El jefe de Gobierno se preguntaba si éramos idiotas porque no podíamos construir 15 kilómetros.
Está claro entonces que todas las promesas fueron hechas con el afán de seducir, a sabiendas de que no se iban a realizar. Siempre el jefe de Gbierno tiene alguien a quien culpar. Siguiendo sus dichos, ¿cómo calificaríamos a un gobierno que sólo inauguró un pequeño número de estaciones cuya construcción ya estaba en marcha desde antes?
También hay que señalar otra cuestión importante. La Ciudad hizo una colocación de bonos por cerca de 500 millones de dólares, pagando una tasa anual de interés del 12 por ciento. Esos recursos se iban a destinar a la construcción de subterráneos, pero sin embargo el proyecto no se emprendió. Así es que los fondos fueron a parar a otro destino.
Una vez más Macri explicó que contaba con los proyectos pero no con las condiciones apropiadas para invertir esos recursos en subtes. De nuevo el candidato a presidente de la derecha y de las corporaciones mediáticas explica pero no hace, promete pero no cumple, y además es ineficiente en el manejo de los recursos. Y en este caso, no hacer es no gobernar. De eso se trata; es una cuestión central que aquí estamos discutiendo.
El gobierno de Macri declama su vocación de mayor autonomía para la Ciudad, pero cuando hay un caso concreto que permite a la Ciudad hacer uso de sus capacidades y sus derechos, lo declina, borrando con el codo lo que antes había escrito con la mano.
La autonomía consiste en que los ciudadanos de Buenos Aires se organicen para administrar y controlar un servicio que les es propio, porque los porteños no tenemos menos capacidad y particularmente menos responsabilidad que el resto de los argentinos para asumir las potestades de regulación y control de los servicios públicos.
Para ir terminando, porque se me acaba el tiempo, creo que es importante señalar que el traspaso de los servicios a la Ciudad también debe verse desde la óptica de los usuarios. Nuestro desafío debe estar focalizado en configurar una red de transporte que integre los servicios de la Ciudad y el conurbano, y para ello es necesario que las jurisdicciones involucradas coordinen su accionar y delineen un plan estratégico de transporte para el área metropolitana.
Si tuviera que sintetizar la fundamentación de nuestra posición, como enfoque central, diría que está basada en el principio de legalidad y de reafirmación de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de algunas otras consideraciones políticas.
Antes de entrar en la materia quisiera hacer una digresión sobre la monarquía, porque ya escuché en las sesiones de diciembre hacer referencia a la monarquía de la presidenta de la Nación. Por entonces, también se asoció a la presidenta con la figura del dictador del Imperio Romano, y luego, como corolario de ese planteo, también se la asoció con la monarquía de los Capetos. Por lo tanto, se ve que hay una manía de asociar a la presidenta de la Nación con estos regímenes propios de otros estadios históricos; por ejemplo, del esclavismo o del feudalismo.
Volviendo al planteo recién hecho, todos sabemos que la monarquía es la expresión de un sistema en el que no hay ciudadanía sino como ocurrió en el pasado siervos de la gleba, no existiendo ningún derecho.
A esta presidenta particularmente la votaron casi 12 millones de ciudadanos. Por lo tanto, francamente creo que habría que terminar con estos desatinos que a mi entender constituyen planteos temerarios que lo único que hacen es rebajar la calidad del debate de nuestra Cámara de Diputados.
Entrando en la materia, comparto que el acta acuerdo firmada el 3 de enero ratifica la transferencia del sistema de transporte, al igual que el aumento de las tarifas mediante el decreto del Poder Ejecutivo de la Ciudad del 5 de enero. De acuerdo con la teoría de los actos propios, esto revela la efectivización de la transferencia y la hace indubitable.
Quiero agregar que existe un antecedente que demuestra que la Ciudad ya ha ejercido la potestad de administrar. Se trata de la creación de la nueva línea H. En este caso fue la Ciudad la que otorgó la concesión, e incluso se la dio al mismo concesionario que tenía a su cargo otras líneas.
En un sistema federal de gobierno los servicios de naturaleza y jurisdicción local son resorte de las autoridades locales, sean provinciales o municipales, y muy en particular el servicio de transporte público de una jurisdicción debe ser administrado y controlado por las autoridades de esa jurisdicción. El Gobierno de la Ciudad debería entonces apoyar este proceso de creciente autonomía y preocuparse por brindar un servicio público mucho más extendido y eficiente que el actual.
Por eso, creo que el titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad debería pensar mucho más en gobernar de una buena vez para los ciudadanos de la Ciudad que mayoritariamente lo votaron y para los otros cientos de miles que no lo votaron o lo rechazan.
Por el contario, Macri ha cometido una serie de actos que ponen de manifiesto su falta de voluntad política para trabajar por la mejora del servicio público de transporte y por los usuarios de la Ciudad, que no son otros que los del pueblo de la Capital y del Gran Buenos Aires. Ha demostrado su falta de voluntad no sólo para trabajar por la mejora del servicio público. En realidad, creo que ha demostrado su falta de voluntad para trabajar, a secas.
Los porteños tuvimos mala suerte, ya que el señor Macri como exponente de la derecha podría ser bastante más laborioso y trabajador, pero no hemos tenido esa suerte. Ciertamente, al jefe de Gobierno le gusta viajar mucho y, entre otras cosas, recibir con bombos y platillos a sus amigos neofranquistas como Aznar, el mentado hombre de Atocha.
Volviendo al tema, lo primero que hizo a pocos días de firmar el acta acuerdo fue aumentar las tarifas sin ningún tipo de audiencias públicas o explicitación de cuál sería la política en materia de subtes y la estrategia financiera en la que se ubicaba ese aumento de tarifas.
Entonces, lo primero que hizo fue aumentar las tarifas. Esta sería la política en materia de subtes y la estrategia. Me pregunto quién no escuchó al jefe de Gobierno decir una y mil veces en forma enfática que iba a ampliar la red de subterráneos. Ciertamente, han pasado cinco años y la vida ha demostrado que no cumplió con sus promesas de campaña, como suponían muchos ciudadanos.
Debo recordar que en un debate televisivo volviendo al tema de sus promesas de la campaña del año 2007, confrontando con el licenciado Filmus, el entonces candidato señalaba a propósito de la política de transporte lo siguiente: “¿Somos idiotas que no podemos construir 15 kilómetros de subte por año?”. Nosotros tenemos que construir por lo menos 15 kilómetros, como hicieron los chilenos, tal cual lo decía recién la señora diputada Michetti. El jefe de Gobierno se preguntaba si éramos idiotas porque no podíamos construir 15 kilómetros.
Está claro entonces que todas las promesas fueron hechas con el afán de seducir, a sabiendas de que no se iban a realizar. Siempre el jefe de Gbierno tiene alguien a quien culpar. Siguiendo sus dichos, ¿cómo calificaríamos a un gobierno que sólo inauguró un pequeño número de estaciones cuya construcción ya estaba en marcha desde antes?
También hay que señalar otra cuestión importante. La Ciudad hizo una colocación de bonos por cerca de 500 millones de dólares, pagando una tasa anual de interés del 12 por ciento. Esos recursos se iban a destinar a la construcción de subterráneos, pero sin embargo el proyecto no se emprendió. Así es que los fondos fueron a parar a otro destino.
Una vez más Macri explicó que contaba con los proyectos pero no con las condiciones apropiadas para invertir esos recursos en subtes. De nuevo el candidato a presidente de la derecha y de las corporaciones mediáticas explica pero no hace, promete pero no cumple, y además es ineficiente en el manejo de los recursos. Y en este caso, no hacer es no gobernar. De eso se trata; es una cuestión central que aquí estamos discutiendo.
El gobierno de Macri declama su vocación de mayor autonomía para la Ciudad, pero cuando hay un caso concreto que permite a la Ciudad hacer uso de sus capacidades y sus derechos, lo declina, borrando con el codo lo que antes había escrito con la mano.
La autonomía consiste en que los ciudadanos de Buenos Aires se organicen para administrar y controlar un servicio que les es propio, porque los porteños no tenemos menos capacidad y particularmente menos responsabilidad que el resto de los argentinos para asumir las potestades de regulación y control de los servicios públicos.
Para ir terminando, porque se me acaba el tiempo, creo que es importante señalar que el traspaso de los servicios a la Ciudad también debe verse desde la óptica de los usuarios. Nuestro desafío debe estar focalizado en configurar una red de transporte que integre los servicios de la Ciudad y el conurbano, y para ello es necesario que las jurisdicciones involucradas coordinen su accionar y delineen un plan estratégico de transporte para el área metropolitana.
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. SOLA, FELIPE CARLOS (BUENOS AIRES):
Señora presidenta: a raíz de la consideración de esta iniciativa, pensamos que el Congreso Nacional se ve obligado a colocarse en un lugar arbitral entre dos jurisdicciones, como son la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Estamos en contra de la tendencia que normalmente prevalece de judicializar los temas políticos o que deben ser resueltos por la política. Pero éste es un asunto interjurisdiccional que no puede ser solucionado por el Congreso, porque en todo esto hay algo de esquizofrenia: estamos tratando de aprobar un acta acuerdo entre la Nación y la CABA en la que no hay coincidencia. Se está intentando aprobar un acuerdo que no es tal. Desde aquí, mediante una ley queremos obligar a las partes a que se pongan de acuerdo, sentando un precedente muy grave frente al poder que podría tener el Congreso para obligar a una provincia el día de mañana a tener que aceptar lo que se le ocurra a este Parlamento, como por ejemplo una función nueva que suponga una enorme ampliación de presupuesto. Para evitar eso está el artículo 75, inciso 2º.
Además, otro artículo de la Constitución señala que en ese caso cabe una ley y la ratificación de la jurisdicción provincial o posteriormente de la CABA; tiene que haber acuerdo y no lo hay. Entonces, no puede haber un acuerdo de prepo. El Congreso no puede ser cómplice de un acuerdo de prepo.
Estamos en contra de la tendencia que normalmente prevalece de judicializar los temas políticos o que deben ser resueltos por la política. Pero éste es un asunto interjurisdiccional que no puede ser solucionado por el Congreso, porque en todo esto hay algo de esquizofrenia: estamos tratando de aprobar un acta acuerdo entre la Nación y la CABA en la que no hay coincidencia. Se está intentando aprobar un acuerdo que no es tal. Desde aquí, mediante una ley queremos obligar a las partes a que se pongan de acuerdo, sentando un precedente muy grave frente al poder que podría tener el Congreso para obligar a una provincia el día de mañana a tener que aceptar lo que se le ocurra a este Parlamento, como por ejemplo una función nueva que suponga una enorme ampliación de presupuesto. Para evitar eso está el artículo 75, inciso 2º.
Además, otro artículo de la Constitución señala que en ese caso cabe una ley y la ratificación de la jurisdicción provincial o posteriormente de la CABA; tiene que haber acuerdo y no lo hay. Entonces, no puede haber un acuerdo de prepo. El Congreso no puede ser cómplice de un acuerdo de prepo.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Julián Andrés Domínguez.
SR. SOLA, FELIPE CARLOS (BUENOS AIRES):
Sin entrar a juzgar si el Estado nacional tiene razón o no al tratar de que la CABA se haga cargo del servicio de subterráneos, de las 33 líneas de colectivos y demás, y sin entrar a juzgar tampoco –aunque sí lo haré la torpeza del jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de firmar un acta y luego aumentar las tarifas, como alguien dijo, sin siquiera acordarse de quien hoy aquí parece estar ausente, que es el pueblo que todos los días se sube a los subterráneos y se baja de los colectivos o de los trenes, cuyo servicio puede ser regular como el del Roca, mejor como el del Mitre o espantoso como el del Sarmiento, a ese sujeto nosotros hoy no le estamos haciendo homenaje. Estamos discutiendo cuestiones fiscales, de dinero y de jurisdicciones políticas e institucionales. Además, nos estamos adelantando a lo que vendrá, que es un tema judicial, que debe quedar en sede judicial y no política. Mientras tanto, el ciudadano espera.
Quiero recordar que la Constitución Nacional me parece clara en cuanto a defender, por intermedio del Congreso o como sea, a una provincia si se le “vienen encima” las demás. De otro modo, la Constitución no lo hubiera permitido –como lo hace para la ley más importante no sancionada, a pesar de que la reforma de 1994 nos obliga a hacerlo. Me refiero a la Ley de Coparticipación Federal. Una sola provincia puede dejar sin efecto un proyecto de cualquiera o, como dice la Constitución Nacional, un proyecto del Estado nacional que ingrese por el Senado. Una provincia que no firme –esto me tocó en 2004 puede dejar sin efecto una nueva Ley de Coparticipación. No la firmé porque volvía la provincia de Buenos Aires a quedarse con el 20 o 21 por ciento de la coparticipación, por lo menos durante dos años, a pesar de que tiene el 38 por ciento de los habitantes, y un porcentaje de pobres superior al promedio del país.
Entonces, ante la posibilidad de que una provincia pueda quebrar, es que la Constitución previó la defensa de las provincias. Por consiguiente, vemos también esto como una cuestión más de coparticipación. En caso de que adoptemos una medida como la que estamos tratando que parece que se va a aprobar por mayoría estaremos rompiendo el equilibrio financiero entre Nación y provincias, que sólo puede alterarse a favor de estas últimas. Esto bien lo ha hecho el gobierno nacional cuando después de haber asumido un unitarismo económico muy fuerte, por ejemplo, refinanció la deuda de todas las provincias por medio de un decreto de la señora presidenta.
Según el acta, el Estado nacional es concedente y cocontratante respecto de alguien que está ausente en el debate; me refiero a Metrovías, la empresa concesionaria, que ha sido acusada –entre paréntesis por la mayoría de los delegados de subterráneos a raíz de la falta de seguridad como consecuencia de la desinversión. Éste no es un dato menor para quienes viajan.
Esa empresa no ha sido consultada: mediante la firma del ministro Julio De Vido se cambió al contratante, cuando en realidad ello, en todo caso, debe hacerse mediante un decreto de la presidenta. Como ministro, De Vido no tiene competencia para cambiar al contratante; sólo puede hacerlo un acto de la presidenta de la República.
Por eso, después del acta y del retroceso –iba a decir “reculada”, como en el campo del amigo Macri, el Estado sigue siendo la otra parte frente a Metrovías, y también lo será mañana. Mientras no haya acuerdo, por más leyes que sancionemos, seguirá siéndolo. Voten la ley; de todas formas, jurídicamente el Estado nacional, frente a los problemas que pudieran presentarse, seguirá siendo la otra parte de Metrovías, y va a haber problemas.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tampoco puede “escabullir el bulto” a la responsabilidad de ser quien controla, fiscaliza y fija tarifas, porque eso ya lo aceptó. Existe un artículo del Código Penal para quienes rehúyen de sus responsabilidades generando con ello algún peligro a los ciudadanos, en este caso, a los usuarios de un servicio.
Entonces, adviertan los señores diputados la paradoja: uno no puede renunciar a ser la otra cara de la empresa –contratante, y otro no puede renunciar a ser quien controla, fiscaliza y fija las tarifas.
Todo esto es demasiado lío, señor presidente, sobre todo habiendo transcurrido muchos años de gobierno sin poder tener, al menos, un proyecto de transporte bien articulado, a mediano y largo plazo, en una región tan grande como la que abarca el AMBA, que gracias al crecimiento de la República Argentina, desde 2003 en adelante, registra una movilización de personas mucho mayor, tanto para trabajar como para buscar trabajo.
En todos los casos, la población económicamente activa es muy superior a la de las demás provincias, y esto debemos verlo con buenos ojos, pero los problemas crecen. Hay más trabajo, más dignificación, pero con lo que venimos a votar no vamos a resolver tales incovenientes.
Quiero recordar que la Constitución Nacional me parece clara en cuanto a defender, por intermedio del Congreso o como sea, a una provincia si se le “vienen encima” las demás. De otro modo, la Constitución no lo hubiera permitido –como lo hace para la ley más importante no sancionada, a pesar de que la reforma de 1994 nos obliga a hacerlo. Me refiero a la Ley de Coparticipación Federal. Una sola provincia puede dejar sin efecto un proyecto de cualquiera o, como dice la Constitución Nacional, un proyecto del Estado nacional que ingrese por el Senado. Una provincia que no firme –esto me tocó en 2004 puede dejar sin efecto una nueva Ley de Coparticipación. No la firmé porque volvía la provincia de Buenos Aires a quedarse con el 20 o 21 por ciento de la coparticipación, por lo menos durante dos años, a pesar de que tiene el 38 por ciento de los habitantes, y un porcentaje de pobres superior al promedio del país.
Entonces, ante la posibilidad de que una provincia pueda quebrar, es que la Constitución previó la defensa de las provincias. Por consiguiente, vemos también esto como una cuestión más de coparticipación. En caso de que adoptemos una medida como la que estamos tratando que parece que se va a aprobar por mayoría estaremos rompiendo el equilibrio financiero entre Nación y provincias, que sólo puede alterarse a favor de estas últimas. Esto bien lo ha hecho el gobierno nacional cuando después de haber asumido un unitarismo económico muy fuerte, por ejemplo, refinanció la deuda de todas las provincias por medio de un decreto de la señora presidenta.
Según el acta, el Estado nacional es concedente y cocontratante respecto de alguien que está ausente en el debate; me refiero a Metrovías, la empresa concesionaria, que ha sido acusada –entre paréntesis por la mayoría de los delegados de subterráneos a raíz de la falta de seguridad como consecuencia de la desinversión. Éste no es un dato menor para quienes viajan.
Esa empresa no ha sido consultada: mediante la firma del ministro Julio De Vido se cambió al contratante, cuando en realidad ello, en todo caso, debe hacerse mediante un decreto de la presidenta. Como ministro, De Vido no tiene competencia para cambiar al contratante; sólo puede hacerlo un acto de la presidenta de la República.
Por eso, después del acta y del retroceso –iba a decir “reculada”, como en el campo del amigo Macri, el Estado sigue siendo la otra parte frente a Metrovías, y también lo será mañana. Mientras no haya acuerdo, por más leyes que sancionemos, seguirá siéndolo. Voten la ley; de todas formas, jurídicamente el Estado nacional, frente a los problemas que pudieran presentarse, seguirá siendo la otra parte de Metrovías, y va a haber problemas.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tampoco puede “escabullir el bulto” a la responsabilidad de ser quien controla, fiscaliza y fija tarifas, porque eso ya lo aceptó. Existe un artículo del Código Penal para quienes rehúyen de sus responsabilidades generando con ello algún peligro a los ciudadanos, en este caso, a los usuarios de un servicio.
Entonces, adviertan los señores diputados la paradoja: uno no puede renunciar a ser la otra cara de la empresa –contratante, y otro no puede renunciar a ser quien controla, fiscaliza y fija las tarifas.
Todo esto es demasiado lío, señor presidente, sobre todo habiendo transcurrido muchos años de gobierno sin poder tener, al menos, un proyecto de transporte bien articulado, a mediano y largo plazo, en una región tan grande como la que abarca el AMBA, que gracias al crecimiento de la República Argentina, desde 2003 en adelante, registra una movilización de personas mucho mayor, tanto para trabajar como para buscar trabajo.
En todos los casos, la población económicamente activa es muy superior a la de las demás provincias, y esto debemos verlo con buenos ojos, pero los problemas crecen. Hay más trabajo, más dignificación, pero con lo que venimos a votar no vamos a resolver tales incovenientes.
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR. SOLANAS, FERNANDO EZEQUIEL (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: estamos ante un debate que deja afuera al principal sujeto de este servicio público, que es el pasajero, quien después de sufrir en estos veinte años el perverso sistema de concesiones ideado por Carlos Menem –que está vigente, es víctima de la degradación sistemática del servicio de transportes en este caso, los subterráneos y, en general, de todo el sistema ferroviario.
La supresión de prácticamente el 90 por ciento del servicio de trenes interurbanos –uno de los actos más perversos que un gobernante puede acometer en democracia dejó a todas las provincias sin medios de comunicación. Desde entonces, el aumento de los accidentes en las calles o rutas llega a tal punto que la Argentina es el país de América del Sur que mayor número de muertes tiene en sus calles y rutas. También hemos superado las 8 mil muertes anuales, registrándose aproximadamente 13 mil lisiados por año.
Toda esta catástrofe no ha sido suficiente para conmover a la clase gobernante ni a la dirigencia en general, y seguimos arrastrando más de lo mismo. Aquí debemos hablar de cómo se pone término al corrupto sistema de concesiones, que es una caja negra donde todas las responsabilidades son del Estado, el concesionario recibe los beneficios y el pasajero se queda con los perjuicios, los accidentes, el hacinamiento y la falta de servicios regulares y sistemáticos.
En definitiva, estamos acometiendo un debate que se queda en la discusión jurídico constitucional. Por cierto, Proyecto Sur sostiene que esto es una farsa porque estamos discutiendo un proyecto de ley que es inconstitucional: ni el artículo 75 ni el 125 de la Constitución Nacional le dan a la Nación atribuciones para meterse en un asunto que compete a la Ciudad de Buenos Aires.
Como si fuera poco, por otro lado, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad firmó irresponsablemente un acta de cuatro o cinco puntos en la que también estaban ausentes la calidad del servicio, la seguridad de los pasajeros y las inversiones necesarias. Es más, aceptó rebajar los subsidios al 50 por ciento para 2012 y al ciento por ciento para 2013. Posteriormente, cuarenta y ocho horas después de haberla firmado, el jefe de Gobierno castigó al pasajero -la víctima- con un aumento del 127 por ciento.
El principal beneficiario sigue siendo el que viene embolsando los dineros públicos desde hace diecinueve años. Me refiero a Metrovías, propiedad del señor Roggio. Acá sigue gobernando el sistema de transportes: los Roggio, los Cirigliano; todos socios del festín de los subsidios. Este es el principal tema que esta Cámara debería investigar.
Deberíamos constituir una comisión investigadora que siguiera la ruta de los subsidios, caja negra entre el gobierno nacional y los concesionarios. Eso es lo que vemos en los subterráneos, situación que refleja como un espejo lo que venimos observando en relación con los trenes suburbanos. Ahí está TBA, Cirigliano, el Ferrocarril Sarmiento y las 51 víctimas.
Hace una semana murió un trabajador de los subterráneos. Don Néstor Kirchner ya había dicho que faltaban 1.300 millones de inversión. Nunca se hizo la inversión. La Nación tampoco le exigió a Metrovías que la hiciera ni le quitó la concesión.
Estimados amigos, colegas, muchachos: con palabras tiernas quiero decirles que se les fue la mano. En este traspaso ni le dan a la Ciudad la posibilidad de terminar con la concesión de Metrovías. Aquí lo que le están traspasando a la Ciudad es una farsa cargada de deudas. No podemos hablar de la defensa del pueblo si no defendemos su derecho.
Por eso, Proyecto Sur es una de las fuerzas que ha nacido defendiendo el cumplimiento de la Constitución Nacional. Incluso, la ley Cafiero establece en su artículo 6º el traspaso de todas las competencias que aún no fueron transferidas a la Ciudad de Buenos Aires. Nuestra fuerza ya ha presentado un proyecto de ley para el pleno reconocimiento de todos los derechos, poniendo en igualdad con el resto de las provincias a la Ciudad de Buenos Aires, modificando la ley Cafiero.
Termino diciendo que debemos considerar el tema del pueblo, del pasajero y del usuario. Los servicios públicos están para servir al público, que los paga. ¡Ustedes no pueden seguir ocultando y manteniendo el corrupto sistema de concesiones!
El señor Roggio recibe, por asesoramiento, un 2,5 por ciento de comisión por cada boleto vendido. El gran negocio del aumento de la tarifa del irresponsable Mauricio Macri lo está haciendo el señor Roggio, y de ello aquí no se habla. (Aplausos.)
La supresión de prácticamente el 90 por ciento del servicio de trenes interurbanos –uno de los actos más perversos que un gobernante puede acometer en democracia dejó a todas las provincias sin medios de comunicación. Desde entonces, el aumento de los accidentes en las calles o rutas llega a tal punto que la Argentina es el país de América del Sur que mayor número de muertes tiene en sus calles y rutas. También hemos superado las 8 mil muertes anuales, registrándose aproximadamente 13 mil lisiados por año.
Toda esta catástrofe no ha sido suficiente para conmover a la clase gobernante ni a la dirigencia en general, y seguimos arrastrando más de lo mismo. Aquí debemos hablar de cómo se pone término al corrupto sistema de concesiones, que es una caja negra donde todas las responsabilidades son del Estado, el concesionario recibe los beneficios y el pasajero se queda con los perjuicios, los accidentes, el hacinamiento y la falta de servicios regulares y sistemáticos.
En definitiva, estamos acometiendo un debate que se queda en la discusión jurídico constitucional. Por cierto, Proyecto Sur sostiene que esto es una farsa porque estamos discutiendo un proyecto de ley que es inconstitucional: ni el artículo 75 ni el 125 de la Constitución Nacional le dan a la Nación atribuciones para meterse en un asunto que compete a la Ciudad de Buenos Aires.
Como si fuera poco, por otro lado, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad firmó irresponsablemente un acta de cuatro o cinco puntos en la que también estaban ausentes la calidad del servicio, la seguridad de los pasajeros y las inversiones necesarias. Es más, aceptó rebajar los subsidios al 50 por ciento para 2012 y al ciento por ciento para 2013. Posteriormente, cuarenta y ocho horas después de haberla firmado, el jefe de Gobierno castigó al pasajero -la víctima- con un aumento del 127 por ciento.
El principal beneficiario sigue siendo el que viene embolsando los dineros públicos desde hace diecinueve años. Me refiero a Metrovías, propiedad del señor Roggio. Acá sigue gobernando el sistema de transportes: los Roggio, los Cirigliano; todos socios del festín de los subsidios. Este es el principal tema que esta Cámara debería investigar.
Deberíamos constituir una comisión investigadora que siguiera la ruta de los subsidios, caja negra entre el gobierno nacional y los concesionarios. Eso es lo que vemos en los subterráneos, situación que refleja como un espejo lo que venimos observando en relación con los trenes suburbanos. Ahí está TBA, Cirigliano, el Ferrocarril Sarmiento y las 51 víctimas.
Hace una semana murió un trabajador de los subterráneos. Don Néstor Kirchner ya había dicho que faltaban 1.300 millones de inversión. Nunca se hizo la inversión. La Nación tampoco le exigió a Metrovías que la hiciera ni le quitó la concesión.
Estimados amigos, colegas, muchachos: con palabras tiernas quiero decirles que se les fue la mano. En este traspaso ni le dan a la Ciudad la posibilidad de terminar con la concesión de Metrovías. Aquí lo que le están traspasando a la Ciudad es una farsa cargada de deudas. No podemos hablar de la defensa del pueblo si no defendemos su derecho.
Por eso, Proyecto Sur es una de las fuerzas que ha nacido defendiendo el cumplimiento de la Constitución Nacional. Incluso, la ley Cafiero establece en su artículo 6º el traspaso de todas las competencias que aún no fueron transferidas a la Ciudad de Buenos Aires. Nuestra fuerza ya ha presentado un proyecto de ley para el pleno reconocimiento de todos los derechos, poniendo en igualdad con el resto de las provincias a la Ciudad de Buenos Aires, modificando la ley Cafiero.
Termino diciendo que debemos considerar el tema del pueblo, del pasajero y del usuario. Los servicios públicos están para servir al público, que los paga. ¡Ustedes no pueden seguir ocultando y manteniendo el corrupto sistema de concesiones!
El señor Roggio recibe, por asesoramiento, un 2,5 por ciento de comisión por cada boleto vendido. El gran negocio del aumento de la tarifa del irresponsable Mauricio Macri lo está haciendo el señor Roggio, y de ello aquí no se habla. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
SR. FORTUNA, FRANCISCO JOSE (CORDOBA):
Señor presidente: he estado escuchando atentamente las exposiciones de los señores diputados que me han precedido en el uso de la palabra. Obviamente, hay razones atendibles de algunos que defienden el interés y la sustentabilidad de la ciudad capital, y también las hay para los que apoyan el proyecto contenido en el dictamen de mayoría.
Como diputado nacional del interior, de la provincia de Córdoba, creo –entiendo que al igual que la mayoría de los ciudadanos del interior que este tema se ha demorado en su solución. Este atraso no es gratis para el país ni para las provincias, porque hay una política de apoyo del Estado nacional mediante subsidios, que se refieren a temas centrales, como el transporte, combustibles o energía, y que surgen de los recursos de todos los argentinos.
Por ende, acelerar este trámite es visto con buenos ojos por aquellos que habitamos en el interior. Desde ese punto de vista, adelanto el voto positivo al dictamen de mayoría, pero también acuerdo con que hay elementos de raigambre constitucional y legislativa que avalan su discusión en este recinto.
Quisiera hacer algunas consideraciones en particular. Si realmente somos federalistas y estamos convencidos de un tema tan caro al sentimiento nacional y a su historia, resulta indispensable que los que gobiernan cumplan con las responsabilidades y obligaciones, según competa en los distintos estamentos: nacional, provincial o municipal.
En este sentido, no cabe duda de que le corresponde a la Ciudad de Buenos Aires tener la exclusividad de una visión integral acerca de lo que va a hacer con el transporte local, por la implicancia que ello tiene en la vida de todos los ciudadanos de a pie, que trabajan todos los días, y en la de los vecinos que tienen que resolver diariamente su problema de transporte.
Creo que el acta del 3 de enero de 2012 apunta a darle una solución a este tema y ya tiene principio de ejecución, porque hubo un aumento en el costo real del pasaje de subte en la Ciudad.
No caben dudas de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es el que debe tener bajo su órbita la gestión y administración de ese servicio.
Vuelvo a la cuestión federal, que ha sido ubicada en un lugar central en la exposición que el Poder Ejecutivo hace en los fundamentos de este proyecto.
Fui intendente de mi ciudad en la década del 90, cuando se nos trasfirió una importante cantidad de servicios, al igual que al resto de las provincias. Desde entonces a esta parte, y particularmente después de la crisis de 2001, los municipios y las provincias asumieron mayores competencias y responsabilidades, y no en todas las circunstancias –diría en forma excepcional se vieron acompañadas por trasferencias de recursos y apoyo técnico, como dice el manual que se deberían ejecutar estas nuevas competencias.
De modo que este proceso ya lo vivimos todas las provincias y municipios que conforman la amplia geografía nacional.
Vuelvo a remarcar que no podemos admitir que existan jurisdicciones que estén mejor que otras y reciban trato preferencial. Vaya el caso que mencioné al comienzo de mi alocución, en el sentido de que la transferencia a la Capital, por lo menos en este conflicto con el Estado nacional, se ha demorado, y el único argumento fuerte que se pone en consideración es que el traslado de esta responsabilidad es sumamente complejo.
Para todos ha sido difícil el traslado de mayores responsabilidades, y los del interior lo conocemos perfectamente bien.
Decía que hay un acta entre la Nación y la Ciudad que se está ejecutando, y que el pasaje aumentó de 1,10 a 2,50. En la ciudad de Córdoba el boleto de colectivo cuesta 3,20 y el servicio es malo. Si uno quiere viajar un poco mejor puede caminar diez cuadras y pagar 4,60 un colectivo diferencial.
Por eso, digo que no es gratis cuando se demora la resolución del problema porque todos somos argentinos y necesitamos soluciones.
Con respecto a otros temas que hacen a la relación de la Nación con las provincias, hay cuestiones pendientes que oportunamente pusimos en consideración. Hay otros asuntos que se refieren a las obras públicas, a las cajas previsionales no trasferidas y a los servicios, que necesitan de una urgente solución como ocurre con mi querida provincia de Córdoba, respecto de las cuales existen acuerdos con el gobierno nacional que necesariamente deben ser resueltos en lo inmediato para poder solucionar los problemas que tenemos.
Recientemente, hemos acompañado en este Congreso leyes que garantizan al Estado nacional llevar adelante sus políticas financieras. Creemos que así debe ser, pues el Estado nacional debe contar con el financiamiento necesario y por eso lo hemos apoyado.
Pero también sería bueno, en cuanto al financiamiento, avanzar en un federalismo real y que en definitiva podamos dar solución a todos los problemas.
Por eso, creemos que se debe actuar rápidamente en esta trasferencia de los servicios de trasporte a la Ciudad de Buenos Aires y por ello apoyamos el dictamen de mayoría.
Como diputado nacional del interior, de la provincia de Córdoba, creo –entiendo que al igual que la mayoría de los ciudadanos del interior que este tema se ha demorado en su solución. Este atraso no es gratis para el país ni para las provincias, porque hay una política de apoyo del Estado nacional mediante subsidios, que se refieren a temas centrales, como el transporte, combustibles o energía, y que surgen de los recursos de todos los argentinos.
Por ende, acelerar este trámite es visto con buenos ojos por aquellos que habitamos en el interior. Desde ese punto de vista, adelanto el voto positivo al dictamen de mayoría, pero también acuerdo con que hay elementos de raigambre constitucional y legislativa que avalan su discusión en este recinto.
Quisiera hacer algunas consideraciones en particular. Si realmente somos federalistas y estamos convencidos de un tema tan caro al sentimiento nacional y a su historia, resulta indispensable que los que gobiernan cumplan con las responsabilidades y obligaciones, según competa en los distintos estamentos: nacional, provincial o municipal.
En este sentido, no cabe duda de que le corresponde a la Ciudad de Buenos Aires tener la exclusividad de una visión integral acerca de lo que va a hacer con el transporte local, por la implicancia que ello tiene en la vida de todos los ciudadanos de a pie, que trabajan todos los días, y en la de los vecinos que tienen que resolver diariamente su problema de transporte.
Creo que el acta del 3 de enero de 2012 apunta a darle una solución a este tema y ya tiene principio de ejecución, porque hubo un aumento en el costo real del pasaje de subte en la Ciudad.
No caben dudas de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es el que debe tener bajo su órbita la gestión y administración de ese servicio.
Vuelvo a la cuestión federal, que ha sido ubicada en un lugar central en la exposición que el Poder Ejecutivo hace en los fundamentos de este proyecto.
Fui intendente de mi ciudad en la década del 90, cuando se nos trasfirió una importante cantidad de servicios, al igual que al resto de las provincias. Desde entonces a esta parte, y particularmente después de la crisis de 2001, los municipios y las provincias asumieron mayores competencias y responsabilidades, y no en todas las circunstancias –diría en forma excepcional se vieron acompañadas por trasferencias de recursos y apoyo técnico, como dice el manual que se deberían ejecutar estas nuevas competencias.
De modo que este proceso ya lo vivimos todas las provincias y municipios que conforman la amplia geografía nacional.
Vuelvo a remarcar que no podemos admitir que existan jurisdicciones que estén mejor que otras y reciban trato preferencial. Vaya el caso que mencioné al comienzo de mi alocución, en el sentido de que la transferencia a la Capital, por lo menos en este conflicto con el Estado nacional, se ha demorado, y el único argumento fuerte que se pone en consideración es que el traslado de esta responsabilidad es sumamente complejo.
Para todos ha sido difícil el traslado de mayores responsabilidades, y los del interior lo conocemos perfectamente bien.
Decía que hay un acta entre la Nación y la Ciudad que se está ejecutando, y que el pasaje aumentó de 1,10 a 2,50. En la ciudad de Córdoba el boleto de colectivo cuesta 3,20 y el servicio es malo. Si uno quiere viajar un poco mejor puede caminar diez cuadras y pagar 4,60 un colectivo diferencial.
Por eso, digo que no es gratis cuando se demora la resolución del problema porque todos somos argentinos y necesitamos soluciones.
Con respecto a otros temas que hacen a la relación de la Nación con las provincias, hay cuestiones pendientes que oportunamente pusimos en consideración. Hay otros asuntos que se refieren a las obras públicas, a las cajas previsionales no trasferidas y a los servicios, que necesitan de una urgente solución como ocurre con mi querida provincia de Córdoba, respecto de las cuales existen acuerdos con el gobierno nacional que necesariamente deben ser resueltos en lo inmediato para poder solucionar los problemas que tenemos.
Recientemente, hemos acompañado en este Congreso leyes que garantizan al Estado nacional llevar adelante sus políticas financieras. Creemos que así debe ser, pues el Estado nacional debe contar con el financiamiento necesario y por eso lo hemos apoyado.
Pero también sería bueno, en cuanto al financiamiento, avanzar en un federalismo real y que en definitiva podamos dar solución a todos los problemas.
Por eso, creemos que se debe actuar rápidamente en esta trasferencia de los servicios de trasporte a la Ciudad de Buenos Aires y por ello apoyamos el dictamen de mayoría.
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Chubut.
SR. PAIS, JUAN MARIO (CHUBUT):
Señor presidente: atento a un requerimiento de explicaciones de mis dichos efectuado por la señora diputada Bullrich, aclaro que cuando me referí al artículo 2º del proyecto de ley, que es la declaración de correspondencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del resto del servicio público de pasajeros –que son las treinta y tres líneas de colectivos, o sea las concesiones otorgadas, dije que el acto declarativo es inicial y que luego se debe aplicar el procedimiento previsto en el artículo 6º de la ley 24.588, es decir que se firme un convenio entre la jurisdicción nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para efectivizar esa transferencia de competencias y funciones.
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SRA. BULLRICH, PATRICIA (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: en primer lugar, para hablar de federalismo me gustaría plantear dos temas que han estado rondando en esta sesión y en las reuniones que hemos tenido en estos días y que no se han explicitado.
El gobierno nacional –y lo dijo aquí la señora presidenta de la Nación cuando inauguró este período de sesiones ordinarias está haciendo la extensión de la línea E de subterráneos desde plaza de Mayo hasta Retiro, por una inversión de 370 millones de pesos.
Se dice que los subterráneos son de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, incluso la presidenta se quejó porque dijo que la empresa Roggio había puesto un cartel amarillo cuando tendría que haber sido un cartel que dijese “Presidencia de la Nación”, porque quien está invirtiendo en esa línea de subterráneos es el gobierno de la Nación.
Entonces, ¿a quién hay que acusar de unitario? ¿A los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires o a quien está poniendo el dinero cuando no hay subterráneos –como lo dijo aquí la propia presidenta de la Nación en las ciudades de Rosario o de Córdoba, por ejemplo? Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad decidió prolongar una línea de subterráneos en la Ciudad de Buenos Aires; quizás lo hizo para competir con el gobierno nacional y ayudar electoralmente al partido de gobierno.
El segundo tema es el siguiente: ¿quién decidió que los subsidios estén focalizados y localizados en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires? ¿Fueron los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires? ¿Fueron los ciudadanos del Gran Buenos Aires? ¿O fue el gobierno nacional? ¿Quién decidió eso, que hace que un cordobés pague el boleto 3,70 pesos mientras que un porteño lo paga 1,20 pesos?
En consecuencia, no sé quién es el que tiene esta concepción unitaria no sé si son los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, los diputados porteños o el gobierno nacional, que decidió privilegiar a una cantidad de ciudadanos por sobre otros.
Me parece bien que luego de ocho años queramos corregir este tipo de cosas, pero primero habrá que entender la razón por la cual el gobierno nacional decidió invertir subsidios en determinadas zonas en detrimento de otros ciudadanos del interior. Ello no será responsabilidad de quienes vivimos en este lugar.
Entrando ya a la cuestión que nos atañe –lo he expresado ayer en el plenario de comisiones y lo quiero reiterar aquí, quiero decir que he enviado una nota al presidente de esta Cámara de Diputados y al presidente del Senado, y también he presentado una medida de no innovar, porque considero que el señor diputado Kunkel tiene razón cuando dice que la Ciudad de Buenos Aires tiene un régimen atípico y que no es una provincia. Tampoco es una municipalidad; tampoco está en el artículo 123 de la Constitución Nacional.
Justamente por tener un régimen atípico, ¿qué precisa la Ciudad de Buenos Aires? Precisa de una cohabitación política entre el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué precisa de esta cohabitación política? Porque existe un orden jurídico distinto en la Ciudad de Buenos Aires que en el resto de la Nación. En el resto de la Nación el orden jurídico está planteado por la Constitución Nacional y las Constituciones provinciales.
En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires existen la Constitución Nacional, la ley que otorga al gobierno federal determinadas garantías mientras la Ciudad de Buenos Aires sea la capital de la Nación, y la propia Constitución de la Ciudad.
Quiere decir, y esto es lo importante, que el Congreso está tratando un proyecto de ley que no puede sancionar. Lo único que tiene el Congreso de la Nación como atribuciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires son aquellas de carácter remanente. Ya no es más el Congreso de la Nación quien dicta las leyes para la Ciudad de Buenos Aires. Es absolutamente fundamental entender esto. El único artículo vigente en el marco de lo que estamos discutiendo hoy, porque hay otros artículos, es el 6° de la ley 24.588, llamada ley Cafiero, que señala que el Estado nacional y la Ciudad de Buenos Aires celebrarán convenios relativos a la transferencia de organismos, funciones, competencias, servicios y bienes. Quiere decir que lo que estamos haciendo en este momento es absolutamente inconstitucional.
Por eso, pedí una aclaración al señor diputado Pais. Él señaló que al haber un acta existente debíamos ratificarla. Cuando no existe un acta, en el marco de los convenios colectivos, ¿la Ciudad debe firmar un convenio?, no. El convenio siempre es un acto en sí mismo y no puede ser declarada como ley un acta convenio. Tampoco pueden devolverse al Congreso de la Nación atribuciones que ya fueron conferidas por el artículo 129 de la Constitución y por la ley Cafiero, porque ya no las tiene. Son de competencia de ambos gobiernos. Concordando con lo dicho por el señor diputado Kunkel, la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires es atípica, y también existe la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, no pueden obligarnos a votar una ley que es inconstitucional. Luego vendrá una disputa interjurisdiccional que ya está judicializada, porque ambos gobiernos han ido a los tribunales, con lo cual lo que estaríamos haciendo es ir fuertemente contra la división de poderes. En otras palabras, estaríamos generando una suerte de apriete a la Justicia otorgándole una ley como si fuese el instrumento necesario para que ella resuelva. De este modo le estaríamos quitando a la Justicia el marco de autonomía que debe tener en sus decisiones.
No sé qué pasará. Quizás la Justicia le dé la razón al gobierno nacional o al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No sabemos qué va a pasar, pero no es este el ámbito donde debe resolverse la situación. No tenemos atribuciones para votar esta norma.
En consecuencia, una ley de estas características será tachada de inconstitucional. Decir al Congreso qué debe hacer a través de un artículo como una característica más, es como si estuviéramos cambiando en este acto la Constitución. Los únicos convenios que puede ratificar el Congreso de la Nación son con otros países y no convenios de partes. De hacerlo, estaríamos convirtiendo al Congreso de la Nación en partícipe de la lucha de partes. Perfectamente el Congreso podría reunir en un acto hobbesiano –como lo dije ayer- a algunas provincias contra otras para derogar determinados convenios, los que esas provincias estarían firmando.
Creo que estamos realmente haciendo algo que no tenemos que hacer. Lo dice el artículo 75 de la Constitución; es decir, podemos legislar, establecer y modificar asignaciones específicas, contraer empréstitos, disponer el uso y la enajenación de las tierras, establecer y reglamentar, pero no surge de ningún lado la palabra ratificación de acuerdos. Este es un proyecto inconstitucional.
El gobierno nacional –y lo dijo aquí la señora presidenta de la Nación cuando inauguró este período de sesiones ordinarias está haciendo la extensión de la línea E de subterráneos desde plaza de Mayo hasta Retiro, por una inversión de 370 millones de pesos.
Se dice que los subterráneos son de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, incluso la presidenta se quejó porque dijo que la empresa Roggio había puesto un cartel amarillo cuando tendría que haber sido un cartel que dijese “Presidencia de la Nación”, porque quien está invirtiendo en esa línea de subterráneos es el gobierno de la Nación.
Entonces, ¿a quién hay que acusar de unitario? ¿A los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires o a quien está poniendo el dinero cuando no hay subterráneos –como lo dijo aquí la propia presidenta de la Nación en las ciudades de Rosario o de Córdoba, por ejemplo? Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad decidió prolongar una línea de subterráneos en la Ciudad de Buenos Aires; quizás lo hizo para competir con el gobierno nacional y ayudar electoralmente al partido de gobierno.
El segundo tema es el siguiente: ¿quién decidió que los subsidios estén focalizados y localizados en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires? ¿Fueron los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires? ¿Fueron los ciudadanos del Gran Buenos Aires? ¿O fue el gobierno nacional? ¿Quién decidió eso, que hace que un cordobés pague el boleto 3,70 pesos mientras que un porteño lo paga 1,20 pesos?
En consecuencia, no sé quién es el que tiene esta concepción unitaria no sé si son los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, los diputados porteños o el gobierno nacional, que decidió privilegiar a una cantidad de ciudadanos por sobre otros.
Me parece bien que luego de ocho años queramos corregir este tipo de cosas, pero primero habrá que entender la razón por la cual el gobierno nacional decidió invertir subsidios en determinadas zonas en detrimento de otros ciudadanos del interior. Ello no será responsabilidad de quienes vivimos en este lugar.
Entrando ya a la cuestión que nos atañe –lo he expresado ayer en el plenario de comisiones y lo quiero reiterar aquí, quiero decir que he enviado una nota al presidente de esta Cámara de Diputados y al presidente del Senado, y también he presentado una medida de no innovar, porque considero que el señor diputado Kunkel tiene razón cuando dice que la Ciudad de Buenos Aires tiene un régimen atípico y que no es una provincia. Tampoco es una municipalidad; tampoco está en el artículo 123 de la Constitución Nacional.
Justamente por tener un régimen atípico, ¿qué precisa la Ciudad de Buenos Aires? Precisa de una cohabitación política entre el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué precisa de esta cohabitación política? Porque existe un orden jurídico distinto en la Ciudad de Buenos Aires que en el resto de la Nación. En el resto de la Nación el orden jurídico está planteado por la Constitución Nacional y las Constituciones provinciales.
En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires existen la Constitución Nacional, la ley que otorga al gobierno federal determinadas garantías mientras la Ciudad de Buenos Aires sea la capital de la Nación, y la propia Constitución de la Ciudad.
Quiere decir, y esto es lo importante, que el Congreso está tratando un proyecto de ley que no puede sancionar. Lo único que tiene el Congreso de la Nación como atribuciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires son aquellas de carácter remanente. Ya no es más el Congreso de la Nación quien dicta las leyes para la Ciudad de Buenos Aires. Es absolutamente fundamental entender esto. El único artículo vigente en el marco de lo que estamos discutiendo hoy, porque hay otros artículos, es el 6° de la ley 24.588, llamada ley Cafiero, que señala que el Estado nacional y la Ciudad de Buenos Aires celebrarán convenios relativos a la transferencia de organismos, funciones, competencias, servicios y bienes. Quiere decir que lo que estamos haciendo en este momento es absolutamente inconstitucional.
Por eso, pedí una aclaración al señor diputado Pais. Él señaló que al haber un acta existente debíamos ratificarla. Cuando no existe un acta, en el marco de los convenios colectivos, ¿la Ciudad debe firmar un convenio?, no. El convenio siempre es un acto en sí mismo y no puede ser declarada como ley un acta convenio. Tampoco pueden devolverse al Congreso de la Nación atribuciones que ya fueron conferidas por el artículo 129 de la Constitución y por la ley Cafiero, porque ya no las tiene. Son de competencia de ambos gobiernos. Concordando con lo dicho por el señor diputado Kunkel, la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires es atípica, y también existe la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, no pueden obligarnos a votar una ley que es inconstitucional. Luego vendrá una disputa interjurisdiccional que ya está judicializada, porque ambos gobiernos han ido a los tribunales, con lo cual lo que estaríamos haciendo es ir fuertemente contra la división de poderes. En otras palabras, estaríamos generando una suerte de apriete a la Justicia otorgándole una ley como si fuese el instrumento necesario para que ella resuelva. De este modo le estaríamos quitando a la Justicia el marco de autonomía que debe tener en sus decisiones.
No sé qué pasará. Quizás la Justicia le dé la razón al gobierno nacional o al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No sabemos qué va a pasar, pero no es este el ámbito donde debe resolverse la situación. No tenemos atribuciones para votar esta norma.
En consecuencia, una ley de estas características será tachada de inconstitucional. Decir al Congreso qué debe hacer a través de un artículo como una característica más, es como si estuviéramos cambiando en este acto la Constitución. Los únicos convenios que puede ratificar el Congreso de la Nación son con otros países y no convenios de partes. De hacerlo, estaríamos convirtiendo al Congreso de la Nación en partícipe de la lucha de partes. Perfectamente el Congreso podría reunir en un acto hobbesiano –como lo dije ayer- a algunas provincias contra otras para derogar determinados convenios, los que esas provincias estarían firmando.
Creo que estamos realmente haciendo algo que no tenemos que hacer. Lo dice el artículo 75 de la Constitución; es decir, podemos legislar, establecer y modificar asignaciones específicas, contraer empréstitos, disponer el uso y la enajenación de las tierras, establecer y reglamentar, pero no surge de ningún lado la palabra ratificación de acuerdos. Este es un proyecto inconstitucional.
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra la señora diputada por Tierra del Fuego.
SRA. FADUL, LILIANA (TIERRA DEL FUEGO):
Señor presidente: la semana pasada se trataron varios decretos de necesidad y urgencia, dictados en “ausencia de necesidad y urgencia”, en una clara decisión del Poder Ejecutivo Nacional de atribuirse potestades legislativas.
Hoy, se ponen en cabeza de este Poder Legislativo decisiones que el Poder Ejecutivo Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debieran resolver de la manera más adecuada para beneficio de la gente.
El camino que recorre este traspaso no es el mejor. La judicialización es la cara del fracaso del acuerdo, del fracaso de la construcción del consenso y un acuerdo hoy en crisis, judicializado por ambos gobiernos, en el que se deja afuera del debate al usuario del transporte público, es remitido al Parlamento.
Siento que estamos ante una ley efectista, poco efectiva y nada eficaz. Claro que estoy de acuerdo con el traspaso del transporte a la Ciudad, interjurisdiccional por supuesto, porque soy férrea defensora de las autonomías provinciales, pero no estoy de acuerdo con las formas de su tratamiento.
Si este proyecto de ley fuese constitucional, cuestión que ha sido puesta en duda por varios señores diputados, debo recordar que hubo una única reunión del plenario de comisiones en el día de ayer, en la que, gracias al voto del bloque oficialista, no se permitió hacer uso de la palabra al compañero dirigente Segovia.
Me pregunto por qué. ¿O no es suficientemente importante el tema como para tener toda la información de todos los sectores involucrados? Semejante ley no puede tener un trámite exprés aunque a algunos no les guste el término o, mejor dicho, no debe tenerlo, porque detrás de la letra fría de la ley están las personas, los usuarios, los trabajadores, en última instancia, quienes deben ser los principales destinatarios de las decisiones que se toman y, por lo tanto, deben ser escuchados.
Hace dos semanas tratábamos la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina y en ese entonces la moción de incorporar representantes regionales al directorio, es decir, nada más y nada menos que federalizar el directorio, fue desestimada por la mayoría de los integrantes de esta Cámara.
Desde este bloque consideramos que al federalismo hay que practicarlo siempre, adecuada y coherentemente y no declamarlo sólo cuando hay problemas de caja.
Como puede verse, al igual que muchos comparto el fondo de la cuestión, pero no la forma, y esto no es menor. Aquí el fin no justifica los medios, porque entiendo que no es bueno avalar este mecanismo. Repito, no porque discrepe acerca de quién debe responsabilizarse del subte, del tranvía o de los colectivos –claro que debe ser el Gobierno de la Ciudad sino porque apoyar la manera en que se desenvuelve el tratamiento de este proyecto significaría convalidar un accionar que no considero apropiado y sentar un precedente desfavorable, como bien dijo el señor diputado Solá, en la construcción de un país realmente federal, maduro, donde primen el diálogo y el consenso.
Por eso, desde ya adelanto el voto negativo al dictamen de mayoría.
Hoy, se ponen en cabeza de este Poder Legislativo decisiones que el Poder Ejecutivo Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debieran resolver de la manera más adecuada para beneficio de la gente.
El camino que recorre este traspaso no es el mejor. La judicialización es la cara del fracaso del acuerdo, del fracaso de la construcción del consenso y un acuerdo hoy en crisis, judicializado por ambos gobiernos, en el que se deja afuera del debate al usuario del transporte público, es remitido al Parlamento.
Siento que estamos ante una ley efectista, poco efectiva y nada eficaz. Claro que estoy de acuerdo con el traspaso del transporte a la Ciudad, interjurisdiccional por supuesto, porque soy férrea defensora de las autonomías provinciales, pero no estoy de acuerdo con las formas de su tratamiento.
Si este proyecto de ley fuese constitucional, cuestión que ha sido puesta en duda por varios señores diputados, debo recordar que hubo una única reunión del plenario de comisiones en el día de ayer, en la que, gracias al voto del bloque oficialista, no se permitió hacer uso de la palabra al compañero dirigente Segovia.
Me pregunto por qué. ¿O no es suficientemente importante el tema como para tener toda la información de todos los sectores involucrados? Semejante ley no puede tener un trámite exprés aunque a algunos no les guste el término o, mejor dicho, no debe tenerlo, porque detrás de la letra fría de la ley están las personas, los usuarios, los trabajadores, en última instancia, quienes deben ser los principales destinatarios de las decisiones que se toman y, por lo tanto, deben ser escuchados.
Hace dos semanas tratábamos la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina y en ese entonces la moción de incorporar representantes regionales al directorio, es decir, nada más y nada menos que federalizar el directorio, fue desestimada por la mayoría de los integrantes de esta Cámara.
Desde este bloque consideramos que al federalismo hay que practicarlo siempre, adecuada y coherentemente y no declamarlo sólo cuando hay problemas de caja.
Como puede verse, al igual que muchos comparto el fondo de la cuestión, pero no la forma, y esto no es menor. Aquí el fin no justifica los medios, porque entiendo que no es bueno avalar este mecanismo. Repito, no porque discrepe acerca de quién debe responsabilizarse del subte, del tranvía o de los colectivos –claro que debe ser el Gobierno de la Ciudad sino porque apoyar la manera en que se desenvuelve el tratamiento de este proyecto significaría convalidar un accionar que no considero apropiado y sentar un precedente desfavorable, como bien dijo el señor diputado Solá, en la construcción de un país realmente federal, maduro, donde primen el diálogo y el consenso.
Por eso, desde ya adelanto el voto negativo al dictamen de mayoría.
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra el señor diputado por Tierra del Fuego.
SR. GARRAMUÑO, JORGE ALBERTO (TIERRA DEL FUEGO):
Señor presidente: simplemente quiero anticipar mi voto afirmativo a la transferencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del servicio de transporte subterráneo y premetro contemplado en el dictamen de mayoría. Tal decisión se fundamenta en el espíritu de plena autonomía municipal, que es bandera del Movimiento Popular Fueguino, tal cual queda plasmado en la Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, redactada y aprobada en 1991 con mayoría de mi partido. A ello, sumo mi experiencia personal por haber sido intendente de la ciudad de Ushuaia desde 1995 hasta 2007. Allí, el transporte colectivo de pasajeros ocupa un lugar preponderante en la agenda de trabajo de cualquier gestión.
Por tal motivo, y con el objeto de poner en igualdad de condiciones a la Ciudad de Buenos Aires con el resto del país, nos parece adecuada la competencia exclusiva de ella en esta materia bajo idénticos parámetros de prestación de servicio.
Quisiera hacer una muy breve reflexión desde la visión equidistante de un diputado del interior profundo que no es ni oficialista pleno ni opositor acérrimo.
Sería necio no notar que sobre este tema existe una contienda política, en la cual quedan como rehenes millones de personas que día a día utilizan estos servicios, con una infraestructura que está lejos de ser la adecuada, sin saber hasta último momento si los medios de transporte funcionan o no, ni si se cumplirán los horarios, además de viajar en condiciones paupérrimas y con una alta inseguridad que se traduce en constantes accidentes que son de público conocimiento. Estos problemas son de larga data pero se agravan con el paso del tiempo.
Por ello, insto a la búsqueda de soluciones conjuntas que lleven a minimizar los inconvenientes planteados, mediante la conformación de un organismo en el que todos los interesados –Nación, provincias, Ciudad de Buenos Aires, municipios del conurbano bonaerense- planifiquen y ejecuten un sistema de transporte metropolitano eficiente pensado en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Seguramente, si esto se consigue y se avanza en ello sin egoísmos, nos acercaremos muchísimo más a los problemas cotidianos de la gente y trabajaremos por el bienestar general, razón básica para la existencia de la política en nuestro país.
Por tal motivo, y con el objeto de poner en igualdad de condiciones a la Ciudad de Buenos Aires con el resto del país, nos parece adecuada la competencia exclusiva de ella en esta materia bajo idénticos parámetros de prestación de servicio.
Quisiera hacer una muy breve reflexión desde la visión equidistante de un diputado del interior profundo que no es ni oficialista pleno ni opositor acérrimo.
Sería necio no notar que sobre este tema existe una contienda política, en la cual quedan como rehenes millones de personas que día a día utilizan estos servicios, con una infraestructura que está lejos de ser la adecuada, sin saber hasta último momento si los medios de transporte funcionan o no, ni si se cumplirán los horarios, además de viajar en condiciones paupérrimas y con una alta inseguridad que se traduce en constantes accidentes que son de público conocimiento. Estos problemas son de larga data pero se agravan con el paso del tiempo.
Por ello, insto a la búsqueda de soluciones conjuntas que lleven a minimizar los inconvenientes planteados, mediante la conformación de un organismo en el que todos los interesados –Nación, provincias, Ciudad de Buenos Aires, municipios del conurbano bonaerense- planifiquen y ejecuten un sistema de transporte metropolitano eficiente pensado en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Seguramente, si esto se consigue y se avanza en ello sin egoísmos, nos acercaremos muchísimo más a los problemas cotidianos de la gente y trabajaremos por el bienestar general, razón básica para la existencia de la política en nuestro país.
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
SR. FAVARIO, CARLOS ALBERTO (SANTA FE):
Señor presidente: a esta altura de la sesión, casi me considero, como dice el dicho popular, un “sapo de otro pozo”.
Hace cuatro horas transcurre este sereno debate donde cada uno expone su posición, se hacen las réplicas y las contrarréplicas y se esbozan teorías económicas y jurídicas, pero yo me siento copartícipe de una sesión bochornosa.
Creo que estamos incurriendo otra vez en un bochorno institucional, y lo digo a riesgo de que me pongan etiquetas, pero estoy absolutamente convencido de que se vuelve a atentar contra las instituciones. Después, decimos que queremos “jerarquizar al Parlamento” y nos ofendemos cuando nos dicen que aprobamos leyes exprés.
El miércoles pasado, el Senado aprobaba este proyecto de ley que hoy estamos considerando. Ayer, se reunieron las comisiones a tambor batiente y con tiempos limitados.
Hoy, estamos considerando los dictámenes en el recinto y hace no más de cinco minutos recibimos la copia de los textos que se aprobaron. ¿Constituye o no una vergüenza? ¿De qué manera estamos legislando? Lo digo con el mayor de los respetos. No se puede seguir restringiendo el debate, no se pueden convocar a estas sesiones especiales para tratar con premura inexplicable un proyecto de ley. Y encima, en cada sesión parecería que los sectores de la minoría tenemos más restricciones para hacer uso de la palabra.
Según el reglamento nos corresponden treinta minutos, se rebajaron a doce, después fueron diez y ahora, siete. Dentro de poco no vamos a poder ni hablar. Pero, ¿es necesario –y lo pregunto con el mayor de los afectos que el bloque de la mayoría, que tiene número en exceso para aprobar un proyecto de ley, tenga que acudir a estos procedimientos para tratar vertiginosamente esta iniciativa?
Pregunto: si la ley fuera sancionada y promulgada mañana, ¿qué va a hacer el Poder Ejecutivo con esta norma? Es absolutamente inaplicable y esto lo saben los señores diputados, porque si el Gobierno de la Ciudad no está dispuesto a acordar en el cumplimiento de las obligaciones que, según la mayoría, ha contraído para que se efectúe el traspaso de los servicios de transporte al gobierno local, acá no pasa nada, terminamos en la Corte. ¿O no se sabe acaso eso?
¿Cuál es la razón para tratar este proyecto de ley? El fracaso estrepitoso del gobierno en el manejo del transporte no va a poder taparse con la premura en aprobar esta iniciativa. Y este parece que, en definitiva, es el motivo esencial para remitir este proyecto que daría la impresión, desde mi humilde opinión, que no tiene fundamento ni razón.
El tiempo no me alcanza, pero yo he escuchado en los fundamentos de la señora diputada informante del dictamen de mayoría un argumento que realmente me parece... Iba a hacer una afirmación pero puedo generar alguna rispidez, y mejor la evito. Un argumento que no tiene sentido ni razón, decía: afirmar que este convenio que suscribieron el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el ministro de Obras y Servicios Públicos constituye un contrato.
Esto realmente no puede llegar a entenderse desde el punto de vista jurídico. Condiciones elementales para que sea un contrato: que se tenga capacidad y que exista competencia. Ni el ministro por sí solo puede suscribir esto que se llama contrato, porque está yendo más allá de lo que son sus propias facultades, ni el jefe de Gobierno puede suscribir un convenio de esta naturaleza y que se denomine contrato.
Hace cuatro horas transcurre este sereno debate donde cada uno expone su posición, se hacen las réplicas y las contrarréplicas y se esbozan teorías económicas y jurídicas, pero yo me siento copartícipe de una sesión bochornosa.
Creo que estamos incurriendo otra vez en un bochorno institucional, y lo digo a riesgo de que me pongan etiquetas, pero estoy absolutamente convencido de que se vuelve a atentar contra las instituciones. Después, decimos que queremos “jerarquizar al Parlamento” y nos ofendemos cuando nos dicen que aprobamos leyes exprés.
El miércoles pasado, el Senado aprobaba este proyecto de ley que hoy estamos considerando. Ayer, se reunieron las comisiones a tambor batiente y con tiempos limitados.
Hoy, estamos considerando los dictámenes en el recinto y hace no más de cinco minutos recibimos la copia de los textos que se aprobaron. ¿Constituye o no una vergüenza? ¿De qué manera estamos legislando? Lo digo con el mayor de los respetos. No se puede seguir restringiendo el debate, no se pueden convocar a estas sesiones especiales para tratar con premura inexplicable un proyecto de ley. Y encima, en cada sesión parecería que los sectores de la minoría tenemos más restricciones para hacer uso de la palabra.
Según el reglamento nos corresponden treinta minutos, se rebajaron a doce, después fueron diez y ahora, siete. Dentro de poco no vamos a poder ni hablar. Pero, ¿es necesario –y lo pregunto con el mayor de los afectos que el bloque de la mayoría, que tiene número en exceso para aprobar un proyecto de ley, tenga que acudir a estos procedimientos para tratar vertiginosamente esta iniciativa?
Pregunto: si la ley fuera sancionada y promulgada mañana, ¿qué va a hacer el Poder Ejecutivo con esta norma? Es absolutamente inaplicable y esto lo saben los señores diputados, porque si el Gobierno de la Ciudad no está dispuesto a acordar en el cumplimiento de las obligaciones que, según la mayoría, ha contraído para que se efectúe el traspaso de los servicios de transporte al gobierno local, acá no pasa nada, terminamos en la Corte. ¿O no se sabe acaso eso?
¿Cuál es la razón para tratar este proyecto de ley? El fracaso estrepitoso del gobierno en el manejo del transporte no va a poder taparse con la premura en aprobar esta iniciativa. Y este parece que, en definitiva, es el motivo esencial para remitir este proyecto que daría la impresión, desde mi humilde opinión, que no tiene fundamento ni razón.
El tiempo no me alcanza, pero yo he escuchado en los fundamentos de la señora diputada informante del dictamen de mayoría un argumento que realmente me parece... Iba a hacer una afirmación pero puedo generar alguna rispidez, y mejor la evito. Un argumento que no tiene sentido ni razón, decía: afirmar que este convenio que suscribieron el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el ministro de Obras y Servicios Públicos constituye un contrato.
Esto realmente no puede llegar a entenderse desde el punto de vista jurídico. Condiciones elementales para que sea un contrato: que se tenga capacidad y que exista competencia. Ni el ministro por sí solo puede suscribir esto que se llama contrato, porque está yendo más allá de lo que son sus propias facultades, ni el jefe de Gobierno puede suscribir un convenio de esta naturaleza y que se denomine contrato.
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Gracias, señor diputado.
SR. FAVARIO, CARLOS ALBERTO (SANTA FE):
Ya termino, señor presidente. Tenga la amabilidad de dejarme terminar la frase.
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Gracias, señor diputado Favario.
- La Presidencia desconecta el micrófono del orador.
SR. FAVARIO, CARLOS ALBERTO (SANTA FE):
¡No sea maleducado, señor presidente! (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra la señora diputada por Salta.
SRA. FIORE VIÑUALES, MARIA CRISTINA DEL VALLE (SALTA):
Señor presidente: debo decir que estoy entre aquellos legisladores que no entienden demasiado el sentido de este debate. No digo esto porque discrepe acerca de la competencia que tiene este Congreso para tratar este tema –de hecho, la comparto absolutamente por las razones que creo que con muchísima solvencia expresó la señora diputada Conti sino por el tiempo que nos está llevando debatir algo que resulta obvio. Esto debiera estar dentro de las discusiones que algunos critican como exprés por una sencilla razón: si hay algo que es obvio es que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe hacerse cargo de la prestación de sus servicios, entre ellos el transporte.
También es obvio que el señor jefe de Gobierno, ingeniero Mauricio Macri, debe hacerse cargo de lo que firma. Dentro de esto, y teniendo en cuenta los antecedentes que se están debatiendo, está esta famosa acta acuerdo del 3 de enero del corriente año. ¿Qué dice allí el Gobierno de la Ciudad Autónoma? Dice que acepta la transferencia de la concesión de la red de subterráneos, y también explica las razones. Concretamente, en uno de los considerandos dice: “La gestión local de los servicios públicos permite dar mayor eficiencia a la prestación de los servicios.” Esto es algo que conoce cualquier intendente de cualquier ciudad de nuestro país que se haga cargo de las responsabilidades y de las cosas que firma.
La cláusula segunda concretamente establece dos cuestiones. Por un lado, la Ciudad Autónoma se hace cargo del control y fiscalización, no de la prestación directa del servicio, sino del contrato de concesión de ese servicio y, por el otro, de la potestad de fijar tarifas. Aquí es donde hay algo que no se entiende. No se entiende que el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adopte lo que quiere y deje de lado lo que no le conviene. Me refiero a que dos días después de haber firmado esta acta acuerdo sube las tarifas en un 127 por ciento. Sin embargo, en lo que respecta a hacerse cargo del control y fiscalización de las concesiones dice que la Nación no está cumpliendo y que faltan inversiones.
Por lo tanto, no se pueden interpretar los temas de una manera antojadiza, tomando lo que a uno le conviene y dejando de lado lo demás. Por eso, encontró un argumento muy bueno: el inciso 2º del artículo 75 de la Constitución Nacional establece claramente que toda transferencia de servicios debe estar acompañada de los recursos respectivos.
Tal como se recordó en la reunión de comisión de ayer, esto se debe a la experiencia que tuvimos en la década del 90, cuando la Nación transfirió a las provincias los servicios de educación y de salud. Era obvio que se requirieran los recursos respectivos, porque la Nación por decirlo con pinceladas gruesas tenía infraestructura en escuelas y hospitales y gente con un presupuesto asignado para el mejoramiento y mantenimiento de esa infraestructura y para el pago de los sueldos o salarios de quienes prestaban esos servicios. Entonces, era obvio que si la Nación transfería esas responsabilidades a las provincias, debía hacerlo con el presupuesto correspondiente.
En este caso, lo que aquí se está transfiriendo y firmó el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es el control y la fiscalización del contrato de concesión. Es decir que aquí hay una concesionaria que tiene un presupuesto y que se está haciendo cargo de una serie de gastos.
En la reunión de la comisión me sentí muy mal porque hablaban como si el gobierno nacional fuese un perverso que no se hace cargo de sus responsabilidades. Pero si el gobierno nacional es un perverso que transfiere cualquier cosa, no se hace cargo de los recursos y no realiza inversiones, entonces el pobre jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un cándido que no sabe lo que firma.
Por lo tanto, no entiendo que tengamos que discutir durante tanto tiempo estas cosas. Este tema debió haber sido objeto de una aprobación rápida, exprés. Yendo al dictamen del PRO, con todo respeto quiero señalar lo siguiente. En él se alude a que falta la transferencia de esto o de aquello, que se requieren recursos, etcétera. Supongamos que sea así. Entonces, ¿por qué se firmó el convenio si faltaban tantas cosas?
Más allá de eso, el bloque del Partido Renovador de Salta acompañará el dictamen de mayoría, que he suscrito. Espero que en el futuro podamos discutir estas cuestiones que sobrevuelan el Congreso, que son trascendentes y merecen arduos debates. Me refiero a la distribución equitativa de los recursos pertinentes y al diseño de un sistema integrado de transportes. Por ejemplo, se ha hablado acerca del Ferrocarril General Belgrano, que para los salteños y otras provincias es una necesidad, no sólo para que lleguen más turistas sino también para el progreso y el desarrollo de nuestras regiones. Demos a cada cosa el tiempo que merece. (Aplausos.)
También es obvio que el señor jefe de Gobierno, ingeniero Mauricio Macri, debe hacerse cargo de lo que firma. Dentro de esto, y teniendo en cuenta los antecedentes que se están debatiendo, está esta famosa acta acuerdo del 3 de enero del corriente año. ¿Qué dice allí el Gobierno de la Ciudad Autónoma? Dice que acepta la transferencia de la concesión de la red de subterráneos, y también explica las razones. Concretamente, en uno de los considerandos dice: “La gestión local de los servicios públicos permite dar mayor eficiencia a la prestación de los servicios.” Esto es algo que conoce cualquier intendente de cualquier ciudad de nuestro país que se haga cargo de las responsabilidades y de las cosas que firma.
La cláusula segunda concretamente establece dos cuestiones. Por un lado, la Ciudad Autónoma se hace cargo del control y fiscalización, no de la prestación directa del servicio, sino del contrato de concesión de ese servicio y, por el otro, de la potestad de fijar tarifas. Aquí es donde hay algo que no se entiende. No se entiende que el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adopte lo que quiere y deje de lado lo que no le conviene. Me refiero a que dos días después de haber firmado esta acta acuerdo sube las tarifas en un 127 por ciento. Sin embargo, en lo que respecta a hacerse cargo del control y fiscalización de las concesiones dice que la Nación no está cumpliendo y que faltan inversiones.
Por lo tanto, no se pueden interpretar los temas de una manera antojadiza, tomando lo que a uno le conviene y dejando de lado lo demás. Por eso, encontró un argumento muy bueno: el inciso 2º del artículo 75 de la Constitución Nacional establece claramente que toda transferencia de servicios debe estar acompañada de los recursos respectivos.
Tal como se recordó en la reunión de comisión de ayer, esto se debe a la experiencia que tuvimos en la década del 90, cuando la Nación transfirió a las provincias los servicios de educación y de salud. Era obvio que se requirieran los recursos respectivos, porque la Nación por decirlo con pinceladas gruesas tenía infraestructura en escuelas y hospitales y gente con un presupuesto asignado para el mejoramiento y mantenimiento de esa infraestructura y para el pago de los sueldos o salarios de quienes prestaban esos servicios. Entonces, era obvio que si la Nación transfería esas responsabilidades a las provincias, debía hacerlo con el presupuesto correspondiente.
En este caso, lo que aquí se está transfiriendo y firmó el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es el control y la fiscalización del contrato de concesión. Es decir que aquí hay una concesionaria que tiene un presupuesto y que se está haciendo cargo de una serie de gastos.
En la reunión de la comisión me sentí muy mal porque hablaban como si el gobierno nacional fuese un perverso que no se hace cargo de sus responsabilidades. Pero si el gobierno nacional es un perverso que transfiere cualquier cosa, no se hace cargo de los recursos y no realiza inversiones, entonces el pobre jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un cándido que no sabe lo que firma.
Por lo tanto, no entiendo que tengamos que discutir durante tanto tiempo estas cosas. Este tema debió haber sido objeto de una aprobación rápida, exprés. Yendo al dictamen del PRO, con todo respeto quiero señalar lo siguiente. En él se alude a que falta la transferencia de esto o de aquello, que se requieren recursos, etcétera. Supongamos que sea así. Entonces, ¿por qué se firmó el convenio si faltaban tantas cosas?
Más allá de eso, el bloque del Partido Renovador de Salta acompañará el dictamen de mayoría, que he suscrito. Espero que en el futuro podamos discutir estas cuestiones que sobrevuelan el Congreso, que son trascendentes y merecen arduos debates. Me refiero a la distribución equitativa de los recursos pertinentes y al diseño de un sistema integrado de transportes. Por ejemplo, se ha hablado acerca del Ferrocarril General Belgrano, que para los salteños y otras provincias es una necesidad, no sólo para que lleguen más turistas sino también para el progreso y el desarrollo de nuestras regiones. Demos a cada cosa el tiempo que merece. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra el señor diputado por Salta.
SR. YARADE, FERNANDO (SALTA):
Señor presidente: el traspaso de los subterráneos se relaciona con dos aspectos del sistema federal: por un lado, la instrumentación de la autonomía mediante la transferencia de servicios, y por el otro, la necesidad de remediar o reparar aquellas injusticias que sufre el resto de las provincias al hacerse cargo de servicios que corresponden a otra ciudad o jurisdicción.
En cuanto al primer tema, está claro que en el año 1999 se dictó el decreto 393, y simplemente faltaba la parte fáctica, es decir, la transferencia. También son claros el artículo 9° de la ley Cafiero, la ley 26.288 y el artículo 129 de la Constitución Nacional. No es posible excluir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las competencias que le corresponden.
Hoy, esta ciudad recibe casi 6.700 millones de pesos en concepto de subsidios a la energía eléctrica, al gas natural, al agua domiciliaria y a los subtes y colectivos. Desde el año 2003, tales subsidios suman más de 18.000 millones de pesos.
La participación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los subsidios nacionales es del 21,7 por ciento; frente a ello, Santa Fe participa en un 10,9 por ciento, y Córdoba, en un 12,3 por ciento.
Hoy, se dijo que existe una deuda; pero en realidad se trata de una deuda con el interior del país. Es preciso ir saliendo de a poco de este modelo centralista que cada día traslada mayor cantidad de recursos a quienes menos los necesitan. Debemos pensar en un federalismo progresivo que tienda a dar mayor cantidad de recursos a aquellos que tienen mayores necesidades, a fin de reducir las diferencias que existen y las brechas de desarrollo.
El gobierno nacional ha hecho un esfuerzo enorme: ha pasado de un 1,2 por ciento de inversión pública a un 4,4 por ciento, en 2011, en relación con el PBI. Gran parte de esa inversión se hace en la Ciudad de Buenos Aires. Gracias al esfuerzo de este modelo económico la inversión se mantuvo, en los últimos años, en el 24 por ciento promedio. Mientras tanto, el nivel de desempleo –que mucho tiene que ver con esto se halla en el 6,7 por ciento; uno de los niveles más bajos en la historia de nuestro país. ¿Saben los señores diputados cuál es el nivel de desocupación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? El 5,2 por ciento.
Por otro lado, ésta es la jurisdicción que registra el mayor porcentaje de actividad el 54,8 por ciento, así como también el más alto nivel de empleo: el 51,9. Además, tiene el menor nivel de crecimiento poblacional el 4 por ciento, frente a provincias como Salta, que registra el 13 por ciento; San Luis, el 17 por ciento, y Tierra del Fuego, el 25 por ciento.
Por eso, no hay que seguir dándole más a quienes menos lo necesitan. La Ciudad de Buenos Aires es la jurisdicción con mayor autonomía: con recursos propios tiene el 88,3 por ciento de autonomía fiscal. En este sentido, Chaco tiene el 10 por ciento; Santiago del Estero, 10,2 por ciento; Jujuy, 9,9 por ciento; La Rioja, 8,9 por ciento y Formosa, el 7,2 por ciento.
Si analizamos los subsidios en el caso de la energía y del transporte, sucede lo mismo: Buenos Aires tiene 2.138 pesos per cápita. ¿Sabe cuánto tiene Salta? 134. Así, Córdoba tiene 56 per cápita; Catamarca, 124 y Corrientes, 51. Es decir, existe una gran incidencia en el aspecto macro y microeconómico de los subsidios.
En el aspecto micro, esto obviamente tiene que ver con el mantenimiento de los precios. En lo macro, con el aumento de la producción y del consumo. Si analizamos estos subsidios por región, observaremos que la Ciudad de Buenos Aires tiene 8.797 pesos per cápita; Córdoba, 56; y Corrientes, 51.
Si analizamos la distribución regional de los subsidios, calculada por la participación del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, durante 2010 notamos que la mayor cantidad fue a la Ciudad de Buenos Aires: 26.904 millones, es decir casi el 77 por ciento.
Recordemos que el 27,8 por ciento del presupuesto se ejecuta en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un 7,2 por ciento de la población total del país y que registra los menores índices de pobreza: se encuentra un 40 por ciento por debajo de la media nacional.
Por eso, tenemos que analizar seriamente a un país fragmentado, con modelos de convergencia que tienden a que el federalismo, que algunos consideran un fin –simplemente por una relación entre Nación y provincias- pase a ser un medio para transformar a nuestro país en uno más justo, más equitativo y con mayor integración regional. Si vemos a la equidad como un fin, el país debe tender a que esos recursos se distribuyan de la mejor manera. (Aplausos.)
En cuanto al primer tema, está claro que en el año 1999 se dictó el decreto 393, y simplemente faltaba la parte fáctica, es decir, la transferencia. También son claros el artículo 9° de la ley Cafiero, la ley 26.288 y el artículo 129 de la Constitución Nacional. No es posible excluir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las competencias que le corresponden.
Hoy, esta ciudad recibe casi 6.700 millones de pesos en concepto de subsidios a la energía eléctrica, al gas natural, al agua domiciliaria y a los subtes y colectivos. Desde el año 2003, tales subsidios suman más de 18.000 millones de pesos.
La participación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los subsidios nacionales es del 21,7 por ciento; frente a ello, Santa Fe participa en un 10,9 por ciento, y Córdoba, en un 12,3 por ciento.
Hoy, se dijo que existe una deuda; pero en realidad se trata de una deuda con el interior del país. Es preciso ir saliendo de a poco de este modelo centralista que cada día traslada mayor cantidad de recursos a quienes menos los necesitan. Debemos pensar en un federalismo progresivo que tienda a dar mayor cantidad de recursos a aquellos que tienen mayores necesidades, a fin de reducir las diferencias que existen y las brechas de desarrollo.
El gobierno nacional ha hecho un esfuerzo enorme: ha pasado de un 1,2 por ciento de inversión pública a un 4,4 por ciento, en 2011, en relación con el PBI. Gran parte de esa inversión se hace en la Ciudad de Buenos Aires. Gracias al esfuerzo de este modelo económico la inversión se mantuvo, en los últimos años, en el 24 por ciento promedio. Mientras tanto, el nivel de desempleo –que mucho tiene que ver con esto se halla en el 6,7 por ciento; uno de los niveles más bajos en la historia de nuestro país. ¿Saben los señores diputados cuál es el nivel de desocupación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? El 5,2 por ciento.
Por otro lado, ésta es la jurisdicción que registra el mayor porcentaje de actividad el 54,8 por ciento, así como también el más alto nivel de empleo: el 51,9. Además, tiene el menor nivel de crecimiento poblacional el 4 por ciento, frente a provincias como Salta, que registra el 13 por ciento; San Luis, el 17 por ciento, y Tierra del Fuego, el 25 por ciento.
Por eso, no hay que seguir dándole más a quienes menos lo necesitan. La Ciudad de Buenos Aires es la jurisdicción con mayor autonomía: con recursos propios tiene el 88,3 por ciento de autonomía fiscal. En este sentido, Chaco tiene el 10 por ciento; Santiago del Estero, 10,2 por ciento; Jujuy, 9,9 por ciento; La Rioja, 8,9 por ciento y Formosa, el 7,2 por ciento.
Si analizamos los subsidios en el caso de la energía y del transporte, sucede lo mismo: Buenos Aires tiene 2.138 pesos per cápita. ¿Sabe cuánto tiene Salta? 134. Así, Córdoba tiene 56 per cápita; Catamarca, 124 y Corrientes, 51. Es decir, existe una gran incidencia en el aspecto macro y microeconómico de los subsidios.
En el aspecto micro, esto obviamente tiene que ver con el mantenimiento de los precios. En lo macro, con el aumento de la producción y del consumo. Si analizamos estos subsidios por región, observaremos que la Ciudad de Buenos Aires tiene 8.797 pesos per cápita; Córdoba, 56; y Corrientes, 51.
Si analizamos la distribución regional de los subsidios, calculada por la participación del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, durante 2010 notamos que la mayor cantidad fue a la Ciudad de Buenos Aires: 26.904 millones, es decir casi el 77 por ciento.
Recordemos que el 27,8 por ciento del presupuesto se ejecuta en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un 7,2 por ciento de la población total del país y que registra los menores índices de pobreza: se encuentra un 40 por ciento por debajo de la media nacional.
Por eso, tenemos que analizar seriamente a un país fragmentado, con modelos de convergencia que tienden a que el federalismo, que algunos consideran un fin –simplemente por una relación entre Nación y provincias- pase a ser un medio para transformar a nuestro país en uno más justo, más equitativo y con mayor integración regional. Si vemos a la equidad como un fin, el país debe tender a que esos recursos se distribuyan de la mejor manera. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. BAZZE, MIGUEL ANGEL (BUENOS AIRES):
Señor presidente: pensaba decir otras cosas pero, habiendo escuchado algunas afirmaciones que se formularon en este recinto, me parece imprudente analizar el tema del federalismo tratando de encontrar una diferencia de intereses entre la Ciudad de Buenos Aires y el resto de las provincias.
Está claro que el federalismo no se ha concretado en la Argentina, y esto no pasa por la controversia entre la Ciudad de Buenos Aires y el resto de las provincias.
La falta de federalismo en la Argentina se ve a partir de la distribución de los ingresos. Concretamente, se registra a partir de la fenomenal concentración de recursos en manos del gobierno nacional, que posterga a las provincias y también a la Ciudad de Buenos Aires.
La falta de federalismo en la Argentina se debe a cómo se administra la coparticipación. Está claro que esto se nota en cada decisión de cada Legislatura provincial, donde se debería decidir cuál es la obra pública que se lleva a cabo en cada distrito.
Pero esto es imposible hacerlo porque la obra pública que se realiza en cada provincia de la Argentina se decide muchas veces de manera arbitraria en alguna oficina del Ministerio de Planificación Federal de la Nación.
Los radicales estamos de acuerdo con que no tenemos federalismo pero, desde nuestro punto de vista, su falta tiene que ver con la actitud de concentración de fondos y recursos en manos del gobierno nacional.
Otro tema que me parece necesario destacar es la situación real de la economía en la Argentina, más allá del discurso oficial.
Lo cierto es que las cuentas han cambiado y, lamentablemente, en la actualidad no podemos exhibir superávit fiscal, y más de 35 mil millones de pesos de déficit fiscal, en los últimos 12 meses, nos colocan ante una realidad absolutamente distinta, que está totalmente vinculada con la decisión del gobierno nacional de transferir el servicio de transporte público de pasajeros de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires.
Mientras hubo fondos y recursos para hacer uso de los subsidios, el servicio estuvo en manos de la Nación. A pesar de que el gobierno utilizó todas las cajas –como el PAMI, la ANSES y el Banco Central para obtener recursos para financiar al Tesoro nacional, nos encontramos con que esos fondos probablemente no alcancen y haya que replantear la política de subsidios.
Entonces, el gobierno nacional decide la transferencia de servicios de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires a fin de no hacerse cargo del costo político que significa sincerar las tarifas del transporte público.
Estoy de acuerdo con aquellos diputados que dicen que no estamos utilizando en profundidad todas las posibilidades que tienen la Cámara de Diputados o el Congreso. Si actuáramos con toda responsabilidad, deberíamos ponernos a trabajar todos los partidos políticos que integramos el Parlamento, junto con el Poder Ejecutivo, a fin de elaborar un plan de transporte distinto. Tanto el transporte de carga como el público de pasajeros son un fracaso en la Argentina de hoy.
Como diputado de la provincia de Buenos Aires debo decir que muchos de los ciudadanos que hacen uso del servicio de transporte público de pasajeros en la Ciudad de Buenos Aires son habitantes de la provincia de Buenos Aires, e invierten diariamente una importante cantidad de horas para venir a trabajar a esta Ciudad.
Por ello, cuando reclamamos una discusión profunda sobre el sistema de transporte, lo hacemos en defensa de nuestra gente y, fundamentalmente, pensando en la necesidad de acortar diferencias entre los que más y menos tienen en la Argentina. (Aplausos.)
Está claro que el federalismo no se ha concretado en la Argentina, y esto no pasa por la controversia entre la Ciudad de Buenos Aires y el resto de las provincias.
La falta de federalismo en la Argentina se ve a partir de la distribución de los ingresos. Concretamente, se registra a partir de la fenomenal concentración de recursos en manos del gobierno nacional, que posterga a las provincias y también a la Ciudad de Buenos Aires.
La falta de federalismo en la Argentina se debe a cómo se administra la coparticipación. Está claro que esto se nota en cada decisión de cada Legislatura provincial, donde se debería decidir cuál es la obra pública que se lleva a cabo en cada distrito.
Pero esto es imposible hacerlo porque la obra pública que se realiza en cada provincia de la Argentina se decide muchas veces de manera arbitraria en alguna oficina del Ministerio de Planificación Federal de la Nación.
Los radicales estamos de acuerdo con que no tenemos federalismo pero, desde nuestro punto de vista, su falta tiene que ver con la actitud de concentración de fondos y recursos en manos del gobierno nacional.
Otro tema que me parece necesario destacar es la situación real de la economía en la Argentina, más allá del discurso oficial.
Lo cierto es que las cuentas han cambiado y, lamentablemente, en la actualidad no podemos exhibir superávit fiscal, y más de 35 mil millones de pesos de déficit fiscal, en los últimos 12 meses, nos colocan ante una realidad absolutamente distinta, que está totalmente vinculada con la decisión del gobierno nacional de transferir el servicio de transporte público de pasajeros de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires.
Mientras hubo fondos y recursos para hacer uso de los subsidios, el servicio estuvo en manos de la Nación. A pesar de que el gobierno utilizó todas las cajas –como el PAMI, la ANSES y el Banco Central para obtener recursos para financiar al Tesoro nacional, nos encontramos con que esos fondos probablemente no alcancen y haya que replantear la política de subsidios.
Entonces, el gobierno nacional decide la transferencia de servicios de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires a fin de no hacerse cargo del costo político que significa sincerar las tarifas del transporte público.
Estoy de acuerdo con aquellos diputados que dicen que no estamos utilizando en profundidad todas las posibilidades que tienen la Cámara de Diputados o el Congreso. Si actuáramos con toda responsabilidad, deberíamos ponernos a trabajar todos los partidos políticos que integramos el Parlamento, junto con el Poder Ejecutivo, a fin de elaborar un plan de transporte distinto. Tanto el transporte de carga como el público de pasajeros son un fracaso en la Argentina de hoy.
Como diputado de la provincia de Buenos Aires debo decir que muchos de los ciudadanos que hacen uso del servicio de transporte público de pasajeros en la Ciudad de Buenos Aires son habitantes de la provincia de Buenos Aires, e invierten diariamente una importante cantidad de horas para venir a trabajar a esta Ciudad.
Por ello, cuando reclamamos una discusión profunda sobre el sistema de transporte, lo hacemos en defensa de nuestra gente y, fundamentalmente, pensando en la necesidad de acortar diferencias entre los que más y menos tienen en la Argentina. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
SRA. OCAÑA, MARIA GRACIELA (BUENOS AIRES):
Señor presidente: en verdad, siento que estamos enfrascados más en una disputa de intereses políticos que en la resolución de un problema que aqueja a los diez millones de argentinos que transitan diariamente por la Ciudad de Buenos Aires.
Esta disputa comenzó a fines del año pasado como una especie de partido de tenis, donde el gobierno nacional cedía en forma abrupta, en un gesto de reconocimiento de la autonomía de la Ciudad, el control y manejo de los subterráneos. Creo que ello estuvo más vinculado a cuestiones de financiamiento de la Nación que a un súbito rapto de autonomía.
Por otro lado, la Ciudad, que había reclamado el manejo de los subterráneos durante tanto tiempo, se negaba a aceptar esa cesión.
Luego, tuvo lugar la redacción de un acta de cinco puntos, que ninguno firmaría ni siquiera para alquilar un departamento o recibir cualquier otro bien. Sin ningún tipo de control y sin seguir los pasos que establecen tanto la Constitución Nacional como la de la Ciudad, se traspasaron los subtes bajo un marco de acuerdo que hoy el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desconoce.
La Ciudad de Buenos Aires argumenta una serie de incumplimientos por parte del gobierno nacional. Ciertamente, la Ciudad no tomó ningún recaudo al firmar el acta acuerdo en defensa de sus intereses. En primer lugar, no participaron las instituciones que prevé la Legislatura, pero tampoco se elaboró el marco necesario para garantizar una buena gestión de recepción de los bienes a través de la intervención de los organismos de control de la Ciudad y nacionales.
Luego, nos enteramos de que nunca fueron pagados los 1.300 millones de pesos comprometidos en inversión para garantizar la calidad del servicio y seguridad para los pasajeros.
Lamentablemente, hoy no podemos dar una discusión de fondo, como dijo un diputado preopinante, que es la del sistema de trasporte, y romper el instaurado en los 90, que a todas luces demuestra sus fallas y debilidades. No podemos seguir en este marco sin puntualizar la necesaria discusión en este Congreso Nacional.
He presentado una observación señalando algunos aspectos a considerar, y ayer todos los bloques apoyaron la iniciativa en consideración, por la necesidad de crear un ente que pueda administrar, planificar y coordinar todo el transporte del área metropolitana, para no seguir trabajando en el actual esquema que justamente busca la fragmentación y la ineficiencia con costos sumamente elevados.
Por último, ya que me quedan dos minutos y sé que el señor presidente será inflexible con el uso del micrófono –espero que sea así con todos los bloques, me parece que esta tarde venimos a sumar un poco de confusión general. La falta de madurez política de los dos gobiernos –nacional y de la Ciudad terminará, lamentablemente, en un conflicto que tendrá que solucionar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por eso, digo que vamos a contribuir a la confusión general, o lo que es peor, como Congreso de la Nación vamos a plantar una nueva semilla de la próxima tragedia, que esperemos que no sea como la de Once. (Aplausos.)
Esta disputa comenzó a fines del año pasado como una especie de partido de tenis, donde el gobierno nacional cedía en forma abrupta, en un gesto de reconocimiento de la autonomía de la Ciudad, el control y manejo de los subterráneos. Creo que ello estuvo más vinculado a cuestiones de financiamiento de la Nación que a un súbito rapto de autonomía.
Por otro lado, la Ciudad, que había reclamado el manejo de los subterráneos durante tanto tiempo, se negaba a aceptar esa cesión.
Luego, tuvo lugar la redacción de un acta de cinco puntos, que ninguno firmaría ni siquiera para alquilar un departamento o recibir cualquier otro bien. Sin ningún tipo de control y sin seguir los pasos que establecen tanto la Constitución Nacional como la de la Ciudad, se traspasaron los subtes bajo un marco de acuerdo que hoy el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desconoce.
La Ciudad de Buenos Aires argumenta una serie de incumplimientos por parte del gobierno nacional. Ciertamente, la Ciudad no tomó ningún recaudo al firmar el acta acuerdo en defensa de sus intereses. En primer lugar, no participaron las instituciones que prevé la Legislatura, pero tampoco se elaboró el marco necesario para garantizar una buena gestión de recepción de los bienes a través de la intervención de los organismos de control de la Ciudad y nacionales.
Luego, nos enteramos de que nunca fueron pagados los 1.300 millones de pesos comprometidos en inversión para garantizar la calidad del servicio y seguridad para los pasajeros.
Lamentablemente, hoy no podemos dar una discusión de fondo, como dijo un diputado preopinante, que es la del sistema de trasporte, y romper el instaurado en los 90, que a todas luces demuestra sus fallas y debilidades. No podemos seguir en este marco sin puntualizar la necesaria discusión en este Congreso Nacional.
He presentado una observación señalando algunos aspectos a considerar, y ayer todos los bloques apoyaron la iniciativa en consideración, por la necesidad de crear un ente que pueda administrar, planificar y coordinar todo el transporte del área metropolitana, para no seguir trabajando en el actual esquema que justamente busca la fragmentación y la ineficiencia con costos sumamente elevados.
Por último, ya que me quedan dos minutos y sé que el señor presidente será inflexible con el uso del micrófono –espero que sea así con todos los bloques, me parece que esta tarde venimos a sumar un poco de confusión general. La falta de madurez política de los dos gobiernos –nacional y de la Ciudad terminará, lamentablemente, en un conflicto que tendrá que solucionar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por eso, digo que vamos a contribuir a la confusión general, o lo que es peor, como Congreso de la Nación vamos a plantar una nueva semilla de la próxima tragedia, que esperemos que no sea como la de Once. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. BROWN, CARLOS RAMON (BUENOS AIRES):
Señor presidente: tenemos en tratamiento el traslado de los servicios nacionales de trasporte de pasajeros, subte, premetro y colectivos a la Ciudad de Buenos Aires. Aparecen por lo tanto temas vinculados a cuestiones constitucionales, como el artículo 75, inciso 2º de la Constitución y normas sancionadas por el Congreso, como la llamada ley Cafiero, que han sido objeto de intensos análisis en el tratamiento en comisión y también por los colegas preopinantes.
Comparto las posiciones planteadas por la diputada Camaño y el diputado Amadeo, de nuestro bloque, y su concepción sobre la improcedencia de este proyecto y su análisis por parte de este cuerpo deliberativo, por las razones que ellos han expuesto.
He aquí que la miembro informante del despacho de mayoría, la diputada Diana Conti, ha planteado la fuerte relación entre el comercio -por ende la producción- y el trasporte, y quiero acordar con ella.
Aparece entonces la necesidad de analizar la cuestión relacionada con el trasporte de personas y bienes en el ámbito nacional, que hoy afecta gravemente a las áreas urbanas y al desarrollo de las regiones.
Tenemos un país con elevada concentración poblacional; el área metropolitana –ciudad y conurbano bonaerense es una de ellas, pero no la única. Están el gran Rosario, el gran Córdoba, el gran Mendoza, y en todos ellos aparece esta situación de concentración y los inconvenientes que a partir de ella se plantean.
Por otro lado, tenemos el interior despoblado y sin infraestructura vial, ferroviaria y de trasporte que lo vincule. Este es el desafío: resolver un país armónico con desarrollo y trabajo para todos.
La política de subsidios, que forma parte de este debate porque evidentemente los puntos de discusión están relacionados a si va a haber un traspaso de fondos o va a ser sin ellos, no ha resuelto el problema claramente.
En 2002 se declara el estado de emergencia de los servicios metropolitanos de subtes, trenes y colectivos, y el monto originario de 2003, que era de 174 millones, ascendió a 3.800 millones en 2011, es decir, más de veinte veces.
La pregunta es si con esta fenomenal masa de recursos se mejoró el sistema, y desgraciadamente la respuesta es no. Esto está vinculado con los 51 muertos y los 600 heridos del accidente de Once y con los accidentes ferroviarios de San Miguel, de José León Suárez y tantos otros. Se viaja cada vez peor y con riesgos mayores; no se ha revertido mínimamente esta situación.
¿Qué deberíamos estar haciendo hoy en este recinto dentro del marco de lo que señalaba la señora diputada Conti? Deberíamos estar discutiendo el plan integral de transporte, que incluya al área metropolitana y al resto del país. El sistema ferroviario nacional debe recuperar 22 mil kilómetros de red. El Belgrano Cargas, que en 2011 transportó poco más de un millón de toneladas, según la Bolsa de Comercio de Rosario podría transportar 3 millones de toneladas y hacer competitivas las economías regionales del NOA y del NEA.
Fíjense que las pequeñas y medianas empresas relacionadas con esa zona están absolutamente fuera de competencia. Para ellas, el transporte y el flete representan más del 30 por ciento del valor de su producto, lo que les impide llegar a los grandes centros de consumidores o a los puertos. Consecuentemente, no pueden prosperar, no pueden crecer.
A eso habría que agregar la cantidad de proyectos que están dando vueltas y que no terminan de concretarse, como el Corredor Bioceánico Norte, el Trasandino Central y tantos otros.
Con respecto a la red vial troncal, tendríamos que construir no menos de 4 mil kilómetros de autopistas y autovías y mantener 36 mil kilómetros de red vial. Ni qué decir si tuviéramos que hablar de las vías navegables y el sistema portuario, o de los sistemas intermodales que existen en el mundo y que en la Argentina prácticamente no se ven, o de la problemática aerocomercial. A este respecto debo manifestar que en el debate en el Senado el presidente del bloque oficialista, refiriéndose al tema dijo que estábamos con los mejores transportes. No está claro a qué se refería.
Comparto las posiciones planteadas por la diputada Camaño y el diputado Amadeo, de nuestro bloque, y su concepción sobre la improcedencia de este proyecto y su análisis por parte de este cuerpo deliberativo, por las razones que ellos han expuesto.
He aquí que la miembro informante del despacho de mayoría, la diputada Diana Conti, ha planteado la fuerte relación entre el comercio -por ende la producción- y el trasporte, y quiero acordar con ella.
Aparece entonces la necesidad de analizar la cuestión relacionada con el trasporte de personas y bienes en el ámbito nacional, que hoy afecta gravemente a las áreas urbanas y al desarrollo de las regiones.
Tenemos un país con elevada concentración poblacional; el área metropolitana –ciudad y conurbano bonaerense es una de ellas, pero no la única. Están el gran Rosario, el gran Córdoba, el gran Mendoza, y en todos ellos aparece esta situación de concentración y los inconvenientes que a partir de ella se plantean.
Por otro lado, tenemos el interior despoblado y sin infraestructura vial, ferroviaria y de trasporte que lo vincule. Este es el desafío: resolver un país armónico con desarrollo y trabajo para todos.
La política de subsidios, que forma parte de este debate porque evidentemente los puntos de discusión están relacionados a si va a haber un traspaso de fondos o va a ser sin ellos, no ha resuelto el problema claramente.
En 2002 se declara el estado de emergencia de los servicios metropolitanos de subtes, trenes y colectivos, y el monto originario de 2003, que era de 174 millones, ascendió a 3.800 millones en 2011, es decir, más de veinte veces.
La pregunta es si con esta fenomenal masa de recursos se mejoró el sistema, y desgraciadamente la respuesta es no. Esto está vinculado con los 51 muertos y los 600 heridos del accidente de Once y con los accidentes ferroviarios de San Miguel, de José León Suárez y tantos otros. Se viaja cada vez peor y con riesgos mayores; no se ha revertido mínimamente esta situación.
¿Qué deberíamos estar haciendo hoy en este recinto dentro del marco de lo que señalaba la señora diputada Conti? Deberíamos estar discutiendo el plan integral de transporte, que incluya al área metropolitana y al resto del país. El sistema ferroviario nacional debe recuperar 22 mil kilómetros de red. El Belgrano Cargas, que en 2011 transportó poco más de un millón de toneladas, según la Bolsa de Comercio de Rosario podría transportar 3 millones de toneladas y hacer competitivas las economías regionales del NOA y del NEA.
Fíjense que las pequeñas y medianas empresas relacionadas con esa zona están absolutamente fuera de competencia. Para ellas, el transporte y el flete representan más del 30 por ciento del valor de su producto, lo que les impide llegar a los grandes centros de consumidores o a los puertos. Consecuentemente, no pueden prosperar, no pueden crecer.
A eso habría que agregar la cantidad de proyectos que están dando vueltas y que no terminan de concretarse, como el Corredor Bioceánico Norte, el Trasandino Central y tantos otros.
Con respecto a la red vial troncal, tendríamos que construir no menos de 4 mil kilómetros de autopistas y autovías y mantener 36 mil kilómetros de red vial. Ni qué decir si tuviéramos que hablar de las vías navegables y el sistema portuario, o de los sistemas intermodales que existen en el mundo y que en la Argentina prácticamente no se ven, o de la problemática aerocomercial. A este respecto debo manifestar que en el debate en el Senado el presidente del bloque oficialista, refiriéndose al tema dijo que estábamos con los mejores transportes. No está claro a qué se refería.
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.
SRA. ORTIZ, MARIELA (JUJUY):
Señor presidente: como mujer del interior del país quiero referirme específicamente al tema del federalismo al que hace alusión este proyecto de ley.
Estoy realmente sorprendida por algunos dichos que he escuchado ayer durante el debate en el plenario de comisiones y hoy en este recinto, respecto de que este proyecto de ley profundiza las desigualdades o atenta contra la justicia social. Realmente, me preocupa escuchar pensamientos tan centralistas, porque la historia de nuestro país nos muestra que gran parte del progreso de la Ciudad de Buenos Aires se edificó sobre las políticas centralistas que perjudicaron a las provincias.
También me preocupa que se hable de dónde está la gente en este proyecto, de la degradación del sistema de transporte, de que fuimos perdiendo la calidad, de que decayó la cantidad de pasajeros que transportamos y de que el transporte hoy anda peor que en la década del 90. Realmente, me da la impresión de que algunos tomaron pastillas de amnesia –discúlpeme la expresión, señor presidente, porque quienes manifiestan esto fueron actores directos en la política neoliberal de los 90, que arrasó con los ferrocarriles que estaban en manos del Estado.
Estoy realmente sorprendida por algunos dichos que he escuchado ayer durante el debate en el plenario de comisiones y hoy en este recinto, respecto de que este proyecto de ley profundiza las desigualdades o atenta contra la justicia social. Realmente, me preocupa escuchar pensamientos tan centralistas, porque la historia de nuestro país nos muestra que gran parte del progreso de la Ciudad de Buenos Aires se edificó sobre las políticas centralistas que perjudicaron a las provincias.
También me preocupa que se hable de dónde está la gente en este proyecto, de la degradación del sistema de transporte, de que fuimos perdiendo la calidad, de que decayó la cantidad de pasajeros que transportamos y de que el transporte hoy anda peor que en la década del 90. Realmente, me da la impresión de que algunos tomaron pastillas de amnesia –discúlpeme la expresión, señor presidente, porque quienes manifiestan esto fueron actores directos en la política neoliberal de los 90, que arrasó con los ferrocarriles que estaban en manos del Estado.
SRA. STOLBIZER, MARGARITA ROSA (BUENOS AIRES):
¡Gobernaban ustedes!
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
¡Señora diputada Stolbizer, por favor!...
SRA. ORTIZ, MARIELA (JUJUY):
No tenemos posibilidad de decaer, perder la calidad o disminuir la cantidad de pasajeros.
Las provincias como Jujuy y las que integran casi todo el interior periférico de la Argentina carecen de servicios ferroviarios y, con mucha suerte, algunas los tienen en su mínima expresión.
La consecuencia de estas políticas fue la profundización de las asimetrías regionales que hicieron que la producción de las provincias más alejadas de la Pampa Húmeda perdieran la rentabilidad debido a los altos costos de los fletes del transporte carretero. Al mismo tiempo, las poblaciones del interior no tienen ninguna posibilidad, ante la falta de trenes, de acceder a un servicio más económico y amigable con el medio ambiente.
La discusión que propone la Ciudad de Buenos Aires, negándose a hacerse cargo de los subterráneos, es tremendamente dolorosa para los pueblos de la Argentina profunda que bregan, desde hace mucho, por la recuperación de los ferrocarriles.
Tenemos cifradas esperanzas en que nuestra presidenta, que ha convertido en causa de su gobierno la reparación de tantas injusticias, vuelva a darnos esta herramienta de desarrollo que tanto necesitamos. Hablo de reparación de injusticias, porque a partir del año 2003 con la presidencia de Néstor Kirchner pudimos empezar a recuperar el verdadero sentido y significado de la palabra “federalismo”.
Aunque muchos expresaron que el término “federalismo” es relativo en nuestro país, quiero decir que los jujeños comenzamos a sentir a partir de esa fecha –como decía el entonces presidente- que la Argentina empezaba en Jujuy. Fuimos beneficiados, como muchas otras provincias, con rutas, caminos, escuelas, hospitales, incluyendo a nuestros chicos en la igualdad de acceso a las tecnologías. Hace poco tiempo se inauguraron estaciones culturales; la primera fue en Jujuy y la segunda, en Tierra del Fuego. Esto sí es verdadero federalismo.
A partir de un tremendo proceso de privatización en la ciudad de Palpalá comenzamos a recuperar nuestra dignidad de seres humanos. A pesar de tantos logros alcanzados en los últimos años, todavía quedan muchas injusticias y mucho por qué trabajar, uno de esos ámbitos es el del transporte. (Aplausos.)
Las provincias como Jujuy y las que integran casi todo el interior periférico de la Argentina carecen de servicios ferroviarios y, con mucha suerte, algunas los tienen en su mínima expresión.
La consecuencia de estas políticas fue la profundización de las asimetrías regionales que hicieron que la producción de las provincias más alejadas de la Pampa Húmeda perdieran la rentabilidad debido a los altos costos de los fletes del transporte carretero. Al mismo tiempo, las poblaciones del interior no tienen ninguna posibilidad, ante la falta de trenes, de acceder a un servicio más económico y amigable con el medio ambiente.
La discusión que propone la Ciudad de Buenos Aires, negándose a hacerse cargo de los subterráneos, es tremendamente dolorosa para los pueblos de la Argentina profunda que bregan, desde hace mucho, por la recuperación de los ferrocarriles.
Tenemos cifradas esperanzas en que nuestra presidenta, que ha convertido en causa de su gobierno la reparación de tantas injusticias, vuelva a darnos esta herramienta de desarrollo que tanto necesitamos. Hablo de reparación de injusticias, porque a partir del año 2003 con la presidencia de Néstor Kirchner pudimos empezar a recuperar el verdadero sentido y significado de la palabra “federalismo”.
Aunque muchos expresaron que el término “federalismo” es relativo en nuestro país, quiero decir que los jujeños comenzamos a sentir a partir de esa fecha –como decía el entonces presidente- que la Argentina empezaba en Jujuy. Fuimos beneficiados, como muchas otras provincias, con rutas, caminos, escuelas, hospitales, incluyendo a nuestros chicos en la igualdad de acceso a las tecnologías. Hace poco tiempo se inauguraron estaciones culturales; la primera fue en Jujuy y la segunda, en Tierra del Fuego. Esto sí es verdadero federalismo.
A partir de un tremendo proceso de privatización en la ciudad de Palpalá comenzamos a recuperar nuestra dignidad de seres humanos. A pesar de tantos logros alcanzados en los últimos años, todavía quedan muchas injusticias y mucho por qué trabajar, uno de esos ámbitos es el del transporte. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
SRA. GONZALEZ, GLADYS ESTHER (BUENOS AIRES):
Señor presidente: soy diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, y como bonaerense estoy realmente muy preocupada, como seguramente lo estarán los setenta legisladores de la provincia de Buenos Aires que están en este recinto, y usted, señor presidente, que es bonaerense como yo.
Estoy preocupada por la seguridad de los ciudadanos de mi provincia, y por cómo viajan en el sistema de transporte metropolitano. Todos sabemos que viajan como ganado, colgados de las puertas, sin la mínima garantía de poder llegar sanos y salvos a sus casas o sus trabajos.
Por eso, creo que la discusión debió darse, y debe darse, en torno de la defensa de los derechos de esos ciudadanos. Hay que debatir cómo haremos las inversiones que el sistema de transporte metropolitano necesita para garantizar un servicio de calidad, seguro, en todas las líneas de colectivos, trenes y subtes donde también viajan.
Estoy preocupada por los dichos de la presidenta, que dijo que el federalismo es que los jujeños no paguen el subte de los porteños. No obstante, traspasa este servicio a la Ciudad de Buenos Aires, sin los recursos y sin hacerse cargo de las responsabilidades que le caben por las inversiones que el gobierno nacional no hizo y debió hacer, esos 1.100 millones que planificó el ex presidente Kirchner y que nunca llegaron.
Si me valgo de algunos de esos dichos y de la decisión respecto de la Ciudad de Buenos Aires, debo pensar entonces que para la presidenta tampoco es federalismo que los jujeños sigan pagando el transporte a los ciudadanos del Gran Buenos Aires.
Así mismo, debo pensar que la próxima decisión de la señora presidenta será quitarle los subsidios al resto del transporte metropolitano y transferir los servicios al gobernador Scioli, haciéndolo cargo de la responsabilidad de las inversiones que hay que hacer en trenes, incluso en colectivos, inversiones que el gobierno nacional no hizo. Resulta evidente –está a la luz de todos la desinversión en el transporte en general; mejor no abundar en los motivos, al ver los millones que se han gastado en subsidios y que no se han traducido en mantenimiento ni en obras.
Me pregunto qué hará el gobernador Scioli, si se plantará como lo está haciendo el jefe de Gobierno de la Ciudad para defender los intereses y los derechos de los ciudadanos o dirá que tiene las manos atadas. Me pregunto si pediría por fin con firmeza los puntos de coparticipación que nos corresponden a los bonaerenses.
Muchas veces se ha dicho que el sistema de subsidios no es equitativo, pero tampoco lo es el de coparticipación, y ya hemos memorizado estas cifras una y mil veces. La Ciudad de Buenos Aires aporta el 25 por ciento y sólo recibe el 1,4; la provincia de Buenos Aires aporta al 36 y sólo recibe el 19. Si analizamos coparticipación per cápita, el ciudadano de Buenos Aires recibe 679 pesos, el bonaerense 1.277, contra los 4.642 que recibe el de Jujuy y los 9.954 del de Tierra del Fuego.
Así como la región metropolitana es absolutamente compleja, las provincias que son pobres reciben más aunque dan menos porque nuestro sistema es solidario, y está perfecto que sea así. Lo que no está perfecto y resulta inaceptable es que se nos diga que no somos solidarios, que se nos paga el transporte, y que se utilicen estos argumentos para presionar a nuestros compañeros de provincia es decir, a los que pertenecemos a las provincias y manifestar que si votamos en contra del proyecto estamos a favor de los porteños y en contra de los provincianos.
Lo que tenemos que hacer es reclamar el federalismo, los puntos de coparticipación, la ley de coparticipación, porque todos sabemos que sin federalismo, sin autonomía financiera, no hay federalismo político posible. Nuestros gobernadores van a seguir siendo delegados del Poder Ejecutivo o víctimas de la discriminación de la política de la presidenta.
Creo que si avanzamos en este proyecto lo que estaremos haciendo será no pensar en el futuro, será dividir cuando hay que integrar, separar cuando hay que unir, es consolidar un modelo que caracteriza...
Estoy preocupada por la seguridad de los ciudadanos de mi provincia, y por cómo viajan en el sistema de transporte metropolitano. Todos sabemos que viajan como ganado, colgados de las puertas, sin la mínima garantía de poder llegar sanos y salvos a sus casas o sus trabajos.
Por eso, creo que la discusión debió darse, y debe darse, en torno de la defensa de los derechos de esos ciudadanos. Hay que debatir cómo haremos las inversiones que el sistema de transporte metropolitano necesita para garantizar un servicio de calidad, seguro, en todas las líneas de colectivos, trenes y subtes donde también viajan.
Estoy preocupada por los dichos de la presidenta, que dijo que el federalismo es que los jujeños no paguen el subte de los porteños. No obstante, traspasa este servicio a la Ciudad de Buenos Aires, sin los recursos y sin hacerse cargo de las responsabilidades que le caben por las inversiones que el gobierno nacional no hizo y debió hacer, esos 1.100 millones que planificó el ex presidente Kirchner y que nunca llegaron.
Si me valgo de algunos de esos dichos y de la decisión respecto de la Ciudad de Buenos Aires, debo pensar entonces que para la presidenta tampoco es federalismo que los jujeños sigan pagando el transporte a los ciudadanos del Gran Buenos Aires.
Así mismo, debo pensar que la próxima decisión de la señora presidenta será quitarle los subsidios al resto del transporte metropolitano y transferir los servicios al gobernador Scioli, haciéndolo cargo de la responsabilidad de las inversiones que hay que hacer en trenes, incluso en colectivos, inversiones que el gobierno nacional no hizo. Resulta evidente –está a la luz de todos la desinversión en el transporte en general; mejor no abundar en los motivos, al ver los millones que se han gastado en subsidios y que no se han traducido en mantenimiento ni en obras.
Me pregunto qué hará el gobernador Scioli, si se plantará como lo está haciendo el jefe de Gobierno de la Ciudad para defender los intereses y los derechos de los ciudadanos o dirá que tiene las manos atadas. Me pregunto si pediría por fin con firmeza los puntos de coparticipación que nos corresponden a los bonaerenses.
Muchas veces se ha dicho que el sistema de subsidios no es equitativo, pero tampoco lo es el de coparticipación, y ya hemos memorizado estas cifras una y mil veces. La Ciudad de Buenos Aires aporta el 25 por ciento y sólo recibe el 1,4; la provincia de Buenos Aires aporta al 36 y sólo recibe el 19. Si analizamos coparticipación per cápita, el ciudadano de Buenos Aires recibe 679 pesos, el bonaerense 1.277, contra los 4.642 que recibe el de Jujuy y los 9.954 del de Tierra del Fuego.
Así como la región metropolitana es absolutamente compleja, las provincias que son pobres reciben más aunque dan menos porque nuestro sistema es solidario, y está perfecto que sea así. Lo que no está perfecto y resulta inaceptable es que se nos diga que no somos solidarios, que se nos paga el transporte, y que se utilicen estos argumentos para presionar a nuestros compañeros de provincia es decir, a los que pertenecemos a las provincias y manifestar que si votamos en contra del proyecto estamos a favor de los porteños y en contra de los provincianos.
Lo que tenemos que hacer es reclamar el federalismo, los puntos de coparticipación, la ley de coparticipación, porque todos sabemos que sin federalismo, sin autonomía financiera, no hay federalismo político posible. Nuestros gobernadores van a seguir siendo delegados del Poder Ejecutivo o víctimas de la discriminación de la política de la presidenta.
Creo que si avanzamos en este proyecto lo que estaremos haciendo será no pensar en el futuro, será dividir cuando hay que integrar, separar cuando hay que unir, es consolidar un modelo que caracteriza...
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Ha vencido su término, señora diputada.
Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.
Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.
SR.(RÍOS)
Señor presidente: contradiciendo lo que vengo escuchando hasta ahora, yo también quisiera hacer una manifestación de emociones. Estoy realmente contento con que se apruebe el proyecto. (Aplausos.) Verdaderamente, simboliza muchas cosas para nosotros, por lo que ha estado pasando en los últimos tiempos y por lo que hemos estado recorriendo en estos últimos años.
Pareciera que el subsidio o la política de subsidios empezó a ser una política de mala palabra. Durante estos últimos años –yo estaba en el Senado con legisladores del oficialismo y de la oposición íbamos a la Secretaría de Transporte, incluso visitando a los secretarios de Transporte –también mala palabra ahora, para pedirles aumentos de los subsidios para el interior.
En realidad, lo que engloba este proyecto es cómo se van a re transferir los subsidios de aquí adelante. Vaya esta muestra: en el año 2003, cuando se inició la política de subsidios, los servicios nacionales del AMBA se llevaron 143 millones, o sea el 42 por ciento y los del interior 107 millones, el 31 por ciento.
Cuatro años después, en 2007, los del interior se llevaron 420 millones, el 16 por ciento, y los nacionales del AMBA 1.287 millones, el 50 por cientodel total de subsidios del sistema de transporte. En el año 2011, los del interior se llevaron 3.260 millones, el 26 o 27 por ciento, y los nacionales del AMBA, 5.182 millones, el 42 por ciento. Este es un desbalance, cualquiera sea la forma en que se lo analice. Por lo tanto, me parece que esta discusión se termina abordando como lo estamos haciendo, porque como ocurre siempre con las discusiones por dinero, uno siempre tiende a “patearlas”, sobre todo quienes se ven favorecidos, pero no quienes van a perder algo, y es injusto.
He escuchado con el mayor de los respetos a las fuerzas políticas de la oposición que hoy se están expresando, pero en la municipalidad de la capital de mi provincia esas mismas fuerzas políticas se están enojando porque hay en discusión un aumento tarifario para cobrar el boleto de colectivo 2 pesos con 50.
¿Es justo o no que alguien en la Ciudad de Buenos Aires, no importa de dónde provenga, pague 2 pesos con 50 el servicio de subte? Si lo tengo que mirar desde allá yo digo que es justo, que es razonable y que está bien. Me hace feliz que todos los usuarios del sistema de transporte público no sólo los del AMBA carguemos una responsabilidad exactamente igual sobre las espaldas. El tarifazo es del 127 por ciento, y esto uno lo califica en función de la base imponible de quien está por aportar. En realidad, en la Ciudad de Buenos Aires el nivel de ingreso promedio es cuatro veces el que corresponde a la provincia de Corrientes. ¿Es justo que se pague la misma tarifa por el transporte? Es justo, es razonable, y esto me hace tremendamente feliz, si es por una expresión de estado de ánimo. Creo que a esto conlleva el proyecto de ley que estamos tratando.
No quiero referirme al aspecto jurídico sino al económico, a la transferencia de recursos. ¿Es justo que entre todas las provincias del interior, incluida la de Buenos Aires, se repartan 3.260 millones y en el área metropolitana 5.182 millones de pesos de subsidios? No es justo, no es racional ni hace al equilibrio de la carga.
Esto es así porque aparte existe una connotación política. Vivimos una crisis en el parque Indoamericano. Algún político dijo en ese momento que por la política migratoria argentina –que comparto- había paraguayos y muchos bolivianos. Pero ocurre que los paraguayos eran paraguayos, correntinos, chaqueños, misioneros y formoseños que por este tipo de asimetrías vienen a parar acá y generan un montón de problemas. (Aplausos.) Quizás vienen a buscar aquí nuevas oportunidades por esta diferencia de tarifas en los medios de transporte, en el gas y en la electricidad. Esta ley simboliza igualdad de oportunidades en el lugar donde nació mi gente, esos que son paraguayos, correntinos, misioneros o chaqueños, o aquellos que son bolivianos, salteños o jujeños. (Aplausos.)
Pareciera que el subsidio o la política de subsidios empezó a ser una política de mala palabra. Durante estos últimos años –yo estaba en el Senado con legisladores del oficialismo y de la oposición íbamos a la Secretaría de Transporte, incluso visitando a los secretarios de Transporte –también mala palabra ahora, para pedirles aumentos de los subsidios para el interior.
En realidad, lo que engloba este proyecto es cómo se van a re transferir los subsidios de aquí adelante. Vaya esta muestra: en el año 2003, cuando se inició la política de subsidios, los servicios nacionales del AMBA se llevaron 143 millones, o sea el 42 por ciento y los del interior 107 millones, el 31 por ciento.
Cuatro años después, en 2007, los del interior se llevaron 420 millones, el 16 por ciento, y los nacionales del AMBA 1.287 millones, el 50 por cientodel total de subsidios del sistema de transporte. En el año 2011, los del interior se llevaron 3.260 millones, el 26 o 27 por ciento, y los nacionales del AMBA, 5.182 millones, el 42 por ciento. Este es un desbalance, cualquiera sea la forma en que se lo analice. Por lo tanto, me parece que esta discusión se termina abordando como lo estamos haciendo, porque como ocurre siempre con las discusiones por dinero, uno siempre tiende a “patearlas”, sobre todo quienes se ven favorecidos, pero no quienes van a perder algo, y es injusto.
He escuchado con el mayor de los respetos a las fuerzas políticas de la oposición que hoy se están expresando, pero en la municipalidad de la capital de mi provincia esas mismas fuerzas políticas se están enojando porque hay en discusión un aumento tarifario para cobrar el boleto de colectivo 2 pesos con 50.
¿Es justo o no que alguien en la Ciudad de Buenos Aires, no importa de dónde provenga, pague 2 pesos con 50 el servicio de subte? Si lo tengo que mirar desde allá yo digo que es justo, que es razonable y que está bien. Me hace feliz que todos los usuarios del sistema de transporte público no sólo los del AMBA carguemos una responsabilidad exactamente igual sobre las espaldas. El tarifazo es del 127 por ciento, y esto uno lo califica en función de la base imponible de quien está por aportar. En realidad, en la Ciudad de Buenos Aires el nivel de ingreso promedio es cuatro veces el que corresponde a la provincia de Corrientes. ¿Es justo que se pague la misma tarifa por el transporte? Es justo, es razonable, y esto me hace tremendamente feliz, si es por una expresión de estado de ánimo. Creo que a esto conlleva el proyecto de ley que estamos tratando.
No quiero referirme al aspecto jurídico sino al económico, a la transferencia de recursos. ¿Es justo que entre todas las provincias del interior, incluida la de Buenos Aires, se repartan 3.260 millones y en el área metropolitana 5.182 millones de pesos de subsidios? No es justo, no es racional ni hace al equilibrio de la carga.
Esto es así porque aparte existe una connotación política. Vivimos una crisis en el parque Indoamericano. Algún político dijo en ese momento que por la política migratoria argentina –que comparto- había paraguayos y muchos bolivianos. Pero ocurre que los paraguayos eran paraguayos, correntinos, chaqueños, misioneros y formoseños que por este tipo de asimetrías vienen a parar acá y generan un montón de problemas. (Aplausos.) Quizás vienen a buscar aquí nuevas oportunidades por esta diferencia de tarifas en los medios de transporte, en el gas y en la electricidad. Esta ley simboliza igualdad de oportunidades en el lugar donde nació mi gente, esos que son paraguayos, correntinos, misioneros o chaqueños, o aquellos que son bolivianos, salteños o jujeños. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
SR. ROGEL, FABIAN DULIO (ENTRE RIOS):
Señor presidente, señores legisladores: pongo a disposición un importante trabajo que los asesores que me acompañan han hecho sobre la evolución del tema que hoy estamos tratando. Tomaré cinco minutos y trataré de desnudar brevemente el planteo político de lo que hoy estamos tratando en el Congreso de la Nación.
Hay dos actores que se sentaron a una mesa: el gobierno de la Nación y quien conduce los destinos de la Ciudad de Buenos Aires. No fueron invitados la Unión Cívica Radical ni los partidos de la oposición ni la Auditoría General de la Nación ni el Parlamento. Los dos actores, uno porque había sido votado legítimamente para gobernar la Ciudad, y otros porque habían sido votados para gobernar la República Argentina recientemente ratificados en las urnas, decidieron lo que era anhelo de muchas plataformas, incluyendo la de la Unión Cívica Radical en la Capital: quehabía que concluir el proceso de transferencia del servicio de transporte de subte en la Capital.
Así lo hicieron, insisto, sin consultar, sin auditar, sin hablar con otros partidos, como el nuestro que ha sido gobierno algunos años en este país, con 120 años de historia. En fin, avanzaron en función de sus representaciones y derechos.
Una mañana, 51 argentinos murieron en la estación de Once. Entonces, se precipita un debate en el cual el que había firmado el convenio por el que se hacía cargo de este servicio entra en pánico. Dijo: “No avancemos a ver si lo que pasó con los ferrocarriles nos pasa a nosotros, empecemos a ver la posibilidad de que esto no se transfiera.”
El otro actor viene a recortar los subsidios porque se están complicando las cuentas públicas y dice: “Señores, terminemos con esto y por más que sean mil y pico de millones de pesos hay que ir tirando todos los lastres que sean necesarios. El señor ha firmado, el señor no auditó, el jefe de Gobierno consintió, en todo caso vayamos ahora sí al Parlamento y ratifiquemos esta ley”.
¿Qué podría haber hecho la Unión Cívica Radical? Decir: “Bueno, somos convidados de piedra en una discusión que –como se ha dicho acá debe ser de fondo”. Tiene que ver con la discusión extraordinaria que ya alguna vez dije que había que dar en este Parlamento sobre el transporte de carga y de pasajeros, que incluya además el transporte de pasajeros en la Ciudad de Buenos Aires.
Esa discusión no es la que estamos dando, y pido por favor a muchos que no se esfuercen en debates que no se están planteando. La Unión Cívica Radical pudo haber dicho a la Nación: “somos convidados de piedra, no opinamos”. Pero como somos un partido de gobierno, decimos “tomamos posición”. Decimos “Hay que transferir porque ese fue el anhelo de todas las plataformas de los legisladores de la Capital Federal, no somos cachivaches que escribimos y prometemos cosas a la gente en un distrito como la Capital y después cuando perdemos las elecciones hacemos otra cosa. Se tienen que transferir los servicios para ser coherentes con lo que hizo el Senado y con lo que han hecho nuestros legisladores en nuestra plataforma y lo que han sido nuestros anhelos de cómo deben manejarse los servicios.
Además, decimos al Estado nacional: “Señores, revisen las cuentas porque esta transferencia sin recursos suena a cualquier otra cosa”. Esto es lo que se está debatiendo hoy, este es el carozo de la cuestión.
Decidimos involucrarnos, votar en general por la transferencia y hacer las advertencias sobre la cuestión económica, que el Estado nacional como siempre omite en este tipo de discusión, que es la parte que le está faltando al proyecto.
Podríamos habernos abstenido, pero nosotros nunca vamos a estar al margen de los temas nacionales. Nosotros hubiéramos hecho otra cosa, como lo indica claramente el proyecto de minoría que hemos presentado, pero esto es lo que se está discutiendo.
Hubo dos actores. Me hubiera gustado que antes de firmar, Macri –que es quien más se queja ahora, o el gobierno nacional, hubieran invitado a las otras fuerzas políticas, por lo menos a las que hemos gobernado este país, la provincia y la Capital Federal, y al Congreso para saber antes si teníamos o no facultad para discutir estas cosas. Nos han convocado para discutir, damos opinión y sentamos posición. Esto es lo que se está debatiendo.
Hay dos actores que se sentaron a una mesa: el gobierno de la Nación y quien conduce los destinos de la Ciudad de Buenos Aires. No fueron invitados la Unión Cívica Radical ni los partidos de la oposición ni la Auditoría General de la Nación ni el Parlamento. Los dos actores, uno porque había sido votado legítimamente para gobernar la Ciudad, y otros porque habían sido votados para gobernar la República Argentina recientemente ratificados en las urnas, decidieron lo que era anhelo de muchas plataformas, incluyendo la de la Unión Cívica Radical en la Capital: quehabía que concluir el proceso de transferencia del servicio de transporte de subte en la Capital.
Así lo hicieron, insisto, sin consultar, sin auditar, sin hablar con otros partidos, como el nuestro que ha sido gobierno algunos años en este país, con 120 años de historia. En fin, avanzaron en función de sus representaciones y derechos.
Una mañana, 51 argentinos murieron en la estación de Once. Entonces, se precipita un debate en el cual el que había firmado el convenio por el que se hacía cargo de este servicio entra en pánico. Dijo: “No avancemos a ver si lo que pasó con los ferrocarriles nos pasa a nosotros, empecemos a ver la posibilidad de que esto no se transfiera.”
El otro actor viene a recortar los subsidios porque se están complicando las cuentas públicas y dice: “Señores, terminemos con esto y por más que sean mil y pico de millones de pesos hay que ir tirando todos los lastres que sean necesarios. El señor ha firmado, el señor no auditó, el jefe de Gobierno consintió, en todo caso vayamos ahora sí al Parlamento y ratifiquemos esta ley”.
¿Qué podría haber hecho la Unión Cívica Radical? Decir: “Bueno, somos convidados de piedra en una discusión que –como se ha dicho acá debe ser de fondo”. Tiene que ver con la discusión extraordinaria que ya alguna vez dije que había que dar en este Parlamento sobre el transporte de carga y de pasajeros, que incluya además el transporte de pasajeros en la Ciudad de Buenos Aires.
Esa discusión no es la que estamos dando, y pido por favor a muchos que no se esfuercen en debates que no se están planteando. La Unión Cívica Radical pudo haber dicho a la Nación: “somos convidados de piedra, no opinamos”. Pero como somos un partido de gobierno, decimos “tomamos posición”. Decimos “Hay que transferir porque ese fue el anhelo de todas las plataformas de los legisladores de la Capital Federal, no somos cachivaches que escribimos y prometemos cosas a la gente en un distrito como la Capital y después cuando perdemos las elecciones hacemos otra cosa. Se tienen que transferir los servicios para ser coherentes con lo que hizo el Senado y con lo que han hecho nuestros legisladores en nuestra plataforma y lo que han sido nuestros anhelos de cómo deben manejarse los servicios.
Además, decimos al Estado nacional: “Señores, revisen las cuentas porque esta transferencia sin recursos suena a cualquier otra cosa”. Esto es lo que se está debatiendo hoy, este es el carozo de la cuestión.
Decidimos involucrarnos, votar en general por la transferencia y hacer las advertencias sobre la cuestión económica, que el Estado nacional como siempre omite en este tipo de discusión, que es la parte que le está faltando al proyecto.
Podríamos habernos abstenido, pero nosotros nunca vamos a estar al margen de los temas nacionales. Nosotros hubiéramos hecho otra cosa, como lo indica claramente el proyecto de minoría que hemos presentado, pero esto es lo que se está discutiendo.
Hubo dos actores. Me hubiera gustado que antes de firmar, Macri –que es quien más se queja ahora, o el gobierno nacional, hubieran invitado a las otras fuerzas políticas, por lo menos a las que hemos gobernado este país, la provincia y la Capital Federal, y al Congreso para saber antes si teníamos o no facultad para discutir estas cosas. Nos han convocado para discutir, damos opinión y sentamos posición. Esto es lo que se está debatiendo.
- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª de la Honorable Cámara, profesora Norma Amanda Abdala de Matarazzo.
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
SR. ZABALZA, JUAN CARLOS (SANTA FE):
Señora presidenta: vengo de la provincia de Santa Fe, de la ciudad de Rosario, que durante todos estos años, más Rosario que Santa Fe, han luchado incansablemente por alcanzar equidad en la distribución de los subsidios al transporte.
Particularmente, nuestra provincia de Santa Fe desde hace cuatro años, cuando asume la gobernación Hermes Binner, inicia una cantidad de reclamos que tienen que ver con la defensa de los intereses de los santafesinos frente al gobierno nacional. Estos reclamos no configuran actos de oposición política; están fundamentalmente asentados en la defensa irrestricta del federalismo como sistema de gobierno, sancionado por nuestra Constitución Nacional.A pesar de los esfuerzos realizados durante todos estos años, ha sido muy difícil dar vuelta esta realidad. Particularmente en el tema de los subsidios, la cuestión siguió desigual y bastante turbia. Hoy, nadie en su sano juicio va a discutir que el sistema de metro, premetro, tranvía y colectivo pertenecen a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así lo establecen la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Cafiero.
Estamos convencidos de que el envío de este proyecto por el Poder Ejecutivo al Parlamento nacional es parte de un enfrentamiento no racional entre dos jurisdicciones que, como todas, la nacional y subnacionales, no deberían tratarse antagónicamente, sino para encontrar soluciones a los problemas que, como el transporte, afectan a millones de usuarios, todos argentinos: porteños o provincianos, ciudadanos y ciudadanas.
Hoy, vemos que el Estado nacional tiene una necesidad de disminuir sus erogaciones. ¿Permitirá esto modificar la injusta distribución de los subsidios, agravada por la falta de controles?
Pensamos que el tema de los controles es esencial porque la Auditoría General de la Nación ha presentado informes que nunca fueron tenidos en cuenta ni tratados en su justo término, y para construir un Estado transparente es necesario que los organismos de control funcionen adecuadamente.
Voy a hacer ahora una reflexión sobre el SUBE. Se pretende que sea un único mecanismo de pago para todo el transporte urbano e interurbano del país. Desde 2009 se está intentando llegar a un acuerdo por parte del Estado nacional como un elemento de control y regulación hacia las empresas privadas. Sin embargo, hoy el SUBE lo administra la Nación con las cámaras empresarias del transporte de la Ciudad de Buenos Aires.
Por lo tanto, aquellos que reciben hoy el 75 por ciento de los subsidios nacionales pasarían a administrar si esto no se modifica el ciento por ciento de la recaudación del SUBE.
Creo que hay dos cosas que discutir para ayudar al Estado nacional: en primer lugar, la descentralización operativa del SUBE, porque cada realidad es diferente y, en segundo lugar, el control social de los fondos, que quiere decir que los usuarios participen del control de fondos descentralizados que son absolutamente indispensables para avanzar en un Estado transparente.
En enero se firmó la famosa acta entre el gobierno nacional y el de la Ciudad. El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la desconoció patéticamente por televisión, pero ya había subido el precio del pasaje. Fueron a la Justicia el jefe de Gobierno y también el gobierno nacional. Los conflictos interjurisdiccionales que están judicializados no deben ser tratados por el Parlamento nacional. En este momento, ese es el sentido responsable de nuestra abstención. Lo decimos porque existen muchos conflictos interjurisdiccionales entre las provincias y la Nación que están en la instancia de la Corte Suprema. No quisiéramos que esto pase a constituir un antecedente para nuevos proyectos. (Aplausos.)
Particularmente, nuestra provincia de Santa Fe desde hace cuatro años, cuando asume la gobernación Hermes Binner, inicia una cantidad de reclamos que tienen que ver con la defensa de los intereses de los santafesinos frente al gobierno nacional. Estos reclamos no configuran actos de oposición política; están fundamentalmente asentados en la defensa irrestricta del federalismo como sistema de gobierno, sancionado por nuestra Constitución Nacional.A pesar de los esfuerzos realizados durante todos estos años, ha sido muy difícil dar vuelta esta realidad. Particularmente en el tema de los subsidios, la cuestión siguió desigual y bastante turbia. Hoy, nadie en su sano juicio va a discutir que el sistema de metro, premetro, tranvía y colectivo pertenecen a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así lo establecen la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Cafiero.
Estamos convencidos de que el envío de este proyecto por el Poder Ejecutivo al Parlamento nacional es parte de un enfrentamiento no racional entre dos jurisdicciones que, como todas, la nacional y subnacionales, no deberían tratarse antagónicamente, sino para encontrar soluciones a los problemas que, como el transporte, afectan a millones de usuarios, todos argentinos: porteños o provincianos, ciudadanos y ciudadanas.
Hoy, vemos que el Estado nacional tiene una necesidad de disminuir sus erogaciones. ¿Permitirá esto modificar la injusta distribución de los subsidios, agravada por la falta de controles?
Pensamos que el tema de los controles es esencial porque la Auditoría General de la Nación ha presentado informes que nunca fueron tenidos en cuenta ni tratados en su justo término, y para construir un Estado transparente es necesario que los organismos de control funcionen adecuadamente.
Voy a hacer ahora una reflexión sobre el SUBE. Se pretende que sea un único mecanismo de pago para todo el transporte urbano e interurbano del país. Desde 2009 se está intentando llegar a un acuerdo por parte del Estado nacional como un elemento de control y regulación hacia las empresas privadas. Sin embargo, hoy el SUBE lo administra la Nación con las cámaras empresarias del transporte de la Ciudad de Buenos Aires.
Por lo tanto, aquellos que reciben hoy el 75 por ciento de los subsidios nacionales pasarían a administrar si esto no se modifica el ciento por ciento de la recaudación del SUBE.
Creo que hay dos cosas que discutir para ayudar al Estado nacional: en primer lugar, la descentralización operativa del SUBE, porque cada realidad es diferente y, en segundo lugar, el control social de los fondos, que quiere decir que los usuarios participen del control de fondos descentralizados que son absolutamente indispensables para avanzar en un Estado transparente.
En enero se firmó la famosa acta entre el gobierno nacional y el de la Ciudad. El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la desconoció patéticamente por televisión, pero ya había subido el precio del pasaje. Fueron a la Justicia el jefe de Gobierno y también el gobierno nacional. Los conflictos interjurisdiccionales que están judicializados no deben ser tratados por el Parlamento nacional. En este momento, ese es el sentido responsable de nuestra abstención. Lo decimos porque existen muchos conflictos interjurisdiccionales entre las provincias y la Nación que están en la instancia de la Corte Suprema. No quisiéramos que esto pase a constituir un antecedente para nuevos proyectos. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. ASSEFF, ALBERTO EMILIO (BUENOS AIRES):
Señora presidenta: el proyecto de ley en análisis no es competencia del Congreso Nacional.
Esta cuestión va a terminar en la Corte Suprema, tal como aquí ha sido advertido. Adhiero a esa postura porque es exactamente la que se corresponde con la hermenéutica constitucional y la interpretación de este caso.
Por otra parte, quiero referirme a algo sobre lo que también se expresaron algunos colegas. La población del Gran Buenos Aires –y en rigor de verdad, de toda la Argentina vive azorada frente a esta cuestión que se ha transformado en litigiosa y conflictiva institucional, política y judicialmente; sin embargo, está ausente de la controversia sintiéndose convidado de piedra.
Quiero advertir que éste es uno de los casos en que la política da la espalda a la realidad de los anhelos de la gente, del pueblo, de la ciudadanía –para que nadie objete cuestiones semánticas.
Este modo de transferir el subte y las líneas de microómnibus, absolutamente ningún progreso genera en sí mismo. Así, la cláusula progresista de nuestra Constitución del 53, ratificada en las sucesivas reformas, incluso, en la última –correspondiente al inciso 19 del artículo 75, ninguna relación tiene con el traspaso, que es neutro en materia de progreso, por no decir peligrosamente “antiprogresista”.
Así como van las cosas, seguirá empeorando el sistema más allá del traspaso. El Congreso sí es competente en relación con la cláusula de progreso mencionada. Por eso, haré todo lo que esté a mi alcance –seguramente me acompañará mi bloque, pues interpreto que ése es el sentimiento unánime de la bancada a la que pertenezco a los fines de promover que, en el marco de los alcances del artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional se discuta en torno de un plan estratégico de transporte, no sólo para el AMBA sino también para el resto del país. Dicho plan deberá abarcar el transporte fluvial, vial, ferroviario, urbano, suburbano e interurbano.
A tal efecto debemos efectuar una ampliación de estudios, ya que estamos haciendo referencia a subtes que tienen cien años, a lo que debemos sumar prolongaciones realizadas en los últimos cincuenta años. Nos está faltando el enjambre de líneas que tiene Madrid; y si esa ciudad pudo hacerlo, ¿por qué nosotros, no?
Mi propuesta abarca un plan no sólo para la Ciudad de Buenos Aires, ya que es preciso enlazar el Gran Buenos Aires. Es necesario comenzar con las dos líneas de la ciudad de Rosario y con las dos de Córdoba, que están proyectadas.
Si queremos al pueblo, como tantas veces lo decimos –estoy seguro de que así lo sentimos todos, debemos apostar al transporte público; pero éste hoy se halla en ruinas, por todas las razones que se esgrimieron: los subsidios, la forma cómo se hacen las cosas en esta materia, la falta de planes.
En definitiva, junto con mi bloque votaré en contra del proyecto porque, reitero, se trata de un tema que no es competencia del Congreso. Sin embargo, hago votos para que el Parlamento debata sobre un plan estratégico para el país empezando por las zonas más conflictivas y necesitadas –aunque todo es materia de necesidad en cuanto a seguridad vial. (Aplausos.)
Esta cuestión va a terminar en la Corte Suprema, tal como aquí ha sido advertido. Adhiero a esa postura porque es exactamente la que se corresponde con la hermenéutica constitucional y la interpretación de este caso.
Por otra parte, quiero referirme a algo sobre lo que también se expresaron algunos colegas. La población del Gran Buenos Aires –y en rigor de verdad, de toda la Argentina vive azorada frente a esta cuestión que se ha transformado en litigiosa y conflictiva institucional, política y judicialmente; sin embargo, está ausente de la controversia sintiéndose convidado de piedra.
Quiero advertir que éste es uno de los casos en que la política da la espalda a la realidad de los anhelos de la gente, del pueblo, de la ciudadanía –para que nadie objete cuestiones semánticas.
Este modo de transferir el subte y las líneas de microómnibus, absolutamente ningún progreso genera en sí mismo. Así, la cláusula progresista de nuestra Constitución del 53, ratificada en las sucesivas reformas, incluso, en la última –correspondiente al inciso 19 del artículo 75, ninguna relación tiene con el traspaso, que es neutro en materia de progreso, por no decir peligrosamente “antiprogresista”.
Así como van las cosas, seguirá empeorando el sistema más allá del traspaso. El Congreso sí es competente en relación con la cláusula de progreso mencionada. Por eso, haré todo lo que esté a mi alcance –seguramente me acompañará mi bloque, pues interpreto que ése es el sentimiento unánime de la bancada a la que pertenezco a los fines de promover que, en el marco de los alcances del artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional se discuta en torno de un plan estratégico de transporte, no sólo para el AMBA sino también para el resto del país. Dicho plan deberá abarcar el transporte fluvial, vial, ferroviario, urbano, suburbano e interurbano.
A tal efecto debemos efectuar una ampliación de estudios, ya que estamos haciendo referencia a subtes que tienen cien años, a lo que debemos sumar prolongaciones realizadas en los últimos cincuenta años. Nos está faltando el enjambre de líneas que tiene Madrid; y si esa ciudad pudo hacerlo, ¿por qué nosotros, no?
Mi propuesta abarca un plan no sólo para la Ciudad de Buenos Aires, ya que es preciso enlazar el Gran Buenos Aires. Es necesario comenzar con las dos líneas de la ciudad de Rosario y con las dos de Córdoba, que están proyectadas.
Si queremos al pueblo, como tantas veces lo decimos –estoy seguro de que así lo sentimos todos, debemos apostar al transporte público; pero éste hoy se halla en ruinas, por todas las razones que se esgrimieron: los subsidios, la forma cómo se hacen las cosas en esta materia, la falta de planes.
En definitiva, junto con mi bloque votaré en contra del proyecto porque, reitero, se trata de un tema que no es competencia del Congreso. Sin embargo, hago votos para que el Parlamento debata sobre un plan estratégico para el país empezando por las zonas más conflictivas y necesitadas –aunque todo es materia de necesidad en cuanto a seguridad vial. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SRA. BRAWER, MARA (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señora presidenta: la discusión de este proyecto me provoca dos sentimientos: por un lado, una gran alegría, pues estamos ampliando la autonomía de mi ciudad, por la que tanto luchamos, lo cual nos permitirá planificar y tomar decisiones acerca del modelo de ciudad que queremos.
Dicha autonomía, desde mi punto de vista, tuvo tres hitos en los últimos veinte años: uno de ellos es lasanción de la reforma constitucional en 1994, a través de lo dispuesto en el artículo 129. Otro, es la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en 1996, y el tercero es el cambio de política que, a partir de 2003, con la asunción del presidente Néstor Kirchner, se empieza a modificar el régimen limitado de la autonomía de la Ciudad.
A partir de 2003, es la primera vez que la Ciudad amplía sus facultades en relación con su autonomía, a través de la ampliación de las competencias penales y de la autorización para tener policía propia.
El otro sentimiento que este proyecto me provoca es el de asombro, porque siempre imaginé estar discutiendo esto con el gobierno nacional, y nunca con el de la Ciudad, que pareciera que no quiere asumir la responsabilidad de lo que implica ser un gobierno autónomo.
Esto lo vemos claramente en el tema que estamos discutiendo hoy: el subte. No voy a reiterar lo que ya dijeron otros compañeros y compañeras, pero desde 1979 los activos del subterráneo pertenecieron, en principio, a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y actualmente son del Gobierno de la Ciudad Autónoma.
En 1999, mediante el decreto 393, el Poder Ejecutivo nacional encomendó al Ministerio de Economía y Obras Públicas que transfiriera al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el ejercicio de la fiscalización del cumplimiento de la ejecución del contrato de concesión.
Esta facultad fue luego ratificada por una ley de la Legislatura en el año 2000, y finalmente en el acta acuerdo de 2012 el jefe de Gobierno ratifica la decisión de aceptar la transferencia de la concesión de la red de subterráneos.
Si se utiliza la palabra “ratificación”, esto da a entender que se reconocen los instrumentos anteriores que acabo de nombrar: el decreto 393 y la ley 373 de la Legislatura.
Esta acta que el jefe de Gobierno firmó y luego borró con el codo es una muestra clara de su falta de voluntad de gobernar, de su falta de valor y de su falta de responsabilidad para asumir la autonomía que le compete.
Días atrás, escuchaba hablar por radio a un funcionario de la Ciudad de Buenos Aires, que decía: “Sólo nos quieren transferir los negocios que no dan ganancia”. Es decir, ellos suponen que los actos de gobierno son negocios, y encima consideran que tienen que dar ganancia. No, señores: gobernar significa trabajar para el bien común. Gobernar significa preocuparse por los problemas de la gente. Si alguien solamente busca la obtención de ganancia, sugiero que se dedique a ser empresario. Por otra parte, desde 2003 también nos podemos dedicar a ser ingenieros porque a partir de ese año en este país ellos empezaron a tener trabajo. (Aplausos.)
No voy a eludir el tema económico, porque si hablamos de dinero –que es importante hacerlo entre 2003 y 2011 el gobierno nacional invirtió en subterráneos 2.655 millones de pesos. Ahora, transfiere 360 millones a través del acta acuerdo y 370 para extender el subterráneo E.
Asimismo, en el corriente año 2012, tomando los datos del presupuesto de la Ciudad, la Nación le transferirá alrededor de 5 mil millones de pesos.
Ahora bien, si se tratara de una cuestión de plata, no se entiende cómo es que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires subejecutó fondos para el desarrollo del subte. Según el informe de la Auditoría General de la Ciudad, en el año 1999 SBASE ejecutó sólo el 32,55 por ciento de su presupuesto y en el año 2010 el 33,25. En esos dos años, la gestión PRO dejó sin utilizar 1.200 millones de pesos.
Asimismo, tampoco se entiende por qué el jefe de Gobierno pidió un préstamo de 475 millones de dólares para subterráneos que utilizó para otras áreas. Estamos hablando de la Ciudad que tiene un producto bruto per cápita tres veces mayor que la media nacional.
Por lo tanto, para finalizar, quiero decir que para los porteños es un orgullo que la Ciudad de Buenos Aires sea la capital de la República y que más de 3 millones de personas entren por día a ella.
En realidad, esa gente no solamente nos genera gastos, como dicen algunos, sino que nos enriquece cultural y políticamente, amén de que lo hace también económicamente porque gasta y trabaja en nuestra ciudad.
Por último, como diputada nacional y representante del pueblo de la Nación Argentina electa por el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, pido a mis colegas que cuenten conmigo para seguir trabajando en la ampliación de la autonomía de nuestra Ciudad y en el requerimiento de los recursos que nos corresponden, pero siempre desde una mirada nacional, desde una perspectiva federal, teniendo en cuenta la equidad y la justicia social. (Aplausos.)
Dicha autonomía, desde mi punto de vista, tuvo tres hitos en los últimos veinte años: uno de ellos es lasanción de la reforma constitucional en 1994, a través de lo dispuesto en el artículo 129. Otro, es la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en 1996, y el tercero es el cambio de política que, a partir de 2003, con la asunción del presidente Néstor Kirchner, se empieza a modificar el régimen limitado de la autonomía de la Ciudad.
A partir de 2003, es la primera vez que la Ciudad amplía sus facultades en relación con su autonomía, a través de la ampliación de las competencias penales y de la autorización para tener policía propia.
El otro sentimiento que este proyecto me provoca es el de asombro, porque siempre imaginé estar discutiendo esto con el gobierno nacional, y nunca con el de la Ciudad, que pareciera que no quiere asumir la responsabilidad de lo que implica ser un gobierno autónomo.
Esto lo vemos claramente en el tema que estamos discutiendo hoy: el subte. No voy a reiterar lo que ya dijeron otros compañeros y compañeras, pero desde 1979 los activos del subterráneo pertenecieron, en principio, a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y actualmente son del Gobierno de la Ciudad Autónoma.
En 1999, mediante el decreto 393, el Poder Ejecutivo nacional encomendó al Ministerio de Economía y Obras Públicas que transfiriera al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el ejercicio de la fiscalización del cumplimiento de la ejecución del contrato de concesión.
Esta facultad fue luego ratificada por una ley de la Legislatura en el año 2000, y finalmente en el acta acuerdo de 2012 el jefe de Gobierno ratifica la decisión de aceptar la transferencia de la concesión de la red de subterráneos.
Si se utiliza la palabra “ratificación”, esto da a entender que se reconocen los instrumentos anteriores que acabo de nombrar: el decreto 393 y la ley 373 de la Legislatura.
Esta acta que el jefe de Gobierno firmó y luego borró con el codo es una muestra clara de su falta de voluntad de gobernar, de su falta de valor y de su falta de responsabilidad para asumir la autonomía que le compete.
Días atrás, escuchaba hablar por radio a un funcionario de la Ciudad de Buenos Aires, que decía: “Sólo nos quieren transferir los negocios que no dan ganancia”. Es decir, ellos suponen que los actos de gobierno son negocios, y encima consideran que tienen que dar ganancia. No, señores: gobernar significa trabajar para el bien común. Gobernar significa preocuparse por los problemas de la gente. Si alguien solamente busca la obtención de ganancia, sugiero que se dedique a ser empresario. Por otra parte, desde 2003 también nos podemos dedicar a ser ingenieros porque a partir de ese año en este país ellos empezaron a tener trabajo. (Aplausos.)
No voy a eludir el tema económico, porque si hablamos de dinero –que es importante hacerlo entre 2003 y 2011 el gobierno nacional invirtió en subterráneos 2.655 millones de pesos. Ahora, transfiere 360 millones a través del acta acuerdo y 370 para extender el subterráneo E.
Asimismo, en el corriente año 2012, tomando los datos del presupuesto de la Ciudad, la Nación le transferirá alrededor de 5 mil millones de pesos.
Ahora bien, si se tratara de una cuestión de plata, no se entiende cómo es que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires subejecutó fondos para el desarrollo del subte. Según el informe de la Auditoría General de la Ciudad, en el año 1999 SBASE ejecutó sólo el 32,55 por ciento de su presupuesto y en el año 2010 el 33,25. En esos dos años, la gestión PRO dejó sin utilizar 1.200 millones de pesos.
Asimismo, tampoco se entiende por qué el jefe de Gobierno pidió un préstamo de 475 millones de dólares para subterráneos que utilizó para otras áreas. Estamos hablando de la Ciudad que tiene un producto bruto per cápita tres veces mayor que la media nacional.
Por lo tanto, para finalizar, quiero decir que para los porteños es un orgullo que la Ciudad de Buenos Aires sea la capital de la República y que más de 3 millones de personas entren por día a ella.
En realidad, esa gente no solamente nos genera gastos, como dicen algunos, sino que nos enriquece cultural y políticamente, amén de que lo hace también económicamente porque gasta y trabaja en nuestra ciudad.
Por último, como diputada nacional y representante del pueblo de la Nación Argentina electa por el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, pido a mis colegas que cuenten conmigo para seguir trabajando en la ampliación de la autonomía de nuestra Ciudad y en el requerimiento de los recursos que nos corresponden, pero siempre desde una mirada nacional, desde una perspectiva federal, teniendo en cuenta la equidad y la justicia social. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra el señor diputado por Salta.
SR. BIELLA CALVET, BERNARDO JOSE (SALTA):
Señora presidenta: venimos avanzando en este tema de la transferencia de estos medios de transporte a la Ciudad de Buenos Aires. Tal vez se pregunten quétenemos que ver los salteños con este tema. Estamos hablando de una Argentina federal y, a medida que avanza esta disputa histórica con algunos ribetes oscuros, podemos decir que hay un río revuelto.
Entonces, si hay un río revuelto entre el Estado y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las ganancias son del interior. Por eso, cuando se habla de coparticipación federal, quizás estemos un poco alejados de la verdadera distribución, especialmente en aquella Argentina oculta que se puede observar en algunos sectores de Salta, que se extienden desde el Chaco salteño, en el Este, hasta la precordillera, en el Oeste. Conozco el tema en profundidad porque soy médico de cabecera de un pueblo de la precordillera desde hace más de veinte años. Cuando alguien invierte en transporte, lo hace en desarrollo e integración de municipios, departamentos, provincias y, sin duda, regiones.
Se podrían dar cuenta de que en los debates en los que intervine mantuve un discurso federal. Cuando se habló de Papel Prensa, dijimos que se podrían instalar plantas de Papel Prensa en las distintas regiones del país, a fin de generar más fuentes de trabajo, disminuir los fletes y abastecernos de esa materia prima.
Cuando se debatió sobre el Banco Central de la República Argentina, propusimos un dictamen de minoría que sustituía el artículo 7° por el 6°, estableciendo que los directores del Banco Central podían ser representantes de las regiones, según sugerencia de los gobernadores, con la anuencia de los senadores.
En cambio, cuando hablamos del presupuesto del Belgrano Cargas, nos quedamos todos callados. En las campañas políticas legislativas y ejecutivas se habla de presupuestos que podrían venir del Tesoro o de distintas entidades internacionales, pero en Salta al tren Belgrano Cargas se lo conoce con distintos apodos: uno de ellos es el de “tren fantasma”.
Hoy, escuché que el Belgrano Cargas podría triplicar su capacidad de transporte. En 1958, tenía diez veces la capacidad de carga actual; estamos hablando de diez millones de toneladas anuales. Además, no sólo servía para integrar, ya que en Salta hay algunas ciudades a las que para llegar debemos pasar al país vecino y luego reingresar al territorio nacional. En cambio, con el tren Belgrano Cargas arribábamos, por ejemplo, a la escuela creada por el ex gobernador de Salta, Bernardino Biella, que se llamaba “República de Bolivia”.
Si el tren Belgrano Cargas tuviera los recursos que proponemos en la disidencia, podríamos hablar del corredor bioceánico, que tanto se mencionaba y por el que tan poco se hace.
Entonces, nos equivocamos al hablar del “tren fantasma”, ya que nos referimos al tren más federal de la República Argentina, que une a trece provincias e integra el Noroeste con el centro de la república. Este ferrocarril nos permitiría el desarrollo y el transporte a puertos, abaratando los costos, como quiere la señora presidenta. De esta manera, cuando se abaratan los costos de transporte y se realiza una mayor exposición de productos, se genera una mayor oferta, y si la demanda permanece igual, los precios bajan y combatimos la inflación.
Por eso, estimados legisladores salteños del Noroeste, les pido que votemos a conciencia este proyecto, a fin de que, de una vez por todas, tengamos los recursos necesarios para que el Belgrano Cargas sea un tren para todos.
Entonces, si hay un río revuelto entre el Estado y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las ganancias son del interior. Por eso, cuando se habla de coparticipación federal, quizás estemos un poco alejados de la verdadera distribución, especialmente en aquella Argentina oculta que se puede observar en algunos sectores de Salta, que se extienden desde el Chaco salteño, en el Este, hasta la precordillera, en el Oeste. Conozco el tema en profundidad porque soy médico de cabecera de un pueblo de la precordillera desde hace más de veinte años. Cuando alguien invierte en transporte, lo hace en desarrollo e integración de municipios, departamentos, provincias y, sin duda, regiones.
Se podrían dar cuenta de que en los debates en los que intervine mantuve un discurso federal. Cuando se habló de Papel Prensa, dijimos que se podrían instalar plantas de Papel Prensa en las distintas regiones del país, a fin de generar más fuentes de trabajo, disminuir los fletes y abastecernos de esa materia prima.
Cuando se debatió sobre el Banco Central de la República Argentina, propusimos un dictamen de minoría que sustituía el artículo 7° por el 6°, estableciendo que los directores del Banco Central podían ser representantes de las regiones, según sugerencia de los gobernadores, con la anuencia de los senadores.
En cambio, cuando hablamos del presupuesto del Belgrano Cargas, nos quedamos todos callados. En las campañas políticas legislativas y ejecutivas se habla de presupuestos que podrían venir del Tesoro o de distintas entidades internacionales, pero en Salta al tren Belgrano Cargas se lo conoce con distintos apodos: uno de ellos es el de “tren fantasma”.
Hoy, escuché que el Belgrano Cargas podría triplicar su capacidad de transporte. En 1958, tenía diez veces la capacidad de carga actual; estamos hablando de diez millones de toneladas anuales. Además, no sólo servía para integrar, ya que en Salta hay algunas ciudades a las que para llegar debemos pasar al país vecino y luego reingresar al territorio nacional. En cambio, con el tren Belgrano Cargas arribábamos, por ejemplo, a la escuela creada por el ex gobernador de Salta, Bernardino Biella, que se llamaba “República de Bolivia”.
Si el tren Belgrano Cargas tuviera los recursos que proponemos en la disidencia, podríamos hablar del corredor bioceánico, que tanto se mencionaba y por el que tan poco se hace.
Entonces, nos equivocamos al hablar del “tren fantasma”, ya que nos referimos al tren más federal de la República Argentina, que une a trece provincias e integra el Noroeste con el centro de la república. Este ferrocarril nos permitiría el desarrollo y el transporte a puertos, abaratando los costos, como quiere la señora presidenta. De esta manera, cuando se abaratan los costos de transporte y se realiza una mayor exposición de productos, se genera una mayor oferta, y si la demanda permanece igual, los precios bajan y combatimos la inflación.
Por eso, estimados legisladores salteños del Noroeste, les pido que votemos a conciencia este proyecto, a fin de que, de una vez por todas, tengamos los recursos necesarios para que el Belgrano Cargas sea un tren para todos.
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR. CARDELLI, JORGE JUSTO (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señora presidenta: quiero decir desde el comienzo que nuestro bloque se va a abstener, pero no porque pretendamos borrarnos del debate sino porque tenemos la certeza de que la discusión es otra y no es pertinente a esta Cámara.
La discusión es otra y en todo caso gira alrededor de un problema serio que ha explotado en los últimos tiempos, pero que lo venimos arrastrando desde el modelo de privatización de los 90. En esa privatización el Estado es protagonista y otorga concesiones; las provincias otorgan concesiones para extraer petróleo; en el caso de los ferrocarriles se otorgan para que las empresas exploten el servicio, y también aquí tenemos en los subterráneos un sistema de concesiones para explotarlo.
Nosotros estamos convencidos de que el camino es avanzar hacia empresas públicas con control de los trabajadores y participación de los usuarios. También estamos convencidos de que ése no es el proyecto del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y tampoco hasta ahora ha sido el del gobierno nacional, más allá de que en la tradición peronista estas posiciones no son ajenas.
Este modelo de trasferencia sin recursos nos recuerda la trasferencia educativa sin financiamiento de los 90 y la trasferencia de la salud a las provincias, también sin financiamiento, de esa misma década.
Esas trasferencias tuvieron serias consecuencias; entre otras cosas, en el ámbito educativo, donde todavía estamos pagando una serie de cuestiones colaterales en el plano laboral y en el funcionamiento escolar.
Asimismo generaron una estratificación, porque las provincias que tenían mejores recursos lograron una mejor educación.
Tenemos que decir que en el sistema de trasporte de pasajeros también existe una estratificación. Tiene razón el diputado por Catamarca que dijo que los pasajeros de las provincias pagan un boleto diferente. En Córdoba, el boleto de colectivo vale 2,50; en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, todos los servicios de trasporte que financia el Estado nacional valen entre 1,10 y 1,20 pesos. Eso es una verdadera estratificación e injusticia. Si hay algo que debe tener el mismo precio en todo el país es el servicio público de trasporte de pasajeros, sean micros o subterráneos.
Todas las trasferencias se tendrían que hacer con los correspondientes fondos. Por eso, nosotros ratificamos que el camino es otro. Desde el punto de vista de la gestión, hay que salir del modelo de las concesiones.
Lo primero que hizo Macri fue aumentar el boleto, beneficiando a la empresa de Benito Roggio con 2 puntos y medio del precio del boleto de 2,50 pesos, que pasan directamente al concesionario. No hemos hablado nada de Benito Roggio ni de Metrovías ni de los verdaderos beneficiarios de todo este sistema de privatizaciones por vía de concesiones.
Por eso, ratificamos que tenemos que avanzar hacia un modelo de empresas públicas con control de los trabajadores y participación de los usuarios. Esa es la razón por la cual nuestro bloque se va a abstener.
La discusión es otra y en todo caso gira alrededor de un problema serio que ha explotado en los últimos tiempos, pero que lo venimos arrastrando desde el modelo de privatización de los 90. En esa privatización el Estado es protagonista y otorga concesiones; las provincias otorgan concesiones para extraer petróleo; en el caso de los ferrocarriles se otorgan para que las empresas exploten el servicio, y también aquí tenemos en los subterráneos un sistema de concesiones para explotarlo.
Nosotros estamos convencidos de que el camino es avanzar hacia empresas públicas con control de los trabajadores y participación de los usuarios. También estamos convencidos de que ése no es el proyecto del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y tampoco hasta ahora ha sido el del gobierno nacional, más allá de que en la tradición peronista estas posiciones no son ajenas.
Este modelo de trasferencia sin recursos nos recuerda la trasferencia educativa sin financiamiento de los 90 y la trasferencia de la salud a las provincias, también sin financiamiento, de esa misma década.
Esas trasferencias tuvieron serias consecuencias; entre otras cosas, en el ámbito educativo, donde todavía estamos pagando una serie de cuestiones colaterales en el plano laboral y en el funcionamiento escolar.
Asimismo generaron una estratificación, porque las provincias que tenían mejores recursos lograron una mejor educación.
Tenemos que decir que en el sistema de trasporte de pasajeros también existe una estratificación. Tiene razón el diputado por Catamarca que dijo que los pasajeros de las provincias pagan un boleto diferente. En Córdoba, el boleto de colectivo vale 2,50; en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, todos los servicios de trasporte que financia el Estado nacional valen entre 1,10 y 1,20 pesos. Eso es una verdadera estratificación e injusticia. Si hay algo que debe tener el mismo precio en todo el país es el servicio público de trasporte de pasajeros, sean micros o subterráneos.
Todas las trasferencias se tendrían que hacer con los correspondientes fondos. Por eso, nosotros ratificamos que el camino es otro. Desde el punto de vista de la gestión, hay que salir del modelo de las concesiones.
Lo primero que hizo Macri fue aumentar el boleto, beneficiando a la empresa de Benito Roggio con 2 puntos y medio del precio del boleto de 2,50 pesos, que pasan directamente al concesionario. No hemos hablado nada de Benito Roggio ni de Metrovías ni de los verdaderos beneficiarios de todo este sistema de privatizaciones por vía de concesiones.
Por eso, ratificamos que tenemos que avanzar hacia un modelo de empresas públicas con control de los trabajadores y participación de los usuarios. Esa es la razón por la cual nuestro bloque se va a abstener.
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SRA. ALONSO, LAURA (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señora presidenta: la sobrina de Angélica viajaba en el Sarmiento el día de la tragedia evitable deOnce. No es una de las 51 personas muertas en esa oportunidad; es una de las 703 heridas. La sobrina de Angélica tiene veintitrés años, un hijito de un año y ese día iba a trabajar, y a raíz del accidente no va a caminar nunca más. Lo que no puede olvidar la sobrina de Angélica es el olor del agua y de la vaselina que utilizaron los bomberos para despegarla de los fierros y de los otros cuerpos.
Si la sobrina de Angélica me preguntara qué estamos haciendo los diputados por ella, por los otros 702 heridos, por los 51 muertos y por todos los usuarios del sistema metropolitano de transporte público de Buenos Aires, le diría que no estamos haciendo nada de nada. Nos estamos peleando, estamos llenando con palabras las hojas de los taquígrafos y no le estamos resolviendo el problema ni a la sobrina de Angélica, ni a su hijo ni a ninguna de las personas que ahora están saliendo del trabajo y están yendo a tomar los trenes del Sarmiento, del Mitre o del Roca.
Como dijo la señora diputada Camaño, este trámite es ocioso e innecesario. Entonces, me voy a tomar los cuatro minutos que me restan para decir que la máxima responsabilidad de la destrucción de la lógica sistémica del sistema de transporte del área metropolitana de Buenos Aires, y la máxima responsabilidad de profundizar la desigualdad entre ricos y pobres en el área metropolitana de Buenos Aires va a ser de la presidenta de la Nación y de las mayorías parlamentarias oficialistas, que van a aprobar el proyecto que estamos considerando.
Por eso, como nos queda un poco de tiempo, los invito a que reflexionen, a que piensen en la sobrina de Angélica, en los otros 702 heridos y en los 51 muertos, y a que lean nuestro dictamen de minoría a fin de considerar la posibilidad de aprobarlo. Nuestro dictamen busca dar una mirada integradora, articulada, y convoca a todos los actores institucionales del área metropolitana de Buenos Aires el gobierno nacional, el de la Ciudad, el de la provincia y el de los 42 municipios a pensar en un diseño que invierta, controle, sancione, sea transparente y, fundamentalmente, garantice un derecho humano a todos los ciudadanos: el derecho de tomarse un transporte público que los haga sentirse cómodos, seguros y ciudadanos de primera.
Hoy, los que toman los trenes del Ferrocarril Sarmiento o del Ferrocarril Mitre no se sienten ciudadanos iguales a los que vienen manejando por las autopistas sus autos caros desde Pilar o desde San Isidro. Es incorrecto decir que si hay más autos es porque estamos mejor. Lo correcto es decir que si hay mejor transporte público, los ricos, los trabajadores, el jefe, la enfermera, el médico, el gerente o el bancario van a viajar en los mismos trenes, en los mismos subtes y en los mismos colectivos.
El acceso al transporte es un derecho humano, derecho humano que el Estado argentino está violando. Es más: esta discusión no debería terminar en la Corte Suprema sino en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La sobrina de Angélica, que perdió sus piernas para siempre y que dejó parte de su vida en ese tren junto con otros 702 heridos y 51 muertos, tiene el derecho de recibir una respuesta que hoy este Congreso no le va a dar.
El derecho de acceder al transporte público es un derecho humano. El transporte público iguala y democratiza. Lo que hoy aprobará la mayoría oficialista va en contra de la igualdad social y de la justicia social. El día que la presidenta de la Argentina y todos nosotros tomemos el Sarmiento junto con los trabajadores que vienen a la Ciudad de Buenos Aires para cumplir con sus tareas, con los estudiantes, con los que vienen a disfrutar de la cultura, con los que vienen del conurbano bonaerense y con los que vienen de otras provincias e incluso de otros países porque la Ciudad de Buenos Aires les ofrece muchas ventajas que no se ofrecen en otros lugares, seremos una sociedad más igualitaria.
Si la sobrina de Angélica me preguntara qué estamos haciendo los diputados por ella, por los otros 702 heridos, por los 51 muertos y por todos los usuarios del sistema metropolitano de transporte público de Buenos Aires, le diría que no estamos haciendo nada de nada. Nos estamos peleando, estamos llenando con palabras las hojas de los taquígrafos y no le estamos resolviendo el problema ni a la sobrina de Angélica, ni a su hijo ni a ninguna de las personas que ahora están saliendo del trabajo y están yendo a tomar los trenes del Sarmiento, del Mitre o del Roca.
Como dijo la señora diputada Camaño, este trámite es ocioso e innecesario. Entonces, me voy a tomar los cuatro minutos que me restan para decir que la máxima responsabilidad de la destrucción de la lógica sistémica del sistema de transporte del área metropolitana de Buenos Aires, y la máxima responsabilidad de profundizar la desigualdad entre ricos y pobres en el área metropolitana de Buenos Aires va a ser de la presidenta de la Nación y de las mayorías parlamentarias oficialistas, que van a aprobar el proyecto que estamos considerando.
Por eso, como nos queda un poco de tiempo, los invito a que reflexionen, a que piensen en la sobrina de Angélica, en los otros 702 heridos y en los 51 muertos, y a que lean nuestro dictamen de minoría a fin de considerar la posibilidad de aprobarlo. Nuestro dictamen busca dar una mirada integradora, articulada, y convoca a todos los actores institucionales del área metropolitana de Buenos Aires el gobierno nacional, el de la Ciudad, el de la provincia y el de los 42 municipios a pensar en un diseño que invierta, controle, sancione, sea transparente y, fundamentalmente, garantice un derecho humano a todos los ciudadanos: el derecho de tomarse un transporte público que los haga sentirse cómodos, seguros y ciudadanos de primera.
Hoy, los que toman los trenes del Ferrocarril Sarmiento o del Ferrocarril Mitre no se sienten ciudadanos iguales a los que vienen manejando por las autopistas sus autos caros desde Pilar o desde San Isidro. Es incorrecto decir que si hay más autos es porque estamos mejor. Lo correcto es decir que si hay mejor transporte público, los ricos, los trabajadores, el jefe, la enfermera, el médico, el gerente o el bancario van a viajar en los mismos trenes, en los mismos subtes y en los mismos colectivos.
El acceso al transporte es un derecho humano, derecho humano que el Estado argentino está violando. Es más: esta discusión no debería terminar en la Corte Suprema sino en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La sobrina de Angélica, que perdió sus piernas para siempre y que dejó parte de su vida en ese tren junto con otros 702 heridos y 51 muertos, tiene el derecho de recibir una respuesta que hoy este Congreso no le va a dar.
El derecho de acceder al transporte público es un derecho humano. El transporte público iguala y democratiza. Lo que hoy aprobará la mayoría oficialista va en contra de la igualdad social y de la justicia social. El día que la presidenta de la Argentina y todos nosotros tomemos el Sarmiento junto con los trabajadores que vienen a la Ciudad de Buenos Aires para cumplir con sus tareas, con los estudiantes, con los que vienen a disfrutar de la cultura, con los que vienen del conurbano bonaerense y con los que vienen de otras provincias e incluso de otros países porque la Ciudad de Buenos Aires les ofrece muchas ventajas que no se ofrecen en otros lugares, seremos una sociedad más igualitaria.
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Ha concluido su tiempo, señora diputada.
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
SR. COMI, CARLOS MARCELO (SANTA FE):
Señor presidente: quiero comenzar haciendo mías las palabras del señor diputado Zabalza. Estamos discutiendo en el Congreso de la Nación un problema que afecta a los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, quienes utilizan estos servicios cuando van a trabajar. Sin embargo, muchos somos diputados electos por los pueblos del interior, y creo que todos estos años se ha vivido una discriminación absoluta, porque hace mucho tiempo que los trabajadores de la provincia de Santa Fe, por ejemplo, pagan 2,50 pesos o 2,70 pesos en mi ciudad.
Nos hemos cansado de venir a Buenos Aires a hablar con Jaime y con Schiavi; espero que nuestro comprovinciano ahora ayude a resolver el problema, invocando que el reparto de subsidios se efectúe de acuerdo con lo que dice la Constitución Nacional en su artículo más sagrado que versa sobre el principio de igualdad.
Todos los habitantes somos iguales ante la ley; en esta materia, parece que no. Los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires durante años han pagado una tarifa, y los del interior, también pobres, laburantes, gente común que utiliza el transporte público, otra totalmente distinta. Abrazamos a los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, aunque creo que están bajando al mismo sótano en el que hemos estado todo este tiempo.
Paso a analizar ahora algunos de los argumentos que expresara la señora diputada Conti –que en este momento no se encuentra presente- para marcar las características contractuales del acta acuerdo. La señora diputada lo planteaba implícitamente por aquel viejo principio romano de que los pactos se hacen para ser cumplidos, pacta sunt servanda.
En este ámbito hay que analizar algunos elementos constitutivos de los actos jurídicos y de los contratos. El primero de todos, es la buena fe. Todo el ordenamiento jurídico se sustenta en la buena fe. ¿Qué es la buena fe? Actuar diligentemente, no mentir y que los objetivos que uno propugna cuando va a celebrar un contrato no se simulen. Esto está consagrado en el ordenamiento jurídico, desde la ley 17.711, que dice que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión. Esto quedó también plasmado en otras partes de la norma, que es lo que buscó el codificador.
El discernimiento, la intención y la libertad son los elementos constitutivos y fundamentales de un acto jurídico para corroborar si es válido. Si los analizamos detenidamente podemos señalar que hubo discernimiento de ambas partes; intención, ¿quién puede decir que la intención que propugnaba el gobierno nacional es la misma que la que después se ejecutó? Como bien se dijo aquí, en el artículo 2° se tira por la cabeza de aquél a quien le toque el sistema de colectivos que no estaba por ningún lado, y con esto no quiero ofender a nadie. Obviamente, no era la misma intención.
Cómo se llama a eso: simulación. Es decir, encubrir el carácter de un acto con otro. Lo que corresponde en esta materia sería lógicamente declarar la nulidad absoluta e insanable de esta acta acuerdo, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación entienda que es verdad lo que se dice aquí en el sentido de que tiene competencia originaria para dirimir en un conflicto de esta naturaleza.
Esa acta acuerdo podría caer también por lo expresado en otro capítulo de la ley 17.711 referido a la lesión; es decir, cuando una de la partes manifiesta una absoluta falta de diligencia para manejarse. Pongamos en ese lugar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; patética representación de lo que puede ser manifestarse a favor de los ciudadanos que representa, firmar un día una cosa, aumentar las tarifas y después desconocerlo.
Si analizamos el Código Civil, que vamos a reformar, esta iniciativa está en problemas desde todo punto de vista. Ante este dilema, votamos por el rechazo de esta acta acuerdo, pero aspiramos a que la Corte Suprema deJusticia de la Nación honre el derecho vigente y declare la nulidad absoluta de todo lo actuado.
Nos hemos cansado de venir a Buenos Aires a hablar con Jaime y con Schiavi; espero que nuestro comprovinciano ahora ayude a resolver el problema, invocando que el reparto de subsidios se efectúe de acuerdo con lo que dice la Constitución Nacional en su artículo más sagrado que versa sobre el principio de igualdad.
Todos los habitantes somos iguales ante la ley; en esta materia, parece que no. Los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires durante años han pagado una tarifa, y los del interior, también pobres, laburantes, gente común que utiliza el transporte público, otra totalmente distinta. Abrazamos a los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, aunque creo que están bajando al mismo sótano en el que hemos estado todo este tiempo.
Paso a analizar ahora algunos de los argumentos que expresara la señora diputada Conti –que en este momento no se encuentra presente- para marcar las características contractuales del acta acuerdo. La señora diputada lo planteaba implícitamente por aquel viejo principio romano de que los pactos se hacen para ser cumplidos, pacta sunt servanda.
En este ámbito hay que analizar algunos elementos constitutivos de los actos jurídicos y de los contratos. El primero de todos, es la buena fe. Todo el ordenamiento jurídico se sustenta en la buena fe. ¿Qué es la buena fe? Actuar diligentemente, no mentir y que los objetivos que uno propugna cuando va a celebrar un contrato no se simulen. Esto está consagrado en el ordenamiento jurídico, desde la ley 17.711, que dice que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión. Esto quedó también plasmado en otras partes de la norma, que es lo que buscó el codificador.
El discernimiento, la intención y la libertad son los elementos constitutivos y fundamentales de un acto jurídico para corroborar si es válido. Si los analizamos detenidamente podemos señalar que hubo discernimiento de ambas partes; intención, ¿quién puede decir que la intención que propugnaba el gobierno nacional es la misma que la que después se ejecutó? Como bien se dijo aquí, en el artículo 2° se tira por la cabeza de aquél a quien le toque el sistema de colectivos que no estaba por ningún lado, y con esto no quiero ofender a nadie. Obviamente, no era la misma intención.
Cómo se llama a eso: simulación. Es decir, encubrir el carácter de un acto con otro. Lo que corresponde en esta materia sería lógicamente declarar la nulidad absoluta e insanable de esta acta acuerdo, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación entienda que es verdad lo que se dice aquí en el sentido de que tiene competencia originaria para dirimir en un conflicto de esta naturaleza.
Esa acta acuerdo podría caer también por lo expresado en otro capítulo de la ley 17.711 referido a la lesión; es decir, cuando una de la partes manifiesta una absoluta falta de diligencia para manejarse. Pongamos en ese lugar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; patética representación de lo que puede ser manifestarse a favor de los ciudadanos que representa, firmar un día una cosa, aumentar las tarifas y después desconocerlo.
Si analizamos el Código Civil, que vamos a reformar, esta iniciativa está en problemas desde todo punto de vista. Ante este dilema, votamos por el rechazo de esta acta acuerdo, pero aspiramos a que la Corte Suprema deJusticia de la Nación honre el derecho vigente y declare la nulidad absoluta de todo lo actuado.
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
SR. DE MARCHI, OMAR BRUNO (MENDOZA):
Señora presidenta: es muy difícil agregar algo novedoso o distinto a lo que se ha dicho, por lo que no voy a hacer uso de la palabra. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra el señor diputado por el Chaco.
SR. ORSOLINI, PABLO EDUARDO (CHACO):
Señora presidenta: lamento que hoy esta Cámara tenga que estar dirimiendo una puja política entre dos gobiernos, el Gobierno de la Ciudad y el gobierno nacional. Tuvieron la capacidad de sentarse a negociar y el 3 de enero plasmaron en un acuerdo el traspaso del transporte de subtes del gobierno nacional a la Ciudad que ya comenzó mal, porque en esa mesa de acuerdo estuvo ausente uno de los actores principales, que son los usuarios, que debieran haber estado para continuar con los sucesos por todos conocidos. Así, el jefe del Gobierno de la Ciudad públicamente devuelve los subtes y el gobierno manda a esta Cámara este proyecto para dirimir esta puja.
Me hubiera gustado que en esta Cámara de Diputados hubiésemos estado discutiendo una verdadera política de transportes para todo el país. Provengo de una provincia del Norte argentino, una provincia muy postergada que en la década del 90 sufrió el mayor desguace de los ferrocarriles argentinos.
Hay que decirlo con todas las letras, porque hay muchos aquí en este recinto que se rasgan las vestiduras en contra de la política de los 90, pero en aquel momento se enrojecieron las manos aplaudiendo las privatizaciones que se llevaron a cabo.
Entonces, hoy tendríamos que estar discutiendo por qué se da este desequilibrio demográfico en la Argentina, donde a 100 kilómetros del obelisco hay 17 millones de habitantes, cuando tenemos un país geográficamente rico para poder vivir.
La realidad es que las políticas son centralistas y favorecen a quienes vienen a estas grandes ciudades. Aquí, el boleto vale 1,10 pesos y, como dijeron otros legisladores, en cualquier ciudad de la Argentina un ciudadano tiene que pagar de 2,50 pesos para arriba.
Aquí, los subsidios tienen otro redireccionamiento. Por eso, como dije anteriormente, me gustaría que estuviésemos debatiendo una política nacional de trasporte. Lo digo como hombre del interior, como hombre de una provincia donde hay todavía ciudadanos que desde que les levantaron el tren en la década del 90 tienen dificultades para salir los días de lluvia, porque tampoco tienen rutas asfaltadas y su única salida era el tren.
Resulta que esta privatización de los 90, que se basó en el “capitalismo de amigos”, aún hoy sigue, ya que no ha cambiado absolutamente nada. Era mentira aquello de “ramal que para ramal que cierra”, sino que era “ramal que da pérdida ramal que cierra”. No les importó nada la gente, sólo les importó cuál era el rédito económico que iban a tener las empresas.
Hasta el día de hoy seguimos sufriendo eso. Por eso, quiero que alguna vez empecemos a mirar hacia el interior. También insto en el mismo sentido a muchos de mis pares que hoy están aquí, que también son del interior profundo y que saben lo que estoy diciendo, porque lo sufren los que menos tienen, que son los más vulnerables.
Hay algunos que por obsecuencia vienen a esta Cámara a levantar la mano para apoyar políticas que van en contra del interior y de las provincias. Pero algún día van a tener que volver y también van a tener que ir a pedir nuevamente el voto a esa gente del interior, y ahí deberán rendir cuentas.
No voy a ocupar más tiempo, pero lo que pretendo es que en algún momento podamos dejar de atender las urgencias que tiene el gobierno nacional y podamos satisfacer las urgencias de las provincias, que en este caso se condensarían en una política integral de transporte. (Aplausos.)
Me hubiera gustado que en esta Cámara de Diputados hubiésemos estado discutiendo una verdadera política de transportes para todo el país. Provengo de una provincia del Norte argentino, una provincia muy postergada que en la década del 90 sufrió el mayor desguace de los ferrocarriles argentinos.
Hay que decirlo con todas las letras, porque hay muchos aquí en este recinto que se rasgan las vestiduras en contra de la política de los 90, pero en aquel momento se enrojecieron las manos aplaudiendo las privatizaciones que se llevaron a cabo.
Entonces, hoy tendríamos que estar discutiendo por qué se da este desequilibrio demográfico en la Argentina, donde a 100 kilómetros del obelisco hay 17 millones de habitantes, cuando tenemos un país geográficamente rico para poder vivir.
La realidad es que las políticas son centralistas y favorecen a quienes vienen a estas grandes ciudades. Aquí, el boleto vale 1,10 pesos y, como dijeron otros legisladores, en cualquier ciudad de la Argentina un ciudadano tiene que pagar de 2,50 pesos para arriba.
Aquí, los subsidios tienen otro redireccionamiento. Por eso, como dije anteriormente, me gustaría que estuviésemos debatiendo una política nacional de trasporte. Lo digo como hombre del interior, como hombre de una provincia donde hay todavía ciudadanos que desde que les levantaron el tren en la década del 90 tienen dificultades para salir los días de lluvia, porque tampoco tienen rutas asfaltadas y su única salida era el tren.
Resulta que esta privatización de los 90, que se basó en el “capitalismo de amigos”, aún hoy sigue, ya que no ha cambiado absolutamente nada. Era mentira aquello de “ramal que para ramal que cierra”, sino que era “ramal que da pérdida ramal que cierra”. No les importó nada la gente, sólo les importó cuál era el rédito económico que iban a tener las empresas.
Hasta el día de hoy seguimos sufriendo eso. Por eso, quiero que alguna vez empecemos a mirar hacia el interior. También insto en el mismo sentido a muchos de mis pares que hoy están aquí, que también son del interior profundo y que saben lo que estoy diciendo, porque lo sufren los que menos tienen, que son los más vulnerables.
Hay algunos que por obsecuencia vienen a esta Cámara a levantar la mano para apoyar políticas que van en contra del interior y de las provincias. Pero algún día van a tener que volver y también van a tener que ir a pedir nuevamente el voto a esa gente del interior, y ahí deberán rendir cuentas.
No voy a ocupar más tiempo, pero lo que pretendo es que en algún momento podamos dejar de atender las urgencias que tiene el gobierno nacional y podamos satisfacer las urgencias de las provincias, que en este caso se condensarían en una política integral de transporte. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad de Buenos Aires.
SR. TRIACA, ALBERTO JORGE (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señora presidenta: me pregunto si cuando se presentó este proyecto se pensó en la gente, se pensó enlos trabajadores que viajan en colectivo, en los jubilados que suben al subte, en los chicos que van a la escuela usando el transporte público, porque me parece que lo único que se hizo es una política de “revoleo”.
En noviembre, nos enteramos –también muchos diputados del bloque oficialista- de que sorpresivamente se recortaban subsidios, y ese mismo día le tiraban el subte por la cabeza a la Ciudad de Buenos Aires. Ese era el origen del problema: no había plata. Pero, ¿qué pasó? Encontraron una oportunidad política: trasladar un problema a un “enemigo político”, porque para el oficialismo no hay adversarios políticos sino “enemigos políticos”. Eso fue parte de la consecuencia inmediata del trabajo que se vino haciendo en los últimos meses. Ese trabajo llevó a una discusión y a grandes actuaciones, como la de la señora presidenta de la Nación, que nos reclamaba un “esfuercito”, pero sus funcionarios se encargaban de incumplir lo que muchos escribían por otro lado. Esto trajo como consecuencia la circunstancia en la que estamos hoy.
No voy a ahondar en lo que ya se dijo porque creo que –como lo manifestaron otros diputados- este debate es ocioso, ya que la cuestión de la transferencia del subte y de las líneas de colectivos no se va a resolver por el hecho de aprobar esta ley. Creo que tenemos que pensar en los problemas que esto podría generar si sucediera.
¿Qué les decimos a todos aquellos mayores que han hecho la cola durante cuatro o cinco horas allá por enero y febrero para obtener la tarjeta SUBE? ¿Se acuerdan de los avisos que decían que los argentinos somos todos “remolones”, que dejamos todo para último momento, que el 2 de marzo se cumplía el plazo? Eso demostró la incoherencia y el mamarracho que se hace con la política de transporte a nivel nacional.
Definitivamente, cuando nos están transfiriendo sin subsidios –algo que establece la Constitución Nacional- ni los recursos pertinentes, para poder hacerlo en el marco de la Constitución, nos dejan, sobre todo a aquellos que sacaron la tarjeta SUBE, con cara de tontos, preguntándonos por qué hicimos cuatro horas de cola si ahora tenemos que enfrentarnos a una tarifa que no sabemos cuál es.
Otros casos son, por ejemplo, el de todos aquellos vecinos que viven en Barracas o en Lanús. ¿Qué diferencia tienen? ¿Cuál es la diferencia entre un trabajador que vive en Liniers y uno que vive en Ramos Mejía? ¿Cuál es la diferencia entre el que está de un lado del Puente Alsina y el que vive del otro lado? La diferencia va a estar en los precios que van a pagar. Y eso es parte del problema que está generando el gobierno nacional a la hora de mandar cualquier proyecto.
Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros hemos optado por ser propositivos. Por eso, nuestro dictamen –como lo presentó el diputado Tonelli- va por más, por una idea superadora. Me parece que esta es la conducta que debemos tener: dejar de lado la discusión y la comidilla y pensar en la gente a la que estamos afectando. Esta es la tarea de los legisladores.
Mucho se ha dicho sobre lo que se hizo en la Ciudad y lo que no se hizo. Recuerdo solamente algunas cosas que escuché por parte de este gobierno o algunas presentaciones e inauguraciones extraordinarias que se hicieron. No me refiero sólo al tren bala sino también al extraordinario tren que inauguraban en Puerto Madero, que lleva desde ningún lado hasta ninguna parte. Una cosa muy extraordinaria...
Ese es el diseño de la política de transporte que ha tenido el gobierno nacional y es lo que estaríamos convalidando hoy con este proyecto de ley. (Aplausos.)
En noviembre, nos enteramos –también muchos diputados del bloque oficialista- de que sorpresivamente se recortaban subsidios, y ese mismo día le tiraban el subte por la cabeza a la Ciudad de Buenos Aires. Ese era el origen del problema: no había plata. Pero, ¿qué pasó? Encontraron una oportunidad política: trasladar un problema a un “enemigo político”, porque para el oficialismo no hay adversarios políticos sino “enemigos políticos”. Eso fue parte de la consecuencia inmediata del trabajo que se vino haciendo en los últimos meses. Ese trabajo llevó a una discusión y a grandes actuaciones, como la de la señora presidenta de la Nación, que nos reclamaba un “esfuercito”, pero sus funcionarios se encargaban de incumplir lo que muchos escribían por otro lado. Esto trajo como consecuencia la circunstancia en la que estamos hoy.
No voy a ahondar en lo que ya se dijo porque creo que –como lo manifestaron otros diputados- este debate es ocioso, ya que la cuestión de la transferencia del subte y de las líneas de colectivos no se va a resolver por el hecho de aprobar esta ley. Creo que tenemos que pensar en los problemas que esto podría generar si sucediera.
¿Qué les decimos a todos aquellos mayores que han hecho la cola durante cuatro o cinco horas allá por enero y febrero para obtener la tarjeta SUBE? ¿Se acuerdan de los avisos que decían que los argentinos somos todos “remolones”, que dejamos todo para último momento, que el 2 de marzo se cumplía el plazo? Eso demostró la incoherencia y el mamarracho que se hace con la política de transporte a nivel nacional.
Definitivamente, cuando nos están transfiriendo sin subsidios –algo que establece la Constitución Nacional- ni los recursos pertinentes, para poder hacerlo en el marco de la Constitución, nos dejan, sobre todo a aquellos que sacaron la tarjeta SUBE, con cara de tontos, preguntándonos por qué hicimos cuatro horas de cola si ahora tenemos que enfrentarnos a una tarifa que no sabemos cuál es.
Otros casos son, por ejemplo, el de todos aquellos vecinos que viven en Barracas o en Lanús. ¿Qué diferencia tienen? ¿Cuál es la diferencia entre un trabajador que vive en Liniers y uno que vive en Ramos Mejía? ¿Cuál es la diferencia entre el que está de un lado del Puente Alsina y el que vive del otro lado? La diferencia va a estar en los precios que van a pagar. Y eso es parte del problema que está generando el gobierno nacional a la hora de mandar cualquier proyecto.
Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros hemos optado por ser propositivos. Por eso, nuestro dictamen –como lo presentó el diputado Tonelli- va por más, por una idea superadora. Me parece que esta es la conducta que debemos tener: dejar de lado la discusión y la comidilla y pensar en la gente a la que estamos afectando. Esta es la tarea de los legisladores.
Mucho se ha dicho sobre lo que se hizo en la Ciudad y lo que no se hizo. Recuerdo solamente algunas cosas que escuché por parte de este gobierno o algunas presentaciones e inauguraciones extraordinarias que se hicieron. No me refiero sólo al tren bala sino también al extraordinario tren que inauguraban en Puerto Madero, que lleva desde ningún lado hasta ninguna parte. Una cosa muy extraordinaria...
Ese es el diseño de la política de transporte que ha tenido el gobierno nacional y es lo que estaríamos convalidando hoy con este proyecto de ley. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SRA.(BIANCHI (M.C.))
Señora presidenta: en primer lugar, quiero expresar la convicción de que estamos acá cumpliendo con lo que prescribe la Constitución Nacional y para legislar sobre aquello que sí es de nuestra competencia. Entiendo también, a diferencia de lo que se ha manifestado aquí, que este debate sí es importante para millones de ciudadanos usuarios del transporte. Desde esa perspectiva, la de los usuarios del transporte, es que creo que debería centrarse nuestro esfuerzo para el análisis y la búsqueda de soluciones.
Creo que a esta altura nadie duda de a quién corresponde la planificación y el control, y quién tiene la jurisdicción sobre estos servicios que se prestan en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, con la historia y las vicisitudes que ya los señores diputados Feletti y Brawer señalaron. No cabe duda de que este tema y la vocación de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires han estado presentes en las plataformas políticas electorales de todos los partidos que tenemos representación en la Ciudad.
Los subtes son de la Ciudad de Buenos Aires, y Subterráneos es una sociedad del Estado que está concesionada, y siempre la Ciudad de Buenos Aires siendo municipio o ciudad autónoma participó de esa concesión.
El 3 de enero de 2012, fuimos testigos de que se daba un gran paso para efectivizar esa vieja aspiración de autonomía, con plena voluntad política de ambas partes, y se supone en pleno ejercicio de sus facultades. Ese compromiso que el gobierno federal y la Ciudad de Buenos Aires asumieron a lo largo de esta amplia normativa que ya se relató, fue reconfirmado y ratificado por el acta acuerdo que se firmó el 23 de enero.
En ese momento, nos alegramos porque era un avance muy esperado, un primer paso para empezar a construir una política de circulación, transporte y tránsito que la Ciudad merece discutir. En esto estoy de acuerdo: subtes, colectivos, metrobuses, automóviles, taxis. Esa planificación y discusión hacen centralmente no sólo al orden de la Ciudad sino a los ejercicios del derecho de circulación y trabajo y a la calidad de vida de la Ciudad.
La Ciudad de Buenos Aires asumió ese compromiso y en virtud de ello realizó el incremento tarifario del 127 por ciento. Esta cuestión fue ratificada por la propia Procuración de la Ciudad frente al amparo de los usuarios.
Sin embargo, poco tiempo después nos enteramos por conferencia de prensa de que el jefe de Gobierno de la Ciudad había decidió desentenderse del compromiso asumido. Por supuesto, sobre esto puede haber una mirada jurídica que es la que ya expresaron quienes me precedieron en el uso de la palabra, y yo prefiero en este caso privilegiar lo que creo que la ciudadanía espera de nosotros, que es la búsqueda de alternativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas y a superar las circunstanciales dificultades que se presentan en ese camino de construcción.
Por ese motivo y no por ser del oficialismo, es que voy a apoyar el dictamen de mayoría, porque va en el mismo sentido que la plataforma electoral con la que el Frente para la Victoria se comprometió en la Ciudad de Buenos Aires. Además, entiendo que esta sanción que estamos por concretar es una forma de colaborar en la búsqueda de una solución.
A diferencia de otros diputados que piensan que necesariamente esto tiene que terminar en la Corte Suprema, yo creo que es una segunda oportunidad para retomar la voluntad política que se expresó en el acta: tratar de ir superando los errores cometidos e iniciar un camino de trabajo rumbo a la plena autonomía de la Ciudad, dando certidumbre a sus habitantes, a los que trabajan en ella, a los que habitan y a los que circulan.
Creo que a esta altura nadie duda de a quién corresponde la planificación y el control, y quién tiene la jurisdicción sobre estos servicios que se prestan en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, con la historia y las vicisitudes que ya los señores diputados Feletti y Brawer señalaron. No cabe duda de que este tema y la vocación de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires han estado presentes en las plataformas políticas electorales de todos los partidos que tenemos representación en la Ciudad.
Los subtes son de la Ciudad de Buenos Aires, y Subterráneos es una sociedad del Estado que está concesionada, y siempre la Ciudad de Buenos Aires siendo municipio o ciudad autónoma participó de esa concesión.
El 3 de enero de 2012, fuimos testigos de que se daba un gran paso para efectivizar esa vieja aspiración de autonomía, con plena voluntad política de ambas partes, y se supone en pleno ejercicio de sus facultades. Ese compromiso que el gobierno federal y la Ciudad de Buenos Aires asumieron a lo largo de esta amplia normativa que ya se relató, fue reconfirmado y ratificado por el acta acuerdo que se firmó el 23 de enero.
En ese momento, nos alegramos porque era un avance muy esperado, un primer paso para empezar a construir una política de circulación, transporte y tránsito que la Ciudad merece discutir. En esto estoy de acuerdo: subtes, colectivos, metrobuses, automóviles, taxis. Esa planificación y discusión hacen centralmente no sólo al orden de la Ciudad sino a los ejercicios del derecho de circulación y trabajo y a la calidad de vida de la Ciudad.
La Ciudad de Buenos Aires asumió ese compromiso y en virtud de ello realizó el incremento tarifario del 127 por ciento. Esta cuestión fue ratificada por la propia Procuración de la Ciudad frente al amparo de los usuarios.
Sin embargo, poco tiempo después nos enteramos por conferencia de prensa de que el jefe de Gobierno de la Ciudad había decidió desentenderse del compromiso asumido. Por supuesto, sobre esto puede haber una mirada jurídica que es la que ya expresaron quienes me precedieron en el uso de la palabra, y yo prefiero en este caso privilegiar lo que creo que la ciudadanía espera de nosotros, que es la búsqueda de alternativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas y a superar las circunstanciales dificultades que se presentan en ese camino de construcción.
Por ese motivo y no por ser del oficialismo, es que voy a apoyar el dictamen de mayoría, porque va en el mismo sentido que la plataforma electoral con la que el Frente para la Victoria se comprometió en la Ciudad de Buenos Aires. Además, entiendo que esta sanción que estamos por concretar es una forma de colaborar en la búsqueda de una solución.
A diferencia de otros diputados que piensan que necesariamente esto tiene que terminar en la Corte Suprema, yo creo que es una segunda oportunidad para retomar la voluntad política que se expresó en el acta: tratar de ir superando los errores cometidos e iniciar un camino de trabajo rumbo a la plena autonomía de la Ciudad, dando certidumbre a sus habitantes, a los que trabajan en ella, a los que habitan y a los que circulan.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Julián Andrés Domínguez.
SRA.(BIANCHI (M.C.))
Señor presidente: por supuesto que va a haber inconvenientes como los tienen todos los titulares de todas las jurisdicciones de este país. La responsabilidad política en el ejercicio de la función pública no implica no tener problemas. Se trata de definirlos adecuadamente y de generar los caminos y alternativas de solución, transformando la realidad.
Por esas razones adhiero al dictamen de mayoría, siendo diputada nacional electa por el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. (Aplausos.)
Por esas razones adhiero al dictamen de mayoría, siendo diputada nacional electa por el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
SR. CHEMES, JORGE OMAR (ENTRE RIOS):
Señor presidente: muy brevemente quiero dejar sentada mi opinión sobre este tema. Ante todo es importante distinguir lo que es la transferencia de un servicio, como establece la Constitución Nacional, de lo que es una empresa que presta un servicio.
La Unión Cívica Radical viene sosteniendo la necesidad de garantizar la autonomía de la Ciudad, y este traspaso implica avanzar en esa dirección que se inició en 1994.
El traspaso de los subterráneos ya fue aceptado por la Ciudad –hoy también se mencionó esto por medio de la ley local número 373, durante el gobierno de Aníbal Ibarra en mayo de 2000. Ya han pasado muchos años.
El actual jefe de Gobierno aumentó las tarifas, aceptando de hecho su legalidad. Me parece que esto no deja lugar a dudas. Tampoco creo que haya que transferir fondos en el caso de los colectivos, porque la política de subsidios es del Estado nacional, mientras que la función política es para asumir deberes y obligaciones.
Si se quiere administrar el sistema hay que tomar decisiones, y lo que defendemos es la capacidad de la Ciudad de Buenos Aires para tomar sus propias decisiones en materia de regulación de tarifas, recorridos y condiciones del transporte local, como lo hacen otras jurisdicciones.
La Unión Cívica Radical lo viene haciendo a lo largo de su historia en defensa del federalismo. Por eso, en esta oportunidad también estamos defendiendo la capacidad de ser autónomos. (Aplausos.)
La Unión Cívica Radical viene sosteniendo la necesidad de garantizar la autonomía de la Ciudad, y este traspaso implica avanzar en esa dirección que se inició en 1994.
El traspaso de los subterráneos ya fue aceptado por la Ciudad –hoy también se mencionó esto por medio de la ley local número 373, durante el gobierno de Aníbal Ibarra en mayo de 2000. Ya han pasado muchos años.
El actual jefe de Gobierno aumentó las tarifas, aceptando de hecho su legalidad. Me parece que esto no deja lugar a dudas. Tampoco creo que haya que transferir fondos en el caso de los colectivos, porque la política de subsidios es del Estado nacional, mientras que la función política es para asumir deberes y obligaciones.
Si se quiere administrar el sistema hay que tomar decisiones, y lo que defendemos es la capacidad de la Ciudad de Buenos Aires para tomar sus propias decisiones en materia de regulación de tarifas, recorridos y condiciones del transporte local, como lo hacen otras jurisdicciones.
La Unión Cívica Radical lo viene haciendo a lo largo de su historia en defensa del federalismo. Por eso, en esta oportunidad también estamos defendiendo la capacidad de ser autónomos. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
SRA. LINARES, MARIA VIRGINIA (BUENOS AIRES):
Señor presidente: seré muy breve para fijar la posición del bloque GEN y acompañar el dictamen de minoría al que se refirió el señor diputado Cortina.
En ese sentido, nosotros también rechazamos esta acta porque entendemos que no cuenta ni ha contado con una planificación adecuada. También consideramos que no es constitucional ni se han tenido en cuenta los más de 3 millones de usuarios que diariamente utilizan el sistema de subtes, sin hablar del transporte automotor de pasajeros. Además, tenemos la sensación de que el Poder Ejecutivo nacional le ha tirado a la jurisdicción del Gobierno de la Ciudad un tema muy complejo y difícil. Pero también es justo decir que este último lo ha aceptado muy livianamente.
En principio, quiero aclarar que entendemos que los servicios públicos de transporte de pasajeros –esto es, subtes, tranvías, automotores y premetro corresponden al territorio de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien aquí se han nombrado numerosas normativas vigentes desde 1994, 1999 y 2000, recién ahora con esta acta es como se concreta de manera efectiva el traspaso de los servicios del transporte de pasajeros.
Hago un paréntesis para señalar que estamos ratificando en este Parlamento un acuerdo de partes que no sólo actualmente se encuentra en instancia judicial y que probablemente la Corte Suprema deba resolver como aquí se ha dicho, sino que además no se ha cumplido con los 90 días previstos entre ambas partes para poder llevar adelante esta negociación. Aun les queda una semana a ambos gobiernos para poder tener un poco de cordura a fin de llevar adelante el traspaso de manera adecuada.
Ahora bien; más allá de los acuerdos del Poder Ejecutivo nacional, que se comprometió a aportar la mitad de los subsidios que Metrovías recibió en 2011 –que ascienden a la suma de 360 millones de pesos, aproximadamente, entendemos que estamos incumpliendo el inciso 2° del artículo 75 de la Constitución, ya que el traspaso debe realizarse con la totalidad de los fondos; al menos, aquellos previstos para el año anterior. Por ello, consideramos que la medida es inconstitucional.
Varios señores diputados han hecho referencia al tema de los subsidios. Consideramos que estos son una herramienta de equilibrio en épocas de crisis económicas. Sin embargo, hemos visto que se ha llevado adelante una política de Estado que ha privilegiado la ganancia de las empresas concesionarias en desmedro del erario y de los derechos básicos de los usuarios.
Por otro lado, desde 1989 dicha política nos ha llevado al desprecio de los bienes públicos, de la vida humana, y también, a la corrupción. Sólo refiriéndonos a la tragedia de Once visualizamos lo que ello significa.
¿Cuáles fueron los resultados del aporte de subsidios, de parte del Estado, a estos empresarios? ¿Hubo monitoreos, se conocen los costos? ¿Se sabe que la última apertura de costos se hizo en el año 2009, cuando se produjo el aumento de los pasajes? ¿Se auditaron las cuentas de las concesionarias? Pareciera que recién ahora queremos empezar a controlar a TBA y a Metrovías. Ya es tarde.
Sí queda en claro que la firma del acta, inmediatamente y de manera sorpresiva, sin audiencia pública ni participación ciudadana, puso en vigencia un aumento del 127 por ciento en la tarifa. En eso sí se pusieron de acuerdo, porque nadie se quejó demasiado. A partir de ese día se planteó que la tarjeta SUBE debía ser obtenida antes del 2 de marzo, momento a partir del cual el pasaje dejaría de estar subsidiado. Macri se enoja con algunas cosas, pero lo peor que pudo haber hecho fue aumentar, en menos de cuarenta y ocho horas, el pasaje a los usuarios.
Poco se ha hablado del riesgo que significa viajar en el subte. Existen ochenta y ocho estaciones; no sabemos si todas tienen detectores de incendio, y se sabe que sólo algunas cuentan con sistema de ventilación.
Finalmente, considero que falta un plan estratégico de sistema integral de transporte, que está pendiente no sólo en la Ciudad de Buenos Aires sino también en el resto de la República Argentina. (Aplausos.)
En ese sentido, nosotros también rechazamos esta acta porque entendemos que no cuenta ni ha contado con una planificación adecuada. También consideramos que no es constitucional ni se han tenido en cuenta los más de 3 millones de usuarios que diariamente utilizan el sistema de subtes, sin hablar del transporte automotor de pasajeros. Además, tenemos la sensación de que el Poder Ejecutivo nacional le ha tirado a la jurisdicción del Gobierno de la Ciudad un tema muy complejo y difícil. Pero también es justo decir que este último lo ha aceptado muy livianamente.
En principio, quiero aclarar que entendemos que los servicios públicos de transporte de pasajeros –esto es, subtes, tranvías, automotores y premetro corresponden al territorio de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien aquí se han nombrado numerosas normativas vigentes desde 1994, 1999 y 2000, recién ahora con esta acta es como se concreta de manera efectiva el traspaso de los servicios del transporte de pasajeros.
Hago un paréntesis para señalar que estamos ratificando en este Parlamento un acuerdo de partes que no sólo actualmente se encuentra en instancia judicial y que probablemente la Corte Suprema deba resolver como aquí se ha dicho, sino que además no se ha cumplido con los 90 días previstos entre ambas partes para poder llevar adelante esta negociación. Aun les queda una semana a ambos gobiernos para poder tener un poco de cordura a fin de llevar adelante el traspaso de manera adecuada.
Ahora bien; más allá de los acuerdos del Poder Ejecutivo nacional, que se comprometió a aportar la mitad de los subsidios que Metrovías recibió en 2011 –que ascienden a la suma de 360 millones de pesos, aproximadamente, entendemos que estamos incumpliendo el inciso 2° del artículo 75 de la Constitución, ya que el traspaso debe realizarse con la totalidad de los fondos; al menos, aquellos previstos para el año anterior. Por ello, consideramos que la medida es inconstitucional.
Varios señores diputados han hecho referencia al tema de los subsidios. Consideramos que estos son una herramienta de equilibrio en épocas de crisis económicas. Sin embargo, hemos visto que se ha llevado adelante una política de Estado que ha privilegiado la ganancia de las empresas concesionarias en desmedro del erario y de los derechos básicos de los usuarios.
Por otro lado, desde 1989 dicha política nos ha llevado al desprecio de los bienes públicos, de la vida humana, y también, a la corrupción. Sólo refiriéndonos a la tragedia de Once visualizamos lo que ello significa.
¿Cuáles fueron los resultados del aporte de subsidios, de parte del Estado, a estos empresarios? ¿Hubo monitoreos, se conocen los costos? ¿Se sabe que la última apertura de costos se hizo en el año 2009, cuando se produjo el aumento de los pasajes? ¿Se auditaron las cuentas de las concesionarias? Pareciera que recién ahora queremos empezar a controlar a TBA y a Metrovías. Ya es tarde.
Sí queda en claro que la firma del acta, inmediatamente y de manera sorpresiva, sin audiencia pública ni participación ciudadana, puso en vigencia un aumento del 127 por ciento en la tarifa. En eso sí se pusieron de acuerdo, porque nadie se quejó demasiado. A partir de ese día se planteó que la tarjeta SUBE debía ser obtenida antes del 2 de marzo, momento a partir del cual el pasaje dejaría de estar subsidiado. Macri se enoja con algunas cosas, pero lo peor que pudo haber hecho fue aumentar, en menos de cuarenta y ocho horas, el pasaje a los usuarios.
Poco se ha hablado del riesgo que significa viajar en el subte. Existen ochenta y ocho estaciones; no sabemos si todas tienen detectores de incendio, y se sabe que sólo algunas cuentan con sistema de ventilación.
Finalmente, considero que falta un plan estratégico de sistema integral de transporte, que está pendiente no sólo en la Ciudad de Buenos Aires sino también en el resto de la República Argentina. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
SRA. MARTINEZ, SOLEDAD (BUENOS AIRES):
Señor presidente: voy a utilizar el término que me corresponde, para introducir algunos puntos y sensaciones que, entiendo, suman al debate.
En primer término, no me llama la atención que el gobierno nacional quiera traspasar competencias que le representan un gasto o un riesgo, ni que no haya alguien dispuesto a hablar de la transferencia de otras competencias, por ejemplo, relativas al puerto, al juego, a la Justicia, etcétera.
Pareciera que dejar gobernar al jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituye una amenaza para la administración nacional. La verdad es que, en ese sentido, somos muchos los argentinos que trabajamos, estudiamos y nos divertimos en esta ciudad, y terminamos siendo víctimas de algún objetivo político del gobierno nacional.
Buenos Aires no es la ciudad de Macri ni de los porteños; es la ciudad de todos los argentinos, así como también lo son Resistencia, Bariloche, Salta, etcétera. Cuando el gobierno realiza una obra en algunos de esos lugares, no demandamos un derecho de uso como condición para que esa obra se concrete.
Nuestro país cuenta con veinticuatro provincias, miles de ciudades, y queremos lo mejor para todos los habitantes. No constituye fundamento decir que los recursos del subte son para Macri, pues son para todos los argentinos que usaron, usan y usarán los servicios quebrinda la Ciudad de Buenos Aires que, les repito, es la ciudad de todos los argentinos.
En esta sesión parece que, en vez de abrir, estamos cerrando un debate.
Parece que el Frente para la Victoria intenta imponer una mayoría, pero no lo hacen solos sino con otros partidos políticos que se esconden detrás de las excusas de un federalismo engañoso.
Muchos oradores hablaron del federalismo y de las desigualdades que este gobierno viene llevando adelante hace muchos años con las provincias, por lo que no voy a referirme a ese tema, pero sí quiero decir con muchísimo respeto que es vergonzoso escuchar a algunos representantes del pueblo de la Ciudad que no defienden a sus conciudadanos.
Como bonaerense me sucede lo mismo al escuchar a algún ex intendente del conurbano que calla o no cuenta lo que muchos vivimos todos los días cuando nos subimos a un colectivo, un tren o un subte.
Repito, para que no haya malas interpretaciones, que los servicios que presta una provincia o una ciudad son para que los usemos todos los argentinos. Eso también es ser federal.
Me gustaría pensar que no somos veinticuatro provincias peleando por llevar agua para sus molinos sino que somos veinticuatro provincias que buscan mejorar el país, impulsarlo y hacerlo más grande. Como dije anteriormente, creo que esta instancia no tiene que cerrar el diálogo sino que debe abrirlo.
En 2007, el presidente Néstor Kirchner recibió a Mauricio Macri, y un diálogo que parecía imposible e inesperado trajo resultados. Luego, la presidenta convocó en dos oportunidades a Mauricio Macri y un diálogo que parecía impensado también tuvo respuesta.
Ojalá podamos generar ese diálogo nuevamente. Ojalá puedan entender que no es cuestión de campo contra ciudad, de empresarios contra trabajadores, de financistas contra industriales y que no todo es blanco o negro.
De nuestra parte siempre van a encontrar voluntad de diálogo y de trabajo en conjunto. (Aplausos.)
En primer término, no me llama la atención que el gobierno nacional quiera traspasar competencias que le representan un gasto o un riesgo, ni que no haya alguien dispuesto a hablar de la transferencia de otras competencias, por ejemplo, relativas al puerto, al juego, a la Justicia, etcétera.
Pareciera que dejar gobernar al jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituye una amenaza para la administración nacional. La verdad es que, en ese sentido, somos muchos los argentinos que trabajamos, estudiamos y nos divertimos en esta ciudad, y terminamos siendo víctimas de algún objetivo político del gobierno nacional.
Buenos Aires no es la ciudad de Macri ni de los porteños; es la ciudad de todos los argentinos, así como también lo son Resistencia, Bariloche, Salta, etcétera. Cuando el gobierno realiza una obra en algunos de esos lugares, no demandamos un derecho de uso como condición para que esa obra se concrete.
Nuestro país cuenta con veinticuatro provincias, miles de ciudades, y queremos lo mejor para todos los habitantes. No constituye fundamento decir que los recursos del subte son para Macri, pues son para todos los argentinos que usaron, usan y usarán los servicios quebrinda la Ciudad de Buenos Aires que, les repito, es la ciudad de todos los argentinos.
En esta sesión parece que, en vez de abrir, estamos cerrando un debate.
Parece que el Frente para la Victoria intenta imponer una mayoría, pero no lo hacen solos sino con otros partidos políticos que se esconden detrás de las excusas de un federalismo engañoso.
Muchos oradores hablaron del federalismo y de las desigualdades que este gobierno viene llevando adelante hace muchos años con las provincias, por lo que no voy a referirme a ese tema, pero sí quiero decir con muchísimo respeto que es vergonzoso escuchar a algunos representantes del pueblo de la Ciudad que no defienden a sus conciudadanos.
Como bonaerense me sucede lo mismo al escuchar a algún ex intendente del conurbano que calla o no cuenta lo que muchos vivimos todos los días cuando nos subimos a un colectivo, un tren o un subte.
Repito, para que no haya malas interpretaciones, que los servicios que presta una provincia o una ciudad son para que los usemos todos los argentinos. Eso también es ser federal.
Me gustaría pensar que no somos veinticuatro provincias peleando por llevar agua para sus molinos sino que somos veinticuatro provincias que buscan mejorar el país, impulsarlo y hacerlo más grande. Como dije anteriormente, creo que esta instancia no tiene que cerrar el diálogo sino que debe abrirlo.
En 2007, el presidente Néstor Kirchner recibió a Mauricio Macri, y un diálogo que parecía imposible e inesperado trajo resultados. Luego, la presidenta convocó en dos oportunidades a Mauricio Macri y un diálogo que parecía impensado también tuvo respuesta.
Ojalá podamos generar ese diálogo nuevamente. Ojalá puedan entender que no es cuestión de campo contra ciudad, de empresarios contra trabajadores, de financistas contra industriales y que no todo es blanco o negro.
De nuestra parte siempre van a encontrar voluntad de diálogo y de trabajo en conjunto. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.
SR. SACCA, LUIS FERNANDO (TUCUMAN):
Señor presidente: hablar del traspaso del subte sin referirme al federalismo no tiene demasiado sentido.
Soy consciente de que todas las provincias, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen los mismos derechos en cuanto a lo que les corresponde.
Anticipo que estoy de acuerdo con el traspaso.
Hablar del federalismo en la actualidad sin hablar del aspecto tributario tampoco tiene sentido. Quiero aclarar que la coparticipación federal es contraria a las provincias y también a la Ciudad de Buenos Aires.
Puedo dar datos en este sentido: en 2001, era un 32 por ciento para las provincias. En 2008, 28 por ciento, y en 2010, 25 por ciento. Por lo tanto, cuando hablamos de federalismo no podemos dejar de lado ninguno de los aspectos adyacentes a esta situación. Cuando hablamos de federalismo no sólo hablamos de la cantidad de representantes que cada provincia tiene en el Congreso de la Nación, ya sea en la Cámara baja o alta. También hablamos de la distribución equitativa de la riqueza.
Hoy, lo único que se logra es un centralismo de caja que lo que quiere imponer es una disciplina total hacia los gobernadores, y es esta la discusión que también tenemos que dar.
Cuando era niño vivía frente a una estación de trenes y con mucho gusto veía pasar los trenes de carga. En la actualidad, esto ya no sucede. Las vías están muertas.
Puedo dar números en este sentido, pero aclaro que el culpable de esta situación es el peronismo, ya que con la presidencia de Carlos Saúl Menem en 1992 comenzó el desguace del ferrocarril, que llegó a tener 95 mil empleados y 35 mil kilómetros de vías. En la actualidad, hay un poquito menos de 9 mil empleados y existen 8 mil kilómetros de vía.
Por lo tanto, creo que estamos perdiendo una oportunidad histórica como Congreso de la Nación –y también como Poder Ejecutivo de dar el debate real o completo de este tema.
Hoy, una vez más, estamos tratando de buscar coincidencias con un parche más, cuando, en realidad, la discusión debería basarse en si queremos recuperar los ferrocarriles o no. Tenemos talleres, como los de Tafí Viejo en la provincia de Tucumán, que trabajan al mínimo de su capacidad, cuando podrían estar produciendo repuestos o arreglando las máquinas que hoy están funcionando o se encuentran deterioradas. En este sentido, en muchas provincias se beneficiaría el transporte de nuestros productos.
Lamento haberme alejado del tema en discusión. Con respecto a la cuestión en particular, creo que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene que hacerse cargo del transporte local, porque existe un convenio firmado. Nadie en su sano juicio firma cosas sin leer o entender, menos cuando se tiene tanta responsabilidad. El Estado nacional tampoco puede desatender en forma inequitativa el subsidio con que respalda este asunto.
En consecuencia, apoyo el dictamen de la Unión Cívica Radical, que también implica la creación de un ente de contralor, integrado por el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma, a fin de que las cosas realmente mejoren.
Me tomaré mi último minuto para decir que esta pelea no es más que una batalla política y que con cuatro años de desarrollo tiene rehenes, que no son la presidenta de la Nación o el alcalde de la Ciudad Autónoma, ni mucho menos los concesionarios, sino el pueblo, que votó a todos y a cada uno de los que estamos acá. Es el pueblo que paga sus impuestos y que nos paga el sueldo. (Aplausos.)
Soy consciente de que todas las provincias, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen los mismos derechos en cuanto a lo que les corresponde.
Anticipo que estoy de acuerdo con el traspaso.
Hablar del federalismo en la actualidad sin hablar del aspecto tributario tampoco tiene sentido. Quiero aclarar que la coparticipación federal es contraria a las provincias y también a la Ciudad de Buenos Aires.
Puedo dar datos en este sentido: en 2001, era un 32 por ciento para las provincias. En 2008, 28 por ciento, y en 2010, 25 por ciento. Por lo tanto, cuando hablamos de federalismo no podemos dejar de lado ninguno de los aspectos adyacentes a esta situación. Cuando hablamos de federalismo no sólo hablamos de la cantidad de representantes que cada provincia tiene en el Congreso de la Nación, ya sea en la Cámara baja o alta. También hablamos de la distribución equitativa de la riqueza.
Hoy, lo único que se logra es un centralismo de caja que lo que quiere imponer es una disciplina total hacia los gobernadores, y es esta la discusión que también tenemos que dar.
Cuando era niño vivía frente a una estación de trenes y con mucho gusto veía pasar los trenes de carga. En la actualidad, esto ya no sucede. Las vías están muertas.
Puedo dar números en este sentido, pero aclaro que el culpable de esta situación es el peronismo, ya que con la presidencia de Carlos Saúl Menem en 1992 comenzó el desguace del ferrocarril, que llegó a tener 95 mil empleados y 35 mil kilómetros de vías. En la actualidad, hay un poquito menos de 9 mil empleados y existen 8 mil kilómetros de vía.
Por lo tanto, creo que estamos perdiendo una oportunidad histórica como Congreso de la Nación –y también como Poder Ejecutivo de dar el debate real o completo de este tema.
Hoy, una vez más, estamos tratando de buscar coincidencias con un parche más, cuando, en realidad, la discusión debería basarse en si queremos recuperar los ferrocarriles o no. Tenemos talleres, como los de Tafí Viejo en la provincia de Tucumán, que trabajan al mínimo de su capacidad, cuando podrían estar produciendo repuestos o arreglando las máquinas que hoy están funcionando o se encuentran deterioradas. En este sentido, en muchas provincias se beneficiaría el transporte de nuestros productos.
Lamento haberme alejado del tema en discusión. Con respecto a la cuestión en particular, creo que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene que hacerse cargo del transporte local, porque existe un convenio firmado. Nadie en su sano juicio firma cosas sin leer o entender, menos cuando se tiene tanta responsabilidad. El Estado nacional tampoco puede desatender en forma inequitativa el subsidio con que respalda este asunto.
En consecuencia, apoyo el dictamen de la Unión Cívica Radical, que también implica la creación de un ente de contralor, integrado por el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma, a fin de que las cosas realmente mejoren.
Me tomaré mi último minuto para decir que esta pelea no es más que una batalla política y que con cuatro años de desarrollo tiene rehenes, que no son la presidenta de la Nación o el alcalde de la Ciudad Autónoma, ni mucho menos los concesionarios, sino el pueblo, que votó a todos y a cada uno de los que estamos acá. Es el pueblo que paga sus impuestos y que nos paga el sueldo. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
SR. GERMANO, DANIEL (SANTA FE):
Señor presidente: estamos terminando el debate y nos encontramos próximos a la votación. Con seguridad tendremos una nueva ley y una nueva victoria parlamentaria del oficialismo.
Pienso que esta victoria tiene un sabor especial, porque la iniciativa del Poder Ejecutivo de transferir el servicio de transporte a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido ratificada –según nuestro entender por una ley inocua, en el sentido de que se la interpreta como que ganó el Poder Ejecutivo nacional y perdió el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Esta iniciativa está planteada en términos de quién gana y quién pierde, pero me pregunto qué es lo que cambiará mañana. Más allá de que entendemos que esta iniciativa no corresponde y es inconstitucional, se transformará meramente en una expresión de deseos, ya que ¿se hará cargo el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los servicios de transporte a partir de mañana? Resulta más que evidente que no lo hará.
De confirmarse esta negativa, estará fundada en un hecho elemental, según escuché a algunos diputados adherentes al ideario político del jefe de Gobierno, en el sentido de que el servicio se está prestando en la órbita nacional, sin interrupción. Entonces, ¿por qué existe la premura en transferir un servicio que está en funcionamiento y con una prestación bastante razonable bajo la órbita nacional desde hace varios años? ¿Dónde estála premura? En la llamada “sintonía fina” que requiere el modelo, que no por sintonía fina pierde delicadeza en su aplicación. Encontramos la verdadera razón de la premura en que hace falta bajar subsidios.
El presupuesto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires luce apetitoso para afrontar lo que hoy el sistema tarifario no cubre en el servicio de trasporte. Dicho de otra manera, al afrontar la Ciudad de Buenos Aires el costo del servicio, sea por tarifa o subsidio, ello aliviará al presupuesto nacional, que buena falta le hace.
Quiero dejar en claro que comparto la convicción de muchos de mis pares sobre el criterio general de que los servicios deben ser prestados por los organismos del Estado que estén más cerca de los usuarios. De manera que, al menos para mí y para la mayor parte de los dictámenes que he visto, no hay duda sobre que quien debe prestar el servicio de trasporte es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Con la misma convicción tengo totalmente claro que no es en el ámbito de esta Cámara de Diputados donde debe buscarse la solución al diferendo planteado. No se encontrará en este Congreso la solución definitiva al conflicto. Tampoco debería ser en el Poder Judicial, donde todo indica que se dirimirá finalmente.
El ámbito no debe ser otro que el de la mesa de diálogo que existía y de la que nunca deberían haberse levantado las partes sino hasta encontrar la solución, sencillamente porque quienes pagan las consecuencias del conflicto entre el Poder Ejecutivo nacional y la Ciudad de Buenos Aires somos los ciudadanos. Nosotros padecemos las consecuencias y pagamos tarifas e impuestos más altos.
Estoy seguro de que muchos piensan que el resultado de esta confrontación terminará premiando o castigando en términos electorales a uno más que a otro. A lo mejor es cierto, pero lo que es imposible es que en este contexto de conflicto se produzca la mejora que necesita el servicio concesionado y cuyo control está hoy en disputa.
Tampoco mejoran las instituciones cuando, como en este caso, el Congreso de la Nación es utilizado para dirimir una disputa que no le compete.
En mérito al tiempo, concluyo diciendo que mi voto será de rechazo al dictamen de mayoría, de conformidad con mi bloque, pero me siento partícipe de una asamblea que nada tiene que ver con esta temática.
Pienso que esta victoria tiene un sabor especial, porque la iniciativa del Poder Ejecutivo de transferir el servicio de transporte a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido ratificada –según nuestro entender por una ley inocua, en el sentido de que se la interpreta como que ganó el Poder Ejecutivo nacional y perdió el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Esta iniciativa está planteada en términos de quién gana y quién pierde, pero me pregunto qué es lo que cambiará mañana. Más allá de que entendemos que esta iniciativa no corresponde y es inconstitucional, se transformará meramente en una expresión de deseos, ya que ¿se hará cargo el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los servicios de transporte a partir de mañana? Resulta más que evidente que no lo hará.
De confirmarse esta negativa, estará fundada en un hecho elemental, según escuché a algunos diputados adherentes al ideario político del jefe de Gobierno, en el sentido de que el servicio se está prestando en la órbita nacional, sin interrupción. Entonces, ¿por qué existe la premura en transferir un servicio que está en funcionamiento y con una prestación bastante razonable bajo la órbita nacional desde hace varios años? ¿Dónde estála premura? En la llamada “sintonía fina” que requiere el modelo, que no por sintonía fina pierde delicadeza en su aplicación. Encontramos la verdadera razón de la premura en que hace falta bajar subsidios.
El presupuesto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires luce apetitoso para afrontar lo que hoy el sistema tarifario no cubre en el servicio de trasporte. Dicho de otra manera, al afrontar la Ciudad de Buenos Aires el costo del servicio, sea por tarifa o subsidio, ello aliviará al presupuesto nacional, que buena falta le hace.
Quiero dejar en claro que comparto la convicción de muchos de mis pares sobre el criterio general de que los servicios deben ser prestados por los organismos del Estado que estén más cerca de los usuarios. De manera que, al menos para mí y para la mayor parte de los dictámenes que he visto, no hay duda sobre que quien debe prestar el servicio de trasporte es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Con la misma convicción tengo totalmente claro que no es en el ámbito de esta Cámara de Diputados donde debe buscarse la solución al diferendo planteado. No se encontrará en este Congreso la solución definitiva al conflicto. Tampoco debería ser en el Poder Judicial, donde todo indica que se dirimirá finalmente.
El ámbito no debe ser otro que el de la mesa de diálogo que existía y de la que nunca deberían haberse levantado las partes sino hasta encontrar la solución, sencillamente porque quienes pagan las consecuencias del conflicto entre el Poder Ejecutivo nacional y la Ciudad de Buenos Aires somos los ciudadanos. Nosotros padecemos las consecuencias y pagamos tarifas e impuestos más altos.
Estoy seguro de que muchos piensan que el resultado de esta confrontación terminará premiando o castigando en términos electorales a uno más que a otro. A lo mejor es cierto, pero lo que es imposible es que en este contexto de conflicto se produzca la mejora que necesita el servicio concesionado y cuyo control está hoy en disputa.
Tampoco mejoran las instituciones cuando, como en este caso, el Congreso de la Nación es utilizado para dirimir una disputa que no le compete.
En mérito al tiempo, concluyo diciendo que mi voto será de rechazo al dictamen de mayoría, de conformidad con mi bloque, pero me siento partícipe de una asamblea que nada tiene que ver con esta temática.
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra la señora diputada por Tucumán.
SRA. CORDOBA, STELLA MARIS (TUCUMAN):
Señor presidente: creo que a esta altura del debate no hay ningún ciudadano argentino ni de la Capital Federal que tenga alguna duda acerca de a quién le corresponde la administración del trasporte público de la Ciudad: obviamente al Gobierno de la Ciudad Autónoma.
Ya se han esgrimido muchos argumentos desde nuestro bloque para justificar la constitucionalidad de la ley que hoy venimos a aprobar. Me gustaría abordar el tema desde otra perspectiva, vinculada con la conducta del jefe de Gobierno porteño, una conducta disvaliosa, que no honra la responsabilidad para la que ha sido elegido por el pueblo de la Capital Federal.
Solía decir Mariano Moreno que los buenos ejemplos son formas de autoridad. Yo me pregunto qué autoridad política puede tener hoy un jefe de Gobierno que el día 3 de enero de 2012 firma un acta acuerdo con el gobierno nacional asumiendo compromisos y aceptando el traspaso, que el día 5 de enero firma el decreto 27, por el cual incrementó un 127 por ciento la tarifa y que el 29 defebrero, graciosamente y en una conducta antijurídica y antidemocrática, resuelve no hacer frente a ese compromiso a través de una conferencia de prensa.
Me pregunto cuáles serían los titulares de muchos medios de comunicación si un día la presidenta de la Nación se levantara y decidiera convocar a una conferencia de prensa para decir que no va a cumplir con algunos de los convenios firmados con las provincias o con los municipios argentinos respecto de servicios públicos, de transferencia de fondos y de obras públicas. Seguramente sería condenada en forma unánime por esa actitud. No tiene el beneficio que muchas veces tiene el ingeniero Macri, de que se enmascaren sus actitudes planteando un escenario de disputa política que es inexistente.
Digo esto, señor presidente, porque hace pocos minutos escuché a algunos diputados que responden a Mauricio Macri esgrimir el argumento falso un sofisma de que el acta del 3 de enero no había tenido principio de ejecución ni tenía validez porque todavía no había sido ratificada por la Legislatura de la Ciudad.
Quiero demostrar que hay una gruesa contradicción entre esa argumentación y la acción del propio ingeniero Macri, que a través del decreto 27 del día 5 de enero dispone el aumento de tarifas.
Si me permite, señor presidente, voy a leer algunos párrafos de los considerandos. La primera frase dice expresamente que a través del acta acuerdo de transferencia de los servicios de transporte subterráneo y premetro, celebrada con fecha 3 de enero de 2012 entre el Estado nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante el acta acuerdo, se procede a ratificar por parte de la Ciudad la decisión de aceptar la transferencia de la concesión de la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires.
Otro párrafo de los considerandos dice expresamente que frente a tales circunstancias y frente al riesgo que ello conlleva, no puede este gobierno permanecer inmóvil o en actitud pasiva dilatoria de la efectiva obligación asumida, debiéndose prever en forma efectiva y actual el mecanismo más idóneo para cubrir el déficit operativo resultante.
Con esto queda demostrado, señor presidente, que los argumentos esgrimidos por algunos de los diputados que responden a Mauricio Macri han sido expresamente contradichos por la acción del propio jefe de Gobierno en la firma de ese decreto. Yo hacía referencia a la conducta disvaliosa de los gobernantes, porque me pregunto qué autoridad política puede tener, frente a quienes lo han votado, alguien que hoy firma un acta, al día siguiente aumenta la tarifa sin justificación y unos cuantos días después, por miedo o por cobardía a raíz del accidente de Once, decide desconocer esa acta.
Ya se han esgrimido muchos argumentos desde nuestro bloque para justificar la constitucionalidad de la ley que hoy venimos a aprobar. Me gustaría abordar el tema desde otra perspectiva, vinculada con la conducta del jefe de Gobierno porteño, una conducta disvaliosa, que no honra la responsabilidad para la que ha sido elegido por el pueblo de la Capital Federal.
Solía decir Mariano Moreno que los buenos ejemplos son formas de autoridad. Yo me pregunto qué autoridad política puede tener hoy un jefe de Gobierno que el día 3 de enero de 2012 firma un acta acuerdo con el gobierno nacional asumiendo compromisos y aceptando el traspaso, que el día 5 de enero firma el decreto 27, por el cual incrementó un 127 por ciento la tarifa y que el 29 defebrero, graciosamente y en una conducta antijurídica y antidemocrática, resuelve no hacer frente a ese compromiso a través de una conferencia de prensa.
Me pregunto cuáles serían los titulares de muchos medios de comunicación si un día la presidenta de la Nación se levantara y decidiera convocar a una conferencia de prensa para decir que no va a cumplir con algunos de los convenios firmados con las provincias o con los municipios argentinos respecto de servicios públicos, de transferencia de fondos y de obras públicas. Seguramente sería condenada en forma unánime por esa actitud. No tiene el beneficio que muchas veces tiene el ingeniero Macri, de que se enmascaren sus actitudes planteando un escenario de disputa política que es inexistente.
Digo esto, señor presidente, porque hace pocos minutos escuché a algunos diputados que responden a Mauricio Macri esgrimir el argumento falso un sofisma de que el acta del 3 de enero no había tenido principio de ejecución ni tenía validez porque todavía no había sido ratificada por la Legislatura de la Ciudad.
Quiero demostrar que hay una gruesa contradicción entre esa argumentación y la acción del propio ingeniero Macri, que a través del decreto 27 del día 5 de enero dispone el aumento de tarifas.
Si me permite, señor presidente, voy a leer algunos párrafos de los considerandos. La primera frase dice expresamente que a través del acta acuerdo de transferencia de los servicios de transporte subterráneo y premetro, celebrada con fecha 3 de enero de 2012 entre el Estado nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante el acta acuerdo, se procede a ratificar por parte de la Ciudad la decisión de aceptar la transferencia de la concesión de la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires.
Otro párrafo de los considerandos dice expresamente que frente a tales circunstancias y frente al riesgo que ello conlleva, no puede este gobierno permanecer inmóvil o en actitud pasiva dilatoria de la efectiva obligación asumida, debiéndose prever en forma efectiva y actual el mecanismo más idóneo para cubrir el déficit operativo resultante.
Con esto queda demostrado, señor presidente, que los argumentos esgrimidos por algunos de los diputados que responden a Mauricio Macri han sido expresamente contradichos por la acción del propio jefe de Gobierno en la firma de ese decreto. Yo hacía referencia a la conducta disvaliosa de los gobernantes, porque me pregunto qué autoridad política puede tener, frente a quienes lo han votado, alguien que hoy firma un acta, al día siguiente aumenta la tarifa sin justificación y unos cuantos días después, por miedo o por cobardía a raíz del accidente de Once, decide desconocer esa acta.
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Ha concluido su tiempo, señora diputada.
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
SRA. MAJDALANI, SILVIA CRISTINA (BUENOS AIRES):
Señor presidente: ante cada sesión de muchas horas de debate me pregunto si nos escuchamos o si sólo nos sentamos aquí a esperar una sentencia. Y digo “sentencia” porque hoy todos sabemos cuál va a ser el resultado de una votación que va a condenar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que de “autónoma” sólo tiene el nombre.
Haber ganado las elecciones por tan amplio porcentaje debería ser el motor o el incentivo para profundizar el debate. El oficialismo baja al recinto con una orden y no puede apartarse de ella. Es como si hiciese acto de presencia; es como si el costo del triunfo de cada sesión fuera solamente escuchar y aguantar los discursos de la oposición, sin siquiera plantearse la posibilidad de un debate serio que permita arribar a un consenso.
Hoy, se ignoran los derechos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de los porteños, pero algún día en el futuro, señores diputados, les puede pasar esto en sus provincias.
Pertenecer a una bancada no debería anular el pensamiento individual. Seguramente, los diputados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aries querrán, o deberían querer, que se respete la autonomía de la forma que manda la Constitución Nacional.
Hemos escuchado aquí discursos de una hipocresía llamativa. Hay quienes fueron altos funcionarios de la ciudad y no han hecho nada de lo que hoy reclaman. Hay quienes hablan de huir, de escapar a las responsabilidades, y olvidan que su correligionario se fue en helicóptero.
Ayer, escuché a un diputado radical defender la autonomía de la Ciudad y después decir que acompañará el dictamen de mayoría. Yo me pregunto cómo es posible que un diputado que pretende ser senador por la Ciudad de Buenos Aires actúe de esa manera.
También escuché durante la reunión conjunta de comisiones a otro diputado manifestar su orgullo por pertenecer al gobierno nacional, y me parece bien; lo aplaudo. Sin embargo, creo que hay un orgullo superior y común a todos, que es el de cumplir con nuestras obligaciones. Es nuestro deber defender los derechos de todos los ciudadanos argentinos que habiten este suelo, sin importar el color político de sus gobernadores. Hay cuestiones que exceden la pertenencia partidaria, y el tema que nos ocupa es uno de esos casos.
Los ciudadanos están enojados con nosotros y con ustedes; pero no debería haber “ustedes” y “nosotros”. Se supone que todos somos representantes del pueblo, todos somos argentinos y queremos el bien común.
En los subtes viajan ciudadanos de todo el país que pretenden que sus gobernantes sean serios. Es obvio que en esta cuestión que hoy nos ocupa nos hemos dejado llevar por rivalidades, que en nada contribuyen a la solución del problema. No puede escapar a nuestro entendimiento que en medio de estas estrategias políticas han quedado de rehenes los ciudadanos.
Es importante tomar conciencia de que estamos hablando de personas, de seres humanos que tienen problemas, necesidades y que esperan de nosotros respuestas; pretenden que con nuestro trabajo mejoremos su calidad de vida. Cuando esto no pasa, cuando perdemos tiempo en discusiones estériles, ocurren desgracias que son evitables. Los argentinos no podemos darnos este lujo. La política es dar solución a los ciudadanos. Debemos dejar de lado egoísmos y descalificaciones.
Hoy, vamos a votar este traspaso. El oficialismo logrará imponer su voluntad condenando al gobierno porteño al ahogo económico, suponiendo que de esa manera perjudicará a Mauricio Macri. No es así; la realidad es que perjudicará a los porteños y a los argentinos en general.
Lamento realmente mucho que al retirarme de este recinto no pueda sentirme con la satisfacción del deber cumplido. (Aplausos.)
Haber ganado las elecciones por tan amplio porcentaje debería ser el motor o el incentivo para profundizar el debate. El oficialismo baja al recinto con una orden y no puede apartarse de ella. Es como si hiciese acto de presencia; es como si el costo del triunfo de cada sesión fuera solamente escuchar y aguantar los discursos de la oposición, sin siquiera plantearse la posibilidad de un debate serio que permita arribar a un consenso.
Hoy, se ignoran los derechos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de los porteños, pero algún día en el futuro, señores diputados, les puede pasar esto en sus provincias.
Pertenecer a una bancada no debería anular el pensamiento individual. Seguramente, los diputados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aries querrán, o deberían querer, que se respete la autonomía de la forma que manda la Constitución Nacional.
Hemos escuchado aquí discursos de una hipocresía llamativa. Hay quienes fueron altos funcionarios de la ciudad y no han hecho nada de lo que hoy reclaman. Hay quienes hablan de huir, de escapar a las responsabilidades, y olvidan que su correligionario se fue en helicóptero.
Ayer, escuché a un diputado radical defender la autonomía de la Ciudad y después decir que acompañará el dictamen de mayoría. Yo me pregunto cómo es posible que un diputado que pretende ser senador por la Ciudad de Buenos Aires actúe de esa manera.
También escuché durante la reunión conjunta de comisiones a otro diputado manifestar su orgullo por pertenecer al gobierno nacional, y me parece bien; lo aplaudo. Sin embargo, creo que hay un orgullo superior y común a todos, que es el de cumplir con nuestras obligaciones. Es nuestro deber defender los derechos de todos los ciudadanos argentinos que habiten este suelo, sin importar el color político de sus gobernadores. Hay cuestiones que exceden la pertenencia partidaria, y el tema que nos ocupa es uno de esos casos.
Los ciudadanos están enojados con nosotros y con ustedes; pero no debería haber “ustedes” y “nosotros”. Se supone que todos somos representantes del pueblo, todos somos argentinos y queremos el bien común.
En los subtes viajan ciudadanos de todo el país que pretenden que sus gobernantes sean serios. Es obvio que en esta cuestión que hoy nos ocupa nos hemos dejado llevar por rivalidades, que en nada contribuyen a la solución del problema. No puede escapar a nuestro entendimiento que en medio de estas estrategias políticas han quedado de rehenes los ciudadanos.
Es importante tomar conciencia de que estamos hablando de personas, de seres humanos que tienen problemas, necesidades y que esperan de nosotros respuestas; pretenden que con nuestro trabajo mejoremos su calidad de vida. Cuando esto no pasa, cuando perdemos tiempo en discusiones estériles, ocurren desgracias que son evitables. Los argentinos no podemos darnos este lujo. La política es dar solución a los ciudadanos. Debemos dejar de lado egoísmos y descalificaciones.
Hoy, vamos a votar este traspaso. El oficialismo logrará imponer su voluntad condenando al gobierno porteño al ahogo económico, suponiendo que de esa manera perjudicará a Mauricio Macri. No es así; la realidad es que perjudicará a los porteños y a los argentinos en general.
Lamento realmente mucho que al retirarme de este recinto no pueda sentirme con la satisfacción del deber cumplido. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
SR. VAQUIE, ENRIQUE ANDRES (MENDOZA):
Señor presidente: cuando el señor ministro De Vido planteó en su exposición ante el Senado que a partir de este proyecto íbamos a discutir qué modelo de país queríamos, uno lo miraba con entusiasmo. De todos modos, rápidamente advertimos que esa declaración fue, por lo menos, una exageración, tanto en materia de transporte como de federalismo.
Se ha hablado mucho sobre el tema de transportes. Simplemente, voy a ocupar pocas líneas para hablar de federalismo. Desde la modificación constitucional de 1994, el tema federal quedó centralmente ubicado en una política orientada hacia el federalismo de la concertación, de los acuerdos entre los distintos gobiernos. Por eso, para nosotros el tema federal no es simplemente una pelea entre el gobierno central y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es algo mucho más complejo, porque detrás de eso, como se dijo aquí, se encuentran los ciudadanos. Este proyecto tiene claramente una connotación económica porque están en juego los subsidios reconocidos tanto por el gobierno nacional como por el gobierno provincial. Hacía falta esta política de acuerdo que no se alcanzó. Por eso, no se cumple con el precepto constitucional del inciso 3 del artículo 75.
En todos los debates que he escuchado hoy las cosas se centralizaron más en una pelea de porteños versus provincianos que en una discusión federal. Esa pelea se da sólo por el tema del transporte, y como bien plantearon tanto el ministro De Vido como su par Lorenzino en su exposición, en estos últimos años, entre 2003 y 2011, se entregaron cuantiosas sumas de dinero a los ciudadanos de Buenos Aires para subsidiarlos. Y ahora se lo quiere cambiar de un momento a otro sólo en el tema transporte.
En cuanto al tema federal, que es la discusión de fondo y por eso queremos plantearlo y discutirlo en cada oportunidad, el gobierno nacional lo olvida en forma permanente y no busca el consenso. Por ejemplo, en el decreto 2.054/2010 se prorrogaron los pactos fiscales, con lo que las provincias tenían que estar de acuerdo.
Las provincias y este Congreso tenían que aprobarlos por mayorías especiales, cosa que no se hizo. Eso también lleva a que haya planteos judiciales. También existe en estos últimos años, sobre todo desde que empezó la “sintonía fina”, un proceso de transferencias implícitas hacia las provincias.
Como ejemplo de esta cuestión están los programas de viviendas sociales. Durante muchos años se utilizaron los recursos del FONAVI en distintos fondos fiduciarios. Durante un tiempo el gobierno nacional lo destinó para viviendas sociales y fueron creciendo, pasando de 0,35 por ciento del PBI, en 2003, al 0,7 en 2006 o en 2007.
Pero, a partir de ahí, fueron cayendo hasta llegar, en el presupuesto de 2012 a los mismos valores que tenían en 2003, es decir, al cero treinta y pico por ciento.
Los fondos transferidos para la construcción de viviendas sociales fueron disminuyendo, por lo que las provincias tuvieron que conseguir recursos de otros lugares. Se vieron obligadas a contraer deudas para seguir construyendo viviendas, dado que el gobierno nacional no les está transfiriendo fondos.
Por eso, en nuestro proyecto incorporamos un concepto que tiene que ver con el transporte, pero no sólo con eso, sino también con que esta acta acuerdo tiene que cumplirse con la transferencia de los subsidios necesarios para que ellos sean iguales a los transferidos a otras provincias.
En este caso, el gobierno sigue cometiendo una inequidad, porque por un lado no quiere transferir los fondos para los colectivos y por otro actúa con exceso, como lo hace con los subsidios para los consumos domiciliarios de energía, mientras que en provincias como la mía, Mendoza, no hay subsidios del gobierno nacional.
En este aspecto, planteamos que los subsidios que se transfieran para el transporte de colectivos sean proporcionales a los que tienen los demás ciudadanos del país.
Se ha hablado mucho sobre el tema de transportes. Simplemente, voy a ocupar pocas líneas para hablar de federalismo. Desde la modificación constitucional de 1994, el tema federal quedó centralmente ubicado en una política orientada hacia el federalismo de la concertación, de los acuerdos entre los distintos gobiernos. Por eso, para nosotros el tema federal no es simplemente una pelea entre el gobierno central y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es algo mucho más complejo, porque detrás de eso, como se dijo aquí, se encuentran los ciudadanos. Este proyecto tiene claramente una connotación económica porque están en juego los subsidios reconocidos tanto por el gobierno nacional como por el gobierno provincial. Hacía falta esta política de acuerdo que no se alcanzó. Por eso, no se cumple con el precepto constitucional del inciso 3 del artículo 75.
En todos los debates que he escuchado hoy las cosas se centralizaron más en una pelea de porteños versus provincianos que en una discusión federal. Esa pelea se da sólo por el tema del transporte, y como bien plantearon tanto el ministro De Vido como su par Lorenzino en su exposición, en estos últimos años, entre 2003 y 2011, se entregaron cuantiosas sumas de dinero a los ciudadanos de Buenos Aires para subsidiarlos. Y ahora se lo quiere cambiar de un momento a otro sólo en el tema transporte.
En cuanto al tema federal, que es la discusión de fondo y por eso queremos plantearlo y discutirlo en cada oportunidad, el gobierno nacional lo olvida en forma permanente y no busca el consenso. Por ejemplo, en el decreto 2.054/2010 se prorrogaron los pactos fiscales, con lo que las provincias tenían que estar de acuerdo.
Las provincias y este Congreso tenían que aprobarlos por mayorías especiales, cosa que no se hizo. Eso también lleva a que haya planteos judiciales. También existe en estos últimos años, sobre todo desde que empezó la “sintonía fina”, un proceso de transferencias implícitas hacia las provincias.
Como ejemplo de esta cuestión están los programas de viviendas sociales. Durante muchos años se utilizaron los recursos del FONAVI en distintos fondos fiduciarios. Durante un tiempo el gobierno nacional lo destinó para viviendas sociales y fueron creciendo, pasando de 0,35 por ciento del PBI, en 2003, al 0,7 en 2006 o en 2007.
Pero, a partir de ahí, fueron cayendo hasta llegar, en el presupuesto de 2012 a los mismos valores que tenían en 2003, es decir, al cero treinta y pico por ciento.
Los fondos transferidos para la construcción de viviendas sociales fueron disminuyendo, por lo que las provincias tuvieron que conseguir recursos de otros lugares. Se vieron obligadas a contraer deudas para seguir construyendo viviendas, dado que el gobierno nacional no les está transfiriendo fondos.
Por eso, en nuestro proyecto incorporamos un concepto que tiene que ver con el transporte, pero no sólo con eso, sino también con que esta acta acuerdo tiene que cumplirse con la transferencia de los subsidios necesarios para que ellos sean iguales a los transferidos a otras provincias.
En este caso, el gobierno sigue cometiendo una inequidad, porque por un lado no quiere transferir los fondos para los colectivos y por otro actúa con exceso, como lo hace con los subsidios para los consumos domiciliarios de energía, mientras que en provincias como la mía, Mendoza, no hay subsidios del gobierno nacional.
En este aspecto, planteamos que los subsidios que se transfieran para el transporte de colectivos sean proporcionales a los que tienen los demás ciudadanos del país.
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra la señora diputada por Entre Ríos.
SRA. CREMER DE BUSTI, MARIA CRISTINA (ENTRE RIOS):
Señor presidente: en primer lugar, no hay mucho más para agregar, habiendo escuchado a todos mis colegas, quienes fueron dando datos y cifras. Sin ninguna duda, los subsidios son necesarios mientras estén bien dirigidos y sirvan para mejorar la calidad de vida de la gente y no para enriquecer los bolsillos de los empresarios que no cumplen con sus deberes.
Vengo de una provincia federal y con historia, como dijo Atahualpa Yupanqui. Entre Ríos mantiene viva la historia y el federalismo. Siguiendo con ello, considero que esta ratificación del traslado a la Ciudad de Buenos Aires no va en contra del federalismo. Contra el federalismo iría la ley de la coparticipación que estamos recibiendo las provincias.
Serían los distintos pactos fiscales que han tenido que firmar muchos gobernadores ante situaciones difíciles. Eso realmente iría en forma directa contra el corazón del federalismo.
El motivo que nos trae hoy aquí nos obliga a preocuparnos por una situación difícil, ya que sabemos que hay muchísima gente que está mal y que viaja muy mal, con miedo, en forma insegura. Esa cuestión se tiene que resolver entre dos partes, no la podemos resolver en este Congreso. Lo fija claramente la disposición transitoriadecimoquinta de la Constitución Nacional, que establece que la Ciudad de Buenos Aires tiene autonomía suficiente como para tratar con el gobierno de la Nación el traslado de los medios de transporte.
Le agradezco, señor presidente, que me haya dado estos minutos para expresar mi opinión.
Esta Honorable Cámara no es el lugar para tratar ni decidir el traspaso de los medios de transporte. Insto como lo hicieron otros compañeros aquí- a que hagamos un plan integral de transporte para todo el país.
Vengo de una provincia federal y con historia, como dijo Atahualpa Yupanqui. Entre Ríos mantiene viva la historia y el federalismo. Siguiendo con ello, considero que esta ratificación del traslado a la Ciudad de Buenos Aires no va en contra del federalismo. Contra el federalismo iría la ley de la coparticipación que estamos recibiendo las provincias.
Serían los distintos pactos fiscales que han tenido que firmar muchos gobernadores ante situaciones difíciles. Eso realmente iría en forma directa contra el corazón del federalismo.
El motivo que nos trae hoy aquí nos obliga a preocuparnos por una situación difícil, ya que sabemos que hay muchísima gente que está mal y que viaja muy mal, con miedo, en forma insegura. Esa cuestión se tiene que resolver entre dos partes, no la podemos resolver en este Congreso. Lo fija claramente la disposición transitoriadecimoquinta de la Constitución Nacional, que establece que la Ciudad de Buenos Aires tiene autonomía suficiente como para tratar con el gobierno de la Nación el traslado de los medios de transporte.
Le agradezco, señor presidente, que me haya dado estos minutos para expresar mi opinión.
Esta Honorable Cámara no es el lugar para tratar ni decidir el traspaso de los medios de transporte. Insto como lo hicieron otros compañeros aquí- a que hagamos un plan integral de transporte para todo el país.
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.
SR. CASAÑAS, JUAN FRANCISCO (TUCUMAN):
Señor presidente: en el espíritu del dictamen de mayoría no existe ninguna intención de mejorar el servicio para los usuarios, ni siquiera de mantenerlo. Sólo se ve una pelea política y una necesidad de salvar la caja, que a esta altura es un escándalo. La pelea política es de dos grandes personajes que se autoeligieron adversarios.
Una diputada preopinante habló de una “papa caliente”. Da la impresión de que nadie la quiere agarrar.
El traspaso de los subtes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene que ser coordinado y con recursos. Estamos hablando de transporte de ciudadanos argentinos y tenemos que hacernos responsables.
Me gustaría estar discutiendo sobre coparticipación, federalismo, inversión, desarrollo, políticas de Estado y también vidas humanas, porque este Congreso debería hacer algo más con respecto a las cincuenta y un víctimas de Once, a las que sólo dedicó un minuto de silencio.
Al oficialismo no le gusta hablar de estas cosas. El relato de que nos va bien no admite críticas. Tampoco hablamos de que en los últimos nueve años de administración kirchnerista la Argentina pasó de ser un país de paso para la cocaína a ser el primer consumidor de Latinoamérica. Y tampoco hablamos del abandono y del desprecio con el que se trata a las provincias del Norte, que están postergadas, sin inversión, sin desarrollo y sin red de gas natural. En el último censo, de 2010 –son datos oficiales-, se habla de 5,4 millones de familias sin gas natural. Si fueran familias tipo, multiplicando el número por cuatro tendríamos 20 millones de argentinos sin red de gas natural.
Me parece que venir desde Tucumán para discutir en el Congreso el traspaso del subte es una pérdida de tiempo. Tenemos que hablar de desarrollo y de inversión.
Solicito autorización de la Honorable Cámara para insertar el resto de mi discurso en el Diario de Sesiones. (Aplausos.)
Una diputada preopinante habló de una “papa caliente”. Da la impresión de que nadie la quiere agarrar.
El traspaso de los subtes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene que ser coordinado y con recursos. Estamos hablando de transporte de ciudadanos argentinos y tenemos que hacernos responsables.
Me gustaría estar discutiendo sobre coparticipación, federalismo, inversión, desarrollo, políticas de Estado y también vidas humanas, porque este Congreso debería hacer algo más con respecto a las cincuenta y un víctimas de Once, a las que sólo dedicó un minuto de silencio.
Al oficialismo no le gusta hablar de estas cosas. El relato de que nos va bien no admite críticas. Tampoco hablamos de que en los últimos nueve años de administración kirchnerista la Argentina pasó de ser un país de paso para la cocaína a ser el primer consumidor de Latinoamérica. Y tampoco hablamos del abandono y del desprecio con el que se trata a las provincias del Norte, que están postergadas, sin inversión, sin desarrollo y sin red de gas natural. En el último censo, de 2010 –son datos oficiales-, se habla de 5,4 millones de familias sin gas natural. Si fueran familias tipo, multiplicando el número por cuatro tendríamos 20 millones de argentinos sin red de gas natural.
Me parece que venir desde Tucumán para discutir en el Congreso el traspaso del subte es una pérdida de tiempo. Tenemos que hablar de desarrollo y de inversión.
Solicito autorización de la Honorable Cámara para insertar el resto de mi discurso en el Diario de Sesiones. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Queda constancia de su solicitud, señor diputado.
Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
SR. MARTINEZ, ERNESTO FELIX (CORDOBA):
Señor presidente: estoy convencido de que si el secretario legal y técnico de la Presidencia de la Nación, doctor Carlos Zannini, hubiera estado del lado del ingeniero Macri y no de la señora presidenta la cosa habría sido exactamente al revés, y este problema no se le podría haber suscitado nunca al jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A pesar de eso, esta cuestión entraña una solución, que es tratar de dirimir, aunque no se pueda, un conflicto interjurisdiccional mediante una ley de la Nación considerada por los representantes de la soberanía del pueblo, que hoy la van a aprobar en esta Cámara.
Esto no es un “subsidio”. Lo advierto a los señores diputados del interior de nuestra República: se trata de un “suicidio” para sus provincias y para ellos mismos a la hora de votar. Cada vez que se plantea un conflicto de este tipo entre los estados provinciales y el Estado nacional, que deba ser eventualmente definido por la Corte Suprema de Justicia se puede apelar y, sin duda es lo que ocurre en el día de hoy, lograr una ley de la Nación para que la postura de una de las partes sea avalada por la soberanía popular y la cuestión esté terminada.
Nos puede ocurrir a nosotros en la provincia de Córdoba, con el largo conflicto que vienen llevando adelante las cajas de jubilaciones y el nivel con que deben ser apoyadas financieramente por el Estado nacional. Bastaría con que la posición del gobierno de la Nación sea avalada por una ley para que la cuestión judicial esté terminada.
Entonces, como digo, se trata de un suicidio para todos aquellos diputados del interior que voten afirmativamente esta cuestión.
También considero que al abocarse esta Cámara al tratamiento del traspaso de los subterráneos, el premetro y 33 líneas de colectivos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se pierde nivel institucional y jurídico para entrar en el terreno del sofisma. Pero lo que es mucho más grave es que nos alejamos insensiblemente de la realidad social, ingresando en algo que no le interesa a nadie que use el subte o los colectivos para ir a trabajar o estudiar.
Nada tiene que hacer la Cámara de Diputados en esta controversia que para mí tiene talante de picardía por un lado y conducta temblorosa por el otro, y que la rodea por supuesto como todo lo que tiene que ver con subsidios un olor a negocio que es irrefrenable.
¿O acaso se nos escapa que lo que se está discutiendo es la titularidad de un poder concedente de un sistema sostenido por subsidios millonarios y fijaciones discrecionales de tarifas? ¿O alguno está distraído y desconoce que el Estado subsidia mes a mes y las empresas manejan dinero en efectivo todos los días?
No hay punto alguno en la llamada ley Cafiero que obligue a la intervención refrendaria del Congreso de la Nación en oportunidad de celebrarse convenios de transferencia de servicios.
Entonces, nos sentimos ajenos a la controversia legal, pero mucho más extraños somos a las consecuencias sociales de este degradante sainete.
Bien podríamos alegar que el olvido del Estado nacional a la hora de subsidiar a los habitantes de la provincia de Córdoba, que recibían 100 pesos por año y por habitante en el 2010 contra los 2.138 pesos para la Ciudad de Buenos Aires, nos llevaría a que tengamos sin cuidado lo que le ocurra a los habitantes de esta ciudad y del Gran Buenos Aires.
Pero nada más alejado de nuestra forma de pensar la política y de proceder en el ejercicio de gobierno, si el actual rol del Estado es el de reequilibrador social. ¿A quién le puede importar el leguleyismo del dominio del poder concedente sobre el sistema metropolitano de transporte en tiempo de muertos y zozobras diarias? Al Frente Cívico de Córdoba le importa y mucho.
Ese es el verdadero problema: su esencia de justicia social y de igualdad de oportunidades para llegar y volver del trabajo y del estudio.
La señora diputada informante del oficialismo fundamentó con sinceridad y precisión: se tratan hoy razones de interés político, atribuyendo incapacidad para gobernar a quien niega hechos cumplidos y pretende volver atrás actos propios de gobierno, como es el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Con precisión analizó la doctrina de la Corte Suprema Nacional y de la Corte de los Estados Unidos, fijando la prevalencia del poder federal en materia de transporte sobre disposiciones locales, con lo cual anticipó el futuro curso del litigio, que a modo de introito quien habla también delineó a la Presidencia y al pleno de la Cámara.
Ahora, seriamente, ¿a algunos de los millones de personas que se bajan a la madrugada en Once, Constitución o Retiro para meterse en los subtes les importará la doctrina del eventual leading case “Macri Mauricio versus Cristina Fernández” o viceversa? A nadie, por favor, absolutamente a nadie.
Y esto en definitiva es un problema de dinero. ¿Acaso la Corte Suprema de Justicia de la Nación va a fabricar plata para subsidiar al subte y a los colectivos? Ni quiero imaginarme una controversia judicial con dilatados llamados a mediación por la Corte, como en el caso del Riachuelo, dejando impávida a la gente de a pie.
Esto no es un “subsidio”. Lo advierto a los señores diputados del interior de nuestra República: se trata de un “suicidio” para sus provincias y para ellos mismos a la hora de votar. Cada vez que se plantea un conflicto de este tipo entre los estados provinciales y el Estado nacional, que deba ser eventualmente definido por la Corte Suprema de Justicia se puede apelar y, sin duda es lo que ocurre en el día de hoy, lograr una ley de la Nación para que la postura de una de las partes sea avalada por la soberanía popular y la cuestión esté terminada.
Nos puede ocurrir a nosotros en la provincia de Córdoba, con el largo conflicto que vienen llevando adelante las cajas de jubilaciones y el nivel con que deben ser apoyadas financieramente por el Estado nacional. Bastaría con que la posición del gobierno de la Nación sea avalada por una ley para que la cuestión judicial esté terminada.
Entonces, como digo, se trata de un suicidio para todos aquellos diputados del interior que voten afirmativamente esta cuestión.
También considero que al abocarse esta Cámara al tratamiento del traspaso de los subterráneos, el premetro y 33 líneas de colectivos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se pierde nivel institucional y jurídico para entrar en el terreno del sofisma. Pero lo que es mucho más grave es que nos alejamos insensiblemente de la realidad social, ingresando en algo que no le interesa a nadie que use el subte o los colectivos para ir a trabajar o estudiar.
Nada tiene que hacer la Cámara de Diputados en esta controversia que para mí tiene talante de picardía por un lado y conducta temblorosa por el otro, y que la rodea por supuesto como todo lo que tiene que ver con subsidios un olor a negocio que es irrefrenable.
¿O acaso se nos escapa que lo que se está discutiendo es la titularidad de un poder concedente de un sistema sostenido por subsidios millonarios y fijaciones discrecionales de tarifas? ¿O alguno está distraído y desconoce que el Estado subsidia mes a mes y las empresas manejan dinero en efectivo todos los días?
No hay punto alguno en la llamada ley Cafiero que obligue a la intervención refrendaria del Congreso de la Nación en oportunidad de celebrarse convenios de transferencia de servicios.
Entonces, nos sentimos ajenos a la controversia legal, pero mucho más extraños somos a las consecuencias sociales de este degradante sainete.
Bien podríamos alegar que el olvido del Estado nacional a la hora de subsidiar a los habitantes de la provincia de Córdoba, que recibían 100 pesos por año y por habitante en el 2010 contra los 2.138 pesos para la Ciudad de Buenos Aires, nos llevaría a que tengamos sin cuidado lo que le ocurra a los habitantes de esta ciudad y del Gran Buenos Aires.
Pero nada más alejado de nuestra forma de pensar la política y de proceder en el ejercicio de gobierno, si el actual rol del Estado es el de reequilibrador social. ¿A quién le puede importar el leguleyismo del dominio del poder concedente sobre el sistema metropolitano de transporte en tiempo de muertos y zozobras diarias? Al Frente Cívico de Córdoba le importa y mucho.
Ese es el verdadero problema: su esencia de justicia social y de igualdad de oportunidades para llegar y volver del trabajo y del estudio.
La señora diputada informante del oficialismo fundamentó con sinceridad y precisión: se tratan hoy razones de interés político, atribuyendo incapacidad para gobernar a quien niega hechos cumplidos y pretende volver atrás actos propios de gobierno, como es el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Con precisión analizó la doctrina de la Corte Suprema Nacional y de la Corte de los Estados Unidos, fijando la prevalencia del poder federal en materia de transporte sobre disposiciones locales, con lo cual anticipó el futuro curso del litigio, que a modo de introito quien habla también delineó a la Presidencia y al pleno de la Cámara.
Ahora, seriamente, ¿a algunos de los millones de personas que se bajan a la madrugada en Once, Constitución o Retiro para meterse en los subtes les importará la doctrina del eventual leading case “Macri Mauricio versus Cristina Fernández” o viceversa? A nadie, por favor, absolutamente a nadie.
Y esto en definitiva es un problema de dinero. ¿Acaso la Corte Suprema de Justicia de la Nación va a fabricar plata para subsidiar al subte y a los colectivos? Ni quiero imaginarme una controversia judicial con dilatados llamados a mediación por la Corte, como en el caso del Riachuelo, dejando impávida a la gente de a pie.
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Señor diputado, se le venció su tiempo. (Aplausos.)
SR. MARTINEZ, ERNESTO FELIX (CORDOBA):
Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
SRA. GIANNETTASIO, GRACIELA MARIA (BUENOS AIRES):
Señor presidente: voy a tratar de ser rápida por un problema de tiempo y de hacer un análisis desde el punto de vista técnico de cuál es la situación en la que nos encontramos. Si el tiempo lo permite luego haré algunas consideraciones políticas.
Esta historia empieza con la ley 23.696 deemergencia de la prestación de servicios públicos –absolutamente todos la conocemos, que es la norma clave de las privatizaciones y del desguace del Estado argentino.
Esta historia empieza con la ley 23.696 deemergencia de la prestación de servicios públicos –absolutamente todos la conocemos, que es la norma clave de las privatizaciones y del desguace del Estado argentino.
- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª de la Honorable Cámara, profesora Norma Amanda Abdala de Matarazzo.
SRA. GIANNETTASIO, GRACIELA MARIA (BUENOS AIRES):
Carlos Saúl Menem y quienes lo acompañaron, sus esbirros, algunos que todavía se asombran porque ven a un pobre por televisión y lo identifican por distrito, nos llevaron a esta situación por la cual, de los 40 mil kilómetros de vías perdimos rápidamente 20 mil. Quienes vivíamos cerca de las estaciones reconocimos la privatización por el silencio: no había más trenes.
De esa manera en esa entente, en el anexo I de aquella ley se incluyó a Subterráneos de Buenos Aires como sujeto a privatización con cesión total o parcial. El decreto 1.143/91 establecía que la reestructuración de servicios ferroviarios de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires se iba a llevar a cabo por medio de determinado sistema, y que la autoridad de aplicación sería el entonces ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos, con la participación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Estoy hablando de 1991. Se convocó a licitación nacional e internacional para la concesión por 20 años del Grupo de Servicios Número 3.
El resultado lo conocemos todos perfectamente, y al fin el decreto 2.608/93 aprobó todo lo actuado en el proceso por el cual se llegó a la concesión, el contrato de concesión, que en el acápite 6.4.1 estableció que la autoridad de aplicación y –agregó de regulación del servicio era la Municipalidad de Buenos Aires.
Aquí estoy hablando de 1993: hace casi 20 y 21 años que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenía el poder de policía. Según su propia Constitución, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es continuadora de absolutamente todos los actos que relacionaban con la municipalidad, con lo cual ésta debe saber bastante en materia de subtes porque tuvo el poder de policía así como también el control y la fiscalización. Esto lo dicen concretamente los decretos. Es más: lo reconoce la propia Legislatura de la Ciudad luego, cuando ratifica el decreto 393 con la ley 373.
Entonces, aquí no hay nada nuevo. Tenemos un acta que fija responsabilidades que fueron aceptadas por el jefe de Gobierno. Todos dijeron acá con mucha precisión que constituyen la motivación del acto por el cual se implementa el aumento de tarifas y se convoca también a una audiencia pública, a celebrarse un mes después para revisar las tarifas que se habían fijado anteriormente, lo cual constituye un hecho insólito.
Voy a permitirme leer algo que dijo el senador Sanz, que me pareció muy ocurrente. Dice así: “Haré un paréntesis: pocas veces he visto que alguien colabore con tanta eficacia y pasión a ese propósito como el propio jefe de Gobierno de la Ciudad, ya que le ha servido toda la argumentación en bandeja al gobierno nacional. Quizás, el creador de la doctrina jurídica, tan añeja, de los actos propios, no hubiera encontrado nunca un mejor ejemplo para fundamentarla que la decisión del jefe de Gobierno de la Ciudad. Para quien no lo sepa, la doctrina de los actos propios es la que jurídicamente lo hace cargar a uno con el peso de sus propias decisiones y torpezas.”
Esto es lo que se dijo en el proyecto de ley que viene en revisión, donde ha sido tratado sin tanto encomio ni tampoco con tanta discordia –me refiero a la discordia jurídica el tema del traspaso de los servicios a la Ciudad.
A quienes tanto piensan en los pobres –me refiero particularmente a uno y sostienen que el mejor sistema en materia de transporte fue el de los 90, a los que sueñan que ese era el mejor tiempo de la Argentina y se enojan cuando les dicen que son la derecha liberal –como si eso fuera malo, cuando no lo es, o se ofenden cuando les dicen que participaron de ese proceso, les digo que ese fue el día que dieron el acta de defunción al servicio de transporte argentino. (Aplausos.)
De esa manera en esa entente, en el anexo I de aquella ley se incluyó a Subterráneos de Buenos Aires como sujeto a privatización con cesión total o parcial. El decreto 1.143/91 establecía que la reestructuración de servicios ferroviarios de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires se iba a llevar a cabo por medio de determinado sistema, y que la autoridad de aplicación sería el entonces ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos, con la participación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Estoy hablando de 1991. Se convocó a licitación nacional e internacional para la concesión por 20 años del Grupo de Servicios Número 3.
El resultado lo conocemos todos perfectamente, y al fin el decreto 2.608/93 aprobó todo lo actuado en el proceso por el cual se llegó a la concesión, el contrato de concesión, que en el acápite 6.4.1 estableció que la autoridad de aplicación y –agregó de regulación del servicio era la Municipalidad de Buenos Aires.
Aquí estoy hablando de 1993: hace casi 20 y 21 años que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenía el poder de policía. Según su propia Constitución, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es continuadora de absolutamente todos los actos que relacionaban con la municipalidad, con lo cual ésta debe saber bastante en materia de subtes porque tuvo el poder de policía así como también el control y la fiscalización. Esto lo dicen concretamente los decretos. Es más: lo reconoce la propia Legislatura de la Ciudad luego, cuando ratifica el decreto 393 con la ley 373.
Entonces, aquí no hay nada nuevo. Tenemos un acta que fija responsabilidades que fueron aceptadas por el jefe de Gobierno. Todos dijeron acá con mucha precisión que constituyen la motivación del acto por el cual se implementa el aumento de tarifas y se convoca también a una audiencia pública, a celebrarse un mes después para revisar las tarifas que se habían fijado anteriormente, lo cual constituye un hecho insólito.
Voy a permitirme leer algo que dijo el senador Sanz, que me pareció muy ocurrente. Dice así: “Haré un paréntesis: pocas veces he visto que alguien colabore con tanta eficacia y pasión a ese propósito como el propio jefe de Gobierno de la Ciudad, ya que le ha servido toda la argumentación en bandeja al gobierno nacional. Quizás, el creador de la doctrina jurídica, tan añeja, de los actos propios, no hubiera encontrado nunca un mejor ejemplo para fundamentarla que la decisión del jefe de Gobierno de la Ciudad. Para quien no lo sepa, la doctrina de los actos propios es la que jurídicamente lo hace cargar a uno con el peso de sus propias decisiones y torpezas.”
Esto es lo que se dijo en el proyecto de ley que viene en revisión, donde ha sido tratado sin tanto encomio ni tampoco con tanta discordia –me refiero a la discordia jurídica el tema del traspaso de los servicios a la Ciudad.
A quienes tanto piensan en los pobres –me refiero particularmente a uno y sostienen que el mejor sistema en materia de transporte fue el de los 90, a los que sueñan que ese era el mejor tiempo de la Argentina y se enojan cuando les dicen que son la derecha liberal –como si eso fuera malo, cuando no lo es, o se ofenden cuando les dicen que participaron de ese proceso, les digo que ese fue el día que dieron el acta de defunción al servicio de transporte argentino. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.
SR. GIUBERGIA, MIGUEL ANGEL (JUJUY):
Señora presidenta: en el análisis del proyecto en discusión hubiese sido importante evaluar la política de transporte de un gobierno nacional que lleva más de ocho años en funciones. Debemos revisar y analizar esta política de transporte, no sólo porque ha resultado un fracaso desde el punto de vista de la equidad y la eficiencia económica, sino también porque respecto de ella se montó un esquema permeable para la corrupción. Prueba de eso son las más de veinte causas que en la Justicia penal tiene el ex secretario de Transporte, Jaime.
La estructura del transporte es vetusta, los servicios se prestan en condiciones lamentables, y además, debemos soportar que este señor Cirigliano diga que considera aceptable un servicio de trenes que en realidad es humillante y degradante para los habitantes de la República.
A eso sumamos la soberbia de un gobierno que pretende saber todo, y la improvisación del señor jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien primero acepta el traspaso pero luego desconoce su propia firma y el acuerdo suscrito. Éstas son las características que sobresalen en el debate.
Es preciso advertir que durante la segunda mitad del siglo XX, hasta el año 1991, el servicio fue prestado ininterrumpidamente por el sector público; en ese momento, el gobierno justicialista, encabezado por el actual senador aliado del Frente para la Victoria, Carlos Saúl Menem, comienza un proceso de concesión al sector privado, que se perfecciona en tres años.
En 1999, mediante una adenda de contrato de concesión que establece la relación entre el Estado nacional y la empresa, se transfieren las facultades de control y de fiscalización de subtes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un año más tarde, la Legislatura porteña adhirió y ratificó los términos de la transferencia mediante la sanción de la ley 373. En consecuencia, la titularidad de los subtes, desde hace tiempo, es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sin embargo, esa norma no fue operativa inmediatamente de sancionada ni durante la presidencia de Néstor Kirchner ni en el inicio, en 2007, del gobierno de la actual jefa de Estado. Hoy, nos encontramos con que, repentinamente, se decide transferir el subte a la Ciudad de Buenos Aires.
¿Qué pasó para que, de un día para otro, recuperara la idea del federalismo una administración que ha centralizado la distribución de los recursos fiscales como ninguna otra en el período democrático iniciado en 1983, que ha concentrado para sí la mayor parte del aumento de la recaudación tributaria registrada en el país tras la salida de la crisis, que ha hecho de la discrecionalidad en el gasto uno de los sellos distintivos de su administración, que ha puesto de rodillas a gobernadores e intendentes ávidos de recursos? La respuesta está en la palabra “subsidios”.
Los subsidios al transporte y a la energía prácticamente han llegado, en el año 2011, a la suma de 80.000 millones de pesos. Esa cantidad representa un monto importante del presupuesto, pero constituye una trampa de la que el gobierno no sabe cómo salir. Por eso, desde el Poder Ejecutivo se propone transferir al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la administración de los subtes, y además, de treinta y tres líneas de colectivos.
Entonces, nosotros nos preguntamos y decimos...
La estructura del transporte es vetusta, los servicios se prestan en condiciones lamentables, y además, debemos soportar que este señor Cirigliano diga que considera aceptable un servicio de trenes que en realidad es humillante y degradante para los habitantes de la República.
A eso sumamos la soberbia de un gobierno que pretende saber todo, y la improvisación del señor jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien primero acepta el traspaso pero luego desconoce su propia firma y el acuerdo suscrito. Éstas son las características que sobresalen en el debate.
Es preciso advertir que durante la segunda mitad del siglo XX, hasta el año 1991, el servicio fue prestado ininterrumpidamente por el sector público; en ese momento, el gobierno justicialista, encabezado por el actual senador aliado del Frente para la Victoria, Carlos Saúl Menem, comienza un proceso de concesión al sector privado, que se perfecciona en tres años.
En 1999, mediante una adenda de contrato de concesión que establece la relación entre el Estado nacional y la empresa, se transfieren las facultades de control y de fiscalización de subtes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un año más tarde, la Legislatura porteña adhirió y ratificó los términos de la transferencia mediante la sanción de la ley 373. En consecuencia, la titularidad de los subtes, desde hace tiempo, es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sin embargo, esa norma no fue operativa inmediatamente de sancionada ni durante la presidencia de Néstor Kirchner ni en el inicio, en 2007, del gobierno de la actual jefa de Estado. Hoy, nos encontramos con que, repentinamente, se decide transferir el subte a la Ciudad de Buenos Aires.
¿Qué pasó para que, de un día para otro, recuperara la idea del federalismo una administración que ha centralizado la distribución de los recursos fiscales como ninguna otra en el período democrático iniciado en 1983, que ha concentrado para sí la mayor parte del aumento de la recaudación tributaria registrada en el país tras la salida de la crisis, que ha hecho de la discrecionalidad en el gasto uno de los sellos distintivos de su administración, que ha puesto de rodillas a gobernadores e intendentes ávidos de recursos? La respuesta está en la palabra “subsidios”.
Los subsidios al transporte y a la energía prácticamente han llegado, en el año 2011, a la suma de 80.000 millones de pesos. Esa cantidad representa un monto importante del presupuesto, pero constituye una trampa de la que el gobierno no sabe cómo salir. Por eso, desde el Poder Ejecutivo se propone transferir al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la administración de los subtes, y además, de treinta y tres líneas de colectivos.
Entonces, nosotros nos preguntamos y decimos...
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Señor diputado Giubergia: se le terminó el tiempo. Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor diputado por San Juan.
Tiene la palabra el señor diputado por San Juan.
SR. TOMAS, HECTOR DANIEL (SAN JUAN ):
Señora presidenta: en realidad, hemos escuchado que tal vez la discusión sea partidaria, y se plantea como que es entre la Nación y la Ciudad Autónoma, o entre dos fuerzas políticas.
En San Juan no tenemos subterráneo. Nos gustaría tenerlo y que subsidien éste y otros servicios públicos.
Pero en realidad a nosotros nos convoca el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo, que concretamente dice: “Garantizar la distribución equitativa de los recursos del Estado entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de servicios públicos de transporte”.
Creo que esto es lo que nos tiene que mover porque, en realidad, cuando hablamos de federalismo y de distribución, hablamos no solamente de 5 millones de habitantes sino de los 40 millones de argentinos, de los cuales más de 30 millones pertenecen justamente a nuestras provincias del interior, incluso a la de Buenos Aires.
Tal como sugirió una legisladora preopinante, si a Scioli se le propone esta posibilidad, él aceptaría con mucho gusto. ¿Saben por qué? Porque cada uno de los estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque sea una figura distinta, tienen no sólo el derecho sino también la obligación de controlar y fiscalizar nuestros servicios públicos.
La discusión respecto de un Estado federal no se centra solamente en el tema de servicios previsto en el artículo 75, inciso 2º, de la Constitución sino también en el inciso 12. Fíjense que cuando se habla de código, de jurisdicción federal y de jurisdicción provincial se centra todo en un concepto básico que es eje en estos temas. Un Estado federal es un conjunto de centros territoriales que tienen capacidad normativa y autonomía para determinar cada uno de sus servicios y los controles y fiscalización, en un equilibrio entre la Nación y las provincias. Esto lo tienen cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma, y también lo tienen y ya nos referimos al inciso 2º en materia de servicios de transporte, que es donde nosotros tenemos que centrarnos.
Hemos escuchado muchos cuestionamientos y críticas en el sentido de que esta ley no sirve y que vamos a terminar en la Corte Suprema de Justicia, pero no hemos escuchado de parte de ningún legislador de la Ciudad Autónoma que se haga referencia a cómo solucionarían ellos la situación del servicio de transporte. No hemos escuchado a nadie en este sentido. Simplemente, se traza un horizonte terrorífico.
¿Qué va a pasar con los usuarios? Si cada una de las provincias se hace cargo de sus servicios, indudablemente todos nos vamos a beneficiar.
Cuando se habla de recursos y esto tiene que quedar en claro no se hace referencia a los subsidios, porque ellos constituyen una política definida por la Nación en materia de servicios de transporte. Este es un tema ajeno al servicio de transporte. De lo contrario, pensemos qué pasaría si transferimos todos los servicios, si sacamos los subsidios y luego mantenemos solamente los correspondientes al transporte interjurisdiccional. A nadie se le ocurriría que hay que reclamar a la Nación los servicios de ese transporte interjurisdiccional.
Con respecto al tema de la igualdad, creo que es un error perpetuar en el tiempo esta situación. Lo que tenemos que lograr es justamente lo contrario. Para alcanzar la igualdad tenemos que lograr que todas las provincias, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tengan las mismas obligaciones, fiscalización y control de manera que todos estemos en un pie de igualdad.
La otra discusión que se puede llegar a dar se refiere a la procedencia de los recursos de la Ciudad Autónoma. En este sentido, existe un fallo muy importante: “Transportes Vidal contra la provincia de Mendoza”, donde se determinó que cada una de las jurisdicciones políticas que tengan competencia para establecer tributos lo puedan hacer, siempre y cuando no dificulten ni generen mayores costos al contribuyente.
Por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, concretamente, puede aplicar el impuesto sobre los ingresos brutos al transporte interjurisdiccional.
Para no extenderme demasiado, señora presidenta, concretamente propongo una distribución equitativa de los recursos del Estado entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; es decir, un sistema federal que imponga que los servicios locales son resorte exclusivo de las autoridades locales. El Estado nacional destina recursos propios para que se pueda asegurar este servicio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que debe afrontar la gestión y administración en su órbita...
En San Juan no tenemos subterráneo. Nos gustaría tenerlo y que subsidien éste y otros servicios públicos.
Pero en realidad a nosotros nos convoca el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo, que concretamente dice: “Garantizar la distribución equitativa de los recursos del Estado entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de servicios públicos de transporte”.
Creo que esto es lo que nos tiene que mover porque, en realidad, cuando hablamos de federalismo y de distribución, hablamos no solamente de 5 millones de habitantes sino de los 40 millones de argentinos, de los cuales más de 30 millones pertenecen justamente a nuestras provincias del interior, incluso a la de Buenos Aires.
Tal como sugirió una legisladora preopinante, si a Scioli se le propone esta posibilidad, él aceptaría con mucho gusto. ¿Saben por qué? Porque cada uno de los estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque sea una figura distinta, tienen no sólo el derecho sino también la obligación de controlar y fiscalizar nuestros servicios públicos.
La discusión respecto de un Estado federal no se centra solamente en el tema de servicios previsto en el artículo 75, inciso 2º, de la Constitución sino también en el inciso 12. Fíjense que cuando se habla de código, de jurisdicción federal y de jurisdicción provincial se centra todo en un concepto básico que es eje en estos temas. Un Estado federal es un conjunto de centros territoriales que tienen capacidad normativa y autonomía para determinar cada uno de sus servicios y los controles y fiscalización, en un equilibrio entre la Nación y las provincias. Esto lo tienen cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma, y también lo tienen y ya nos referimos al inciso 2º en materia de servicios de transporte, que es donde nosotros tenemos que centrarnos.
Hemos escuchado muchos cuestionamientos y críticas en el sentido de que esta ley no sirve y que vamos a terminar en la Corte Suprema de Justicia, pero no hemos escuchado de parte de ningún legislador de la Ciudad Autónoma que se haga referencia a cómo solucionarían ellos la situación del servicio de transporte. No hemos escuchado a nadie en este sentido. Simplemente, se traza un horizonte terrorífico.
¿Qué va a pasar con los usuarios? Si cada una de las provincias se hace cargo de sus servicios, indudablemente todos nos vamos a beneficiar.
Cuando se habla de recursos y esto tiene que quedar en claro no se hace referencia a los subsidios, porque ellos constituyen una política definida por la Nación en materia de servicios de transporte. Este es un tema ajeno al servicio de transporte. De lo contrario, pensemos qué pasaría si transferimos todos los servicios, si sacamos los subsidios y luego mantenemos solamente los correspondientes al transporte interjurisdiccional. A nadie se le ocurriría que hay que reclamar a la Nación los servicios de ese transporte interjurisdiccional.
Con respecto al tema de la igualdad, creo que es un error perpetuar en el tiempo esta situación. Lo que tenemos que lograr es justamente lo contrario. Para alcanzar la igualdad tenemos que lograr que todas las provincias, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tengan las mismas obligaciones, fiscalización y control de manera que todos estemos en un pie de igualdad.
La otra discusión que se puede llegar a dar se refiere a la procedencia de los recursos de la Ciudad Autónoma. En este sentido, existe un fallo muy importante: “Transportes Vidal contra la provincia de Mendoza”, donde se determinó que cada una de las jurisdicciones políticas que tengan competencia para establecer tributos lo puedan hacer, siempre y cuando no dificulten ni generen mayores costos al contribuyente.
Por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, concretamente, puede aplicar el impuesto sobre los ingresos brutos al transporte interjurisdiccional.
Para no extenderme demasiado, señora presidenta, concretamente propongo una distribución equitativa de los recursos del Estado entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; es decir, un sistema federal que imponga que los servicios locales son resorte exclusivo de las autoridades locales. El Estado nacional destina recursos propios para que se pueda asegurar este servicio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que debe afrontar la gestión y administración en su órbita...
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Su tiempo ha concluido, señor diputado.
Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SRA. BERTOL, PAULA MARIA (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señora presidenta: me distraeré un minuto de mi discurso debido a que algunos diputados del Frente para la Victoria continúan “recortando” la historia.
Para mí, recortar la historia es construir un relato. Cuando se dice que la historia comienza con una política de transporte que fracasó con Carlos Saúl Menem y sus esbirros, no puedo evitar recordar un famoso video hecho por el periodista López Masía, donde muestra a quienes comparaban a Carlos Saúl Menem con Perón.
Creo que no decir la verdad o no decir toda la verdad es como sufrir una amnesia total. Me parece que recortar el relato y convertir al ex presidente en un santo no es lo que le hará bien a este país.
En verdad, no salgo de mi asombro cuando mencionan el mote de “neoliberales” y cuando ignoran quién fue Carlos Saúl Menem, quiénes estuvieron con él y quiénes participaron de su gobierno.
Estuve muchas horas en la Biblioteca leyendo la intervención de la actual presidenta en la Convención Constituyente de 1994, donde hablaba permanentemente de “nosotros”, haciéndose parte de ese primer y segundo gobierno. No entiendo cuál es el relato o la historia que están contando ni por qué la recortan permanentemente.
Pido disculpas por haberme alejado de lo que quería decir, pero en esta saga de incumplimientos que han mencionado los diputados Tonelli, Michetti y Pinedo quiero recordar que en 2007 hubo una reforma a la ley Cafiero, donde se introducía una cláusula transitoria, que por supuesto está en pie y dice textualmente: “Definidas por el gobierno nacional las estructuras necesarias para garantizar sus competencias federales, celebrará con la Ciudad de Buenos Aires los convenios necesarios para hacer efectivo lo establecido en el artículo 1° de la presente ley, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6° de la ley 24.588.”
Así, en la Legislatura todos hablaban de alcanzar un convenio para traspasar, en primer lugar, la seguridad a la Ciudad de Buenos Aires. Quiero recordar que desde ese año hasta la fecha, el gobierno nacional no se ha sentado para analizar, en el tema de la seguridad, qué estructuras necesita para custodiar, por ejemplo, a la presidenta y a los organismos nacionales, contando con catorce mil agentes federales y cincuenta y tres comisarías, a las que sigue manejando, en los distintos barrios porteños. Me parece que esta es una afrenta al sentido común y que no empieza con este tema, ya que es un conflicto permanente el que el gobierno nacional le plantea a la Ciudad de Buenos Aires.
Como decían algunos de mis compañeros, estamos analizando un conflicto insoslayable e indisimulable, que el gobierno nacional atiza e impulsa en forma permanente, como si fuera un experto, que creo que lo es.
Se trata de un conflicto de poderes y, como dice Foucault, el poder es relacionar. En esta relación hay alguien que maneja la caja, los poderes y los recursos, y este es uno de los motivos por los que debatimos este proyecto del Poder Ejecutivo, que en nada soluciona los problemas de la gente que tiene nombre y apellido.
Tarde o temprano nos daremos cuenta de que los conflictos escalan de esta forma. Cuando ellos escalan, terminan en violencia y, en realidad, la forma de resolver los conflictos es sentarse a una mesa de negociación.
Creo que todos los representantes del pueblo deberíamos tener un poco más de cuidado, porque no es un conflicto exclusivo con la Ciudad de Buenos Aires, sino que también puede derivar en conflictos con el resto de las provincias.
De hecho, hay muchos otros actores que están involucrados en la escalada de conflictos: no son solamente las provincias.
Por último, me imagino que cuando cerremos esta votación, muchos van a aplaudir, se van a abrazar.Muchos creerán que con esta ley logran cosas importantes. Nosotros sostenemos que quien define el traspaso es la Legislatura de nuestra ciudad. Esto es lo constitucional. También creemos que no se puede hacer un traspaso sin recursos, violando la Constitución.
Por último, creo que aquí algunos van a festejar una victoria a lo Pirro. (Aplausos.)
Para mí, recortar la historia es construir un relato. Cuando se dice que la historia comienza con una política de transporte que fracasó con Carlos Saúl Menem y sus esbirros, no puedo evitar recordar un famoso video hecho por el periodista López Masía, donde muestra a quienes comparaban a Carlos Saúl Menem con Perón.
Creo que no decir la verdad o no decir toda la verdad es como sufrir una amnesia total. Me parece que recortar el relato y convertir al ex presidente en un santo no es lo que le hará bien a este país.
En verdad, no salgo de mi asombro cuando mencionan el mote de “neoliberales” y cuando ignoran quién fue Carlos Saúl Menem, quiénes estuvieron con él y quiénes participaron de su gobierno.
Estuve muchas horas en la Biblioteca leyendo la intervención de la actual presidenta en la Convención Constituyente de 1994, donde hablaba permanentemente de “nosotros”, haciéndose parte de ese primer y segundo gobierno. No entiendo cuál es el relato o la historia que están contando ni por qué la recortan permanentemente.
Pido disculpas por haberme alejado de lo que quería decir, pero en esta saga de incumplimientos que han mencionado los diputados Tonelli, Michetti y Pinedo quiero recordar que en 2007 hubo una reforma a la ley Cafiero, donde se introducía una cláusula transitoria, que por supuesto está en pie y dice textualmente: “Definidas por el gobierno nacional las estructuras necesarias para garantizar sus competencias federales, celebrará con la Ciudad de Buenos Aires los convenios necesarios para hacer efectivo lo establecido en el artículo 1° de la presente ley, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6° de la ley 24.588.”
Así, en la Legislatura todos hablaban de alcanzar un convenio para traspasar, en primer lugar, la seguridad a la Ciudad de Buenos Aires. Quiero recordar que desde ese año hasta la fecha, el gobierno nacional no se ha sentado para analizar, en el tema de la seguridad, qué estructuras necesita para custodiar, por ejemplo, a la presidenta y a los organismos nacionales, contando con catorce mil agentes federales y cincuenta y tres comisarías, a las que sigue manejando, en los distintos barrios porteños. Me parece que esta es una afrenta al sentido común y que no empieza con este tema, ya que es un conflicto permanente el que el gobierno nacional le plantea a la Ciudad de Buenos Aires.
Como decían algunos de mis compañeros, estamos analizando un conflicto insoslayable e indisimulable, que el gobierno nacional atiza e impulsa en forma permanente, como si fuera un experto, que creo que lo es.
Se trata de un conflicto de poderes y, como dice Foucault, el poder es relacionar. En esta relación hay alguien que maneja la caja, los poderes y los recursos, y este es uno de los motivos por los que debatimos este proyecto del Poder Ejecutivo, que en nada soluciona los problemas de la gente que tiene nombre y apellido.
Tarde o temprano nos daremos cuenta de que los conflictos escalan de esta forma. Cuando ellos escalan, terminan en violencia y, en realidad, la forma de resolver los conflictos es sentarse a una mesa de negociación.
Creo que todos los representantes del pueblo deberíamos tener un poco más de cuidado, porque no es un conflicto exclusivo con la Ciudad de Buenos Aires, sino que también puede derivar en conflictos con el resto de las provincias.
De hecho, hay muchos otros actores que están involucrados en la escalada de conflictos: no son solamente las provincias.
Por último, me imagino que cuando cerremos esta votación, muchos van a aplaudir, se van a abrazar.Muchos creerán que con esta ley logran cosas importantes. Nosotros sostenemos que quien define el traspaso es la Legislatura de nuestra ciudad. Esto es lo constitucional. También creemos que no se puede hacer un traspaso sin recursos, violando la Constitución.
Por último, creo que aquí algunos van a festejar una victoria a lo Pirro. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra la señora diputada por Misiones.
SRA. LEVERBERG, STELLA MARIS (MISIONES):
Señora presidenta: quisiera anticipar mi voto favorable a la iniciativa del gobierno nacional de trasferir el control de subtes, premetro, tranvía y 33 líneas de colectivos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que –vale aclarar es la jurisdicción más rica del país, y cuenta con los recursos necesarios para afrontar la trasferencia de la red, y con un jefe de Gobierno porteño que aceptó esa decisión, firmando el acta acuerdo el 3 de enero de 2012, junto al ministro de Planificación, Julio de Vido.
Allí se sostiene que la Ciudad ratifica en ese acto la decisión de aceptar la trasferencia de la concesión de la red de subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aclara que la Ciudad asume a partir de la firma de la presente, el control y fiscalización del contrato de concesión en su totalidad. Y en el punto tercero se fija la obligación de la Nación de pagar la suma de 360 millones de pesos por un año, contado a partir de la firma del convenio, abonando en doce cuotas mensuales.
Asimismo, el Gobierno de la Ciudad no sólo firmó este acuerdo, sino que también lo ratificó aún más decretando para los subterráneos un aumento de tarifa del 127 por ciento, elevándola de 1,10 a 2,50 pesos. Al valor de la tarifa actual de 2,50 habría que sumarle los millones de pesos mensuales que la Nación se comprometió a otorgar durante todo el año 2012 en concepto de subsidio.
Es por lo menos imprudente que la única alternativa que presente el Gobierno de la Ciudad sea la de un aumento del boleto.
Pero no se puede aprobar a la ligera un aumento de tarifa de 127 por ciento y echarse atrás en la posesión de los subtes, cuando el actual jefe de Gobierno porteño, en su campaña del año 2007, anunció que los subterráneos iban a ser un eje clave de su política de transporte y prometió construir 10 kilómetros de subte por año.
No tiene sentido alguno que la Nación tenga que seguir sosteniendo un sistema que beneficia a los que más tienen, a quienes premia con servicios baratos, cuando en ello se vuelca no sólo dinero, sino tiempo y esfuerzo que necesitan miles de argentinos en la búsqueda de soluciones estructurales, como ser el acceso al gas por redes, por citar un ejemplo, problemática que todavía nos aqueja en el NEA.
No podemos permitirnos en el interior costos altos, como en el gas envasado, combustibles, agua y luz, cuando parte de nuestros impuestos se distraen en sostener la tranquilidad del gobierno del distrito más rico de la Nación.
Hay muchas ciudades del país, entre ellas Posadas, Misiones, de donde yo vengo, con una alta tasa de crecimiento demográfico y demandas de conectividad, de servicios más modernos y baratos, pero a ningún intendente o gobernador se le ocurre que el Estado nacional le administre las líneas de colectivas urbanos o interurbanos. Es una gran inversión de tiempo y esfuerzo que debe hacer con responsabilidad cada jurisdicción.
Mucho menos podríamos hablar los misioneros de los subtes, de los cuales ni siquiera, como en el resto del país, tenemos proyectos a futuro. De hecho, las capitales del NEA ni siquiera tienen tranvías o trenes urbanos que permitan conectividad económica y fluida con sus conurbanos. El único servicio que se tenía era el de “El Gran Capitán”, que hacía su recorrido de Buenos Aires a Posadas y al cual le retiraron la licencia por precario e inseguro.
En este contexto, señora presidenta, entiendo que el presente proyecto enviado, por el gobierno nacional, representa una etapa que la presidenta ha definido como de “sintonía fina”, voluntad política, trabajo en conjunto y compromiso colectivo.
Es por eso que apoyo esta decisión que representa muy bien esa “sintonía fina” y que también cumple con los anhelos de las provincias del interior del país de ponerle punto final a las desigualdades territoriales, para lo que se requiere, ante todo, cortar las ventajas que favorecen a unos por sobre los demás.
Néstor Kirchner comenzó a pagar la deuda interna con los argentinos. Nunca este gobierno miró para un costado; fue hasta trasgresor en el ánimo de mejorar la calidad de vida de la gente.
Señor Macri: no se firma con la mano y se borra con el codo, como usted lo ha hecho. (Aplausos.) No hay que subestimar con gatopardismo el avance sobre la clase trabajadora y el apego a la desigualdad en desmedro de los que menos tienen.
La recuperación de la política para la gente y la participación de los jóvenes en las definiciones de las políticas de Estado son la muestra clara de que el rumbo del gobierno nacional ya está arraigado en el corazón de la gente de este país. Es justamente porque nos hacemos cargo de los compromisos asumidos, lo que se nota en cada acción que se lleva adelante. Eso lo podemos ver con todo lo que se ha hecho. Por ejemplo, la recuperación de la educación pública como una herramienta transformadora: por primera vez hubo seis puntos del PBI invertidos en la escuela pública argentina, además de la vinculación con el mundo de la tecnología a través de la entrega de netbooks. Ahí se está pagando la deuda interna con el pueblo y con el sector más vulnerable.
Creo firmemente que el modelo nacional y popular, representado por nuestra presidenta Cristina Fernández, es valentía y decisión por todos los que menos tienen. (Aplausos.)
Allí se sostiene que la Ciudad ratifica en ese acto la decisión de aceptar la trasferencia de la concesión de la red de subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aclara que la Ciudad asume a partir de la firma de la presente, el control y fiscalización del contrato de concesión en su totalidad. Y en el punto tercero se fija la obligación de la Nación de pagar la suma de 360 millones de pesos por un año, contado a partir de la firma del convenio, abonando en doce cuotas mensuales.
Asimismo, el Gobierno de la Ciudad no sólo firmó este acuerdo, sino que también lo ratificó aún más decretando para los subterráneos un aumento de tarifa del 127 por ciento, elevándola de 1,10 a 2,50 pesos. Al valor de la tarifa actual de 2,50 habría que sumarle los millones de pesos mensuales que la Nación se comprometió a otorgar durante todo el año 2012 en concepto de subsidio.
Es por lo menos imprudente que la única alternativa que presente el Gobierno de la Ciudad sea la de un aumento del boleto.
Pero no se puede aprobar a la ligera un aumento de tarifa de 127 por ciento y echarse atrás en la posesión de los subtes, cuando el actual jefe de Gobierno porteño, en su campaña del año 2007, anunció que los subterráneos iban a ser un eje clave de su política de transporte y prometió construir 10 kilómetros de subte por año.
No tiene sentido alguno que la Nación tenga que seguir sosteniendo un sistema que beneficia a los que más tienen, a quienes premia con servicios baratos, cuando en ello se vuelca no sólo dinero, sino tiempo y esfuerzo que necesitan miles de argentinos en la búsqueda de soluciones estructurales, como ser el acceso al gas por redes, por citar un ejemplo, problemática que todavía nos aqueja en el NEA.
No podemos permitirnos en el interior costos altos, como en el gas envasado, combustibles, agua y luz, cuando parte de nuestros impuestos se distraen en sostener la tranquilidad del gobierno del distrito más rico de la Nación.
Hay muchas ciudades del país, entre ellas Posadas, Misiones, de donde yo vengo, con una alta tasa de crecimiento demográfico y demandas de conectividad, de servicios más modernos y baratos, pero a ningún intendente o gobernador se le ocurre que el Estado nacional le administre las líneas de colectivas urbanos o interurbanos. Es una gran inversión de tiempo y esfuerzo que debe hacer con responsabilidad cada jurisdicción.
Mucho menos podríamos hablar los misioneros de los subtes, de los cuales ni siquiera, como en el resto del país, tenemos proyectos a futuro. De hecho, las capitales del NEA ni siquiera tienen tranvías o trenes urbanos que permitan conectividad económica y fluida con sus conurbanos. El único servicio que se tenía era el de “El Gran Capitán”, que hacía su recorrido de Buenos Aires a Posadas y al cual le retiraron la licencia por precario e inseguro.
En este contexto, señora presidenta, entiendo que el presente proyecto enviado, por el gobierno nacional, representa una etapa que la presidenta ha definido como de “sintonía fina”, voluntad política, trabajo en conjunto y compromiso colectivo.
Es por eso que apoyo esta decisión que representa muy bien esa “sintonía fina” y que también cumple con los anhelos de las provincias del interior del país de ponerle punto final a las desigualdades territoriales, para lo que se requiere, ante todo, cortar las ventajas que favorecen a unos por sobre los demás.
Néstor Kirchner comenzó a pagar la deuda interna con los argentinos. Nunca este gobierno miró para un costado; fue hasta trasgresor en el ánimo de mejorar la calidad de vida de la gente.
Señor Macri: no se firma con la mano y se borra con el codo, como usted lo ha hecho. (Aplausos.) No hay que subestimar con gatopardismo el avance sobre la clase trabajadora y el apego a la desigualdad en desmedro de los que menos tienen.
La recuperación de la política para la gente y la participación de los jóvenes en las definiciones de las políticas de Estado son la muestra clara de que el rumbo del gobierno nacional ya está arraigado en el corazón de la gente de este país. Es justamente porque nos hacemos cargo de los compromisos asumidos, lo que se nota en cada acción que se lleva adelante. Eso lo podemos ver con todo lo que se ha hecho. Por ejemplo, la recuperación de la educación pública como una herramienta transformadora: por primera vez hubo seis puntos del PBI invertidos en la escuela pública argentina, además de la vinculación con el mundo de la tecnología a través de la entrega de netbooks. Ahí se está pagando la deuda interna con el pueblo y con el sector más vulnerable.
Creo firmemente que el modelo nacional y popular, representado por nuestra presidenta Cristina Fernández, es valentía y decisión por todos los que menos tienen. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATTARAZZO)
Ha concluido su tiempo, señora diputada.
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
SRA. PUCHETA, RAMONA (BUENOS AIRES):
Señora presidenta: cuando ando por los pasillos o en los ascensores, escucho a algunos colegas decir que este año va a ser un año legislativo bastante movidito, pero me gustaría que algunas de las sesiones exprés que se hacen acá sean para mejorar la calidad de vida de mis compañeros, de mi pueblo, de la Argentina y de todos los que menos tenemos.
Quisiera estar acá debatiendo cómo hacer planes de vivienda. Quisiera estar acá para llevar a mi pueblo una justa discusión sobre trabajo genuino, que es lo que nos está faltando. ¿Por qué no lo tenemos? Porque acá el gobierno nacional y el Gobierno de la Ciudad están discutiendo cómo pagan el costo político de ellos, sin importarles cómo viajamos día a día. Digo “cómo viajamos” porque yo soy una de esas personas que todos los días viaja en los medios públicos de transporte. Por eso, sé cómo se viaja; viajamos colgados para poder llegar a nuestro trabajo, porque vivimos de nuestro trabajo.
Entonces, señora presidenta, nosotros nos vamos a abstener de votar porque no vemos una decisión política que sea para los que menos tenemos. La decisión se toma siempre pensando en ellos y para ellos. (Aplausos.)
Quisiera estar acá debatiendo cómo hacer planes de vivienda. Quisiera estar acá para llevar a mi pueblo una justa discusión sobre trabajo genuino, que es lo que nos está faltando. ¿Por qué no lo tenemos? Porque acá el gobierno nacional y el Gobierno de la Ciudad están discutiendo cómo pagan el costo político de ellos, sin importarles cómo viajamos día a día. Digo “cómo viajamos” porque yo soy una de esas personas que todos los días viaja en los medios públicos de transporte. Por eso, sé cómo se viaja; viajamos colgados para poder llegar a nuestro trabajo, porque vivimos de nuestro trabajo.
Entonces, señora presidenta, nosotros nos vamos a abstener de votar porque no vemos una decisión política que sea para los que menos tenemos. La decisión se toma siempre pensando en ellos y para ellos. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATTARAZZO)
Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
SR. SOLANAS, JULIO RODOLFO (ENTRE RIOS):
Señora presidenta: escuchando a varios diputados y diputadas vienen a mi memoria los pedidos que tanto en la televisión argentina como en los diarios de Buenos Aires, y en los que llegan a las provincias, hacía el jefe de Gobierno Mauricio Macri cuando pedía a gritos que se le transfieran los subtes y los servicios públicos. Esto ocurrió todo el año pasado. En rigor de verdad, el hombre lo decía con coraje y decisión, pero después no cumplió el acta que firmó el 3 de enero.
Ello también me recordaba mis tiempos de intendente en la ciudad de Paraná, cuando discutíamos con los empresarios, los ciudadanos y los concejales para ponernos de acuerdo en el precio del boleto.
En verdad, señora presidenta, estamos asistiendo a un acto absolutamente de evidenciable inequidad con respecto a este tema. Los de tierra adentro vivimos el problema de la inequidad desde el año 2003. Recuerdo que en aquel momento se subsidiaba el gasoil, pero mientras en la Capital Federal y en el conurbano se subsidiaba en un ciento por ciento, en las provincias del interior no se subsidiaba o se subsidiaba mucho menos.
También en aquel momento, en la resolución 337/2004, de la Secretaría de Transporte, se dispuso la siguiente modalidad de distribución del subsidio: 50 por ciento por el monto obtenido, un 25 por ciento por los pasajeros transportados y un 25 por ciento por los kilómetros recorridos.
También las provincias, pero fundamentalmente los usuarios, se vieron totalmente conmovidos por la realidad de la inequidad: el 71 por ciento del subsidio era para la Capital Federal y solamente el 29 por ciento para la provincia de Buenos Aires el conurbano, hasta 60 kilómetros. En realidad, esto impactaba en los usuarios. Por eso, decididamente creemos que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo tiene un sentido correcto.
No hay puja política; hay puja de intereses económicos de empresas y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el resto de las provincias. No me cabe ninguna duda al respecto. Que las provincias tengan una tarifa que oscila entre 2,50 y 3,50 pesos, y que estemos pagando al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es una inequidad. En este sentido, estamos estableciendo el primer criterio importante del traspaso: ocuparnos del usuario, del que sufre día a día por esta inequidad.
Seguramente, no nos juzgarán diciendo –como manifestaron algunos- que nos hemos equivocado y planteamos sólo la puja entre un gobierno y otro. Al contrario, puedo asegurar que en la provincia de Entre Ríos la mayoría de las legislaturas municipales, intendentes y usuarios están convencidos de que el que estamos dando es el paso acertado.
Por eso, con todas mis fuerzas, sin ponerme colorado y con la responsabilidad que me corresponde digo al jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumpla con su responsabilidad y haga funcionar los subtes como él quería cuando pretendía el traspaso. Evidentemente, este es un enorme paso que contribuirá al fortalecimiento de los más débiles de la patria que trabajan todos los días, toman el transporte público de pasajeros y viven en el interior real, no sólo en la Capital Federal.
Los hombres y mujeres del Frente para la Victoria sentimos congoja por las cincuenta y un víctimas de la tragedia de Once; sentimos dolor, pero jamás consideraremos esa pérdida como una cuestión política. (Aplausos.)
Ello también me recordaba mis tiempos de intendente en la ciudad de Paraná, cuando discutíamos con los empresarios, los ciudadanos y los concejales para ponernos de acuerdo en el precio del boleto.
En verdad, señora presidenta, estamos asistiendo a un acto absolutamente de evidenciable inequidad con respecto a este tema. Los de tierra adentro vivimos el problema de la inequidad desde el año 2003. Recuerdo que en aquel momento se subsidiaba el gasoil, pero mientras en la Capital Federal y en el conurbano se subsidiaba en un ciento por ciento, en las provincias del interior no se subsidiaba o se subsidiaba mucho menos.
También en aquel momento, en la resolución 337/2004, de la Secretaría de Transporte, se dispuso la siguiente modalidad de distribución del subsidio: 50 por ciento por el monto obtenido, un 25 por ciento por los pasajeros transportados y un 25 por ciento por los kilómetros recorridos.
También las provincias, pero fundamentalmente los usuarios, se vieron totalmente conmovidos por la realidad de la inequidad: el 71 por ciento del subsidio era para la Capital Federal y solamente el 29 por ciento para la provincia de Buenos Aires el conurbano, hasta 60 kilómetros. En realidad, esto impactaba en los usuarios. Por eso, decididamente creemos que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo tiene un sentido correcto.
No hay puja política; hay puja de intereses económicos de empresas y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el resto de las provincias. No me cabe ninguna duda al respecto. Que las provincias tengan una tarifa que oscila entre 2,50 y 3,50 pesos, y que estemos pagando al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es una inequidad. En este sentido, estamos estableciendo el primer criterio importante del traspaso: ocuparnos del usuario, del que sufre día a día por esta inequidad.
Seguramente, no nos juzgarán diciendo –como manifestaron algunos- que nos hemos equivocado y planteamos sólo la puja entre un gobierno y otro. Al contrario, puedo asegurar que en la provincia de Entre Ríos la mayoría de las legislaturas municipales, intendentes y usuarios están convencidos de que el que estamos dando es el paso acertado.
Por eso, con todas mis fuerzas, sin ponerme colorado y con la responsabilidad que me corresponde digo al jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumpla con su responsabilidad y haga funcionar los subtes como él quería cuando pretendía el traspaso. Evidentemente, este es un enorme paso que contribuirá al fortalecimiento de los más débiles de la patria que trabajan todos los días, toman el transporte público de pasajeros y viven en el interior real, no sólo en la Capital Federal.
Los hombres y mujeres del Frente para la Victoria sentimos congoja por las cincuenta y un víctimas de la tragedia de Once; sentimos dolor, pero jamás consideraremos esa pérdida como una cuestión política. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra el señor diputado Pérez.
SR. PEREZ, ALBERTO JOSE (SAN LUIS):
Señora presidenta: vengo de la provincia de San Luis, a ochocientos kilómetros de la Capital Federal, hecho que me permite mirar y analizar este tema con total objetividad.
Leyendo el mensaje 341/12 advierto expresiones como, por ejemplo, garantizar la distribución equitativa de los recursos del Estado entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; que dichos servicios representan el uso de recursos presupuestarios de gran relevancia por parte del Estado nacional, con cargo a todas las provincias del país sin recibir éstas una contraprestación equivalente; que la situación actual atenta fundamentalmente contra la justa y equitativa distribución de los recursos del Estado nacional, y que pretender continuar con esta situación implica mantener a la Ciudad en una mejor situación respecto de las provincias que integran la Nación.
Con este prólogo pensé que las provincias tenían que opinar por qué era un tema de interés para todas ellas. Sin embargo, en el proyecto de ley nada se dice de los otros estados provinciales; sólo se hace referencia a la relación Ciudad Autónoma de Buenos Aires y gobierno nacional.
En esta iniciativa se ratifica la transferencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los servicios de transportes subterráneos y premetro, tranvía de Puerto Madero y 33 líneas de colectivos, dispuesta en el marco de las leyes 23.696, de reforma del Estado, y 24.588 que garantiza los intereses del Estado nacional en la Ciudad Autónoma. El aludido mensaje es de fecha 8 de marzo y el actaacuerdo que se quiere ratificar es del 3 de enero, también de este año y, hasta donde yo sé, tiene principio de ejecución.
En este documento se dispone que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ratifica la decisión de aceptar la transferencia de la concesión de la red. Ahí se habla de subsidios por un período, lo mismo que en el mensaje, pero no se dice nada del destino que va a tener el subsidio ni qué controles se van a realizar a esos subsidios que se otorgaren, es decir que la transferencia se hace sin la correspondiente reasignación de recursos; se le otorga un subsidio por un período determinado y después el servicio deberá ser financiado por el estado receptor.
Reitero que a pesar de todo lo que expresa el mensaje 341, que mencioné al principio de mi intervención, tras una lectura detenida del proyecto de ley, debo decir que esto al resto de las provincias no las beneficia ni perjudica. Para mí se trata de un conflicto de intereses con un trasfondo político entre la administración nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por lo tanto, no entiendo por qué tenemos que intervenir y opinar nosotros en el Congreso de la Nación. Cuando se firmó el acta acuerdo no fuimos consultados, y está bien, porque estaban negociando la Ciudad de Buenos Aires y la administración nacional temas de su exclusiva competencia.
Entonces, ahora se debe actuar en el mismo sentido. Aunque se ratifique o no el acta no vamos a resolver el conflicto porque éste no es el ámbito. El conflicto va a seguir.
No tengo nada que opinar sobre esta cuestión. Este es un conflicto entre dos estados, y el Congreso no tiene por qué intervenir. Si los estados no pueden o no quieren resolver el conflicto, en última instancia que recurran a la Justicia.
Por todo lo expuesto nuestro bloque va a votar en contra del dictamen de mayoría. (Aplausos.)
Leyendo el mensaje 341/12 advierto expresiones como, por ejemplo, garantizar la distribución equitativa de los recursos del Estado entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; que dichos servicios representan el uso de recursos presupuestarios de gran relevancia por parte del Estado nacional, con cargo a todas las provincias del país sin recibir éstas una contraprestación equivalente; que la situación actual atenta fundamentalmente contra la justa y equitativa distribución de los recursos del Estado nacional, y que pretender continuar con esta situación implica mantener a la Ciudad en una mejor situación respecto de las provincias que integran la Nación.
Con este prólogo pensé que las provincias tenían que opinar por qué era un tema de interés para todas ellas. Sin embargo, en el proyecto de ley nada se dice de los otros estados provinciales; sólo se hace referencia a la relación Ciudad Autónoma de Buenos Aires y gobierno nacional.
En esta iniciativa se ratifica la transferencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los servicios de transportes subterráneos y premetro, tranvía de Puerto Madero y 33 líneas de colectivos, dispuesta en el marco de las leyes 23.696, de reforma del Estado, y 24.588 que garantiza los intereses del Estado nacional en la Ciudad Autónoma. El aludido mensaje es de fecha 8 de marzo y el actaacuerdo que se quiere ratificar es del 3 de enero, también de este año y, hasta donde yo sé, tiene principio de ejecución.
En este documento se dispone que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ratifica la decisión de aceptar la transferencia de la concesión de la red. Ahí se habla de subsidios por un período, lo mismo que en el mensaje, pero no se dice nada del destino que va a tener el subsidio ni qué controles se van a realizar a esos subsidios que se otorgaren, es decir que la transferencia se hace sin la correspondiente reasignación de recursos; se le otorga un subsidio por un período determinado y después el servicio deberá ser financiado por el estado receptor.
Reitero que a pesar de todo lo que expresa el mensaje 341, que mencioné al principio de mi intervención, tras una lectura detenida del proyecto de ley, debo decir que esto al resto de las provincias no las beneficia ni perjudica. Para mí se trata de un conflicto de intereses con un trasfondo político entre la administración nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por lo tanto, no entiendo por qué tenemos que intervenir y opinar nosotros en el Congreso de la Nación. Cuando se firmó el acta acuerdo no fuimos consultados, y está bien, porque estaban negociando la Ciudad de Buenos Aires y la administración nacional temas de su exclusiva competencia.
Entonces, ahora se debe actuar en el mismo sentido. Aunque se ratifique o no el acta no vamos a resolver el conflicto porque éste no es el ámbito. El conflicto va a seguir.
No tengo nada que opinar sobre esta cuestión. Este es un conflicto entre dos estados, y el Congreso no tiene por qué intervenir. Si los estados no pueden o no quieren resolver el conflicto, en última instancia que recurran a la Justicia.
Por todo lo expuesto nuestro bloque va a votar en contra del dictamen de mayoría. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
SR. FORCONI, JUAN CARLOS (SANTA FE):
Señora presidenta: en primer lugar, quiero hacer una pequeña digresión. Me parece que, en algunos momentos, el tono del debate que estamos llevando a cabo en el Congreso nos puede retrotraer a muchos años, es decir, a un enfrentamiento entre porteños y provincianos, y me parece que eso está totalmente alejado de la cuestión que tenemos que debatir.
Quiero centrarme exclusivamente en lo relativo al federalismo y a la equidad, haciendo un breve repaso sobre la cuestión normativa que sustenta el caso concreto que aquí se debate.
Por un lado, tenemos la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires establecida en la Constitución Nacional de 1994, en su artículo 129. Luego la llamada “ley Cafiero”, que viene a delimitar las competencias jurisdiccionales en varias cuestiones.
En el tema servicios públicos, en su presentación no debe exceder su ámbito territorial, facultad exclusiva del Gobierno de la Ciudad. En 1999, se dictó el decreto 393 de renegociación de la concesión del sistema, ordenándose al Ministerio de Economía realizar los actos necesarios para transferir la fiscalización y control a favor de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad adhiere al decreto mediante la ley 373.
Hasta aquí el Gobierno de la Ciudad aceptó ya la transferencia. La Legislatura de la Ciudad ya se expidió sobre el tema, restando sólo la operatividad de dicho traspaso, que encuentra su inicio en el convenio firmado el 3 de enero de este año, por el que la ciudad ratifica, a través del jefe de Gobierno, la decisión de aceptar el traspaso. Acepta los 360 millones de subsidios por el año 2012 y hace el ejercicio de aumentar unilateralmente la tarifa.
Por lo tanto, en la cuestión de los subtes nos parece que las cosas están bastante claras. En el tema de los colectivos la cuestión es similar, con la salvedad de que no ha habido acuerdos previos ni aceptación de la ciudad mediante la Legislatura, sin perjuicio de lo que se desprende del artículo 80, inciso h), de la Constitución porteña, en cuanto a que es potestad de la Legislatura reglar en materia de obras y servicios públicos, transportes, etcétera.
En este tema, la Ciudad deberáDecidir, mediante su Legislatura, si adhiere o no al artículo 2º de esta ley, en cumplimiento del artículo 72, inciso 2º, de la Constitución Nacional.
Me interesa fundamentalmente destacar la cuestión del federalismo, razón por la cual considero también que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe hacerse cargo de su transporte como cualquier provincia, y puede hacerlo, porque eso es lo que ocurre con todos los municipios del país.
En mi provincia, Santa Fe, el boleto de colectivo cuesta mucho más que aquí. En la ciudad capital el boleto vale 2,75 pesos, siendo los recorridos de mucha menor distancia que en esta ciudad, en la que el boleto cuesta muchísimo menos.
Si vamos a discutir el federalismo, la equidad, el desarrollo y la calidad de vida, debemos necesariamente debatir la forma en la cual se distribuyen los subsidios en materia de transporte público.
Estoy de acuerdo en que la Ciudad debe asumir su competencia en dicha materia, al igual que el resto del país, que no puede contribuir a solventar en una medida que no corresponde, inequitativa, el servicio de transporte para los habitantes de esta ciudad.
Lo mismo pasa con otros servicios públicos. Seguramente, ya llegará el tiempo de hablar de la energía eléctrica y del gas. En nuestra provincia, por ejemplo, en el último gobierno hemos tenido ocho aumentos de tarifas de luz. Imagínense la desmedida situación que viven los habitantes de la provincia de Santa Fe en relación con los de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires.
Como manifesté al principio, espero que no se malinterprete lo que estoy diciendo como una cuestión de porteños versus resto del país, porque considero que esta etapa está superada. Lo que sí resta garantizar es la equidad en la distribución de los recursos del Estado, tarea a la cual este Congreso debe abocarse con todo su esfuerzo.
Desde ya adelanto mi voto afirmativo al proyecto en consideración, que tiene sanción del Senado.
Quiero centrarme exclusivamente en lo relativo al federalismo y a la equidad, haciendo un breve repaso sobre la cuestión normativa que sustenta el caso concreto que aquí se debate.
Por un lado, tenemos la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires establecida en la Constitución Nacional de 1994, en su artículo 129. Luego la llamada “ley Cafiero”, que viene a delimitar las competencias jurisdiccionales en varias cuestiones.
En el tema servicios públicos, en su presentación no debe exceder su ámbito territorial, facultad exclusiva del Gobierno de la Ciudad. En 1999, se dictó el decreto 393 de renegociación de la concesión del sistema, ordenándose al Ministerio de Economía realizar los actos necesarios para transferir la fiscalización y control a favor de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad adhiere al decreto mediante la ley 373.
Hasta aquí el Gobierno de la Ciudad aceptó ya la transferencia. La Legislatura de la Ciudad ya se expidió sobre el tema, restando sólo la operatividad de dicho traspaso, que encuentra su inicio en el convenio firmado el 3 de enero de este año, por el que la ciudad ratifica, a través del jefe de Gobierno, la decisión de aceptar el traspaso. Acepta los 360 millones de subsidios por el año 2012 y hace el ejercicio de aumentar unilateralmente la tarifa.
Por lo tanto, en la cuestión de los subtes nos parece que las cosas están bastante claras. En el tema de los colectivos la cuestión es similar, con la salvedad de que no ha habido acuerdos previos ni aceptación de la ciudad mediante la Legislatura, sin perjuicio de lo que se desprende del artículo 80, inciso h), de la Constitución porteña, en cuanto a que es potestad de la Legislatura reglar en materia de obras y servicios públicos, transportes, etcétera.
En este tema, la Ciudad deberáDecidir, mediante su Legislatura, si adhiere o no al artículo 2º de esta ley, en cumplimiento del artículo 72, inciso 2º, de la Constitución Nacional.
Me interesa fundamentalmente destacar la cuestión del federalismo, razón por la cual considero también que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe hacerse cargo de su transporte como cualquier provincia, y puede hacerlo, porque eso es lo que ocurre con todos los municipios del país.
En mi provincia, Santa Fe, el boleto de colectivo cuesta mucho más que aquí. En la ciudad capital el boleto vale 2,75 pesos, siendo los recorridos de mucha menor distancia que en esta ciudad, en la que el boleto cuesta muchísimo menos.
Si vamos a discutir el federalismo, la equidad, el desarrollo y la calidad de vida, debemos necesariamente debatir la forma en la cual se distribuyen los subsidios en materia de transporte público.
Estoy de acuerdo en que la Ciudad debe asumir su competencia en dicha materia, al igual que el resto del país, que no puede contribuir a solventar en una medida que no corresponde, inequitativa, el servicio de transporte para los habitantes de esta ciudad.
Lo mismo pasa con otros servicios públicos. Seguramente, ya llegará el tiempo de hablar de la energía eléctrica y del gas. En nuestra provincia, por ejemplo, en el último gobierno hemos tenido ocho aumentos de tarifas de luz. Imagínense la desmedida situación que viven los habitantes de la provincia de Santa Fe en relación con los de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires.
Como manifesté al principio, espero que no se malinterprete lo que estoy diciendo como una cuestión de porteños versus resto del país, porque considero que esta etapa está superada. Lo que sí resta garantizar es la equidad en la distribución de los recursos del Estado, tarea a la cual este Congreso debe abocarse con todo su esfuerzo.
Desde ya adelanto mi voto afirmativo al proyecto en consideración, que tiene sanción del Senado.
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra el señor diputado por Santiago del Estero.
SR. OLIVA, CRISTIAN RODOLFO (SANTIAGO DEL ESTERO):
Señora presidenta: a esta altura del debate ya ha sido abordado un sinnúmero de cuestiones con diferentes enfoques, en una posición o en otra, de acuerdo con el dictamen que se vaya a suscribir.
Por los minutos escasos que nosotros tenemos asignados trataré de referirme puntualmente a dos o tres cuestiones.
Se han puesto en duda las facultades que tendría el Congreso de la Nación para ratificar este convenio de traspaso de subtes y premetro desde la Nación hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También se ha puesto en duda si lo que se habría firmado sería o no un convenio, un contrato. Particularmente, estoy convencido de que esta Cámara de Diputados tiene facultades para aprobar válidamente la ratificación de este traspaso y de que ese convenio que se ha suscripto es con todos los alcances legales.
Por ello, ratifico plenamente todos aquellos conceptos de los oradores que han hecho referencia al marco normativo, no solamente el constitucional sino también el de derecho civil. Considero que es necesario abordar estas cuestiones y llevar adelante estos contratos con buena fe, porque tienen plena raigambre legal en nuestro ordenamiento jurídico.
Coincido en la necesidad de respetar los convenios y de ratificar una vez más –y es aplicable a este caso- que las convenciones hechas en los contratos, como dice el Código Civil, “forman para las partes una regla a la cual hay que someterse como a la ley misma”.
Hay normas específicas que también deben ser tenidas en cuenta y utilizadas en el caso de que alguna de las partes advierta el incumplimiento de otra. Por eso, nos llama la atención cuando una de las partes, puntualmente el Gobierno de la Ciudad, para poner en conocimiento a la cocontratante, que es el Estado nacional, utiliza una conferencia de prensa y no los mecanismos que existen a tales efectos.
Considero que se han hecho muchos aportes en este sentido, y yo quisiera –a pesar de que ya se mencionó ahondar en una cuestión que me parece central, que tiene que ver con aquella postura que sostiene que no se habría concretado definitivamente o no sería plenamente válido el convenio que se ha celebrado.
Quiero referirme a la doctrina de los “actos propios”, porque luego de este convenio celebrado el 3 de enero, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha continuado con otros actos, como por ejemplo la suba de tarifas. Desde su fundamentación se desprende claramente cuál fue la voluntad del Gobierno de la Ciudad, de concretar este traspaso de parte del gobierno de la Nación.
En honor a la precisión conceptual, quiero leer textualmente lo que significa la doctrina de los actos propios. Esta doctrina sostiene que si alguien asumió una conducta plenamente válida, eficaz, mal puede luego el mismo Estado asumir una postura contraria a la sostenida anteriormente.
Se torna inadmisible la pretensión que coloca a la parte en contradicción con su comportamiento anterior, jurídicamente relevante y plenamente eficaz. No es admisible el cambio en la pretensión accionada cuando es contraria a actuaciones precedentes. Ello a fin de resguardar la buena fe que debe observarse en la conducta contractual, que constituye la médula de la teoría de los actos propios.
La doctrina de los actos propios es aquella que vela por la coherencia de la conducta de las partes, según la cual no pueden contradecir en juicio sus propios actos anteriores deliberados, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces.
En esa dirección la doctrina de los actos propios se resume en tres aspectos. En primer lugar, la conducta inicial, que constituye el factum propium consistente en un hecho o hechos que demuestran la toma de posición respecto de determinada situación jurídica.
Segundo, la unidad de situación jurídica. La contradicción debe observarse en el marco de una misma relación jurídica.
Y tercero, el factum propium y la conducta posterior que lo contradice debe emanar del mismo sujeto jurídico y la misma relación, es decir es perfectamente aplicable en el caso que nos ocupa.
Por los minutos escasos que nosotros tenemos asignados trataré de referirme puntualmente a dos o tres cuestiones.
Se han puesto en duda las facultades que tendría el Congreso de la Nación para ratificar este convenio de traspaso de subtes y premetro desde la Nación hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También se ha puesto en duda si lo que se habría firmado sería o no un convenio, un contrato. Particularmente, estoy convencido de que esta Cámara de Diputados tiene facultades para aprobar válidamente la ratificación de este traspaso y de que ese convenio que se ha suscripto es con todos los alcances legales.
Por ello, ratifico plenamente todos aquellos conceptos de los oradores que han hecho referencia al marco normativo, no solamente el constitucional sino también el de derecho civil. Considero que es necesario abordar estas cuestiones y llevar adelante estos contratos con buena fe, porque tienen plena raigambre legal en nuestro ordenamiento jurídico.
Coincido en la necesidad de respetar los convenios y de ratificar una vez más –y es aplicable a este caso- que las convenciones hechas en los contratos, como dice el Código Civil, “forman para las partes una regla a la cual hay que someterse como a la ley misma”.
Hay normas específicas que también deben ser tenidas en cuenta y utilizadas en el caso de que alguna de las partes advierta el incumplimiento de otra. Por eso, nos llama la atención cuando una de las partes, puntualmente el Gobierno de la Ciudad, para poner en conocimiento a la cocontratante, que es el Estado nacional, utiliza una conferencia de prensa y no los mecanismos que existen a tales efectos.
Considero que se han hecho muchos aportes en este sentido, y yo quisiera –a pesar de que ya se mencionó ahondar en una cuestión que me parece central, que tiene que ver con aquella postura que sostiene que no se habría concretado definitivamente o no sería plenamente válido el convenio que se ha celebrado.
Quiero referirme a la doctrina de los “actos propios”, porque luego de este convenio celebrado el 3 de enero, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha continuado con otros actos, como por ejemplo la suba de tarifas. Desde su fundamentación se desprende claramente cuál fue la voluntad del Gobierno de la Ciudad, de concretar este traspaso de parte del gobierno de la Nación.
En honor a la precisión conceptual, quiero leer textualmente lo que significa la doctrina de los actos propios. Esta doctrina sostiene que si alguien asumió una conducta plenamente válida, eficaz, mal puede luego el mismo Estado asumir una postura contraria a la sostenida anteriormente.
Se torna inadmisible la pretensión que coloca a la parte en contradicción con su comportamiento anterior, jurídicamente relevante y plenamente eficaz. No es admisible el cambio en la pretensión accionada cuando es contraria a actuaciones precedentes. Ello a fin de resguardar la buena fe que debe observarse en la conducta contractual, que constituye la médula de la teoría de los actos propios.
La doctrina de los actos propios es aquella que vela por la coherencia de la conducta de las partes, según la cual no pueden contradecir en juicio sus propios actos anteriores deliberados, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces.
En esa dirección la doctrina de los actos propios se resume en tres aspectos. En primer lugar, la conducta inicial, que constituye el factum propium consistente en un hecho o hechos que demuestran la toma de posición respecto de determinada situación jurídica.
Segundo, la unidad de situación jurídica. La contradicción debe observarse en el marco de una misma relación jurídica.
Y tercero, el factum propium y la conducta posterior que lo contradice debe emanar del mismo sujeto jurídico y la misma relación, es decir es perfectamente aplicable en el caso que nos ocupa.
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Señor diputado: terminó su tiempo.
SR. OLIVA, CRISTIAN RODOLFO (SANTIAGO DEL ESTERO):
Me hubiera gustado citar alguna jurisprudencia pero no lo hago por falta de tiempo.
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra el señor diputado por Formosa.
SR. DIAZ ROIG, JUAN CARLOS (FORMOSA):
Señora presidenta: en realidad, voy a insertar mi discurso en atención a que los argumentos que iba a dar ya se han expuesto por otros señores diputados, y sólo compartiré una reflexión.
¿Qué pensaría el gobernador de cualquiera de nuestras provincias si el conjunto de los argentinos le pagara la policía, la justicia y el transporte? Y en segundo lugar, tengo una duda, nuestro amigo jefe de Gobierno de la Ciudad, y su equipo de gobierno, ¿eran conscientes de que había que hacerse cargo de estas responsabilidades, hacer viviendas, hacer escuelas, atender al transporte, a la policía y a la Justicia? ¿O creían que era suficiente el mecanismo de transferencia de responsabilidades hacia terceros? (Aplausos.)
¿Qué pensaría el gobernador de cualquiera de nuestras provincias si el conjunto de los argentinos le pagara la policía, la justicia y el transporte? Y en segundo lugar, tengo una duda, nuestro amigo jefe de Gobierno de la Ciudad, y su equipo de gobierno, ¿eran conscientes de que había que hacerse cargo de estas responsabilidades, hacer viviendas, hacer escuelas, atender al transporte, a la policía y a la Justicia? ¿O creían que era suficiente el mecanismo de transferencia de responsabilidades hacia terceros? (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Vamos a comenzar con los cierres.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR.(PRAT-GAY)
Señora presidenta: yo todavía me estoy preguntando por qué es necesaria la intervención del Congreso en esta materia que estamos tratando y para qué lo hacemos.
Hemos escuchado distintas posturas en torno del convenio del 3 de enero, y yo creo que hay dos posibilidades. Si existe un acuerdo y uno de los firmantes del mismo ha decidido no cumplirlo, en todo caso eso debería resolverse en otro lugar y no en el Congreso de laNación. El Parlamento no tiene por qué ser juez o árbitro entre dos Poderes Ejecutivos que no se ponen de acuerdo.
Si, por el otro lado, no existiera un acuerdo –al menos es bastante manifiesto que faltan las dos voluntades necesarias para lograrlo, entonces no hay nada que ratificar. Por lo tanto, pongo en duda la necesidad de que el Congreso de la Nación tenga que involucrarse en esta cuestión. Esto es así claramente en el caso de los subtes y ni qué hablar en el caso del artículo 2°, referido a los colectivos, donde de la nada se dice que corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejercer en forma exclusiva la competencia, etcétera, sin perjuicio de que éstas son cuestiones que vienen así desde hace más de ocho años y recién ahora a alguien se le ocurrió que era una buena idea modificar el statu quo de todo este tiempo.
Entonces, no termino de entender qué estamos tratando ni para qué, pero sí creo entender por qué lo estamos haciendo. Aquí se habló de federalismo, de autonomía, de distintas ideologías, de buena fe, y se mencionaron muchas palabras grandilocuentes que lo único que han intentado fue tratar la cuestión de fondo que es el tema que estamos discutiendo.
Y no estaríamos discutiendo lo que estamos discutiendo si no fuera por una cuestión mucho más banal que es la plata, señora presidenta. Esta es la discusión de fondo que ha estado ausente en casi todos los discursos pronunciados hoy. Le hemos dado otro nombre, pero lo que ha gatillado este debate no es otra cosa más que el dinero. El gobierno nacional se quedó sin recursos y entonces tuvo que anunciar un tarifazo, tuvo que ir por más financiamiento del Banco Central y tuvo que tirarle los subtes a Macri. Y Macri, cuando después de firmar finalmente hizo los números y se dio cuenta de que no le alcanzaba la plata, entonces dijo: “No, esto no lo quiero cumplir.”
Entonces, vamos a hablar de autonomía, de federalismo y de una cantidad de valores, pero en el fondo el móvil principal de esta discusión no es otra cosa más que la plata, la falta de plata o la falta de responsabilidad de dos Poderes Ejecutivos que, detrás de esos supuestos valores, se olvidan de la cuestión de fondo, que son los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores que, como bien se ha dicho aquí, por millones usan los servicios públicos de transporte en la Ciudad de Buenos Aires.
Más de una vez el gobierno nacional ha hablado de “sintonía fina”, pero en realidad cuando hay este movimiento de fondos y tarifazos debería hablarse de ajustes. Para no hacerlo, entonces echa la culpa a otros poderes, al jefe de Gobierno o a gobernadores.
Me resulta particularmente incómoda la discusión de federalismo, viniendo de donde viene. El gobierno nacional plantea el tema del federalismo ocho años más tarde y solamente cuando le conviene. Ya lo dijo la señora diputada Fadul en su exposición: hace dos semanas consideramos el tema del Banco Central. Había una propuesta concreta de federalizarlo, en línea con lo que reclamaban la Constitución y los convencionales de 1994. Ese no era un federalismo conveniente para el gobierno central, pero éste sí. Transferir los problemas sin los recursos parece que es un federalismo hecho a medida, y es lo que pide el gobierno nacional.
Me parece que hay que llamar a las cosas por su nombre. Aquí existe claramente un incumplimiento por parte del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien firmó un convenio y después lo rechazó en una conferencia de prensa, y además nunca se preocupó por enviar ese convenio a la Legislatura, con el argumento de que sus integrantes no podían juntarse para sesionar.
Creo que no existe ninguna duda de que el Poder Ejecutivo nacional, con su accionar por los artículos 1° y 2° de la ley –y creo que también con el artículo 3° está violando la Constitución Nacional. Ya han manifestado muchos señores diputados preopinantes que la Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 2º, deja en claro que se transfieren las capacidades y responsabilidades, pero también los recursos.
Podríamos discutir cuáles son los recursos, pero lo que está muy claro es que en el caso de los colectivos no existe ninguna transferencia de estos.
Si uno tomara una decisión muy estrecha al interpretar la Constitución Nacional, muy probablemente también la estaría violando en el caso de los colectivos.
Si me permite, señora presidenta, quisiera traer al recinto una pequeña anécdota. A fines del año pasado participé de la asunción de nuestras concejalas en la ciudad de San Miguel de Tucumán. En tal ceremonia hubo una discusión en torno de la coparticipación entre la provincia de Tucumán y el municipio de San Miguel de Tucumán, y uno de los concejales oficialistas dijo algo así como que no importaba si se cumplía o no con la Constitución, ya que lo principal era que se estuviese al servicio de los tucumanos.
Hoy, nosotros claramente no cumplimos con la Constitución –esto habría que tenerlo en cuenta, pero ese incumplimiento poco tiene que ver con el bienestar general de los argentinos, o de los porteños, en particular.
Como muy bien han expresado mis colegas de bloque, los señores diputados Piemonte y Comi, vamos a rechazar el dictamen de mayoría. Quisiéramos recordar a la Cámara que la Coalición Cívica ARI en dos oportunidades ha presentado amplios proyectos sobre transferencia de las capacidades de la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por los que se introducían grandes reformas a la llamada ley Cafiero: uno, en el año 2006, de la entonces diputada Carrió, y el otro, en 2009, del ex diputado Adrián Pérez.
Ése es el camino a tomar si en serio creemos en aquello de la autonomía. Ésa es la manera de respetar tanto la Constitución Nacional como la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este caso, y en otros que habrán de surgir, los Poderes Ejecutivos tienen la responsabilidad de gobernar evitando querer explicar a los ciudadanos lo inexplicable y haciéndose cargo de lo que les corresponde.
Sigo sin entender muy bien qué tratamos y para qué lo hacemos, aunque sospecho que existe una única razón, mucho más vil que lo que dicen los titulares: la plata. Sin embargo, el gran ausente en la discusión de hoy ha sido el usuario de los subtes y de los colectivos, que en estos ocho años ha visto pocas inversiones y muchas dificultades –cada vez más crecientes para viajar. (Aplausos.)
Hemos escuchado distintas posturas en torno del convenio del 3 de enero, y yo creo que hay dos posibilidades. Si existe un acuerdo y uno de los firmantes del mismo ha decidido no cumplirlo, en todo caso eso debería resolverse en otro lugar y no en el Congreso de laNación. El Parlamento no tiene por qué ser juez o árbitro entre dos Poderes Ejecutivos que no se ponen de acuerdo.
Si, por el otro lado, no existiera un acuerdo –al menos es bastante manifiesto que faltan las dos voluntades necesarias para lograrlo, entonces no hay nada que ratificar. Por lo tanto, pongo en duda la necesidad de que el Congreso de la Nación tenga que involucrarse en esta cuestión. Esto es así claramente en el caso de los subtes y ni qué hablar en el caso del artículo 2°, referido a los colectivos, donde de la nada se dice que corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejercer en forma exclusiva la competencia, etcétera, sin perjuicio de que éstas son cuestiones que vienen así desde hace más de ocho años y recién ahora a alguien se le ocurrió que era una buena idea modificar el statu quo de todo este tiempo.
Entonces, no termino de entender qué estamos tratando ni para qué, pero sí creo entender por qué lo estamos haciendo. Aquí se habló de federalismo, de autonomía, de distintas ideologías, de buena fe, y se mencionaron muchas palabras grandilocuentes que lo único que han intentado fue tratar la cuestión de fondo que es el tema que estamos discutiendo.
Y no estaríamos discutiendo lo que estamos discutiendo si no fuera por una cuestión mucho más banal que es la plata, señora presidenta. Esta es la discusión de fondo que ha estado ausente en casi todos los discursos pronunciados hoy. Le hemos dado otro nombre, pero lo que ha gatillado este debate no es otra cosa más que el dinero. El gobierno nacional se quedó sin recursos y entonces tuvo que anunciar un tarifazo, tuvo que ir por más financiamiento del Banco Central y tuvo que tirarle los subtes a Macri. Y Macri, cuando después de firmar finalmente hizo los números y se dio cuenta de que no le alcanzaba la plata, entonces dijo: “No, esto no lo quiero cumplir.”
Entonces, vamos a hablar de autonomía, de federalismo y de una cantidad de valores, pero en el fondo el móvil principal de esta discusión no es otra cosa más que la plata, la falta de plata o la falta de responsabilidad de dos Poderes Ejecutivos que, detrás de esos supuestos valores, se olvidan de la cuestión de fondo, que son los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores que, como bien se ha dicho aquí, por millones usan los servicios públicos de transporte en la Ciudad de Buenos Aires.
Más de una vez el gobierno nacional ha hablado de “sintonía fina”, pero en realidad cuando hay este movimiento de fondos y tarifazos debería hablarse de ajustes. Para no hacerlo, entonces echa la culpa a otros poderes, al jefe de Gobierno o a gobernadores.
Me resulta particularmente incómoda la discusión de federalismo, viniendo de donde viene. El gobierno nacional plantea el tema del federalismo ocho años más tarde y solamente cuando le conviene. Ya lo dijo la señora diputada Fadul en su exposición: hace dos semanas consideramos el tema del Banco Central. Había una propuesta concreta de federalizarlo, en línea con lo que reclamaban la Constitución y los convencionales de 1994. Ese no era un federalismo conveniente para el gobierno central, pero éste sí. Transferir los problemas sin los recursos parece que es un federalismo hecho a medida, y es lo que pide el gobierno nacional.
Me parece que hay que llamar a las cosas por su nombre. Aquí existe claramente un incumplimiento por parte del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien firmó un convenio y después lo rechazó en una conferencia de prensa, y además nunca se preocupó por enviar ese convenio a la Legislatura, con el argumento de que sus integrantes no podían juntarse para sesionar.
Creo que no existe ninguna duda de que el Poder Ejecutivo nacional, con su accionar por los artículos 1° y 2° de la ley –y creo que también con el artículo 3° está violando la Constitución Nacional. Ya han manifestado muchos señores diputados preopinantes que la Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 2º, deja en claro que se transfieren las capacidades y responsabilidades, pero también los recursos.
Podríamos discutir cuáles son los recursos, pero lo que está muy claro es que en el caso de los colectivos no existe ninguna transferencia de estos.
Si uno tomara una decisión muy estrecha al interpretar la Constitución Nacional, muy probablemente también la estaría violando en el caso de los colectivos.
Si me permite, señora presidenta, quisiera traer al recinto una pequeña anécdota. A fines del año pasado participé de la asunción de nuestras concejalas en la ciudad de San Miguel de Tucumán. En tal ceremonia hubo una discusión en torno de la coparticipación entre la provincia de Tucumán y el municipio de San Miguel de Tucumán, y uno de los concejales oficialistas dijo algo así como que no importaba si se cumplía o no con la Constitución, ya que lo principal era que se estuviese al servicio de los tucumanos.
Hoy, nosotros claramente no cumplimos con la Constitución –esto habría que tenerlo en cuenta, pero ese incumplimiento poco tiene que ver con el bienestar general de los argentinos, o de los porteños, en particular.
Como muy bien han expresado mis colegas de bloque, los señores diputados Piemonte y Comi, vamos a rechazar el dictamen de mayoría. Quisiéramos recordar a la Cámara que la Coalición Cívica ARI en dos oportunidades ha presentado amplios proyectos sobre transferencia de las capacidades de la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por los que se introducían grandes reformas a la llamada ley Cafiero: uno, en el año 2006, de la entonces diputada Carrió, y el otro, en 2009, del ex diputado Adrián Pérez.
Ése es el camino a tomar si en serio creemos en aquello de la autonomía. Ésa es la manera de respetar tanto la Constitución Nacional como la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este caso, y en otros que habrán de surgir, los Poderes Ejecutivos tienen la responsabilidad de gobernar evitando querer explicar a los ciudadanos lo inexplicable y haciéndose cargo de lo que les corresponde.
Sigo sin entender muy bien qué tratamos y para qué lo hacemos, aunque sospecho que existe una única razón, mucho más vil que lo que dicen los titulares: la plata. Sin embargo, el gran ausente en la discusión de hoy ha sido el usuario de los subtes y de los colectivos, que en estos ocho años ha visto pocas inversiones y muchas dificultades –cada vez más crecientes para viajar. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR. PINEDO, FEDERICO (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: claramente, en este debate ha habido dos miradas respecto de un mismo problema. De un lado se ve una cosa; de otro, se ve otra, pero ambas miradas apuntan a un mismo objeto.
Una parte enorme de la Cámara ha mirado la pelea política: la presidenta contra Macri, la Ciudad contra la Nación. En esa mirada, Macri aparece como adversario electoral futuro, y en consecuencia hacia allí han sido dirigidos los discursos y las acciones.
La otra mirada –la nuestra apunta a la necesidad de ocuparnos de lo que creemos relevante, es decir, la seguridad de los pasajeros y su derecho a contar con servicios de calidad en materia de trenes, subtes y colectivos. Esto, no sólo respecto de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene tres millones de habitantes, sino también del conurbano, que aproximadamente cuenta con nueve millones de habitantes, muchos de los cuales todos los días se trasladan hacia distintos puntos del área metropolitana.
Nueve millones de habitantes no es poco; más o menos es la cuarta parte de la población de la Argentina. Por eso, nosotros hemos hecho una propuesta que algunos diputados dicen no haber oído de parte del PRO; tal vez en absoluto nos han oído.
Proponemos la creación de una autoridad metropolitana de transporte integrada por Ciudad, provincia y Nación, con participación de los usuarios, para hacer lo contrario de lo que nos propone el Frente para la Victoria –que es desintegrar el sistema de transporte, o sea laintegración de manera regional. Asimismo, para que esa autoridad no solamente tenga facultades de asesoramiento tal como las posee el ECOTAM -que es un organismo que ni siquiera funciona-, sino que también tenga funciones de planificación, regulación, control y fiscalización del servicio. Esta es una solución verdadera y seria a un problema real.
El transporte de pasajeros en el área metropolitana es un sistema basado en tres patas: subte, tren y colectivo. Si se cae una pata, se cae el sistema, como se ha demostrado en Chile con el famoso problema del Transantiago.
Esta es nuestra propuesta superadora. Creo que hay que sentarse a discutir para que los pasajeros de carne y hueso tengan un mejor servicio y viajen con seguridad.
Algunos diputados dicen que esta es una cuestión de plata y no de federalismo. Sí y no. Es una cuestión de plata porque es un tema de inversión. No puede haber seguridad en el transporte de trenes y subterráneos si no hay inversiones. Eso ha quedado demostrado deplorablemente en el accidente de Once, que se produjo porque no se llevaron a cabo las inversiones necesarias.
En el caso de los subtes, durante el gobierno de Néstor Kirchner el Estado nacional negoció con el concesionario Metrovías y le dijeron que le iban a congelar las tarifas, pero que no se preocupara porque las inversiones las iba a hacer el Estado nacional. Ellas ascendían a mil millones de dólares, pero nunca las hicieron.
Nuestro deber es ocuparnos de cómo se hacen. No digo que lo haga el presidente del bloque del Frente para la Victoria, pero sí que resolvamos cómo se hacen, porque no se puede decir: “No me importa”, mirar para otro lado y tirarnos el subte por la cabeza.
Ya me hice cargo de la chicana de algún diputado del Frente para la Victoria que dijo que Mauricio Macri había pedido un préstamo para extender la red de subterráneos y después no lo gastó en su totalidad en el subte. Sí, efectivamente así pasó. Primero, pidió un préstamo. ¿Quién lo autorizó? La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Quién lo votó? El Frente para la Victoria. Después presentó un proyecto de ley que establecía que buena parte de este monto de dinero, en lugar de destinarse al subte, se iba a utilizar para la construcción de escuelas y pasos bajo nivel. ¿Quién lo autorizó? La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Quién lo votó? El Frente para la Victoria. Creo que de esta manera queda contestado el punto. Otros dicen que aquí ya pasó el subte. Si esto es así, ¿qué estamos discutiendo? ¿Para qué tenemos que discutir algo si ya pasó el subte? Si ya pasó el subte en la época de Dromi, como dijeron algunos diputados del oficialismo, ¿por qué Néstor Kirchner renegoció con Metrovías? ¿Por qué Néstor Kirchner y Cristina manejaron los subsidios del subte si ya había pasado? Porque en realidad no había pasado. No lo digo yo; lo dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tal como lo manifestó el señor diputado Tonelli.
Por último, me quiero referir al tema del federalismo. Cuando negoció la Nación con las provincias cuánto se quedaban de cada uno de los impuestos coparticipables, la Nación dijo: “Yo me quedo más de lo que me corresponde porque me tengo que hacer cargo de la policía, del subte, de los colectivos, de la Justicia y del puerto de la Ciudad de Buenos Aires”. Y se quedó con más. ¿Qué dice ahora? “Le devuelvo el subte y los colectivos a la Ciudad de Buenos Aires pero me quedo con la plata”, que es de la Ciudad de Buenos Aires, que le había sacado también a las provincias. No es verdad que las provincias le paguen el subte a los porteños.
La Ciudad de Buenos Aires paga todos sus servicios y mucho más. Aporta el 25 por ciento de la masa coparticipable y se lleva el 1,4 por ciento. Está claro que se paga todos sus servicios. Paga mucho más y lo hacemos con mucho gusto.
Eso no quiere decir que el Estado nacional cuando se deshace de un servicio se tenga que quedar con la plata que correspondía al sector de las provincias, y por eso es que la ley de coparticipación establece que cuando la Ciudad de Buenos Aires se lleva recursos no se los lleva de la parte de las provincias sino de la Nación. Es lo que decían Cristina Kirchner y Néstor Kirchner en el debate del inciso 2º del artículo 75 de la Constitución Nacional en la Convención Constituyente de Santa Fe. Cristina Kirchner señalaba que ese era el momento de fijar reglas claras, para que no se pasen servicios sin recursos. Además, decía que había que hacer eso para evitar que en el futuro alguien fuera penalizado por oponerse a un gobierno nacional. Así figura en el Diario de Sesiones de la Convención de Santa Fe.
A su vez, Néstor Kirchner dijo lo mismo. Incluso, señaló: “Yo sé que cuando me opongo a algo, se me duermen los cheques en los cajones.” ¿Mejoró el sistema federal después de ese debate y de estos gobiernos?
Estamos en el peor sistema unitario que se recuerde. Estamos en un sistema unitario en el que la Nación se queda con el 75 por ciento de los recursos y todas las provincias y la Ciudad Autónoma, con el 25, y con eso se tienen que hacer cargo de la seguridad, la justicia, la salud, la educación, etcétera.
Estamos en un sistema unitario que le congeló en pesos el Fondo del Conurbano a la provincia de Buenos Aires, mientras que a otras provincias les daban un porcentaje de la recaudación. De esta manera, la provincia de Buenos Aires cada vez recibe menos, pero hace mutis.
Estamos en un sistema unitario donde las provincias pusieron plata para la privatización de las jubilaciones, pero luego la privatización quedó en manos del Estado nacional y éste se quedó con la plata y las provincias hacen mutis.
Estamos en un sistema unitario donde a la provincia de Santa Fe se le quita parte de los subsidios al transporte. Entonces, cuando la provincia de Santa Fe aumenta el valor de los boletos, el gobierno nacional le vuelve a quitar otra parte de los subsidios, lo que generó un juicio que está pendiente en la provincia de Santa Fe.
Para mí es un honor defender el federalismo y recordar en este día –en el que el radicalismo acompaña al oficialismo en general a Leandro Alem, cuando se opuso a la federalización de la Ciudad de Buenos Aires.
Alem decía que si el puerto se juntaba con el poder nacional, las provincias iban a perder absolutamente todo el poder y deberían someterse a ese monstruo, acabándose así el federalismo. Hoy le rindo homenaje. (Aplausos.)
Una parte enorme de la Cámara ha mirado la pelea política: la presidenta contra Macri, la Ciudad contra la Nación. En esa mirada, Macri aparece como adversario electoral futuro, y en consecuencia hacia allí han sido dirigidos los discursos y las acciones.
La otra mirada –la nuestra apunta a la necesidad de ocuparnos de lo que creemos relevante, es decir, la seguridad de los pasajeros y su derecho a contar con servicios de calidad en materia de trenes, subtes y colectivos. Esto, no sólo respecto de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene tres millones de habitantes, sino también del conurbano, que aproximadamente cuenta con nueve millones de habitantes, muchos de los cuales todos los días se trasladan hacia distintos puntos del área metropolitana.
Nueve millones de habitantes no es poco; más o menos es la cuarta parte de la población de la Argentina. Por eso, nosotros hemos hecho una propuesta que algunos diputados dicen no haber oído de parte del PRO; tal vez en absoluto nos han oído.
Proponemos la creación de una autoridad metropolitana de transporte integrada por Ciudad, provincia y Nación, con participación de los usuarios, para hacer lo contrario de lo que nos propone el Frente para la Victoria –que es desintegrar el sistema de transporte, o sea laintegración de manera regional. Asimismo, para que esa autoridad no solamente tenga facultades de asesoramiento tal como las posee el ECOTAM -que es un organismo que ni siquiera funciona-, sino que también tenga funciones de planificación, regulación, control y fiscalización del servicio. Esta es una solución verdadera y seria a un problema real.
El transporte de pasajeros en el área metropolitana es un sistema basado en tres patas: subte, tren y colectivo. Si se cae una pata, se cae el sistema, como se ha demostrado en Chile con el famoso problema del Transantiago.
Esta es nuestra propuesta superadora. Creo que hay que sentarse a discutir para que los pasajeros de carne y hueso tengan un mejor servicio y viajen con seguridad.
Algunos diputados dicen que esta es una cuestión de plata y no de federalismo. Sí y no. Es una cuestión de plata porque es un tema de inversión. No puede haber seguridad en el transporte de trenes y subterráneos si no hay inversiones. Eso ha quedado demostrado deplorablemente en el accidente de Once, que se produjo porque no se llevaron a cabo las inversiones necesarias.
En el caso de los subtes, durante el gobierno de Néstor Kirchner el Estado nacional negoció con el concesionario Metrovías y le dijeron que le iban a congelar las tarifas, pero que no se preocupara porque las inversiones las iba a hacer el Estado nacional. Ellas ascendían a mil millones de dólares, pero nunca las hicieron.
Nuestro deber es ocuparnos de cómo se hacen. No digo que lo haga el presidente del bloque del Frente para la Victoria, pero sí que resolvamos cómo se hacen, porque no se puede decir: “No me importa”, mirar para otro lado y tirarnos el subte por la cabeza.
Ya me hice cargo de la chicana de algún diputado del Frente para la Victoria que dijo que Mauricio Macri había pedido un préstamo para extender la red de subterráneos y después no lo gastó en su totalidad en el subte. Sí, efectivamente así pasó. Primero, pidió un préstamo. ¿Quién lo autorizó? La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Quién lo votó? El Frente para la Victoria. Después presentó un proyecto de ley que establecía que buena parte de este monto de dinero, en lugar de destinarse al subte, se iba a utilizar para la construcción de escuelas y pasos bajo nivel. ¿Quién lo autorizó? La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Quién lo votó? El Frente para la Victoria. Creo que de esta manera queda contestado el punto. Otros dicen que aquí ya pasó el subte. Si esto es así, ¿qué estamos discutiendo? ¿Para qué tenemos que discutir algo si ya pasó el subte? Si ya pasó el subte en la época de Dromi, como dijeron algunos diputados del oficialismo, ¿por qué Néstor Kirchner renegoció con Metrovías? ¿Por qué Néstor Kirchner y Cristina manejaron los subsidios del subte si ya había pasado? Porque en realidad no había pasado. No lo digo yo; lo dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tal como lo manifestó el señor diputado Tonelli.
Por último, me quiero referir al tema del federalismo. Cuando negoció la Nación con las provincias cuánto se quedaban de cada uno de los impuestos coparticipables, la Nación dijo: “Yo me quedo más de lo que me corresponde porque me tengo que hacer cargo de la policía, del subte, de los colectivos, de la Justicia y del puerto de la Ciudad de Buenos Aires”. Y se quedó con más. ¿Qué dice ahora? “Le devuelvo el subte y los colectivos a la Ciudad de Buenos Aires pero me quedo con la plata”, que es de la Ciudad de Buenos Aires, que le había sacado también a las provincias. No es verdad que las provincias le paguen el subte a los porteños.
La Ciudad de Buenos Aires paga todos sus servicios y mucho más. Aporta el 25 por ciento de la masa coparticipable y se lleva el 1,4 por ciento. Está claro que se paga todos sus servicios. Paga mucho más y lo hacemos con mucho gusto.
Eso no quiere decir que el Estado nacional cuando se deshace de un servicio se tenga que quedar con la plata que correspondía al sector de las provincias, y por eso es que la ley de coparticipación establece que cuando la Ciudad de Buenos Aires se lleva recursos no se los lleva de la parte de las provincias sino de la Nación. Es lo que decían Cristina Kirchner y Néstor Kirchner en el debate del inciso 2º del artículo 75 de la Constitución Nacional en la Convención Constituyente de Santa Fe. Cristina Kirchner señalaba que ese era el momento de fijar reglas claras, para que no se pasen servicios sin recursos. Además, decía que había que hacer eso para evitar que en el futuro alguien fuera penalizado por oponerse a un gobierno nacional. Así figura en el Diario de Sesiones de la Convención de Santa Fe.
A su vez, Néstor Kirchner dijo lo mismo. Incluso, señaló: “Yo sé que cuando me opongo a algo, se me duermen los cheques en los cajones.” ¿Mejoró el sistema federal después de ese debate y de estos gobiernos?
Estamos en el peor sistema unitario que se recuerde. Estamos en un sistema unitario en el que la Nación se queda con el 75 por ciento de los recursos y todas las provincias y la Ciudad Autónoma, con el 25, y con eso se tienen que hacer cargo de la seguridad, la justicia, la salud, la educación, etcétera.
Estamos en un sistema unitario que le congeló en pesos el Fondo del Conurbano a la provincia de Buenos Aires, mientras que a otras provincias les daban un porcentaje de la recaudación. De esta manera, la provincia de Buenos Aires cada vez recibe menos, pero hace mutis.
Estamos en un sistema unitario donde las provincias pusieron plata para la privatización de las jubilaciones, pero luego la privatización quedó en manos del Estado nacional y éste se quedó con la plata y las provincias hacen mutis.
Estamos en un sistema unitario donde a la provincia de Santa Fe se le quita parte de los subsidios al transporte. Entonces, cuando la provincia de Santa Fe aumenta el valor de los boletos, el gobierno nacional le vuelve a quitar otra parte de los subsidios, lo que generó un juicio que está pendiente en la provincia de Santa Fe.
Para mí es un honor defender el federalismo y recordar en este día –en el que el radicalismo acompaña al oficialismo en general a Leandro Alem, cuando se opuso a la federalización de la Ciudad de Buenos Aires.
Alem decía que si el puerto se juntaba con el poder nacional, las provincias iban a perder absolutamente todo el poder y deberían someterse a ese monstruo, acabándose así el federalismo. Hoy le rindo homenaje. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR. LOZANO, CLAUDIO RAUL (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señora presidenta: desde el bloque de la Unidad Popular, que integra el Frente Amplio Progresista, lo primero que quiero señalar es que hay más de dos miradas.
A partir de ello, quiero decir que la sensación que tenemos es que el Parlamento nacional ha sido invitado a perder el tiempo, en función de una discusión que se suscitó, en primer lugar, por un conflicto abierto por las urgencias fiscales del gobierno nacional, que de repente tuvo vocación autonomista cuando carecía de ellas en el momento en que las cuentas le cerraban.
En segundo término, se trata de un conflicto generado por el comportamiento irresponsable, contradictorio y también oportunista de quien administra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Este conflicto, basado en las razones mencionadas, impide que discutamos lo que habría que debatir. Estamos perdiendo el tiempo porque el tema a resolver es la situación de colapso del transporte en la región metropolitana.
Esto no sólo no se va a solucionar aquí, sino que en la práctica daremos un paso atrás, ya que si se entiende que hasta el momento quien ejerce el control del área metropolitana es el Estado nacional –ya que no funciona un autoridad metropolitana y si se interpreta que el subte es un subsistema del sistema de transporte metropolitano, desgajarlo del debate es ir para atrás –no para adelante- en la discusión del transporte. Aquí deberíamos estar discutiendo cómo llega el subte al Gran Buenos Aires, y no cómo se queda en la ciudad, para resolver el problema que se ha planteado.
En segundo lugar, tampoco estamos resolviendo el problema, porque si lo que se quiere es zanjar la contienda entre dos jurisdicciones, como han dicho muchos diputados y desde nuestro interbloque Juan Carlos Zabalza, el Parlamento nacional no puede decir nada en un conflicto interjurisdiccional. Éste terminará resuelto en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, más allá de lo que podamos hacer o dejar de hacer hoy.
A esta altura del debate, la pregunta es por qué razón ambos gobiernos, el nacional y el de la Ciudad, cuando firmaron el acta no interpretaron que tenían que presentarla al Parlamento nacional y a la Legislatura.
¿Por qué digo al Parlamento nacional? Porque si bien es cierto que por la llamada ley Cafiero se le dan facultades al Poder Ejecutivo para que transfiera lo que deba trasferir, con lo cual no hay que producir ninguna ratificación, y ello se hará a través de convenios, si estos convenios alteran alguna pauta -por ejemplo el monto de recursos a transferir con el servicio, lo que por lo tanto produce una modificación de la partida presupuestaria-, ello tiene que ser discutido por el Congreso. Sin embargo, aquí nunca se presentó.
¿Por qué razón el Gobierno de la Ciudad nunca mandó el acta a la Legislatura para su discusión y comenzó a ejecutarla? Porque en realidad aceptó lo que aceptó y dispuso un aumento de la tarifa y ahora dice que en realidad es la Legislatura la que resuelve. ¿Cuándo iba a mandar el acta a la Legislatura? ¿Cuando se terminara de ejecutar? ¿Qué sentido tiene ese debate?
Es allí que uno se pregunta cuál es el contenido del acta firmada por ambos gobiernos. Primero, hay una decisión de violar la Constitución Nacional de manera acordada al establecerse que no se trasferirán los recursos con los servicios que se traspasan. Eso lo firmaron ambos mandatarios.
Lo segundo que aparece en el acta viola la Constitución de la Ciudad, porque no se dispone que vaya a la Legislatura.
En tercer lugar, a través de la delegación del poder tarifario se incrementa la tarifa para castigar a los usuarios con un aumento del 127 por ciento. Esto lo sabía tanto el gobierno nacional cuando quitó el subsidio, como Macri cuando incrementó la tarifa por decreto.
En cuarto término, hay una absoluta impunidad para el concesionario que viene gestionando la concesión desde 1993. Este es el tema de discusión, donde el gobierno nacional y el Gobierno de la Ciudad se pusieron de acuerdo en un acta de la que en ningún caso dieron participación a quienes deberían haber discutido sus términos, y la verdadera razón que hace al problema del transporte es lo que tendríamos que estar debatiendo.
En este sentido, quiero aclarar que el contrato de concesión es leonino por tres características: primero, por el carácter integral de la concesión. El concesionario Roggio no sólo explota el servicio sino también todo lo relativo a mantenimiento, reparaciones, publicidad, locales comerciales y demás yerbas, que le han permitido dibujar empresas que aparecen como contratadas por el grupo Roggio y de esa manera dibuja los resultados, demostrando pérdidas, aumentando el pedido de subsidios y derivando ganancias extraordinarias a otras actividades y a otros subtes en otros lugares del mundo. Esto está en el contrato.
A partir de ello, quiero decir que la sensación que tenemos es que el Parlamento nacional ha sido invitado a perder el tiempo, en función de una discusión que se suscitó, en primer lugar, por un conflicto abierto por las urgencias fiscales del gobierno nacional, que de repente tuvo vocación autonomista cuando carecía de ellas en el momento en que las cuentas le cerraban.
En segundo término, se trata de un conflicto generado por el comportamiento irresponsable, contradictorio y también oportunista de quien administra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Este conflicto, basado en las razones mencionadas, impide que discutamos lo que habría que debatir. Estamos perdiendo el tiempo porque el tema a resolver es la situación de colapso del transporte en la región metropolitana.
Esto no sólo no se va a solucionar aquí, sino que en la práctica daremos un paso atrás, ya que si se entiende que hasta el momento quien ejerce el control del área metropolitana es el Estado nacional –ya que no funciona un autoridad metropolitana y si se interpreta que el subte es un subsistema del sistema de transporte metropolitano, desgajarlo del debate es ir para atrás –no para adelante- en la discusión del transporte. Aquí deberíamos estar discutiendo cómo llega el subte al Gran Buenos Aires, y no cómo se queda en la ciudad, para resolver el problema que se ha planteado.
En segundo lugar, tampoco estamos resolviendo el problema, porque si lo que se quiere es zanjar la contienda entre dos jurisdicciones, como han dicho muchos diputados y desde nuestro interbloque Juan Carlos Zabalza, el Parlamento nacional no puede decir nada en un conflicto interjurisdiccional. Éste terminará resuelto en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, más allá de lo que podamos hacer o dejar de hacer hoy.
A esta altura del debate, la pregunta es por qué razón ambos gobiernos, el nacional y el de la Ciudad, cuando firmaron el acta no interpretaron que tenían que presentarla al Parlamento nacional y a la Legislatura.
¿Por qué digo al Parlamento nacional? Porque si bien es cierto que por la llamada ley Cafiero se le dan facultades al Poder Ejecutivo para que transfiera lo que deba trasferir, con lo cual no hay que producir ninguna ratificación, y ello se hará a través de convenios, si estos convenios alteran alguna pauta -por ejemplo el monto de recursos a transferir con el servicio, lo que por lo tanto produce una modificación de la partida presupuestaria-, ello tiene que ser discutido por el Congreso. Sin embargo, aquí nunca se presentó.
¿Por qué razón el Gobierno de la Ciudad nunca mandó el acta a la Legislatura para su discusión y comenzó a ejecutarla? Porque en realidad aceptó lo que aceptó y dispuso un aumento de la tarifa y ahora dice que en realidad es la Legislatura la que resuelve. ¿Cuándo iba a mandar el acta a la Legislatura? ¿Cuando se terminara de ejecutar? ¿Qué sentido tiene ese debate?
Es allí que uno se pregunta cuál es el contenido del acta firmada por ambos gobiernos. Primero, hay una decisión de violar la Constitución Nacional de manera acordada al establecerse que no se trasferirán los recursos con los servicios que se traspasan. Eso lo firmaron ambos mandatarios.
Lo segundo que aparece en el acta viola la Constitución de la Ciudad, porque no se dispone que vaya a la Legislatura.
En tercer lugar, a través de la delegación del poder tarifario se incrementa la tarifa para castigar a los usuarios con un aumento del 127 por ciento. Esto lo sabía tanto el gobierno nacional cuando quitó el subsidio, como Macri cuando incrementó la tarifa por decreto.
En cuarto término, hay una absoluta impunidad para el concesionario que viene gestionando la concesión desde 1993. Este es el tema de discusión, donde el gobierno nacional y el Gobierno de la Ciudad se pusieron de acuerdo en un acta de la que en ningún caso dieron participación a quienes deberían haber discutido sus términos, y la verdadera razón que hace al problema del transporte es lo que tendríamos que estar debatiendo.
En este sentido, quiero aclarar que el contrato de concesión es leonino por tres características: primero, por el carácter integral de la concesión. El concesionario Roggio no sólo explota el servicio sino también todo lo relativo a mantenimiento, reparaciones, publicidad, locales comerciales y demás yerbas, que le han permitido dibujar empresas que aparecen como contratadas por el grupo Roggio y de esa manera dibuja los resultados, demostrando pérdidas, aumentando el pedido de subsidios y derivando ganancias extraordinarias a otras actividades y a otros subtes en otros lugares del mundo. Esto está en el contrato.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Julián Andrés Domínguez.
SR. LOZANO, CLAUDIO RAUL (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
La segunda característica del contrato es que quien está a cargo de las inversiones es el Estado. Nosotros le dimos todos los recursos, el molinete y los subsidios al concesionario y pusimos a cargo del Estado las inversiones.
La tercera característica es cómo se regula el contrato en materia económica. Parte de noviembre de 1993, y dice que hay una tarifa determinada y un flujo de pasajeros proyectado, en función de lo cual se establece el subsidio. Hoy, este concesionario tiene un flujo de pasajeros que supera en un 40 por ciento al establecido en el contrato original. ¿Bajó el subsidio? No, subió. Es más, en el cuarto año de la concesión ya había logrado lo que proyectaba para el año 2020. Consecuentemente, elproblema es la concesión, y si analizáramos las sucesivas renegociaciones que se hicieron veríamos que todas fueron para peor. Lo que resulta extraño es que en el debate sobre qué se hacía con el subte a nadie se le haya ocurrido tocar este tema.
La verdad es que en lugar de estar asistiendo a este debate lamentable, el gobierno de la Nación y el de la Ciudad deberían estar revisando la concesión para no tirar sobre las costillas de la comunidad un aumento de tarifas absolutamente innecesario.
Para terminar, quiero decir lo siguiente. Nosotros entendemos que el proyecto que ha enviado el Poder Ejecutivo nacional no tiene sentido, deviene en abstracto. Por lo tanto, nos vamos a abstener de votar, pero repudiamos un acta firmada por ambos gobiernos donde se pusieron de acuerdo para violar la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad y donde a la vez se castigó a los usuarios aumentando la tarifa y dejando impune al concesionario que viene viviendo a costillas nuestras. (Aplausos.)
La tercera característica es cómo se regula el contrato en materia económica. Parte de noviembre de 1993, y dice que hay una tarifa determinada y un flujo de pasajeros proyectado, en función de lo cual se establece el subsidio. Hoy, este concesionario tiene un flujo de pasajeros que supera en un 40 por ciento al establecido en el contrato original. ¿Bajó el subsidio? No, subió. Es más, en el cuarto año de la concesión ya había logrado lo que proyectaba para el año 2020. Consecuentemente, elproblema es la concesión, y si analizáramos las sucesivas renegociaciones que se hicieron veríamos que todas fueron para peor. Lo que resulta extraño es que en el debate sobre qué se hacía con el subte a nadie se le haya ocurrido tocar este tema.
La verdad es que en lugar de estar asistiendo a este debate lamentable, el gobierno de la Nación y el de la Ciudad deberían estar revisando la concesión para no tirar sobre las costillas de la comunidad un aumento de tarifas absolutamente innecesario.
Para terminar, quiero decir lo siguiente. Nosotros entendemos que el proyecto que ha enviado el Poder Ejecutivo nacional no tiene sentido, deviene en abstracto. Por lo tanto, nos vamos a abstener de votar, pero repudiamos un acta firmada por ambos gobiernos donde se pusieron de acuerdo para violar la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad y donde a la vez se castigó a los usuarios aumentando la tarifa y dejando impune al concesionario que viene viviendo a costillas nuestras. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
SR. THOMAS, ENRIQUE LUIS (MENDOZA):
Señor presidente: quiero adelantar que nosotros vamos a votar negativamente el dictamen de mayoría y a dejar constancia de que, en realidad, deberíamos haber retirado el dictamen. Esto es fruto de aquel reclamo por los tiempos de análisis que hice en la reunión anterior.
Nuestra sensación es que el Congreso no tiene nada que ver con este tema; no hay competencia de este Congreso para dirimir un acuerdo, que en realidad no es un acuerdo. Hay una frase que simboliza lo que muchas veces sentimos en el bloque del Frente Peronista y es la siguiente: el gobierno nos quiere llevar al paraíso, pero el problema es que quiere llevarnos “a patadas”.
Tal vez la finalidad de este proyecto de ley es buena, porque de alguna manera pretende poner orden en el manejo de las políticas de transporte, en este caso entre dos jurisdicciones: la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. Pero esto siempre termina generando no son las formas sino el fondo discusiones maniqueas entre buenos y malos. Esta es la sensación que tenemos.
Para nosotros, las verdaderas razones que apoyan este proyecto de ley son dos: la falta de plata y la disputa política en la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que esta es la discusión de fondo.
Pero ya que estamos invitados a una discusión que no nos corresponde, queremos expresar algunos conceptos que nos parecen importantes. He escuchado a colegas diputados, tanto oficialistas como de la oposición, hablar de la necesidad de una coordinación entre las tres patas que están involucradas en este tema, es decir, el gobierno nacional, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno de la Ciudad, en un área de coordinación del transporte urbano. Es evidente que esto es imprescindible.
Pero le pregunto al oficialismo: ¿lo van a hacer con el mismo estilo, es decir, a las patadas? Eso es imposible. Ello requiere una voluntad de búsqueda de consensos que evidentemente hoy no está presente en la resolución de este conflicto. En cualquier urbe del mundo las jurisdicciones que están involucradas se tienen que poner de acuerdo, porque nadie puede delimitar exactamente dónde termina la Ciudad. Cuando uno va en un micro, pasa a la provincia de Buenos Aires, y el gobierno nacional también debería estar presente.
Nos hemos tomado el trabajo de ver cómo debería ser esto, es decir, qué conceptos debería abarcar. Hay que analizar la insuficiencia del servicio de los modosferroviarios, por su degradación y la antigüedad del material rodante; la falta de adecuación tecnológica en señalización y la gran cantidad de pasos a nivel; las condiciones de competitividad en el transporte público y la gran diversidad de empresas concesionarias operadoras del transporte público que dificulta la integración intermodal. En fin, hay por lo menos quince temas en agenda que deberían ser resueltos en este ámbito de concertación, consenso y diálogo.
Evidentemente, con el espíritu que estamos observando, esto no va a suceder. De modo que a los diputados oficialistas que han manifestado de buena manera esta voluntad, les digo que piensen en los métodos, porque a patadas no podrá lograrse.
No conozco un solo caso de transferencia de competencia a una jurisdicción que no se dé sin por lo menos uno de estos tres requisitos: fondos, convenio consensuado y aprobación de una de las partes involucradas. Si aprobamos esta norma estaremos ante un hecho de una gravedad institucionalidad inmensa.
Quiero también dar un mensaje a mis colegas de la provincia de Mendoza del Frente para la Victoria. He escuchado que esta iniciativa les causa mucha alegría. ¡Ojo! Puede suceder que ese gobernador que hoy es oficialista demuestre alguna diferencia con el gobierno nacional y de pronto, con este método, se encontrará con que va a traspasar el INTA, Vialidad Nacional y la Policía Federal de la provincia. ¡Ojo con esa alegría! ¿Ustedes se creen que Fabiana Ríos, Colombi y Martín Bussi se hicieron kirchneristas en 48 horas por convicción? No, es el manejo de la caja, para bien o mal.
Esos tres gobernadores fueron electos por la oposición, el que más duró estuvo en sus funciones una semana y se hicieron kirchneristas. Entonces, ¡ojo con esa alegría! Hay que dosificarla, lo digo por experiencia. (Aplausos.)
También hay que cuidarse de la tentación de la pelea entre provincianos y porteños. Creo que es algo vergonzoso y lo digo como provinciano. Todos somos argentinos y estamos discutiendo cosas mucho más importantes que esa.
Claramente, el inciso 2º del artículo 75 de la Constitución Nacional establece algunos principios de transferencias con recursos. El dato que aportó el señor diputado Pinedo me dejó helado, porque son frases de Néstor y Cristina, y los estamos contradiciendo. Parece que estamos cayendo en un error grosero.
Podemos hacer un aporte desde el Frente Peronista. Si esto termina en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque sin duda terminará allí, por qué no pedimos a ese organismo un método de arbitraje y ganamos tiempo en vez de estar discutiendo en el Congreso, que no tiene competencias para aclarar esta cuestión. Sería conveniente que el gobierno nacional y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pidieran a la Corte Suprema de Justicia que elabore un proceso de arbitraje y se sometan a él. Esta es una propuesta, en una de esas se acepta y en otras, no. De lo contrario, estaremos con subtes que no cuentan con los servicios de la Policía Federal, con transportes que se están deteriorando rápidamente, lo cual perjudica naturalmente a la gente.
Da la impresión de que siempre estamos mirando para atrás, ¿pero qué hacemos de acá para adelante? ¿A dónde van los policías que dejaron de cumplir sus tareas en el subte? ¿Dónde se fueron los que salieron de los hospitales, escuelas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿Fueron a mejorar la seguridad? Creo que no, porque ha empeorado.
Entonces, ¿cuál es la estrategia para salir de este laberinto? Por arriba; vayan a la Corte Suprema de Justicia y pidan un sistema de arbitraje, en una de esas se resuelve el problema; de otra manera, imposible.
Como dijo el señor diputado Amadeo esta es una idea del oficialismo progresista, nacional y popular; aquel que no piensa como el oficialismo es reaccionario del partido militar o de la derecha liberal.
En verdad, soportamos, tenemos aguante, pero también límites. Si el proyecto nacional y popular son los Cirigliano, los Jaime y los Schiavi, que Dios nos proteja. (Aplausos.)
Nuestra sensación es que el Congreso no tiene nada que ver con este tema; no hay competencia de este Congreso para dirimir un acuerdo, que en realidad no es un acuerdo. Hay una frase que simboliza lo que muchas veces sentimos en el bloque del Frente Peronista y es la siguiente: el gobierno nos quiere llevar al paraíso, pero el problema es que quiere llevarnos “a patadas”.
Tal vez la finalidad de este proyecto de ley es buena, porque de alguna manera pretende poner orden en el manejo de las políticas de transporte, en este caso entre dos jurisdicciones: la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. Pero esto siempre termina generando no son las formas sino el fondo discusiones maniqueas entre buenos y malos. Esta es la sensación que tenemos.
Para nosotros, las verdaderas razones que apoyan este proyecto de ley son dos: la falta de plata y la disputa política en la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que esta es la discusión de fondo.
Pero ya que estamos invitados a una discusión que no nos corresponde, queremos expresar algunos conceptos que nos parecen importantes. He escuchado a colegas diputados, tanto oficialistas como de la oposición, hablar de la necesidad de una coordinación entre las tres patas que están involucradas en este tema, es decir, el gobierno nacional, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno de la Ciudad, en un área de coordinación del transporte urbano. Es evidente que esto es imprescindible.
Pero le pregunto al oficialismo: ¿lo van a hacer con el mismo estilo, es decir, a las patadas? Eso es imposible. Ello requiere una voluntad de búsqueda de consensos que evidentemente hoy no está presente en la resolución de este conflicto. En cualquier urbe del mundo las jurisdicciones que están involucradas se tienen que poner de acuerdo, porque nadie puede delimitar exactamente dónde termina la Ciudad. Cuando uno va en un micro, pasa a la provincia de Buenos Aires, y el gobierno nacional también debería estar presente.
Nos hemos tomado el trabajo de ver cómo debería ser esto, es decir, qué conceptos debería abarcar. Hay que analizar la insuficiencia del servicio de los modosferroviarios, por su degradación y la antigüedad del material rodante; la falta de adecuación tecnológica en señalización y la gran cantidad de pasos a nivel; las condiciones de competitividad en el transporte público y la gran diversidad de empresas concesionarias operadoras del transporte público que dificulta la integración intermodal. En fin, hay por lo menos quince temas en agenda que deberían ser resueltos en este ámbito de concertación, consenso y diálogo.
Evidentemente, con el espíritu que estamos observando, esto no va a suceder. De modo que a los diputados oficialistas que han manifestado de buena manera esta voluntad, les digo que piensen en los métodos, porque a patadas no podrá lograrse.
No conozco un solo caso de transferencia de competencia a una jurisdicción que no se dé sin por lo menos uno de estos tres requisitos: fondos, convenio consensuado y aprobación de una de las partes involucradas. Si aprobamos esta norma estaremos ante un hecho de una gravedad institucionalidad inmensa.
Quiero también dar un mensaje a mis colegas de la provincia de Mendoza del Frente para la Victoria. He escuchado que esta iniciativa les causa mucha alegría. ¡Ojo! Puede suceder que ese gobernador que hoy es oficialista demuestre alguna diferencia con el gobierno nacional y de pronto, con este método, se encontrará con que va a traspasar el INTA, Vialidad Nacional y la Policía Federal de la provincia. ¡Ojo con esa alegría! ¿Ustedes se creen que Fabiana Ríos, Colombi y Martín Bussi se hicieron kirchneristas en 48 horas por convicción? No, es el manejo de la caja, para bien o mal.
Esos tres gobernadores fueron electos por la oposición, el que más duró estuvo en sus funciones una semana y se hicieron kirchneristas. Entonces, ¡ojo con esa alegría! Hay que dosificarla, lo digo por experiencia. (Aplausos.)
También hay que cuidarse de la tentación de la pelea entre provincianos y porteños. Creo que es algo vergonzoso y lo digo como provinciano. Todos somos argentinos y estamos discutiendo cosas mucho más importantes que esa.
Claramente, el inciso 2º del artículo 75 de la Constitución Nacional establece algunos principios de transferencias con recursos. El dato que aportó el señor diputado Pinedo me dejó helado, porque son frases de Néstor y Cristina, y los estamos contradiciendo. Parece que estamos cayendo en un error grosero.
Podemos hacer un aporte desde el Frente Peronista. Si esto termina en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque sin duda terminará allí, por qué no pedimos a ese organismo un método de arbitraje y ganamos tiempo en vez de estar discutiendo en el Congreso, que no tiene competencias para aclarar esta cuestión. Sería conveniente que el gobierno nacional y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pidieran a la Corte Suprema de Justicia que elabore un proceso de arbitraje y se sometan a él. Esta es una propuesta, en una de esas se acepta y en otras, no. De lo contrario, estaremos con subtes que no cuentan con los servicios de la Policía Federal, con transportes que se están deteriorando rápidamente, lo cual perjudica naturalmente a la gente.
Da la impresión de que siempre estamos mirando para atrás, ¿pero qué hacemos de acá para adelante? ¿A dónde van los policías que dejaron de cumplir sus tareas en el subte? ¿Dónde se fueron los que salieron de los hospitales, escuelas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿Fueron a mejorar la seguridad? Creo que no, porque ha empeorado.
Entonces, ¿cuál es la estrategia para salir de este laberinto? Por arriba; vayan a la Corte Suprema de Justicia y pidan un sistema de arbitraje, en una de esas se resuelve el problema; de otra manera, imposible.
Como dijo el señor diputado Amadeo esta es una idea del oficialismo progresista, nacional y popular; aquel que no piensa como el oficialismo es reaccionario del partido militar o de la derecha liberal.
En verdad, soportamos, tenemos aguante, pero también límites. Si el proyecto nacional y popular son los Cirigliano, los Jaime y los Schiavi, que Dios nos proteja. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR. GIL LAVEDRA, RICARDO RODOLFO (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: vengo a cerrar este debate para fundamentar la posición que va a tomar el bloque de la Unión Cívica Radical.
Probablemente, fruto del impulso de subitaneidad que ha tenido el tratamiento de este tema, me parece que cualquier lector que efectúe un análisis del debate que se está realizando esta tarde verá la enorme confusión que hay en los argumentos vertidos. Hay confusión tanto en los argumentos jurídicos como en los políticos.
En lo jurídico se encuentran discrepancias de todo tipo: que el Parlamento debe o no intervenir en este momento, que estaríamos teniendo una presencia inconstitucional, que sería inocuo e ineficaz lo que hagamos.
Y políticamente también hay de todo: estamos hablando de federalismo, que se está reparando una inequidad o, mejor dicho, equidad, existente hasta el momento, que se quieren desprender del subte, que si hay un aprovechamiento de la ingenuidad y que se debe hacer cargo el jefe de Gobierno de lo que suscribió por su propia y libre voluntad.
Quiero adelantar que creo que está bien que intervenga el Congreso, lo que no quiere decir que nosotros vayamos a resolver la cuestión, pero hay fundamentos suficientes para que intervenga.
Si se me permite, quiero comenzar por las razones políticas y no por las jurídicas. Esto significa descorrer el velo acerca de qué razones están detrás de la iniciativa, porque no es que en una noche de insomnio De Vido y la presidenta hayan descubierto el artículo 129 de la Constitución después de muchos años y que hayan tenido un arranque para defender la autonomía de los porteños.
Lo que está detrás, y se dijo con toda claridad en muchas de las exposiciones del debate, es una cuestión de quién soporta el ajuste, porque nos encontramos en un contexto de ajuste.
Cuando sobrevino la crisis y se dictó la emergencia que todavía perdura y se hizo necesario establecer la renegociación de todos los contratos de concesión, el gobierno nacional, probablemente con buen tino, comenzó a implementar el sistema de subsidios para tratar de no acarrear mayores costos sociales.
Ahora bien, de esto hace nueve años. Los nueve años transcurridos demuestran inequívocamente el fracaso total de la política de transportes o, dicho de otra manera, la política de subsidios que esconde una ausencia de políticas, porque detrás de la mascarada del subsidio vamos a encontrar nada más que corrupción, no políticas.
Y les digo por qué: han aumentado treinta veces los subsidios. Me refiero a los subsidios totales, incluyendo no sólo el transporte sino también los que tienen que ver con la energía y con otras cuestiones.
En lo que hace a transportes, estamos hablando de más de 18 mil millones de pesos durante 2011. Sin embargo, en ninguna de las aperturas de sesiones ordinarias, cuando el presidente de la República anuncia su plan de gobierno –tanto en el caso del ex presidente Néstor Kirchner como en las largas exposiciones que nos regala la señora presidenta se mencionó nunca la palabra “subsidios” para referirse explícitamente a las erogaciones que se realizan a empresas de ese sector, salvo este año.
Este año, la señora presidenta nombró a los subsidios en dieciséis oportunidades. Habló de subsidios sociales, de la “sintonía fina” para la industria avícola, dijo que las compensaciones al transporte permitían subir salarios manteniendo fijas las tarifas, habló del conflicto de la Ciudad de Buenos Aires con el subte, también de las ganancias de empresas debidas a subsidios a la electricidad.
¿Por qué este es el primer año que habla de subsidios al transporte? ¿No será que habla de subsidio cuando ya no lo quiere pagar más, cuando lo que hace falta en este momento es la caja? Y hace falta porque esta política sólo es subsistente y sostenible teniendo superávit, y el superávit se esfumó. En consecuencia, lo que queda ahora de saldo es la ausencia absoluta de resultado.
Fueron aumentando progresivamente subsidios ineficientes y absolutamente inequitativos. Subsidiaron siempre la oferta, es decir, subsidiaron sin atender las necesidades sociales. No subsidiaron la demanda, no recurrieron al vale como el que se utiliza en Brasil ni a la compensación que existe en el sistema chileno. Subsidiaron nada más que a la oferta, y cada vez más, a través de un intrincado marco oscuro respecto de los concesionarios, lo que le ha costado al ex secretario Jaime veintidós procesos penales, y habrá muchos más cuando se pueda saber qué hay detrás de los subsidios. ¿Por qué?
Porque esta política de subsidios ha llevado a que haya un transporte inferior: la gente viaja peor, hay menos lugar, es más inseguro y no se han efectuado las inversiones necesarias de mantenimiento. Esta ausencia de políticas provocó la tragedia de Once por la falta de inversión y mantenimiento del sistema. Este es el verdadero motivo. No estamos hablando de querer traspasar los subtes a la Ciudad por esa razón.
De todas maneras no cabe duda, y me parece que nadie ha negado que los subterráneos y los colectivos forman parte de la competencia de la Ciudad de Buenos Aires, que la polémica se ha centrado más que nada en derredor de si el Congreso debe o no debe intervenir. Es una polémica curiosa.
En mi humilde opinión, el Poder Legislativo es el único poder del Estado que tiene una competencia subsidiaria. Es la frase del politólogo suizo Jean Louis De Lolme cuando decía “el Parlamento inglés puede hacer cualquier cosa menos cambiar el sexo de un hombre y de una mujer”. Si ustedes leen el último inciso del artículo 75 de la Constitución Nacional, que es el 32, advertirán que le corresponde al Congreso: “Hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes, y todos los otros concedidos por la presente Constitución al gobierno de la Nación Argentina”.
Son los otros poderes los que tienen facultades limitadas. Obviamente, el único poder que nosotros no podemos ejercer es el Judicial. Pero hay una cláusula explícita en la Constitución que lo autoriza, que es el tan mentado inciso 2º en su última parte. Allí dice: “No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por la ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la Ciudad de Buenos Aires en su caso.”
El convenio que suscribió el jefe de Gobierno, por el cual la Nación se comprometió a abonar 360 millones de pesos que salen del presupuesto de un fondo fiduciario ahora incluido en el presupuesto, ¿no merece la intervención del Congreso? ¿No es un caso explícito –como creo- del artículo 75 inciso 2º de la Constitución?
Entiendo que no es incorrecto; está bien. No veo ningún obstáculo para que un acuerdo se someta a la aprobación del Congreso de la Nación, y máxime cuando se trata de una transferencia de recursos que pertenecen a todos. Es el Congreso el que debe aprobarlo.
También creo que es inexorable el papel de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para aprobar lo que firmó el jefe de Gobierno y que luego denunció. No nos corresponde a nosotros defender y estimar qué quiso hacer el jefe de Gobierno.
El jefe de Gobierno entendió libremente que ésa era la cifra justa para poder hacerse cargo de los subtes. La consideró conveniente y necesaria y la tenía que someter a la consideración de su Legislatura, y tan confiadoestaba que a los pocos días incluso subió la tarifa, supongo que en base a un estudio que nosotros no tenemos competencia para realizar. No nos corresponde a nosotros, desde el Congreso de la Nación, realizar esta defensa. Se tendrá que hacer en la Legislatura de la Ciudad o se dirimirá judicialmente no se sabe cuándo, pero no cabe ninguna duda de que esta intervención del Congreso está perfectamente encuadrada en las reglas constitucionales.
En ese sentido, nosotros vamos a votar a favor, en general, porque apoyamos la transferencia de los subterráneos, como viene expresada en el artículo 1°, y lo vamos a hacer porque la defensa de la autonomía de la Ciudad es inseparable de las aspiraciones que siempre tuvo la Unión Cívica Radical.
Durante la gestión del presidente Alfonsín, los subtes los manejaba la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, con un décimo del presupuesto del gobierno de la Ciudad. Esto sucedió con el gobierno de Julio Saguier y con el de Facundo Suárez Lastra. (Aplausos.) También fue durante el gobierno del doctor Alfonsín cuando le prestamos atención al área metropolitana.
En ese sentido, nosotros vamos a estar siempre del lado de la autonomía con recursos, y por esta razón vamos a presentar nuestra disidencia y a pedir especialmente al oficialismo que nos acompañe.
Ustedes saben muy bien que el artículo 2° de la transferencia de los colectivos sin atender al área metropolitana es un dislate. No podemos transferir los colectivos de la Ciudad sin atender al área metropolitana, sin recursos, sin subsidios, para que esto recaiga directamente sobre los vecinos de la Ciudad, y sin poner en funcionamiento el área metropolitana.
Ahí va a radicar nuestra disidencia. Todos han hablado del área metropolitana. Nuestra disidencia permite que si nos acompañan en esos artículos, que son nada más que tres que eliminan las restricciones de la ley 25.031, mañana podamos tener en funcionamiento al Ente de Control Metropolitano (ECOTAM). Mañana, si hay buena fe, si actúan con responsabilidad. ¿Qué impide votarlos?
Sé que el bloque oficialista requiere en este caso instrucciones. Pídanlas a la presidenta, consúltenla antes de votar. Le van a hacer un bien al porteño y también al área metropolitana. Es un caos. Y esto está así desde el año 1998, y en los últimos nueve años no ha habido el menor intento de solucionarlo.
La reforma de 1994, en la cual ha participado activamente el matrimonio Kirchner, introdujo muchas reformas al sistema federal. Se introdujo la posibilidad de las regiones y los acuerdos que las provincias podían realizar. También se introdujo un mecanismo en lo que hace a la distribución del federalismo fiscal, que necesita de muchos acuerdos Nación-provincias.
Esto dio lugar a que un constitucionalista cordobés fallecido hace muy poco, Pedro Frías, dijera que la Constitución de 1994 había introducido un nuevo federalismo, un federalismo de concertación que significaba que no había una distribución rígida de competencias entre la Nación y las provincias, que esto era flexible, y que en ese caso se necesitaba cooperación y colaboración, y que así iban a surgir los acuerdos.
Porque los grandes acuerdos, señores, no nacen de los iguales, los acuerdos valederos nacen de los que son diferentes. En consecuencia, esta trifulca que tiene como rehén al pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, y en la que se ha empeñado el gobierno nacional, carece para nosotros de sentido.
Por eso, exhortamos a que retomemos este camino,el mecanismo de la concertación, del diálogo y actúen con patriotismo, porque a la Nación Argentina la construimos entre todos: entre el gobierno nacional y cada uno de los Estados provinciales, incluida la Ciudad de Buenos Aires. Si actúan de esa manera, siempre van a encontrar a la Unión Cívica Radical para acompañarlos. (Aplausos.)
Probablemente, fruto del impulso de subitaneidad que ha tenido el tratamiento de este tema, me parece que cualquier lector que efectúe un análisis del debate que se está realizando esta tarde verá la enorme confusión que hay en los argumentos vertidos. Hay confusión tanto en los argumentos jurídicos como en los políticos.
En lo jurídico se encuentran discrepancias de todo tipo: que el Parlamento debe o no intervenir en este momento, que estaríamos teniendo una presencia inconstitucional, que sería inocuo e ineficaz lo que hagamos.
Y políticamente también hay de todo: estamos hablando de federalismo, que se está reparando una inequidad o, mejor dicho, equidad, existente hasta el momento, que se quieren desprender del subte, que si hay un aprovechamiento de la ingenuidad y que se debe hacer cargo el jefe de Gobierno de lo que suscribió por su propia y libre voluntad.
Quiero adelantar que creo que está bien que intervenga el Congreso, lo que no quiere decir que nosotros vayamos a resolver la cuestión, pero hay fundamentos suficientes para que intervenga.
Si se me permite, quiero comenzar por las razones políticas y no por las jurídicas. Esto significa descorrer el velo acerca de qué razones están detrás de la iniciativa, porque no es que en una noche de insomnio De Vido y la presidenta hayan descubierto el artículo 129 de la Constitución después de muchos años y que hayan tenido un arranque para defender la autonomía de los porteños.
Lo que está detrás, y se dijo con toda claridad en muchas de las exposiciones del debate, es una cuestión de quién soporta el ajuste, porque nos encontramos en un contexto de ajuste.
Cuando sobrevino la crisis y se dictó la emergencia que todavía perdura y se hizo necesario establecer la renegociación de todos los contratos de concesión, el gobierno nacional, probablemente con buen tino, comenzó a implementar el sistema de subsidios para tratar de no acarrear mayores costos sociales.
Ahora bien, de esto hace nueve años. Los nueve años transcurridos demuestran inequívocamente el fracaso total de la política de transportes o, dicho de otra manera, la política de subsidios que esconde una ausencia de políticas, porque detrás de la mascarada del subsidio vamos a encontrar nada más que corrupción, no políticas.
Y les digo por qué: han aumentado treinta veces los subsidios. Me refiero a los subsidios totales, incluyendo no sólo el transporte sino también los que tienen que ver con la energía y con otras cuestiones.
En lo que hace a transportes, estamos hablando de más de 18 mil millones de pesos durante 2011. Sin embargo, en ninguna de las aperturas de sesiones ordinarias, cuando el presidente de la República anuncia su plan de gobierno –tanto en el caso del ex presidente Néstor Kirchner como en las largas exposiciones que nos regala la señora presidenta se mencionó nunca la palabra “subsidios” para referirse explícitamente a las erogaciones que se realizan a empresas de ese sector, salvo este año.
Este año, la señora presidenta nombró a los subsidios en dieciséis oportunidades. Habló de subsidios sociales, de la “sintonía fina” para la industria avícola, dijo que las compensaciones al transporte permitían subir salarios manteniendo fijas las tarifas, habló del conflicto de la Ciudad de Buenos Aires con el subte, también de las ganancias de empresas debidas a subsidios a la electricidad.
¿Por qué este es el primer año que habla de subsidios al transporte? ¿No será que habla de subsidio cuando ya no lo quiere pagar más, cuando lo que hace falta en este momento es la caja? Y hace falta porque esta política sólo es subsistente y sostenible teniendo superávit, y el superávit se esfumó. En consecuencia, lo que queda ahora de saldo es la ausencia absoluta de resultado.
Fueron aumentando progresivamente subsidios ineficientes y absolutamente inequitativos. Subsidiaron siempre la oferta, es decir, subsidiaron sin atender las necesidades sociales. No subsidiaron la demanda, no recurrieron al vale como el que se utiliza en Brasil ni a la compensación que existe en el sistema chileno. Subsidiaron nada más que a la oferta, y cada vez más, a través de un intrincado marco oscuro respecto de los concesionarios, lo que le ha costado al ex secretario Jaime veintidós procesos penales, y habrá muchos más cuando se pueda saber qué hay detrás de los subsidios. ¿Por qué?
Porque esta política de subsidios ha llevado a que haya un transporte inferior: la gente viaja peor, hay menos lugar, es más inseguro y no se han efectuado las inversiones necesarias de mantenimiento. Esta ausencia de políticas provocó la tragedia de Once por la falta de inversión y mantenimiento del sistema. Este es el verdadero motivo. No estamos hablando de querer traspasar los subtes a la Ciudad por esa razón.
De todas maneras no cabe duda, y me parece que nadie ha negado que los subterráneos y los colectivos forman parte de la competencia de la Ciudad de Buenos Aires, que la polémica se ha centrado más que nada en derredor de si el Congreso debe o no debe intervenir. Es una polémica curiosa.
En mi humilde opinión, el Poder Legislativo es el único poder del Estado que tiene una competencia subsidiaria. Es la frase del politólogo suizo Jean Louis De Lolme cuando decía “el Parlamento inglés puede hacer cualquier cosa menos cambiar el sexo de un hombre y de una mujer”. Si ustedes leen el último inciso del artículo 75 de la Constitución Nacional, que es el 32, advertirán que le corresponde al Congreso: “Hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes, y todos los otros concedidos por la presente Constitución al gobierno de la Nación Argentina”.
Son los otros poderes los que tienen facultades limitadas. Obviamente, el único poder que nosotros no podemos ejercer es el Judicial. Pero hay una cláusula explícita en la Constitución que lo autoriza, que es el tan mentado inciso 2º en su última parte. Allí dice: “No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por la ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la Ciudad de Buenos Aires en su caso.”
El convenio que suscribió el jefe de Gobierno, por el cual la Nación se comprometió a abonar 360 millones de pesos que salen del presupuesto de un fondo fiduciario ahora incluido en el presupuesto, ¿no merece la intervención del Congreso? ¿No es un caso explícito –como creo- del artículo 75 inciso 2º de la Constitución?
Entiendo que no es incorrecto; está bien. No veo ningún obstáculo para que un acuerdo se someta a la aprobación del Congreso de la Nación, y máxime cuando se trata de una transferencia de recursos que pertenecen a todos. Es el Congreso el que debe aprobarlo.
También creo que es inexorable el papel de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para aprobar lo que firmó el jefe de Gobierno y que luego denunció. No nos corresponde a nosotros defender y estimar qué quiso hacer el jefe de Gobierno.
El jefe de Gobierno entendió libremente que ésa era la cifra justa para poder hacerse cargo de los subtes. La consideró conveniente y necesaria y la tenía que someter a la consideración de su Legislatura, y tan confiadoestaba que a los pocos días incluso subió la tarifa, supongo que en base a un estudio que nosotros no tenemos competencia para realizar. No nos corresponde a nosotros, desde el Congreso de la Nación, realizar esta defensa. Se tendrá que hacer en la Legislatura de la Ciudad o se dirimirá judicialmente no se sabe cuándo, pero no cabe ninguna duda de que esta intervención del Congreso está perfectamente encuadrada en las reglas constitucionales.
En ese sentido, nosotros vamos a votar a favor, en general, porque apoyamos la transferencia de los subterráneos, como viene expresada en el artículo 1°, y lo vamos a hacer porque la defensa de la autonomía de la Ciudad es inseparable de las aspiraciones que siempre tuvo la Unión Cívica Radical.
Durante la gestión del presidente Alfonsín, los subtes los manejaba la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, con un décimo del presupuesto del gobierno de la Ciudad. Esto sucedió con el gobierno de Julio Saguier y con el de Facundo Suárez Lastra. (Aplausos.) También fue durante el gobierno del doctor Alfonsín cuando le prestamos atención al área metropolitana.
En ese sentido, nosotros vamos a estar siempre del lado de la autonomía con recursos, y por esta razón vamos a presentar nuestra disidencia y a pedir especialmente al oficialismo que nos acompañe.
Ustedes saben muy bien que el artículo 2° de la transferencia de los colectivos sin atender al área metropolitana es un dislate. No podemos transferir los colectivos de la Ciudad sin atender al área metropolitana, sin recursos, sin subsidios, para que esto recaiga directamente sobre los vecinos de la Ciudad, y sin poner en funcionamiento el área metropolitana.
Ahí va a radicar nuestra disidencia. Todos han hablado del área metropolitana. Nuestra disidencia permite que si nos acompañan en esos artículos, que son nada más que tres que eliminan las restricciones de la ley 25.031, mañana podamos tener en funcionamiento al Ente de Control Metropolitano (ECOTAM). Mañana, si hay buena fe, si actúan con responsabilidad. ¿Qué impide votarlos?
Sé que el bloque oficialista requiere en este caso instrucciones. Pídanlas a la presidenta, consúltenla antes de votar. Le van a hacer un bien al porteño y también al área metropolitana. Es un caos. Y esto está así desde el año 1998, y en los últimos nueve años no ha habido el menor intento de solucionarlo.
La reforma de 1994, en la cual ha participado activamente el matrimonio Kirchner, introdujo muchas reformas al sistema federal. Se introdujo la posibilidad de las regiones y los acuerdos que las provincias podían realizar. También se introdujo un mecanismo en lo que hace a la distribución del federalismo fiscal, que necesita de muchos acuerdos Nación-provincias.
Esto dio lugar a que un constitucionalista cordobés fallecido hace muy poco, Pedro Frías, dijera que la Constitución de 1994 había introducido un nuevo federalismo, un federalismo de concertación que significaba que no había una distribución rígida de competencias entre la Nación y las provincias, que esto era flexible, y que en ese caso se necesitaba cooperación y colaboración, y que así iban a surgir los acuerdos.
Porque los grandes acuerdos, señores, no nacen de los iguales, los acuerdos valederos nacen de los que son diferentes. En consecuencia, esta trifulca que tiene como rehén al pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, y en la que se ha empeñado el gobierno nacional, carece para nosotros de sentido.
Por eso, exhortamos a que retomemos este camino,el mecanismo de la concertación, del diálogo y actúen con patriotismo, porque a la Nación Argentina la construimos entre todos: entre el gobierno nacional y cada uno de los Estados provinciales, incluida la Ciudad de Buenos Aires. Si actúan de esa manera, siempre van a encontrar a la Unión Cívica Radical para acompañarlos. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
SR. ROSSI, AGUSTIN OSCAR (SANTA FE):
Señor presidente: en primer lugar, quiero hacer una reflexión muy sintética sobre el funcionamiento del Congreso. Desde que usted preside esta Cámara tuvimos sobre el final del año pasado una serie de sesiones que nos permitieron sancionar nueve leyes. Estamos terminando marzo y nos encontramos celebrando la quinta sesión del mes, si incluimos la Asamblea Legislativa del día 1°.
La sociedad nos pide que sesionemos, que trabajemos y debatamos. En varias oportunidades, he dicho que los dos últimos años fueron deficitarios desde el punto de vista parlamentario. Ya no interesa saber a quién caben las responsabilidades. Ante el conjunto de la sociedad venimos de dos malos años, y desde el oficialismo tenemos toda la voluntad, vocación e intención de que éste sea un año productivo en materia parlamentaria.
Al igual que cualquier oficialismo, vamos a empujar nuestra agenda parlamentaria, que incluye obviamente los temas del Poder Ejecutivo. Somos el oficialismo, quienes hemos llegado a este Congreso defendiendo el proyecto político de Cristina Fernández de Kirchner, y es lógico que así lo hagamos y resolvamos. Pero también contemplamos iniciativas conjuntas de distintos bloques y vamos a trabajar en ello.
Queremos hacer funcionar las comisiones, que éstas emitan dictámenes y sesionar todas las veces que sea necesario.
Por ello, si aquello de que el “Congreso exprés” y “escribanía” tiene que ver con el funcionamiento de este Parlamento, desde que usted es presidente de esta Cámara, queremos decir que estamos orgullosos de que el Congreso haya funcionado así, como lo ha hecho durante diciembre y el corriente mes. Comprometemos nuestro trabajo en este sentido.
Por otra parte, refiriéndome al tema en debate, quiero reflexionar desde el sentido común. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el único gobierno local que no administra su propio sistema de transporte urbano de pasajeros. Todas las otras intendencias –en la Argentina hay más de dos mil administran su sistema de transporte urbano de pasajeros. Lo hacen las pequeñas, las medianas y las grandes.
El intendente de Bahía Blanca acaba de rescindir el contrato de una o dos de las líneas de transporte urbano de pasajeros de su localidad. Está buscando una alternativa: si llama a licitación, si constituye una empresa municipal o bien una mixta.
Asimismo, la intendenta de la ciudad de Rosario aumentó el precio del transporte urbano de pasajeros. Por su parte, el intendente de Santa Fe presentó esta semana una nueva flota del sistema de transporte urbano de pasajeros. El intendente de Venado Tuerto está reglamentando una ordenanza para la implementación del medio boleto para los estudiantes de esa ciudad, porque fue sancionada por el Concejo Municipal. En San Salvador de Jujuy, también hace pocos días, el intendente y el Concejo Municipal fijaron su aumento tarifario.
Todo esto ocurre no solamente en la Argentina. Eljefe de Gobierno de la Ciudad de México está viendo de qué manera introduce en su sistema de transporte los autobuses híbridos, que funcionan a gas y a electricidad, para reducir la contaminación ambiental. Lo mismo hace el jefe de Gobierno de la ciudad de Madrid. Entonces, ¿por qué si en todo el mundo la administración del sistema de transporte urbano de pasajeros está en manos de los gobiernos locales, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no asume tal administración teniendo la posibilidad de hacerlo?
He escuchado argumentos que indican que la medida es un dislate porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está dentro del marco del conurbano, pero informo que ésta no es la única ciudad que tiene conurbano. Rosario también tiene conurbano, y sin embargo cuenta con un sistema de transportes que van de una ciudad a otra. Por ejemplo, en el caso de Rosario y Villa Gobernador Gálvez –que están pegadas, aunque divididas por el arroyo Saladillo el tema es resuelto por ambas administraciones municipales. Lo mismo sucede respecto de las ciudades de Rosario y Granadero Baigorria. Cada una de las ciudades importantes tiene conurbano y puede resolver el sistema de transporte sin ningún tipo de problemas.
Entonces, parece extraño, poco razonable, e incluso, algo caprichoso, que el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires haya dicho “no quiero” frente a la posibilidad de empezar a administrar el sistema de transporte de pasajeros. ¿Por qué dijo eso? Según él, porque no están dadas las condiciones para que ello se lleve adelante.
Las excusas son casi irrepetibles e irrisorias para cualquier ciudadano del interior. A ninguno de quienes vivimos en el interior se nos ocurriría pensar que al llegar a nuestra ciudad su intendente o intendenta pudiese decir que nunca más administrará el sistema de transportes, por ejemplo, porque en las calles hay baches, no tiene plata para arreglarlos y estos pueden provocar accidentes.
En verdad, en ningún lugar de la Argentina sucede eso. Los intendentes, los concejos deliberantes, los vecinos de cada una de las localidades administran su propio sistema; deciden sus frecuencias, sus recorridos, sus franquicias y las distintas tarifas, según los diferentes sistemas de transporte urbano de pasajeros.
Esta discusión aparece extraña. En general, en la gran parte de las capitales del mundo –Buenos Aires lo es el jefe de Gobierno administra su sistema de transporte. El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decidió desandar ese camino; comenzó a construirlo pero luego se volvió atrás, con una serie de argumentos y de excusas; sin embargo, no puede excusarse de su propia responsabilidad.
Weber hablaba de la ética de las convicciones y de la ética de la responsabilidad, a veces planteadas en términos contrapuestos. En cualquier caso, cuando uno gobierna tiene que resolver los problemas, ya que no gobernamos para comentarlos. Esta es una estética de dirigentes que termina sin generar políticas públicas que beneficien al conjunto de sus representados.
Siempre se está en pose: “Guarda, que si es complicado y no me conviene demasiado, puede afectarme...”. Ésta es una lógica demasiado mezquina dentro de la magnitud del tema que estamos tratando.
Se ha dicho que estamos transfiriendo los servicios, sin recursos. Digamos claramente qué son los subsidios. Estos constituyen compensaciones tarifarias. Así lo reconoce el propio jefe de Gobierno, en los fundamentos de la resolución por la que fija la tarifa del subte. Nadie dice que, al ser los subsidios compensaciones tarifarias, deben mantenerse en el tiempo.
Fue una decisión de nuestro gobierno nacionalaplicar esa política de subsidios para garantizar o aumentar la movilidad de los ciudadanos del conurbano bonaerense y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fue una decisión de nuestro gobierno enmarcada en una política general de subsidios que ya hemos explicado en más de una oportunidad aquí.
En lo que hace a los usuarios residenciales, la política general de subsidios que aplicamos durante ocho años tenía que ver fundamentalmente con fomentar el consumo, porque lo que hacíamos era dejar que la plata que ganábamos los argentinos quede en el bolsillo de los argentinos. De esta manera, los argentinos consumen y con eso garantizan parte del crecimiento económico de nuestro país.
Lo dije cuando debatimos el tema del Banco Central y lo vuelvo a repetir ahora. Han pasado ocho años de esa política general de subsidios y nos parece lógico, como ha dicho la presidenta, que esa política general tenga una mirada de “sintonía fina” y más precisa desde ese punto de vista.
Esto es lo que ha pasado. Esa política de subsidios consta de diferentes instrumentos. Uno de ellos es el SITAU, que ya no es el único instrumento del sistema de transporte urbano de pasajeros. El SITAU es un fideicomiso que se integra con una alícuota del precio del gasoil. Dicha alícuota integra el fideicomiso y se distribuye con un criterio que está fijado en ese fideicomiso: el distrito que más aporta, o sea, que más gasoil consume –en este caso el AMBA, más recibe.
Esto fue lo que provocó la distorsión con el sistema de transporte urbano de pasajeros en el interior. Por eso, este Congreso, a iniciativa de este bloque -y de otros diputados que hoy ya no están-, en dos oportunidades aumentó la alícuota del gasoil. La pasamos de 20,2 al 22 por ciento, y lo hicimos en dos tramos: una vez aumentamos un 0,8 por ciento y luego un punto más con el objetivo de que ese 1,8 que se recaude se distribuya en todos los sistemas del interior, menos dentro de la Ciudad de Buenos Aires, como forma de equilibrar el SITAU.
Entonces, esa política de subsidio para el transporte tampoco representa el ciento por ciento de los subsidios. Hay subsidios de recursos presupuestarios que ha llevado adelante el gobierno nacional para su área de competencia, que era donde actuaba en forma directa.
Ahora bien, si estamos transfiriendo la competencia el que tiene la potestad de seguir manteniendo un sistema de subsidios o de aumentar tarifas es quien tiene la nueva competencia, que es lo que reconoció implícitamente el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuando fijó el aumento. Transferimos los subsidios, y esta fue la más fehaciente voluntad de nuestro gobierno para acompañar esta transferencia en un sentido equitativo.
No les tiramos el subte por la cabeza, tal como dicen algunos, porque durante un año íbamos a acompañar con una política de subsidios, cosa que no hace el Estado nacional con ninguna otra ciudad de nuestro país. Lo iba a hacer con la Ciudad de Buenos Aires de manera de contribuir a ese espíritu de buena voluntad tendiente a seguir trabajando en conjunto con la administración de la Ciudad de Buenos Aires.
Por lo tanto, no estamos transfiriendo una escuela con los maestros y con los sueldos. Estamos transfiriendo el poder concedente. Antes concedía el Estado nacional y ahora esa transferencia del poder concedente es a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien definirá cuánto hay de tarifa y cuánto de compensación tarifaria con sus propios recursos para ver hacia dónde lleva y administra el sistema de transporte urbano de pasajeros de la Ciudad de Buenos Aires.
Entonces, desde ese punto de vista, la cuestión estaba bastante clara para nosotros. El Congreso está abocándose al tema. Muchos diputados impugnaron esta actitud del Congreso. A mí, que no soy constitucionalista, me resulta difícil entender algunos temas.
El primer punto del temario de la Comisión de Legislación General convocada para el día de mañana es latransferencia a título gratuito de un inmueble del Estado nacional a la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, para eso debemos sancionar una ley, pero no podríamos hacerlo para una transferencia de servicios que, como dijo el diputado Gil Lavedra, incluye recursos que son propios del Estado nacional.
También he escuchado de muchos legisladores que el camino que debería seguir el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es el judicial, hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia.
En verdad, me parece que sería un error. El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se equivocó cuando desconoció el acuerdo. Ahora el jefe de Gobierno tendría, además de un acta, una ley. Lo razonable y lógico sería que el jefe de Gobierno la respete, lo que no estaría mal, ya que, en general, las leyes están hechas para ser respetadas; o podría respetar el acta que firmó.
También tendrá la gran oportunidad de administrar su propio sistema de transporte. Todos sabemos, porque hemos modificado la ley Cafiero, que el jefe de Gobierno pudo hacer su propia policía, de la cual está orgulloso, y está bien que lo esté.
También podría estar orgulloso de construir un buen sistema de transporte urbano de pasajeros. Le aconsejo que si le llevan el nombre de Ciro James o Fino Palacios para administrar el sistema de transporte urbano de pasajeros de la Ciudad de Buenos Aires, no les haga caso, porque le podrían causar algún dolor de cabeza. (Aplausos.)
Entonces, por la reforma de la Constitución de 1994, por la ley Cafiero, por la ley 373 del 2000, por el acta acuerdo que se firmó –habiendo hecho uso de ella y habiendo fijado la política tarifaria- y por esta iniciativa, desde el oficialismo le aconsejamos respetuosamente al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se haga cargo de esta norma que hoy vamos a aprobar. (Aplausos.)
La sociedad nos pide que sesionemos, que trabajemos y debatamos. En varias oportunidades, he dicho que los dos últimos años fueron deficitarios desde el punto de vista parlamentario. Ya no interesa saber a quién caben las responsabilidades. Ante el conjunto de la sociedad venimos de dos malos años, y desde el oficialismo tenemos toda la voluntad, vocación e intención de que éste sea un año productivo en materia parlamentaria.
Al igual que cualquier oficialismo, vamos a empujar nuestra agenda parlamentaria, que incluye obviamente los temas del Poder Ejecutivo. Somos el oficialismo, quienes hemos llegado a este Congreso defendiendo el proyecto político de Cristina Fernández de Kirchner, y es lógico que así lo hagamos y resolvamos. Pero también contemplamos iniciativas conjuntas de distintos bloques y vamos a trabajar en ello.
Queremos hacer funcionar las comisiones, que éstas emitan dictámenes y sesionar todas las veces que sea necesario.
Por ello, si aquello de que el “Congreso exprés” y “escribanía” tiene que ver con el funcionamiento de este Parlamento, desde que usted es presidente de esta Cámara, queremos decir que estamos orgullosos de que el Congreso haya funcionado así, como lo ha hecho durante diciembre y el corriente mes. Comprometemos nuestro trabajo en este sentido.
Por otra parte, refiriéndome al tema en debate, quiero reflexionar desde el sentido común. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el único gobierno local que no administra su propio sistema de transporte urbano de pasajeros. Todas las otras intendencias –en la Argentina hay más de dos mil administran su sistema de transporte urbano de pasajeros. Lo hacen las pequeñas, las medianas y las grandes.
El intendente de Bahía Blanca acaba de rescindir el contrato de una o dos de las líneas de transporte urbano de pasajeros de su localidad. Está buscando una alternativa: si llama a licitación, si constituye una empresa municipal o bien una mixta.
Asimismo, la intendenta de la ciudad de Rosario aumentó el precio del transporte urbano de pasajeros. Por su parte, el intendente de Santa Fe presentó esta semana una nueva flota del sistema de transporte urbano de pasajeros. El intendente de Venado Tuerto está reglamentando una ordenanza para la implementación del medio boleto para los estudiantes de esa ciudad, porque fue sancionada por el Concejo Municipal. En San Salvador de Jujuy, también hace pocos días, el intendente y el Concejo Municipal fijaron su aumento tarifario.
Todo esto ocurre no solamente en la Argentina. Eljefe de Gobierno de la Ciudad de México está viendo de qué manera introduce en su sistema de transporte los autobuses híbridos, que funcionan a gas y a electricidad, para reducir la contaminación ambiental. Lo mismo hace el jefe de Gobierno de la ciudad de Madrid. Entonces, ¿por qué si en todo el mundo la administración del sistema de transporte urbano de pasajeros está en manos de los gobiernos locales, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no asume tal administración teniendo la posibilidad de hacerlo?
He escuchado argumentos que indican que la medida es un dislate porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está dentro del marco del conurbano, pero informo que ésta no es la única ciudad que tiene conurbano. Rosario también tiene conurbano, y sin embargo cuenta con un sistema de transportes que van de una ciudad a otra. Por ejemplo, en el caso de Rosario y Villa Gobernador Gálvez –que están pegadas, aunque divididas por el arroyo Saladillo el tema es resuelto por ambas administraciones municipales. Lo mismo sucede respecto de las ciudades de Rosario y Granadero Baigorria. Cada una de las ciudades importantes tiene conurbano y puede resolver el sistema de transporte sin ningún tipo de problemas.
Entonces, parece extraño, poco razonable, e incluso, algo caprichoso, que el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires haya dicho “no quiero” frente a la posibilidad de empezar a administrar el sistema de transporte de pasajeros. ¿Por qué dijo eso? Según él, porque no están dadas las condiciones para que ello se lleve adelante.
Las excusas son casi irrepetibles e irrisorias para cualquier ciudadano del interior. A ninguno de quienes vivimos en el interior se nos ocurriría pensar que al llegar a nuestra ciudad su intendente o intendenta pudiese decir que nunca más administrará el sistema de transportes, por ejemplo, porque en las calles hay baches, no tiene plata para arreglarlos y estos pueden provocar accidentes.
En verdad, en ningún lugar de la Argentina sucede eso. Los intendentes, los concejos deliberantes, los vecinos de cada una de las localidades administran su propio sistema; deciden sus frecuencias, sus recorridos, sus franquicias y las distintas tarifas, según los diferentes sistemas de transporte urbano de pasajeros.
Esta discusión aparece extraña. En general, en la gran parte de las capitales del mundo –Buenos Aires lo es el jefe de Gobierno administra su sistema de transporte. El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decidió desandar ese camino; comenzó a construirlo pero luego se volvió atrás, con una serie de argumentos y de excusas; sin embargo, no puede excusarse de su propia responsabilidad.
Weber hablaba de la ética de las convicciones y de la ética de la responsabilidad, a veces planteadas en términos contrapuestos. En cualquier caso, cuando uno gobierna tiene que resolver los problemas, ya que no gobernamos para comentarlos. Esta es una estética de dirigentes que termina sin generar políticas públicas que beneficien al conjunto de sus representados.
Siempre se está en pose: “Guarda, que si es complicado y no me conviene demasiado, puede afectarme...”. Ésta es una lógica demasiado mezquina dentro de la magnitud del tema que estamos tratando.
Se ha dicho que estamos transfiriendo los servicios, sin recursos. Digamos claramente qué son los subsidios. Estos constituyen compensaciones tarifarias. Así lo reconoce el propio jefe de Gobierno, en los fundamentos de la resolución por la que fija la tarifa del subte. Nadie dice que, al ser los subsidios compensaciones tarifarias, deben mantenerse en el tiempo.
Fue una decisión de nuestro gobierno nacionalaplicar esa política de subsidios para garantizar o aumentar la movilidad de los ciudadanos del conurbano bonaerense y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fue una decisión de nuestro gobierno enmarcada en una política general de subsidios que ya hemos explicado en más de una oportunidad aquí.
En lo que hace a los usuarios residenciales, la política general de subsidios que aplicamos durante ocho años tenía que ver fundamentalmente con fomentar el consumo, porque lo que hacíamos era dejar que la plata que ganábamos los argentinos quede en el bolsillo de los argentinos. De esta manera, los argentinos consumen y con eso garantizan parte del crecimiento económico de nuestro país.
Lo dije cuando debatimos el tema del Banco Central y lo vuelvo a repetir ahora. Han pasado ocho años de esa política general de subsidios y nos parece lógico, como ha dicho la presidenta, que esa política general tenga una mirada de “sintonía fina” y más precisa desde ese punto de vista.
Esto es lo que ha pasado. Esa política de subsidios consta de diferentes instrumentos. Uno de ellos es el SITAU, que ya no es el único instrumento del sistema de transporte urbano de pasajeros. El SITAU es un fideicomiso que se integra con una alícuota del precio del gasoil. Dicha alícuota integra el fideicomiso y se distribuye con un criterio que está fijado en ese fideicomiso: el distrito que más aporta, o sea, que más gasoil consume –en este caso el AMBA, más recibe.
Esto fue lo que provocó la distorsión con el sistema de transporte urbano de pasajeros en el interior. Por eso, este Congreso, a iniciativa de este bloque -y de otros diputados que hoy ya no están-, en dos oportunidades aumentó la alícuota del gasoil. La pasamos de 20,2 al 22 por ciento, y lo hicimos en dos tramos: una vez aumentamos un 0,8 por ciento y luego un punto más con el objetivo de que ese 1,8 que se recaude se distribuya en todos los sistemas del interior, menos dentro de la Ciudad de Buenos Aires, como forma de equilibrar el SITAU.
Entonces, esa política de subsidio para el transporte tampoco representa el ciento por ciento de los subsidios. Hay subsidios de recursos presupuestarios que ha llevado adelante el gobierno nacional para su área de competencia, que era donde actuaba en forma directa.
Ahora bien, si estamos transfiriendo la competencia el que tiene la potestad de seguir manteniendo un sistema de subsidios o de aumentar tarifas es quien tiene la nueva competencia, que es lo que reconoció implícitamente el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuando fijó el aumento. Transferimos los subsidios, y esta fue la más fehaciente voluntad de nuestro gobierno para acompañar esta transferencia en un sentido equitativo.
No les tiramos el subte por la cabeza, tal como dicen algunos, porque durante un año íbamos a acompañar con una política de subsidios, cosa que no hace el Estado nacional con ninguna otra ciudad de nuestro país. Lo iba a hacer con la Ciudad de Buenos Aires de manera de contribuir a ese espíritu de buena voluntad tendiente a seguir trabajando en conjunto con la administración de la Ciudad de Buenos Aires.
Por lo tanto, no estamos transfiriendo una escuela con los maestros y con los sueldos. Estamos transfiriendo el poder concedente. Antes concedía el Estado nacional y ahora esa transferencia del poder concedente es a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien definirá cuánto hay de tarifa y cuánto de compensación tarifaria con sus propios recursos para ver hacia dónde lleva y administra el sistema de transporte urbano de pasajeros de la Ciudad de Buenos Aires.
Entonces, desde ese punto de vista, la cuestión estaba bastante clara para nosotros. El Congreso está abocándose al tema. Muchos diputados impugnaron esta actitud del Congreso. A mí, que no soy constitucionalista, me resulta difícil entender algunos temas.
El primer punto del temario de la Comisión de Legislación General convocada para el día de mañana es latransferencia a título gratuito de un inmueble del Estado nacional a la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, para eso debemos sancionar una ley, pero no podríamos hacerlo para una transferencia de servicios que, como dijo el diputado Gil Lavedra, incluye recursos que son propios del Estado nacional.
También he escuchado de muchos legisladores que el camino que debería seguir el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es el judicial, hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia.
En verdad, me parece que sería un error. El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se equivocó cuando desconoció el acuerdo. Ahora el jefe de Gobierno tendría, además de un acta, una ley. Lo razonable y lógico sería que el jefe de Gobierno la respete, lo que no estaría mal, ya que, en general, las leyes están hechas para ser respetadas; o podría respetar el acta que firmó.
También tendrá la gran oportunidad de administrar su propio sistema de transporte. Todos sabemos, porque hemos modificado la ley Cafiero, que el jefe de Gobierno pudo hacer su propia policía, de la cual está orgulloso, y está bien que lo esté.
También podría estar orgulloso de construir un buen sistema de transporte urbano de pasajeros. Le aconsejo que si le llevan el nombre de Ciro James o Fino Palacios para administrar el sistema de transporte urbano de pasajeros de la Ciudad de Buenos Aires, no les haga caso, porque le podrían causar algún dolor de cabeza. (Aplausos.)
Entonces, por la reforma de la Constitución de 1994, por la ley Cafiero, por la ley 373 del 2000, por el acta acuerdo que se firmó –habiendo hecho uso de ella y habiendo fijado la política tarifaria- y por esta iniciativa, desde el oficialismo le aconsejamos respetuosamente al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se haga cargo de esta norma que hoy vamos a aprobar. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Se va a votar nominalmente en general el dictamen de mayoría de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Asuntos Municipales, de Transportes y de Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley en revisión por el que se ratifica la transferencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los servicios de transporte subterráneo y premetro (Orden del Día Nº 192).
- Se practica la votación nominal2012/130OE03_01_R04.pdf.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 235 señores diputados presentes, 162 han votado por la afirmativa y 54 por la negativa, registrándose además 18 abstenciones.
SR.(SECRETARIO (BOZZANO))
Se han registrado 162 votos afirmativos y 54 votos negativos. (Aplausos.)
AQUÍ VOTACIÓN NOMINAL
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
En consideración en particular el artículo 1º.
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR. TONELLI, PABLO GABRIEL (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: propongo el agregado de un segundo párrafo al artículo 1º, que diga lo siguiente: “El Estado nacional y la Ciudad de Buenos Aires deberán celebrar un convenio para acordar los detalles de la transferencia y la reasignación de recursos de acuerdo con lo previsto en el artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional.”
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SRA. BULLRICH, PATRICIA (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: es para proponer una nueva redacción del artículo 1º, que diga: “Transfiérase a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los servicios de transporte subterráneo y premetro dispuesta en el marco de las leyes 23.696 y 24.588 y sus modificatorias, y de los decretos 2.608, del 22 de diciembre de 1993, 1.527 del 29de agosto de 1994 y 393 del 21 de abril de 1999.”
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
SR. AGUAD, OSCAR RAUL (CORDOBA):
Señor presidente: pido que la propuesta del diputado Tonelli se vote nominalmente.
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra la señora miembro informante sobre el particular y las propuestas de los diputados Tonelli y Bullrich.
SRA. CONTI, DIANA BEATRIZ (BUENOS AIRES):
Ahora que he reflexionado aún más sobre este tema, no voy a aceptar modificaciones.
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Se va a votar el artículo 1º del dictamen de comisión.
- Resulta afirmativa.
SR. AGUAD, OSCAR RAUL (CORDOBA):
Hice un pedido.
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
La moción sobre la que hizo el pedido no fue aceptada por la miembro informante de mayoría.
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
SR. ROSSI, AGUSTIN OSCAR (SANTA FE):
Señor presidente: lo que usted hizo se correcto. La moción del diputado Aguad era votar nominalmente la moción del diputado Tonelli, la cual nunca se puso en consideración. El diputado Aguad hizo mal la formulación de votación nominal.
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
En consideración el artículo 2º.
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR. GARRIDO, MANUEL (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: proponemos una incorporación semejante a la solicitada en el artículo 1º y que está referida a la cuestión de los convenios.
Proponemos agregar en la parte final del artículo 2º lo siguiente: “El Estado nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán celebrar los convenios relativos a la trasferencia de dichos servicios. Dichos convenios deberán prever la reasignación de los recursos establecidos en el artículo 3º...” que es una propuesta que luego haré “...durante el plazo que mantengan su vigencia.”
Lo que nosotros proponemos respecto de este artículo 2º, que trasfiere sin haber habido convenio con la Ciudad de Buenos Aires, es que efectivamente la trasferencia se haga de acuerdo con lo que establece el artículo 75, inciso 2º, de la Constitución Nacional, con la previsión de los recursos, dado que el aludido artículo no se refiere sólo a servicios sino también a competencias y funciones y prevé específicamente la asignación de recursos.
Teniendo en cuenta que no hubo ningún convenio respecto de los colectivos, debe agregarse al artículo esa previsión para que efectivamente se haga la trasferencia pero respetando la Constitución.
Proponemos agregar en la parte final del artículo 2º lo siguiente: “El Estado nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán celebrar los convenios relativos a la trasferencia de dichos servicios. Dichos convenios deberán prever la reasignación de los recursos establecidos en el artículo 3º...” que es una propuesta que luego haré “...durante el plazo que mantengan su vigencia.”
Lo que nosotros proponemos respecto de este artículo 2º, que trasfiere sin haber habido convenio con la Ciudad de Buenos Aires, es que efectivamente la trasferencia se haga de acuerdo con lo que establece el artículo 75, inciso 2º, de la Constitución Nacional, con la previsión de los recursos, dado que el aludido artículo no se refiere sólo a servicios sino también a competencias y funciones y prevé específicamente la asignación de recursos.
Teniendo en cuenta que no hubo ningún convenio respecto de los colectivos, debe agregarse al artículo esa previsión para que efectivamente se haga la trasferencia pero respetando la Constitución.
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SRA. BULLRICH, PATRICIA (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: propongo que después de la redacción de este artículo se agregue: “...de acuerdo al artículo 75, inciso 2º, de la Constitución Nacional y el artículo 6º de la ley 24.588.”
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra el señor diputado por Formosa.
SR. BURYAILE, RICARDO (FORMOSA):
Señor presidente: solicito la votación nominal del artículo 2º y los siguientes.
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Si está suficientemente apoyada la moción, así se procederá.
- Asentimiento.
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra la señora miembro informante.
SRA. CONTI, DIANA BEATRIZ (BUENOS AIRES):
Señor presidente: no se aceptan modificaciones.
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Se va a votar en forma nominal el artículo 2º del dictamen de mayoría.
- Se practica la votación nominal2012/130OE03_02_R04.pdf.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 227 señores diputados presentes, 131 han votado por la afirmativa y 81 por la negativa, registrándose además 14 abstenciones.
SR.(SECRETARIO (BOZZANO))
Se han registrado 131 votos por la afirmativa y 81 por la negativa.
AQUÍ VOTACIÓN NOMINAL
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
En consideración el artículo 3º.
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR. GARRIDO, MANUEL (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: nosotros vamos a proponer para el artículo 3º una redacción que garantice la asignación equitativa, entre las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de todos los subsidios o prestaciones que mantengan su vigencia. Esto tiene por objeto evitar que la distribución de subsidios se haga en base a criterios arbitrarios o por represalias, de acuerdo a quién gobierna cada jurisdicción.
Entendemos que la distribución de subsidios no está atada a quien ejerce la jurisdicción sino a otros criterios objetivos; de hecho, se distribuyen subsidios a todos los servicios de transporte del país, independientemente de la jurisdicción en la que tengan lugar.
Entendemos que tiene que haber una distribución equitativa de estos subsidios y que eventualmente se deben tomar en cuenta factores tales como la población atendida de hecho, el subsidio a los transportes de la región de Buenos Aires y sus alrededores se destaca por la cantidad de población atendida o la contaminación ambiental de determinados servicios.
Si me permiten, voy a leer nuestra propuesta de redacción para el artículo 3º. Dice así: “El Estado nacional garantizará la asignación equitativa, entre las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las compensaciones tarifarias a las empresas de servicios públicos de pasajeros y de los subsidios para el sistema ferroviario de pasajeros establecidos en la ley 26.028; de las prestaciones del régimen de compensaciones complementarias RCC del decreto 678/06, y de las prestaciones del régimen de compensaciones provinciales RCP establecido en el decreto 564/05 y/o cualquier otro régimen que otorgue subsidios o compensaciones al transporte de pasajeros durante el plazo que tales compensaciones, subsidios o prestaciones mantengan su vigencia.”
Creo que esta propuesta que estamos haciendo apunta a preservar la equidad en la distribución de los subsidios. En el caso particular de la Ciudad de Buenos Aires, el costo del transporte para los habitantes es sensiblemente más significativo que en otras jurisdicciones, y si se llegan a restringir o a eliminar absolutamente los subsidios, ello va a implicar según estimaciones un incremento de un 5 al 10 por ciento en el presupuesto de una familia tipo, en la que el salario promedio es de 5 mil pesos.
Entendemos que la distribución de subsidios no está atada a quien ejerce la jurisdicción sino a otros criterios objetivos; de hecho, se distribuyen subsidios a todos los servicios de transporte del país, independientemente de la jurisdicción en la que tengan lugar.
Entendemos que tiene que haber una distribución equitativa de estos subsidios y que eventualmente se deben tomar en cuenta factores tales como la población atendida de hecho, el subsidio a los transportes de la región de Buenos Aires y sus alrededores se destaca por la cantidad de población atendida o la contaminación ambiental de determinados servicios.
Si me permiten, voy a leer nuestra propuesta de redacción para el artículo 3º. Dice así: “El Estado nacional garantizará la asignación equitativa, entre las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las compensaciones tarifarias a las empresas de servicios públicos de pasajeros y de los subsidios para el sistema ferroviario de pasajeros establecidos en la ley 26.028; de las prestaciones del régimen de compensaciones complementarias RCC del decreto 678/06, y de las prestaciones del régimen de compensaciones provinciales RCP establecido en el decreto 564/05 y/o cualquier otro régimen que otorgue subsidios o compensaciones al transporte de pasajeros durante el plazo que tales compensaciones, subsidios o prestaciones mantengan su vigencia.”
Creo que esta propuesta que estamos haciendo apunta a preservar la equidad en la distribución de los subsidios. En el caso particular de la Ciudad de Buenos Aires, el costo del transporte para los habitantes es sensiblemente más significativo que en otras jurisdicciones, y si se llegan a restringir o a eliminar absolutamente los subsidios, ello va a implicar según estimaciones un incremento de un 5 al 10 por ciento en el presupuesto de una familia tipo, en la que el salario promedio es de 5 mil pesos.
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Señor diputado Garrido: usted quiere agregar los artículos 4º, 5º y 6º. En todo caso, si la señora diputada Bullrich lo autoriza, puede hacer la propuesta ahora.
SR. GARRIDO, MANUEL (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Entiendo que primero deberíamos votar la propuesta que acabo de leer.
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
De acuerdo, señor diputado.
Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SRA. BULLRICH, PATRICIA (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: el artículo 3º no debe figurar en este proyecto de ley porque no se puede hablar del acta acuerdo. El acta acuerdo es un acuerdo interjurisdiccional que no es materia de este Congreso. Así como en oportunidad de considerar el artículo 1º planteé que no figure el acta, entiendo que en este artículo tampoco puede figurar, con lo cual será parte del convenio a firmarse posteriormente. Por lo tanto, ese artículo no puede existir.
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SRA. MICHETTI, MARTA GABRIELA (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: por su intermedio quiero transmitir una inquietud a la señora diputada Conti, porque hay algo que no entiendo. Simplemente, se propuso agregar en el artículo 1º que fuera conforme con la Constitución Nacional y ella se negó. Me gustaría saber por qué la señora diputada se niega a aceptar ese agregado.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra la señora miembro informante del dictamen de mayoría.
SRA. CONTI, DIANA BEATRIZ (BUENOS AIRES):
Señor presidente: no se aceptan las modificaciones propuestas.
Si la señora diputada Michetti quiere iniciarme juicio político por la causa que acaba de anunciar, que lo haga; aunque me parece ridículo.
Si la señora diputada Michetti quiere iniciarme juicio político por la causa que acaba de anunciar, que lo haga; aunque me parece ridículo.
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Se va a votar nominalmente el artículo 3° del dictamen de mayoría.
- Se practica la votación nominal2012/130OE03_03_R04.pdf.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 227 señores diputados presentes, 132 han votado por la afirmativa y 80 por la negativa, registrándose además 13 abstenciones. No se ha computado el voto de un señor diputado.
SR.(SECRETARIO (BOZZANO ))
Se han registrado 132 votos por la afirmativa y 80 por la negativa.
AQUÍ VOTACIÓN NOMINAL
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SRA. BERTOL, PAULA MARIA (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: quiero plantear una cuestión formal. Ahora, tenemos un renovado y moderno sistema de votación, pero en esta última votación quedó un diputado sin identificar. Me gustaría saber cómo resuelve esta situación la Presidencia, porque no sabemos de quién se trata.
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR. GARRIDO, MANUEL (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: proponemos la incorporación de tres artículos, y exhorto a la señora miembro informante del dictamen de mayoría que considere nuestra propuesta. Los artículos mencionados se relacionan con la puesta en funcionamiento del ECOTAM.
En la medida en que se están transfiriendo servicios de transporte del Gran Buenos Aires al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entendemos que es la ocasión para poner en vigencia al ECOTAM, que estaba previsto por la ley 25.031, y que desde el año 1998, por la forma en que se dispuso su puesta en vigencia, nunca entró en funcionamiento.
El tema es delicado. Hace más de catorce años que debió haberse puesto en actividad dicho organismo. Ahora, se está efectuando una transferencia de servicios de transporte a la Ciudad, que por la manera de implementarse seguramente generará un caos en el sistema tarifario y la coordinación. Por eso, creemos que este es el momento oportuno para llevar a cabo la medida que proponemos.
Por lo tanto, a continuación leeré la redacción de los nuevos artículos propuestos.
El artículo 4° dice así: “Las asignaciones previstas de conformidad con el artículo 3°, que tengan como destinatario al servicio público de transporte interjurisdiccional del área metropolitana de Buenos Aires, definida por el artículo 2° de la ley 25.031, serán administradas por el Ente Coordinador del Transporte Metropolitano (ECOTAM).”
El artículo 5° dice textualmente: “Modifíquese el artículo 12 de la ley 25.031, el cual quedará redactado de la siguiente manera: ‘Artículo 12: El Poder Ejecutivo Nacional, el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires y el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conformarán el Ente Coordinador del Transporte Metropolitano (ECOTAM) en el plazo de 60 (sesenta) días corridos’”.
El artículo 6° señala: “Derógase el artículo 13 de la ley 25.031.” Por dicha norma se establece la traba para que este organismo entre en funcionamiento.
Pido al miembro informante de la mayoría que considere estas sugerencias.
En la medida en que se están transfiriendo servicios de transporte del Gran Buenos Aires al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entendemos que es la ocasión para poner en vigencia al ECOTAM, que estaba previsto por la ley 25.031, y que desde el año 1998, por la forma en que se dispuso su puesta en vigencia, nunca entró en funcionamiento.
El tema es delicado. Hace más de catorce años que debió haberse puesto en actividad dicho organismo. Ahora, se está efectuando una transferencia de servicios de transporte a la Ciudad, que por la manera de implementarse seguramente generará un caos en el sistema tarifario y la coordinación. Por eso, creemos que este es el momento oportuno para llevar a cabo la medida que proponemos.
Por lo tanto, a continuación leeré la redacción de los nuevos artículos propuestos.
El artículo 4° dice así: “Las asignaciones previstas de conformidad con el artículo 3°, que tengan como destinatario al servicio público de transporte interjurisdiccional del área metropolitana de Buenos Aires, definida por el artículo 2° de la ley 25.031, serán administradas por el Ente Coordinador del Transporte Metropolitano (ECOTAM).”
El artículo 5° dice textualmente: “Modifíquese el artículo 12 de la ley 25.031, el cual quedará redactado de la siguiente manera: ‘Artículo 12: El Poder Ejecutivo Nacional, el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires y el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conformarán el Ente Coordinador del Transporte Metropolitano (ECOTAM) en el plazo de 60 (sesenta) días corridos’”.
El artículo 6° señala: “Derógase el artículo 13 de la ley 25.031.” Por dicha norma se establece la traba para que este organismo entre en funcionamiento.
Pido al miembro informante de la mayoría que considere estas sugerencias.
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
SRA. CONTI, DIANA BEATRIZ (BUENOS AIRES):
Señor presidente: no se aceptan las modificaciones propuestas al dictamen de mayoría. En consecuencia, rechazamos la incorporación de los artículos 4°, 5° y 6° propuestos por el señor diputado Garrido.
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
El artículo 4° es de forma.
Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley.
Se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado. (Aplausos.)
Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley.
Se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado. (Aplausos.)
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