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Discursos
Período:124 Reunion:52 Fecha:13/12/2006 PRÓRROGA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 DE LAS LEYES 25.561, 25.790 Y 26.077 DE EMERGENCIA EONÓMICA, SANITARIA Y OCUPACIONAL Y DE LA VIGENCIA DEL PROGRAMA JEFES DE HOGAR
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
Corresponde considerar los dictámenes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda recaídos en el proyecto de ley en revisión por el que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2007 la vigencia de las leyes 25.561 y 26.077 de emergencia económica, emergencia sanitaria, emergencia ocupacional y la vigencia del Programa Jefes de Hogar (expediente 0253-s-2006 ).
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.
SR. SNOPEK, CARLOS DANIEL (JUJUY):
Señora presidenta: traemos a consideración de la Honorable Cámara -o por lo menos de aquellos que no vayan a prestar atención a la "discusión" que tiene lugar aquí cerca, en un barrio donde se localiza una cancha muy conocida-, un proyecto de ley sancionado por el Honorable Senado, por el que se prorrogan las emergencias de carácter económico, social, sanitario, ocupacional, el Programa Jefes de Hogar, y la emergencia alimentaria nacional.
Arbitrariamente comenzaremos por algunos temas que, a nuestro juicio, tienen mucha significación, e intentaré concluir mi exposición con la cuestión de la emergencia económica, que seguramente suscitará mayor debate o por lo menos generará mayores diferencias de opinión entre los miembros de la Cámara.
En primer lugar, me referiré a la emergencia sanitaria nacional, que en definitiva significa la prórroga de lo ya establecido por el decreto 486 del 12 de marzo del 2002.
Arbitrariamente comenzaremos por algunos temas que, a nuestro juicio, tienen mucha significación, e intentaré concluir mi exposición con la cuestión de la emergencia económica, que seguramente suscitará mayor debate o por lo menos generará mayores diferencias de opinión entre los miembros de la Cámara.
En primer lugar, me referiré a la emergencia sanitaria nacional, que en definitiva significa la prórroga de lo ya establecido por el decreto 486 del 12 de marzo del 2002.
- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 3a de la Honorable Cámara, doña Graciela Camaño.
SR. SNOPEK, CARLOS DANIEL (JUJUY):
Y digo esta fecha porque es bueno ubicarse en el contexto en el que los hechos se desarrollan y se dictan las normativas, que no pueden estar descolgadas de las circunstancias, de las coyunturas, aunque todos aspiramos a que tengan mayor trascendencia.
¿Para qué la emergencia sanitaria nacional? ¿Qué significa?
Nosotros hemos sancionado la emergencia el 12 de marzo de 2002 y hoy la estamos prorrogando por un año, después de sucesivas prórrogas que se han hecho.
En la Argentina tenemos un sistema completo de salud, formado por diversos subsistemas que coexisten, que interactúan y que funcionan con cierta armonía. Dentro de esos subsistemas está el de atención privada de la salud. Me estoy refiriendo a los prestadores de salud, clínicas, sanatorios y demás.
Este subsistema tiene como principales actores de pago de sus prestaciones a las obras sociales, al PAMI, a las compañías de seguros, etcétera.
En rigor de verdad, después de la emergencia que sancionamos en el año 2002, durante mucho tiempo -debemos decirlo también con claridad- tuvimos valores de asignaciones salariales que no se correspondían con otras variables de carácter macroeconómico, de manera que tuvieran un correlato que permitiera que los aportes a las obras sociales fueran de la magnitud necesaria para soportar el subsistema privado de salud.
Como consecuencia de ello está la alternativa de dejar de trabajar, de atender o de pagar otras obligaciones. Me estoy refiriendo a obligaciones muy importantes y significativas, como pueden ser los aportes patronales, por ejemplo, que en muchas ocasiones la teoría y la doctrina sindican como porciones de salario y no como un impuesto o algo que se le parezca, es decir, propiedad de los propios trabajadores.
Lo cierto es que en esos subsistemas se han ido acumulando deudas. Si hoy que es posible ir ordenando el subsistema privado de la salud y mejorar el nivel de las prestaciones en función de las erogaciones necesarias de acuerdo con los necesarios ingresos de los prestadores de salud, dejamos que el subsistema de salud se caiga, ¿vamos a tener el subsistema público en condiciones de soportar una caída del subsistema privado de salud?
Yo creo que no. Es imposible que este subsistema que atiende a muchísimos trabajadores, a muchísimos beneficiarios del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados -más conocido como PAMI-, y a muchísimos otros beneficiarios de otros esquemas, como pueden ser las compañías de seguro y demás, soporte en forma simultánea los dos problemas que hoy nos aquejan.
De un lado está el esquema que tiene que ver con la insuficiencia de los ingresos en función de una ecuación económica-financiera razonable, prudente y adecuada, y por otro lado el stock de deuda que el mismo subsistema tiene acumulado, que dicho sea de paso asciende según nuestros cálculos a cerca de mil trescientos millones de pesos.
Esto lo digo sólo a título indicativo para que tengamos en cuenta que no podemos de golpe pedir a ese subsistema que aporte esos recursos.
De tal manera que la emergencia que estamos sancionando en materia sanitaria nacional no sólo tiene que ver con todos los demás elementos que componen el sistema de salud en la Argentina. También tiene porobjeto que no se nos caiga el subsistema privado de salud, por una sencilla razón: si falla uno de los esquemas del sistema total es muy difícil que el otro pueda suplirlo, por lo menos de manera oportuna y adecuada.
Por estas razones -más allá de cualquier otra que se quiera agregar, bienvenido sea el aporte adicional si alguien desea efectuarlo- quiero dejar sentada esta necesidad absoluta, terminante, concreta y precisa de prorrogar la emergencia sanitaria nacional.
En lo referido a la emergencia ocupacional, Programa Jefes de Hogar, también hay que ubicarse en el contexto del año 2002. Entonces intervinieron algunas personas extraordinarias y trabajadoras de nuestro país como usted, señora presidenta, que fue llamada para cumplir determinada función, y se implementó un plan que en ese momento recibió un nombre y ahora tiene otro diferente, además de sus objetivos. Pero lo cierto es que se otorgaron aproximadamente 2.100.000 beneficios, tal como lo muestra la ejecución del presupuesto 2003, cuando ya estaba en pleno funcionamiento el programa social más importante que por entonces y todavía hoy tiene el país y en rigor de verdad buena parte del mundo.
El monto total ejecutado en el mencionado ejercicio fue de 3.053 millones de pesos -por supuesto puede haber alguna leve diferencia en las cuentas-, y para 2007 se proyecta entregar este beneficio a 994 mil personas, por un monto de 1.880 millones de pesos.
Tal disminución de explica en virtud de que afortunadamente 598 mil personas se incorporaron al mercado laboral en blanco, no en negro. Este es un índice elocuente de la significación y de la forma en que ese programa fue elaborado en ese momento y sobre todo puesto en ejecución.
Ciertamente hemos hecho mucho, pero todavía estamos por la mitad, pues de 2.100.000 pasamos a poco menos de un millón de beneficiarios. Se ha avanzado significativamente, estamos en el camino correcto de la inserción laboral, para lo cual hay que preparar a la gente, porque en la mayor parte de los casos se trata de desempleados de carácter estructural.
Si estamos transitando el camino correcto y hemos logrado la incorporación en el mercado de trabajo en blanco de una parte significativa de aquellos que alguna vez fueron excluidos del sistema por ciertas cosas que ocurrieron, como helicópteros volando...
¿Para qué la emergencia sanitaria nacional? ¿Qué significa?
Nosotros hemos sancionado la emergencia el 12 de marzo de 2002 y hoy la estamos prorrogando por un año, después de sucesivas prórrogas que se han hecho.
En la Argentina tenemos un sistema completo de salud, formado por diversos subsistemas que coexisten, que interactúan y que funcionan con cierta armonía. Dentro de esos subsistemas está el de atención privada de la salud. Me estoy refiriendo a los prestadores de salud, clínicas, sanatorios y demás.
Este subsistema tiene como principales actores de pago de sus prestaciones a las obras sociales, al PAMI, a las compañías de seguros, etcétera.
En rigor de verdad, después de la emergencia que sancionamos en el año 2002, durante mucho tiempo -debemos decirlo también con claridad- tuvimos valores de asignaciones salariales que no se correspondían con otras variables de carácter macroeconómico, de manera que tuvieran un correlato que permitiera que los aportes a las obras sociales fueran de la magnitud necesaria para soportar el subsistema privado de salud.
Como consecuencia de ello está la alternativa de dejar de trabajar, de atender o de pagar otras obligaciones. Me estoy refiriendo a obligaciones muy importantes y significativas, como pueden ser los aportes patronales, por ejemplo, que en muchas ocasiones la teoría y la doctrina sindican como porciones de salario y no como un impuesto o algo que se le parezca, es decir, propiedad de los propios trabajadores.
Lo cierto es que en esos subsistemas se han ido acumulando deudas. Si hoy que es posible ir ordenando el subsistema privado de la salud y mejorar el nivel de las prestaciones en función de las erogaciones necesarias de acuerdo con los necesarios ingresos de los prestadores de salud, dejamos que el subsistema de salud se caiga, ¿vamos a tener el subsistema público en condiciones de soportar una caída del subsistema privado de salud?
Yo creo que no. Es imposible que este subsistema que atiende a muchísimos trabajadores, a muchísimos beneficiarios del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados -más conocido como PAMI-, y a muchísimos otros beneficiarios de otros esquemas, como pueden ser las compañías de seguro y demás, soporte en forma simultánea los dos problemas que hoy nos aquejan.
De un lado está el esquema que tiene que ver con la insuficiencia de los ingresos en función de una ecuación económica-financiera razonable, prudente y adecuada, y por otro lado el stock de deuda que el mismo subsistema tiene acumulado, que dicho sea de paso asciende según nuestros cálculos a cerca de mil trescientos millones de pesos.
Esto lo digo sólo a título indicativo para que tengamos en cuenta que no podemos de golpe pedir a ese subsistema que aporte esos recursos.
De tal manera que la emergencia que estamos sancionando en materia sanitaria nacional no sólo tiene que ver con todos los demás elementos que componen el sistema de salud en la Argentina. También tiene porobjeto que no se nos caiga el subsistema privado de salud, por una sencilla razón: si falla uno de los esquemas del sistema total es muy difícil que el otro pueda suplirlo, por lo menos de manera oportuna y adecuada.
Por estas razones -más allá de cualquier otra que se quiera agregar, bienvenido sea el aporte adicional si alguien desea efectuarlo- quiero dejar sentada esta necesidad absoluta, terminante, concreta y precisa de prorrogar la emergencia sanitaria nacional.
En lo referido a la emergencia ocupacional, Programa Jefes de Hogar, también hay que ubicarse en el contexto del año 2002. Entonces intervinieron algunas personas extraordinarias y trabajadoras de nuestro país como usted, señora presidenta, que fue llamada para cumplir determinada función, y se implementó un plan que en ese momento recibió un nombre y ahora tiene otro diferente, además de sus objetivos. Pero lo cierto es que se otorgaron aproximadamente 2.100.000 beneficios, tal como lo muestra la ejecución del presupuesto 2003, cuando ya estaba en pleno funcionamiento el programa social más importante que por entonces y todavía hoy tiene el país y en rigor de verdad buena parte del mundo.
El monto total ejecutado en el mencionado ejercicio fue de 3.053 millones de pesos -por supuesto puede haber alguna leve diferencia en las cuentas-, y para 2007 se proyecta entregar este beneficio a 994 mil personas, por un monto de 1.880 millones de pesos.
Tal disminución de explica en virtud de que afortunadamente 598 mil personas se incorporaron al mercado laboral en blanco, no en negro. Este es un índice elocuente de la significación y de la forma en que ese programa fue elaborado en ese momento y sobre todo puesto en ejecución.
Ciertamente hemos hecho mucho, pero todavía estamos por la mitad, pues de 2.100.000 pasamos a poco menos de un millón de beneficiarios. Se ha avanzado significativamente, estamos en el camino correcto de la inserción laboral, para lo cual hay que preparar a la gente, porque en la mayor parte de los casos se trata de desempleados de carácter estructural.
Si estamos transitando el camino correcto y hemos logrado la incorporación en el mercado de trabajo en blanco de una parte significativa de aquellos que alguna vez fueron excluidos del sistema por ciertas cosas que ocurrieron, como helicópteros volando...
Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. SNOPEK, CARLOS DANIEL (JUJUY):
¿Cómo no habríamos de prorrogar la emergencia ocupacional...
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. SNOPEK, CARLOS DANIEL (JUJUY):
Había muchos helicópteros, no lo tomen así, mis queridos amigos. Andaban dando vueltas para controlar que no hubiera manifestaciones en las que se cometieran delitos...
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. SNOPEK, CARLOS DANIEL (JUJUY):
No estaba hablando del helicóptero que ustedes creen, alguien lo tomó para el lado de los tomates.
Lo cierto es que el éxito de esta gestión y las circunstancias favorables que se presentan para el desenvolvimiento de nuestro país, sobre todo para lograr la inclusión social de quienes han quedado fuera del sistema, amerita -porque aún nos falta la mitad- que continuemos con la emergencia en materia ocupacional. De este modo seguiremos sosteniendo el Programa Jefes de Hogar, más las transferencias que se están haciendo de parte de esos planes al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación -que algunos denominan "reconversión"-, para pasarlos a otros de carácter familiar. Lo cierto es que la emergencia en esta materia continúa y estamos persuadidos de que es necesario seguir transitando este camino.
Esto podrá no gustarnos del todo, pero debemos acordarnos de la coyuntura, de las circunstancias y de los hechos que la Argentina enfrentó en alguna ocasión. Por eso, reitero que a pesar de todos estos éxitos debemos seguir avanzando en el camino correcto.
En lo que respecta a la emergencia económica, es cierto que se registran muchos avances en materia de macronúmeros. No los voy a aburrir con la larga lista de éxitos, que algunos dicen que debe atribuirse al viento favorable de cola, es decir, al soplido que se recibe desde atrás. El hecho es que por más que el viento sople, si no hay un timonel al frente del barco, lo más probable es que se estrelle con más fuerza. En la Argentina tenemos timonel; tenemos un gobierno que está funcionando adecuadamente, conduciendo el barco por el rumbo querido por todos los argentinos. Lamentablemente, quienes no terminan de entender estas cosas después se quejan porque no los votan; pero no los votan porque no comprenden que estamos yendo hacia el lado correcto. Si apoyaran lo que corresponde y se enojaran por lo que no corresponde, seguramente las cosas nos irían mejor a todos; cada uno debe hacerse responsable de sus actos.
Pero más allá de los éxitos registrados en materia macroeconómica, todavía tenemos un deber pendiente, que en mi opinión es el más importante: transitar con firmeza y con decisión el camino de la distribución del ingreso nacional con justicia y equidad.
Todavía nos falta mucho, porque la diferencia entre los ingresos del nivel más bajo de la población y los del nivel más alto sigue siendo incompatible con lo que la experiencia nos demuestra que hace sustentable el crecimiento y desarrollo de un país. Alguien podrá decir que esa diferencia se ha reducido casi a la mitad en sólo tres años; esto es cierto, y forma parte de los logros macroeconómicos que recién mencionaba. Pero estos niveles todavía no hacen sustentable al sistema.
Hace un par de semanas me entretuve recalculando la curva de Gini -algunos se entretienen jugando al pool o al truco-; la proyección me salió muy linda, pero eso no quiere decir que se hayan solucionado todos los problemas y que la Argentina sea sustentable. Todavía nos falta recorrer un largo camino.
Por otro lado, deseo señalar que el país más grande del mundo, ubicado por casualidad en nuestro continente, sólo que unos cuantos grados de latitud más al Norte -mucho más allá del Ecuador-, ha proyectado un déficit en su balanza comercial para este año que oscila entre el 7 y el 9 por ciento. Entonces, alguien me preguntará qué tiene que ver todo esto. Pero además ese país tiene proyectada una diferencia entre ingresos y gastos de carácter fenomenal. No digo el valor porque es muy difícil retenerlo por la cantidad de números que tiene.
Hay peligros que se ciernen sobre ese viento que sopla en la nave del Estado donde nos encontramos todos los argentinos. A pesar de esos peligros que se ciernen y del hecho de que tengo confianza en el timonel, no podemos confiarnos ni pensar que está todo solucionado. Mucho menos podemos tirar manteca al techo. Tenemos que seguir con un esquema de prudencia y razonabilidad en el manejo de las cuentas fiscales, como también en estos temas que se relacionan con no olvidar que todavía en muchas cuestiones seguimos en emergencia económica.
Por eso, deseo pedir a mis pares que nos acompañen con este proyecto, porque no están haciendo algo que no corresponda. Todo lo contrario: están apuntalando el camino correcto que la Argentina ha tomado. Esto es lo que en definitiva la sociedad sabrá premiar o castigar, y no falta mucho para que eso ocurra. (Aplausos.)
Lo cierto es que el éxito de esta gestión y las circunstancias favorables que se presentan para el desenvolvimiento de nuestro país, sobre todo para lograr la inclusión social de quienes han quedado fuera del sistema, amerita -porque aún nos falta la mitad- que continuemos con la emergencia en materia ocupacional. De este modo seguiremos sosteniendo el Programa Jefes de Hogar, más las transferencias que se están haciendo de parte de esos planes al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación -que algunos denominan "reconversión"-, para pasarlos a otros de carácter familiar. Lo cierto es que la emergencia en esta materia continúa y estamos persuadidos de que es necesario seguir transitando este camino.
Esto podrá no gustarnos del todo, pero debemos acordarnos de la coyuntura, de las circunstancias y de los hechos que la Argentina enfrentó en alguna ocasión. Por eso, reitero que a pesar de todos estos éxitos debemos seguir avanzando en el camino correcto.
En lo que respecta a la emergencia económica, es cierto que se registran muchos avances en materia de macronúmeros. No los voy a aburrir con la larga lista de éxitos, que algunos dicen que debe atribuirse al viento favorable de cola, es decir, al soplido que se recibe desde atrás. El hecho es que por más que el viento sople, si no hay un timonel al frente del barco, lo más probable es que se estrelle con más fuerza. En la Argentina tenemos timonel; tenemos un gobierno que está funcionando adecuadamente, conduciendo el barco por el rumbo querido por todos los argentinos. Lamentablemente, quienes no terminan de entender estas cosas después se quejan porque no los votan; pero no los votan porque no comprenden que estamos yendo hacia el lado correcto. Si apoyaran lo que corresponde y se enojaran por lo que no corresponde, seguramente las cosas nos irían mejor a todos; cada uno debe hacerse responsable de sus actos.
Pero más allá de los éxitos registrados en materia macroeconómica, todavía tenemos un deber pendiente, que en mi opinión es el más importante: transitar con firmeza y con decisión el camino de la distribución del ingreso nacional con justicia y equidad.
Todavía nos falta mucho, porque la diferencia entre los ingresos del nivel más bajo de la población y los del nivel más alto sigue siendo incompatible con lo que la experiencia nos demuestra que hace sustentable el crecimiento y desarrollo de un país. Alguien podrá decir que esa diferencia se ha reducido casi a la mitad en sólo tres años; esto es cierto, y forma parte de los logros macroeconómicos que recién mencionaba. Pero estos niveles todavía no hacen sustentable al sistema.
Hace un par de semanas me entretuve recalculando la curva de Gini -algunos se entretienen jugando al pool o al truco-; la proyección me salió muy linda, pero eso no quiere decir que se hayan solucionado todos los problemas y que la Argentina sea sustentable. Todavía nos falta recorrer un largo camino.
Por otro lado, deseo señalar que el país más grande del mundo, ubicado por casualidad en nuestro continente, sólo que unos cuantos grados de latitud más al Norte -mucho más allá del Ecuador-, ha proyectado un déficit en su balanza comercial para este año que oscila entre el 7 y el 9 por ciento. Entonces, alguien me preguntará qué tiene que ver todo esto. Pero además ese país tiene proyectada una diferencia entre ingresos y gastos de carácter fenomenal. No digo el valor porque es muy difícil retenerlo por la cantidad de números que tiene.
Hay peligros que se ciernen sobre ese viento que sopla en la nave del Estado donde nos encontramos todos los argentinos. A pesar de esos peligros que se ciernen y del hecho de que tengo confianza en el timonel, no podemos confiarnos ni pensar que está todo solucionado. Mucho menos podemos tirar manteca al techo. Tenemos que seguir con un esquema de prudencia y razonabilidad en el manejo de las cuentas fiscales, como también en estos temas que se relacionan con no olvidar que todavía en muchas cuestiones seguimos en emergencia económica.
Por eso, deseo pedir a mis pares que nos acompañen con este proyecto, porque no están haciendo algo que no corresponda. Todo lo contrario: están apuntalando el camino correcto que la Argentina ha tomado. Esto es lo que en definitiva la sociedad sabrá premiar o castigar, y no falta mucho para que eso ocurra. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(CAMAÑO)
Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy, que comparte su tiempo con el señor diputado Bullrich, por el dictamen de minoría.
SR. GIUBERGIA, MIGUEL ANGEL (JUJUY):
Señora presidenta: cuando en la Comisión de Presupuesto y Hacienda tratábamos este proyecto de ley que fue sancionado por el Honorable Senado -proyecto que fue presentado por el Poder Ejecutivo nacional-, le recordaba al presidente de la comisión y a los diputados que estaban presentes las palabras que se vertieron en este recinto no hace más de un año. Fue precisamente en marzo cuando se dio apertura al período de sesiones ordinarias de este año.
En esa ocasión se nos dijo que la República Argentina venía creciendo a una tasa que oscilaba entre el 8 y el 9 por ciento; que ese crecimiento se había prolongado más de treinta y seis meses; también se nos dijo que hacía prácticamente cien años que no se había producido un crecimiento tan sostenido en la República Argentina.
Entonces, cuando escucho al señor diputado Snopek hablar de la necesidad de contar nuevamente con la prórroga de esta ley de emergencia económica -haciendo referencia a los helicópteros-, creo que está equivocado, porque parece que estamos volviendo a escuchar aquel mensaje que nos decía que en tres horas, atravesando la estratosfera, íbamos a estar en Japón. Esta es la misma situación. Quizás algunos crean que los argentinos estamos en la estratosfera, cuando en realidad tenemos un crecimiento
-como dijo el presidente- que varía entre el 8 y el 9 por ciento anual.
Entonces, cuando escuchamos que se nos dice que si no aprobamos la prórroga de la emergencia económica la República Argentina corre el serio riesgo de perder ante el CIADI, deberíamos leer la resolución del 3 de octubre de 2006 en el caso de la Argentina, ARB/02/1. Allí se establece que el CIADI ha considerado como hecho notorio que la gravísima crisis argentina duró desde el 1° de diciembre de 2001 hasta el 26 de abril de 2003.
De ello deriva que para tal Tribunal desde el 27 de abril de 2003 y hasta la fecha no existe en la República Argentina un estado de necesidad que pueda sustentar la alegación de una defensa que se apoye en la vigencia local de la ley de emergencia 25.561.
Planteamos aquí que es necesario recobrar la normalidad en el Estado y mostrar a los argentinos y al mundo que en esta normalidad que existe en el país se pueden realizar inversiones. Esto es lo que planteamos.
Lo que es lógico, y es un deber de esta Cámara, es analizar y evaluar la emergencia social, de la cual no hemos salido. Pero deseo advertir que se quiere llevar esa emergencia a los extremos más graves, como lo vio el pueblo argentino en el caso de Misiones. En esa provincia vimos cómo se utilizaban los recursos de la asistencia social y cómo se coaccionaba a la gente.
En esta emergencia social debemos discutir los Programas Jefes de Hogar, que sí debemos prorrogar por un año más. Desde este Congreso tenemos la obligación de dictar normas que permitan que los argentinos -que hoy son utilizados y se sienten rehenes- se sientan ciudadanos.
Necesitamos establecer un régimen de seguridad social básica de carácter universal e igualitario, declarando el derecho del ciudadano como inherente a los habitantes de nuestro país.
Por ello, en el artículo 1° de nuestro dictamen planteamos que en este aspecto la prórroga debe darse. Pero es obligación de este Congreso dictar una norma de las características señaladas, que contemple una asignación monetaria al niño, independiente de la condición laboral de sus padres, a los mayores de 65 años imposibilitados de jubilarse, con independencia de su historia laboral, y a los desempleados con personas a cargo mayores de 50 años o hijos menores de 25 años que no trabajen ni estudien.
Sobre esos casos tenemos que trabajar para otorgar beneficios sociales; allí es donde debemos apuntar.
En cuanto a la prórroga de la renegociación de los contratos es necesario recordar que cuando se sancionó la ley de emergencia económica en la República Argentina había un total de sesenta y cuatro contratos sin renegociar; hoy vemos que en cinco años se ha renegociado con veintinueve empresas. Esto sí nos muestra ineficacia e ineptitud. No podemos permitir que se nos diga que en cinco años no se han podido renegociar los contratos de las empresas privatizadas, concesionarias de servicios públicos. Esta era la obligación del Estado, pero ya llevamos más de cinco años y no se ha dado ninguna solución.
Por eso decimos que seis meses son suficientes para terminar de renegociar los contratos que faltan. Nos preguntamos cuál es la emergencia que existe en la República Argentina y quiénes se encuentran inmersos en ella.
La señora presidenta debe recordar perfectamente, pues estaba a cargo de determinadas funciones, la época en que se implementaron soluciones a los trabajadores. Nosotros tuvimos la necesidad de salir a dar una respuesta directa y así se crearon los programas Jefes de Hogar.
Hoy la situación es muy distinta a la que existía con las entidades bancarias. Ahora también nos dicen que la entidades financieras se encuentran en emergencia, lo que no resiste el menor análisis. Nadie hoy puede decir que es necesario declarar la emergencia económica y financiera del Estado.
A raíz de la declaración de la emergencia, también vamos a tratar un proyecto vinculado con la retención a los hidrocarburos, donde el tema se independiza de esta iniciativa y se lo incorpora a otra norma que contempla un plazo de cinco años.
Nos preguntamos cómo es posible que se quiera llevar adelante este proceso de prórroga de la emergencia económica, cuando todos los meses leemos informes sobre cómo se incrementa la recaudación. No pueden decirnos que es necesario contar con esta herramienta.
Hoy se requiere que los legisladores nos pongamos a trabajar y brindemos una solución al treinta por ciento de la población argentina que se encuentra bajo la línea de pobreza.
Por eso señalamos que se debe declarar la emergencia social por un año, a fin de que demos la respuesta necesaria a nuestros conciudadanos, que para poder contar con los mínimos elementos para el mantenimiento de sus hogares tienen que recurrir a punteros políticos, que ya hemos visto que aparecen cada vez que hay elecciones.
Los planes sociales se utilizan únicamente con una connotación clientelar. Por eso decimos que es necesario que el Congreso brinde respuesta a la gente, pero la contestación debe contemplar a ciudadanos y no a súbditos, situación en la que se pretende seguir teniendo a la gente en la República Argentina. (Aplausos.)
En esa ocasión se nos dijo que la República Argentina venía creciendo a una tasa que oscilaba entre el 8 y el 9 por ciento; que ese crecimiento se había prolongado más de treinta y seis meses; también se nos dijo que hacía prácticamente cien años que no se había producido un crecimiento tan sostenido en la República Argentina.
Entonces, cuando escucho al señor diputado Snopek hablar de la necesidad de contar nuevamente con la prórroga de esta ley de emergencia económica -haciendo referencia a los helicópteros-, creo que está equivocado, porque parece que estamos volviendo a escuchar aquel mensaje que nos decía que en tres horas, atravesando la estratosfera, íbamos a estar en Japón. Esta es la misma situación. Quizás algunos crean que los argentinos estamos en la estratosfera, cuando en realidad tenemos un crecimiento
-como dijo el presidente- que varía entre el 8 y el 9 por ciento anual.
Entonces, cuando escuchamos que se nos dice que si no aprobamos la prórroga de la emergencia económica la República Argentina corre el serio riesgo de perder ante el CIADI, deberíamos leer la resolución del 3 de octubre de 2006 en el caso de la Argentina, ARB/02/1. Allí se establece que el CIADI ha considerado como hecho notorio que la gravísima crisis argentina duró desde el 1° de diciembre de 2001 hasta el 26 de abril de 2003.
De ello deriva que para tal Tribunal desde el 27 de abril de 2003 y hasta la fecha no existe en la República Argentina un estado de necesidad que pueda sustentar la alegación de una defensa que se apoye en la vigencia local de la ley de emergencia 25.561.
Planteamos aquí que es necesario recobrar la normalidad en el Estado y mostrar a los argentinos y al mundo que en esta normalidad que existe en el país se pueden realizar inversiones. Esto es lo que planteamos.
Lo que es lógico, y es un deber de esta Cámara, es analizar y evaluar la emergencia social, de la cual no hemos salido. Pero deseo advertir que se quiere llevar esa emergencia a los extremos más graves, como lo vio el pueblo argentino en el caso de Misiones. En esa provincia vimos cómo se utilizaban los recursos de la asistencia social y cómo se coaccionaba a la gente.
En esta emergencia social debemos discutir los Programas Jefes de Hogar, que sí debemos prorrogar por un año más. Desde este Congreso tenemos la obligación de dictar normas que permitan que los argentinos -que hoy son utilizados y se sienten rehenes- se sientan ciudadanos.
Necesitamos establecer un régimen de seguridad social básica de carácter universal e igualitario, declarando el derecho del ciudadano como inherente a los habitantes de nuestro país.
Por ello, en el artículo 1° de nuestro dictamen planteamos que en este aspecto la prórroga debe darse. Pero es obligación de este Congreso dictar una norma de las características señaladas, que contemple una asignación monetaria al niño, independiente de la condición laboral de sus padres, a los mayores de 65 años imposibilitados de jubilarse, con independencia de su historia laboral, y a los desempleados con personas a cargo mayores de 50 años o hijos menores de 25 años que no trabajen ni estudien.
Sobre esos casos tenemos que trabajar para otorgar beneficios sociales; allí es donde debemos apuntar.
En cuanto a la prórroga de la renegociación de los contratos es necesario recordar que cuando se sancionó la ley de emergencia económica en la República Argentina había un total de sesenta y cuatro contratos sin renegociar; hoy vemos que en cinco años se ha renegociado con veintinueve empresas. Esto sí nos muestra ineficacia e ineptitud. No podemos permitir que se nos diga que en cinco años no se han podido renegociar los contratos de las empresas privatizadas, concesionarias de servicios públicos. Esta era la obligación del Estado, pero ya llevamos más de cinco años y no se ha dado ninguna solución.
Por eso decimos que seis meses son suficientes para terminar de renegociar los contratos que faltan. Nos preguntamos cuál es la emergencia que existe en la República Argentina y quiénes se encuentran inmersos en ella.
La señora presidenta debe recordar perfectamente, pues estaba a cargo de determinadas funciones, la época en que se implementaron soluciones a los trabajadores. Nosotros tuvimos la necesidad de salir a dar una respuesta directa y así se crearon los programas Jefes de Hogar.
Hoy la situación es muy distinta a la que existía con las entidades bancarias. Ahora también nos dicen que la entidades financieras se encuentran en emergencia, lo que no resiste el menor análisis. Nadie hoy puede decir que es necesario declarar la emergencia económica y financiera del Estado.
A raíz de la declaración de la emergencia, también vamos a tratar un proyecto vinculado con la retención a los hidrocarburos, donde el tema se independiza de esta iniciativa y se lo incorpora a otra norma que contempla un plazo de cinco años.
Nos preguntamos cómo es posible que se quiera llevar adelante este proceso de prórroga de la emergencia económica, cuando todos los meses leemos informes sobre cómo se incrementa la recaudación. No pueden decirnos que es necesario contar con esta herramienta.
Hoy se requiere que los legisladores nos pongamos a trabajar y brindemos una solución al treinta por ciento de la población argentina que se encuentra bajo la línea de pobreza.
Por eso señalamos que se debe declarar la emergencia social por un año, a fin de que demos la respuesta necesaria a nuestros conciudadanos, que para poder contar con los mínimos elementos para el mantenimiento de sus hogares tienen que recurrir a punteros políticos, que ya hemos visto que aparecen cada vez que hay elecciones.
Los planes sociales se utilizan únicamente con una connotación clientelar. Por eso decimos que es necesario que el Congreso brinde respuesta a la gente, pero la contestación debe contemplar a ciudadanos y no a súbditos, situación en la que se pretende seguir teniendo a la gente en la República Argentina. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(CAMAÑO)
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
SR. BULLRICH, ESTEBAN JOSE (CAP FEDERAL):
Señora presidenta: me referiré al perfil social del dictamen, que ha sido elaborado por el radicalismo, el peronismo nacional, el interbloque Propuesta Federal y el socialismo.
En el artículo 1°, sobre la renovación de contratos, hemos propuesto cambiar el plazo de 360 días por el de 180. La razón de este cambio -me tomará dos minutos explicarlo- es justamente que no quisimos hacer un proyecto meramente político. Entendemos que hay una necesidad de que el país cuente con una normalización de los contratos de servicios públicos. Hay 65 contratos de servicios públicos de los cuales desde la crisis de 2001 a la fecha sólo se renovaron 29.
Venimos extendiendo este plazo por un año, desde hace años, y no se han resuelto todos los problemas. De hecho, con una matemática básica, entendemos que son menos del 50 por ciento los casos que se han resuelto.
Decimos que tiene que haber un plazo perentorio para la resolución de los contratos y creemos que 180 días es más que suficiente. Esta sugerencia fue la que se hizo al bloque de la primera minoría y no fue aceptada. Parece importante remarcarlo en el sentido de que la propuesta que estamos haciendo no tiende a aplicar el teorema de Baglini, es decir, lo estamos haciendo desde la oposición pero queriendo construir.
Estamos haciendo una oposición con una propuesta seria y entendiendo la realidad del país. También tenemos que llamar la atención respecto de esto. Los problemas energéticos tienen que ver con una falta de actualización de las tarifas, con una falta de inversión fruto de esa falta de actualización de los contratos, y también tiene que ver con el incumplimiento de algunos de los contratos de servicios públicos.
Por eso queremos que la emergencia siga, pero queremos que se resuelva. No queremos estar el año que viene votando esta misma ley como lo hicimos el año pasado y el año anterior. Debemos resolver los problemas en serio, más allá del costo político del corto plazo, porque esos costos políticos en el largo plazo van a ser mucho más altos. (Aplausos.)
En el artículo 1°, sobre la renovación de contratos, hemos propuesto cambiar el plazo de 360 días por el de 180. La razón de este cambio -me tomará dos minutos explicarlo- es justamente que no quisimos hacer un proyecto meramente político. Entendemos que hay una necesidad de que el país cuente con una normalización de los contratos de servicios públicos. Hay 65 contratos de servicios públicos de los cuales desde la crisis de 2001 a la fecha sólo se renovaron 29.
Venimos extendiendo este plazo por un año, desde hace años, y no se han resuelto todos los problemas. De hecho, con una matemática básica, entendemos que son menos del 50 por ciento los casos que se han resuelto.
Decimos que tiene que haber un plazo perentorio para la resolución de los contratos y creemos que 180 días es más que suficiente. Esta sugerencia fue la que se hizo al bloque de la primera minoría y no fue aceptada. Parece importante remarcarlo en el sentido de que la propuesta que estamos haciendo no tiende a aplicar el teorema de Baglini, es decir, lo estamos haciendo desde la oposición pero queriendo construir.
Estamos haciendo una oposición con una propuesta seria y entendiendo la realidad del país. También tenemos que llamar la atención respecto de esto. Los problemas energéticos tienen que ver con una falta de actualización de las tarifas, con una falta de inversión fruto de esa falta de actualización de los contratos, y también tiene que ver con el incumplimiento de algunos de los contratos de servicios públicos.
Por eso queremos que la emergencia siga, pero queremos que se resuelva. No queremos estar el año que viene votando esta misma ley como lo hicimos el año pasado y el año anterior. Debemos resolver los problemas en serio, más allá del costo político del corto plazo, porque esos costos políticos en el largo plazo van a ser mucho más altos. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(CAMAÑO)
Tiene la palabra el señor diputado por Chaco, que comparte su tiempo con el señor diputado Aguad.
SR. ZIMMERMANN, VICTOR (CHACO):
Señora presidenta: como ya lo manifestó el miembro informante de nuestro bloque, no vamos a acompañar este proyecto que prorroga las emergencias hasta el 31 de diciembre del año próximo. No lo hacemos porque entendemos que el país en su administración estatal debe recuperar formalmente la normalidad, entendiendo que por varios períodos consecutivos hemos tenido un crecimiento económico sostenido en la Argentina.
Por eso creemos que es necesario abandonar un programa de emergencia permanente. Y lo hacemos fundamentalmente porque entendemos que debemos dar señales concretas hacia el exterior de que este crecimiento económico fue acompañado por acciones políticas que nos llevan a colocar a la Argentina en un nuevo escenario.
Decimos esto porque si no es así, es más necesario e imprescindible empezar a corregir las acciones concretas que se están llevando adelante desde el gobierno nacional.
También quiero hacer un análisis en cuanto al proyecto, fundamentalmente en un punto que nos preocupa, que tiene que ver con el artículo 1º. Si comparamos el artículo 1º de la prórroga de la ley 26.077 con el actual proyecto encontramos sustanciales diferencias, fundamentalmente porque el proyecto anterior prorrogaba la emergencia pero decía con exactitud que se tomarían las medidas necesarias para que el Estado pudiera salir finalmente de la emergencia económica, financiera y social en la Argentina.
Eso no está ahora en este proyecto. Pareciera que a partir de hoy quisiéramos vivir en emergencia permanente. Se sabe que mantener el estado de emergencia consolida una democracia delegada, sin fundamento jurídico, opuesta al Estado de derecho que debe regir en una Nación.
El oficialismo dice permanentemente que el plan económico exitoso se centra en tres puntos básicos: política fiscal solvente a través de un superávit primario y financiero; política monetaria prudente y razonable y política cambiaria competitiva.
Nosotros compartimos esos tres preceptos pero nos llama poderosamente la atención esta prorroga porque hasta el propio presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda el otro día en la discusión aceptaba como acertada esta definición de los tres elementos del proyecto político, y fundamentalmente de lo que tiene que ver con la cuestión económica. Ahora bien; si esto es así, ¿por qué tenemos que seguir en la emergencia económica, social y financiera en la Argentina? Aquí hay una clara contradicción que queremos marcar.
En relación con la emergencia ocupacional, aquella que se ha generado en 2002 fundamentalmente con la creación de los programas Jefes de Hogar -que en aquel momento nosotros compartíamos-, quiero decir lo siguiente con absoluta franqueza. Allí se diseñó un programa de emergencia para dar trabajo a la gente y un programa de emergencia alimentaria.
Después de haber transcurrido varios años y de que el gobierno nacional anunciara este año -hace más de ocho meses- con bombos y platillos el traspaso de los beneficiarios de los programas Jefes de Hogar a un Programa Familia, hoy vemos nuevamente que se está prorrogando la emergencia ocupacional y que eso tiene que ver con los programas Jefes de Hogar.
Me pregunto si no será hora de hacer una revisión e interpretar que las políticas sociales en la Argentina han fracasado y se hace necesario abandonar los programas focalizados e ir hacia programas universales para poder dar una mejor respuesta a la gente.
Señora presidenta: usted sabe tan bien como yo -porque hemos tenido oportunidad de trabajar juntos en la instrumentación de esos planes- que al principio estos equivalían a 150 LECOP. Hoy los más de 1.200.000 beneficiarios que todavía tenemos perciben 150 pesos, cuando la canasta básica está en alrededor de 800 pesos y el salario mínimo también asciende a 800 pesos. Por eso, me parece que resulta más que imprescindible corregir las políticas sociales en la Argentina.
También quiero dedicar un párrafo al tema de la emergencia de la deuda pública. El señor diputado Snopek decía en la Comisión de Presupuesto y Hacienda -y lo dice el oficialismo permanentemente- que la reprogramación de la deuda argentina ha sido la acción política más importante del gobierno del presidente Kirchner. Nosotros también creemos que ha sido una reprogramación importante y por eso hemos votado favorablemente el cierre del canje de la deuda pública en este recinto.
Pero si esa fue la acción política más importante de este gobierno, no entendemos por qué tenemos que seguir con la emergencia en el sector financiero y fundamentalmente en lo referido con la deuda pública. En esto también queremos marcar una clara contradicción. Nosotros creemos que prorrogar la emergencia significa prorrogar la discusión de las políticas de fondo.
Para terminar, quiero tomar las palabras de la ministra de Economía, Felisa Miceli, que en reiteradas oportunidades dijo que en la Argentina es necesario discutir políticas de mediano y largo plazo y no seguir con las prórrogas. Y discutir políticas de mediano y largo plazo significa fijar políticas de Estado para brindar a los argentinos una mejor redistribución del ingreso, discutir políticas tributarias y fiscales, discutir coparticipación federal y discutir nuevos programas sociales para lograr más inclusión, es decir, abandonar los programas focalizados de la prebenda en la Argentina para ir hacia programas universales.
Por estos motivos y por los que va a dar el señor diputado Aguad, nosotros no vamos a acompañar este proyecto sino que, como dijo el señor diputado Giubergia, vamos a votar por la negativa.
Por eso creemos que es necesario abandonar un programa de emergencia permanente. Y lo hacemos fundamentalmente porque entendemos que debemos dar señales concretas hacia el exterior de que este crecimiento económico fue acompañado por acciones políticas que nos llevan a colocar a la Argentina en un nuevo escenario.
Decimos esto porque si no es así, es más necesario e imprescindible empezar a corregir las acciones concretas que se están llevando adelante desde el gobierno nacional.
También quiero hacer un análisis en cuanto al proyecto, fundamentalmente en un punto que nos preocupa, que tiene que ver con el artículo 1º. Si comparamos el artículo 1º de la prórroga de la ley 26.077 con el actual proyecto encontramos sustanciales diferencias, fundamentalmente porque el proyecto anterior prorrogaba la emergencia pero decía con exactitud que se tomarían las medidas necesarias para que el Estado pudiera salir finalmente de la emergencia económica, financiera y social en la Argentina.
Eso no está ahora en este proyecto. Pareciera que a partir de hoy quisiéramos vivir en emergencia permanente. Se sabe que mantener el estado de emergencia consolida una democracia delegada, sin fundamento jurídico, opuesta al Estado de derecho que debe regir en una Nación.
El oficialismo dice permanentemente que el plan económico exitoso se centra en tres puntos básicos: política fiscal solvente a través de un superávit primario y financiero; política monetaria prudente y razonable y política cambiaria competitiva.
Nosotros compartimos esos tres preceptos pero nos llama poderosamente la atención esta prorroga porque hasta el propio presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda el otro día en la discusión aceptaba como acertada esta definición de los tres elementos del proyecto político, y fundamentalmente de lo que tiene que ver con la cuestión económica. Ahora bien; si esto es así, ¿por qué tenemos que seguir en la emergencia económica, social y financiera en la Argentina? Aquí hay una clara contradicción que queremos marcar.
En relación con la emergencia ocupacional, aquella que se ha generado en 2002 fundamentalmente con la creación de los programas Jefes de Hogar -que en aquel momento nosotros compartíamos-, quiero decir lo siguiente con absoluta franqueza. Allí se diseñó un programa de emergencia para dar trabajo a la gente y un programa de emergencia alimentaria.
Después de haber transcurrido varios años y de que el gobierno nacional anunciara este año -hace más de ocho meses- con bombos y platillos el traspaso de los beneficiarios de los programas Jefes de Hogar a un Programa Familia, hoy vemos nuevamente que se está prorrogando la emergencia ocupacional y que eso tiene que ver con los programas Jefes de Hogar.
Me pregunto si no será hora de hacer una revisión e interpretar que las políticas sociales en la Argentina han fracasado y se hace necesario abandonar los programas focalizados e ir hacia programas universales para poder dar una mejor respuesta a la gente.
Señora presidenta: usted sabe tan bien como yo -porque hemos tenido oportunidad de trabajar juntos en la instrumentación de esos planes- que al principio estos equivalían a 150 LECOP. Hoy los más de 1.200.000 beneficiarios que todavía tenemos perciben 150 pesos, cuando la canasta básica está en alrededor de 800 pesos y el salario mínimo también asciende a 800 pesos. Por eso, me parece que resulta más que imprescindible corregir las políticas sociales en la Argentina.
También quiero dedicar un párrafo al tema de la emergencia de la deuda pública. El señor diputado Snopek decía en la Comisión de Presupuesto y Hacienda -y lo dice el oficialismo permanentemente- que la reprogramación de la deuda argentina ha sido la acción política más importante del gobierno del presidente Kirchner. Nosotros también creemos que ha sido una reprogramación importante y por eso hemos votado favorablemente el cierre del canje de la deuda pública en este recinto.
Pero si esa fue la acción política más importante de este gobierno, no entendemos por qué tenemos que seguir con la emergencia en el sector financiero y fundamentalmente en lo referido con la deuda pública. En esto también queremos marcar una clara contradicción. Nosotros creemos que prorrogar la emergencia significa prorrogar la discusión de las políticas de fondo.
Para terminar, quiero tomar las palabras de la ministra de Economía, Felisa Miceli, que en reiteradas oportunidades dijo que en la Argentina es necesario discutir políticas de mediano y largo plazo y no seguir con las prórrogas. Y discutir políticas de mediano y largo plazo significa fijar políticas de Estado para brindar a los argentinos una mejor redistribución del ingreso, discutir políticas tributarias y fiscales, discutir coparticipación federal y discutir nuevos programas sociales para lograr más inclusión, es decir, abandonar los programas focalizados de la prebenda en la Argentina para ir hacia programas universales.
Por estos motivos y por los que va a dar el señor diputado Aguad, nosotros no vamos a acompañar este proyecto sino que, como dijo el señor diputado Giubergia, vamos a votar por la negativa.
SRA. PRESIDENTA(CAMAÑO)
Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
SR. AGUAD, OSCAR RAUL (CORDOBA):
Señora presidenta: el solo hecho de que estemos hablando de una prórroga de la ley de emergencia puede implicar dos cosas: que estemos frente a la constatación de los magros resultados de la política económica aplicada desde hace tres años, cuyos indicadores parecieran demostrar lo contrario, o que estemos frente a una picardía de repercusión institucional, que por su discrecionalidad tampoco será de efectos neutros.
Hay indicadores que avalarían la primera hipótesis, por lo que ameritaría admitir que pese a la coyuntura internacional favorable y al superávit fiscal, el país sigue en grave emergencia ya que la estructura productiva permanece intacta pese a ser la generadora de la gran crisis de fines de los 90, cuando se terminó el crédito y el fruto de las privatizaciones.
Ello lo ratifican dos reconocimientos expresos de la ministra de Economía de la Nación.
Antes de analizar las palabras de la señora ministra quiero decir lo siguiente: confiamos en el timonel, y queremos que nos deposite en buen puerto. Solamente pedimos al timonel que escuche a quien piensa distinto. A lo mejor nosotros también tenemos algo de verdad.
Por eso quiero interpretar las palabras de la señora Miceli, quien dijo: "Al país le hace falta un shock de inversiones." Este es el reconocimiento más extraordinario de que el país está anclado excluyentemente a la coyuntura internacional porque las políticas del Estado no generan inversiones de largo plazo, de calidad o reproductivas, que son las que le hacen falta a la Argentina.
Además, la ministra puso sobre la mesa otro dato que es muy importante para nuestra economía: la consolidación de la estructura subdesarrollada, cuya matriz es la fotografía de que la Argentina exporta por 465 dólares la tonelada e importa por un valor de 1.500 dólares la tonelada, es decir, tres veces más. Esa es la foto del subdesarrollo que tiene que cambiar nuestro país; esa es la demostración de que la Argentina permanece en emergencia, porque no ha logrado revertir su matriz productiva.
Todos los indicadores de la economía son extraordinarios, salvo estos, que son los que van a demostrar si aprendimos o no la lección. Obviamente que estamos a tiempo; falta un largo camino por recorrer. Pero hay que revertir algunas cuestiones de la política económica para que florezcan las inversiones productivas y no aquellas que se depositan en Puerto Madero, en el Gran Córdoba, o en el Gran Rosario, que son inversiones que sólo buscan ganancias en el menor tiempo posible.
Hay otras cuestiones que verifican lo que estamos diciendo: el hecho de que nuestras exportaciones estén constituidas en un 75 por ciento por productos primarios -igual que en la década del 90-; el dato de la ineficiencia del gasto en infraestructura pese a los suculentos fondos destinados; la desnacionalización de empresas, aun en segmentos de alta competitividad, como lo demostró el caso de la casi desnacionalización de la empresa Sancor, en Córdoba y Santa Fe; la angustia que se genera por el aumento de la demanda energética y la subejecución de fondos destinados al fomento de las pequeñas y medianas empresas.
También dije que esto se podría tratar de una picardía, en cuyo caso estaríamos dando una mala señal de discrecionalidad que también conspirará contra el objetivo de aumentar la tasa y la calidad de las inversiones de largo plazo que son necesarias para aprovechar y no quedar sujetos a variaciones o cimbronazos del comercio exterior.
Por ambas situaciones no podemos acompañar con nuestro voto este proyecto. En el primer caso, reitero, al no priorizarse la inversión pública en obras que dispararían inversiones privadas en los sectores más reproductivos de la economía, la inversión privada se concentra en las -como hemos dicho- actividades de más alta rentabilidad en el menor tiempo posible: por caso las inversiones inmobiliarias.
Además, la ausencia de un programa de desarrollo deriva en que las transferencias de recursos fiscales la sociedad, principalmente de los sectores medios y más desfavorecidos a partir de la renta impositiva que tendrá este año un incremento verificable récord del 26 por ciento, queda a merced del cortoplacismo, dispersándose clientelarmente y, por lo tanto, no cumpliendo el objetivo de retribuir beneficios en forma equitativa.
Podríamos mencionar también que la creación de la empresa ENARSA no significó una proyección de mayor producción de gas y petróleo, esenciales para un proceso de desarrollo, y que muchos incentivos fiscales y anuncios crediticios no llegaron finalmente al sector de las pequeñas y medianas empresas, que son el eje de toda reconstrucción productiva y del tejido social.
Por esa ineficaz y al mismo tiempo pródiga ejecución del gasto amparado en la emergencia, a pesar de los cuarenta y seis meses de crecimiento ininterrumpido no hemos logrado hacer variar en la misma medida la desigualdad social, generándose una concentración de la renta en los segmentos de menor reproducción de riquezas y la importación de herramientas para el sector agropecuario y de automotores, lo cual paradójicamente significa otorgar ganancias empresarias y pagar salarios a extranjeros.
Para que se entienda que no se ha roto la tendencia de los años 90 basta un solo ejemplo. De cada cien automóviles que circulan en el país, sesenta son fabricados en Brasil, y un altísimo porcentaje de los que se fabrican en la Argentina están ensamblados con autopartes extranjeras. Esto es, en números, el déficit de nuestra balanza comercial con Brasil, que en los primeros once meses del año 2006 ascendió a 3.494 millones de dólares.
Este proceso se ha agudizado ya que al no comprarnos Brasil los commodities tradicionales en razón de su autoabastecimiento en carnes y petróleo, se ha profundizado la asimetría que nos empobrece y que no podrá ser alterada, más allá de la muy buena relación que mantengan ambos presidentes dado que no se trata de un problema de voluntarismo o improvisación sino de una cuestión relacionada con la previsibilidad de una política económica de largo plazo, cuya inexistencia explicaría la no concurrencia de inversiones reproductivas pese a que el país exhibe un índice récord de 253 puntos de riesgo. Aun con este riesgo, que es bajísimo, la Argentina no concentra inversiones de largo plazo.
¿Cómo explicarnos, entonces, que Chile atraiga el doble de inversiones directas que recibe nuestro país y que el porcentaje de inversiones respecto de su PBI esté 10 puntos por encima del nuestro? Alguna explicación debemos encontrar a esta falta de correspondencia entre los números de la economía y los resultados económicos.
Frente a esta realidad, insistir en la emergencia -a no ser que los resultados de la política económica no sean tan sustentables como declama el gobierno- sería un absurdo y significaría, a nuestro juicio, seguir delegando facultades que conspiran contra las inversiones a las que aspiramos nosotros, e incluso, la ministra de Economía y Producción. El gobierno ha demostrado hasta el hartazgo que las utiliza en sentido contrario a lo que aconseja la regla de la razón y la experiencia, que enseña que para que algo cambie hay que dejar de hacer siempre lo mismo. (Aplausos.)
Hay indicadores que avalarían la primera hipótesis, por lo que ameritaría admitir que pese a la coyuntura internacional favorable y al superávit fiscal, el país sigue en grave emergencia ya que la estructura productiva permanece intacta pese a ser la generadora de la gran crisis de fines de los 90, cuando se terminó el crédito y el fruto de las privatizaciones.
Ello lo ratifican dos reconocimientos expresos de la ministra de Economía de la Nación.
Antes de analizar las palabras de la señora ministra quiero decir lo siguiente: confiamos en el timonel, y queremos que nos deposite en buen puerto. Solamente pedimos al timonel que escuche a quien piensa distinto. A lo mejor nosotros también tenemos algo de verdad.
Por eso quiero interpretar las palabras de la señora Miceli, quien dijo: "Al país le hace falta un shock de inversiones." Este es el reconocimiento más extraordinario de que el país está anclado excluyentemente a la coyuntura internacional porque las políticas del Estado no generan inversiones de largo plazo, de calidad o reproductivas, que son las que le hacen falta a la Argentina.
Además, la ministra puso sobre la mesa otro dato que es muy importante para nuestra economía: la consolidación de la estructura subdesarrollada, cuya matriz es la fotografía de que la Argentina exporta por 465 dólares la tonelada e importa por un valor de 1.500 dólares la tonelada, es decir, tres veces más. Esa es la foto del subdesarrollo que tiene que cambiar nuestro país; esa es la demostración de que la Argentina permanece en emergencia, porque no ha logrado revertir su matriz productiva.
Todos los indicadores de la economía son extraordinarios, salvo estos, que son los que van a demostrar si aprendimos o no la lección. Obviamente que estamos a tiempo; falta un largo camino por recorrer. Pero hay que revertir algunas cuestiones de la política económica para que florezcan las inversiones productivas y no aquellas que se depositan en Puerto Madero, en el Gran Córdoba, o en el Gran Rosario, que son inversiones que sólo buscan ganancias en el menor tiempo posible.
Hay otras cuestiones que verifican lo que estamos diciendo: el hecho de que nuestras exportaciones estén constituidas en un 75 por ciento por productos primarios -igual que en la década del 90-; el dato de la ineficiencia del gasto en infraestructura pese a los suculentos fondos destinados; la desnacionalización de empresas, aun en segmentos de alta competitividad, como lo demostró el caso de la casi desnacionalización de la empresa Sancor, en Córdoba y Santa Fe; la angustia que se genera por el aumento de la demanda energética y la subejecución de fondos destinados al fomento de las pequeñas y medianas empresas.
También dije que esto se podría tratar de una picardía, en cuyo caso estaríamos dando una mala señal de discrecionalidad que también conspirará contra el objetivo de aumentar la tasa y la calidad de las inversiones de largo plazo que son necesarias para aprovechar y no quedar sujetos a variaciones o cimbronazos del comercio exterior.
Por ambas situaciones no podemos acompañar con nuestro voto este proyecto. En el primer caso, reitero, al no priorizarse la inversión pública en obras que dispararían inversiones privadas en los sectores más reproductivos de la economía, la inversión privada se concentra en las -como hemos dicho- actividades de más alta rentabilidad en el menor tiempo posible: por caso las inversiones inmobiliarias.
Además, la ausencia de un programa de desarrollo deriva en que las transferencias de recursos fiscales la sociedad, principalmente de los sectores medios y más desfavorecidos a partir de la renta impositiva que tendrá este año un incremento verificable récord del 26 por ciento, queda a merced del cortoplacismo, dispersándose clientelarmente y, por lo tanto, no cumpliendo el objetivo de retribuir beneficios en forma equitativa.
Podríamos mencionar también que la creación de la empresa ENARSA no significó una proyección de mayor producción de gas y petróleo, esenciales para un proceso de desarrollo, y que muchos incentivos fiscales y anuncios crediticios no llegaron finalmente al sector de las pequeñas y medianas empresas, que son el eje de toda reconstrucción productiva y del tejido social.
Por esa ineficaz y al mismo tiempo pródiga ejecución del gasto amparado en la emergencia, a pesar de los cuarenta y seis meses de crecimiento ininterrumpido no hemos logrado hacer variar en la misma medida la desigualdad social, generándose una concentración de la renta en los segmentos de menor reproducción de riquezas y la importación de herramientas para el sector agropecuario y de automotores, lo cual paradójicamente significa otorgar ganancias empresarias y pagar salarios a extranjeros.
Para que se entienda que no se ha roto la tendencia de los años 90 basta un solo ejemplo. De cada cien automóviles que circulan en el país, sesenta son fabricados en Brasil, y un altísimo porcentaje de los que se fabrican en la Argentina están ensamblados con autopartes extranjeras. Esto es, en números, el déficit de nuestra balanza comercial con Brasil, que en los primeros once meses del año 2006 ascendió a 3.494 millones de dólares.
Este proceso se ha agudizado ya que al no comprarnos Brasil los commodities tradicionales en razón de su autoabastecimiento en carnes y petróleo, se ha profundizado la asimetría que nos empobrece y que no podrá ser alterada, más allá de la muy buena relación que mantengan ambos presidentes dado que no se trata de un problema de voluntarismo o improvisación sino de una cuestión relacionada con la previsibilidad de una política económica de largo plazo, cuya inexistencia explicaría la no concurrencia de inversiones reproductivas pese a que el país exhibe un índice récord de 253 puntos de riesgo. Aun con este riesgo, que es bajísimo, la Argentina no concentra inversiones de largo plazo.
¿Cómo explicarnos, entonces, que Chile atraiga el doble de inversiones directas que recibe nuestro país y que el porcentaje de inversiones respecto de su PBI esté 10 puntos por encima del nuestro? Alguna explicación debemos encontrar a esta falta de correspondencia entre los números de la economía y los resultados económicos.
Frente a esta realidad, insistir en la emergencia -a no ser que los resultados de la política económica no sean tan sustentables como declama el gobierno- sería un absurdo y significaría, a nuestro juicio, seguir delegando facultades que conspiran contra las inversiones a las que aspiramos nosotros, e incluso, la ministra de Economía y Producción. El gobierno ha demostrado hasta el hartazgo que las utiliza en sentido contrario a lo que aconseja la regla de la razón y la experiencia, que enseña que para que algo cambie hay que dejar de hacer siempre lo mismo. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(CAMAÑO)
Tiene la palabra el señor diputado Martini, quien compartirá su término con el señor diputado Vanossi.
SR. MARTINI, HUGO (CAP FEDERAL):
Señora presidenta: adelanto el voto afirmativo al dictamen de minoría que hemos suscripto con el bloque de la Unión Cívica Radical y las bancadas del Justicialismo Nacional, Socialista y del interbloque Propuesta Federal.
Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª de la Honorable Cámara, doña Patricia Vaca Narvaja.
SR. MARTINI, HUGO (CAP FEDERAL):
Desde el 25 de mayo de 2003, cuando asumió el presidente Kirchner -hace poco más de tres años y medio-, pocas veces hemos tenido la oportunidad -que estamos perdiendo- de firmar un despacho común la mayoría, la primera minoría, y el resto de los bloques de la Cámara que votará negativamente el dictamen de mayoría.
Es una lástima que estemos perdiendo esta posibilidad. ¿Qué dice el despacho de mayoría? En primer lugar, que lo peor del caos que vivimos en el segundo trimestre de 2001 y de 2002, respectivamente, ha sido superado. En segundo término, que debemos mantener institucionalmente la totalidad de las emergencias aprobadas en aquellos días prorrogando por un año tal situación.
¿Qué dice el despacho de minoría que nosotros sostenemos? En primer lugar, exactamente lo mismo que el dictamen de mayoría: lo peor que vivimos en aquel momento caótico del último semestre de 2001 y el primer semestre de 2002 ha sido superado.
En segundo lugar, el despacho de la minoría dice -y acá está la diferencia- que debemos empezar en forma ordenada y por etapas a salir de aquella situación excepcional; que mantengamos la emergencia social también por otro año; que acotemos a seis meses la capacidad del Poder Ejecutivo para el refinanciamiento de los contratos con las empresas privatizadas, y contiene alguna otra cláusula que no cambia ni lesiona la autoridad presidencial.
Todas las acciones que tomamos tienen efectos y esto no podemos evitarlo. Los efectos más serios que hay ya han sido explicados en el informe del dictamen de minoría; seguramente serán sostenidos técnica y estadísticamente por el resto de los señores diputados que apoyan el dictamen de minoría.
Todo esto me lleva a pensar en otra visión, para no repetir permanentemente los argumentos económicos estadísticos que son tan valiosos. Vamos a fijarnos qué es lo que estamos tutelando al votar esto.
La Constitución habla de bienes jurídicos tutelados, por ejemplo, cuando habla de la defensa del consumidor. Y tenemos que elegir entre tutelar la facultad del señor presidente de la República de seguir legislando en materia de emergencia, como si nada hubiera pasado, o proteger -algo que se está dejando de considerar- la confianza del pueblo en sus dirigentes.
Estoy usando la palabra "pueblo" en un sentido genérico. Quiero evitar que, por supuesto, fuera de este recinto alguien interprete que la palabra "pueblo", la palabra "gente" y la expresión "hombres y mujeres que habitan en esta tierra" pertenecen a categorías políticas distintas.
Estoy hablando en términos generales de la gente del pueblo, estoy hablando con todo respeto de esa categoría social. Y no podemos dejar de reconocer que ese pueblo tiene de nosotros, los diputados, una de las opiniones más bajas, porque nosotros pertenecemos -sin distinción de partidos- a uno de los grupos más desprestigiados de la sociedad argentina.
Éste no es un problema de partidos, no es un problema de derecha, de izquierda, de la mayoría, de la minoría, del liberalismo o del socialismo. Es un problema de toda la dirigencia. Para la gente común y corriente, para la gente que sostiene el esfuerzo nacional anónimamente, la más valiosa, políticos somos todos: el presidente de la República, el vicepresidente, los gobernadores de provincia, las mayorías y las minorías en el Congreso y en los cuerpos legislativos, los intendentes y los concejales de todo el país.
Como los encuestadores en la Argentina están algo desprestigiados yo diría que la encuesta la hagamos nosotros, que vayamos a cada uno de los pueblos, ciudades y barrios donde vivimos y formulamos a la gente que no nos conoce tres preguntas.
La primera pregunta sería: ¿usted cree que estamos viviendo en las mismas condiciones sociales que en enero del año 2002? La respuesta que vamos a recibir es bastante obvia. La mayoría de la gente, una proporción de nueve sobre diez, diría que no está sufriendo esa situación.
Hay enormes baches sociales en la distribución del ingreso y en la vida de los argentinos, pero ésta no es la situación de emergencia total que tuvimos en aquel fin del año 2001.
La segunda pregunta que deberíamos realizar es: ¿usted sabe que los diputados y los senadores de la Nación Argentina votaron la prórroga de la emergencia total, como si la situación fuera la del año 2001? Seguramente nos dirían: ¿y qué quieren, son políticos?
Reitero que los políticos somos todos, desde el presidente de la República hasta el concejal de minoría del pueblo más perdido de la Argentina.
La tercera pregunta sería: ¿usted quiere que el sistema político cambie porque no cree en los dirigentes? No quiero que el sistema político cambie sino que se mantenga, y aquí nos encontramos frente a una formidable contradicción, una más de las que tenemos en nuestro país.
Una de esas contradicciones es que por lo menos una inmensa proporción de la gente racional en la Argentina quiere mantener el sistema político de la democracia. Ahora bien, ¿cómo se puede mantener un sistema político donde la mayoría no cree en los hombres que lo conducen?
Esta violenta contradicción tiene un problema que es, por un lado, notable y, por el otro, peligroso. Lo notable es que por medio de un sistema político se está obligando al pueblo a votar cada dos años a un grupo de dirigentes a los que no les cree, incluso a los que vota. En cuanto al peligro, cabe preguntar cuánto tiempo será legítimo ese sistema -otra vez lo mismo- si permanentemente el pueblo está obligado a votar cada dos años a aquellos en los que no cree.
Pudimos haber elaborado un despacho común. Con independencia de los valores o deméritos que tenga en materia técnica, el dictamen de mayoría contribuye a ese desencanto, porque la gente no cree que estemos en la emergencia total de 2001. Por su parte, el dictamen de minoría se hizo a favor de una solución que constituya una salida ordenada de la emergencia, no se redactó en contra de nadie, y reunió por primera vez la firma de los partidos políticos que lo suscriben, y configura un camino para salir -a pasos, lentamente- hacia la normalidad institucional.
Considero que la mayoría confunde el bien jurídico protegido, que para ella es la autoridad presidencial. Sostengo esto porque aun con todas las críticas que se pueden formular al presidente, lo cierto es que se ha encargado de ejercer y restablecer la autoridad presidencial -diría- casi en su totalidad.
Personalmente, me inclino por defender el otro bien jurídico: la credibilidad de nuestros actos y la confianza del pueblo, que creo que con esta sanción las haremos retroceder en algún punto. (Aplausos.)
Es una lástima que estemos perdiendo esta posibilidad. ¿Qué dice el despacho de mayoría? En primer lugar, que lo peor del caos que vivimos en el segundo trimestre de 2001 y de 2002, respectivamente, ha sido superado. En segundo término, que debemos mantener institucionalmente la totalidad de las emergencias aprobadas en aquellos días prorrogando por un año tal situación.
¿Qué dice el despacho de minoría que nosotros sostenemos? En primer lugar, exactamente lo mismo que el dictamen de mayoría: lo peor que vivimos en aquel momento caótico del último semestre de 2001 y el primer semestre de 2002 ha sido superado.
En segundo lugar, el despacho de la minoría dice -y acá está la diferencia- que debemos empezar en forma ordenada y por etapas a salir de aquella situación excepcional; que mantengamos la emergencia social también por otro año; que acotemos a seis meses la capacidad del Poder Ejecutivo para el refinanciamiento de los contratos con las empresas privatizadas, y contiene alguna otra cláusula que no cambia ni lesiona la autoridad presidencial.
Todas las acciones que tomamos tienen efectos y esto no podemos evitarlo. Los efectos más serios que hay ya han sido explicados en el informe del dictamen de minoría; seguramente serán sostenidos técnica y estadísticamente por el resto de los señores diputados que apoyan el dictamen de minoría.
Todo esto me lleva a pensar en otra visión, para no repetir permanentemente los argumentos económicos estadísticos que son tan valiosos. Vamos a fijarnos qué es lo que estamos tutelando al votar esto.
La Constitución habla de bienes jurídicos tutelados, por ejemplo, cuando habla de la defensa del consumidor. Y tenemos que elegir entre tutelar la facultad del señor presidente de la República de seguir legislando en materia de emergencia, como si nada hubiera pasado, o proteger -algo que se está dejando de considerar- la confianza del pueblo en sus dirigentes.
Estoy usando la palabra "pueblo" en un sentido genérico. Quiero evitar que, por supuesto, fuera de este recinto alguien interprete que la palabra "pueblo", la palabra "gente" y la expresión "hombres y mujeres que habitan en esta tierra" pertenecen a categorías políticas distintas.
Estoy hablando en términos generales de la gente del pueblo, estoy hablando con todo respeto de esa categoría social. Y no podemos dejar de reconocer que ese pueblo tiene de nosotros, los diputados, una de las opiniones más bajas, porque nosotros pertenecemos -sin distinción de partidos- a uno de los grupos más desprestigiados de la sociedad argentina.
Éste no es un problema de partidos, no es un problema de derecha, de izquierda, de la mayoría, de la minoría, del liberalismo o del socialismo. Es un problema de toda la dirigencia. Para la gente común y corriente, para la gente que sostiene el esfuerzo nacional anónimamente, la más valiosa, políticos somos todos: el presidente de la República, el vicepresidente, los gobernadores de provincia, las mayorías y las minorías en el Congreso y en los cuerpos legislativos, los intendentes y los concejales de todo el país.
Como los encuestadores en la Argentina están algo desprestigiados yo diría que la encuesta la hagamos nosotros, que vayamos a cada uno de los pueblos, ciudades y barrios donde vivimos y formulamos a la gente que no nos conoce tres preguntas.
La primera pregunta sería: ¿usted cree que estamos viviendo en las mismas condiciones sociales que en enero del año 2002? La respuesta que vamos a recibir es bastante obvia. La mayoría de la gente, una proporción de nueve sobre diez, diría que no está sufriendo esa situación.
Hay enormes baches sociales en la distribución del ingreso y en la vida de los argentinos, pero ésta no es la situación de emergencia total que tuvimos en aquel fin del año 2001.
La segunda pregunta que deberíamos realizar es: ¿usted sabe que los diputados y los senadores de la Nación Argentina votaron la prórroga de la emergencia total, como si la situación fuera la del año 2001? Seguramente nos dirían: ¿y qué quieren, son políticos?
Reitero que los políticos somos todos, desde el presidente de la República hasta el concejal de minoría del pueblo más perdido de la Argentina.
La tercera pregunta sería: ¿usted quiere que el sistema político cambie porque no cree en los dirigentes? No quiero que el sistema político cambie sino que se mantenga, y aquí nos encontramos frente a una formidable contradicción, una más de las que tenemos en nuestro país.
Una de esas contradicciones es que por lo menos una inmensa proporción de la gente racional en la Argentina quiere mantener el sistema político de la democracia. Ahora bien, ¿cómo se puede mantener un sistema político donde la mayoría no cree en los hombres que lo conducen?
Esta violenta contradicción tiene un problema que es, por un lado, notable y, por el otro, peligroso. Lo notable es que por medio de un sistema político se está obligando al pueblo a votar cada dos años a un grupo de dirigentes a los que no les cree, incluso a los que vota. En cuanto al peligro, cabe preguntar cuánto tiempo será legítimo ese sistema -otra vez lo mismo- si permanentemente el pueblo está obligado a votar cada dos años a aquellos en los que no cree.
Pudimos haber elaborado un despacho común. Con independencia de los valores o deméritos que tenga en materia técnica, el dictamen de mayoría contribuye a ese desencanto, porque la gente no cree que estemos en la emergencia total de 2001. Por su parte, el dictamen de minoría se hizo a favor de una solución que constituya una salida ordenada de la emergencia, no se redactó en contra de nadie, y reunió por primera vez la firma de los partidos políticos que lo suscriben, y configura un camino para salir -a pasos, lentamente- hacia la normalidad institucional.
Considero que la mayoría confunde el bien jurídico protegido, que para ella es la autoridad presidencial. Sostengo esto porque aun con todas las críticas que se pueden formular al presidente, lo cierto es que se ha encargado de ejercer y restablecer la autoridad presidencial -diría- casi en su totalidad.
Personalmente, me inclino por defender el otro bien jurídico: la credibilidad de nuestros actos y la confianza del pueblo, que creo que con esta sanción las haremos retroceder en algún punto. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
SR. VANOSSI, JORGE REINALDO (CAP FEDERAL):
Señora presidenta: cuando se desata una crisis y se entra en estado de emergencia hay que reconocer lo obvio. Cuando se afronta esa crisis y se toman las medidas conducentes a superarla se van visualizando los efectos que permiten afirmar que estamos saliendo de ella. Pero cuando ya se dan ciertos datos objetivos e incluso reconocimientos explícitos por parte de muchos gobernantes en torno a que la crisis está superada, ya no tiene sentido mantener la normativa vigente en el momento en que fue sancionada en razón de que la crisis había hecho eclosión. Son tres o cuatro momentos distintos que es necesario distinguir y reconocer.
Cuando la crisis estalló y estaba todavía en plena ebullición nos permitimos recordar una novela y una película cuyo título era El mar no perdona. Se trataba de un conjunto de náufragos que iba en un bote salvavidas. El oficial que estaba a cargo tuvo que tomar medidas de emergencia muy drásticas, terribles y trágicas con la finalidad de preservar la vida del mayor número de náufragos posible.
Esas medidas se tomaron y luego dieron lugar hasta a un juicio de responsabilidad. Sin embargo, cuando los náufragos son rescatados y se supera la crisis por la que la embarcación pudo haberse tumbado, provocando la muerte de todos, ya no hay crisis y no se justifica su prosecución. Ya nadie pretende seguir aplicando los códigos rigurosos que rigen la navegación y que dan a los capitanes y a los oficiales atribuciones excepcionales en el momento de una tragedia o de un siniestro.
En nuestro país hemos pasado por una situación muy parecida, al punto de que se dictaron normas realmente drásticas, porque el incendio se expandía afectando a un número considerable -cuantitativa y cualitativamente- de la población.
Sin embargo, a partir de cierto momento se inicia la reversión de la crisis: viene el cambio favorable, porque no se profundizan los males y se van aliviando las tensiones. Entonces, al cesar las causas, obviamente también tienen que cesar los efectos.
La jurisprudencia -de esto quiero ocuparme en los escasos minutos que me restan- recoge esas enseñanzas. Esto debemos tenerlo presente, porque lo que hoy se va a votar -si es que se aprueba el despacho de mayoría-, no va a terminar en la sanción de la ley sino que va a continuar con los cuestionamientos que estas prórrogas van a sufrir ante los embates que seguramente llevarán a los tribunales los acreedores o quienes se sientan despojados o heridos en sus derechos adquiridos y pretendan una reparación, que cuando termina o declina una crisis es lógico que la pretendan e incluso que la obtengan, siempre y cuando eso se realice paulatinamente.
Eso se ha debatido en muchas partes del mundo. Por ejemplo, en Inglaterra, lord Birkenhead, uno de los más conservadores estadistas y jueces de la Cámara de los Lores, defendió a muerte la soberanía del Parlamento durante la crisis que se produjo como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Sostenía que el Parlamento podía hacer lo que quisiera para superar la crisis. Señalaba que el pueblo, a través de esos representantes, era libre para elaborar su propia salvación, sin límites.
Cruzando el océano, otro gran juez, Oliver Wendell Holmes, uno de los más celebrados juristas que ha producido el derecho anglosajón, curiosamente estaba a favor de la soberanía de la Constitución y del control por parte de los jueces. Decía Holmes que un tribunal no está en libertad de cerrar sus ojos, es decir, de cegarse, ante un error obvio, cuando la validez de ley depende de que sea verdad lo que se ha declarado.
Personalmente, tengo mis serias dudas de que sea verdad lo que se declara en este despacho de mayoría en torno de la justificación de la prórroga de estas normas de emergencia, que es comprensible que hayan sido dictadas en su momento. Cabe recordar que la propia Corte argentina, en los primeros años de la década del 30, a raíz de la crisis de 1929, en el caso "Avico c/ De la Pesa", justificó las moratorias y otras normas que suspendían derechos, desalojos, precios libres, etcétera, a efectos de superar la crisis. Pero, obviamente, todo tenía un límite.
Por eso, tengo miedo de que las prórrogas de las prórrogas sean interpretadas de una manera equívoca, porque en realidad no se puede justificar la autorización para una larga siesta de duración indefinida, con la intención de prolongar las condiciones que son producto del error o de la inactividad gubernamental para tomar el toro por las astas y decir: "Ha llegado la hora de restablecer la seguridad jurídica, declarar la normalidad y poner los derechos en su quicio porque ya se acabó el desquicio".
Eso es lo que hizo la Corte argentina en 1925, cuando luego de prórroga tras prórroga de una ley de emergencia que había sido producto de la crisis habitacional provocada por la Primera Guerra Mundial, dijo: ¡Basta! Primero había dicho que la emergencia estaba justificada y que aceptaba el congelamiento aunque los contratos no se cumplieran. Pero en 1925, finalizada la guerra, en el caso Leonardo Mango contra Ernesto Traba -parece un chiste, pero en realidad había mangos de por medio, porque Mango era el acreedor, y también había trabas para no pagar, porque Traba era el deudor; pido perdón por esta humorada-, la Corte señaló que cesado el tiempo de la extrema opresión económica, freedom of oppression -tomó la expresión que los norteamericanos también han usado: libertad frente a la opresión-, hay que restablecer todas las otras libertades, porque ya no existe esa opresión económica de por medio.
Para cerrar, porque no me quiero extralimitar en el tiempo, voy a manifestar dos cosas.
En el informe del dictamen de minoría que compartimos se cita el tema del CIADI. Precisamente, se hace mención de una causa que se está ventilando en un tribunal europeo. Por algo el procurador del Tesoro de la Nación, que es un altísimo funcionario en la órbita del Poder Ejecutivo, el doctor Guglielmino, que también ha sido juez de la Nación -por lo que me merece el mayor respeto y consideración-, ha tenido que decir: "Si perdemos vamos a pagar; si nos condenan vamos a cumplir."
¿Cómo puede ser que un país que mantiene en pie tratados, compromisos y todas las herramientas jurídicas que no ha denunciado ni ha impugnado desde el punto de vista de su no renovación, porque se han renovado tácitamente muchos de esos acuerdos de protección recíproca de inversiones y garantías, pueda llegar a decir una cosa así? Por algo será. Necesitamos recuperar la seguridad jurídica para tener credibilidad y entonces sí llegar al crecimiento auténtico a través de la inversión, comenzando por la inversión doméstica de doña Rosa, que tiene la plata debajo del colchón, como la de los argentinos que la han llevado no sé a dónde, como también la de los que de afuera quieren venir para realizar emprendimientos que requieren de garantías. Ya que he citado a Guglielmino, ahora voy a reproducir otra cita para cerrar mi exposición.
La cita es del 22 de junio de 2001, es decir, a comienzos de la crisis. Este gran jurista argentino decía que toda limitación del derecho requiere demostrar la existencia de argumentos razonables. La limitación debe respetar el contenido esencial del derecho de modo de no desnaturalizarlo; ser proporcionada al fin y mostrarse como la única alternativa posible. La restricción debe ser general y no discriminatoria. La restricción debe soportar un test de razonabilidad derivado de un proceso sustantivo, que verifique si el estado final del derecho, luego de la limitación sufrida, es tolerado por la Constitución.
Lo más importante que este eminente hombre del derecho ha dicho en esa fecha tiene que ver con el colofón que citaré ahora: "El problema central de la doctrina de la emergencia económica no está en su existencia, ni en sus elementos de calificación, sino en la aplicación e interpretación exagerada y no restrictiva de la misma."
Es decir que la interpretación tiene que ser restrictiva y no amplificatoria. Esto fue dicho en 2001 por el doctor Ricardo Lorenzetti, actual juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y a partir del 1° de enero del año próximo, presidente del más alto Tribunal de la República que, por autodefinición de la propia Corte, es y será el intérprete final de la Constitución y un tribunal de garantías constitucionales. Sin comentarios. (Aplausos.)
Cuando la crisis estalló y estaba todavía en plena ebullición nos permitimos recordar una novela y una película cuyo título era El mar no perdona. Se trataba de un conjunto de náufragos que iba en un bote salvavidas. El oficial que estaba a cargo tuvo que tomar medidas de emergencia muy drásticas, terribles y trágicas con la finalidad de preservar la vida del mayor número de náufragos posible.
Esas medidas se tomaron y luego dieron lugar hasta a un juicio de responsabilidad. Sin embargo, cuando los náufragos son rescatados y se supera la crisis por la que la embarcación pudo haberse tumbado, provocando la muerte de todos, ya no hay crisis y no se justifica su prosecución. Ya nadie pretende seguir aplicando los códigos rigurosos que rigen la navegación y que dan a los capitanes y a los oficiales atribuciones excepcionales en el momento de una tragedia o de un siniestro.
En nuestro país hemos pasado por una situación muy parecida, al punto de que se dictaron normas realmente drásticas, porque el incendio se expandía afectando a un número considerable -cuantitativa y cualitativamente- de la población.
Sin embargo, a partir de cierto momento se inicia la reversión de la crisis: viene el cambio favorable, porque no se profundizan los males y se van aliviando las tensiones. Entonces, al cesar las causas, obviamente también tienen que cesar los efectos.
La jurisprudencia -de esto quiero ocuparme en los escasos minutos que me restan- recoge esas enseñanzas. Esto debemos tenerlo presente, porque lo que hoy se va a votar -si es que se aprueba el despacho de mayoría-, no va a terminar en la sanción de la ley sino que va a continuar con los cuestionamientos que estas prórrogas van a sufrir ante los embates que seguramente llevarán a los tribunales los acreedores o quienes se sientan despojados o heridos en sus derechos adquiridos y pretendan una reparación, que cuando termina o declina una crisis es lógico que la pretendan e incluso que la obtengan, siempre y cuando eso se realice paulatinamente.
Eso se ha debatido en muchas partes del mundo. Por ejemplo, en Inglaterra, lord Birkenhead, uno de los más conservadores estadistas y jueces de la Cámara de los Lores, defendió a muerte la soberanía del Parlamento durante la crisis que se produjo como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Sostenía que el Parlamento podía hacer lo que quisiera para superar la crisis. Señalaba que el pueblo, a través de esos representantes, era libre para elaborar su propia salvación, sin límites.
Cruzando el océano, otro gran juez, Oliver Wendell Holmes, uno de los más celebrados juristas que ha producido el derecho anglosajón, curiosamente estaba a favor de la soberanía de la Constitución y del control por parte de los jueces. Decía Holmes que un tribunal no está en libertad de cerrar sus ojos, es decir, de cegarse, ante un error obvio, cuando la validez de ley depende de que sea verdad lo que se ha declarado.
Personalmente, tengo mis serias dudas de que sea verdad lo que se declara en este despacho de mayoría en torno de la justificación de la prórroga de estas normas de emergencia, que es comprensible que hayan sido dictadas en su momento. Cabe recordar que la propia Corte argentina, en los primeros años de la década del 30, a raíz de la crisis de 1929, en el caso "Avico c/ De la Pesa", justificó las moratorias y otras normas que suspendían derechos, desalojos, precios libres, etcétera, a efectos de superar la crisis. Pero, obviamente, todo tenía un límite.
Por eso, tengo miedo de que las prórrogas de las prórrogas sean interpretadas de una manera equívoca, porque en realidad no se puede justificar la autorización para una larga siesta de duración indefinida, con la intención de prolongar las condiciones que son producto del error o de la inactividad gubernamental para tomar el toro por las astas y decir: "Ha llegado la hora de restablecer la seguridad jurídica, declarar la normalidad y poner los derechos en su quicio porque ya se acabó el desquicio".
Eso es lo que hizo la Corte argentina en 1925, cuando luego de prórroga tras prórroga de una ley de emergencia que había sido producto de la crisis habitacional provocada por la Primera Guerra Mundial, dijo: ¡Basta! Primero había dicho que la emergencia estaba justificada y que aceptaba el congelamiento aunque los contratos no se cumplieran. Pero en 1925, finalizada la guerra, en el caso Leonardo Mango contra Ernesto Traba -parece un chiste, pero en realidad había mangos de por medio, porque Mango era el acreedor, y también había trabas para no pagar, porque Traba era el deudor; pido perdón por esta humorada-, la Corte señaló que cesado el tiempo de la extrema opresión económica, freedom of oppression -tomó la expresión que los norteamericanos también han usado: libertad frente a la opresión-, hay que restablecer todas las otras libertades, porque ya no existe esa opresión económica de por medio.
Para cerrar, porque no me quiero extralimitar en el tiempo, voy a manifestar dos cosas.
En el informe del dictamen de minoría que compartimos se cita el tema del CIADI. Precisamente, se hace mención de una causa que se está ventilando en un tribunal europeo. Por algo el procurador del Tesoro de la Nación, que es un altísimo funcionario en la órbita del Poder Ejecutivo, el doctor Guglielmino, que también ha sido juez de la Nación -por lo que me merece el mayor respeto y consideración-, ha tenido que decir: "Si perdemos vamos a pagar; si nos condenan vamos a cumplir."
¿Cómo puede ser que un país que mantiene en pie tratados, compromisos y todas las herramientas jurídicas que no ha denunciado ni ha impugnado desde el punto de vista de su no renovación, porque se han renovado tácitamente muchos de esos acuerdos de protección recíproca de inversiones y garantías, pueda llegar a decir una cosa así? Por algo será. Necesitamos recuperar la seguridad jurídica para tener credibilidad y entonces sí llegar al crecimiento auténtico a través de la inversión, comenzando por la inversión doméstica de doña Rosa, que tiene la plata debajo del colchón, como la de los argentinos que la han llevado no sé a dónde, como también la de los que de afuera quieren venir para realizar emprendimientos que requieren de garantías. Ya que he citado a Guglielmino, ahora voy a reproducir otra cita para cerrar mi exposición.
La cita es del 22 de junio de 2001, es decir, a comienzos de la crisis. Este gran jurista argentino decía que toda limitación del derecho requiere demostrar la existencia de argumentos razonables. La limitación debe respetar el contenido esencial del derecho de modo de no desnaturalizarlo; ser proporcionada al fin y mostrarse como la única alternativa posible. La restricción debe ser general y no discriminatoria. La restricción debe soportar un test de razonabilidad derivado de un proceso sustantivo, que verifique si el estado final del derecho, luego de la limitación sufrida, es tolerado por la Constitución.
Lo más importante que este eminente hombre del derecho ha dicho en esa fecha tiene que ver con el colofón que citaré ahora: "El problema central de la doctrina de la emergencia económica no está en su existencia, ni en sus elementos de calificación, sino en la aplicación e interpretación exagerada y no restrictiva de la misma."
Es decir que la interpretación tiene que ser restrictiva y no amplificatoria. Esto fue dicho en 2001 por el doctor Ricardo Lorenzetti, actual juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y a partir del 1° de enero del año próximo, presidente del más alto Tribunal de la República que, por autodefinición de la propia Corte, es y será el intérprete final de la Constitución y un tribunal de garantías constitucionales. Sin comentarios. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires, que comparte su tiempo con el señor diputado Gorbacz.
SR. PEREZ, ADRIAN (BUENOS AIRES):
Señora presidenta: resulta difícil esta discusión. Me da la impresión de que existe una praxis de gobierno que se ha asentado y que hace que cada vez sea más difícil poder discutir algunas cosas.
Recuerdo la primera discusión de la ley de emergencia económica, que generó un debate muy arduo en esta Cámara, al igual que la segunda. Pero veo que de a poco existe una especie de resignación de muchos sectores, y la práctica de vaciamiento del Parlamento y violación de la división de poderes pasa a convalidarse año tras año.
Era impensado hace algunos años que en este contexto que hoy vivimos pudiera nuevamente ser convalidada una entrega de superpoderes tan grande como la que ha otorgado la ley de emergencia económica en el año 2002 en un contexto absolutamente distinto. Uno tiende a reiterarse, pero esta situación produce una muy fuerte frustración.
Coincido con lo que decía el señor miembro informante en cuanto a la difícil situación social que vive la Argentina. El señor diputado Snopek decía que hay una complicada situación social. A tal punto hemos coincidido que en la discusión del presupuesto en el seno de la comisión precisamente lo que pedíamos era que el Parlamento afrontara como tarea prioritaria la cuestión social.
No coincidíamos con la visión que tiene el gobierno, puesta de manifiesto en el propio mensaje del Poder Ejecutivo, según la cual la cuestión social se iba a ir solucionando atada a la cuestión económica. Según esa postura los indicadores sociales iban a ir mejorando en la medida en que los indicadores económicos siguieran el tránsito del crecimiento económico, del aumento de la recaudación, etcétera.
Nosotros decíamos que era la gran asignatura pendiente y que el Parlamento debía afrontar las políticas públicas necesarias para atender este tema prioritario de la cuestión social y resolver los problemas de inequidad en la distribución del ingreso.
Está claro que se trata de una facultad del Parlamento y que la solución está atada a la forma en la que el Congreso afronte esta cuestión.
El señor miembro informante decía que no estaban haciendo nada que no correspondiera. Quiero leer el inciso 19 del artículo 75 de la Constitución Nacional, por si alguien lo ha olvidado. Esa norma establece que corresponde al Parlamento proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional y a la generación de empleo.
Son atribuciones claras del Parlamento nacional y lo que deberíamos hacer hoy es discutir cómo afrontamos esta situación laboral, social y humanitaria, que ciertamente es difícil.
El camino que se elige es otro: delegar esas facultades en el Poder Ejecutivo. Eso implica trasladar atribuciones propias en manos del Ejecutivo y otorgarle nuevamente la suma del poder público, que nunca debería haber sido otorgada.
¿Qué otra cosa más que el otorgamiento de la suma del poder público es lo que establece el artículo 1° de la ley 25.561? Este artículo habilita al Poder Ejecutivo a legislar en todas las materias.
Lo voy a releer simplemente para señalar que claramente estamos dando una delegación tan laxa y amplia que violenta abiertamente el artículo 76 de la Constitución Nacional.
¿Qué estamos delegando en el Poder Ejecutivo? Le decimos que puede legislar para proceder al reordenamiento del sistema financiero, reactivar el funcionamiento de la economía, mejorar el nivel de empleo y distribución del ingreso y crear condiciones favorables para el crecimiento económico sustentable. ¿Qué queremos delegar y qué se autoriza a hacer al Poder Ejecutivo? Con esta atribución tan amplia y laxa, el Poder Ejecutivo indudablemente está facultado para hacer lo que quiera en materia económica, social y financiera. Por lo tanto, no es cierto que no estemos haciendo nada que no corresponda. Estamos haciendo todo lo que la Constitución nos prohíbe hacer. El artículo 76 de la Constitución es muy claro: para que exista delegación del Parlamento deben darse tres supuestos. En primer lugar, debe existir una emergencia pública; en segundo término, es necesario fijar un plazo y, finalmente, deben existir bases claras de delegación.
Lo único que presenta la iniciativa es la fijación del plazo; no hay emergencia pública ni base de delegación. Por otra parte, disiento con la teoría de que ante la crisis económica o social hay que responder con superpoderes.
Por el contrario, ante la crisis social, que existe, hay que responder con institucionalidad y afrontando las políticas públicas que el Parlamento en los últimos años ha decidido no enfrentar.
Seguimos delegando en este proyecto la posibilidad de que el Poder Ejecutivo lleve adelante la renegociación de los contratos con las empresas privatizadas, con una cláusula que establece que ante el paso del tiempo, sin que el Parlamento se pronuncie, queda convalidada la renegociación concretada por el Poder Ejecutivo.
Resulta vergonzoso que hoy estemos considerando este texto. Incluso, disiento con lo que acaba de señalar el diputado Vanossi respecto de que la ley de emergencia económica estaba justificada en el año 2002.
Es cierto que había una difícil situación económica y social; en todo caso, había una emergencia pública, pero ello no justificaba la laxitud y la amplitud de la delegación extrema de facultades que otorgaba la ley 25.561.
Incluso, muchos constitucionalistas -entre ellos, la doctora Gelly- señalaron que esa norma, según los términos en que estaba redactaba, resultaba absolutamente inconstitucional. De todas maneras, si algo justificaba esa ley -como decía el diputado Vanossi-, ello era la crisis económica, aunque nosotros no compartíamos esa postura.
Sin embargo, hoy la situación claramente se ha revertido, incluso al decir de la propia ministra de Economía. En el año 2002 teníamos una caída del 10 por ciento del producto bruto interno; hoy su crecimiento es del 10 por ciento. En el mismo año, la caída real de la inversión era del 38 por ciento; hoy su crecimiento es del 19 por ciento.
En 2002 el consumo real caía el 12 por ciento, mientras que ahora crece el 8 por ciento. El desempleo era del 24 por ciento, y actualmente es del 10 por ciento. La recaudación tributaria era del 16 por ciento del producto bruto interno, mientras que hoy llega al 24 por ciento.
En el año 2002 las reservas internacionales eran de 9 mil millones; hoy son de 31 mil millones; la salida de capitales era de más del 10 por ciento del PBI en el año 2002, y hoy el ingreso de capitales es de 1.700 millones.
Con esto quiero decir que la situación es absolutamente distinta. No existe ninguna de las condiciones establecidas en el artículo 76 de la Constitución para hacer una delegación de facultades.
Coincidimos con que hay una difícil situación laboral, social y sanitaria. Coincidimos con el diagnóstico y no con la solución. La solución pasa porque este Parlamento fije como debe, y como está autorizado en la Constitución Nacional, las políticas públicas para afrontar esa difícil situación.
No es mediante una delegación sino mediante el ejercicio de las facultades propias y el respeto a la Constitución como se sale de la difícil situación social.
Recuerdo la primera discusión de la ley de emergencia económica, que generó un debate muy arduo en esta Cámara, al igual que la segunda. Pero veo que de a poco existe una especie de resignación de muchos sectores, y la práctica de vaciamiento del Parlamento y violación de la división de poderes pasa a convalidarse año tras año.
Era impensado hace algunos años que en este contexto que hoy vivimos pudiera nuevamente ser convalidada una entrega de superpoderes tan grande como la que ha otorgado la ley de emergencia económica en el año 2002 en un contexto absolutamente distinto. Uno tiende a reiterarse, pero esta situación produce una muy fuerte frustración.
Coincido con lo que decía el señor miembro informante en cuanto a la difícil situación social que vive la Argentina. El señor diputado Snopek decía que hay una complicada situación social. A tal punto hemos coincidido que en la discusión del presupuesto en el seno de la comisión precisamente lo que pedíamos era que el Parlamento afrontara como tarea prioritaria la cuestión social.
No coincidíamos con la visión que tiene el gobierno, puesta de manifiesto en el propio mensaje del Poder Ejecutivo, según la cual la cuestión social se iba a ir solucionando atada a la cuestión económica. Según esa postura los indicadores sociales iban a ir mejorando en la medida en que los indicadores económicos siguieran el tránsito del crecimiento económico, del aumento de la recaudación, etcétera.
Nosotros decíamos que era la gran asignatura pendiente y que el Parlamento debía afrontar las políticas públicas necesarias para atender este tema prioritario de la cuestión social y resolver los problemas de inequidad en la distribución del ingreso.
Está claro que se trata de una facultad del Parlamento y que la solución está atada a la forma en la que el Congreso afronte esta cuestión.
El señor miembro informante decía que no estaban haciendo nada que no correspondiera. Quiero leer el inciso 19 del artículo 75 de la Constitución Nacional, por si alguien lo ha olvidado. Esa norma establece que corresponde al Parlamento proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional y a la generación de empleo.
Son atribuciones claras del Parlamento nacional y lo que deberíamos hacer hoy es discutir cómo afrontamos esta situación laboral, social y humanitaria, que ciertamente es difícil.
El camino que se elige es otro: delegar esas facultades en el Poder Ejecutivo. Eso implica trasladar atribuciones propias en manos del Ejecutivo y otorgarle nuevamente la suma del poder público, que nunca debería haber sido otorgada.
¿Qué otra cosa más que el otorgamiento de la suma del poder público es lo que establece el artículo 1° de la ley 25.561? Este artículo habilita al Poder Ejecutivo a legislar en todas las materias.
Lo voy a releer simplemente para señalar que claramente estamos dando una delegación tan laxa y amplia que violenta abiertamente el artículo 76 de la Constitución Nacional.
¿Qué estamos delegando en el Poder Ejecutivo? Le decimos que puede legislar para proceder al reordenamiento del sistema financiero, reactivar el funcionamiento de la economía, mejorar el nivel de empleo y distribución del ingreso y crear condiciones favorables para el crecimiento económico sustentable. ¿Qué queremos delegar y qué se autoriza a hacer al Poder Ejecutivo? Con esta atribución tan amplia y laxa, el Poder Ejecutivo indudablemente está facultado para hacer lo que quiera en materia económica, social y financiera. Por lo tanto, no es cierto que no estemos haciendo nada que no corresponda. Estamos haciendo todo lo que la Constitución nos prohíbe hacer. El artículo 76 de la Constitución es muy claro: para que exista delegación del Parlamento deben darse tres supuestos. En primer lugar, debe existir una emergencia pública; en segundo término, es necesario fijar un plazo y, finalmente, deben existir bases claras de delegación.
Lo único que presenta la iniciativa es la fijación del plazo; no hay emergencia pública ni base de delegación. Por otra parte, disiento con la teoría de que ante la crisis económica o social hay que responder con superpoderes.
Por el contrario, ante la crisis social, que existe, hay que responder con institucionalidad y afrontando las políticas públicas que el Parlamento en los últimos años ha decidido no enfrentar.
Seguimos delegando en este proyecto la posibilidad de que el Poder Ejecutivo lleve adelante la renegociación de los contratos con las empresas privatizadas, con una cláusula que establece que ante el paso del tiempo, sin que el Parlamento se pronuncie, queda convalidada la renegociación concretada por el Poder Ejecutivo.
Resulta vergonzoso que hoy estemos considerando este texto. Incluso, disiento con lo que acaba de señalar el diputado Vanossi respecto de que la ley de emergencia económica estaba justificada en el año 2002.
Es cierto que había una difícil situación económica y social; en todo caso, había una emergencia pública, pero ello no justificaba la laxitud y la amplitud de la delegación extrema de facultades que otorgaba la ley 25.561.
Incluso, muchos constitucionalistas -entre ellos, la doctora Gelly- señalaron que esa norma, según los términos en que estaba redactaba, resultaba absolutamente inconstitucional. De todas maneras, si algo justificaba esa ley -como decía el diputado Vanossi-, ello era la crisis económica, aunque nosotros no compartíamos esa postura.
Sin embargo, hoy la situación claramente se ha revertido, incluso al decir de la propia ministra de Economía. En el año 2002 teníamos una caída del 10 por ciento del producto bruto interno; hoy su crecimiento es del 10 por ciento. En el mismo año, la caída real de la inversión era del 38 por ciento; hoy su crecimiento es del 19 por ciento.
En 2002 el consumo real caía el 12 por ciento, mientras que ahora crece el 8 por ciento. El desempleo era del 24 por ciento, y actualmente es del 10 por ciento. La recaudación tributaria era del 16 por ciento del producto bruto interno, mientras que hoy llega al 24 por ciento.
En el año 2002 las reservas internacionales eran de 9 mil millones; hoy son de 31 mil millones; la salida de capitales era de más del 10 por ciento del PBI en el año 2002, y hoy el ingreso de capitales es de 1.700 millones.
Con esto quiero decir que la situación es absolutamente distinta. No existe ninguna de las condiciones establecidas en el artículo 76 de la Constitución para hacer una delegación de facultades.
Coincidimos con que hay una difícil situación laboral, social y sanitaria. Coincidimos con el diagnóstico y no con la solución. La solución pasa porque este Parlamento fije como debe, y como está autorizado en la Constitución Nacional, las políticas públicas para afrontar esa difícil situación.
No es mediante una delegación sino mediante el ejercicio de las facultades propias y el respeto a la Constitución como se sale de la difícil situación social.
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
Tiene la palabra el señor diputado por Tierra del Fuego.
SR. GORBACZ, LEONARDO ARIEL (T DEL FUEGO):
Señora presidenta: hay situaciones en que la declaración de una emergencia puede ser signo de sensatez y hay otras situaciones en que la declaración de emergencia es el reconocimiento de un fracaso. Creo que estamos en esta última situación y particularmente voy a referirme al artículo 3º de este proyecto de ley que prorroga hasta el 31 de diciembre del año próximo la emergencia sanitaria.
Efectivamente, estamos en emergencia sanitaria; no hay un error en el diagnóstico de la situación. Reitero que estamos en emergencia sanitaria a pesar de que hay algunos indicadores que han mejorado, como la mortalidad infantil, pero pese a la mejora estamos muy por encima de los indicadores en los que deberíamos estar, comparado con otros países de la región con situación económica parecida.
Estamos en crisis porque lo está el sistema de salud a lo largo y a lo ancho del país. Lo testimoniaron innumerables organismos y actores de la salud de nuestro país. Los hospitales públicos están en una situación crítica y cualquier ciudadano que concurra a atenderse en uno de ellos, en cualquier lugar del país, sabe de qué estamos hablando, porque no consigue turno, no se cuenta con los elementos necesarios, etcétera.
Efectivamente, estamos en una situación de crisis también en materia de sistema de salud pública. Esa situación de crisis está marcada por la inequidad geográfica que se da, además de la inequidad social, en el acceso a la atención de salud.
No es lo mismo la atención de la salud en la Ciudad de Buenos Aires que en el NOA, y no es lo mismo esa atención en la Patagonia que en el NEA. Hay enormes y horrorosas diferencias.
Estamos de acuerdo entonces en la existencia de una situación de emergencia sanitaria. Este decreto que hoy se intenta prorrogar establecía ciertos mecanismos y acciones para cumplir con ciertas exigencias en materia de contrataciones, compra de insumos, posibilidad de reasignaciones presupuestarias en el marco de la delegación de facultades, en fin, una serie de medidas que en aquel momento -no soy abogado y por lo tanto no sé si serán absolutamente correctas en términos jurídicos- tal vez hayan sido necesarias desde el punto de vista sanitario para atender una situación de crisis, que en ese momento el oficialismo podía decir que era heredada.
Hoy no pueden decir que la situación ha sido heredada sino que efectivamente fue construida o al menos permitida o eternizada por la falta de medidas de fondo en materia de salud por parte de este gobierno.
Entonces, no sólo estamos cuestionando la delegación de facultades sino que esa delegación de facultades que se ha mostrado fracasada ha sido para que el Poder Ejecutivo tome medida superficiales y no de fondo, cuando hay medidas de fondo que necesariamente debieran ser tomadas por este Parlamento.
Voy a mencionar algunos de los proyectos que hemos presentado y que lamentablemente no han sido discutidos. Estas iniciativas nos permitirían salir de la situación actual. En primer lugar, redistribución del ingreso a través del ingreso ciudadano universal para la niñez, porque la pobreza y desigualdad que aún hoy subsisten son la madre de todos los problemas en salud.
Otra iniciativa es el acceso gratuito a la atención de la salud. Se trata de un proyecto del señor diputado Macaluse, que en algún momento estuvo en el temario de una de las comisiones de Diputados e incluso vinieron organizaciones sociales a pedirnos que tratáramos ese proyecto, porque en nuestro país todavía hay muchos hospitales que cobran de manera directa o indirecta, ya que tienen una ventanilla y una caja.
En mi provincia, Tierra del Fuego, además se da la facilidad de pagar con tarjeta de crédito, y entonces quizá no es tanto problema. En otros lugares se cobra a través de la exigencia de llevar los insumos o mediante bonos de la cooperadora, etcétera. Eso también explica la situación crítica de la salud de nuestra población. Este proyecto tampoco fue tratado.
También hay un proyecto de financiamiento sanitario, pero en este caso no me voy a quejar de la falta de tratamiento porque no transcurrió tanto tiempo desde su presentación. Si pudiesemos discutir este proyecto o cualquier otra alternativa que dé cuenta de cómo nuestro país va a financiar el sistema público de salud, seguramente podríamos estar dando una solución de fondo a esta situación de crisis, más aun en el contexto de ajuste fiscal a las provincias, donde cada vez la Nación se apropia de mayores recursos y no asume mayores responsabilidades. En esta materia estamos planteando que el Estado nacional transfiera fondos para sostener el sistema público de salud en nuestro país. Espero que el año que viene podamos discutir este proyecto.
También existe una iniciativa sobre promoción pública de medicamentos, que creo que ya fue reproducida tres veces por el señor diputado Macaluse. Se han hecho jornadas y se ha discutido sobre la importancia de financiar, apoyar y organizar a los laboratorios públicos para que produzcan medicamentos. Pero un día ese proyecto desapareció del temario. Por eso pido a la señora presidenta que, si lo ve, nos avise a dónde fue a parar.
Tampoco se trató un proyecto sobre la normalización del PAMI, en lugar de estar discutiendo cómo se cronifica la intervención. Nosotros también hemos presentado propuestas para normalizar y democratizar el PAMI.
Por último, hay un proyecto de regulación de la medicina prepaga. Si bien este proyecto está a las puertas de ser tratado, no sabemos por qué está demorado su tratamiento. Espero que podamos avanzar en esta iniciativa.
No obstante, reconozco la labor de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, que sí ha trabajado, y mucho, y ha sacado proyectos importantes. Lamentablemente no hemos podido discutir los proyectos que he mencionado, que tratan cuestiones de fondo y que podrían sacarnos de la crisis de salud que efectivamente hoy existe.
Aceptar hoy que se prorrogue la emergencia en materia sanitaria no es ni más ni menos que la asunción de un fracaso, la negativa a discutir cuestiones de fondo en materia de salud. Y si alguien dijo en este recinto que no se está haciendo nada que no corresponda, yo diría que tampoco estamos haciendo nada, o por lo menos estamos haciendo muy poco, de lo que sí corresponde. (Aplausos.)
Efectivamente, estamos en emergencia sanitaria; no hay un error en el diagnóstico de la situación. Reitero que estamos en emergencia sanitaria a pesar de que hay algunos indicadores que han mejorado, como la mortalidad infantil, pero pese a la mejora estamos muy por encima de los indicadores en los que deberíamos estar, comparado con otros países de la región con situación económica parecida.
Estamos en crisis porque lo está el sistema de salud a lo largo y a lo ancho del país. Lo testimoniaron innumerables organismos y actores de la salud de nuestro país. Los hospitales públicos están en una situación crítica y cualquier ciudadano que concurra a atenderse en uno de ellos, en cualquier lugar del país, sabe de qué estamos hablando, porque no consigue turno, no se cuenta con los elementos necesarios, etcétera.
Efectivamente, estamos en una situación de crisis también en materia de sistema de salud pública. Esa situación de crisis está marcada por la inequidad geográfica que se da, además de la inequidad social, en el acceso a la atención de salud.
No es lo mismo la atención de la salud en la Ciudad de Buenos Aires que en el NOA, y no es lo mismo esa atención en la Patagonia que en el NEA. Hay enormes y horrorosas diferencias.
Estamos de acuerdo entonces en la existencia de una situación de emergencia sanitaria. Este decreto que hoy se intenta prorrogar establecía ciertos mecanismos y acciones para cumplir con ciertas exigencias en materia de contrataciones, compra de insumos, posibilidad de reasignaciones presupuestarias en el marco de la delegación de facultades, en fin, una serie de medidas que en aquel momento -no soy abogado y por lo tanto no sé si serán absolutamente correctas en términos jurídicos- tal vez hayan sido necesarias desde el punto de vista sanitario para atender una situación de crisis, que en ese momento el oficialismo podía decir que era heredada.
Hoy no pueden decir que la situación ha sido heredada sino que efectivamente fue construida o al menos permitida o eternizada por la falta de medidas de fondo en materia de salud por parte de este gobierno.
Entonces, no sólo estamos cuestionando la delegación de facultades sino que esa delegación de facultades que se ha mostrado fracasada ha sido para que el Poder Ejecutivo tome medida superficiales y no de fondo, cuando hay medidas de fondo que necesariamente debieran ser tomadas por este Parlamento.
Voy a mencionar algunos de los proyectos que hemos presentado y que lamentablemente no han sido discutidos. Estas iniciativas nos permitirían salir de la situación actual. En primer lugar, redistribución del ingreso a través del ingreso ciudadano universal para la niñez, porque la pobreza y desigualdad que aún hoy subsisten son la madre de todos los problemas en salud.
Otra iniciativa es el acceso gratuito a la atención de la salud. Se trata de un proyecto del señor diputado Macaluse, que en algún momento estuvo en el temario de una de las comisiones de Diputados e incluso vinieron organizaciones sociales a pedirnos que tratáramos ese proyecto, porque en nuestro país todavía hay muchos hospitales que cobran de manera directa o indirecta, ya que tienen una ventanilla y una caja.
En mi provincia, Tierra del Fuego, además se da la facilidad de pagar con tarjeta de crédito, y entonces quizá no es tanto problema. En otros lugares se cobra a través de la exigencia de llevar los insumos o mediante bonos de la cooperadora, etcétera. Eso también explica la situación crítica de la salud de nuestra población. Este proyecto tampoco fue tratado.
También hay un proyecto de financiamiento sanitario, pero en este caso no me voy a quejar de la falta de tratamiento porque no transcurrió tanto tiempo desde su presentación. Si pudiesemos discutir este proyecto o cualquier otra alternativa que dé cuenta de cómo nuestro país va a financiar el sistema público de salud, seguramente podríamos estar dando una solución de fondo a esta situación de crisis, más aun en el contexto de ajuste fiscal a las provincias, donde cada vez la Nación se apropia de mayores recursos y no asume mayores responsabilidades. En esta materia estamos planteando que el Estado nacional transfiera fondos para sostener el sistema público de salud en nuestro país. Espero que el año que viene podamos discutir este proyecto.
También existe una iniciativa sobre promoción pública de medicamentos, que creo que ya fue reproducida tres veces por el señor diputado Macaluse. Se han hecho jornadas y se ha discutido sobre la importancia de financiar, apoyar y organizar a los laboratorios públicos para que produzcan medicamentos. Pero un día ese proyecto desapareció del temario. Por eso pido a la señora presidenta que, si lo ve, nos avise a dónde fue a parar.
Tampoco se trató un proyecto sobre la normalización del PAMI, en lugar de estar discutiendo cómo se cronifica la intervención. Nosotros también hemos presentado propuestas para normalizar y democratizar el PAMI.
Por último, hay un proyecto de regulación de la medicina prepaga. Si bien este proyecto está a las puertas de ser tratado, no sabemos por qué está demorado su tratamiento. Espero que podamos avanzar en esta iniciativa.
No obstante, reconozco la labor de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, que sí ha trabajado, y mucho, y ha sacado proyectos importantes. Lamentablemente no hemos podido discutir los proyectos que he mencionado, que tratan cuestiones de fondo y que podrían sacarnos de la crisis de salud que efectivamente hoy existe.
Aceptar hoy que se prorrogue la emergencia en materia sanitaria no es ni más ni menos que la asunción de un fracaso, la negativa a discutir cuestiones de fondo en materia de salud. Y si alguien dijo en este recinto que no se está haciendo nada que no corresponda, yo diría que tampoco estamos haciendo nada, o por lo menos estamos haciendo muy poco, de lo que sí corresponde. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
SR. GODOY, JUAN CARLOS LUCIO (ENTRE RIOS):
Señora presidenta: el señor diputado Aguad y otros señores diputados decían que aquí puede haber un fracaso o una picardía con respecto a la continuidad de la emergencia de manera permanente. La verdad es que prefiero no incursionar en ninguno de los dos calificativos sino pensar, en todo caso, que puede existir un error. Lo que sucede es que es un error político, y los errores políticos los paga un pueblo. Los errores en política no son neutros, y el error en política con una ley de esta naturaleza tiene un impacto muy fuerte en toda la sociedad argentina.
Además, hay algo que me hace pensar en esta cuestión del error. Es la contradicción que encuentro entre los argumentos que se dan en la Cámara de Diputados por parte del oficialismo y aquellos que se dan en el Senado, particularmente por parte del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el senador Capitanich, también perteneciente al bloque oficialista, del que incluso es integrante la esposa del presidente de la República, lo cual no es una cuestión menor.
Hablo de contradicción porque el senador Capitanich, cuando finaliza su discurso para defender la continuidad de las diversas leyes de emergencia, menciona las tres cuestiones fundamentales que a su entender hacen imprescindible dicha continuidad. La primera de ellas es la seguridad jurídica que es necesaria para las inversiones, respetando el derecho y los fallos internacionales. Esto es algo que aquí no se ha dicho y que es altamente importante porque en el propio Senado se explicó que el 16 de febrero de este año en el Tribunal Superior de Frankfurt se decidió que se suspendiera que se considere a la Argentina en estado de necesidad, tal como se venía haciendo desde el año 2003, lo cual permitía que no se avanzara con la deuda con los bonistas.
Estos juicios van a avanzar -esto no fue desmentido por el senador Capitanich sino que lo aceptó- y los fallos van a existir. Entonces, esto me recuerda a cuando discutimos el artículo 59 del presupuesto, que hablaba de respetar la ley 20.017, que es la ley cerrojo, porque daría la sensación de que se puede llegar a abrir. Eso es compatible con el término de la seguridad jurídica, de la que tanto se ha hablado, incluso en estos últimos días.
La segunda cuestión que menciona el senador Capitanich es la seguridad financiera, y habla de un clima apropiado para las inversiones con rentabilidad razonable. No está hablando de emergencia económica sino de seguridad financiera para obtener una rentabilidad razonable. Esto tiene lógica porque en realidad no puedo negar -sería necio hacerlo- que estamos en un país en crecimiento económico constante. Pero hay algo que nunca se puede dejar de repetir, al menos de mi parte: el crecimiento sin distribución no sirve. Y aquí hay crecimiento pero no hay equidad en su distribución. Entonces, no es cuestión de hablar de rentabilidad a cualquier costo.
Por último, el tercer punto que me parece novedoso y que no tiene nada que ver con lo que el mismo senador dijo en el Senado y con lo que se ha dicho aquí, es que para salir definitivamente de la emergencia se deben garantizar inversiones en infraestructura que mejoren la oferta energética. En verdad, no sé qué quiere decir esto sobre la base de los antecedentes de la prorroga de la ley de emergencia, número 25.561, que se dictó en el año 2002. No tiene nada que ver. Estos son elementos nuevos que se agregan.
Al considerar las cuatro cuestiones básicas que llevaron al dictado de la ley 25.561, mantengo una pequeña diferencia con el diputado Adrián Pérez. En mi opinión, la crisis que vivimos en los años 2001 y 2002, sobre todo en la vida privada, fue de tal desbarajuste que hizo necesario algún orden legal que regulara un poco esta situación absolutamente anormal.
Como primer punto se planteaba el reordenamiento del sistema financiero bancario y del mercado de cambios. Esto se ha logrado. En segundo término, la reactivación del funcionamiento de la economía y el mejoramiento del nivel de empleo y de distribución de ingresos. Esto no se logró. En tercer lugar, la creación de condiciones para un crecimiento económico sustentable compatible con la reestructuración de la deuda pública. Esto también se cumplió. Finalmente, la necesidad de reglar la reestructuración de las obligaciones en curso de ejecución efectuadas por el nuevo régimen cambiario instituido en el artículo 2°, lo cual fue cumplido. Es decir que los elementos que dieron origen a la ley, en su mayoría han desaparecido.
Por ello, con muchos señores diputados comparto el criterio de que, en todo caso, se requiere sancionar nuevas leyes -en conjunto con el Poder Ejecutivo, por supuesto- y no decretar nuevamente emergencias respecto de cuestiones ya superadas. De allí que alguien pensara en la existencia de alguna picardía; yo pienso en el error político.
Por otra parte, el artículo 2° del proyecto de ley en tratamiento alude a la prórroga de la vigencia de la ley 25.790, que se vincula con la renegociación de los contratos de obras y servicios públicos. En verdad, esa ley es otro tema, pero la ley 25.561 ya debería quedar derogada y habría que trabajar en la reestructuración del país para lograr una distribución distinta del ingreso. Tal vez podría tener algún sentido la prórroga de la vigencia de la ley 25.790 pues los artículos 8° y 9° de la ley 25.561 se refieren a la renegociación de los contratos.
Lo que más me preocupan son las cuestiones estructurales, no coyunturales -entiéndaseme bien-, que estamos viviendo y tienden a seguir avanzando.
La cantidad de pobres en la Argentina es de tres de cada diez, en los mayores, y de cinco de cada diez, en los menores, y la tendencia va en aumento. Cinco de cada diez niños son pobres; ello, además, con una distribución regional que es horrenda: en la Capital Federal, 24 por ciento; en el Gran Buenos Aires, 48 por ciento; en Resistencia, 70 por ciento, y en Corrientes, 66 por ciento.
Este es un problema estructural. No se trata de que, de golpe, son más pobres los chicos del Chaco, de Corrientes y del Gran Buenos Aires; esta es una situación que se agudiza y que no hay manera de resolver. Ello mucho tiene que ver con la ausencia de una ley fundamental: el régimen de coparticipación. No se puede seguir gobernando -este punto sí constituye una emergencia- sin distribuir como corresponde, según establece la Constitución Nacional, para igualar las regiones interiores.
A eso se suma la brecha social. Al miembro informante del oficialismo quisiera sugerirle que revise los datos del INDEC relativos a la brecha social, porque se equivocó. La brecha social pasó de 28 veces, en el cuarto trimestre de 2003, a 37 veces, en el primer trimestre de 2006.
Se trata de un crecimiento muy importante respecto de la diferencia entre el decil más rico y el decil más pobre; y lo que es peor, la presión tributaria sobre el decil más pobre es del 33,6 por ciento, y sobre el decil más rico, de 25,3 por ciento. Esto nada tiene que ver con lo que sucede en los Estados Unidos de América, donde la relación es no "inversa" sino "absolutamente inversa"; y lo digo no porque defienda a ese país, muy por el contrario.
Los otros días comentaba que, respecto del impuesto a las ganancias, el 97,7 por ciento de la población, que gana menos de 40.000 pesos anuales, sostiene las arcas del Tesoro nacional; esto, junto con el IVA, que pagan mayoritariamente, en proporción, los más pobres.
Usted sabe, señora presidenta, que no existe propensión al ahorro en quienes menos ganan, pues sólo apuntan al consumo: todo lo que ganan lo consumen. Países como Francia y México eximen del IVA los productos de la canasta básica de alimentos.
Si hay emergencia en muchos aspectos, ¿por qué no eliminamos las cargas tributarias que correspondan? En educación también hay emergencia; y digo esto hoy, antes del tratamiento que en el día de mañana la Cámara dará al proyecto de ley de educación nacional. Coincido con lo que dijera Fidel Castro cuando estuvo en la Argentina en ocasión de la IV Cumbre de las Américas: considerar al 6 por ciento del PBI como un financiamiento adecuado es erróneo, y mucho menos si es para el 2010. Con ese financiamiento no vamos a superar la pobreza ni vamos a cambiar estructuralmente a la sociedad argentina.
En consecuencia hay que modificar la ley del impuesto a las ganancias. No puede ser que se siga beneficiando al capital financiero sin cobrarle los impuestos, es decir que estén exentos. No puede ser que se siga beneficiando sin pagar impuestos a quienes hacen especulación con los títulos y valores mobiliarios. No tiene sentido. Tiene que haber un tributo hacia ellos si lo hay hacia los más pobres.
También debe cambiar la estructura del gasto público. Es lamentable expresar lo que voy a decir, pero en este momento, en lo que se refiere a la estructura del gasto, los presupuestos son parecidos a los que había en la década del 90. En consecuencia, no se puede decir que estamos haciendo el cambio en la Argentina cuando gastamos igual que en los 90.
Termino con esta paradoja: estamos en emergencia pero dimos beneficios impositivos a las empresas petroleras del mundo, a los oligopolios del mundo, a las más poderosas compañías del mundo. En esta Cámara de Diputados se aprobó la ley para que se beneficie a las pymes que reinvierten sus ganancias y en el Senado se paró la norma por el costo financiero.
Es una paradoja que beneficiemos a las empresas multinacionales que extraen nuestros recursos y al mismo tiempo perjudiquemos a las empresas pequeñas y medianas de nuestro país.
Quiero decir algo a los oficialistas que están escuchando y no les gusta lo que uno dice. Voltaire decía: "Quizás no coincida y no me guste lo que usted dice, pero daría la vida porque usted lo pueda decir". Gracias por poder decirlo. (Aplausos.)
Además, hay algo que me hace pensar en esta cuestión del error. Es la contradicción que encuentro entre los argumentos que se dan en la Cámara de Diputados por parte del oficialismo y aquellos que se dan en el Senado, particularmente por parte del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el senador Capitanich, también perteneciente al bloque oficialista, del que incluso es integrante la esposa del presidente de la República, lo cual no es una cuestión menor.
Hablo de contradicción porque el senador Capitanich, cuando finaliza su discurso para defender la continuidad de las diversas leyes de emergencia, menciona las tres cuestiones fundamentales que a su entender hacen imprescindible dicha continuidad. La primera de ellas es la seguridad jurídica que es necesaria para las inversiones, respetando el derecho y los fallos internacionales. Esto es algo que aquí no se ha dicho y que es altamente importante porque en el propio Senado se explicó que el 16 de febrero de este año en el Tribunal Superior de Frankfurt se decidió que se suspendiera que se considere a la Argentina en estado de necesidad, tal como se venía haciendo desde el año 2003, lo cual permitía que no se avanzara con la deuda con los bonistas.
Estos juicios van a avanzar -esto no fue desmentido por el senador Capitanich sino que lo aceptó- y los fallos van a existir. Entonces, esto me recuerda a cuando discutimos el artículo 59 del presupuesto, que hablaba de respetar la ley 20.017, que es la ley cerrojo, porque daría la sensación de que se puede llegar a abrir. Eso es compatible con el término de la seguridad jurídica, de la que tanto se ha hablado, incluso en estos últimos días.
La segunda cuestión que menciona el senador Capitanich es la seguridad financiera, y habla de un clima apropiado para las inversiones con rentabilidad razonable. No está hablando de emergencia económica sino de seguridad financiera para obtener una rentabilidad razonable. Esto tiene lógica porque en realidad no puedo negar -sería necio hacerlo- que estamos en un país en crecimiento económico constante. Pero hay algo que nunca se puede dejar de repetir, al menos de mi parte: el crecimiento sin distribución no sirve. Y aquí hay crecimiento pero no hay equidad en su distribución. Entonces, no es cuestión de hablar de rentabilidad a cualquier costo.
Por último, el tercer punto que me parece novedoso y que no tiene nada que ver con lo que el mismo senador dijo en el Senado y con lo que se ha dicho aquí, es que para salir definitivamente de la emergencia se deben garantizar inversiones en infraestructura que mejoren la oferta energética. En verdad, no sé qué quiere decir esto sobre la base de los antecedentes de la prorroga de la ley de emergencia, número 25.561, que se dictó en el año 2002. No tiene nada que ver. Estos son elementos nuevos que se agregan.
Al considerar las cuatro cuestiones básicas que llevaron al dictado de la ley 25.561, mantengo una pequeña diferencia con el diputado Adrián Pérez. En mi opinión, la crisis que vivimos en los años 2001 y 2002, sobre todo en la vida privada, fue de tal desbarajuste que hizo necesario algún orden legal que regulara un poco esta situación absolutamente anormal.
Como primer punto se planteaba el reordenamiento del sistema financiero bancario y del mercado de cambios. Esto se ha logrado. En segundo término, la reactivación del funcionamiento de la economía y el mejoramiento del nivel de empleo y de distribución de ingresos. Esto no se logró. En tercer lugar, la creación de condiciones para un crecimiento económico sustentable compatible con la reestructuración de la deuda pública. Esto también se cumplió. Finalmente, la necesidad de reglar la reestructuración de las obligaciones en curso de ejecución efectuadas por el nuevo régimen cambiario instituido en el artículo 2°, lo cual fue cumplido. Es decir que los elementos que dieron origen a la ley, en su mayoría han desaparecido.
Por ello, con muchos señores diputados comparto el criterio de que, en todo caso, se requiere sancionar nuevas leyes -en conjunto con el Poder Ejecutivo, por supuesto- y no decretar nuevamente emergencias respecto de cuestiones ya superadas. De allí que alguien pensara en la existencia de alguna picardía; yo pienso en el error político.
Por otra parte, el artículo 2° del proyecto de ley en tratamiento alude a la prórroga de la vigencia de la ley 25.790, que se vincula con la renegociación de los contratos de obras y servicios públicos. En verdad, esa ley es otro tema, pero la ley 25.561 ya debería quedar derogada y habría que trabajar en la reestructuración del país para lograr una distribución distinta del ingreso. Tal vez podría tener algún sentido la prórroga de la vigencia de la ley 25.790 pues los artículos 8° y 9° de la ley 25.561 se refieren a la renegociación de los contratos.
Lo que más me preocupan son las cuestiones estructurales, no coyunturales -entiéndaseme bien-, que estamos viviendo y tienden a seguir avanzando.
La cantidad de pobres en la Argentina es de tres de cada diez, en los mayores, y de cinco de cada diez, en los menores, y la tendencia va en aumento. Cinco de cada diez niños son pobres; ello, además, con una distribución regional que es horrenda: en la Capital Federal, 24 por ciento; en el Gran Buenos Aires, 48 por ciento; en Resistencia, 70 por ciento, y en Corrientes, 66 por ciento.
Este es un problema estructural. No se trata de que, de golpe, son más pobres los chicos del Chaco, de Corrientes y del Gran Buenos Aires; esta es una situación que se agudiza y que no hay manera de resolver. Ello mucho tiene que ver con la ausencia de una ley fundamental: el régimen de coparticipación. No se puede seguir gobernando -este punto sí constituye una emergencia- sin distribuir como corresponde, según establece la Constitución Nacional, para igualar las regiones interiores.
A eso se suma la brecha social. Al miembro informante del oficialismo quisiera sugerirle que revise los datos del INDEC relativos a la brecha social, porque se equivocó. La brecha social pasó de 28 veces, en el cuarto trimestre de 2003, a 37 veces, en el primer trimestre de 2006.
Se trata de un crecimiento muy importante respecto de la diferencia entre el decil más rico y el decil más pobre; y lo que es peor, la presión tributaria sobre el decil más pobre es del 33,6 por ciento, y sobre el decil más rico, de 25,3 por ciento. Esto nada tiene que ver con lo que sucede en los Estados Unidos de América, donde la relación es no "inversa" sino "absolutamente inversa"; y lo digo no porque defienda a ese país, muy por el contrario.
Los otros días comentaba que, respecto del impuesto a las ganancias, el 97,7 por ciento de la población, que gana menos de 40.000 pesos anuales, sostiene las arcas del Tesoro nacional; esto, junto con el IVA, que pagan mayoritariamente, en proporción, los más pobres.
Usted sabe, señora presidenta, que no existe propensión al ahorro en quienes menos ganan, pues sólo apuntan al consumo: todo lo que ganan lo consumen. Países como Francia y México eximen del IVA los productos de la canasta básica de alimentos.
Si hay emergencia en muchos aspectos, ¿por qué no eliminamos las cargas tributarias que correspondan? En educación también hay emergencia; y digo esto hoy, antes del tratamiento que en el día de mañana la Cámara dará al proyecto de ley de educación nacional. Coincido con lo que dijera Fidel Castro cuando estuvo en la Argentina en ocasión de la IV Cumbre de las Américas: considerar al 6 por ciento del PBI como un financiamiento adecuado es erróneo, y mucho menos si es para el 2010. Con ese financiamiento no vamos a superar la pobreza ni vamos a cambiar estructuralmente a la sociedad argentina.
En consecuencia hay que modificar la ley del impuesto a las ganancias. No puede ser que se siga beneficiando al capital financiero sin cobrarle los impuestos, es decir que estén exentos. No puede ser que se siga beneficiando sin pagar impuestos a quienes hacen especulación con los títulos y valores mobiliarios. No tiene sentido. Tiene que haber un tributo hacia ellos si lo hay hacia los más pobres.
También debe cambiar la estructura del gasto público. Es lamentable expresar lo que voy a decir, pero en este momento, en lo que se refiere a la estructura del gasto, los presupuestos son parecidos a los que había en la década del 90. En consecuencia, no se puede decir que estamos haciendo el cambio en la Argentina cuando gastamos igual que en los 90.
Termino con esta paradoja: estamos en emergencia pero dimos beneficios impositivos a las empresas petroleras del mundo, a los oligopolios del mundo, a las más poderosas compañías del mundo. En esta Cámara de Diputados se aprobó la ley para que se beneficie a las pymes que reinvierten sus ganancias y en el Senado se paró la norma por el costo financiero.
Es una paradoja que beneficiemos a las empresas multinacionales que extraen nuestros recursos y al mismo tiempo perjudiquemos a las empresas pequeñas y medianas de nuestro país.
Quiero decir algo a los oficialistas que están escuchando y no les gusta lo que uno dice. Voltaire decía: "Quizás no coincida y no me guste lo que usted dice, pero daría la vida porque usted lo pueda decir". Gracias por poder decirlo. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
SR. TINNIRELLO, CARLOS ALBERTO (CAP FEDERAL):
Señora presidenta: quiero dejar sentada mi postura negativa al proyecto que propone el Poder Ejecutivo.
Se pone a quienes queremos votar negativamente este proyecto en una situación de cierta dificultad, porque pareciera que en todos los artículos hay una gran mezcla de cosas.
Cuando se declara la emergencia sanitaria, que evidentemente existe, uno no debería negarse. Lo mismo ocurre cuando se declara la emergencia ocupacional, que también existe, y por ende uno no debería negarse a declarar esa situación.
Cuando el miembro informante de la mayoría planteó su exposición se tomó alrededor del 80 por ciento de su tiempo para decirnos que hay emergencia ocupacional y emergencia sanitaria.
Declarar estas emergencias nos debe llevar a una reflexión. Cuando se produjo la crisis del 2001 fue porque se benefició a determinados sectores económicos en desmedro de la mayoría de la población. Se llegó a un punto terminal -lo cual fue dicho por muchos diputados en varias sesiones- del cual se logró salir, según lo que dicen.
A esa crisis terminal se llegó por el saqueo y la depredación, los negociados, las políticas de beneficio a los sectores financieros, la entrega de nuestro patrimonio y todo lo que ya sabemos se desarrolló durante una década encabezada por el presidente Menem, con el acompañamiento de muchos: de adentro y de afuera del justicialismo e incluso con dirigentes gremiales.
Recuerdo que integraba la comisión interna de una empresa del gremio metalúrgico de aproximadamente mil quinientos trabajadores y en el congreso de delegados tenía que discutir que la política del menemismo llevaba a la destrucción a los trabajadores y al conjunto de la población. Recuerdo que algunos que provenían de las viejas corrientes de trabajadores peronistas, de la JTP -en ese momento la dirección del gremio-, se afirmaban en la postura del menemismo planteando que ese era el camino correcto.
Hemos escuchado muchas veces que los caminos seguidos eran correctos, y creo que ninguno de ellos lo fue, como tampoco lo es éste. Afirmo esto porque en realidad todavía no se ha salido de la crisis estructural, y no lo digo desde el lugar del economista que no soy sino del trabajador que sigo siendo.
La salida de esa situación crítica extrema de 2001 se produjo a costa de los sectores mayoritarios de la población. En ese sentido me remitiré a dichos de la ministra Felisa Miceli, quien ahora se está peleando con el campo, el agro y la ganadería, denunciando lo que pasa en una realidad que muchas veces se tapa de acuerdo con las conveniencias. Ahora le pega al campo; está bien que lo haga y transparente situaciones de la realidad. Sin embargo exime a otros sectores, como por ejemplo las empresas petroleras y mineras, de decir cuánto ganan, porque allí está todo bien, hay relaciones carnales. Esto no lo sostiene Kirchner sino yo: hay relaciones carnales con ese sector productivo, de ahí la existencia de tantos beneficios y exenciones impositivas.
El 5 de diciembre de 2006, "Página 12" publicó declaraciones de la ministra Miceli según las cuales los productores de soja con 5 mil hectáreas ganan 437.000 pesos mensuales, mientras que un jubilado en promedio percibe 580 pesos y un trabajador asalariado 670 pesos.
Pero la ministra hace otra confesión y dice que el sector agrario ha recibido en los últimos tres años 33.000 millones de pesos más de rentas que el promedio que había ganado durante la época menemista. Como está orientada a criticar en la pulseada con el campo transparenta una realidad que también algunos diputados muestran desde otro lugar sin hablar de estos 33.000 millones de pesos. Ellos priorizan la cuestión social y mencionan el 50 por ciento de nuestros chicos en la pobreza. Esa es la realidad que nosotros debemos atender y discutir.
Pero no se puede estar bien con Dios y con el diablo, con todo el mundo, porque la torta es una sola; sale de un solo lugar. Si hay diez personas y alguien se lleva el 80 por ciento de la torta, los nueve restantes tendremos que conformarnos con el 20 por ciento. Esta es la realidad que se plantea en la Argentina.
Personalmente me niego a que sigan insistiendo en que hay una crisis. La única crisis que existe es la social, que provoca un profundo deterioro en nuestro pueblo. Paralelamente se observa un enriquecimiento cada vez más perverso de un sector minoritario de la población.
La emergencia económica viene a sostener esa realidad, porque lo único que busca es mantener el poder en el proceso de renegociación de los contratos con las empresas privatizadas. Esto es lo que se establece en el artículo 2° del proyecto en tratamiento, aunque no lo haya aclarado el miembro informante de la mayoría. Este es un punto a tener en cuenta, porque ya sabemos que todas las renegociaciones con las empresas privatizadas, como no hubo participación social, siempre se resolvieron a costa de un aumento en los precios. Basta con detenerse a analizar el fuerte enriquecimiento que alcanzaron las empresas que hoy manejan la energía en nuestro país.
¿Quién pagó los costos de la crisis de 2001? Cuando se salió del 1 a 1 se aplicó una pesificación asimétrica por la que el Estado sostuvo a los bancos que venían haciendo grandes negocios y que produjeron el vaciamiento de nuestro país mediante el retiro de enormes sumas de divisas. Literalmente nos robaron: entraron a nuestra casa y se llevaron los bienes. Esos bancos se llevaron 20.000 millones de dólares que todavía permanecen fuera de la Argentina, mientras que la miseria permanece dentro de nuestro país.
Ese es el marco de discusión en el que nos colocan. Me parece que seguimos discutiendo en torno a conceptos con los que se intentan demostrar realidades inexistentes. Siguen mintiendo. Son parte de la vieja política que desde hace años gobierna este país. Son los responsables de aquella crisis, de la presente, y de la situación económica en la que se encuentra la población.
En ese marco no se puede seguir sosteniendo la emergencia económica, planteando que quien no vota este proyecto no quiere planes sociales. Al respecto aclaro que muchos de esos planes denominados "Trabajar" o "Jefes y jefas de hogar" no sirven para mejorar la calidad laboral ni para sostener a los sectores populares que carecen de ingresos; muchos de esos planes son utilizados para la precarización laboral, dado que sus beneficiarios deben cumplir tareas de empleados municipales, de porteros de escuelas o de enfermeros en los hospitales. Esa realidad se sostiene a partir de estas políticas que van en desmedro de la mayoría de la población.
Se pone a quienes queremos votar negativamente este proyecto en una situación de cierta dificultad, porque pareciera que en todos los artículos hay una gran mezcla de cosas.
Cuando se declara la emergencia sanitaria, que evidentemente existe, uno no debería negarse. Lo mismo ocurre cuando se declara la emergencia ocupacional, que también existe, y por ende uno no debería negarse a declarar esa situación.
Cuando el miembro informante de la mayoría planteó su exposición se tomó alrededor del 80 por ciento de su tiempo para decirnos que hay emergencia ocupacional y emergencia sanitaria.
Declarar estas emergencias nos debe llevar a una reflexión. Cuando se produjo la crisis del 2001 fue porque se benefició a determinados sectores económicos en desmedro de la mayoría de la población. Se llegó a un punto terminal -lo cual fue dicho por muchos diputados en varias sesiones- del cual se logró salir, según lo que dicen.
A esa crisis terminal se llegó por el saqueo y la depredación, los negociados, las políticas de beneficio a los sectores financieros, la entrega de nuestro patrimonio y todo lo que ya sabemos se desarrolló durante una década encabezada por el presidente Menem, con el acompañamiento de muchos: de adentro y de afuera del justicialismo e incluso con dirigentes gremiales.
Recuerdo que integraba la comisión interna de una empresa del gremio metalúrgico de aproximadamente mil quinientos trabajadores y en el congreso de delegados tenía que discutir que la política del menemismo llevaba a la destrucción a los trabajadores y al conjunto de la población. Recuerdo que algunos que provenían de las viejas corrientes de trabajadores peronistas, de la JTP -en ese momento la dirección del gremio-, se afirmaban en la postura del menemismo planteando que ese era el camino correcto.
Hemos escuchado muchas veces que los caminos seguidos eran correctos, y creo que ninguno de ellos lo fue, como tampoco lo es éste. Afirmo esto porque en realidad todavía no se ha salido de la crisis estructural, y no lo digo desde el lugar del economista que no soy sino del trabajador que sigo siendo.
La salida de esa situación crítica extrema de 2001 se produjo a costa de los sectores mayoritarios de la población. En ese sentido me remitiré a dichos de la ministra Felisa Miceli, quien ahora se está peleando con el campo, el agro y la ganadería, denunciando lo que pasa en una realidad que muchas veces se tapa de acuerdo con las conveniencias. Ahora le pega al campo; está bien que lo haga y transparente situaciones de la realidad. Sin embargo exime a otros sectores, como por ejemplo las empresas petroleras y mineras, de decir cuánto ganan, porque allí está todo bien, hay relaciones carnales. Esto no lo sostiene Kirchner sino yo: hay relaciones carnales con ese sector productivo, de ahí la existencia de tantos beneficios y exenciones impositivas.
El 5 de diciembre de 2006, "Página 12" publicó declaraciones de la ministra Miceli según las cuales los productores de soja con 5 mil hectáreas ganan 437.000 pesos mensuales, mientras que un jubilado en promedio percibe 580 pesos y un trabajador asalariado 670 pesos.
Pero la ministra hace otra confesión y dice que el sector agrario ha recibido en los últimos tres años 33.000 millones de pesos más de rentas que el promedio que había ganado durante la época menemista. Como está orientada a criticar en la pulseada con el campo transparenta una realidad que también algunos diputados muestran desde otro lugar sin hablar de estos 33.000 millones de pesos. Ellos priorizan la cuestión social y mencionan el 50 por ciento de nuestros chicos en la pobreza. Esa es la realidad que nosotros debemos atender y discutir.
Pero no se puede estar bien con Dios y con el diablo, con todo el mundo, porque la torta es una sola; sale de un solo lugar. Si hay diez personas y alguien se lleva el 80 por ciento de la torta, los nueve restantes tendremos que conformarnos con el 20 por ciento. Esta es la realidad que se plantea en la Argentina.
Personalmente me niego a que sigan insistiendo en que hay una crisis. La única crisis que existe es la social, que provoca un profundo deterioro en nuestro pueblo. Paralelamente se observa un enriquecimiento cada vez más perverso de un sector minoritario de la población.
La emergencia económica viene a sostener esa realidad, porque lo único que busca es mantener el poder en el proceso de renegociación de los contratos con las empresas privatizadas. Esto es lo que se establece en el artículo 2° del proyecto en tratamiento, aunque no lo haya aclarado el miembro informante de la mayoría. Este es un punto a tener en cuenta, porque ya sabemos que todas las renegociaciones con las empresas privatizadas, como no hubo participación social, siempre se resolvieron a costa de un aumento en los precios. Basta con detenerse a analizar el fuerte enriquecimiento que alcanzaron las empresas que hoy manejan la energía en nuestro país.
¿Quién pagó los costos de la crisis de 2001? Cuando se salió del 1 a 1 se aplicó una pesificación asimétrica por la que el Estado sostuvo a los bancos que venían haciendo grandes negocios y que produjeron el vaciamiento de nuestro país mediante el retiro de enormes sumas de divisas. Literalmente nos robaron: entraron a nuestra casa y se llevaron los bienes. Esos bancos se llevaron 20.000 millones de dólares que todavía permanecen fuera de la Argentina, mientras que la miseria permanece dentro de nuestro país.
Ese es el marco de discusión en el que nos colocan. Me parece que seguimos discutiendo en torno a conceptos con los que se intentan demostrar realidades inexistentes. Siguen mintiendo. Son parte de la vieja política que desde hace años gobierna este país. Son los responsables de aquella crisis, de la presente, y de la situación económica en la que se encuentra la población.
En ese marco no se puede seguir sosteniendo la emergencia económica, planteando que quien no vota este proyecto no quiere planes sociales. Al respecto aclaro que muchos de esos planes denominados "Trabajar" o "Jefes y jefas de hogar" no sirven para mejorar la calidad laboral ni para sostener a los sectores populares que carecen de ingresos; muchos de esos planes son utilizados para la precarización laboral, dado que sus beneficiarios deben cumplir tareas de empleados municipales, de porteros de escuelas o de enfermeros en los hospitales. Esa realidad se sostiene a partir de estas políticas que van en desmedro de la mayoría de la población.
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
SR. LOZANO, CLAUDIO (CAP FEDERAL):
Señora presidenta: no puedo acompañar un proyecto que resulta tramposo, porque enumera la emergencia social, no para poner en marcha políticas que la resuelvan sino para justificar un pedido de delegación de facultades, que a esta altura del partido resulta absolutamente injustificable, que descalifica la institución parlamentaria y limita, por lo tanto, la solución de uno de los problemas que también estuvo presente en la crisis de 2001, y que fue la crisis político institucional del país.
En realidad, en mi caso particular, no tengo inconveniente en reconocer la existencia de una situación de emergencia. En todo caso, quien se enreda en este tipo de cuestiones es permanentemente el discurso oficial, muy acostumbrado a utilizar datos de carácter coyuntural, sin aludir adecuadamente a las problemáticas estructurales que continúan sin resolución. Por lo tanto, cuando presentan datos coyunturales para enumerar éxitos dejando de lado visiones un poco más profundas y menos superficiales, y luego vienen a discutir cuestiones que justifican en nombre de la emergencia, indudablemente se encuentran con problemas.
Insisto en que desde mi punto de vista no hay inconveniente alguno en reconocer todo esto. En términos de teoría social ha quedado en claro que si una crisis significa una alteración en el funcionamiento de una sociedad, la Argentina en particular ya ha resuelto la de los años 2001 y 2002. Sin embargo, el hecho de que la haya resuelto no quiere decir que los problemas que estaban por detrás y que emergieron en el momento de la crisis efectivamente se hayan resuelto. Los problemas siguen estando con nosotros.
En términos estrictamente económicos, más allá de que efectivamente nos encontramos en una fase de ascenso de la actividad desde hace cuatro años, cuando pasamos en limpio la realidad que tenemos ante nuestros ojos debemos reconocer que en términos de producto y riqueza por habitante -aun después de los cuatro años de recuperación de la actividad económica- la evolución de la Argentina en los últimos 30 años demuestra que el crecimiento de la riqueza por habitante ha sido del orden del 0,2 por ciento anual.
Es decir que a pesar de que, efectivamente, ha habido cuatro años de recuperación económica, también es cierto que la Argentina exhibe un cuadro de estancamiento estructural. Ese cuadro de estancamiento estructural es el que obliga a considerar que la Argentina no ha resuelto, a pesar de la mayor actividad económica, su cuadro de fragilidad productiva. Su especialización productiva es la que la hace frágil y dependiente. Además, determina que en un contexto en el que el comercio mundial crece, en realidad la evolución de las exportaciones argentinas pierde participación en el comercio mundial, a pesar de que evolucione favorablemente. No sólo pierde participación en relación con los países más desarrollados sino también con países como Chile o Brasil.
Esta fragilidad productiva, que tiene que ver con la especialización productiva de la Argentina, tiene relación con el hecho de comprender que la evolución de las exportaciones tiene como contrapartida la evolución de las importaciones. Es decir que lo que compramos al mundo supera la evolución de nuestra producción exportable, lo que nos plantea para el futuro un cuello de botella en términos del financiamiento para el desarrollo y el crecimiento.
Todo eso también nos remite a cuestiones que se han dicho que tienen que ver con la tasa de inversión, que es poca para un país que está creciendo al 8 o 9 por ciento anual. Por otro lado, es deficiente, porque el 60 por ciento de la inversión tiene que ver con ladrillos y no con la ampliación del capital productivo que la Argentina necesitaría para sostener su tasa de crecimiento.
Como si eso fuese poco, la Argentina tiene también en este momento de avance de la actividad económica un cuadro de desigualdad, del que no hablamos nosotros, sino que lo plantea el propio Instituto Nacional de Estadística y Censos, que con toda claridad señala que a cuatro años de mayor actividad económica, medida por deciles -la brecha de ingresos- o medida por la participación de los ingresos populares en el total de la riqueza, estamos todavía por debajo de la situación que teníamos en 2001.
Por lo tanto, en términos económicos los problemas siguen estando con nosotros. En términos sociales el cuadro que muestran todas las estadísticas disponibles indica que a cuatro años de mayor actividad económica seguimos teniendo -actualizados los números que nos brinda el INDEC, de acuerdo con la metodología que ese Instituto recomienda y con la nueva encuesta de gastos que ha elaborado- 16 millones de personas en situación de pobreza, con el agravante que mencionaba adecuadamente el señor diputado Godoy en cuanto a que más de la mitad de los pobres son pibes y más de la mitad de los pibes son pobres en la Argentina actual.
En términos sociales, si la pobreza estuvo por detrás de la irrupción de la crisis de 2001, efectivamente también está con nosotros.
En términos políticos e institucionales, y por detrás de la crisis de 2001, estuvo el deterioro de la legitimidad del sistema institucional. Más allá de que haya recuperado legitimidad la figura presidencial, en términos institucionales el problema sigue tan presente como antes. Y este tipo de ley por la que se reclama una delegación de facultades injustificable no sólo no ayuda a resolver el problema sino que lo complica.
Por lo tanto, desde nuestro punto de vista la emergencia existe, pero tendría que ser el acicate para poder discutir en serio políticas que permitan resolver esta situación y no para generar un debate como el de hoy, que tiene un solo objetivo: el mantenimiento de un cuadro de delegación de facultades absolutamente injustificado.
En términos estrictos, el proyecto incluso es tramposo, porque nos obliga a tener que dirimir entre prorrogar o no programas sociales. Todos sabemos que si el gobierno no los quiere rediscutir para hacer otra cosa, es mejor que sigan a que se eliminen. Pero al mismo tiempo colocan en el mismo proyecto el debate sobre la delegación de facultades para otro tipo de cuestiones.
Por eso, porque en realidad no comparto un proyecto presentado con estas características, es que no voy a acompañar el planteo hecho por la bancada mayoritaria.
En realidad, en mi caso particular, no tengo inconveniente en reconocer la existencia de una situación de emergencia. En todo caso, quien se enreda en este tipo de cuestiones es permanentemente el discurso oficial, muy acostumbrado a utilizar datos de carácter coyuntural, sin aludir adecuadamente a las problemáticas estructurales que continúan sin resolución. Por lo tanto, cuando presentan datos coyunturales para enumerar éxitos dejando de lado visiones un poco más profundas y menos superficiales, y luego vienen a discutir cuestiones que justifican en nombre de la emergencia, indudablemente se encuentran con problemas.
Insisto en que desde mi punto de vista no hay inconveniente alguno en reconocer todo esto. En términos de teoría social ha quedado en claro que si una crisis significa una alteración en el funcionamiento de una sociedad, la Argentina en particular ya ha resuelto la de los años 2001 y 2002. Sin embargo, el hecho de que la haya resuelto no quiere decir que los problemas que estaban por detrás y que emergieron en el momento de la crisis efectivamente se hayan resuelto. Los problemas siguen estando con nosotros.
En términos estrictamente económicos, más allá de que efectivamente nos encontramos en una fase de ascenso de la actividad desde hace cuatro años, cuando pasamos en limpio la realidad que tenemos ante nuestros ojos debemos reconocer que en términos de producto y riqueza por habitante -aun después de los cuatro años de recuperación de la actividad económica- la evolución de la Argentina en los últimos 30 años demuestra que el crecimiento de la riqueza por habitante ha sido del orden del 0,2 por ciento anual.
Es decir que a pesar de que, efectivamente, ha habido cuatro años de recuperación económica, también es cierto que la Argentina exhibe un cuadro de estancamiento estructural. Ese cuadro de estancamiento estructural es el que obliga a considerar que la Argentina no ha resuelto, a pesar de la mayor actividad económica, su cuadro de fragilidad productiva. Su especialización productiva es la que la hace frágil y dependiente. Además, determina que en un contexto en el que el comercio mundial crece, en realidad la evolución de las exportaciones argentinas pierde participación en el comercio mundial, a pesar de que evolucione favorablemente. No sólo pierde participación en relación con los países más desarrollados sino también con países como Chile o Brasil.
Esta fragilidad productiva, que tiene que ver con la especialización productiva de la Argentina, tiene relación con el hecho de comprender que la evolución de las exportaciones tiene como contrapartida la evolución de las importaciones. Es decir que lo que compramos al mundo supera la evolución de nuestra producción exportable, lo que nos plantea para el futuro un cuello de botella en términos del financiamiento para el desarrollo y el crecimiento.
Todo eso también nos remite a cuestiones que se han dicho que tienen que ver con la tasa de inversión, que es poca para un país que está creciendo al 8 o 9 por ciento anual. Por otro lado, es deficiente, porque el 60 por ciento de la inversión tiene que ver con ladrillos y no con la ampliación del capital productivo que la Argentina necesitaría para sostener su tasa de crecimiento.
Como si eso fuese poco, la Argentina tiene también en este momento de avance de la actividad económica un cuadro de desigualdad, del que no hablamos nosotros, sino que lo plantea el propio Instituto Nacional de Estadística y Censos, que con toda claridad señala que a cuatro años de mayor actividad económica, medida por deciles -la brecha de ingresos- o medida por la participación de los ingresos populares en el total de la riqueza, estamos todavía por debajo de la situación que teníamos en 2001.
Por lo tanto, en términos económicos los problemas siguen estando con nosotros. En términos sociales el cuadro que muestran todas las estadísticas disponibles indica que a cuatro años de mayor actividad económica seguimos teniendo -actualizados los números que nos brinda el INDEC, de acuerdo con la metodología que ese Instituto recomienda y con la nueva encuesta de gastos que ha elaborado- 16 millones de personas en situación de pobreza, con el agravante que mencionaba adecuadamente el señor diputado Godoy en cuanto a que más de la mitad de los pobres son pibes y más de la mitad de los pibes son pobres en la Argentina actual.
En términos sociales, si la pobreza estuvo por detrás de la irrupción de la crisis de 2001, efectivamente también está con nosotros.
En términos políticos e institucionales, y por detrás de la crisis de 2001, estuvo el deterioro de la legitimidad del sistema institucional. Más allá de que haya recuperado legitimidad la figura presidencial, en términos institucionales el problema sigue tan presente como antes. Y este tipo de ley por la que se reclama una delegación de facultades injustificable no sólo no ayuda a resolver el problema sino que lo complica.
Por lo tanto, desde nuestro punto de vista la emergencia existe, pero tendría que ser el acicate para poder discutir en serio políticas que permitan resolver esta situación y no para generar un debate como el de hoy, que tiene un solo objetivo: el mantenimiento de un cuadro de delegación de facultades absolutamente injustificado.
En términos estrictos, el proyecto incluso es tramposo, porque nos obliga a tener que dirimir entre prorrogar o no programas sociales. Todos sabemos que si el gobierno no los quiere rediscutir para hacer otra cosa, es mejor que sigan a que se eliminen. Pero al mismo tiempo colocan en el mismo proyecto el debate sobre la delegación de facultades para otro tipo de cuestiones.
Por eso, porque en realidad no comparto un proyecto presentado con estas características, es que no voy a acompañar el planteo hecho por la bancada mayoritaria.
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
Tiene la palabra la señora diputada por Santa Fe.
SRA. TATE, ALICIA ESTER (SANTA FE):
Señora presidenta: el proyecto que estamos tratando se refiere, en su artículo 2°, a la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2007 de la vigencia de ley 25.790 y sus modificatorias.
La norma que se quiere prorrogar, referida en el artículo 2°, ha sido cuestionada por nuestro bloque y por todo el arco legislativo opositor. En cuanto a nuestra bancada, no sólo la cuestionamos en el dictamen de minoría que produjo la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional, sino que también -junto con el bloque del Senado de la Unión Cívica Radical- presentamos acciones judiciales formales de inconstitucionalidad por lo prescripto en el artículo 4° de la ley que hoy se pretende prorrogar.
La ley 25.790 no distingue en su redacción entre propuestas definitivas y transitorias cuando se trata de la revisión de actas-acuerdo de renegociación de contratos con las empresas públicas privatizadas para ser tratadas por la Comisión Bicameral y luego por el plenario de las dos Cámaras legislativas.
En el artículo 3° se aclara que en caso de enmiendas transitorias, éstas deberán ser tenidas en consideración dentro de los términos de los acuerdos definitivos a que se arribe con la empresa concesionaria o licenciataria.
Entonces, claramente les corresponde a la Comisión Bicameral y al Congreso de la Nación tratar estos acuerdos dentro del procedimiento establecido por el artículo 4° de la ley 25.790. El Congreso tiene la facultad de aprobar o rechazar los acuerdos. No debe ser simplemente informado por el Poder Ejecutivo nacional con el objeto de evitar los controles legislativos, como ocurrió con el acuerdo de Aguas Argentinas.
La correcta interpretación normativa deja poco margen a la Comisión Bicameral y a este Congreso para expedirse de manera distinta a lo ordenado: sólo cabe el rechazo o la aprobación del acuerdo definitivo.
Aquí se ha dado la circunstancia de que aun aquellas renegociaciones que contaron con un dictamen de mayoría aprobándolas tienen tantos cuestionamientos y observaciones que ameritan y justifican un rechazo. Es bueno decir también que todas esas observaciones y cuestionamientos no tienen razón de ser por lo que dije anteriormente: estas actas deben ser aprobadas o rechazadas, y no caben objeciones de ningún tipo.
El Congreso tiene el deber ético y la obligación legal, por lo que dispone el artículo 82 de la Constitución Nacional, de manifestarse expresamente sobre el contenido de estas propuestas.
No hay interpretación posible que permita eludir la claridad de esta norma. Solo es posible concluir que la expresión tácita de voluntad prescribe en todos los casos en que se requiera un pronunciamiento.
Por mencionar sólo una fuente, el redactor de la norma, convencional Ortiz Pellegrini, manifestó que la ley tiene una importancia fundamental en la actual arquitectura de la Constitución; se convierte en el centro de la defensa interna del sistema democrático al evitar que la voluntad del pueblo se desvirtúe, haciendo complicadas construcciones lógicas que lleven a suponer, presumir o, directamente, inventar una voluntad del Congreso, cuando no existe o cuando se le da un valor indebido al silencio del Congreso. Así lo expresa el Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente.
Después de este somero análisis y en honor a la brevedad, creemos que emerge claramente la incertidumbre futura que generan estas ambigüedades, desaciertos e irregularidades, que sin exagerar nos permitieron describirla en alguna oportunidad como una verdadera espada de Damocles sobre la cabeza de los usuarios, las empresas y el propio Estado nacional.
Por ello, solicitamos puntualmente que se suprima el penúltimo párrafo del artículo 4° de la ley 25.790 que se pretende prorrogar y que expresa: "Cumplido dicho plazo sin que se haya expedido, se tendrá por aprobada la misma." Ello implica el establecimiento de la sanción ficta, que está expresamente prohibida por la Constitución Nacional. (Aplausos.)
La norma que se quiere prorrogar, referida en el artículo 2°, ha sido cuestionada por nuestro bloque y por todo el arco legislativo opositor. En cuanto a nuestra bancada, no sólo la cuestionamos en el dictamen de minoría que produjo la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional, sino que también -junto con el bloque del Senado de la Unión Cívica Radical- presentamos acciones judiciales formales de inconstitucionalidad por lo prescripto en el artículo 4° de la ley que hoy se pretende prorrogar.
La ley 25.790 no distingue en su redacción entre propuestas definitivas y transitorias cuando se trata de la revisión de actas-acuerdo de renegociación de contratos con las empresas públicas privatizadas para ser tratadas por la Comisión Bicameral y luego por el plenario de las dos Cámaras legislativas.
En el artículo 3° se aclara que en caso de enmiendas transitorias, éstas deberán ser tenidas en consideración dentro de los términos de los acuerdos definitivos a que se arribe con la empresa concesionaria o licenciataria.
Entonces, claramente les corresponde a la Comisión Bicameral y al Congreso de la Nación tratar estos acuerdos dentro del procedimiento establecido por el artículo 4° de la ley 25.790. El Congreso tiene la facultad de aprobar o rechazar los acuerdos. No debe ser simplemente informado por el Poder Ejecutivo nacional con el objeto de evitar los controles legislativos, como ocurrió con el acuerdo de Aguas Argentinas.
La correcta interpretación normativa deja poco margen a la Comisión Bicameral y a este Congreso para expedirse de manera distinta a lo ordenado: sólo cabe el rechazo o la aprobación del acuerdo definitivo.
Aquí se ha dado la circunstancia de que aun aquellas renegociaciones que contaron con un dictamen de mayoría aprobándolas tienen tantos cuestionamientos y observaciones que ameritan y justifican un rechazo. Es bueno decir también que todas esas observaciones y cuestionamientos no tienen razón de ser por lo que dije anteriormente: estas actas deben ser aprobadas o rechazadas, y no caben objeciones de ningún tipo.
El Congreso tiene el deber ético y la obligación legal, por lo que dispone el artículo 82 de la Constitución Nacional, de manifestarse expresamente sobre el contenido de estas propuestas.
No hay interpretación posible que permita eludir la claridad de esta norma. Solo es posible concluir que la expresión tácita de voluntad prescribe en todos los casos en que se requiera un pronunciamiento.
Por mencionar sólo una fuente, el redactor de la norma, convencional Ortiz Pellegrini, manifestó que la ley tiene una importancia fundamental en la actual arquitectura de la Constitución; se convierte en el centro de la defensa interna del sistema democrático al evitar que la voluntad del pueblo se desvirtúe, haciendo complicadas construcciones lógicas que lleven a suponer, presumir o, directamente, inventar una voluntad del Congreso, cuando no existe o cuando se le da un valor indebido al silencio del Congreso. Así lo expresa el Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente.
Después de este somero análisis y en honor a la brevedad, creemos que emerge claramente la incertidumbre futura que generan estas ambigüedades, desaciertos e irregularidades, que sin exagerar nos permitieron describirla en alguna oportunidad como una verdadera espada de Damocles sobre la cabeza de los usuarios, las empresas y el propio Estado nacional.
Por ello, solicitamos puntualmente que se suprima el penúltimo párrafo del artículo 4° de la ley 25.790 que se pretende prorrogar y que expresa: "Cumplido dicho plazo sin que se haya expedido, se tendrá por aprobada la misma." Ello implica el establecimiento de la sanción ficta, que está expresamente prohibida por la Constitución Nacional. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
SR. BINNER, HERMES JUAN (SANTA FE):
Señora presidenta: hace días hemos cumplido nuestro primer año de gestión en la Cámara de Diputados. Lo hicimos con una gran alegría, muchas esperanzas y gratificaciones, pero también con muchas deudas pendientes -vinculadas con las necesidades fundamentales del pueblo argentino- que durante el curso de nuestra gestión no hemos podido saldar.
Hoy estamos iniciando el segundo año calendario, y no podemos dejar de considerar que volvemos a tratar los mismos problemas que hace exactamente un año. Tampoco podemos dejar de caer en el lugar común -aunque muy gráfico- de decir que esta película ya la vimos.
Creemos que pensar en una ley como la que hoy pretendemos prorrogar es también pensar en la Argentina que queremos para el futuro, la que indudablemente nos merecemos, aunque hay que construirla.
Estamos presentando una propuesta alternativa, que se sustenta en dos premisas que le dan solidez argumental, técnica y política. En primer lugar, no se desmiente la consigna de que en nuestro país no hay nada más permanente que una ley transitoria.
Así lo muestra, por ejemplo, la ley de impuesto a los réditos, hoy ley de impuesto a las ganancias, que tuvo esas características y fue sancionada en 1933. También podemos mencionar la ley de coparticipación federal del año 1988, que por más que se pretendió cambiar en la Constitución reformada en 1994, todavía está esperando. Hoy consideramos una prórroga por quinto año consecutivo de las leyes de emergencia, que estamos cuestionando.
En segundo lugar, ante la evidencia estadística de superación de la situación de emergencia -que no es lo mismo que haber superado la pobreza o la indigencia estructural- que comtemplan las disposiciones que estamos analizando, reconocen también la inviabilidad de una salida automática, abrupta, y proponen una salida gradual pero efectiva.
Por lo tanto, si consideramos lo que estamos viviendo con los actuales indicadores económicos, donde se habla de un doble superávit, el fiscal y el de la balanza comercial -el sueño de tantos ministros de Economía-; si consideramos este crecimiento sostenido similar al de los países asiáticos, indudablemente que ya no estamos en emergencia, ya no vivimos en emergencia.
Para reconocer su transitoriedad se requiere aceptar estos indicadores económicos y sociales, generados precisamente por las propias instituciones del Estado. Pero paradójicamente aquí vivimos una situación que ya fue señalada por señores diputados preopinantes, en la que pretenden una ley de emergencia quienes hablan auspiciosamente de la realidad económica positiva, y pretenden no sancionarla quienes están en la oposición.
Entonces, para superar las disposiciones que originó, de suyo transitorias, se requiere no sólo una propuesta técnica como la que proponemos, sino también una voluntad política para hacerlo, que es la que realmente creemos se está hoy en condiciones de comenzar a elaborar en este cuerpo.
Más aún, las prórrogas de estas leyes de emergencia pública y de renegociación de los contratos de servicios públicos, de los derechos de emergencia sanitaria nacional, de emergencia ocupacional y de emergencia nacional alimentaria, sólo pondrían de manifiesto la incapacidad para superar la coyuntura y encarar los problemas de fondo de cada una de estas cuestiones. Y, obviamente, para gestionar respetando los procedimientos normales de la administración pública.
Nuestra responsabilidad social y política nos impide continuar avalando estas situaciones, porque creemos que son verdaderas debilidades de nuestro sistema.
Desde la pequeñez de nuestro bloque convocamos a discutir los problemas de fondo contenidos en las leyes que se analizan, y a gestionar en base a normas de derecho público, que seguramente no tienen que ser excepcionales.
Hoy estamos iniciando el segundo año calendario, y no podemos dejar de considerar que volvemos a tratar los mismos problemas que hace exactamente un año. Tampoco podemos dejar de caer en el lugar común -aunque muy gráfico- de decir que esta película ya la vimos.
Creemos que pensar en una ley como la que hoy pretendemos prorrogar es también pensar en la Argentina que queremos para el futuro, la que indudablemente nos merecemos, aunque hay que construirla.
Estamos presentando una propuesta alternativa, que se sustenta en dos premisas que le dan solidez argumental, técnica y política. En primer lugar, no se desmiente la consigna de que en nuestro país no hay nada más permanente que una ley transitoria.
Así lo muestra, por ejemplo, la ley de impuesto a los réditos, hoy ley de impuesto a las ganancias, que tuvo esas características y fue sancionada en 1933. También podemos mencionar la ley de coparticipación federal del año 1988, que por más que se pretendió cambiar en la Constitución reformada en 1994, todavía está esperando. Hoy consideramos una prórroga por quinto año consecutivo de las leyes de emergencia, que estamos cuestionando.
En segundo lugar, ante la evidencia estadística de superación de la situación de emergencia -que no es lo mismo que haber superado la pobreza o la indigencia estructural- que comtemplan las disposiciones que estamos analizando, reconocen también la inviabilidad de una salida automática, abrupta, y proponen una salida gradual pero efectiva.
Por lo tanto, si consideramos lo que estamos viviendo con los actuales indicadores económicos, donde se habla de un doble superávit, el fiscal y el de la balanza comercial -el sueño de tantos ministros de Economía-; si consideramos este crecimiento sostenido similar al de los países asiáticos, indudablemente que ya no estamos en emergencia, ya no vivimos en emergencia.
Para reconocer su transitoriedad se requiere aceptar estos indicadores económicos y sociales, generados precisamente por las propias instituciones del Estado. Pero paradójicamente aquí vivimos una situación que ya fue señalada por señores diputados preopinantes, en la que pretenden una ley de emergencia quienes hablan auspiciosamente de la realidad económica positiva, y pretenden no sancionarla quienes están en la oposición.
Entonces, para superar las disposiciones que originó, de suyo transitorias, se requiere no sólo una propuesta técnica como la que proponemos, sino también una voluntad política para hacerlo, que es la que realmente creemos se está hoy en condiciones de comenzar a elaborar en este cuerpo.
Más aún, las prórrogas de estas leyes de emergencia pública y de renegociación de los contratos de servicios públicos, de los derechos de emergencia sanitaria nacional, de emergencia ocupacional y de emergencia nacional alimentaria, sólo pondrían de manifiesto la incapacidad para superar la coyuntura y encarar los problemas de fondo de cada una de estas cuestiones. Y, obviamente, para gestionar respetando los procedimientos normales de la administración pública.
Nuestra responsabilidad social y política nos impide continuar avalando estas situaciones, porque creemos que son verdaderas debilidades de nuestro sistema.
Desde la pequeñez de nuestro bloque convocamos a discutir los problemas de fondo contenidos en las leyes que se analizan, y a gestionar en base a normas de derecho público, que seguramente no tienen que ser excepcionales.
- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2° de la Honorable Cámara, don Fortunato Rafael Cambareri.
SR. BINNER, HERMES JUAN (SANTA FE):
Por eso creemos que los programas Jefes de Hogar debieran ser transformados en planes de trabajo, pero no queremos que esta situación abrupta se genere en aquellas familias que reciben solamente 150 pesos mensuales. Creemos que es necesario apoyar la prórroga por un año más, a pesar de nuestra discrepancia.
En cuanto a las otras propuestas, creemos que 180 días por delante nos pueden hacer pensar en alternativas que permitan la superación de estas situaciones que nos llevan a pensar en una emergencia que verdaderamente no nos merecemos.
El señor diputado Juan Carlos Godoy citó a Voltaire, que fue uno de los grandes maestros reconocidos por Manuel Belgrano. Este último citaba precisamente un apotegma de Voltaire que decía: "Atrévete a pensar". Creo que este es el momento que necesita nuestra República Argentina para salir adelante y sortear estas situaciones de emergencia social que hoy tenemos y que debemos superar con propuestas concretas. (Aplausos.)
En cuanto a las otras propuestas, creemos que 180 días por delante nos pueden hacer pensar en alternativas que permitan la superación de estas situaciones que nos llevan a pensar en una emergencia que verdaderamente no nos merecemos.
El señor diputado Juan Carlos Godoy citó a Voltaire, que fue uno de los grandes maestros reconocidos por Manuel Belgrano. Este último citaba precisamente un apotegma de Voltaire que decía: "Atrévete a pensar". Creo que este es el momento que necesita nuestra República Argentina para salir adelante y sortear estas situaciones de emergencia social que hoy tenemos y que debemos superar con propuestas concretas. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(CAMBARERI)
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
SR. LAMBERTO, OSCAR (SANTA FE):
Señor presidente: estar durante horas escuchando un debate sobre este tema suele ser casi kafkiano. Uno escucha decir que todo está mal en el país y que por eso hay que derogar la ley de emergencia, y con los mismos argumentos se dice que todo está tan bien que hay que derogarla. Por lo tanto, hay un elemento en común: hay que derogar la emergencia porque nosotros somos la oposición, y que el oficialismo se haga cargo de mantener la emergencia.
Esta cuestión de hacernos cargo a los peronistas no es raro, es nuestro karma; históricamente siempre nos hicimos cargo de los grandes problemas de la Argentina y nos cargamos el país tantas veces como fue necesario. Hoy lo haremos una vez más. Pero creo que es importante hacer algunas reflexiones.
Si uno se para hoy en Puerto Madero o en San Telmo advertirá que la situación es muy distinta a la del año 2002: no hay cacerolazos, no hay gente rompiendo los vidrios de los bancos, hay menos marchas, hay récord de turismo, la construcción es la vedette del crecimiento económico, se hacen casas caras sin créditos, el producto de las cosechas va a parar a inmuebles, etcétera. Es decir que pareciera que en materia económica todo está fantástico. Pero no es tan así, señor presidente. Es verdad que estamos mucho mejor que hace cinco años, pero no es cierto que se terminaron todos los problemas en la Argentina.
En cada rubro o en cada sector de la actividad humana existen los brujos, que son los que nos dicen lo que va a pasar en el futuro. Cuando yo era secretario de Hacienda, en el Ministerio de Economía tenía mis propios brujos, los que todos los días me decían lo mal que iba a estar el día siguiente. Venía el econometrista, el que hacía proyecciones macro, el que hablaba de la recaudación, etcétera. Un día le pregunté a uno de ellos cuánto íbamos a demorar para salir de esa situación, y me respondió lo siguiente: "Veinte años si nos va bien, si le pegamos en el sentido de la historia y si los mercados apuntan; estas son las condiciones favorables para que en veinte años salgamos de esta situación". Y está claro; en el largo plazo las crisis calan tan profundo que no lo mide ningún índice de precios, ni el PBI, ni absolutamente ningún indicador que diga lo bien que estamos.
En el diario de hoy apareció una noticia que pasó casi inadvertida, pero que habla de otra crisis que todavía está en la memoria de los argentinos, quizás más grave en algunos aspectos y que algunos sectores la quieren olvidar. Tres hijos de soldados de Malvinas se suicidaron al igual que sus padres. Este es el efecto de las crisis en las mentes de las personas. Y los efectos de la crisis de 2001 se verán probablemente durante 20 años si persistimos en una política que no permita cambiar el rumbo de la historia.
¿De qué estamos hablando hoy? De una herramienta de gobierno que sirva para atacar los problemas que sin duda el país tiene y que continuarán por mucho tiempo. La distribución del ingreso es el problema del que más veces se ha hablado aquí. Pero este tema también tiene que ver con los modos de producción que se están dando en el mundo. Si hablamos con los chilenos, nos dicen que les va bien desde hace veinte años pero que tienen problemas con la distribución del ingreso. Esto se repite en casi toda América Latina. Hay modos de producción que generan otras formas de trabajo y de tecnología y que han hecho perder la proporción del salario en casi todo el planeta.
Entonces, es mentira que en la Argentina esto se va a solucionar mágicamente en un año.
Por lo tanto, creo que debemos medir por resultados. Y los resultados indican que el camino recorrido ha sido bueno y que se ha puesto en marcha un proceso con hechos inéditos. A veces nos olvidamos de esto. Por ejemplo, deberíamos colocar entre las cosas importantísimas que han cambiado la historia del país el hecho de que después de treinta años nos hayamos sacado de encima el peso que implicaba que el Fondo Monetario nos impusiera las cosas que debíamos hacer. Hace treinta años, siguiendo políticas impuestas por los organismos internacionales, la deuda no paraba de crecer y el país ni siquiera tenía la posibilidad de llevar a cabo una política autónoma, con la que hoy sí contamos.
Lógicamente, las políticas nunca cambian de una año para otro; a veces ni siquiera lo hacen en una década, porque hay condiciones estructurales, formas de la producción y estructuras en el campo, en la industria y en la tecnología, que van a durar muchísimo tiempo.
Algo que se debe aprender -por lo menos a mí me ha pasado- es a ser bastante más humildes en los juicios. Cuando uno no tiene que tomar una decisión de gobierno todos los días, es muy fácil decir: "¡Qué mal que hizo esto el gobernante! ¡Yo lo hubiese hecho de otra manera!" Pero como en la Argentina cada cual tiene su historia, muchas de las críticas que se escuchan aquí tienen que ver bastante con lo que alguna vez dijo el diputado Baglini en su famoso teorema. Algunas son tan descabelladas porque esa persona nunca se va a acercar al poder, y otras son tan descabelladas que no parece increíble que alguna vez esa persona haya gobernado.
Nosotros nos hacemos cargo de lo que significa apoyar al gobierno con este proyecto, y pedimos al conjunto de la Cámara y de los expertos que nos han aconsejado, que nos den la oportunidad o nos tengan la tolerancia necesarias. En definitiva, este bloque es mayoritario no por una decisión arbitraria sino por voluntad del voto popular. Normalmente, si uno acierta cuenta con el respaldo de la gente, y cuando se equivoca el pueblo castiga y es impiadoso.
Creo que el uso equilibrado de esta ley por parte del Poder Ejecutivo merece la confianza y el acompañamiento, porque en momentos claves el país necesita fortaleza política y es allí cuando las decisiones estructurales deben ser respaldadas. Entonces, acompañar este proyecto de ley no es una cuestión menor. No se trata de un año más o de un año menos, sino de decir "estamos saliendo juntos". Si uno está convencido de ello sería mucho mejor que votáramos afirmativamente este proyecto no sólo los peronistas sino también el resto de los diputados, porque todos estamos saliendo juntos, y en todo caso, todos vamos a ser herederos de los beneficios de lo que podamos hacer. (Aplausos.)
Esta cuestión de hacernos cargo a los peronistas no es raro, es nuestro karma; históricamente siempre nos hicimos cargo de los grandes problemas de la Argentina y nos cargamos el país tantas veces como fue necesario. Hoy lo haremos una vez más. Pero creo que es importante hacer algunas reflexiones.
Si uno se para hoy en Puerto Madero o en San Telmo advertirá que la situación es muy distinta a la del año 2002: no hay cacerolazos, no hay gente rompiendo los vidrios de los bancos, hay menos marchas, hay récord de turismo, la construcción es la vedette del crecimiento económico, se hacen casas caras sin créditos, el producto de las cosechas va a parar a inmuebles, etcétera. Es decir que pareciera que en materia económica todo está fantástico. Pero no es tan así, señor presidente. Es verdad que estamos mucho mejor que hace cinco años, pero no es cierto que se terminaron todos los problemas en la Argentina.
En cada rubro o en cada sector de la actividad humana existen los brujos, que son los que nos dicen lo que va a pasar en el futuro. Cuando yo era secretario de Hacienda, en el Ministerio de Economía tenía mis propios brujos, los que todos los días me decían lo mal que iba a estar el día siguiente. Venía el econometrista, el que hacía proyecciones macro, el que hablaba de la recaudación, etcétera. Un día le pregunté a uno de ellos cuánto íbamos a demorar para salir de esa situación, y me respondió lo siguiente: "Veinte años si nos va bien, si le pegamos en el sentido de la historia y si los mercados apuntan; estas son las condiciones favorables para que en veinte años salgamos de esta situación". Y está claro; en el largo plazo las crisis calan tan profundo que no lo mide ningún índice de precios, ni el PBI, ni absolutamente ningún indicador que diga lo bien que estamos.
En el diario de hoy apareció una noticia que pasó casi inadvertida, pero que habla de otra crisis que todavía está en la memoria de los argentinos, quizás más grave en algunos aspectos y que algunos sectores la quieren olvidar. Tres hijos de soldados de Malvinas se suicidaron al igual que sus padres. Este es el efecto de las crisis en las mentes de las personas. Y los efectos de la crisis de 2001 se verán probablemente durante 20 años si persistimos en una política que no permita cambiar el rumbo de la historia.
¿De qué estamos hablando hoy? De una herramienta de gobierno que sirva para atacar los problemas que sin duda el país tiene y que continuarán por mucho tiempo. La distribución del ingreso es el problema del que más veces se ha hablado aquí. Pero este tema también tiene que ver con los modos de producción que se están dando en el mundo. Si hablamos con los chilenos, nos dicen que les va bien desde hace veinte años pero que tienen problemas con la distribución del ingreso. Esto se repite en casi toda América Latina. Hay modos de producción que generan otras formas de trabajo y de tecnología y que han hecho perder la proporción del salario en casi todo el planeta.
Entonces, es mentira que en la Argentina esto se va a solucionar mágicamente en un año.
Por lo tanto, creo que debemos medir por resultados. Y los resultados indican que el camino recorrido ha sido bueno y que se ha puesto en marcha un proceso con hechos inéditos. A veces nos olvidamos de esto. Por ejemplo, deberíamos colocar entre las cosas importantísimas que han cambiado la historia del país el hecho de que después de treinta años nos hayamos sacado de encima el peso que implicaba que el Fondo Monetario nos impusiera las cosas que debíamos hacer. Hace treinta años, siguiendo políticas impuestas por los organismos internacionales, la deuda no paraba de crecer y el país ni siquiera tenía la posibilidad de llevar a cabo una política autónoma, con la que hoy sí contamos.
Lógicamente, las políticas nunca cambian de una año para otro; a veces ni siquiera lo hacen en una década, porque hay condiciones estructurales, formas de la producción y estructuras en el campo, en la industria y en la tecnología, que van a durar muchísimo tiempo.
Algo que se debe aprender -por lo menos a mí me ha pasado- es a ser bastante más humildes en los juicios. Cuando uno no tiene que tomar una decisión de gobierno todos los días, es muy fácil decir: "¡Qué mal que hizo esto el gobernante! ¡Yo lo hubiese hecho de otra manera!" Pero como en la Argentina cada cual tiene su historia, muchas de las críticas que se escuchan aquí tienen que ver bastante con lo que alguna vez dijo el diputado Baglini en su famoso teorema. Algunas son tan descabelladas porque esa persona nunca se va a acercar al poder, y otras son tan descabelladas que no parece increíble que alguna vez esa persona haya gobernado.
Nosotros nos hacemos cargo de lo que significa apoyar al gobierno con este proyecto, y pedimos al conjunto de la Cámara y de los expertos que nos han aconsejado, que nos den la oportunidad o nos tengan la tolerancia necesarias. En definitiva, este bloque es mayoritario no por una decisión arbitraria sino por voluntad del voto popular. Normalmente, si uno acierta cuenta con el respaldo de la gente, y cuando se equivoca el pueblo castiga y es impiadoso.
Creo que el uso equilibrado de esta ley por parte del Poder Ejecutivo merece la confianza y el acompañamiento, porque en momentos claves el país necesita fortaleza política y es allí cuando las decisiones estructurales deben ser respaldadas. Entonces, acompañar este proyecto de ley no es una cuestión menor. No se trata de un año más o de un año menos, sino de decir "estamos saliendo juntos". Si uno está convencido de ello sería mucho mejor que votáramos afirmativamente este proyecto no sólo los peronistas sino también el resto de los diputados, porque todos estamos saliendo juntos, y en todo caso, todos vamos a ser herederos de los beneficios de lo que podamos hacer. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(CAMBARERI)
Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.
SR. POGGI, CLAUDIO JAVIER (SAN LUIS):
Señor presidente: nuestro interbloque no va a acompañar esta prórroga de la emergencia pública por un año, como tampoco lo hicimos en ocasión de las últimas dos prórrogas. En cada una de tales oportunidades anunciamos que la emergencia iría prorrogándose año tras año porque no existía la más mínima voluntad política de abandonar ese estado, no tanto porque hubiera causales que justificaran esa situación de excepción sino fundamentalmente por la clara intención de retener una enorme delegación legislativa.
Se trata de poderes extraordinarios que importan mantener vigente la legislación de emergencia sancionada en enero de 2002 y sus normas complementarias; es decir, continuar con las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo en la ley 25.561 y en las leyes y decretos posteriores, a lo que se suman los superpoderes presupuestarios concedidos al jefe de Gabinete de Ministros y la posibilidad de que fácilmente, y sin fundamentos, se emitan decretos de necesidad y urgencia.
Ello lleva la discrecionalidad a su máxima expresión, y por supuesto -como lógica consecuencia-, a la clausura casi definitiva de la operación del Congreso Nacional, y eso es un error.
Claramente quienes promueven esta nueva prórroga parten de la base de que mientras subsistan los problemas económicos y sociales en la República Argentina el Congreso no debe funcionar, porque no sirve, es moroso, obstaculiza la gestión, etcétera. Esto es un error. Es claro que mediante la sanción de estas normas los legisladores, como Parlamento, estamos autodeclarándonos incompetentes e incapaces de resolver los problemas del país.
¿Alguien puede creer que de esa manera solucionaremos todos los males que subsisten en la Argentina? ¿Acaso no tenemos experiencia de que muchos de los problemas de nuestro país tienen origen en la discrecionalidad del manejo de las políticas y los recursos públicos? No podemos desconocer que cuando las cuestiones son abordadas por el Congreso se transparentan, ya que son conocidas con precisión por los medios de comunicación, por la opinión pública y por quienes nos votaron, que requieren que seamos su voz en los grandes temas nacionales.
Es posible que algunas situaciones que vive el país requieran en cierto modo de la protección de un régimen de emergencia en la medida en que éste sirva para defender los intereses de la Nación; pero no es precisamente ésa la razón por la que se pretende la prórroga.
¿Qué sentido tiene prorrogar la emergencia financiera y bancaria habiendo compensado todo a los bancos, con el consiguiente aumento de nuestra deuda pública? ¿Qué más tenemos que compensarles? ¿Qué otra cosa debemos hacer en el tema bancario? ¿Habrán quedado saldos sin compensar? Imaginen los señores diputados la discrecionalidad que significa que continúe el ejercicio de la facultad de compensar a los bancos. La emergencia financiera y bancaria también es eso: superpoderes al ministro de Economía de turno. Vamos a prorrogar también la metodología que viene usándose para la renegociación de los contratos de obras y servicios públicos. ¿Estamos de acuerdo con cómo desde el Congreso abordamos el tema? ¿Cuántos hemos tratado? ¿Cuántos se han sancionado en forma ficta? Saquemos el número. ¿Compartimos el procedimiento de la intervención del Congreso en el abordaje de este tema? No podemos compartirlo porque por lógica consecuencia esto implica superpoderes para el ministro de Planificación.
También vamos a prorrogar la emergencia sanitaria. ¿Con qué objetivo? ¿Para que la intervención del PAMI tenga las manos libres para contratar y renegociar sin seguir los procedimientos administrativos que requiere el manejo de los fondos públicos, con un presupuesto de 4.000 millones de pesos?
Eso es lo que también estamos habilitando con esta emergencia sanitaria. Superpoderes para el interventor del PAMI o para el ministerio de Salud. La emergencia sanitaria le permite al mencionado interventor comprar insumos, remedios, sin licitaciones: compras directas. Superpoderes para el ministro de Salud, que tiene un presupuesto de 1.700 millones de pesos sin hospitales a cargo.
Prorrogamos también la emergencia ocupacional. Uno puede compartir o no esto, pero para mantener o reformular el Programa Jefes de Hogar no se necesita estar en emergencia ocupacional. Es un programa de gobierno que se puede mantener perfectamente, suprimir o reemplazar mientras esté en el presupuesto y en el plan general de gobierno. ¿Hace falta la emergencia ocupacional para esto? No, no hace falta.
Prorrogamos la emergencia alimentaria para que el Ministerio de Desarrollo Social tenga la flexibilidad para comprar en forma directa los alimentos sin procedimientos administrativos. Superpoderes para el Ministerio de Desarrollo Social, con 700 millones de presupuesto para el programa alimentario del próximo año.
Entonces, la realidad objetiva es que bajo el ropaje jurídico forzado de una emergencia pública el gobierno retiene para sí un enorme poder discrecional para todos los temas relevantes del país, eludiendo procedimientos administrativos y la participación del Congreso Nacional.
Nosotros estamos convencidos de que tenemos que empezar a legislar para adelante, como lo decía algún legislador, con creatividad e inteligencia. Estamos viviendo momentos diferentes a los de 2001 y 2002. Tenemos que legislar para los años que vienen, porque no podemos hacerlo mirando el espejo retrovisor.
No podemos seguir prorrogando la emergencia del 2002. El contexto del país y del mundo es diferente. Vamos a contramano. Necesitamos legislar para que la Argentina retome la normalidad. Debemos promover el aumento de la inversión en el país, aumentar las fuentes generadoras de trabajo, pero para ello necesitamos ser confiables en el mundo, dar certidumbre a nuestro propio destino, dar seguridad a quienes pretenden invertir.
Si tenemos que declarar la emergencia en algún tema puntual, bien, abordémoslo, pero no de esta manera. Prorrogar la emergencia pública tal como está planteada implica estar a tiro de un decreto o de una decisión administrativa que cambie las reglas de juego. Creemos que nos estamos equivocando.
Debemos minimizar el riesgo de la discrecionalidad, que afecta a las instituciones, a la República y al sistema federal de gobierno. Nosotros como interbloque no estamos de acuerdo con seguir manteniendo esta concesión de superfacultades al Poder Ejecutivo. Nos opusimos antes y nos vamos a oponer también en esta oportunidad. (Aplausos.)
Se trata de poderes extraordinarios que importan mantener vigente la legislación de emergencia sancionada en enero de 2002 y sus normas complementarias; es decir, continuar con las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo en la ley 25.561 y en las leyes y decretos posteriores, a lo que se suman los superpoderes presupuestarios concedidos al jefe de Gabinete de Ministros y la posibilidad de que fácilmente, y sin fundamentos, se emitan decretos de necesidad y urgencia.
Ello lleva la discrecionalidad a su máxima expresión, y por supuesto -como lógica consecuencia-, a la clausura casi definitiva de la operación del Congreso Nacional, y eso es un error.
Claramente quienes promueven esta nueva prórroga parten de la base de que mientras subsistan los problemas económicos y sociales en la República Argentina el Congreso no debe funcionar, porque no sirve, es moroso, obstaculiza la gestión, etcétera. Esto es un error. Es claro que mediante la sanción de estas normas los legisladores, como Parlamento, estamos autodeclarándonos incompetentes e incapaces de resolver los problemas del país.
¿Alguien puede creer que de esa manera solucionaremos todos los males que subsisten en la Argentina? ¿Acaso no tenemos experiencia de que muchos de los problemas de nuestro país tienen origen en la discrecionalidad del manejo de las políticas y los recursos públicos? No podemos desconocer que cuando las cuestiones son abordadas por el Congreso se transparentan, ya que son conocidas con precisión por los medios de comunicación, por la opinión pública y por quienes nos votaron, que requieren que seamos su voz en los grandes temas nacionales.
Es posible que algunas situaciones que vive el país requieran en cierto modo de la protección de un régimen de emergencia en la medida en que éste sirva para defender los intereses de la Nación; pero no es precisamente ésa la razón por la que se pretende la prórroga.
¿Qué sentido tiene prorrogar la emergencia financiera y bancaria habiendo compensado todo a los bancos, con el consiguiente aumento de nuestra deuda pública? ¿Qué más tenemos que compensarles? ¿Qué otra cosa debemos hacer en el tema bancario? ¿Habrán quedado saldos sin compensar? Imaginen los señores diputados la discrecionalidad que significa que continúe el ejercicio de la facultad de compensar a los bancos. La emergencia financiera y bancaria también es eso: superpoderes al ministro de Economía de turno. Vamos a prorrogar también la metodología que viene usándose para la renegociación de los contratos de obras y servicios públicos. ¿Estamos de acuerdo con cómo desde el Congreso abordamos el tema? ¿Cuántos hemos tratado? ¿Cuántos se han sancionado en forma ficta? Saquemos el número. ¿Compartimos el procedimiento de la intervención del Congreso en el abordaje de este tema? No podemos compartirlo porque por lógica consecuencia esto implica superpoderes para el ministro de Planificación.
También vamos a prorrogar la emergencia sanitaria. ¿Con qué objetivo? ¿Para que la intervención del PAMI tenga las manos libres para contratar y renegociar sin seguir los procedimientos administrativos que requiere el manejo de los fondos públicos, con un presupuesto de 4.000 millones de pesos?
Eso es lo que también estamos habilitando con esta emergencia sanitaria. Superpoderes para el interventor del PAMI o para el ministerio de Salud. La emergencia sanitaria le permite al mencionado interventor comprar insumos, remedios, sin licitaciones: compras directas. Superpoderes para el ministro de Salud, que tiene un presupuesto de 1.700 millones de pesos sin hospitales a cargo.
Prorrogamos también la emergencia ocupacional. Uno puede compartir o no esto, pero para mantener o reformular el Programa Jefes de Hogar no se necesita estar en emergencia ocupacional. Es un programa de gobierno que se puede mantener perfectamente, suprimir o reemplazar mientras esté en el presupuesto y en el plan general de gobierno. ¿Hace falta la emergencia ocupacional para esto? No, no hace falta.
Prorrogamos la emergencia alimentaria para que el Ministerio de Desarrollo Social tenga la flexibilidad para comprar en forma directa los alimentos sin procedimientos administrativos. Superpoderes para el Ministerio de Desarrollo Social, con 700 millones de presupuesto para el programa alimentario del próximo año.
Entonces, la realidad objetiva es que bajo el ropaje jurídico forzado de una emergencia pública el gobierno retiene para sí un enorme poder discrecional para todos los temas relevantes del país, eludiendo procedimientos administrativos y la participación del Congreso Nacional.
Nosotros estamos convencidos de que tenemos que empezar a legislar para adelante, como lo decía algún legislador, con creatividad e inteligencia. Estamos viviendo momentos diferentes a los de 2001 y 2002. Tenemos que legislar para los años que vienen, porque no podemos hacerlo mirando el espejo retrovisor.
No podemos seguir prorrogando la emergencia del 2002. El contexto del país y del mundo es diferente. Vamos a contramano. Necesitamos legislar para que la Argentina retome la normalidad. Debemos promover el aumento de la inversión en el país, aumentar las fuentes generadoras de trabajo, pero para ello necesitamos ser confiables en el mundo, dar certidumbre a nuestro propio destino, dar seguridad a quienes pretenden invertir.
Si tenemos que declarar la emergencia en algún tema puntual, bien, abordémoslo, pero no de esta manera. Prorrogar la emergencia pública tal como está planteada implica estar a tiro de un decreto o de una decisión administrativa que cambie las reglas de juego. Creemos que nos estamos equivocando.
Debemos minimizar el riesgo de la discrecionalidad, que afecta a las instituciones, a la República y al sistema federal de gobierno. Nosotros como interbloque no estamos de acuerdo con seguir manteniendo esta concesión de superfacultades al Poder Ejecutivo. Nos opusimos antes y nos vamos a oponer también en esta oportunidad. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(CAMBARERI)
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
SR. GALVALISI, LUIS ALBERTO (CAP FEDERAL):
Señor presidente: a veces se hace difícil encauzar un tema técnico y político a la vez, como en este caso.
Voy a empezar repitiendo las palabras del señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el señor diputado Snopek. Decía: "Para los queescuchen." Muchos lo escuchamos hablar, y se refirió a la emergencia en salud y en la parte ocupacional. Es bueno reconocer que hay falencias en salud, educación y ocupación. En esas áreas estamos en crisis pues el Estado no está cumpliendo.
Si bien todo eso es verdad, las cifras no se condicen con el contexto. El mensaje remitido por el Poder Ejecutivo el 5 de enero de 2002 -si mal no recuerdo el actual senador Capitanich era entonces jefe de Gabinete de Ministros- decía así: "Ciertamente, el escenario social, económico y financiero de nuestro país en el presente exhibe descarnadamente las consecuencias producidas por un sistema monetario que, desde un dogmatismo no exento de contradicciones, se persistió en mantener a pesar de las claras señales de alarma...". Más adelante continúa del siguiente modo: "Atento a las circunstancias descritas de marcada excepcionalidad, resulta menester adoptar actos de gobierno que resulten acordes para superar tales desafíos, actos que deben encontrar en el Poder Legislativo..." -este Poder Legislativo- "...el necesario respaldo, propio de la división de poderes que establece nuestra Constitución."
El señor diputado Poggi y otros que me precedieron en el uso de la palabra aludieron a la modificación del artículo 37. Esto mismo está siendo contradicho en función de los debates.
Cabe preguntarse si todavía estamos en emergencia. Al respecto recordemos lo que sostuvo en este recinto el presidente cuando brindó su informe, que repitieron varios funcionarios. Sostuvo que el producto bruto interno de 2006 es un 14 por ciento más alto que el de 1998, que el sector público nacional exhibe este año un superávit del 3,7 por ciento del PBI y que la cuenta corriente de la balanza de pagos exhibe un superávit de más del dos por ciento en 2006.
Asimismo manifestó que el salario promedio de la economía según el INDEC muestra un 80,6 por ciento de recupero y que la tasa de desocupación correspondiente al segundo semestre de 2006 es de un 10,4 por ciento, menor a la de 1998, que era del 13,2 por ciento. Nos cuestionamos entonces dónde está la emergencia.
Es necesario circunscribir la emergencia, poner los puntos sobre las íes y decir qué sucede en cada rubro. En ese sentido acordamos con lo que mencionó el miembro informante al comienzo de su exposición respecto de que tenemos una emergencia ocupacional, educativa y de salud que es necesario resolver. Pero esa emergencia no se registra en todos los ámbitos, porque en ese caso los discursos que se pronuncian desde el oficialismo no se condicen con lo que se propone en esta norma.
Comparto técnicamente lo que señaló el señor diputado Lamberto respecto de que este proyecto es una herramienta, como también lo es el presupuesto, para la toma de decisiones. Pero esa herramienta hay que utilizarla con responsabilidad, porque quien tiene el poder es responsable de asumirlo y definir qué hacer con él, rindiendo cuentas a la población y no solamente al Poder Legislativo.
Cuando se miden los resultados, los buenos y los malos, cada uno puede tomar su decisión. Mi concepción es totalmente liberal y progresista y yo personalmente no habría pagado al Fondo Monetario Internacional, pero el gobierno decidió hacerlo. Sin embargo seguimos siendo miembros de ese organismo, y como es sabido estamos sujetos a una evaluación anual.
La cuestión de fondo es no decir verdades a medias. No dudo de que en algunos casos estamos en emergencia ni de que debemos mejorar la situación. Si requieren nuestro apoyo lo concederemos, siempre y cuando sean conscientes de esa responsabilidad y podamos trabajar en conjunto. Ello no es posible mientras el oficialismo se abroquele en la actitud de que hay que aprobar todas las normas sin medir las consecuencias de las mismas.
En el debate del 5 de enero de 2002 el doctor Alberto Natale dijo lo siguiente: "...se vuelve a una economía intervencionista, dirigista e inflacionaria. Además, como sucede en todos estos procesos, habrá muchos perdedores y también algunos ganadores." Y más adelante prosiguió: "Por más controles que se puedan imponer..." -llamémoslos acuerdos de precios si quieren- "... volveremos necesariamente a las fraudulentas subfacturaciones y sobrefacturaciones de nuestro comercio exterior, que permitieron obtener pingües ganancias a muchos inescrupulosos importadores y exportadores. "Tengo la sensación de que estamos intentando salir de la crisis no mirando hacia el futuro sino hacia atrás, repitiendo una historia que los argentinos ya hemos vivido y que no necesariamente tenemos que volver a vivir."
Para concluir, deseo citar una frase de Lisandro de la Torre: "A confesión de parte, relevo de prueba". Si quieren una ley de emergencia económica y pública, cuenten con nuestro apoyo en lo que sea necesario, pero no para aplicar una norma abierta en la que no se fijen parámetros y medidas que contengan a la ciudadanía. (Aplausos.)
Voy a empezar repitiendo las palabras del señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el señor diputado Snopek. Decía: "Para los queescuchen." Muchos lo escuchamos hablar, y se refirió a la emergencia en salud y en la parte ocupacional. Es bueno reconocer que hay falencias en salud, educación y ocupación. En esas áreas estamos en crisis pues el Estado no está cumpliendo.
Si bien todo eso es verdad, las cifras no se condicen con el contexto. El mensaje remitido por el Poder Ejecutivo el 5 de enero de 2002 -si mal no recuerdo el actual senador Capitanich era entonces jefe de Gabinete de Ministros- decía así: "Ciertamente, el escenario social, económico y financiero de nuestro país en el presente exhibe descarnadamente las consecuencias producidas por un sistema monetario que, desde un dogmatismo no exento de contradicciones, se persistió en mantener a pesar de las claras señales de alarma...". Más adelante continúa del siguiente modo: "Atento a las circunstancias descritas de marcada excepcionalidad, resulta menester adoptar actos de gobierno que resulten acordes para superar tales desafíos, actos que deben encontrar en el Poder Legislativo..." -este Poder Legislativo- "...el necesario respaldo, propio de la división de poderes que establece nuestra Constitución."
El señor diputado Poggi y otros que me precedieron en el uso de la palabra aludieron a la modificación del artículo 37. Esto mismo está siendo contradicho en función de los debates.
Cabe preguntarse si todavía estamos en emergencia. Al respecto recordemos lo que sostuvo en este recinto el presidente cuando brindó su informe, que repitieron varios funcionarios. Sostuvo que el producto bruto interno de 2006 es un 14 por ciento más alto que el de 1998, que el sector público nacional exhibe este año un superávit del 3,7 por ciento del PBI y que la cuenta corriente de la balanza de pagos exhibe un superávit de más del dos por ciento en 2006.
Asimismo manifestó que el salario promedio de la economía según el INDEC muestra un 80,6 por ciento de recupero y que la tasa de desocupación correspondiente al segundo semestre de 2006 es de un 10,4 por ciento, menor a la de 1998, que era del 13,2 por ciento. Nos cuestionamos entonces dónde está la emergencia.
Es necesario circunscribir la emergencia, poner los puntos sobre las íes y decir qué sucede en cada rubro. En ese sentido acordamos con lo que mencionó el miembro informante al comienzo de su exposición respecto de que tenemos una emergencia ocupacional, educativa y de salud que es necesario resolver. Pero esa emergencia no se registra en todos los ámbitos, porque en ese caso los discursos que se pronuncian desde el oficialismo no se condicen con lo que se propone en esta norma.
Comparto técnicamente lo que señaló el señor diputado Lamberto respecto de que este proyecto es una herramienta, como también lo es el presupuesto, para la toma de decisiones. Pero esa herramienta hay que utilizarla con responsabilidad, porque quien tiene el poder es responsable de asumirlo y definir qué hacer con él, rindiendo cuentas a la población y no solamente al Poder Legislativo.
Cuando se miden los resultados, los buenos y los malos, cada uno puede tomar su decisión. Mi concepción es totalmente liberal y progresista y yo personalmente no habría pagado al Fondo Monetario Internacional, pero el gobierno decidió hacerlo. Sin embargo seguimos siendo miembros de ese organismo, y como es sabido estamos sujetos a una evaluación anual.
La cuestión de fondo es no decir verdades a medias. No dudo de que en algunos casos estamos en emergencia ni de que debemos mejorar la situación. Si requieren nuestro apoyo lo concederemos, siempre y cuando sean conscientes de esa responsabilidad y podamos trabajar en conjunto. Ello no es posible mientras el oficialismo se abroquele en la actitud de que hay que aprobar todas las normas sin medir las consecuencias de las mismas.
En el debate del 5 de enero de 2002 el doctor Alberto Natale dijo lo siguiente: "...se vuelve a una economía intervencionista, dirigista e inflacionaria. Además, como sucede en todos estos procesos, habrá muchos perdedores y también algunos ganadores." Y más adelante prosiguió: "Por más controles que se puedan imponer..." -llamémoslos acuerdos de precios si quieren- "... volveremos necesariamente a las fraudulentas subfacturaciones y sobrefacturaciones de nuestro comercio exterior, que permitieron obtener pingües ganancias a muchos inescrupulosos importadores y exportadores. "Tengo la sensación de que estamos intentando salir de la crisis no mirando hacia el futuro sino hacia atrás, repitiendo una historia que los argentinos ya hemos vivido y que no necesariamente tenemos que volver a vivir."
Para concluir, deseo citar una frase de Lisandro de la Torre: "A confesión de parte, relevo de prueba". Si quieren una ley de emergencia económica y pública, cuenten con nuestro apoyo en lo que sea necesario, pero no para aplicar una norma abierta en la que no se fijen parámetros y medidas que contengan a la ciudadanía. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(CAMBARERI)
Tiene la palabra el señor diputado por Formosa.
SR. ROQUEL, RODOLFO (FORMOSA):
Señor presidente: "Pido a mi Dios que me asista en una ocasión tan ruda", como dice el Martín Fierro.
Quisiera reflexionar con ustedes sobre cierto viento que sopla en la opinión publicada de la Argentina, en los editoriales de algunos grandes diarios, en las voces de los comentaristas supuestamente políticos de la televisión, en las cartas que selecciona para su publicación una tribuna de doctrina y en la opinión de muchos dirigentes políticos. Se trata de un viento de ideas conservadoras, que en este caso se podrían resumir en el siguiente argumento: en 2001 tuvimos una gran crisis que se manifestó a través de una cantidad de indicadores económicos, que ahora han cambiado. Consecuentemente, como la crisis ha terminado, podemos volver a la normalidad -entre comillas- que existía antes de que ella se manifestara.
Esas voces conservadoras -que son coincidentes- se escuchan tanto desde sectores que se autodefinen como de centro como desde los que se autodefinen de izquierda, incluso de extrema izquierda. En mi opinión parten de una idea equivocada, porque creen que la crisis de 2001 fue una más de las que se registran en las ondulaciones cíclicas que caracterizan a la economía capitalista. Personalmente pienso que fue mucho más que eso; fue un tremendo sacudón que la historia nos dio a los argentinos para hacernos ver qué mundo se venía y qué mundo había muerto.
Los hombres no solemos darnos cuenta de lo que ocurre. Cuando terminó la antigüedad los hombres que con la gran migración de los pueblos entraron en el medioevo creyeron que esa era una situación de emergencia y que se restablecería la normalidad imperial. Así fue como después de muchos siglos eligieron a un emperador, que se llamó Carlomagno; pasaron más siglos, y en los albores del Renacimiento -en pleno siglo XII-, Dante Alighieri escribe su libro De la monarquía, en el que propicia la restauración del imperio romano. Lo mismo sucedió cuando terminó la Edad Media y comenzó la edad de la razón.Y precisamente la edad de la razón que llegó hasta ayer nomás terminó -por ese gusto que se tiene de poner fechas o citar acontecimientos a lo que en realidad son cambios graduales- con la implosión del imperio soviético, la caída del muro de Berlín o lo que ustedes prefieran.
Se terminó con la crisis de los totalitarismos que eran el resultado del nihilismo, que había llevado la razón a sus extremos más ilógicos.
La crisis de 2001 nos vino a decir: "Argentinos, ustedes están en la posmodernidad. Todo lo que saben no les sirve para nada. Han entrado a un mundo nuevo, que es una tierra incógnita, a un mundo en el que los caminos hay que hacerlos al andar, a un mundo para el que no hay mapas ni recetas."
La vida no es tan fácil. No vamos a poder volver a lo de antes. La emergencia no sirve para volver a lo de antes, sino para dar contenidos y objetivos nuevos a las instituciones.
Yo quiero la democracia y la República, pero las quiero para seguir adelante y no para mirar para atrás. Siento las mismas añoranzas que perciben los miembros de la oposición que han hecho uso de la palabra hoy. También añoro esos principios que aprendí en la facultad, y que son los mismos que aprendieron ustedes. Los aprendí en la vida, como los aprendieron ustedes. Pero sé que esos no son los objetivos ni los desafíos con que se van a encontrar nuestros hijos y nuestros nietos.
Nosotros no tenemos la obligación de restaurar el mundo, porque la tradición no sirve para mirar para atrás. La tradición sirve, como decía un medievalista francés, para pararse sobre los hombros de las generaciones precedentes y mirar hacia el porvenir los caminos nuevos y desconocidos que se nos presenten.
Es muy lindo volver atrás, pero no debemos olvidar que tenemos una gran responsabilidad con la juventud argentina, con esa juventud que quizás ya no tenga nuestros mismos valores ni nuestra misma forma de vida ni nuestra forma de confrontar. Sin embargo, a esa juventud le debemos todo, porque ellos tendrán que lidiar con sus propios problemas, pero no podemos dejarle deudas impagas.
Por eso el pueblo argentino quiere no que se siga delegando en el Poder Ejecutivo, sino que se le siga diciendo, como se le dice al Poder Ejecutivo, qué tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, y para qué debe hacerlo al ejercer las facultades de gestión y de administración que les son propias.
Quieren que siga la vigencia de esta ley, porque será la forma de abrir el camino a las generaciones que nos siguen. Tenemos que hacerlo por los jóvenes, por favor, para poder decir nosotros con tranquilidad de conciencia, repitiendo las palabras del maestro Estrada: "Hemos pensado mucho en vosotros y muy poco en nosotros mismos." (Aplausos.)
Quisiera reflexionar con ustedes sobre cierto viento que sopla en la opinión publicada de la Argentina, en los editoriales de algunos grandes diarios, en las voces de los comentaristas supuestamente políticos de la televisión, en las cartas que selecciona para su publicación una tribuna de doctrina y en la opinión de muchos dirigentes políticos. Se trata de un viento de ideas conservadoras, que en este caso se podrían resumir en el siguiente argumento: en 2001 tuvimos una gran crisis que se manifestó a través de una cantidad de indicadores económicos, que ahora han cambiado. Consecuentemente, como la crisis ha terminado, podemos volver a la normalidad -entre comillas- que existía antes de que ella se manifestara.
Esas voces conservadoras -que son coincidentes- se escuchan tanto desde sectores que se autodefinen como de centro como desde los que se autodefinen de izquierda, incluso de extrema izquierda. En mi opinión parten de una idea equivocada, porque creen que la crisis de 2001 fue una más de las que se registran en las ondulaciones cíclicas que caracterizan a la economía capitalista. Personalmente pienso que fue mucho más que eso; fue un tremendo sacudón que la historia nos dio a los argentinos para hacernos ver qué mundo se venía y qué mundo había muerto.
Los hombres no solemos darnos cuenta de lo que ocurre. Cuando terminó la antigüedad los hombres que con la gran migración de los pueblos entraron en el medioevo creyeron que esa era una situación de emergencia y que se restablecería la normalidad imperial. Así fue como después de muchos siglos eligieron a un emperador, que se llamó Carlomagno; pasaron más siglos, y en los albores del Renacimiento -en pleno siglo XII-, Dante Alighieri escribe su libro De la monarquía, en el que propicia la restauración del imperio romano. Lo mismo sucedió cuando terminó la Edad Media y comenzó la edad de la razón.Y precisamente la edad de la razón que llegó hasta ayer nomás terminó -por ese gusto que se tiene de poner fechas o citar acontecimientos a lo que en realidad son cambios graduales- con la implosión del imperio soviético, la caída del muro de Berlín o lo que ustedes prefieran.
Se terminó con la crisis de los totalitarismos que eran el resultado del nihilismo, que había llevado la razón a sus extremos más ilógicos.
La crisis de 2001 nos vino a decir: "Argentinos, ustedes están en la posmodernidad. Todo lo que saben no les sirve para nada. Han entrado a un mundo nuevo, que es una tierra incógnita, a un mundo en el que los caminos hay que hacerlos al andar, a un mundo para el que no hay mapas ni recetas."
La vida no es tan fácil. No vamos a poder volver a lo de antes. La emergencia no sirve para volver a lo de antes, sino para dar contenidos y objetivos nuevos a las instituciones.
Yo quiero la democracia y la República, pero las quiero para seguir adelante y no para mirar para atrás. Siento las mismas añoranzas que perciben los miembros de la oposición que han hecho uso de la palabra hoy. También añoro esos principios que aprendí en la facultad, y que son los mismos que aprendieron ustedes. Los aprendí en la vida, como los aprendieron ustedes. Pero sé que esos no son los objetivos ni los desafíos con que se van a encontrar nuestros hijos y nuestros nietos.
Nosotros no tenemos la obligación de restaurar el mundo, porque la tradición no sirve para mirar para atrás. La tradición sirve, como decía un medievalista francés, para pararse sobre los hombros de las generaciones precedentes y mirar hacia el porvenir los caminos nuevos y desconocidos que se nos presenten.
Es muy lindo volver atrás, pero no debemos olvidar que tenemos una gran responsabilidad con la juventud argentina, con esa juventud que quizás ya no tenga nuestros mismos valores ni nuestra misma forma de vida ni nuestra forma de confrontar. Sin embargo, a esa juventud le debemos todo, porque ellos tendrán que lidiar con sus propios problemas, pero no podemos dejarle deudas impagas.
Por eso el pueblo argentino quiere no que se siga delegando en el Poder Ejecutivo, sino que se le siga diciendo, como se le dice al Poder Ejecutivo, qué tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, y para qué debe hacerlo al ejercer las facultades de gestión y de administración que les son propias.
Quieren que siga la vigencia de esta ley, porque será la forma de abrir el camino a las generaciones que nos siguen. Tenemos que hacerlo por los jóvenes, por favor, para poder decir nosotros con tranquilidad de conciencia, repitiendo las palabras del maestro Estrada: "Hemos pensado mucho en vosotros y muy poco en nosotros mismos." (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(CAMBARERI)
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
SR. MARCONATO, GUSTAVO ANGEL (SANTA FE):
Señor presidente: después de haber escuchado las distintas exposiciones de esta tarde en este recinto, debo decir que según mi entender hay cuestiones bastante contradictorias.
Se habló en varias oportunidades si aprobar este proyecto de ley era una cuestión de fracaso o de picardía. Esto me hizo reflexionar en cuanto a que indudablemente estamos situados en momentos diferentes. No podemos decir que hubo fracaso, ni tampoco podemos decir que hay picardía. No hubo fracaso porque en cada uno de los ítem por los cuales hoy estamos solicitando esta prórroga del 1° de enero al 31 de diciembre de 2007, hemos advertido mejoras sustanciales a partir de la crisis que hemos vivido, lo cual ha sido expresado por el propio gobierno. Pero también tenemos que decir que hay muchas cuestiones por resolver.
Debemos tener facultades para renegociar contratos, lo cual lleva a pensar que seguimos en crisis social. Algunos también mencionaron la crisis sanitaria y otros la ocupacional, pero no miramos el todo. Administrar no consiste en separar las partes sin mirar el todo.
Hablaban del sistema cambiario y en ese sentido quiero señalar que después de la crisis vivida obviamente hemos logrado un tipo de cambio competitivo para la economía argentina. Tener una economía competitiva significó y sigue significando generación de empleo. Y la generación de empleo significó y va a seguir significando disminución de la tasa de desempleo, de la pobreza y de la indigencia.
Se hacen aquí análisis acerca de la finalización de la crisis y de la emergencia y eso me recuerda los diagnósticos y análisis de distintos profesionales referidos al futuro económico del país. En este sentido, tengo que decir que sostener el tipo de cambio significa una decisión política del gobierno nacional y para ello se necesitan medidas excepcionales.
Los propios analistas de la oposición que determinan la definición de la emergencia también dicen que es imposible sostener un tipo de cambio competitivo sin inflación. Sin embargo, estamos logrando el tipo de cambio competitivo y al mismo tiempo un control de la inflación. Eso se relaciona con medidas excepcionales y una decisión política del gobierno nacional.
Cuando hablaba de la desocupación me referí a la mejora de los índices. Cuando hablamos de la pobreza y de la indigencia también tenemos que referirnos al mejoramiento de los índices. Pero más allá de los tres millones de empleos que ha generado la administración de este gobierno hoy tenemos que decir que todavía 1.600.000 personas están desempleadas en nuestro país. Casi un millón de personas se ven beneficiadas por el Programa Jefes de Hogar, que este gobierno está readecuando para lograr una salida laboral a la altura de las circunstancias que vive el país.
La emergencia -no lo debemos olvidar- no ha posibilitado llevar adelante políticas concretas para superar la situación social. Debo recordar la asignación de más de trescientos cincuenta millones de pesos, adicionales a los trescientos cincuenta millones de pesos que ya existían, para asistir alimentariamente a cuatro millones y medio de argentinos. Debemos tener en cuenta el ajuste del salario mínimo, los incrementos de sumas fijas otorgados al sector público y privado, los aumentos de jubilaciones y pensiones y las medidas de protección a los trabajadores ocupados, entre las que resalta el mantenimiento de las compensaciones especiales por indemnización.
Decimos cotidianamente que debemos profundizar los aspectos en materia distributiva. En este sentido, también el Poder Ejecutivo nacional intervino en materia salarial, a fin de generar un sendero de recuperación del poder adquisitivo, favoreciendo acuerdos por actividad, a fin de que los trabajadores formen parte efectiva de la distribución sectorial de cada una de las actividades.
En cuanto a la emergencia habitacional, existen en el país 10.400.000 viviendas. El déficit habitacional alcanza a 1.500.000 viviendas. Podemos mencionar que quince millones de personas no tienen acceso al gas. El 3 por ciento del total de los hogares tampoco tiene luz. Entre dieciocho y veinte millones de personas no poseen acceso a cloacas. Con todos estos datos, más el sacrificio que en la inversión pública está realizando el gobierno nacional, ¿podemos decir que ha terminado la emergencia en nuestro país?
Tampoco puedo pasar por alto la situación muy especial de la renegociación de los contratos de los servicios públicos. Este tema es sumamente delicado y se debe realizar un análisis muy concreto. Ello se vincula con la definición de la tarifa y con una rentabilidad justa que permita seguir invirtiendo en el país para dar respuesta a la demanda que origina el crecimiento.
De todos modos, en este ámbito debo decir claramente que la única situación posible para los contratos pendientes es la declaración de emergencia, que ha permitido incluir cláusulas específicas vinculadas con un trato equitativo para cada renegociación.
Se habló en varias oportunidades si aprobar este proyecto de ley era una cuestión de fracaso o de picardía. Esto me hizo reflexionar en cuanto a que indudablemente estamos situados en momentos diferentes. No podemos decir que hubo fracaso, ni tampoco podemos decir que hay picardía. No hubo fracaso porque en cada uno de los ítem por los cuales hoy estamos solicitando esta prórroga del 1° de enero al 31 de diciembre de 2007, hemos advertido mejoras sustanciales a partir de la crisis que hemos vivido, lo cual ha sido expresado por el propio gobierno. Pero también tenemos que decir que hay muchas cuestiones por resolver.
Debemos tener facultades para renegociar contratos, lo cual lleva a pensar que seguimos en crisis social. Algunos también mencionaron la crisis sanitaria y otros la ocupacional, pero no miramos el todo. Administrar no consiste en separar las partes sin mirar el todo.
Hablaban del sistema cambiario y en ese sentido quiero señalar que después de la crisis vivida obviamente hemos logrado un tipo de cambio competitivo para la economía argentina. Tener una economía competitiva significó y sigue significando generación de empleo. Y la generación de empleo significó y va a seguir significando disminución de la tasa de desempleo, de la pobreza y de la indigencia.
Se hacen aquí análisis acerca de la finalización de la crisis y de la emergencia y eso me recuerda los diagnósticos y análisis de distintos profesionales referidos al futuro económico del país. En este sentido, tengo que decir que sostener el tipo de cambio significa una decisión política del gobierno nacional y para ello se necesitan medidas excepcionales.
Los propios analistas de la oposición que determinan la definición de la emergencia también dicen que es imposible sostener un tipo de cambio competitivo sin inflación. Sin embargo, estamos logrando el tipo de cambio competitivo y al mismo tiempo un control de la inflación. Eso se relaciona con medidas excepcionales y una decisión política del gobierno nacional.
Cuando hablaba de la desocupación me referí a la mejora de los índices. Cuando hablamos de la pobreza y de la indigencia también tenemos que referirnos al mejoramiento de los índices. Pero más allá de los tres millones de empleos que ha generado la administración de este gobierno hoy tenemos que decir que todavía 1.600.000 personas están desempleadas en nuestro país. Casi un millón de personas se ven beneficiadas por el Programa Jefes de Hogar, que este gobierno está readecuando para lograr una salida laboral a la altura de las circunstancias que vive el país.
La emergencia -no lo debemos olvidar- no ha posibilitado llevar adelante políticas concretas para superar la situación social. Debo recordar la asignación de más de trescientos cincuenta millones de pesos, adicionales a los trescientos cincuenta millones de pesos que ya existían, para asistir alimentariamente a cuatro millones y medio de argentinos. Debemos tener en cuenta el ajuste del salario mínimo, los incrementos de sumas fijas otorgados al sector público y privado, los aumentos de jubilaciones y pensiones y las medidas de protección a los trabajadores ocupados, entre las que resalta el mantenimiento de las compensaciones especiales por indemnización.
Decimos cotidianamente que debemos profundizar los aspectos en materia distributiva. En este sentido, también el Poder Ejecutivo nacional intervino en materia salarial, a fin de generar un sendero de recuperación del poder adquisitivo, favoreciendo acuerdos por actividad, a fin de que los trabajadores formen parte efectiva de la distribución sectorial de cada una de las actividades.
En cuanto a la emergencia habitacional, existen en el país 10.400.000 viviendas. El déficit habitacional alcanza a 1.500.000 viviendas. Podemos mencionar que quince millones de personas no tienen acceso al gas. El 3 por ciento del total de los hogares tampoco tiene luz. Entre dieciocho y veinte millones de personas no poseen acceso a cloacas. Con todos estos datos, más el sacrificio que en la inversión pública está realizando el gobierno nacional, ¿podemos decir que ha terminado la emergencia en nuestro país?
Tampoco puedo pasar por alto la situación muy especial de la renegociación de los contratos de los servicios públicos. Este tema es sumamente delicado y se debe realizar un análisis muy concreto. Ello se vincula con la definición de la tarifa y con una rentabilidad justa que permita seguir invirtiendo en el país para dar respuesta a la demanda que origina el crecimiento.
De todos modos, en este ámbito debo decir claramente que la única situación posible para los contratos pendientes es la declaración de emergencia, que ha permitido incluir cláusulas específicas vinculadas con un trato equitativo para cada renegociación.
SR. PRESIDENTE(CAMBARERI)
La Presidencia le recuerda que su tiempo ha terminado, señor diputado.
SR. MARCONATO, GUSTAVO ANGEL (SANTA FE):
Señor presidente: para finalizar, quiero mencionar el voto del juez Orgaz, quien en una frase muy interesante señaló: "La emergencia dura todo el tiempo que duran las causas que la han originado."
Por ello, y a fin de que el gobierno nacional siga adelante, solicitamos la aprobación de esta iniciativa. (Aplausos.)
Por ello, y a fin de que el gobierno nacional siga adelante, solicitamos la aprobación de esta iniciativa. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(CAMBARERI)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. SARGHINI, JORGE EMILIO (BUENOS AIRES):
Señor presidente: ya los señores diputados que se han referido al dictamen de minoría que hemos compartido con otros bloques han expresado con claridad cuál es nuestra posición. También han señalado la razón por la que la emergencia que figura en el proyecto no nos contiene ni contempla las causas por las cuales estaríamos dispuestos a prorrogar la emergencia en materia social.
También han mencionado con claridad cuáles son las razones por las que entendemos que hay que dar seis meses más para la renegociación de los contratos. Voy a realizar algunas reflexiones adicionales respecto de este tema.
Escuché los argumentos oficiales en defensa del proyecto en tratamiento y llegué a la conclusión de que desde esa visión la emergencia es permanente. La construcción de la Nación es una idea de continuidad. Siempre habrá cosas por resolver, siempre habrá nuevos desafíos.
La existencia de desafíos a futuro no justifica la emergencia. La causa de la emergencia es otra, no los desafíos del futuro. Vale decir que, si esos argumentos son válidos habrá que prorrogar eternamente la emergencia, porque la Nación nunca se termina de construir y siempre hay desafíos a futuro.
Tampoco entendí con claridad qué tiene que ver la emergencia con las elecciones, qué tiene que ver con el tipo de cambio o qué tiene que ver con la inversión pública. Realmente son vinculaciones que no las puedo entender.
Hablando de cuáles son los desafíos que a nuestro entender tenemos por delante, puedo señalar la necesidad de consolidar el crecimiento económico, que felizmente en abril del próximo año cumplirá cinco años. Este crecimiento económico es producto de un modelo económico, que dicho sea de paso se inició antes de este gobierno. Debe consolidarse ese crecimiento económico y avanzar en una distribución más justa de la riqueza. Esto significa buscar con ese crecimiento económico pagar la deuda social que todavía tenemos con millones de argentinos.
Cuando analizo la ley de emergencia advierto que no sólo no ayuda a consolidar el crecimiento económico sino que tengo la absoluta certeza de que perjudica las posibilidades de crecimiento en el mediano plazo, y tampoco encuentro en esta emergencia cuáles son las razones para mantener el objetivo de ir resolviendo la deuda pública, salvo algunas cuestiones vinculadas a lo social, que propusimos en la comisión a través de un dictamen que pretendimos acordar en conjunto para sostener la emergencia por un año más.
¿Por qué no ayuda la emergencia a consolidar el crecimiento? Cuando las causas que la han determinado desaparecen es absolutamente necesario que volvamos a la normalidad administrativa. Dicha normalidad administrativa es la que va a garantizar, entre otras cosas, la necesidad de mejoras en las instituciones para que las inversiones continúen y para que detrás de esas inversiones haya más empleo, más productividad y mejores salarios, salvo que hayamos encontrado una forma distinta de generar empleo genuino que no sea a través del motor de la inversión.
La emergencia económica y financiera ha servido para resolver cuestiones en el plano bancario, financiero, bursátil. Ninguna de estas cosas queda pendiente. No existe necesidad de una resolución del Ministerio de Economía, del Banco Central o de algún lugar del gobierno para limpiar de lo más profundo de la crisis cuestiones que hayan quedado pendientes y que justifiquen el instrumento de la emergencia.
La emergencia en materia sanitaria y alimentaria esconde sólo una cosa: no hay ningún programa detrás de esa emergencia. Lo único que sostiene la emergencia alimentaria y sanitaria es que en esos ámbitos se puedan seguir haciendo compras absolutamente por afuera de lo que el derecho público dice que hay que hacer de acuerdo con la forma de administrar los recursos públicos.
Claro que puede ser necesario tener esas atribuciones en los momentos más profundos de la crisis, cuando no hay plata en caja, cuando no hay tiempos para cumplir con determinados plazos.
¿Cuáles son las razones para seguir comprando alimentos y medicamentos absolutamente por afuera de las normas del derecho público y de las disposiciones que rigen la administración de los recursos públicos? Ninguna. Esa es la única razón que esconde la emergencia alimentaria y sanitaria.
También han mencionado con claridad cuáles son las razones por las que entendemos que hay que dar seis meses más para la renegociación de los contratos. Voy a realizar algunas reflexiones adicionales respecto de este tema.
Escuché los argumentos oficiales en defensa del proyecto en tratamiento y llegué a la conclusión de que desde esa visión la emergencia es permanente. La construcción de la Nación es una idea de continuidad. Siempre habrá cosas por resolver, siempre habrá nuevos desafíos.
La existencia de desafíos a futuro no justifica la emergencia. La causa de la emergencia es otra, no los desafíos del futuro. Vale decir que, si esos argumentos son válidos habrá que prorrogar eternamente la emergencia, porque la Nación nunca se termina de construir y siempre hay desafíos a futuro.
Tampoco entendí con claridad qué tiene que ver la emergencia con las elecciones, qué tiene que ver con el tipo de cambio o qué tiene que ver con la inversión pública. Realmente son vinculaciones que no las puedo entender.
Hablando de cuáles son los desafíos que a nuestro entender tenemos por delante, puedo señalar la necesidad de consolidar el crecimiento económico, que felizmente en abril del próximo año cumplirá cinco años. Este crecimiento económico es producto de un modelo económico, que dicho sea de paso se inició antes de este gobierno. Debe consolidarse ese crecimiento económico y avanzar en una distribución más justa de la riqueza. Esto significa buscar con ese crecimiento económico pagar la deuda social que todavía tenemos con millones de argentinos.
Cuando analizo la ley de emergencia advierto que no sólo no ayuda a consolidar el crecimiento económico sino que tengo la absoluta certeza de que perjudica las posibilidades de crecimiento en el mediano plazo, y tampoco encuentro en esta emergencia cuáles son las razones para mantener el objetivo de ir resolviendo la deuda pública, salvo algunas cuestiones vinculadas a lo social, que propusimos en la comisión a través de un dictamen que pretendimos acordar en conjunto para sostener la emergencia por un año más.
¿Por qué no ayuda la emergencia a consolidar el crecimiento? Cuando las causas que la han determinado desaparecen es absolutamente necesario que volvamos a la normalidad administrativa. Dicha normalidad administrativa es la que va a garantizar, entre otras cosas, la necesidad de mejoras en las instituciones para que las inversiones continúen y para que detrás de esas inversiones haya más empleo, más productividad y mejores salarios, salvo que hayamos encontrado una forma distinta de generar empleo genuino que no sea a través del motor de la inversión.
La emergencia económica y financiera ha servido para resolver cuestiones en el plano bancario, financiero, bursátil. Ninguna de estas cosas queda pendiente. No existe necesidad de una resolución del Ministerio de Economía, del Banco Central o de algún lugar del gobierno para limpiar de lo más profundo de la crisis cuestiones que hayan quedado pendientes y que justifiquen el instrumento de la emergencia.
La emergencia en materia sanitaria y alimentaria esconde sólo una cosa: no hay ningún programa detrás de esa emergencia. Lo único que sostiene la emergencia alimentaria y sanitaria es que en esos ámbitos se puedan seguir haciendo compras absolutamente por afuera de lo que el derecho público dice que hay que hacer de acuerdo con la forma de administrar los recursos públicos.
Claro que puede ser necesario tener esas atribuciones en los momentos más profundos de la crisis, cuando no hay plata en caja, cuando no hay tiempos para cumplir con determinados plazos.
¿Cuáles son las razones para seguir comprando alimentos y medicamentos absolutamente por afuera de las normas del derecho público y de las disposiciones que rigen la administración de los recursos públicos? Ninguna. Esa es la única razón que esconde la emergencia alimentaria y sanitaria.
- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª de la Honorable Cámara, doña Patricia Vaca Narvaja.
SR. SARGHINI, JORGE EMILIO (BUENOS AIRES):
Detrás de esta ley de emergencia han sido dictadas 175 normas, y detrás de esas 175 normas se han dictado otras tantas colgadas de ellas. De esas 175 normas, 74 son resoluciones, y la mayoría de estas últimas se han dictado dentro del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Revisando y analizando las resoluciones, no veo cuáles son las que tienen justificativo en una emergencia, no veo cuáles son las que buscan consolidar el crecimiento y no veo cuáles son las que buscan mejorar la distribución de la riqueza, salvo aquellas disposiciones contenidas en el decreto 1.683, que autoriza a la Secretaría de Transportes la ejecución de las obras. Pero detrás de ellas se han dictado resoluciones para el tren bala o para la reconstrucción de algunos coches japoneses. Si esto le da base a una mejor distribución de la riqueza, me gustaría que me lo explicaran.
También podemos mencionar el decreto 446, que declara en estado de emergencia y establece un subsidio para el Ferrocarril Belgrano Cargas, o aquella resolución que colgada del decreto 180 genera fondos fiduciarios para seguir administrando recursos públicos al costado del presupuesto. No sé si esto tiene algo que ver con la distribución del ingreso.
Estas son las medidas que están debajo del paraguas de la emergencia. Como bien decía algún diputado preopinante, no es que esta ley de emergencia dispara instrumentos necesarios para administrarla sino que le pone un tremendo paraguas a un conjunto de superpoderes que todavía el gobierno quiere seguir teniendo. Esa es la verdadera razón del mantenimiento de la emergencia económica en la forma en que hoy lo está proponiendo el oficialismo.
Claro que existen razones en el plano de lo social, consecuencia de lo más profundo de la emergencia, que justifican la continuidad de la emergencia en ese ámbito: 7,5 millones de personas bajo la línea de pobreza, que representan 1.600.000 hogares, y 2.600.000 individuos en la indigencia, que representan 570.000 hogares.
Estos indicadores, que no van a ser resueltos por derrame ni tampoco con la tasa de crecimiento que esperamos tener el año que viene, exigen el mantenimiento -y por eso así lo hemos propuesto- de una emergencia en el plano de lo social y de los programas que de ella se puedan estar legítimamente colgando.
También creemos que es necesario que el gobierno, el oficialismo, acelere algunos plazos en algunas cuestiones pendientes, que mucho tienen que ver con los servicios que la población recibe. Había que renegociar más de sesenta contratos y se renegociaron menos de treinta. Ahora vamos a dar una nueva prórroga, de 180 días, para ver si levanta o mejora la productividad de quienes tienen esta responsabilidad. En esos 180 días podremos estar recibiendo esos contratos renegociados que todavía están pendientes de consideración y que no son neutros a los servicios que la población necesita.
Estamos ante nuevos desafíos. Siempre la construcción de una nación nos pone por delante nuevos desafíos. Los actuales, que consisten en consolidar el crecimiento y mejorar la distribución de la riqueza, no están contenidos y no justifican bajo ningún punto de vista la existencia de esta ley de emergencia. Repito: si queremos consolidar la emergencia debemos lograr que la normalización administrativa dé un salto de calidad institucional y no seguir manteniendo, cuando han desaparecido sus causas, instrumentos que son propios de lo más profundo de la crisis.
Es por ello que hemos propuesto, con toda responsabilidad, mantener la emergencia en el plano social y brindar un paraguas a los planes necesarios para que debajo de esta emergencia avancen en el mantenimiento de determinados objetivos y en la búsqueda de caminos superadores que vayan paliando la situación social a que he hecho referencia.
Debemos dar 180 días para que el Poder Ejecutivo pueda definitivamente terminar con el proceso de renegociación de los contratos y no sancionar una ley de emergencia con estas características, en la que no están presentes -insisto- ni el sostenimiento del crecimiento ni la justicia social. (Aplausos)
Revisando y analizando las resoluciones, no veo cuáles son las que tienen justificativo en una emergencia, no veo cuáles son las que buscan consolidar el crecimiento y no veo cuáles son las que buscan mejorar la distribución de la riqueza, salvo aquellas disposiciones contenidas en el decreto 1.683, que autoriza a la Secretaría de Transportes la ejecución de las obras. Pero detrás de ellas se han dictado resoluciones para el tren bala o para la reconstrucción de algunos coches japoneses. Si esto le da base a una mejor distribución de la riqueza, me gustaría que me lo explicaran.
También podemos mencionar el decreto 446, que declara en estado de emergencia y establece un subsidio para el Ferrocarril Belgrano Cargas, o aquella resolución que colgada del decreto 180 genera fondos fiduciarios para seguir administrando recursos públicos al costado del presupuesto. No sé si esto tiene algo que ver con la distribución del ingreso.
Estas son las medidas que están debajo del paraguas de la emergencia. Como bien decía algún diputado preopinante, no es que esta ley de emergencia dispara instrumentos necesarios para administrarla sino que le pone un tremendo paraguas a un conjunto de superpoderes que todavía el gobierno quiere seguir teniendo. Esa es la verdadera razón del mantenimiento de la emergencia económica en la forma en que hoy lo está proponiendo el oficialismo.
Claro que existen razones en el plano de lo social, consecuencia de lo más profundo de la emergencia, que justifican la continuidad de la emergencia en ese ámbito: 7,5 millones de personas bajo la línea de pobreza, que representan 1.600.000 hogares, y 2.600.000 individuos en la indigencia, que representan 570.000 hogares.
Estos indicadores, que no van a ser resueltos por derrame ni tampoco con la tasa de crecimiento que esperamos tener el año que viene, exigen el mantenimiento -y por eso así lo hemos propuesto- de una emergencia en el plano de lo social y de los programas que de ella se puedan estar legítimamente colgando.
También creemos que es necesario que el gobierno, el oficialismo, acelere algunos plazos en algunas cuestiones pendientes, que mucho tienen que ver con los servicios que la población recibe. Había que renegociar más de sesenta contratos y se renegociaron menos de treinta. Ahora vamos a dar una nueva prórroga, de 180 días, para ver si levanta o mejora la productividad de quienes tienen esta responsabilidad. En esos 180 días podremos estar recibiendo esos contratos renegociados que todavía están pendientes de consideración y que no son neutros a los servicios que la población necesita.
Estamos ante nuevos desafíos. Siempre la construcción de una nación nos pone por delante nuevos desafíos. Los actuales, que consisten en consolidar el crecimiento y mejorar la distribución de la riqueza, no están contenidos y no justifican bajo ningún punto de vista la existencia de esta ley de emergencia. Repito: si queremos consolidar la emergencia debemos lograr que la normalización administrativa dé un salto de calidad institucional y no seguir manteniendo, cuando han desaparecido sus causas, instrumentos que son propios de lo más profundo de la crisis.
Es por ello que hemos propuesto, con toda responsabilidad, mantener la emergencia en el plano social y brindar un paraguas a los planes necesarios para que debajo de esta emergencia avancen en el mantenimiento de determinados objetivos y en la búsqueda de caminos superadores que vayan paliando la situación social a que he hecho referencia.
Debemos dar 180 días para que el Poder Ejecutivo pueda definitivamente terminar con el proceso de renegociación de los contratos y no sancionar una ley de emergencia con estas características, en la que no están presentes -insisto- ni el sostenimiento del crecimiento ni la justicia social. (Aplausos)
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
SR. PINEDO, FEDERICO (CAP FEDERAL):
Señora presidenta: voy a ser muy breve y no voy a repetir otras expresiones. Hoy el presidente de la Nación nos está pidiendo que le permitamos no cumplir estrictamente con la ley ni con la Constitución y vulnerar la división de poderes. De eso se trata la emergencia. Es muy grave que un presidente solicite estas cosas a su país.
También nos pide que prorroguemos la emergencia declarada por una ley; quiere que esa norma siga vigente para que él la pueda seguir aplicando. Las leyes están para que los presidentes las apliquen.
Veamos si tiene sentido el pedido del presidente analizando qué dice la ley que quiere que nosotros prorroguemos para que él pueda seguir aplicándola.
En primer lugar, la emergencia declarada en la ley 25.561 establecía en el artículo 1° dos pautas a las que el presidente debía sujetar su actuación. La primera tenía que ver con mejorar el nivel de empleo y la distribución de ingresos, pero decía "con asiento en un programa de desarrollo de las economías regionales". ¿Algún señor diputado conoce la existencia de un plan de desarrollo de economías regionales que esté vigente? ¿Por qué no hizo nada el presidente en ese tema? ¿Qué quiere seguir sin hacer?
Asimismo, otra de las cosas que debía hacer el presidente, según lo establecía el inciso 3º del artículo 1°, era crear las condiciones para lograr el crecimiento económico sustentable. La política de servicios públicos del presidente, que es la política de infraestructura del país, ¿permite un crecimiento económico sustentable o es sustentable en sí misma? ¿Es sustentable fijar tarifas que no cubren los costos? Eso es lo contrario de sustentable. ¿Es sustentable renegociar contratos de servicios públicos, como hizo este presidente, con lo que dijo que iba a ser un leading case, es decir, el caso EDELAP? Esto generó una discusión muy fuerte en este recinto, en la que nosotros acompañamos al oficialismo y por lo cual fuimos acusados de cosas horribles por algunos bloques de la oposición. ¿Es sustentable hacer una renegociación para no cumplirla a los seis meses y mantener un congelamiento hasta después de las elecciones, tal como lo propone el proyecto del oficialismo? No es sustentable; es lo contrario de la sustentabilidad. Por lo tanto, el presidente nos está pidiendo que prorroguemos una ley para que él siga sin cumplirla. Es notable.
Otros aspectos de la norma que el presidente de la República pide que prorroguemos están relacionados con las facultades del Congreso y la autonomía del Banco Central. Estos dos temas no son menores para la generación de inversiones que la señora ministra de Economía dice que tienen que explotar en la Argentina para lograr la sustentabilidad.
¿Quién va a invertir en un país sin Congreso? ¿Quién va a invertir en un país sin un Banco Central autónomo que resguarde el valor de la moneda? Sin embargo, la ley que se nos pide que prorroguemos, en su artículo 2° faculta al presidente a establecer el sistema que determinará la relación de cambio entre el peso y las divisas extranjeras, eliminando absolutamente la independencia del Banco Central. Esto no se está haciendo de esta manera; entonces, no entendemos para qué se nos pide que prorroguemos la normativa.
Por otro lado, una de las leyes cuya prórroga se nos solicita, fija una serie de pautas para la renegociación de los contratos de servicios públicos. En primer lugar, considerar el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía; pero como hemos visto, no es competitivo fijar tarifas bajo el costo, y esto contradice la sustentabilidad del artículo 1°.
En segundo término, se establece la condición de considerar la distribución de los ingresos en lo relativo a la renegociación de los contratos de los servicios públicos. Al respecto debemos tener en cuenta que en poco más de tres años y medio se renegoció menos de la mitad de los contratos, es decir que se trata de una renegociación muy larga, lo cual indica poca gestión. ¿La distribución de los ingresos puede estar en contra de la sustentabilidad? ¿Es posible que el pueblo argentino se quede sin servicios públicos y sin inversiones para mantener la infraestructura nacional? De acuerdo con la ley que se pide prorrogar, no. Entonces, ¿para qué se nos solicitan estas prórrogas?
En tercer lugar, de acuerdo con la ley vigente debe tenerse en cuenta la calidad de los servicios y los planes de inversión, pero no existieron las inversiones necesarias para mantener la infraestructura y prever el crecimiento. Finalmente, como cuarta condición se establece la rentabilidad de las empresas.
En ese punto es muy notable lo que ocurrió con las renegociaciones. A algunas empresas se les garantizó mucha rentabilidad, por ejemplo, a aquellas que reciben subsidios de transporte por medios poco transparentes. Sin embargo, a otras no se les resguarda la rentabilidad necesaria para realizar inversiones y garantizar los servicios.
Esto es lo que nos piden que prorroguemos. ¿Cuál es la justificación? Hoy fue un día bastante docto: algún diputado citó a Voltaire, otro aludió a Dante Alighieri y el señor diputado Vanossi hizo referencia a Wendell Holmes y a un juez inglés que no tengo idea quién es. Yo voy a citar a otro francés, Bossuet, quien dijo: "Tú que varías, tú no debes estar en la verdad."
Se señaló que era necesario prorrogar la ley porque si no colapsábamos en el CIADI; ése fue el argumento central en el Senado, pero aquí no se repitió. Y tal vez no fue repetido porque el CIADI resolvió en un caso que la emergencia se acabó en la Argentina el día que fue electo el presidente Kirchner.
Hoy tenemos otro elemento que fundamentaría mantener la emergencia; me refiero a la emergencia sanitaria. Si acudimos al presupuesto nacional advertiremos que en la parte correspondiente al Ministerio de Salud hay un ítem denominado "Emergencia Sanitaria". Inicialmente se le destinó una partida de ciento trece millones de pesos, y Alberto Fernández -tal vez en la creencia de que no hay emergencia sanitaria-, al 30 de noviembre procedió a bajar el crédito a ciento siete millones de pesos. ¿Saben cuánto ejecutó Alberto Fernández de esos 107 millones de pesos a que había bajado la partida de emergencia sanitaria? Al día 12 de diciembre de este año ejecutó 25 millones de pesos. Ésta es la concepción que tiene el propio gobierno sobre la necesidad de una emergencia sanitaria, que justificaría la prórroga de esta ley. (Aplausos.)
También nos pide que prorroguemos la emergencia declarada por una ley; quiere que esa norma siga vigente para que él la pueda seguir aplicando. Las leyes están para que los presidentes las apliquen.
Veamos si tiene sentido el pedido del presidente analizando qué dice la ley que quiere que nosotros prorroguemos para que él pueda seguir aplicándola.
En primer lugar, la emergencia declarada en la ley 25.561 establecía en el artículo 1° dos pautas a las que el presidente debía sujetar su actuación. La primera tenía que ver con mejorar el nivel de empleo y la distribución de ingresos, pero decía "con asiento en un programa de desarrollo de las economías regionales". ¿Algún señor diputado conoce la existencia de un plan de desarrollo de economías regionales que esté vigente? ¿Por qué no hizo nada el presidente en ese tema? ¿Qué quiere seguir sin hacer?
Asimismo, otra de las cosas que debía hacer el presidente, según lo establecía el inciso 3º del artículo 1°, era crear las condiciones para lograr el crecimiento económico sustentable. La política de servicios públicos del presidente, que es la política de infraestructura del país, ¿permite un crecimiento económico sustentable o es sustentable en sí misma? ¿Es sustentable fijar tarifas que no cubren los costos? Eso es lo contrario de sustentable. ¿Es sustentable renegociar contratos de servicios públicos, como hizo este presidente, con lo que dijo que iba a ser un leading case, es decir, el caso EDELAP? Esto generó una discusión muy fuerte en este recinto, en la que nosotros acompañamos al oficialismo y por lo cual fuimos acusados de cosas horribles por algunos bloques de la oposición. ¿Es sustentable hacer una renegociación para no cumplirla a los seis meses y mantener un congelamiento hasta después de las elecciones, tal como lo propone el proyecto del oficialismo? No es sustentable; es lo contrario de la sustentabilidad. Por lo tanto, el presidente nos está pidiendo que prorroguemos una ley para que él siga sin cumplirla. Es notable.
Otros aspectos de la norma que el presidente de la República pide que prorroguemos están relacionados con las facultades del Congreso y la autonomía del Banco Central. Estos dos temas no son menores para la generación de inversiones que la señora ministra de Economía dice que tienen que explotar en la Argentina para lograr la sustentabilidad.
¿Quién va a invertir en un país sin Congreso? ¿Quién va a invertir en un país sin un Banco Central autónomo que resguarde el valor de la moneda? Sin embargo, la ley que se nos pide que prorroguemos, en su artículo 2° faculta al presidente a establecer el sistema que determinará la relación de cambio entre el peso y las divisas extranjeras, eliminando absolutamente la independencia del Banco Central. Esto no se está haciendo de esta manera; entonces, no entendemos para qué se nos pide que prorroguemos la normativa.
Por otro lado, una de las leyes cuya prórroga se nos solicita, fija una serie de pautas para la renegociación de los contratos de servicios públicos. En primer lugar, considerar el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía; pero como hemos visto, no es competitivo fijar tarifas bajo el costo, y esto contradice la sustentabilidad del artículo 1°.
En segundo término, se establece la condición de considerar la distribución de los ingresos en lo relativo a la renegociación de los contratos de los servicios públicos. Al respecto debemos tener en cuenta que en poco más de tres años y medio se renegoció menos de la mitad de los contratos, es decir que se trata de una renegociación muy larga, lo cual indica poca gestión. ¿La distribución de los ingresos puede estar en contra de la sustentabilidad? ¿Es posible que el pueblo argentino se quede sin servicios públicos y sin inversiones para mantener la infraestructura nacional? De acuerdo con la ley que se pide prorrogar, no. Entonces, ¿para qué se nos solicitan estas prórrogas?
En tercer lugar, de acuerdo con la ley vigente debe tenerse en cuenta la calidad de los servicios y los planes de inversión, pero no existieron las inversiones necesarias para mantener la infraestructura y prever el crecimiento. Finalmente, como cuarta condición se establece la rentabilidad de las empresas.
En ese punto es muy notable lo que ocurrió con las renegociaciones. A algunas empresas se les garantizó mucha rentabilidad, por ejemplo, a aquellas que reciben subsidios de transporte por medios poco transparentes. Sin embargo, a otras no se les resguarda la rentabilidad necesaria para realizar inversiones y garantizar los servicios.
Esto es lo que nos piden que prorroguemos. ¿Cuál es la justificación? Hoy fue un día bastante docto: algún diputado citó a Voltaire, otro aludió a Dante Alighieri y el señor diputado Vanossi hizo referencia a Wendell Holmes y a un juez inglés que no tengo idea quién es. Yo voy a citar a otro francés, Bossuet, quien dijo: "Tú que varías, tú no debes estar en la verdad."
Se señaló que era necesario prorrogar la ley porque si no colapsábamos en el CIADI; ése fue el argumento central en el Senado, pero aquí no se repitió. Y tal vez no fue repetido porque el CIADI resolvió en un caso que la emergencia se acabó en la Argentina el día que fue electo el presidente Kirchner.
Hoy tenemos otro elemento que fundamentaría mantener la emergencia; me refiero a la emergencia sanitaria. Si acudimos al presupuesto nacional advertiremos que en la parte correspondiente al Ministerio de Salud hay un ítem denominado "Emergencia Sanitaria". Inicialmente se le destinó una partida de ciento trece millones de pesos, y Alberto Fernández -tal vez en la creencia de que no hay emergencia sanitaria-, al 30 de noviembre procedió a bajar el crédito a ciento siete millones de pesos. ¿Saben cuánto ejecutó Alberto Fernández de esos 107 millones de pesos a que había bajado la partida de emergencia sanitaria? Al día 12 de diciembre de este año ejecutó 25 millones de pesos. Ésta es la concepción que tiene el propio gobierno sobre la necesidad de una emergencia sanitaria, que justificaría la prórroga de esta ley. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.
SR. CHIRONI, FERNANDO GUSTAVO (RIO NEGRO):
Señora presidenta: los integrantes de nuestro bloque y de los otros bloques que han firmado el despacho de minoría han abundado con elocuencia en los argumentos por los cuales no vamos a acompañar el proyecto de ley en tratamiento.
Voy a cerrar este debate en nombre de la Unión Cívica Radical tratando de hacer una síntesis de las distintas disertaciones pero también aprovechando la oportunidad para hacer referencia a algunas cosas que se han manifestado y que merecen algunos comentarios.
El diputado Lamberto decía al defender la propuesta del oficialismo que lo de la oposición le sonaba una contradicción, porque para algunos todo está bien y para otros todo está mal. Yo diría que probablemente es la misma contradicción que campea en el ámbito del oficialismo.
Por un lado en todas las expresiones oficiales del jefe de Gabinete -en las pocas oportunidades que vino a este recinto-, en las mediciones oficiales y en cuanta conferencia o expresión pública se realice habla de la superación por parte de la Argentina de los múltiples problemas que tenía al comienzo de este gobierno. Pero por otro lado se envía un proyecto de ley de prórroga de la emergencia económica dictada en el 2002 como si en estos casi cinco años nada hubiera ocurrido o nada hubiera cambiado, cuando en realidad todos reconocemos -gobierno y oposición- que como consecuencia de muchas causas mucho ha cambiado en la Argentina.
Decía el mismo diputado del oficialismo que le gustaría que la oposición apoyara esta iniciativa porque era un modo de salir juntos de la emergencia. Algo así como: vótennos la ley porque nosotros vamos a hacer las cosas bien.
No sé por qué me hizo acordar a cuando nos decían: "Síganme, que no los voy a defraudar", y las consecuencias las conocimos todos.
En verdad la tesis que implícitamente está en el planteo del oficialismo es que para superar las crisis hay que partir de facultades excepcionales, de los superpoderes que genera la declaración de una emergencia. En realidad nuestra concepción es la contraria: las instituciones democráticas y republicanas no son el producto de la evolución de la sociedad una vez superados los problemas, sino que son el modo que tienen las comunidades que se organizan de poder afrontarlos con equilibrio, equidad y pluralismo, escuchando todas las voces y sobre todo dejando participar a todos, cada uno desde su rol institucional.
Como bien se señaló en este debate, si la tesis del oficialismo fuera cierta, nunca habría posibilidad de que la República y la democracia funcionen en plenitud. Samuelson sostenía que el progreso es la continua multiplicación de necesidades insatisfechas. Si ello es así resulta más que evidente que en su devenir las sociedades siempre tendrán problemas a resolver, crisis que afrontar, dificultades que solucionar, y desde nuestra óptica esa superación es lo que precisamente pone en juego la clarividencia, la sabiduría y la capacidad de una dirigencia y un pueblo.
Según la tesis del oficialismo pareciera que las instituciones democráticas y republicanas no sirven para conjurar las crisis sino que hay que buscar una especie de salvador...
Voy a cerrar este debate en nombre de la Unión Cívica Radical tratando de hacer una síntesis de las distintas disertaciones pero también aprovechando la oportunidad para hacer referencia a algunas cosas que se han manifestado y que merecen algunos comentarios.
El diputado Lamberto decía al defender la propuesta del oficialismo que lo de la oposición le sonaba una contradicción, porque para algunos todo está bien y para otros todo está mal. Yo diría que probablemente es la misma contradicción que campea en el ámbito del oficialismo.
Por un lado en todas las expresiones oficiales del jefe de Gabinete -en las pocas oportunidades que vino a este recinto-, en las mediciones oficiales y en cuanta conferencia o expresión pública se realice habla de la superación por parte de la Argentina de los múltiples problemas que tenía al comienzo de este gobierno. Pero por otro lado se envía un proyecto de ley de prórroga de la emergencia económica dictada en el 2002 como si en estos casi cinco años nada hubiera ocurrido o nada hubiera cambiado, cuando en realidad todos reconocemos -gobierno y oposición- que como consecuencia de muchas causas mucho ha cambiado en la Argentina.
Decía el mismo diputado del oficialismo que le gustaría que la oposición apoyara esta iniciativa porque era un modo de salir juntos de la emergencia. Algo así como: vótennos la ley porque nosotros vamos a hacer las cosas bien.
No sé por qué me hizo acordar a cuando nos decían: "Síganme, que no los voy a defraudar", y las consecuencias las conocimos todos.
En verdad la tesis que implícitamente está en el planteo del oficialismo es que para superar las crisis hay que partir de facultades excepcionales, de los superpoderes que genera la declaración de una emergencia. En realidad nuestra concepción es la contraria: las instituciones democráticas y republicanas no son el producto de la evolución de la sociedad una vez superados los problemas, sino que son el modo que tienen las comunidades que se organizan de poder afrontarlos con equilibrio, equidad y pluralismo, escuchando todas las voces y sobre todo dejando participar a todos, cada uno desde su rol institucional.
Como bien se señaló en este debate, si la tesis del oficialismo fuera cierta, nunca habría posibilidad de que la República y la democracia funcionen en plenitud. Samuelson sostenía que el progreso es la continua multiplicación de necesidades insatisfechas. Si ello es así resulta más que evidente que en su devenir las sociedades siempre tendrán problemas a resolver, crisis que afrontar, dificultades que solucionar, y desde nuestra óptica esa superación es lo que precisamente pone en juego la clarividencia, la sabiduría y la capacidad de una dirigencia y un pueblo.
Según la tesis del oficialismo pareciera que las instituciones democráticas y republicanas no sirven para conjurar las crisis sino que hay que buscar una especie de salvador...
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
La Presidencia solicita a los señores diputados que guarden silencio.
SR. CHIRONI, FERNANDO GUSTAVO (RIO NEGRO):
...dotado de poderes extraordinarios para resolverlas, cuando desde nuestra concepción es exactamente lo inverso.
Por otra parte, entiendo que hay una confusión entre lo que implica un determinado estado de excepcionalidad económico y social y la declaración de una emergencia.
La emergencia no es el estado de crisis sino la calificación de una determinada situación económica y social que el Estado no está en condiciones de resolver bajo la normalidad institucional. Acude a la declaración de emergencia precisamente para dar sustento jurídico a la posibilidad de acometer esa situación excepcional con todos los mecanismos a su alcance.
La emergencia se declara cuando el Estado reconoce esa situación y que en condiciones normales no tiene la posibilidad de conjurarla. Esto fue lo que sucedió en 2001 y 2002: la imposibilidad de un Estado quebrado, sin confiabilidad, de afrontar la grave crisis social y económica.
También está claro que esta crisis socioeconómica todavía no ha finalizado, y es probable que lleve mucho tiempo, pero no es eso lo que estamos debatiendo en esta sesión. Lo que está en discusión es si debemos seguir otorgando al Poder Ejecutivo las mismas facultades excepcionales que se le concedieron casi cinco años atrás, cuando el escenario político, institucional, económico y social del país era completamente distinto, como todos sabemos.
No está en discusión la gravedad de algunos aspectos puntuales de la vida del país sino si la crisis que aún se vive en ciertos aspectos puede ser conjurada sólo a través de medidas excepcionales que adopte un Poder Ejecutivo con facultades delegadas, o si esta democracia republicana que en forma creciente va recobrando sus atributos está en condiciones de brindar esas respuestas que se necesitan. Nuestra convicción al suscribir el dictamen de minoría se inclina precisamente por la segunda de las opciones.
Ya no hace falta que el Poder Ejecutivo tenga superpoderes. Probablemente la demanda de superpoderes y superfacultades responda al hecho de que todavía no existen -a pesar de la bonanza económica de los últimos años- respuestas a los problemas estructurales que tiene el país.
Por otra parte, entiendo que hay una confusión entre lo que implica un determinado estado de excepcionalidad económico y social y la declaración de una emergencia.
La emergencia no es el estado de crisis sino la calificación de una determinada situación económica y social que el Estado no está en condiciones de resolver bajo la normalidad institucional. Acude a la declaración de emergencia precisamente para dar sustento jurídico a la posibilidad de acometer esa situación excepcional con todos los mecanismos a su alcance.
La emergencia se declara cuando el Estado reconoce esa situación y que en condiciones normales no tiene la posibilidad de conjurarla. Esto fue lo que sucedió en 2001 y 2002: la imposibilidad de un Estado quebrado, sin confiabilidad, de afrontar la grave crisis social y económica.
También está claro que esta crisis socioeconómica todavía no ha finalizado, y es probable que lleve mucho tiempo, pero no es eso lo que estamos debatiendo en esta sesión. Lo que está en discusión es si debemos seguir otorgando al Poder Ejecutivo las mismas facultades excepcionales que se le concedieron casi cinco años atrás, cuando el escenario político, institucional, económico y social del país era completamente distinto, como todos sabemos.
No está en discusión la gravedad de algunos aspectos puntuales de la vida del país sino si la crisis que aún se vive en ciertos aspectos puede ser conjurada sólo a través de medidas excepcionales que adopte un Poder Ejecutivo con facultades delegadas, o si esta democracia republicana que en forma creciente va recobrando sus atributos está en condiciones de brindar esas respuestas que se necesitan. Nuestra convicción al suscribir el dictamen de minoría se inclina precisamente por la segunda de las opciones.
Ya no hace falta que el Poder Ejecutivo tenga superpoderes. Probablemente la demanda de superpoderes y superfacultades responda al hecho de que todavía no existen -a pesar de la bonanza económica de los últimos años- respuestas a los problemas estructurales que tiene el país.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Alberto Edgardo Balestrini.
SR. CHIRONI, FERNANDO GUSTAVO (RIO NEGRO):
Por ello, el desafío que tenemos, gobierno y oposición, cada uno en su rol sin pretender avasallar la institución del otro, es el de dar respuesta a los problemas estructurales del país. A esa tarea estamos todos convocados, pero no la llevaremos adelante delegando facultades excepcionales en el Poder Ejecutivo; esto será factible si cada uno de nosotros, desde su lugar, es capaz de asumirla con responsabilidad.
Esa es la tarea en la que estamos dispuestos a trabajar quienes formamos parte de la oposición, sin que ello implique que tengamos que coincidir siempre, pero con la buena fe de querer que el país avance, que la economía siga creciendo, que tengamos una mejor distribución de la riqueza y que, en definitiva, logremos entre todos una mejor convivencia.
Si tuviese que hacer un rápido análisis de los últimos cinco años, diría que hemos avanzado mucho. Pero también estoy seguro de que si trabajáramos de otra forma, si no delegáramos todo en el Poder Ejecutivo y si cada uno de nosotros asumiera su responsabilidad, hubiéramos avanzado mucho más.
Como queremos mirar hacia delante y no hacia atrás, venimos a decirle "no" a este proyecto del Poder Ejecutivo, y le decimos "sí" a la tarea responsable que nos espera tendiente a reconstruir el tejido económico social de nuestro país que se vio dañado por la crisis probablemente más grande que ha enfrentado la Argentina moderna. (Aplausos.)
Esa es la tarea en la que estamos dispuestos a trabajar quienes formamos parte de la oposición, sin que ello implique que tengamos que coincidir siempre, pero con la buena fe de querer que el país avance, que la economía siga creciendo, que tengamos una mejor distribución de la riqueza y que, en definitiva, logremos entre todos una mejor convivencia.
Si tuviese que hacer un rápido análisis de los últimos cinco años, diría que hemos avanzado mucho. Pero también estoy seguro de que si trabajáramos de otra forma, si no delegáramos todo en el Poder Ejecutivo y si cada uno de nosotros asumiera su responsabilidad, hubiéramos avanzado mucho más.
Como queremos mirar hacia delante y no hacia atrás, venimos a decirle "no" a este proyecto del Poder Ejecutivo, y le decimos "sí" a la tarea responsable que nos espera tendiente a reconstruir el tejido económico social de nuestro país que se vio dañado por la crisis probablemente más grande que ha enfrentado la Argentina moderna. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
SR. ROSSI, AGUSTIN OSCAR (SANTA FE):
Señor presidente: hemos escuchado argumentaciones en un sentido y en otro. La verdad es que esta es una sesión rara -como señaló un señor diputado preopinante-, porque en el intento de la oposición por denunciar que no existe emergencia y que, por ende, no hay necesidad de sancionar este proyecto, han halagado tanto la situación que vive en nuestro país que para los integrantes del oficialismo sonó como música en nuestros oídos. Digo esto porque en otras sesiones no han reconocido las mejoras registradas en los últimos tiempos en el campo social y económico.
En ese marco me parece importante dar algunas precisiones sobre cada uno de los ámbitos y de los tópicos que se fueron tratando. Es cierto que todavía hay aproximadamente 1,2 millones de programas Jefes de Hogar, pero también lo es que cuando asumió este gobierno el número de planes superaba los 2 millones.
Por otro lado, este año el gobierno anunció una política de incentivo para la reconversión de esos planes en un seguro de capacitación de empleo, en el caso de los hombres, y en Planes Familia, en el caso de las mujeres. Esta política se está llevando adelante en cada una de las provincias.
Asimismo, producto de la aplicación de esas normas y de las reglas de juego de la economía, los programas Jefes de Hogar registran mes a mes una disminución en la cantidad de beneficiarios.
Digo esto porque al principio del debate algún diputado hizo una alocución en el sentido de que lo que el gobierno quería era consolidar esta situación de los programas Jefes de Hogar y situaciones de pobreza estructural, de manera tal de poder aplicar políticas clientelares. La verdad que no tenemos absolutamente nada que ver con esto. Todo lo contrario. Este año hemos puesto en práctica uno de los planes de inclusión social más fenomenales con la implementación de esta moratoria, para permitir que los adultos mayores -65 años en el caso de los hombres y 60 en el de las mujeres- pudiesen acceder a una jubilación.
Ya hay más de 800 mil argentinos adultos mayores que hoy son beneficiarios de una jubilación. Y esto significa no sólo tener acceso al dinero que proviene en la mayoría de los casos de percibir la jubilación mínima, sino también la posibilidad de tener una obra social como el PAMI, y adquirir identidad. Muchos de esos adultos mayores lo único que tenían como identidad, y que los identificaba hacia el resto de la sociedad, era su documento nacional de identidad, su libreta de enrolamiento o su libreta cívica.
Muchos de esos adultos mayores nunca tuvieron ni siquiera un recibo de sueldo. Hoy tienen un recibo de sueldo. El recibo de sueldo, el carné de la obra social y el documento de identidad significan tener mayor identidad y estar más integrados socialmente. También implica dejar de estar al borde de la sociedad y sentir que por una vez el Estado argentino y los políticos se acordaron de ellos.
Hoy vi que algunos que hablaron sienten este tema de la política con culpa. Dicen reiteradamente que los políticos estamos desprestigiados y deslegitimados. Sostienen que no tenemos consenso y que las cosas que hacemos son todas mal vistas. Quizás a los legisladores nos cueste más esta coyuntura, pero podemos ver a lo largo y ancho del país que el presidente tiene consenso, como los gobernadores y los intendentes de todos los signos políticos.
Y la creación del consenso tiene que ver con el hecho de revalorizar la palabra. Lo que hizo que los políticos estuviésemos desprestigiados en la Argentina fue el hecho de no haber cumplido con la palabra. Y en esto no hago juicio de valor alguno.
Cuando los argentinos se enteraron, después de cuatro años, de que con el hecho de tener democracia no se comía ni se educaba, empezaron a descreer de la política. Cuando los argentinos se enteraron de que la revolución productiva no era tal y que contaron con un presidente que manifestó que no dijo en la campaña lo que iba a hacer después de las elecciones porque si no perdía, comenzaron a descreer de la política.
Pero cuando los argentinos ven que desde el poder, desde la política y desde el Estado se llevan adelante acciones de gobierno que en general tienen que ver con la defensa de sus intereses, cambian de opinión. Se podrá discutir si esa defensa de los intereses de los argentinos está bien hecha o no, pero tiene un principio que consiste en defender los intereses y resguardar las potestades de los que menos tienen. Ahí es donde se empieza a recuperar la credibilidad en la política.
Este proyecto de ley que vamos a votar habla de las cosas, porque alguien también nos preguntó qué tutelaba. ¿A quién intenta proteger esta ley?
Cuando hablamos de emergencia ocupacional estamos hablando del sector de la sociedad que más ha sufrido y que más desprotegido está. Además, se le ha puesto un límite a la doble indemnización, que ya ha dejado de serlo, pero significa un límite al despido indiscriminado. Estamos hablando de ellos y no de los sectores que después de la crisis salieron rápidamente.
Cuando hablamos de emergencia médica y sanitaria nos estamos refiriendo a la posibilidad de implementar y llevar adelante el Plan Remediar, que implica entregar medicamentos a más de 4.500.000 argentinos. O sea que también tenemos ubicado y direccionado un sector de la población.
Cuando hablamos de la emergencia alimentaría sabemos que existen más de 4.500.000 argentinos que reciben asistencia alimentaria directa.
Claro que no estamos como estábamos hace cuatro años. Pero si en cuatro años no hubiésemos hecho nada, seguramente muchos de los que estamos acá no estaríamos. Si no hubiésemos salido de la crisis que nos dejaron, la verdad que no hubiésemos cumplido con la acción de todo buen gobernante.
Hay una gran diferencia entre el 24 por ciento de desocupación y el 12 por ciento. Alguien dijo que no estamos como estábamos antes, pero con el 12 por ciento no estamos como para tirar manteca al techo, como dijo el señor diputado Snopek al comienzo de su alocución.
Si analizamos el 12 por ciento como valor absoluto, es un índice alto de desocupación. Si analizamos los números que di hace poco sobre asistencia alimentaria directa y atención médica directa también son números que indican que las condiciones de la emergencia hay que seguir manteniéndolas.
Me voy a referir también al aspecto más duramente criticado, que es el de la renegociación de los contratos. A noviembre de 2006 se han firmado 29 contratos, 16 están resueltos, 12 en trámite y 7 se encuentran demorados. Porcentualmente, un 45 por ciento de los acuerdos están firmados; un 25 por ciento han sido resueltos; 19 por ciento están en trámite, y un 11 por ciento se encuentra demorado. No se puede decir que no hemos hecho nada; hemos resuelto toda esa cantidad.
Ahora bien, pensando que el Estado somos todos y teniendo en cuenta los contratos que faltan, ¿favorezco la condición de negociación del Estado y su postura obligándolo a negociar en ciento ochenta días?
Pensemos en un contrato de alquiler de una casa entre un inquilino y un propietario con una vigencia de tres años de los que transcurrieron dos. Falta un año y el contrato se rige por los precios del momento en que se firmó, con una cantidad de situaciones ventajosas, porque no aumentan las tarifas ni se modifican las condiciones de prestación. Si yo digo que el contrato termina hoy, el propietario me aplaude.
Yo sé que no es la intención, pero al ponerle un límite de ciento ochenta días al Estado lo colocamos en situación desfavorable de negociación porque los abogados y los representantes de las empresas sabrán que en ciento ochenta días se debe resolver la cuestión.
En cualquier situación contractual el tiempo permite a quien está en situación de poder -que es lo que garantiza la ley de emergencia al Estado argentino- lograr las mejores condiciones de renegociación. Y eso es lo que estamos buscando.
Es un error establecer el plazo de ciento ochenta días porque el abogado de cualquier empresa concesionaria de servicios públicos que hoy esté en la situación de esos doce o siete casos antes señalados, estaría hoy aplaudiendo si esta Cámara en lugar de dar trescientos sesenta días vota ciento ochenta días, porque favorece su posición.
Estas son las cuestiones que tenemos que analizar cuando además de la política tenemos la obligación de legislar como parte de un Estado al cual representamos. Somos un poder y no podemos dar esta señal, porque la considero ciertamente equivocada en ese sentido.
Quiero dar algunos datos más que considero importantes cuando hablamos de la redistribución del ingreso. Está claro que ninguno de nosotros puede estar contento con esta situación, pero es necesario tener un nivel de referencia de hacia dónde vamos.
En 2003 el coeficiente GINI era de 0,537. No conozco mucho este coeficiente, pero cuanto más cerca de 1 esté peor es la condición de redistribución del ingreso porque significa que una sola persona se queda con todo el ingreso. Cuanto más cerca de cero se encuentre ese índice mejor es la distribución del ingreso porque se reparte entre una mayor cantidad. En 2003 fue 0,537, mientras que en 2006, 0,483. Entonces, hemos mejorado.
También hemos mejorado en la diferencia entre el decil más grande y el más chico. Esta es una buena noticia, porque el promedio en 2003 era de 38 a 56, mientras que hoy va de 24 a 31.
Esto no significa que haya que ponerse contento, porque si se analiza el ingreso per cápita en el decil más bajo de la sociedad, nos da vergüenza a todos: se trata de 54 pesos.
Esta es la verdad de la Argentina. También es mentira decir que no se haya mejorado nada entre 2003 y 2006. Estos son los números reales que presenta la economía argentina.
Hoy estamos discutiendo un proyecto de ley que busca proteger al Estado, que no es igual al presidente Kirchner, a la ministra de Economía o al Jefe de Gabinete. Al Estado lo debemos defender todos, porque en una mesa de negociación en la que se sienten el Estado -sea quien sea el que lo represente- y una empresa concesionaria de servicios públicos, quien defenderá mis intereses o el del conjunto de los argentinos será el representante del Estado. Las otras cuestiones se vinculan con temas sociales, como emergencia ocupacional y sanitaria.
Tampoco nadie puede dejar de desconocer que existen bonistas que están esperando el resquicio para avanzar sobre el Estado argentino, y nosotros tenemos la obligación de evitarlo.
Ello no significa que la economía o la situación del país sea igual a la de 2002. La palabra "emergencia" puede tener dos acepciones. Una es la que todos estamos entendiendo como denominador común: una situación transitoria, especial y delicada, que tiene comienzo y fin.
La otra acepción de la palabra "emergencia" se vincula con el verbo "emerger", que significa "salir a flote". Emerge quien estaba muerto y comienza a vivir. Esto es lo que le está pasando a la Argentina, que está saliendo a flote.
Nuestro país estaba muerto en los años 2001 y 2002 y ahora está empezando a vivir. La Argentina empieza a caminar. Esto es lo que ha pasado en nuestro país, pero no se crea que el cuerpo social de la Argentina está fuerte y vigoroso, pudiendo nadar, caminar y correr solo.
Me parece que no tiene sentido que el Estado argentino, como representante de la Nación, no cuente con las herramientas que le permitan fortalecer al cuerpo social.
Creo que esto es lo que debemos hacer como diputados de la Nación: defender a nuestro país y a nuestro Estado; se trata de protegerlo y fortalecerlo hasta que pueda caminar definitivamente solo. (Aplausos.)
En ese marco me parece importante dar algunas precisiones sobre cada uno de los ámbitos y de los tópicos que se fueron tratando. Es cierto que todavía hay aproximadamente 1,2 millones de programas Jefes de Hogar, pero también lo es que cuando asumió este gobierno el número de planes superaba los 2 millones.
Por otro lado, este año el gobierno anunció una política de incentivo para la reconversión de esos planes en un seguro de capacitación de empleo, en el caso de los hombres, y en Planes Familia, en el caso de las mujeres. Esta política se está llevando adelante en cada una de las provincias.
Asimismo, producto de la aplicación de esas normas y de las reglas de juego de la economía, los programas Jefes de Hogar registran mes a mes una disminución en la cantidad de beneficiarios.
Digo esto porque al principio del debate algún diputado hizo una alocución en el sentido de que lo que el gobierno quería era consolidar esta situación de los programas Jefes de Hogar y situaciones de pobreza estructural, de manera tal de poder aplicar políticas clientelares. La verdad que no tenemos absolutamente nada que ver con esto. Todo lo contrario. Este año hemos puesto en práctica uno de los planes de inclusión social más fenomenales con la implementación de esta moratoria, para permitir que los adultos mayores -65 años en el caso de los hombres y 60 en el de las mujeres- pudiesen acceder a una jubilación.
Ya hay más de 800 mil argentinos adultos mayores que hoy son beneficiarios de una jubilación. Y esto significa no sólo tener acceso al dinero que proviene en la mayoría de los casos de percibir la jubilación mínima, sino también la posibilidad de tener una obra social como el PAMI, y adquirir identidad. Muchos de esos adultos mayores lo único que tenían como identidad, y que los identificaba hacia el resto de la sociedad, era su documento nacional de identidad, su libreta de enrolamiento o su libreta cívica.
Muchos de esos adultos mayores nunca tuvieron ni siquiera un recibo de sueldo. Hoy tienen un recibo de sueldo. El recibo de sueldo, el carné de la obra social y el documento de identidad significan tener mayor identidad y estar más integrados socialmente. También implica dejar de estar al borde de la sociedad y sentir que por una vez el Estado argentino y los políticos se acordaron de ellos.
Hoy vi que algunos que hablaron sienten este tema de la política con culpa. Dicen reiteradamente que los políticos estamos desprestigiados y deslegitimados. Sostienen que no tenemos consenso y que las cosas que hacemos son todas mal vistas. Quizás a los legisladores nos cueste más esta coyuntura, pero podemos ver a lo largo y ancho del país que el presidente tiene consenso, como los gobernadores y los intendentes de todos los signos políticos.
Y la creación del consenso tiene que ver con el hecho de revalorizar la palabra. Lo que hizo que los políticos estuviésemos desprestigiados en la Argentina fue el hecho de no haber cumplido con la palabra. Y en esto no hago juicio de valor alguno.
Cuando los argentinos se enteraron, después de cuatro años, de que con el hecho de tener democracia no se comía ni se educaba, empezaron a descreer de la política. Cuando los argentinos se enteraron de que la revolución productiva no era tal y que contaron con un presidente que manifestó que no dijo en la campaña lo que iba a hacer después de las elecciones porque si no perdía, comenzaron a descreer de la política.
Pero cuando los argentinos ven que desde el poder, desde la política y desde el Estado se llevan adelante acciones de gobierno que en general tienen que ver con la defensa de sus intereses, cambian de opinión. Se podrá discutir si esa defensa de los intereses de los argentinos está bien hecha o no, pero tiene un principio que consiste en defender los intereses y resguardar las potestades de los que menos tienen. Ahí es donde se empieza a recuperar la credibilidad en la política.
Este proyecto de ley que vamos a votar habla de las cosas, porque alguien también nos preguntó qué tutelaba. ¿A quién intenta proteger esta ley?
Cuando hablamos de emergencia ocupacional estamos hablando del sector de la sociedad que más ha sufrido y que más desprotegido está. Además, se le ha puesto un límite a la doble indemnización, que ya ha dejado de serlo, pero significa un límite al despido indiscriminado. Estamos hablando de ellos y no de los sectores que después de la crisis salieron rápidamente.
Cuando hablamos de emergencia médica y sanitaria nos estamos refiriendo a la posibilidad de implementar y llevar adelante el Plan Remediar, que implica entregar medicamentos a más de 4.500.000 argentinos. O sea que también tenemos ubicado y direccionado un sector de la población.
Cuando hablamos de la emergencia alimentaría sabemos que existen más de 4.500.000 argentinos que reciben asistencia alimentaria directa.
Claro que no estamos como estábamos hace cuatro años. Pero si en cuatro años no hubiésemos hecho nada, seguramente muchos de los que estamos acá no estaríamos. Si no hubiésemos salido de la crisis que nos dejaron, la verdad que no hubiésemos cumplido con la acción de todo buen gobernante.
Hay una gran diferencia entre el 24 por ciento de desocupación y el 12 por ciento. Alguien dijo que no estamos como estábamos antes, pero con el 12 por ciento no estamos como para tirar manteca al techo, como dijo el señor diputado Snopek al comienzo de su alocución.
Si analizamos el 12 por ciento como valor absoluto, es un índice alto de desocupación. Si analizamos los números que di hace poco sobre asistencia alimentaria directa y atención médica directa también son números que indican que las condiciones de la emergencia hay que seguir manteniéndolas.
Me voy a referir también al aspecto más duramente criticado, que es el de la renegociación de los contratos. A noviembre de 2006 se han firmado 29 contratos, 16 están resueltos, 12 en trámite y 7 se encuentran demorados. Porcentualmente, un 45 por ciento de los acuerdos están firmados; un 25 por ciento han sido resueltos; 19 por ciento están en trámite, y un 11 por ciento se encuentra demorado. No se puede decir que no hemos hecho nada; hemos resuelto toda esa cantidad.
Ahora bien, pensando que el Estado somos todos y teniendo en cuenta los contratos que faltan, ¿favorezco la condición de negociación del Estado y su postura obligándolo a negociar en ciento ochenta días?
Pensemos en un contrato de alquiler de una casa entre un inquilino y un propietario con una vigencia de tres años de los que transcurrieron dos. Falta un año y el contrato se rige por los precios del momento en que se firmó, con una cantidad de situaciones ventajosas, porque no aumentan las tarifas ni se modifican las condiciones de prestación. Si yo digo que el contrato termina hoy, el propietario me aplaude.
Yo sé que no es la intención, pero al ponerle un límite de ciento ochenta días al Estado lo colocamos en situación desfavorable de negociación porque los abogados y los representantes de las empresas sabrán que en ciento ochenta días se debe resolver la cuestión.
En cualquier situación contractual el tiempo permite a quien está en situación de poder -que es lo que garantiza la ley de emergencia al Estado argentino- lograr las mejores condiciones de renegociación. Y eso es lo que estamos buscando.
Es un error establecer el plazo de ciento ochenta días porque el abogado de cualquier empresa concesionaria de servicios públicos que hoy esté en la situación de esos doce o siete casos antes señalados, estaría hoy aplaudiendo si esta Cámara en lugar de dar trescientos sesenta días vota ciento ochenta días, porque favorece su posición.
Estas son las cuestiones que tenemos que analizar cuando además de la política tenemos la obligación de legislar como parte de un Estado al cual representamos. Somos un poder y no podemos dar esta señal, porque la considero ciertamente equivocada en ese sentido.
Quiero dar algunos datos más que considero importantes cuando hablamos de la redistribución del ingreso. Está claro que ninguno de nosotros puede estar contento con esta situación, pero es necesario tener un nivel de referencia de hacia dónde vamos.
En 2003 el coeficiente GINI era de 0,537. No conozco mucho este coeficiente, pero cuanto más cerca de 1 esté peor es la condición de redistribución del ingreso porque significa que una sola persona se queda con todo el ingreso. Cuanto más cerca de cero se encuentre ese índice mejor es la distribución del ingreso porque se reparte entre una mayor cantidad. En 2003 fue 0,537, mientras que en 2006, 0,483. Entonces, hemos mejorado.
También hemos mejorado en la diferencia entre el decil más grande y el más chico. Esta es una buena noticia, porque el promedio en 2003 era de 38 a 56, mientras que hoy va de 24 a 31.
Esto no significa que haya que ponerse contento, porque si se analiza el ingreso per cápita en el decil más bajo de la sociedad, nos da vergüenza a todos: se trata de 54 pesos.
Esta es la verdad de la Argentina. También es mentira decir que no se haya mejorado nada entre 2003 y 2006. Estos son los números reales que presenta la economía argentina.
Hoy estamos discutiendo un proyecto de ley que busca proteger al Estado, que no es igual al presidente Kirchner, a la ministra de Economía o al Jefe de Gabinete. Al Estado lo debemos defender todos, porque en una mesa de negociación en la que se sienten el Estado -sea quien sea el que lo represente- y una empresa concesionaria de servicios públicos, quien defenderá mis intereses o el del conjunto de los argentinos será el representante del Estado. Las otras cuestiones se vinculan con temas sociales, como emergencia ocupacional y sanitaria.
Tampoco nadie puede dejar de desconocer que existen bonistas que están esperando el resquicio para avanzar sobre el Estado argentino, y nosotros tenemos la obligación de evitarlo.
Ello no significa que la economía o la situación del país sea igual a la de 2002. La palabra "emergencia" puede tener dos acepciones. Una es la que todos estamos entendiendo como denominador común: una situación transitoria, especial y delicada, que tiene comienzo y fin.
La otra acepción de la palabra "emergencia" se vincula con el verbo "emerger", que significa "salir a flote". Emerge quien estaba muerto y comienza a vivir. Esto es lo que le está pasando a la Argentina, que está saliendo a flote.
Nuestro país estaba muerto en los años 2001 y 2002 y ahora está empezando a vivir. La Argentina empieza a caminar. Esto es lo que ha pasado en nuestro país, pero no se crea que el cuerpo social de la Argentina está fuerte y vigoroso, pudiendo nadar, caminar y correr solo.
Me parece que no tiene sentido que el Estado argentino, como representante de la Nación, no cuente con las herramientas que le permitan fortalecer al cuerpo social.
Creo que esto es lo que debemos hacer como diputados de la Nación: defender a nuestro país y a nuestro Estado; se trata de protegerlo y fortalecerlo hasta que pueda caminar definitivamente solo. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Se va a votar en general en forma nominal.
Se practica la votación nominal2006/124PT02_04_R52.pdf.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 213 señores diputados presentes, 124 han votado por la afirmativa y 87 por la negativa, registrándose además una abstención.
SR.(SECRETARIO (HIDALGO))
Se han registrado 124 votos por la afirmativa y 87 por la negativa.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Se deja constancia del voto afirmativo de los señores diputados Cantero Gutiérrez y Merino.
Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.
Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.
SR. GIUBERGIA, MIGUEL ANGEL (JUJUY):
Señor presidente: desearía saber el número de votos afirmativos, porque se trata de una prórroga y entiendo que, conforme lo dispone la Constitución Nacional, se necesita una mayoría especial.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Por Secretaría se dio lectura del resultado, señor diputado, pero una vez que contemos con la copia de la votación la pondremos a su disposición.
Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.
Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.
SR. SNOPEK, CARLOS DANIEL (JUJUY):
Señor presidente: simplemente para dejar constancia de que, a raíz de las consultas que hemos efectuado, a nuestro entender no hace falta ninguna mayoría especial.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
En consideración en particular.
Si hay asentimiento de la Honorable Cámara, se votarán los artículos 1º a 7º, inclusive, en un solo acto.
Si hay asentimiento de la Honorable Cámara, se votarán los artículos 1º a 7º, inclusive, en un solo acto.
- Asentimiento.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
- El artículo 8º es de forma.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley.
Se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado.
Se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado.
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