principal
»
Discursos
Período:130 Reunion:24 Fecha:27/02/2013 MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN (CONTINUACIÓN)
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Prosigue la consideración del asunto en tratamiento.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. DUCLOS, OMAR ARNALDO (BUENOS AIRES):
Señor presidente: no tenemos dudas de que aunque algunos comportamientos quieran forzosamente ser ajustados a derecho son por lo menos...
-Varios señores diputados hablan a al vez.
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
La Presidencia solicita a los señores legisladores que tomen asiento para escuchar al orador.
SR. DUCLOS, OMAR ARNALDO (BUENOS AIRES):
No tengo dudas de que aunque algunos comportamientos se pretendan justificar ajustando a derecho de manera forzada, son por lo menos reprochables desde el punto de vista ético.
El oficialismo viene a hacer un enorme esfuerzo retórico para intentar explicar lo inexplicable, pero en verdad no han podido esclarecer en absoluto las verdaderas motivaciones del Memorándum de Entendimiento, los vacíos en su contenido y sus ambigüedades e imprecisiones.
Sentimos que no pueden explicar por qué han puesto al zorro a cuidar las gallinas, como se dice en el campo. El oficialismo no ha podido explicar por qué han abandonado la posición sostenida en los últimos años, que hemos reconocido y apoyado: la creación de la fiscalía especializada, a cargo del fiscal Nisman, o los permanentes reclamos ante organismos internacionales para que el Estado iraní someta a la jurisdicción de la Justicia argentina a sus ciudadanos sospechados.
El canciller Timerman ha dicho que la intención de la celebración de este acuerdo tiene que ver con la voluntad de cooperar con la Justicia. Sin embargo, cuando ayer en el plenario de comisiones le preguntamos si ha dialogado con el fiscal Nisman nos respondió que no. Pregunto: ¿qué clase de cooperación se puede llevar adelante si ni siquiera se ha buscado aunar o coordinar criterios con quien tiene la responsabilidad de llevar adelante la investigación? ¿O habrán tenido miedo de que el fiscal Nisman les dijera “por favor, no colaboren más conmigo de esta manera”?
Ahora paso a referirme a la Comisión de la Verdad. Estamos convencidos de que dicha comisión representa la resignación en la búsqueda de justicia. Todos los antecedentes internacionales que conocemos sobre constitución de comisiones de la verdad se refieren a situaciones donde no es posible alcanzar justicia, ya sea por razones políticas o jurídicas, y entonces los estados por lo menos se conforman con lograr esclarecer la realidad de los hechos, resignando el castigo de los culpables. ¿Este es el camino que se está buscando? ¿Nos estamos resignando en la búsqueda de justicia?
Con respecto a la verdad, no confiamos en que en Irán podamos sumar más verdad a la que pueda surgir de la causa judicial argentina. No cabe duda de que esa comisión no podrá contribuir de ningún modo en la búsqueda de justicia. Además esa comisión, que según la cláusula tercera del memorándum tiene facultades para revisar la causa, incurre en una flagrante inconstitucionalidad respecto de los artículos 18, 109 y 119 de nuestra Ley Fundamental.
Es clara la parodia del acto procesal que se trata de representar en el interrogatorio. Podemos discutir mucho sobre el interrogatorio, sobre la versión inglesa, pero la verdad es que nada garantiza que se pueda celebrar la indagatoria como acto procesal conforme a nuestro ordenamiento jurídico.
Pero si se lograra llevar adelante la indagatoria siendo muy optimistas, porque los propios representantes del gobierno iraní lo han descartado... Lo dijo el vocero del canciller oportunamente. Ayer nuestro canciller expresó que luego el canciller iraní había desmentido a su vocero diciendo que ellos iban a cumplir con el memorándum. Lo que pasa es que ellos seguramente tendrán otra interpretación de lo que significa “cumplir con el memorándum”.
Pero si se llevara a cabo la indagatoria, allí terminaría el proceso. No hay posibilidades de hacer efectivo un auto de procesamiento con prisión preventiva, trasladar a los imputados ya entonces procesados para someterlos a la Justicia argentina. En definitiva, del memorándum no surge que Irán someta a sus ciudadanos imputados a la jurisdicción de la Justicia argentina.
Como si esa ambigüedad no fuera poco, en la cláusula cuarta dice que las autoridades de ambos estados tendrán en cuenta las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. ¿Qué significa “tener en cuenta”? ¿Ustedes saben qué significa en el lenguaje diplomático la ponderación o la significación de la frase “tener en cuenta” una recomendación? Me parece que esos términos son absolutamente vagos.
Por eso es que ha sido absolutamente falso, irresponsable, temerario y mentiroso el canciller Timerman al decir que por fin se podrá llevar a cabo el tan demorado juicio. Es imposible que pueda prosperar la causa. La causa está transcurriendo, está abierta; lo que pasa es que tienen el obstáculo de no poder tomar declaración a los iraníes imputados. Pero de ningún modo este memorándum podrá habilitar esa posibilidad. En cambio, corremos el riesgo de que se levanten las alertas rojas que ha establecido Interpol, con todo el esfuerzo que eso significó –como aquí ya se ha dicho después de tener que levantar la vergonzosa declaración de nulidad por la intervención del juez Galeano.
De todos modos, considero que es muy claro el artículo 81 del reglamento interno de Interpol, que en su inciso c) faculta al organismo a levantar las alertas, interpretando que se han superado las condiciones que ameritaron su establecimiento.
Por lo tanto, lamentamos profundamente el camino que ha tomado el gobierno argentino, abandonando algo que ya considerábamos una política de Estado. No sabemos qué razones geopolíticas, comerciales, financieras o económicas son las que verdaderamente motivan la celebración de este entendimiento, pero estamos convencidos de que de ningún modo contribuirá a lograr justicia en la causa AMIA. Por el contrario, estamos convencidos de que se está abandonando una bandera fundamental, que ha sido orgullo del oficialismo y que también ha sido compartida por todo el pueblo argentino; me refiero a la bandera que busca la reivindicación de la verdad, la memoria y la justicia.
Sepan que hoy están arriando esa bandera que ha dado lugar al reconocimiento de la Argentina a nivel internacional.
Por todos estos motivos y los que ya han expresado mis compañeros del interbloque, adelanto que votaremos en contra del proyecto de ley que propone la aprobación del Memorándum de Entendimiento. (Aplausos.)
El oficialismo viene a hacer un enorme esfuerzo retórico para intentar explicar lo inexplicable, pero en verdad no han podido esclarecer en absoluto las verdaderas motivaciones del Memorándum de Entendimiento, los vacíos en su contenido y sus ambigüedades e imprecisiones.
Sentimos que no pueden explicar por qué han puesto al zorro a cuidar las gallinas, como se dice en el campo. El oficialismo no ha podido explicar por qué han abandonado la posición sostenida en los últimos años, que hemos reconocido y apoyado: la creación de la fiscalía especializada, a cargo del fiscal Nisman, o los permanentes reclamos ante organismos internacionales para que el Estado iraní someta a la jurisdicción de la Justicia argentina a sus ciudadanos sospechados.
El canciller Timerman ha dicho que la intención de la celebración de este acuerdo tiene que ver con la voluntad de cooperar con la Justicia. Sin embargo, cuando ayer en el plenario de comisiones le preguntamos si ha dialogado con el fiscal Nisman nos respondió que no. Pregunto: ¿qué clase de cooperación se puede llevar adelante si ni siquiera se ha buscado aunar o coordinar criterios con quien tiene la responsabilidad de llevar adelante la investigación? ¿O habrán tenido miedo de que el fiscal Nisman les dijera “por favor, no colaboren más conmigo de esta manera”?
Ahora paso a referirme a la Comisión de la Verdad. Estamos convencidos de que dicha comisión representa la resignación en la búsqueda de justicia. Todos los antecedentes internacionales que conocemos sobre constitución de comisiones de la verdad se refieren a situaciones donde no es posible alcanzar justicia, ya sea por razones políticas o jurídicas, y entonces los estados por lo menos se conforman con lograr esclarecer la realidad de los hechos, resignando el castigo de los culpables. ¿Este es el camino que se está buscando? ¿Nos estamos resignando en la búsqueda de justicia?
Con respecto a la verdad, no confiamos en que en Irán podamos sumar más verdad a la que pueda surgir de la causa judicial argentina. No cabe duda de que esa comisión no podrá contribuir de ningún modo en la búsqueda de justicia. Además esa comisión, que según la cláusula tercera del memorándum tiene facultades para revisar la causa, incurre en una flagrante inconstitucionalidad respecto de los artículos 18, 109 y 119 de nuestra Ley Fundamental.
Es clara la parodia del acto procesal que se trata de representar en el interrogatorio. Podemos discutir mucho sobre el interrogatorio, sobre la versión inglesa, pero la verdad es que nada garantiza que se pueda celebrar la indagatoria como acto procesal conforme a nuestro ordenamiento jurídico.
Pero si se lograra llevar adelante la indagatoria siendo muy optimistas, porque los propios representantes del gobierno iraní lo han descartado... Lo dijo el vocero del canciller oportunamente. Ayer nuestro canciller expresó que luego el canciller iraní había desmentido a su vocero diciendo que ellos iban a cumplir con el memorándum. Lo que pasa es que ellos seguramente tendrán otra interpretación de lo que significa “cumplir con el memorándum”.
Pero si se llevara a cabo la indagatoria, allí terminaría el proceso. No hay posibilidades de hacer efectivo un auto de procesamiento con prisión preventiva, trasladar a los imputados ya entonces procesados para someterlos a la Justicia argentina. En definitiva, del memorándum no surge que Irán someta a sus ciudadanos imputados a la jurisdicción de la Justicia argentina.
Como si esa ambigüedad no fuera poco, en la cláusula cuarta dice que las autoridades de ambos estados tendrán en cuenta las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. ¿Qué significa “tener en cuenta”? ¿Ustedes saben qué significa en el lenguaje diplomático la ponderación o la significación de la frase “tener en cuenta” una recomendación? Me parece que esos términos son absolutamente vagos.
Por eso es que ha sido absolutamente falso, irresponsable, temerario y mentiroso el canciller Timerman al decir que por fin se podrá llevar a cabo el tan demorado juicio. Es imposible que pueda prosperar la causa. La causa está transcurriendo, está abierta; lo que pasa es que tienen el obstáculo de no poder tomar declaración a los iraníes imputados. Pero de ningún modo este memorándum podrá habilitar esa posibilidad. En cambio, corremos el riesgo de que se levanten las alertas rojas que ha establecido Interpol, con todo el esfuerzo que eso significó –como aquí ya se ha dicho después de tener que levantar la vergonzosa declaración de nulidad por la intervención del juez Galeano.
De todos modos, considero que es muy claro el artículo 81 del reglamento interno de Interpol, que en su inciso c) faculta al organismo a levantar las alertas, interpretando que se han superado las condiciones que ameritaron su establecimiento.
Por lo tanto, lamentamos profundamente el camino que ha tomado el gobierno argentino, abandonando algo que ya considerábamos una política de Estado. No sabemos qué razones geopolíticas, comerciales, financieras o económicas son las que verdaderamente motivan la celebración de este entendimiento, pero estamos convencidos de que de ningún modo contribuirá a lograr justicia en la causa AMIA. Por el contrario, estamos convencidos de que se está abandonando una bandera fundamental, que ha sido orgullo del oficialismo y que también ha sido compartida por todo el pueblo argentino; me refiero a la bandera que busca la reivindicación de la verdad, la memoria y la justicia.
Sepan que hoy están arriando esa bandera que ha dado lugar al reconocimiento de la Argentina a nivel internacional.
Por todos estos motivos y los que ya han expresado mis compañeros del interbloque, adelanto que votaremos en contra del proyecto de ley que propone la aprobación del Memorándum de Entendimiento. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
SR. BARRANDEGUY, RAUL ENRIQUE (ENTRE RIOS):
Señor presidente: mis primeras palabras deben ser de respeto sincero para con la memoria de las víctimas de ese horrible atentado que aún enluta a los argentinos, como lo fue la bomba que explotó en el local de la AMIA. Por lo tanto, vaya mi respeto y mi recuerdo para las víctimas, para los familiares de las víctimas y vaya también mi respeto particular para la comunidad judía de la Argentina, que se ha hecho grande en esta patria que cada vez se acerca más a la que venimos soñando.
En estos pocos minutos que me concede el reglamento para hacer uso de la palabra, debo decir que personalmente me gustaría hacer un aporte para poner en quicio este debate en el que se ha incurrido en dislates formidables, desbordes verbales insólitos y análisis no atinentes. Se han planteado cuestiones vinculadas más bien con lo que es una declaración de guerra o una declaración de paz, que no tienen nada que ver con el propósito que persigue este Memorándum de Entendimiento que estamos próximos a votar.
En ese sentido, rechazo categóricamente que se diga que con este memorándum el canciller y el gobierno entregaron a las víctimas y a los argentinos. También rechazo terminantemente que se diga que hemos pactado con los asesinos negacionistas o que violamos la Constitución Nacional, afirmación peregrina que no tiene la menor justificación.
Por otro lado, han criticado el hecho de tener que entregar las pruebas, cuando todos sabemos que ante una declaración indagatoria, para hacer efectivo el derecho de defensa del imputado, hay que notificarlo del delito que se le imputa y poner a su disposición todas las pruebas que sostienen dicha imputación.
Sinceramente, todos esos comentarios suenan ridículos, sobre todo teniendo en cuenta que en esta Cámara hay juristas permítanme la calificación casi gloriosos que forman parte de la oposición y que lamentablemente han participado en el sostenimiento de esa poco sensata conclusión.
Por lo tanto, no debemos olvidar –a esta idea nos debemos y por ella hemos trabajado que lo que pretende el memorándum es destrabar el procedimiento penal que se encuentra detenido desde hace seis años como consecuencia de que los imputados no se han presentado a prestar la declaración indagatoria.
Eso es lo que estamos buscando. Pareciera que lo sencillo y que lo evidente no tiene ningún valor ni ningún poder de convicción.
A los diez años de recibida la declaración indagatoria el juez debe resolver la situación, debe hacer aquello para lo que está preparado, que es dictar una sentencia. Y si esa sentencia es un auto de procesamiento, podrá haber embargo preventivo y podrá llevarse la sentencia por toda la comunidad internacional para señalar el carácter verdaderamente lesivo y dañino de la conducta que estamos atribuyendo a los imputados.
Se dice también que este Memorándum de Entendimiento, que ha dejado abierta la posibilidad de reglamentar el procedimiento en la medida en que sea necesario para recibir estas declaraciones, es de cumplimiento prácticamente imposible.
Hasta los tratados más insignes pueden ser violados y acordados con personeros de gobiernos militares. Quiero traer aquí a colación el Tratado para la Administración Común del Río Paraná, que firmó en 1974 el general Perón con el dictador Bordaberry en el Uruguay, que a pesar de ser un tratado bien complejo en sus enunciados también ha tenido problemas, y las partes han dicho por allí que pudo ser violado.
Lo mismo sucedió con el tratado de límites que firmamos a fines del siglo XIX con la República hermana de Chile. Pensábamos que con aquella fórmula que indicaba “Chile en el Pacífico y la Argentina en el Atlántico” se resolverían todos los problemas, pero no fue así y estuvimos a punto de ir a la guerra. Un gobierno radical que sí entendía de estas cuestiones internacionales más que algunos radicales contemporáneos, junto con la Santa Sede y con las autoridades de la República hermana de Chile, nos permitió salir de esa situación.
En definitiva, estoy muy orgulloso de seguir el camino que nos enseñó Néstor Kirchner en Naciones Unidas, no solamente a nosotros sino a todos los países, durante los años 2003, 2004, 2005 y 2007 y de seguir el camino que la compañera del presidente Kirchner nos indicó en los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, siempre ante la comunidad de naciones expresada en Naciones Unidas. Ese sendero que queremos seguir, es el que hoy nos lleva a votar esta iniciativa que pensamos que, en definitiva, nos va a acercar a la idea de terminar definitivamente con la impunidad en la Argentina. (Aplausos.)
En estos pocos minutos que me concede el reglamento para hacer uso de la palabra, debo decir que personalmente me gustaría hacer un aporte para poner en quicio este debate en el que se ha incurrido en dislates formidables, desbordes verbales insólitos y análisis no atinentes. Se han planteado cuestiones vinculadas más bien con lo que es una declaración de guerra o una declaración de paz, que no tienen nada que ver con el propósito que persigue este Memorándum de Entendimiento que estamos próximos a votar.
En ese sentido, rechazo categóricamente que se diga que con este memorándum el canciller y el gobierno entregaron a las víctimas y a los argentinos. También rechazo terminantemente que se diga que hemos pactado con los asesinos negacionistas o que violamos la Constitución Nacional, afirmación peregrina que no tiene la menor justificación.
Por otro lado, han criticado el hecho de tener que entregar las pruebas, cuando todos sabemos que ante una declaración indagatoria, para hacer efectivo el derecho de defensa del imputado, hay que notificarlo del delito que se le imputa y poner a su disposición todas las pruebas que sostienen dicha imputación.
Sinceramente, todos esos comentarios suenan ridículos, sobre todo teniendo en cuenta que en esta Cámara hay juristas permítanme la calificación casi gloriosos que forman parte de la oposición y que lamentablemente han participado en el sostenimiento de esa poco sensata conclusión.
Por lo tanto, no debemos olvidar –a esta idea nos debemos y por ella hemos trabajado que lo que pretende el memorándum es destrabar el procedimiento penal que se encuentra detenido desde hace seis años como consecuencia de que los imputados no se han presentado a prestar la declaración indagatoria.
Eso es lo que estamos buscando. Pareciera que lo sencillo y que lo evidente no tiene ningún valor ni ningún poder de convicción.
A los diez años de recibida la declaración indagatoria el juez debe resolver la situación, debe hacer aquello para lo que está preparado, que es dictar una sentencia. Y si esa sentencia es un auto de procesamiento, podrá haber embargo preventivo y podrá llevarse la sentencia por toda la comunidad internacional para señalar el carácter verdaderamente lesivo y dañino de la conducta que estamos atribuyendo a los imputados.
Se dice también que este Memorándum de Entendimiento, que ha dejado abierta la posibilidad de reglamentar el procedimiento en la medida en que sea necesario para recibir estas declaraciones, es de cumplimiento prácticamente imposible.
Hasta los tratados más insignes pueden ser violados y acordados con personeros de gobiernos militares. Quiero traer aquí a colación el Tratado para la Administración Común del Río Paraná, que firmó en 1974 el general Perón con el dictador Bordaberry en el Uruguay, que a pesar de ser un tratado bien complejo en sus enunciados también ha tenido problemas, y las partes han dicho por allí que pudo ser violado.
Lo mismo sucedió con el tratado de límites que firmamos a fines del siglo XIX con la República hermana de Chile. Pensábamos que con aquella fórmula que indicaba “Chile en el Pacífico y la Argentina en el Atlántico” se resolverían todos los problemas, pero no fue así y estuvimos a punto de ir a la guerra. Un gobierno radical que sí entendía de estas cuestiones internacionales más que algunos radicales contemporáneos, junto con la Santa Sede y con las autoridades de la República hermana de Chile, nos permitió salir de esa situación.
En definitiva, estoy muy orgulloso de seguir el camino que nos enseñó Néstor Kirchner en Naciones Unidas, no solamente a nosotros sino a todos los países, durante los años 2003, 2004, 2005 y 2007 y de seguir el camino que la compañera del presidente Kirchner nos indicó en los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, siempre ante la comunidad de naciones expresada en Naciones Unidas. Ese sendero que queremos seguir, es el que hoy nos lleva a votar esta iniciativa que pensamos que, en definitiva, nos va a acercar a la idea de terminar definitivamente con la impunidad en la Argentina. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra el señor diputado por Misiones.
SR. PUERTA, FEDERICO RAMON (MISIONES):
Señor presidente: para no abundar en argumentos que ya han sido claramente expresados por quienes hicieron conocer la posición de nuestro bloque, quiero agregar aquellos puntos que en lo personal me interesa plantear.
Mi voto al presente proyecto por supuesto es negativo. Las razones son muy fuertes. En política exterior los tratados que tienen que ver con cuestiones de suma importancia, como por ejemplo el medio ambiente o la economía, llevan un tiempo prudente de maduración y discusión. Me ha tocado participar en convenios entre países, tanto como diputado como, en otros tiempos, senador, y ellos llevaron años de elaboración.
Por su parte, con respecto al presente acuerdo, el 27 de enero nos enteramos de qué trataba y hoy, 27 de febrero, se estaría cerrando, es decir, en tan solo un mes. Me pregunto a qué se debe tanto apuro.
Soy bien pensado. No creo que esto tenga olor a petróleo ni a energía atómica. Si lo tuviese, este no es el camino porque todos los reflectores ahora van a estar mirando estos dos temas. Otros dicen que es el mal momento que vive la economía, que es la inflación, que se trata de desviar la atención. Si así fuera no se trataría en sólo treinta días y lo estirarían un poco más. Hasta la prudencia del más apresurado indica que un tratado que involucra la muerte de tantos hermanos argentinos –un gravísimo tema de los argentinos no se puede analizar de esta manera. No hay duda de que es un tremendo error que posiciona a nuestro país en un lugar que no merecemos.
Desde el oficialismo nunca se había intentado hermanarse en conversaciones con quienes no respetan los derechos humanos ni el pluralismo y tienen muy poco de democráticos. Creo que haríamos un gran daño a la sociedad argentina si no diéramos esta batalla, que afortunadamente se está encarando desde la oposición, que en la búsqueda del quórum involucró acciones propias del apuro, la premura y la improvisación.
La política y el Parlamento son instituciones que están muy golpeadas y necesitan recuperar la confianza. Por eso quiero plantear algo que deseo que no ocurra: este acuerdo que hoy se propicia aprobar significará una intromisión de los poderes Ejecutivo y Legislativo en el Judicial.
Esto acarreará un nuevo conflicto con la Corte, porque no hace falta ser muy inteligente para saber que llegará como reclamo a la máxima instancia del Poder Judicial.
Se está por revisar un avance de la Justicia que, aunque lento y sospechoso, en los últimos tiempos tuvo resultados concretos. Se revisará lo actuado por el fiscal y el juez de la causa, lo que requerirá una opinión de la Corte y un nuevo conflicto con ella, que es una de las pocas instituciones que aún tiene el respeto de las grandes mayorías en nuestro país.
Implicaría una gran ceguera no reconocer que por distintas razones las instituciones de nuestro país están siendo sospechadas. Es más que preocupante el apuro en tratar una causa de esta naturaleza que involucra la muerte, el terrorismo y acciones que nada tienen que ver con la defensa de los derechos humanos. Por ello, finalmente tendrá que opinar ese instituto tan importante que es la máxima instancia del Poder Judicial. Espero que este conflicto que hoy estamos debatiendo no conduzca a otro mayor; ese es mi deseo y por eso anticipo mi voto negativo.
Mi voto al presente proyecto por supuesto es negativo. Las razones son muy fuertes. En política exterior los tratados que tienen que ver con cuestiones de suma importancia, como por ejemplo el medio ambiente o la economía, llevan un tiempo prudente de maduración y discusión. Me ha tocado participar en convenios entre países, tanto como diputado como, en otros tiempos, senador, y ellos llevaron años de elaboración.
Por su parte, con respecto al presente acuerdo, el 27 de enero nos enteramos de qué trataba y hoy, 27 de febrero, se estaría cerrando, es decir, en tan solo un mes. Me pregunto a qué se debe tanto apuro.
Soy bien pensado. No creo que esto tenga olor a petróleo ni a energía atómica. Si lo tuviese, este no es el camino porque todos los reflectores ahora van a estar mirando estos dos temas. Otros dicen que es el mal momento que vive la economía, que es la inflación, que se trata de desviar la atención. Si así fuera no se trataría en sólo treinta días y lo estirarían un poco más. Hasta la prudencia del más apresurado indica que un tratado que involucra la muerte de tantos hermanos argentinos –un gravísimo tema de los argentinos no se puede analizar de esta manera. No hay duda de que es un tremendo error que posiciona a nuestro país en un lugar que no merecemos.
Desde el oficialismo nunca se había intentado hermanarse en conversaciones con quienes no respetan los derechos humanos ni el pluralismo y tienen muy poco de democráticos. Creo que haríamos un gran daño a la sociedad argentina si no diéramos esta batalla, que afortunadamente se está encarando desde la oposición, que en la búsqueda del quórum involucró acciones propias del apuro, la premura y la improvisación.
La política y el Parlamento son instituciones que están muy golpeadas y necesitan recuperar la confianza. Por eso quiero plantear algo que deseo que no ocurra: este acuerdo que hoy se propicia aprobar significará una intromisión de los poderes Ejecutivo y Legislativo en el Judicial.
Esto acarreará un nuevo conflicto con la Corte, porque no hace falta ser muy inteligente para saber que llegará como reclamo a la máxima instancia del Poder Judicial.
Se está por revisar un avance de la Justicia que, aunque lento y sospechoso, en los últimos tiempos tuvo resultados concretos. Se revisará lo actuado por el fiscal y el juez de la causa, lo que requerirá una opinión de la Corte y un nuevo conflicto con ella, que es una de las pocas instituciones que aún tiene el respeto de las grandes mayorías en nuestro país.
Implicaría una gran ceguera no reconocer que por distintas razones las instituciones de nuestro país están siendo sospechadas. Es más que preocupante el apuro en tratar una causa de esta naturaleza que involucra la muerte, el terrorismo y acciones que nada tienen que ver con la defensa de los derechos humanos. Por ello, finalmente tendrá que opinar ese instituto tan importante que es la máxima instancia del Poder Judicial. Espero que este conflicto que hoy estamos debatiendo no conduzca a otro mayor; ese es mi deseo y por eso anticipo mi voto negativo.
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra la señora diputada por Córdoba.
SRA. VILLATA, GRACIELA SUSANA (CORDOBA):
Señor presidente: tras escuchar muchas horas de debate, independientemente del Memorándum de Entendimiento, creo que lo más importante es comprender que quienes murieron en aquel atentado eran argentinos. Parafraseando al senador Pichetto, no me va esta división “de argentinos argentinos y argentinos judíos”. A ninguna de las víctimas del terrorismo de Estado se las identificó por su credo, por lo cual tenemos que partir de la realidad de que este atentado fue sufrido y perpetrado en contra del pueblo argentino.
Si se ahonda en el acuerdo, se advierte que carece de legitimidad. La creación de un proceso paralelo por esta extralimitación de la representación no corresponde, por lo cual lo rechazaremos de plano junto con las víctimas, los familiares y las organizaciones. Estoy hablando de una oposición constructiva, que por primera vez nos reunimos bajo una bandera.
Debemos reconocer que en la causa AMIA, al igual que en el esclarecimiento del terrorismo de Estado, el kirchnerismo fue una bisagra en la historia argentina y nos permitió estar todos juntos defendiendo la memoria, la verdad, la reparación y la justicia. No entiendo qué les pasó; no entiendo por qué bajan esas banderas.
Este memorándum que tiene una gravedad institucional sin antecedentes, además de ser claramente inconstitucional, porque estaría concediendo al Poder Ejecutivo nacional facultades extraordinarias según el artículo 29 de la Constitución Nacional, es perjudicial y lesivo para la Argentina; afecta la institucionalidad de nuestro país.
Este acuerdo, lejos de permitir llegar a la verdad en el marco de la justicia de nuestros tribunales, en clara concordancia y respetando la Constitución Nacional y las leyes argentinas, habilita una puesta en escena internacional que implica dilación, distracción, impunidad, descrédito, dolor y retroceso en lo institucional. Se trata de una involución total en la historia de la defensa de los derechos humanos; una cesión de soberanía.
El convenio que se pretende aprobar implica una cesión de la potestad de la persecución penal. No podemos ceder la potestad que tienen los jueces de nuestro país por mandato constitucional. El rol de la Justicia argentina, a partir de este acuerdo, queda limitado a ser un mero espectador de un proceso que nosotros no podremos controlar.
En este memorándum oscuro y perjudicial se exhibe una palmaria contradicción del oficialismo. La misma se puede cotejar con todos los discursos de los cancilleres desde el año 2003.
Esto lo dijimos ayer en la comisión, pero por supuesto que el canciller ya se había ido a pesar de que expresó la voluntad de quedarse hasta las dos de la mañana. Como no tenía respuestas, tuvo que irse antes de que empezaran las preguntas. Lo único que hizo fue repetir lo mismo que dijo en el Senado usando tiempos verbales que no convencían a nadie: “podría”, “creería”, “imaginaría”, etcétera. Estos tiempos verbales no brindan ninguna seguridad.
Luego de que se apruebe este acuerdo no creo que el canciller pueda asistir a un nuevo acto de conmemoración del atentado a la embajada de Israel; los únicos representantes de la Presidencia que no fueron silbados fueron los que mandó el presidente Kirchner después del año 2004. No creo que el próximo 17 de marzo el canciller pueda asistir a dicho acto o mirar a la comunidad.
El entonces canciller Taiana en el año 2009 y el actual canciller en 2011, dijeron que sólo la memoria, la verdad, y la justicia impedirían nuevos atentados en la Argentina. Eso lo dijeron los cancilleres, y es lo mismo que cuestionaron al presidente de la DAIA.
Me gustaría traer a este recinto lo que dijo la presidenta de la Nación en la 64ª Asamblea de las Naciones Unidas en el año 2009. Decía que humildemente iba a reiterar una vez más ese pedido de lograr que los funcionarios a los que la Justicia argentina asignaba responsabilidades, pudieran ser extraditados y juzgados.
¿Qué cambió para que bajaran de golpe la bandera de defensa de los derechos humanos? En el acuerdo se vislumbra una inexplicable cesión de soberanía judicial argentina, por lo cual también deberá responder el canciller.
Más allá de todos los dichos, estoy convencida de que los que avalen este memorándum tendrán que dar respuesta, porque los actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que los formulen, acompañen, consientan o firmen a la responsabilidad y pena de infames traidores a la patria.
Si avanzamos con este memorándum, si cedemos ante la causa de la AMIA, si consentimos este procedimiento, mañana puede tocarle a cualquier otro grupo de personas que hayan sufrido el peor de los delitos o atentados. No queremos divisiones ni fracturas entre los argentinos. Cuando el senador Pichetto se desbarrancó en su discurso e hizo esa división...
Si se ahonda en el acuerdo, se advierte que carece de legitimidad. La creación de un proceso paralelo por esta extralimitación de la representación no corresponde, por lo cual lo rechazaremos de plano junto con las víctimas, los familiares y las organizaciones. Estoy hablando de una oposición constructiva, que por primera vez nos reunimos bajo una bandera.
Debemos reconocer que en la causa AMIA, al igual que en el esclarecimiento del terrorismo de Estado, el kirchnerismo fue una bisagra en la historia argentina y nos permitió estar todos juntos defendiendo la memoria, la verdad, la reparación y la justicia. No entiendo qué les pasó; no entiendo por qué bajan esas banderas.
Este memorándum que tiene una gravedad institucional sin antecedentes, además de ser claramente inconstitucional, porque estaría concediendo al Poder Ejecutivo nacional facultades extraordinarias según el artículo 29 de la Constitución Nacional, es perjudicial y lesivo para la Argentina; afecta la institucionalidad de nuestro país.
Este acuerdo, lejos de permitir llegar a la verdad en el marco de la justicia de nuestros tribunales, en clara concordancia y respetando la Constitución Nacional y las leyes argentinas, habilita una puesta en escena internacional que implica dilación, distracción, impunidad, descrédito, dolor y retroceso en lo institucional. Se trata de una involución total en la historia de la defensa de los derechos humanos; una cesión de soberanía.
El convenio que se pretende aprobar implica una cesión de la potestad de la persecución penal. No podemos ceder la potestad que tienen los jueces de nuestro país por mandato constitucional. El rol de la Justicia argentina, a partir de este acuerdo, queda limitado a ser un mero espectador de un proceso que nosotros no podremos controlar.
En este memorándum oscuro y perjudicial se exhibe una palmaria contradicción del oficialismo. La misma se puede cotejar con todos los discursos de los cancilleres desde el año 2003.
Esto lo dijimos ayer en la comisión, pero por supuesto que el canciller ya se había ido a pesar de que expresó la voluntad de quedarse hasta las dos de la mañana. Como no tenía respuestas, tuvo que irse antes de que empezaran las preguntas. Lo único que hizo fue repetir lo mismo que dijo en el Senado usando tiempos verbales que no convencían a nadie: “podría”, “creería”, “imaginaría”, etcétera. Estos tiempos verbales no brindan ninguna seguridad.
Luego de que se apruebe este acuerdo no creo que el canciller pueda asistir a un nuevo acto de conmemoración del atentado a la embajada de Israel; los únicos representantes de la Presidencia que no fueron silbados fueron los que mandó el presidente Kirchner después del año 2004. No creo que el próximo 17 de marzo el canciller pueda asistir a dicho acto o mirar a la comunidad.
El entonces canciller Taiana en el año 2009 y el actual canciller en 2011, dijeron que sólo la memoria, la verdad, y la justicia impedirían nuevos atentados en la Argentina. Eso lo dijeron los cancilleres, y es lo mismo que cuestionaron al presidente de la DAIA.
Me gustaría traer a este recinto lo que dijo la presidenta de la Nación en la 64ª Asamblea de las Naciones Unidas en el año 2009. Decía que humildemente iba a reiterar una vez más ese pedido de lograr que los funcionarios a los que la Justicia argentina asignaba responsabilidades, pudieran ser extraditados y juzgados.
¿Qué cambió para que bajaran de golpe la bandera de defensa de los derechos humanos? En el acuerdo se vislumbra una inexplicable cesión de soberanía judicial argentina, por lo cual también deberá responder el canciller.
Más allá de todos los dichos, estoy convencida de que los que avalen este memorándum tendrán que dar respuesta, porque los actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que los formulen, acompañen, consientan o firmen a la responsabilidad y pena de infames traidores a la patria.
Si avanzamos con este memorándum, si cedemos ante la causa de la AMIA, si consentimos este procedimiento, mañana puede tocarle a cualquier otro grupo de personas que hayan sufrido el peor de los delitos o atentados. No queremos divisiones ni fracturas entre los argentinos. Cuando el senador Pichetto se desbarrancó en su discurso e hizo esa división...
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Señora diputada: está concluyendo su tiempo.
SRA. VILLATA, GRACIELA SUSANA (CORDOBA):
Sí, señor presidente. Solicito que se inserte en el Diario de Sesiones la parte del discurso que no pueda llegar a pronunciar.
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Se toma en cuenta su petición, señora diputada.
SRA. VILLATA, GRACIELA SUSANA (CORDOBA):
Ya que el canciller se ausentó le pediría que de alguna manera nos explique qué pasó, por qué giraron 180 grados. ¿Por qué los que siempre estuvimos juntos, los que no nos movimos, pasamos a ser apologistas, encubridores, los que queremos obstruir a la Justicia? A él le pido esta respuesta. ¿Pueden los intereses del Estado estar por encima de la Justicia?
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra la señora diputada por Misiones.
SRA. PERIE, JULIA ARGENTINA (MISIONES):
Señor presidente: en primer lugar, quiero adherir a las palabras del diputado preopinante Juan Carlos Junio en referencia a cuáles son las relaciones estratégicas que tiene hoy nuestro país, que tienen que ver con el Mercosur, la UNASUR, el ALBA, los países del bloque de la ASEAN y los países emergentes como el nuestro, aunque a muchos no les guste.
Este Memorándum de Entendimiento entre nuestro país y la República Islámica de Irán es un documento que describe un acuerdo entre dos Estados soberanos; expresa una convergencia de deseos entre las partes, indicando la intención de emprender una línea de acción común.
Estamos convencidos de que este acuerdo es para la República Argentina un logro. Este acuerdo de reconocer por parte del gobierno de Irán la posibilidad de una respuesta positiva como la que hemos tenido es un logro. Esto no solamente representa la posibilidad de esclarecer el atentado que hoy nos trae a discusión sino que también simboliza la tradición diplomática de la República Argentina, orientada permanentemente a promover el diálogo y el respeto al principio de resolución pacífica de controversias, un principio fundamental del derecho internacional.
Este Memorándum de Entendimiento entre nuestro país y la República Islámica de Irán es un documento que describe un acuerdo entre dos Estados soberanos; expresa una convergencia de deseos entre las partes, indicando la intención de emprender una línea de acción común.
Estamos convencidos de que este acuerdo es para la República Argentina un logro. Este acuerdo de reconocer por parte del gobierno de Irán la posibilidad de una respuesta positiva como la que hemos tenido es un logro. Esto no solamente representa la posibilidad de esclarecer el atentado que hoy nos trae a discusión sino que también simboliza la tradición diplomática de la República Argentina, orientada permanentemente a promover el diálogo y el respeto al principio de resolución pacífica de controversias, un principio fundamental del derecho internacional.
- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª de la Honorable Cámara, profesora Norma Amanda Abdala de Matarazzo.
SRA. PERIE, JULIA ARGENTINA (MISIONES):
La política exterior, e interior también, de nuestro país desde el año 2003, primero con Néstor Kirchner y luego con Cristina Fernández de Kirchner, ha sido clara en el sentido de los derechos humanos.
Nos hemos preocupado de investigar y encarcelar a quienes han sido los asesinos y encarceladores de nuestros hermanos, de nuestros compañeros y de nuestros niños. También nos hemos ocupado permanentemente de tratar de esclarecer esos dos hechos que fueron los más terribles que sucedieron en nuestro país.
Desde el año 2003 hasta la actualidad el Poder Ejecutivo argentino colocó en el escenario internacional la necesidad de encontrar a los responsables. Se ha manifestado permanentemente en las asambleas de las Naciones Unidas, refiriéndose a estos ataques y manifestando la postura de la Argentina en la lucha contra el terrorismo.
Reclamamos la cooperación del Estado iraní en la investigación que se ha llevado a cabo en nuestro país ya que debemos tener en cuenta que los sospechosos son de ese país. Solicitamos en varias oportunidades que pongan a disposición de la Justicia nacional a los sospechosos, lo que no fue aceptado.
Hoy tenemos este memorándum; por ahí se dice que se discute muy apresuradamente, pero si se utilizara más tiempo nos preguntarían por qué tardamos tanto en discutirlo; nunca podemos convencer a todos.
Este memorándum no implica el cese de la utilización de otros canales jurídicos para encontrar la verdad de este atentado, es la apertura de un nuevo camino. Este acuerdo que a partir del propio título define el tema de la cooperación no representa un cambio de estrategia de política exterior o una construcción de aliados geopolíticos en Medio Oriente en detrimento de las relaciones con el Estado israelí.
Manifestar eso es como declarar que las próximas negociaciones entre Estados Unidos e Irán por la cuestión nuclear tienen como fin modificar las alianzas estadounidenses en Medio Oriente, sabiendo que Israel es el socio más importante y fundamental para Washington.
Pero no solamente Estados Unidos mantiene relaciones diplomáticas con Irán. También lo hacen Brasil y la Unión Europea.
Este memorándum plantea una comisión investigadora, la Comisión de la Verdad, y en nuestra región estos mecanismos especiales son conocidos en la búsqueda de verdad y justicia. La Conadep en la Argentina; la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en Chile, conocida como la Comisión Rettig; la Comisión para la Verdad en El Salvador, originada en el acuerdo de paz de Chapultepec. Todas ellas, con mejores y más complejos procesos, fueron decisiones políticas acertadas en tanto movilizaron a las fuerzas sociales y políticas para afrontar precisamente la responsabilidad de verdad y justicia frente a hechos criminales.
Debemos comprender que un acuerdo con estas características pretende encontrar la verdad y no oscurecerla, porque insta a la acción y no a la omisión. El objetivo es encontrar resultados y administrar justicia respetando los principios del derecho internacional y de nuestro derecho interno. (Aplausos.)
Nos hemos preocupado de investigar y encarcelar a quienes han sido los asesinos y encarceladores de nuestros hermanos, de nuestros compañeros y de nuestros niños. También nos hemos ocupado permanentemente de tratar de esclarecer esos dos hechos que fueron los más terribles que sucedieron en nuestro país.
Desde el año 2003 hasta la actualidad el Poder Ejecutivo argentino colocó en el escenario internacional la necesidad de encontrar a los responsables. Se ha manifestado permanentemente en las asambleas de las Naciones Unidas, refiriéndose a estos ataques y manifestando la postura de la Argentina en la lucha contra el terrorismo.
Reclamamos la cooperación del Estado iraní en la investigación que se ha llevado a cabo en nuestro país ya que debemos tener en cuenta que los sospechosos son de ese país. Solicitamos en varias oportunidades que pongan a disposición de la Justicia nacional a los sospechosos, lo que no fue aceptado.
Hoy tenemos este memorándum; por ahí se dice que se discute muy apresuradamente, pero si se utilizara más tiempo nos preguntarían por qué tardamos tanto en discutirlo; nunca podemos convencer a todos.
Este memorándum no implica el cese de la utilización de otros canales jurídicos para encontrar la verdad de este atentado, es la apertura de un nuevo camino. Este acuerdo que a partir del propio título define el tema de la cooperación no representa un cambio de estrategia de política exterior o una construcción de aliados geopolíticos en Medio Oriente en detrimento de las relaciones con el Estado israelí.
Manifestar eso es como declarar que las próximas negociaciones entre Estados Unidos e Irán por la cuestión nuclear tienen como fin modificar las alianzas estadounidenses en Medio Oriente, sabiendo que Israel es el socio más importante y fundamental para Washington.
Pero no solamente Estados Unidos mantiene relaciones diplomáticas con Irán. También lo hacen Brasil y la Unión Europea.
Este memorándum plantea una comisión investigadora, la Comisión de la Verdad, y en nuestra región estos mecanismos especiales son conocidos en la búsqueda de verdad y justicia. La Conadep en la Argentina; la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en Chile, conocida como la Comisión Rettig; la Comisión para la Verdad en El Salvador, originada en el acuerdo de paz de Chapultepec. Todas ellas, con mejores y más complejos procesos, fueron decisiones políticas acertadas en tanto movilizaron a las fuerzas sociales y políticas para afrontar precisamente la responsabilidad de verdad y justicia frente a hechos criminales.
Debemos comprender que un acuerdo con estas características pretende encontrar la verdad y no oscurecerla, porque insta a la acción y no a la omisión. El objetivo es encontrar resultados y administrar justicia respetando los principios del derecho internacional y de nuestro derecho interno. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra la señora diputada por Entre Ríos.
SRA.(RÍOS)
Señora presidenta: adelanto mi voto positivo a la aprobación del memorándum y seré breve teniendo en cuenta los claros y contundentes argumentos que han vertido mis compañeros de bancada y que motivan el respaldo al memorándum que firmaran la República Islámica de Irán y la República Argentina.
Estamos discutiendo en torno del atentado terrorista más grande de la historia argentina, que dejó 85 víctimas y el enorme dolor de sus familias. Queremos destrabar la causa que, transcurridos ya dieciocho años, hoy se encuentra paralizada.
Ante esta situación este gobierno ha desplegado desde 2003 todos los esfuerzos necesarios para esclarecer los hechos, avanzar en la causa y juzgar a los responsables del atentado.
No es una novedad que este gobierno, del cual orgullosamente formo parte, se involucre de lleno en la presente causa, primero con la gestión de nuestro presidente Néstor Kirchner y posteriormente con Cristina Fernández de Kirchner, que recurrieron ante los organismos internacionales con el apoyo de las instituciones judías en la Argentina y de los familiares de las víctimas.
Es para nosotros prioridad la búsqueda de justicia, y no de cualquier manera sino solamente con la verdad. Fue Néstor Kirchner quien desde un principio lo planteó al manifestar que formaba parte, al igual que yo, de una generación diezmada y que no iba a dejar las convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Así, puso en marcha mecanismos tendientes a impulsar la causa a fin de buscar únicamente la verdad y la justicia.
Oportunamente Néstor Kirchner expresó en la Asamblea de las Naciones Unidas -acompañado, como he dicho, por los familiares y por las diversas instituciones- que la Argentina fue víctima de un atentado trágico: la voladura de la AMIA. También oportunamente pidió la colaboración de Interpol y de Irán para poder juzgar a quienes estaban sospechados e imputados del hecho, gestiones ante organismos internacionales que fueron continuadas y profundizadas por nuestra presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, hasta llegar al actual Memorándum de Entendimiento con la República Islámica de Irán cuya aprobación estamos tratando hoy.
Por otra parte es también una característica de nuestra política internacional la solución de conflictos de manera pacífica y a través del camino del diálogo y la cooperación entre las naciones. No lo entendemos de otra manera, y en ese sentido lo trabajamos. Ejemplo de ello es la postura de nuestro gobierno en lo que podemos denominar “Causa Malvinas” o fragata “Libertad”, que sería un capítulo a seguir charlando.
Este gobierno tiene autoridad porque este es el gobierno de la memoria, la verdad y la justicia, cuya amplitud excede la presente causa extendiéndose la búsqueda de la verdad y de la justicia como política de Estado, evitando cualquier acto de impunidad.
No tengo dudas de que lo ideal según nuestro sistema penal sería poder interrogar en nuestro país a las personas imputadas de cometer el atentado. Ante dicha imposibilidad este gobierno ha celebrado con el Estado de Irán un tratado que va a ejercerse con absoluta plenitud y responsabilidad, que permitirá a través del accionar de la Justicia argentina cumplimentar los pasos procesales necesarios con una única finalidad: encontrar la verdad y a los responsables del atentado y sancionarlos.
La aprobación de este memorándum crea una oportunidad de avanzar hacia la justicia y hacia la reparación para las víctimas y sus familiares. No busquen segundas intenciones; no las hay. No se pregunten, señores de la oposición, qué hay detrás. Lo que hay, pero quizás no lo puedan comprender, son convicciones.
En este sentido, también somos conscientes de que existe el riesgo de que Irán no cumpla el acuerdo, y en ese caso la comunidad y los organismos internacionales tendrán otros elementos para evaluar las responsabilidades de dicho país ante estos aberrantes hechos.
Es importante destacar la posición que han adoptado los familiares de las víctimas, quienes a pesar de su dolor y de todas las dudas válidas que puedan llegar a tener apoyan esta medida de gobierno como un esfuerzo y como una oportunidad tendiente a avanzar con la presente causa.
Hubiese deseado que la oposición diera un serio debate esgrimiendo argumentos sólidos y proponiendo alternativas que permitieran el avance de la causa AMIA, que es nuestro único objetivo. No obstante ello, solamente he escuchado oposición por la oposición misma, echando un manto de sospecha sobre lo actual, brindando información incierta y acusando al gobierno de insólitos propósitos.
Lamentablemente, en este tema tan sensible se escucha a la oposición repetir aquello a lo que nos tiene acostumbrados: “Me opongo a todo lo que haga este gobierno.”
Pretendo que se destrabe la causa; no quiero impunidad. Deseo que los acusados por la masacre de la AMIA se vean cara a cara con la Justicia argentina. Por eso, la postura de la oposición me confirma que lo que en verdad les preocupa no es el fracaso del acuerdo sino todo lo contrario. (Aplausos.)
Estamos discutiendo en torno del atentado terrorista más grande de la historia argentina, que dejó 85 víctimas y el enorme dolor de sus familias. Queremos destrabar la causa que, transcurridos ya dieciocho años, hoy se encuentra paralizada.
Ante esta situación este gobierno ha desplegado desde 2003 todos los esfuerzos necesarios para esclarecer los hechos, avanzar en la causa y juzgar a los responsables del atentado.
No es una novedad que este gobierno, del cual orgullosamente formo parte, se involucre de lleno en la presente causa, primero con la gestión de nuestro presidente Néstor Kirchner y posteriormente con Cristina Fernández de Kirchner, que recurrieron ante los organismos internacionales con el apoyo de las instituciones judías en la Argentina y de los familiares de las víctimas.
Es para nosotros prioridad la búsqueda de justicia, y no de cualquier manera sino solamente con la verdad. Fue Néstor Kirchner quien desde un principio lo planteó al manifestar que formaba parte, al igual que yo, de una generación diezmada y que no iba a dejar las convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Así, puso en marcha mecanismos tendientes a impulsar la causa a fin de buscar únicamente la verdad y la justicia.
Oportunamente Néstor Kirchner expresó en la Asamblea de las Naciones Unidas -acompañado, como he dicho, por los familiares y por las diversas instituciones- que la Argentina fue víctima de un atentado trágico: la voladura de la AMIA. También oportunamente pidió la colaboración de Interpol y de Irán para poder juzgar a quienes estaban sospechados e imputados del hecho, gestiones ante organismos internacionales que fueron continuadas y profundizadas por nuestra presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, hasta llegar al actual Memorándum de Entendimiento con la República Islámica de Irán cuya aprobación estamos tratando hoy.
Por otra parte es también una característica de nuestra política internacional la solución de conflictos de manera pacífica y a través del camino del diálogo y la cooperación entre las naciones. No lo entendemos de otra manera, y en ese sentido lo trabajamos. Ejemplo de ello es la postura de nuestro gobierno en lo que podemos denominar “Causa Malvinas” o fragata “Libertad”, que sería un capítulo a seguir charlando.
Este gobierno tiene autoridad porque este es el gobierno de la memoria, la verdad y la justicia, cuya amplitud excede la presente causa extendiéndose la búsqueda de la verdad y de la justicia como política de Estado, evitando cualquier acto de impunidad.
No tengo dudas de que lo ideal según nuestro sistema penal sería poder interrogar en nuestro país a las personas imputadas de cometer el atentado. Ante dicha imposibilidad este gobierno ha celebrado con el Estado de Irán un tratado que va a ejercerse con absoluta plenitud y responsabilidad, que permitirá a través del accionar de la Justicia argentina cumplimentar los pasos procesales necesarios con una única finalidad: encontrar la verdad y a los responsables del atentado y sancionarlos.
La aprobación de este memorándum crea una oportunidad de avanzar hacia la justicia y hacia la reparación para las víctimas y sus familiares. No busquen segundas intenciones; no las hay. No se pregunten, señores de la oposición, qué hay detrás. Lo que hay, pero quizás no lo puedan comprender, son convicciones.
En este sentido, también somos conscientes de que existe el riesgo de que Irán no cumpla el acuerdo, y en ese caso la comunidad y los organismos internacionales tendrán otros elementos para evaluar las responsabilidades de dicho país ante estos aberrantes hechos.
Es importante destacar la posición que han adoptado los familiares de las víctimas, quienes a pesar de su dolor y de todas las dudas válidas que puedan llegar a tener apoyan esta medida de gobierno como un esfuerzo y como una oportunidad tendiente a avanzar con la presente causa.
Hubiese deseado que la oposición diera un serio debate esgrimiendo argumentos sólidos y proponiendo alternativas que permitieran el avance de la causa AMIA, que es nuestro único objetivo. No obstante ello, solamente he escuchado oposición por la oposición misma, echando un manto de sospecha sobre lo actual, brindando información incierta y acusando al gobierno de insólitos propósitos.
Lamentablemente, en este tema tan sensible se escucha a la oposición repetir aquello a lo que nos tiene acostumbrados: “Me opongo a todo lo que haga este gobierno.”
Pretendo que se destrabe la causa; no quiero impunidad. Deseo que los acusados por la masacre de la AMIA se vean cara a cara con la Justicia argentina. Por eso, la postura de la oposición me confirma que lo que en verdad les preocupa no es el fracaso del acuerdo sino todo lo contrario. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra el señor diputado por La Rioja.
SR. MARTINEZ, JULIO CESAR (LA RIOJA):
Señora presidenta: desde hace un tiempo a este gobierno no le veo la boca de lo que habla sino las manos de lo que hace, y en muchos casos -como en éste- nada tiene que ver lo que dice con lo que hace.
Me he tomado el trabajo de analizar lo que han ido diciendo, en principio, en los fundamentos del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, donde la presidenta se expresa en primera persona; además, en la cadena nacional, cuando se anunció la presente iniciativa, y en los discursos pronunciados por el canciller Timerman tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. He comparado todo ello con el Memorándum de Entendimiento firmado, pero nada tiene que ver una cosa con la otra.
Para que se cumpla lo que dijeron, deberíamos estar en presencia de un tratado escrito en muchos volúmenes bajo varios capítulos; sin embargo, simplemente nos encontramos con un memorándum escrito en dos hojitas, que contiene nueve artículos. No hay plazos, no están claros términos ni personas ni lugares ni tiempos. Por ejemplo, ya en el punto 1 se puede plantear la primera controversia, pues se establece que para la selección de los comisionados éstos deben tener un reconocido prestigio legal e internacional y estándar moral; pero no es lo mismo el prestigio legal e internacional y el estándar moral que tenemos nosotros que los de aquel país que niega el Holocausto, que quiere la desaparición de Israel, que protege a los terroristas y que en algunos casos los condecora.
Allí tendremos el primer problema para definir la cuestión. La única disposición respecto de la cual no existe controversia, pues los plazos se cumplirán -aunque seguramente ya están cumplidos-, se halla contenida en el punto 7, en razón del cual iniciamos este proceso perdiendo uno a cero. Digo esto porque allí se plantea que comunicaremos el acuerdo a Interpol, más allá de la necesidad de la presente aprobación. Es probable que eso ya se haya cumplido. Me hubiese gustado preguntar a Timerman, si me hubieran permitido hacerlo, si esto ya se ha cumplimentado.
Irán no quiere la verdad ni la justicia sino que pretende levantar las notificaciones rojas que pesan sobre sus ciudadanos. No quiere juzgar a los culpables sino blanquear su imagen ante el mundo. Esta es una realidad.
Ayer hubiese querido hacer otra pregunta al canciller, pero no pude porque se fue. Por tal razón, si el presidente del bloque oficialista me atiende, quisiera que me contestara lo siguiente. En Irán hay tres ciudadanos acusados, que son candidatos a presidente, y dos de ellos tienen notificaciones rojas. ¿Qué pasará si alguno de ellos resultara electo presidente? ¿Qué va a pasar con este acuerdo? Las elecciones son en junio de este año, no dentro de tres años, como en la Argentina. Tenemos que saber qué va a pasar, ¿o alguien cree que Irán va a entregar al presidente de la Nación para que se siente en una comisión o para que vaya preso?
Este convenio ya viene rengo, ya viene mal, se cae por sí solo frente a la situación de resultar electo alguno de esos tres. Que alguien me diga qué pierde Irán y qué gana la Argentina con este convenio.
Ya vimos qué es lo que gana Irán; ahora veremos qué pierde la Argentina. Le damos impunidad, mostrando ante el mundo una nación dividida por esta causa, con un Congreso dividido y un gobierno debilitado que hoy tuvo que raspar la olla para traer ministros diputados para que se sienten aquí a dar quórum y así para mostrar la debilidad que hoy está teniendo.
Me gustaría también preguntar al presidente del bloque oficialista, porque tampoco se lo pude preguntar a Timerman ya que se fue, qué va a pasar con el fiscal Nisman, que tiene pedido de captura por parte de Irán, y que tiene que ir. Pero por favor, señor presidente de la bancada del Frente para la Victoria, no conteste lo que dijo Timerman, que si es necesario él va a acompañar al fiscal para que no lo detengan, como si él fuera más que la Justicia, la Constitución y los jueces de Irán.
Si tiene pedido de captura lo van a meter preso y eso va a ser una nueva fragata que vamos a tener allá y deberemos ir a buscarla en algunos recovecos. Ese es otro papelón que vamos a pasar si no se toman los recaudos y si no contestan y toman esto en serio, y no como lo ha contestado en su momento el canciller.
El presidente de la bancada del Frente para la Victoria ha dicho que escuchó críticas y no propuestas. Tenemos propuestas: nos hubiera gustado que este convenio se pudiera cumplir con las diligencias procesales del Código Penal Argentino para que de alguna manera los culpables vayan presos, cosa que esto no garantiza.
A lo largo del debate he escuchado a muchos diputados que de buena fe están preocupados por el hecho de que Irán no vaya a cumplir el convenio. Les quiero decir que se queden tranquilos. Si hay alguien que tiene que preocuparse para que este convenio se cumpla es Irán, porque le garantiza impunidad, le lava la imagen ante el mundo. Irán no tiene nada que arriesgar y después de este convenio pasa a tener un nuevo estatus. (Aplausos.)
Me he tomado el trabajo de analizar lo que han ido diciendo, en principio, en los fundamentos del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, donde la presidenta se expresa en primera persona; además, en la cadena nacional, cuando se anunció la presente iniciativa, y en los discursos pronunciados por el canciller Timerman tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. He comparado todo ello con el Memorándum de Entendimiento firmado, pero nada tiene que ver una cosa con la otra.
Para que se cumpla lo que dijeron, deberíamos estar en presencia de un tratado escrito en muchos volúmenes bajo varios capítulos; sin embargo, simplemente nos encontramos con un memorándum escrito en dos hojitas, que contiene nueve artículos. No hay plazos, no están claros términos ni personas ni lugares ni tiempos. Por ejemplo, ya en el punto 1 se puede plantear la primera controversia, pues se establece que para la selección de los comisionados éstos deben tener un reconocido prestigio legal e internacional y estándar moral; pero no es lo mismo el prestigio legal e internacional y el estándar moral que tenemos nosotros que los de aquel país que niega el Holocausto, que quiere la desaparición de Israel, que protege a los terroristas y que en algunos casos los condecora.
Allí tendremos el primer problema para definir la cuestión. La única disposición respecto de la cual no existe controversia, pues los plazos se cumplirán -aunque seguramente ya están cumplidos-, se halla contenida en el punto 7, en razón del cual iniciamos este proceso perdiendo uno a cero. Digo esto porque allí se plantea que comunicaremos el acuerdo a Interpol, más allá de la necesidad de la presente aprobación. Es probable que eso ya se haya cumplido. Me hubiese gustado preguntar a Timerman, si me hubieran permitido hacerlo, si esto ya se ha cumplimentado.
Irán no quiere la verdad ni la justicia sino que pretende levantar las notificaciones rojas que pesan sobre sus ciudadanos. No quiere juzgar a los culpables sino blanquear su imagen ante el mundo. Esta es una realidad.
Ayer hubiese querido hacer otra pregunta al canciller, pero no pude porque se fue. Por tal razón, si el presidente del bloque oficialista me atiende, quisiera que me contestara lo siguiente. En Irán hay tres ciudadanos acusados, que son candidatos a presidente, y dos de ellos tienen notificaciones rojas. ¿Qué pasará si alguno de ellos resultara electo presidente? ¿Qué va a pasar con este acuerdo? Las elecciones son en junio de este año, no dentro de tres años, como en la Argentina. Tenemos que saber qué va a pasar, ¿o alguien cree que Irán va a entregar al presidente de la Nación para que se siente en una comisión o para que vaya preso?
Este convenio ya viene rengo, ya viene mal, se cae por sí solo frente a la situación de resultar electo alguno de esos tres. Que alguien me diga qué pierde Irán y qué gana la Argentina con este convenio.
Ya vimos qué es lo que gana Irán; ahora veremos qué pierde la Argentina. Le damos impunidad, mostrando ante el mundo una nación dividida por esta causa, con un Congreso dividido y un gobierno debilitado que hoy tuvo que raspar la olla para traer ministros diputados para que se sienten aquí a dar quórum y así para mostrar la debilidad que hoy está teniendo.
Me gustaría también preguntar al presidente del bloque oficialista, porque tampoco se lo pude preguntar a Timerman ya que se fue, qué va a pasar con el fiscal Nisman, que tiene pedido de captura por parte de Irán, y que tiene que ir. Pero por favor, señor presidente de la bancada del Frente para la Victoria, no conteste lo que dijo Timerman, que si es necesario él va a acompañar al fiscal para que no lo detengan, como si él fuera más que la Justicia, la Constitución y los jueces de Irán.
Si tiene pedido de captura lo van a meter preso y eso va a ser una nueva fragata que vamos a tener allá y deberemos ir a buscarla en algunos recovecos. Ese es otro papelón que vamos a pasar si no se toman los recaudos y si no contestan y toman esto en serio, y no como lo ha contestado en su momento el canciller.
El presidente de la bancada del Frente para la Victoria ha dicho que escuchó críticas y no propuestas. Tenemos propuestas: nos hubiera gustado que este convenio se pudiera cumplir con las diligencias procesales del Código Penal Argentino para que de alguna manera los culpables vayan presos, cosa que esto no garantiza.
A lo largo del debate he escuchado a muchos diputados que de buena fe están preocupados por el hecho de que Irán no vaya a cumplir el convenio. Les quiero decir que se queden tranquilos. Si hay alguien que tiene que preocuparse para que este convenio se cumpla es Irán, porque le garantiza impunidad, le lava la imagen ante el mundo. Irán no tiene nada que arriesgar y después de este convenio pasa a tener un nuevo estatus. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.
SR. PANSA, SERGIO HORACIO (SAN LUIS):
Señora presidenta: esta sesión bien puede llamarse la sesión de las contradicciones, destinadas a confundir a todo un pueblo que confía en la democracia como sistema de vida y protección de sus derechos.
Esas contradicciones son tales que nos llevan a no entender dónde están y dónde han quedado los que hasta hace poco parecían dispuestos en la justa defensa de los derechos humanos, especialmente de la mujer, y que hoy se alistan con la misma pasión a la hora de sentar como contraparte de nuestro país a un Estado que hace de la violación de los derechos humanos, especialmente de la mujer, una práctica permanente.
Se trata de un país en el que según Amnesty International no existe el derecho a la libertad de reunión, un país donde se ejecuta a más de una persona por día sin proceso judicial, lo que resulta totalmente violatorio del Pacto Internacional para los Derechos Civiles y Políticos que el mismo Irán firmó y desconoce.
Es un país donde según la palabra del relator especial de la ONU sobre derechos humanos, Ahmed Saheed, se ejecutaron en los últimos años a más de setecientas personas y al menos cuarenta periodistas están detenidos.
Allí la vida de la mujer se valúa en la mitad de la de un hombre, donde se la puede lapidar, donde el Premio Nobel de la Paz, la exiliada Shirin Ebadi, denuncia que la mujer es excluida del estudio, de la literatura, de los idiomas, de la arqueología, de la física nuclear, de la informática y de la ingeniería. Además, con respecto al sistema judicial esta Premio Nobel de la Paz dice que en Irán ha perdido su independencia y se ha convertido en un departamento; y el Ministerio de Justicia, en un tema de inteligencia. Los funcionarios de seguridad pueden dictar las normas que quieran, y los jueces simplemente firman las sentencias y las hacen cumplir.
Creo que estas aseveraciones nos excusan de mayores comentarios y son inmensos argumentos que convalidan el enorme error que vamos a cometer, las inmensas contradicciones que avalaremos en este memorándum. Esas contradicciones no son fruto de erróneas apreciaciones sino que son la propia forma de conducción de esta administración, que a entera satisfacción de sus necesidades hoy puede ser defensora de los derechos humanos y mañana estar sentada conformando supuestas comisiones de la verdad con naciones donde el fanatismo y la cultura del terrorismo de Estado no necesitan de mayores explicaciones, o también puede compartir supuestas misiones de negocios, como ocurrió hace poco tiempo con Angola, donde hay una dictadura que lleva 32 años y donde la mujer y los derechos humanos son violados permanentemente.
Son las contradicciones de decir que defienden una Argentina representativa, republicana y federal mientras, abusando del poder del pueblo, pisotean su esencia, borrando con serviles manotazos la tan necesaria independencia de los poderes del Estado, aun a costa de ignorar la voz de quienes sufren sus consecuencias.
Hablamos de la búsqueda de la verdad pero obstruimos la investigación de todo caso de corrupción ligado a funcionarios del gobierno y evitamos descubrir a los responsables de nuestros muertos, los 51 de la tragedia de Once, los 22 de la embajada de Israel, los 85 de la AMIA y los casi 25 jóvenes y niños que mueren a diario en nuestro país presos de las drogas y la violencia, frente a una administración que sólo se especializa en discursos efectistas para que nada cambie.
Hoy le venimos a agregar un capítulo más a la prepotencia de este gobierno, que no quiere, no sabe o no le interesa representar los intereses de todos; más aún, de los que en esta historia han puesto su sangre y de los que han puesto su dolor por los que murieron, a los que lejos de darles verdaderas respuestas los queremos conformar con oportunas puestas en escena.
Traemos a esta Honorable Cámara un verdadero mamarracho jurídico, al que vamos a dar un rango superior al de nuestras leyes. Vamos a ningunear a nuestra Justicia. En fin, vamos a mostrar la incapacidad e inoperancia de los responsables de conducir nuestra política exterior y nuestra seguridad. Lo haremos una vez más, como lo hicimos con Malvinas y con nuestra fragata, a la que innecesariamente expusimos al oprobio de estar detenida como prenda de pago de fondos buitres, fondos a los que esta administración les otorgó la prórroga de jurisdicción, sometiendo una vez más a nuestro país a tribunales extranjeros.
Se trata de la mezcla entre la incapacidad, la soberbia y la permanente improvisación del uso efectista y oportunista de temas que golpean duramente el corazón de los argentinos y distraen la problemática que a diario castiga a miles de ciudadanos en forma de desempleo, de inflación y de inseguridad. Se trata de la contradicción entre lo que se dice y lo que verdaderamente se hace y se persigue.
Podemos dar distintos argumentos para rechazar esto que hoy se nos propone como el “camino de la verdad”. Decir que desconocemos lo actuado por nuestra Justicia, que ignoramos el dolor que traemos con falsas esperanzas, que no hay claridad en lo que se plantea ni en la forma en que se lo hace, que vulneramos derechos, que ponemos en manos de los supuestos responsables de los crímenes su mismo castigo, que no sabemos qué marco jurídico se aplicará, que no hay plazos, que ataremos las manos de nuestra Justicia, que carece de sentido acordar...
Esas contradicciones son tales que nos llevan a no entender dónde están y dónde han quedado los que hasta hace poco parecían dispuestos en la justa defensa de los derechos humanos, especialmente de la mujer, y que hoy se alistan con la misma pasión a la hora de sentar como contraparte de nuestro país a un Estado que hace de la violación de los derechos humanos, especialmente de la mujer, una práctica permanente.
Se trata de un país en el que según Amnesty International no existe el derecho a la libertad de reunión, un país donde se ejecuta a más de una persona por día sin proceso judicial, lo que resulta totalmente violatorio del Pacto Internacional para los Derechos Civiles y Políticos que el mismo Irán firmó y desconoce.
Es un país donde según la palabra del relator especial de la ONU sobre derechos humanos, Ahmed Saheed, se ejecutaron en los últimos años a más de setecientas personas y al menos cuarenta periodistas están detenidos.
Allí la vida de la mujer se valúa en la mitad de la de un hombre, donde se la puede lapidar, donde el Premio Nobel de la Paz, la exiliada Shirin Ebadi, denuncia que la mujer es excluida del estudio, de la literatura, de los idiomas, de la arqueología, de la física nuclear, de la informática y de la ingeniería. Además, con respecto al sistema judicial esta Premio Nobel de la Paz dice que en Irán ha perdido su independencia y se ha convertido en un departamento; y el Ministerio de Justicia, en un tema de inteligencia. Los funcionarios de seguridad pueden dictar las normas que quieran, y los jueces simplemente firman las sentencias y las hacen cumplir.
Creo que estas aseveraciones nos excusan de mayores comentarios y son inmensos argumentos que convalidan el enorme error que vamos a cometer, las inmensas contradicciones que avalaremos en este memorándum. Esas contradicciones no son fruto de erróneas apreciaciones sino que son la propia forma de conducción de esta administración, que a entera satisfacción de sus necesidades hoy puede ser defensora de los derechos humanos y mañana estar sentada conformando supuestas comisiones de la verdad con naciones donde el fanatismo y la cultura del terrorismo de Estado no necesitan de mayores explicaciones, o también puede compartir supuestas misiones de negocios, como ocurrió hace poco tiempo con Angola, donde hay una dictadura que lleva 32 años y donde la mujer y los derechos humanos son violados permanentemente.
Son las contradicciones de decir que defienden una Argentina representativa, republicana y federal mientras, abusando del poder del pueblo, pisotean su esencia, borrando con serviles manotazos la tan necesaria independencia de los poderes del Estado, aun a costa de ignorar la voz de quienes sufren sus consecuencias.
Hablamos de la búsqueda de la verdad pero obstruimos la investigación de todo caso de corrupción ligado a funcionarios del gobierno y evitamos descubrir a los responsables de nuestros muertos, los 51 de la tragedia de Once, los 22 de la embajada de Israel, los 85 de la AMIA y los casi 25 jóvenes y niños que mueren a diario en nuestro país presos de las drogas y la violencia, frente a una administración que sólo se especializa en discursos efectistas para que nada cambie.
Hoy le venimos a agregar un capítulo más a la prepotencia de este gobierno, que no quiere, no sabe o no le interesa representar los intereses de todos; más aún, de los que en esta historia han puesto su sangre y de los que han puesto su dolor por los que murieron, a los que lejos de darles verdaderas respuestas los queremos conformar con oportunas puestas en escena.
Traemos a esta Honorable Cámara un verdadero mamarracho jurídico, al que vamos a dar un rango superior al de nuestras leyes. Vamos a ningunear a nuestra Justicia. En fin, vamos a mostrar la incapacidad e inoperancia de los responsables de conducir nuestra política exterior y nuestra seguridad. Lo haremos una vez más, como lo hicimos con Malvinas y con nuestra fragata, a la que innecesariamente expusimos al oprobio de estar detenida como prenda de pago de fondos buitres, fondos a los que esta administración les otorgó la prórroga de jurisdicción, sometiendo una vez más a nuestro país a tribunales extranjeros.
Se trata de la mezcla entre la incapacidad, la soberbia y la permanente improvisación del uso efectista y oportunista de temas que golpean duramente el corazón de los argentinos y distraen la problemática que a diario castiga a miles de ciudadanos en forma de desempleo, de inflación y de inseguridad. Se trata de la contradicción entre lo que se dice y lo que verdaderamente se hace y se persigue.
Podemos dar distintos argumentos para rechazar esto que hoy se nos propone como el “camino de la verdad”. Decir que desconocemos lo actuado por nuestra Justicia, que ignoramos el dolor que traemos con falsas esperanzas, que no hay claridad en lo que se plantea ni en la forma en que se lo hace, que vulneramos derechos, que ponemos en manos de los supuestos responsables de los crímenes su mismo castigo, que no sabemos qué marco jurídico se aplicará, que no hay plazos, que ataremos las manos de nuestra Justicia, que carece de sentido acordar...
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Señor diputado: se ha agotado el tiempo del que disponía para hacer uso de la palabra.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. MORENO, CARLOS JULIO (BUENOS AIRES):
Señora presidenta: voy a hacer dos o tres reflexiones. La primera es realmente dolorosa, porque en el análisis que se ha hecho de este tratado uno puede compartir o no la oportunidad política y puede disentir o no con sus intenciones, pero lo que no podemos hacer en este Congreso es poner un tratado elaborado por la Cancillería al nivel de un panfleto, descuartizándolo, cuando fue escrito por juristas que todos respetamos.
La verdad es que como yo no tengo buena redacción no me animaría a descalificar la figura de Susana Ruiz Cerutti en lo concerniente a este tipo de tema. Esto resulta básico.
Hecha esa aclaración, debo decir que en este recinto se han dicho muchas cosas, como, por ejemplo, que el tratado no sirve para nada. Pero al concluir el análisis se le da una importancia tal, como si estuviéramos reformando la propia Constitución. Por lo tanto, es necesario que nos pongamos de acuerdo.
En el poco tiempo del que dispongo para hacer uso de la palabra intentaré hacer un análisis de este tratado, sobre todo por respeto a los funcionarios de nuestra Cancillería que lo han escrito, más allá de las interpretaciones políticas que cada uno pueda hacer.
En lo que respecta a la naturaleza jurídica del memorándum, es un tratado internacional porque surge de un acuerdo entre dos Estados estableciendo una serie de obligaciones. Si nosotros hubiéramos estado de acuerdo con Irán, seguramente no hubiésemos suscripto este tratado.
En particular, los Estados se reservan proponer los comisionados, aprobar las reglas de la comisión y compartir una serie de informaciones.
Además, este tratado tiene fundamento en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que en su artículo 2° define con claridad el término “tratado” como un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados que es regido por el derecho internacional.
El trámite que le estamos imprimiendo a este tratado en el Congreso y el que le ha impreso el Poder Ejecutivo es el que se aplica a todos los tratados internacionales. Esto se hace en el marco de la Constitución Nacional, que en su artículo 99 le otorga al presidente de la Nación atribuciones para firmarlo. Además, el envío al Congreso para su aprobación o rechazo también se inscribe en el artículo 75, inciso 22), de nuestra Ley Fundamental, que indica con absoluta claridad que el tratado debe pasar por el Congreso para aprobar o desechar el acuerdo entre naciones.
El propio memorándum prevé en el artículo 6° que la entrada en vigencia queda condicionada a la ratificación por el Congreso de la Nación. Por lo tanto, aquí no hay sombras ni ninguna situación oscura.
Asimismo, este tratado se enmarca en una serie de tratados bilaterales y multilaterales, que permiten la cooperación y la asistencia internacional en materia penal. En este sentido, en el marco del derecho internacional público, nuestro país sancionó una gran cantidad de normas, muchas de las cuales han sido analizadas por diputados que hoy están sentados en este recinto. Si me permiten, quisiera dar algunos ejemplos: la ley 24.072, de narcotráfico; la ley 25.632, sobre trata de personas; la ley 26.097, sobre materia de corrupción y, en general, la sanción de la ley 24.767 sobre Cooperación Internacional en Materia Penal.
En concreto, este memorándum constituye un acuerdo con Irán para cooperar judicialmente en una causa específica. No es un acuerdo general. Irán se obliga a enviarnos la información disponible y va a permitir el interrogatorio en Teherán de los imputados con notificación roja.
Irán es un país que no coopera internacionalmente en materia penal, no forma parte de los tratados multilaterales que establecen mecanismos de cooperación y de asistencia. No tenemos ningún tratado con Irán. Es más, Irán tiene normas que desde 1960 prohíben expresamente la extradición de sus nacionales. Ese es el marco que tenemos y en el que nos movemos.
En definitiva, el Ejecutivo tiene la obligación de auxiliar a la Justicia. Nosotros no podemos bombardear Teherán. No tenemos la posibilidad de ir a buscar a Noriega, acusado por una orden judicial de tráfico de drogas y de invadir Panamá. Nosotros nos manejamos con lo que nos manejamos, con lo que podemos y con la lectura de la realidad.
La opción de interrogar a los imputados en Irán no es menor. Partimos de la situación de que Irán hasta este momento ha desconocido la Justicia argentina y decía que la investigación no era por iniciativa de la Justicia argentina sino que partía de lo que habían resuelto los servicios de inteligencia de Israel.
Tenemos que convenir en dos o tres temas. La causa de la AMIA no sólo busca esclarecer los hechos. Necesita encontrar a los responsables y castigarlos. Tengamos en cuenta que la causa de la embajada de Israel permanece estancada, sin sospechosos detenidos y uno de los supuestos perpetradores falleció en 2008.
Me he referido a la naturaleza jurídica del tratado. Si me permiten, voy a referirme a las funciones de la Comisión de la Verdad, porque parece que no se han leído. La Comisión de la Verdad no tiene que asimilarse jurídicamente a las comisiones de la Verdad que funcionaron en otros países, como por ejemplo la de Sudáfrica, que investigó las violaciones a los derechos humanos cometidas entre los años 1960 y 1994. Esta comisión buscaba conocer la verdad. La gente se presentaba y daba su declaración, pero no buscaba una punición penal. Acá existe una situación absolutamente diferente. No sé si es acertado o no el término, pero entre las funciones de la comisión está la de establecer las reglas de procedimiento. Estas reglas requieren una previa consulta a las partes y una posterior aprobación por ellas.
La verdad es que como yo no tengo buena redacción no me animaría a descalificar la figura de Susana Ruiz Cerutti en lo concerniente a este tipo de tema. Esto resulta básico.
Hecha esa aclaración, debo decir que en este recinto se han dicho muchas cosas, como, por ejemplo, que el tratado no sirve para nada. Pero al concluir el análisis se le da una importancia tal, como si estuviéramos reformando la propia Constitución. Por lo tanto, es necesario que nos pongamos de acuerdo.
En el poco tiempo del que dispongo para hacer uso de la palabra intentaré hacer un análisis de este tratado, sobre todo por respeto a los funcionarios de nuestra Cancillería que lo han escrito, más allá de las interpretaciones políticas que cada uno pueda hacer.
En lo que respecta a la naturaleza jurídica del memorándum, es un tratado internacional porque surge de un acuerdo entre dos Estados estableciendo una serie de obligaciones. Si nosotros hubiéramos estado de acuerdo con Irán, seguramente no hubiésemos suscripto este tratado.
En particular, los Estados se reservan proponer los comisionados, aprobar las reglas de la comisión y compartir una serie de informaciones.
Además, este tratado tiene fundamento en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que en su artículo 2° define con claridad el término “tratado” como un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados que es regido por el derecho internacional.
El trámite que le estamos imprimiendo a este tratado en el Congreso y el que le ha impreso el Poder Ejecutivo es el que se aplica a todos los tratados internacionales. Esto se hace en el marco de la Constitución Nacional, que en su artículo 99 le otorga al presidente de la Nación atribuciones para firmarlo. Además, el envío al Congreso para su aprobación o rechazo también se inscribe en el artículo 75, inciso 22), de nuestra Ley Fundamental, que indica con absoluta claridad que el tratado debe pasar por el Congreso para aprobar o desechar el acuerdo entre naciones.
El propio memorándum prevé en el artículo 6° que la entrada en vigencia queda condicionada a la ratificación por el Congreso de la Nación. Por lo tanto, aquí no hay sombras ni ninguna situación oscura.
Asimismo, este tratado se enmarca en una serie de tratados bilaterales y multilaterales, que permiten la cooperación y la asistencia internacional en materia penal. En este sentido, en el marco del derecho internacional público, nuestro país sancionó una gran cantidad de normas, muchas de las cuales han sido analizadas por diputados que hoy están sentados en este recinto. Si me permiten, quisiera dar algunos ejemplos: la ley 24.072, de narcotráfico; la ley 25.632, sobre trata de personas; la ley 26.097, sobre materia de corrupción y, en general, la sanción de la ley 24.767 sobre Cooperación Internacional en Materia Penal.
En concreto, este memorándum constituye un acuerdo con Irán para cooperar judicialmente en una causa específica. No es un acuerdo general. Irán se obliga a enviarnos la información disponible y va a permitir el interrogatorio en Teherán de los imputados con notificación roja.
Irán es un país que no coopera internacionalmente en materia penal, no forma parte de los tratados multilaterales que establecen mecanismos de cooperación y de asistencia. No tenemos ningún tratado con Irán. Es más, Irán tiene normas que desde 1960 prohíben expresamente la extradición de sus nacionales. Ese es el marco que tenemos y en el que nos movemos.
En definitiva, el Ejecutivo tiene la obligación de auxiliar a la Justicia. Nosotros no podemos bombardear Teherán. No tenemos la posibilidad de ir a buscar a Noriega, acusado por una orden judicial de tráfico de drogas y de invadir Panamá. Nosotros nos manejamos con lo que nos manejamos, con lo que podemos y con la lectura de la realidad.
La opción de interrogar a los imputados en Irán no es menor. Partimos de la situación de que Irán hasta este momento ha desconocido la Justicia argentina y decía que la investigación no era por iniciativa de la Justicia argentina sino que partía de lo que habían resuelto los servicios de inteligencia de Israel.
Tenemos que convenir en dos o tres temas. La causa de la AMIA no sólo busca esclarecer los hechos. Necesita encontrar a los responsables y castigarlos. Tengamos en cuenta que la causa de la embajada de Israel permanece estancada, sin sospechosos detenidos y uno de los supuestos perpetradores falleció en 2008.
Me he referido a la naturaleza jurídica del tratado. Si me permiten, voy a referirme a las funciones de la Comisión de la Verdad, porque parece que no se han leído. La Comisión de la Verdad no tiene que asimilarse jurídicamente a las comisiones de la Verdad que funcionaron en otros países, como por ejemplo la de Sudáfrica, que investigó las violaciones a los derechos humanos cometidas entre los años 1960 y 1994. Esta comisión buscaba conocer la verdad. La gente se presentaba y daba su declaración, pero no buscaba una punición penal. Acá existe una situación absolutamente diferente. No sé si es acertado o no el término, pero entre las funciones de la comisión está la de establecer las reglas de procedimiento. Estas reglas requieren una previa consulta a las partes y una posterior aprobación por ellas.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Vaya concluyendo, señor diputado.
SR. MORENO, CARLOS JULIO (BUENOS AIRES):
Señora presidenta: solicito autorización para insertar el resto de mi discurso, en el respeto que se merecen todos los diputados. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Vamos a comenzar con la lista de oradores para los cierres de debate.
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR. HELLER, CARLOS SALOMON (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
La posición del bloque del Frente Nuevo Encuentro ya fue expresada tanto en la intervención del diputado Raimundi como en la del diputado Junio. En este acto vengo a ratificar el sentido de nuestro voto y el contenido y los argumentos que fueron volcados en ambas exposiciones.
Resulta difícil mensurar y poner en palabras lo que representa y representó para todos nosotros el brutal atentado perpetrado contra la AMIA el 18 de julio de 1994. Por supuesto, tenemos las duras cifras de los muertos y los heridos y los daños materiales producto del mayor atentado antijudío después de la Segunda Guerra Mundial, en el corazón de la comunidad judía más grande de América Latina y la quinta a nivel mundial.
También está presente la sensación estremecedora que aún hoy nos provoca recordar las terribles imágenes de la calle Pasteur, el sufrimiento de las víctimas, las muestras de solidaridad en la ciudad y en toda la República y el reclamo permanente de justicia.
Sin embargo, el sentimiento más permanente que en general nos acompaña al referirnos a este tema es el de la impotencia por la oscuridad y la corrupción que rodeó a la causa durante toda la década del noventa y aun en los primeros años de este siglo, hasta que el presidente Kirchner adoptó la decisión política de intervenir para revertir trabajosamente casi una década de encubrimiento.
También es necesario decir que sentimos esa misma impotencia al constatar que, a pesar de los esfuerzos conjuntos del juzgado y de la fiscalía, de los pedidos de extradición y los alertas de Interpol, la verdad se encontraba y se sigue encontrando aún fuera de nuestro alcance.
Transformar esa sensación de impotencia no es ni podrá ser un camino fácil, pues requiere varias cosas. En primer lugar se necesita coraje político, apertura, creatividad y atreverse a recorrer senderos no transitados. Esos senderos nuevos están reflejados en este Memorándum de Entendimiento firmado por los Poderes Ejecutivos de la República Islámica de Irán y de la República Argentina y, a nuestro juicio, representan el único avance posible en las circunstancias actuales de esta causa que, desde todo punto de vista, se encuentra virtualmente paralizada desde 2006.
Ciertamente, éste es el puntapié inicial de un camino que con seguridad será complejo, difícil, cargado de tensiones. Sin embargo, hay que reconocer el esfuerzo que la presidenta de la Nación hace para contribuir a la solución de este caso, con todos los costos que esto puede traer aparejados. En un año electoral como éste, con distintos frentes abiertos en términos mediáticos y políticos, el Poder Ejecutivo no duda en afrontar el costo de destrabar y reactivar una causa que desde hace largo rato languidecía en los tribunales. Este es un gesto que no podemos dejar de destacar.
¿Cuál es el sentido de las distintas intervenciones contrarias a este acuerdo que hemos escuchado en este debate? El mantenimiento in aeternum de un statu quo que hasta la fecha y desde hace largos años no produjo ningún resultado.
¿Cuáles son las alternativas políticas que se proponen? Ni en el debate en comisión ni a lo largo de esta sesión hemos escuchado propuestas alternativas o superadoras, sólo críticas, negación y palos en la rueda.
No hacer nada siempre puede ser una opción; al prolongar el quietismo se evitan costos. Se puede especular y quedar bien con diferentes sectores.
Seguramente que muchos conciben a la política como el ejercicio diario de estos preceptos. Por el contrario, como suele ser su característica, el gobierno nacional decidió tomar el riesgo que implica todo cambio, y esto merece, como paso inicial, todo nuestro apoyo.
Este nuevo camino puede ser, y seguramente será difícil desde todo punto de vista, como lo ha reconocido ampliamente el propio canciller tanto en el Senado como en Diputados.
No escapa a la consideración de nadie que el régimen de Teherán posee características absolutamente censurables, en particular en lo que se refiere a su visión sobre la comunidad judía, siendo su revisionismo sobre el Holocausto su característica más repudiable. Sin embargo, en política internacional es habitual que las negociaciones se realicen entre adversarios, por no decir entre enemigos. Las negociaciones que en este mismo momento, mientras estamos discutiendo este tema, se están llevando a cabo entre la República Islámica de Irán y las naciones pertenecientes al Consejo de Seguridad, en relación con su política de desarrollo nuclear, lo demuestran plenamente.
En diferentes medios hemos podido ver a cancilleres y representantes de esos países expresar que estaban dispuestos a hacer concesiones con vistas a evitar que Irán continúe con su programa de desarrollo nuclear con fines bélicos.
Cabría hacer algunas preguntas. ¿Están estas naciones asociándose con un régimen negador del Holocausto? ¿Acaso colaboran en la construcción de un nuevo régimen internacional de corte islámico? ¿Los regímenes políticos de esos países y sus ordenamientos institucionales tienen algo en común con Irán? Las evidentes respuestas son por la negativa en todos los casos y hablan por sí solas.
Sería realmente lamentable que sólo las naciones más poderosas del mundo se arrogasen el derecho exclusivo de decidir cuándo y cómo los regímenes pasan de representar el mal absoluto a ser adversarios con los cuales se puede negociar.
La búsqueda de la verdad en la Argentina exige que nuestro país asuma en primera persona todas esas responsabilidades. Es claro que el desafío es doble: uno externo y otro interno. Por un lado, la negociación en la búsqueda de la justicia en el ámbito internacional; por otro, remontar la década perdida que implicó el derrotero de esta causa en la era menemista. Durante ese triste período, los tres poderes del Estado aparecían asociados de alguna manera en la labor de encubrimiento, en verdadera colaboración con el silencio, cuyo único objetivo era desvirtuar la búsqueda de la verdad y ocultar las pruebas que involucrasen, aunque más no sea de manera indirecta, a los responsables políticos institucionales.
Dar vuelta esta página exigió y exigirá la misma asociación, pero con un objetivo inverso: el trabajo mancomunado de los tres poderes para la concreción de la memoria, la verdad y la justicia.
Resulta difícil mensurar y poner en palabras lo que representa y representó para todos nosotros el brutal atentado perpetrado contra la AMIA el 18 de julio de 1994. Por supuesto, tenemos las duras cifras de los muertos y los heridos y los daños materiales producto del mayor atentado antijudío después de la Segunda Guerra Mundial, en el corazón de la comunidad judía más grande de América Latina y la quinta a nivel mundial.
También está presente la sensación estremecedora que aún hoy nos provoca recordar las terribles imágenes de la calle Pasteur, el sufrimiento de las víctimas, las muestras de solidaridad en la ciudad y en toda la República y el reclamo permanente de justicia.
Sin embargo, el sentimiento más permanente que en general nos acompaña al referirnos a este tema es el de la impotencia por la oscuridad y la corrupción que rodeó a la causa durante toda la década del noventa y aun en los primeros años de este siglo, hasta que el presidente Kirchner adoptó la decisión política de intervenir para revertir trabajosamente casi una década de encubrimiento.
También es necesario decir que sentimos esa misma impotencia al constatar que, a pesar de los esfuerzos conjuntos del juzgado y de la fiscalía, de los pedidos de extradición y los alertas de Interpol, la verdad se encontraba y se sigue encontrando aún fuera de nuestro alcance.
Transformar esa sensación de impotencia no es ni podrá ser un camino fácil, pues requiere varias cosas. En primer lugar se necesita coraje político, apertura, creatividad y atreverse a recorrer senderos no transitados. Esos senderos nuevos están reflejados en este Memorándum de Entendimiento firmado por los Poderes Ejecutivos de la República Islámica de Irán y de la República Argentina y, a nuestro juicio, representan el único avance posible en las circunstancias actuales de esta causa que, desde todo punto de vista, se encuentra virtualmente paralizada desde 2006.
Ciertamente, éste es el puntapié inicial de un camino que con seguridad será complejo, difícil, cargado de tensiones. Sin embargo, hay que reconocer el esfuerzo que la presidenta de la Nación hace para contribuir a la solución de este caso, con todos los costos que esto puede traer aparejados. En un año electoral como éste, con distintos frentes abiertos en términos mediáticos y políticos, el Poder Ejecutivo no duda en afrontar el costo de destrabar y reactivar una causa que desde hace largo rato languidecía en los tribunales. Este es un gesto que no podemos dejar de destacar.
¿Cuál es el sentido de las distintas intervenciones contrarias a este acuerdo que hemos escuchado en este debate? El mantenimiento in aeternum de un statu quo que hasta la fecha y desde hace largos años no produjo ningún resultado.
¿Cuáles son las alternativas políticas que se proponen? Ni en el debate en comisión ni a lo largo de esta sesión hemos escuchado propuestas alternativas o superadoras, sólo críticas, negación y palos en la rueda.
No hacer nada siempre puede ser una opción; al prolongar el quietismo se evitan costos. Se puede especular y quedar bien con diferentes sectores.
Seguramente que muchos conciben a la política como el ejercicio diario de estos preceptos. Por el contrario, como suele ser su característica, el gobierno nacional decidió tomar el riesgo que implica todo cambio, y esto merece, como paso inicial, todo nuestro apoyo.
Este nuevo camino puede ser, y seguramente será difícil desde todo punto de vista, como lo ha reconocido ampliamente el propio canciller tanto en el Senado como en Diputados.
No escapa a la consideración de nadie que el régimen de Teherán posee características absolutamente censurables, en particular en lo que se refiere a su visión sobre la comunidad judía, siendo su revisionismo sobre el Holocausto su característica más repudiable. Sin embargo, en política internacional es habitual que las negociaciones se realicen entre adversarios, por no decir entre enemigos. Las negociaciones que en este mismo momento, mientras estamos discutiendo este tema, se están llevando a cabo entre la República Islámica de Irán y las naciones pertenecientes al Consejo de Seguridad, en relación con su política de desarrollo nuclear, lo demuestran plenamente.
En diferentes medios hemos podido ver a cancilleres y representantes de esos países expresar que estaban dispuestos a hacer concesiones con vistas a evitar que Irán continúe con su programa de desarrollo nuclear con fines bélicos.
Cabría hacer algunas preguntas. ¿Están estas naciones asociándose con un régimen negador del Holocausto? ¿Acaso colaboran en la construcción de un nuevo régimen internacional de corte islámico? ¿Los regímenes políticos de esos países y sus ordenamientos institucionales tienen algo en común con Irán? Las evidentes respuestas son por la negativa en todos los casos y hablan por sí solas.
Sería realmente lamentable que sólo las naciones más poderosas del mundo se arrogasen el derecho exclusivo de decidir cuándo y cómo los regímenes pasan de representar el mal absoluto a ser adversarios con los cuales se puede negociar.
La búsqueda de la verdad en la Argentina exige que nuestro país asuma en primera persona todas esas responsabilidades. Es claro que el desafío es doble: uno externo y otro interno. Por un lado, la negociación en la búsqueda de la justicia en el ámbito internacional; por otro, remontar la década perdida que implicó el derrotero de esta causa en la era menemista. Durante ese triste período, los tres poderes del Estado aparecían asociados de alguna manera en la labor de encubrimiento, en verdadera colaboración con el silencio, cuyo único objetivo era desvirtuar la búsqueda de la verdad y ocultar las pruebas que involucrasen, aunque más no sea de manera indirecta, a los responsables políticos institucionales.
Dar vuelta esta página exigió y exigirá la misma asociación, pero con un objetivo inverso: el trabajo mancomunado de los tres poderes para la concreción de la memoria, la verdad y la justicia.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Julián Andrés Domínguez.
SR. HELLER, CARLOS SALOMON (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Hemos escuchado muchas intervenciones desde la oposición planteando que el gobierno nacional estaría alejándose de los principios de memoria, verdad y justicia. Muy por el contrario, la firma de este memorándum y la constitución de esta comisión representan la reafirmación de dichos principios, según la tradición que adoptó la Argentina desde el retorno de la democracia para investigar los crímenes impunes.
No hay que dar por sentado que este gran avance de nuestro país en la materia es el que se tiene en cuenta en todos los niveles internacionales. Tal vez este camino parezca una excepción, ya que la norma en política internacional a veces es la que aplican las potencias que hacen justicia por mano propia –si así podemos llamarla mediante asesinatos selectivos, secuestros e interrogatorios bajo apremios ilegales.
Este no es el camino que eligió la Argentina hace mucho tiempo. Por supuesto, sabemos que es más trabajoso, complejo y largo que otros métodos, pero seguiremos considerando que es el más adecuado.
Por todos esos motivos, como dije al principio, desde el bloque acompañaremos con nuestro voto la aprobación de este memorándum, voto que se acompañará con el compromiso de no ceder en la búsqueda de la justicia en este camino que se abre. (Aplausos.)
No hay que dar por sentado que este gran avance de nuestro país en la materia es el que se tiene en cuenta en todos los niveles internacionales. Tal vez este camino parezca una excepción, ya que la norma en política internacional a veces es la que aplican las potencias que hacen justicia por mano propia –si así podemos llamarla mediante asesinatos selectivos, secuestros e interrogatorios bajo apremios ilegales.
Este no es el camino que eligió la Argentina hace mucho tiempo. Por supuesto, sabemos que es más trabajoso, complejo y largo que otros métodos, pero seguiremos considerando que es el más adecuado.
Por todos esos motivos, como dije al principio, desde el bloque acompañaremos con nuestro voto la aprobación de este memorándum, voto que se acompañará con el compromiso de no ceder en la búsqueda de la justicia en este camino que se abre. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
SR. COMI, CARLOS MARCELO (SANTA FE):
Señor presidente: antes de iniciar mi intervención quiero pedir permiso para insertar una expresión de este bloque del mes de julio del año 2010, cuando se cumplían dieciséis años del atentado. Nosotros hicimos ese día un pequeño homenaje repitiendo cada uno de los nombres de las ochenta y cinco víctimas del atentado a la AMIA. Nos parece que en este debate, más allá de las posiciones que nos dividen, deben ser esta noche también mencionadas cada una de esas personas en los anales.
Ya llevamos más de doce horas de discusión. Creemos haber llegado a algunas certezas; creemos haber acreditado en forma más que clara algunas situaciones. En primer lugar, el carácter marcadamente inconstitucional que tiene este acuerdo. Es verdad lo que decía el diputado Moreno de que el Ejecutivo tiene el derecho de elaborar tratados y luego enviarlos al Congreso, una mecánica que todos conocemos.
Pero lo que nunca tiene el Ejecutivo es el derecho de violar la Constitución. El artículo 109 de la Constitución –y esto se ha repetido en varias oportunidades a lo largo del día- dice que en ningún caso el Ejecutivo puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas.
Esto no lo puede hacer. Puede firmar tratados, pero respetando siempre la Constitución, que es por lo que nosotros hemos jurado y a lo que estamos obligados. Hay también otras normas que muestran una evidente contradicción, como el artículo 29 y el conjunto de tratados de derechos humanos, que son parte de nuestro corpus jurídico. Esto está en franca contradicción con lo que aquí estamos resolviendo.
No solamente el Poder Ejecutivo se arroga facultades que no puede ejercer sino que limita expresamente -y ha sido desarrollado incluso por más de un dictamen, tanto de la Coalición Cívica como de otros partidos, el acceso a la Justicia, que es otro de los derechos humanos fundamentales: el acceso a la Justicia de las víctimas, que se relaciona directamente con el derecho a la verdad.
A cualquier estudiante de abogacía le enseñan sobre el derecho a una Justicia imparcial e independiente, a participar de todas las instancias de un juicio y a conocer la verdad, además del derecho a ser resarcido en caso de sufrir un daño. Todo esto hace que el acuerdo se torne ilusorio.
¿Alguien puede imaginar que los familiares de las víctimas o las víctimas que permanecen vivas porque han sufrido sólo heridas en el atentado, podrán viajar a Teherán y presenciar las reuniones de la comisión? ¿Puede imaginar que un conjunto de ciudadanos argentinos, muchos de ellos de religión judía, podrían ser respetados en su condición de tales, accediendo a cada una de las instancias que allí se van a desarrollar y que tienen que ver con sus derechos? Yo creo que nadie, absolutamente nadie puede decir que sí, asegurar que sí, ni el canciller ni nadie.
Ni siquiera sabemos si el fiscal de la causa puede ir. Si es que puede ir será en función de lo que prescriben algunos tratados internacionales que le dan protección, pero tranquilamente podría llegar a Irán y ser detenido por la orden que pesa sobre él por haber investigado a esos ciudadanos iraníes.
A lo largo de la sesión han quedado claras algunas cosas, y aquí vuelve el relato a construir una realidad heroica que no fue tal. En este Congreso Nacional funcionó durante varios años una comisión bicameral en la que trabajaron muchos diputados y senadores. Ahí estuvo la actual presidenta de la Nación como senadora y también como diputada. No es cierto lo que aquí se dice de que siempre se marcaron diferencias. Solamente en el tercer informe de esa comisión hay una brevísima referencia mencionando la palabra “claroscuros” cuando se analizaba la responsabilidad del juez Galeano. En ese momento ya era un escándalo y los familiares y todo el país sabían del encubrimiento, las maniobras, los sobornos, los pagos ilegales y todo lo que rodeó a la investigación.
Entonces, lo que se dice hoy en los mensajes es una cosa, pero lo que se hizo ayer es otra. No es la única situación en la que se dice una cosa en relación con el pasado, pero la conducta en ese tiempo fue distinta.
Queda por analizar qué posibilidades tiene esta comisión de actuar de llegar a la verdad. No voy a ahondar en esto porque ya ha habido intervenciones más que claras al respecto. Ni siquiera el canciller fue capaz de asegurar que se avanzaría en un punto aunque no existiera la voluntad expresa del otro país.
Lo que todos pensamos es que la comisión se tomará su tiempo, recomendará, y en el mejor de los casos asistirá junto con el juez y el fiscal si es que lo dejan entrar al país a estos interrogatorios, consultas, indagatorias o como quieran llamarlos, pónganles el nombre que quieran. Después de ahí nadie puede asegurar que se vaya a avanzar en la justicia.
¿Cómo va a dictar el juez un auto de procesamiento? ¿Dónde se va a cumplir la prisión preventiva para evitar que la persona pueda fugarse de Teherán? Todos sabemos acá que eso es absolutamente imposible.
Entonces, cuando el diputado preopinante dice que no han escuchado qué hacer, lo que había que hacer era seguir con lo que se venía haciendo: reclamar en cada foro internacional que Irán aceptara la propuesta del tercer país; exigir a la comunidad internacional que Irán aceptara sus responsabilidades y pusiera a sus ciudadanos a disposición de la Justicia; esperar que Interpol cumpliera la orden de detención cuando esos ciudadanos viajaran y pudieran ser aprehendidos.
Eso era mucho mejor, porque esto que se propone ahora es una gigantesca sobreactuación como no hubo otra igual en la política exterior argentina, pero no es en absoluto un paso adelante en relación con la justicia, como quiso presentarse.
Como poderes del Estado, a este Parlamento, a este Poder Ejecutivo y a todos los que los formaron antes nos quedan muchas deudas por pagar. Le estamos diciendo al país que la justicia en esta causa pasa por si el juez, en caso de que viaje y lleguen las indagatorias, pueda a lo mejor dictar un procesamiento, elevar la causa a juicio y quizás, un día, pueda haber una sentencia condenatoria.
Yo pondría mucha más energía en alguna vez castigar a la tenebrosa conexión local y sus encubridores; en que alguna vez el senador Menem, ex presidente de esta República, estuviera preso por ser el gran responsable del encubrimiento en este país. Ahí tendrían mucha más justicia los familiares de las víctimas y la memoria de éstas que lo que podríamos conseguir por esta vía. Presos él, Anzorreguy, Galeano, Fino Palacios, el destructor de los casetes, y todos los que están procesados. Eso sería un paso en serio hacia adelante en la justicia en este país.
Seguramente, si avanzáramos con coraje y corriéramos alguna vez el velo echado sobre las jornadas tenebrosas en las cuales se escondió y se tapó todo en relación con el gobierno menemista y otros que tuvieron responsabilidades con posterioridad, estaríamos más cerca de determinar las culpabilidades de quienes desde afuera planificaron el atentado. Todos sabemos que esto hubiera sido imposible sin un brazo o conexión local, sin un grupo carapintada o lo que fuera que articuló el atentado y ocasionó la explosión.
Para terminar, quiero ratificar nuestra opinión de que este entendimiento es nulo de nulidad absoluta. Tal como dicen nuestros dictámenes, debe abrirse toda la información. Los familiares ya lo contaron en el día de ayer. El decreto está firmado, pero es mentira que todo fue abierto en la SIDE.
Adherimos a esta propuesta en el sentido de que se constituya una nueva comisión formada por organizaciones que vuelvan a investigar la verdad de esta causa y a estudiar los archivos secretos del Estado.
Como dice el Talmud, y es bueno repetir esta frase porque nadie es dueño de ella: “Justicia, justicia perseguirás para que puedas vivir y heredar la tierra”. (Aplausos.)
Ya llevamos más de doce horas de discusión. Creemos haber llegado a algunas certezas; creemos haber acreditado en forma más que clara algunas situaciones. En primer lugar, el carácter marcadamente inconstitucional que tiene este acuerdo. Es verdad lo que decía el diputado Moreno de que el Ejecutivo tiene el derecho de elaborar tratados y luego enviarlos al Congreso, una mecánica que todos conocemos.
Pero lo que nunca tiene el Ejecutivo es el derecho de violar la Constitución. El artículo 109 de la Constitución –y esto se ha repetido en varias oportunidades a lo largo del día- dice que en ningún caso el Ejecutivo puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas.
Esto no lo puede hacer. Puede firmar tratados, pero respetando siempre la Constitución, que es por lo que nosotros hemos jurado y a lo que estamos obligados. Hay también otras normas que muestran una evidente contradicción, como el artículo 29 y el conjunto de tratados de derechos humanos, que son parte de nuestro corpus jurídico. Esto está en franca contradicción con lo que aquí estamos resolviendo.
No solamente el Poder Ejecutivo se arroga facultades que no puede ejercer sino que limita expresamente -y ha sido desarrollado incluso por más de un dictamen, tanto de la Coalición Cívica como de otros partidos, el acceso a la Justicia, que es otro de los derechos humanos fundamentales: el acceso a la Justicia de las víctimas, que se relaciona directamente con el derecho a la verdad.
A cualquier estudiante de abogacía le enseñan sobre el derecho a una Justicia imparcial e independiente, a participar de todas las instancias de un juicio y a conocer la verdad, además del derecho a ser resarcido en caso de sufrir un daño. Todo esto hace que el acuerdo se torne ilusorio.
¿Alguien puede imaginar que los familiares de las víctimas o las víctimas que permanecen vivas porque han sufrido sólo heridas en el atentado, podrán viajar a Teherán y presenciar las reuniones de la comisión? ¿Puede imaginar que un conjunto de ciudadanos argentinos, muchos de ellos de religión judía, podrían ser respetados en su condición de tales, accediendo a cada una de las instancias que allí se van a desarrollar y que tienen que ver con sus derechos? Yo creo que nadie, absolutamente nadie puede decir que sí, asegurar que sí, ni el canciller ni nadie.
Ni siquiera sabemos si el fiscal de la causa puede ir. Si es que puede ir será en función de lo que prescriben algunos tratados internacionales que le dan protección, pero tranquilamente podría llegar a Irán y ser detenido por la orden que pesa sobre él por haber investigado a esos ciudadanos iraníes.
A lo largo de la sesión han quedado claras algunas cosas, y aquí vuelve el relato a construir una realidad heroica que no fue tal. En este Congreso Nacional funcionó durante varios años una comisión bicameral en la que trabajaron muchos diputados y senadores. Ahí estuvo la actual presidenta de la Nación como senadora y también como diputada. No es cierto lo que aquí se dice de que siempre se marcaron diferencias. Solamente en el tercer informe de esa comisión hay una brevísima referencia mencionando la palabra “claroscuros” cuando se analizaba la responsabilidad del juez Galeano. En ese momento ya era un escándalo y los familiares y todo el país sabían del encubrimiento, las maniobras, los sobornos, los pagos ilegales y todo lo que rodeó a la investigación.
Entonces, lo que se dice hoy en los mensajes es una cosa, pero lo que se hizo ayer es otra. No es la única situación en la que se dice una cosa en relación con el pasado, pero la conducta en ese tiempo fue distinta.
Queda por analizar qué posibilidades tiene esta comisión de actuar de llegar a la verdad. No voy a ahondar en esto porque ya ha habido intervenciones más que claras al respecto. Ni siquiera el canciller fue capaz de asegurar que se avanzaría en un punto aunque no existiera la voluntad expresa del otro país.
Lo que todos pensamos es que la comisión se tomará su tiempo, recomendará, y en el mejor de los casos asistirá junto con el juez y el fiscal si es que lo dejan entrar al país a estos interrogatorios, consultas, indagatorias o como quieran llamarlos, pónganles el nombre que quieran. Después de ahí nadie puede asegurar que se vaya a avanzar en la justicia.
¿Cómo va a dictar el juez un auto de procesamiento? ¿Dónde se va a cumplir la prisión preventiva para evitar que la persona pueda fugarse de Teherán? Todos sabemos acá que eso es absolutamente imposible.
Entonces, cuando el diputado preopinante dice que no han escuchado qué hacer, lo que había que hacer era seguir con lo que se venía haciendo: reclamar en cada foro internacional que Irán aceptara la propuesta del tercer país; exigir a la comunidad internacional que Irán aceptara sus responsabilidades y pusiera a sus ciudadanos a disposición de la Justicia; esperar que Interpol cumpliera la orden de detención cuando esos ciudadanos viajaran y pudieran ser aprehendidos.
Eso era mucho mejor, porque esto que se propone ahora es una gigantesca sobreactuación como no hubo otra igual en la política exterior argentina, pero no es en absoluto un paso adelante en relación con la justicia, como quiso presentarse.
Como poderes del Estado, a este Parlamento, a este Poder Ejecutivo y a todos los que los formaron antes nos quedan muchas deudas por pagar. Le estamos diciendo al país que la justicia en esta causa pasa por si el juez, en caso de que viaje y lleguen las indagatorias, pueda a lo mejor dictar un procesamiento, elevar la causa a juicio y quizás, un día, pueda haber una sentencia condenatoria.
Yo pondría mucha más energía en alguna vez castigar a la tenebrosa conexión local y sus encubridores; en que alguna vez el senador Menem, ex presidente de esta República, estuviera preso por ser el gran responsable del encubrimiento en este país. Ahí tendrían mucha más justicia los familiares de las víctimas y la memoria de éstas que lo que podríamos conseguir por esta vía. Presos él, Anzorreguy, Galeano, Fino Palacios, el destructor de los casetes, y todos los que están procesados. Eso sería un paso en serio hacia adelante en la justicia en este país.
Seguramente, si avanzáramos con coraje y corriéramos alguna vez el velo echado sobre las jornadas tenebrosas en las cuales se escondió y se tapó todo en relación con el gobierno menemista y otros que tuvieron responsabilidades con posterioridad, estaríamos más cerca de determinar las culpabilidades de quienes desde afuera planificaron el atentado. Todos sabemos que esto hubiera sido imposible sin un brazo o conexión local, sin un grupo carapintada o lo que fuera que articuló el atentado y ocasionó la explosión.
Para terminar, quiero ratificar nuestra opinión de que este entendimiento es nulo de nulidad absoluta. Tal como dicen nuestros dictámenes, debe abrirse toda la información. Los familiares ya lo contaron en el día de ayer. El decreto está firmado, pero es mentira que todo fue abierto en la SIDE.
Adherimos a esta propuesta en el sentido de que se constituya una nueva comisión formada por organizaciones que vuelvan a investigar la verdad de esta causa y a estudiar los archivos secretos del Estado.
Como dice el Talmud, y es bueno repetir esta frase porque nadie es dueño de ella: “Justicia, justicia perseguirás para que puedas vivir y heredar la tierra”. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR. PINEDO, FEDERICO (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: aquí hay dos temas en juego. El primero de ellos es la investigación judicial del atentado contra la AMIA y el segundo, el posicionamiento internacional de la Argentina. Ambos están involucrados en este acuerdo que firmó el Poder Ejecutivo, que nos pide que ratifiquemos.
En cuanto al tema de la investigación judicial del atentado, el Poder Ejecutivo y el oficialismo nos dicen que lo que busca este acuerdo es impulsar la causa judicial argentina para que avance y se alcancen la verdad y la justicia.
Si nosotros creyésemos que eso efectivamente va a ser así, votaríamos a favor del acuerdo. Creemos que no va a ser así.
La otra cosa que dicen el Poder Ejecutivo y el oficialismo es que este acuerdo no va a tener ninguna influencia en el levantamiento de las órdenes de captura libradas por jueces argentinos contra ciudadanos iraníes, algunos de los cuales desempeñan funciones públicas del máximo rango en la cocontrante Irán. Si nosotros creyéramos que es sí, podríamos votar a favor de este acuerdo. Creemos que no va a ser así.
En relación con el primer tema, la presidenta ha dicho que el juez tiene que decidir qué carácter le da a los interrogatorios que se harían en Teherán. El canciller corrigió a Cristina Fernández de Kirchner, y esto está en el mensaje de la presidenta, y dijo que aquí se van a tomar declaraciones indagatorias.
Las declaraciones indagatorias constituyen el principal acto procesal de defensa en juicio y tienen una serie de formalidades que cumplir. Una, por ejemplo, es que el juez ejerza jurisdicción y soberanía argentina sobre la causa que está juzgando.
Irán se ha negado a reconocer la jurisdicción de la justicia argentina en este caso y no cambió de posición. Ayer lo ratificó el canciller en la reunión plenaria.
Irán se negó a reconocer la jurisdicción argentina y por eso la presidenta cambió de posición. Le pidió que se hiciera el juicio en un tercer país, pero Irán se negó. Por lo tanto, la presidenta cambió de posición e hizo este acuerdo.
Irán no reconoce la jurisdicción argentina en este caso; por lo tanto, el acto jurisdiccional por excelencia, que es la indagatoria, en mi criterio no podrá llevarse a cabo. Además, las normas argentinas establecen que el fiscal debe estar presente en la indagatoria; pero en el famoso punto 5 del memorándum no está previsto que el Ministerio Público, que no forma parte del Poder Judicial, pueda estar presente en el interrogatorio de Irán. En consecuencia, no podrá tomarse declaración en los términos de la ley argentina. Es decir que el avance que el oficialismo dice que habrá en este sentido no existirá.
Por otro lado, han ocurrido otras dos cosas en los debates que hemos tenido en estos días.
En primer lugar, el canciller dijo que la palabra inglesa “questioning” quiere decir “indagatoria”. La pregunta que formulamos -que no ha tenido respuesta- es por qué no se incluyó la palabra “indagatoria” en el documento en castellano. En segundo término, los funcionarios del gobierno argentino dijeron ayer que ellos podían interpretar el tratado en el sentido de que van a tomarse indagatorias, y que Irán podía hacer lo contrario, sin que ello importara. Si ellos son quienes negociaron con Irán, ¿cómo no saben qué piensa ese país respecto de lo que se negoció?
El vocero de Irán dijo que su gobierno no permitirá que sus funcionarios sean interrogados por jueces que no sean iraníes -por eso está la Justicia iraní en el interrogatorio- ni bajo una ley que no sea la iraní. Nuestro ministro dijo que el canciller de Irán había contradicho eso, pero en verdad, no lo contradijo, sino que señaló que ellos iban a cumplir el acuerdo. El problema reside en que lo interpretan de otra manera.
Otra cuestión se refiere a Interpol. La única arma que la Argentina realmente tiene en este caso para llegar a la verdad es la orden de captura. Los funcionarios del gobierno nacional dijeron que Interpol en ningún caso puede levantar una orden de captura sin la decisión del juez argentino. Luego tuvieron que desdecirse y reconocer que en distintas situaciones Interpol levantó órdenes de captura sin que lo dispusiera el juez interviniente.
Hoy, en la brillante exposición del señor diputado Martínez, por la provincia de Córdoba, quedó en claro que ayer en comisión, cuando un funcionario del gobierno leyó las distintas alternativas que tenía Interpol de acuerdo con su reglamento, omitió aludir a un inciso del artículo que debe aplicarse, que establece que Interpol puede levantar las órdenes de captura en función de algún convenio bilateral entre países. Hoy se va a aprobar un convenio bilateral entre la Argentina e Irán.
Nos parece absolutamente claro que uno de los objetivos de Irán –me refiero al levantamiento de las órdenes de captura- será alcanzado gracias a este acuerdo, en perjuicio de la Argentina, cuyas principales armas y herramientas para encontrar la verdad son justamente estas órdenes de captura.
Voy a terminar mi exposición con un breve comentario sobre el posicionamiento internacional de nuestra Nación.
No queremos que en la Argentina ni en el resto del mundo se crea que el acuerdo con Irán tiene el apoyo de todo nuestro país. El conjunto de la oposición está en contra del acuerdo, y creo que la mayoría de la opinión pública, también.
Hemos oído explicaciones a medias. El ministro argentino dijo que empezó a negociar en septiembre del año pasado, pero el canciller iraní señaló que eso no es verdad y que empezaron a negociar hace dos años. No sabemos qué hay detrás de estas conversaciones.
El canciller dijo que esto se hacía porque Irán buscaba cerrar sus problemas, ahora que está negociando sus temas nucleares con los países occidentales.
Entiendo el negocio de Irán: nosotros lo ayudamos a cerrar sus problemas. No entiendo el negocio de la Argentina.
El canciller y la presidenta dijeron que están involucrados temas geopolíticos en los que no quieren que la causa de la AMIA sea una pieza de ajedrez de intereses geopolíticos ajenos. Autoridades iraníes amenazaron a la Argentina cuando el juez argentino ordenó la captura de iraníes, y dijeron que los jueces argentinos estaban equivocados cuando le seguían los pasos a Israel y a los Estados Unidos en su juego geopolítico. No sé si hay alguna relación entre una cosa y otra.
Se nos dijo aquí que hemos entrado en un mundo multipolar y que por eso hay que negociar con países como Irán. Brasil intentó mediar en el tema nuclear iraní junto con Turquía. Chávez ha establecido una relación especial con Irán en esta región de América. Esa gente juega en el campo de la geopolítica mundial, y los iraníes también.
Nosotros no sabemos los intereses que están en juego aquí, quién los maneja y cómo se manejan. No estamos en condiciones de hacerlo. No queremos hacerlo y no queremos que se juegue con fuego en la política exterior argentina, ya que están en juego nuestro país y el de nuestros hijos. (Aplausos.)
En cuanto al tema de la investigación judicial del atentado, el Poder Ejecutivo y el oficialismo nos dicen que lo que busca este acuerdo es impulsar la causa judicial argentina para que avance y se alcancen la verdad y la justicia.
Si nosotros creyésemos que eso efectivamente va a ser así, votaríamos a favor del acuerdo. Creemos que no va a ser así.
La otra cosa que dicen el Poder Ejecutivo y el oficialismo es que este acuerdo no va a tener ninguna influencia en el levantamiento de las órdenes de captura libradas por jueces argentinos contra ciudadanos iraníes, algunos de los cuales desempeñan funciones públicas del máximo rango en la cocontrante Irán. Si nosotros creyéramos que es sí, podríamos votar a favor de este acuerdo. Creemos que no va a ser así.
En relación con el primer tema, la presidenta ha dicho que el juez tiene que decidir qué carácter le da a los interrogatorios que se harían en Teherán. El canciller corrigió a Cristina Fernández de Kirchner, y esto está en el mensaje de la presidenta, y dijo que aquí se van a tomar declaraciones indagatorias.
Las declaraciones indagatorias constituyen el principal acto procesal de defensa en juicio y tienen una serie de formalidades que cumplir. Una, por ejemplo, es que el juez ejerza jurisdicción y soberanía argentina sobre la causa que está juzgando.
Irán se ha negado a reconocer la jurisdicción de la justicia argentina en este caso y no cambió de posición. Ayer lo ratificó el canciller en la reunión plenaria.
Irán se negó a reconocer la jurisdicción argentina y por eso la presidenta cambió de posición. Le pidió que se hiciera el juicio en un tercer país, pero Irán se negó. Por lo tanto, la presidenta cambió de posición e hizo este acuerdo.
Irán no reconoce la jurisdicción argentina en este caso; por lo tanto, el acto jurisdiccional por excelencia, que es la indagatoria, en mi criterio no podrá llevarse a cabo. Además, las normas argentinas establecen que el fiscal debe estar presente en la indagatoria; pero en el famoso punto 5 del memorándum no está previsto que el Ministerio Público, que no forma parte del Poder Judicial, pueda estar presente en el interrogatorio de Irán. En consecuencia, no podrá tomarse declaración en los términos de la ley argentina. Es decir que el avance que el oficialismo dice que habrá en este sentido no existirá.
Por otro lado, han ocurrido otras dos cosas en los debates que hemos tenido en estos días.
En primer lugar, el canciller dijo que la palabra inglesa “questioning” quiere decir “indagatoria”. La pregunta que formulamos -que no ha tenido respuesta- es por qué no se incluyó la palabra “indagatoria” en el documento en castellano. En segundo término, los funcionarios del gobierno argentino dijeron ayer que ellos podían interpretar el tratado en el sentido de que van a tomarse indagatorias, y que Irán podía hacer lo contrario, sin que ello importara. Si ellos son quienes negociaron con Irán, ¿cómo no saben qué piensa ese país respecto de lo que se negoció?
El vocero de Irán dijo que su gobierno no permitirá que sus funcionarios sean interrogados por jueces que no sean iraníes -por eso está la Justicia iraní en el interrogatorio- ni bajo una ley que no sea la iraní. Nuestro ministro dijo que el canciller de Irán había contradicho eso, pero en verdad, no lo contradijo, sino que señaló que ellos iban a cumplir el acuerdo. El problema reside en que lo interpretan de otra manera.
Otra cuestión se refiere a Interpol. La única arma que la Argentina realmente tiene en este caso para llegar a la verdad es la orden de captura. Los funcionarios del gobierno nacional dijeron que Interpol en ningún caso puede levantar una orden de captura sin la decisión del juez argentino. Luego tuvieron que desdecirse y reconocer que en distintas situaciones Interpol levantó órdenes de captura sin que lo dispusiera el juez interviniente.
Hoy, en la brillante exposición del señor diputado Martínez, por la provincia de Córdoba, quedó en claro que ayer en comisión, cuando un funcionario del gobierno leyó las distintas alternativas que tenía Interpol de acuerdo con su reglamento, omitió aludir a un inciso del artículo que debe aplicarse, que establece que Interpol puede levantar las órdenes de captura en función de algún convenio bilateral entre países. Hoy se va a aprobar un convenio bilateral entre la Argentina e Irán.
Nos parece absolutamente claro que uno de los objetivos de Irán –me refiero al levantamiento de las órdenes de captura- será alcanzado gracias a este acuerdo, en perjuicio de la Argentina, cuyas principales armas y herramientas para encontrar la verdad son justamente estas órdenes de captura.
Voy a terminar mi exposición con un breve comentario sobre el posicionamiento internacional de nuestra Nación.
No queremos que en la Argentina ni en el resto del mundo se crea que el acuerdo con Irán tiene el apoyo de todo nuestro país. El conjunto de la oposición está en contra del acuerdo, y creo que la mayoría de la opinión pública, también.
Hemos oído explicaciones a medias. El ministro argentino dijo que empezó a negociar en septiembre del año pasado, pero el canciller iraní señaló que eso no es verdad y que empezaron a negociar hace dos años. No sabemos qué hay detrás de estas conversaciones.
El canciller dijo que esto se hacía porque Irán buscaba cerrar sus problemas, ahora que está negociando sus temas nucleares con los países occidentales.
Entiendo el negocio de Irán: nosotros lo ayudamos a cerrar sus problemas. No entiendo el negocio de la Argentina.
El canciller y la presidenta dijeron que están involucrados temas geopolíticos en los que no quieren que la causa de la AMIA sea una pieza de ajedrez de intereses geopolíticos ajenos. Autoridades iraníes amenazaron a la Argentina cuando el juez argentino ordenó la captura de iraníes, y dijeron que los jueces argentinos estaban equivocados cuando le seguían los pasos a Israel y a los Estados Unidos en su juego geopolítico. No sé si hay alguna relación entre una cosa y otra.
Se nos dijo aquí que hemos entrado en un mundo multipolar y que por eso hay que negociar con países como Irán. Brasil intentó mediar en el tema nuclear iraní junto con Turquía. Chávez ha establecido una relación especial con Irán en esta región de América. Esa gente juega en el campo de la geopolítica mundial, y los iraníes también.
Nosotros no sabemos los intereses que están en juego aquí, quién los maneja y cómo se manejan. No estamos en condiciones de hacerlo. No queremos hacerlo y no queremos que se juegue con fuego en la política exterior argentina, ya que están en juego nuestro país y el de nuestros hijos. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR. LOZANO, CLAUDIO RAUL (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: me toca cerrar las intervenciones del interbloque del FAP. Quiero retomar las líneas que caracterizaron las intervenciones de los diferentes compañeros y compañeras que hablaron y puntualizar algunas razones de nuestro rechazo a este memorándum.
Primero, quiero decir qué está pasando esta noche. Lo que está pasando esta noche es que el gobierno nacional, a través del bloque oficialista, ha decidido avanzar solo en este tema. Entendiendo que los consensos no necesariamente deben ser unánimes; cualquier estrategia o tratado de esta naturaleza, que supone un acuerdo a nivel internacional, merecería algún esfuerzo en ampliar la base de legitimación política de lo que el gobierno quiere hacer.
No se ha querido pero, más allá de eso, hay un segundo punto que me resulta mucho más complejo por la historia de la Argentina y por el dolor acumulado de masacres impunes: haber pasado por alto el mensaje mayoritario de los familiares de las víctimas frente a lo que estamos discutiendo.
La verdad es que hasta aquellos familiares que de manera minoritaria plantearon alguna apertura al considerar el memorándum lo hicieron de manera absolutamente resignada y planteando que nada esperaban de él, señalando que en todo caso esto representaba algo porque no había otra cosa; es decir, porque suponían que era lo único que se podía hacer.
Digo esto porque me parece que pasar por arriba de familiares que han sido víctimas de un crimen del terrorismo de Estado en una historia como la de la Argentina es algo que no nos merecemos como sociedad, y que tampoco se merece este gobierno, que tiene un historial bastante digno en esta materia.
En verdad, este gobierno no se merecía ingresar con esta decisión en el pelotón de aquellos que durante diecinueve años construyeron las condiciones de impunidad del atentado contra la AMIA.
Podemos discutir cambios en materia geoeconómica, política, comercial, etcétera –todo puede debatirse, pero, por lo menos para nuestra fuerza política, no hay ninguna cuestión que en esta materia pueda justificar resignar, ante un acto de terrorismo de Estado, el avanzar en el esclarecimiento de la verdad y de la justicia. Decimos esto –y lo han dicho varios diputados oficialistas porque es evidente que para entender lo que está ocurriendo no necesitamos ni decir que estamos en el eje latinoamericano que estructura la región con Venezuela, Bolivia y Ecuador ni que la Argentina se alinea con Irán, como plantean desde ciertos sectores de la oposición.
Es más simple, y se ha dicho acá. Las potencias occidentales están discutiendo con Irán. Es cierto que hay un cambio de paradigma en la relación con Medio Oriente. Hemos pasado de las relaciones carnales a la política de distensión, y esto puede ser hasta positivo para la paz mundial. Lo que no es positivo es que uno sea una marioneta de este juego de intereses, sin rumbo propio en la discusión.
Durante el debate en comisión hemos señalado que el tema de fondo o el punto de inflexión –que fue reconocido por el gobierno de Néstor Kirchner fue el decreto 812 del año 2005, que define con claridad que el atentado contra la AMIA es un acto de terrorismo de Estado, que establece nítidamente el encubrimiento agravado del Estado argentino y que reclama y plantea la necesidad de avanzar en la desclasificación de archivos secretos. Pese a que han existido decretos anteriores en los que se establecía que lo iban a hacer, no lo hicieron, y después del citado decreto tampoco lo llevaron adelante.
No alcanza con decir que le facilitaron algo al fiscal, que es parte del aparato del Estado. Cuando estamos diciendo que hay que desclasificar un archivo secreto no es para que el Estado se mire a sí mismo; es para que todas las partes puedan intervenir en esa discusión.
También quiero decir que no tenemos verdad sobre el tema. Tenemos una definición por parte de un proceso judicial. La pista iraní aparece en escena y se profundiza en el mismo momento en el que se da por caída y muerta la pista de la conexión local.
¿Por qué hoy nosotros insistimos en este tema? Porque ha sido el abandono de las huellas locales sobre este atentado lo que consagra la posibilidad de la impunidad. La autoridad moral que debiera ejercer la Argentina ante el mundo para reclamar la conexión internacional vinculada a esto es que estuvieran presos los cómplices locales y que no hubiera cobertura institucional para este tipo de cosas.
Sin embargo, ha sido una decisión de política pública, de política de Estado, colocar la causa de la AMIA en el marco del conflicto de Medio Oriente, con un discurso en la etapa de las relaciones carnales y con otro discurso ahora. Por eso ayer algunos diputados del oficialismo y el canciller nos dijeron que la causa de la AMIA tiene la misma jerarquía que la de Malvinas.
¿Qué tiene que ver la causa de Malvinas –el ocupamiento, la mutilación territorial y el colonialismo británico con un acto de terrorismo sostenido en la complicidad del Estado argentino? El hecho de transformar esto en un tema internacional coloca como víctima a un Estado que fue victimario y exculpa su responsabilidad,lo que no permite avanzar.
Por eso hablamos de punto final. No lo hacemos porque no se pueda discutir qué pasa o deja de pasar con Irán.
Lamentamos que se haya cerrado la investigación de la conexión local, que sólo se mantiene viva por la persistencia de la lucha de los familiares y no porque el aparato del Estado esté impulsando la investigación.
Además, si decimos que la investigación se ha dado por muerta y terminamos trasformando esta comisión en un escenario para que Irán deslinde sus responsabilidades ante el mundo –dado que tiene que salir del eje del mal en el que la ubicaron ayer, evidentemente caerá la posibilidad de seguir discutiendo la causa de la AMIA.
Por esas razones nosotros no decimos que no hay nada que hacer. Hay que hacer mucho. Han transcurrido diecinueve años de impunidad en este tema, porque ninguno de los gobiernos –incluidos los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial han estado a la altura de las circunstancias. Por eso no tenemos verdad y tampoco justicia.
Entonces, de lo que aquí se trata es de abrir en serio la posibilidad a la sociedad argentina para que revise todo lo actuado. Esto implica tomar otro tipo de rumbo, que no se busca en Irán, sino acá, en la Argentina. En este caso hay dos caminos a seguir: la desclasificación de los archivos y la creación de una comisión que, reconociendo la representación de los poderes institucionales, incorpore actores probados en cuanto a honestidad con capacidad para intervenir y revisar todo lo que pasó en esta causa.
Junto a otros bloques y a muchas de las organizaciones de familiares estamos trabajando para que en los próximos días, luego de que se abra el período de sesiones ordinarias, podamos presentar los dos proyectos de manera conjunta, a efectos de que este Parlamento discuta, no dependiendo de Irán sino de nosotros mismos, la verdadera responsabilidad, el esclarecimiento de la verdad y así llegar a tener justicia en la Argentina. (Aplausos.)
Primero, quiero decir qué está pasando esta noche. Lo que está pasando esta noche es que el gobierno nacional, a través del bloque oficialista, ha decidido avanzar solo en este tema. Entendiendo que los consensos no necesariamente deben ser unánimes; cualquier estrategia o tratado de esta naturaleza, que supone un acuerdo a nivel internacional, merecería algún esfuerzo en ampliar la base de legitimación política de lo que el gobierno quiere hacer.
No se ha querido pero, más allá de eso, hay un segundo punto que me resulta mucho más complejo por la historia de la Argentina y por el dolor acumulado de masacres impunes: haber pasado por alto el mensaje mayoritario de los familiares de las víctimas frente a lo que estamos discutiendo.
La verdad es que hasta aquellos familiares que de manera minoritaria plantearon alguna apertura al considerar el memorándum lo hicieron de manera absolutamente resignada y planteando que nada esperaban de él, señalando que en todo caso esto representaba algo porque no había otra cosa; es decir, porque suponían que era lo único que se podía hacer.
Digo esto porque me parece que pasar por arriba de familiares que han sido víctimas de un crimen del terrorismo de Estado en una historia como la de la Argentina es algo que no nos merecemos como sociedad, y que tampoco se merece este gobierno, que tiene un historial bastante digno en esta materia.
En verdad, este gobierno no se merecía ingresar con esta decisión en el pelotón de aquellos que durante diecinueve años construyeron las condiciones de impunidad del atentado contra la AMIA.
Podemos discutir cambios en materia geoeconómica, política, comercial, etcétera –todo puede debatirse, pero, por lo menos para nuestra fuerza política, no hay ninguna cuestión que en esta materia pueda justificar resignar, ante un acto de terrorismo de Estado, el avanzar en el esclarecimiento de la verdad y de la justicia. Decimos esto –y lo han dicho varios diputados oficialistas porque es evidente que para entender lo que está ocurriendo no necesitamos ni decir que estamos en el eje latinoamericano que estructura la región con Venezuela, Bolivia y Ecuador ni que la Argentina se alinea con Irán, como plantean desde ciertos sectores de la oposición.
Es más simple, y se ha dicho acá. Las potencias occidentales están discutiendo con Irán. Es cierto que hay un cambio de paradigma en la relación con Medio Oriente. Hemos pasado de las relaciones carnales a la política de distensión, y esto puede ser hasta positivo para la paz mundial. Lo que no es positivo es que uno sea una marioneta de este juego de intereses, sin rumbo propio en la discusión.
Durante el debate en comisión hemos señalado que el tema de fondo o el punto de inflexión –que fue reconocido por el gobierno de Néstor Kirchner fue el decreto 812 del año 2005, que define con claridad que el atentado contra la AMIA es un acto de terrorismo de Estado, que establece nítidamente el encubrimiento agravado del Estado argentino y que reclama y plantea la necesidad de avanzar en la desclasificación de archivos secretos. Pese a que han existido decretos anteriores en los que se establecía que lo iban a hacer, no lo hicieron, y después del citado decreto tampoco lo llevaron adelante.
No alcanza con decir que le facilitaron algo al fiscal, que es parte del aparato del Estado. Cuando estamos diciendo que hay que desclasificar un archivo secreto no es para que el Estado se mire a sí mismo; es para que todas las partes puedan intervenir en esa discusión.
También quiero decir que no tenemos verdad sobre el tema. Tenemos una definición por parte de un proceso judicial. La pista iraní aparece en escena y se profundiza en el mismo momento en el que se da por caída y muerta la pista de la conexión local.
¿Por qué hoy nosotros insistimos en este tema? Porque ha sido el abandono de las huellas locales sobre este atentado lo que consagra la posibilidad de la impunidad. La autoridad moral que debiera ejercer la Argentina ante el mundo para reclamar la conexión internacional vinculada a esto es que estuvieran presos los cómplices locales y que no hubiera cobertura institucional para este tipo de cosas.
Sin embargo, ha sido una decisión de política pública, de política de Estado, colocar la causa de la AMIA en el marco del conflicto de Medio Oriente, con un discurso en la etapa de las relaciones carnales y con otro discurso ahora. Por eso ayer algunos diputados del oficialismo y el canciller nos dijeron que la causa de la AMIA tiene la misma jerarquía que la de Malvinas.
¿Qué tiene que ver la causa de Malvinas –el ocupamiento, la mutilación territorial y el colonialismo británico con un acto de terrorismo sostenido en la complicidad del Estado argentino? El hecho de transformar esto en un tema internacional coloca como víctima a un Estado que fue victimario y exculpa su responsabilidad,lo que no permite avanzar.
Por eso hablamos de punto final. No lo hacemos porque no se pueda discutir qué pasa o deja de pasar con Irán.
Lamentamos que se haya cerrado la investigación de la conexión local, que sólo se mantiene viva por la persistencia de la lucha de los familiares y no porque el aparato del Estado esté impulsando la investigación.
Además, si decimos que la investigación se ha dado por muerta y terminamos trasformando esta comisión en un escenario para que Irán deslinde sus responsabilidades ante el mundo –dado que tiene que salir del eje del mal en el que la ubicaron ayer, evidentemente caerá la posibilidad de seguir discutiendo la causa de la AMIA.
Por esas razones nosotros no decimos que no hay nada que hacer. Hay que hacer mucho. Han transcurrido diecinueve años de impunidad en este tema, porque ninguno de los gobiernos –incluidos los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial han estado a la altura de las circunstancias. Por eso no tenemos verdad y tampoco justicia.
Entonces, de lo que aquí se trata es de abrir en serio la posibilidad a la sociedad argentina para que revise todo lo actuado. Esto implica tomar otro tipo de rumbo, que no se busca en Irán, sino acá, en la Argentina. En este caso hay dos caminos a seguir: la desclasificación de los archivos y la creación de una comisión que, reconociendo la representación de los poderes institucionales, incorpore actores probados en cuanto a honestidad con capacidad para intervenir y revisar todo lo que pasó en esta causa.
Junto a otros bloques y a muchas de las organizaciones de familiares estamos trabajando para que en los próximos días, luego de que se abra el período de sesiones ordinarias, podamos presentar los dos proyectos de manera conjunta, a efectos de que este Parlamento discuta, no dependiendo de Irán sino de nosotros mismos, la verdadera responsabilidad, el esclarecimiento de la verdad y así llegar a tener justicia en la Argentina. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
SR. THOMAS, ENRIQUE LUIS (MENDOZA):
Señor presidente: quisiera hacer un análisis de la reunión que tuvimos en el día de ayer, porque es el elemento más nuevo que tenemos desde que este tema se empezó a tratar en la Cámara de Senadores.
Sinceramente creo que la reunión de ayer fue de gran utilidad. Aunque parezca mentira, más allá de todo lo que se ha dicho, considero que el aporte que hizo el canciller Timerman en ese plenario nos dejó algunas cosas en claro.
En ese sentido, lo que quedó principalmente en claro es que no quería hablar de Irán. Es más, dijo que hubiese preferido negociar con otro país, como Noruega, pero que lo tenía que hacer con Irán. Este es el punto de desencuentro que existe, no sólo entre nosotros.
Creo que todos estamos actuando de buena voluntad. No coincido con un legislador oficialista que manifestó que algunos están especulando con la vida y la muerte de una comunidad, como la judía de la Argentina.
Hace unos minutos el señor diputado Moreno hizo referencia a la cantidad de antecedentes que existen sobre este tipo de acuerdos, pero –repito el problema es Irán. Si no lo analizamos en este contexto, nos vamos a equivocar. Lo digo porque lo que pasó en la AMIA fue una situación de guerra del Estado iraní, que atacó territorio argentino como parte de una ofensiva militar decidida por el mismo régimen que, salvo algunos nombres, todavía gobierna la República Islámica de Irán.
Las pruebas están a disposición de cualquiera de nosotros. Ya hemos dicho en infinidad de oportunidades que los principales imputados son o han sido funcionarios de máximo rango del gobierno de la República Islámica de Irán.
Por lo tanto, resulta imposible creer que un acuerdo con el principal inculpado nos vaya a aportar datos que nos permitan esclarecer lo que pasó y así llegar a la verdad y castigar a los culpables. Es imposible porque los principales inculpados son los que ahora se incorporan formalmente a un acuerdo entre dos países, uno que fue víctima del más tremendo atentado de su historia y el otro que, según todas las pruebas que ya tiene la Justicia argentina, fue el principal responsable de lo que se vivió en nuestro país.
Esto es muy ridículo. Lo quiero explicar por el absurdo, porque algún colega ya lo hizo así. Es como pretender que el Tercer Reich hubiera sido parte de los juicios de Nüremberg para tratar de establecer las culpabilidades de los jerarcas nazis, o imaginar que para esclarecer el hundimiento del crucero “General Belgrano” se acordara una comisión con Gran Bretaña, o que Estados Unidos participara del esclarecimiento de las matanzas de Vietnam o de Afganistán. Es imposible. Este es el primer caso en la historia donde se forma una comisión y se pone al Estado víctima del atentado en igualdad de condiciones con el principal inculpado de realizarlo.
Quiero repetir algo que dijo el diputado Pinedo y que expresé en la reunión de ayer. Cuando el portavoz del funcionario iraní desmintió que los funcionarios de su país fueran a ser indagados a partir de este convenio, el canciller Timerman dijo que inmediatamente después el canciller lo había desmentido. Es de una ingenuidad inconcebible. La diplomacia iraní tiene miles de años de historia; es la diplomacia persa. Cada palabra que se expresa tiene un significado.
Lo que dijo el funcionario iraní es que se iba a ajustar a lo establecido por el convenio y, de acuerdo con lo que ellos interpretan y a lo difuso que está, no existiría la obligación de la indagatoria, que es lo que nos ha llevado casi ocho horas de discusión. Si a nosotros nos llevó ocho horas de debate, imagínense lo que puede llegar a ser discutir con dos juristas iraníes, con miles de años de experiencia en este tipo de diplomacia. Pero cándida e ingenuamente, el canciller Timerman trata de quedarse conforme con esa explicación pícara del principal funcionario que está llevando adelante la política exterior iraní.
También desmereció alguna alocución que hice sobre el Teherán Times. Lo que calculo que él conoce es que ese diario es el órgano oficioso del gobierno islámico de Irán, que se basa en la agencia de noticias Mehr, que está orientada por la organización para la propagación del Islam. Esos son los que están opinando en Irán sobre los resultados y el futuro del acuerdo.
Quiero mencionar también que en la página de Internet del órgano oficial de noticias de Irán, IRNA, un experto internacional, Mohammad Hossein Mahdavi, entre otras cosas interpreta el acuerdo –esta es la interpretación oficial y dice textualmente: “La formación de la Comisión de la Verdad, en realidad, muestra que el gobierno de la Argentina no está seguro de la veracidad de las investigaciones y ha aceptado que estas investigaciones sean hechas por una tercera parte para que las verifique”. Esta es la interpretación del principal especialista de política internacional del régimen de Ahmadinejad. Nosotros nos guiamos por estas cosas. En realidad, lo que aquí importa es lo que va a hacer la Argentina. Irán y el resto de la comunidad internacional están evaluando lo que va a hacer la Argentina, que es el país ofendido. Irán tiene todo para ganar. No va a perder nada.
Cuando escucho que algunos colegas del oficialismo, e incluso funcionarios de Timerman, dicen que algo había que hacer, que esto estaba paralizado, quiero responderles que por favor no ayuden más, que se queden quietos y dejen que la comunidad, que las organizaciones y el Congreso busquemos una solución, que nos convoquen. Se constituyó una comisión que no llegó a ninguna conclusión.
¿No les llama la atención que los principales afectados –la AMIA y la DAIA, en vez de estar aplaudiéndonos, estén en la calle manifestando para que esto no se apruebe? ¿No les llama la atención?
Si no se puede hacer nada, si esto es incierto, si el memorándum es impresentable –así opinaron todos los técnicos que convoqué porque no soy especialista, van surgiendo las interpretaciones. El oficialismo interpreta que es una maravilla, una herramienta fundamental, y nosotros que no sirve para nada.
El acuerdo contiene nueve puntos de los cuales sólo es válido uno, y en él nada se aclara.
En todo este tiempo nuestro bloque no estuvo inactivo. Los compañeros diputados Ferrari, Amadeo, Camaño y Atanasof estuvieron trabajando y presentaron proyectos de resolución, aunque es sabido que en este Congreso no se aprueban los proyectos de resolución ni los pedidos de informes. Pidieron por favor que no se negociara sin el conocimiento del Parlamento, la presencia del fiscal Nisman y que se informara si se había avanzado. Ninguno de ellos fue respondido un año antes de lo que fatalmente ocurrió.
Creo que todo lo demás está dicho, por lo que reitero que nosotros votaremos por la negativa y seguiremos trabajando para que esto sea declarado inconstitucional como corresponde.
En realidad, el peligro más grave que corremos esta noche es que esto se convierta en una especie de suspensión sin plazos del reclamo de justicia que en los hechos es una forma solapada de perdón.
Me permitiré citar un texto de Simón Wiesenthal, quien relata que mientras estaba recluido en un campo de concentración alemán, un día fue conducido desde su puesto de trabajo hasta el lecho de un miembro de la SS que estaba a punto de morir. Cuenta que atormentado por los crímenes en los que había participado, el soldado quería confesarse y obtener la absolución, precisamente de manos de un judío. Este extraño encuentro produjo en Wiesenthal un fuerte dilema moral, pues estaba en juego la cuestión del perdón. Años más tarde dijo que el olvido es algo que sólo depende del tiempo, mientras que el perdón es un acto voluntario y sólo el que ha sufrido en carne propia el crimen está calificado para tomar esa decisión.
En ese mismo sentido, ninguno de nosotros puede perdonar el crimen de la AMIA, pues los únicos autorizados para perdonarlo son aquellos que ya no están. Por eso, por favor no caigamos en el error de tomar una decisión que no nos pertenece. (Aplausos.)
Sinceramente creo que la reunión de ayer fue de gran utilidad. Aunque parezca mentira, más allá de todo lo que se ha dicho, considero que el aporte que hizo el canciller Timerman en ese plenario nos dejó algunas cosas en claro.
En ese sentido, lo que quedó principalmente en claro es que no quería hablar de Irán. Es más, dijo que hubiese preferido negociar con otro país, como Noruega, pero que lo tenía que hacer con Irán. Este es el punto de desencuentro que existe, no sólo entre nosotros.
Creo que todos estamos actuando de buena voluntad. No coincido con un legislador oficialista que manifestó que algunos están especulando con la vida y la muerte de una comunidad, como la judía de la Argentina.
Hace unos minutos el señor diputado Moreno hizo referencia a la cantidad de antecedentes que existen sobre este tipo de acuerdos, pero –repito el problema es Irán. Si no lo analizamos en este contexto, nos vamos a equivocar. Lo digo porque lo que pasó en la AMIA fue una situación de guerra del Estado iraní, que atacó territorio argentino como parte de una ofensiva militar decidida por el mismo régimen que, salvo algunos nombres, todavía gobierna la República Islámica de Irán.
Las pruebas están a disposición de cualquiera de nosotros. Ya hemos dicho en infinidad de oportunidades que los principales imputados son o han sido funcionarios de máximo rango del gobierno de la República Islámica de Irán.
Por lo tanto, resulta imposible creer que un acuerdo con el principal inculpado nos vaya a aportar datos que nos permitan esclarecer lo que pasó y así llegar a la verdad y castigar a los culpables. Es imposible porque los principales inculpados son los que ahora se incorporan formalmente a un acuerdo entre dos países, uno que fue víctima del más tremendo atentado de su historia y el otro que, según todas las pruebas que ya tiene la Justicia argentina, fue el principal responsable de lo que se vivió en nuestro país.
Esto es muy ridículo. Lo quiero explicar por el absurdo, porque algún colega ya lo hizo así. Es como pretender que el Tercer Reich hubiera sido parte de los juicios de Nüremberg para tratar de establecer las culpabilidades de los jerarcas nazis, o imaginar que para esclarecer el hundimiento del crucero “General Belgrano” se acordara una comisión con Gran Bretaña, o que Estados Unidos participara del esclarecimiento de las matanzas de Vietnam o de Afganistán. Es imposible. Este es el primer caso en la historia donde se forma una comisión y se pone al Estado víctima del atentado en igualdad de condiciones con el principal inculpado de realizarlo.
Quiero repetir algo que dijo el diputado Pinedo y que expresé en la reunión de ayer. Cuando el portavoz del funcionario iraní desmintió que los funcionarios de su país fueran a ser indagados a partir de este convenio, el canciller Timerman dijo que inmediatamente después el canciller lo había desmentido. Es de una ingenuidad inconcebible. La diplomacia iraní tiene miles de años de historia; es la diplomacia persa. Cada palabra que se expresa tiene un significado.
Lo que dijo el funcionario iraní es que se iba a ajustar a lo establecido por el convenio y, de acuerdo con lo que ellos interpretan y a lo difuso que está, no existiría la obligación de la indagatoria, que es lo que nos ha llevado casi ocho horas de discusión. Si a nosotros nos llevó ocho horas de debate, imagínense lo que puede llegar a ser discutir con dos juristas iraníes, con miles de años de experiencia en este tipo de diplomacia. Pero cándida e ingenuamente, el canciller Timerman trata de quedarse conforme con esa explicación pícara del principal funcionario que está llevando adelante la política exterior iraní.
También desmereció alguna alocución que hice sobre el Teherán Times. Lo que calculo que él conoce es que ese diario es el órgano oficioso del gobierno islámico de Irán, que se basa en la agencia de noticias Mehr, que está orientada por la organización para la propagación del Islam. Esos son los que están opinando en Irán sobre los resultados y el futuro del acuerdo.
Quiero mencionar también que en la página de Internet del órgano oficial de noticias de Irán, IRNA, un experto internacional, Mohammad Hossein Mahdavi, entre otras cosas interpreta el acuerdo –esta es la interpretación oficial y dice textualmente: “La formación de la Comisión de la Verdad, en realidad, muestra que el gobierno de la Argentina no está seguro de la veracidad de las investigaciones y ha aceptado que estas investigaciones sean hechas por una tercera parte para que las verifique”. Esta es la interpretación del principal especialista de política internacional del régimen de Ahmadinejad. Nosotros nos guiamos por estas cosas. En realidad, lo que aquí importa es lo que va a hacer la Argentina. Irán y el resto de la comunidad internacional están evaluando lo que va a hacer la Argentina, que es el país ofendido. Irán tiene todo para ganar. No va a perder nada.
Cuando escucho que algunos colegas del oficialismo, e incluso funcionarios de Timerman, dicen que algo había que hacer, que esto estaba paralizado, quiero responderles que por favor no ayuden más, que se queden quietos y dejen que la comunidad, que las organizaciones y el Congreso busquemos una solución, que nos convoquen. Se constituyó una comisión que no llegó a ninguna conclusión.
¿No les llama la atención que los principales afectados –la AMIA y la DAIA, en vez de estar aplaudiéndonos, estén en la calle manifestando para que esto no se apruebe? ¿No les llama la atención?
Si no se puede hacer nada, si esto es incierto, si el memorándum es impresentable –así opinaron todos los técnicos que convoqué porque no soy especialista, van surgiendo las interpretaciones. El oficialismo interpreta que es una maravilla, una herramienta fundamental, y nosotros que no sirve para nada.
El acuerdo contiene nueve puntos de los cuales sólo es válido uno, y en él nada se aclara.
En todo este tiempo nuestro bloque no estuvo inactivo. Los compañeros diputados Ferrari, Amadeo, Camaño y Atanasof estuvieron trabajando y presentaron proyectos de resolución, aunque es sabido que en este Congreso no se aprueban los proyectos de resolución ni los pedidos de informes. Pidieron por favor que no se negociara sin el conocimiento del Parlamento, la presencia del fiscal Nisman y que se informara si se había avanzado. Ninguno de ellos fue respondido un año antes de lo que fatalmente ocurrió.
Creo que todo lo demás está dicho, por lo que reitero que nosotros votaremos por la negativa y seguiremos trabajando para que esto sea declarado inconstitucional como corresponde.
En realidad, el peligro más grave que corremos esta noche es que esto se convierta en una especie de suspensión sin plazos del reclamo de justicia que en los hechos es una forma solapada de perdón.
Me permitiré citar un texto de Simón Wiesenthal, quien relata que mientras estaba recluido en un campo de concentración alemán, un día fue conducido desde su puesto de trabajo hasta el lecho de un miembro de la SS que estaba a punto de morir. Cuenta que atormentado por los crímenes en los que había participado, el soldado quería confesarse y obtener la absolución, precisamente de manos de un judío. Este extraño encuentro produjo en Wiesenthal un fuerte dilema moral, pues estaba en juego la cuestión del perdón. Años más tarde dijo que el olvido es algo que sólo depende del tiempo, mientras que el perdón es un acto voluntario y sólo el que ha sufrido en carne propia el crimen está calificado para tomar esa decisión.
En ese mismo sentido, ninguno de nosotros puede perdonar el crimen de la AMIA, pues los únicos autorizados para perdonarlo son aquellos que ya no están. Por eso, por favor no caigamos en el error de tomar una decisión que no nos pertenece. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR. GIL LAVEDRA, RICARDO RODOLFO (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: la postura que asumirá el bloque de la Unión Cívica Radical ya ha sido anticipada por los diputados que informaron nuestro dictamen de minoría y nuestra posición.
A esta altura de un debate que ya lleva muchísimas horas y que reproduce el que se realizó en el Senado, como asimismo el que se viene desarrollando desde fines de enero, pareciera imposible aportar nuevos puntos de vista. Es un tema que se encuentra sobrediscutido.
Debido a ello, trataré de sintetizar los aspectos que entiendo más sobresalientes y que justifican nuestra opinión. Lo haré con todo respeto porque debemos tener en cuenta que estamos discutiendo una eventual solución a un drama que ha atravesado a toda la sociedad argentina. Sé que todos los diputados que estamos en el recinto quisiéramos que el tema se resuelva habilitando la posibilidad del juicio a los culpables. El tema no da para chicanas ni para enrostrarse cosas.
Lamentamos mucho que con este acuerdo sorpresivo el gobierno haya roto uno de los pocos consensos fuertes que había en la sociedad argentina. Hay pocas cosas en las cuales coincidimos los argentinos. Por ejemplo, en lo económico coincidimos en la integración regional; coincidimos en la reivindicación del tema de Malvinas; hemos llegado a coincidir en nuestra historia tan dolorosa a encontrarnos con una política común acerca de la verdad y la justicia para las violaciones masivas de los derechos humanos, y también tuvimos un punto de vista común respecto del juicio y castigo en las causas de la embajada de Israel y del atentado contra la AMIA.
Esto ha sido así hasta ahora, porque a partir de este momento y de este debate con chicanas propias de la política de facción, se ha roto un punto en el cual todos deberíamos estar de acuerdo. ¿Cómo no hubiéramos querido acompañar una iniciativa que contribuyera sinceramente a esclarecer el hecho e impartir justicia?
Creo que debemos tener una mirada objetiva de la cuestión. Nadie puede discutir que la causa de la AMIA ha sido siniestra; una causa en la cual han aflorado las peores cosas de la Argentina: ineficiencias, corrupción. No creo que esta causa se encuentre estancada o paralizada, como se dice.
Desde la sentencia de la Corte de 2009, curiosamente omitida en todos los debates del oficialismo, se ha restablecido el juicio a la conexión local. Allí también podrán surgir elementos respecto de la conexión internacional. Asimismo, existe una causa de encubrimiento dirigida contra funcionarios de la anterior gestión. Por último, en la causa de la conexión internacional no creo que se haya avanzado poco.
Desde la creación de la unidad especial que trató de enderezar las cosas luego de la anulación por parte del tribunal oral federal de gran parte de la causa, se ha elaborado una acusación que debemos considerar cierta. Se trata del órgano estatal de la Justicia argentina. Nosotros no somos jueces, y esas decisiones merecen nuestro respeto. Esa decisión ha determinado con un grado de probabilidad y de sospecha que la bomba fue colocada y decidida por el gobierno de Irán a través de sus más altos funcionarios.
Digo esto, y lo enfatizo, porque en algunos de los discursos e incluso en la presentación del proyecto, hay algunas sombras de dudas sobre lo que venía sosteniendo la Justicia argentina. Hemos conseguido un éxito notable que también ha sido un éxito de la diplomacia argentina: una vez que Interpol hiciera cesar las alertas rojas pudimos revertir la situación y lograr imponerlas nuevamente con un voto mayoritario en la Asamblea General de Interpol, que destinó a los iraníes a estar confinados en su territorios, lo cual no es poco; es muchísimo.
A esta altura de un debate que ya lleva muchísimas horas y que reproduce el que se realizó en el Senado, como asimismo el que se viene desarrollando desde fines de enero, pareciera imposible aportar nuevos puntos de vista. Es un tema que se encuentra sobrediscutido.
Debido a ello, trataré de sintetizar los aspectos que entiendo más sobresalientes y que justifican nuestra opinión. Lo haré con todo respeto porque debemos tener en cuenta que estamos discutiendo una eventual solución a un drama que ha atravesado a toda la sociedad argentina. Sé que todos los diputados que estamos en el recinto quisiéramos que el tema se resuelva habilitando la posibilidad del juicio a los culpables. El tema no da para chicanas ni para enrostrarse cosas.
Lamentamos mucho que con este acuerdo sorpresivo el gobierno haya roto uno de los pocos consensos fuertes que había en la sociedad argentina. Hay pocas cosas en las cuales coincidimos los argentinos. Por ejemplo, en lo económico coincidimos en la integración regional; coincidimos en la reivindicación del tema de Malvinas; hemos llegado a coincidir en nuestra historia tan dolorosa a encontrarnos con una política común acerca de la verdad y la justicia para las violaciones masivas de los derechos humanos, y también tuvimos un punto de vista común respecto del juicio y castigo en las causas de la embajada de Israel y del atentado contra la AMIA.
Esto ha sido así hasta ahora, porque a partir de este momento y de este debate con chicanas propias de la política de facción, se ha roto un punto en el cual todos deberíamos estar de acuerdo. ¿Cómo no hubiéramos querido acompañar una iniciativa que contribuyera sinceramente a esclarecer el hecho e impartir justicia?
Creo que debemos tener una mirada objetiva de la cuestión. Nadie puede discutir que la causa de la AMIA ha sido siniestra; una causa en la cual han aflorado las peores cosas de la Argentina: ineficiencias, corrupción. No creo que esta causa se encuentre estancada o paralizada, como se dice.
Desde la sentencia de la Corte de 2009, curiosamente omitida en todos los debates del oficialismo, se ha restablecido el juicio a la conexión local. Allí también podrán surgir elementos respecto de la conexión internacional. Asimismo, existe una causa de encubrimiento dirigida contra funcionarios de la anterior gestión. Por último, en la causa de la conexión internacional no creo que se haya avanzado poco.
Desde la creación de la unidad especial que trató de enderezar las cosas luego de la anulación por parte del tribunal oral federal de gran parte de la causa, se ha elaborado una acusación que debemos considerar cierta. Se trata del órgano estatal de la Justicia argentina. Nosotros no somos jueces, y esas decisiones merecen nuestro respeto. Esa decisión ha determinado con un grado de probabilidad y de sospecha que la bomba fue colocada y decidida por el gobierno de Irán a través de sus más altos funcionarios.
Digo esto, y lo enfatizo, porque en algunos de los discursos e incluso en la presentación del proyecto, hay algunas sombras de dudas sobre lo que venía sosteniendo la Justicia argentina. Hemos conseguido un éxito notable que también ha sido un éxito de la diplomacia argentina: una vez que Interpol hiciera cesar las alertas rojas pudimos revertir la situación y lograr imponerlas nuevamente con un voto mayoritario en la Asamblea General de Interpol, que destinó a los iraníes a estar confinados en su territorios, lo cual no es poco; es muchísimo.
- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª de la Honorable Cámara, profesora Norma Amanda Abdala de Matarazzo.
SR. GIL LAVEDRA, RICARDO RODOLFO (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
También quiero destacar, porque era una política de Estado, la decisión clara, firme y contundente que tuvo el gobierno argentino en las Naciones Unidas, el foro de la comunidad internacional, donde fuimos a reclamar frente a todos los países que Irán cumpliera con lo que había dicho la Justicia argentina. Este aspecto en el que todos estábamos de acuerdo, ahora cambió.
Tratando de sintetizar cuáles son las grandes razones que sustentan nuestra posición y la de la mayoría de los bloques no oficialistas, puedo citar el cambio de política exterior y las consecuencias que ello trae aparejado. Otra de las razones es el texto del documento, que es de una indeterminación, imprevisibilidad y vaguedad intolerables.
El tercer argumento es que aun aceptando la interpretación del gobierno, este documento no crea ninguna utilidad para el objetivo que persigue.
Por último, el argumento más grave es que no sólo este memorándum no es beneficioso sino que también puede traer consecuencias gravísimas para la causa.
El primer argumento es el cambio de política, que ya estaba señalando. Esta política muy clara que tenía el gobierno –y seguramente ustedes van a decir: ¡Miren qué bien que ha hecho el gobierno, tenemos autoridad moral!- era acompañada por nosotros, pero ahora cambiaron. Y ahora cambiaron por lo siguiente.
¿Cómo podemos decir a la comunidad internacional, que la queríamos convencer de que las sospechas de la Justicia argentina eran correctas, incontrovertibles, etcétera, que ahora hemos formado una comisión para revisar la validez de lo que dice, que ahora formamos una Comisión de la Verdad para tratar de juzgar lo que dice la Justicia argentina?
Nos dirían: “Pero señores argentinos, ¿no era que lo que decía la Justicia argentina no merecía ninguna hesitación?” Hemos trocado una política multilateral de presión por parte de la comunidad de todos los países a un Estado que sospechábamos de terrorista por un acuerdo bilateral con ellos para buscar la verdad. ¿Qué verdad?
Toda búsqueda de la verdad tiene que partir de un propósito común. La verdad que pretende la Argentina no tiene nada que ver con la verdad de Irán. Irán pretende demostrar que la Justicia argentina miente y nosotros pretendemos que los imputados se sometan a la justicia argentina. ¿Qué verdad?
Segunda cuestión, la vaguedad e impresentabilidad del documento. Sinceramente es impresentable. Y porque es impresentable e inexplicable vienen las suspicacias. Durante el debate se ha dicho ¿cómo es posible, qué lo explica? ¿Cómo pueden haber firmado esto? Y después vienen ciertas preguntas: ¿Son motivos económicos, son motivos políticos, son realineamientos, son cuestiones de geopolítica?
Todas estas suspicacias provienen de que este documento no encuentra explicación plausible. Y voy a la primera parte de los agujeros negros que tiene. ¿Cómo podemos decir seriamente que este documento es practicable cuando no hemos establecido mínimamente cómo va a funcionar la comisión, dónde va a funcionar, con qué reglas se van a establecer las designaciones, qué plazo se le va a dar?
Segundo, las reglas de procedimiento, y acá se dijo que son importantísimas las que fija la comisión, porque son las que van a fijar de qué modo se va a hacer esa famosa audiencia. En realidad creo que esta audiencia es el injerto que concibió la Argentina ante la posición de Irán.
¿Cuál es la posición argentina? ¿Qué piensa la Cancillería? Le preguntamos al canciller y dijo que no lo sabía, que no había ninguna posición. Esta impredicibilidad y esta ambigüedad que tiene el documento hacen que se puedan sostener muchas interpretaciones.
Hace quince días que estamos discutiendo interpretaciones, el alcance de las palabras, por qué no dice “indagatoria”, qué reglas se aplican, si es la regla 4 o la 5. Todos inconvenientes porque el documento no dice nada. Esto permite que la Cancillería argentina dé una inteligencia al documento que no se desprende de sus palabras, ciertamente, y que leamos publicaciones de los medios iraníes –hay no menos de diez- que indican que Irán le da la interpretación opuesta.
Y el mismo documento, ¿qué método tiene para resolver las disputas? Ninguno. Si hay controversias entre las partes, ¿cómo se arreglan? Por consulta entre las partes, por circular. Es cierto que la consulta puede ser un método que sea el primer escalón de solución, pero me parece que es demasiado débil.
Tercer argumento, admitamos la interpretación del gobierno sobre las expresiones “questioning”, “interrogatorio”, “indagatoria”. Creo que si aprobamos esta ley puede ser base jurídica y el gobierno puede llegar a acomodar que vaya el juez, tome alguna declaración y le dé valor de indagatoria.
Seamos serios en el tema porque este asunto es muy delicado. No digamos que si se toma la declaración indagatoria esto permitirá resolver la causa. Que esto permite, como se dice livianamente, elevar la causa a juicio y condenar a los culpables. No, lo que permite avanzar en la causa es el sometimiento a la jurisdicción. Ese es el punto, y no tenemos a ninguno de los imputados en condiciones de poder ser sometido a la Justicia argentina. Lo dijo muy bien ayer en la comisión y lo reconoció hoy el diputado Moreno: la legislación iraní impide extradiciones nacionales. Nunca van a venir. Nunca.
En consecuencia, ¿qué ganamos con permitir un acto de defensa, donde nos van a decir todo lo que hicimos mal mediante indagatorias, si a partir de ahí se terminó todo? Pero digámoslo bien.
Cuarto punto: las consecuencias graves que tiene el tema. Se ha dicho aquí hasta el hartazgo, pero quiero repetirlo, que una de las pocas maneras que tenemos de poder llevar adelante la justicia y aprehender a estos presuntos culpables son las alertas rojas. Ese es uno de los pocos instrumentos que tenemos y lo podemos perder con esto.
Más allá de que yo creo que Interpol puede cancelar de oficio como se ha dicho aquí, hay una norma expresa, también hay otra cosa que es inocultable: las detenciones son para prestar la declaración; ese es el objeto y finalidad. Si es como ustedes dicen, que se van a tomar las declaraciones indagatorias, eso significa el fin de las alertas rojas. Desde el momento en que se toman esas declaraciones hay que levantarlas porque ya está cumplida la finalidad de la captura.
Hay otro argumento más que no ha sido mencionado en el debate: no solamente los Estados sino también los imputados pueden desafiar las alertas rojas. Hay un procedimiento a través de la Comisión de Control de Archivo de Interpol en el cual los particulares afectados pueden pedir la revisión de las alertas rojas. Hay casos exitosos donde ello ha ocurrido. Van a ser los propios imputados iraníes con base en el convenio los que lo van a hacer.
Otro punto es, si se levantan las alertas rojas, si tenemos una comisión auditora que va a analizar detalladamente cada una de las evidencias de la Justicia argentina, ¿esto no es interferir en la Justicia? Ustedes dicen que las recomendaciones no son vinculantes, pero tampoco son inocuas. Nos estamos comprometiendo internacionalmente a tenerlas en cuenta.
Si todo esto ocurre, ¿no estamos poniendo en riesgo lo hecho hasta ahora? Honestamente, nosotros pensamos que sí.
Por ello, y para ir concluyendo esta larga jornada, lamentamos mucho, muchísimo, no poder acompañar una iniciativa que pensamos que es nefasta, que es un error gravísimo del gobierno, y sinceramente no es defendible. Lo pensamos con toda honestidad.
Tratando de sintetizar cuáles son las grandes razones que sustentan nuestra posición y la de la mayoría de los bloques no oficialistas, puedo citar el cambio de política exterior y las consecuencias que ello trae aparejado. Otra de las razones es el texto del documento, que es de una indeterminación, imprevisibilidad y vaguedad intolerables.
El tercer argumento es que aun aceptando la interpretación del gobierno, este documento no crea ninguna utilidad para el objetivo que persigue.
Por último, el argumento más grave es que no sólo este memorándum no es beneficioso sino que también puede traer consecuencias gravísimas para la causa.
El primer argumento es el cambio de política, que ya estaba señalando. Esta política muy clara que tenía el gobierno –y seguramente ustedes van a decir: ¡Miren qué bien que ha hecho el gobierno, tenemos autoridad moral!- era acompañada por nosotros, pero ahora cambiaron. Y ahora cambiaron por lo siguiente.
¿Cómo podemos decir a la comunidad internacional, que la queríamos convencer de que las sospechas de la Justicia argentina eran correctas, incontrovertibles, etcétera, que ahora hemos formado una comisión para revisar la validez de lo que dice, que ahora formamos una Comisión de la Verdad para tratar de juzgar lo que dice la Justicia argentina?
Nos dirían: “Pero señores argentinos, ¿no era que lo que decía la Justicia argentina no merecía ninguna hesitación?” Hemos trocado una política multilateral de presión por parte de la comunidad de todos los países a un Estado que sospechábamos de terrorista por un acuerdo bilateral con ellos para buscar la verdad. ¿Qué verdad?
Toda búsqueda de la verdad tiene que partir de un propósito común. La verdad que pretende la Argentina no tiene nada que ver con la verdad de Irán. Irán pretende demostrar que la Justicia argentina miente y nosotros pretendemos que los imputados se sometan a la justicia argentina. ¿Qué verdad?
Segunda cuestión, la vaguedad e impresentabilidad del documento. Sinceramente es impresentable. Y porque es impresentable e inexplicable vienen las suspicacias. Durante el debate se ha dicho ¿cómo es posible, qué lo explica? ¿Cómo pueden haber firmado esto? Y después vienen ciertas preguntas: ¿Son motivos económicos, son motivos políticos, son realineamientos, son cuestiones de geopolítica?
Todas estas suspicacias provienen de que este documento no encuentra explicación plausible. Y voy a la primera parte de los agujeros negros que tiene. ¿Cómo podemos decir seriamente que este documento es practicable cuando no hemos establecido mínimamente cómo va a funcionar la comisión, dónde va a funcionar, con qué reglas se van a establecer las designaciones, qué plazo se le va a dar?
Segundo, las reglas de procedimiento, y acá se dijo que son importantísimas las que fija la comisión, porque son las que van a fijar de qué modo se va a hacer esa famosa audiencia. En realidad creo que esta audiencia es el injerto que concibió la Argentina ante la posición de Irán.
¿Cuál es la posición argentina? ¿Qué piensa la Cancillería? Le preguntamos al canciller y dijo que no lo sabía, que no había ninguna posición. Esta impredicibilidad y esta ambigüedad que tiene el documento hacen que se puedan sostener muchas interpretaciones.
Hace quince días que estamos discutiendo interpretaciones, el alcance de las palabras, por qué no dice “indagatoria”, qué reglas se aplican, si es la regla 4 o la 5. Todos inconvenientes porque el documento no dice nada. Esto permite que la Cancillería argentina dé una inteligencia al documento que no se desprende de sus palabras, ciertamente, y que leamos publicaciones de los medios iraníes –hay no menos de diez- que indican que Irán le da la interpretación opuesta.
Y el mismo documento, ¿qué método tiene para resolver las disputas? Ninguno. Si hay controversias entre las partes, ¿cómo se arreglan? Por consulta entre las partes, por circular. Es cierto que la consulta puede ser un método que sea el primer escalón de solución, pero me parece que es demasiado débil.
Tercer argumento, admitamos la interpretación del gobierno sobre las expresiones “questioning”, “interrogatorio”, “indagatoria”. Creo que si aprobamos esta ley puede ser base jurídica y el gobierno puede llegar a acomodar que vaya el juez, tome alguna declaración y le dé valor de indagatoria.
Seamos serios en el tema porque este asunto es muy delicado. No digamos que si se toma la declaración indagatoria esto permitirá resolver la causa. Que esto permite, como se dice livianamente, elevar la causa a juicio y condenar a los culpables. No, lo que permite avanzar en la causa es el sometimiento a la jurisdicción. Ese es el punto, y no tenemos a ninguno de los imputados en condiciones de poder ser sometido a la Justicia argentina. Lo dijo muy bien ayer en la comisión y lo reconoció hoy el diputado Moreno: la legislación iraní impide extradiciones nacionales. Nunca van a venir. Nunca.
En consecuencia, ¿qué ganamos con permitir un acto de defensa, donde nos van a decir todo lo que hicimos mal mediante indagatorias, si a partir de ahí se terminó todo? Pero digámoslo bien.
Cuarto punto: las consecuencias graves que tiene el tema. Se ha dicho aquí hasta el hartazgo, pero quiero repetirlo, que una de las pocas maneras que tenemos de poder llevar adelante la justicia y aprehender a estos presuntos culpables son las alertas rojas. Ese es uno de los pocos instrumentos que tenemos y lo podemos perder con esto.
Más allá de que yo creo que Interpol puede cancelar de oficio como se ha dicho aquí, hay una norma expresa, también hay otra cosa que es inocultable: las detenciones son para prestar la declaración; ese es el objeto y finalidad. Si es como ustedes dicen, que se van a tomar las declaraciones indagatorias, eso significa el fin de las alertas rojas. Desde el momento en que se toman esas declaraciones hay que levantarlas porque ya está cumplida la finalidad de la captura.
Hay otro argumento más que no ha sido mencionado en el debate: no solamente los Estados sino también los imputados pueden desafiar las alertas rojas. Hay un procedimiento a través de la Comisión de Control de Archivo de Interpol en el cual los particulares afectados pueden pedir la revisión de las alertas rojas. Hay casos exitosos donde ello ha ocurrido. Van a ser los propios imputados iraníes con base en el convenio los que lo van a hacer.
Otro punto es, si se levantan las alertas rojas, si tenemos una comisión auditora que va a analizar detalladamente cada una de las evidencias de la Justicia argentina, ¿esto no es interferir en la Justicia? Ustedes dicen que las recomendaciones no son vinculantes, pero tampoco son inocuas. Nos estamos comprometiendo internacionalmente a tenerlas en cuenta.
Si todo esto ocurre, ¿no estamos poniendo en riesgo lo hecho hasta ahora? Honestamente, nosotros pensamos que sí.
Por ello, y para ir concluyendo esta larga jornada, lamentamos mucho, muchísimo, no poder acompañar una iniciativa que pensamos que es nefasta, que es un error gravísimo del gobierno, y sinceramente no es defendible. Lo pensamos con toda honestidad.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Julián Andrés Domínguez.
SR. GIL LAVEDRA, RICARDO RODOLFO (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Por eso, señor presidente, desde la Unión Cívica Radical no vamos a votar ninguna iniciativa, ninguna, que coloque en el más mínimo riesgo a la posibilidad de llevar a juicio y castigo a los responsables de este atroz atentado. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Pido a los señores legisladores que se vayan identificando en sus bancas.
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
SR. ROSSI, AGUSTIN OSCAR (SANTA FE):
Señor presidente: como decía el diputado Gil Lavedra, estamos terminando una larga jornada. Empezamos a sesionar a las 12 y 20, porque conseguimos rápido el quórum, y son las 2 menos cuarto, así que estuvimos varias horas en este recinto para debatir sobre este tema, el cual ya fue tratado en el Senado y abordado ayer arduamente en la reunión de comisión, con la presencia del señor canciller y del equipo de gobierno que está trabajando en este asunto, integrado por la embajadora Ruiz Cerutti y el doctor Mena.
Nosotros, desde el bloque del oficialismo queremos volver a agradecer a los funcionarios que estuvieron presentes ayer en la reunión plenaria. Lo decimos con absoluta honestidad y con serenidad.
Asimismo entendemos que ayer el canciller fue víctima de una serie de insultos y descalificaciones no merecidos. Hoy también hubo otros, y la verdad es que esto aleja la posibilidad de tener un debate con coordenadas relativamente normales. En general, el insulto siempre denota falta de argumento. La descalificación y el uso permanente de la chicana contrastan con quien tiene argumentos razonables como para sostener verdaderamente una posición, y no han actuado así varios de los diputados aquí presentes.
Por el contrario, otros diputados debo reconocerlo y a algunos se los he expresado personalmente, independientemente de tener una posición distinta a la nuestra, han buceado en la búsqueda de un bagaje argumental para fijar una posición política. A ellos les quiero agradecer algo: lo que hemos hecho del 2003 hasta la fecha en la causa AMIA nunca ha recibido tanto reconocimiento explícito por parte de la oposición como hoy. La verdad es que lo agradecemos expresa y sinceramente. Quizás hubiese sido bueno también que en la coyuntura de esos momentos el apoyo hubiese sido tan explícito como el reconocimiento de hoy. Pero bueno, aunque tarde, es bienvenido.
Estamos convencidos de que dentro de un tiempo podrán sostener exactamente lo mismo que lo que hoy va a ser aprobado por mayoría en esta Cámara.
Asimismo estamos convencidos de que esta decisión que ha tomado el Poder Ejecutivo a través de su canciller, no sólo no nos aleja de los objetivos que perseguimos durante todos estos años alrededor de la causa AMIA sino que los profundiza y confirma.
Todas las decisiones que tomamos durante este tiempo van en un determinado sentido, y la decisión de este convenio va en el mismo sentido: buscar justicia.
Hay algunos que parece que están más cómodos con haber encontrado un culpable y se preocupan menos por encontrar justicia. Nosotros creemos que hay un culpable, pero va a ser efectivamente culpable cuando la Justicia pueda actuar en su integralidad.
Estamos buscando el camino para que la Justicia siga avanzando. No hay otro motivo. Todas las elucubraciones que se han hecho sobre cambio de posicionamiento de la Argentina en el marco internacional, sobre cuestiones geopolíticas y sobre intencionalidades comerciales no tienen ningún tipo de asidero, de veracidad o de argumentación certera.
La verdad es que la Argentina ha tenido una clara posición respecto de su política internacional desde el 25 de mayo del 2003, cuando en Mar del Plata, estando presente el ex presidente Bush, Néstor Kirchner le dijo “no” al ALCA. De esa manera, la Argentina redefinió como nunca que su lugar en el mundo era América Latina.
Nuestro eje político internacional más fuerte, más potente y más enérgico es la integración latinoamericana. Ahí fortalecimos el Mercosur, que dejó atrás su década deficitaria en materia de integración. Avanzamos hacia la UNASUR y la CELAC, y logramos un nivel de integración con el resto de los países de América Latina como nunca antes habíamos conocido desde la recuperación de la democracia.
Ello, a tal punto que la semana pasada celebramos la enorme victoria del presidente Correa en Ecuador. Con Néstor Kirchner como secretario General de la UNASUR, los presidentes de toda América Latina evitaron un golpe de Estado en la República de Ecuador.
Esa es la política internacional de la Argentina. Podemos decir que hemos agregado una fuerte intensificación del eje Sur-Sur, que la presidenta argentina ha participado de todas las reuniones del G-20 marcando posición sobre la crisis económica y financiera internacional y que en cada uno de esos ámbitos la voz argentina es escuchada y respetada, con el peso relativo que tiene nuestro país. Sin embargo, nosotros no nos confundimos: no es Irán el eje u objetivo de nuestra política internacional.
Nuestra política internacional tiene objetivos claros y precisos. Llegamos a Irán porque la Justicia argentina nos dice que los principales sospechosos de haber cometido el atentado contra la sede de la AMIA son ciudadanos iraníes. Si nuestra Justicia hubiese determinado que eran ciudadanos de otro país, no habríamos estado hablando de Irán. Hablamos de este país porque la Justicia argentina determinó que los sospechosos de haber cometido el atentado son ciudadanos iraníes.
Llegamos a Irán no como consecuencia de un cambio de política internacional argentina ésta sigue siendo la misma, sino porque nuestra Justicia nos dijo que había que llegar a ese lugar. Fue la Justicia de nuestro país la que determinó la imputabilidad de ciudadanos iraníes y avanzó en la causa.
Todos estos años no fueron iguales; esto lo dije en la reunión plenaria de comisiones celebrada anteayer. Los últimos diez fueron de avance y de reclamo permanente de la posición argentina en los escenarios internacionales. Los años anteriores fueron de encubrimiento, de vergüenza, de desvirtuación de pruebas y de todo lo que sabemos que pasó. Nosotros también esperamos ansiosos que se inicie el juicio oral que tiene como imputados procesados, sin prisión preventiva, a todos los funcionarios y ex funcionarios a los que el señor diputado Comi hizo referencia, y a muchos más. Por suerte, nadie de nuestro gobierno, desde el 25 de mayo de 2003, está imputado o procesado sin prisión preventiva para ese juicio oral. De otros gobiernos, sí; del nuestro, ninguno.
Nosotros mantuvimos una conducta durante todo este tiempo. De allí los decretos de 2003 y de 2005. El decreto al que hizo referencia el señor diputado Lozano, en el que el entonces presidente Kirchner reconoce la culpabilidad del Estado argentino por falta de previsión en el atentado contra la sede de la AMIA, permite crear la Unidad Fiscal y liberar todos los recursos necesarios para el fortalecimiento de la investigación llevada a cabo por el fiscal Nisman.
Ese decreto también permitirá saldar una deuda que aún tenemos. Me refiero a la sanción de un proyecto de ley que ya ha sido aprobado por el Senado y cuenta con despacho de comisión en la Cámara de Diputados, que esperamos tratar en el inicio de las sesiones ordinarias, por el la que se establece la correspondiente indemnización a todos los familiares de las víctimas del atentado contra la sede de la AMIA. Pero claramente aquel decreto permitió que Nisman llevara a cabo su investigación. Nosotros confiamos en la investigación de Nisman y en la Justicia argentina. Como confiamos en todas esas cosas no nos preocupa tanto una comisión que no es vinculante para con la Justicia, que no es vinculante para con los Poderes Ejecutivos de ambos países, que no puede construir nuevas pruebas, que no puede investigar y que tiene que hacerse de las pruebas existentes.
Entonces, como nosotros confiamos en todo lo que hizo Nisman, confiamos en lo que hizo el juez, confiamos en que esa comisión ante las evidencias de los pruebas mostradas por la Argentina va a jugar a favor de la Argentina y no en contra de la Argentina.
No tenemos problema en que alguien vea lo que nosotros hacemos. No tenemos ningún inconveniente. ¿Qué es un convenio? ¿Qué es un tratado? Un tratado entre dos países que tienen distancias, inclusive entre los países que tienen colaboración de amistad, es una de las cuestiones que a un país le interesan y que al otro país también le interesan.
Nosotros fuimos a ese tratado con premisas. Una de las premisas básicas era la posibilidad de tomarle declaración indagatoria a cada uno de esos ciudadanos iraníes.
Todos sabemos que la Justicia podrá seguir avanzando en la Argentina, acumulando información, pero desde el punto de vista procesal penal no puede avanzar un ápice, porque si no tenemos la declaración indagatoria ni siquiera los podemos procesar.
Desde el 25 de mayo de 2003 estuvimos haciendo en cada una de las Asambleas Generales de las Naciones Unidas el reclamo permanente para llegar a una situación que no se concretó. Hicimos todo lo que pudimos hasta ese punto.
Ahora existe la posibilidad concreta de seguir avanzando. Algunos nos dicen en voz baja “¿para qué se metieron en esto, por qué toman riesgos?”. Bueno, nosotros, y mucho menos Néstor y Cristina, no hemos venido a gobernar este país para calentar el sillón de Rivadavia, como hicieron tantos otros.
En verdad, nosotros siempre asumimos riesgos en las decisiones que tomamos. Asumimos riesgos cuando intentamos votar la resolución 125 y modificar el esquema tributario en la Argentina; tomamos riesgos cuando enviamos la ley de medios al Congreso de la Nación. También tomamos riesgos cuando nacionalizamos las AFJP. Ahora bien, lo que no vamos a permitir es que por no tomar riesgos, por no asumir con coraje decisiones políticas, las cosas sigan estando como están. Sabemos que como están, están mal, porque no nos llevan a ningún lado, máxime teniendo la posibilidad de encontrar una vía y auscultar esa vía para obtener un resultado positivo.
Esta es la decisión que tomó la presidenta de la Nación, claro que sí. Seguramente algún otro presidente no la hubiese tomado; habría dicho: “¿para qué?”. Alguna vez alguien me dijo: “¿para qué vamos a nacionalizar las AFJP, si funcionan bien? ¿Para qué, por qué?”
Cuando uno gobierna -y éste es un concepto que hemos tenido en cuenta desde que gobernamos, es decir, desde aquel 25 de mayo de 2003- tiene que resolver los problemas, no puede dejar los problemas en infinito.
Algún asesor diplomático de otro partido político, según me contaba ayer el canciller, le dijo: “dejen las cosas como están. Cuando termine el régimen de los ayatollahs, en una de esas los van a poder liberar y podrán juzgarlos.
No es así. Nosotros creemos seriamente que éste es un camino. Además es un camino ordenado y correcto. Aquí hay cosas que resultan difíciles de entender.
¿Se puede firmar un tratado para no cumplirlo? ¿No es más fácil no firmar el tratado que no cumplirlo? ¿Por qué un país, sea cual fuese el país, va a firmar un tratado para después no cumplir con ese tratado? No tiene ningún sentido que un país no cumpla con ese tratado.
Se plantearon situaciones alrededor de que se va a perder el famoso tema de las alertas rojas o etiquetas rojas. La Argentina consiguió las alertas rojas sobre estos cinco ciudadanos iraníes después de un trámite. Canicoba Corral se lo pidió a Interpol Argentina e Interpol Argentina se lo manda a Interpol Francia. Cuando Interpol Francia lo quiere hacer, recibe la negativa de Irán y entonces tiene que ir a la Asamblea. Esta es una alerta internacional que dispone la Asamblea General de Interpol, donde están representados todos los países del mundo. La única manera de que Interpol, de oficio, sin consultar al juez argentino, pueda tirar abajo una alerta internacional es por defectos formales del pedido.
Pero no es así en este caso. No es que la dio Interpol solamente y el país la aceptó inmediatamente. Hubo que ir a la instancia máxima que tiene Interpol, que es la Asamblea General, con los representantes de todos los países. No se puede sacar la alerta roja de cada uno de esos ciudadanos iraníes si no es con la consulta al juez argentino. Siempre Interpol consulta a su delegación en cada uno de los países. De manera que ese riesgo está absolutamente dejado de lado. No hay ningún riesgo en este sentido.
Para ir terminando, señor presidente, quiero decir lo siguiente. Sin ánimo de cambiar el tono de mi intervención, porque me parece que es el que corresponde por el tema, quiero hablarles a los familiares de las víctimas porque son los perjudicados primarios; después estamos todos los argentinos.
Nosotros no somos cualquier espacio político. Vuelvo al principio: de estos diecinueve años, hubo nueve de impunidad y diez de avance. Esos diez años de avance hoy reconocidos por gran parte de la oposición fueron encabezados por Néstor y Cristina Kirchner. Fue Néstor Kirchner quien dijo que la DAIA y la AMIA eran las dos torres gemelas de la Argentina. Fue Néstor Kirchner el que presionó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para que las alertas rojas de Interpol efectivamente se dispusiesen. Había que ir a la Asamblea. Por eso presionó en Naciones Unidas porque ahí estaban todos los países que tenían sus representantes en la Asamblea General de Interpol para que se concretasen las alertas internacionales.
Todo lo que se avanzó en la causa en esta instancia fue gracias al impulso y al apoyo permanente del entonces presidente Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner.
Nosotros siempre buscamos la verdad. No nos queremos quedar solamente con el culpable. No queremos tener la tranquilidad del discurso. Queremos que los culpables cumplan lo que les corresponde a través de la acción de la Justicia, y el camino que estamos recorriendo nos acerca a la justicia. Esto es lo que estamos haciendo.
Todos sabemos que si no hay declaración indagatoria no hay posibilidad de justicia. Todos sabemos que si no hay declaración indagatoria no hay posibilidad de avance. Todos sabemos que lo que planteaba anteriormente el gobierno iraní como propuesta era exclusivamente la comisión. Y nosotros confiamos en lo que hizo la Justicia argentina. No tenemos miedo a lo que pueda decir la comisión. Estamos convencidos de lo que hizo el fiscal Nisman y de lo que va a hacer el juez Canicoba Corral. No tenemos miedo a la indagatoria que va a tomar Nisman ni a lo que va a escuchar Canicoba Corral.
Confiamos en que este es un camino absolutamente posible. No estamos gobernando la Argentina para dejar que los problemas sigan existiendo. Estamos gobernando la Argentina para resolver cada uno de los problemas que nos toca enfrentar. La mayoría de los problemas que nos tocaron eran anteriores al 25 de mayo de 2003. Nosotros no miramos hacia el costado en el tema de la deuda externa, no miramos hacia el costado en el tema del sistema previsional y tampoco miramos hacia el costado en el tema energético. ¡Por el contrario, pagamos la deuda, nacionalizamos YPF, nacionalizamos las AFJP y vamos en busca de la justicia y de la verdad en la causa AMIA! (Aplausos.)
Nosotros, desde el bloque del oficialismo queremos volver a agradecer a los funcionarios que estuvieron presentes ayer en la reunión plenaria. Lo decimos con absoluta honestidad y con serenidad.
Asimismo entendemos que ayer el canciller fue víctima de una serie de insultos y descalificaciones no merecidos. Hoy también hubo otros, y la verdad es que esto aleja la posibilidad de tener un debate con coordenadas relativamente normales. En general, el insulto siempre denota falta de argumento. La descalificación y el uso permanente de la chicana contrastan con quien tiene argumentos razonables como para sostener verdaderamente una posición, y no han actuado así varios de los diputados aquí presentes.
Por el contrario, otros diputados debo reconocerlo y a algunos se los he expresado personalmente, independientemente de tener una posición distinta a la nuestra, han buceado en la búsqueda de un bagaje argumental para fijar una posición política. A ellos les quiero agradecer algo: lo que hemos hecho del 2003 hasta la fecha en la causa AMIA nunca ha recibido tanto reconocimiento explícito por parte de la oposición como hoy. La verdad es que lo agradecemos expresa y sinceramente. Quizás hubiese sido bueno también que en la coyuntura de esos momentos el apoyo hubiese sido tan explícito como el reconocimiento de hoy. Pero bueno, aunque tarde, es bienvenido.
Estamos convencidos de que dentro de un tiempo podrán sostener exactamente lo mismo que lo que hoy va a ser aprobado por mayoría en esta Cámara.
Asimismo estamos convencidos de que esta decisión que ha tomado el Poder Ejecutivo a través de su canciller, no sólo no nos aleja de los objetivos que perseguimos durante todos estos años alrededor de la causa AMIA sino que los profundiza y confirma.
Todas las decisiones que tomamos durante este tiempo van en un determinado sentido, y la decisión de este convenio va en el mismo sentido: buscar justicia.
Hay algunos que parece que están más cómodos con haber encontrado un culpable y se preocupan menos por encontrar justicia. Nosotros creemos que hay un culpable, pero va a ser efectivamente culpable cuando la Justicia pueda actuar en su integralidad.
Estamos buscando el camino para que la Justicia siga avanzando. No hay otro motivo. Todas las elucubraciones que se han hecho sobre cambio de posicionamiento de la Argentina en el marco internacional, sobre cuestiones geopolíticas y sobre intencionalidades comerciales no tienen ningún tipo de asidero, de veracidad o de argumentación certera.
La verdad es que la Argentina ha tenido una clara posición respecto de su política internacional desde el 25 de mayo del 2003, cuando en Mar del Plata, estando presente el ex presidente Bush, Néstor Kirchner le dijo “no” al ALCA. De esa manera, la Argentina redefinió como nunca que su lugar en el mundo era América Latina.
Nuestro eje político internacional más fuerte, más potente y más enérgico es la integración latinoamericana. Ahí fortalecimos el Mercosur, que dejó atrás su década deficitaria en materia de integración. Avanzamos hacia la UNASUR y la CELAC, y logramos un nivel de integración con el resto de los países de América Latina como nunca antes habíamos conocido desde la recuperación de la democracia.
Ello, a tal punto que la semana pasada celebramos la enorme victoria del presidente Correa en Ecuador. Con Néstor Kirchner como secretario General de la UNASUR, los presidentes de toda América Latina evitaron un golpe de Estado en la República de Ecuador.
Esa es la política internacional de la Argentina. Podemos decir que hemos agregado una fuerte intensificación del eje Sur-Sur, que la presidenta argentina ha participado de todas las reuniones del G-20 marcando posición sobre la crisis económica y financiera internacional y que en cada uno de esos ámbitos la voz argentina es escuchada y respetada, con el peso relativo que tiene nuestro país. Sin embargo, nosotros no nos confundimos: no es Irán el eje u objetivo de nuestra política internacional.
Nuestra política internacional tiene objetivos claros y precisos. Llegamos a Irán porque la Justicia argentina nos dice que los principales sospechosos de haber cometido el atentado contra la sede de la AMIA son ciudadanos iraníes. Si nuestra Justicia hubiese determinado que eran ciudadanos de otro país, no habríamos estado hablando de Irán. Hablamos de este país porque la Justicia argentina determinó que los sospechosos de haber cometido el atentado son ciudadanos iraníes.
Llegamos a Irán no como consecuencia de un cambio de política internacional argentina ésta sigue siendo la misma, sino porque nuestra Justicia nos dijo que había que llegar a ese lugar. Fue la Justicia de nuestro país la que determinó la imputabilidad de ciudadanos iraníes y avanzó en la causa.
Todos estos años no fueron iguales; esto lo dije en la reunión plenaria de comisiones celebrada anteayer. Los últimos diez fueron de avance y de reclamo permanente de la posición argentina en los escenarios internacionales. Los años anteriores fueron de encubrimiento, de vergüenza, de desvirtuación de pruebas y de todo lo que sabemos que pasó. Nosotros también esperamos ansiosos que se inicie el juicio oral que tiene como imputados procesados, sin prisión preventiva, a todos los funcionarios y ex funcionarios a los que el señor diputado Comi hizo referencia, y a muchos más. Por suerte, nadie de nuestro gobierno, desde el 25 de mayo de 2003, está imputado o procesado sin prisión preventiva para ese juicio oral. De otros gobiernos, sí; del nuestro, ninguno.
Nosotros mantuvimos una conducta durante todo este tiempo. De allí los decretos de 2003 y de 2005. El decreto al que hizo referencia el señor diputado Lozano, en el que el entonces presidente Kirchner reconoce la culpabilidad del Estado argentino por falta de previsión en el atentado contra la sede de la AMIA, permite crear la Unidad Fiscal y liberar todos los recursos necesarios para el fortalecimiento de la investigación llevada a cabo por el fiscal Nisman.
Ese decreto también permitirá saldar una deuda que aún tenemos. Me refiero a la sanción de un proyecto de ley que ya ha sido aprobado por el Senado y cuenta con despacho de comisión en la Cámara de Diputados, que esperamos tratar en el inicio de las sesiones ordinarias, por el la que se establece la correspondiente indemnización a todos los familiares de las víctimas del atentado contra la sede de la AMIA. Pero claramente aquel decreto permitió que Nisman llevara a cabo su investigación. Nosotros confiamos en la investigación de Nisman y en la Justicia argentina. Como confiamos en todas esas cosas no nos preocupa tanto una comisión que no es vinculante para con la Justicia, que no es vinculante para con los Poderes Ejecutivos de ambos países, que no puede construir nuevas pruebas, que no puede investigar y que tiene que hacerse de las pruebas existentes.
Entonces, como nosotros confiamos en todo lo que hizo Nisman, confiamos en lo que hizo el juez, confiamos en que esa comisión ante las evidencias de los pruebas mostradas por la Argentina va a jugar a favor de la Argentina y no en contra de la Argentina.
No tenemos problema en que alguien vea lo que nosotros hacemos. No tenemos ningún inconveniente. ¿Qué es un convenio? ¿Qué es un tratado? Un tratado entre dos países que tienen distancias, inclusive entre los países que tienen colaboración de amistad, es una de las cuestiones que a un país le interesan y que al otro país también le interesan.
Nosotros fuimos a ese tratado con premisas. Una de las premisas básicas era la posibilidad de tomarle declaración indagatoria a cada uno de esos ciudadanos iraníes.
Todos sabemos que la Justicia podrá seguir avanzando en la Argentina, acumulando información, pero desde el punto de vista procesal penal no puede avanzar un ápice, porque si no tenemos la declaración indagatoria ni siquiera los podemos procesar.
Desde el 25 de mayo de 2003 estuvimos haciendo en cada una de las Asambleas Generales de las Naciones Unidas el reclamo permanente para llegar a una situación que no se concretó. Hicimos todo lo que pudimos hasta ese punto.
Ahora existe la posibilidad concreta de seguir avanzando. Algunos nos dicen en voz baja “¿para qué se metieron en esto, por qué toman riesgos?”. Bueno, nosotros, y mucho menos Néstor y Cristina, no hemos venido a gobernar este país para calentar el sillón de Rivadavia, como hicieron tantos otros.
En verdad, nosotros siempre asumimos riesgos en las decisiones que tomamos. Asumimos riesgos cuando intentamos votar la resolución 125 y modificar el esquema tributario en la Argentina; tomamos riesgos cuando enviamos la ley de medios al Congreso de la Nación. También tomamos riesgos cuando nacionalizamos las AFJP. Ahora bien, lo que no vamos a permitir es que por no tomar riesgos, por no asumir con coraje decisiones políticas, las cosas sigan estando como están. Sabemos que como están, están mal, porque no nos llevan a ningún lado, máxime teniendo la posibilidad de encontrar una vía y auscultar esa vía para obtener un resultado positivo.
Esta es la decisión que tomó la presidenta de la Nación, claro que sí. Seguramente algún otro presidente no la hubiese tomado; habría dicho: “¿para qué?”. Alguna vez alguien me dijo: “¿para qué vamos a nacionalizar las AFJP, si funcionan bien? ¿Para qué, por qué?”
Cuando uno gobierna -y éste es un concepto que hemos tenido en cuenta desde que gobernamos, es decir, desde aquel 25 de mayo de 2003- tiene que resolver los problemas, no puede dejar los problemas en infinito.
Algún asesor diplomático de otro partido político, según me contaba ayer el canciller, le dijo: “dejen las cosas como están. Cuando termine el régimen de los ayatollahs, en una de esas los van a poder liberar y podrán juzgarlos.
No es así. Nosotros creemos seriamente que éste es un camino. Además es un camino ordenado y correcto. Aquí hay cosas que resultan difíciles de entender.
¿Se puede firmar un tratado para no cumplirlo? ¿No es más fácil no firmar el tratado que no cumplirlo? ¿Por qué un país, sea cual fuese el país, va a firmar un tratado para después no cumplir con ese tratado? No tiene ningún sentido que un país no cumpla con ese tratado.
Se plantearon situaciones alrededor de que se va a perder el famoso tema de las alertas rojas o etiquetas rojas. La Argentina consiguió las alertas rojas sobre estos cinco ciudadanos iraníes después de un trámite. Canicoba Corral se lo pidió a Interpol Argentina e Interpol Argentina se lo manda a Interpol Francia. Cuando Interpol Francia lo quiere hacer, recibe la negativa de Irán y entonces tiene que ir a la Asamblea. Esta es una alerta internacional que dispone la Asamblea General de Interpol, donde están representados todos los países del mundo. La única manera de que Interpol, de oficio, sin consultar al juez argentino, pueda tirar abajo una alerta internacional es por defectos formales del pedido.
Pero no es así en este caso. No es que la dio Interpol solamente y el país la aceptó inmediatamente. Hubo que ir a la instancia máxima que tiene Interpol, que es la Asamblea General, con los representantes de todos los países. No se puede sacar la alerta roja de cada uno de esos ciudadanos iraníes si no es con la consulta al juez argentino. Siempre Interpol consulta a su delegación en cada uno de los países. De manera que ese riesgo está absolutamente dejado de lado. No hay ningún riesgo en este sentido.
Para ir terminando, señor presidente, quiero decir lo siguiente. Sin ánimo de cambiar el tono de mi intervención, porque me parece que es el que corresponde por el tema, quiero hablarles a los familiares de las víctimas porque son los perjudicados primarios; después estamos todos los argentinos.
Nosotros no somos cualquier espacio político. Vuelvo al principio: de estos diecinueve años, hubo nueve de impunidad y diez de avance. Esos diez años de avance hoy reconocidos por gran parte de la oposición fueron encabezados por Néstor y Cristina Kirchner. Fue Néstor Kirchner quien dijo que la DAIA y la AMIA eran las dos torres gemelas de la Argentina. Fue Néstor Kirchner el que presionó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para que las alertas rojas de Interpol efectivamente se dispusiesen. Había que ir a la Asamblea. Por eso presionó en Naciones Unidas porque ahí estaban todos los países que tenían sus representantes en la Asamblea General de Interpol para que se concretasen las alertas internacionales.
Todo lo que se avanzó en la causa en esta instancia fue gracias al impulso y al apoyo permanente del entonces presidente Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner.
Nosotros siempre buscamos la verdad. No nos queremos quedar solamente con el culpable. No queremos tener la tranquilidad del discurso. Queremos que los culpables cumplan lo que les corresponde a través de la acción de la Justicia, y el camino que estamos recorriendo nos acerca a la justicia. Esto es lo que estamos haciendo.
Todos sabemos que si no hay declaración indagatoria no hay posibilidad de justicia. Todos sabemos que si no hay declaración indagatoria no hay posibilidad de avance. Todos sabemos que lo que planteaba anteriormente el gobierno iraní como propuesta era exclusivamente la comisión. Y nosotros confiamos en lo que hizo la Justicia argentina. No tenemos miedo a lo que pueda decir la comisión. Estamos convencidos de lo que hizo el fiscal Nisman y de lo que va a hacer el juez Canicoba Corral. No tenemos miedo a la indagatoria que va a tomar Nisman ni a lo que va a escuchar Canicoba Corral.
Confiamos en que este es un camino absolutamente posible. No estamos gobernando la Argentina para dejar que los problemas sigan existiendo. Estamos gobernando la Argentina para resolver cada uno de los problemas que nos toca enfrentar. La mayoría de los problemas que nos tocaron eran anteriores al 25 de mayo de 2003. Nosotros no miramos hacia el costado en el tema de la deuda externa, no miramos hacia el costado en el tema del sistema previsional y tampoco miramos hacia el costado en el tema energético. ¡Por el contrario, pagamos la deuda, nacionalizamos YPF, nacionalizamos las AFJP y vamos en busca de la justicia y de la verdad en la causa AMIA! (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Se va a votar en general y en particular el dictamen de mayoría de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto y otras recaído en el proyecto de ley por el que se aprueba el Memorándum de Entendimiento entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Islámica de Irán, sobre los temas vinculados con el ataque terrorista a la sede de la AMIA en Buenos Aires el 18 de julio de 1994.
- Se practica la votación nominal.2012/130EE02_01_R24.pdf
- Conforme al tablero electrónico, sobre 245 señores diputados presentes, 131 han votado por la afirmativa y 113 por la negativa.
SR.(SECRETARIO (BOZZANO))
Se han registrado 131 votos por la afirmativa y 113 por la negativa.
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley.
Se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado. (Aplausos prolongados.)
La Presidencia solicita el asentimiento de la Honorable Cámara para que se efectúen en el Diario de Sesiones las inserciones solicitadas por los señores diputados.
Se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado. (Aplausos prolongados.)
La Presidencia solicita el asentimiento de la Honorable Cámara para que se efectúen en el Diario de Sesiones las inserciones solicitadas por los señores diputados.
- Asentimiento.
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Quedan autorizadas las inserciones solicitadas.
La Presidencia informa a los señores legisladores que el 1° de marzo a las 11 y 15 se llevará a cabo la Asamblea Legislativa en la que se procederá a la apertura del período de sesiones ordinarias del Honorable Congreso de la Nación.
Habiéndose cumplimentado el objeto de esta sesión especial, y no habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión y de este modo se da por concluido el 130° período de sesiones ordinarias.
La Presidencia informa a los señores legisladores que el 1° de marzo a las 11 y 15 se llevará a cabo la Asamblea Legislativa en la que se procederá a la apertura del período de sesiones ordinarias del Honorable Congreso de la Nación.
Habiéndose cumplimentado el objeto de esta sesión especial, y no habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión y de este modo se da por concluido el 130° período de sesiones ordinarias.
Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina | Congreso de la Nación Argentina | Av. Rivadavia 1864 - Ciudad Autónoma de Bs. As. (C.P.C1033AAV) | + 54 11 6075-0000
Nota: La información contenida en este sitio es de dominio público y puede ser utilizada libremente. Se solicita citar la fuente.