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Discursos
Período:125 Reunion:17 Fecha:01/08/2007 MANIFESTACIONES EN MINORÍA
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
No habiendo suficiente número en la casa, declaro fracasada la sesión especial.
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
SR. PINEDO, FEDERICO (CAP FEDERAL):
Señora presidenta: hemos pedido la convocatoria a sesión especial para tratar los temas vinculados con la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y para que después de once años de demora se cumpla lo dispuesto por el artículo 129 de la Constitución Nacional, que la establece.
La autonomía de la Ciudad de Buenos Aires no es un tema de los partidos ni de las leyes, sino del pueblo. La Constitución Nacional solamente utiliza ese término cuando se refiere a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, e implica la facultad del pueblo de autogobernarse. Por lo tanto, lo que queríamos discutir hoy era si los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires pueden gobernarse a sí mismos o deben seguir siendo gobernados por personas que no los representan.
Con motivo de este largo debate de once años, que aún no ha sido saldado, hemos tenido varias reuniones con el oficialismo nacional, tanto en la Cámara como en el Poder Ejecutivo. El jefe de Gobierno electo de la Ciudad de Buenos Aires ha mantenido una reunión con el señor presidente de la República y con el jefe de Gabinete de Ministros y el ministro del Interior. Asimismo, yo he tenido una reunión con el jefe de Gabinete, pero no con el ministro del Interior, quien se niega a discutir el tema de la Policía, a pesar de que es el jefe de la fuerza.
De estas reuniones han surgido avances que son inéditos en la historia institucional de la Argentina. En este sentido, el señor presidente de la República ha mostrado su voluntad de avanzar en el tema de la autonomía de la Ciudad y en la reunión antes aludida hizo mención a varios asuntos importantes. En materia de seguridad se habló de que la Ciudad pudiera tener su propia policía; en materia de transportes, de la necesidad de crear un organismo tripartito -entre la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires- para regular el transporte metropolitano; en materia de bienes ferroviarios, de que la Ciudad pueda ocupar distintos territorios del Organismo Nacional de Bienes del Estado -ONABE- para ser utilizados con fines públicos en el área de transportes.
Asimismo, en materia de puerto se planteó la posibilidad de que la Ciudad vuelva a tomar jurisdicción sobre el puerto que se encuentra en su propio territorio, tal como en su oportunidad fue dispuesto por el Congreso de la Nación, que sancionó el traspaso a la Ciudad de Buenos Aires, lo que fue vetado por el ex presidente Menem, sosteniendo que la Municipalidad era un ente descentralizado del Poder Ejecutivo Nacional. Esto ocurrió antes del año 1994. Habiendo desaparecido el argumento del ex presidente Menem para quedarse con el puerto, deberíavolver a manifestarse la misma voluntad ya expresada por el Congreso de la Nación. Sin embargo, hemos tenido varios inconvenientes porque el oficialismo tuvo posiciones muy erráticas sobre estas cuestiones.
En el tema concreto de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, nosotros estamos convencidos de que no hay posibilidad de brindar seguridad sin recursos. Estamos convencidos de que no es posible dar seguridad en forma razonable si no hay un traspaso parcial de la Policía Federal a la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires; diría que esto es casi obvio o evidente. De modo tal que de alguna manera tenemos que abocarnos a un traspaso de competencia, funciones y servicios, tal como establece la Constitución en su artículo 75, inciso 2º.
Sin embargo, se han levantado algunas voces, algunas en forma sorpresiva -como la del jefe de Gabinete- diciendo que la Nación no tiene por qué pagarle la seguridad a la Ciudad de Buenos Aires; es como si no nos diéramos cuenta de que ya la Nación le está pagando el servicio de seguridad a la Ciudad de Buenos Aires.
Digamos que pueden pasar dos cosas: que triunfe nuestro proyecto -que no es del PRO sino de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires- o que nuestra iniciativa no prospere. En caso de sancionarse la norma que nosotros proponemos, la Policía se traspasaría a la Ciudad y en ese caso -según el artículo 75 de la Constitución- deberían reasignarse los recursos necesarios para el financiamiento.
En caso de no sancionarse la ley, la Policía Federal seguirá prestando el servicio de seguridad en la Ciudad y la Nación seguirá pagando, con lo cual es evidente que no estamos discutiendo sobre los recursos -ya que en un caso o en otro serían aportados por la Nación y no por las provincias- sino que de lo que estamos hablando es de quién es el jefe de la Policía. Y acá volvemos al principio: este es un tema de autogobierno; este es un tema del sistema representativo; este es un tema de la autonomía de los porteños para gobernarse a sí mismos.
Entonces, lo que tiene que resolver el Congreso -y si no lo hace, lo tendrá que resolver la Justicia-, dado que los porteños tienen el derecho democrático de elegir a sus gobernantes, es si el representante del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires va a ser jefe de la Policía o lo seguirá siendo el ministro del Interior.
También quiero decir que hemos hecho un esfuerzo con los distintos bloques de la Cámara para consensuar los textos de los distintos proyectos que se han presentado sobre tan variados temas. Con el oficialismo hemos tenido reuniones bilaterales, y con los demás partidos -el radicalismo, el peronismo nacional, el ARI y el bloque del señor diputado Claudio Lozano- hemos tenido reuniones multipartidarias para arribar a acuerdos sobre el texto de cada una de las normas.
Me parece que hemos hecho un buen trabajo. Y en el día de hoy, dado que no hubo sesión, estamos presentando nuevos proyectos que contemplan esos acuerdos. Si hubiera habido sesión, hoy estaríamos tratando el texto en este recinto. Al presentar nuevos proyectos le estamos mostrando al oficialismo cuál es el consenso de los demás bloques, lo cual va a facilitar el tratamiento en el futuro, si es que el oficialismo algún día da quórum.
Dicho esto, creo que sería interesante escuchar la opinión de los demás bloques. Este no es un tema partidario. Nosotros hemos dicho en la campaña electoral que defendíamos estas ideas, y el oficialismo también lo hizo. En este sentido, el candidato del oficialismo, Daniel Filmus -que además es un ministro del Poder Ejecutivo-, junto con sesenta diputados del bloque oficialista presentó en esta Cámara un proyecto que establece el traspaso de la Policía, con recursos, a la Ciudad de Buenos Aires.
De manera tal que esperamos que el oficialismo, que se comprometió en esa oportunidad, y el ministro de Educación, que dijo que iba a luchar por esto,peleen junto a nosotros y no frente a nosotros, a fin de que en muy breve plazo consideremos estos temas y aprobemos las leyes previstas en el mes de agosto, como se había planteado.(Aplausos.)
La autonomía de la Ciudad de Buenos Aires no es un tema de los partidos ni de las leyes, sino del pueblo. La Constitución Nacional solamente utiliza ese término cuando se refiere a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, e implica la facultad del pueblo de autogobernarse. Por lo tanto, lo que queríamos discutir hoy era si los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires pueden gobernarse a sí mismos o deben seguir siendo gobernados por personas que no los representan.
Con motivo de este largo debate de once años, que aún no ha sido saldado, hemos tenido varias reuniones con el oficialismo nacional, tanto en la Cámara como en el Poder Ejecutivo. El jefe de Gobierno electo de la Ciudad de Buenos Aires ha mantenido una reunión con el señor presidente de la República y con el jefe de Gabinete de Ministros y el ministro del Interior. Asimismo, yo he tenido una reunión con el jefe de Gabinete, pero no con el ministro del Interior, quien se niega a discutir el tema de la Policía, a pesar de que es el jefe de la fuerza.
De estas reuniones han surgido avances que son inéditos en la historia institucional de la Argentina. En este sentido, el señor presidente de la República ha mostrado su voluntad de avanzar en el tema de la autonomía de la Ciudad y en la reunión antes aludida hizo mención a varios asuntos importantes. En materia de seguridad se habló de que la Ciudad pudiera tener su propia policía; en materia de transportes, de la necesidad de crear un organismo tripartito -entre la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires- para regular el transporte metropolitano; en materia de bienes ferroviarios, de que la Ciudad pueda ocupar distintos territorios del Organismo Nacional de Bienes del Estado -ONABE- para ser utilizados con fines públicos en el área de transportes.
Asimismo, en materia de puerto se planteó la posibilidad de que la Ciudad vuelva a tomar jurisdicción sobre el puerto que se encuentra en su propio territorio, tal como en su oportunidad fue dispuesto por el Congreso de la Nación, que sancionó el traspaso a la Ciudad de Buenos Aires, lo que fue vetado por el ex presidente Menem, sosteniendo que la Municipalidad era un ente descentralizado del Poder Ejecutivo Nacional. Esto ocurrió antes del año 1994. Habiendo desaparecido el argumento del ex presidente Menem para quedarse con el puerto, deberíavolver a manifestarse la misma voluntad ya expresada por el Congreso de la Nación. Sin embargo, hemos tenido varios inconvenientes porque el oficialismo tuvo posiciones muy erráticas sobre estas cuestiones.
En el tema concreto de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, nosotros estamos convencidos de que no hay posibilidad de brindar seguridad sin recursos. Estamos convencidos de que no es posible dar seguridad en forma razonable si no hay un traspaso parcial de la Policía Federal a la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires; diría que esto es casi obvio o evidente. De modo tal que de alguna manera tenemos que abocarnos a un traspaso de competencia, funciones y servicios, tal como establece la Constitución en su artículo 75, inciso 2º.
Sin embargo, se han levantado algunas voces, algunas en forma sorpresiva -como la del jefe de Gabinete- diciendo que la Nación no tiene por qué pagarle la seguridad a la Ciudad de Buenos Aires; es como si no nos diéramos cuenta de que ya la Nación le está pagando el servicio de seguridad a la Ciudad de Buenos Aires.
Digamos que pueden pasar dos cosas: que triunfe nuestro proyecto -que no es del PRO sino de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires- o que nuestra iniciativa no prospere. En caso de sancionarse la norma que nosotros proponemos, la Policía se traspasaría a la Ciudad y en ese caso -según el artículo 75 de la Constitución- deberían reasignarse los recursos necesarios para el financiamiento.
En caso de no sancionarse la ley, la Policía Federal seguirá prestando el servicio de seguridad en la Ciudad y la Nación seguirá pagando, con lo cual es evidente que no estamos discutiendo sobre los recursos -ya que en un caso o en otro serían aportados por la Nación y no por las provincias- sino que de lo que estamos hablando es de quién es el jefe de la Policía. Y acá volvemos al principio: este es un tema de autogobierno; este es un tema del sistema representativo; este es un tema de la autonomía de los porteños para gobernarse a sí mismos.
Entonces, lo que tiene que resolver el Congreso -y si no lo hace, lo tendrá que resolver la Justicia-, dado que los porteños tienen el derecho democrático de elegir a sus gobernantes, es si el representante del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires va a ser jefe de la Policía o lo seguirá siendo el ministro del Interior.
También quiero decir que hemos hecho un esfuerzo con los distintos bloques de la Cámara para consensuar los textos de los distintos proyectos que se han presentado sobre tan variados temas. Con el oficialismo hemos tenido reuniones bilaterales, y con los demás partidos -el radicalismo, el peronismo nacional, el ARI y el bloque del señor diputado Claudio Lozano- hemos tenido reuniones multipartidarias para arribar a acuerdos sobre el texto de cada una de las normas.
Me parece que hemos hecho un buen trabajo. Y en el día de hoy, dado que no hubo sesión, estamos presentando nuevos proyectos que contemplan esos acuerdos. Si hubiera habido sesión, hoy estaríamos tratando el texto en este recinto. Al presentar nuevos proyectos le estamos mostrando al oficialismo cuál es el consenso de los demás bloques, lo cual va a facilitar el tratamiento en el futuro, si es que el oficialismo algún día da quórum.
Dicho esto, creo que sería interesante escuchar la opinión de los demás bloques. Este no es un tema partidario. Nosotros hemos dicho en la campaña electoral que defendíamos estas ideas, y el oficialismo también lo hizo. En este sentido, el candidato del oficialismo, Daniel Filmus -que además es un ministro del Poder Ejecutivo-, junto con sesenta diputados del bloque oficialista presentó en esta Cámara un proyecto que establece el traspaso de la Policía, con recursos, a la Ciudad de Buenos Aires.
De manera tal que esperamos que el oficialismo, que se comprometió en esa oportunidad, y el ministro de Educación, que dijo que iba a luchar por esto,peleen junto a nosotros y no frente a nosotros, a fin de que en muy breve plazo consideremos estos temas y aprobemos las leyes previstas en el mes de agosto, como se había planteado.(Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
SR. VANOSSI, JORGE REINALDO (CAP FEDERAL):
Señora presidenta: es lamentable la ausencia en las bancas en el día de hoy, porque ésta no es una sesión más; en realidad, es más importante que muchas otras, dada la índole de los temas que han fundado el petitorio.
Por eso, con profunda tristeza, en nombre del bloque tengo que decir algunas cosas para que quede registrado a quiénes corresponden las responsabilidades por el fracaso de la sesión.
La primera pregunta es la siguiente: ¿no existió la reunión del 27 de junio en la Casa Rosada? El presidente de la República en esa oportunidad se reunió con el jefe electo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de allí surgió un compromiso, que no fue secreto sino público, pues se hizo conocer a toda la opinión pública y política del país.
Incluso, se fijó una fecha concreta para consumar la derogación de normas impeditivas del ejercicio pleno de una autonomía integral de la Ciudad de Buenos Aires. El presidente fue muy claro; su interlocutor quedó conforme con esa claridad y entendió que se trataba de un compromiso no sólo entre caballeros sino también ante la ciudadanía argentina, en particular, los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires.
Pareciera, entonces, que con el transcurso del tiempo, dada la negación -algo así como un engaña pichanga- de los alcances de ese compromiso, la política está perdiendo el valor de los acuerdos, de los entendimientos, de los consensos.
Además, con la ausencia en las bancas se está dando el triste testimonio de que abjuramos de lo que tradicionalmente se ha llamado "mínima cortesía parlamentaria". ¿Acaso el temor al debate -en el fondo es eso, temor- disipa las mentes embriagadas por la soberbia del poder? Al contrario, esta no es una manifestación de fuerza sino que será interpretada por la opinión pública como un testimonio de la debilidad de la mayoría para afrontar un debate que existe el compromiso de llevar a cabo a fin de modificar ciertas normas.
No es fortaleza sino fracaso, y eso no es bueno para el sistema constitucional de la República. No olviden los señores diputados aquello de que la democracia no tiene secretos sino palabras, y a veces tiene gritos, cuando es necesario subir los decibeles.
El gran secreto de las reglas de juego es que las victorias y las derrotas no tienen la garantía de la eternidad: el que gana hoy puede perder mañana, y viceversa.
Debemos resolver el problema de la autonomía no sólo para el gobierno que se acaba de elegir sino para los sucesivos gobiernos que habrán de elegirse en la Ciudad de Buenos Aires. El tema de la autonomía es irreversible, y no hay regreso al pasado.
Quienes hoy estamos aquí sentados hemos demostrado reiteradamente por hábito, por convicción, por responsabilidad, que no somos obstruccionistas, que no impedimos el funcionamiento normal de la Cámara. Muchas fotos registran el fracaso de sesiones por ausencia de quienes tienen el mayor deber y responsabilidad de estar presentes y no de los diputados de la oposición.
Tengo la impresión de que ha aparecido la categoría de lo que en el derecho anglosajón se denomina "filibustero". Como ustedes sabrán, se trataba de ciertos piratas que allá por el siglo XVII infestaron el mar de las Antillas y otros lugares. De allí surgió la expresión "filibusterismo". Incluso, mitad en broma y mitad en serio -este chiste no existe desde que Freud lo demostró-, se habló acerca del partido de los filibusteros de ultramar, que existió en algunos Parlamentos, más concretamente en el Congreso de los Estados Unidos.
De allí surge una expresión -"filibuster"- que está en todos los diccionarios de derecho parlamentario, y en enciclopedias como la Británica. "Filibuster" significa esto: obstruir la aprobación de una ley en un cuerpolegislativo, porque ya no hay filibusteros de los mares pero puede haberlos en otro lado.
La expresión "filibusterismo" en esos diccionarios significa un obstruccionismo de mala fe. No es una obstrucción como táctica o estrategia dentro de las reglas caballerescas del parlamentarismo, porque se lo hace de mala fe. Aquí hay mala fe porque se prometió una cosa con fecha cierta y no se hizo nada para cumplirla.
Un autor argentino, Carlos Bidegain, que fue famoso por su obra sobre el Congreso -realizó un trabajo voluminoso que fue premiado y que incluía un agradecimiento al coronel Juan Perón, que como vicepresidente de la República del gobierno de facto le había permitido tener acceso a toda la documentación del Congreso durante los años 1944 y 1945, y le reiteró el agradecimiento cuando fue presidente constitucional y ya no era coronel sino general-, cuando se refiere a este tema utiliza otra expresión: "piratear". En realidad, piratear es lo que se está haciendo aquí por parte de los titulares de las bancas que están vacías.
Como Bidegain en la página 585 de su obra habla de piratear, yo me pregunto para mi conciencia, si en vez de los piratas del mar hemos pasado a tener piratas del asfalto, ¿no estaremos creando una categoría de los piratas de las bancas? Esto sería muy peligroso para el buen concepto que la sociedad debe tener de este Congreso, porque muchas veces somos criticados por cosas menores y nos enojamos porque nos critican los medios. Pero esto es mucho más grave y puede merecer una crítica más severa.
Por ello, como conclusión, formulo una cuestión de privilegio. Sé que no existe mayoría parlamentaria para votarla, pero la formulo en el sentido más estricto de la palabra, porque la cuestión de privilegio se plantea cuando algo atenta contra el funcionamiento normal de un cuerpo, afecta su honor o su buen concepto o el de sus miembros. La cuestión de privilegio está perfectamente encajada y configurada en la situación que hoy vivimos: la deserción y la dejación de la mayoría oficialista. Existe una manifiesta voluntad de dilatar la cuestión. La fotografía de esta sesión se traduce así: dilación deliberada.
¿Algunos quieren generar la ingobernabilidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿No será ese el profundo, verdadero y sincero objetivo? Pregunto nada más.
Otra pregunta: ¿se juega al fracaso de la gestión? La palabra "gestión" está demonizada, pero sea cual fuere el partido político al cual se pertenezca, es necesario gestionar. Hoy gestionan unos y mañana otros, tanto en el orden nacional como local. Así es la democracia y lo que he dicho forma parte de una de las reglas básicas y fundamentales.
Entonces, ¡cuidado! El que juega con fuego puede terminar quemándose. Yo le digo al oficialismo: "no hagas a tu prójimo lo que no quieras que te hagan a ti". Es un viejo proverbio bíblico. Es decir, no sentemos el precedente de violar la palabra presidencial o de tener ministros que no interpretan o no comprenden al presidente, y por lo tanto hacen fracasar una promesa que fue explicitada ante el pueblo, porque no fue un pacto secreto.
Tenemos serias dudas de que los atributos presidenciales coincidan con las dotes de Mandrake, porque ningún presidente tiene la obligación de ser un mago ni producir por magia fenómenos extraordinarios. Sin embargo, un presidente debe imponer su autoridad a sus ministros. Y cuando un presidente no impone su autoridad a sus ministros y deja que alguno de ellos -como en el caso del ministro del Interior- tergiverse las cosas o haga oídos sordos y mirada ciega a lo que se acordó estando ellos presentes, es realmente muy grave.
Recuerdo un solo precedente que tiene que ver con un presidente cuyo ministro de Salud dijo que el primer mandatario tenía arterioesclerosis. Lo grave fue que no echaron al ministro ni éste se rectificó. Todos sabemos cómo terminó la historia de ese presidente. No queremos que se repita esa historia con una discontinuidad de ese tipo, porque los presidentes de esa clase son nefastospara el sistema.
El presidente tiene que hacer valer su palabra y la mayoría parlamentaria del oficialismo debe cumplir con su compromiso. Es un compromiso sano, de honestidad y de transparencia porque se vincula con el cumplimiento de la Constitución Nacional, concretamente de su artículo 129; no es un compromiso trapero.
Tengo una duda que espero pueda ser disipada con una respuesta negativa. ¿No se estarán creando condiciones a corto, mediano o largo plazo para pretextar injustificadamente una intervención federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? En los incisos 2º y 12 del artículo 75 de la nueva Constitución no se incluye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en temas tan importantes como la negociación por la coparticipación y la existencia de tribunales propios, cuestiones a las que se hace referencia en el artículo 129 cuando se mencionan temas vinculados con la jurisdicción. Por el contrario, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es considerada un sujeto pasible de intervención federal en caso de que las condiciones así lo justifiquen -inciso 31.
Finalmente, recuerdo viejas historias que hoy vuelven a mi memoria no como historias sino como repetidas histerias. Evaristo Carriego habló alguna vez de la pobre costurerita que dio el mal paso porque la habían engañado. ¡Pobre costurerita! ¿Seremos los porteños víctimas de un engaño? Nosotros no vamos a dar el mal paso; no nos dejaremos engañar sino que, por el contrario, denunciaremos ese engaño.
También me pregunto si no estaremos frente a un corsi e ricorsi de la historia. Eso sería muy grave, porque estaríamos ante una nueva edición de las trifulcas entre Tejedor y Avellaneda. ¿Qué sentido tendrían en este momento?
La historia cumplió su ciclo; triunfó Avellaneda y con él la causa nacional. Hoy debe triunfar la Constitución, y ello se logra haciéndola cumplir en el menor tiempo posible.
Creo que merecemos un destino mejor. Es preciso que entre todos contribuyamos al afianzamiento de la autonomía, porque de esa manera estaremos cumpliendo con lo que el Preámbulo de nuestra Constitución reclama para todos los casos y que este gobierno no atiende nunca: afianzar la paz interior. (Aplausos.)
Por eso, con profunda tristeza, en nombre del bloque tengo que decir algunas cosas para que quede registrado a quiénes corresponden las responsabilidades por el fracaso de la sesión.
La primera pregunta es la siguiente: ¿no existió la reunión del 27 de junio en la Casa Rosada? El presidente de la República en esa oportunidad se reunió con el jefe electo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de allí surgió un compromiso, que no fue secreto sino público, pues se hizo conocer a toda la opinión pública y política del país.
Incluso, se fijó una fecha concreta para consumar la derogación de normas impeditivas del ejercicio pleno de una autonomía integral de la Ciudad de Buenos Aires. El presidente fue muy claro; su interlocutor quedó conforme con esa claridad y entendió que se trataba de un compromiso no sólo entre caballeros sino también ante la ciudadanía argentina, en particular, los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires.
Pareciera, entonces, que con el transcurso del tiempo, dada la negación -algo así como un engaña pichanga- de los alcances de ese compromiso, la política está perdiendo el valor de los acuerdos, de los entendimientos, de los consensos.
Además, con la ausencia en las bancas se está dando el triste testimonio de que abjuramos de lo que tradicionalmente se ha llamado "mínima cortesía parlamentaria". ¿Acaso el temor al debate -en el fondo es eso, temor- disipa las mentes embriagadas por la soberbia del poder? Al contrario, esta no es una manifestación de fuerza sino que será interpretada por la opinión pública como un testimonio de la debilidad de la mayoría para afrontar un debate que existe el compromiso de llevar a cabo a fin de modificar ciertas normas.
No es fortaleza sino fracaso, y eso no es bueno para el sistema constitucional de la República. No olviden los señores diputados aquello de que la democracia no tiene secretos sino palabras, y a veces tiene gritos, cuando es necesario subir los decibeles.
El gran secreto de las reglas de juego es que las victorias y las derrotas no tienen la garantía de la eternidad: el que gana hoy puede perder mañana, y viceversa.
Debemos resolver el problema de la autonomía no sólo para el gobierno que se acaba de elegir sino para los sucesivos gobiernos que habrán de elegirse en la Ciudad de Buenos Aires. El tema de la autonomía es irreversible, y no hay regreso al pasado.
Quienes hoy estamos aquí sentados hemos demostrado reiteradamente por hábito, por convicción, por responsabilidad, que no somos obstruccionistas, que no impedimos el funcionamiento normal de la Cámara. Muchas fotos registran el fracaso de sesiones por ausencia de quienes tienen el mayor deber y responsabilidad de estar presentes y no de los diputados de la oposición.
Tengo la impresión de que ha aparecido la categoría de lo que en el derecho anglosajón se denomina "filibustero". Como ustedes sabrán, se trataba de ciertos piratas que allá por el siglo XVII infestaron el mar de las Antillas y otros lugares. De allí surgió la expresión "filibusterismo". Incluso, mitad en broma y mitad en serio -este chiste no existe desde que Freud lo demostró-, se habló acerca del partido de los filibusteros de ultramar, que existió en algunos Parlamentos, más concretamente en el Congreso de los Estados Unidos.
De allí surge una expresión -"filibuster"- que está en todos los diccionarios de derecho parlamentario, y en enciclopedias como la Británica. "Filibuster" significa esto: obstruir la aprobación de una ley en un cuerpolegislativo, porque ya no hay filibusteros de los mares pero puede haberlos en otro lado.
La expresión "filibusterismo" en esos diccionarios significa un obstruccionismo de mala fe. No es una obstrucción como táctica o estrategia dentro de las reglas caballerescas del parlamentarismo, porque se lo hace de mala fe. Aquí hay mala fe porque se prometió una cosa con fecha cierta y no se hizo nada para cumplirla.
Un autor argentino, Carlos Bidegain, que fue famoso por su obra sobre el Congreso -realizó un trabajo voluminoso que fue premiado y que incluía un agradecimiento al coronel Juan Perón, que como vicepresidente de la República del gobierno de facto le había permitido tener acceso a toda la documentación del Congreso durante los años 1944 y 1945, y le reiteró el agradecimiento cuando fue presidente constitucional y ya no era coronel sino general-, cuando se refiere a este tema utiliza otra expresión: "piratear". En realidad, piratear es lo que se está haciendo aquí por parte de los titulares de las bancas que están vacías.
Como Bidegain en la página 585 de su obra habla de piratear, yo me pregunto para mi conciencia, si en vez de los piratas del mar hemos pasado a tener piratas del asfalto, ¿no estaremos creando una categoría de los piratas de las bancas? Esto sería muy peligroso para el buen concepto que la sociedad debe tener de este Congreso, porque muchas veces somos criticados por cosas menores y nos enojamos porque nos critican los medios. Pero esto es mucho más grave y puede merecer una crítica más severa.
Por ello, como conclusión, formulo una cuestión de privilegio. Sé que no existe mayoría parlamentaria para votarla, pero la formulo en el sentido más estricto de la palabra, porque la cuestión de privilegio se plantea cuando algo atenta contra el funcionamiento normal de un cuerpo, afecta su honor o su buen concepto o el de sus miembros. La cuestión de privilegio está perfectamente encajada y configurada en la situación que hoy vivimos: la deserción y la dejación de la mayoría oficialista. Existe una manifiesta voluntad de dilatar la cuestión. La fotografía de esta sesión se traduce así: dilación deliberada.
¿Algunos quieren generar la ingobernabilidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿No será ese el profundo, verdadero y sincero objetivo? Pregunto nada más.
Otra pregunta: ¿se juega al fracaso de la gestión? La palabra "gestión" está demonizada, pero sea cual fuere el partido político al cual se pertenezca, es necesario gestionar. Hoy gestionan unos y mañana otros, tanto en el orden nacional como local. Así es la democracia y lo que he dicho forma parte de una de las reglas básicas y fundamentales.
Entonces, ¡cuidado! El que juega con fuego puede terminar quemándose. Yo le digo al oficialismo: "no hagas a tu prójimo lo que no quieras que te hagan a ti". Es un viejo proverbio bíblico. Es decir, no sentemos el precedente de violar la palabra presidencial o de tener ministros que no interpretan o no comprenden al presidente, y por lo tanto hacen fracasar una promesa que fue explicitada ante el pueblo, porque no fue un pacto secreto.
Tenemos serias dudas de que los atributos presidenciales coincidan con las dotes de Mandrake, porque ningún presidente tiene la obligación de ser un mago ni producir por magia fenómenos extraordinarios. Sin embargo, un presidente debe imponer su autoridad a sus ministros. Y cuando un presidente no impone su autoridad a sus ministros y deja que alguno de ellos -como en el caso del ministro del Interior- tergiverse las cosas o haga oídos sordos y mirada ciega a lo que se acordó estando ellos presentes, es realmente muy grave.
Recuerdo un solo precedente que tiene que ver con un presidente cuyo ministro de Salud dijo que el primer mandatario tenía arterioesclerosis. Lo grave fue que no echaron al ministro ni éste se rectificó. Todos sabemos cómo terminó la historia de ese presidente. No queremos que se repita esa historia con una discontinuidad de ese tipo, porque los presidentes de esa clase son nefastospara el sistema.
El presidente tiene que hacer valer su palabra y la mayoría parlamentaria del oficialismo debe cumplir con su compromiso. Es un compromiso sano, de honestidad y de transparencia porque se vincula con el cumplimiento de la Constitución Nacional, concretamente de su artículo 129; no es un compromiso trapero.
Tengo una duda que espero pueda ser disipada con una respuesta negativa. ¿No se estarán creando condiciones a corto, mediano o largo plazo para pretextar injustificadamente una intervención federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? En los incisos 2º y 12 del artículo 75 de la nueva Constitución no se incluye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en temas tan importantes como la negociación por la coparticipación y la existencia de tribunales propios, cuestiones a las que se hace referencia en el artículo 129 cuando se mencionan temas vinculados con la jurisdicción. Por el contrario, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es considerada un sujeto pasible de intervención federal en caso de que las condiciones así lo justifiquen -inciso 31.
Finalmente, recuerdo viejas historias que hoy vuelven a mi memoria no como historias sino como repetidas histerias. Evaristo Carriego habló alguna vez de la pobre costurerita que dio el mal paso porque la habían engañado. ¡Pobre costurerita! ¿Seremos los porteños víctimas de un engaño? Nosotros no vamos a dar el mal paso; no nos dejaremos engañar sino que, por el contrario, denunciaremos ese engaño.
También me pregunto si no estaremos frente a un corsi e ricorsi de la historia. Eso sería muy grave, porque estaríamos ante una nueva edición de las trifulcas entre Tejedor y Avellaneda. ¿Qué sentido tendrían en este momento?
La historia cumplió su ciclo; triunfó Avellaneda y con él la causa nacional. Hoy debe triunfar la Constitución, y ello se logra haciéndola cumplir en el menor tiempo posible.
Creo que merecemos un destino mejor. Es preciso que entre todos contribuyamos al afianzamiento de la autonomía, porque de esa manera estaremos cumpliendo con lo que el Preámbulo de nuestra Constitución reclama para todos los casos y que este gobierno no atiende nunca: afianzar la paz interior. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
SR. MARTINEZ RAYMONDA, RAFAEL J. (CAP FEDERAL):
Señora presidenta: estamos en el siglo XXI. Nuestra tradición partidaria data del siglo XIX. En aquel entonces, Lisandro de la Torre terminaba su carrera de abogado con una tesis vinculada con la autonomía municipal.
Más tarde, en 1921 -ya entrado el siglo XX-, en Santa Fe se elabora una Constitución realmente progresista y transformadora. Era la tercera en el mundo que incluía los derechos sociales y la autonomía plena de los municipios, y la que creaba por primera vez en la República Argentina la opción de que la Ciudad dictara su propia carta orgánica municipal.
Por razones que no viene al caso recordar en este momento, esa Constitución fue vetada por el gobernador de la época y luego, en 1932, puesta en vigencia. A partir de entonces, en Rosario se dictó una carta orgánica municipal votada por el pueblo y se eligió intendente por primera vez. Recordemos que desde 1900, en Santa Fe el intendente era designado por el Poder Ejecutivo provincial.
Esa situación duró poco; la intervención federal basada en que aquella Constitución era espuria desde el punto de vista jurídico, provocó la caída de la carta orgánica municipal de Rosario.
Treinta años más tarde me tocó participar en la Convención Constituyente provincial que reformó la Constitución de Santa Fe en 1962. En aquella oportunidad se debatió el tema de la autonomía y quiero traer a colación lo que ocurrió, porque creo que contribuye a entender el problema actual.
En aquel entonces, la UCRI era gobierno en Santa Fe y convocó a la Convención Constituyente con un régimen parecido al que después se incluyó en la Constitución. La lista de la mayoría tenía, por un solo voto de diferencia, la mayoría absoluta de miembros constituyentes y los demás eran designados sobre la base de un sistema de proporcionalidades. Es decir que tenía el manejo de la Convención Constituyente.
El 30 de marzo de 1962 se finalizó con el trabajo en las comisiones, pero el 29 había sido depuesto el presidente Frondizi. Así llegamos al recinto a debatir el tema. Nuestro proyecto preveía una autonomía plena, amplia y total, porque es lo que se correspondía con los conceptos largamente sostenidos desde el punto de vista ideológico por el partido y por la gente que nos acompañaba. Cabe aclarar que con esa propuesta coincidían los bloques del radicalismo, del Partido Progreso Social y de la Democracia Cristiana. En síntesis, era un sentimiento general que el municipio debía tener autonomía para dictar su carta orgánica, elegir su intendente y que incluso debía tener la potestad de fijar determinados tributos, condicionado a su situación de comuna y no de provincia.
El problema es que el gobierno pensaba que iba a seguir siéndolo -en realidad no lo fue nunca más- y por eso quería asegurarse cierta hegemonía sobre los municipios.
Creo que los gobiernos, incluso los que se sucedieron después de 1994 y los que vendrán en el futuro, al sentirse dueños de esa mayoría circunstancial -que nunca es eterna y esto es algo que tendrían que aprender los gobiernos de todo el mundo cuando llegan al poder- no quisieron ni quieren entender que hay que dejar que la Ciudad de Buenos Aires tenga su propia policía, que maneje el sistema de transporte y tenga su propio puerto, porque eso es lo que le corresponde a una ciudad de tres millones de habitantes. Tengamos en cuenta que a esas cosas tienen derecho hasta los pequeños poblados de muchas provincias, como ocurre con localidades de 500 habitantes de la provincia de Santa Fe que pueden elegir su gobierno sin limitaciones de ninguna naturaleza, como las que sí se le pretende imponer a la mayor ciudad de la República.
Esta es una actitud que se reitera: como se tiene la mayoría no se atiende los reclamos de la minoría; pero cuando ésta mayoría sea minoría -alguna vez le llegará ese momento- le pedirá al gobierno que en ese momento tenga la mayoría que le otorgue a la Ciudad de Buenos Aires la autonomía que le reconoce el artículo 129 de la Constitución Nacional.
El afán por la mayoría les hace perder de vista que se está transitoriamente en el poder. La mayoría olvida que el poder debe ejercerse para avanzar en el consenso.
Ayer el señor presidente de la República manifestó en el Senado mexicano -coincido con sus conceptos- que el muro con el que se intenta separar a México de Estados Unidos -a pesar de que los grandes negocios pasan por encima de él- es indigno. Esto es correcto, pero también es indigno el muro legal con el que se pretende dejar a la Ciudad de Buenos Aires en peores condiciones que muchos municipios del resto del país. Digo esto porque se le niegan cosas que figuran en la ley.
Por otro lado, cabe señalar que a través de la ley de puertos -que se dictó antes de la modificación de la Constitución de 1994, con lo cual la Ciudad de Buenos Aires todavía no contaba con ningún tipo de autonomía- se asignaron cuatro puertos a igual número de ciudades. Me pregunto qué razones existen para que Rosario tenga su propio puerto y no la Ciudad de Buenos Aires. Es la capitis deminutio de la principal ciudad de la República, que además tiene la jerarquía de capital de la Nación.
Hay que terminar con la creencia de que se llega al poder para siempre y de que cuando se lo ejerce nada de lo que quieren los otros es dable ni obtenible. Por eso, espero que se entiendan -como lo expresaron los oradores que me precedieron en el uso de la palabra- los conceptos vertidos por el señor presidente; yo creo en esa palabra. (Aplausos.)
Más tarde, en 1921 -ya entrado el siglo XX-, en Santa Fe se elabora una Constitución realmente progresista y transformadora. Era la tercera en el mundo que incluía los derechos sociales y la autonomía plena de los municipios, y la que creaba por primera vez en la República Argentina la opción de que la Ciudad dictara su propia carta orgánica municipal.
Por razones que no viene al caso recordar en este momento, esa Constitución fue vetada por el gobernador de la época y luego, en 1932, puesta en vigencia. A partir de entonces, en Rosario se dictó una carta orgánica municipal votada por el pueblo y se eligió intendente por primera vez. Recordemos que desde 1900, en Santa Fe el intendente era designado por el Poder Ejecutivo provincial.
Esa situación duró poco; la intervención federal basada en que aquella Constitución era espuria desde el punto de vista jurídico, provocó la caída de la carta orgánica municipal de Rosario.
Treinta años más tarde me tocó participar en la Convención Constituyente provincial que reformó la Constitución de Santa Fe en 1962. En aquella oportunidad se debatió el tema de la autonomía y quiero traer a colación lo que ocurrió, porque creo que contribuye a entender el problema actual.
En aquel entonces, la UCRI era gobierno en Santa Fe y convocó a la Convención Constituyente con un régimen parecido al que después se incluyó en la Constitución. La lista de la mayoría tenía, por un solo voto de diferencia, la mayoría absoluta de miembros constituyentes y los demás eran designados sobre la base de un sistema de proporcionalidades. Es decir que tenía el manejo de la Convención Constituyente.
El 30 de marzo de 1962 se finalizó con el trabajo en las comisiones, pero el 29 había sido depuesto el presidente Frondizi. Así llegamos al recinto a debatir el tema. Nuestro proyecto preveía una autonomía plena, amplia y total, porque es lo que se correspondía con los conceptos largamente sostenidos desde el punto de vista ideológico por el partido y por la gente que nos acompañaba. Cabe aclarar que con esa propuesta coincidían los bloques del radicalismo, del Partido Progreso Social y de la Democracia Cristiana. En síntesis, era un sentimiento general que el municipio debía tener autonomía para dictar su carta orgánica, elegir su intendente y que incluso debía tener la potestad de fijar determinados tributos, condicionado a su situación de comuna y no de provincia.
El problema es que el gobierno pensaba que iba a seguir siéndolo -en realidad no lo fue nunca más- y por eso quería asegurarse cierta hegemonía sobre los municipios.
Creo que los gobiernos, incluso los que se sucedieron después de 1994 y los que vendrán en el futuro, al sentirse dueños de esa mayoría circunstancial -que nunca es eterna y esto es algo que tendrían que aprender los gobiernos de todo el mundo cuando llegan al poder- no quisieron ni quieren entender que hay que dejar que la Ciudad de Buenos Aires tenga su propia policía, que maneje el sistema de transporte y tenga su propio puerto, porque eso es lo que le corresponde a una ciudad de tres millones de habitantes. Tengamos en cuenta que a esas cosas tienen derecho hasta los pequeños poblados de muchas provincias, como ocurre con localidades de 500 habitantes de la provincia de Santa Fe que pueden elegir su gobierno sin limitaciones de ninguna naturaleza, como las que sí se le pretende imponer a la mayor ciudad de la República.
Esta es una actitud que se reitera: como se tiene la mayoría no se atiende los reclamos de la minoría; pero cuando ésta mayoría sea minoría -alguna vez le llegará ese momento- le pedirá al gobierno que en ese momento tenga la mayoría que le otorgue a la Ciudad de Buenos Aires la autonomía que le reconoce el artículo 129 de la Constitución Nacional.
El afán por la mayoría les hace perder de vista que se está transitoriamente en el poder. La mayoría olvida que el poder debe ejercerse para avanzar en el consenso.
Ayer el señor presidente de la República manifestó en el Senado mexicano -coincido con sus conceptos- que el muro con el que se intenta separar a México de Estados Unidos -a pesar de que los grandes negocios pasan por encima de él- es indigno. Esto es correcto, pero también es indigno el muro legal con el que se pretende dejar a la Ciudad de Buenos Aires en peores condiciones que muchos municipios del resto del país. Digo esto porque se le niegan cosas que figuran en la ley.
Por otro lado, cabe señalar que a través de la ley de puertos -que se dictó antes de la modificación de la Constitución de 1994, con lo cual la Ciudad de Buenos Aires todavía no contaba con ningún tipo de autonomía- se asignaron cuatro puertos a igual número de ciudades. Me pregunto qué razones existen para que Rosario tenga su propio puerto y no la Ciudad de Buenos Aires. Es la capitis deminutio de la principal ciudad de la República, que además tiene la jerarquía de capital de la Nación.
Hay que terminar con la creencia de que se llega al poder para siempre y de que cuando se lo ejerce nada de lo que quieren los otros es dable ni obtenible. Por eso, espero que se entiendan -como lo expresaron los oradores que me precedieron en el uso de la palabra- los conceptos vertidos por el señor presidente; yo creo en esa palabra. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.
SRA. GIUDICI, SILVANA MYRIAM (CAP FEDERAL):
Señora presidenta: volvemos a asistir a una sesión en minoría. Hace muy poco tiempo la señora diputada Bisutti propuso una convocatoria para nuevamente intentar expresarle al oficialismo la importancia que tiene este tema no sólo para la Ciudad de Buenos Aires sino para el cumplimiento cabal de la Constitución Nacional. La ley 24.588 garantiza los intereses del Estado nacional mientras la Ciudad sea Capital de la República, pero también avasalla los alcances de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.
Varios señores diputados nacionales representantes del distrito por la Unión Cívica Radical, desde el momento de la sanción de la ley Cafiero han presentado distintas iniciativas para modificar algunos artículos de esa ley que inconstitucionalmente avasalla la autonomía porteña y le impide contar con fuerzas de seguridad, además de establecer su política de seguridad a través de la Justicia, e incluso algo tan absurdo como impedir que en el distrito exista un propio registro de la propiedad inmueble.
Además, la autonomía está cercenada por un montón de competencias que no están dentro de la ley Cafiero, pero nunca hubo voluntad política para que la Ciudad pudiera ejercerlas.
Esa transferencia de recursos -es importante señalarlo desde el principio- debe ir acompañada por la asignación correspondiente, tal como señala la Constitución Nacional en el artículo 75.
En el año 2004, a través de una iniciativa firmada por el señor diputado Cristian Ritondo y otros veinte señores diputados nacionales representantes de este distrito elaboramos un proyecto de consenso, que fue tratado en comisión. Fue inédito, ya que en esos diez años era la primera vez -reitero que ésta ocurrió en el año 2004- que un proyecto de modificación de la ley Cafiero llegaba a ser tratado en comisión.
Esa iniciativa tuvo tres dictámenes positivos despachados por unanimidad -no uno sino tres-, que firmaron diputados nacionales de todas las provincias. Quiere decir que en este tema no estamos partiendo de cero, porque en el Parlamento hubo consenso absoluto y básico sobre la necesidad y la estricta justicia de modificar el artículo 7º de la ley Cafiero.
Este proyecto que obtuvo tres dictámenes unánimes positivos no llegó a ser considerado en el recinto por falta de voluntad política, y al perder estado parlamentario, en el 2006 los diputados nacionales que habíamos firmado el proyecto volvimos a convocar a los pares del distrito para presentar nuevamente la iniciativa, que hoy tiene estado parlamentario, ha sido debatida y cuenta con consenso.
En la cuestión hemos avanzado un poco más. Junto con la señora diputada Bisutti, del ARI, e incluso con diputados "K" como Juliana Marino, Argüello, Bonasso y Bielsa, hemos acordado en la definición de una agenda consensuada, con diez puntos claros de acuerdo referidos a distintas etapas de la autonomía plena. Estos puntos no tienen que ver sólo con la ley Cafiero, como la policía y la Justicia, sino también con el puerto, el juego y la empresa AySA.
Quiero señalar que cuando discutimos en este recinto la creación de la empresa estatal AySA también advertimos que se estaba avasallando la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, un tema que parece no importar a un presidente que se refiere a los porteños como capitalinos y a un señor jefe de Gabinete que dice que nos van a traspasar la Policía sin recursos, como si el principal problema fuera el dinero y no la seguridad de los porteños.
En repetidas ocasiones jefes de gobierno concurrieron al Congreso donde les formulamos propuestas e incluso en otras oportunidades acudimos nosotros para plantearlas. Puedo citar el caso del señor Telerman, cuando los diputados del PRO, de Emancipación y Justicia, del ARI y del radicalismo le acercamos una propuesta. En verdad podemos decir que hay suficientes argumentos como para subrayar que en este Parlamento las modificaciones a la ley Cafiero cuentan con los consensos básicos para avanzar.
De todas maneras, parece que el gobierno nacional quiere llevarnos a fojas cero cuando posterga la cuestión hasta el 15 de agosto o para luego de octubre, como señala la señora diputada encargada de generar los consensos en el bloque "K", pero podríamos avanzar, empezara debatir o llevar nuevamente a las comisiones aquellas cuestiones que ya fueron suficientemente discutidas.
El tema de la autonomía plena se refiere a muchos aspectos que impactan en la vida cotidiana de los porteños y también en los recursos.
Por lo tanto, quiero referirme estrictamente a la cuestión de la seguridad para decir al ministro Aníbal Fernández que se confunde y que "ningunear" a la Ciudad de Buenos Aires en el sentido de que el tema de la policía es de carácter parlamentario significa desconocer sus atribuciones como funcionario público.
Quiero señalar que en las distintas ciudades de aquellos países en los cuales el sistema de seguridad funciona coexisten hasta tres policías. Así, por ejemplo, en el caso del modelo español conviven las policías nacional, autonómica y local. Y desde que en España se modificó el sistema de la seguridad los indicadores en materia de delitos y criminalidad han disminuido.
Aquí ni siquiera hablamos de estos temas. Por eso, cuando discutimos con los señores diputados del bloque del PRO y de las otras bancadas acerca de si es necesario el traspaso de la Policía Federal o si es inconveniente incluirlo en la ley, siempre he sostenido -y así lo he plasmado en distintos proyectos desde el año 2004- que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene, en virtud de lo establecido en la Constitución, una entidad por la que resulta necesario tener una policía propia. Y para el ministro del Interior, tener una policía en la Ciudad de Buenos Aires no debe ser un escollo, sino todo lo contrario. En otras palabras, debe proponer al presidente la oportunidad de modificar todo nuestro sistema de seguridad interior.
La posibilidad de generar una Policía Federal eficiente que se convierta en una verdadera fuerza nacional de seguridad que pueda salir de los límites de la General Paz y combatir los delitos federales como tiene que hacerlo -redes de narcotráfico, de prostitución y de trata de blancas, crímenes que en la Argentina van en aumento- también forma parte del debate acerca de permitir que la ciudad tenga la policía que le corresponde.
Por supuesto que la Policía de la Ciudad, que debe ser ágil, moderna y eficiente, contribuirá, una vez creada, a mejorar el esfuerzo nacional en materia de policía. Pero en este momento hay que hablar de estas cosas y no simplemente acerca de si los porteños tienen y merecen o no la policía, y mucho menos trasladar el tema y simplificarlo a una cuestión de recursos.
Quiero recordar a los señores diputados que falta poco tiempo para que se celebre el bicentenario de la Revolución de Mayo. Esto nos debe hacer reflexionar, y creo que el gobierno nacional debe ser el primer responsable de eso.
Desde la declaración de la independencia de nuestro país transcurrieron casi doscientos años en los que las luchas entre la Ciudad de Buenos Aires y el interior fueron cruentas. Reeditar ese debate y poner a los diputados nacionales de la Ciudad de Buenos Aires a discutir con aquellos que representan a las provincias -hace poco he escuchado decir a algunos señores diputados del interior que la Ciudad de Buenos Aires tiene que pagarse su propia policía- es un juego peligroso.
Hoy, las provincias argentinas están pagando la policía de los porteños y reciben la coparticipación luego de que el gobierno nacional paga los 900 millones de pesos del presupuesto que implica el mantenimiento de la policía y de la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires.
Por lo expuesto, desde esta sesión ordinaria especial en minoría lo único que podemos hacer es dar testimonio los señores diputados que estamos aquí reunidos, como así también los bloques a los que representamos, para expresar al gobierno nacional que no estamos hablando simplemente de una cuestión en abstracto como es la modificación de una ley y tampoco de la autonomía plena por el solo hecho de defender el estatus jurisdiccional de este distrito, sino de mejorar la calidad de vida de los porteños y de la posibilidad de asignar recursos, esfuerzos y servicios de policía en el resto del país. (Aplausos.)
Varios señores diputados nacionales representantes del distrito por la Unión Cívica Radical, desde el momento de la sanción de la ley Cafiero han presentado distintas iniciativas para modificar algunos artículos de esa ley que inconstitucionalmente avasalla la autonomía porteña y le impide contar con fuerzas de seguridad, además de establecer su política de seguridad a través de la Justicia, e incluso algo tan absurdo como impedir que en el distrito exista un propio registro de la propiedad inmueble.
Además, la autonomía está cercenada por un montón de competencias que no están dentro de la ley Cafiero, pero nunca hubo voluntad política para que la Ciudad pudiera ejercerlas.
Esa transferencia de recursos -es importante señalarlo desde el principio- debe ir acompañada por la asignación correspondiente, tal como señala la Constitución Nacional en el artículo 75.
En el año 2004, a través de una iniciativa firmada por el señor diputado Cristian Ritondo y otros veinte señores diputados nacionales representantes de este distrito elaboramos un proyecto de consenso, que fue tratado en comisión. Fue inédito, ya que en esos diez años era la primera vez -reitero que ésta ocurrió en el año 2004- que un proyecto de modificación de la ley Cafiero llegaba a ser tratado en comisión.
Esa iniciativa tuvo tres dictámenes positivos despachados por unanimidad -no uno sino tres-, que firmaron diputados nacionales de todas las provincias. Quiere decir que en este tema no estamos partiendo de cero, porque en el Parlamento hubo consenso absoluto y básico sobre la necesidad y la estricta justicia de modificar el artículo 7º de la ley Cafiero.
Este proyecto que obtuvo tres dictámenes unánimes positivos no llegó a ser considerado en el recinto por falta de voluntad política, y al perder estado parlamentario, en el 2006 los diputados nacionales que habíamos firmado el proyecto volvimos a convocar a los pares del distrito para presentar nuevamente la iniciativa, que hoy tiene estado parlamentario, ha sido debatida y cuenta con consenso.
En la cuestión hemos avanzado un poco más. Junto con la señora diputada Bisutti, del ARI, e incluso con diputados "K" como Juliana Marino, Argüello, Bonasso y Bielsa, hemos acordado en la definición de una agenda consensuada, con diez puntos claros de acuerdo referidos a distintas etapas de la autonomía plena. Estos puntos no tienen que ver sólo con la ley Cafiero, como la policía y la Justicia, sino también con el puerto, el juego y la empresa AySA.
Quiero señalar que cuando discutimos en este recinto la creación de la empresa estatal AySA también advertimos que se estaba avasallando la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, un tema que parece no importar a un presidente que se refiere a los porteños como capitalinos y a un señor jefe de Gabinete que dice que nos van a traspasar la Policía sin recursos, como si el principal problema fuera el dinero y no la seguridad de los porteños.
En repetidas ocasiones jefes de gobierno concurrieron al Congreso donde les formulamos propuestas e incluso en otras oportunidades acudimos nosotros para plantearlas. Puedo citar el caso del señor Telerman, cuando los diputados del PRO, de Emancipación y Justicia, del ARI y del radicalismo le acercamos una propuesta. En verdad podemos decir que hay suficientes argumentos como para subrayar que en este Parlamento las modificaciones a la ley Cafiero cuentan con los consensos básicos para avanzar.
De todas maneras, parece que el gobierno nacional quiere llevarnos a fojas cero cuando posterga la cuestión hasta el 15 de agosto o para luego de octubre, como señala la señora diputada encargada de generar los consensos en el bloque "K", pero podríamos avanzar, empezara debatir o llevar nuevamente a las comisiones aquellas cuestiones que ya fueron suficientemente discutidas.
El tema de la autonomía plena se refiere a muchos aspectos que impactan en la vida cotidiana de los porteños y también en los recursos.
Por lo tanto, quiero referirme estrictamente a la cuestión de la seguridad para decir al ministro Aníbal Fernández que se confunde y que "ningunear" a la Ciudad de Buenos Aires en el sentido de que el tema de la policía es de carácter parlamentario significa desconocer sus atribuciones como funcionario público.
Quiero señalar que en las distintas ciudades de aquellos países en los cuales el sistema de seguridad funciona coexisten hasta tres policías. Así, por ejemplo, en el caso del modelo español conviven las policías nacional, autonómica y local. Y desde que en España se modificó el sistema de la seguridad los indicadores en materia de delitos y criminalidad han disminuido.
Aquí ni siquiera hablamos de estos temas. Por eso, cuando discutimos con los señores diputados del bloque del PRO y de las otras bancadas acerca de si es necesario el traspaso de la Policía Federal o si es inconveniente incluirlo en la ley, siempre he sostenido -y así lo he plasmado en distintos proyectos desde el año 2004- que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene, en virtud de lo establecido en la Constitución, una entidad por la que resulta necesario tener una policía propia. Y para el ministro del Interior, tener una policía en la Ciudad de Buenos Aires no debe ser un escollo, sino todo lo contrario. En otras palabras, debe proponer al presidente la oportunidad de modificar todo nuestro sistema de seguridad interior.
La posibilidad de generar una Policía Federal eficiente que se convierta en una verdadera fuerza nacional de seguridad que pueda salir de los límites de la General Paz y combatir los delitos federales como tiene que hacerlo -redes de narcotráfico, de prostitución y de trata de blancas, crímenes que en la Argentina van en aumento- también forma parte del debate acerca de permitir que la ciudad tenga la policía que le corresponde.
Por supuesto que la Policía de la Ciudad, que debe ser ágil, moderna y eficiente, contribuirá, una vez creada, a mejorar el esfuerzo nacional en materia de policía. Pero en este momento hay que hablar de estas cosas y no simplemente acerca de si los porteños tienen y merecen o no la policía, y mucho menos trasladar el tema y simplificarlo a una cuestión de recursos.
Quiero recordar a los señores diputados que falta poco tiempo para que se celebre el bicentenario de la Revolución de Mayo. Esto nos debe hacer reflexionar, y creo que el gobierno nacional debe ser el primer responsable de eso.
Desde la declaración de la independencia de nuestro país transcurrieron casi doscientos años en los que las luchas entre la Ciudad de Buenos Aires y el interior fueron cruentas. Reeditar ese debate y poner a los diputados nacionales de la Ciudad de Buenos Aires a discutir con aquellos que representan a las provincias -hace poco he escuchado decir a algunos señores diputados del interior que la Ciudad de Buenos Aires tiene que pagarse su propia policía- es un juego peligroso.
Hoy, las provincias argentinas están pagando la policía de los porteños y reciben la coparticipación luego de que el gobierno nacional paga los 900 millones de pesos del presupuesto que implica el mantenimiento de la policía y de la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires.
Por lo expuesto, desde esta sesión ordinaria especial en minoría lo único que podemos hacer es dar testimonio los señores diputados que estamos aquí reunidos, como así también los bloques a los que representamos, para expresar al gobierno nacional que no estamos hablando simplemente de una cuestión en abstracto como es la modificación de una ley y tampoco de la autonomía plena por el solo hecho de defender el estatus jurisdiccional de este distrito, sino de mejorar la calidad de vida de los porteños y de la posibilidad de asignar recursos, esfuerzos y servicios de policía en el resto del país. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.
SRA. MONTI, LUCRECIA (CAP FEDERAL):
Señora presidenta: si uno tomara las declaraciones de los políticos en campaña, hoy el recinto debería estar colmado de diputados y candidatos que prometieron en las últimas elecciones de la Ciudad de Buenos Aires inmolarse por el traspaso de la policía y de otros organismos a nuestra ciudad.
Me imaginaba al ministro de Educación, Daniel Filmus, sentado en el palco bandeja, esperando la aprobación del tema que nos convoca; me imaginaba al depuesto jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, aplaudiendo cada intervención; me imaginaba al ministro del Interior, al jefe de Gabinete -presidente del deteriorado Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires, del cual soy su vicepresidenta-, ovacionando mi postura independentista. Sin embargo, sólo somos un puñado de diputados que creemos que no se debe borrar con el codo lo que se prometió por un voto.
La historia fresca de nuestra ciudad nos cuenta que hubo un ministro -Cavallo- que con el aval de un presidente -Menem- transfirió escuelas y hospitales sin presupuesto a un intendente que allá por el año 1992 se opuso a una doble imposición inmobiliaria a la ciudad. Así les fue al intendente, a los educadores, a los educandos, a los hospitales y a los enfermos; todos perdieron en nuestra ciudad.
Más recientemente, el primer jefe de Gobierno electo, doctor de la Rúa, peleó incansablemente por Policía y Justicia, hasta que descubrió que el presidente y su ministro del Interior de ese momento estaban dispuestos a transferir la Policía, pero sin presupuesto: 800 millones de dólares o pesos. En ese momento, nuestro jefe de Gobierno entendió el mensaje y optó por "hacer la plancha" hasta la próxima elección; y ganó, fue presidente, pero sólo por dos años.
El jefe de Gobierno de la Alianza, Aníbal Ibarra, comprendió rápidamente que lo mejor era hacerse el tonto, y no peleó ni por la policía ni por la Justicia con el presidente de su espacio. Por lo tanto, no hubo conflicto.
El jefe de Gobierno, que volvió a ganar, pero esta vez no de la mano de de la Rúa sino de nuestro actual presidente -en una peronización poco frecuente-, ejerció su poder hasta que el propio sistema político lo echó, luego de demostrar por lo menos desidia en el manejo de la cosa pública; tampoco hizo nada por policía y Justicia con otro gobierno de su mismo palo al que le debía algo más que los votos.
Hoy tenemos jefe de Gobierno electo y compromiso de todas las fuerzas políticas de que la ciudad tenga policía propia. Por ello habíamos pedido esta sesión especial.
Luego de obtener el 61 por ciento de los votos, Mauricio Macri fue recibido por el presidente de todos los argentinos, el jefe de Gabinete y el ministro del Interior; sólo faltaba el ministro de Educación. En la conferencia de prensa yo miraba la cara del jefe de Gobierno electo y pensaba: "Algo no anduvo. ¿Antes del 15 de agosto votamos la policía propia? ¿Y la plata? De eso no se habló. ¿Será lo mismo que le plantearon Menem y Corach a de la Rúa? No creo,..." -pensé- "...este gobierno es distinto."
Hoy veo tantas bancas vacías, el presupuesto no aparece, y me pregunto si querrán darnos la policía o que nosotros creemos una nueva y que al lado de las 52 comisarías de la Policía Federal abramos 52 comisarías metropolitanas. Por supuesto que no, porque esa sería casi una chicana para un gobierno tan distinto del que teníamos en 1990.
Creo firmemente que antes del 15 de agosto vamos a estar sancionando el traspaso de la policía con su respectivo presupuesto, como lo prometió el presidente de todos los argentinos. Sé que no va a defraudarnos.
Por lo tanto, propongo a las fuerzas aquí reunidas y a los candidatos a presidente de cada sector junto al jefe de Gobierno electo que realicemos un encuentro para firmar una propuesta conjunta y elevarla al presidente de la Nación. ¡Que Dios nos ayude! (Aplausos.)
Me imaginaba al ministro de Educación, Daniel Filmus, sentado en el palco bandeja, esperando la aprobación del tema que nos convoca; me imaginaba al depuesto jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, aplaudiendo cada intervención; me imaginaba al ministro del Interior, al jefe de Gabinete -presidente del deteriorado Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires, del cual soy su vicepresidenta-, ovacionando mi postura independentista. Sin embargo, sólo somos un puñado de diputados que creemos que no se debe borrar con el codo lo que se prometió por un voto.
La historia fresca de nuestra ciudad nos cuenta que hubo un ministro -Cavallo- que con el aval de un presidente -Menem- transfirió escuelas y hospitales sin presupuesto a un intendente que allá por el año 1992 se opuso a una doble imposición inmobiliaria a la ciudad. Así les fue al intendente, a los educadores, a los educandos, a los hospitales y a los enfermos; todos perdieron en nuestra ciudad.
Más recientemente, el primer jefe de Gobierno electo, doctor de la Rúa, peleó incansablemente por Policía y Justicia, hasta que descubrió que el presidente y su ministro del Interior de ese momento estaban dispuestos a transferir la Policía, pero sin presupuesto: 800 millones de dólares o pesos. En ese momento, nuestro jefe de Gobierno entendió el mensaje y optó por "hacer la plancha" hasta la próxima elección; y ganó, fue presidente, pero sólo por dos años.
El jefe de Gobierno de la Alianza, Aníbal Ibarra, comprendió rápidamente que lo mejor era hacerse el tonto, y no peleó ni por la policía ni por la Justicia con el presidente de su espacio. Por lo tanto, no hubo conflicto.
El jefe de Gobierno, que volvió a ganar, pero esta vez no de la mano de de la Rúa sino de nuestro actual presidente -en una peronización poco frecuente-, ejerció su poder hasta que el propio sistema político lo echó, luego de demostrar por lo menos desidia en el manejo de la cosa pública; tampoco hizo nada por policía y Justicia con otro gobierno de su mismo palo al que le debía algo más que los votos.
Hoy tenemos jefe de Gobierno electo y compromiso de todas las fuerzas políticas de que la ciudad tenga policía propia. Por ello habíamos pedido esta sesión especial.
Luego de obtener el 61 por ciento de los votos, Mauricio Macri fue recibido por el presidente de todos los argentinos, el jefe de Gabinete y el ministro del Interior; sólo faltaba el ministro de Educación. En la conferencia de prensa yo miraba la cara del jefe de Gobierno electo y pensaba: "Algo no anduvo. ¿Antes del 15 de agosto votamos la policía propia? ¿Y la plata? De eso no se habló. ¿Será lo mismo que le plantearon Menem y Corach a de la Rúa? No creo,..." -pensé- "...este gobierno es distinto."
Hoy veo tantas bancas vacías, el presupuesto no aparece, y me pregunto si querrán darnos la policía o que nosotros creemos una nueva y que al lado de las 52 comisarías de la Policía Federal abramos 52 comisarías metropolitanas. Por supuesto que no, porque esa sería casi una chicana para un gobierno tan distinto del que teníamos en 1990.
Creo firmemente que antes del 15 de agosto vamos a estar sancionando el traspaso de la policía con su respectivo presupuesto, como lo prometió el presidente de todos los argentinos. Sé que no va a defraudarnos.
Por lo tanto, propongo a las fuerzas aquí reunidas y a los candidatos a presidente de cada sector junto al jefe de Gobierno electo que realicemos un encuentro para firmar una propuesta conjunta y elevarla al presidente de la Nación. ¡Que Dios nos ayude! (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.
SRA. BISUTTI, DELIA BEATRIZ (CAP FEDERAL):
Señora presidenta: se han expuesto distintas miradas sobre un tema básico y fundamental que nos ha llevado a todos nosotros a estar hoy presentes en este recinto. Me refiero al tema de la autonomía plena de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Durante la campaña electoral, los candidatos de los distintos partidos decían en sus discursos que estaban de acuerdo con la autonomía y con el hecho de que la Ciudad de Buenos Aires tuviera su propia policía. Recuerdo que en aquellos momentos -y digo aquellos porque fueron varios- se votaron en este Parlamento preferencias para que se trataran en comisión proyectos de las distintas bancadas, pero nunca se concretó su tratamiento.
Asimismo, cuando durante la campaña electoral pedimos una sesión especial -como en el día de hoy- para tratar este tema, desde el oficialismo nos decían que lo hacíamos por una cuestión estrictamente electoral y especulativa, a lo que nosotros respondíamos que el tema de la autonomía no era coyuntural, que no lo planteábamos exclusivamente en el marco de una campaña y que no era una cuestión partidaria, sino que era un tema de debate del Parlamento, de la Legislatura y de la ciudadanía de nuestra querida Ciudad de Buenos Aires.
Lo que ha quedado demostrado es que nosotros -y no me refiero solamente al bloque del ARI sino a los que hoy estamos presentes en este recinto- seguimos planteando que se profundice el debate sobre la autonomía.
Como dije, en aquel momento nos decían que nosotros planteábamos el tema por una cuestión estrictamente electoral. Aparentemente, después se logró un consenso con diputados de la bancada oficialista para que este Parlamento aprobara, entre los puntos de la autonomía, el traspaso de la policía con presupuesto, como lo había planteado el candidato Filmus en la reunión que se celebró en este Parlamento. Pero hete aquí que en las elecciones no ganó el candidato propuesto por el Ejecutivo nacional, y esa propuesta que se venía haciendo desde los sectores del oficialismo se cayó al día siguiente de las elecciones. Esa propuesta se cayó tanto en el discurso como en el contenido, porque ahora estamos escuchando que en el marco de la autonomía la Ciudad debería tener su propia policía pero sin los recursos.
Tal como lo han hecho varios de los interlocutores que me precedieron en el uso de la palabra, quiero hacer una breve reseña de algunos hechos que hemos vivido los capitalinos y este Congreso. Recién la señora diputada Monti comentó lo traumático que fue para la totalidad de las provincias -pero fundamentalmente para la Ciudad de Buenos Aires y para las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y otras- el traspaso sin recursos de los hospitales y de las escuelas que se hizo en el año 1992. Durante la pelea discursiva que se dio en ese momento se criticó que se hiciera el traspaso en esas condiciones, ya que a las provincias se les tiró encima no solamente el funcionamiento sino también el mantenimiento de una gran cantidad de edificios, además de todo lo relacionado con los programas, salarios y demás.
Precisamente por esa experiencia, en la Convención Constituyente de 1994 se estableció, en el artículo 75 de la Constitución, que cualquier tipo de traspaso que se hiciera a posteriori se debería hacer con los recursos correspondientes. Aclaro que esto no sólo lo votaron los capitalinos sino también los representantes de todas las provincias. De manera que, además de las recientes historias o experiencias que hay en el país sobre el tema también está la decisión de los convencionales constituyentes de 1994 para que eso fuera así.
Pero hoy pareciera desconocerse ese discurso y la letra activa de nuestra Constitución, que está vigente. Es más, pareciera que quieren vulnerar esta última diciéndonos: vamos a dar la policía a la Ciudad de Buenos Aires pero sin los fondos correspondientes.Desde ya, como ello significaría vulnerar la Constitución, no vamos a aceptarlo; y si el oficialismo, con su mayoría, intentara avanzar en ese camino, tomaremos las medidas políticas y legales necesarias para que eso no llegue a buen término, porque no corresponde que tal medida se produzca dentro de aquel marco.
En el año 1995 -es decir, después de la Convención Constituyente de 1994 y de la disposición del artículo 129 de la Constitución- surgió la ley Cafiero, que estableció un límite respecto de la autonomía de la Ciudad, deteniendo así su avance.
En 1996, se sanciona la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esa ocasión -fui constituyente-, mayoritariamente avanzamos con el criterio de autonomía. Recuerdo que se planteó una cuestión aparentemente formal, dado que se nos convocó para discutir en torno del llamado "Estatuto Organizativo de la Ciudad de Buenos Aires". Frente a ello, los constituyentes decidimos, muy mayoritariamente, que lo que habríamos de votar y aprobar era la Constitución de la Ciudad. Así lo hicimos, precisamente, en el camino hacia la autonomía, en el entendimiento de que se trataba de una provincia que debía tener su propia Constitución.
En 1997, se constituyó la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que avanzó en los planteos de la Constitución y en algunos ejes como el relacionado con la Justicia. Así, se crearon el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura; ello, siempre con miras al logro de la autonomía, que se encuentra en marcha paulatina, aunque pensamos que habría de darse inmediatamente.
Cuando hablamos de autonomía estamos hablando de la seguridad y del traspaso de la Policía, lo cual no es un tema separado del de la Justicia.
Pretendemos avanzar paso a paso, debatir y consensuar sobre seguridad y el traspaso de la Policía, y no queremos que éste quede separado del análisis de la transferencia de los distintos órganos de Justicia, no sólo en lo relativo a delitos policiales sino también en lo que se refiere al conjunto de la Justicia en la Ciudad.
La ley Cafiero trató cuatro o cinco puntos referidos a la autonomía: transporte público de pasajeros, policía, Justicia, Registro de la Propiedad Inmueble, Inspección General de Justicia, Puerto, juego, Riachuelo. En relación con esta última temática recién este año se ha avanzado con la correspondiente ley, y hace poco tiempo se constituyó un ente tripartito. Asimismo, debemos considerar el tema de AySA, pues en esto la Ciudad también tiene cosas que decir.
Estamos intentando trabajar en consenso, y por ello seguimos planteando que el oficialismo debe ser parte de esto. Todos estamos convencidos de que la autonomía y el traspaso de la Policía no es soplar y hacer botellas o tener el voluntarismo de decir: queremos la Policía. No se trata de suprimir o modificar el artículo 7° de la ley Cafiero, y decir "ya está". No es así. Para lograr consensos se necesita que todas las partes concurran al debate; establezcamos mecanismos de acuerdo, planteemos nuestras diferencias, pero no mintamos.
Se habló acerca de los fondos y algunos han planteado el tema de la coparticipación. La autonomía sirve para que el Parlamento empiece a debatir lo relativo a la coparticipación, y no sólo la modificación de la ley actual, donde tanto la Ciudad de Buenos Aires como Tierra del Fuego siguen en la órbita del gobierno nacional, ya que esa ley es anterior a la autonomía de esa provincia y al proceso de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.
Por eso se planteó que el dinero que la Nación aporta a la Policía en la Ciudad de Buenos Aires forma parte de la coparticipación primaria, y en modo alguno -en el caso del traspaso de los fondos o del aumento de la coparticipación- ello significará que se quiten recursos al conjunto de las provincias. Por eso queremos que no seplanteen para el común de la gente ejes falsos del debate. La transferencia de fondos que solicitamos es legítima, porque así lo estipula la Constitución Nacional, y la coparticipación nacional lo permite. Por eso nuestro bloque va a seguir avanzando en forma firme con el debate pleno de la autonomía; iremos paso por paso.
También hemos consensuado con los bloques aquí representados el tema del ente que se ocupará del transporte público de pasajeros. Ahí no fue necesaria demasiada discusión, porque lo que solicitamos es conformar este ente tripartito, reformulando la ley vigente que nunca llegó a ponerse en práctica: la 25.031. Una vez que se conforme este ente tripartito con la Ciudad, la Nación y el conurbano, con la participación de las provincias, y luego con la integración de los municipios que competen al ente metropolitano, nosotros tendremos voz y voto en lo que es el recorrido de las líneas, los subsidios y lo que significa el transporte público en la Ciudad de Buenos Aires.
Insisto en que hemos avanzado en este tema, por lo que vamos a seguir en firme con la autonomía referida a la Policía, la Justicia, el transporte y todos las cuestiones que tengan que ver con el hecho de que los ciudadanos de Buenos Aires, como todos aquellos que participan, viven y trabajan usufructuando los bienes y servicios de la ciudad, puedan gozar de este proceso de autonomía que esperamos concluya con la solución de todos los temas pendientes relativos a esta problemática. (Aplausos.)
Durante la campaña electoral, los candidatos de los distintos partidos decían en sus discursos que estaban de acuerdo con la autonomía y con el hecho de que la Ciudad de Buenos Aires tuviera su propia policía. Recuerdo que en aquellos momentos -y digo aquellos porque fueron varios- se votaron en este Parlamento preferencias para que se trataran en comisión proyectos de las distintas bancadas, pero nunca se concretó su tratamiento.
Asimismo, cuando durante la campaña electoral pedimos una sesión especial -como en el día de hoy- para tratar este tema, desde el oficialismo nos decían que lo hacíamos por una cuestión estrictamente electoral y especulativa, a lo que nosotros respondíamos que el tema de la autonomía no era coyuntural, que no lo planteábamos exclusivamente en el marco de una campaña y que no era una cuestión partidaria, sino que era un tema de debate del Parlamento, de la Legislatura y de la ciudadanía de nuestra querida Ciudad de Buenos Aires.
Lo que ha quedado demostrado es que nosotros -y no me refiero solamente al bloque del ARI sino a los que hoy estamos presentes en este recinto- seguimos planteando que se profundice el debate sobre la autonomía.
Como dije, en aquel momento nos decían que nosotros planteábamos el tema por una cuestión estrictamente electoral. Aparentemente, después se logró un consenso con diputados de la bancada oficialista para que este Parlamento aprobara, entre los puntos de la autonomía, el traspaso de la policía con presupuesto, como lo había planteado el candidato Filmus en la reunión que se celebró en este Parlamento. Pero hete aquí que en las elecciones no ganó el candidato propuesto por el Ejecutivo nacional, y esa propuesta que se venía haciendo desde los sectores del oficialismo se cayó al día siguiente de las elecciones. Esa propuesta se cayó tanto en el discurso como en el contenido, porque ahora estamos escuchando que en el marco de la autonomía la Ciudad debería tener su propia policía pero sin los recursos.
Tal como lo han hecho varios de los interlocutores que me precedieron en el uso de la palabra, quiero hacer una breve reseña de algunos hechos que hemos vivido los capitalinos y este Congreso. Recién la señora diputada Monti comentó lo traumático que fue para la totalidad de las provincias -pero fundamentalmente para la Ciudad de Buenos Aires y para las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y otras- el traspaso sin recursos de los hospitales y de las escuelas que se hizo en el año 1992. Durante la pelea discursiva que se dio en ese momento se criticó que se hiciera el traspaso en esas condiciones, ya que a las provincias se les tiró encima no solamente el funcionamiento sino también el mantenimiento de una gran cantidad de edificios, además de todo lo relacionado con los programas, salarios y demás.
Precisamente por esa experiencia, en la Convención Constituyente de 1994 se estableció, en el artículo 75 de la Constitución, que cualquier tipo de traspaso que se hiciera a posteriori se debería hacer con los recursos correspondientes. Aclaro que esto no sólo lo votaron los capitalinos sino también los representantes de todas las provincias. De manera que, además de las recientes historias o experiencias que hay en el país sobre el tema también está la decisión de los convencionales constituyentes de 1994 para que eso fuera así.
Pero hoy pareciera desconocerse ese discurso y la letra activa de nuestra Constitución, que está vigente. Es más, pareciera que quieren vulnerar esta última diciéndonos: vamos a dar la policía a la Ciudad de Buenos Aires pero sin los fondos correspondientes.Desde ya, como ello significaría vulnerar la Constitución, no vamos a aceptarlo; y si el oficialismo, con su mayoría, intentara avanzar en ese camino, tomaremos las medidas políticas y legales necesarias para que eso no llegue a buen término, porque no corresponde que tal medida se produzca dentro de aquel marco.
En el año 1995 -es decir, después de la Convención Constituyente de 1994 y de la disposición del artículo 129 de la Constitución- surgió la ley Cafiero, que estableció un límite respecto de la autonomía de la Ciudad, deteniendo así su avance.
En 1996, se sanciona la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esa ocasión -fui constituyente-, mayoritariamente avanzamos con el criterio de autonomía. Recuerdo que se planteó una cuestión aparentemente formal, dado que se nos convocó para discutir en torno del llamado "Estatuto Organizativo de la Ciudad de Buenos Aires". Frente a ello, los constituyentes decidimos, muy mayoritariamente, que lo que habríamos de votar y aprobar era la Constitución de la Ciudad. Así lo hicimos, precisamente, en el camino hacia la autonomía, en el entendimiento de que se trataba de una provincia que debía tener su propia Constitución.
En 1997, se constituyó la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que avanzó en los planteos de la Constitución y en algunos ejes como el relacionado con la Justicia. Así, se crearon el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura; ello, siempre con miras al logro de la autonomía, que se encuentra en marcha paulatina, aunque pensamos que habría de darse inmediatamente.
Cuando hablamos de autonomía estamos hablando de la seguridad y del traspaso de la Policía, lo cual no es un tema separado del de la Justicia.
Pretendemos avanzar paso a paso, debatir y consensuar sobre seguridad y el traspaso de la Policía, y no queremos que éste quede separado del análisis de la transferencia de los distintos órganos de Justicia, no sólo en lo relativo a delitos policiales sino también en lo que se refiere al conjunto de la Justicia en la Ciudad.
La ley Cafiero trató cuatro o cinco puntos referidos a la autonomía: transporte público de pasajeros, policía, Justicia, Registro de la Propiedad Inmueble, Inspección General de Justicia, Puerto, juego, Riachuelo. En relación con esta última temática recién este año se ha avanzado con la correspondiente ley, y hace poco tiempo se constituyó un ente tripartito. Asimismo, debemos considerar el tema de AySA, pues en esto la Ciudad también tiene cosas que decir.
Estamos intentando trabajar en consenso, y por ello seguimos planteando que el oficialismo debe ser parte de esto. Todos estamos convencidos de que la autonomía y el traspaso de la Policía no es soplar y hacer botellas o tener el voluntarismo de decir: queremos la Policía. No se trata de suprimir o modificar el artículo 7° de la ley Cafiero, y decir "ya está". No es así. Para lograr consensos se necesita que todas las partes concurran al debate; establezcamos mecanismos de acuerdo, planteemos nuestras diferencias, pero no mintamos.
Se habló acerca de los fondos y algunos han planteado el tema de la coparticipación. La autonomía sirve para que el Parlamento empiece a debatir lo relativo a la coparticipación, y no sólo la modificación de la ley actual, donde tanto la Ciudad de Buenos Aires como Tierra del Fuego siguen en la órbita del gobierno nacional, ya que esa ley es anterior a la autonomía de esa provincia y al proceso de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.
Por eso se planteó que el dinero que la Nación aporta a la Policía en la Ciudad de Buenos Aires forma parte de la coparticipación primaria, y en modo alguno -en el caso del traspaso de los fondos o del aumento de la coparticipación- ello significará que se quiten recursos al conjunto de las provincias. Por eso queremos que no seplanteen para el común de la gente ejes falsos del debate. La transferencia de fondos que solicitamos es legítima, porque así lo estipula la Constitución Nacional, y la coparticipación nacional lo permite. Por eso nuestro bloque va a seguir avanzando en forma firme con el debate pleno de la autonomía; iremos paso por paso.
También hemos consensuado con los bloques aquí representados el tema del ente que se ocupará del transporte público de pasajeros. Ahí no fue necesaria demasiada discusión, porque lo que solicitamos es conformar este ente tripartito, reformulando la ley vigente que nunca llegó a ponerse en práctica: la 25.031. Una vez que se conforme este ente tripartito con la Ciudad, la Nación y el conurbano, con la participación de las provincias, y luego con la integración de los municipios que competen al ente metropolitano, nosotros tendremos voz y voto en lo que es el recorrido de las líneas, los subsidios y lo que significa el transporte público en la Ciudad de Buenos Aires.
Insisto en que hemos avanzado en este tema, por lo que vamos a seguir en firme con la autonomía referida a la Policía, la Justicia, el transporte y todos las cuestiones que tengan que ver con el hecho de que los ciudadanos de Buenos Aires, como todos aquellos que participan, viven y trabajan usufructuando los bienes y servicios de la ciudad, puedan gozar de este proceso de autonomía que esperamos concluya con la solución de todos los temas pendientes relativos a esta problemática. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
SR. AGUAD, OSCAR RAUL (CORDOBA):
Señora presidenta: voy a ser muy breve.
No estamos en este recinto para apoyar a los porteños. Ello significaría simplificar una cuestión esencial. Tampoco estamos por una razón partidaria o ideológica.
Nuestro acompañamiento a los porteños tiene por objeto que se cumpla con un pacto constitucional celebrado en 1994 en la ciudad de Santa Fe. Tenemos la obligación moral de cumplir con aquel pacto. Fue un pacto de convivencia que en ese momento fue suscripto por todo el pueblo de la Nación a través de sus representantes.
Voy a hacer una confesión. Hubo en aquella Convención Constituyente de la que formé parte varias cuestiones esenciales que se pactaron. De esos asuntos que se pactaron y cumplieron, tres deberían ser discutidos nuevamente, pero sin duda no podemos dejar de cumplirlos. Me refiero al traspaso a las provincias de los recursos naturales; a la elección directa del presidente de la República, sin colegio electoral; y a la elección del tercer senador por la minoría. A pesar de lo que he dicho, fueron pactos que se hicieron y se cumplieron.
En ese sentido, existen promesas electorales que comprometen al candidato que las formula, ya que puede o no cumplirlas. Pero también existen pactos constitucionales que no pueden dejar de cumplirse, porque quien los hizo fue el pueblo de la Nación. Por eso abogo para que esta generación de diputados nacionales cumpla con los pactos que se celebraron en 1994, dándole a la Ciudad de Buenos Aires la autonomía que aquel pacto estableció. (Aplausos.)
No estamos en este recinto para apoyar a los porteños. Ello significaría simplificar una cuestión esencial. Tampoco estamos por una razón partidaria o ideológica.
Nuestro acompañamiento a los porteños tiene por objeto que se cumpla con un pacto constitucional celebrado en 1994 en la ciudad de Santa Fe. Tenemos la obligación moral de cumplir con aquel pacto. Fue un pacto de convivencia que en ese momento fue suscripto por todo el pueblo de la Nación a través de sus representantes.
Voy a hacer una confesión. Hubo en aquella Convención Constituyente de la que formé parte varias cuestiones esenciales que se pactaron. De esos asuntos que se pactaron y cumplieron, tres deberían ser discutidos nuevamente, pero sin duda no podemos dejar de cumplirlos. Me refiero al traspaso a las provincias de los recursos naturales; a la elección directa del presidente de la República, sin colegio electoral; y a la elección del tercer senador por la minoría. A pesar de lo que he dicho, fueron pactos que se hicieron y se cumplieron.
En ese sentido, existen promesas electorales que comprometen al candidato que las formula, ya que puede o no cumplirlas. Pero también existen pactos constitucionales que no pueden dejar de cumplirse, porque quien los hizo fue el pueblo de la Nación. Por eso abogo para que esta generación de diputados nacionales cumpla con los pactos que se celebraron en 1994, dándole a la Ciudad de Buenos Aires la autonomía que aquel pacto estableció. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
Tiene la palabra la señora diputada por Córdoba.
SRA. MORANDINI, NORMA ELENA (CORDOBA):
Señora presidenta: tal vez nada muestre más cómo estamos construyendo efectivamente una vida normal en democracia que tener que explicar las conductas. Es decir que cuando uno dice que está acá por tal cosa demuestra que todavía no tenemos incorporado ese "deber ser".
Pensaba en eso, porque debería ser algo natural estar sentados en estas bancas por estricta responsabilidad. De ahí que habría que hacer todo al revés para que los que no están expliquen por qué no han concurrido a este recinto, y no que este puñadito de diputados estemos aquí diciendo por qué estamos sentados en nuestras bancas.
Por eso le agradezco al señor diputado Vanossi, quien me ha ayudado en el sentido de que no estoy aquí por filibustera ni mucho menos por ser pirata. Estoy acá por estricta responsabilidad, responsabilidad que tiene que ver no sólo con aquéllos que delegaron su confianza en estas bancas y en este recinto, donde tanto se hablade números y de mayorías, sino de responsabilidad para con el veredicto de las urnas de la Ciudad de Buenos Aires, con los pactos políticos y con los compromisos que se han establecido dentro de este recinto.
Por eso, de manera sencilla, hablar de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires es hablar de la autonomía del país. Se equivocan quienes creen que esto es estrictamente un problema de la Ciudad de Buenos Aires. Si así lo consideráramos no seríamos agradecidos los provincianos que habitamos esta ciudad.
Por eso no estoy sentada en mi banca por coraje, ni por ser opositora ni independiente. Estoy presente aquí nada más que por responsabilidad, que es lo que tendrían que haber tenido todos los diputados que no están sentados en sus bancas. (Aplausos.)
Pensaba en eso, porque debería ser algo natural estar sentados en estas bancas por estricta responsabilidad. De ahí que habría que hacer todo al revés para que los que no están expliquen por qué no han concurrido a este recinto, y no que este puñadito de diputados estemos aquí diciendo por qué estamos sentados en nuestras bancas.
Por eso le agradezco al señor diputado Vanossi, quien me ha ayudado en el sentido de que no estoy aquí por filibustera ni mucho menos por ser pirata. Estoy acá por estricta responsabilidad, responsabilidad que tiene que ver no sólo con aquéllos que delegaron su confianza en estas bancas y en este recinto, donde tanto se hablade números y de mayorías, sino de responsabilidad para con el veredicto de las urnas de la Ciudad de Buenos Aires, con los pactos políticos y con los compromisos que se han establecido dentro de este recinto.
Por eso, de manera sencilla, hablar de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires es hablar de la autonomía del país. Se equivocan quienes creen que esto es estrictamente un problema de la Ciudad de Buenos Aires. Si así lo consideráramos no seríamos agradecidos los provincianos que habitamos esta ciudad.
Por eso no estoy sentada en mi banca por coraje, ni por ser opositora ni independiente. Estoy presente aquí nada más que por responsabilidad, que es lo que tendrían que haber tenido todos los diputados que no están sentados en sus bancas. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
SR. RITONDO, CRISTIAN ADRIAN (CAP FEDERAL):
Señora presidenta: no queda mucho más por decir, ya que las exposiciones de todos los señores diputados por la Ciudad de Buenos Aires de las distintas bancadas y la presencia de muchos diputados del interior, como la señora diputada Morandini, reflejan cuál es el espíritu de la sesión de hoy.
No quiero dejar de señalar que los porteños intentamos dar solución a nuestros problemas haciéndonos cargo de ellos, como mencionaba el señor diputado Federico Pinedo. Queremos hacernos cargo de una vez y definitivamente de los problemas que hay en la Ciudad de Buenos Aires para que pueda ser gobernada adecuadamente.
Y esto no lo planteamos ahora quienes integramos el PRO. Lo venimos proponiendo desde 2003, cuando asumimos como diputados y empezamos a trabajar con los legisladores de las distintas bancadas. Nos hemos reunido con Aníbal Ibarra y con Jorge Telerman, con cada uno de los jefes de Gobierno intentando armar una agenda en común con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Están representados hoy aquí quienes el 3 de junio obtuvieron aproximadamente el 75 por ciento de los votos en la Ciudad de Buenos Aires. Esta fortaleza de poder fijar políticas en común respecto de la autonomía de nuestra ciudad es la que da importancia a esta sesión.
Por eso me pone muy triste escuchar al ministro Aníbal Fernández descalificar este deseo de la Ciudad de Buenos Aires, que no sería tan profundo si las políticas públicas en materia de seguridad tuvieran éxito.
Tal vez ese deseo no tendría el eco que hoy tiene en la sociedad si fuera exitoso el manejo del tránsito y el transporte en la Ciudad de Buenos Aires. Se nota que algo no está funcionando o está funcionando mal, y los porteños, que prefieren que estos problemas sean solucionados por ellos mismos, están dispuestos a hacerse cargo.
No sé qué paralelismo puedo tomar con la Ciudad de Buenos Aires. Alguien hablaba sobre la provincialización de algunos territorios que anteriormente eran nacionales; el último de estos procesos fue el de Tierra del Fuego.
En aquella oportunidad, ¿se le ocurrió a alguien plantear que Tierra del Fuego pague su policía con los impuestos que recauda? No, y no solamente esto, sino que la coparticipación de Tierra del Fuego pasó de 0,20 a 0,70, y no hubo ningún diputado ni senador al que se le haya ocurrido que el problema de provincializar era el dinero; se trataba de una cuestión de autonomía.
Espero que la próxima vez que la señora diputada Vaca Narvaja esté en ejercicio de la Presidencia se vote este proyecto de ley. En cada sesión que haga el Congreso este grupo de diputados va a seguir intentando tratar el tema de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, ya que para nosotros las palabras del presidente valen más que para el ministro del Interior. (Aplausos.)
No quiero dejar de señalar que los porteños intentamos dar solución a nuestros problemas haciéndonos cargo de ellos, como mencionaba el señor diputado Federico Pinedo. Queremos hacernos cargo de una vez y definitivamente de los problemas que hay en la Ciudad de Buenos Aires para que pueda ser gobernada adecuadamente.
Y esto no lo planteamos ahora quienes integramos el PRO. Lo venimos proponiendo desde 2003, cuando asumimos como diputados y empezamos a trabajar con los legisladores de las distintas bancadas. Nos hemos reunido con Aníbal Ibarra y con Jorge Telerman, con cada uno de los jefes de Gobierno intentando armar una agenda en común con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Están representados hoy aquí quienes el 3 de junio obtuvieron aproximadamente el 75 por ciento de los votos en la Ciudad de Buenos Aires. Esta fortaleza de poder fijar políticas en común respecto de la autonomía de nuestra ciudad es la que da importancia a esta sesión.
Por eso me pone muy triste escuchar al ministro Aníbal Fernández descalificar este deseo de la Ciudad de Buenos Aires, que no sería tan profundo si las políticas públicas en materia de seguridad tuvieran éxito.
Tal vez ese deseo no tendría el eco que hoy tiene en la sociedad si fuera exitoso el manejo del tránsito y el transporte en la Ciudad de Buenos Aires. Se nota que algo no está funcionando o está funcionando mal, y los porteños, que prefieren que estos problemas sean solucionados por ellos mismos, están dispuestos a hacerse cargo.
No sé qué paralelismo puedo tomar con la Ciudad de Buenos Aires. Alguien hablaba sobre la provincialización de algunos territorios que anteriormente eran nacionales; el último de estos procesos fue el de Tierra del Fuego.
En aquella oportunidad, ¿se le ocurrió a alguien plantear que Tierra del Fuego pague su policía con los impuestos que recauda? No, y no solamente esto, sino que la coparticipación de Tierra del Fuego pasó de 0,20 a 0,70, y no hubo ningún diputado ni senador al que se le haya ocurrido que el problema de provincializar era el dinero; se trataba de una cuestión de autonomía.
Espero que la próxima vez que la señora diputada Vaca Narvaja esté en ejercicio de la Presidencia se vote este proyecto de ley. En cada sesión que haga el Congreso este grupo de diputados va a seguir intentando tratar el tema de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, ya que para nosotros las palabras del presidente valen más que para el ministro del Interior. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
Con las palabras pronuncias por los señores diputados se dan por concluidas las manifestaciones en minoría.
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