Período:130 Reunion:15 Fecha:22/08/2012 DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETA A EXPROPIACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE VALORES SUDAMERICANA S.A (CONTINUACIÓN)


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Prosigue la consideración del asunto en tratamiento.
 Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

SR. CARDELLI, JORGE JUSTO (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señora presidenta: tal como lo anticipó el señor diputado Solanas, vamos a apoyar el proyecto de expropiación de la ex empresa Ciccone.
 En verdad nos hubiera gustado que el marco de discusión fuera otro. Lamentablemente, muchas de las cosas importantes que se hicieron en este país –que fueron impulsadas por este gobierno- no tuvieron el marco de debate que merecían, porque siempre había una emergencia que resultaba confusa. Obviamente, eso no le quita validez a esas cosas buenas que se hicieron.
 En ese sentido, no quiero olvidar cuando en esta Cámara se discutió la expropiación de los fondos de pensión y jubilación, para que la administración de esos recursos quedara dentro de la órbita del Estado. El argumento más fuerte que escuchamos de los sectores de la oposición fue que no se podía hacer lugar a esa expropiación si previamente no sabíamos a quién se le iba a dar la administración de ese dinero. En ese momento tendríamos que haberles preguntado a esos legisladores desde cuándo las empresas que manejaban los fondos de jubilación y de pensión administraban el dinero en favor de los trabajadores.
 Durante esa discusión nuestra posición fue muy clara: defendimos el derecho a la expropiación y no nos rasgamos las vestiduras por la propiedad privada. En este país el general Perón se cansó de decirle “no” a la propiedad privada y “sí” a la propiedad social. Es más, el artículo 40 de la Constitución Nacional legitima el derecho de la propiedad pública sobre todos los recursos naturales.
 Lamentablemente, la discusión no es honesta. En esto también hay responsabilidad del gobierno, porque plantea el tema con mecanismos confusos y autoritarios, cuando la discusión tendría que ser más clara. Sinceramente creo que este proyecto podría haberse analizado con más tiempo; lo mismo podrían haber hecho con la iniciativa que en su momento presentó el señor diputado Solanas.
 Por otro lado, también tenemos el caso de YPF. Al respecto, es necesario que definamos el fondo de la cuestión.
 Con posterioridad al conflicto del subterráneo, Mauricio Macri accedió a un reportaje que le hizo Morales Solá, donde nos convocaba a una cruzada por la lucha por la libertad y contra el avance del Estado. Quizás nos estaba convocando a regresar a los años 90, porque aquí hay muchos neoliberales que siguen planteando que el problema central es la corrupción y quieren volver a implementar las viejas políticas del ajuste y del neoliberalismo.
 Para una fuerza como la nuestra la situación es compleja. Vamos a votar en función de nuestros principios, pero desde ningún punto de vista creemos que los mecanismos autoritarios y antidemocráticos nos van a llevar por un buen camino, más aún cuando por vía de esos mecanismos autoritarios se acuerda con el capital imperialista, por ejemplo, el de la minería o los agronegocios.
Tampoco estamos de acuerdo con que haya una forma neoliberal buena o no corrupta, un capitalismo sano o una propiedad privada decente que volverá a resolvernos los problemas. Entendemos que hay que caminar por el nacionalismo popular, democrático y de la liberación nacional.
Por eso, vamos a apoyar este proyecto, pero también la necesidad de que se forme una comisión de control de la Casa de Moneda. También queremos controlar, por vía de la ley de medios, lo que pasa con los medios de comunicación, aunque no lo podemos hacer porque el gobierno, autoritariamente, no nos lo permite.
 Igualmente queremos controlar por vía de los trabajadores lo que pasa con YPF, pero en este caso es poco el poder que se dio a los trabajadores. Tampoco hemos podido lograr que se convierta en estatal y en empresa pública el servicio de ferrocarriles, a fin de que sea controlado por los trabajadores.
 Entonces, hay que decir que el camino que diseña el gobierno es confuso, contradictorio y pragmático; muchas veces esconde las peores intenciones, pero también es cierto que el discurso de la oposición es tramposo y deshonesto. Se trata de un discurso neoliberal y de regreso a los 90. En muchos casos, se corresponde con la vuelta a la política de ajuste y contra los trabajadores. (Aplausos.)

SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

SR. TONELLI, PABLO GABRIEL (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señora presidenta: ha pasado un poco el momento de la aclaración, pero igual la voy a formular.
 Como se aludió a la ocupación temporánea para justificar la expropiación de la empresa Ciccone, quiero aclarar que el artículo 6° del proyecto en consideración ha previsto, efectivamente, la ocupación temporánea de la empresa, mencionando expresamente los artículos 57 y 59 de la Ley de Expropiaciones. Sin embargo, esa ocupación temporánea ha sido prevista para luego de la entrada en vigencia de la ley. Todos sabemos que para que ello ocurra es necesario aprobarla en esta Cámara, que el Poder Ejecutivo la promulgue y que se publique en el Boletín Oficial. Por lo tanto, todavía falta un trámite para que la norma entre en vigencia y es, por lo menos, prematuro hablar de ocupación temporánea.

SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATTARAZO) Tiene la palabra la señora diputada por Misiones.

SRA. LEVERBERG, STELLA MARIS (MISIONES): Señora presidenta: por la soberanía estratégica en la producción de nuestra moneda, en la natural e irrenunciable responsabilidad de un Estado presente a la hora de idear, producir y controlar la elaboración de sus instrumentos de pago de curso legal y otros documentos fiscales, es indiscutible la oportunidad de declarar sujeta a expropiación la maquinaria de trabajo y afines de la ex Ciccone.
 Las chicanas políticas quedan en el absurdo cuando, alejando un poco la lupa de las minucias discursivas, alcanzamos a ver con claridad que no se trata de otra cosa que de recuperar la exclusiva potestad de producir elementos que requieren cada vez de mayor control y seguridad.
 Si empezamos por los billetes, podemos seguir por innumerables otros elementos que el Estado argentino podrá producir para sí con la garantía de los ya mencionados controles, y esa oportunidad de abastecerse a sí mismo significaría un importante ahorro para las cuentas públicas.
 Por ejemplo, la Casa de Moneda, la de todos los argentinos, podrá planificar la emisión de numerosos elementos documentarios con la real dimensión de la necesidad de cada uno, y definir los criterios de diseño, seguridad y formato sin recurrir a agentes externos del sector privado, con el riesgo de enfrentar intereses extraños al bien común.
 A modo ilustrativo traigo al plenario un ejemplo cercano ocurrido en mi provincia, Misiones. En este sentido, anticipo la pronta presentación de un proyecto de ley disponiendo la obligatoriedad del Estado nacional, a través de la Casa de Moneda y mediante una reforma de las normas pertinentes, de tomar la responsabilidad de emitir las estampillas que deben llevar como garantía de cumplimiento fiscal millones de paquetes de yerba mate, producto presente en el 95 por ciento de los hogares argentinos.
 Recientemente los misioneros, y en general la sociedad toda, hemos visto de cerca cómo la delegación en manos privadas ha puesto en tela de juicio el sistema de estampillado de los paquetes de yerba, a raíz de denuncias formuladas por duplicación de estampillas con la aparición de numeración melliza; situación que ya se encuentra en el marco del Poder Judicial.
 Surge así la consecuente necesidad de rever cómo y en quiénes recae la responsabilidad, tanto técnica como política, de ejercer la impresión y el garantizado control que suponen tales estampillas. He allí un claro motivo para que el Estado nacional cuente en forma eficiente, moderna y segura, con una planta de producción de documentos estratégicamente vitales como son los billetes de curso legal, las estampillas fiscales y otros similares.
 Estoy convencida de los beneficios que la expropiación, hoy en debate, traerá aparejados. No debemos olvidar que todo ello ocurrirá en el marco de recuperar y garantizar la soberanía monetaria, en línea con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que sancionáramos meses atrás.
 Por lo expuesto, anticipo mi voto afirmativo al proyecto en consideración.
 Finalmente, quiero referirme a algunas expresiones molestas que he escuchado durante la jornada de hoy. Alguien señaló que le molesta ver cuando aplauden, saludan o sonríen ante los discursos de la presidenta. Quiero decir que yo voy a seguir riéndome y aplaudiendo, porque siento la misma alegría de miles y millones de argentinos y argentinas que creemos en este modelo nacional y popular, y llevamos adelante la bandera de la patria; una patria que crece y se desarrolla a pesar de los grandes cimbronazos en la economía mundial, porque la Argentina está siendo administrada con eficacia, eficiencia y amor. (Aplausos.)

SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

SR. GARRIDO, MANUEL (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señora presidenta: cuando analizamos este proyecto advertimos que ciertas cuestiones no tienen respuesta.
 La primera es cuál es la finalidad que se persigue. En este sentido, vemos que las causas que inspiraron este proyecto son poco claras y no están debidamente fundamentadas. Entonces, nos preguntamos si lo que se busca es entorpecer la investigación judicial. Si estamos perdiendo el tiempo discutiendo sobre esta cuestión, creo que muy poco es lo que va a generar esta iniciativa.
 Lo que está claro es que con este proyecto el Estado nacional se hará cargo de afrontar los costos que está generando mantener esta empresa para aquellos que, mediante maniobras de lavado, se han apoderado de ella.
 Otra cuestión también clara en el trasfondo de este proyecto es la intención de tapar el escándalo que todos los días reaparece una y otra vez. Se ha buscado el fundamento de la expropiación en las normas constitucionales que habilitan al Estado a hacer sellar la moneda, pero hay una distancia enorme entre la facultad constitucional y el hecho concreto de expropiar esta empresa en particular, porque básicamente no es un monopolio. La moneda está siendo impresa por la Casa de Moneda. No es un monopolio en manos privadas. Esa empresa nunca fue pública. Además, como vamos a ver, tampoco está en condiciones técnicas adecuadas para llevar a cabo esa impresión. Esta expropiación no modificará en nada ese panorama.
 El tratamiento de este proyecto vuelve a mostrar esta manera de legislar sin un debate adecuado y sin información. El Congreso está sancionando esta decisión a ciegas.
 La propia ley de expropiaciones exige que la decisión de calificar algo de utilidad pública sea adoptada luego de contar con informes técnicos. Aquí no hay ningún informe técnico.
 En el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo hay un párrafo que alega la idea de la soberanía monetaria. Si revisamos la memoria de la Casa de Moneda, vamos a ver que este propósito de garantizar la soberanía monetaria no ha sido constante. De hecho, hasta el año 2004, cuando la inflación descalabró el autoabastecimiento de la producción de billetes, la Casa de Moneda se autoabasteció. En 2005 se advirtió la necesidad de llevar a cabo un plan de inversiones, lo que dio lugar a una iniciativa, que se dejó sin efecto en 2009. Si esta soberanía monetaria es tan importante, ¿por qué, cuando estaba comprometida la financiación del Banco Nación, el Estado lo dejó sin efecto?
 Quiero detenerme en las condiciones en que se encuentra esta empresa que se dice va a garantizar la soberanía monetaria y la impresión de moneda. Esta es una primicia para Clarín y La Nación, para aquellos que dicen que hacemos seguidismo de los medios. Tengo aquí un informe de la Casa de Moneda, y lo que voy a decir no es neoliberalismo sino en interés del Estado y en el interés público: las propias agencias del Estado son las que han puesto de manifiesto las deplorables condiciones en que se encuentra la empresa Ciccone. Me voy a referir sólo a las máquinas y voy a leer el informe del gerente de producción de la Casa de Moneda, ingeniero Pedretti.
Dice: “La distribución de las máquinas no es buena. Parece más una producción de productos gráficos generales y no una fábrica de billetes. Debe ser necesaria una inversión para que esto sea clarificado. El grado de inversión será muy superior si se piensa como un establecimiento que pueda producir billetes de banco. Por citar algunos aspectos, la línea de producción de billetes que se podría configurar tiene puntos muy débiles, como máquinas viejas, en mal estado, con controles de numeración que no funcionan y sin repuestos. Un equipo controlador necesario cuesta no menos de 400.000 dólares. Se necesitarán numeradores cuyos juegos, más repuestos, tienen un valor de más de 350.000 dólares. No tiene máquinas para el contado, cortado y formado de centenas y millares y empaquetados, los realizan con una guillotina lineal. Luego todo es manual y por lo tanto es necesario emplear una importante cantidad de personal, justo donde por razones de seguridad menos personal debe intervenir.” Esa es la empresa que va a garantizar la soberanía monetaria.
Y continúa: “Un equipo de estas características cuesta alrededor de 7.500.000 dólares. No se observó ni figura en el listado de equipos máquinas para el sorting ni para el numerado. No se cuenta con estos equipos. El descarte de billetes sería muy elevado. La máquina que realiza estas operaciones cuesta no menos de 3 millones de dólares.”
Finalmente, quiero hacer referencia al modo en que la ley dispone que se llevará a cabo la expropiación. Se ha dicho que esto no le va a costar nada al Estado. Esto es absurdo. Además del monto que se destinará a la compensación, que el proyecto de ley prevé haciendo caso omiso a las normas del Código Civil, que no admiten la compensación para este tipo de créditos, el Estado tendrá que hacerse cargo de los créditos. Entre otros, le va a tener que pagar al propio Vandenbroele. Además de los 247 millones del crédito que tiene la AFIP, de los que se tendrá que hacer cargo el Estado, tendrá que pagar 140 millones de pesos a los 457 acreedores que verificaron sus créditos en el concurso que fue homologado en 2005. Ese es todo dinero que va a tener que pagar el Estado nacional.
 Para garantizar la soberanía monetaria propongan armar la empresa de cero, comprar las máquinas, pero no hacerse cargo de esta deuda, de este muerto, de estas herramientas inútiles y obsoletas que no garantizan ninguna soberanía. (Aplausos.)

SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATTARAZZO) Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

SRA. SCHMIDT LIERMANN, CORNELIA (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señora presidenta: hoy pensaba hacer un discurso en total sintonía con mis compañeros de bloque. Quería señalar un error que hay en el proyecto enviado por la señora presidenta y que ha sido confirmado por la miembro informante del bloque oficialista. Me refiero a la justificación de la capacidad monopólica para imprimir billetes. También hemos escuchado hablar aquí de la urgencia para que demos el visto bueno a este proyecto.
 Señora presidenta: quiero aclarar que no dependemos de un monopolio para imprimir billetes porque tenemos otro lugar para hacerlo. No sólo está la Casa de Moneda sino también la imprenta del Ministerio del Interior, que actualmente se ocupa de la emisión de los DNI y los pasaportes.
 Esa imprenta cumple con los estándares internacionales para impresiones de alta seguridad y es auditada por la Auditoría General de la Nación. Esta última ha dicho que la imprenta del Ministerio del Interior se encuentra en excelentes condiciones técnicas y de seguridad; y a los hechos me remito, porque cada dos por tres tenemos que cambiar el DNI por otro nuevo. De manera que alguna cualidad debe de tener esa imprenta.
 Por lo tanto, la expropiación no aporta ningún beneficio real a la Nación. Por el contrario, toda esta historia de ilegalidad resulta un despropósito.
 Acontecimientos recientes muy lamentables me llevaron a cambiar parte de mi discurso y decir que en la realidad a los ciudadanos les importa otra cosa: les está importando su seguridad, y en esto Clarín y La Nación no mienten.
 Dado que en esta sesión se ha homenajeado a diferentes personas, todas muy loables, yo quisiera hacer un homenaje muy especial al abuelo de Lanús que recientemente tuvo que ofrendar su vida para proteger las de su hijo y sus nietos. Personas como ese abuelo son las que nosotros tenemos que defender aquí. Debemos defender a personas dignas, al ciudadano común que espera que esta Cámara de Diputados realmente lo cuide y no que defendamos a un pseudo rockero exitoso que además resulta ser un agente público infiel. (Aplausos.)

SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

SRA. GIANNETTASIO, GRACIELA MARIA (BUENOS AIRES): Señora presidenta: tengo sobre mi pupitre la convocatoria a esta sesión especial, que está firmada por los señores diputados Agustín Rossi, María Teresa García, Juliana di Tullio, José María Díaz Bancalari, Carlos Julio Moreno, Carlos Kunkel, Andrés Larroque, Graciela María Giannettasio, Eduardo de Pedro y María Elena Petrona Chieno.
 Los proyectos para cuyo tratamiento se convoca a esta sesión especial son los contenidos en los expedientes 0094-s-2012, que es un proyecto de ley venido en revisión que es el que estamos tratando, y 0012-jgm-2012, que es un proyecto de resolución sobre declaración de validez del decreto 1.338.
 Esta sesión no ha sido convocada para constituir la Cámara de Diputados en comisión acusadora, y mucho menos para dejar de lado el principio de inocencia, que nosotros privilegiamos junto con la recuperación del Estado de derecho, y que quienes somos abogados consideramos uno de los principios jurídicos básicos para el debido proceso.
Quiero decir aquí que el linchamiento público como tal, enfrentado a la inseguridad cotidiana, no legitima ni que se falte a la integridad de los que representan la ciudadanía ni, mucho menos, que se dejen sin efecto los procesos judiciales que tienden al esclarecimiento de los hechos. Si alguien es responsable de un delito, sea funcionario público o no, creo en la Justicia para resolverlo y esclarecerlo. Tanto creo, que voy a poner como ejemplo a alguien que nos honra y que es el autor de uno de los proyectos presentados, el doctor Gil Lavedra. Y digo que nos ha honrado porque con su voto esclareció el caso Bulacio en la Corte Interamericana de Costa Rica, y esto los argentinos se lo agradecemos; personalmente, yo lo hago como abogada y como colega.
 En este sentido quiero decir que el doctor Gil Lavedra, conjuntamente con el resto de su bancada, allá por abril de este año proponía una comisión bicameral para esclarecer, justamente, el caso Ciccone. Sin embargo, el 8 de mayo, veinte días después, presentó un proyecto de expropiación, -también acompañado por su bancada e incluso por legisladores que acompañaron el proyecto de Solanas- que es casi idéntico al proyecto remitido por el Poder Ejecutivo.
 Con esto quiero decir que, teniendo en claro que podía atribuir conductas que quería esclarecer, de pronto admitió que era más importante el proceso expropiatorio y se abocó a la confección de un proyecto que es casi idéntico al que tenemos hoy en tratamiento.
 Todo lo demás que escuchamos es fácil de rebatir desde el derecho. Obviamente, como el que sopla en un almohadón de plumas roto, el vicepresidente no va a poder recoger hasta la última pluma porque los medios de comunicación habrán actuado más rápido que el viento, siendo que su honra no fue salvada todavía en sede judicial. Esto lo digo no porque tenga que defender a nadie, sino porque no quiero ser juzgada ni que ningún ciudadano habitante de mi patria sea juzgado sin la garantía del debido proceso.
 Todos, el más pobre, el más indigno, el que haya cometido el peor de los delitos, deben ser previamente oídos. Esto lo dice la Constitución por la que juramos todos, los que creemos y los que no, los que lo hacemos por nuestra fe y los que no la tienen. Todos juramos por ella y es el principio que debemos rescatar.
 En esta oportunidad hemos dicho mucho más de lo que debiéramos decir y de lo que nos tiene ocupados en esta tarde. Vamos a declarar la utilidad pública de la empresa Compañía Sudamericana de Valores, ex Ciccone. El colega Garrido ha dado una primicia a la audiencia, no sé si por la transparencia que tiene la Casa de Moneda en hacer públicos sus actos o porque alguien le haya ofrecido el servicio. Pero lo que sí puedo decir para los que están intranquilos por el concurso es que esta expropiación que parece intempestiva está prevista por el artículo 21 de la ley 24.522, modificada por la ley 26.086. Esta norma prevé la posibilidad de iniciar o continuar el proceso expropiatorio aun cuando haya un proceso concursal.
 Entre los expedientes que están excluidos cuando se establecen en general las condiciones en las que se lleva a cabo el concurso están, en primer término, los procesos de expropiación. Esto lo digo para dar por finalizada la discusión respecto del concurso.
 El concurso tiene un juez. No he escuchado en esta sala a nadie que pida el juicio político al juez que lo ha sustanciado. El alquiler, la venta o lo que se haya hecho con todo esto nunca ha sido observado ni por la prensa que difunde el concurso y las distintas calidades que reviste el patrimonio de la ex Ciccone, y ni siquiera por alguno de los legisladores de la casa.
 Debo entonces entender que el juez no está presumido de corrupto, por lo cual ha realizado un procedimiento regular que hasta ahora no ha sido observado por la Justicia, que es la que podría hacerlo llegado el momento.
 Podríamos decir que entre todos los proyectos presentados no hay diferencias sustanciales; hay unas pocas por ahí me extiendo porque los autores están a mi derecha que tienen que ver con la suerte de los empleados que se desempeñan en la empresa.
Respecto de lo que decía el distinguido colega Tonelli, esto fue motivo del expediente que vamos a ver después de la intervención, porque la propia norma que estamos sancionando establece un momento distinto que es a partir de la vigencia. La ley de expropiaciones que está vigente hoy, faculta por los artículos 56 y 57 a llevarla a cabo. Creo sinceramente en la utilidad pública de la expropiación. Entiendo que este procedimiento está sometido al Tribunal de Tasaciones de la Nación. No ha sido puesto en tela de juicio en ningún momento de la historia.
 Acompaño con mi bancada la idea de que es de utilidad pública la expropiación, porque consideramos que no está afectada por ningún vicio que la haga inválida.


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Señora diputada: ha concluido su tiempo.

SRA. GIANNETTASIO, GRACIELA MARIA (BUENOS AIRES): Quiero decirle algo al señor diputado Alfonsín, quien hablaba del valor de la política.
 Cuando tuvimos el informe de la Conadep el primer presidente de la democracia, del que todos nos honramos, no expropió los lugares que habían sido objeto de tortura para dar a entender que de esa forma estaba expiando la conducta de los comandantes. Por el contrario, convocó a las juntas para juzgarlas. (Aplausos.)

SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Para una aclaración, tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

SR.(PRAT-GAY) Señora presidenta: simplemente le voy a pedir que sea ecuánime en la administración del tiempo excedente. En mi caso no pude concluir, porque usted me frenó. En cambio, la señora diputada Giannettasio utilizó más de un minuto excedente para terminar su exposión. Espero que sea ecuánime con todos.

SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra la señora diputada por Córdoba.

SRA. DE FERRARI RUEDA, PATRICIA (CORDOBA): Señora presidenta: la historia de Ciccone es la historia de una quiebra, de una moratoria excepcional y de una expropiación.
 En realidad, nos quieren hacer partícipes de una historia que está manchada por irregularidades y sujeta a cambios de dirección por parte de los funcionarios. Estamos hablando de una empresa dedicada a la impresión de papel moneda que comenzó con una quiebra dudosa y continuó con una moratoria excepcional que le permitió celebrar un contrato millonario con la Casa de Moneda para imprimir billetes de 100 pesos. Sin embargo, ahora termina con este proyecto de expropiación.
 Ciccone Calcográfica quebró el 15 de julio de 2010 por pedido de la AFIP, el mismo organismo que después levantó la medida con una moratoria excepcional que avaló el entonces ministro de Economía, Amado Boudou. La maniobra posibilitó la entrada a Ciccone de la firma The Old Fund, cuyo director es Alejandro Vandenbroele, y cuyos dueños aún no se conocen. Ni siquiera han aparecido ahora, a pesar de que la expropiación está casi consumada.
 ¿Quiénes son los dueños de Ciccone? ¿Por qué el oficialismo no quiere esclarecer este asunto? Dicen que es por la soberanía monetaria. ¿No alcanzaba con no contratar a Ciccone, invertir en la Casa de Moneda con nuevas maquinarias para imprimir billetes o con que los billetes fueran de mayor denominación? Entonces, es tan importante el porqué como el cómo.
 Frente a ese proceso de expropiación, exigimos que los diputados podamos citar testigos y esclarecer situaciones. Mientras tanto, no se sabe de quién es Ciccone ni a quién se le tiene que pagar la expropiación. Tampoco se explica por qué fue favorecida con beneficios fiscales.
 Remarco que el debate no debe centrarse en los beneficios de la expropiación en un intento por recuperar la soberanía con la emisión de papel moneda, cuestión que todos aceptamos y que mayormente compartimos. Más bien debemos concentrarnos en el porqué del tratamiento exprés y en el silencio por parte del oficialismo en esclarecer quiénes son los dueños de Ciccone y, en última instancia, sus principales beneficiarios.
 Constituye una falta de respeto a los argentinos que se trate la expropiación sin conocer cuál es el valor de los bienes de la sociedad y cuál la deuda que deberá afrontar el Estado. Pretenden entregar un cheque en blanco a una empresa, cuando en realidad se trata de un caso emblemático de mayor corrupción de este gobierno, porque involucra al vicepresidente de la Nación. Es una marca más de una gestión irresponsable y poco transparente del gobierno nacional.
 No se puede seguir engañando al pueblo argentino, pretendiendo expropiar una empresa alegando defender intereses del Estado, cuando muchos funcionarios clamaron por su privatización, siendo partícipes en el vaciamiento de la Casa de Moneda durante los últimos nueve años de gobierno.
 Tengo en mis manos una fotocopia de los famosos “menemtruchos” que estaban impresos –si se acuerdan y tienen memoria por Ciccone Calcográfica. En esa época todos los que ahora están acá defendiendo la expropiación respaldaban a Menem y la política de los años 90. Sostenían que ese billete era un valor que había estabilizado el país, pero ahora ninguno se acuerda. Además, ese billete tenía una inscripción que decía: “Partido Justicialista Nacional”, pero hoy tampoco nadie se acuerda.
 Entonces, antes de que el oficialismo dé su próxima voltereta política y vuelvan a desconocer lo que ahora están expropiando y el apoyo al vicepresidente, pedimos que defiendan de una buena vez la transparencia del ejercicio de la función pública en la Argentina y que den respuesta a los interrogantes que están despertando con estos actos y omisiones.
 Es importante que el gobierno explique cuáles son los fines últimos de estos actos y, en particular, de semejante expropiación dejando en evidencia que no es más que un intento desesperado por encubrir a funcionarios que incumplieron con su deber público.
 Por último, el gobierno pretende otorgar reparaciones a una ciudadanía que está cansada de convivir con actos de corrupción y que debe observar cómo se vota con total impunidad el encubrimiento del vicepresidente, quien debería haber dado un paso al costado esperando que pase todo este proceso hasta que los hechos fueran clarificados.
 Hoy se cumplen seis meses de la tragedia de Once. El Estado, por hacer cosas que no corresponden, generó semejante drama a los ciudadanos argentinos. Sería bueno que corrijamos las acciones del Estado para que no tengamos que estar lamentando todo el tiempo procesos que rozan con lo fraudulento o que terminan con la vida de los argentinos. (Aplausos.)

SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

SRA. PUCHETA, RAMONA (BUENOS AIRES): Señora presidenta: en estos últimos días he escuchado muchas declaraciones que parecen muy bien argumentadas pero que terminan siendo una mentira más para el pueblo.
 Con los compañeros de todo el país que pertenecen al partido que represento hemos llegado a la conclusión de que este tema constituye uno de los tantos atropellos monárquicos que lleva a cabo este gobierno. Sólo ellos creen sus propias mentiras.
Además, tratan de confundir a la sociedad las veinticuatro horas del día a través de sus medios de comunicación con el objeto de cumplir con la histórica frase: “Miente, miente, que algo quedará”.
 Como se darán cuenta, esta humilde declaración constituye simplemente el pensamiento de miles de argentinos que no tienen la oportunidad de expresarse. Siempre le voy a decir la verdad a nuestro pueblo.

- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Julián Andrés Domínguez.

SRA. PUCHETA, RAMONA (BUENOS AIRES): Por eso, repudiamos el atropello al pueblo trabajador y a las instituciones, ya que de esta manera nos certifican que van a dejar a la Argentina en las mismas condiciones que están dejando a la provincia de Santa Cruz.
 El kirchnerismo cree que son eternos, pero desde que tengo uso de razón los únicos que permanecen son los pueblos que luchan por cambiar la historia del país.
 El bloque socialista del MIJD no va a ser parte de la mentira de este gobierno. Lo vamos a repudiar y cuestionar porque queremos una sociedad equitativa e integradora donde haya libertad de pensamiento y se respete a todos los sectores, aunque no tengan el mismo pensamiento.
 Dejo en claro nuestra posición: no estamos de acuerdo con esta expropiación mentirosa que se ha gestado, como muchas otras cosas, entre cuatro paredes.
 Más allá de eso, quiero pedir a la señora presidenta la expropiación de las tierras de Corrientes en los asentamientos de Pirayuí, Esperanza y Doctor Montaña y que se dé solución inmediata a la emergencia habitacional que sufre nuestro país. Si esto llegara a suceder créanme que las cosas y las tierras que le puedan dar a la gente van a ser recibidas por quienes menos tienen y que ello será de mucha utilidad.

SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra la señora diputada por Santa Cruz.

SRA.(ÁLVAREZ) Señor presidente: nuevamente el gobierno nacional pretende confundir con un relato mentiroso y alejado de toda realidad.
 En primer lugar, es totalmente falso que el país recupera las facultades sobre la emisión de dinero, como nos quieren hacer creer. Se trata de una confusión similar a la utilizada para estatizar una parte de YPF: se expresaba que recuperábamos el petróleo cuando nunca nos había dejado de pertenecer.
 Quieren hacer de una falsedad una verdad, autoconvenciéndose de que habíamos perdido la facultad de imprimir billetes, cuando siempre estuvo y está en manos de la Casa de Moneda y de decisiones de las autoridades monetarias. Si así no hubiese sido, cualquiera habría podido imprimir dinero.
 En segundo lugar, es increíble escuchar a miembros del oficialismo decir que en una expropiación no es necesario saber quiénes son los dueños. Esto es risueño y deja al descubierto lo que se quiere bajo el ropaje de su recuperación. Esto ha sido expropiado por el poder de un gobierno que no comprende su misión transitoria y pretende eternizar su poder a costa de la sociedad toda. Dos de los protagonistas se refugian en un ruidoso silencio: ni los dueños de la compañía ni la presidenta Cristina Kirchner hablaron sobre el tema; hablan legisladores y ministros. Llegaron a admitir que la Casa Rosada no tenía interés en dar a conocer quiénes son los accionistas de la imprenta, aunque la Justicia los esté investigando por lavado de dinero, entre otros delitos, y que Amado Boudou no tiene que dar explicaciones sobre el caso Ciccone. Llegaron a expresar “No quiere, y nosotros tampoco”.
 Nada de esto beneficia al Estado ni a la República. La impunidad, el doble estándar moral y la falta de transparencia pueden aportar a la acumulación de poder. Pueden ayudar a mantener la autoridad política interna, pero conspira contra cualquier visión de futuro de la Argentina como un país en serio, más allá de un eslogan.
 También se dice que no nos costará un peso. Esta es otra falsedad del relato tendencioso y mentiroso. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, expresó que no le costará al Estado ni un solo peso, presuponiendo incluso la decisión del Tribunal de Tasaciones, un organismo autónomo. Los legisladores oficialistas repiten esa opinión. Dicen que no le costará un peso al Estado porque la empresa tiene deudas millonarias con la AFIP que anularán la indemnización a sus accionistas morosos. Es decir, dejamos de cobrar la deuda que mantiene con la AFIP, limpiamos a los deudores y además los liberamos de toda obligación como consecuencia de una quiebra.
 ¿No hubiese sido más lógico negociar con los dueños, si los conociésemos o con Vandenbroele o con Boudou o quién fuera? Comprábamos sus máquinas, tecnificábamos la Casa de Moneda y podíamos seguir exigiendo gran parte de la deuda. La ecuación es a todas luces beneficiosa para los privados que supuestamente se pueden perjudicar con esta expropiación.
 Quienes sean los dueños de la ex Ciccone se salvarán de pagar alrededor de 250 millones de pesos que le deben al fisco. En resumen, el Estado le quitará hoy a dueños desconocidos una empresa deficitaria, con deudas de cientos de millones de pesos con los organismos de recaudación y con acreedores privados y que, además, está envuelta en una investigación judicial por lavado de dinero.
 Es evidente que en este caso la verdad está muy lejos. En los tribunales y aquí en el Congreso las preguntas no tienen respuesta. (Aplausos.)

SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

SR. CIGOGNA, LUIS FRANCISCO JORGE (BUENOS AIRES): Señor presidente: empiezo por enfatizar lo que ya han dicho los señores diputados Yoma y Giannettasio en el sentido de que la expropiación y la ocupación temporánea son absolutamente conformes a la ley vigente. Así que termínenla con la cantilena de la confiscación, porque le están dando argumentos a los adversarios de la Nación en los juicios que se van a suscitar en el futuro.
 No sólo son los artículos 57 y 58 de la ley de expropiación citados por el señor diputado Yoma, sino que les recuerdo que también hay un artículo del Código Civil, el 2.512 que dice: “Cuando la urgencia de la expropiación tenga un carácter de necesidad de tal manera imperiosa que sea imposible ninguna forma de procedimiento, la autoridad pública puede disponer inmediatamente de la propiedad privada bajo su responsabilidad.”
 Así que la cuestión queda absolutamente clara y de modo definitivo. Ya se los explicamos cuando tratamos la cuestión de YPF y siguen insistiendo con las mentiras y los argumentos falaces.
 Desde otro punto de vista otro diputado con ironía de vuelo de perdiz –lamentablemente no está en este momento en el recinto habló de “soberanía billeteril”. Quiero decirle que el argumento de la soberanía monetaria que hemos utilizado nosotros en nuestro proyecto también lo plantearon los señores diputados radicales en el suyo. Se trata del proyecto del señor diputado Rogel y otros que están aquí sentados, donde “se busca asegurar la autonomía y la soberanía total sobre la emisión de papel moneda. Para ello dispone la expropiación de la empresa contratista del Estado, hoy además seriamente sospechada de hechos de corrupción, con el fin de garantizar una capacidad productiva acorde a sus necesidades.” Esto lo dicen los señores diputados radicales, incluido el señor diputado Gil Lavedra, que ayer borró con su codo lo que había escrito con su mano.
Otro proyecto es el del señor diputado Solanas y otros que dice: “Como mencionara, la Sociedad del Estado Casa de Moneda, pareciera no tener la suficiente capacidad de proveer los billetes necesarios al Banco Central de la República Argentina, por lo cual se ha visto la necesidad de subcontratar a la Compañía de Valores Sudamericana, lo que significa resignar en manos de una empresa privada la confección de nuestra moneda soberana, cuando ésa debiera ser la misión específica de la Casa de Moneda, ya que es una empresa pública...”, etcétera.
 Así que los que abogamos por la “soberanía billetaria” no somos solamente los integrantes del oficialismo, sino también los señores diputados de la oposición.
 Otro proyecto que quiero citar es el del señor diputado Milman, que en una de sus partes señala: “Considero entonces que la solución más conveniente es declarar de utilidad pública la Compañía de Valores Sudamericana y proceder a su expropiación, incorporándola patrimonial y operativamente a la Sociedad de Estado Casa de Moneda.” Más adelante agrega: “Se establece para garantizar la continuidad del funcionamiento de la compañía, el mantenimiento de las fuentes laborales y el resguardo de los bienes, la ocupación temporaria a fin de que el Poder Ejecutivo nacional ejerza desde el momento de entrada en vigencia de la ley todos los derechos que la expropiación le confiere.”
 Respecto de la actitud del bloque radical, si fuera suave, diría que son inconsecuentes, pero si procurara ser objetivo, diría que son hipócritas. Digo esto porque primero presentaron un proyecto de ley proponiendo la expropiación de la empresa –si mal no recuerdo esto fue por el mes de mayo-, y luego expresaron que las circunstancias han cambiado. O sea que lo que ayer significaba proteger la soberanía monetaria de la Nación, hoy implica el encubrimiento de un delito. ¿En qué quedamos?
 Además, si realmente existiera ese cambio en las circunstancias, ¿por qué no retiraron el proyecto que todavía está vigente? ¿No tienen vergüenza de incurrir en esta inconsecuencia? ¿Es posible decir hoy una cosa y mañana todo lo contrario, poniendo cara de póker y quedando en paz con sus conciencias? Tendrían que tener un mínimo de coherencia y de decencia intelectual.
 Estamos aquí defendiendo un proyecto que se ajusta perfectamente a lo que establece la Constitución de la Nación y a la legislación vigente. Por eso, los invitamos a que recapaciten, porque siempre están a tiempo hasta el momento de votar. (Aplausos.)


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

SR. FORTE, ULISES UMBERTO JOSE (LA PAMPA): Señor presidente: indudablemente, cuando la señora miembro informante pidió que no incurriéramos en epítetos e insultos, algunos estaban bastante sordos. A ellos, les recomiendo que vayan al médico o que se laven las orejas. (Aplausos.)
Si dijera lo que tenía pensado expresar en este recinto, seguramente incurriría en reiteraciones y otras cosas quedarían sin decir. En mi opinión, este debate arrancó mal, porque pareciera que quienes estamos de este lado hablamos por lo que sale en Clarín o La Nación, y quienes están del otro hablan por lo que leen en Página/12 o por lo que se dice en 6, 7, 8, con sus incoherencias diarias. Si no podemos expresarnos en función de nuestro propio pensamiento sino por lo que dicen los diarios oficialistas u opositores, quiere decir que estamos censurando nuestro derecho a pensar; eso es resabio de “lopezrreguismo”, que todavía reina acá.
 Hoy se cumplen 180 días de la tragedia de Once y, sin embargo, todavía no aparecieron los culpables. Ante semejante desidia y errores gubernamentales, en vez de salir a esclarecer el hecho le echan la culpa a un pobre laburante. Incluso, hay una clara campaña militante para que no se hable más del tema.
 A 180 días de ese hecho –miren la paradoja del destino- nos agarran de apuro para hacer una expropiación que más que olor a soberanía tiene olor a ocultamiento de pruebas ante las sospechas de corrupción que existen. Sinceramente, creo que hoy podríamos decretar a este día como el de la corrupción y la impunidad.
 Lo grave de todo esto es que nos estamos acostumbrando a que se viole cualquier cosa; nos estamos acostumbrando a terminar con la calidad institucional de este país. No puede ser que ante la sospecha de corrupción –sea de un vicepresidente o de quien fuere-, en vez de instar a la Justicia para que se apure y para que no quede un manto de dudas sobre nadie, estemos apurando la sanción de una ley para tapar todo.
 También es preocupante tener un vicepresidente esto no lo dice Clarín sino las revistas especializadas del mundo- que está cuarto en el ránking de los vicepresidentes más polémicos del mundo, atrás de Afganistán, Irak y Sudán. Como ciudadano argentino, eso me preocupa demasiado, porque no estamos hablando de soberanía monetaria.
Obviamente, no somos incoherentes. Nos pidieron coherencia y la tenemos. A quienes nos están pidiendo coherencia –algunos o muchos les quiero aclarar que llevo una vida militando por las mismas causas en el mismo partido y en el mismo gremio. No llegué al Senado por un partido y a la Cámara de Diputados por otro. Nací radical y lo sigo siendo. No nos confundamos: hay muchísima coherencia ideológica.
Ello me permite hablar de que creemos en el rol del Estado y tenemos tranquilidad de conciencia. No sólo hay que tener honestidad intelectual, sino también moral y económica. Soy coherente con lo que pienso y lo defiendo, esté equivocado o no.
Resisto los archivos de fotos porque jamás en mi casa entró una moneda que no haya sido ganada legalmente. Al ocupar una banca, me paga el Estado y no un banco. Hay que decir las cosas como son. Creemos en el rol del Estado y somos una oposición responsable.
 No nos tembló el pulso para acompañar a YPF o a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, porque estamos convencidos de que esas herramientas corresponden a políticas de Estado y no a un solo partido.
 Nos preocupa este oficialismo violento y estas agresiones. Tengamos cuidado con las instituciones y los tratamientos exprés. Ahora, con la cuestión de la cadena nacional, se ha vuelto a instalar el viejo término de “gataflorismo”.
No hagamos la del gato. Antes el general decía que los peronistas eran como los gatos: cuanto más gritaban, más se reproducían. Hoy podemos decir que con estas urgencias son como el gato: están demasiado apurados para tapar sus miserias; no se dan cuenta de que se pasan de limpios, pero el tufo maloliente queda flotando en el aire.
Nos piden coherencia y tantas otras cosas. Humildemente podemos hablar de sospechas, de Ciccone, de la historia y de muchas otras cosas. No tengo problemas, y si Echegaray me quiere mandar la AFIP, que lo haga. Puede enviarme todos los inspectores, que estamos limpitos y no tenemos nada que ocultar. Tampoco hay mucho para mostrar. ¡No se confundan! (Aplausos.)
 Yo camino solo y con las ventanillas bajas. Así que tengo tranquilidad.
 La bancada oficialista nos da consejos y yo también, por el bien de la democracia, me permito hacer algunas sugerencias. Hay que terminar con un verticalismo tan a ultranza. Venimos de diferentes concepciones, algunas más verticalistas y otras más horizontales.
 Sin embargo, hay un verticalismo incondicional e ilógico que no permite cambiar una coma. Se corren carreras para ver quién es más obsecuente.
Ya termino, para que no me corten el micrófono. Semejante nivel de verticalismo a ultranza sólo se encuentra en tres instituciones. Habrá más, pero yo sólo lo veo en tres: el Ejército, el Opus Dei y la Cosa Nostra. Ustedes sabrán dónde están. (Aplausos.)


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

SRA. ARGUMEDO, ALCIRA SUSANA (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señor presidente: quería adelantar que Proyecto Sur va a votar afirmativamente el proyecto en consideración, salvo el artículo 6°, que se refiere a la intervención, ya que consideramos que es una potestad del Poder Judicial.
 Al mismo tiempo, quería hacer algunas reflexiones. Es evidente que estamos tratando una problemática que representa una secuela más del saqueo de los años 90, y de la irresponsabilidad de los sucesivos gobiernos que aplicaron esas políticas, llevando a este país a un tremendo deterioro.
 Como ustedes saben, a fines de los 90 la Universidad de Oxford de Inglaterra, cuna del liberalismo y del neoliberalismo, hizo un estudio que demostraba el crecimiento exponencial de la corrupción en todos aquellos países que habían llevado adelante procesos masivos de privatización.
Nuestro país no fue una excepción en ese crecimiento exponencial. En este sentido, a veces se plantean situaciones paradojales y hasta payasescas. Por ejemplo, el senador Aníbal Fernández plantea y denuncia que ha habido un vaciamiento sistemático de la Casa de Moneda, lo cual da cuenta de políticas entreguistas y antinacionales por parte de aquellos que llevaron adelante dicho vaciamiento. Explícitamente señala que fue el gobierno provisional de Duhalde, a través del decreto 777, el que eliminó de la Casa de Moneda la exclusividad de la impresión de billetes y documentos. Luego vendría el gobierno de de la Rúa y la etapa, según él, en la que Martín Redrado fue presidente del Banco Central entre los años 2004 y 2010.
 Este es un típico caso de “a confesión de parte relevo de prueba”, de haber sido cómplice de esas políticas entreguistas, porque el decreto 777 del entonces presidente Duhalde está firmado por el ministro de aquella época Aníbal Fernández. Como todos sabemos, entre 2004 y 2010 en este país no gobernó Napoleón. Sin duda, el señor Aníbal Fernández fue, primero, ministro y luego, jefe de Gabinete, con lo cual ha declarado y confesado su participación en estas políticas entreguistas y antinacionales.
 En cuanto a la corrupción, evidentemente es irresponsable la decisión de hacer un acuerdo para la impresión, ni más ni menos, de billetes por un monto total de 41 mil millones de pesos -equivalentes a 410 millones de billetes de cien pesos- con una empresa cuyos orígenes no se conocen. Según la información de Clarín, que miente, y de Página/12, que no miente, el origen de The Old Fund tiene dos vertientes principales: la empresa uruguaya Dusbel, actualmente investigada por el gobierno del presidente Mujica por lavado de dinero, y la otra, Tierras International Investments que actualmente no existe. Allí aparecía el jubilado “Piluso” que, al módico precio de 200 pesos, había prestado su nombre para que se hiciera una empresa con sede en Holanda, que a su vez era alimentada con dos empresas con sede en Suiza.
 Más allá de los bucólicos molinos de viento de Holanda, de Heidi y de la vaquita de los chocolates Suchard, las cuentas secretas en Suiza permiten manipulación y lavado de dinero por narcotráfico y tráfico de armas, entre otras exquisiteces.
 Nos preguntamos si en este acuerdo que hizo la Casa de Moneda con la empresa Ciccone, controlada por The Old Fund, no se averiguó si se estaba haciendo un contrato con una empresa que podía estar dirigida por los émulos de Al Capone.
 Finalmente, aparece una serie de personajes: Vandenbroele, el Banco Macro, Jorge Britos, la compra de dos departamentos y cocheras en “Fuerte Madero”, como lo llaman algunos muchachos porque dicen que allí hay más chorros que en “Fuerte Apache”, Núñez Carmona, etcétera. Es todo un conjunto de personajes que no se termina de aclarar cuál es la relación entre ellos.
Pero nosotros apoyamos este proyecto fundamentalmente porque en Ciccone se produce una situación paradojal. Mientras los dueños de la empresa son oscuros personajes que no se conocen, los trabajadores de Ciccone tienen a uno de los dirigentes gremiales más honestos y sólidos, de esos dirigentes que deben ser ejemplo, como es el compañero Jorge Thierbach, quien nos informa que ellos apoyan y piden la estatización de la empresa porque sus trabajos corren peligro, y están dispuestos a llevar adelante una presión creciente para que se prosiga la investigación sobre la corrupción potencial en esa empresa.
 Por eso, estamos de acuerdo con apoyar la expropiación pero no con que la intervención la lleve adelante el Poder Ejecutivo, porque ni éste ni el Poder Legislativo tienen potestad para ello.
Finalmente, estamos convencidos de que debe realizarse una investigación acerca de quiénes son esos famosos propietarios de Ciccone, esperando que la frase “creo en la Justicia” no se transforme en una patética expresión de ingenuidad en esta patria tan golpeada.
 Por eso les decimos: señores, vamos a apoyar el proyecto; no somos ingenuos ni cómplices, y pensamos que es potestad del Estado la impresión de moneda pero no que pueda estar en manos de una empresa donde, entre otros, pueden figurar personajes como los mencionados. (Aplausos.)


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

SR. BARRANDEGUY, RAUL ENRIQUE (ENTRE RIOS): Señor presidente, Honorable Cámara: he pedido hacer uso de la palabra en esta sesión tan particular no para repetir algunas de las muy sólidas consideraciones que sobre el fundamento político y la legitimidad jurídica de la medida han desarrollado mis compañeros, particularmente los diputados Yoma y Cigogna, a lo que nada podría añadir, sino porque deseo puntualizar algunas circunstancias relativas a la calidad de la oposición.
 Bien sabido es por todos que una democracia sólida requiere de una oposición contundente, enérgica y valerosa, capaz de denunciar la corrupción y criticar al poder legítimo en forma implacable. Claro que ello es a condición, como le exige el orden institucional a la oposición, de dotar a sus intervenciones de lucidez y mesura. Lucidez para no dañar los cargos institucionales que por períodos cortos de tiempo todos honramos y que debemos defender para los que vengan después, y mesura porque por voluntad de nuestro pueblo estamos obligados a convivir y debemos hacerlo, y naturalmente el marco de los agravios insensatos, desbordes y agresiones no es el mejor clima para cumplir con ese mandato que nuestro pueblo nos ha impuesto.
En ese sentido, quiero destacar algunos aspectos que tienen que ver con una falta de razonabilidad en algunas exposiciones de la oposición.
En principio quisiera señalar que la oposición ha carecido de razonabilidad, porque no se puede sostener en forma tan contundente punto de vista que hoy queremos refutar porque es un sinsentido que alguien en el Poder Ejecutivo haya puesto 50 millones de pesos en una empresa, que después expropió para que no se los devuelvan. Esto está en la esencia de la acusación que se ha hecho aquí y lo debo señalar.
 La otra cuestión es que la oposición ha construido columnas –hoy se hablaba de que eran de barro pero yo diría que son de arena y sobre ellas ha sentado sus puntos de vista. En verdad, si tan importante es conocer la posición deudora o acreedora de Ciccone, sus estados contables, de quiénes son las acciones o cuál es su deuda, ¿cómo pudieron elaborar sus proyectos anteriores sin estos datos que hoy les faltan, proponiendo que se sancionara una norma similar?
 Esta oposición, con estos actos agresivos –y en algunos casos incivilizados de algunos de sus legisladores, ha ofendido la dignidad de los tres poderes del Estado. Ha ofendido la dignidad del Poder Ejecutivo nacional, a cargo del mejor gobierno de los últimos 60 años –no me tienen que acompañar en esta oponión, al atribuirle la maniobra baja e infame de querer expropiar esta empresa para encubrir un delito del poder.
 También ha ofendido al Poder Legislativo, es decir, a todos nosotros incluyendo a la oposición, que al sentarse y dar quórum participa y recibe parte de esta ofensa, al señalar que la conclusión a la que arribaremos en nuestro debate de hoy, producto de la democracia y de la representatividad que nosotros ejercemos, es la ejecución de la maniobra, el brazo armado de la Presidencia de la Nación en este Poder Legislativo, que le va a dar la herramienta justa para la comisión de este delito, ideado y en tentativa.
 En tercer lugar, ha agraviado y ofendido al Poder Judicial de la Nación, particularmente al Ministerio Público de la Nación, que le ha dado a la democracia enormes satisfacciones, aunque podrá haber por allí algún disgusto. Esta democracia le debe al Poder Judicial y al Ministerio Público de la Nación el enjuiciamiento y la condena de los integrantes de la Junta Militar. Este Ministerio Público y este Poder Judicial de la Nación han dado centenas de procesados, enjuiciados y condenados por la violación de normas que protegen la condición humana. Este Poder Judicial de la Nación le ha dado a la democracia de los argentinos, con la responsabilidad que debe ejercer y que ha ejercido, el enjuiciamiento de dos ex presidentes de la Nación y de varios ministros del Poder Ejecutivo nacional, así como también de varios senadores. Y este Poder Judicial de la Nación ha recibido esta denuncia y debemos dejar que proceda. No es culpa del Ministerio Público ni del Poder Judicial de la Nación, ni del oficialismo, que la acusación se sostenga en los dichos de una ex esposa despechada en el contexto de un divorcio contencioso. No es culpa del oficialismo, señor presidente.
 Para terminar, quiero decir lo siguiente, y es un mensaje de cordial convivencia con la oposición. Cuando se hace una denuncia que vincula al denunciado con lo que se llama la criminalidad del poder, hay que esperar. Hacen bien en denunciar, pero hacen mal en someter al vicepresidente de la Nación a la condena permanente y diaria que la cadena nacional del desánimo –como la ha llamado exitosamente nuestra presidenta le ha impuesto y le impone al señor vicepresidente. Desafío al lector más exigente del megadiario de mayor tiraje en la Argentina –al que no quiero mencionar a que encuentre un ejemplar de los últimos tres meses donde no se refriten las mismas noticias vinculadas con el vicepresidente de la Nación.
 Por eso, señor presidente, ruego –quizás mi tono encendido no sea compatible con el de un ruego, pero moralmente lo es que oposición y oficialismo nos ajustemos a estos cánones democráticos y esperemos a que la Justicia decida, para bien de todas las instituciones de nuestra Nación. (Aplausos.)

SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

SR. SACCA, LUIS FERNANDO (TUCUMAN): Señor presidente: en mi mediana vida, creía que la capacidad de asombro nunca se sobrepasa, pero la verdad es que acá, desde que soy diputado, me dan sorpresas permanentemente.
 No voy a reiterar conceptos ya vertidos por mis compañeros de bloque. Solamente voy a hacer algunas reflexiones, a fin de no cansarlos. Observo que hay preguntas, demasiadas preguntas: los dueños, los capitales, los antecedentes, si hay informes técnicos. Si hay informes técnicos, ¿por qué no dan la cara los que la tienen que dar? Me refiero a los informes técnicos de capacidad, firmados por las personas autorizadas, que digan que esta imprenta puede hacer lo que le estamos pidiendo. También informes contables elaborados por peritos contables que digan que la empresa está fundida a determinado nivel.
 No existe una respuesta del bloque oficialista; solamente tenemos de nuevo una y otra vez una cuestión histórica del 2003 a la fecha. No tenemos una respuesta sobre el tema en cuestión.
Me quedó en la cabeza lo que dijo el diputado preopinante respecto de borrar con el codo lo que se escribe con la mano. Como dirían los psicólogos, es algo autorreferencial, compañero peronista. Es lo que vienen haciendo desde hace veinte años, borran con el codo... Y puedo dar ejemplos claros: Aerolíneas, YPF, esto.
 La verdad es que lo que preocupa son los procesos, los procedimientos. En las cuestiones judiciales nosotros podemos tener una posición y ustedes otra; podemos debatir y ver lo mejor para nuestro país, para nuestra República y sobre todo para la gente que la habita.
 Pero si se interviene una empresa privada y en menos de un mes se manda un proyecto de expropiación, es por lo menos sospechoso. No soy juez ni jurado, y voy a dar la presunción de inocencia que acá pedía la doctora diputada. Hay cien preguntas y cien silencios. Hay un proyecto de expropiación con una intervención previa de un mes, no tiene mayor sentido, y me preocupan en este caso los procesos judiciales, hasta dónde se puede enviciar esta judicialización o estas situaciones donde hay denunciados funcionarios de altísimo rango, como es el vicepresidente de la Nación y otros, hasta dónde se puede viciar esta investigación.
 Voy a compartir lo que dijo un diputado preopinante en el sentido de que si tanto les molesta esta sospecha y esta duda que la tenemos de corazón, ¿por qué no piden lo mismo que nosotros y que se esclarezca? Una vez esclarecido se acabarán estos disgustos.
 Para terminar sólo voy a decir que debe de ser muy difícil para la bancada oficialista bancar esta patriada, debe de ser muy difícil estar en sus zapatos.

SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

SR. BAZZE, MIGUEL ANGEL (BUENOS AIRES): Señor presidente: lamentablemente estamos tratando un proyecto que tiene por objeto principal beneficiar a un grupo de personas que están vinculadas con el gobierno. Tiene por objeto, desde mi punto de vista, esconder, simular, ocultar una fenomenal estafa al Estado nacional, que ha sido perfectamente diseñada.
 Si como se ha dicho en este recinto se trata con este proyecto de dar respuesta a un tema vinculado con la soberanía monetaria, como bien dijo el diputado Negri, no se entiende por qué a lo largo de tanto tiempo el gobierno nacional no procuró mejorar las condiciones de producción de la Casa de Moneda.
 La verdad es que desde la propia Casa de Moneda, como se sabe, se requirió en varias oportunidades la posibilidad de adquirir el equipamiento necesario para que el Estado nacional estuviera en condiciones de imprimir los billetes. Pero el gobierno nacional tomó la decisión de no adquirir ese equipamiento.
 Con posterioridad la AFIP tomó la decisión de levantar la quiebra de la empresa. Por otra parte, la Casa de Moneda contrató a la empresa en cuestión. Como si todo esto fuera poco, de esta misma Cámara de Diputados se solicitó la impresión de billetes de mayor denominación justamente para evitar una demanda tan importante.
 Si alguno piensa que esas cuatro cuestiones que he mencionado son producto de la casualidad, me parece que por lo menos peca de ingenuo. Creo que todos estos hechos están absolutamente vinculados en el diseño de una fenomenal maniobra que tiene por objeto estafar al Estado, para que un reducido grupo de personas vinculadas con el gobierno se quedara con la ganancia de la impresión de billetes en la República Argentina.
 Me parece que es lamentable que en el Congreso de la Nación estemos abordando este tema en estas condiciones. También fue lamentable la sesión del Senado de la Nación, a pesar de las excelentes intervenciones de muchos senadores que buscaban poner claridad sobre esta circunstancia. Pero la actitud de propio presidente del Senado de la Nación vicepresidente de la República de no dar respuesta a los cuestionamientos que se hacen en torno de su persona y vinculados con este tema, es una grave falta de respeto a las instituciones.
 Me parece que todos –oficialismo y oposición tenemos la obligación de velar por las instituciones. Entiendo que se confunde el oficialismo cuando cree que hoy está votando en un acto patriótico un hecho de soberanía. No tiene nada que ver con eso. Incluso en otras sesiones ustedes –el bloque del Frente para la Victoria vinieron a este recinto a dar debates, con mucho entusiasmo y convicción, vinculados con temas relacionados con la toma de poder por parte del Estado. En estos debates, en los que podemos haber coincidido en algunos aspectos y en otros no, estos palcos estaban llenos de militantes del Frente para la Victoria que venían a aplaudir la exposición de los integrantes del bloque oficialista. Lo que pasa es que estaban plenamente convencidos de que el bloque mayoritario respaldaba una iniciativa del gobierno que era buena para el Estado nacional. Hoy no pasa esto. No hay nadie aplaudiendo, porque en realidad todos –absolutamente todos, incluso muchos militantes jóvenes del partido de gobierno, saben de lo que se trata.
 Muchos saben que lamentablemente hoy venimos a este recinto a tratar un proyecto que terminará por intentar encubrir una estafa que se ha producido en la Nación. Por eso, es necesario que todos nos llamemos a la reflexión.
Desde el oficialismo se nos ha llamado a la reflexión, pero nosotros queremos decirles que nos parece una exageración. Sabemos de la conducta ejemplar de muchos diputados del Frente para la Victoria. Los respetamos como personas y como políticos, pero esta vez me parece que les han pedido demasiado ya que deben venir a este recinto a defender algo bastante difícil de sostener.
 Lamentablemente, esta vez vienen a encubrir a uno de los más altos funcionarios de la Nación quien, asociado con un grupo de personas, intenta enriquecerse a partir de estas cuestiones.

SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.

SR. PEREZ, ALBERTO JOSE (SAN LUIS): Señor presidente: solicito autorización para insertar mi discurso en el Diario de Sesiones.

SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Así se hará, señor diputado.
 Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

SR. BENEDETTI, ATILIO FRANCISCO SALVADOR (ENTRE RIOS): Señor presidente: no voy a hacer uso de la palabra.

SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra el señor diputado por Formosa.

SR. BURYAILE, RICARDO (FORMOSA): Señor presidente: me he sentado en mi banca con un ánimo constructivo a fin de escuchar los fundamentos del oficialismo en relación con este proyecto de ley que estamos tratando.
He escuchado a la señora miembro informante y a algunos amigos del oficialismo quienes han tratado de explicar esta iniciativa desde la fundamentación, pero debo decir con absoluta sinceridad que no he encontrado motivos valederos que me lleven a pensar que estamos tratando un proyecto de ley que constituye una cuestión de Estado.
 Últimamente en el Congreso hemos tratado distintos proyectos y se ha tornado habitual el hecho de declarar de utilidad pública a empresas o actividades de vital importancia para la Argentina. Por ejemplo: Aerolíneas Argentinas, YPF y la elaboración de papel prensa.
El Poder Ejecutivo tiene la facultad constitucional –el derecho lo asiste- de entender que estas empresas o actividades están a disposición del Estado argentino. Nuestro bloque ha fijado su posición respecto de cada uno de los proyectos de ley. En algunos casos hemos acompañado y, en otros, hemos disentido. Francamente, con espíritu constructivo, no encontramos una sola razón técnica o económica que justifique tamaña decisión que hoy está tomando este Congreso de la Nación.
 Cuando se analiza qué es lo que se debe hacer para llevar acabo una declaración de utilidad pública, seguramente lo que tenemos que garantizar es el funcionamiento estratégico del Estado, que tiene que ver con empresas de posición dominante o actividades que son centrales y esenciales para la República.
 Entonces, me remito a las otras empresas que estábamos analizando, y me pregunto: ¿son centrales? Sí. ¿Hacen a una cuestión de Estado? Sí. Podemos tener distintas visiones de solución, pero a nadie cabe duda de que se trata de actividades centrales y de empresas importantes para la Argentina. Este no es el caso de Ciccone, señor presidente, ya que se trata de una empresa que se dedica a una actividad que no pertenece al mercado de lo que se pretende llamar soberanía monetaria, ya que no existe competencia en lo que tiene que ver con la acuñación de moneda.
 El monopolio lo tiene el Estado porque cuenta con la facultad constitucional. Es el único que puede emitir moneda. Además, puede contratar, y obviamente que lo hace dentro de sus facultades constitucionales. Así lo hizo con Brasil, y no perdimos la soberanía.
Seguimos siendo un país soberano porque tenemos capacidad de autodeterminación, dictamos nuestras propias normas y acuñamos moneda. Nada de esto ha desaparecido.
 Sin embargo, cuando analicé este proyecto de Ciccone no he encontrado razones técnicas. No ha habido un solo funcionario o técnico que haya ido al Senado a explicar de qué estaban hablando.
 El señor diputado Lozano pidió que le acercaran los estados contables y los balances. Ni siquiera hemos tenido los estados contables. Más allá de una visión que podamos tener, no sabemos cuál es el costo de expropiar Ciccone. Entonces, me remito a la resolución 153, referida al equipamiento de la Casa de Moneda, línea de billetes del banco, que implicaba un desembolso de casi 570 millones de pesos, lo cual estaba en el presupuesto de la Nación.
 Eso debía entrar en funcionamiento a fines de 2010. Sin embargo, vaya uno a saber por qué, esto se abortó cuando el actual vicepresidente era ministro de Economía de la Nación.
 Se han planteado muchísimas dudas. Una de ellas era quiénes son los dueños de la Compañía de Valores Sudamericana, hoy dueños de Ciccone, y el miembro informante del oficialismo en el Senado –que es el único que tenemos a mano- y el presidente del bloque del Frente para la Victoria decían que a nadie le importaba quiénes eran los dueños de YPF. Claro, porque sabíamos quiénes eran y en ningún caso ello rozaba a miembro alguno del Poder Ejecutivo. Esta es una sutil diferencia con lo que estamos tratando.
 No hay razones técnicas ni consecuencias que tengan que ver, pero sí consecuencias políticas cuando hayamos aprobado este proyecto de ley que envía el Ejecutivo. La utilidad política de esto es tapar una causa que tiene que ver con muchas sospechas. De hecho, hay imputados; el vicepresidente de la Nación está imputado.
 Quiero traer a colación lo sucedido en la provincia del Chaco con el vicegobernador Pibernus, de quien se sospechaban actos de corrupción durante su mandato. ¿Saben qué actitud tuvo el vicegobernador? Presentó la renuncia y se fue.
 Lo que estoy pidiendo es que por lo menos tengamos una explicación. Ni siquiera le pido que ante una sospecha se vaya. Hablo de una explicación, señor vicepresidente: una conferencia de prensa o una reunión.
 Cuando hablamos de soberanía monetaria como un rol del Estado en realidad estamos rehuyendo a la discusión de la soberanía que tiene que ver con la inflación y con lo que nos está pasando en la Argentina. Seguramente hay otros roles en los que todos vamos a acordar y a acompañar, como los de dar seguridad, salud y educación. Entonces sí vamos a reivindicar esto, pero yo no quiero que hoy tengamos sospechas porque al lado de la presidenta de la República está sentado el vicepresidente de la Nación con un caso tan trascendente como éste.
Muchos vamos a votar a conciencia, sabiendo que no hay argumentos técnicos. Algunos legisladores del oficialismo acompañarán convencidos y habrá otros muchachos que sabrán que ello implicará firmar el acta de defunción política de algunos funcionarios. (Aplausos.)

SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra el señor diputado por Chubut.

SR. PAIS, JUAN MARIO (CHUBUT): Señor presidente: trataré de ser conciso. Recién un diputado de la Unión Cívica Radical contestaba algunos argumentos, en especial del señor diputado Cigogna cuando sostenía y evidenciaba la incongruencia de la oposición.
 En derecho hay una máxima que viene del derecho romano que en habla hispana se denomina “doctrina de los actos propios”. Esto implica que nadie puede hacer valer en su favor un acto contrario a lo que venía haciendo y diciendo con anterioridad. Esto existe y es un principio natural de la buena fe.
 Bien decía el señor diputado Cigogna, enrostrando la incongruencia de aquellos que hace dos meses propiciaban una ley de similar tenor y de igual efecto, con similares términos a los expuestos por el Poder Ejecutivo, y resulta que ahora se lavan las manos y se oponen.
Realmente esta incongruencia sirve para calificar una nueva doctrina, no jurídica sino política, la “doctrina de los actos impropios”, vale decir se puede hacer todo lo contrario de lo que se ha venido pregonando anteriormente.
 Creemos que muchos discursos efusivos de la oposición quieren desviar el eje del tema y del proyecto. El eje es el que planteaban en sus fundamentos los proyectos de la oposición, especialmente el de los diputados Rogel y Gil Lavedra, que hablaban de la soberanía monetaria, la plena soberanía para la acuñación de nuestra moneda nacional.
 La lógica de nuestra propuesta, decían los señores diputados Rogel, Gil Lavedra y otros, es tan simple como idónea: declarar de interés nacional el cuño soberano de moneda y expropiar la imprenta de CVS de modo de sanear las muchas sospechas de corrupción y devolver al Estado su autonomía de impresión.
Nosotros queremos hacer lo mismo y les digo más: esta ley en modo alguno pretende encubrir. Eso es una infamia, que no tiene ningún sustento jurídico ni fáctico. Por el contrario, lo que nosotros pretendemos ahora es trasparentar más que nunca y les digo bien: gracias a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, desde que se hicieron cargo de la empresa los interventores luego del dictado del decreto 1.338, CVS no sólo está sujeta al control y la investigación judicial, al control e investigación del juez de la quiebra, sino que está sujeta –y ojalá suceda cuanto antes a la Auditoría General de la Nación, y también al control del Congreso. No olvidemos que la AGN está conducida por un connotado miembro de la oposición, el doctor Despuy.
 En ese sentido, mándenlo a Despuy para que se instale en la empresa CVS, y haga los respectivos controles, pero no instalen un manto de sospecha por querer borrar con el codo lo que escribieron con la mano hace dos meses.
Al respecto, quiero señalar también algunos discursos críticos como el de la diputada Villata y de otros señores diputados que haciéndose cargo de lo que dijeron y de lo que pidieron honraron sus palabras en este recinto, más allá de los artilugios que pretendían desviar el eje del debate, que hacen a la ley de expropiación y que pretendían empañarlo con todo un manto de corrupción cuando la realidad es todo lo contrario.
Aclaro que antes el Estado no podía meterse ni en Ciccone Calcográfica ni en la Compañía de Valores Sudamericana. A partir de la intervención puede hacerlo. Nunca escuché a algún integrante de la oposición pidiéndole a la AGN que se meta en la cuestión. Si lo hacen, los vamos a acompañar. Les pedimos que a partir de hoy se metan, que vayan a la Auditoría General de la Nación y que le pidan a Despuy que envíe los auditores y que haga las investigaciones que correspondan.
Lo que nosotros sí queremos es lo que ustedes nos dijeron que había que hacer para asegurar la soberanía monetaria, cumplir la manda de la Constitución para imprimir moneda y asegurar al país una autonomía esencial, que es la autonomía que nos impone la Constitución de acuñar moneda.
 Otra cuestión que quería responder, en la que disiento de algunas opiniones, incluso de mi bloque, se relaciona con el decreto del Poder Ejecutivo, el 1.338/12, por el que se dispuso la intervención de la Compañía de Valores Sudamericana el 8 de agosto.
No estamos escondiendo la intervención temporánea de la ley de expropiaciones. Esta va a ser posible una vez que se sancione la ley.
Nosotros estamos dictando un DNU con jerarquía de ley en iguales términos que se dieron en el caso de YPF. Estamos disponiendo una intervención administrativa como bien dice el Poder Ejecutivo, con la finalidad de asegurar la continuidad de la empresa y la preservación del activo y del patrimonio. Parece que eso no importa a nadie.
Nosotros no queremos perder la decisión política del Poder Ejecutivo de remitir un proyecto de ley relacionado con un patrimonio que tanto la oposición como el oficialismo coincidimos en que es imprescindible dejar en manos del Estado para recuperar la soberanía monetaria. Este patrimonio será preservado por funcionarios del máximo nivel como es un ministro de la Nación, que a su vez puede ser auditado por la SIGEN, pero también por la Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso de la Nación y no del Poder Ejecutivo.

- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª de la Honorable Cámara, profesora Norma Amanda Abdala de Matarazzo.

SR. PAIS, JUAN MARIO (CHUBUT): Por lo tanto, hay que quitarse las máscaras, como bien exigió el señor diputado Cigogna, cuando manifestó que en muchos de sus discursos la oposición tenía un vuelo de perdiz o de gallina –un vuelo bajo-, queriendo tapar esta propuesta del Poder Ejecutivo. Lo cierto es que este proyecto recoge el guante de la oposición, y busca que el Estado se haga de un patrimonio pagando un precio justo, que es el que va a determinar el Tribunal de Tasación de la Nación, previendo la posibilidad de la compensación en preservación de los intereses del Estado.
 Nosotros no estamos sancionando una ley que diga algo distinto de lo que ustedes proponían hace dos meses. Entonces, ¿qué cambió? Razones de mezquindad y oportunidad política. De modo alguno estamos sacrificando nuestra coherencia política o los intereses de la Nación por el titular fácil del diario de mañana.
 Creo que aquí se está dando inicio a un nuevo teorema: el teorema del absurdo. Este teorema es parecido al de Baglini, pero a la inversa, ya que dice así: la oposición se opone siempre, pero cuando el oficialismo hace lo que ella pide, se opone más. (Aplausos.)


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra la señora diputada por el Chaco. De este modo damos inicio a la ronda de discursos correspondientes a los cierres de cada bloque.

SRA. TERADA, ALICIA (CHACO): Señora presidenta: hemos escuchado distintos argumentos, pero creo que fundamentalmente tenemos que analizar cuál es el sentido de esta declaración de utilidad pública.
 Nosotros no tenemos en claro quién es el titular de Ciccone Calcográfica o de la Compañía de Valores Sudamericana. Tampoco sabemos qué valor tiene la empresa y para qué la quieren expropiar. De hecho, aquí se ha señalado que la causal de la expropiación es la utilidad pública, y también se habló de soberanía monetaria. Pero a lo largo del debate quedó en claro que una cosa es la soberanía monetaria y otra la soberanía de emisión de billetes. Justamente por eso el señor diputado Prat-Gay manifestó que no había que confundir una terminología con la otra.
 Quienes somos abogados aprendimos lo que significa un proceso de expropiación, cuáles son los informes que se deben hacer y cuál es el procedimiento, pero fundamentalmente debemos saber a quién se va a expropiar, qué se va a pagar y por qué se va a hacer la expropiación.
Ninguno de esos pasos se cumplieron. Estamos creando un precedente preocupante –este no es el primer caso de esta naturaleza-, ya que –repito- no cumplimos con los pasos y procedimientos que establece la ley de expropiación respecto de los elementos que se tienen que considerar.
 Además de crear ese precedente, que como dije es grave, aquí se está poniendo en juego el derecho de propiedad. Hoy es Ciccone o Compañía de Valores Sudamericana, ¿qué seguirá mañana? Esto es lo que preocupa a toda la ciudadanía.
 Otra cosa que provoca inquietud es cómo se utilizan determinados organismos del Estado, como por ejemplo la AFIP. En este caso en particular, primero la utilizaron para negarle a la empresa la posibilidad de ingresar en un plan de pagos normal, que es una de las atribuciones que tiene la AFIP. Luego el organismo pidió la quiebra de la empresa, como una manera de presionar, supuestamente para recuperar la deuda de aproximadamente 240 millones de pesos. Posteriormente, durante el proceso de quiebra, se solicitó el levantamiento y a través del artículo 32 de la ley 11.683 se le concedió un plan de pagos especial, que dista sobremanera de los planes de pago que usualmente confiere la AFIP en este tipo de casos, ya que le otorgó 148 cuotas, cuando en definitiva el tope era siempre de 120. También se otorgó una tasa de interés del 0,5 por ciento mensual, lo que representa el 6 por ciento anual. Se trata de ventajas comparativas que nos hacen preguntar si no hubo realmente un privilegio para esta situación.
 Estamos viendo que todo este proceso no tiene como finalidad simplemente la soberanía de la emisión de billetes, porque se observa la poca claridad de todo el proceso y de los distintos informes que se deberían haber dado en este trámite exprés, que se han obviado.
Consideramos que no se cumple con la ley. En este proceso están involucrados, a partir de denuncias penales, funcionarios que van desde el vicepresidente de la Nación hasta Moreno. La ciudadanía nos reclama que en vez de este proceso irregular de expropiación analicemos de qué manera se podría fortalecer la Casa de Moneda.
 Si fuera cierto que con la compra de dos maquinarias se solucionaría todo, ¿por qué se decidió una intervención irregular y no autorizada por la ley? El único poder que puede hacer una intervención de esta naturaleza a una empresa privada es el Judicial, y no el Poder Ejecutivo mediante un decreto de necesidad y urgencia.
 Algunas de estas irregularidades ya fueron expresamente mencionadas en el dictamen del bloque de la Coalición CívicaARI, y también por los señores diputados Carrió y Alfonso PratGay. En virtud de ellas, no vamos a acompañar esta iniciativa, porque no queremos ser cómplices de irregularidades y de que abunde la anomia en este país.

SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra el señor diputado por Salta.

SR. WAYAR, WALTER RAUL (SALTA): Señora presidenta: después de varias horas de escuchar distintos mensajes y posiciones, creo que los ciudadanos que están fuera del recinto deben tener una gran confusión, sin saber qué estaban escuchando o a qué estaban asistiendo.
 La gran mayoría de las voces que dijeron que no van a acompañar este proyecto no trataron de debatir sobre la iniciativa, sino que hablaron de cosas totalmente distintas.
Si los ciudadanos estaban desprevenidos, no habrían sabido si aquí había mujeres y hombres que representaban al pueblo como diputados de la Nación, fiscales, jueces o testigos acusadores. En verdad, de la iniciativa dijeron poco, las acusaciones fueron muchas y la confusión ha sido generalizada.
Entonces, hay que analizar el porqué. El argumento es el de defensa de las instituciones, la transparencia y el bien de la República. Yo creo que el porqué no es tan grande y generoso, sino que, inversamente, es pequeño y egoísta.
Se trata de la necesidad de seguir teniendo vigencia en la política. Para algunos, ello significa tener un micrófono, una cámara de televisión o centímetros en los diarios. En la Argentina está el poder democrático de las instituciones, que marca la Constitución, pero también hay poderes reales, que no están en la Carta Magna y tienen fuerza en el país.
Para tener vigencia, más que representantes del pueblo parecieron personeros de esos intereses, que buscan que la política siempre sea mancillada y que las instituciones enmarcadas en la Constitución sean débiles, a fin de que desde ese poder oculto se pueda manipular, doblegar y someter a los elegidos por el pueblo. Tenemos que ser más sinceros.
 El interbloque Unión Federal de Provincias acompaña con convicción este proyecto, porque –como dije en otra oportunidad- es una norma simple: declara de utilidad pública, sujeta a expropiación, a la Compañía de Valores Sudamericana S.A., lo que permitirá al Estado nacional contar con una herramienta más para consolidar un proyecto económico, en momentos mundiales difíciles con una fuerte crisis que, por supuesto, llegará a nuestra República y a otras.
 Los gobiernos ágiles, comprometidos y con capacidad de gestión buscan tener herramientas adecuadas para afrontar esta situación. Sin embargo, ¡qué fácil es calumniar e injuriar! Porque creo en la Justicia y en los jueces que mayoritariamente no han sido elegidos por el gobierno actual sino por el primer gobierno de la democracia y los sucesivos –seguramente hay muchos menos jueces en el sistema que han sido elegidos por este gobierno, espero que citen a quienes dicen tener pruebas de delito, para que no se amparen en ningún fuero y concurran a los Tribunales a atestiguar sobre las acciones delictivas que dicen conocer y que aquí han generalizado. Este es uno de los puntos claros de esta sesión.
Este proyecto contará con una mayoría de votos por convicción, no me cabe ninguna duda. El bloque oficialista lo hará porque defiende la postura del gobierno, y quienes no pertenecemos a él, siendo del campo popular, defendemos los intereses de los argentinos. Sabemos que nuestra identidad está más cerca de los que menos tienen. Por eso, vamos a apoyar con mucha fuerza y convicción esta iniciativa.
 Se habla del riesgo de la propiedad privada, de que nuevamente no habrá transparencia, de que el Estado se hará cargo de las deudas. ¿Por qué mentimos a la gente? Si mentimos en algo también podemos mentir en todo. Ciudadanos argentinos: ¡ojo con eso! Dicen que el Estado se hará cargo de las deudas de la empresa. La norma señala que el Tribunal de Tasación pondrá un precio justo; eso es lo que pagará el Estado nacional. Después, el juez de la quiebra determinará cómo se paga a los demás deudores. El Estado nada tiene que ver con esta cuestión sino el juez, como integrante de un poder independiente del Poder Ejecutivo. Reitero: el Estado argentino deberá pagar lo que indique el Tribunal.
Mienten cuando dicen que nos queremos hacer cargo, como argentinos, de la deuda de más de cuatrocientos acreedores y de más de 500 millones de pesos. Hablar es gratis y cualquiera dice lo que quiere, total el de afuera tiene que creer si lo que se dijo salió en televisión o en radio.
 El tema de la defensa de la propiedad privada me hace recordar una anécdota que me marcó en la vida política. En la década de los años 80, con un gobierno democrático, en el pueblo donde nací y crecí había un feudo que no permitía transitar libremente a los ciudadanos que vivían en el campo. Para hacerlo debían tener una autorización de un patrón paternal. Por lo tanto, los trabajadores creían que era magnánimo. Dos gobiernos peronistas expropiaron ese feudo, dos gobiernos dictatoriales se lo devolvieron al patrón. En 1973 se jactaban de que harían ganar a la Nueva Fuerza, el candidato era Chamizo, lo recuerdo porque yo era chiquito, y fue en el único lugar donde ganó, porque el patrón imponía eso a sus trabajadores.
 Llegó la democracia, yo era un joven intendente y peleamos por la libertad de esa gente. Buscamos la ley de expropiación, y con dolor vi que mujeres y hombres del campo popular, y algunos del Partido Justicialista, votaron en contra de esa norma, en nombre de la defensa de la propiedad privada.

SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) La Presidencia informa al señor diputado que ha vencido el término del que disponía para hacer uso de la palabra.

SR. WAYAR, WALTER RAUL (SALTA): Hasta tenían moneda acuñada –por eso esto tiene que ver con el tema con la cual le pagaban a los trabajadores para que compraran en los propios almacenes de sus patrones.
 Hay que defender la propiedad privada siempre que sirva para el bien común de la mayoría de los habitantes. (Aplausos.)

SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

SRA. ALONSO, LAURA (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señora presidenta: en el día de ayer en el plenario de comisiones y hoy en este recinto vuelve a surgir el uso de epítetos por parte de los legisladores. Anticipo que en mi discurso usaré epítetos, sustantivos, verbos y adverbios. ¿Sabe por qué? Porque el artículo 68 de la Constitución Nacional nos ampara a todos los legisladores para opinar con libertad en el ejercicio de nuestro mandato.
 No voy a permitir que nadie me diga y que nadie les diga a los legisladores nacionales qué podemos decir y qué no, porque la Constitución Nacional nos ampara.
Señora presidenta: el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, es un funcionario corrupto, y hoy ha quedado demostrado en decenas de discursos de los legisladores de la oposición. Yo también voy a tratar de demostrarlo durante mi alocución.
Antes de entrar en ello, vale la pena oír algunas definiciones sobre qué es corrupción. La Convención Americana contra la Corrupción dice –anoten bien esta definición que un acto de corrupción es la realización por parte de un funcionario público de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero.
 Entre los actos habituales en un sistema o red de corrupción –porque no es corrupto uno solo sino que la corrupción funciona en un entramado, ya que opera en redes donde hay varios corruptos se encuentran los siguientes, que son bastante conocidos: sobornos, coimas, pagos indebidos, conflictos de interés, malversaciones, extorsiones, pagos de facilitación o aceitamiento, tráfico de influencias, favores, fraude, lavado de dinero, clientelismo, nepotismo, enriquecimiento ilícito, entre otros.

SR. FELETTI, ROBERTO JOSE (CIUDAD DE BUENOS AIRES): ¡Agregá las escuchas ilegales!

SRA. ALONSO, LAURA (CIUDAD DE BUENOS AIRES): La corrupción implica el desvío de fondos públicos a bolsillos o cuentas privadas. Esos fondos que se desvían no llegan a donde corresponde, no llegan a quienes más los necesitan. La corrupción perjudica a las personas que menos tienen. La corrupción es enemiga de la justicia social. La corrupción viola los derechos humanos más básicos de las personas.
Cuando la infraestructura ferroviaria se cae a pedazos porque los recursos para la inversión se desvían a otros asuntos, pasa la tragedia de Once de hace seis meses. Hace seis meses morían decenas de ciudadanos argentinos en la tragedia de Once, porque los recursos públicos se desviaron en una red de corrupción que los condenó a la muerte en ese tren del Sarmiento.
 La corrupción mata. Ser corrupto es más difícil cuando hay controles. El problema es cuando no hay controles. Este gobierno, el precedente y el anterior no pusieron en marcha ningún plan, ninguna acción, ninguna iniciativa en contra de la corrupción. Por el contrario, hemos perdido una década y la corrupción ha avanzado. Y hay responsables del avance de la corrupción en la Argentina, responsables por acción y responsables por omisión. Un Congreso despreciado, jueces comprados, presionados o amenazados, fiscales disciplinados, organismos de control desarticulados. A eso se dedicó el kirchnerismo en esta década de laissez faire o dejar hacer a los corruptos.
Hoy nos proponen debatir una expropiación aberrante, que en realidad se enmarca en una operación de protección sobre la figura del vicepresidente Amado Boudou.
 En el caso Ciccone, todos los caminos conducen a Amado Boudou, señora presidenta. Así quedó demostrado en el expediente judicial antes de que se llevaran puestos al juez Rafecas y al fiscal Rívolo.
 Un funcionario público que no puede justificar su patrimonio porque se ha enriquecido ilícitamente, es corrupto. Un funcionario público que hace favores para beneficiar a una empresa de amigos, socios o testaferros, es corrupto.
 Aquí no está en discusión la moneda ni la soberanía. Aquí está en discusión una historia de favores, facilitaciones, tráfico de influencias, conflictos de intereses y lavado de dinero. Hace unos meses, un día feriado, el vicepresidente utilizó el Senado de la Nación, concretamente el Salón Illia –lamentablemente por la memoria del ex presidente Illia, que era un hombre honesto e íntegro, para responder a las acusaciones que lo vienen salpicando hace varios meses. Ese día Boudou dijo: “No llevé adelante ninguna acción para favorecer a Ciccone”. O sea que Boudou, además de corrupto, ¡es un mentiroso!

Varios señores diputados hablan a la vez.

SRA. ALONSO, LAURA (CIUDAD DE BUENOS AIRES): La nota 154 del Ministerio de Economía, dirigida a la AFIP, que lleva su firma, es la prueba del favor, del tráfico de influencias y de un delito que va en contra de todos los estándares de probidad y ética pública...

Varios señores diputados hablan a la vez.

SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) La Presidencia solicita a los señores diputados que colaboren y hagan silencio para poder seguir escuchando a la diputada que está haciendo uso de la palabra.

SRA. ALONSO, LAURA (CIUDAD DE BUENOS AIRES): ...y que va en contra de la Constitución Nacional y los tratados internacionales en materia de lucha contra la corrupción que este Congreso ha ratificado y que el vicepresidente desconoce y desconoció.
 En la nota 154, el entonces ministro de Economía, Amado Boudou, pide a la AFIP que “Proceda ante la sustanciación de la petición formulada por Ciccone Calcográfica S.A.”. Si eso no es una gestión, un favor o un aceitamiento para beneficiar a un tercero, ¿qué es? Si eso no es un acto de corrupción tal como lo define la Convención Interamericana contra la Corrupción, ¿qué es?
Entonces, hoy tenemos a un ex ministro –actual vicepresidente que se dedicó a aceitar los caminos para que la empresa de sus testaferros obtuviera contratos para la impresión de billetes. Tenemos una investigación judicial y varias investigaciones periodísticas que todos los días acercan nuevas evidencias y conexiones. Tenemos legisladores que en el día de hoy se han encargado de demostrar, con información de todo tipo, gusto y color, cómo funciona y ha funcionado este entramado de corrupción alrededor de la imprenta Ciccone y que tiene al vicepresidente como máximo protagonista, aunque no es el único.
Tenemos muchas gargantas que quieren hablar, señora presidenta, pero necesitan garantías y protección, y hoy en la Argentina los que quieren hablar no tienen protección ni garantías. Y tenemos este mensaje que envió la presidenta para hacernos discurrir y discutir sobre la soberanía monetaria, que no es el problema ni el tema central de este entramado de corrupción que llega al vicepresidente, a numerosos organismos estatales y también a otros funcionarios.
 También podría dedicarme aquí no lo voy a hacer porque no tengo más tiempo a hablar de declaraciones juradas patrimoniales inverosímiles, como la de Amado Boudou, que se ha enriquecido ilícitamente y por lo tanto es un funcionario corrupto.
 La presidenta pudo haber procedido como lo hizo Dilma Rousseff hace unos meses y haberle ordenado a su vicepresidente que se presente ante un juez, ante el Congreso o ante cualquier órgano de control para demostrar su inocencia. Pero no lo hizo. ¿Saben a dónde fue el vicepresidente? Fue al programa 6, 7, 8. La presidenta optó por proteger a su vicepresidente de un entramado de corrupción que lo tiene como principal protagonista, aunque como dije antes no es el único.
 Las investigaciones sobre casos de corrupción son muy largas y están llenas de obstáculos, pero llegar a la verdad no es imposible, señora presidenta. Hay que tener paciencia y perseverancia. Los que hoy parecen impunes, no van a serlo. La Justicia llega; tarde, pero llega. (Aplausos.)

SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

SRA. ITURRASPE, NORA GRACIELA (BUENOS AIRES): Señora presidenta: quiero aclarar que el señor diputado Lozano, presidente de nuestro bloque, Unidad Popular, ha tenido que ausentarse por razones de orden personal y a través de mí solicita permiso para insertar su discurso en el Diario de Sesiones. El cierre por el FAP lo va a hacer la diputada Stolbizer.

SRA. PRESIDENTE(ABDALA DE MATARAZZO) Se procederá de conformidad.
 Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

SRA. STOLBIZER, MARGARITA ROSA (BUENOS AIRES): Señor presidente: lo primero que quiero plantear es que nosotros sentimos que en el día de hoy algo se ha resquebrajado en este recinto. Sentimos que la unidad de funcionamiento de este cuerpo ha sido puesta en crisis por la necesidad de saldar rápida y monolíticamente un debate que, por supuesto, para nosotros ha quedado trunco. Me refiero claramente a la necesidad de adulterar términos reglamentarios cambiando una sesión que debió haber sido de tablas por una de tipo especial para, justamente, llevar a cabo este debate, cambiando el mecanismo constitucional de sanción de leyes y definiendo claramente en este procedimiento que se ha vuelto a elegir el camino del atajo renunciando a la legalidad.
El proyecto en tratamiento enviado por el Poder Ejecutivo nacional, que anticipo votaremos negativamente, no puede ignorar ni soslayar la existencia de una investigación judicial penal en la que se analizan hechos, personas, contratos y empresas que han estado en juego en los últimos años de manera directa con el objeto del tratamiento de esta sesión, que es la fabricación de los billetes.
 Por supuesto que nosotros no queremos constituirnos en un tribunal de enjuiciamiento de las conductas. En particular, nuestro interbloque se ha negado a firmar ningún pedido de formación de comisión investigadora que pretendiera autoasignarle a este cuerpo funciones jurisdiccionales; pero, por supuesto, no tenemos nosotros hoy que atravesar la vergüenza de tener al imputado principal de estas investigaciones presidiendo con sonrisas la sesión.
 El expediente involucra de manera directa al vicepresidente de la Nación por su gestión como ministro de Economía en relación con una serie de delitos que apuntan exactamente al corazón del negocio de la fabricación de billetes.
 Yo diría, además, que a esta altura ya se le ha propinado un golpe muy duro a la credibilidad de la Justicia, habiendo dejado en el camino nada menos que a un procurador, a un fiscal y a un juez.
 ¿No hubiera sido mejor y más honesto pararse y dar explicaciones, que obligarnos a tener que tratar bajo presión y con el abuso de las mayorías de origen legítimo y popular este proyecto? Proyecto que nada tiene que ver con los que de buena fe, con autoridad y en un contexto distinto, han presentado otros colegas de este Congreso. La pregunta, por supuesto, es dónde radica la diferencia entre aquellos y este proyecto.
Nosotros planteamos que la diferencia principal radica en la intencionalidad, porque este proyecto lo que busca es poner bajo un manto de oscuridad toda la negrura que queda abajo. ¿Qué es entonces lo que se expropia? ¿A quién le estamos expropiando? Lo que se busca es hacer desaparecer de una empresa determinada todo tipo de huellas de aquellos que pasaron por ahí, permitiendo una confusión de patrimonios, de nombres, de personas y de funciones para terminar disimulando las manos que pasaron.
 Sin embargo, esas huellas tienen nombres demasiado conocidos. No es verdad que no se conozca a los dueños de la empresa, a sus representantes o a sus apoderados. El problema es, justamente, que sí se conocen. Amado Boudou, siendo ministro de Economía, allá por el 2010, el mismo año en el que nosotros comenzamos a plantear las denuncias y las observaciones sobre lo que veíamos, que era el vaciamiento de la capacidad operativa y productiva de la Casa de Moneda, vio en la fabricación del dinero un negocio de varias puntas.
Fue entonces el autor intelectual de la preparación de las condiciones que iban a permitir obtener una gran cantidad de ganancias para un grupo estrictamente propio. Lo que no contaron muchos, que se constituyeron durante todo este tiempo en partícipes necesarios del armado de ese negocio, tuvo que ver con la existencia de la torpeza que, por voracidad, iba a terminar enchastrando ese negocio que aparecía como tan inteligente.
 El reconocimiento que el propio Alejandro Vandenbroele hace de su condición de director y presidente de dos empresas en simultáneo –The Old Fund y la Compañía de Valores Sudamericana nos pone frente a la principal evidencia de su responsabilidad directa. Voy a repetir varias veces ese nombre.
Vandenbroele ha sido sindicado por su propia esposa como el testaferro del vicepresidente de la Nación, en una declaración que no nos ofrece duda ni reproche. Tal vez no ha existido esa duda ni reproche, porque en el mismo sentido llegó hasta ahora la investigación de la Justicia, donde también se ha determinado que el propio Vandenbroele pagaba las expensas y otros servicios en un departamento de Puerto Madero de propiedad de Boudou. El alquiler fue gestionado por el propio Vandenbroele, quien así lo reconoció en una solicitada a la que hoy se hizo referencia.
 Vandenbroele también es la cara visible de la empresa beneficiada por una decisión directa y personal del entonces ministro de Economía, según las instrucciones dadas por él al director de la AFIP, Echegaray, conforme a la documentación presentada por este mismo funcionario.
 Vandenbroele es también quien en abril de este año –hace solamente cuatro meses en representación de la Compañía de Valores Sudamericana firmó con la Casa de Moneda y el Banco Central un contrato sui géneris, un contrato de locación de capacidad productiva, por medio del cual seguramente ya se le han pagado más de 40 millones de pesos en estos cuatro meses, de los más de 160 millones que se le prometieron y que, obviamente, se le terminarán adeudando.
 Vandenbroele es también el titular o representante de The Old Fund, un fondo de inversión que ya ha pasado por tantos nombres, denominaciones, manos, empresas sospechosas y personajes siniestros, que cuesta seguirle el rastro, pero fue la encargada de pagar en 2010 millones en efectivo por el levantamiento de la quiebra, sin que cayeran los sabuesos de la UIF. Dicha quiebra había sido facilitada a partir de los privilegios otorgados a la empresa Ciccone.
 Entonces aparece en escena otra firma –London Supply, contratista del Estado en algunos aeropuertos del Sur. También aparece Searan S.A. Casualmente, a su vez estas son propietarias del departamento donde vive el vicepresidente de la Nación.
 Eso no es todo. Vandenbroele, monotributista beneficiado por el ministro y el director de la AFIP, mediante su empresa The Old Fund, también ha pagado de manera directa y comprobada varios viajes al exterior del hermano vicepresidencial, Juan Boudou.
 En el medio, como si todo fuera poco, aparece un jubilado que dice haber cobrado 200 pesos para prestar su nombre en la conformación de una de las empresas involucradas. Dicho sea de paso, las amistades de Vandenbroele no se agotan en Boudou, Daura y Echegaray, porque también el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos abrió tres licitaciones, que el propio ministro Alak dejó sin efecto cuando, pese a estar dirigidas para ser ganadas por la Compañía Sudamericana y Vandenbroele, no las pudieron ganar. Demasiados cabos sueltos para que sean ignorados cuando estamos tratando un proyecto por el cual el Estado pagará a la Compañía de Valores Sudamericana, en la persona de Alejandro Vandenbroele, algo más de lo que pagó por la contratación con motivo de la expropiación.
 Hace cuatro meses de la firma de ese contrato que le da derechos a Vandenbroele. Por supuesto que en el “país de nomeacuerdo” hasta tanto los funcionarios no paguen sus errores y abusos con su patrimonio personal, el Estado seguirá perdiendo demasiado. No hay soberanía monetaria en juego. No es este el camino elegido. Un país es soberano cuando las personas pueden acceder a un marco institucional que les garantice la división de poderes y la independencia de la Justicia.
 ¿Qué es la soberanía monetaria sino atender la inflación, tan negada y escondida, para que la moneda y el peso dejen de perder valor y sean realmente soberanos?
Claro que es el Estado el que debe emitir la moneda de manera exclusiva e indelegable, pero recuperará soberanía solamente si aquellos que se la sacaron la devuelven. Para eso lo único que hay que tener es decisión política para desarmar negocios y fortalecer la Casa de Moneda.
 Se ejerce la soberanía sólo con tener voluntad de hacerlo. El único obstáculo son los contratos y los negocios que se han hecho desde la actual administración, en primer lugar, con la tercerización y privatización, y finalmente con este contrato del que hablamos.
 Nuestro interbloque en su conjunto, pese a las diferencias que tenemos respecto del tratamiento de la iniciativa, ha reivindicado la fabricación de monedas y billetes como función exclusiva e indelegable del Estado.
 Pero también es cierto que las cosas pueden hacerse bien, que pueden construirse consensos y definirse políticas de Estado si se renuncia al atropello y la ilegalidad y se empieza a andar un camino de honestidad y transparencia.

- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Julián Andrés Domínguez.

SRA. STOLBIZER, MARGARITA ROSA (BUENOS AIRES): Pero nada de lo que se haga o se diga va a cerrar si la presidenta y sus funcionarios siguen haciéndose ricos de la noche a la mañana en un país donde todos los días millones de personas luchan por su supervivencia.
Hay que salir de lo coyuntural y discutir seriamente un proyecto de futuro que garantice el rol y la soberanía del Estado a los efectos de que el oficialismo pueda ser parte de un gobierno más fuerte y todos podamos tener una Nación más creíble.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

SR. THOMAS, ENRIQUE LUIS (MENDOZA): Señor presidente: en primer lugar, quiero referirme a algunas expresiones vertidas por el diputado Barrandeguy, que las respeto, en relación con que aquí se han pasado algunos límites. Él pidió mesura y respeto, pero quiero recordar que se tendría que reprender a la señora miembro informante del Frente para la Victoria quien, de arranque -y para marcar el contexto del debate-, sostuvo que éramos “borregos de Magnetto”.
De esta manera se intentó comenzar a discutir en buenos términos un proyecto que, a juicio del Frente para la Victoria, es de trascendental importancia. Pero aparentemente no lo es tanto, porque en este tipo de proyectos el oficialismo suele llenar las bandejas con banderas, hinchadas y jóvenes militantes que tiran papelitos, pero hoy no veo a nadie. ¿Sabe por qué, señor presidente? Porque me da la impresión de que los mismos compañeros del Frente para la Victoria saben que se están tragando un sapo inaguantable. Todos saben de qué estamos hablando.
 Nosotros somos los primeros en darnos cuenta de qué estamos discutiendo. Desde un primer momento la intervención y expropiación de la ex Ciccone estuvo signada por urgencias innecesarias. Hemos descuidado y desconocido fundamentos constitucionales básicos.
Nosotros, desde nuestro bloque -hablo por los 23 diputados que represento- no vamos a prestarnos a este juego. Vamos a rechazar el proyecto del oficialismo y, como siempre lo hacemos, hemos presentado una alternativa. Se trata de un dictamen de minoría que ya fue defendido por quienes lo suscribieron.
Hay mucha mentira disfrazada y relatos de conveniencia.
Yo pregunto a mis colegas: ¿a nadie le hace ruido que los expropiados no se quejen y que los verdaderos propietarios que se sienten afectados por esta expropiación no estén presentes en este debate? No aparecen. No se quejan.
¿A nadie le parece raro que se expropie una empresa de la que nadie sabe quiénes son los dueños? Esto se ha dicho en infinidad de oportunidades en el día de hoy.
 En ocasión de defender este proyecto, el diputado Yoma dijo textualmente: “¿De dónde sacaron que el Parlamento necesita saber el detalle de quiénes son los dueños y los balances de la empresa para aprobar la expropiación?” Es que el diputado Yoma no ha leído el artículo 1° del proyecto, que declara de interés público la expropiación de una empresa privada, que es lo que nosotros deberíamos avalar.
Ahora bien, para saber si es de utilidad pública debemos tener una serie de elementos que hemos pedido incansablemente en estos últimos días y que nos fueron negados en su totalidad. Hay compañeros legisladores que, inclusive, propusieron que se presentara el juez de la quiebra, Cosentino –quiebra que fue pedida por Echegaray y después levantada también por él en el plazo de sesenta días-, para que nos explicara en qué estado está el proceso de la quiebra, el levantamiento, quién puso la plata y demás. Ese juez tenía muchas ganas de hablar y no dejamos que lo hiciera.
Nosotros respetamos a la Justicia. ¿Por qué no lo quisieron escuchar, si no va a pasar nada? Si la Justicia está actuando sin presiones y está haciendo lo que debe, ¿por qué no lo escuchamos? No pudimos escucharlo. Inclusive, el síndico Stolkiner trató infructuosamente de saber durante meses quiénes son los dueños de la empresa. Hasta el día de hoy no ha logrado descubrir quiénes son los socios fantasmas, no anónimos, de las distintas sociedades que integran la Compañía Sudamericana de Valores.
 Por esas razones el bloque del Frente Peronista rechaza de plano esta expropiación y también la intervención ordenada por un DNU, por razones jurídicas, políticas e institucionales que vamos a fundamentar y que fundamenté en mi dictamen de minoría en la comisión bicameral. La expropiación es un daño institucional de incalculables proporciones.
Estamos haciendo lo mismo que en el caso de YPF. Se lo dijimos a nuestros compañeros de la oposición que se sentían impulsados a apoyar aquella otra iniciativa por cuestiones ideológicas. Les dijimos que en el artículo 1° estaba la trampa, porque declaraba de interés público no sólo la explotación, la exploración y demás, sino también el transporte, la comercialización, etcétera, y ahora nos encontramos con que tres funcionarios deciden en desmedro de las provincias el futuro de la política hidrocarburífera del país. Esto pasa cuando se actúa con un DNU por sobre lo que establece la Constitución, que es la participación también del Poder Judicial.
 Los socios no son anónimos: son fantasmas. Les puedo asegurar que tarde o temprano esto va a salir a la luz y nos vamos a llevar grandes sorpresas. Cuando declaramos de interés público a esta empresa, ¿por qué no hacemos el paso anterior, que es hacer que los funcionarios sospechados e imputados se presenten no sólo en la Justicia sino acá, en el Congreso de la Nación, para dar su propia versión? Así no prejuzgamos ni nos manejamos con información que vamos consiguiendo a duras penas.
 Es mentira que al Estado no le cuesta nada esta expropiación. Unilateralmente el gobierno nacional decide dejar de recaudar un dinero que ni siquiera le es propio. Es mentira que se trata de un plan para poner en valor la Casa de Moneda. Ustedes saben que hubo tres planes para hacerlo y que el último fue desestimado por Katya Daura, que es la persona que puso Amado Boudou a cargo de la Casa de Moneda. Entonces, en vez de valorizarla lo que se hace es expropiarla para tapar una historia negra, que vamos a ir descubriendo con el paso del tiempo, de una empresa cuyos dueños se sospecha tienen connivencia con funcionarios públicos.
 Es mentira que no se podía aumentar la capacidad operativa de la Casa de Moneda. Hay catorce proyectos que establecen que hagamos billetes de 200 y de 500 pesos. No digamos que es por la inflación sino por una economía organizativa; no hablemos de que hay una inflación del 30 por ciento. ¿Por qué no fabricamos billetes de 200 y de 500 pesos? Porque eso es reconocer la fatídica palabra “inflación” que ya todo el pueblo argentino nota cuando va al supermercado. La única verdad es la realidad.
Esto es un crimen perpetrado contra el propio Estado que paga con fondos propios y ajenos el ocultamiento de las pruebas del delito cometido en su contra. Todo esto es una mezcla de humor negro y teatro del absurdo. Estamos metiendo al zorro dentro del gallinero.
Señaló oportunamente el señor diputado Landau –al que respeto mucho- que esto era mucho mejor para que se supiera la verdad en las irregularidades de Ciccone, porque funcionarios públicos iban a facilitar el acceso a la información. Pero da la casualidad de que esos funcionarios son Lorenzino y Katya Daura, que son personas allegadas al principal sospechoso de estas supuestas irregularidades.
La expropiación de Ciccone es un rescate financiero y político con todas las características de un negociado al mejor estilo de la década infame del 30. Eso es lo que sentimos nosotros.
 ¿Somos conscientes de lo que estamos haciendo? ¿Somos conscientes de que estamos violando incluso la Convención Interamericana contra la Corrupción y que vamos a tener consecuencias?
Nosotros, desde el Frente Peronista, no vamos a ser cómplices de esta situación. Hemos hecho pedidos de informes, hemos pedido por todos los medios que asistan los funcionarios involucrados para que aclaren su situación, y nada de eso se ha logrado.
Se firmó un contrato con esta empresa, si no me equivoco hace menos de tres meses, por 136 millones de pesos. Cuando se firmó el contrato, ¿no se sabía que era una empresa que se estaba derrumbando? Y después se propone la expropiación de una empresa valorizada, porque ya tiene un contrato por 136 millones de pesos. Entonces, estamos valorizando lo que después vamos a expropiar.
Recuerden que la soberanía no es esto. No nos comamos este verso. Les digo a mis compañeros de la oposición que cuando Cristina dijo “vamos por todo” estaba hablando en serio, porque van por todo. Imaginemos que más que monetaria la soberanía es acerífera, entonces sería posible expropiar, por ejemplo, Techint. Podríamos hablar de la soberanía alimentaria y entonces por qué no vamos a expropiar los supermercados.
 La soberanía de todo tipo nos va a poder justificar cualquier cosa. Es una barrabasada, y máxime sabiendo que no es la verdadera finalidad ni el verdadero objetivo. Por eso nosotros rechazamos el proyecto y presentamos uno alternativo, pidiendo una comisión investigadora. (Aplausos.)

SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

SR. GIL LAVEDRA, RICARDO RODOLFO (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señor presidente: a esta altura del extenso debate me parece que es muy difícil decir cosas que no se hayan dicho hasta ahora. Nuestro bloque ya ha adelantado cuál es su voto y voy a tratar de hacer una síntesis de las razones que ya expresaron otros diputados de la Unión Cívica Radical.
En primer lugar, me parece que debemos tener muy en claro de qué estamos hablando esta noche. No nos equivoquemos. Hoy no estamos hablando de la expropiación de una empresa que tiene máquinas necesarias para imprimir billetes. Tampoco estamos hablando del fortalecimiento de la Casa de Moneda, ni del decreto 777 del año 2003, de Eduardo Duhalde.
Tampoco está en juego la coherencia, como el Frente para la Victoria trató de señalar repetidamente, intentando vincular la iniciativa actual con proyectos que fueron presentados en otro contexto, con otro alcance y con el objetivo de, entre otras cosas, aclarar cuestiones que nunca fueron esclarecidas.
Tampoco es cierto, y ustedes lo saben, esto de la soberanía monetaria, título ampuloso y falso. No existe esto de la soberanía monetaria. Y no lo busque, señor diputado Cigogna, porque no está en nuestro proyecto. Está la capacidad de emitir y la reglamentación del artículo 30 de la Carta Orgánica del Banco Central...

- Varios señores diputados hablan a la vez.

SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) ¡No dialoguen, señores diputados!


SR. GIL LAVEDRA, RICARDO RODOLFO (CIUDAD DE BUENOS AIRES): La soberanía monetaria, en todo caso, se vincula claramente con la defensa del valor de la moneda, objetivo constitucional que nuestra Ley Fundamental pone en manos del Congreso a través del artículo 75, inciso 19. Aquí, además, estamos discutiendo sobre la posibilidad de imprimir billetes, lo cual –ya se ha dicho a lo largo de este debate- también es falso. Esto lo hacen para tratar de tapar la inflación. Tengamos en cuenta que según los últimos datos públicos, más del 50 por ciento de los billetes en circulación son de 100 pesos. Esta situación se da por la negativa absurda a imprimir billetes de mayor valor, por ejemplo de 200 o 500 pesos. Si no fíjense en la moneda de otros países –incluso de la región, que son de mayor denominación.
Reitero que esto lo hacen para tapar la inflación, que es la causante de la necesidad de imprimir más billetes, como ya se explicó en este recinto.
 Lo que estamos discutiendo hoy –ustedes lo saben- es un capítulo más de una trama de graves irregularidades por parte de numerosas agencias estatales. Aclaro que no voy a recurrir a epítetos ni a calificativos personales; simplemente me voy a referir al comportamiento que han tenido distintos organismos del Estado.
 Probablemente este no sea un gran acto de corrupción por su monto, pero sí por su extensión. Digo esto porque no se trata de un hecho aislado de corrupción eventualmente imputable al actual vicepresidente de la Nación y a un grupo de amigos de su juventud. Se trata de una concertación de organismos estatales para llevar adelante esta operación. Esto excede en mucho al actual vicepresidente.
 En ese sentido, quisiera señalar algunos hechos puntuales. En primer término, ¿cómo puede explicarse que la AFIP, que en julio de 2010, pidió la quiebra de la empresa, haya consentido tres meses después su levantamiento en el plazo de 65 horas y sin ningún tipo de condiciones. ¿Por qué lo hizo?
 También me gustaría saber por qué la AFIP primero le negó una quita de la deuda a la vieja Ciccone y luego se le concedió a la Ciccone nueva, con Vandenbroele y sus amigos. Ese plan de pagos excepcional y generosísimo.
 ¿Cuáles fueron las razones que llevaron a que la AFIP le dé una intervención anómala, innecesaria e ilegal –si se quiere- al entonces ministro de Economía para que la apoye en la concesión de los beneficios? ¿Por qué en la misma foja la AFIP le aplica y luego le saca los intereses? Formulo esta pregunta porque ante un pedido de quita de intereses se puede ver en una foja, escrito a mano de un modo curioso, que debe ajustarse lo resuelto a la resolución 976 y un año después, luego de tres planes distintos, le vuelve a conceder una nueva moratoria, que a simple vista es desventajosa para el Estado, ya que le aplica el 6 por ciento de interés cuando la inflación según, el INDEC, es del 9 por ciento.
 ¿Cómo es posible que la Unidad de Información Financiera –nuestro órgano encargado de controlar el lavado de dinero- no haya verificado quién puso realmente el dinero en lugar de The Old Fund? ¿Cómo es posible que esto se haya pasado por alto? No resulta creíble que la AFIP, que cuenta con un órgano especializado en controlar las transferencias de fondos y las eventuales operaciones de lavado, no haya advertido esta circunstancia. Y tampoco que la Inspección General de Justicia, encargada de verificar e inscribir a las sociedades anónimas, haya consentido la presencia de todas estas sociedades, que fueron constituidas sin facturación, son de procedencia sospechosa, poseen patrimonios mínimos y en algunos casos están extinguidas en sus países de origen.
 Paralelamente, la Secretaría de Comercio Interior, a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, le anuló el contrato a la competidora Boldt para entregárselo a la Ciccone nueva, es decir, a la Ciccone oscura, e inmediatamente el Banco Central se apuró a contratarla para otorgarle fondos. También se pueden mencionar las contrataciones inmediatas que recibió esta empresa, como la impresión de las boletas electorales del Frente para la Victoria para las elecciones primarias y las elecciones generales de la fórmula de Cristina Fernández de Kirchner.
 Todas estas circunstancias responden a un cúmulo de elementos que no son casuales y que demuestran que hay una trama absolutamente irregular y oscura, en la que todas estas agencias estatales han incumplido los deberes a su cargo.
 Se ha dicho aquí que no somos jueces y que esto excede la tarea del Congreso. Y es cierto que no lo somos. Nosotros representamos la voluntad popular, pero ello no quiere decir que tengamos que mirar para otro lado o ser ciegos, sordos y mudos frente a estas circunstancias.
A su vez, tenemos la importantísima función institucional de controlar de qué modo las leyes del Congreso se cumplen y de qué forma estas agencias estatales siguen mirando para otro lado. ¿En interés de quién lo hacen? ¿Sólo de Boudou?
 Creo que todos podríamos compartir que la lucha contra la corrupción debe ser una cruzada compartida. Digo esto porque la corrupción pudre los cimientos de la democracia, corroe la credibilidad de los ciudadanos y oscurece la política.
En estas circunstancias tan especiales debemos ser conscientes de que tenemos a la vista una trama gigantesca de corrupción. Ustedes saben que este proyecto, traído con velocidad exprés, no plantea la expropiación regular de una empresa que fabrica billetes.
De lo contrario, el tratamiento hubiese sido otro: hubieran venido los funcionarios y nos hubieran explicado cómo son las máquinas y cuál es la proyección de negocios. No hubo nada de eso, ni tampoco hubo tiempo para tratar el proyecto, porque lo que está en juego es otra cosa.
Tampoco es cierto que el Estado ahora podrá descubrir mejor qué pasó. Ya entraron en Ciccone; ya están ahí. Al día siguiente del anuncio de la intervención, le envié a Lorenzino un pedido de informes. ¿Qué contestó? Lo de siempre: nada.
En verdad, ¿no se escandalizarían ustedes si un juez otorgara a un amigo del imputado la custodia de la evidencia? ¿No estarían ustedes inseguros si preservar estas pruebas dependiera de alguien vinculado con un eventual imputado? Esto es lo que está sucediendo hoy.
 Por eso, no seríamos coherentes si votáramos por la afirmativa este proyecto sin saber a quién estamos expropiando. No seríamos coherentes si lo hiciéramos diciendo que esto es bueno para el país. No seríamos coherentes si votáramos sabiendo cuál es la realidad, como la conoce también el bloque oficialista. No seríamos coherentes si sumáramos nuestro voto a este cúmulo de irregularidades y a este manto de niebla que se está echando sobre la corrupción.
 Las leyes generalmente se conocen por su número y, a veces, por su contenido. En algunas oportunidades, las leyes se conocen por alguna circunstancia más virtuosa. Este año se cumplieron cien años de la ley del sufragio universal, secreto y obligatorio, conocida como la ley Sáenz Peña.
 Tengan en claro que esta ley no va a ser conocida como la de soberanía monetaria. Es risible y poco serio pensar que esta ley será conocida como la norma con la que el Congreso recuperó la soberanía monetaria. Esta ley va a ser conocida como la “ley Boudou”, la “ley Ciccone”, la “ley de corrupción”. Así se va a conocer en el futuro esta norma.
 Lamentamos sinceramente el marco de obediencia absoluta, al que nos hemos referido en otras oportunidades, de espíritu acrítico que tiene el bloque oficialista por el que debe obedecer sin cambiar una coma, teniendo que sacar la cara, muchas veces, para defender algo que saben que no es sostenible.
No vamos a mejorar al Estado de esta manera; al contrario, como dijo el señor diputado Alfonsín, estamos haciendo muy mal a quienes piensan que es necesario fortalecer las funciones del Estado y enriquecer y calificar a la política.
 El bloque de la Unión Cívica Radical votará en contra de este proyecto de expropiación, pero no de una función que pensamos debe ser estatal. Por el contrario, votaremos en forma coherente con nuestras convicciones más profundas, por las instituciones de la República, por la transparencia, la decencia y la honestidad. (Aplausos.)

SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

SR. ROSSI, AGUSTIN OSCAR (SANTA FE): Señor presidente: en primer lugar, voy a referirme concretamente a la materia objeto de este proyecto.
No es una actividad normal la impresión de papel moneda en cualquier sociedad. Algunos países como el nuestro, Brasil, Chile o Colombia tienen casa de moneda que son las que imprimen el papel billete. En algunos casos, como la casa de moneda brasilera, dicha actividad es más amplia que la impresión de papel billete y se acerca muchísimo a lo que algunos diputados criticaron respecto de lo que podía llegar a ser la casa de moneda argentina.
 Obviamente, cuando se adquiere eficiencia en este tipo de actividad empresarial se consigue ganar mercado y potenciar la empresa. La casa de moneda brasilera es claramente superavitaria, con capacidad de prestar servicios no sólo al propio Banco Central brasilero sino también a distintos países latinoamericanos, y ampliar impresiones de seguridad o que requieren elementos de seguridad más importantes o contundentes.
 En Europa no ocurre lo mismo. En general, los países europeos no tienen casa de moneda. El euro se imprime en distintas imprentas. Obviamente es una actividad que se encuentra fuertemente regulada y controlada por el Estado por la sensibilidad del material que se está imprimiendo.
 El negocio de la impresión de papel moneda en sí mismo no es abierto. No hay cientos de proveedores; hay un único proveedor de maquinarias; dos proveedores en el mundo de tinta especial que se utiliza para la impresión de papel moneda y un proveedor de la maquinaria que numera específicamente cada uno de los billetes.
 El mecanismo de impresión de papel moneda tiene cinco etapas. Primero, se coloca el papel en las máquinas Simultan Ciccone tiene una; después, se le incorpora la tinta, que le da la rugosidad específica que tiene el papel moneda o los billetes; luego viene la numeración, y la última etapa es cortarlos de las planchas que cada uno fabrica.
No todas las casas de la moneda fabrican de la misma manera. Por eso en 2010, cuando hicimos la UTE con la casa de moneda brasileña, hubo billetes que salieron con la numeración en sentido contrario al que tradicionalmente tienen los billetes argentinos, es decir, que salió vertical en lugar de horizontal, y hubo que adecuar ese procedimiento en la casa de moneda brasilera.
 Lo cierto es que hay muy pocos países, casi ninguno, que tienen la doble situación, como la Argentina, donde hay una imprenta privada capaz de hacer papel moneda y también su casa de moneda. Entonces, lo que estamos haciendo con esta ley de expropiación es concentrar en el Estado todas las herramientas que posibilitan la impresión de papel moneda en la Argentina.
Esto va a traer beneficios. Si uno incorpora una línea más de impresión de papel moneda, la casa de moneda va a imprimir más. También va a traer más seguridad. El contrato que hoy tiene la Casa de Moneda con CVS es más parecido a una locación de servicios, con una intervención operativa que tiene la Casa de Moneda dentro de esa empresa por cuestiones específicamente de seguridad. Es como que nos prestan o alquilan la planta, pero la opera en su totalidad el personal de la Casa de Moneda.
La decisión del Estado argentino de declarar la utilidad pública, el interés público, y después expropiar la imprenta privada CVS, que tiene herramientas y maquinarias para imprimir papel moneda en la Argentina, y de ese modo concentrar toda la actividad en manos de la Casa de Moneda, me parece que es una decisión absolutamente acertada y valorable.
 Nosotros hablamos de soberanía monetaria, otros dirán otro tipo de cosas, pero tendremos a la Argentina funcionando como la mayoría de los países del mundo, que tienen una imprenta o una casa de moneda pero no una situación dual.
 Vamos a tener mayor seguridad, tendremos mayor control y vamos a hacer una casa de moneda que sea una empresa mucho más eficiente y más protagonista, que seguramente va a ampliar su marco de negocios y será una empresa claramente superavitaria.
 Si el debate fuera en estos términos, aquí tendría que terminar mi intervención, porque no hay mucho más que decir. Pero el debate presenta otras singularidades.
 Por ejemplo, muchos bloques opositores, antes de esta iniciativa del Poder Ejecutivo, presentaron proyectos en el mismo sentido. Es más, en la exposición de motivos del mensaje del Poder Ejecutivo se hace referencia a la presentación de esas iniciativas.
Nos encontramos hoy aquí con que algunos bloques mantienen esa posición, independientemente de la cuestión política, y otros la han revertido escudándose en un argumento bastante poco entendible. ¿Qué cambió de hace tres meses a ahora, qué nuevas cosas pasaron, qué de nuevo hay alrededor de esta cuestión para que hace tres meses propiciaran que el Estado argentino expropiara Ciccone y ahora digan que Ciccone no se expropia? ¿Por qué? Porque el Estado argentino presentó el proyecto. La verdad es que hay una falta de lógica en el análisis de los bloques opositores.
¿Por qué digo esto? ¿Cuál es el análisis en términos generales de la política? Hace tres meses episodio uno, el gobierno no quiere expropiar Ciccone porque está explotada por amigos del gobierno –por “amigos del poder”, como dicen y por eso le mantienen el negocio a los amigos del poder. Si esa era una situación irregular, el episodio dos es que el gobierno estatiza Ciccone, el gobierno expropia Ciccone y los amigos del poder se quedan sin su negocio.
 Esa falta de lógica está presente en la discusión y en el análisis de cada uno de los legisladores de la oposición. No se entiende: o estaba mal antes y está bien ahora, o estaba bien antes y está mal ahora. Alguna de estas dos cosas está pasando en el esquema de análisis que están tratando de explicitar.
 Pregunto: ¿por qué algunos presentaron la idea de la expropiación? Lo hicieron para incomodar al oficialismo. Pensaban que el oficialismo nunca iba a expropiar Ciccone porque los que la están administrando son amigos del poder. Ahora el oficialismo la expropia, y entonces ese argumento se cae absolutamente y no se puede sostener más. Eso los lleva a tratar de ver cómo hacen para llevar adelante un discurso y posicionarse de esta manera.
 La verdad es que esa forma de hacer política adolece de un error: posicionarse en términos políticos en función de lo que uno cree que son las intenciones del otro, cuando uno tendría que hacer política posicionándose en un solo lugar. Esto es lo que han hecho los bloques que han mantenido su voto.
 Algunos podrán decir por qué no se hizo antes y se hace recién ahora, pero lo cierto es que la decisión de expropiar la empresa CVS es una decisión acertada para el conjunto del Estado argentino. Es una decisión que potencia una actividad que todos nosotros creemos que tiene que estar exclusivamente en manos del Estado, que le va a dar mayor seguridad y va a fortalecer una empresa que es una sociedad del Estado, como es la Casa de Moneda.
 Quiero decir que la historia de Ciccone no aparece en estos días. Algunos señores diputados recordaron cuando el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, denunció al grupo Yabrán en una interpelación que se le hizo en este recinto y, entre otras cosas, dijo que Ciccone pertenecía al grupo Yabrán, y acusó a esta empresa de ser la intermediaria de un crédito de un banco italiano por 25 millones de dólares.
 Esa era la acusación de Cavallo en ese momento. ¿En qué andaba Ciccone en ese momento? Estaba asociada con la empresa Itron, del grupo SOCMA –sociedades Macri, cuyo presidente era Orlando Salvestrini, quien fue tesorero del Club Boca Juniors acompañando a Mauricio Macri como presidente de ese club. En ese momento, esa alianza del grupo SOCMA...

Varios señores diputados hablan a la vez.

SR. ROSSI, AGUSTIN OSCAR (SANTA FE): ¡Todavía no hablé de ustedes, señores diputados! ¡Hablo de nosotros y se ponen nerviosos ustedes! (Aplausos.)
En esa sociedad estaban detrás del gran negocio de los 90, que era la impresión de los DNI. Obviamente esa acusación de Cavallo les generó inconvenientes y de alguna manera allanó el camino de Siemens. Todos sabemos cómo termina la historia de los DNI. Durante el gobierno de la Alianza, Rafael Bielsa, que era el titular de la SIGEN, hace un informe lapidario de lo que fuera la contratación de los DNI para Siemens, se cae la contratación y nuestro gobierno, a partir de la gestión del ministro Randazzo, empieza a imprimir nuevamente los DNI y los pasaportes a un costo muchísimas veces más barato que el que estaba previsto en aquella situación.
 Y acá quiero detenerme porque realmente si hay algo que nosotros hemos demostrado es que en este tipo de cuestiones hemos dado un nivel de eficiencia al Estado que nadie imaginaba que iba a existir.
 Cuando el ministro Randazzo asistió a la Comisión de Asuntos Constitucionales para explicar la modificación de la ley electoral, la mayoría de los bloques de la oposición reconoció el trabajo que se hizo durante todo este tiempo para la impresión de los DNI y los pasaportes. Y tenemos ahí en Parque Patricios una fábrica que elabora los DNI y los pasaportes que está hecha con tecnología argentina que aportó el Estado nacional y tiene un nivel de eficiencia importantísimo.
 En la medida en que nosotros podamos poner a la Casa de Moneda en la misma sintonía en la que estuvo la fabricación de pasaportes y DNI, se va a mostrar que puede ser una empresa eficiente, responsable, que dé tranquilidad a los argentinos, que sea segura y pueda ampliar su horizonte de negocios para ser una empresa claramente operativa.
 Se dijeron algunas cosas sobre las que me parece importante detenernos. Algunas las anoté y otras se me deben de haber escapado. Nos dijeron en esta sesión: “escándalo de corrupción”, “desparpajo ético”, “banda de cachafaces”, “robo a mano armada de mafiosos a mafiosos”, “ética de la mentira y del engaño”, “banda de facinerosos”, “la regla es apretar fiscales y jueces”, “progresismo corrupto e ineficiente”, “encubridores de grandes delitos de corrupción”, “populistas que depredan a la Nación”, “trama gigantesca de corrupción”. Al vicepresidente le dijeron: “tilingo”, “motoquero pirata del asfalto”... (Aplausos.)... “que utiliza poder para comprar motos y departamentos en Puerto Madero”, “cobarde”, ¿vos qué dijiste?, “borregos”. ¡Santa mujer la diputada Conti ante todo lo que nos dijeron ustedes!
 La verdad es que a mí lo que me preocupa es que no se entienda claramente que estas denuncias de corrupción que se hacen al boleo sin ningún sustento y fundamentación han estado presentes en la historia argentina siempre, y lo han estado previo a la interrupción de los procesos populares.
 Le pasó al radicalismo con Yrigoyen en el 30, nos pasó a nosotros en el 55 y también pasó en el 76. En cada uno de esos momentos históricos lo que hubo previamente a la irrupción de las fuerzas militares fueron denuncias de corrupción en general, como la que se escuchó acá: una idea de corrupción generalizada. Fueron utilizadas para interrumpir los procesos políticos en la Argentina.
 Hoy no estamos en esas condiciones, ¿pero qué busca la derecha y el poder corporativo permanentemente en la Argentina? ¿En qué escenario las corporaciones se sienten cómodas en el marco de la democracia? Se sienten cómodas en las democracias de baja intensidad, de bajos niveles de participación. (Aplausos.)
 Y cuando ustedes se suman a estas denuncias..., y quiero decirlo con claridad, el vicepresidente de la Nación ni siquiera fue llamado a declarar a indagatoria. No está procesado ni imputado. Cuando ustedes se suman a estas denuncias, terminan haciéndole el juego a cada uno de estos sectores corporativos.
 La idea del 0800 para descalificar la participación juvenil también va en el mismo sentido. (Aplausos.)
 ¡Hay que estar orgullosos de que los jóvenes participen en política! No en nuestro espacio político, sino que crean en el sistema político y que sientan que la política pueda ser la herramienta para llevar adelante la transformación que ellos quieren.
 Las corporaciones siempre buscan las democracias débiles. No les gustan las democracias tumultuosas, que son las democracias participativas. En las democracias débiles al gobierno a veces no le queda otra opción que pactar con el poder corporativo. Ahí empieza la decadencia del gobierno, porque las corporaciones comienzan a poner condiciones.
 Señor presidente: le pido unos minutos más, porque voy a leer...

Varios diputados hablan a la vez.

SR. ROSSI, AGUSTIN OSCAR (SANTA FE): ¡Si lo quieren votar, háganlo! ¡Sólo les pido diez minutos más. No tengo ningún problema! (Aplausos.)

Varios diputados hablan a la vez.

SR. ROSSI, AGUSTIN OSCAR (SANTA FE): Voy a leer un párrafo...

Varios diputados hablan a la vez.

SR. ROSSI, AGUSTIN OSCAR (SANTA FE): ¡Escúchenme, por favor, que es interesante!

Varios diputados hablan a la vez.

SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Se va a votar la moción formulada por el señor diputado por Santa Fe.

Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Queda aprobada la moción.
 En consecuencia, continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Varios diputados hablan a la vez.

SR. ROSSI, AGUSTIN OSCAR (SANTA FE): Voy a leer el capítulo IV de Estrategia y táctica del movimiento nacional, escrito por Arturo Frondizi en 1964.
 En dicho capítulo, Arturo Frondizi se refería a la corrupción. Voy a hablar de Córdoba. He escuchado discursos apasionados de muchos diputados cordobeses.
Me acuerdo de que cuando mi papá me llevaba a Córdoba, a uno de los lugares que siempre íbamos era el dique San Roque. Estudiando para esta sesión me enteré de la historia de dicho dique.
 Decía Frondizi: “El dique San Roque de Córdoba fue construido en el increíble lapso de veinte meses durante la gobernación de Miguel Juárez Celman. Fue la obra de ingeniería hidráulica más importante realizada en el país y en Sudamérica en su época. Transformó la economía de Córdoba y puso un hito en nuestro desarrollo energético...”

Varios diputados hablan a la vez.

SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) La Presidencia solicita a los señores diputados que respeten al orador. Estamos aplicando el artículo 177 del reglamento. (Aplausos.)
 Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Santa Fe.

SR. ROSSI, AGUSTIN OSCAR (SANTA FE): “Medio siglo después...

Varios diputados hablan a la vez.

SR. ROSSI, AGUSTIN OSCAR (SANTA FE): ¡Escuchen, que es interesante!
 Continúa Frondizi: “Medio siglo después los cordobeses todavía solían alarmarse cada vez que caían lluvias copiosas, porque se temía el derrumbamiento del dique.
 “La campaña de calumnias y rumores que se había desatado contra Juárez Celman y la empresa contratista perduraba en las mentes de la población. El contratista era Bialet Massé, y el ingeniero proyectista, Carlos Cassaffousth.”
 Esa es una de las historias de las denuncias que se hacen y que quedan en el inconsciente colectivo de la sociedad. Después no terminan absolutamente en nada.
 Existen 480 notas de Clarín y 485 de La Nación que ha tenido que soportar el vicepresidente Amado Boudou.

Varios diputados hablan a la vez.

SR. ROSSI, AGUSTIN OSCAR (SANTA FE): ¿Qué pasará mañana si la Justicia no dice absolutamente nada? ¿Dónde van a quedar las acusaciones? Van a caer como siempre en saco roto.
No sean cómplices de operaciones políticas que no son suyas, porque cuando fueron contra ustedes también estuvieron. No sean cómplices. ¡Avívense alguna vez para comenzar a construir una fuerza política! (Aplausos.)

Varios señores diputados hablan a la vez.

SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) La Presidencia quiere hacer referencia al artículo 177 del reglamento para conocimiento de los señores diputados.
 Dice así: “Los términos fijados en este Reglamento para el uso de la palabra sólo podrán ser ampliados mediando asentimiento de la mayoría de los diputados presentes, cualquiera sea el número de los mismos.”
 Se va a votar nominalmente en general el dictamen de mayoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales y otras, recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado por el cual se declara de utilidad pública y sujeta a expropiación a la Compañía de Valores Sudamericana Sociedad Anónima (Orden del Día N° 690).

Se practica la votación nominal2012/130OE12_01_R15.pdf.

- Conforme al tablero electrónico, sobre 228 señores diputados presentes, 145 han votado por la afirmativa y 78 por la negativa, registrándose además 4 abstenciones.

SR.(SECRETARIO (BOZZANO)) Afirmativos, 145. Negativos, 78.

Aquí votación nominal

SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Queda aprobado en general.

SRA. DONDA PEREZ, VICTORIA ANALIA (BUENOS AIRES): Señor presidente: quiero dejar constancia de mi voto por la negativa. No pude votar porque no funcionaba el pulsador.

SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Así se hará, señora diputada.
 En consideración en particular el artículo 1°.
 Se va a votar.

Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) En consideración el artículo 6°.
 Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

SRA. CARRIO, ELISA MARIA AVELINA (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señor presidente: el artículo 6° faculta al Poder Ejecutivo a una intervención irregular que viola claramente el principio de la división de los poderes y el artículo 17 de la Constitución Nacional.
 El Congreso de la Nación no tiene facultades para violar el artículo 17 de la Constitución Nacional. Esa intervención irregular implica lisa y llanamente una confiscación y quien puede autorizarla es exclusivamente el juez de la expropiación.
 En estos términos, y preparando los diputados del Frente para la Victoria futuras intervenciones de atropello en la Argentina, planteamos desde ya que quedan incursos todos esos diputados nacionales en el delito de traición a la Patria por permitir...

Varios señores diputados hablan a la vez.

¡Silencio, señores diputados!

¡Señor presidente!

Varios señores diputados hablan a la vez.

SRA. CARRIO, ELISA MARIA AVELINA (CIUDAD DE BUENOS AIRES): ...por permitir y consentir el acto de usurpación cometido por la señora presidenta de la Nación
cuando interviene de facto y sin ley previa una empresa en
la Argentina.
 El artículo 36 de la Constitución Nacional, firmado y votado por muchos de nosotros, establece la pena de traidores a la patria para los que usurpen funciones de otros poderes del Estado.
 En estos términos, señor presidente, pido vista al fiscal penal en turno por el delito cometido en virtud de los artículos 36 y 29 de la Constitución Nacional por todos los diputados nacionales que voten este artículo.

Varios señores diputados hablan a la vez.

SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

SRA. ARGUMEDO, ALCIRA SUSANA (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señor presidente: tal como expresé en mi exposición, quisiera que quedara consignado que el bloque Proyecto Sur votará negativamente el artículo 6°.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Señora diputada Conti: ¿tiene algo que agregar sobre el particular?

SRA. CONTI, DIANA BEATRIZ (BUENOS AIRES): Sí, señor presidente: que sin cobrar honorarios voy a defender a todos los que vamos a votar a favor de este artículo. (Aplausos.) Solicito que se vote en forma nominal.

SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) La Presidencia desea saber si el pedido de votación nominal resulta suficientemente apoyado.

Resulta suficientemente apoyado.

SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) En consecuencia, se va a votar nominalmente el artículo 6°.

- Se practica la votación nominal2012/130OE12_02_R15.pdf.

- Conforme al tablero electrónico, sobre 225 señores diputados presentes, 133 han votado por la afirmativa y 82 por la negativa, registrándose además 9 abstenciones.

SR.(SECRETARIO (BOZZANO)) Se han registrado 133 votos por la afirmativa y 82 por la negativa. (Aplausos.)
 AQUÍ VOTACIÓN NOMINAL
 Sr. Presidente (Domínguez).- Han solicitado que conste su voto afirmativo los señores diputados Abdala de Matarazzo, De Ferrari Rueda y Pastoriza.

SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Queda aprobado.
 En consideración el artículo 7°.

Se va a votar.

- Resulta afirmativa.

- Sin observaciones, se vota y aprueba el artículo 8°.

- El artículo 9° es de forma.

SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. (Aplausos.)
 Se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

SR. AGUAD, OSCAR RAUL (CORDOBA): Señor presidente: me he sentido agraviado. Le pediría al distinguido colega presidente de la bancada oficialista que me desagravie. Ni Yrigoyen ni Alvear ni Illia ni Alfonsín fueron jamás acusados de un acto de corrupción. (Aplausos.) Le pido que nos desagravie. (Aplausos.)

SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe por haber sido mencionado.

SR. ROSSI, AGUSTIN OSCAR (SANTA FE): Señor presidente: el señor diputado Aguad sabe del respeto que le tengo. Me ha tocado compartir con él no solamente este recinto durante muchos años, él como presidente del bloque de la Unión Cívica Radical y yo como presidente de nuestro bloque, sino también algunos debates.
 Tengo que reconocer al diputado Aguad su absoluta coherencia. Cuando el diputado Aguad dice que ni Yrigoyen ni Illia, no sé si lo nombró a Frondizi, ni Alfonsín o funcionarios de esos gobiernos han sido acusados de corrupción seguramente es porque no ha leído los diarios de la época, porque esos diarios hablan con claridad de cada una de las situaciones. Pero eso tiene coherencia con él.
 Yo nunca voy a olvidar que una vez que compartimos un programa de televisión previo al debate sobre la ley de medios, el diputado Aguad me dijo: “Si sacan el 161 nosotros lo votamos con las dos manos”, y entonces él siempre va a defender al poder corporativo mediático. Es absolutamente coherente con esa posición.
 Por eso no lee los diarios de la época. Los diarios que hoy él mismo defiende son los mismos que hablaban de corrupción en cada uno de los medios a los que hacía referencia anteriormente. (Aplausos.)

SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) ¿Qué dice el señor diputado Aguad?


SR. AGUAD, OSCAR RAUL (CORDOBA): Señor presidente: en primer lugar, no me ha desagraviado y en segundo lugar yo he sostenido y sostengo que los gobiernos no deben ampararse en el ataque de las corporaciones o de los partidos políticos que deben ser implacables como opositores, sino que deben estar en condiciones de gobernar aun con las corporaciones presentes, aun con los intereses económicos presentes y aun con los partidos políticos opositores que, repito, deben ser implacables con quien gobierna. Ese es el sistema que tenemos que defender.
 Los que gobiernan tienen que estar en condiciones de gobernar. Dice un dicho: “Domar a un tigre furioso no es gobernar” y que los demás se sienten a contemplar la acción del gobierno porque está en juego el interés de la sociedad, el interés común y el interés público. (Aplausos.)



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