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Período:127 Reunion:8 Fecha:12/08/2009 RATIFICACIÓN DE LA DELEGACIÓN LEGISLATIVA
SR. PRESIDENTE(FELLNER)
Corresponde considerar el dictamen de mayoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales recaído en el proyecto de ley por el cual se ratifican en el Poder Ejecutivo nacional, a partir del 24 de agosto de 2009 y por el plazo de un año, la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia pública, emitidas con anterioridad a la reforma constitucional de 1994 (expediente 3472-d-2009 , Orden del Día N° 1.839).
SR. PRESIDENTE(FELLNER)
En consideración.
Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.
Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.
SR. DATO, ALFREDO CARLOS (TUCUMAN):
Señor presidente: el proyecto de ley cuyo tratamiento encaramos hoy tiene como objetivo resolver un viejo problema del Congreso generado por las disposiciones de la Constitución de 1994.
No aparece como una razón fundamental del debate que sea una Constitución parlamentarista o que sus disposiciones tiendan a resolver un ambiente contaminado por la legislación de los presidentes. Esto es así porque hay un instituto, que es el de la delegación legislativa, que termina con más de cien años de construcción doctrinaria y jurisprudencial en cuanto a las limitaciones, y expresamente incorpora, a través del artículo 76 de la Constitución, la posibilidad de delegar.
Pero se establecieron dos cuestiones: una delegación para el futuro con ciertas condiciones que debían cumplirse, y otra referida a qué hacer con la legislación delegada desde la organización nacional hasta el año 1994.
En función de eso se dictó el artículo 76, estableciendo expresamente que la delegación legislativa estaba prohibida, salvo en materias determinadas de administración o emergencia pública, con plazos fijados para su ejercicio y dentro de los límites de la delegación que el Congreso estableciera.
El mismo artículo 76 incorpora una disposición, que probablemente por razones metodológicas debió estar incorporada en las disposiciones transitorias, que dice: “La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa.”
Aquí aparece la cuestión central que el proyecto intenta resolver. Se trata de la disposición transitoria octava, que dice: “La legislación delegada preexistente que no contenga plazo establecido para su ejercicio caducará a los cinco años de la vigencia de esta disposición, excepto aquella que el Congreso de la Nación ratifique expresamente por una nueva ley.”
Transcurren los cinco años y de pronto el Congreso se da cuenta de que se encuentra con un importante paquete de leyes que contenían delegación y cuya caducidad había sido declarada por la Constitución Nacional.
Entonces, se sancionó la norma contemplada por la ley 25.148, sobre la base de un proyecto que fundamentó el senador Yoma. En ese momento el legislador dice –recordemos que había sido constituyente que no se habían dado cuenta de que habían echado por tierra todos los regímenes que hasta ese momento eran objeto de legislación delegada.
Probablemente por la fricción dan una suerte de perdigonada y no distinguen delegación de legislación delegada, señalándose que toda la legislación tenía una prórroga por cinco años.
La estructura de esa ley es la que predomina en todas las posteriores ratificaciones. La estructura de esa ley precisamente es la que determinaba la redacción que en definitiva se impuso en todas las otras disposiciones por las que se dice que la facultad delegatoria del Poder Legislativo ha quedado intacta, pero se ha ratificado en el Poder Ejecutivo por un plazo determinado la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas. Más adelante se definía como materia de la administración o materia de emergencia, y ese plazo se cumplía a los tres años. Pasados los tres años tampoco hubo resolución.
Frente a ello el Congreso determinó –a mi entender, prudentemente- establecer otra prórroga por medio de la ley 25.645. Vencida esa norma y sin novedad alguna se dictó la ley 25.918, y vencida esta la 26.135 que vence el 24 de agosto.
Aquí, en realidad, aparece un tema muy discutible en cuanto a las limitaciones, que me hace acordar a cuando estudiaba introducción al derecho. En la primera o segunda página del libro de Aftalión, se cita a un autor alemán, Von Kirchmann, que decía que, dado que un solo libro podía dejar sin efecto lo que estaba establecido en los anaqueles de la biblioteca, el derecho no tenía el rigor de una ciencia.
Pero, evidentemente, no es esa la filosofía con la que vamos a tratar la cuestión. El tema discutible, teniendo en cuenta que se resuelve por prórrogas sucesivas de ratificación de legislación, ha generado lo que se llama una doctrina parlamentaria. No lo decimos nosotros sino que también la señala el diputado electo Gil Lavedra en un matutino de días pasados, quien destaca que esa doctrina parlamentaria no se ajusta a la Constitución pero realmente es lo que tenemos.
La doctrina parlamentaria tiene como elemento central el respeto al precedente. A aquellos para quienes la seguridad jurídica aparece como la bandera que resolvería el problema mágicamente, debemos decirles que una buena muestra de que la seguridad jurídica funciona es el respeto al precedente parlamentario.
De todas maneras, esa ley no nació de un repollo y, en realidad, en estos quince años la variedad de colores del gobierno no ha hecho probablemente que se modifique personalmente a muchos de los actores.
No por ser diputado nuevo puedo tomar lo que ha hecho la 26.135 con beneficio de inventario, pero sí puedo decir que el Congreso tiene una responsabilidad adicional; tiene una responsabilidad política y diría que también una responsabilidad personal que se extiende a todos los actores en ese momento.
El antecedente de esta disposición de la Convención Constituyente de 1994 no fue un invento ni el fruto de un proyecto presentado sino una parte del Núcleo de Coincidencias Básicas, o sea que convergían en ella dos expresiones políticas importantes en torno de lo que fue la columna central de la reforma de 1994 con los consiguientes actores.
En consecuencia, en modo alguno podemos decir que en el firmamento jurídico argentino puede haber sorprendidos ante la existencia de estas disposiciones.
No aparece como una razón fundamental del debate que sea una Constitución parlamentarista o que sus disposiciones tiendan a resolver un ambiente contaminado por la legislación de los presidentes. Esto es así porque hay un instituto, que es el de la delegación legislativa, que termina con más de cien años de construcción doctrinaria y jurisprudencial en cuanto a las limitaciones, y expresamente incorpora, a través del artículo 76 de la Constitución, la posibilidad de delegar.
Pero se establecieron dos cuestiones: una delegación para el futuro con ciertas condiciones que debían cumplirse, y otra referida a qué hacer con la legislación delegada desde la organización nacional hasta el año 1994.
En función de eso se dictó el artículo 76, estableciendo expresamente que la delegación legislativa estaba prohibida, salvo en materias determinadas de administración o emergencia pública, con plazos fijados para su ejercicio y dentro de los límites de la delegación que el Congreso estableciera.
El mismo artículo 76 incorpora una disposición, que probablemente por razones metodológicas debió estar incorporada en las disposiciones transitorias, que dice: “La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa.”
Aquí aparece la cuestión central que el proyecto intenta resolver. Se trata de la disposición transitoria octava, que dice: “La legislación delegada preexistente que no contenga plazo establecido para su ejercicio caducará a los cinco años de la vigencia de esta disposición, excepto aquella que el Congreso de la Nación ratifique expresamente por una nueva ley.”
Transcurren los cinco años y de pronto el Congreso se da cuenta de que se encuentra con un importante paquete de leyes que contenían delegación y cuya caducidad había sido declarada por la Constitución Nacional.
Entonces, se sancionó la norma contemplada por la ley 25.148, sobre la base de un proyecto que fundamentó el senador Yoma. En ese momento el legislador dice –recordemos que había sido constituyente que no se habían dado cuenta de que habían echado por tierra todos los regímenes que hasta ese momento eran objeto de legislación delegada.
Probablemente por la fricción dan una suerte de perdigonada y no distinguen delegación de legislación delegada, señalándose que toda la legislación tenía una prórroga por cinco años.
La estructura de esa ley es la que predomina en todas las posteriores ratificaciones. La estructura de esa ley precisamente es la que determinaba la redacción que en definitiva se impuso en todas las otras disposiciones por las que se dice que la facultad delegatoria del Poder Legislativo ha quedado intacta, pero se ha ratificado en el Poder Ejecutivo por un plazo determinado la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas. Más adelante se definía como materia de la administración o materia de emergencia, y ese plazo se cumplía a los tres años. Pasados los tres años tampoco hubo resolución.
Frente a ello el Congreso determinó –a mi entender, prudentemente- establecer otra prórroga por medio de la ley 25.645. Vencida esa norma y sin novedad alguna se dictó la ley 25.918, y vencida esta la 26.135 que vence el 24 de agosto.
Aquí, en realidad, aparece un tema muy discutible en cuanto a las limitaciones, que me hace acordar a cuando estudiaba introducción al derecho. En la primera o segunda página del libro de Aftalión, se cita a un autor alemán, Von Kirchmann, que decía que, dado que un solo libro podía dejar sin efecto lo que estaba establecido en los anaqueles de la biblioteca, el derecho no tenía el rigor de una ciencia.
Pero, evidentemente, no es esa la filosofía con la que vamos a tratar la cuestión. El tema discutible, teniendo en cuenta que se resuelve por prórrogas sucesivas de ratificación de legislación, ha generado lo que se llama una doctrina parlamentaria. No lo decimos nosotros sino que también la señala el diputado electo Gil Lavedra en un matutino de días pasados, quien destaca que esa doctrina parlamentaria no se ajusta a la Constitución pero realmente es lo que tenemos.
La doctrina parlamentaria tiene como elemento central el respeto al precedente. A aquellos para quienes la seguridad jurídica aparece como la bandera que resolvería el problema mágicamente, debemos decirles que una buena muestra de que la seguridad jurídica funciona es el respeto al precedente parlamentario.
De todas maneras, esa ley no nació de un repollo y, en realidad, en estos quince años la variedad de colores del gobierno no ha hecho probablemente que se modifique personalmente a muchos de los actores.
No por ser diputado nuevo puedo tomar lo que ha hecho la 26.135 con beneficio de inventario, pero sí puedo decir que el Congreso tiene una responsabilidad adicional; tiene una responsabilidad política y diría que también una responsabilidad personal que se extiende a todos los actores en ese momento.
El antecedente de esta disposición de la Convención Constituyente de 1994 no fue un invento ni el fruto de un proyecto presentado sino una parte del Núcleo de Coincidencias Básicas, o sea que convergían en ella dos expresiones políticas importantes en torno de lo que fue la columna central de la reforma de 1994 con los consiguientes actores.
En consecuencia, en modo alguno podemos decir que en el firmamento jurídico argentino puede haber sorprendidos ante la existencia de estas disposiciones.
SR. PRESIDENTE(FELLNER)
La Presidencia solicita a los señores diputados que guarden el debido silencio para que podamos escuchar al orador.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Tucumán.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Tucumán.
SR. DATO, ALFREDO CARLOS (TUCUMAN):
Señor presidente: en general, cuando hablamos del presente parlamentario no tenemos posibilidad alguna de aplicar aquella frase de Groucho Marx: “Si no les gustan estas ideas, tenemos otras”.
Este es el único camino para sanear la situación planteada y resolver este intríngulis generado en un conjunto de leyes que se viene prorrogando a libro cerrado. Tanto es así que hoy nos encontramos en medio de una situación de desconocimiento respecto de las normas que componen ese conjunto.
Digo “de desconocimiento” porque en realidad se han llevado a cabo dos trabajos; uno de ellos pertenece al Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado, que detectó la existencia de aproximadamente mil novecientas leyes aunque parece que con una metodología impropia, ya que aparentemente incluyeron en la lista de la legislación delegante todas aquellas disposiciones que decían “facúltase” o “delégase”.
A esto debemos agregar esa suerte de enamoramiento, y a su vez de pena, que campea en todas las intervenciones parlamentarias acerca de que el digesto que se ordenó elaborar en la Argentina por medio de la ley 24.967 iba a ser la panacea y la solución a todos los problemas.
Creo que el digesto podría ser útil, pero fíjense los señores diputados que si nos lanzamos a hacerlo tendríamos que decir –y aquí habría una contradicción qué ocurriría con las normas que ya caducaron o cuyo objeto ya fue cumplido. No habría problema, por ejemplo, con la ley por la que se instituye el Arzobispado de Buenos Aires porque esa entidad ya fue creada. Tampoco habría inconveniente con aquellas normas vinculadas con los límites entre las provincias de Corrientes y Misiones o de Tucumán y Salta porque sus objetos ya fueron cumplidos.
La cuestión es detectar las leyes que presentan este componente que aparece más allá de nuestra simpatía o de nuestras necesidades como una expresión de que la Constitución no quiere más delegaciones.
Analicemos ligeramente el proyecto de ley en consideración, cuya característica central respecto de los anteriores es que tiene una extraordinaria sencillez, creo que también utilidad y finalmente –esperamos eficacia.
La sencillez radica en que sólo se conserva un artículo de las viejas leyes; me refiero al artículo 1º, que ha sido mejorado en dos cuestiones que resuelven algunas inquietudes en torno de la delegación de facultades.
Luego de la ratificación por el término de un año, el mencionado artículo sostiene: “El titular del Poder Ejecutivo nacional y el Jefe de Gabinete de Ministros ejercerán exclusivamente las facultades delegadas, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 100, incisos 4 y 12, de la Constitución Nacional y la ley 26.122”.
Este texto demuestra que el camino futuro para la legislación delegada es precisamente que esto aparezca con las firmas privilegiadas que surgen del texto constitucional. Uno es el artículo 100, inciso 4), cuando le da al jefe de Gabinete de Ministros las funciones y las atribuciones que le delega el presidente de la Nación, y el otro, el artículo 100, inciso 12, que otorga a dicho funcionario la facultad de refrendar decretos de los que emergen facultades delegadas al Congreso.
¿Por qué se puede hacer esto ahora y no se lo hizo antes? Porque según la ley 26.122 se crea una comisión bicameral que tiene tres funciones: controlar los decretos de necesidad y urgencia, la legislación delegada y aquellos aspectos que se refieren a vetos parciales. De modo que hacia delante, luego de la ratificación y mientras esté rigiendo el mecanismo de utilización de las facultades delegadas, existe una base constitucional y legal que obliga al Poder Ejecutivo, en la persona de la señora presidenta o del jefe de Gabinete de Ministros, a concurrir a las comisiones de este Congreso.
Por las siguientes disposiciones se conforman comisiones, que en la época de Perón estaban bastante desprestigiadas. Ahora aparecen como un elemento central, ya que no hay ninguna comisión del Congreso, ni la que elabora el digesto jurídico ni la que debe controlar la legislación delegada, que tenga posibilidad técnica de acceder a dicha legislación.
Recordemos que a esta comisión se le han impuesto algunas condiciones. La primera de ellas es la de hacer un informe y no un dictamen –al respecto hemos conversado el motivo por el que debía tratarse de un informe...
Este es el único camino para sanear la situación planteada y resolver este intríngulis generado en un conjunto de leyes que se viene prorrogando a libro cerrado. Tanto es así que hoy nos encontramos en medio de una situación de desconocimiento respecto de las normas que componen ese conjunto.
Digo “de desconocimiento” porque en realidad se han llevado a cabo dos trabajos; uno de ellos pertenece al Instituto Federal de Estudios Parlamentarios del Senado, que detectó la existencia de aproximadamente mil novecientas leyes aunque parece que con una metodología impropia, ya que aparentemente incluyeron en la lista de la legislación delegante todas aquellas disposiciones que decían “facúltase” o “delégase”.
A esto debemos agregar esa suerte de enamoramiento, y a su vez de pena, que campea en todas las intervenciones parlamentarias acerca de que el digesto que se ordenó elaborar en la Argentina por medio de la ley 24.967 iba a ser la panacea y la solución a todos los problemas.
Creo que el digesto podría ser útil, pero fíjense los señores diputados que si nos lanzamos a hacerlo tendríamos que decir –y aquí habría una contradicción qué ocurriría con las normas que ya caducaron o cuyo objeto ya fue cumplido. No habría problema, por ejemplo, con la ley por la que se instituye el Arzobispado de Buenos Aires porque esa entidad ya fue creada. Tampoco habría inconveniente con aquellas normas vinculadas con los límites entre las provincias de Corrientes y Misiones o de Tucumán y Salta porque sus objetos ya fueron cumplidos.
La cuestión es detectar las leyes que presentan este componente que aparece más allá de nuestra simpatía o de nuestras necesidades como una expresión de que la Constitución no quiere más delegaciones.
Analicemos ligeramente el proyecto de ley en consideración, cuya característica central respecto de los anteriores es que tiene una extraordinaria sencillez, creo que también utilidad y finalmente –esperamos eficacia.
La sencillez radica en que sólo se conserva un artículo de las viejas leyes; me refiero al artículo 1º, que ha sido mejorado en dos cuestiones que resuelven algunas inquietudes en torno de la delegación de facultades.
Luego de la ratificación por el término de un año, el mencionado artículo sostiene: “El titular del Poder Ejecutivo nacional y el Jefe de Gabinete de Ministros ejercerán exclusivamente las facultades delegadas, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 100, incisos 4 y 12, de la Constitución Nacional y la ley 26.122”.
Este texto demuestra que el camino futuro para la legislación delegada es precisamente que esto aparezca con las firmas privilegiadas que surgen del texto constitucional. Uno es el artículo 100, inciso 4), cuando le da al jefe de Gabinete de Ministros las funciones y las atribuciones que le delega el presidente de la Nación, y el otro, el artículo 100, inciso 12, que otorga a dicho funcionario la facultad de refrendar decretos de los que emergen facultades delegadas al Congreso.
¿Por qué se puede hacer esto ahora y no se lo hizo antes? Porque según la ley 26.122 se crea una comisión bicameral que tiene tres funciones: controlar los decretos de necesidad y urgencia, la legislación delegada y aquellos aspectos que se refieren a vetos parciales. De modo que hacia delante, luego de la ratificación y mientras esté rigiendo el mecanismo de utilización de las facultades delegadas, existe una base constitucional y legal que obliga al Poder Ejecutivo, en la persona de la señora presidenta o del jefe de Gabinete de Ministros, a concurrir a las comisiones de este Congreso.
Por las siguientes disposiciones se conforman comisiones, que en la época de Perón estaban bastante desprestigiadas. Ahora aparecen como un elemento central, ya que no hay ninguna comisión del Congreso, ni la que elabora el digesto jurídico ni la que debe controlar la legislación delegada, que tenga posibilidad técnica de acceder a dicha legislación.
Recordemos que a esta comisión se le han impuesto algunas condiciones. La primera de ellas es la de hacer un informe y no un dictamen –al respecto hemos conversado el motivo por el que debía tratarse de un informe...
SR. PRESIDENTE(FELLNER)
Ruego a los señores diputados guardar silencio para poder escuchar al orador.
SR. DATO, ALFREDO CARLOS (TUCUMAN):
Bajo el paraguas del año de plazo de prórroga de doscientos cuarenta días se propician treinta días más de prórroga.
La comisión que mencionaba puede hacer pedidos diversos a reparticiones, por ejemplo, al Congreso, con la condición de que sean fundados y realizados por personas con reconocida experiencia en materia jurídica. Esta vez no se nos va a escapar la tortuga, porque la citada comisión tiene la obligación de suministrar cada treinta días informes parciales a cada uno de los bloques que conforman este Parlamento.
La solución seguramente aparece como práctica y eficaz, porque también pone bajo la exigencia legal acoplar todos los servicios jurídicos y reparticiones a su cometido. Esto aparece como una solución diría definitiva, porque ninguno de los que integramos esta Cámara estaríamos hoy en condiciones de repetir la experiencia de la delegación de facultades y el respectivo debate.
Lo que debemos tener en claro es qué es lo que se está delegando, y a partir de allí, creo que el final del camino será absolutamente difícil. Digo esto porque cuando de las 1.900 leyes encuentren en vigencia 50, 100 ó 300, esas leyes van a necesitar de un tratamiento parlamentario en las respectivas comisiones, y será el propio Poder Ejecutivo quien dirá qué le interesa.
Evidentemente, las razones que emergen de esta situación son dos: la primera, una delegación a libro cerrado, y la segunda, no cumplir el mandato constitucional. En última instancia, creo que no es más que un instrumento para poder gobernar.
En este sentido, me parece que en materia de gobernar sería bueno traer a colación uno de los consejos que el Quijote diera a Sancho cuando le dijo: “Mirad, amigo Sancho: yo no puedo dar parte del cielo a nadie, aunque no sea mayor que una uña, que a solo Dios están reservadas esas mercedes y gracias. Lo que puedo dar os doy, que es una ínsula hecha y derecha, redonda y bien proporcionada y sobremanera fértil y abundosa, donde, si vos os sabéis dar maña, podéis con las riquezas de la tierra granjear las del cielo.” (Aplausos.)
La comisión que mencionaba puede hacer pedidos diversos a reparticiones, por ejemplo, al Congreso, con la condición de que sean fundados y realizados por personas con reconocida experiencia en materia jurídica. Esta vez no se nos va a escapar la tortuga, porque la citada comisión tiene la obligación de suministrar cada treinta días informes parciales a cada uno de los bloques que conforman este Parlamento.
La solución seguramente aparece como práctica y eficaz, porque también pone bajo la exigencia legal acoplar todos los servicios jurídicos y reparticiones a su cometido. Esto aparece como una solución diría definitiva, porque ninguno de los que integramos esta Cámara estaríamos hoy en condiciones de repetir la experiencia de la delegación de facultades y el respectivo debate.
Lo que debemos tener en claro es qué es lo que se está delegando, y a partir de allí, creo que el final del camino será absolutamente difícil. Digo esto porque cuando de las 1.900 leyes encuentren en vigencia 50, 100 ó 300, esas leyes van a necesitar de un tratamiento parlamentario en las respectivas comisiones, y será el propio Poder Ejecutivo quien dirá qué le interesa.
Evidentemente, las razones que emergen de esta situación son dos: la primera, una delegación a libro cerrado, y la segunda, no cumplir el mandato constitucional. En última instancia, creo que no es más que un instrumento para poder gobernar.
En este sentido, me parece que en materia de gobernar sería bueno traer a colación uno de los consejos que el Quijote diera a Sancho cuando le dijo: “Mirad, amigo Sancho: yo no puedo dar parte del cielo a nadie, aunque no sea mayor que una uña, que a solo Dios están reservadas esas mercedes y gracias. Lo que puedo dar os doy, que es una ínsula hecha y derecha, redonda y bien proporcionada y sobremanera fértil y abundosa, donde, si vos os sabéis dar maña, podéis con las riquezas de la tierra granjear las del cielo.” (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(FELLNER)
La Presidencia informa que por el dictamen de la minoría van a compartir su tiempo los señores diputados Obiglio, Patricia Bullrich y Morini.
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
SR. OBIGLIO, JULIAN MARTIN (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: nosotros tenemos un dictamen de minoría firmado por el PRO, la Coalición Cívica, el radicalismo, el Consenso Federal y el Justicialismo Republicano. Como usted bien decía, voy a compartir mi tiempo con otros dos señores diputados, por lo que voy a hacer una pequeña introducción de nuestra visión jurídica del tema.
Aquí se está tratando de imponer una cuestión que no es cierta. El 24 de agosto no se termina el mundo; no caen 1.900 normas. Lo que termina el 24 de agosto es la potestad del Poder Ejecutivo de seguir siendo Poder Legislativo al mismo tiempo. Esta es la realidad, y no lo que nos están diciendo desde hace dos meses.
Por lo tanto, vamos a sostener que esta facultad de seguir siendo Poder Ejecutivo y Poder Legislativo al mismo tiempo se termina hoy mismo. (Aplausos.)
Aquí se está tratando de imponer una cuestión que no es cierta. El 24 de agosto no se termina el mundo; no caen 1.900 normas. Lo que termina el 24 de agosto es la potestad del Poder Ejecutivo de seguir siendo Poder Legislativo al mismo tiempo. Esta es la realidad, y no lo que nos están diciendo desde hace dos meses.
Por lo tanto, vamos a sostener que esta facultad de seguir siendo Poder Ejecutivo y Poder Legislativo al mismo tiempo se termina hoy mismo. (Aplausos.)
- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª de la Honorable Cámara, doña Patricia Vaca Narvaja.
SR. OBIGLIO, JULIAN MARTIN (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Lo que ha sucedido en la historia de la Argentina es que a lo largo de los años el Poder Legislativo ha derivado en el Poder Ejecutivo la facultad de dictar leyes y reglamentos para distintos temas. Le ha delegado estas facultades legislativas temporalmente y para cuestiones absolutamente puntuales.
¿Qué sucedió en 1994? La Convención Constituyente dijo “Esto se termina, no se puede seguir haciendo; hay cinco años para que el Congreso determine cuáles de esas normas dictadas por el Poder Ejecutivo en uso de facultades legislativas quedan vigentes y cuáles se derogan.”
¿Qué ocurrió en 1999? Cinco años después, tal como lo establecía la disposición transitoria octava de la Constitución Nacional, la ley 25.148 dio por aprobadas todas las normas que se habían dictado en uso de las facultades legislativas. No sólo las dio por aprobadas sino que además prorrogó esas facultades legislativas por unos años a pedido del propio oficialismo.
Es muy claro el artículo 3º de esa ley, que dice que se aprueba la totalidad de las normas dictadas por el Poder Ejecutivo entre 1853 y 1994. Todas esas normas habían sido dictadas haciendo uso de facultades delegadas.
Asimismo, lo que hace es prorrogar lo que no queremos que exista más: la facultad de que el Poder Ejecutivo siga siendo Poder Legislativo. Teóricamente se prorrogaba hasta el año 2002, pero luego vinieron tres leyes más que siguieron prorrogando esto hasta el 24 de agosto próximo, siempre con la excusa de que de otro modo se terminaba el mundo y que el Poder Ejecutivo necesitaba seguir siendo Poder Legislativo al mismo tiempo.
En nuestro dictamen proponemos algo muy simple: que las facultades legislativas vuelvan al Congreso de la Nación Argentina, de donde nunca deberían haber salido. (Aplausos.)
Por algo la Constitución Nacional establece la división de poderes, uno de los cuales es el Poder Legislativo, que tiene la facultad de fijar los impuestos que se cobran a los ciudadanos; no lo puede hacer el presidente de la Nación.
Por esa razón, en nuestro dictamen dejamos muy en claro que ha finalizado el plazo que tenía el Poder Ejecutivo para dictar normas como si fuera el Congreso de la Nación, que los derechos de importación y exportación se fijan desde el Congreso; pero no sólo eso, porque también queremos fijar los derechos de exportación para los próximos años.
Debemos darle previsibilidad a la gente, porque nadie va a invertir un peso en la Argentina si no sabe cuándo lo va a recuperar. Es necesario que la gente sepa cuánto se va a pagar en concepto de retenciones de aquí a varios años.
Para finalizar –ateniéndome al tiempo acordado con los colegas, quiero señalar que hemos dispuesto que a partir de la sanción del proyecto de ley que nosotros proponemos se deben terminar las restricciones que se le imponen al comercio. No queremos que exista más la ONCCA.
¿Qué sucedió en 1994? La Convención Constituyente dijo “Esto se termina, no se puede seguir haciendo; hay cinco años para que el Congreso determine cuáles de esas normas dictadas por el Poder Ejecutivo en uso de facultades legislativas quedan vigentes y cuáles se derogan.”
¿Qué ocurrió en 1999? Cinco años después, tal como lo establecía la disposición transitoria octava de la Constitución Nacional, la ley 25.148 dio por aprobadas todas las normas que se habían dictado en uso de las facultades legislativas. No sólo las dio por aprobadas sino que además prorrogó esas facultades legislativas por unos años a pedido del propio oficialismo.
Es muy claro el artículo 3º de esa ley, que dice que se aprueba la totalidad de las normas dictadas por el Poder Ejecutivo entre 1853 y 1994. Todas esas normas habían sido dictadas haciendo uso de facultades delegadas.
Asimismo, lo que hace es prorrogar lo que no queremos que exista más: la facultad de que el Poder Ejecutivo siga siendo Poder Legislativo. Teóricamente se prorrogaba hasta el año 2002, pero luego vinieron tres leyes más que siguieron prorrogando esto hasta el 24 de agosto próximo, siempre con la excusa de que de otro modo se terminaba el mundo y que el Poder Ejecutivo necesitaba seguir siendo Poder Legislativo al mismo tiempo.
En nuestro dictamen proponemos algo muy simple: que las facultades legislativas vuelvan al Congreso de la Nación Argentina, de donde nunca deberían haber salido. (Aplausos.)
Por algo la Constitución Nacional establece la división de poderes, uno de los cuales es el Poder Legislativo, que tiene la facultad de fijar los impuestos que se cobran a los ciudadanos; no lo puede hacer el presidente de la Nación.
Por esa razón, en nuestro dictamen dejamos muy en claro que ha finalizado el plazo que tenía el Poder Ejecutivo para dictar normas como si fuera el Congreso de la Nación, que los derechos de importación y exportación se fijan desde el Congreso; pero no sólo eso, porque también queremos fijar los derechos de exportación para los próximos años.
Debemos darle previsibilidad a la gente, porque nadie va a invertir un peso en la Argentina si no sabe cuándo lo va a recuperar. Es necesario que la gente sepa cuánto se va a pagar en concepto de retenciones de aquí a varios años.
Para finalizar –ateniéndome al tiempo acordado con los colegas, quiero señalar que hemos dispuesto que a partir de la sanción del proyecto de ley que nosotros proponemos se deben terminar las restricciones que se le imponen al comercio. No queremos que exista más la ONCCA.
-Aplausos en las galerías.
SR. OBIGLIO, JULIAN MARTIN (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Queremos que se termine de una vez por todas con este organismo, para que la gente pueda comerciar. No queremos más restricciones al comercio en la Argentina sin que el Congreso de la Nación las autorice.
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.
SRA. BULLRICH, PATRICIA (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señora presidenta: nos llama mucho la atención que hoy se discuta una nueva delegación de facultades, dado que el año pasado fue la propia presidenta de la República quien entendió el carácter precario y endeble de esta legalidad –como acabo de señalar poco sólida.
Digo esto porque el año pasado la presidenta entendió que la resolución N° 125 –una resolución ministerial lograda a partir de la delegación de facultades no alcanzaba a generar la legitimidad necesaria para reemplazar la pluralidad de voces que se expresan en el Parlamento de la Nación.
Por eso, en una conferencia de prensa la señora presidenta dijo desde el atril que iba a remitir el tema al Congreso a fin de que éste lo discutiera. Así, nos giró una resolución ministerial sabiendo que detrás de esa norma de escasa calidad se escondía la creación de un tributo, que en ese caso afectaba al agro argentino.
Ese reconocimiento explícito provocó que el Parlamento decidiese retomar sus facultades y así impedir que la resolución siguiera vigente.
Por lo tanto, creo que hoy estamos retrocediendo respecto de aquella decisión que había adoptado la señora presidenta de la Nación. Digo esto porque cuando el Poder Ejecutivo se mete de manera discrecional y arbitraria con las atribuciones del Legislativo sólo genera conflictos.
Hoy, el gobierno ha tenido que dar un paso atrás con el tarifazo. Hoy, también ha tenido que reconocer que esa delegación de facultades genera conflictos, porque a través de ella se dictan normas de manera unilateral que en realidad tendrían que ser discutidas en este Parlamento, que representa la pluralidad de voces de la Argentina.
Nosotros creemos que la democracia tiene que avanzar. También entendemos que lo que se discutió el año pasado y en lo que va del corriente año es producto de que una gran mayoría de argentinos no quieren un modelo político de concentración en manos de la Presidencia de la Nación; no quieren un Ejecutivo dotado de superpoderes y con poderes discrecionales, sino una verdadera república donde el Congreso sea capaz de atender, entre su diversidad de voces, a aquellas que representan a todos los sectores que conforman la Nación.
Digo esto porque el año pasado la presidenta entendió que la resolución N° 125 –una resolución ministerial lograda a partir de la delegación de facultades no alcanzaba a generar la legitimidad necesaria para reemplazar la pluralidad de voces que se expresan en el Parlamento de la Nación.
Por eso, en una conferencia de prensa la señora presidenta dijo desde el atril que iba a remitir el tema al Congreso a fin de que éste lo discutiera. Así, nos giró una resolución ministerial sabiendo que detrás de esa norma de escasa calidad se escondía la creación de un tributo, que en ese caso afectaba al agro argentino.
Ese reconocimiento explícito provocó que el Parlamento decidiese retomar sus facultades y así impedir que la resolución siguiera vigente.
Por lo tanto, creo que hoy estamos retrocediendo respecto de aquella decisión que había adoptado la señora presidenta de la Nación. Digo esto porque cuando el Poder Ejecutivo se mete de manera discrecional y arbitraria con las atribuciones del Legislativo sólo genera conflictos.
Hoy, el gobierno ha tenido que dar un paso atrás con el tarifazo. Hoy, también ha tenido que reconocer que esa delegación de facultades genera conflictos, porque a través de ella se dictan normas de manera unilateral que en realidad tendrían que ser discutidas en este Parlamento, que representa la pluralidad de voces de la Argentina.
Nosotros creemos que la democracia tiene que avanzar. También entendemos que lo que se discutió el año pasado y en lo que va del corriente año es producto de que una gran mayoría de argentinos no quieren un modelo político de concentración en manos de la Presidencia de la Nación; no quieren un Ejecutivo dotado de superpoderes y con poderes discrecionales, sino una verdadera república donde el Congreso sea capaz de atender, entre su diversidad de voces, a aquellas que representan a todos los sectores que conforman la Nación.
- Aplausos en las galerías.
SRA. BULLRICH, PATRICIA (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Por eso, señora presidenta, hoy estamos planteando una cuestión estratégica. Queremos que en la Argentina el Parlamento tenga sus atribuciones legislativas, y el Ejecutivo, sus atribuciones administrativas; no es lo mismo legislar que administrar. Cabe aclarar que no le estamos sacando ningún poder al Ejecutivo; simplemente estamos acomodando aquello que puede realizar en su capacidad de poder administrativo.
Estamos planteando la descripción de un modelo estratégico. Estamos dando un horizonte de previsibilidad al país. Estamos diciendo que cuando el año pasado se discutían las cuestiones del agro se estaba discutiendo a partir de una decisión discrecional que hoy queremos cambiar.
Además, como salimos a recorrer el conjunto del país diciendo que había que levantar la producción agropecuaria, hoy venimos a plantear que tenemos que poner a cero todas las retenciones y fijar en 25 el porcentaje de retención de la soja.
Estamos planteando la descripción de un modelo estratégico. Estamos dando un horizonte de previsibilidad al país. Estamos diciendo que cuando el año pasado se discutían las cuestiones del agro se estaba discutiendo a partir de una decisión discrecional que hoy queremos cambiar.
Además, como salimos a recorrer el conjunto del país diciendo que había que levantar la producción agropecuaria, hoy venimos a plantear que tenemos que poner a cero todas las retenciones y fijar en 25 el porcentaje de retención de la soja.
- Aplausos en las galerías.
SRA. BULLRICH, PATRICIA (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
¿Por qué planteamos esto? Porque queremos un modelo productivo, un modelo en el que la capacidad productiva o creativa de la sociedad sea una capacidad reconocida por este Parlamento.
Seguramente, en próximas sesiones discutiremos que también es una barbaridad que hoy, como está nuestra industria, tenga derechos de exportación del 5 por ciento. También tenemos que replantear esta lógica que ha aplicado el gobierno en estos años.
Por eso, señora presidenta, venimos a plantear cosas muy concretas, como recién expresaba el señor diputado Obiglio. Por un lado, venimos a sustituir una democracia que ha sido delegativa, cerrada, por una democracia representativa. Ese es nuestro mandato. Venimos a convertir en leyes concretas decretos y normas de baja calidad. Venimos a convertir la excepción en regla permanente, en previsibilidad, porque no queremos más excepciones.
Venimos a cambiar el puro decisionismo de un grupo de iluminados por un debate claro y concreto del conjunto de la sociedad. Simplemente, señora presidenta, venimos a decir que esta oposición que hoy estamos representando está planteando más y mejor calidad democrática, y que si la Argentina en determinados momentos ha tenido terribles estados de excepción, es hora de que nuestro país sea capaz de mejorar su calidad democrática y de entender que la construcción colectiva es la que se merece nuestro pueblo.
Por todo ello, vamos a votar en contra de esta delegación de funciones. Además, vamos a recordar al oficialismo que fue la propia presidenta de la Nación la que el año pasado mandó a debatir aquí la resolución 125, por haber entendido que no tenía la suficiente legitimidad para seguir utilizando esas normas precarias y totalmente frágiles que no condicen con la institucionalidad de un país. (Aplausos.)
Seguramente, en próximas sesiones discutiremos que también es una barbaridad que hoy, como está nuestra industria, tenga derechos de exportación del 5 por ciento. También tenemos que replantear esta lógica que ha aplicado el gobierno en estos años.
Por eso, señora presidenta, venimos a plantear cosas muy concretas, como recién expresaba el señor diputado Obiglio. Por un lado, venimos a sustituir una democracia que ha sido delegativa, cerrada, por una democracia representativa. Ese es nuestro mandato. Venimos a convertir en leyes concretas decretos y normas de baja calidad. Venimos a convertir la excepción en regla permanente, en previsibilidad, porque no queremos más excepciones.
Venimos a cambiar el puro decisionismo de un grupo de iluminados por un debate claro y concreto del conjunto de la sociedad. Simplemente, señora presidenta, venimos a decir que esta oposición que hoy estamos representando está planteando más y mejor calidad democrática, y que si la Argentina en determinados momentos ha tenido terribles estados de excepción, es hora de que nuestro país sea capaz de mejorar su calidad democrática y de entender que la construcción colectiva es la que se merece nuestro pueblo.
Por todo ello, vamos a votar en contra de esta delegación de funciones. Además, vamos a recordar al oficialismo que fue la propia presidenta de la Nación la que el año pasado mandó a debatir aquí la resolución 125, por haber entendido que no tenía la suficiente legitimidad para seguir utilizando esas normas precarias y totalmente frágiles que no condicen con la institucionalidad de un país. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe, quien terminará de utilizar el tiempo acordado.
SR. MORINI, PEDRO JUAN (SANTA FE):
Señora presidenta: la verdad que me hubiera gustado estar en este recinto discutiendo temas importantes para saber cómo íbamos a hacer este año para trasladar todos los productos agropecuarios a los puertos, para saber cómo íbamos a hacer para transportar estos cien millones de toneladas de granos que seguramente vamos a volver a tener a corto plazo, para ver si poníamos en marcha los ferrocarriles o si veíamos a qué sector íbamos a promocionar para que el país tuviera más divisas. Pero, lamentablemente, tenemos que volver a reunirnos para ver cómo discutimos un problema que ya vivimos y que realmente lo único que ha hecho ha sido achicar la producción.
Este año vamos a tener la cosecha de trigo más baja de los últimos cien años, y también la menor cantidad de hectáreas cosechadas. Tengamos en cuenta que antes se sembraba con bueyes y arado de mano, sin la tecnología con la que contamos hoy. Si la situación continúa, tengo mis dudas de si esto va a alcanzar para el pan que necesita cada uno de los argentinos en su mesa.
Este año también vamos a tener la menor cosecha de maíz, que no es solamente para exportar, como se quiere decir aquí para trabar las rebajas en la retención a este cereal. Este maíz se transforma en pollo, en cerdo, en leche, en carne, y después también comparte la mesa de los argentinos. Es un maíz que se produce y transforma en alimento en forma directa o en aceite, producto que también sufrirá una caída en su producción.
Si seguimos con los demás rubros, en el caso del girasol nuestro país venía creciendo se trata de una oleaginosa que sirve para producir aceites y harinas que también se transforman y exportan.
En el rubro de la carne y de la leche, que lleva mucho más tiempo todavía, seguimos igual.
¡Qué bueno hubiera sido discutir cómo llegar a los 20 mil millones de litros para que cada argentino en vez de pagar una diferencia tres o cuatro veces mayor que lo que cobra el que produce como discutíamos ayer en la comisión pudiera pagarla más barata! No tengo duda de que es así, porque cuando un producto abunda, el precio siempre es menor.
Siempre se habla de distribuir riqueza, pero lo único que la distribuye es el salario, no los subsidios, y cuando se habla de que hay que promocionar un producto para que se produzca más, es el precio y no los subsidios de la Secretaría de Comercio los que dan el impulso. Esa es la gran diferencia. (Aplausos.)
Yo no he visto en el mundo ninguna producción que se pueda alentar o que llegue a límites que superen lo obtenido y que funcione solamente con subsidios. Seguramente, hay que ayudarla cuando arranca, pero después el mercado y el precio son los que la desarrollan. Hay que empezar a entender esto porque si no cada día vamos a producir menos.
Veamos un solo detalle, y acá hay que aclarar que no se va a desfinanciar el país por el hecho de bajar el nivel de las retenciones. La retención en el caso del maíz, que también es una oleaginosa productora de harina, es mucho menor que el dinero que se quiere dar al fútbol: son 500 millones de pesos versus los 200 millones que nosotros necesitamos para el sector agropecuario. (Aplausos.)
Eso seguramente lo querrán tratar aquí porque tal vez lo consideran una cuestión de Estado. Me parece que cuestión de Estado son los 14 millones de pobres que hay en el país y que no vamos a sacar de esa situación poniéndoles fútbol en la pantalla. Lo que hay que darles es educación y también hay que preocuparse por su salud y su alimento. (Aplausos.) Esa es la gran diferencia de esta matriz.
Quiero decir simplemente que también es una falacia que vamos a bajar las retenciones. Este año se hablaba de que se iba a desojizar al país, pero vamos a tener veinte millones de hectáreas sembradas y ustedes saben muy bien que una hectárea en la República Argentina rinde entre 27 y 28 quintales de promedio.
Vamos a tener 56 millones de toneladas, casi 25 millones más que las cosechadas el año pasado. Cuando uno multiplica esa cantidad por los 400 dólares que vale la tonelada, ahí solamente tenemos 10 mil millones de dólares, de los cuales 3.500 se los va a quedar el Estado.
¿Cuál es la diferencia si es cierto que ahora se caerían mil millones por bajar las retenciones en vigencia? Sucede que también esto es una mentira y hay que decirlo. Lo que ocurre es que en diciembre y en enero se va a empezar a sembrar, mientras que en mayo se va a cosechar y allí nuevamente habrá muchos recursos.
El campo será una vez más el que va a hacer el esfuerzo. Pero en el camino se van a quedar muchos productores, como por ejemplo los que hoy están trabajando a pérdida en los tambos cuando muchos se llevan una parte de la tajada. Este es un tema del que nadie quiere hablar.
¿Por qué no se habló, en la reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería celebrada en el día de ayer, de lo que pierde un productor de leche? El señor secretario de Agricultura dijo que es una falacia y una mentira que se cierran tambos. Yo los invito a que vengan a nuestra zona para ver cómo se van cerrando entre dos y tres tambos por día, con la consecuencia de que después las familias afectadas deben recurrir a los municipios para que los intendentes les den de comer y les otorguen una vivienda. Esto va a seguir pasando en el país. A partir de la lectura de nuestros discursos puede apreciarse que nosotros lo venimos planteando desde hace cuatro años. El problema no está dado solamente por el tema de las retenciones, sino que también hay que ver cómo se distribuye lo que se gana. Esto es lo que ha pasado y lo que va a seguir ocurriendo. Por lo expuesto, simplemente quiero expresar a quienes hoy van a votar esto que, como muy bien han explicado mis colegas, no se trata solamente de la delegación de una facultad. Esto se podría hacer si hubiera un gobierno que entendiera y tuviera sensibilidad respecto de las cosas que pasan y no un gobierno que decide desde una Secretaría.
Este año vamos a tener la cosecha de trigo más baja de los últimos cien años, y también la menor cantidad de hectáreas cosechadas. Tengamos en cuenta que antes se sembraba con bueyes y arado de mano, sin la tecnología con la que contamos hoy. Si la situación continúa, tengo mis dudas de si esto va a alcanzar para el pan que necesita cada uno de los argentinos en su mesa.
Este año también vamos a tener la menor cosecha de maíz, que no es solamente para exportar, como se quiere decir aquí para trabar las rebajas en la retención a este cereal. Este maíz se transforma en pollo, en cerdo, en leche, en carne, y después también comparte la mesa de los argentinos. Es un maíz que se produce y transforma en alimento en forma directa o en aceite, producto que también sufrirá una caída en su producción.
Si seguimos con los demás rubros, en el caso del girasol nuestro país venía creciendo se trata de una oleaginosa que sirve para producir aceites y harinas que también se transforman y exportan.
En el rubro de la carne y de la leche, que lleva mucho más tiempo todavía, seguimos igual.
¡Qué bueno hubiera sido discutir cómo llegar a los 20 mil millones de litros para que cada argentino en vez de pagar una diferencia tres o cuatro veces mayor que lo que cobra el que produce como discutíamos ayer en la comisión pudiera pagarla más barata! No tengo duda de que es así, porque cuando un producto abunda, el precio siempre es menor.
Siempre se habla de distribuir riqueza, pero lo único que la distribuye es el salario, no los subsidios, y cuando se habla de que hay que promocionar un producto para que se produzca más, es el precio y no los subsidios de la Secretaría de Comercio los que dan el impulso. Esa es la gran diferencia. (Aplausos.)
Yo no he visto en el mundo ninguna producción que se pueda alentar o que llegue a límites que superen lo obtenido y que funcione solamente con subsidios. Seguramente, hay que ayudarla cuando arranca, pero después el mercado y el precio son los que la desarrollan. Hay que empezar a entender esto porque si no cada día vamos a producir menos.
Veamos un solo detalle, y acá hay que aclarar que no se va a desfinanciar el país por el hecho de bajar el nivel de las retenciones. La retención en el caso del maíz, que también es una oleaginosa productora de harina, es mucho menor que el dinero que se quiere dar al fútbol: son 500 millones de pesos versus los 200 millones que nosotros necesitamos para el sector agropecuario. (Aplausos.)
Eso seguramente lo querrán tratar aquí porque tal vez lo consideran una cuestión de Estado. Me parece que cuestión de Estado son los 14 millones de pobres que hay en el país y que no vamos a sacar de esa situación poniéndoles fútbol en la pantalla. Lo que hay que darles es educación y también hay que preocuparse por su salud y su alimento. (Aplausos.) Esa es la gran diferencia de esta matriz.
Quiero decir simplemente que también es una falacia que vamos a bajar las retenciones. Este año se hablaba de que se iba a desojizar al país, pero vamos a tener veinte millones de hectáreas sembradas y ustedes saben muy bien que una hectárea en la República Argentina rinde entre 27 y 28 quintales de promedio.
Vamos a tener 56 millones de toneladas, casi 25 millones más que las cosechadas el año pasado. Cuando uno multiplica esa cantidad por los 400 dólares que vale la tonelada, ahí solamente tenemos 10 mil millones de dólares, de los cuales 3.500 se los va a quedar el Estado.
¿Cuál es la diferencia si es cierto que ahora se caerían mil millones por bajar las retenciones en vigencia? Sucede que también esto es una mentira y hay que decirlo. Lo que ocurre es que en diciembre y en enero se va a empezar a sembrar, mientras que en mayo se va a cosechar y allí nuevamente habrá muchos recursos.
El campo será una vez más el que va a hacer el esfuerzo. Pero en el camino se van a quedar muchos productores, como por ejemplo los que hoy están trabajando a pérdida en los tambos cuando muchos se llevan una parte de la tajada. Este es un tema del que nadie quiere hablar.
¿Por qué no se habló, en la reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería celebrada en el día de ayer, de lo que pierde un productor de leche? El señor secretario de Agricultura dijo que es una falacia y una mentira que se cierran tambos. Yo los invito a que vengan a nuestra zona para ver cómo se van cerrando entre dos y tres tambos por día, con la consecuencia de que después las familias afectadas deben recurrir a los municipios para que los intendentes les den de comer y les otorguen una vivienda. Esto va a seguir pasando en el país. A partir de la lectura de nuestros discursos puede apreciarse que nosotros lo venimos planteando desde hace cuatro años. El problema no está dado solamente por el tema de las retenciones, sino que también hay que ver cómo se distribuye lo que se gana. Esto es lo que ha pasado y lo que va a seguir ocurriendo. Por lo expuesto, simplemente quiero expresar a quienes hoy van a votar esto que, como muy bien han explicado mis colegas, no se trata solamente de la delegación de una facultad. Esto se podría hacer si hubiera un gobierno que entendiera y tuviera sensibilidad respecto de las cosas que pasan y no un gobierno que decide desde una Secretaría.
(Aplausos en las bancas y en las galerías.)
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