principal
»
Discursos
Período:130 Reunion:21 Fecha:28/11/2012 FALLO DEL JUEZ THOMAS GRIESA
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Corresponde considerar el proyecto de resolución del señor diputado Rossi y otros por el que se declara la gravedad institucional del fallo del juez de Nueva York, Thomas Griesa, relacionado con los tenedores de bonos que no ingresaron en el canje de deuda, y se autoriza al presidente de la Cámara a interponer una acción declarativa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que dichos tenedores no reciban mejores condiciones que los términos del canje 2010. (Expediente 8311-d-2012 .)
AQUÍ PROYECTO DE RESOLUCIÓN EXPEDIENTE8311-d-2012
AQUÍ PROYECTO DE RESOLUCIÓN EXPEDIENTE
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
La Presidencia recuerda lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, por lo cual se va a hacer uso de la palabra respetando los tiempos correspondientes a los respectivos bloques, habiéndose acordado no hacer cierres y que no se va a hacer uso de la palabra a título individual.
La Presidencia aclara también que el Frente para la Victoria va a utilizar los veinte minutos de la siguiente manera: los primeros diez, el diputado Roberto Feletti, y los otros diez, el diputado Agustín Rossi.
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Presidencia aclara también que el Frente para la Victoria va a utilizar los veinte minutos de la siguiente manera: los primeros diez, el diputado Roberto Feletti, y los otros diez, el diputado Agustín Rossi.
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR. FELETTI, ROBERTO JOSE (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: hablar de la deuda pública en moneda extranjera o de la “deuda externa”, como se la conoce genéricamente, obliga a un recorrido largo en este país y a una breve semblanza histórica para comprender acabadamente la coyuntura por la que atravesamos en este momento.
La deuda surcó un ciclo entre 1976 y 2002, es decir, hace algo más de 25 años, cuando la Argentina estuvo signada por crisis recurrentes: 81/82, 89/90, 94/95 y 2001/2002, causadas por planes de ajuste y por la incapacidad del Estado para poder ejercer plenamente en los gobiernos democráticos la capacidad de cumplir su rol de distribuidor social.
La deuda era un condicionante recurrente que hacía que, en muchos casos en los gobiernos constitucionales, el voto terminara siempre recuperado para la misma política económica.
La deuda tuvo dos ciclos de gestación y dos de resolución, siendo éste el tercero que atravesamos. El primer ciclo fue el que se gestó durante la dictadura militar, que condicionó el regreso a la vida constitucional de la Argentina y desembocó en el default de 1988. Seguidamente tuvo la primera reestructuración o salida del default. Fue en el año 1992 con el denominado plan Brady.
Esa reestructuración contenía como condicionantes la aplicación de lo que en ese entonces se conocía como Consenso de Washington. Quiere decir que era imprescindible, para acceder al proceso de reestructuración del primer ciclo de deuda, la apertura externa de la economía, la desregulación interna del mercado y el proceso de privatización de activos públicos.
El ingreso al plan Brady, en 1992, habilitó un nuevo ciclo de endeudamiento en la Argentina, que después de una década concluyó nuevamente en un proceso de reestructuración, que se conoció como megacanje, y un default inmediato, seguido también por una crisis profunda y aguda.
En suma, dos ciclos de endeudamiento, uno en la dictadura militar, reestructuración en 1992 con condicionamientos y planes gravosos para el pueblo argentino, y un nuevo ciclo de endeudamiento entre 1992 y 2001, nuevamente una reestructuración complicada para la Argentina y otra vez un default.
Esta etapa que se abre después del default de 2001 es la tercera reestructuración de deuda en la Argentina, la que por primera vez es acompañada por un crecimiento económico gigantesco de casi un 8 por ciento -para ser exactos, 7,75 por ciento-, sin consecuencias gravosas para el pueblo argentino.
Es la primera vez -después de dos ciclos de endeudamiento, dos default y dos reestructuraciones gravosas para el pueblo argentino- que se aborda una reestructuración de deuda en la Argentina sin que ella establezca condicionantes internos a la política económica, programas de ajuste que dañen al pueblo argentino y una situación perenne de recurrencia en crisis de balance de pagos por imperio de la demanda de dólares y el problema del pago de intereses.
Este tipo de reestructuración restableció el rol del Estado como redistribuidor social y le permitió abocarse a políticas de expansión del gasto público sin condicionantes, que supusieron fuerte inversión social y en infraestructura. Asimismo, acondicionó los servicios de deuda entre el 2,25 y el 2,50 del Producto, descendiendo hoy a menos de dos puntos de ese indicador.
Además, como contrapartida permitió elevar la inversión en educación a 6 puntos del Producto. Por eso a lo largo de todos estos años, este proceso de reestructuración fue decisivo para quebrar esos 25 años cíclicos que pesaban sobre el pueblo argentino y sobre la capacidad de maniobra de los gobiernos votados por el pueblo.
Efectuada esta precisión, es necesario entender las características que tiene el actual proceso de reestructuración de deuda. Este proceso se hace con una quita de dos tercios del capital y reprograma los vencimientos a largo plazo a los tenedores mayoritarios de bonos, y a plazos más cortos a los tenedores de bonos de menor cuantía, con opciones en cuanto a la recuperación más o menos acelerada de los servicios de deuda en función de que adhirieran o no a las tasas de crecimiento argentinas, en lo que se conoció genéricamente como el cupón PBI. Esto se concretó en dos ofertas de canje, la de 2005 y la de 2010, sobre la base del esfuerzo compartido o del “riesgo moral”, como lo llaman los anglosajones.
En este caso el compromiso del acreedor y el deudor es recíproco. El deudor obra de buena fe y ofrece las mejores condiciones para el pago, y el acreedor acepta, porque sabe que cuando colocó sus fondos estaba imponiendo condiciones que eran inviables de sostener. No en vano muchos bancos de inversión fueron gravemente cuestionados, porque aconsejaban a sus clientes inversiones que no eran fácilmente recuperables.
Sobre esa base se trabajó ese proceso de reestructuración de deuda que, como ya señalé, respecto de los dos anteriores, el plan Brady y el megacanje, fue decidido por el gobierno nacional frente a los acreedores, con vocación nacional, autonomía y recuperación del Estado, lo cual se logró.
El segundo tema importante es que en la reestructuración de 2005 la aceptación alcanzó un 76 por ciento. En las asambleas de los organismos multilaterales se aconsejaba a la Argentina abrir una segunda oferta de canje, que permitiera superar el grado de reestructuración de deuda del 90 por ciento, para sentar las bases de salida del default, dada la magnitud de los acreedores que aceptaban y se incorporaban a la teoría del esfuerzo compartido.
Así se hizo y la reestructuración final de la totalidad de la deuda alcanzó casi el 93 por ciento. Es decir, en dos ofertas de canje, cuando el país creció como pocas veces en su historia, con capacidad autonómica del Estado de implementar políticas públicas refrendadas electoralmente, se logró reestructurar el 93 por ciento de la deuda pública en moneda extranjera.
Por lo tanto, este éxito nunca puede ser atacado por el fallo de un juez que pretende priorizar el cobro del ciento por ciento de la deuda de un minúsculo grupo de especuladores financieros, alterando las bases y condiciones aceptadas por el 93 por ciento de los bonistas que de buena fe convalidaron la propuesta de pago argentina.
Por eso es muy importante respaldar este proyecto de resolución y defender esta reestructuración de la deuda, cualquiera sea nuestra posición política, porque es la que trajo bienestar a los argentinos. Si esta reestructuración fuera tirada abajo, las consecuencias serían gravosas para el conjunto de la población argentina, cualquiera fuera el gobierno entrante, máxime en contextos donde las naciones europeas endeudadas ya están poniendo salvaguardas en caso de reestructuración de deuda. Es decir, si se superara el 85 por ciento de aceptación, estas condiciones serían de orden público para aquellos que no ingresaran al canje.
En consecuencia, la Argentina tiene todo a su favor para defender a rajatabla este tipo de reestructuración de la deuda: por la teoría del esfuerzo compartido, por la vocación de pago, por el cumplimiento que está llevando a cabo en cuanto a la reestructuración y por el grado de aceptación que ella ha tenido por parte de los bonistas.
Por lo tanto, esto nunca puede ser desbaratado en respaldo de un fondo minúsculo especulador a raíz de un fallo de un juez de los Estados Unidos.
En consecuencia, solicitamos el apoyo masivo de este proyecto de resolución que convalida esta reestructuración de la deuda. (Aplausos.)
La deuda surcó un ciclo entre 1976 y 2002, es decir, hace algo más de 25 años, cuando la Argentina estuvo signada por crisis recurrentes: 81/82, 89/90, 94/95 y 2001/2002, causadas por planes de ajuste y por la incapacidad del Estado para poder ejercer plenamente en los gobiernos democráticos la capacidad de cumplir su rol de distribuidor social.
La deuda era un condicionante recurrente que hacía que, en muchos casos en los gobiernos constitucionales, el voto terminara siempre recuperado para la misma política económica.
La deuda tuvo dos ciclos de gestación y dos de resolución, siendo éste el tercero que atravesamos. El primer ciclo fue el que se gestó durante la dictadura militar, que condicionó el regreso a la vida constitucional de la Argentina y desembocó en el default de 1988. Seguidamente tuvo la primera reestructuración o salida del default. Fue en el año 1992 con el denominado plan Brady.
Esa reestructuración contenía como condicionantes la aplicación de lo que en ese entonces se conocía como Consenso de Washington. Quiere decir que era imprescindible, para acceder al proceso de reestructuración del primer ciclo de deuda, la apertura externa de la economía, la desregulación interna del mercado y el proceso de privatización de activos públicos.
El ingreso al plan Brady, en 1992, habilitó un nuevo ciclo de endeudamiento en la Argentina, que después de una década concluyó nuevamente en un proceso de reestructuración, que se conoció como megacanje, y un default inmediato, seguido también por una crisis profunda y aguda.
En suma, dos ciclos de endeudamiento, uno en la dictadura militar, reestructuración en 1992 con condicionamientos y planes gravosos para el pueblo argentino, y un nuevo ciclo de endeudamiento entre 1992 y 2001, nuevamente una reestructuración complicada para la Argentina y otra vez un default.
Esta etapa que se abre después del default de 2001 es la tercera reestructuración de deuda en la Argentina, la que por primera vez es acompañada por un crecimiento económico gigantesco de casi un 8 por ciento -para ser exactos, 7,75 por ciento-, sin consecuencias gravosas para el pueblo argentino.
Es la primera vez -después de dos ciclos de endeudamiento, dos default y dos reestructuraciones gravosas para el pueblo argentino- que se aborda una reestructuración de deuda en la Argentina sin que ella establezca condicionantes internos a la política económica, programas de ajuste que dañen al pueblo argentino y una situación perenne de recurrencia en crisis de balance de pagos por imperio de la demanda de dólares y el problema del pago de intereses.
Este tipo de reestructuración restableció el rol del Estado como redistribuidor social y le permitió abocarse a políticas de expansión del gasto público sin condicionantes, que supusieron fuerte inversión social y en infraestructura. Asimismo, acondicionó los servicios de deuda entre el 2,25 y el 2,50 del Producto, descendiendo hoy a menos de dos puntos de ese indicador.
Además, como contrapartida permitió elevar la inversión en educación a 6 puntos del Producto. Por eso a lo largo de todos estos años, este proceso de reestructuración fue decisivo para quebrar esos 25 años cíclicos que pesaban sobre el pueblo argentino y sobre la capacidad de maniobra de los gobiernos votados por el pueblo.
Efectuada esta precisión, es necesario entender las características que tiene el actual proceso de reestructuración de deuda. Este proceso se hace con una quita de dos tercios del capital y reprograma los vencimientos a largo plazo a los tenedores mayoritarios de bonos, y a plazos más cortos a los tenedores de bonos de menor cuantía, con opciones en cuanto a la recuperación más o menos acelerada de los servicios de deuda en función de que adhirieran o no a las tasas de crecimiento argentinas, en lo que se conoció genéricamente como el cupón PBI. Esto se concretó en dos ofertas de canje, la de 2005 y la de 2010, sobre la base del esfuerzo compartido o del “riesgo moral”, como lo llaman los anglosajones.
En este caso el compromiso del acreedor y el deudor es recíproco. El deudor obra de buena fe y ofrece las mejores condiciones para el pago, y el acreedor acepta, porque sabe que cuando colocó sus fondos estaba imponiendo condiciones que eran inviables de sostener. No en vano muchos bancos de inversión fueron gravemente cuestionados, porque aconsejaban a sus clientes inversiones que no eran fácilmente recuperables.
Sobre esa base se trabajó ese proceso de reestructuración de deuda que, como ya señalé, respecto de los dos anteriores, el plan Brady y el megacanje, fue decidido por el gobierno nacional frente a los acreedores, con vocación nacional, autonomía y recuperación del Estado, lo cual se logró.
El segundo tema importante es que en la reestructuración de 2005 la aceptación alcanzó un 76 por ciento. En las asambleas de los organismos multilaterales se aconsejaba a la Argentina abrir una segunda oferta de canje, que permitiera superar el grado de reestructuración de deuda del 90 por ciento, para sentar las bases de salida del default, dada la magnitud de los acreedores que aceptaban y se incorporaban a la teoría del esfuerzo compartido.
Así se hizo y la reestructuración final de la totalidad de la deuda alcanzó casi el 93 por ciento. Es decir, en dos ofertas de canje, cuando el país creció como pocas veces en su historia, con capacidad autonómica del Estado de implementar políticas públicas refrendadas electoralmente, se logró reestructurar el 93 por ciento de la deuda pública en moneda extranjera.
Por lo tanto, este éxito nunca puede ser atacado por el fallo de un juez que pretende priorizar el cobro del ciento por ciento de la deuda de un minúsculo grupo de especuladores financieros, alterando las bases y condiciones aceptadas por el 93 por ciento de los bonistas que de buena fe convalidaron la propuesta de pago argentina.
Por eso es muy importante respaldar este proyecto de resolución y defender esta reestructuración de la deuda, cualquiera sea nuestra posición política, porque es la que trajo bienestar a los argentinos. Si esta reestructuración fuera tirada abajo, las consecuencias serían gravosas para el conjunto de la población argentina, cualquiera fuera el gobierno entrante, máxime en contextos donde las naciones europeas endeudadas ya están poniendo salvaguardas en caso de reestructuración de deuda. Es decir, si se superara el 85 por ciento de aceptación, estas condiciones serían de orden público para aquellos que no ingresaran al canje.
En consecuencia, la Argentina tiene todo a su favor para defender a rajatabla este tipo de reestructuración de la deuda: por la teoría del esfuerzo compartido, por la vocación de pago, por el cumplimiento que está llevando a cabo en cuanto a la reestructuración y por el grado de aceptación que ella ha tenido por parte de los bonistas.
Por lo tanto, esto nunca puede ser desbaratado en respaldo de un fondo minúsculo especulador a raíz de un fallo de un juez de los Estados Unidos.
En consecuencia, solicitamos el apoyo masivo de este proyecto de resolución que convalida esta reestructuración de la deuda. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR. GIL LAVEDRA, RICARDO RODOLFO (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: entendemos que el país se encuentra ante una situación sumamente delicada. El gobierno nacional tiene la responsabilidad de conducir las relaciones exteriores y la Constitución le atribuye al Congreso las facultades para arreglar su deuda externa. En esta ocasión, nos encontramos frente al caso de los instrumentos legales por los cuales el Congreso de la Nación le ha conferido al Poder Ejecutivo nacional la posibilidad de conducir un proceso de reestructuración de deuda y, por otro lado, atender los reclamos internacionales suscitados.
Desde la Unión Cívica Radical no podemos ser indiferentes a la estrategia, a las opciones y a los modos en que el gobierno pretende llevar adelante su accionar, cuyos lineamientos -sinceramente- desconocemos y, en muchos casos, no compartimos.
No está en juego aquí la posibilidad del relato de por qué la Argentina cayó en default, ni tampoco la necesidad de llevar adelante un proceso de reestructuración que la UCR ha acompañado.
No entendemos de qué manera se engarza este proyecto de resolución -que hemos habilitado para su tratamiento a los efectos de no entorpecer y no colocar ninguna piedra en la estrategia del Poder Ejecutivo- en el accionar que lleva adelante la República Argentina.
Esta iniciativa se está refiriendo específicamente a la última decisión del juez Griesa. No compartimos ninguno de los dos puntos que contiene este proyecto de resolución: no sabemos a qué apunta el primero y estamos directamente en contra del segundo.
Quisiera hablar con absoluta responsabilidad. En estos momentos, el ámbito del Congreso de la Nación tiene que ser un lugar en el cual todos nos conduzcamos con la mayor prudencia y mesura posibles, habida cuenta de la difícil situación en la que se encuentra la Argentina.
Quiero hacer algunos comentarios con respecto al proyecto de resolución. El primer punto declara la gravedad institucional de la resolución del juez Griesa al pretender obligar a la República Argentina a pagar más de 1.300 millones de dólares a los tenedores de bonos que decidieron no entrar en el canje, en tanto desconoce lo dispuesto por las leyes 26.017 y 26.547 y el procedimiento de reestructuración y cancelación de deuda propuesto por el gobierno de nuestro país.
Entendemos que no es el Congreso el que tiene que hacer una admonición al juez Griesa sobre no tomar en cuenta las leyes internas argentinas en materia de canje. Fue el propio Poder Ejecutivo el que, por decreto 1.735 del año 2004, inició el proceso de reestructuración, utilizando el artículo 16 de la ley 11.672, complementaria del presupuesto, que estableció la cláusula de la prórroga de jurisdicción y la renuncia a invocar la inmunidad soberana. También estableció la jurisdicción de Nueva York, de Londres y de Tokio y lo hizo, razonablemente, para tratar de alcanzar la mayor cantidad de tenedores de bonos posible y las mejores condiciones de emisión de los nuevos títulos para que la deuda pudiera canjearse de forma favorable para el Estado argentino.
De esta manera, nosotros mismos, cuando iniciamos el canje de la deuda, renunciamos a nuestra jurisdicción, y este es un precedente que se arrastra desde hace tiempo. Comienza en la dictadura de Onganía y luego fue convalidado durante el tercer gobierno justicialista en el año 1973, cuando se autorizó al Poder Ejecutivo a delegar la jurisdicción. Después fue la dictadura militar la que modificó el Código Procesal Civil y Comercial, estableciendo la posibilidad de prórroga de jurisdicción.
Estos elementos fueron luego atornillados como corresponde en la década del 90, cuando la Argentina, en pleno proceso de neoliberalización, firmó numerosos convenios y también emitió numerosa deuda, por la cual se sometía a la jurisdicción extranjera. Nuestro bloque ha presentado por intermedio del diputado Rogel un proyecto tendiente a modificar esta regla del artículo 1° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, para impedir la prórroga de jurisdicción y poder restablecer el principio de inmunidad soberana, del cual nunca nos debimos haber apartado.
En consecuencia, cuando nos sometemos a litigar en los tribunales de Nueva York, también nos estamos sometiendo a que estos consideren inoponibles muchas de las decisiones de nuestro derecho interno.
No ha surgido de la exposición del diputado Feletti cuáles son, en concreto, la razón y la estrategia de la necesidad de esta declaración en los términos en que está concebida.
La decisión del juez Griesa es insostenible. ¿Cómo no vamos a pensar esto si coloca a la Argentina frente a una imposibilidad? La Argentina no puede cumplir esta decisión, porque de hacerlo se le caería todo el proceso de reestructuración de su deuda. Esto perjudica gravemente a la República Argentina y a todas las reestructuraciones que puedan hacerse en el mundo.
No podrá haber reestructuraciones soberanas de deuda si la Justicia norteamericana dice a los holdouts, a los tenedores que quedaron afuera, que van a tener mejores condiciones que los que aceptaron un canje de deuda. Nadie va a entrar en una reestructuración de deuda si puede conseguir la satisfacción del cien por ciento de sus acreencias –como ha establecido el juez Griesa en su fallo ante la Justicia de los Estados Unidos.
Sin embargo, debemos decir que en la última decisión del juez Griesa –que nosotros, por supuesto, también criticamos duramente no ha resultado ajeno el gobierno argentino. Digo esto porque no se ha tenido suficientemente en cuenta que el juez Griesa ya falló en contra en febrero de este año. Algunos días más tarde, el 5 de marzo, el juez dejó en suspenso su fallo –lo que se llama stay, a condición de que la República Argentina no desconociera los alcances de su decisión y no mostrara intenciones de no cumplir con él.
En el punto 2 de la stay order Griesa dice, textualmente, que la República no debe, durante la instancia de apelación ante el segundo circuito, tomar ninguna acción que evada la directiva de la orden de febrero de 2012.
Por lo tanto, podemos decir que esa fue una de las razones por las cuales el juez Griesa suspendió su decisión. Tan así es que, a partir de ese momento, los funcionarios argentinos –la propia presidenta de la República y distintos ministros del gobierno nacional se cansaron de decir para consumo interno, es decir, para que los aplaudieran en algún acto en el país, que la Argentina nunca cumpliría esa decisión.
Esta es la explicación por la cual en noviembre, cuando vuelve a fallar, dice que la Argentina no quiere cumplir. Es más, esa pregunta se la hizo a los abogados de la parte, y luego citó las declaraciones de prensa de los propios funcionarios argentinos. Por eso el juez dicta el 21 de noviembre, entre sus órdenes, el levantamiento de su propio stay, o sea, la suspensión de la ejecución del fallo mientras dure la apelación.
A tal punto eso es así que el lunes la Argentina presentó una moción excepcional de emergencia, pidiendo lo que Griesa le negó, es decir que mientras se sustancia la apelación no se ejecute la orden de Griesa, para que el 15 de diciembre la Argentina no caiga en default técnico o default selectivo.
Todo esto es sinónimo de mala praxis. Estamos ante una torpeza increíble. Esta es una estrategia que va a traer consecuencias para el pueblo argentino. Por esta razón, es necesario que el gobierno y el bloque oficialista expliquen al pueblo de qué manera racional piensan revertir esta situación grave y delicada, sin caer en actitudes propias de patotas o de barricada. Sin duda, no lo van a hacer mediante este proyecto de resolución.
A continuación, me voy a referir brevemente al segundo punto de la iniciativa. Aclaro que no quiero que este recinto se embarque en una discusión sobre los alcances de la deuda, ya que eso puede perjudicar el logro del objetivo que todos queremos, que es el de preservar los intereses argentinos.
El segundo punto de esa decisión es, lisa y llanamente, insostenible. Digo esto porque pretende que la Corte Suprema intervenga, fuera de su competencia, en una cuestión que eventualmente le corresponde al Congreso de la Nación. Quiero decir que hay razones que hacen a la competencia, a la legitimación activa, al carácter de justiciabilidad de la cuestión, que impiden que la Corte pueda atender este tema. Voy a tratar de explicarlo brevemente.
Una presentación de los presidentes de las Cámaras para interponer ante la Corte Suprema de Justicia una acción declarativa de certeza significa hacerlo en el marco de la jurisdicción originaria. El marco de la jurisdicción originaria de la Corte establecido en el propio artículo 117 de la Constitución Nacional está solamente referido a los diplomáticos extranjeros y a aquellos juicios en los cuales una provincia sea parte. Incluso la Corte Suprema, desde el año 1887, desde el célebre caso “Sojo”, que siguió al precedente norteamericano establecido en “Marbury versus Madison”, ha dicho que esta competencia deriva de la Constitución y no puede alterarse. Es decir, no puede alterarse graciosamente.
La Corte no puede, por límites constitucionales, fallar casos distintos de los que establece el artículo 117 de la Constitución Nacional.
La segunda cuestión es la de la legitimación. Para interponer una acción frente a la Corte o ante cualquier tribunal es necesaria una legitimación activa, es decir, tener un interés concreto que defender. Pregunto: ¿cuál va a ser la legitimación activa de los presidentes de las Cámaras? ¿Cuál es el interés que ustedes van a defender? ¿Por qué van a estar legitimados para hacer una presentación ante la Corte, que lo que hace es describir el contenido de una ley vigente, que es que los tenedores de bonos, aun los no reestructurados, no estén en mejores condiciones que en los términos del canje 2010? Esta es una ley del Congreso. ¿Qué le van a pedir a la Corte?
La tercera cuestión es la justiciabilidad del caso. Nuestro Poder Judicial no puede emitir declaraciones en abstracto. Desde la ley 27, tiene que resolver un caso o controversia. Pregunto: ¿cuál es el caso o controversia que está en juego? Para que haya un caso, tiene que haber intereses en contrario, aun cuando se trate de una acción declarativa. ¿A quién van a demandar, señor presidente? En esta acción declarativa que se va a presentar ante la Corte, ¿quién es el demandado? ¿A quién quieren demandar? ¿Al juez Griesa?
Creo que en este caso no puede haber demandado posible. Acá no hay caso o controversia. El caso no es justiciable.
Paso a referirme a las acciones declarativas de certeza. En nuestro derecho positivo, las acciones declarativas de certeza se han convertido en una verdadera acción de inconstitucionalidad. Pero la Corte ha repetido en numerosos casos que la acción declarativa de certeza no es una consulta, es decir, el Poder Judicial no está llamado a evacuar consultas. Y ustedes le están pidiendo a la Corte que diga que la ley que sancionó el Congreso dice lo que dice.
Sinceramente, esto es inentendible. Acá no puede haber consulta alguna. El propio texto del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que es el que regula la acción declarativa de certeza, dice que debe referirse a una determinada relación jurídica.
¿A qué relación jurídica se refiere la acción en este caso, si lo que le están pidiendo a la Corte es que certifique que hay una ley sancionada por el Congreso que tiene determinado texto? ¿No sería mejor certificarla en la Procuraduría General de la Nación y mandarla a Estados Unidos, si quieren, y no pedirle a la Corte esto?
En consecuencia, entendemos que la situación es muy delicada y que requiere de parte del gobierno nacional una gran racionalidad. Creo que todos los bloques parlamentarios que integran este Congreso están dispuestos a acompañar y llegar a una solución que pueda beneficiar a todos los argentinos. No queremos que la República Argentina sea la perjudicada. Sin embargo, vemos que en éste, como en otros casos, el gobierno sólo se escucha a sí mismo. No está dispuesto a dialogar ni a decir cuál es la estrategia. Con la sola fuerza de su voluntad dice que esto es necesario.
Me gustaría que en los minutos que restan para los cierres nos expliquen por qué es necesario. Hemos habilitado el tratamiento de este tema porque no queremos, de ninguna manera, que el gobierno se quede sin una herramienta que considera indispensable.
Humildemente pedimos que se nos explique por qué es indispensable y de qué forma piensa el gobierno nacional tomar las medidas necesarias para que la Argentina no sufra consecuencias mayores, cuando muchas de las que está sufriendo son consecuencias de su propia torpeza. (Aplausos.)
Desde la Unión Cívica Radical no podemos ser indiferentes a la estrategia, a las opciones y a los modos en que el gobierno pretende llevar adelante su accionar, cuyos lineamientos -sinceramente- desconocemos y, en muchos casos, no compartimos.
No está en juego aquí la posibilidad del relato de por qué la Argentina cayó en default, ni tampoco la necesidad de llevar adelante un proceso de reestructuración que la UCR ha acompañado.
No entendemos de qué manera se engarza este proyecto de resolución -que hemos habilitado para su tratamiento a los efectos de no entorpecer y no colocar ninguna piedra en la estrategia del Poder Ejecutivo- en el accionar que lleva adelante la República Argentina.
Esta iniciativa se está refiriendo específicamente a la última decisión del juez Griesa. No compartimos ninguno de los dos puntos que contiene este proyecto de resolución: no sabemos a qué apunta el primero y estamos directamente en contra del segundo.
Quisiera hablar con absoluta responsabilidad. En estos momentos, el ámbito del Congreso de la Nación tiene que ser un lugar en el cual todos nos conduzcamos con la mayor prudencia y mesura posibles, habida cuenta de la difícil situación en la que se encuentra la Argentina.
Quiero hacer algunos comentarios con respecto al proyecto de resolución. El primer punto declara la gravedad institucional de la resolución del juez Griesa al pretender obligar a la República Argentina a pagar más de 1.300 millones de dólares a los tenedores de bonos que decidieron no entrar en el canje, en tanto desconoce lo dispuesto por las leyes 26.017 y 26.547 y el procedimiento de reestructuración y cancelación de deuda propuesto por el gobierno de nuestro país.
Entendemos que no es el Congreso el que tiene que hacer una admonición al juez Griesa sobre no tomar en cuenta las leyes internas argentinas en materia de canje. Fue el propio Poder Ejecutivo el que, por decreto 1.735 del año 2004, inició el proceso de reestructuración, utilizando el artículo 16 de la ley 11.672, complementaria del presupuesto, que estableció la cláusula de la prórroga de jurisdicción y la renuncia a invocar la inmunidad soberana. También estableció la jurisdicción de Nueva York, de Londres y de Tokio y lo hizo, razonablemente, para tratar de alcanzar la mayor cantidad de tenedores de bonos posible y las mejores condiciones de emisión de los nuevos títulos para que la deuda pudiera canjearse de forma favorable para el Estado argentino.
De esta manera, nosotros mismos, cuando iniciamos el canje de la deuda, renunciamos a nuestra jurisdicción, y este es un precedente que se arrastra desde hace tiempo. Comienza en la dictadura de Onganía y luego fue convalidado durante el tercer gobierno justicialista en el año 1973, cuando se autorizó al Poder Ejecutivo a delegar la jurisdicción. Después fue la dictadura militar la que modificó el Código Procesal Civil y Comercial, estableciendo la posibilidad de prórroga de jurisdicción.
Estos elementos fueron luego atornillados como corresponde en la década del 90, cuando la Argentina, en pleno proceso de neoliberalización, firmó numerosos convenios y también emitió numerosa deuda, por la cual se sometía a la jurisdicción extranjera. Nuestro bloque ha presentado por intermedio del diputado Rogel un proyecto tendiente a modificar esta regla del artículo 1° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, para impedir la prórroga de jurisdicción y poder restablecer el principio de inmunidad soberana, del cual nunca nos debimos haber apartado.
En consecuencia, cuando nos sometemos a litigar en los tribunales de Nueva York, también nos estamos sometiendo a que estos consideren inoponibles muchas de las decisiones de nuestro derecho interno.
No ha surgido de la exposición del diputado Feletti cuáles son, en concreto, la razón y la estrategia de la necesidad de esta declaración en los términos en que está concebida.
La decisión del juez Griesa es insostenible. ¿Cómo no vamos a pensar esto si coloca a la Argentina frente a una imposibilidad? La Argentina no puede cumplir esta decisión, porque de hacerlo se le caería todo el proceso de reestructuración de su deuda. Esto perjudica gravemente a la República Argentina y a todas las reestructuraciones que puedan hacerse en el mundo.
No podrá haber reestructuraciones soberanas de deuda si la Justicia norteamericana dice a los holdouts, a los tenedores que quedaron afuera, que van a tener mejores condiciones que los que aceptaron un canje de deuda. Nadie va a entrar en una reestructuración de deuda si puede conseguir la satisfacción del cien por ciento de sus acreencias –como ha establecido el juez Griesa en su fallo ante la Justicia de los Estados Unidos.
Sin embargo, debemos decir que en la última decisión del juez Griesa –que nosotros, por supuesto, también criticamos duramente no ha resultado ajeno el gobierno argentino. Digo esto porque no se ha tenido suficientemente en cuenta que el juez Griesa ya falló en contra en febrero de este año. Algunos días más tarde, el 5 de marzo, el juez dejó en suspenso su fallo –lo que se llama stay, a condición de que la República Argentina no desconociera los alcances de su decisión y no mostrara intenciones de no cumplir con él.
En el punto 2 de la stay order Griesa dice, textualmente, que la República no debe, durante la instancia de apelación ante el segundo circuito, tomar ninguna acción que evada la directiva de la orden de febrero de 2012.
Por lo tanto, podemos decir que esa fue una de las razones por las cuales el juez Griesa suspendió su decisión. Tan así es que, a partir de ese momento, los funcionarios argentinos –la propia presidenta de la República y distintos ministros del gobierno nacional se cansaron de decir para consumo interno, es decir, para que los aplaudieran en algún acto en el país, que la Argentina nunca cumpliría esa decisión.
Esta es la explicación por la cual en noviembre, cuando vuelve a fallar, dice que la Argentina no quiere cumplir. Es más, esa pregunta se la hizo a los abogados de la parte, y luego citó las declaraciones de prensa de los propios funcionarios argentinos. Por eso el juez dicta el 21 de noviembre, entre sus órdenes, el levantamiento de su propio stay, o sea, la suspensión de la ejecución del fallo mientras dure la apelación.
A tal punto eso es así que el lunes la Argentina presentó una moción excepcional de emergencia, pidiendo lo que Griesa le negó, es decir que mientras se sustancia la apelación no se ejecute la orden de Griesa, para que el 15 de diciembre la Argentina no caiga en default técnico o default selectivo.
Todo esto es sinónimo de mala praxis. Estamos ante una torpeza increíble. Esta es una estrategia que va a traer consecuencias para el pueblo argentino. Por esta razón, es necesario que el gobierno y el bloque oficialista expliquen al pueblo de qué manera racional piensan revertir esta situación grave y delicada, sin caer en actitudes propias de patotas o de barricada. Sin duda, no lo van a hacer mediante este proyecto de resolución.
A continuación, me voy a referir brevemente al segundo punto de la iniciativa. Aclaro que no quiero que este recinto se embarque en una discusión sobre los alcances de la deuda, ya que eso puede perjudicar el logro del objetivo que todos queremos, que es el de preservar los intereses argentinos.
El segundo punto de esa decisión es, lisa y llanamente, insostenible. Digo esto porque pretende que la Corte Suprema intervenga, fuera de su competencia, en una cuestión que eventualmente le corresponde al Congreso de la Nación. Quiero decir que hay razones que hacen a la competencia, a la legitimación activa, al carácter de justiciabilidad de la cuestión, que impiden que la Corte pueda atender este tema. Voy a tratar de explicarlo brevemente.
Una presentación de los presidentes de las Cámaras para interponer ante la Corte Suprema de Justicia una acción declarativa de certeza significa hacerlo en el marco de la jurisdicción originaria. El marco de la jurisdicción originaria de la Corte establecido en el propio artículo 117 de la Constitución Nacional está solamente referido a los diplomáticos extranjeros y a aquellos juicios en los cuales una provincia sea parte. Incluso la Corte Suprema, desde el año 1887, desde el célebre caso “Sojo”, que siguió al precedente norteamericano establecido en “Marbury versus Madison”, ha dicho que esta competencia deriva de la Constitución y no puede alterarse. Es decir, no puede alterarse graciosamente.
La Corte no puede, por límites constitucionales, fallar casos distintos de los que establece el artículo 117 de la Constitución Nacional.
La segunda cuestión es la de la legitimación. Para interponer una acción frente a la Corte o ante cualquier tribunal es necesaria una legitimación activa, es decir, tener un interés concreto que defender. Pregunto: ¿cuál va a ser la legitimación activa de los presidentes de las Cámaras? ¿Cuál es el interés que ustedes van a defender? ¿Por qué van a estar legitimados para hacer una presentación ante la Corte, que lo que hace es describir el contenido de una ley vigente, que es que los tenedores de bonos, aun los no reestructurados, no estén en mejores condiciones que en los términos del canje 2010? Esta es una ley del Congreso. ¿Qué le van a pedir a la Corte?
La tercera cuestión es la justiciabilidad del caso. Nuestro Poder Judicial no puede emitir declaraciones en abstracto. Desde la ley 27, tiene que resolver un caso o controversia. Pregunto: ¿cuál es el caso o controversia que está en juego? Para que haya un caso, tiene que haber intereses en contrario, aun cuando se trate de una acción declarativa. ¿A quién van a demandar, señor presidente? En esta acción declarativa que se va a presentar ante la Corte, ¿quién es el demandado? ¿A quién quieren demandar? ¿Al juez Griesa?
Creo que en este caso no puede haber demandado posible. Acá no hay caso o controversia. El caso no es justiciable.
Paso a referirme a las acciones declarativas de certeza. En nuestro derecho positivo, las acciones declarativas de certeza se han convertido en una verdadera acción de inconstitucionalidad. Pero la Corte ha repetido en numerosos casos que la acción declarativa de certeza no es una consulta, es decir, el Poder Judicial no está llamado a evacuar consultas. Y ustedes le están pidiendo a la Corte que diga que la ley que sancionó el Congreso dice lo que dice.
Sinceramente, esto es inentendible. Acá no puede haber consulta alguna. El propio texto del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que es el que regula la acción declarativa de certeza, dice que debe referirse a una determinada relación jurídica.
¿A qué relación jurídica se refiere la acción en este caso, si lo que le están pidiendo a la Corte es que certifique que hay una ley sancionada por el Congreso que tiene determinado texto? ¿No sería mejor certificarla en la Procuraduría General de la Nación y mandarla a Estados Unidos, si quieren, y no pedirle a la Corte esto?
En consecuencia, entendemos que la situación es muy delicada y que requiere de parte del gobierno nacional una gran racionalidad. Creo que todos los bloques parlamentarios que integran este Congreso están dispuestos a acompañar y llegar a una solución que pueda beneficiar a todos los argentinos. No queremos que la República Argentina sea la perjudicada. Sin embargo, vemos que en éste, como en otros casos, el gobierno sólo se escucha a sí mismo. No está dispuesto a dialogar ni a decir cuál es la estrategia. Con la sola fuerza de su voluntad dice que esto es necesario.
Me gustaría que en los minutos que restan para los cierres nos expliquen por qué es necesario. Hemos habilitado el tratamiento de este tema porque no queremos, de ninguna manera, que el gobierno se quede sin una herramienta que considera indispensable.
Humildemente pedimos que se nos explique por qué es indispensable y de qué forma piensa el gobierno nacional tomar las medidas necesarias para que la Argentina no sufra consecuencias mayores, cuando muchas de las que está sufriendo son consecuencias de su propia torpeza. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
SR. GERMANO, DANIEL (SANTA FE):
Señor presidente: voy a ser breve, porque entiendo que el tema es importante y es preferible que hablemos lo menos posible.
Vivimos un momento muy particular. Diría de incertidumbre. Estamos ante un fallo que la Argentina ciertamente no esperaba.
No hemos aprobado el tratamiento sobre tablas de este tema, en el entendimiento de que era mejor no tratar esta cuestión, porque es mejor no hablar. Debemos ser medidos con las palabras, porque las que pronunciaron altos funcionarios del gobierno fueron transcriptas en el fallo del juez Griesa. Esto no nos favoreció.
Vivimos un momento muy particular. Diría de incertidumbre. Estamos ante un fallo que la Argentina ciertamente no esperaba.
No hemos aprobado el tratamiento sobre tablas de este tema, en el entendimiento de que era mejor no tratar esta cuestión, porque es mejor no hablar. Debemos ser medidos con las palabras, porque las que pronunciaron altos funcionarios del gobierno fueron transcriptas en el fallo del juez Griesa. Esto no nos favoreció.
- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1a de la Honorable Cámara, profesora Norma Amanda Abdala de Matarazzo.
SR. GERMANO, DANIEL (SANTA FE):
Escuchaba al señor diputado Feletti y, sin compartir todo lo que decía, mientras hablaba yo iba pensando que esto era a favor y esto otro en contra de lo que estamos solicitando. La costumbre del relato tiene un problema en este tema de resolver la deuda, porque podemos adelantar el final del cuento, que puede no gustarle a quien lo está interpretando.
Cuando efectuamos el canje -que ciertamente se vendió como exitoso y realmente lo fue en cuanto a la cantidad de voluntades que se presentaron a aceptarlo- tengo dudas de que haya sido exitoso desde el punto de vista económico para la Argentina, ya que la cantidad de adherentes que hubo fue porque la oferta resultó ser excelentemente buena.
Ese cupón atado al PBI, como una especie de ticket canasta, sumado a los títulos de nuestra deuda, todos saben que el mercado no lo valoró en tiempo y forma. Con el correr del tiempo nos fuimos dando cuenta de que estamos pagando un alto porcentaje de esa deuda.
Con el ánimo de no adelantar lo que creo va a expresar el fallo, estoy seguro de una cosa que no va a decir: bajo ningún concepto el juez va a decir que paguemos cero; eso no existe. En materia de deuda el cero no existe, salvo que le demos lugar a una discusión que seguramente por los antecedentes que tengo abordarán los legisladores que están presentes y harán uso de la palabra, y empecemos a hablar de la deuda legítima e ilegítima.
Quien habla –no es una opinión del bloque- tiene la profunda convicción de que la deuda es legítima, porque si tenemos deuda ilegítima debemos empezar a pensar quién está preso por haberla contraído; si no, toda la deuda es legítima.
¿Acaso me quieren hacer creer que el extranjero vino acá, se sentó, fabricó los pagarés, se los llevó y después nos terminó demandando? Me parece que toda la deuda es legítima. Aprendamos por qué nos endeudamos, pero eso es otra cosa.
Cuando nos referimos a la deuda hablamos del pasado, del presente y del futuro. Hablamos del pasado porque tenemos incumplimiento, y lo sabemos. El canje no fue exitoso en un ciento por ciento. ¿Acaso pensábamos que ese 7 por ciento que quedó afuera iba a salir cero, que nunca lo iban a cobrar?
Lo único que adelanto, para que a lo mejor Griesa lo pueda tomar, es que no debemos tratar de transmitir incertidumbre al pueblo argentino en el sentido de que los que entraron en el canje van a tener derecho a una oferta mejor si es que esto sale distinto. Esto no es así, porque ni la presidenta ni el ministro están diciendo que ofrecen una suma mayor, de ninguna manera. Llegado el caso, lo que harán será cumplir una sentencia. Por cierto –hablando en el lenguaje nuestro de cada día-, están pataleando con suma fortaleza para no pagar una suma distinta a la del canje, pero reconozcamos que hay un error en nuestra ley de canje.
¿Qué es esto de haber cerrado el canje? Y tengo autoridad para decirlo, porque lo expresé en tiempo y forma: el canje nunca debió quedar cerrado; debió quedar con una fecha tope para que, si el Congreso autorizaba al gobierno a negociar la deuda, se hiciera siempre y cuando se respetaran los márgenes que esa ley establecía, con esos porcentajes de quita y con esos pagos. Todo es cuestión de una fórmula matemática según los distintos momentos. No es una cosa imposible de resolver.
Existe el entendimiento de que no hablar es mejor, porque está muy claro lo que nosotros estamos esperando: estamos esperando que ese porcentaje de acreedores que no se presentaron sigan litigando para ver qué sacan, qué se llevan. Está claro que quieren una cosa mejor. Depende de la habilidad de la Argentina y de la de nuestros abogados poder lograrlo, pero no corramos el riesgo de herir susceptibilidades ya que como decía Gil Lavedra, él está convencido de eso podría pensarse que Griesa tuvo una fuerte influencia de las declaraciones públicas de los funcionarios para haber tomado la medida que tomó.
Para mí esta resolución prueba un camino ciertamente riesgoso. Espero que le sirva al relato del oficialismo, que entiende que con esto está transmitiendo su postura al resto del arco político argentino. Dicha postura no es precisamente la nuestra. Nosotros creemos que esta resolución, más que inocua, abre un camino de riesgoso recorrido. (Aplausos.)
Cuando efectuamos el canje -que ciertamente se vendió como exitoso y realmente lo fue en cuanto a la cantidad de voluntades que se presentaron a aceptarlo- tengo dudas de que haya sido exitoso desde el punto de vista económico para la Argentina, ya que la cantidad de adherentes que hubo fue porque la oferta resultó ser excelentemente buena.
Ese cupón atado al PBI, como una especie de ticket canasta, sumado a los títulos de nuestra deuda, todos saben que el mercado no lo valoró en tiempo y forma. Con el correr del tiempo nos fuimos dando cuenta de que estamos pagando un alto porcentaje de esa deuda.
Con el ánimo de no adelantar lo que creo va a expresar el fallo, estoy seguro de una cosa que no va a decir: bajo ningún concepto el juez va a decir que paguemos cero; eso no existe. En materia de deuda el cero no existe, salvo que le demos lugar a una discusión que seguramente por los antecedentes que tengo abordarán los legisladores que están presentes y harán uso de la palabra, y empecemos a hablar de la deuda legítima e ilegítima.
Quien habla –no es una opinión del bloque- tiene la profunda convicción de que la deuda es legítima, porque si tenemos deuda ilegítima debemos empezar a pensar quién está preso por haberla contraído; si no, toda la deuda es legítima.
¿Acaso me quieren hacer creer que el extranjero vino acá, se sentó, fabricó los pagarés, se los llevó y después nos terminó demandando? Me parece que toda la deuda es legítima. Aprendamos por qué nos endeudamos, pero eso es otra cosa.
Cuando nos referimos a la deuda hablamos del pasado, del presente y del futuro. Hablamos del pasado porque tenemos incumplimiento, y lo sabemos. El canje no fue exitoso en un ciento por ciento. ¿Acaso pensábamos que ese 7 por ciento que quedó afuera iba a salir cero, que nunca lo iban a cobrar?
Lo único que adelanto, para que a lo mejor Griesa lo pueda tomar, es que no debemos tratar de transmitir incertidumbre al pueblo argentino en el sentido de que los que entraron en el canje van a tener derecho a una oferta mejor si es que esto sale distinto. Esto no es así, porque ni la presidenta ni el ministro están diciendo que ofrecen una suma mayor, de ninguna manera. Llegado el caso, lo que harán será cumplir una sentencia. Por cierto –hablando en el lenguaje nuestro de cada día-, están pataleando con suma fortaleza para no pagar una suma distinta a la del canje, pero reconozcamos que hay un error en nuestra ley de canje.
¿Qué es esto de haber cerrado el canje? Y tengo autoridad para decirlo, porque lo expresé en tiempo y forma: el canje nunca debió quedar cerrado; debió quedar con una fecha tope para que, si el Congreso autorizaba al gobierno a negociar la deuda, se hiciera siempre y cuando se respetaran los márgenes que esa ley establecía, con esos porcentajes de quita y con esos pagos. Todo es cuestión de una fórmula matemática según los distintos momentos. No es una cosa imposible de resolver.
Existe el entendimiento de que no hablar es mejor, porque está muy claro lo que nosotros estamos esperando: estamos esperando que ese porcentaje de acreedores que no se presentaron sigan litigando para ver qué sacan, qué se llevan. Está claro que quieren una cosa mejor. Depende de la habilidad de la Argentina y de la de nuestros abogados poder lograrlo, pero no corramos el riesgo de herir susceptibilidades ya que como decía Gil Lavedra, él está convencido de eso podría pensarse que Griesa tuvo una fuerte influencia de las declaraciones públicas de los funcionarios para haber tomado la medida que tomó.
Para mí esta resolución prueba un camino ciertamente riesgoso. Espero que le sirva al relato del oficialismo, que entiende que con esto está transmitiendo su postura al resto del arco político argentino. Dicha postura no es precisamente la nuestra. Nosotros creemos que esta resolución, más que inocua, abre un camino de riesgoso recorrido. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Los señores diputados Claudio Lozano y Margarita Stolbizer comparten el tiempo de veinte minutos.
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR. LOZANO, CLAUDIO RAUL (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señora presidenta: el interbloque del Frente Amplio Progresista quisiera señalar lo siguiente. Cuando se piensa cómo afrontar la problemática del endeudamiento hay dos caminos para hacerlo. Uno es el del respeto a los mercados, a la lógica financiera. Esto tiene que ver con la aplicación de quitas, con la definición de acreedores privilegiados para los organismos multilaterales de crédito como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y con un objetivo, que es retornar al mercado de capitales, casualmente para seguir tomando deuda.
En realidad, en esta lógica que se ha practicado de manera sistemática en la Argentina desde el retorno a la democracia, el resultado ha sido pagar, pagar, pagar, ver que la deuda se mantiene y no disminuye, y al mismo tiempo no tener posibilidades de sostener nuestro desarrollo.
La segunda opción es aquella en la cual el Estado hace un intento de recuperar soberanía, que implica colocar al Parlamento en el centro de este debate, tal cual lo fija la Constitución. Implica también la conformación de una comisión bicameral de investigación para llevar adelante una auditoría de la deuda pública, que debería estar integrada por expertos internacionales y locales. Esa opción supone también discriminar las deudas y los acreedores, es decir, resolver qué deuda es legítima y cuál no, cuál es legal, cuál corresponde pagar y cuál no corresponde hacerlo.
Nosotros siempre hemos suscripto esta última posibilidad. No lo hacemos por casualidad, sino porque el proceso del endeudamiento argentino nace en el marco de la ilegitimidad de la dictadura. Es un endeudamiento originalmente de carácter privado, vinculado a los capitales más importantes que operaban en nuestro país, y asociado a un proceso de fuga de capitales y posterior estatización del endeudamiento público. Además, sus distintas reestructuraciones posteriores tienen profundísimos vicios de legalidad, entre ellos, el haber renunciado una y otra vez a la inmunidad soberana de la Argentina y haberla transformado en un simple deudor comercial.
Ese es el camino que nosotros siempre hemos sugerido. No es el que ha tomado este gobierno ni ninguno de los gobiernos de la experiencia democrática. Este gobierno también siguió la senda de los mercados y la lógica financiera, aunque no la completó, la hizo en parte. La lógica financiera de los mercados requiere dejar el canje abierto para que terminen de ingresar los que no se convencieron, supone el compromiso de pagar al Club de París y también reconocer las deudas con las empresas privatizadas en el ámbito del CIADI. Ese es el camino de los mercados. El gobierno recorrió una parte, pero en determinado momento dejó de hacerlo.
Es en este marco donde entendemos que debe colocarse el análisis del fallo del juez Griesa. Se trata de un fallo verdaderamente anacrónico pero que al mismo tiempo revela los límites que tiene la estrategia argentina. Cuando digo fallo anacrónico me refiero a que es un fallo que está a contramano del contexto mundial. En un mundo en crisis que busca la manera de reestructurar deudas, lo que hace este fallo es tomarse la atribución de voltear una reestructuración. Es un fallo que ha concitado una respuesta negativa por parte de bonistas de la reserva federal, de los países europeos, de los propios funcionarios de los organismos multilaterales, de Anne Krueger y del Fondo Monetario Internacional. En realidad, es un apriete que tiene por objeto que la Argentina siga el camino que dejó abierto, es decir, que sume los cerca de 11 mil millones de dólares que están todavía sin ingresar en manos de los bonistas que quedaron afuera, que se comprometa y cumpla con el pago al Club de París.
Esa deuda fue tomada en un 50 por ciento en la dictadura militar y en otro 50 por ciento fue financiada por España para garantizar que sus empresas privatizadas sacaran sus utilidades antes del cambio de la convertibilidad. Y también está el camino de reconocer lo que se nos pide en el CIADI. Esto es lo que reclama el fallo del juez Griesa.
En realidad, nosotros siempre estuvimos en desacuerdo con el camino que tomó el gobierno; tan en desacuerdo que incluso presentamos una denuncia parlamentaria y judicial respecto del canje 2010, señalando que fue inconstitucional, ilegal y con tráfico de influencias, y también un pedido firmado por todos los bloques de esta Cámara, que nunca se cumplió, que fue aprobado en el recinto para que el gobierno nos permitiera ver quiénes eran los bonistas que habían entrado al canje.
Hoy el fracaso de la estrategia oficial es más que evidente. En el tiempo de este gobierno hemos pagado más que nunca en términos de pagos netos por deuda. De 2003 a 2012 triplicamos los pagos que se hicieron en la década del 90: más de 33 mil millones de dólares de deuda neta fueron pagados por la Argentina. A pesar de ello, nuestra deuda, sumado lo de los holdouts, lo del Club de París y sus punitorios, y todo lo que hay que sumar, no baja de 220 mil millones de dólares.
Eso sí, hubo un cambio en la composición de los acreedores, porque el gobierno aceleró los pagos a los acreedores privados mientras que se endeudó con el Banco Central y la ANSES. Nosotros pagamos más que nunca en esta etapa y seguimos endeudados en el mismo porcentaje de deuda que en 1997. Sin embargo, andamos clandestinos por el mundo, nos embargan la fragata y Griesa nos hace un juicio. Esta realidad demuestra el fracaso de la estrategia.
Este camino nos lleva a los tumbos, a seguir sumando endeudamiento, nos obliga a endeudarnos y lo que no se termina de entender –porque algunos dicen que estamos bárbaro con el tema de la deuda- es que entre 2011 y 2012 y lo que se prevé para 2013 la Argentina no ha logrado con sus propios recursos afrontar los pagos de la deuda pública. El déficit del Estado nacional equivale al total de intereses que pagamos por deuda. Eso implica que hemos iniciado otro ciclo de endeudamiento, lo cual es preocupante.
Hasta el momento, ese endeudamiento se resuelve tomando deuda con el Banco Central y con la ANSES, lo cual no es eterno ni deja de producir efectos. Hay efectos en materia de precios, en haberes previsionales de miseria que necesitaríamos mejorar, en limitaciones con las provincias. Frente al no default externo lo que hay es un default con las provincias, con los jubilados y el conjunto de la comunidad.
No es cierto que no produzca efectos; lo que cambia es el tipo de efectos que se producen: mejora la balanza de divisas, pero genera efectos en el manejo de la economía interna y restricciones a la política económica interna.
Por lo tanto, nosotros no estamos de acuerdo con que sea defender los intereses nacionales aceptar una y otra vez la prórroga de jurisdicción y que nos juzguen como deudores comerciales en cualquier tribunal del mundo. Digo esto porque no solamente se refiere a los bonos viejos sino también a los nuevos que emitió el gobierno.
Además, en la reforma del Código Civil y Comercial que se nos ha enviado, por vía del arbitraje se mete el tema de renunciar a la inmunidad soberana y estar sujetos a tribunales internacionales. Nosotros decimos que no se defiende el interés nacional teniendo como agente de pago un banco norteamericano que hoy es “apretado” por Griesa y tiene que optar entre hacernos caso a nosotros respecto a quién debe pagarle o hacerle caso a Griesa en cuánto a quién debe pagar.
Nosotros nunca debimos haber dejado de tener al Banco Central de la República Argentina como el agente financiero para llevar adelante estas operaciones, y nunca debimos haber permitido que el estudio de abogados que nos defiende fuera el mismo de la etapa de Menem y de Duhalde, un estudio de abogados que en realidad son los abogados del Credit Suisse, del Goldman Sachs, del Morgan y del Citi, son los abogados de la banca acreedora. Es como dormir con el enemigo.
Esta realidad es la que nosotros creemos que no conduce a ningún lugar, por lo que estamos diciendo, porque en realidad no se defiende el interés nacional de esta manera, porque por el volumen de deuda que ya tenemos no podemos seguir aceptando deuda, y porque este es un fallo anacrónico que tiene enfrente a la propia comunidad financiera internacional.
Creemos que este es un momento adecuado para que la Argentina no abra el canje, no valide estas presiones y ponga en marcha un proceso de revisión de su estrategia, recuperando la posibilidad de que este Congreso discuta en serio y constituya la bicameral que está prevista, con proyecto presentado y que nunca pudimos votar ni poner en marcha. Llevemos adelante la auditoría integral de la deuda pública y comencemos a recuperar la inmunidad soberana del Estado argentino.
Tenemos instrumentos concretos como el juicio en el juzgado número 2 del año 2000, como la presentación que hicimos con varios legisladores ante el juez Martínez de Giorgi, que en realidad fue tomada por el propio Ministerio Público, por el fiscal Delgado, quien nos dijo que teníamos razón y que era nula la deuda.
Hay instrumentos para seguir discutiendo. Por esta razón y porque la propuesta que están mandando como proyecto de resolución es absolutamente ociosa, ya que nos pide que volvamos a decir lo que ya se ha dicho a través de la ley cerrojo y porque en realidad también nos dice implícitamente que vamos a aceptar pagarles a los que quedaron afuera, aunque sea en los mismos términos que los que entraron, por todas estas razones nosotros no estamos dispuestos a acompañar la propuesta del oficialismo. (Aplausos.)
En realidad, en esta lógica que se ha practicado de manera sistemática en la Argentina desde el retorno a la democracia, el resultado ha sido pagar, pagar, pagar, ver que la deuda se mantiene y no disminuye, y al mismo tiempo no tener posibilidades de sostener nuestro desarrollo.
La segunda opción es aquella en la cual el Estado hace un intento de recuperar soberanía, que implica colocar al Parlamento en el centro de este debate, tal cual lo fija la Constitución. Implica también la conformación de una comisión bicameral de investigación para llevar adelante una auditoría de la deuda pública, que debería estar integrada por expertos internacionales y locales. Esa opción supone también discriminar las deudas y los acreedores, es decir, resolver qué deuda es legítima y cuál no, cuál es legal, cuál corresponde pagar y cuál no corresponde hacerlo.
Nosotros siempre hemos suscripto esta última posibilidad. No lo hacemos por casualidad, sino porque el proceso del endeudamiento argentino nace en el marco de la ilegitimidad de la dictadura. Es un endeudamiento originalmente de carácter privado, vinculado a los capitales más importantes que operaban en nuestro país, y asociado a un proceso de fuga de capitales y posterior estatización del endeudamiento público. Además, sus distintas reestructuraciones posteriores tienen profundísimos vicios de legalidad, entre ellos, el haber renunciado una y otra vez a la inmunidad soberana de la Argentina y haberla transformado en un simple deudor comercial.
Ese es el camino que nosotros siempre hemos sugerido. No es el que ha tomado este gobierno ni ninguno de los gobiernos de la experiencia democrática. Este gobierno también siguió la senda de los mercados y la lógica financiera, aunque no la completó, la hizo en parte. La lógica financiera de los mercados requiere dejar el canje abierto para que terminen de ingresar los que no se convencieron, supone el compromiso de pagar al Club de París y también reconocer las deudas con las empresas privatizadas en el ámbito del CIADI. Ese es el camino de los mercados. El gobierno recorrió una parte, pero en determinado momento dejó de hacerlo.
Es en este marco donde entendemos que debe colocarse el análisis del fallo del juez Griesa. Se trata de un fallo verdaderamente anacrónico pero que al mismo tiempo revela los límites que tiene la estrategia argentina. Cuando digo fallo anacrónico me refiero a que es un fallo que está a contramano del contexto mundial. En un mundo en crisis que busca la manera de reestructurar deudas, lo que hace este fallo es tomarse la atribución de voltear una reestructuración. Es un fallo que ha concitado una respuesta negativa por parte de bonistas de la reserva federal, de los países europeos, de los propios funcionarios de los organismos multilaterales, de Anne Krueger y del Fondo Monetario Internacional. En realidad, es un apriete que tiene por objeto que la Argentina siga el camino que dejó abierto, es decir, que sume los cerca de 11 mil millones de dólares que están todavía sin ingresar en manos de los bonistas que quedaron afuera, que se comprometa y cumpla con el pago al Club de París.
Esa deuda fue tomada en un 50 por ciento en la dictadura militar y en otro 50 por ciento fue financiada por España para garantizar que sus empresas privatizadas sacaran sus utilidades antes del cambio de la convertibilidad. Y también está el camino de reconocer lo que se nos pide en el CIADI. Esto es lo que reclama el fallo del juez Griesa.
En realidad, nosotros siempre estuvimos en desacuerdo con el camino que tomó el gobierno; tan en desacuerdo que incluso presentamos una denuncia parlamentaria y judicial respecto del canje 2010, señalando que fue inconstitucional, ilegal y con tráfico de influencias, y también un pedido firmado por todos los bloques de esta Cámara, que nunca se cumplió, que fue aprobado en el recinto para que el gobierno nos permitiera ver quiénes eran los bonistas que habían entrado al canje.
Hoy el fracaso de la estrategia oficial es más que evidente. En el tiempo de este gobierno hemos pagado más que nunca en términos de pagos netos por deuda. De 2003 a 2012 triplicamos los pagos que se hicieron en la década del 90: más de 33 mil millones de dólares de deuda neta fueron pagados por la Argentina. A pesar de ello, nuestra deuda, sumado lo de los holdouts, lo del Club de París y sus punitorios, y todo lo que hay que sumar, no baja de 220 mil millones de dólares.
Eso sí, hubo un cambio en la composición de los acreedores, porque el gobierno aceleró los pagos a los acreedores privados mientras que se endeudó con el Banco Central y la ANSES. Nosotros pagamos más que nunca en esta etapa y seguimos endeudados en el mismo porcentaje de deuda que en 1997. Sin embargo, andamos clandestinos por el mundo, nos embargan la fragata y Griesa nos hace un juicio. Esta realidad demuestra el fracaso de la estrategia.
Este camino nos lleva a los tumbos, a seguir sumando endeudamiento, nos obliga a endeudarnos y lo que no se termina de entender –porque algunos dicen que estamos bárbaro con el tema de la deuda- es que entre 2011 y 2012 y lo que se prevé para 2013 la Argentina no ha logrado con sus propios recursos afrontar los pagos de la deuda pública. El déficit del Estado nacional equivale al total de intereses que pagamos por deuda. Eso implica que hemos iniciado otro ciclo de endeudamiento, lo cual es preocupante.
Hasta el momento, ese endeudamiento se resuelve tomando deuda con el Banco Central y con la ANSES, lo cual no es eterno ni deja de producir efectos. Hay efectos en materia de precios, en haberes previsionales de miseria que necesitaríamos mejorar, en limitaciones con las provincias. Frente al no default externo lo que hay es un default con las provincias, con los jubilados y el conjunto de la comunidad.
No es cierto que no produzca efectos; lo que cambia es el tipo de efectos que se producen: mejora la balanza de divisas, pero genera efectos en el manejo de la economía interna y restricciones a la política económica interna.
Por lo tanto, nosotros no estamos de acuerdo con que sea defender los intereses nacionales aceptar una y otra vez la prórroga de jurisdicción y que nos juzguen como deudores comerciales en cualquier tribunal del mundo. Digo esto porque no solamente se refiere a los bonos viejos sino también a los nuevos que emitió el gobierno.
Además, en la reforma del Código Civil y Comercial que se nos ha enviado, por vía del arbitraje se mete el tema de renunciar a la inmunidad soberana y estar sujetos a tribunales internacionales. Nosotros decimos que no se defiende el interés nacional teniendo como agente de pago un banco norteamericano que hoy es “apretado” por Griesa y tiene que optar entre hacernos caso a nosotros respecto a quién debe pagarle o hacerle caso a Griesa en cuánto a quién debe pagar.
Nosotros nunca debimos haber dejado de tener al Banco Central de la República Argentina como el agente financiero para llevar adelante estas operaciones, y nunca debimos haber permitido que el estudio de abogados que nos defiende fuera el mismo de la etapa de Menem y de Duhalde, un estudio de abogados que en realidad son los abogados del Credit Suisse, del Goldman Sachs, del Morgan y del Citi, son los abogados de la banca acreedora. Es como dormir con el enemigo.
Esta realidad es la que nosotros creemos que no conduce a ningún lugar, por lo que estamos diciendo, porque en realidad no se defiende el interés nacional de esta manera, porque por el volumen de deuda que ya tenemos no podemos seguir aceptando deuda, y porque este es un fallo anacrónico que tiene enfrente a la propia comunidad financiera internacional.
Creemos que este es un momento adecuado para que la Argentina no abra el canje, no valide estas presiones y ponga en marcha un proceso de revisión de su estrategia, recuperando la posibilidad de que este Congreso discuta en serio y constituya la bicameral que está prevista, con proyecto presentado y que nunca pudimos votar ni poner en marcha. Llevemos adelante la auditoría integral de la deuda pública y comencemos a recuperar la inmunidad soberana del Estado argentino.
Tenemos instrumentos concretos como el juicio en el juzgado número 2 del año 2000, como la presentación que hicimos con varios legisladores ante el juez Martínez de Giorgi, que en realidad fue tomada por el propio Ministerio Público, por el fiscal Delgado, quien nos dijo que teníamos razón y que era nula la deuda.
Hay instrumentos para seguir discutiendo. Por esta razón y porque la propuesta que están mandando como proyecto de resolución es absolutamente ociosa, ya que nos pide que volvamos a decir lo que ya se ha dicho a través de la ley cerrojo y porque en realidad también nos dice implícitamente que vamos a aceptar pagarles a los que quedaron afuera, aunque sea en los mismos términos que los que entraron, por todas estas razones nosotros no estamos dispuestos a acompañar la propuesta del oficialismo. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
SRA. STOLBIZER, MARGARITA ROSA (BUENOS AIRES):
Señora presidenta: voy a incorporar brevemente y poner en tratamiento otra perspectiva y otra mirada más vinculada con cuestiones institucionales, ya que se nos solicita poner en tratamiento un proyecto de resolución para abordar un hecho en el que en realidad este Congreso, pese a las atribuciones que establece el artículo 75 de la Constitución Nacional en su inciso 7º nunca tuvo injerencia. Y no solo no hemos tenido injerencia sino tampoco información.
Asimismo el oficialismo ha obturado de hecho durante todo este tiempo que el ministro de Relaciones Exteriores o el ministro de Economía concurrieran a brindar un informe.
No han aceptado ni siquiera debatir en profundidad cuáles son las causas que llevaron a tener en este momento nuestra fragata insignia, la fragata “Libertad”, retenida en el puerto de Ghana, en África.
Creo que para abordar este tipo de cuestiones lo primero es reconocer los errores. No es suficiente buscar culpas ajenas; y la provocación no es una buena política en materia de relaciones internacionales.
Creo que lamentablemente están convirtiendo la división de poderes en una caricatura con la sola intención de esconder la mala gestión que han hecho durante todo este tiempo, el gobierno a través del Poder Ejecutivo, el propio ministro de Economía y la propia presidenta de la Nación que boconea antes de que saliera un fallo.
Sin duda esta postura es insostenible en materia de política internacional. Boconean para terminar como van a terminar, es decir, aceptando que tienen que pagar, porque van a pedir la apertura para concluir pagando.
Ahora se quiere someter al Congreso a participar en un debate, sin que él -pese a tener atribuciones constitucionales- haya participado en ningún momento en el debate de esta cuestión.
Como si eso fuera poco ahora se pretende meter a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a gestionar la deuda. ¿Alguien piensa en realidad que una actuación de la Corte Suprema de Justicia local puede cambiar la situación de la Argentina en el exterior? ¿Puede incidir en la Justicia de los Estados Unidos? Han sometido al país innecesariamente a la situación que estamos atravesando en este momento. Van a pedir la apertura del canje por medio de una ley que no sería cerrojo sino, como me decía recién un colega diputado, ganzúa por la forma en que se la está planteando.
Pretenden que la cámara de apelaciones de los Estados Unidos suspenda el fallo, es decir, se quiere mostrar una voluntad después de haber hecho todos los gestos en el sentido contrario. Quieren que la mala gestión hoy sea avalada por el Congreso de la Nación y pedir una declaración de certeza a la Corte. ¿Alguien puede explicar qué certeza quieren pedir a la Corte?
En lo interno no se pagan costos por los errores y la mala gestión, pero en el plano internacional todo rebota, y esto es lo que la Argentina está pagando.
La negociación debe ser seria e institucional. Nuestro país debe tener relaciones con el mundo que sean serias e institucionales y no por medio de bravuconadas o declaraciones en la prensa.
Intentamos colaborar al habilitar el tratamiento de este asunto, pero no aceptamos la sociabilización de responsabilidades cuando en realidad en ningún momento se nos llamó para discutir estas cuestiones. No estamos dispuestos a participar de un reverendo disparate que tendrá consecuencias políticas, jurídicas y fundamentalmente económicas y sociales para nuestro país.
El pueblo de la Nación Argentina necesita una gestión transparente de un gobierno al que ha legitimado con su voto, o sea, que de cara a la sociedad explique qué es lo que ha hecho durante todo este tiempo para llevarnos a esta situación.
Por las razones expuestas no acompañaremos el proyecto que se somete a consideración. (Aplausos.)
Asimismo el oficialismo ha obturado de hecho durante todo este tiempo que el ministro de Relaciones Exteriores o el ministro de Economía concurrieran a brindar un informe.
No han aceptado ni siquiera debatir en profundidad cuáles son las causas que llevaron a tener en este momento nuestra fragata insignia, la fragata “Libertad”, retenida en el puerto de Ghana, en África.
Creo que para abordar este tipo de cuestiones lo primero es reconocer los errores. No es suficiente buscar culpas ajenas; y la provocación no es una buena política en materia de relaciones internacionales.
Creo que lamentablemente están convirtiendo la división de poderes en una caricatura con la sola intención de esconder la mala gestión que han hecho durante todo este tiempo, el gobierno a través del Poder Ejecutivo, el propio ministro de Economía y la propia presidenta de la Nación que boconea antes de que saliera un fallo.
Sin duda esta postura es insostenible en materia de política internacional. Boconean para terminar como van a terminar, es decir, aceptando que tienen que pagar, porque van a pedir la apertura para concluir pagando.
Ahora se quiere someter al Congreso a participar en un debate, sin que él -pese a tener atribuciones constitucionales- haya participado en ningún momento en el debate de esta cuestión.
Como si eso fuera poco ahora se pretende meter a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a gestionar la deuda. ¿Alguien piensa en realidad que una actuación de la Corte Suprema de Justicia local puede cambiar la situación de la Argentina en el exterior? ¿Puede incidir en la Justicia de los Estados Unidos? Han sometido al país innecesariamente a la situación que estamos atravesando en este momento. Van a pedir la apertura del canje por medio de una ley que no sería cerrojo sino, como me decía recién un colega diputado, ganzúa por la forma en que se la está planteando.
Pretenden que la cámara de apelaciones de los Estados Unidos suspenda el fallo, es decir, se quiere mostrar una voluntad después de haber hecho todos los gestos en el sentido contrario. Quieren que la mala gestión hoy sea avalada por el Congreso de la Nación y pedir una declaración de certeza a la Corte. ¿Alguien puede explicar qué certeza quieren pedir a la Corte?
En lo interno no se pagan costos por los errores y la mala gestión, pero en el plano internacional todo rebota, y esto es lo que la Argentina está pagando.
La negociación debe ser seria e institucional. Nuestro país debe tener relaciones con el mundo que sean serias e institucionales y no por medio de bravuconadas o declaraciones en la prensa.
Intentamos colaborar al habilitar el tratamiento de este asunto, pero no aceptamos la sociabilización de responsabilidades cuando en realidad en ningún momento se nos llamó para discutir estas cuestiones. No estamos dispuestos a participar de un reverendo disparate que tendrá consecuencias políticas, jurídicas y fundamentalmente económicas y sociales para nuestro país.
El pueblo de la Nación Argentina necesita una gestión transparente de un gobierno al que ha legitimado con su voto, o sea, que de cara a la sociedad explique qué es lo que ha hecho durante todo este tiempo para llevarnos a esta situación.
Por las razones expuestas no acompañaremos el proyecto que se somete a consideración. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR. PINEDO, FEDERICO (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señora presidenta: en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria comenté a los demás presidentes de bloque que me parecía una barbaridad que hoy tratáramos este tema en la Cámara.
Cualquiera que alguna vez haya tenido un juicio sabe que las estrategias se hablan entre las partes y sus abogados, y nadie más. Cualquiera sabe que una estrategia de un juicio no se discute en un Congreso. Cualquiera sabe que la estrategia para ganar un juicio no se discute en una plaza pública, con taquígrafos y cámaras de televisión. Cualquiera sabe que una equivocación, error o burrada que alguien diga puede ser utilizado en contra del interés nacional argentino. Por eso pedí a la mayoría que tratara de que esto no tuviera un debate público, y que si se lo consideraba por una decisión política de ellos, que son más, que por lo menos no se abriera el debate en el recinto. Sin embargo, aquí estamos.
Se trata de defender el interés nacional argentino y de ninguna otra cosa. A nosotros esto nos parecía una irresponsabilidad porque la Argentina gozaba de protección en relación con la sentencia del juez de Estados Unidos. Nuestro país había aceptado que para resolver el litigio interviniera el juez de los Estados Unidos.
Con Néstor Kirchner la Argentina canjeó deuda y para resolver los litigios eligió los tribunales de New York, en donde actúa el juez del que estamos hablando. Con responsabilidad los abogados de la Argentina decían al juez: “Mi país va a cumplir con las sentencias que se dicten.” En esas condiciones el ministro de Economía Hernán Lorenzino, citado en el fallo del juez Griesa, y después la presidenta, también citada, dijeron: “no vamos a pagar un peso a estos fondos buitres.” Eso motivó que el juez cambiara la protección por el embargo. Así, la Argentina ahora se ve embargada por 1.300 millones de dólares porque dos funcionarios del gobierno argentino dijeron irresponsablemente que no iban a cumplir con la sentencia del juez. Si esa irresponsabilidad nos costó 1.300 millones de dólares, ¿cuánto nos puede costar un debate en el Senado y en la Cámara de Diputados?
Por eso nos opusimos a habilitar el tema y lamentamos que otros bloques de la oposición hayan permitido que se lleve a cabo este debate. Nos parece que esto es malo para la defensa de los intereses nacionales de la Argentina. No nos basta decir: “Bueno, si el gobierno es responsable, que haga lo que quiera”. Si nosotros creemos que algo es malo para los intereses de la Argentina no podemos decir: “Hagan lo que quieran; métanle para adelante”.
En cuanto al tema de fondo, absolutamente creo que los llamados holdouts, o sea, los que no entraron en el canje -fondos buitres o como se los quiera llamar- no deberían cobrar más de lo que se cobró y de lo que van a cobrar el 93 por ciento de los acreedores de la Argentina que aceptaron el canje de deuda.
Es más, he presentado un proyecto para que se homologue judicialmente el acuerdo de la República Argentina con sus acreedores para que, de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos, genere una obligación de pagar nada más que eso a todos los acreedores, a pesar de que no se trata de un mecanismo de quiebra de los estados, tal como se ha mencionado.
Así que tanto creo que no deben cobrar más que ahí está ese proyecto que, lamentablemente, el gobierno nunca consideró como hipótesis y ni siquiera logramos conversarlo.
Dicho esto, la situación de la Argentina es peligrosa. El juez Griesa sostiene que se tiene que cumplir con una cláusula llamada pari passu, que establece que cuando se le paga a uno se le tiene que pagar a los otros. El tema es cuánto hay que pagar. Si se dice que no se va a pagar nada a los que no entraron al canje, según dice Griesa, se podría violar el pari passu.
Yo me pregunto: ¿no se violaría también si a unos se les paga 3 y a otros se les paga 10 por deudas que eran equivalentes? Entonces, esta es la discusión. Hoy a la mañana, cuando estaba llegando desde el exterior, me transmitieron la problemática que implicaba la consideración de este proyecto.
Es complicado no comprometer los intereses generales. Lo que quiero decir es que esto no parece ser una estrategia del gobierno nacional. Podría haberse interpretado que esta presentación en el Congreso era parte de la defensa de los intereses argentinos en el juzgado de Griesa, pero parece difícil que esto sea así porque el proyecto que estamos tratando dice que el juez ordenó que pagáramos a los acreedores 1.300 millones de dólares. Esto no es cierto. Lo que hizo Griesa fue embargar el dinero en garantía. Quien deberá determinar cuánto hay que pagar a los acreedores es la cámara de apelaciones, que todavía no lo hizo.
Pareciera que este proyecto no forma parte de la estrategia seria del gobierno argentino en la defensa de sus intereses judiciales sino que parece una cuestión política.
De acuerdo con la Constitución, quien representa a la Argentina es el presidente de la Nación; no el Congreso Nacional.
Tiene razón el señor diputado Gil Lavedra cuando dice que los presidentes de las Cámaras del Congreso no son quiénes para hacer una presentación; ¿a título de qué, con qué interés personal y con qué interés funcional?
Quien representa a la Argentina es el presidente. Si se quiere pedir algo a la Corte, lo tiene que pedir el presidente.
Si no lo pide el presidente, no sé qué van a tener que hacer los presidentes de las Cámaras; como dice el diputado Gil Lavedra, yo creo que muy poco o nada. Si es muy poco o nada, ¿para qué estamos habilitando este camino para tener un fracaso en la defensa del interés nacional?
Es muy complicada la defensa argentina en tribunales del exterior, donde se aplica la ley extranjera. También es muy difícil para nosotros entender cómo razonan los jueces en los Estados Unidos, que no se rigen por un sistema como el nuestro de derecho sino por el sistema del common law, que es distinto. Evalúan antecedentes y toman juicios basados en pautas de equidad, que no sabemos cuáles son.
Lo que seguro pienso a priori es que insultar al juez que tiene que darnos la razón o no, no es la mejor manera de ganar un juicio. E insisto que la Argentina de este gobierno es la que dijo que ese juez tenía que intervenir.
No quiero seguir hablando de este tema porque cualquier cosa que diga podría perjudicar a mi país, pero quiero decir que lamento mucho que no se siga la estrategia razonable de defender los intereses de la Nación con los recaudos adecuados de privacidad, de reserva y de estudio, sin cometer errores en la propia resolución que estamos dictando, sin poner vías inviables en el ordenamiento procesal argentino, sin agredir a quien nos tiene que dar la razón o no, innecesariamente y sin saber cuáles son las implicancias de los pasos que se dan en la resolución de un litigio, con seriedad, como corresponde.
Pero actuar como chiquilines, como adolescentes, ocasiona que se pongan en peligro intereses nacionales. Por eso nosotros no vamos a acompañar la sanción de este proyecto. (Aplausos.)
Cualquiera que alguna vez haya tenido un juicio sabe que las estrategias se hablan entre las partes y sus abogados, y nadie más. Cualquiera sabe que una estrategia de un juicio no se discute en un Congreso. Cualquiera sabe que la estrategia para ganar un juicio no se discute en una plaza pública, con taquígrafos y cámaras de televisión. Cualquiera sabe que una equivocación, error o burrada que alguien diga puede ser utilizado en contra del interés nacional argentino. Por eso pedí a la mayoría que tratara de que esto no tuviera un debate público, y que si se lo consideraba por una decisión política de ellos, que son más, que por lo menos no se abriera el debate en el recinto. Sin embargo, aquí estamos.
Se trata de defender el interés nacional argentino y de ninguna otra cosa. A nosotros esto nos parecía una irresponsabilidad porque la Argentina gozaba de protección en relación con la sentencia del juez de Estados Unidos. Nuestro país había aceptado que para resolver el litigio interviniera el juez de los Estados Unidos.
Con Néstor Kirchner la Argentina canjeó deuda y para resolver los litigios eligió los tribunales de New York, en donde actúa el juez del que estamos hablando. Con responsabilidad los abogados de la Argentina decían al juez: “Mi país va a cumplir con las sentencias que se dicten.” En esas condiciones el ministro de Economía Hernán Lorenzino, citado en el fallo del juez Griesa, y después la presidenta, también citada, dijeron: “no vamos a pagar un peso a estos fondos buitres.” Eso motivó que el juez cambiara la protección por el embargo. Así, la Argentina ahora se ve embargada por 1.300 millones de dólares porque dos funcionarios del gobierno argentino dijeron irresponsablemente que no iban a cumplir con la sentencia del juez. Si esa irresponsabilidad nos costó 1.300 millones de dólares, ¿cuánto nos puede costar un debate en el Senado y en la Cámara de Diputados?
Por eso nos opusimos a habilitar el tema y lamentamos que otros bloques de la oposición hayan permitido que se lleve a cabo este debate. Nos parece que esto es malo para la defensa de los intereses nacionales de la Argentina. No nos basta decir: “Bueno, si el gobierno es responsable, que haga lo que quiera”. Si nosotros creemos que algo es malo para los intereses de la Argentina no podemos decir: “Hagan lo que quieran; métanle para adelante”.
En cuanto al tema de fondo, absolutamente creo que los llamados holdouts, o sea, los que no entraron en el canje -fondos buitres o como se los quiera llamar- no deberían cobrar más de lo que se cobró y de lo que van a cobrar el 93 por ciento de los acreedores de la Argentina que aceptaron el canje de deuda.
Es más, he presentado un proyecto para que se homologue judicialmente el acuerdo de la República Argentina con sus acreedores para que, de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos, genere una obligación de pagar nada más que eso a todos los acreedores, a pesar de que no se trata de un mecanismo de quiebra de los estados, tal como se ha mencionado.
Así que tanto creo que no deben cobrar más que ahí está ese proyecto que, lamentablemente, el gobierno nunca consideró como hipótesis y ni siquiera logramos conversarlo.
Dicho esto, la situación de la Argentina es peligrosa. El juez Griesa sostiene que se tiene que cumplir con una cláusula llamada pari passu, que establece que cuando se le paga a uno se le tiene que pagar a los otros. El tema es cuánto hay que pagar. Si se dice que no se va a pagar nada a los que no entraron al canje, según dice Griesa, se podría violar el pari passu.
Yo me pregunto: ¿no se violaría también si a unos se les paga 3 y a otros se les paga 10 por deudas que eran equivalentes? Entonces, esta es la discusión. Hoy a la mañana, cuando estaba llegando desde el exterior, me transmitieron la problemática que implicaba la consideración de este proyecto.
Es complicado no comprometer los intereses generales. Lo que quiero decir es que esto no parece ser una estrategia del gobierno nacional. Podría haberse interpretado que esta presentación en el Congreso era parte de la defensa de los intereses argentinos en el juzgado de Griesa, pero parece difícil que esto sea así porque el proyecto que estamos tratando dice que el juez ordenó que pagáramos a los acreedores 1.300 millones de dólares. Esto no es cierto. Lo que hizo Griesa fue embargar el dinero en garantía. Quien deberá determinar cuánto hay que pagar a los acreedores es la cámara de apelaciones, que todavía no lo hizo.
Pareciera que este proyecto no forma parte de la estrategia seria del gobierno argentino en la defensa de sus intereses judiciales sino que parece una cuestión política.
De acuerdo con la Constitución, quien representa a la Argentina es el presidente de la Nación; no el Congreso Nacional.
Tiene razón el señor diputado Gil Lavedra cuando dice que los presidentes de las Cámaras del Congreso no son quiénes para hacer una presentación; ¿a título de qué, con qué interés personal y con qué interés funcional?
Quien representa a la Argentina es el presidente. Si se quiere pedir algo a la Corte, lo tiene que pedir el presidente.
Si no lo pide el presidente, no sé qué van a tener que hacer los presidentes de las Cámaras; como dice el diputado Gil Lavedra, yo creo que muy poco o nada. Si es muy poco o nada, ¿para qué estamos habilitando este camino para tener un fracaso en la defensa del interés nacional?
Es muy complicada la defensa argentina en tribunales del exterior, donde se aplica la ley extranjera. También es muy difícil para nosotros entender cómo razonan los jueces en los Estados Unidos, que no se rigen por un sistema como el nuestro de derecho sino por el sistema del common law, que es distinto. Evalúan antecedentes y toman juicios basados en pautas de equidad, que no sabemos cuáles son.
Lo que seguro pienso a priori es que insultar al juez que tiene que darnos la razón o no, no es la mejor manera de ganar un juicio. E insisto que la Argentina de este gobierno es la que dijo que ese juez tenía que intervenir.
No quiero seguir hablando de este tema porque cualquier cosa que diga podría perjudicar a mi país, pero quiero decir que lamento mucho que no se siga la estrategia razonable de defender los intereses de la Nación con los recaudos adecuados de privacidad, de reserva y de estudio, sin cometer errores en la propia resolución que estamos dictando, sin poner vías inviables en el ordenamiento procesal argentino, sin agredir a quien nos tiene que dar la razón o no, innecesariamente y sin saber cuáles son las implicancias de los pasos que se dan en la resolución de un litigio, con seriedad, como corresponde.
Pero actuar como chiquilines, como adolescentes, ocasiona que se pongan en peligro intereses nacionales. Por eso nosotros no vamos a acompañar la sanción de este proyecto. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra el señor diputado por Salta.
SR. WAYAR, WALTER RAUL (SALTA):
Señora presidenta: escuchaba en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria y en este recinto que este era un tema tan difícil que no convenía discutirlo, y creo que quienes piensan así se están equivocando, porque aquí no estamos determinando una ingeniería legal; tampoco estamos analizando pruebas ni siendo abogados defensores del Estado argentino.
Aquí los representantes del pueblo argentino estamos analizando y tomando posiciones políticas en un tema que merece ser discutido, porque mientras algunos creen que no debemos hablarlo aquí, se habla luego en los micrófonos y sectores de comunicación tratan permanentemente este tema buscando no el bien de la Argentina y de la patria como dicen, sino debilitar la fortaleza que debe tener un gobierno cuando tiene que dar una batalla con intereses no nacionales.
Ahí es cuando quieren hacernos pecar de ingenuos y que creamos que un juez de Estados Unidos ha dictado un fallo por lo que dijo determinado funcionario.
Quiero decir a varios diputados que he visto en la última sesión con cartelitos en contra de la violencia de género, que cuando se refieren a los dichos de la presidenta, que es mujer, lo hacen con una agresividad y violencia que no se condice con lo que defienden. (Aplausos.)
Es así de claro. No es un tema en el que no podamos fijar posiciones, que no deben ser sectorizadas ni basarse en el egoísmo mezquino. Todo lo que digamos sobre este tema debe basarse en un verdadero patriotismo. Esto es lo que merece el pueblo argentino.
En ese sentido, lamento que todos los días se le diga a nuestro pueblo que estamos mal, que vamos peor y que los intereses extranjeros tienen razón, porque por una coma o un punto hubo una mala estrategia. Dicen que fue un error haber reestructurado la deuda con una quita importante, que fue aceptada por el 93 por ciento de los acreedores, porque el 7 por ciento –que se encuentra en manos de los que todos denominamos como fondos buitres no quiso aceptar el canje para generar lo que hoy estamos viviendo.
Son todas acotaciones políticas que persiguen intereses políticos. Personalmente puedo ser muy ingenuo o quizás puedo estar mirando mucho debajo de la alfombra, pero qué casualidad que en momentos en los que se quiere transmitir tanto hacia adentro como hacia afuera cierta debilidad institucional –sobre todo basándose en importantes manifestaciones de ciudadanos argentinos que expresaron distintos tipos de descontentos, sobreviene este fallo de un juez que en mi opinión se ha basado en la creencia de que hay debilidad institucional.
Eso se contrapone con otros intereses, ya que la propia Corte ha señalado que el día 7 ciertos sectores tienen que cumplir con la ley. Pero algunos entienden que debilitando la institucionalidad podrán hacer caso omiso de las normas y seguir defendiendo los intereses de determinados sectores económicos.
Me gustaría analizar el conjunto y no quedar en silencio. Sinceramente, considero que es un acto de patriotismo decir que seguiremos acompañando al Estado y al pueblo argentino en la defensa de sus intereses frente a la negociación de esta deuda. Nadie dice que no se va a pagar; simplemente señalamos que debemos pagar de la misma forma en la que le estamos pagando a ese 93 por ciento que aceptó la reestructuración de la deuda. Evidentemente, es ese 7 por ciento el que no quiere cobrar; son ellos los que están buscando un juez que diga que debemos pagar el ciento por ciento de bonos que esos fondos compraron por centavos.
No es el Estado argentino el que no quiere pagar. No confundamos a la gente. No creamos que el lobo que se aparece frente a Caperucita es bueno y que sólo le quiere mostrar el mejor camino; es un lobo malo que quería comerse a Caperucita. Por el fallo de este juez no creamos que la Argentina está haciendo una mala defensa. En ese país también se mueven intereses. Por eso, reitero que lo único que estamos haciendo es aferrarnos a la ley sancionada por este Congreso que enmarcó el tema de la deuda.
No soy constitucionalista y tampoco un profesional de las leyes, pero tengo la certeza que si el día de mañana un juez determina que debemos pagar, pero en el marco de lo que se reestructuró por ley, sin necesidad de abrir esa norma la declaración de certeza le permitirá a los responsables de la negociación pagar a ese 7 por ciento, pero –repito siempre en el marco de esa reestructuración. Así lo entiendo yo. Puedo equivocarme, pero tengo en claro que no somos todos corderitos preocupados por el bien del país, porque algunos se convierten en herramientas útiles para los intereses foráneos que están en contra de los intereses de la República.
Queriendo un mal para la presidenta no vamos a encontrar el bien para los argentinos. Esto lo vamos a conseguir actuando con cordura, con racionalidad, con grandeza y con patriotismo. Espero que así actúe esta Honorable Cámara. (Aplausos.)
Aquí los representantes del pueblo argentino estamos analizando y tomando posiciones políticas en un tema que merece ser discutido, porque mientras algunos creen que no debemos hablarlo aquí, se habla luego en los micrófonos y sectores de comunicación tratan permanentemente este tema buscando no el bien de la Argentina y de la patria como dicen, sino debilitar la fortaleza que debe tener un gobierno cuando tiene que dar una batalla con intereses no nacionales.
Ahí es cuando quieren hacernos pecar de ingenuos y que creamos que un juez de Estados Unidos ha dictado un fallo por lo que dijo determinado funcionario.
Quiero decir a varios diputados que he visto en la última sesión con cartelitos en contra de la violencia de género, que cuando se refieren a los dichos de la presidenta, que es mujer, lo hacen con una agresividad y violencia que no se condice con lo que defienden. (Aplausos.)
Es así de claro. No es un tema en el que no podamos fijar posiciones, que no deben ser sectorizadas ni basarse en el egoísmo mezquino. Todo lo que digamos sobre este tema debe basarse en un verdadero patriotismo. Esto es lo que merece el pueblo argentino.
En ese sentido, lamento que todos los días se le diga a nuestro pueblo que estamos mal, que vamos peor y que los intereses extranjeros tienen razón, porque por una coma o un punto hubo una mala estrategia. Dicen que fue un error haber reestructurado la deuda con una quita importante, que fue aceptada por el 93 por ciento de los acreedores, porque el 7 por ciento –que se encuentra en manos de los que todos denominamos como fondos buitres no quiso aceptar el canje para generar lo que hoy estamos viviendo.
Son todas acotaciones políticas que persiguen intereses políticos. Personalmente puedo ser muy ingenuo o quizás puedo estar mirando mucho debajo de la alfombra, pero qué casualidad que en momentos en los que se quiere transmitir tanto hacia adentro como hacia afuera cierta debilidad institucional –sobre todo basándose en importantes manifestaciones de ciudadanos argentinos que expresaron distintos tipos de descontentos, sobreviene este fallo de un juez que en mi opinión se ha basado en la creencia de que hay debilidad institucional.
Eso se contrapone con otros intereses, ya que la propia Corte ha señalado que el día 7 ciertos sectores tienen que cumplir con la ley. Pero algunos entienden que debilitando la institucionalidad podrán hacer caso omiso de las normas y seguir defendiendo los intereses de determinados sectores económicos.
Me gustaría analizar el conjunto y no quedar en silencio. Sinceramente, considero que es un acto de patriotismo decir que seguiremos acompañando al Estado y al pueblo argentino en la defensa de sus intereses frente a la negociación de esta deuda. Nadie dice que no se va a pagar; simplemente señalamos que debemos pagar de la misma forma en la que le estamos pagando a ese 93 por ciento que aceptó la reestructuración de la deuda. Evidentemente, es ese 7 por ciento el que no quiere cobrar; son ellos los que están buscando un juez que diga que debemos pagar el ciento por ciento de bonos que esos fondos compraron por centavos.
No es el Estado argentino el que no quiere pagar. No confundamos a la gente. No creamos que el lobo que se aparece frente a Caperucita es bueno y que sólo le quiere mostrar el mejor camino; es un lobo malo que quería comerse a Caperucita. Por el fallo de este juez no creamos que la Argentina está haciendo una mala defensa. En ese país también se mueven intereses. Por eso, reitero que lo único que estamos haciendo es aferrarnos a la ley sancionada por este Congreso que enmarcó el tema de la deuda.
No soy constitucionalista y tampoco un profesional de las leyes, pero tengo la certeza que si el día de mañana un juez determina que debemos pagar, pero en el marco de lo que se reestructuró por ley, sin necesidad de abrir esa norma la declaración de certeza le permitirá a los responsables de la negociación pagar a ese 7 por ciento, pero –repito siempre en el marco de esa reestructuración. Así lo entiendo yo. Puedo equivocarme, pero tengo en claro que no somos todos corderitos preocupados por el bien del país, porque algunos se convierten en herramientas útiles para los intereses foráneos que están en contra de los intereses de la República.
Queriendo un mal para la presidenta no vamos a encontrar el bien para los argentinos. Esto lo vamos a conseguir actuando con cordura, con racionalidad, con grandeza y con patriotismo. Espero que así actúe esta Honorable Cámara. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR. HELLER, CARLOS SALOMON (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señora presidenta: quiero comenzar mi exposición adelantando que los integrantes del bloque Nuevo Encuentro vamos a acompañar y a votar afirmativamente la propuesta en tratamiento.
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Permítame, señor diputado.
La Presidencia solicita a los señores diputados que respeten a quien está en uso de la palabra, ya que él escuchó a quienes hablaron anteriormente. Les pido por favor que colaboren y hagan silencio. Continúe, señor diputado.
La Presidencia solicita a los señores diputados que respeten a quien está en uso de la palabra, ya que él escuchó a quienes hablaron anteriormente. Les pido por favor que colaboren y hagan silencio. Continúe, señor diputado.
SR. HELLER, CARLOS SALOMON (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Quiero fundamentar esta posición en una serie de consideraciones, algunas de las cuales me van a permitir rebatir o polemizar con cosas que he escuchado en intervenciones anteriores.
Efectivamente, estamos frente a una situación donde un juez de los Estados Unidos determina que debe aplicar una sanción ejemplificadora a un país a partir de declaraciones políticas que realiza su presidenta o su ministro de Economía.
Parece claro que esta argumentación excede largamente el criterio de administración de justicia. Se parece más bien a un fallo de un juez de la colonia, a un fallo de alguien que se siente con capacidades para aplicar un escarmiento, y entonces no toma una decisión ajustada a derecho sino una decisión para hacer sentir el rigor que puede aplicar desde su posición dominante, posición que parte de los intereses que defiende y representa.
Tampoco puede olvidarse que no estamos hablando de tenedores de bonos que han resultado afectados por una reestructuración. Estamos hablando de especuladores. No es, como dijo algún diputado, que se los llama fondos buitres, son buitres. Compran por monedas en situaciones de crisis, como la que tenía la Argentina cuando entró en default, y luego, utilizando su poder político, logran fallos como el que han logrado hace poco respecto de los bonos que quedaron fuera del canje en Grecia, donde los griegos, apretados por los organismos que los obligan a seguir con las políticas de ajuste y demás, les han terminado pagando, por fuera del canje, a valores nominales a aquellos que se negaron a entrar. Contra esos señores es el litigio que estamos enfrentando.
La cabeza del fondo que nos está haciendo el juicio –que es el NML Capital es el señor Paul Singer, uno de los operadores más grandes de Wall Street, que ocupa el puesto 392 en la lista de los mil millonarios de la revista Forbes. También fundó la American Task Force Argentina, que es la organización que se encarga de hacer lobby para sancionar a la Argentina en todos los aspectos y que ha financiado la campaña de legisladores que en el Parlamento de los Estados Unidos piden que la Argentina sea excluida de todos los créditos que otorgan el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera. Es decir que su poder de lobby y su influencia política llegan mucho más allá y apuntan no sólo a recuperar a valores nominales esa deuda que compraron por centavos sino a sancionar políticamente a la Argentina en el marco de las posiciones soberanas ha adoptado.
Otra cuestión que me parece interesante tener en cuenta en este análisis es la siguiente. Acá se ha hablado de la debilidad que surge de la prolongación de jurisdicción que la Argentina ha hecho a partir de la renegociación de la deuda. Yo no soy abogado pero me voy a animar a mencionar una cuestión que tiene que ver con lo jurídico. La acción que se está llevando a cabo en contra de la Argentina no es contra los bonos reestructurados donde este gobierno aceptó la prolongación de la jurisdicción. Aunque no la hubiera aceptado, estos bonos
–los que quedaron fuera del canje, estaban sometidos a ley extranjera y a Nueva York, por lo que hubiéramos vivido exactamente la misma situación. No existe ningún cambio por el hecho de haber ingresado en la negociación.
También quiero decir que habría que hacer un poco de memoria, porque parece que la película empezó ayer, y que estamos hablando de todo esto como un hecho aislado.
La Argentina que ingresó en la negociación del canje era un país que no sólo estaba en default, sino que estaba al borde de la disolución nacional.
El canje debe ser visto en el marco de las políticas que se pusieron en marcha en su momento, con la decisión de pagarle al Fondo Monetario Internacional, de no aceptar más planes de contingencia y de iniciar una política soberana, basada en el desarrollo del mercado interno y de nuestras fuerzas productivas.
Algún diputado hoy ha hablado de los beneficios que han tenido los bonistas con el cupón atado al crecimiento. Esto significa hablar después de que se vio la película. El cupón atado al crecimiento en 2004 ó 2005 no valía nada, porque se trataba de una expectativa. Entonces lo que hizo el gobierno argentino es decirles a los acreedores que aceptaban una quita de más del 70 por ciento de su deuda, que si las políticas económicas que se iban a aplicar eran exitosas –donde la renegociación de la deuda era algo fundamental, una parte de ese éxito iba a servir para que la pérdida que esos bonistas debían aceptar fuera menor.
¿Con quién estamos litigando? Con los que no quisieron aceptar el canje. Con los que quedaron afuera. Vamos a ser honestos: si en 2005, cuando se lanza el canje, ingresa el ciento por ciento de los acreedores, hubiéramos dicho que se trató de un éxito absoluto. Cuando se reabrió en 2010 el objetivo era que ingresaran todos. Los que no entraron no fue porque el gobierno argentino los ha dejado afuera con una actitud perversa. Deliberadamente se quedaron ahí para litigar, para usar su capacidad de lobby y para obtener un resarcimiento de un valor nominal que no tiene nada que ver con su inversión ni con su riesgo ni con lo que han comprometido en esas operaciones.
Eso es lo que se está discutiendo. También creo que es simplificar la cosa decir que se trata de un embargo y no de un pago.
El juez Griesa ordenó que antes del 15 de diciembre consignemos el ciento por ciento de la demanda. Ya sabemos lo que eso significa, porque pretende forzar a la Argentina para que entre en un default técnico. Se trata de otro negocio que anda dando vueltas por ahí alrededor de los seguros de default, de lo que se habla bastante poco, pero existe otro par de miles de millones de dólares que están siendo jugados en los mercados internacionales. Es más: por un cambio de condiciones en algunas de las cláusulas –como podría ser el caso de pagar en otro lugar, ese default técnico se declarará haciendo saltar la cláusula de esos seguros de default, para que algunos volvieran a embolsar un par de miles de millones de dólares a caballo de esta decisión del juez Griesa que no tiene nada de inocente. Está íntimamente ligada a la defensa de todos esos intereses.
Por supuesto que no se trata de un hecho menor. Cuando acompañamos este proyecto, lo hicimos en la convicción de que estamos hablando de un hecho político, ya que sería fantástico que tanto esta Cámara como el Senado se pudieran pronunciar por unanimidad, planteando su solidaridad con quien tiene la representación integral de los intereses de la Nación, para agregarle un valor de fortaleza a esa negociación. No se trata de venir a explicar la estrategia, como lo ha hecho algún diputado; eso es tema de los abogados o en todo caso de los funcionarios del Poder Ejecutivo que la llevan adelante. Se trata de hacer lo que este Parlamento puede hacer: generar un hecho político de alto impacto señalando su compromiso con el proyecto nacional y con la conducta que tienen los gobernantes defendiendo ese interés nacional y dejando en claro que si fracasa esta gestión que se está realizando ante los tribunales de los Estados Unidos no pierde el gobierno sino el pueblo argentino, porque tendríamos que enfrentar una situación en la que toda nuestra deuda podría ser reestructurada para llevarla a valores iguales.
Por eso entiendo que es importante el pedido de declaración de certeza respecto de que en ninguna situación la Argentina puede pagar a estos señores que por su propia voluntad quedaron fuera del canje para especular y litigar, y de esa manera obtener una diferencia. Que quede claro que eso es absolutamente inviable.
Estamos frente a un fallo que es una extorsión, un chantaje y no lo podemos aceptar. Esta Cámara debería expedirse por una amplísima mayoría apoyando las gestiones que está llevando a cabo el Poder Ejecutivo.
Por eso nuestro bloque –como dije- va a acompañar este proyecto con la firma de todos sus integrantes. (Aplausos.)
Efectivamente, estamos frente a una situación donde un juez de los Estados Unidos determina que debe aplicar una sanción ejemplificadora a un país a partir de declaraciones políticas que realiza su presidenta o su ministro de Economía.
Parece claro que esta argumentación excede largamente el criterio de administración de justicia. Se parece más bien a un fallo de un juez de la colonia, a un fallo de alguien que se siente con capacidades para aplicar un escarmiento, y entonces no toma una decisión ajustada a derecho sino una decisión para hacer sentir el rigor que puede aplicar desde su posición dominante, posición que parte de los intereses que defiende y representa.
Tampoco puede olvidarse que no estamos hablando de tenedores de bonos que han resultado afectados por una reestructuración. Estamos hablando de especuladores. No es, como dijo algún diputado, que se los llama fondos buitres, son buitres. Compran por monedas en situaciones de crisis, como la que tenía la Argentina cuando entró en default, y luego, utilizando su poder político, logran fallos como el que han logrado hace poco respecto de los bonos que quedaron fuera del canje en Grecia, donde los griegos, apretados por los organismos que los obligan a seguir con las políticas de ajuste y demás, les han terminado pagando, por fuera del canje, a valores nominales a aquellos que se negaron a entrar. Contra esos señores es el litigio que estamos enfrentando.
La cabeza del fondo que nos está haciendo el juicio –que es el NML Capital es el señor Paul Singer, uno de los operadores más grandes de Wall Street, que ocupa el puesto 392 en la lista de los mil millonarios de la revista Forbes. También fundó la American Task Force Argentina, que es la organización que se encarga de hacer lobby para sancionar a la Argentina en todos los aspectos y que ha financiado la campaña de legisladores que en el Parlamento de los Estados Unidos piden que la Argentina sea excluida de todos los créditos que otorgan el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera. Es decir que su poder de lobby y su influencia política llegan mucho más allá y apuntan no sólo a recuperar a valores nominales esa deuda que compraron por centavos sino a sancionar políticamente a la Argentina en el marco de las posiciones soberanas ha adoptado.
Otra cuestión que me parece interesante tener en cuenta en este análisis es la siguiente. Acá se ha hablado de la debilidad que surge de la prolongación de jurisdicción que la Argentina ha hecho a partir de la renegociación de la deuda. Yo no soy abogado pero me voy a animar a mencionar una cuestión que tiene que ver con lo jurídico. La acción que se está llevando a cabo en contra de la Argentina no es contra los bonos reestructurados donde este gobierno aceptó la prolongación de la jurisdicción. Aunque no la hubiera aceptado, estos bonos
–los que quedaron fuera del canje, estaban sometidos a ley extranjera y a Nueva York, por lo que hubiéramos vivido exactamente la misma situación. No existe ningún cambio por el hecho de haber ingresado en la negociación.
También quiero decir que habría que hacer un poco de memoria, porque parece que la película empezó ayer, y que estamos hablando de todo esto como un hecho aislado.
La Argentina que ingresó en la negociación del canje era un país que no sólo estaba en default, sino que estaba al borde de la disolución nacional.
El canje debe ser visto en el marco de las políticas que se pusieron en marcha en su momento, con la decisión de pagarle al Fondo Monetario Internacional, de no aceptar más planes de contingencia y de iniciar una política soberana, basada en el desarrollo del mercado interno y de nuestras fuerzas productivas.
Algún diputado hoy ha hablado de los beneficios que han tenido los bonistas con el cupón atado al crecimiento. Esto significa hablar después de que se vio la película. El cupón atado al crecimiento en 2004 ó 2005 no valía nada, porque se trataba de una expectativa. Entonces lo que hizo el gobierno argentino es decirles a los acreedores que aceptaban una quita de más del 70 por ciento de su deuda, que si las políticas económicas que se iban a aplicar eran exitosas –donde la renegociación de la deuda era algo fundamental, una parte de ese éxito iba a servir para que la pérdida que esos bonistas debían aceptar fuera menor.
¿Con quién estamos litigando? Con los que no quisieron aceptar el canje. Con los que quedaron afuera. Vamos a ser honestos: si en 2005, cuando se lanza el canje, ingresa el ciento por ciento de los acreedores, hubiéramos dicho que se trató de un éxito absoluto. Cuando se reabrió en 2010 el objetivo era que ingresaran todos. Los que no entraron no fue porque el gobierno argentino los ha dejado afuera con una actitud perversa. Deliberadamente se quedaron ahí para litigar, para usar su capacidad de lobby y para obtener un resarcimiento de un valor nominal que no tiene nada que ver con su inversión ni con su riesgo ni con lo que han comprometido en esas operaciones.
Eso es lo que se está discutiendo. También creo que es simplificar la cosa decir que se trata de un embargo y no de un pago.
El juez Griesa ordenó que antes del 15 de diciembre consignemos el ciento por ciento de la demanda. Ya sabemos lo que eso significa, porque pretende forzar a la Argentina para que entre en un default técnico. Se trata de otro negocio que anda dando vueltas por ahí alrededor de los seguros de default, de lo que se habla bastante poco, pero existe otro par de miles de millones de dólares que están siendo jugados en los mercados internacionales. Es más: por un cambio de condiciones en algunas de las cláusulas –como podría ser el caso de pagar en otro lugar, ese default técnico se declarará haciendo saltar la cláusula de esos seguros de default, para que algunos volvieran a embolsar un par de miles de millones de dólares a caballo de esta decisión del juez Griesa que no tiene nada de inocente. Está íntimamente ligada a la defensa de todos esos intereses.
Por supuesto que no se trata de un hecho menor. Cuando acompañamos este proyecto, lo hicimos en la convicción de que estamos hablando de un hecho político, ya que sería fantástico que tanto esta Cámara como el Senado se pudieran pronunciar por unanimidad, planteando su solidaridad con quien tiene la representación integral de los intereses de la Nación, para agregarle un valor de fortaleza a esa negociación. No se trata de venir a explicar la estrategia, como lo ha hecho algún diputado; eso es tema de los abogados o en todo caso de los funcionarios del Poder Ejecutivo que la llevan adelante. Se trata de hacer lo que este Parlamento puede hacer: generar un hecho político de alto impacto señalando su compromiso con el proyecto nacional y con la conducta que tienen los gobernantes defendiendo ese interés nacional y dejando en claro que si fracasa esta gestión que se está realizando ante los tribunales de los Estados Unidos no pierde el gobierno sino el pueblo argentino, porque tendríamos que enfrentar una situación en la que toda nuestra deuda podría ser reestructurada para llevarla a valores iguales.
Por eso entiendo que es importante el pedido de declaración de certeza respecto de que en ninguna situación la Argentina puede pagar a estos señores que por su propia voluntad quedaron fuera del canje para especular y litigar, y de esa manera obtener una diferencia. Que quede claro que eso es absolutamente inviable.
Estamos frente a un fallo que es una extorsión, un chantaje y no lo podemos aceptar. Esta Cámara debería expedirse por una amplísima mayoría apoyando las gestiones que está llevando a cabo el Poder Ejecutivo.
Por eso nuestro bloque –como dije- va a acompañar este proyecto con la firma de todos sus integrantes. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR. SOLANAS, FERNANDO EZEQUIEL (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señora presidenta: una vez más se abre el tema del reendeudamiento.
Yo quisiera hacer un llamado sincero a la conciencia de todos los legisladores. No me cabe duda de que estén donde estén situados están hablando de un tema que no les es ajeno que se ha llevado en los últimos treinta años el bienestar del pueblo argentino, el crecimiento y el desarrollo de nuestra República.
Sabemos dónde comenzó la historia. Esta deuda comienza con la generación de una serie de ilícitos; nace ligada a la corrupción de la dictadura.
La debilidad de la Argentina al salir de la dictadura y la presión del lobby mediático, el lobby empresario y el lobby del capitalismo financiero hicieron que reconociéramos lo que eran delitos públicos irreversibles. Permitimos todas las infamias. Todos los gobiernos de la democracia aceptaron la modificación del artículo 1° del Código Procesal Civil y Comercial, que los Videla y los Martínez de Hoz efectuaron permitiendo delegar la jurisdicción argentina en otros países.
A partir de ahí la Argentina entra en el territorio peligroso de la tela de araña de la dominación neocolonial. Después vinieron los cincuenta y tantos tratados binacionales de reciprocidad de inversiones, concesión de jurisdicción en New York y Londres. Vino la idea del arbitraje del CIADI, que significaba que este país soberano renunciaba a la defensa, que se ponía a los pies de una oficina de arbitraje del Banco Mundial cuyos fallos eran inapelables, irreversibles, definitivos. Por estos TBI –tratados bilaterales de inversión- colocábamos a las empresas extranjeras en el mismo lugar de las empresas argentinas, y cuando teníamos un litigio estábamos obligados a pasar por el CIADI.
Nos convertimos en un país víctima de la dominación neocolonial. A raíz de lo que pasó con la fragata “Libertad” ¿alguien duda de que hoy es el juez Griesa quien nos pone el cuchillo al cuello?
Señores diputados: acá se hizo añicos el gran jarrón chino de la abuela. Se cayó y se hizo mil pedazos el cuento chino de que había que pagar, pagar y pagar porque si no nos caíamos de la galaxia. Ya escuchamos este cuento cuando se hablaba de salir de la convertibilidad. ¿O acaso nos olvidamos? Quien mencionaba salir de la convertibilidad era prácticamente un provocador institucional. Tuvo que venir el tsunami de los años 2001 y 2002.
Los gobiernos de la democracia no hicieron nada por recuperar la jurisdicción soberana de la Argentina. Teniendo mayorías absolutas –como lo tuvo el gobierno de Néstor y lo tiene el de Cristina ahora- fuimos incapaces de salir del CIADI. También fuimos incapaces de denunciar esos cincuenta y tres TBI, que son los estatutos del coloniaje. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos un pueblo sufriente. En estos casi treinta años que han transcurrido desde la finalización de la dictadura, hemos pagado cerca de 270 mil millones de dólares. Este año son 10.300 millones de dólares en concepto de servicios; el año que viene, otros 10 mil; en 2014, 13.500 y en 2015, 15 mil. Es decir que en estos cuatro años tendríamos que pagar cerca de 50 mil millones de dólares.
La deuda se ha llevado el 82 por ciento móvil, la construcción de millones de viviendas populares, se llevó también hospitales, escuelas, la reconstrucción de los ferrocarriles, la reconstrucción de la flota mercante y fluvial, se llevó créditos para las pymes, se llevó trabajo estable y se llevó también el 50 por ciento de la seguridad social de los trabajadores.
¿Cómo es posible que este Congreso no se ponga de pie y asuma el deber constitucional de auditar la deuda? Quien está hablando junto con muchos compañeros del interbloque Proyecto Sur presentamos en el año 2010 un proyecto para la creación de una comisión bicameral de auditoría e investigación de la deuda. Fue nuevamente presentado, pero la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que preside el diputado Kunkel, no lo trató ni respondió el pedido.
Señora presidenta: ésta es una serie patética porque la deuda es impagable. Lo saben todos; también lo sabe el diputado preopinante. Como bien dijo el diputado Lozano, contando todas las deudas, hoy la Argentina debe 220 mil millones de dólares. Con esta apertura del canje ahora quieren que pidamos más dinero prestado para seguir endeudándonos.
En el presupuesto que votamos para el año 2013 está previsto poder pedir hasta 100 mil millones de dólares. Entonces, ¿a dónde vamos a parar si hay deuda programada hasta el año 2084? ¿Qué les vamos a dejar a nuestros hijos?
Señora presidenta: aquí hay que hacerle pagar el costo político al juez Griesa y a los fondos buitres. ¡Que se animen a ponernos en default! Que no se asuste ninguno de los diputados: en 2002, 2003, 2004 y 2005 la Argentina creció porque no tuvo que estar pagando los servicios e intereses de la deuda. Creció gracias al default de Adolfo Rodríguez Saá, que nadie lo quiere mencionar. Sinceremos el discurso.
¿Qué vamos a privilegiar? ¿La deuda que nació en la corrupción, que ya dijo el fiscal federal que debe ser investigada, ante el pedido de nulidad que presentó este bloque? ¿Vamos a privilegiar la corrida de los fondos buitres, una deuda que es impagable, o no debatir en el Congreso, como sugirió mi estimado colega Federico Pinedo? Si este Congreso no está para discutir la deuda, este Congreso es absolutamente inconstitucional, señora presidenta. Y hasta ahora no la ha discutido.
Yo quisiera hacer un llamado sincero a la conciencia de todos los legisladores. No me cabe duda de que estén donde estén situados están hablando de un tema que no les es ajeno que se ha llevado en los últimos treinta años el bienestar del pueblo argentino, el crecimiento y el desarrollo de nuestra República.
Sabemos dónde comenzó la historia. Esta deuda comienza con la generación de una serie de ilícitos; nace ligada a la corrupción de la dictadura.
La debilidad de la Argentina al salir de la dictadura y la presión del lobby mediático, el lobby empresario y el lobby del capitalismo financiero hicieron que reconociéramos lo que eran delitos públicos irreversibles. Permitimos todas las infamias. Todos los gobiernos de la democracia aceptaron la modificación del artículo 1° del Código Procesal Civil y Comercial, que los Videla y los Martínez de Hoz efectuaron permitiendo delegar la jurisdicción argentina en otros países.
A partir de ahí la Argentina entra en el territorio peligroso de la tela de araña de la dominación neocolonial. Después vinieron los cincuenta y tantos tratados binacionales de reciprocidad de inversiones, concesión de jurisdicción en New York y Londres. Vino la idea del arbitraje del CIADI, que significaba que este país soberano renunciaba a la defensa, que se ponía a los pies de una oficina de arbitraje del Banco Mundial cuyos fallos eran inapelables, irreversibles, definitivos. Por estos TBI –tratados bilaterales de inversión- colocábamos a las empresas extranjeras en el mismo lugar de las empresas argentinas, y cuando teníamos un litigio estábamos obligados a pasar por el CIADI.
Nos convertimos en un país víctima de la dominación neocolonial. A raíz de lo que pasó con la fragata “Libertad” ¿alguien duda de que hoy es el juez Griesa quien nos pone el cuchillo al cuello?
Señores diputados: acá se hizo añicos el gran jarrón chino de la abuela. Se cayó y se hizo mil pedazos el cuento chino de que había que pagar, pagar y pagar porque si no nos caíamos de la galaxia. Ya escuchamos este cuento cuando se hablaba de salir de la convertibilidad. ¿O acaso nos olvidamos? Quien mencionaba salir de la convertibilidad era prácticamente un provocador institucional. Tuvo que venir el tsunami de los años 2001 y 2002.
Los gobiernos de la democracia no hicieron nada por recuperar la jurisdicción soberana de la Argentina. Teniendo mayorías absolutas –como lo tuvo el gobierno de Néstor y lo tiene el de Cristina ahora- fuimos incapaces de salir del CIADI. También fuimos incapaces de denunciar esos cincuenta y tres TBI, que son los estatutos del coloniaje. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos un pueblo sufriente. En estos casi treinta años que han transcurrido desde la finalización de la dictadura, hemos pagado cerca de 270 mil millones de dólares. Este año son 10.300 millones de dólares en concepto de servicios; el año que viene, otros 10 mil; en 2014, 13.500 y en 2015, 15 mil. Es decir que en estos cuatro años tendríamos que pagar cerca de 50 mil millones de dólares.
La deuda se ha llevado el 82 por ciento móvil, la construcción de millones de viviendas populares, se llevó también hospitales, escuelas, la reconstrucción de los ferrocarriles, la reconstrucción de la flota mercante y fluvial, se llevó créditos para las pymes, se llevó trabajo estable y se llevó también el 50 por ciento de la seguridad social de los trabajadores.
¿Cómo es posible que este Congreso no se ponga de pie y asuma el deber constitucional de auditar la deuda? Quien está hablando junto con muchos compañeros del interbloque Proyecto Sur presentamos en el año 2010 un proyecto para la creación de una comisión bicameral de auditoría e investigación de la deuda. Fue nuevamente presentado, pero la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que preside el diputado Kunkel, no lo trató ni respondió el pedido.
Señora presidenta: ésta es una serie patética porque la deuda es impagable. Lo saben todos; también lo sabe el diputado preopinante. Como bien dijo el diputado Lozano, contando todas las deudas, hoy la Argentina debe 220 mil millones de dólares. Con esta apertura del canje ahora quieren que pidamos más dinero prestado para seguir endeudándonos.
En el presupuesto que votamos para el año 2013 está previsto poder pedir hasta 100 mil millones de dólares. Entonces, ¿a dónde vamos a parar si hay deuda programada hasta el año 2084? ¿Qué les vamos a dejar a nuestros hijos?
Señora presidenta: aquí hay que hacerle pagar el costo político al juez Griesa y a los fondos buitres. ¡Que se animen a ponernos en default! Que no se asuste ninguno de los diputados: en 2002, 2003, 2004 y 2005 la Argentina creció porque no tuvo que estar pagando los servicios e intereses de la deuda. Creció gracias al default de Adolfo Rodríguez Saá, que nadie lo quiere mencionar. Sinceremos el discurso.
¿Qué vamos a privilegiar? ¿La deuda que nació en la corrupción, que ya dijo el fiscal federal que debe ser investigada, ante el pedido de nulidad que presentó este bloque? ¿Vamos a privilegiar la corrida de los fondos buitres, una deuda que es impagable, o no debatir en el Congreso, como sugirió mi estimado colega Federico Pinedo? Si este Congreso no está para discutir la deuda, este Congreso es absolutamente inconstitucional, señora presidenta. Y hasta ahora no la ha discutido.
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Señor diputado: el señor diputado Pérez le solicita una interrupción ¿Se la concede?
SR.(SOLANAS)
Por ahora no la concedo, después sí.
Nosotros decimos: basta de pagar refinanciaciones; auditoría general de la deuda con expertos nacionales e internacionales; determinar la parte legítima de la ilegítima. Segundo: denunciar los 53 TBI, recuperar la jurisdicción soberana de la Argentina, salir del arbitraje del CIADI y cambiar el estudio jurídico. ¡Cómo estaremos de arrodillados! Perón diría: “¡Qué vendepatrias!” Para defender los intereses argentinos –con el eufemismo de hablar de “abogados argentinos”- colocaron al mismo estudio americano que desde el plan Brady en adelante viene tratando todos los asuntos de nuestra deuda y son los representantes de los bancos que nos están chupando la sangre.
Señora presidenta: hago un llamado a la conciencia nacional que aún queda en los legisladores. Los momentos más brillantes del desarrollo nacional, de mayor expansión de su industria, no fueron los de la entrega del señor Menem en la década del 90. Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón, Illia, se desarrollaron sin auxilio del crédito externo. El mito grande de que acá hay que pagar porque si no, no entramos al mercado de capitales, es mentira. La Argentina está en default técnico desde hace mucho tiempo y es considerado un país moroso. Si se paga esta vez, exigirán el pago al Club de París y a todo lo que se nos ocurra. Acá no entramos en ese famoso mercado de capitales, que sabemos que es la telaraña de la dominación.
Señores diputados y diputadas: el bloque Proyecto Sur rechaza absolutamente este proyecto por indigno y porque enmascara y disfraza los verdaderos alcances del canje de la deuda. (Aplausos.)
Nosotros decimos: basta de pagar refinanciaciones; auditoría general de la deuda con expertos nacionales e internacionales; determinar la parte legítima de la ilegítima. Segundo: denunciar los 53 TBI, recuperar la jurisdicción soberana de la Argentina, salir del arbitraje del CIADI y cambiar el estudio jurídico. ¡Cómo estaremos de arrodillados! Perón diría: “¡Qué vendepatrias!” Para defender los intereses argentinos –con el eufemismo de hablar de “abogados argentinos”- colocaron al mismo estudio americano que desde el plan Brady en adelante viene tratando todos los asuntos de nuestra deuda y son los representantes de los bancos que nos están chupando la sangre.
Señora presidenta: hago un llamado a la conciencia nacional que aún queda en los legisladores. Los momentos más brillantes del desarrollo nacional, de mayor expansión de su industria, no fueron los de la entrega del señor Menem en la década del 90. Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón, Illia, se desarrollaron sin auxilio del crédito externo. El mito grande de que acá hay que pagar porque si no, no entramos al mercado de capitales, es mentira. La Argentina está en default técnico desde hace mucho tiempo y es considerado un país moroso. Si se paga esta vez, exigirán el pago al Club de París y a todo lo que se nos ocurra. Acá no entramos en ese famoso mercado de capitales, que sabemos que es la telaraña de la dominación.
Señores diputados y diputadas: el bloque Proyecto Sur rechaza absolutamente este proyecto por indigno y porque enmascara y disfraza los verdaderos alcances del canje de la deuda. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
SR. FAVARIO, CARLOS ALBERTO (SANTA FE):
Señora presidenta: este asunto...
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Señor diputado: el señor diputado Pinedo le solicita una interrupción, ¿se la concede?
SR. FAVARIO, CARLOS ALBERTO (SANTA FE):
Si me descuenta el tiempo, sí, señora presidenta.
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Sí, señor diputado.
Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR. PINEDO, FEDERICO (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señora presidenta: no pedí la palabra para una interrupción, sino porque fui aludido, pero voy a ser muy breve.
No digo que el Congreso no tenga que discutir la deuda, porque me parece absolutamente que sí tiene que hacerlo. Lo que no creo que tenga que hacerse es discutir las estrategias judiciales en una sesión del Congreso. Me parece que hay que discutirlo con los abogados en un lugar un poco más técnico y con los recaudos del caso.
No digo que el Congreso no tenga que discutir la deuda, porque me parece absolutamente que sí tiene que hacerlo. Lo que no creo que tenga que hacerse es discutir las estrategias judiciales en una sesión del Congreso. Me parece que hay que discutirlo con los abogados en un lugar un poco más técnico y con los recaudos del caso.
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Santa Fe.
SR. FAVARIO, CARLOS ALBERTO (SANTA FE):
Señora presidenta: yo decía que este asunto que ha conmovido al país por las consecuencias que trae aparejadas...
SR. LOZANO, CLAUDIO RAUL (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?
SR. FAVARIO, CARLOS ALBERTO (SANTA FE):
No la concedo, señor diputado.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. FAVARIO, CARLOS ALBERTO (SANTA FE):
Señora presidenta: no puedo hablar en estas condiciones, porque parece que estoy en la cancha en vez de estar en el Congreso de la Nación.
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
La presidenta solicita a los señores diputados que respeten al orador y guarden silencio.
SR. FAVARIO, CARLOS ALBERTO (SANTA FE):
Decía que este asunto que ha conmovido al país por las consecuencias que trae aparejadas, como todas las cosas complejas y difíciles, en mi modesto entender exige serenidad y prudencia. Pero me parece que se ha carecido de serenidad y prudencia al someter este asunto al debate del Congreso, como también carece de seriedad y de prudencia...
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. FAVARIO, CARLOS ALBERTO (SANTA FE):
Señora presidenta: ¿a usted le parece que en estas condiciones puedo seguir hablando?
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Continúe, señor diputado.
SR. FAVARIO, CARLOS ALBERTO (SANTA FE):
Decía que también me parece que carece de seriedad, de serenidad y de prudencia el proyecto que estamos considerando. En un tema de esta magnitud no se puede incurrir en las inexactitudes ni en las contradicciones que surgen del contenido y de los fundamentos del proyecto. Esto no es serio.
El proyecto de resolución atenta contra la finalidad buscada y será absolutamente negativo en los efectos que pueda producir. Es voluntarista y jurídicamente disparatado.
Basta sólo leer en el punto segundo, la cita al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, tan disparatado por cierto, porque no es aplicable al asunto en discusión, radicado en el tribunal de Nueva York, ya que así lo acordó este mismo gobierno cuando reestructuró la deuda y también cuando prorrogó la jurisdicción.
Creo que han hablado demasiado la presidenta y los ministros, y nada sirvió para el fin perseguido. Por el contrario, lo que dijeron se les volvió en contra, tuvo un efecto bumerán.
¿Para qué vamos a seguir hablando y gritando cuando es aconsejable la serenidad y la prudencia?
¡Y vaya si podemos hablar de este tema, señora presidenta! Pero me parece más importante que...
El proyecto de resolución atenta contra la finalidad buscada y será absolutamente negativo en los efectos que pueda producir. Es voluntarista y jurídicamente disparatado.
Basta sólo leer en el punto segundo, la cita al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, tan disparatado por cierto, porque no es aplicable al asunto en discusión, radicado en el tribunal de Nueva York, ya que así lo acordó este mismo gobierno cuando reestructuró la deuda y también cuando prorrogó la jurisdicción.
Creo que han hablado demasiado la presidenta y los ministros, y nada sirvió para el fin perseguido. Por el contrario, lo que dijeron se les volvió en contra, tuvo un efecto bumerán.
¿Para qué vamos a seguir hablando y gritando cuando es aconsejable la serenidad y la prudencia?
¡Y vaya si podemos hablar de este tema, señora presidenta! Pero me parece más importante que...
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
La Presidencia solicita a los señores diputados que guarden silencio a fin de que se pueda escuchar al orador.
SR. FAVARIO, CARLOS ALBERTO (SANTA FE):
Me parece importante que los diputados del oficialismo, más que en este proyecto de resolución trasnochado...
- Varios señores diputados hablan a la vez.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Julián Andrés Domínguez.
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
La Presidencia solicita a los señores diputados que guarden silencio, se ubiquen en sus bancas y respeten al orador.
SR. FAVARIO, CARLOS ALBERTO (SANTA FE):
Este proyecto pretende incursionar en fundamentos jurídicos, pero comete las herejías jurídicas que surgen de su contenido.
Sería preferible que en vez de este proyecto, confiaran en su Poder Ejecutivo y en los representantes designados para defender los intereses argentinos en los estrados judiciales estadounidenses.
Por supuesto, nosotros no confiamos, pero al menos vamos a hacer el aporte de no seguir sumando ingredientes conflictivos y aristas ríspidas para provocar situaciones que en definitiva atenten contra los intereses del país. Nosotros vamos a guardar silencio como una contribución positiva que sirva para no seguir jugando con el futuro de la Argentina.
Por lo expuesto, el voto del bloque Demócrata Progresista es negativo respecto de este proyecto carente en absoluto de fundamentos. (Aplausos.)
Sería preferible que en vez de este proyecto, confiaran en su Poder Ejecutivo y en los representantes designados para defender los intereses argentinos en los estrados judiciales estadounidenses.
Por supuesto, nosotros no confiamos, pero al menos vamos a hacer el aporte de no seguir sumando ingredientes conflictivos y aristas ríspidas para provocar situaciones que en definitiva atenten contra los intereses del país. Nosotros vamos a guardar silencio como una contribución positiva que sirva para no seguir jugando con el futuro de la Argentina.
Por lo expuesto, el voto del bloque Demócrata Progresista es negativo respecto de este proyecto carente en absoluto de fundamentos. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SRA. BULLRICH, PATRICIA (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: en medio de este debate, cuando se está realizando un análisis respecto de una declaración propuesta por el oficialismo, acaba de llegar la noticia de que el fallo del juez Griesa ha sido suspendido por la cámara de apelaciones. (Aplausos.)
Eso indica que lo que veníamos sosteniendo con un grupo de diputados nacionales la semana pasada, en el sentido de tener prudencia, era el camino.
Considero que esto abre una oportunidad porque, contrariamente a lo que dijo el diputado Wayar, sin duda el gobierno de los Estados Unidos en distintas oportunidades abrió puertas y ventanas para que la Justicia, en este caso el juez Griesa, no dictase el fallo que terminó suscribiendo. Lo dijeron tanto el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como el propio presidente Obama.
Justamente esto tenía que ver con las implicancias...
Eso indica que lo que veníamos sosteniendo con un grupo de diputados nacionales la semana pasada, en el sentido de tener prudencia, era el camino.
Considero que esto abre una oportunidad porque, contrariamente a lo que dijo el diputado Wayar, sin duda el gobierno de los Estados Unidos en distintas oportunidades abrió puertas y ventanas para que la Justicia, en este caso el juez Griesa, no dictase el fallo que terminó suscribiendo. Lo dijeron tanto el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como el propio presidente Obama.
Justamente esto tenía que ver con las implicancias...
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
¡Por favor, guarden silencio, señores diputados!
SRA. BULLRICH, PATRICIA (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
...que este tipo de fallos podía traer no sólo a la Argentina sino a otros países del mundo que tienen problemas con sus deudas.
La oportunidad que se abre es volver a lo que en febrero de 2012 planteó con claridad el mismo juez al que le acaban de suspender su fallo. Se trata de que aquellos que habían quedado afuera del canje, los distintos fondos buitre o holdouts, pudieran entrar en las mismas condiciones que el gobierno planteó cuando abrió la ley cerrojo en 2010, permitiendo el ingreso de aquellos que no habían entrado en el primer canje, que se había cerrado con la ley cerrojo de 2005.
La oportunidad que se abre es volver a lo que en febrero de 2012 planteó con claridad el mismo juez al que le acaban de suspender su fallo. Se trata de que aquellos que habían quedado afuera del canje, los distintos fondos buitre o holdouts, pudieran entrar en las mismas condiciones que el gobierno planteó cuando abrió la ley cerrojo en 2010, permitiendo el ingreso de aquellos que no habían entrado en el primer canje, que se había cerrado con la ley cerrojo de 2005.
- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª de la Honorable Cámara, profesora Norma Amanda Abdala de Matarazzo.
SRA. BULLRICH, PATRICIA (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Este antecedente de apertura fue propuesto por el mismo gobierno a partir de un decreto de necesidad y urgencia. Esto fue lo que habilitó la primera violación a la ley cerrojo.
A partir de ahí surge el fallo del juez Griesa de febrero de este año, que indica que aquellos que habían quedado afuera, que son pocos en términos numéricos -solamente un 7 por ciento-, pudiesen entrar en las mismas condiciones que lo habían hecho aquellos que habían entrado desde 2005 a 2006, es decir, el 93 por ciento de bonos que entraron al canje en las dos etapas de la deuda.
Sin duda, esta posibilidad que se abre nuevamente implica que a partir de ahora se plantee una estrategia inteligente, porque es la misma Justicia la que brinda dicha oportunidad con esta suspensión del fallo que resolvió la Cámara de Apelaciones de Nueva York.
Imagino que el oficialismo va a retirar esta resolución, teniendo en cuenta la noticia que ha llegado en este momento, porque evidentemente no sería conveniente votar esta iniciativa teniendo ahora un fallo favorable.
Lo que sí creo que sería útil es que, tal como lo establece la Constitución Nacional, venga el ministro de Economía al Parlamento y que en las sesiones extraordinarias se habilite la discusión de un tema de esta envergadura. Asimismo, sería conveniente que concurra la presidenta del Banco Central y aclare por qué se negó a aceptar el fallo de febrero de 2012. Se apeló ese fallo, pero esa hubiera sido una buena oportunidad para terminar de cerrar el ciento por ciento de la deuda argentina.
Esto es importante porque vivimos una situación compleja, tal como la que está atravesando la fragata “Libertad”. No sabemos cuál es la línea que está llevando adelante el estudio de abogados que está ejerciendo la defensa. Evidentemente, hay una estrategia que ha sido aconsejada y, por otro lado, existe una línea distinta planteada en las declaraciones públicas de la presidenta de la Nación y en esta iniciativa que se quiere votar acá.
En consecuencia, es necesario tomar esta oportunidad que nuevamente se abre y debemos escuchar claramente que la posición del gobierno de los Estados Unidos no ha sido la misma.
Existe la posibilidad de apoyarse claramente en un gobierno que ha pedido prudencia a la Justicia a los efectos de que no adopte una posición de embargar bienes o entrometerse, tal cual lo han dicho tanto el presidente Obama como el Departamento de Justicia.
Si bien nosotros en este momento estamos en una situación compleja, podemos tener una nueva oportunidad para cerrar, para terminar con los embargos sobre los activos que tiene la Argentina, para volver a traer la fragata “Libertad”, para evitar nuevos bloqueos y para generar una vuelta atrás, tal cual planteó el mismo juez, cuya sentencia acaba de ser desconocida por una Cámara, en febrero de este año, y liberarnos de ese 7 por ciento que podría entrar en la misma posición en la que ya entraron los demás bonistas por la decisión del gobierno argentino de abrir la ley cerrojo en el 2010.
Creo que esto nos permitiría tener un mejor financiamiento, créditos más baratos para los argentinos, para viviendas y para la obra pública, posibilidades concretas que hoy no tenemos los argentinos por esta situación.
En consecuencia, quiero pedir a la Cámara y especialmente al bloque oficialista que, habiendo una situación distinta a la que había cuando comenzamos esta sesión, repiense este voto y suspenda esta resolución hasta tanto se siga adelante con esta nueva realidad que implica la suspensión de la Cámara en los Estados Unidos.
Espero que a partir de ahora seamos prudentes, tal cual aconsejamos en un escueto comunicado la semana pasada, porque cuando faltan instancias judiciales todavía hay oportunidades.
Hoy se abrió esta alternativa y espero que –tal como ocurrió en febrero de 2012 no la volvamos a perder, porque esto implicaría una posibilidad importante para el crédito en la Argentina, que como todos sabemos está absolutamente cortado para los ciudadanos y para las empresas.
A partir de ahí surge el fallo del juez Griesa de febrero de este año, que indica que aquellos que habían quedado afuera, que son pocos en términos numéricos -solamente un 7 por ciento-, pudiesen entrar en las mismas condiciones que lo habían hecho aquellos que habían entrado desde 2005 a 2006, es decir, el 93 por ciento de bonos que entraron al canje en las dos etapas de la deuda.
Sin duda, esta posibilidad que se abre nuevamente implica que a partir de ahora se plantee una estrategia inteligente, porque es la misma Justicia la que brinda dicha oportunidad con esta suspensión del fallo que resolvió la Cámara de Apelaciones de Nueva York.
Imagino que el oficialismo va a retirar esta resolución, teniendo en cuenta la noticia que ha llegado en este momento, porque evidentemente no sería conveniente votar esta iniciativa teniendo ahora un fallo favorable.
Lo que sí creo que sería útil es que, tal como lo establece la Constitución Nacional, venga el ministro de Economía al Parlamento y que en las sesiones extraordinarias se habilite la discusión de un tema de esta envergadura. Asimismo, sería conveniente que concurra la presidenta del Banco Central y aclare por qué se negó a aceptar el fallo de febrero de 2012. Se apeló ese fallo, pero esa hubiera sido una buena oportunidad para terminar de cerrar el ciento por ciento de la deuda argentina.
Esto es importante porque vivimos una situación compleja, tal como la que está atravesando la fragata “Libertad”. No sabemos cuál es la línea que está llevando adelante el estudio de abogados que está ejerciendo la defensa. Evidentemente, hay una estrategia que ha sido aconsejada y, por otro lado, existe una línea distinta planteada en las declaraciones públicas de la presidenta de la Nación y en esta iniciativa que se quiere votar acá.
En consecuencia, es necesario tomar esta oportunidad que nuevamente se abre y debemos escuchar claramente que la posición del gobierno de los Estados Unidos no ha sido la misma.
Existe la posibilidad de apoyarse claramente en un gobierno que ha pedido prudencia a la Justicia a los efectos de que no adopte una posición de embargar bienes o entrometerse, tal cual lo han dicho tanto el presidente Obama como el Departamento de Justicia.
Si bien nosotros en este momento estamos en una situación compleja, podemos tener una nueva oportunidad para cerrar, para terminar con los embargos sobre los activos que tiene la Argentina, para volver a traer la fragata “Libertad”, para evitar nuevos bloqueos y para generar una vuelta atrás, tal cual planteó el mismo juez, cuya sentencia acaba de ser desconocida por una Cámara, en febrero de este año, y liberarnos de ese 7 por ciento que podría entrar en la misma posición en la que ya entraron los demás bonistas por la decisión del gobierno argentino de abrir la ley cerrojo en el 2010.
Creo que esto nos permitiría tener un mejor financiamiento, créditos más baratos para los argentinos, para viviendas y para la obra pública, posibilidades concretas que hoy no tenemos los argentinos por esta situación.
En consecuencia, quiero pedir a la Cámara y especialmente al bloque oficialista que, habiendo una situación distinta a la que había cuando comenzamos esta sesión, repiense este voto y suspenda esta resolución hasta tanto se siga adelante con esta nueva realidad que implica la suspensión de la Cámara en los Estados Unidos.
Espero que a partir de ahora seamos prudentes, tal cual aconsejamos en un escueto comunicado la semana pasada, porque cuando faltan instancias judiciales todavía hay oportunidades.
Hoy se abrió esta alternativa y espero que –tal como ocurrió en febrero de 2012 no la volvamos a perder, porque esto implicaría una posibilidad importante para el crédito en la Argentina, que como todos sabemos está absolutamente cortado para los ciudadanos y para las empresas.
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
SRA. RODRIGUEZ, MARCELA VIRGINIA (BUENOS AIRES):
Señora presidenta: en realidad, voy a ser sumamente breve y quiero decir que me siento representada por las palabras del señor diputado Lozano y de la señora diputada Stolbizer.
Por lo que ha trascendido en los medios acerca de la resolución de la Cámara de Apelaciones, hay más tiempo para presentar argumentaciones, tomando en cuenta la presentación de los bonistas que ingresaron en el canje.
En una conferencia de prensa el ministro de Economía había dicho que estaban esperando la decisión de la Cámara de Apelaciones y que, hasta tanto eso no sucediera, no tenían nada más que agregar a lo que se dijo en los últimos días.
Supongo que pretender algo del Congreso Nacional en estas condiciones, cuando ni siquiera leímos la resolución y cuando no somos quienes tenemos competencia en el tema –más allá de que todavía estén en discusión las condiciones de la deuda ilegítima, creo que no tiene ningún sentido.
Para no extenderme más me remito a lo expresado por el señor diputado Lozano.
Por lo que ha trascendido en los medios acerca de la resolución de la Cámara de Apelaciones, hay más tiempo para presentar argumentaciones, tomando en cuenta la presentación de los bonistas que ingresaron en el canje.
En una conferencia de prensa el ministro de Economía había dicho que estaban esperando la decisión de la Cámara de Apelaciones y que, hasta tanto eso no sucediera, no tenían nada más que agregar a lo que se dijo en los últimos días.
Supongo que pretender algo del Congreso Nacional en estas condiciones, cuando ni siquiera leímos la resolución y cuando no somos quienes tenemos competencia en el tema –más allá de que todavía estén en discusión las condiciones de la deuda ilegítima, creo que no tiene ningún sentido.
Para no extenderme más me remito a lo expresado por el señor diputado Lozano.
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. SOLA, FELIPE CARLOS (BUENOS AIRES):
Señora presidenta: me parece que el sentido de esta parte de la reunión de hoy ha cambiado con esta noticia, que si bien no modifica estructuralmente nuestras ideas ni nuestra situación respecto de la deuda externa o del frente externo en general, es una buena novedad después de la terrible noticia que hemos recibido con el fallo del juez Griesa.
No coincido para nada con que no podamos discutir cuáles son las estrategias frente al sector externo. Sí, por supuesto, nos resultará muy difícil discutir cuáles son las estrategias en el marco del derecho y frente a tal o cual juez. Digo esto porque los abogados que supuestamente defienden a la Argentina en Nueva York a una cifra muy alta por minuto en concepto de honorarios –yo vengo trabajando desde hace muchos años y la verdad es que jamás se me ocurrió cobrar por minuto nunca nos han informado sobre cuál es esa estrategia. En el mejor de los casos se la comunicarán al ministro de Economía; sinceramente no sé si esto es bueno o malo, pero lo cierto es que nosotros no sabemos cuál es la estrategia.
Por otro lado, considero importante dejar en claro un concepto. En 2005 hubo una quita excepcional en el monto de la deuda. Ese canje no fue criticado tan duramente por quienes entonces formaban parte de la oposición. Por el contrario, ese canje fue visto como el arranque de una nueva situación frente a la deuda, que otorgaba mayor grado de soberanía y de independencia a la Argentina, más allá de que al tomar esa decisión –lo digo con el respeto que le tengo a mi colega Fernando Solanas no se tocara automáticamente la situación jurídica ni la cuestión de la legitimidad de la deuda global argentina. El gobierno simplemente se puso en una posición pragmática, como lo hacen la mayoría de los gobiernos.
Podemos decir que la deuda es legal o ilegal –en mi opinión tiene más visos de legalidad, porque seguramente debe ser difícil probar su ilegalidad, pero su legitimidad sí es discutible. Lo que ocurre es que sobre la base de la ilegitimidad no se puede dejar de pagar; sí se lo puede hacer sobre la base de la ilegalidad.
En ese sentido, la ilegitimidad está dada por el hecho de que la gran mayoría de la deuda que acumulamos durante muchísimos años, en especial desde la dictadura en adelante que fue cuando se multiplicó, se utilizó para sostener fiscalmente los planes económicos. Esos recursos no se orientaron a infraestructura social o económica. Ni siquiera se orientó a desarrollar infraestructura que pudiera discutirse desde el punto de vista de lo que es la distribución del ingreso en la Argentina. Nada de eso ocurrió. Por el contrario, la gran mayoría de la deuda entró y salió como gasto para sostener proyectos y programas económicos de corto plazo, programas del Fondo y programas de estabilización. El famoso stop and go de la Argentina se basó siempre en la renovación de la deuda. Por eso tuvimos una década perdida, amén de haber pasado antes una década de horror.
En mi opinión, esta Cámara tendría que respetar y tener en cuenta alguna vez el trabajo que realizó Alejandro Olmos y quienes lo siguieron. Considero que no tenemos derecho a actuar con prejuicio ex ante frente a una acusación tan grande y ante un monto tan enorme.
Tampoco tenemos derecho a decir que no. Es más, por lo general esta Cámara se dedica a estudiar cosas menos importantes y tranquilamente nos podríamos abocar al análisis de esta cuestión. Sin embargo, esto no hará que quienes tienen bonos entregados en 2005 o en 2010 dejen de cobrar porque nosotros decidimos ponernos a analizar la deuda.
También debo decir que resulta imposible llevar adelante un canje de deuda si no se acepta la jurisdicción de los tribunales originales de la deuda que se está canjeando. ¿Dónde estaba el que dijo que había que poner los tribunales de Uruguay, Argentina o Islandia? Nadie dijo nada de eso, porque todos sabemos que la condición sine qua non para que el canje sea posible es que siga la misma sede judicial. Es fácil decirlo ahora, pero esa es la verdad. Incluso, recuerdo que en 2006 la provincia de Buenos Aires llevó adelante su propio canje y también debimos aceptar esa condición, que en ese momento pensábamos que era terrible.
Con los argumentos de hoy es muy fácil hablar, pero esa es la verdad. Se aceptó la deuda –el gobierno tiene que responsabilizarse de esa decisión y sobre ella se efectuó una quita muy importante en dos oportunidades.
También estoy de acuerdo con que buena parte del crecimiento que se registró en los últimos años no se debe solo al viento de cola y a la soja, sino también al hecho de que en estos años no tuvimos un frente externo muy complicado a raíz del default de 2001 y de que no tuvimos que afrontar grandes pagos en los años posteriores.
Por supuesto que cuando lleguen los años con vencimientos, empezaremos a tener deuda interna o empezaremos a agravar nuestra deuda interna per se. Somos un país injusto. Somos un país con demandas, con postergaciones. Es obvio que si tenemos 8 mil, 10 mil, 12 mil o 15 mil millones de dólares de vencimiento por año, alguien pierde. Pero por supuesto que no pierden todos en igualdad de condiciones. No estoy diciendo nada nuevo, pues esto lo saben todos los hombres y mujeres del gobierno y de la oposición.
Por lo tanto, un canje no es para nada gratis, aunque tenga una gran exacción y sea mucho menor. Va a ser muy caro en el futuro, y coincido con el señor diputado Solanas en que va a seguir hipotecándonos el futuro.
Desde ese punto de vista, el default aparece como mágico. Si la deuda es ilegal, declaremos el default e invirtamos hacia adentro, es decir, que el chorro esté puesto para adentro. Esto sería ideal, y ojalá lo pudiéramos hacer, pero no veo la factibilidad en este momento ante la situación a la que nosotros llegamos.
Sí creo que al estar permanentemente diciendo lo bien que nos va en el frente externo, lo bien que hemos manejado el tema de la deuda, lo exitoso del canje de 2010, lo sucedido con las reservas del Banco Central –que ya no son las mismas que antes, etcétera, se genera una situación falsa. Hay una diferencia entre la situación real del frente externo argentino –y, por lo tanto, de los 40 millones- y la situación que se cuenta en el gobierno. Hay una distancia muy grande, y está dada por ese endeudamiento futuro.
Yo no los acuso de habernos endeudado, pero sí los acuso de no recordar permanentemente que seguimos muy endeudados a pesar de todo, que nos va a seguir costando y que no estamos bajando en términos de PBI tanto como pensábamos, porque nos estamos quedando, porque el mundo se ha quedado y tenemos nuestros problemas.
Por último, quiero decir que no estoy para nada de acuerdo con que no hayamos podido ponernos de acuerdo nosotros frente a un fallo como el del juez Griesa, fallo que responde a un fondo buitre. Hace un mes y medio nos embargaron la fragata “Libertad”. ¿A qué argentino bien nacido no le dolió que la fragata estuviera retenida en el puerto de Ghana, como una muestra de nuestra impotencia, de nuestra debilidad?
Lo que no puedo creer es que hayan aparecido tantos argentinos dispuestos a buscar al subsecretario que se equivocó o al almirante que metió la pata por incluir al puerto de Tema en el itinerario de la fragata. No puedo creer que hayan aparecido tantos argentinos dispuestos a hacer leña del árbol caído cuando lo que había que recordar es que un juez de Ghana, posiblemente corrupto, embargó un buque de guerra argentino allá lejos –con lo cual nos ofendió a todos, respondiendo a un fondo buitre que compró el 5 o el 10 por ciento los papeles de una deuda que sabía impagable y después pretendió que se la pagaran en su totalidad. Pero resulta que el culpable era algún almirante del Ministerio de Defensa o algún subsecretario que se había equivocado, y no los fondos buitre, que son los verdaderos culpables.
Eso es cipayismo. Olvidarse de quién se tiene enfrente y de qué puede hacernos es tener convicción de cipayo, o falta de convicción. Lo mismo ocurrió con el fallo del juez Griesa. Ese fallo fue absolutamente político y no basado en derecho. El juez Griesa se enojó por lo que se decía acá. Es posible que haya sido imprudente, pero los juicios no se basan en la prudencia del acusado. El acusado puede insultar, decir cualquier cosa o incluso ser retirado de la sala y, sin embargo, tener razón; un jurado, el juez o quien sea le puede dar la razón después. No es la conducta del acusado durante el juicio la que determina quién tiene razón, sino la justicia de fondo, y aquí no la hubo. Además, me alegra muchísimo que esta tarde hayamos tenido una noticia que aparentemente mejora la situación, aunque no es definitiva.
En ese fallo hubo agresión contra la Argentina. Cualquiera que lo haya leído lo sabe. Hay que ser muy cipayo para no calentarse con ese fallo, señora presidenta, y para empezar a buscar en otro lugar dónde están las culpas. Yo no le quito culpas a nadie; el fallo tiene costo político y la fragata tiene costo político, pero no me equivoco respecto de quiénes son los verdaderos enemigos del país.
Finalmente, debo decir que me acaban de informar que la Organización Internacional del Mar ha dicho que los buques de guerra son inembargables. No estoy hablando de la Convención de los Derechos del Mar, donde nos presentamos para liberar la fragata, sino de la mencionada organización.
Esa sí es una buena noticia. Pero empecemos a mirar estos temas como temas comunes de todos. Podemos tener una mala estrategia o equivocarnos internamente, pero no podemos pelearnos de tal manera que quien se esté riendo del otro lado sea Griesa o sus amigos, los fondos buitres o sus amigos, o los enemigos de la Argentina. (Aplausos.)
No coincido para nada con que no podamos discutir cuáles son las estrategias frente al sector externo. Sí, por supuesto, nos resultará muy difícil discutir cuáles son las estrategias en el marco del derecho y frente a tal o cual juez. Digo esto porque los abogados que supuestamente defienden a la Argentina en Nueva York a una cifra muy alta por minuto en concepto de honorarios –yo vengo trabajando desde hace muchos años y la verdad es que jamás se me ocurrió cobrar por minuto nunca nos han informado sobre cuál es esa estrategia. En el mejor de los casos se la comunicarán al ministro de Economía; sinceramente no sé si esto es bueno o malo, pero lo cierto es que nosotros no sabemos cuál es la estrategia.
Por otro lado, considero importante dejar en claro un concepto. En 2005 hubo una quita excepcional en el monto de la deuda. Ese canje no fue criticado tan duramente por quienes entonces formaban parte de la oposición. Por el contrario, ese canje fue visto como el arranque de una nueva situación frente a la deuda, que otorgaba mayor grado de soberanía y de independencia a la Argentina, más allá de que al tomar esa decisión –lo digo con el respeto que le tengo a mi colega Fernando Solanas no se tocara automáticamente la situación jurídica ni la cuestión de la legitimidad de la deuda global argentina. El gobierno simplemente se puso en una posición pragmática, como lo hacen la mayoría de los gobiernos.
Podemos decir que la deuda es legal o ilegal –en mi opinión tiene más visos de legalidad, porque seguramente debe ser difícil probar su ilegalidad, pero su legitimidad sí es discutible. Lo que ocurre es que sobre la base de la ilegitimidad no se puede dejar de pagar; sí se lo puede hacer sobre la base de la ilegalidad.
En ese sentido, la ilegitimidad está dada por el hecho de que la gran mayoría de la deuda que acumulamos durante muchísimos años, en especial desde la dictadura en adelante que fue cuando se multiplicó, se utilizó para sostener fiscalmente los planes económicos. Esos recursos no se orientaron a infraestructura social o económica. Ni siquiera se orientó a desarrollar infraestructura que pudiera discutirse desde el punto de vista de lo que es la distribución del ingreso en la Argentina. Nada de eso ocurrió. Por el contrario, la gran mayoría de la deuda entró y salió como gasto para sostener proyectos y programas económicos de corto plazo, programas del Fondo y programas de estabilización. El famoso stop and go de la Argentina se basó siempre en la renovación de la deuda. Por eso tuvimos una década perdida, amén de haber pasado antes una década de horror.
En mi opinión, esta Cámara tendría que respetar y tener en cuenta alguna vez el trabajo que realizó Alejandro Olmos y quienes lo siguieron. Considero que no tenemos derecho a actuar con prejuicio ex ante frente a una acusación tan grande y ante un monto tan enorme.
Tampoco tenemos derecho a decir que no. Es más, por lo general esta Cámara se dedica a estudiar cosas menos importantes y tranquilamente nos podríamos abocar al análisis de esta cuestión. Sin embargo, esto no hará que quienes tienen bonos entregados en 2005 o en 2010 dejen de cobrar porque nosotros decidimos ponernos a analizar la deuda.
También debo decir que resulta imposible llevar adelante un canje de deuda si no se acepta la jurisdicción de los tribunales originales de la deuda que se está canjeando. ¿Dónde estaba el que dijo que había que poner los tribunales de Uruguay, Argentina o Islandia? Nadie dijo nada de eso, porque todos sabemos que la condición sine qua non para que el canje sea posible es que siga la misma sede judicial. Es fácil decirlo ahora, pero esa es la verdad. Incluso, recuerdo que en 2006 la provincia de Buenos Aires llevó adelante su propio canje y también debimos aceptar esa condición, que en ese momento pensábamos que era terrible.
Con los argumentos de hoy es muy fácil hablar, pero esa es la verdad. Se aceptó la deuda –el gobierno tiene que responsabilizarse de esa decisión y sobre ella se efectuó una quita muy importante en dos oportunidades.
También estoy de acuerdo con que buena parte del crecimiento que se registró en los últimos años no se debe solo al viento de cola y a la soja, sino también al hecho de que en estos años no tuvimos un frente externo muy complicado a raíz del default de 2001 y de que no tuvimos que afrontar grandes pagos en los años posteriores.
Por supuesto que cuando lleguen los años con vencimientos, empezaremos a tener deuda interna o empezaremos a agravar nuestra deuda interna per se. Somos un país injusto. Somos un país con demandas, con postergaciones. Es obvio que si tenemos 8 mil, 10 mil, 12 mil o 15 mil millones de dólares de vencimiento por año, alguien pierde. Pero por supuesto que no pierden todos en igualdad de condiciones. No estoy diciendo nada nuevo, pues esto lo saben todos los hombres y mujeres del gobierno y de la oposición.
Por lo tanto, un canje no es para nada gratis, aunque tenga una gran exacción y sea mucho menor. Va a ser muy caro en el futuro, y coincido con el señor diputado Solanas en que va a seguir hipotecándonos el futuro.
Desde ese punto de vista, el default aparece como mágico. Si la deuda es ilegal, declaremos el default e invirtamos hacia adentro, es decir, que el chorro esté puesto para adentro. Esto sería ideal, y ojalá lo pudiéramos hacer, pero no veo la factibilidad en este momento ante la situación a la que nosotros llegamos.
Sí creo que al estar permanentemente diciendo lo bien que nos va en el frente externo, lo bien que hemos manejado el tema de la deuda, lo exitoso del canje de 2010, lo sucedido con las reservas del Banco Central –que ya no son las mismas que antes, etcétera, se genera una situación falsa. Hay una diferencia entre la situación real del frente externo argentino –y, por lo tanto, de los 40 millones- y la situación que se cuenta en el gobierno. Hay una distancia muy grande, y está dada por ese endeudamiento futuro.
Yo no los acuso de habernos endeudado, pero sí los acuso de no recordar permanentemente que seguimos muy endeudados a pesar de todo, que nos va a seguir costando y que no estamos bajando en términos de PBI tanto como pensábamos, porque nos estamos quedando, porque el mundo se ha quedado y tenemos nuestros problemas.
Por último, quiero decir que no estoy para nada de acuerdo con que no hayamos podido ponernos de acuerdo nosotros frente a un fallo como el del juez Griesa, fallo que responde a un fondo buitre. Hace un mes y medio nos embargaron la fragata “Libertad”. ¿A qué argentino bien nacido no le dolió que la fragata estuviera retenida en el puerto de Ghana, como una muestra de nuestra impotencia, de nuestra debilidad?
Lo que no puedo creer es que hayan aparecido tantos argentinos dispuestos a buscar al subsecretario que se equivocó o al almirante que metió la pata por incluir al puerto de Tema en el itinerario de la fragata. No puedo creer que hayan aparecido tantos argentinos dispuestos a hacer leña del árbol caído cuando lo que había que recordar es que un juez de Ghana, posiblemente corrupto, embargó un buque de guerra argentino allá lejos –con lo cual nos ofendió a todos, respondiendo a un fondo buitre que compró el 5 o el 10 por ciento los papeles de una deuda que sabía impagable y después pretendió que se la pagaran en su totalidad. Pero resulta que el culpable era algún almirante del Ministerio de Defensa o algún subsecretario que se había equivocado, y no los fondos buitre, que son los verdaderos culpables.
Eso es cipayismo. Olvidarse de quién se tiene enfrente y de qué puede hacernos es tener convicción de cipayo, o falta de convicción. Lo mismo ocurrió con el fallo del juez Griesa. Ese fallo fue absolutamente político y no basado en derecho. El juez Griesa se enojó por lo que se decía acá. Es posible que haya sido imprudente, pero los juicios no se basan en la prudencia del acusado. El acusado puede insultar, decir cualquier cosa o incluso ser retirado de la sala y, sin embargo, tener razón; un jurado, el juez o quien sea le puede dar la razón después. No es la conducta del acusado durante el juicio la que determina quién tiene razón, sino la justicia de fondo, y aquí no la hubo. Además, me alegra muchísimo que esta tarde hayamos tenido una noticia que aparentemente mejora la situación, aunque no es definitiva.
En ese fallo hubo agresión contra la Argentina. Cualquiera que lo haya leído lo sabe. Hay que ser muy cipayo para no calentarse con ese fallo, señora presidenta, y para empezar a buscar en otro lugar dónde están las culpas. Yo no le quito culpas a nadie; el fallo tiene costo político y la fragata tiene costo político, pero no me equivoco respecto de quiénes son los verdaderos enemigos del país.
Finalmente, debo decir que me acaban de informar que la Organización Internacional del Mar ha dicho que los buques de guerra son inembargables. No estoy hablando de la Convención de los Derechos del Mar, donde nos presentamos para liberar la fragata, sino de la mencionada organización.
Esa sí es una buena noticia. Pero empecemos a mirar estos temas como temas comunes de todos. Podemos tener una mala estrategia o equivocarnos internamente, pero no podemos pelearnos de tal manera que quien se esté riendo del otro lado sea Griesa o sus amigos, los fondos buitres o sus amigos, o los enemigos de la Argentina. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
SR. FORTUNA, FRANCISCO JOSE (CORDOBA):
Señora presidenta: voy a ser muy breve para fundar mi voto negativo en relación con el proyecto presentado por el Frente para la Victoria.
Ojalá que sepamos aprovechar la decisión que se ha tomado, que abre una nueva expectativa y alternativa para lograr un mejor resultado en estas negociaciones para todos los argentinos.
Le voy a pedir especialmente al señor ministro de Economía, Lorenzino, que se ocupe fundamentalmente de estas cuestiones que son trascendentales para nuestro país, en lugar de andar inmiscuyéndose en temas provinciales.
Aprovecho para decir, porque se trata de sucesos que han ocurrido en el día de hoy, que el ministro debe hacer los deberes y pagar las deudas que tiene con la provincia de Córdoba. Que disponga que se cumplan los derechos que tiene la provincia de Córdoba en el reclamo legítimo que le estamos efectuando en relación con la caja de jubilaciones de la provincia. Nos deben 1.040 millones desde 2011, más 1.000 del período en curso, más 500 millones en concepto de viviendas y obras públicas.
De eso también debería ocuparse el ministro de Economía, en lugar de andar discriminando a los gobiernos provinciales que se animan a decir la verdad al Poder Ejecutivo nacional. Quiero expresar esto con todas las letras, porque mientras nosotros discutimos estos temas les ponen palos en la rueda a las provincias que quieren resolver sus problemas, como ha ocurrido con la nuestra, que ha creado una tasa por el tema de los combustibles líquidos y gaseosos que se producen en nuestra provincia, precisamente, para atender el mantenimiento de las rutas, muchas de las cuales son nacionales y el gobierno desconoce su responsabilidad en ese sentido.
No quería dejar pasar esta oportunidad de que, efectivamente, aprovechemos esta nueva instancia para que el gobierno nacional -y especialmente este ministro de Economía- se ocupen de combatir la inflación y los temas externos como corresponde.
Ojalá que sepamos aprovechar la decisión que se ha tomado, que abre una nueva expectativa y alternativa para lograr un mejor resultado en estas negociaciones para todos los argentinos.
Le voy a pedir especialmente al señor ministro de Economía, Lorenzino, que se ocupe fundamentalmente de estas cuestiones que son trascendentales para nuestro país, en lugar de andar inmiscuyéndose en temas provinciales.
Aprovecho para decir, porque se trata de sucesos que han ocurrido en el día de hoy, que el ministro debe hacer los deberes y pagar las deudas que tiene con la provincia de Córdoba. Que disponga que se cumplan los derechos que tiene la provincia de Córdoba en el reclamo legítimo que le estamos efectuando en relación con la caja de jubilaciones de la provincia. Nos deben 1.040 millones desde 2011, más 1.000 del período en curso, más 500 millones en concepto de viviendas y obras públicas.
De eso también debería ocuparse el ministro de Economía, en lugar de andar discriminando a los gobiernos provinciales que se animan a decir la verdad al Poder Ejecutivo nacional. Quiero expresar esto con todas las letras, porque mientras nosotros discutimos estos temas les ponen palos en la rueda a las provincias que quieren resolver sus problemas, como ha ocurrido con la nuestra, que ha creado una tasa por el tema de los combustibles líquidos y gaseosos que se producen en nuestra provincia, precisamente, para atender el mantenimiento de las rutas, muchas de las cuales son nacionales y el gobierno desconoce su responsabilidad en ese sentido.
No quería dejar pasar esta oportunidad de que, efectivamente, aprovechemos esta nueva instancia para que el gobierno nacional -y especialmente este ministro de Economía- se ocupen de combatir la inflación y los temas externos como corresponde.
SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO)
Tiene la palabra el último orador sobre este tema, el señor diputado por Santa Fe.
SR. ROSSI, AGUSTIN OSCAR (SANTA FE):
Señora presidenta: lo primero que quiero hacer es reivindicar lo que ha hecho el gobierno argentino
–nuestro gobierno desde 2003 en adelante para normalizar las condiciones externas de nuestro país y, especialmente, para renegociar la deuda en default de la Argentina.
Uno hubiese aspirado luego de tantos años que esa renegociación de la deuda argentina fuese una construcción colectiva del conjunto de los argentinos.
La renegociación ha sido y es claramente un éxito, aunque muchos eran escépticos allá por 2005 cuando Néstor Kirchner, como presidente, y Roberto Lavagna, como ministro de Economía, encabezaron el primer canje de los servicios de la deuda defaulteada en el año 2002. Ese canje dio como resultado que el 76 por ciento de los bonistas aceptaran reestructurar su deuda según la propuesta que hacía el gobierno argentino, constituyendo hasta este momento una de las quitas de deuda más importantes en la historia económica de la Argentina obviamente pero también del resto de los países. Por primera vez el gobierno argentino negociaba desde un lugar de muchísima autonomía e independencia y sin cargar el costo de esa renegociación al conjunto del pueblo argentino.
En esa renegociación no había una contrapartida hacia el interior de la Argentina que significase ajuste, recesión y desocupación para el país.
Como dijo el miembro informante, el señor diputado Feletti, la renegociación de la deuda se hizo en el marco del crecimiento económico y de aquel precepto que encabezó el presidente Kirchner en el año 2003, cuando dijo que íbamos a pagar nuestra deuda en la medida en que nuestra economía fuera creciendo y generara la rentabilidad necesaria como para poder hacernos cargo de esa deuda defaulteada y finalmente renegociada.
Después de cinco años, en otro contexto internacional e interno, el gobierno argentino decidió reabrir el canje de la deuda. Era presidenta la actual primera mandataria, Cristina Fernández de Kirchner, y era ministro de Economía el actual vicepresidente, Amado Boudou. Esa reapertura del canje nos permitió llevar la aceptación del canje del 76 por ciento al 93 por ciento. Es decir que la decisión de nuestro gobierno de renegociar la deuda en default tuvo un nivel de aceptación del 93 por ciento, lo cual constituye, claramente, un elevado porcentaje de adhesión a la estrategia llevada adelante por el Estado argentino de manera acertada y exitosa.
–nuestro gobierno desde 2003 en adelante para normalizar las condiciones externas de nuestro país y, especialmente, para renegociar la deuda en default de la Argentina.
Uno hubiese aspirado luego de tantos años que esa renegociación de la deuda argentina fuese una construcción colectiva del conjunto de los argentinos.
La renegociación ha sido y es claramente un éxito, aunque muchos eran escépticos allá por 2005 cuando Néstor Kirchner, como presidente, y Roberto Lavagna, como ministro de Economía, encabezaron el primer canje de los servicios de la deuda defaulteada en el año 2002. Ese canje dio como resultado que el 76 por ciento de los bonistas aceptaran reestructurar su deuda según la propuesta que hacía el gobierno argentino, constituyendo hasta este momento una de las quitas de deuda más importantes en la historia económica de la Argentina obviamente pero también del resto de los países. Por primera vez el gobierno argentino negociaba desde un lugar de muchísima autonomía e independencia y sin cargar el costo de esa renegociación al conjunto del pueblo argentino.
En esa renegociación no había una contrapartida hacia el interior de la Argentina que significase ajuste, recesión y desocupación para el país.
Como dijo el miembro informante, el señor diputado Feletti, la renegociación de la deuda se hizo en el marco del crecimiento económico y de aquel precepto que encabezó el presidente Kirchner en el año 2003, cuando dijo que íbamos a pagar nuestra deuda en la medida en que nuestra economía fuera creciendo y generara la rentabilidad necesaria como para poder hacernos cargo de esa deuda defaulteada y finalmente renegociada.
Después de cinco años, en otro contexto internacional e interno, el gobierno argentino decidió reabrir el canje de la deuda. Era presidenta la actual primera mandataria, Cristina Fernández de Kirchner, y era ministro de Economía el actual vicepresidente, Amado Boudou. Esa reapertura del canje nos permitió llevar la aceptación del canje del 76 por ciento al 93 por ciento. Es decir que la decisión de nuestro gobierno de renegociar la deuda en default tuvo un nivel de aceptación del 93 por ciento, lo cual constituye, claramente, un elevado porcentaje de adhesión a la estrategia llevada adelante por el Estado argentino de manera acertada y exitosa.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Julián Andrés Domínguez.
SR. ROSSI, AGUSTIN OSCAR (SANTA FE):
Sabíamos que ese 7 por ciento había quedado fundamentalmente en manos de los que no querían entrar en el canje -no decimos en su totalidad, porque las expresiones contundentes pueden llevar al equívoco o al error. Además, los que no querían estar en el canje habían sido aquellos que compraron bonos de la deuda argentina a precio vil, a precio de descarte, y estaban esperando el momento y la oportunidad para tratar de cobrar esos bonos en las condiciones que ellos planteaban.
La acción de los fondos buitre en el caso de la fragata “Libertad” y, específicamente, el planteo ante el juez Griesa contiene esos preceptos y esos conceptos.
Lo que nosotros hoy vinimos a buscar acá es una ratificación política de todo lo hecho por el Estado nacional en los últimos años para renegociar la deuda en default de la Argentina, deuda declarada en default no por Néstor Kirchner ni tampoco por Cristina Fernández de Kirchner. Nos hicimos cargo de esa deuda, como también de los bonos que se habían emitido para saldar la cuestión del corralito y del corralón, que terminamos de pagar en septiembre y agosto de este año.
Nos parecía que este Congreso no tenía que estar ausente ante esta situación de gravedad institucional que genera el fallo del juez Griesa, porque este Congreso autorizó el canje de la deuda en 2005, lo reabrió en 2010 y expresó su opinión en ambas ocasiones. Esta es una oportunidad clara de ratificar que el camino que había iniciado la Argentina era correcto. Claro que es el camino correcto, porque si la presión, la acción del 7 por ciento de los tenedores de bonos de la deuda en default, se llegara a imponer sobre el 93 por ciento de esos tenedores soberanos de bonos de la deuda en default que aceptaron el canje, ciertamente estaríamos en un equívoco y pensando de manera distinta de lo que nos indica la realidad.
El gobierno argentino representa al Estado argentino, Estado soberano y autónomo de cuarenta millones de habitantes. El 93 por ciento de la deuda en default reconvertida estaba en un platillo de la balanza del juez Griesa; era la legitimidad que estaba de un lado. Del otro lado estaba el 7 por ciento de los bonos en default que no habían ingresado ni en el canje del año 2005 ni en el de 2010, y que presiona y busca las distintas grietas que se puedan abrir para tratar de desconcertar al Estado argentino.
La decisión del juez Griesa merece, claramente, condena y repudio en términos políticos. El peso de la legitimidad es absolutamente distinto. En un platillo de la balanza estaba el gobierno argentino, el Estado argentino, los cuarenta millones de argentinos y diez años de renegociación de una deuda en default con el 93 por ciento de acatamiento. En el otro platillo de la balanza estaba la demanda y el interés de tenedores de bonos que los compraron a precio vil, a precio de regalo, queriendo obtener la maximización de sus ganancias en esa operación.
Entonces, lo que venimos a hacer hoy en esta Cámara de Diputados y en el Honorable Senado es a ratificar la estrategia de renegociación de deuda que llevó adelante el gobierno argentino y el Estado argentino.
También venimos a decir con muchísima convicción que es prudente que usted, señor presidente, y el presidente del Senado, eleven esa declaración de certeza ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No es lo mismo tener en este momento los tres poderes del Estado funcionando en la misma sintonía que no tenerlos. Nos parece que desde el punto de vista político esta es una decisión prudente y necesaria para fortalecer la posición argentina.
Tanto la medida tomada por la cámara de apelaciones de suspender los alcances del fallo del juez Griesa como la decisión de la OMI –Organización Marítima Internacional- comunicada por la representante argentina –la embajadora ante el Reino Unido, Alicia Castro- de considerar a la fragata “Libertad” como nave de guerra y, por lo tanto, inembargable, demuestran que el gobierno argentino ha estado y está poniendo toda la vocación y todos los recursos técnicos y jurídicos para superar los inconvenientes que nos ha interpuesto ese 7 por ciento de bonistas que no ingresó ni al primero ni al segundo canje de deuda.
Nos deja un sabor amargo escuchar algunas expresiones según las cuales pareciese que la culpabilidad estuviese puesta más en lo que ha hecho el gobierno argentino durante estos años que en el accionar de los fondos buitre. El gobierno argentino no es victimario en esa situación. El gobierno y los argentinos somos víctimas de este accionar. El gobierno argentino no equivocó el camino; llevó adelante un camino acertado y adecuado: 76 por ciento en el primer canje y 93 por ciento con el segundo.
El gobierno argentino lleva adelante una estrategia para defender los bienes y la capacidad autónoma del Estado nacional de reivindicar su renegociación de la deuda. Esto es lo que hemos hecho. No nos vamos a llevar la unanimidad que buscábamos, pero sí la posibilidad de su tratamiento.
Lo que queremos decir es que a esta altura del partido, después de haber renegociado el 93 por ciento de la deuda en default, después de haberlo hecho con dos presidentes argentinos y con dos ministros de Economía -uno de los cuales ya ni siquiera integra las filas del oficialismo e, incluso, fue candidato de partidos opositores, nos parecía que este pronunciamiento merecía la unanimidad de los bloques o, al menos, un mayor acompañamiento. (Aplausos.)
La acción de los fondos buitre en el caso de la fragata “Libertad” y, específicamente, el planteo ante el juez Griesa contiene esos preceptos y esos conceptos.
Lo que nosotros hoy vinimos a buscar acá es una ratificación política de todo lo hecho por el Estado nacional en los últimos años para renegociar la deuda en default de la Argentina, deuda declarada en default no por Néstor Kirchner ni tampoco por Cristina Fernández de Kirchner. Nos hicimos cargo de esa deuda, como también de los bonos que se habían emitido para saldar la cuestión del corralito y del corralón, que terminamos de pagar en septiembre y agosto de este año.
Nos parecía que este Congreso no tenía que estar ausente ante esta situación de gravedad institucional que genera el fallo del juez Griesa, porque este Congreso autorizó el canje de la deuda en 2005, lo reabrió en 2010 y expresó su opinión en ambas ocasiones. Esta es una oportunidad clara de ratificar que el camino que había iniciado la Argentina era correcto. Claro que es el camino correcto, porque si la presión, la acción del 7 por ciento de los tenedores de bonos de la deuda en default, se llegara a imponer sobre el 93 por ciento de esos tenedores soberanos de bonos de la deuda en default que aceptaron el canje, ciertamente estaríamos en un equívoco y pensando de manera distinta de lo que nos indica la realidad.
El gobierno argentino representa al Estado argentino, Estado soberano y autónomo de cuarenta millones de habitantes. El 93 por ciento de la deuda en default reconvertida estaba en un platillo de la balanza del juez Griesa; era la legitimidad que estaba de un lado. Del otro lado estaba el 7 por ciento de los bonos en default que no habían ingresado ni en el canje del año 2005 ni en el de 2010, y que presiona y busca las distintas grietas que se puedan abrir para tratar de desconcertar al Estado argentino.
La decisión del juez Griesa merece, claramente, condena y repudio en términos políticos. El peso de la legitimidad es absolutamente distinto. En un platillo de la balanza estaba el gobierno argentino, el Estado argentino, los cuarenta millones de argentinos y diez años de renegociación de una deuda en default con el 93 por ciento de acatamiento. En el otro platillo de la balanza estaba la demanda y el interés de tenedores de bonos que los compraron a precio vil, a precio de regalo, queriendo obtener la maximización de sus ganancias en esa operación.
Entonces, lo que venimos a hacer hoy en esta Cámara de Diputados y en el Honorable Senado es a ratificar la estrategia de renegociación de deuda que llevó adelante el gobierno argentino y el Estado argentino.
También venimos a decir con muchísima convicción que es prudente que usted, señor presidente, y el presidente del Senado, eleven esa declaración de certeza ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No es lo mismo tener en este momento los tres poderes del Estado funcionando en la misma sintonía que no tenerlos. Nos parece que desde el punto de vista político esta es una decisión prudente y necesaria para fortalecer la posición argentina.
Tanto la medida tomada por la cámara de apelaciones de suspender los alcances del fallo del juez Griesa como la decisión de la OMI –Organización Marítima Internacional- comunicada por la representante argentina –la embajadora ante el Reino Unido, Alicia Castro- de considerar a la fragata “Libertad” como nave de guerra y, por lo tanto, inembargable, demuestran que el gobierno argentino ha estado y está poniendo toda la vocación y todos los recursos técnicos y jurídicos para superar los inconvenientes que nos ha interpuesto ese 7 por ciento de bonistas que no ingresó ni al primero ni al segundo canje de deuda.
Nos deja un sabor amargo escuchar algunas expresiones según las cuales pareciese que la culpabilidad estuviese puesta más en lo que ha hecho el gobierno argentino durante estos años que en el accionar de los fondos buitre. El gobierno argentino no es victimario en esa situación. El gobierno y los argentinos somos víctimas de este accionar. El gobierno argentino no equivocó el camino; llevó adelante un camino acertado y adecuado: 76 por ciento en el primer canje y 93 por ciento con el segundo.
El gobierno argentino lleva adelante una estrategia para defender los bienes y la capacidad autónoma del Estado nacional de reivindicar su renegociación de la deuda. Esto es lo que hemos hecho. No nos vamos a llevar la unanimidad que buscábamos, pero sí la posibilidad de su tratamiento.
Lo que queremos decir es que a esta altura del partido, después de haber renegociado el 93 por ciento de la deuda en default, después de haberlo hecho con dos presidentes argentinos y con dos ministros de Economía -uno de los cuales ya ni siquiera integra las filas del oficialismo e, incluso, fue candidato de partidos opositores, nos parecía que este pronunciamiento merecía la unanimidad de los bloques o, al menos, un mayor acompañamiento. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Corresponde pasar a la votación del proyecto de resolución.
La Presidencia desea saber si hay algún pedido de que la votación se practique en forma nominal.
La Presidencia desea saber si hay algún pedido de que la votación se practique en forma nominal.
SRA. BULLRICH, PATRICIA (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Pido que la votación sea nominal, señor presidente.
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
La Presidencia desea saber si el pedido se encuentra suficientemente apoyado.
-Resulta suficientemente apoyado.
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Se va a votar nominalmente el proyecto de resolución
- Se practica la votación nominal.2012/130OT18_02_R21.pdf
- Conforme al tablero electrónico, sobre 217 señores diputados presentes, 129 han votado por la afirmativa y 65 por la negativa, registrándose además 22 abstenciones.
SR.(SECRETARIO (BOZZANO))
Se han registrado 129 votos por la afirmativa y 65 por la negativa.
AQUÍ VOTACIÓN NOMINAL
SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ)
Queda sancionado el proyecto de resolución.
Se harán las comunicaciones pertinentes.
Se harán las comunicaciones pertinentes.
Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina | Congreso de la Nación Argentina | Av. Rivadavia 1864 - Ciudad Autónoma de Bs. As. (C.P.C1033AAV) | + 54 11 6075-0000
Nota: La información contenida en este sitio es de dominio público y puede ser utilizada libremente. Se solicita citar la fuente.