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Período:124 Reunion:2 Fecha:15/03/2006 CARGOS ESPECÍFICOS PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA
SR. PRESIDENTE(CAMBARERI)
En consideración en general el dictamen de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley por el cual se crean cargos específicos para el desarrollo de infraestructura energética como aporte a los fondos de los fideicomisos que se constituirán para obras de expansión del sistema de transporte y distribución de los servicios de gas y electricidad, que consta en el Orden del Día N° 99.
Tiene la palabra la señora diputada por Tierra del Fuego.
Tiene la palabra la señora diputada por Tierra del Fuego.
SRA. BERTONE, ROSANA ANDREA (T DEL FUEGO):
Señor presidente: nuestro país ha asumido la responsabilidad de una transformación productiva destinada irremediablemente a posicionarlo en el liderazgo regional.
Los avances productivos, el contexto internacional favorable y las acertadas decisiones adoptadas desde la administración central han contribuido a fortalecer primero y a fomentar después la producción de nuestros productos locales, el desarrollo de nuestra industria y la captación de nuevos mercados internacionales.
No nos resulta ajeno que ese gran avance, ese nuevo rol de la Argentina industrialista obliga al Estado nacional a la adopción de medidas que impulsen este crecimiento a través de resoluciones de fondo que establezcan el marco adecuado para proveer de la infraestructura adecuada a todos aquellos que quieran contribuir al desarrollo del país, aportando las obras básicas para la provisión de la energía que tal impulso necesita. Y el contexto nos habla de la necesidad de hacerlo mediante el aporte de todos aquellos a los que favorecerán las obras aludidas. Por ello resulta tan necesaria la implementación del sistema que por la presente ley vamos a crear.
Con el cargo se paga una inversión determinada que surge en función de la necesidad de las obras y de los años en que se debe cubrir su costo. El cargo es el pago de una obra necesaria que garantice la continuidad del abastecimiento de acuerdo con lo que prevén tanto las normas del sector eléctrico como las del gas. Es fijado por tiempo determinado y una vez que se pagan las obras desaparece del cobro y deja de formar parte de la tarifa.
Pasando a analizar el texto del proyecto que está en consideración de este cuerpo, en el artículo 1° vemos que el desarrollo de esta obra constituye un objetivoprioritario y de interés del Estado nacional.
En el artículo 3°, para evitar una eventual cascada impositiva o un encarecimiento innecesario de las obras a realizar, se propone que el cargo tarifario no forme parte de la base imponible de ningún tributo de origen nacional. En este artículo al que hice referencia, de alguna manera se deja definitivamente zanjada la discusión respecto de la naturaleza jurídica de los cargos, además de aclararse si éstos pueden o no ser considerados tributos. En realidad, el primer párrafo del artículo no tendría razón de ser por cuanto un tributo -como algunos pretenden catalogar a los cargos- naturalmente no forma parte de la base imponible de otro tributo. Además, lo estamos gravando con IVA, cuestión que sería imposible de sostener si fuera un impuesto, porque no vamos a gravar con IVA un tributo. Por ende, no pueden computarse como base imponible de tributo de las provincias o de la Ciudad de Buenos Aires, como tampoco de otros municipios en cuyos territorios se ejecuten las obras con los cargos que se están creando.
Hemos impuesto -me parece importante recalcarlo- la obligación de informar al Congreso de manera trimestral sobre los puntos descriptos en el artículo 8° de este proyecto de ley.
También incorporamos la obligación de que los cargos sólo sean aplicables cuando se inicie la construcción de las obras o desde el momento que se pueda disponer de su uso y goce.
Dejamos fuera de la atribución de esos cargos a las obras que les correspondiera hacer a los permisionarios de servicios públicos, conforme con los contratos que suscribieron al obtener el permiso o la concesión de su explotación, como se especifica en el artículo 10.
Esta iniciativa también deja afuera a los fondos fiduciarios integrados con bienes o fondos del Estado nacional, como acontece con el de Desarrollo Provincial, Infraestructura Regional, Reconstrucción de Empresas, Transporte Eléctrico Federal, tasa sobre gasoil, infraestructura hídrica, subsidio de consumos residenciales de gas, transporte y distribución de gas, con la excepción de que exista disponibilidad financiera mediante la intervención del Consejo Consultivo. Esto está previsto en el artículo 11.
También se faculta al Poder Ejecutivo nacional para fijar el cargo específico en el gas natural, con el fin de permitir y complementar el subsidio al GLP. Es algo que fue previsto cuando en esta Cámara tratamos el tema del GLP. Sin embargo, el Senado retiró del proyecto lo que nosotros habíamos sancionado y por eso incorporamos nuevamente este artículo.
Invitamos a las provincias a adherir a este proyecto, con el expreso compromiso de asumir la responsabilidad establecida en el artículo 3°, es decir, no establecer impuestos sobre las obras en desarrollo.
Resulta imprescindible recalcar que el año pasado el sector energético no tuvo influencia alguna en la disminución del producto bruto de nuestro país, a pesar de que en algún momento, tanto la oposición como algunos medios nacionales, dijeron que el sector energético iba a ser el responsable de la caída del 1,5 o 2 por ciento del producto bruto.
Da la sensación de que se quiere transmitir la idea de riesgo permanente y de inestabilidad. Por eso reitero que el sector energético no fue responsable ni siquiera de un céntimo de punto en la caída de nuestro producto bruto interno. Por el contrario, se ha atendido el récord de la demanda energética trabajando intensamente para ampliar más la oferta.
Se han batido los récords históricos de oferta energética en nuestro país. Nosotros también estamos comprometidos con el apoyo al Plan Energético 2004-2008. Para la concreción de las obras de dicho plan nacional y de otras que puedan proponerse, solicitamos el apoyo a este proyecto de ley.
Los avances productivos, el contexto internacional favorable y las acertadas decisiones adoptadas desde la administración central han contribuido a fortalecer primero y a fomentar después la producción de nuestros productos locales, el desarrollo de nuestra industria y la captación de nuevos mercados internacionales.
No nos resulta ajeno que ese gran avance, ese nuevo rol de la Argentina industrialista obliga al Estado nacional a la adopción de medidas que impulsen este crecimiento a través de resoluciones de fondo que establezcan el marco adecuado para proveer de la infraestructura adecuada a todos aquellos que quieran contribuir al desarrollo del país, aportando las obras básicas para la provisión de la energía que tal impulso necesita. Y el contexto nos habla de la necesidad de hacerlo mediante el aporte de todos aquellos a los que favorecerán las obras aludidas. Por ello resulta tan necesaria la implementación del sistema que por la presente ley vamos a crear.
Con el cargo se paga una inversión determinada que surge en función de la necesidad de las obras y de los años en que se debe cubrir su costo. El cargo es el pago de una obra necesaria que garantice la continuidad del abastecimiento de acuerdo con lo que prevén tanto las normas del sector eléctrico como las del gas. Es fijado por tiempo determinado y una vez que se pagan las obras desaparece del cobro y deja de formar parte de la tarifa.
Pasando a analizar el texto del proyecto que está en consideración de este cuerpo, en el artículo 1° vemos que el desarrollo de esta obra constituye un objetivoprioritario y de interés del Estado nacional.
En el artículo 3°, para evitar una eventual cascada impositiva o un encarecimiento innecesario de las obras a realizar, se propone que el cargo tarifario no forme parte de la base imponible de ningún tributo de origen nacional. En este artículo al que hice referencia, de alguna manera se deja definitivamente zanjada la discusión respecto de la naturaleza jurídica de los cargos, además de aclararse si éstos pueden o no ser considerados tributos. En realidad, el primer párrafo del artículo no tendría razón de ser por cuanto un tributo -como algunos pretenden catalogar a los cargos- naturalmente no forma parte de la base imponible de otro tributo. Además, lo estamos gravando con IVA, cuestión que sería imposible de sostener si fuera un impuesto, porque no vamos a gravar con IVA un tributo. Por ende, no pueden computarse como base imponible de tributo de las provincias o de la Ciudad de Buenos Aires, como tampoco de otros municipios en cuyos territorios se ejecuten las obras con los cargos que se están creando.
Hemos impuesto -me parece importante recalcarlo- la obligación de informar al Congreso de manera trimestral sobre los puntos descriptos en el artículo 8° de este proyecto de ley.
También incorporamos la obligación de que los cargos sólo sean aplicables cuando se inicie la construcción de las obras o desde el momento que se pueda disponer de su uso y goce.
Dejamos fuera de la atribución de esos cargos a las obras que les correspondiera hacer a los permisionarios de servicios públicos, conforme con los contratos que suscribieron al obtener el permiso o la concesión de su explotación, como se especifica en el artículo 10.
Esta iniciativa también deja afuera a los fondos fiduciarios integrados con bienes o fondos del Estado nacional, como acontece con el de Desarrollo Provincial, Infraestructura Regional, Reconstrucción de Empresas, Transporte Eléctrico Federal, tasa sobre gasoil, infraestructura hídrica, subsidio de consumos residenciales de gas, transporte y distribución de gas, con la excepción de que exista disponibilidad financiera mediante la intervención del Consejo Consultivo. Esto está previsto en el artículo 11.
También se faculta al Poder Ejecutivo nacional para fijar el cargo específico en el gas natural, con el fin de permitir y complementar el subsidio al GLP. Es algo que fue previsto cuando en esta Cámara tratamos el tema del GLP. Sin embargo, el Senado retiró del proyecto lo que nosotros habíamos sancionado y por eso incorporamos nuevamente este artículo.
Invitamos a las provincias a adherir a este proyecto, con el expreso compromiso de asumir la responsabilidad establecida en el artículo 3°, es decir, no establecer impuestos sobre las obras en desarrollo.
Resulta imprescindible recalcar que el año pasado el sector energético no tuvo influencia alguna en la disminución del producto bruto de nuestro país, a pesar de que en algún momento, tanto la oposición como algunos medios nacionales, dijeron que el sector energético iba a ser el responsable de la caída del 1,5 o 2 por ciento del producto bruto.
Da la sensación de que se quiere transmitir la idea de riesgo permanente y de inestabilidad. Por eso reitero que el sector energético no fue responsable ni siquiera de un céntimo de punto en la caída de nuestro producto bruto interno. Por el contrario, se ha atendido el récord de la demanda energética trabajando intensamente para ampliar más la oferta.
Se han batido los récords históricos de oferta energética en nuestro país. Nosotros también estamos comprometidos con el apoyo al Plan Energético 2004-2008. Para la concreción de las obras de dicho plan nacional y de otras que puedan proponerse, solicitamos el apoyo a este proyecto de ley.
SR. PRESIDENTE(CAMBARERI)
Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy, quien comparte su tiempo con la señora diputada preopinante.
SR. SNOPEK, CARLOS DANIEL (JUJUY):
Señor presidente: quisiera precisar un poco los conceptos vertidos por la señora diputada Bertone en relación con la naturaleza y la entidad de esto que hemos denominado "cargos específicos".
Hace un rato conversaba con un colega en cuanto a que la naturaleza jurídica de una contribución o un cargo -voy adelantando mi posición sobre el tema-, es fijada por el Poder Legislativo, es decir, por esta Cámara, que es iniciadora en este tipo de cuestiones. Es ella la que debe decidir sobre la naturaleza jurídica del cargo.
Para saber con toda claridad de qué estamos hablando y para quedarnos tranquilos, vale la pena repasar un poco qué es lo que la jurisprudencia ha dicho sobre el tema.
La jurisprudencia ha tipificado claramente los requisitos que deben tener los impuestos, y lo ha hecho también con las tasas y con las contribuciones.
En el caso de las contribuciones por mejoras ha establecido que son las que se pagan por un servicio prestado por el Estado a un determinado sector de la comunidad y no a toda la comunidad en su conjunto. En consecuencia, quien paga las contribuciones es quien recibe el beneficio. Hay una correlación muy precisa entre ambas cosas.
Ese es el sentido de estos cargos específicos que se destinan a un fondo fiduciario. De esa forma se crea la posibilidad de financiar las obras de desarrollo energético, y no solamente las de transmisión sino también las de distribución.
En esta Cámara hemos tenido debates sobre el gas licuado de petróleo utilizado por medio de las garrafas y hemos posibilitado que se adoptaran cursos de acción en relación con esa problemática. Algunos intendentes de pueblos que no tienen gas natural y cuyos habitantes utilizan como combustible el gas contenido en las garrafas, no cuentan con los recursos necesarios para proveer de gas natural a su pueblo.
En esos casos, a través de la Secretaría de Energía de la Nación esos intendentes pueden constituir un fideicomiso que podría recibir aportes de capital que permitieran llevar a cabo las obras necesarias. Luego, conforme el propio texto de la ley lo establece, una vez que se abre la llave de paso de gas domiciliario el vecino que antes no tenía gas natural y debía pagar el precio de la garrafa debe destinar la diferencia ahorrada para financiar el tendido de gas mediante un cargo específico.
¿Cuál es el sentido del cargo específico? ¿Para qué hacemos la ley? La hacemos para evitar, como hoy sucede -este régimen ya está vigente en la Argentina-, que uno de los vecinos, en el medio del camino, se quede esperando a que la red pase por el frente de su casa para algún día hacer la conexión y gozar plenamente de lo que los otros vecinos, linderos o del frente, han pagado para permitirle el uso del gas.
El sentido de este cargo es que aquel que goza de esta mejora clara, contundente y precisa -la diferencia entre el gas natural y el gas licuado de petróleo es enorme-, tenga la obligación generada por ley de pagar esa mejora. En este caso lo haría con los ahorros que obtendría por un consumo más barato.
Hay algo más que todos sabemos y que debemos decir con absoluta claridad, más allá de la naturaleza y la entidad del impuesto. Ya tenemos vigente en la Argentina una serie de fideicomisos para ampliar eltransporte de gas en la Argentina. Ya están activados, por ejemplo, respecto de las transportadoras Gas del Norte, Gas del Sur, y en las provincias de la Patagonia, Entre Ríos, Corrientes, y hay cartas de intención suscritas para el gasoducto del NEA, novena región; el gasoducto de alimentación a Camarones, provincia de Chubut; el Regional Sur, en la provincia de Tierra del Fuego -hago personalmente esta aclaración para que no culpemos a la señora diputada Bertone, de esa provincia, por defender excesivamente la iniciativa- y el proyecto de la ruta nacional 34 en la provincia de Santa Fe. En definitiva, se trata de varios fideicomisos que ya están funcionando.
Alguien podría preguntar para qué queremos la ley. Cuando hay que salir a demandar en el mercado de capitales los recursos necesarios durante el lapso en que la obra se financia, se realiza y se paga por parte de los vecinos beneficiados, el inversor debe tener la seguridad de que el fideicomiso durará hasta el repago de la totalidad de las inversiones. Por eso es necesario otorgarle la garantía y seguridad de que contará con la cobertura legal para la consecución del financiamiento.
Estos son los motivos fundamentales por los cuales estamos proponiendo la sanción de esta norma que será de muchísima utilidad. Cabe aclarar que no termina con los gasoductos y los fondos fiduciarios que ya están funcionando sino que se extenderá en la Argentina mucho más allá de los períodos que demanden la ejecución de estas obras. Es decir que se trata de fondos sujetos a devolución, de carácter permanente, que permitirán el financiamiento de toda clase de obras de extensión de gas a medida que cada uno de los demandantes lo requiera. Esta es la única razón por la que se propone una figura abierta, de tal manera que se va creando un fideicomiso en cada ocasión, para cada una de las necesidades, y en función de la demanda de cada una de las localidades, zonas o regiones del país.
Estamos persuadidos y convencidos de que esta iniciativa tendrá un efecto muy beneficioso sobre el esquema de suministro de energía a distintas localidades de la Argentina, que de otra manera nunca tendrían esa alternativa.
Hace un rato conversaba con un colega en cuanto a que la naturaleza jurídica de una contribución o un cargo -voy adelantando mi posición sobre el tema-, es fijada por el Poder Legislativo, es decir, por esta Cámara, que es iniciadora en este tipo de cuestiones. Es ella la que debe decidir sobre la naturaleza jurídica del cargo.
Para saber con toda claridad de qué estamos hablando y para quedarnos tranquilos, vale la pena repasar un poco qué es lo que la jurisprudencia ha dicho sobre el tema.
La jurisprudencia ha tipificado claramente los requisitos que deben tener los impuestos, y lo ha hecho también con las tasas y con las contribuciones.
En el caso de las contribuciones por mejoras ha establecido que son las que se pagan por un servicio prestado por el Estado a un determinado sector de la comunidad y no a toda la comunidad en su conjunto. En consecuencia, quien paga las contribuciones es quien recibe el beneficio. Hay una correlación muy precisa entre ambas cosas.
Ese es el sentido de estos cargos específicos que se destinan a un fondo fiduciario. De esa forma se crea la posibilidad de financiar las obras de desarrollo energético, y no solamente las de transmisión sino también las de distribución.
En esta Cámara hemos tenido debates sobre el gas licuado de petróleo utilizado por medio de las garrafas y hemos posibilitado que se adoptaran cursos de acción en relación con esa problemática. Algunos intendentes de pueblos que no tienen gas natural y cuyos habitantes utilizan como combustible el gas contenido en las garrafas, no cuentan con los recursos necesarios para proveer de gas natural a su pueblo.
En esos casos, a través de la Secretaría de Energía de la Nación esos intendentes pueden constituir un fideicomiso que podría recibir aportes de capital que permitieran llevar a cabo las obras necesarias. Luego, conforme el propio texto de la ley lo establece, una vez que se abre la llave de paso de gas domiciliario el vecino que antes no tenía gas natural y debía pagar el precio de la garrafa debe destinar la diferencia ahorrada para financiar el tendido de gas mediante un cargo específico.
¿Cuál es el sentido del cargo específico? ¿Para qué hacemos la ley? La hacemos para evitar, como hoy sucede -este régimen ya está vigente en la Argentina-, que uno de los vecinos, en el medio del camino, se quede esperando a que la red pase por el frente de su casa para algún día hacer la conexión y gozar plenamente de lo que los otros vecinos, linderos o del frente, han pagado para permitirle el uso del gas.
El sentido de este cargo es que aquel que goza de esta mejora clara, contundente y precisa -la diferencia entre el gas natural y el gas licuado de petróleo es enorme-, tenga la obligación generada por ley de pagar esa mejora. En este caso lo haría con los ahorros que obtendría por un consumo más barato.
Hay algo más que todos sabemos y que debemos decir con absoluta claridad, más allá de la naturaleza y la entidad del impuesto. Ya tenemos vigente en la Argentina una serie de fideicomisos para ampliar eltransporte de gas en la Argentina. Ya están activados, por ejemplo, respecto de las transportadoras Gas del Norte, Gas del Sur, y en las provincias de la Patagonia, Entre Ríos, Corrientes, y hay cartas de intención suscritas para el gasoducto del NEA, novena región; el gasoducto de alimentación a Camarones, provincia de Chubut; el Regional Sur, en la provincia de Tierra del Fuego -hago personalmente esta aclaración para que no culpemos a la señora diputada Bertone, de esa provincia, por defender excesivamente la iniciativa- y el proyecto de la ruta nacional 34 en la provincia de Santa Fe. En definitiva, se trata de varios fideicomisos que ya están funcionando.
Alguien podría preguntar para qué queremos la ley. Cuando hay que salir a demandar en el mercado de capitales los recursos necesarios durante el lapso en que la obra se financia, se realiza y se paga por parte de los vecinos beneficiados, el inversor debe tener la seguridad de que el fideicomiso durará hasta el repago de la totalidad de las inversiones. Por eso es necesario otorgarle la garantía y seguridad de que contará con la cobertura legal para la consecución del financiamiento.
Estos son los motivos fundamentales por los cuales estamos proponiendo la sanción de esta norma que será de muchísima utilidad. Cabe aclarar que no termina con los gasoductos y los fondos fiduciarios que ya están funcionando sino que se extenderá en la Argentina mucho más allá de los períodos que demanden la ejecución de estas obras. Es decir que se trata de fondos sujetos a devolución, de carácter permanente, que permitirán el financiamiento de toda clase de obras de extensión de gas a medida que cada uno de los demandantes lo requiera. Esta es la única razón por la que se propone una figura abierta, de tal manera que se va creando un fideicomiso en cada ocasión, para cada una de las necesidades, y en función de la demanda de cada una de las localidades, zonas o regiones del país.
Estamos persuadidos y convencidos de que esta iniciativa tendrá un efecto muy beneficioso sobre el esquema de suministro de energía a distintas localidades de la Argentina, que de otra manera nunca tendrían esa alternativa.
SR. PRESIDENTE(CAMBARERI)
Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
SR. IGLESIAS, ROBERTO RAUL (MENDOZA):
Señor presidente: si hay algo que caracteriza esta norma es la ambigüedad; está claro que no deja nada claro, deja lugar a dudas para todo y, en definitiva, se transforma en una nebulosa por la cual se puede cobrar y hacer cualquier cosa.
Escuché atentamente a quien me precedió en el uso de la palabra creyendo que me iba a aclarar la situación, pero lamentablemente oscureció aún más el contenido del proyecto. Lo que no dice la ley se pretendió decir acá; después me referiré a la tipificación que debe establecerse para ser perfectamente clara.
No es que vayamos a inventar ahora un nuevo tributo; los tributos son tasas, impuestos o contribuciones especiales. Lo que ocurre es que según el sentido del término "cargos", la utilidad que se le da y el objetivo que se persigue, podría interpretarse precisamente cualquier cosa. Esto es lo que debemos definir, porque si hay algo que está claro es que este Congreso tiene la obligación de fijar los tributos y hacerlo con claridad para que nadie tenga dudas.
Respecto de la ambigüedad de esta iniciativa, y a efectos de empezar a aclarar un poco el tema, deberíamos analizar el objetivo. A partir de allí, buscar los consensos necesarios a efectos de elaborar una norma que sea clara, que la entiendan todos y que cumpla con los objetivos.
El fin perseguido es realizar obras energéticas, fundamentalmente de electricidad y gas. Para aquellos que sostienen el mito de que la oposición se opone a todo o cuanto menos a algunos proyectos, aclaro que estamos absolutamente de acuerdo en que es necesario en nuestro país realizar un montón de obras que tienenque ver con el desarrollo energético y la calidad de vida de la gente. Es más: las podríamos haber empezado hace mucho tiempo, y todos sabemos que hay obras que hace tal vez diez o quince años que están esperando concretarse. O sea que no adjudicamos las demoras a este gobierno.
Cuando expresábamos que el proyecto debe decir con claridad qué obras se realizarán para saber también claramente qué cargos se pondrán y quién los va a pagar, lo primero que advertimos es que no hay obras determinadas, sino que se trata de obras al voleo. Es decir, el proyecto dice solamente "se harán obras".
Cuando planteamos esta cuestión en la comisión, en el sentido de que no se definían las obras, y osamos decir que nos parecía o que teníamos la certeza -a lo mejor estamos equivocados- de que este gobierno no sólo no tiene un plan energético sino que tampoco lo tiene en otras áreas, nos dijeron: "acá están las obras", y exhibo un ejemplar de este documento que se titula "Plan Energético Nacional 2004-2008", del cual tengo una copia, no el original.
Entonces, si las que están allí mencionadas son las obras, como nos dijeron el otro día, incluyámoslas, porque allí se establece con claridad cuáles son las obras que son necesarias realizar. Voy a nombrar una, por ejemplo: elevación del nivel del embalse Yacyretá de la cota 76 a la cota 78 sobre el nivel del mar en abril de 2005; inversión estimada, 87,6 millones; fecha de finalización, abril de 2005. En realidad, la obra ya debería estar cumplida. Pero supongamos que está hecha. Hay otras que figuran en ese plan energético que se realizarán después. Entonces, incluyámoslas.
Si hay un plan energético -que no vamos a analizar acá-, si hay obras para realizar con montos asignados y demás, entonces pongámoslos en el proyecto. Así los podemos presupuestar, sabemos cuánto cuestan y además conocemos quién los paga. Este es otro problema sobre lo que nada dice el proyecto y respecto de lo cual me permito disentir con quienes me precedieron en el uso de la palabra. El proyecto no establece que una obra que figura con un cargo específico para beneficiar a una región de nuestra población la va a pagar el beneficiario, sino que dispone que el gobierno está autorizado a crear cargos, en función de los cuales puede crear uno específico en el Chaco para hacer obras en Mendoza, por ejemplo. Esto es lo que dice el proyecto; no determina que el cargo se creará precisamente en el lugar de construcción de la obra. Yo me refiero a lo que dice el proyecto, aunque a lo mejor otra fue la intención de los autores.
Otra cuestión que nos preocupa, entre tantas otras, es la forma de pago. ¿Por qué un cargo? Ya que tenemos un plan y podríamos definir acá cuáles son las obras necesarias, aprobándolas año tras año en el presupuesto del ejercicio, ¿por qué no las incluimos en él, si hay plata? Aparentemente, lo que nos sobra hoy es dinero. Hace poco más de dos meses pagamos la friolera de treinta mil millones de pesos en concepto de adelanto al Fondo Monetario Internacional. Entonces, si tuvimos capacidad para eso, perfectamente podríamos pagar y presupuestar año tras año las obras necesarias que figuran en el plan energético que está esbozado en el documento que acabo de mostrar.
Escuché atentamente a quien me precedió en el uso de la palabra creyendo que me iba a aclarar la situación, pero lamentablemente oscureció aún más el contenido del proyecto. Lo que no dice la ley se pretendió decir acá; después me referiré a la tipificación que debe establecerse para ser perfectamente clara.
No es que vayamos a inventar ahora un nuevo tributo; los tributos son tasas, impuestos o contribuciones especiales. Lo que ocurre es que según el sentido del término "cargos", la utilidad que se le da y el objetivo que se persigue, podría interpretarse precisamente cualquier cosa. Esto es lo que debemos definir, porque si hay algo que está claro es que este Congreso tiene la obligación de fijar los tributos y hacerlo con claridad para que nadie tenga dudas.
Respecto de la ambigüedad de esta iniciativa, y a efectos de empezar a aclarar un poco el tema, deberíamos analizar el objetivo. A partir de allí, buscar los consensos necesarios a efectos de elaborar una norma que sea clara, que la entiendan todos y que cumpla con los objetivos.
El fin perseguido es realizar obras energéticas, fundamentalmente de electricidad y gas. Para aquellos que sostienen el mito de que la oposición se opone a todo o cuanto menos a algunos proyectos, aclaro que estamos absolutamente de acuerdo en que es necesario en nuestro país realizar un montón de obras que tienenque ver con el desarrollo energético y la calidad de vida de la gente. Es más: las podríamos haber empezado hace mucho tiempo, y todos sabemos que hay obras que hace tal vez diez o quince años que están esperando concretarse. O sea que no adjudicamos las demoras a este gobierno.
Cuando expresábamos que el proyecto debe decir con claridad qué obras se realizarán para saber también claramente qué cargos se pondrán y quién los va a pagar, lo primero que advertimos es que no hay obras determinadas, sino que se trata de obras al voleo. Es decir, el proyecto dice solamente "se harán obras".
Cuando planteamos esta cuestión en la comisión, en el sentido de que no se definían las obras, y osamos decir que nos parecía o que teníamos la certeza -a lo mejor estamos equivocados- de que este gobierno no sólo no tiene un plan energético sino que tampoco lo tiene en otras áreas, nos dijeron: "acá están las obras", y exhibo un ejemplar de este documento que se titula "Plan Energético Nacional 2004-2008", del cual tengo una copia, no el original.
Entonces, si las que están allí mencionadas son las obras, como nos dijeron el otro día, incluyámoslas, porque allí se establece con claridad cuáles son las obras que son necesarias realizar. Voy a nombrar una, por ejemplo: elevación del nivel del embalse Yacyretá de la cota 76 a la cota 78 sobre el nivel del mar en abril de 2005; inversión estimada, 87,6 millones; fecha de finalización, abril de 2005. En realidad, la obra ya debería estar cumplida. Pero supongamos que está hecha. Hay otras que figuran en ese plan energético que se realizarán después. Entonces, incluyámoslas.
Si hay un plan energético -que no vamos a analizar acá-, si hay obras para realizar con montos asignados y demás, entonces pongámoslos en el proyecto. Así los podemos presupuestar, sabemos cuánto cuestan y además conocemos quién los paga. Este es otro problema sobre lo que nada dice el proyecto y respecto de lo cual me permito disentir con quienes me precedieron en el uso de la palabra. El proyecto no establece que una obra que figura con un cargo específico para beneficiar a una región de nuestra población la va a pagar el beneficiario, sino que dispone que el gobierno está autorizado a crear cargos, en función de los cuales puede crear uno específico en el Chaco para hacer obras en Mendoza, por ejemplo. Esto es lo que dice el proyecto; no determina que el cargo se creará precisamente en el lugar de construcción de la obra. Yo me refiero a lo que dice el proyecto, aunque a lo mejor otra fue la intención de los autores.
Otra cuestión que nos preocupa, entre tantas otras, es la forma de pago. ¿Por qué un cargo? Ya que tenemos un plan y podríamos definir acá cuáles son las obras necesarias, aprobándolas año tras año en el presupuesto del ejercicio, ¿por qué no las incluimos en él, si hay plata? Aparentemente, lo que nos sobra hoy es dinero. Hace poco más de dos meses pagamos la friolera de treinta mil millones de pesos en concepto de adelanto al Fondo Monetario Internacional. Entonces, si tuvimos capacidad para eso, perfectamente podríamos pagar y presupuestar año tras año las obras necesarias que figuran en el plan energético que está esbozado en el documento que acabo de mostrar.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Alberto Edgardo Balestrini.
SR. IGLESIAS, ROBERTO RAUL (MENDOZA):
Además, acabamos de desechar retenciones, a pesar de que el Estado está viviendo de los recursos que obtiene por ese concepto. El gobierno ha decidido que no vamos a exportar carne porque por lo visto no tenemos problemas y porque queremos comer carne en nuestro país. Entonces, si nos sobran fondos, ¿por qué no los ponemos en el presupuesto y hacemos las cosas bien, como corresponde para que no haya dudas? O sea que tenemos las obras y no las detallamos, y también tenemos cómo pagarlas pero tampoco lo reflejamos.
Entonces, me pregunto, ¿por qué no se detalla en el presupuesto? Según algunos economistas, si se hicieran obras ahora, se correrían peligros inflacionarios. O sea, el gasto público encierra el peligro que todos queremos ayudar a contener, que es la inflación.
Probablemente haya que disminuir el gasto público, como recomiendan algunos. Si ésta fuera la situación, deberíamos explicitarla para hacer la correspondiente derivación a tarifas. Pero en definitiva sabemos que hoy es difícil aumentar las tarifas, porque éstas son causa de inflación. De modo que tampoco podemos hacer la derivación a tarifas, aunque el cargo está incluido en la tarifa disfrazado de una forma de pago pero nadie sabe cómo paga ni qué paga.
Aquí viene otro de los problemas, y en esto me voy a permitir el sacrilegio de dudar. A veces cuando se aclara, se oscurece. La iniciativa dispone -sintéticamente, porque a los efectos de no perder tiempo no voy a leerla- que estas obras no incluyen a los permisionarios, que son los que en definitiva tienen que cobrar el cargo en la tarifa; no incluye las obras a las cuales están obligados los permisionarios. Claro, porque eso debe estar incluido en las tarifas, pero si no las aumentáramos por temor a que se activara la inflación, la obra no se haría.
Además, aunque la ley no dijera que las obras de los permisionarios no están incluidas, la realidad es que cuando se concesionaron las obras nunca nadie detalló cuáles había que realizar. Lo que determina es que el concesionario de un servicio público debe prestar el servicio con calidad; entonces, no habría que hacer estas obras, porque si ya están incluidas no deberían realizarse.
Creo que lo claro de toda esta confusión sería determinar las obras, incluirlas en el presupuesto, saber cuánto valen, llamarlas a licitación pública y hacer las cosas como se debe. ¿Por qué tenemos que cambiar la forma y buscar redacciones rebuscadas que en definitiva van a terminar con estas cuestiones en la Justicia?
Me voy a permitir referirme ahora a la tipificación del tributo. Como dije, hay tres tipos de tributos. Esto aparentemente no es una tasa, porque ésta es la contraprestación de un servicio, y esto sería en definitiva la contraprestación correspondiente a una obra.
Nos preguntamos si sería un impuesto; es muy probable que lo sea, y voy a tratar de demostrarlo. Debería entrar en la categoría de contribución especial, pero ésta también exige ciertos requisitos, como la claridad. Entonces, se debería decir que por tal obra se tiene que pagar tanta plata, pero aquí no se dice nada. Estamos diciendo que autorizamos al Poder Ejecutivo a crear un cargo fijo en algún lugar para hacer alguna obra en algún otro lugar.
Por lo tanto, entra en la tipificación del impuesto, que es la generalidad, es decir, el Estado cobra a los efectos de cubrir los servicios que tiene que prestar. Y aquí viene lo de que a veces aclarando se oscurece. En el artículo 12 está especificado lo que establece la ley con respecto al gas licuado, al GLP, y se dispone la creación de un fondo fiduciario al cual se va a aportar, porque se autoriza al Poder Ejecutivo en este sentido.
La ley establece la realización de obras y además crea subsidios para la gente. Como es cierto que se está pagando una barbaridad por la garrafa, me parece bien que el Estado en este caso utilice un subsidio para bajar el precio.
Esto quiere decir que ya no sólo tiene por finalidad hacer obras sino que sirve para contribuir a un fondo para subsidiar a la gente más necesitada. Entonces, como se autoriza un cobro general al Poder Ejecutivo nacional para hacer obras indeterminadas, pensamos que esto tiene la característica de un impuesto. Me quiero referir al fallo sobre la tasa del gasoil, que recientemente tuvimos que transformar en impuesto -en realidad se trataba de un tributo- para no dejar de percibir recursos que son muy importantes. Existe un fallo de la Corte en los autos "Selcro S.A. c/Jefatura de Gabinete de Ministros" en el que ésta se define, ya que entre otras cosas -voy a tratar de sintetizar- señala: "Sexto: que de la reiterada doctrina precedentemente reseñada surge con nitidez que ni un decreto del Poder Ejecutivo ni una decisión del Jefe de Gabinete de Ministros puede crear válidamente una carga tributaria, ni definir, ni modificar sin sustento legal los elementos esenciales de un tributo.
"Séptimo: En la misma línea de razonamiento, al tratarse de una facultad exclusiva y excluyente del Congreso, resulta inválida la delegación legislativa...". Para quienes mueven sus cabezas en señal de disidencia, reitero el concepto: "...resulta inválida la delegación legislativa efectuada por el segundo párrafo que autoriza al Jefe de Gabinete a fijar valores y escalas para determinar una tasa."
De lo que estamos hablando es de una facultad constitucional que tiene el Congreso que no puede delegar, pese a que este Parlamento se ha mostrado ávido en otorgar delegaciones a efectos de que el Ejecutivo pueda hacer prácticamente lo que quiera.
Ya nos hemos referido también a los fondos fiduciarios. Simplemente, deseo señalar que constituyen cajas que nadie controla, porque ni siquiera se determina qué se hace con ellos.
Además, el artículo 8° dice algo que probablemente les provoque risa a algunos señores diputados. Quizás el objetivo es que nos quedemos contentos y nos sintamos tranquilos. En él se establece que el Poder Ejecutivo nacional enviará un informe cada tres meses. El hecho es que aquí nos hemos hartado de pedir informes y de solicitar al Poder Ejecutivo que remita los decretos de necesidad y urgencia para que sean debidamente debatidos, que presente las rendiciones de cuentas correspondientes y que cumpla con lo que establece la Constitución Nacional respecto del jefe de Gabinete, que tiene la obligación de informar a esta Cámara cada dos meses. ¿Saben cuándo fue la última vez que vino el jefe de Gabinete a brindar el informe al cual está obligado por la Constitución Nacional? En marzo de 2005. Ahora resulta que queremos engañarnos diciendo que cada tres meses deberán enviar los informes sobre las obras que se podrán llevar adelante en todo el territorio nacional.
También quiero referirme al manejo de los fondos. Sé que algunos legisladores y funcionarios oficialistas se ponen nerviosos cuando nos referimos a la forma transparente y cristalina con la que se tienen que manejar los fondos públicos. Quizá ellos sean utilizados en forma transparente -cada uno tendrá su opinión-, pero desde este Congreso debemos crear los mecanismos necesarios para que eso sea así. Supongamos que este gobierno maneja los fondos en forma transparente. No debemos olvidar que inexorablemente el día de mañana va a venir otro gobierno que quizá utilice estos recursos de la misma manera que el actual.
Este tema ha dado lugar a discusiones públicas que provocaron algunos enojos, pero nosotros tenemos la obligación de evitar cualquier mecanismo de corrupción y el manejo discriminatorio de recursos que tienen que llegar a todos los ciudadanos de nuestro país.
A continuación me permitiré reiterar algunas cifras que ya han sido aportadas desde la oposición. Teniendo en cuenta los presupuestos nacionales aprobados entre 2001 y 2006, voy a reseñar cómo han incrementado los fondos nuestras provincias.
Entre 2003 y 2006 el total del país incrementó los fondos presupuestarios en un 52 por ciento; Santa Cruz, en un 169 por ciento; Río Negro -provincia vecina a Santa Cruz, que prácticamente sufre los mismos problemas-, en un 73 por ciento; Formosa -no será provincia amiga-, en un 138 por ciento; el Chaco, en un 94 por ciento, y Mendoza, en un 51 por ciento. Fíjense los señores diputados las diferencias que existen. Algún motivo debe haber.
A efectos de tomar un parámetro más equitativo, consideraremos al gasto por habitante. De 2003 a 2006 ese gasto se incrementó en un 154 por ciento en Santa Cruz, mientras que el promedio del país se ubicó en el 47 por ciento. En Río Negro el crecimiento de tal gasto fue del 70 por ciento; en Formosa, del 169 por ciento, y en el Chaco, del 88 por ciento. Nótese la diferencia, señor presidente: en mi provincia el incremento del gasto por habitante, en el mismo período, fue del 46 por ciento.
Vayamos a los datos relativos a inversiones en obras de vialidad. De 2003 a 2005, en Santa Cruz, el gasto correspondiente a ese rubro se incrementó en el 1.777 por ciento; en Formosa, en el 1.711 por ciento; en Corrientes -una provincia amiga-, disminuyó el 27 por ciento; en el Chaco se incrementó un 199 por ciento; en Mendoza, un 178 por ciento, y en Río Negro -vecina de Santa Cruz-, en un 82 por ciento.
Como a veces uno es malpensado, tiene el derecho de dudar de que en este país los fondos se manejen con transparencia. Se está proyectando una ley al boleo que genera cargos también al boleo, pues no se sabe ni quién pagará ni a dónde irán a parar los recursos ni a qué obras serán destinados.
De acuerdo con esta sucesión de delegación de funciones, que seguramente acarreará problemas y dolores de cabeza para que cada uno de nosotros tenga la justa obra con la calidad que se merece, para no perder más tiempo propongo a este Congreso que, rompiendo con la hipocresía, el 1° de marzo de cada año sancionemos una ley cuyo artículo 1° diga lo siguiente: "Autorízase al Poder Ejecutivo a hacer lo que quiera, donde quiera, como quiera y cuando quiera." (Aplausos.)
Entonces, me pregunto, ¿por qué no se detalla en el presupuesto? Según algunos economistas, si se hicieran obras ahora, se correrían peligros inflacionarios. O sea, el gasto público encierra el peligro que todos queremos ayudar a contener, que es la inflación.
Probablemente haya que disminuir el gasto público, como recomiendan algunos. Si ésta fuera la situación, deberíamos explicitarla para hacer la correspondiente derivación a tarifas. Pero en definitiva sabemos que hoy es difícil aumentar las tarifas, porque éstas son causa de inflación. De modo que tampoco podemos hacer la derivación a tarifas, aunque el cargo está incluido en la tarifa disfrazado de una forma de pago pero nadie sabe cómo paga ni qué paga.
Aquí viene otro de los problemas, y en esto me voy a permitir el sacrilegio de dudar. A veces cuando se aclara, se oscurece. La iniciativa dispone -sintéticamente, porque a los efectos de no perder tiempo no voy a leerla- que estas obras no incluyen a los permisionarios, que son los que en definitiva tienen que cobrar el cargo en la tarifa; no incluye las obras a las cuales están obligados los permisionarios. Claro, porque eso debe estar incluido en las tarifas, pero si no las aumentáramos por temor a que se activara la inflación, la obra no se haría.
Además, aunque la ley no dijera que las obras de los permisionarios no están incluidas, la realidad es que cuando se concesionaron las obras nunca nadie detalló cuáles había que realizar. Lo que determina es que el concesionario de un servicio público debe prestar el servicio con calidad; entonces, no habría que hacer estas obras, porque si ya están incluidas no deberían realizarse.
Creo que lo claro de toda esta confusión sería determinar las obras, incluirlas en el presupuesto, saber cuánto valen, llamarlas a licitación pública y hacer las cosas como se debe. ¿Por qué tenemos que cambiar la forma y buscar redacciones rebuscadas que en definitiva van a terminar con estas cuestiones en la Justicia?
Me voy a permitir referirme ahora a la tipificación del tributo. Como dije, hay tres tipos de tributos. Esto aparentemente no es una tasa, porque ésta es la contraprestación de un servicio, y esto sería en definitiva la contraprestación correspondiente a una obra.
Nos preguntamos si sería un impuesto; es muy probable que lo sea, y voy a tratar de demostrarlo. Debería entrar en la categoría de contribución especial, pero ésta también exige ciertos requisitos, como la claridad. Entonces, se debería decir que por tal obra se tiene que pagar tanta plata, pero aquí no se dice nada. Estamos diciendo que autorizamos al Poder Ejecutivo a crear un cargo fijo en algún lugar para hacer alguna obra en algún otro lugar.
Por lo tanto, entra en la tipificación del impuesto, que es la generalidad, es decir, el Estado cobra a los efectos de cubrir los servicios que tiene que prestar. Y aquí viene lo de que a veces aclarando se oscurece. En el artículo 12 está especificado lo que establece la ley con respecto al gas licuado, al GLP, y se dispone la creación de un fondo fiduciario al cual se va a aportar, porque se autoriza al Poder Ejecutivo en este sentido.
La ley establece la realización de obras y además crea subsidios para la gente. Como es cierto que se está pagando una barbaridad por la garrafa, me parece bien que el Estado en este caso utilice un subsidio para bajar el precio.
Esto quiere decir que ya no sólo tiene por finalidad hacer obras sino que sirve para contribuir a un fondo para subsidiar a la gente más necesitada. Entonces, como se autoriza un cobro general al Poder Ejecutivo nacional para hacer obras indeterminadas, pensamos que esto tiene la característica de un impuesto. Me quiero referir al fallo sobre la tasa del gasoil, que recientemente tuvimos que transformar en impuesto -en realidad se trataba de un tributo- para no dejar de percibir recursos que son muy importantes. Existe un fallo de la Corte en los autos "Selcro S.A. c/Jefatura de Gabinete de Ministros" en el que ésta se define, ya que entre otras cosas -voy a tratar de sintetizar- señala: "Sexto: que de la reiterada doctrina precedentemente reseñada surge con nitidez que ni un decreto del Poder Ejecutivo ni una decisión del Jefe de Gabinete de Ministros puede crear válidamente una carga tributaria, ni definir, ni modificar sin sustento legal los elementos esenciales de un tributo.
"Séptimo: En la misma línea de razonamiento, al tratarse de una facultad exclusiva y excluyente del Congreso, resulta inválida la delegación legislativa...". Para quienes mueven sus cabezas en señal de disidencia, reitero el concepto: "...resulta inválida la delegación legislativa efectuada por el segundo párrafo que autoriza al Jefe de Gabinete a fijar valores y escalas para determinar una tasa."
De lo que estamos hablando es de una facultad constitucional que tiene el Congreso que no puede delegar, pese a que este Parlamento se ha mostrado ávido en otorgar delegaciones a efectos de que el Ejecutivo pueda hacer prácticamente lo que quiera.
Ya nos hemos referido también a los fondos fiduciarios. Simplemente, deseo señalar que constituyen cajas que nadie controla, porque ni siquiera se determina qué se hace con ellos.
Además, el artículo 8° dice algo que probablemente les provoque risa a algunos señores diputados. Quizás el objetivo es que nos quedemos contentos y nos sintamos tranquilos. En él se establece que el Poder Ejecutivo nacional enviará un informe cada tres meses. El hecho es que aquí nos hemos hartado de pedir informes y de solicitar al Poder Ejecutivo que remita los decretos de necesidad y urgencia para que sean debidamente debatidos, que presente las rendiciones de cuentas correspondientes y que cumpla con lo que establece la Constitución Nacional respecto del jefe de Gabinete, que tiene la obligación de informar a esta Cámara cada dos meses. ¿Saben cuándo fue la última vez que vino el jefe de Gabinete a brindar el informe al cual está obligado por la Constitución Nacional? En marzo de 2005. Ahora resulta que queremos engañarnos diciendo que cada tres meses deberán enviar los informes sobre las obras que se podrán llevar adelante en todo el territorio nacional.
También quiero referirme al manejo de los fondos. Sé que algunos legisladores y funcionarios oficialistas se ponen nerviosos cuando nos referimos a la forma transparente y cristalina con la que se tienen que manejar los fondos públicos. Quizá ellos sean utilizados en forma transparente -cada uno tendrá su opinión-, pero desde este Congreso debemos crear los mecanismos necesarios para que eso sea así. Supongamos que este gobierno maneja los fondos en forma transparente. No debemos olvidar que inexorablemente el día de mañana va a venir otro gobierno que quizá utilice estos recursos de la misma manera que el actual.
Este tema ha dado lugar a discusiones públicas que provocaron algunos enojos, pero nosotros tenemos la obligación de evitar cualquier mecanismo de corrupción y el manejo discriminatorio de recursos que tienen que llegar a todos los ciudadanos de nuestro país.
A continuación me permitiré reiterar algunas cifras que ya han sido aportadas desde la oposición. Teniendo en cuenta los presupuestos nacionales aprobados entre 2001 y 2006, voy a reseñar cómo han incrementado los fondos nuestras provincias.
Entre 2003 y 2006 el total del país incrementó los fondos presupuestarios en un 52 por ciento; Santa Cruz, en un 169 por ciento; Río Negro -provincia vecina a Santa Cruz, que prácticamente sufre los mismos problemas-, en un 73 por ciento; Formosa -no será provincia amiga-, en un 138 por ciento; el Chaco, en un 94 por ciento, y Mendoza, en un 51 por ciento. Fíjense los señores diputados las diferencias que existen. Algún motivo debe haber.
A efectos de tomar un parámetro más equitativo, consideraremos al gasto por habitante. De 2003 a 2006 ese gasto se incrementó en un 154 por ciento en Santa Cruz, mientras que el promedio del país se ubicó en el 47 por ciento. En Río Negro el crecimiento de tal gasto fue del 70 por ciento; en Formosa, del 169 por ciento, y en el Chaco, del 88 por ciento. Nótese la diferencia, señor presidente: en mi provincia el incremento del gasto por habitante, en el mismo período, fue del 46 por ciento.
Vayamos a los datos relativos a inversiones en obras de vialidad. De 2003 a 2005, en Santa Cruz, el gasto correspondiente a ese rubro se incrementó en el 1.777 por ciento; en Formosa, en el 1.711 por ciento; en Corrientes -una provincia amiga-, disminuyó el 27 por ciento; en el Chaco se incrementó un 199 por ciento; en Mendoza, un 178 por ciento, y en Río Negro -vecina de Santa Cruz-, en un 82 por ciento.
Como a veces uno es malpensado, tiene el derecho de dudar de que en este país los fondos se manejen con transparencia. Se está proyectando una ley al boleo que genera cargos también al boleo, pues no se sabe ni quién pagará ni a dónde irán a parar los recursos ni a qué obras serán destinados.
De acuerdo con esta sucesión de delegación de funciones, que seguramente acarreará problemas y dolores de cabeza para que cada uno de nosotros tenga la justa obra con la calidad que se merece, para no perder más tiempo propongo a este Congreso que, rompiendo con la hipocresía, el 1° de marzo de cada año sancionemos una ley cuyo artículo 1° diga lo siguiente: "Autorízase al Poder Ejecutivo a hacer lo que quiera, donde quiera, como quiera y cuando quiera." (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
SRA. CAMAÑO, GRACIELA (BUENOS AIRES):
Señor presidente: estamos en presencia de un viejo conocido, por lo menos para el 50 por ciento de la composición del cuerpo que ha tenido la suerte de integrar la Cámara en el período anterior.
El proyecto en debate ingresó al Parlamento en diciembre del año 2004, o sea que llevamos más de un año de debate en comisiones, donde participaron algunos funcionarios. Sucede que en el medio, el 50 por ciento de la Cámara se renovó. Ocurre entonces que un proyecto de enorme envergadura como el que se está debatiendo -repito, viejo conocido para la mitad del cuerpo-, es un desconocido para el 50 por ciento de la Cámara.
Digo esto porque lamentablemente tenemos que resaltar en este recinto que durante el actual período parlamentario este proyecto no tuvo discusión. Es más, se generó una primera reunión de la Comisión de Presupuesto en la que el oficialismo nos participó de un dictamen, del que debemos reconocer que ha tenido auspiciosas modificaciones con respecto al proyecto original.
Se han introducido algunas inquietudes que tenemos ciertos legisladores desde diciembre de 2004 cuando tomamos conocimiento del proyecto elevado por el Poder Ejecutivo.
Estamos ante una disyuntiva, porque no podemos desconocer que lo que estamos tratando hoy es una herramienta de trabajo para nada más ni nada menos que poder paliar las serias dificultades que tiene nuestro país en materia de obras para obtener recursos energéticos, y este es un dato de nuestra realidad.
No es cierto que en los contratos concesionados no estén previstas las obras. Las obras figuran en los contratos y de hecho si nos abocáramos a estudiar cada uno de ellos advertiríamos claramente la definición de obras que contienen. Pero también es cierto que en el medio surge la necesidad de una cantidad importante de nuevas obras. Hoy vamos a tratar dos proyectos que creo son estratégicos para el país. Uno tiene que ver con las posibilidades ciertas de modificar la matriz energética del país, y otro es esta herramienta que solicita el Poder Ejecutivo, que tiene que ver con la posibilidad de lograr un financiamiento cierto, sin tocar tarifas que tengan que ver con obras que no figuran en los contratos de concesión.
Son las grandes obras de infraestructura que necesitamos para poder en serio suponer un crecimiento económico.
Planteaba que teníamos una dicotomía, que gracias a Dios hemos superado en nuestro bloque, porque no queremos privar al Poder Ejecutivo de la posibilidad de obtener los recursos para esas obras.
Sin embargo, creemos honestamente que el recurso o el instrumento que se propone adolece de serias falencias. No vamos a hacer cuestión con respecto a la posibilidad de la creación de cargos, porque entendemos que puede ser una herramienta de financiamiento de esas obras públicas, pero sí vamos a hacer hincapié en una serie de artículos del proyecto, fundamentalmente los referidos a los fondos fiduciarios.
No podemos negar la enorme profusión de fondos fiduciarios que existe en nuestro país, en los últimos tiempos como un elemento para esquivar los controles del presupuesto.
Por eso, tenemos la decisión de acompañar la posibilidad de la creación de cargos, pero también la firme decisión de proponer -esperamos ser escuchados- una serie de modificaciones al articulado del proyecto que permitirán que todas estas dudas que se generan en la oposición puedan ser traslucidas en un proyecto transparente.
Cuando la iniciativa se trate en particular, vamos a ir pidiendo las interrupciones necesarias. Desde ya, adelantamos que no estamos de acuerdo con la vaguedad de la redacción que tiene la ley, y tampoco estamos de acuerdo con la constitución de fideicomisos.
Respetuosamente le digo a mi querido colega Carlos Daniel Snopek: la mejor garantía que tiene un Estado para cualquier emprendimiento, de cualquier índole, es el propio Estado. (Aplausos.)
El proyecto en debate ingresó al Parlamento en diciembre del año 2004, o sea que llevamos más de un año de debate en comisiones, donde participaron algunos funcionarios. Sucede que en el medio, el 50 por ciento de la Cámara se renovó. Ocurre entonces que un proyecto de enorme envergadura como el que se está debatiendo -repito, viejo conocido para la mitad del cuerpo-, es un desconocido para el 50 por ciento de la Cámara.
Digo esto porque lamentablemente tenemos que resaltar en este recinto que durante el actual período parlamentario este proyecto no tuvo discusión. Es más, se generó una primera reunión de la Comisión de Presupuesto en la que el oficialismo nos participó de un dictamen, del que debemos reconocer que ha tenido auspiciosas modificaciones con respecto al proyecto original.
Se han introducido algunas inquietudes que tenemos ciertos legisladores desde diciembre de 2004 cuando tomamos conocimiento del proyecto elevado por el Poder Ejecutivo.
Estamos ante una disyuntiva, porque no podemos desconocer que lo que estamos tratando hoy es una herramienta de trabajo para nada más ni nada menos que poder paliar las serias dificultades que tiene nuestro país en materia de obras para obtener recursos energéticos, y este es un dato de nuestra realidad.
No es cierto que en los contratos concesionados no estén previstas las obras. Las obras figuran en los contratos y de hecho si nos abocáramos a estudiar cada uno de ellos advertiríamos claramente la definición de obras que contienen. Pero también es cierto que en el medio surge la necesidad de una cantidad importante de nuevas obras. Hoy vamos a tratar dos proyectos que creo son estratégicos para el país. Uno tiene que ver con las posibilidades ciertas de modificar la matriz energética del país, y otro es esta herramienta que solicita el Poder Ejecutivo, que tiene que ver con la posibilidad de lograr un financiamiento cierto, sin tocar tarifas que tengan que ver con obras que no figuran en los contratos de concesión.
Son las grandes obras de infraestructura que necesitamos para poder en serio suponer un crecimiento económico.
Planteaba que teníamos una dicotomía, que gracias a Dios hemos superado en nuestro bloque, porque no queremos privar al Poder Ejecutivo de la posibilidad de obtener los recursos para esas obras.
Sin embargo, creemos honestamente que el recurso o el instrumento que se propone adolece de serias falencias. No vamos a hacer cuestión con respecto a la posibilidad de la creación de cargos, porque entendemos que puede ser una herramienta de financiamiento de esas obras públicas, pero sí vamos a hacer hincapié en una serie de artículos del proyecto, fundamentalmente los referidos a los fondos fiduciarios.
No podemos negar la enorme profusión de fondos fiduciarios que existe en nuestro país, en los últimos tiempos como un elemento para esquivar los controles del presupuesto.
Por eso, tenemos la decisión de acompañar la posibilidad de la creación de cargos, pero también la firme decisión de proponer -esperamos ser escuchados- una serie de modificaciones al articulado del proyecto que permitirán que todas estas dudas que se generan en la oposición puedan ser traslucidas en un proyecto transparente.
Cuando la iniciativa se trate en particular, vamos a ir pidiendo las interrupciones necesarias. Desde ya, adelantamos que no estamos de acuerdo con la vaguedad de la redacción que tiene la ley, y tampoco estamos de acuerdo con la constitución de fideicomisos.
Respetuosamente le digo a mi querido colega Carlos Daniel Snopek: la mejor garantía que tiene un Estado para cualquier emprendimiento, de cualquier índole, es el propio Estado. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
SR. PINEDO, FEDERICO (CAP FEDERAL):
Señor presidente: el artículo 75 de la Constitución Nacional es el que establece cuáles son las atribuciones del Congreso de la Nación.
Como todos sabemos, en el régimen de división de poderes lo que es atribución del Congreso no es atribución de otros poderes, y lo que es atribución de otros poderes no es atribución del Congreso. El inciso 2° del artículo 75 de la Constitución Nacional dice que corresponde al Congreso imponer contribuciones indirectas, y también dice que esas contribuciones, con excepción de las que tengan asignación específica, son coparticipables.
El proyecto del señor diputado Rossi y otros propone que sancionemos una ley por la que se delega en el Poder Ejecutivo nacional la fijación de los montos imponibles de esas contribuciones, y también delega en el Ejecutivo la decisión de cómo gastar el dinero que se recaude.
Cuando el Congreso aprueba contribuciones, es en la ley de presupuesto donde se establece qué hacer con el dinero que se recaude. En este caso estamos frente a una especie de nueva concesión de superpoderes, por la cual en lugar de cumplir con nuestra facultad de sancionar una ley de presupuesto asignando un destino específico a las contribuciones que se creen, le decimos al Poder Ejecutivo que lo fije él, o sea, le decimos que utilice facultades que son del Congreso y no del Ejecutivo.
Por otro lado, tratándose de contribuciones indirectas -como acabamos de ver-, al determinarse que van a tener una asignación específica ocurren dos cosas. La primera de ellas es que las provincias no van a recibir coparticipación federal a pesar de tratarse de contribuciones indirectas.
La segunda cuestión es la siguiente. De acuerdo con el inciso 3° del artículo 75 de la Constitución, la aprobación de una norma como ésta requiere una mayoría especial, es decir, el voto de la mitad más uno de los miembros de la Cámara. Si no se votara con esta mayoría, la norma no quedaría sancionada o no tendría validez.
La idea de crear contribuciones adicionales a las que ya existen para que no sean coparticipables lo único que hace es aumentar el estado de unitarismo fiscal, y tenemos serias dudas de que esto no vulnere la forma federal de gobierno establecida en el artículo 1° de nuestra Constitución. Pero además de esto -que ya de por sí nos impulsaría a votar en forma negativa- debemos tener en cuenta lo que dice el artículo 76 de la Constitución, que paso a leer a pesar de que todos lo conocen. Dice así: "Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de delegación que el Congreso establezca".
En este caso se nos propone que aprobemos un proyecto de ley que no sabemos si tiene materias determinadas de administración ni cuál va a ser la aplicación de las contribuciones que se recauden -porque esta decisión la delegamos en el Poder Ejecutivo-, no tiene plazo fijado para su ejercicio y no tiene bases de delegación establecidas por este Congreso. Por eso me parece razonable el fallo que mencionó el señor diputado Iglesias, que en un caso semejante dijo que la delegación de facultades era inconstitucional.
Para terminar, señor presidente, a fin de que puedan hacer uso de la palabra otros miembros de nuestro interbloque que harán un par de comentarios breves sobre aspectos específicos, me gustaría decir que en realidad si quisiéramos hacer obras no haría falta sancionar ninguna ley: bastaría con que esas obras se pongan dentro de los contratos de concesión vigentes y sería muy importante que su construcción estuviera incorporada a la tarifa.
Parece que el gobierno se opone a decir que aumenta las tarifas; sin embargo, lo que pague el usuario en estos casos va a hacer que aumente lo que tenga que pagar, o sea que en definitiva para el usuario será lo mismo, por más que se le pongan distintos nombres.
Ahora bien, si el monto de las obras estuviera también vinculado con las tarifas -como sucede en los contratos de concesión de energía, que son contratos que tienen precios topes fijados en la distribución, lo que exige a los concesionarios ajustar sus costos para tener las obras más baratas manteniendo la calidad requerida-, obtendríamos que los usuarios se beneficiarían, porque los concesionarios seguramente harán obras más baratas que las que licite el Estado nacional.
Esto no es un prejuicio, porque el Estado nacional en su burocracia tiene sobrecostos en las obras a construir -como todo el mundo sabe- , y en este caso más, porque hay fiduciarios y otros mecanismos adicionales. De manera que el mecanismo que se ha inventado provocará que los usuarios tengan que pagar más por las mismas obras, y que todo esto tenga que ser resuelto por el Estado en vez de serlo por un concesionario actuando con control estatal.
Por las razones expuestas he presentado en el día de la fecha una observación al Orden del Día N° 99. En la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria realizada hoy se dijo que dicho orden del día estaba en etapa de impresión; se terminó de imprimir a las 15 y 30 y recién a las 15 y 40 me permitieron presentar la observación. Sobre este punto quisiera señalar que habría que corregir un error que se deslizó en el Orden del Día N° 99, ya que figura publicado el 13 de marzo.
Asimismo haré llegar a la Secretaría un disquete a efectos de que el Cuerpo de Taquígrafos pueda proceder a la inserción en el Diario de Sesiones de la observación que he presentado reglamentariamente en el día de la fecha.
Como todos sabemos, en el régimen de división de poderes lo que es atribución del Congreso no es atribución de otros poderes, y lo que es atribución de otros poderes no es atribución del Congreso. El inciso 2° del artículo 75 de la Constitución Nacional dice que corresponde al Congreso imponer contribuciones indirectas, y también dice que esas contribuciones, con excepción de las que tengan asignación específica, son coparticipables.
El proyecto del señor diputado Rossi y otros propone que sancionemos una ley por la que se delega en el Poder Ejecutivo nacional la fijación de los montos imponibles de esas contribuciones, y también delega en el Ejecutivo la decisión de cómo gastar el dinero que se recaude.
Cuando el Congreso aprueba contribuciones, es en la ley de presupuesto donde se establece qué hacer con el dinero que se recaude. En este caso estamos frente a una especie de nueva concesión de superpoderes, por la cual en lugar de cumplir con nuestra facultad de sancionar una ley de presupuesto asignando un destino específico a las contribuciones que se creen, le decimos al Poder Ejecutivo que lo fije él, o sea, le decimos que utilice facultades que son del Congreso y no del Ejecutivo.
Por otro lado, tratándose de contribuciones indirectas -como acabamos de ver-, al determinarse que van a tener una asignación específica ocurren dos cosas. La primera de ellas es que las provincias no van a recibir coparticipación federal a pesar de tratarse de contribuciones indirectas.
La segunda cuestión es la siguiente. De acuerdo con el inciso 3° del artículo 75 de la Constitución, la aprobación de una norma como ésta requiere una mayoría especial, es decir, el voto de la mitad más uno de los miembros de la Cámara. Si no se votara con esta mayoría, la norma no quedaría sancionada o no tendría validez.
La idea de crear contribuciones adicionales a las que ya existen para que no sean coparticipables lo único que hace es aumentar el estado de unitarismo fiscal, y tenemos serias dudas de que esto no vulnere la forma federal de gobierno establecida en el artículo 1° de nuestra Constitución. Pero además de esto -que ya de por sí nos impulsaría a votar en forma negativa- debemos tener en cuenta lo que dice el artículo 76 de la Constitución, que paso a leer a pesar de que todos lo conocen. Dice así: "Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de delegación que el Congreso establezca".
En este caso se nos propone que aprobemos un proyecto de ley que no sabemos si tiene materias determinadas de administración ni cuál va a ser la aplicación de las contribuciones que se recauden -porque esta decisión la delegamos en el Poder Ejecutivo-, no tiene plazo fijado para su ejercicio y no tiene bases de delegación establecidas por este Congreso. Por eso me parece razonable el fallo que mencionó el señor diputado Iglesias, que en un caso semejante dijo que la delegación de facultades era inconstitucional.
Para terminar, señor presidente, a fin de que puedan hacer uso de la palabra otros miembros de nuestro interbloque que harán un par de comentarios breves sobre aspectos específicos, me gustaría decir que en realidad si quisiéramos hacer obras no haría falta sancionar ninguna ley: bastaría con que esas obras se pongan dentro de los contratos de concesión vigentes y sería muy importante que su construcción estuviera incorporada a la tarifa.
Parece que el gobierno se opone a decir que aumenta las tarifas; sin embargo, lo que pague el usuario en estos casos va a hacer que aumente lo que tenga que pagar, o sea que en definitiva para el usuario será lo mismo, por más que se le pongan distintos nombres.
Ahora bien, si el monto de las obras estuviera también vinculado con las tarifas -como sucede en los contratos de concesión de energía, que son contratos que tienen precios topes fijados en la distribución, lo que exige a los concesionarios ajustar sus costos para tener las obras más baratas manteniendo la calidad requerida-, obtendríamos que los usuarios se beneficiarían, porque los concesionarios seguramente harán obras más baratas que las que licite el Estado nacional.
Esto no es un prejuicio, porque el Estado nacional en su burocracia tiene sobrecostos en las obras a construir -como todo el mundo sabe- , y en este caso más, porque hay fiduciarios y otros mecanismos adicionales. De manera que el mecanismo que se ha inventado provocará que los usuarios tengan que pagar más por las mismas obras, y que todo esto tenga que ser resuelto por el Estado en vez de serlo por un concesionario actuando con control estatal.
Por las razones expuestas he presentado en el día de la fecha una observación al Orden del Día N° 99. En la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria realizada hoy se dijo que dicho orden del día estaba en etapa de impresión; se terminó de imprimir a las 15 y 30 y recién a las 15 y 40 me permitieron presentar la observación. Sobre este punto quisiera señalar que habría que corregir un error que se deslizó en el Orden del Día N° 99, ya que figura publicado el 13 de marzo.
Asimismo haré llegar a la Secretaría un disquete a efectos de que el Cuerpo de Taquígrafos pueda proceder a la inserción en el Diario de Sesiones de la observación que he presentado reglamentariamente en el día de la fecha.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
SR. GALVALISI, LUIS ALBERTO (CAP FEDERAL):
Señor presidente: coincido con lo manifestado por los señores diputados Pinedo e Iglesias. Partimos de una base en la que no estamos cuestionando la situación de los fondos fiduciarios sino hablando de una parte del sistema tributario.
Observamos que en el año 2004 el mensaje 1.883 tenía siete artículos y ahora pasó a tener catorce. Esto no significa que hayamos perfeccionado el sistema ni que hayan mejorado las circunstancias. Creo que es al revés: las situaciones se han complicado y han empeorado.
La señora diputada Bertone ha hecho un breve comentario de todos los artículos. Si uno analiza el proyecto en consideración ve que el primer artículo es un mero acto declamativo: habla de obras en general, de los fundamentos. Y cuando pasamos al artículo 2° observamos que -como dijo el señor diputado Snopek- se crea una figura tributaria nueva, los cargos, que en realidad son contribuciones específicas.
Por lo tanto, hay que ser muy precisos en la redacción porque el espíritu de la ley y estos debates servirán para la interpretación que luego los juristas puedan hacer respecto de esta norma. Pero el artículo 2° es peor, porque dice "Créanse cargos específicos...". Es decir que no hay un cargo específico, no hay una única contribución: son varias. Pueden ser dos, diez, cien, etcétera, a gusto y piacere del Poder Ejecutivo.No debemos olvidar que los funcionarios vienen a pedirnos normas que sean claras para evitar la elusión y la evasión. Por eso lo que sancionemos debe ser claro y preciso.
La señora diputada Bertone dijo que esto no era un impuesto en cascada, y que por eso sacaban el IVA. Pero, en realidad, se trata de un impuesto en cascada, porque deja al resto de los tributos colgados, para tomarlos como base imponible. Por lo tanto, esta contribución está gravada con el IVA, logrando que realmente sea un impuesto en cascada.
También, como ha dicho el señor diputado Pinedo, nos encontramos con la delegación de facultades. Entiendo que esta Cámara debe asumir su responsabilidad comenzando a legislar en materia tributaria como corresponde, y como lo establece la Constitución Nacional. No puede dejar delegaciones abiertas para que se haga una libre interpretación.
No podemos tomar esto como si fuera una contribución o el establecimiento de una tasa, porque no tiene vigencia. Las leyes tributarias deben fijar un lapso específico. No se puede hablar de "cuando se terminan las obras...".
Como ha dicho el señor diputado Iglesias, no sabemos claramente cuáles son las obras, cuáles pueden llegar a ser o qué fondos fiduciarios nuevos pueden llegar a crearse.
En el artículo 5°, además de la vulnerabilidad vinculada con las fechas, queda abierta la parte vinculada con los fideicomisos. No se trata de una cuestión tributaria, sino de que el impuesto en sí mismo debe establecer año a año su fecha de vencimiento.
Nos encontramos también con la discrecionalidad de que el Poder Ejecutivo puede hacer lo que quiera, se trate de un cargo o de varios. Esas contribuciones puede aumentarlas discrecionalmente, vulnerando un principio del que hoy habló el señor diputado Snopek vinculado con la seguridad jurídica del sistema. Todo contribuyente debe contar con una garantía legal.
Queda en claro, como ha dicho el señor diputado Pinedo, que estamos hablando de una tarifa encubierta, que pagará el consumidor. Cada uno de nosotros que nos vamos a ver beneficiados, tendremos que soportar un aumento de tarifa. O sea que todo va a salir del bolsillo de toda persona que esté recibiendo el beneficio.
Una de las fallas que tiene el sistema tiene que ver con un criterio de dualidad existente. Por ejemplo, el artículo 11 excluye todo el Anexo I del decreto 906 del 20 de julio de 2004, sobre fondos fiduciarios. Pero establece una salvedad al decir que deja abierta la puerta para que el Consejo Consultivo de Inversiones pueda incorporarlo llegado el caso. En una ley tributaria no pueden dejarse ventanas o puertas abiertas. Las normas deben ser claras, precisas y contundentes.
El artículo 13 invita a las provincias a adherir a la presente ley. Esto me hace acordar a los pactos fiscales. Desde 1995 venimos hablando de los mismos. Pero en el artículo 13 se dice que quienes adhieran a esta ley deben acogerse a lo estipulado en el último párrafo del artículo 3°.
Cabe recordar que ese artículo 3° es el que establece que deben eliminarse las normas similares. Es decir que una provincia o municipio no podría formar una cooperativa eléctrica para darle beneficios a algún chacarero o carenciado, porque tendría que sujetarse a lo dispuesto en la futura ley nacional a los efectos de poder recibir sus beneficios.
En consecuencia, creo que deberíamos tener un poco más de cuidado cuando hacemos mención a normas tributarias, porque la única seguridad jurídica que tenemos para que en el país se invierta consiste en tener sistemas tributarios equitativos con igualdad de sacrificios.
Abraham Lincoln decía lo siguiente: "Dejad que el pueblo conozca la verdad de los hechos y el país estará a salvo."
Cuando elaboramos este tipo de proyectos de ley lo único que hacemos es oscurecer la situación, porque colocamos parches que complican la vida del ciudadano que debe poner plata de su bolsillo.
Por eso les pido que reflexionemos y que, de ahora en adelante, se trabaje seriamente en materia tributaria para no tapar baches fiscales con el fin de cubrir las cuentas públicas.
Observamos que en el año 2004 el mensaje 1.883 tenía siete artículos y ahora pasó a tener catorce. Esto no significa que hayamos perfeccionado el sistema ni que hayan mejorado las circunstancias. Creo que es al revés: las situaciones se han complicado y han empeorado.
La señora diputada Bertone ha hecho un breve comentario de todos los artículos. Si uno analiza el proyecto en consideración ve que el primer artículo es un mero acto declamativo: habla de obras en general, de los fundamentos. Y cuando pasamos al artículo 2° observamos que -como dijo el señor diputado Snopek- se crea una figura tributaria nueva, los cargos, que en realidad son contribuciones específicas.
Por lo tanto, hay que ser muy precisos en la redacción porque el espíritu de la ley y estos debates servirán para la interpretación que luego los juristas puedan hacer respecto de esta norma. Pero el artículo 2° es peor, porque dice "Créanse cargos específicos...". Es decir que no hay un cargo específico, no hay una única contribución: son varias. Pueden ser dos, diez, cien, etcétera, a gusto y piacere del Poder Ejecutivo.No debemos olvidar que los funcionarios vienen a pedirnos normas que sean claras para evitar la elusión y la evasión. Por eso lo que sancionemos debe ser claro y preciso.
La señora diputada Bertone dijo que esto no era un impuesto en cascada, y que por eso sacaban el IVA. Pero, en realidad, se trata de un impuesto en cascada, porque deja al resto de los tributos colgados, para tomarlos como base imponible. Por lo tanto, esta contribución está gravada con el IVA, logrando que realmente sea un impuesto en cascada.
También, como ha dicho el señor diputado Pinedo, nos encontramos con la delegación de facultades. Entiendo que esta Cámara debe asumir su responsabilidad comenzando a legislar en materia tributaria como corresponde, y como lo establece la Constitución Nacional. No puede dejar delegaciones abiertas para que se haga una libre interpretación.
No podemos tomar esto como si fuera una contribución o el establecimiento de una tasa, porque no tiene vigencia. Las leyes tributarias deben fijar un lapso específico. No se puede hablar de "cuando se terminan las obras...".
Como ha dicho el señor diputado Iglesias, no sabemos claramente cuáles son las obras, cuáles pueden llegar a ser o qué fondos fiduciarios nuevos pueden llegar a crearse.
En el artículo 5°, además de la vulnerabilidad vinculada con las fechas, queda abierta la parte vinculada con los fideicomisos. No se trata de una cuestión tributaria, sino de que el impuesto en sí mismo debe establecer año a año su fecha de vencimiento.
Nos encontramos también con la discrecionalidad de que el Poder Ejecutivo puede hacer lo que quiera, se trate de un cargo o de varios. Esas contribuciones puede aumentarlas discrecionalmente, vulnerando un principio del que hoy habló el señor diputado Snopek vinculado con la seguridad jurídica del sistema. Todo contribuyente debe contar con una garantía legal.
Queda en claro, como ha dicho el señor diputado Pinedo, que estamos hablando de una tarifa encubierta, que pagará el consumidor. Cada uno de nosotros que nos vamos a ver beneficiados, tendremos que soportar un aumento de tarifa. O sea que todo va a salir del bolsillo de toda persona que esté recibiendo el beneficio.
Una de las fallas que tiene el sistema tiene que ver con un criterio de dualidad existente. Por ejemplo, el artículo 11 excluye todo el Anexo I del decreto 906 del 20 de julio de 2004, sobre fondos fiduciarios. Pero establece una salvedad al decir que deja abierta la puerta para que el Consejo Consultivo de Inversiones pueda incorporarlo llegado el caso. En una ley tributaria no pueden dejarse ventanas o puertas abiertas. Las normas deben ser claras, precisas y contundentes.
El artículo 13 invita a las provincias a adherir a la presente ley. Esto me hace acordar a los pactos fiscales. Desde 1995 venimos hablando de los mismos. Pero en el artículo 13 se dice que quienes adhieran a esta ley deben acogerse a lo estipulado en el último párrafo del artículo 3°.
Cabe recordar que ese artículo 3° es el que establece que deben eliminarse las normas similares. Es decir que una provincia o municipio no podría formar una cooperativa eléctrica para darle beneficios a algún chacarero o carenciado, porque tendría que sujetarse a lo dispuesto en la futura ley nacional a los efectos de poder recibir sus beneficios.
En consecuencia, creo que deberíamos tener un poco más de cuidado cuando hacemos mención a normas tributarias, porque la única seguridad jurídica que tenemos para que en el país se invierta consiste en tener sistemas tributarios equitativos con igualdad de sacrificios.
Abraham Lincoln decía lo siguiente: "Dejad que el pueblo conozca la verdad de los hechos y el país estará a salvo."
Cuando elaboramos este tipo de proyectos de ley lo único que hacemos es oscurecer la situación, porque colocamos parches que complican la vida del ciudadano que debe poner plata de su bolsillo.
Por eso les pido que reflexionemos y que, de ahora en adelante, se trabaje seriamente en materia tributaria para no tapar baches fiscales con el fin de cubrir las cuentas públicas.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
SR. BULLRICH, ESTEBAN JOSE (CAP FEDERAL):
Señor presidente: voy a ser breve para completar la idea de nuestro bloque.
Básicamente ratifico la preocupación que tenemos en relación con la continua creación de fondos fiduciarios para obras públicas.
Con motivo del debate del presupuesto nacional expresamos nuestra preocupación en torno de la creación y firma del decreto 906/04, que es a los fideicomisos públicos lo mismo que la ley de emergencia es al presupuesto nacional.
El decreto 906/04 establece dos condiciones que destruyen la esencia de un fondo de fideicomisos. La primera de ellas consiste en que el fin del fondo puede ser cambiado a satisfacción por un miembro del Poder Ejecutivo; específicamente se hace referencia a los ministros de Economía y de Planificación. Justamente la idea de un fideicomiso es que tenga un fin específico, bien aclarado al momento de su creación, para que los que inviertan sepan que los fondos se destinarán a un determinado fin.
La segunda condición que impone el decreto 906/04 consiste en que los fondos de libre disponibilidad que existan en los fideicomisos incluidos -en ese momento eran casi el 85 por ciento de los creados dentro de la órbita pública- temporalmente puedan ser destinados a cualquier tipo de acción que determine el ministro de Planificación.
Daré un ejemplo. En enero de este año, por medio de una norma del Ministerio de Planificación, el Poder Ejecutivo nacional canceló deuda pública con 140 millones de pesos del Fondo de Infraestructura del Transporte y 407.293.896 pesos del Fondo de Reconstrucción de Empresas, que eran de libre disponibilidad según el criterio del ministro de Planificación.
¿Cómo puede ser que un fondo que fue creado con un fin específico, como puede ser el de infraestructura del transporte, tenga fondos disponibles? ¿Es por ineficiencia del Estado? Si es así, ¿podemos continuar operando sin una planificación clara? ¿Para qué creamos otros fideicomisos y disponemos otros cargos?
En el presupuesto nacional para 2006 hay más de 4 mil millones de pesos que se destinarán a fondos de fideicomisos que están en la órbita pública. ¿No son suficientes esos 4 mil millones de pesos? Además, ¿cuáles son las obras? ¿No se están completando? Esas son las preguntas.
El fondo de fideicomiso es una excelente herramienta, pero la estamos destruyendo con esta normativa, con estos cargos, sin llevar a cabo una tarea responsable, con la presentación de un plan de obra pública dentro de la órbita del presupuesto nacional y sobre el que se deba rendir cuentas. No podemos seguir utilizando los fondos por fuera de los controles de la administración pública y sin determinar hacia dónde se destinarán.
Es responsabilidad de esta Cámara reglamentar la utilización de los fondos de fideicomisos públicos. No podemos seguir trabajando sin una ley sobre la materia que nos asegure que todas las obras que se deben realizar se lleven a cabo dentro de un marco correcto y que todos los fideicomisos públicos que se vayan creando en el futuro con fines específicos terminen cumpliendo ese fin. (Aplausos.)
Básicamente ratifico la preocupación que tenemos en relación con la continua creación de fondos fiduciarios para obras públicas.
Con motivo del debate del presupuesto nacional expresamos nuestra preocupación en torno de la creación y firma del decreto 906/04, que es a los fideicomisos públicos lo mismo que la ley de emergencia es al presupuesto nacional.
El decreto 906/04 establece dos condiciones que destruyen la esencia de un fondo de fideicomisos. La primera de ellas consiste en que el fin del fondo puede ser cambiado a satisfacción por un miembro del Poder Ejecutivo; específicamente se hace referencia a los ministros de Economía y de Planificación. Justamente la idea de un fideicomiso es que tenga un fin específico, bien aclarado al momento de su creación, para que los que inviertan sepan que los fondos se destinarán a un determinado fin.
La segunda condición que impone el decreto 906/04 consiste en que los fondos de libre disponibilidad que existan en los fideicomisos incluidos -en ese momento eran casi el 85 por ciento de los creados dentro de la órbita pública- temporalmente puedan ser destinados a cualquier tipo de acción que determine el ministro de Planificación.
Daré un ejemplo. En enero de este año, por medio de una norma del Ministerio de Planificación, el Poder Ejecutivo nacional canceló deuda pública con 140 millones de pesos del Fondo de Infraestructura del Transporte y 407.293.896 pesos del Fondo de Reconstrucción de Empresas, que eran de libre disponibilidad según el criterio del ministro de Planificación.
¿Cómo puede ser que un fondo que fue creado con un fin específico, como puede ser el de infraestructura del transporte, tenga fondos disponibles? ¿Es por ineficiencia del Estado? Si es así, ¿podemos continuar operando sin una planificación clara? ¿Para qué creamos otros fideicomisos y disponemos otros cargos?
En el presupuesto nacional para 2006 hay más de 4 mil millones de pesos que se destinarán a fondos de fideicomisos que están en la órbita pública. ¿No son suficientes esos 4 mil millones de pesos? Además, ¿cuáles son las obras? ¿No se están completando? Esas son las preguntas.
El fondo de fideicomiso es una excelente herramienta, pero la estamos destruyendo con esta normativa, con estos cargos, sin llevar a cabo una tarea responsable, con la presentación de un plan de obra pública dentro de la órbita del presupuesto nacional y sobre el que se deba rendir cuentas. No podemos seguir utilizando los fondos por fuera de los controles de la administración pública y sin determinar hacia dónde se destinarán.
Es responsabilidad de esta Cámara reglamentar la utilización de los fondos de fideicomisos públicos. No podemos seguir trabajando sin una ley sobre la materia que nos asegure que todas las obras que se deben realizar se lleven a cabo dentro de un marco correcto y que todos los fideicomisos públicos que se vayan creando en el futuro con fines específicos terminen cumpliendo ese fin. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra la señora diputada por Tierra del Fuego.
SRA. RIOS, MARIA FABIANA (T DEL FUEGO):
Señor presidente: creo que estamos frente a un problema que es previo a lo legislativo; una cuestión vinculada con la utilización de las palabras, es decir, cuando pierden el sentido o por lo menos no acordamos que su significado sea el mismo para unos y otros.
En este momento y en estas circunstancias el bloque del ARI no planteará dudas sobre el proyecto sino certezas. En realidad, la certeza que tenemos es que el bloque del oficialismo y el gobierno nacional eligieron esta norma para lograr el objetivo de infraestructura y expansión de obras de gasoductos, electricidad, etcétera.
Como decía la señora diputada Camaño, este es un viejo y conocido proyecto con el que no se acordó desde un principio. Esta situación se vincula fundamentalmente con el hecho de plantearnos una pregunta central: ¿qué es esto sino una delegación legislativa? Qué cambios se plantean en este nuevo proyecto presentado por el bloque Frente para la Victoria que no sean modificaciones sintácticas donde ya no se dice "Facúltase al Poder Ejecutivo para crear..." sino que creamos un cargo específico, pero facultamos al Poder Ejecutivo para decidir el monto de este cargo y a qué obra y población se asignará.
Evidentemente, esto no es un impuesto aunque centremos la discusión en ese aspecto. Yo propongo que centremos la discusión en otro lugar: en el grado de especificidad, y en qué estamos señalando cuando decimos que es un cargo específico. La única especificidad de la que habla este proyecto es de que se trata para obras de infraestructura, pero no sabemos cuáles. Seguramente podrán decirnos: "Cómo no lo sabe, señora diputada, ¿acaso no conoce el programa energético para 2004/2008?" Por supuesto que lo conozco, otros diputados también. Lo cierto es que existe una importante demora en las obras que estaban determinadas en este proyecto estratégico 2004/2008.
El gobierno eligió fondos fiduciarios para garantizar que dichos recursos puedan ser utilizados para estas obras de infraestructura que no tienen un único problema de origen. El único origen de la falta de infraestructura no es el crecimiento económico sino la enorme demora a lo largo de más de quince años de empresas concesionarias que no hicieron las obras que debieron. Esto también es producto de las privatizaciones y de empresas que decidieron crear infraestructura para exportar recursos en lugar de abastecer el mercado interno, cuando más de 13 millones de argentinos no tienen infraestructura básica de gas.
Los diputados que deben recorrer las provincias tienen que enfrentarse con la siguiente pregunta: "¿Por qué no votó los cargos específicos? Sin esto no vamos a tener las obras." A estos vecinos debemos decirles que en la Argentina los fondos fiduciarios están reglados desde hace más de diez años. Sin embargo, también hace muchos años que los fondos fiduciarios dejaron de ser lo que dicen ser.
Por eso sostengo que este problema es previo a lo legislativo; se relaciona con el uso de las palabras, porque los fondos fiduciarios -repito- están reglados desde 1994, como así también está reglada la forma en que estos fondos deben ser presentados en el Parlamento. Se incluyen sólo en una planilla anexa muy escueta donde apenas sabemos cuánto dinero entró y cuánto se usó. Lo que no sabemos, pero sí podemos averiguar cuando nos adentramos en el estudio de los fondos fiduciarios, es que escasamente tienen el destino final para el cual fueron creados. Por decisiones administrativas de menor rango, hasta para pago de publicidad oficial, pueden utilizarse fondos con destino específico o fondos para infraestructura vial que terminan pagando compensación de concesionarios.
Entonces, cuando las palabras no quieren decir lo que deben, nosotros desde el ARI señalamos cuáles son nuestros límites. En este sentido afirmamos que no votamos cargos específicos sin monto, zona, beneficiario, base, período, plazo e intereses. Si el Ejecutivo quiere hacerlo, que lo haga; pero nosotros no lo acompañaremos con nuestro voto ni con nuestra complicidad.
Estas son algunas de las razones por las cuales el ARI no acompañará este proyecto de ley que no es ni más ni menos que una delegación de facultades, un proyecto vacío de contenido y sin datos absolutamente necesarios para que los señores diputados tomemos una decisión.
Solicito a la Presidencia me permitainsertar el informe sobre fondos fiduciarios en el cual trabajó el ARI.
En este momento y en estas circunstancias el bloque del ARI no planteará dudas sobre el proyecto sino certezas. En realidad, la certeza que tenemos es que el bloque del oficialismo y el gobierno nacional eligieron esta norma para lograr el objetivo de infraestructura y expansión de obras de gasoductos, electricidad, etcétera.
Como decía la señora diputada Camaño, este es un viejo y conocido proyecto con el que no se acordó desde un principio. Esta situación se vincula fundamentalmente con el hecho de plantearnos una pregunta central: ¿qué es esto sino una delegación legislativa? Qué cambios se plantean en este nuevo proyecto presentado por el bloque Frente para la Victoria que no sean modificaciones sintácticas donde ya no se dice "Facúltase al Poder Ejecutivo para crear..." sino que creamos un cargo específico, pero facultamos al Poder Ejecutivo para decidir el monto de este cargo y a qué obra y población se asignará.
Evidentemente, esto no es un impuesto aunque centremos la discusión en ese aspecto. Yo propongo que centremos la discusión en otro lugar: en el grado de especificidad, y en qué estamos señalando cuando decimos que es un cargo específico. La única especificidad de la que habla este proyecto es de que se trata para obras de infraestructura, pero no sabemos cuáles. Seguramente podrán decirnos: "Cómo no lo sabe, señora diputada, ¿acaso no conoce el programa energético para 2004/2008?" Por supuesto que lo conozco, otros diputados también. Lo cierto es que existe una importante demora en las obras que estaban determinadas en este proyecto estratégico 2004/2008.
El gobierno eligió fondos fiduciarios para garantizar que dichos recursos puedan ser utilizados para estas obras de infraestructura que no tienen un único problema de origen. El único origen de la falta de infraestructura no es el crecimiento económico sino la enorme demora a lo largo de más de quince años de empresas concesionarias que no hicieron las obras que debieron. Esto también es producto de las privatizaciones y de empresas que decidieron crear infraestructura para exportar recursos en lugar de abastecer el mercado interno, cuando más de 13 millones de argentinos no tienen infraestructura básica de gas.
Los diputados que deben recorrer las provincias tienen que enfrentarse con la siguiente pregunta: "¿Por qué no votó los cargos específicos? Sin esto no vamos a tener las obras." A estos vecinos debemos decirles que en la Argentina los fondos fiduciarios están reglados desde hace más de diez años. Sin embargo, también hace muchos años que los fondos fiduciarios dejaron de ser lo que dicen ser.
Por eso sostengo que este problema es previo a lo legislativo; se relaciona con el uso de las palabras, porque los fondos fiduciarios -repito- están reglados desde 1994, como así también está reglada la forma en que estos fondos deben ser presentados en el Parlamento. Se incluyen sólo en una planilla anexa muy escueta donde apenas sabemos cuánto dinero entró y cuánto se usó. Lo que no sabemos, pero sí podemos averiguar cuando nos adentramos en el estudio de los fondos fiduciarios, es que escasamente tienen el destino final para el cual fueron creados. Por decisiones administrativas de menor rango, hasta para pago de publicidad oficial, pueden utilizarse fondos con destino específico o fondos para infraestructura vial que terminan pagando compensación de concesionarios.
Entonces, cuando las palabras no quieren decir lo que deben, nosotros desde el ARI señalamos cuáles son nuestros límites. En este sentido afirmamos que no votamos cargos específicos sin monto, zona, beneficiario, base, período, plazo e intereses. Si el Ejecutivo quiere hacerlo, que lo haga; pero nosotros no lo acompañaremos con nuestro voto ni con nuestra complicidad.
Estas son algunas de las razones por las cuales el ARI no acompañará este proyecto de ley que no es ni más ni menos que una delegación de facultades, un proyecto vacío de contenido y sin datos absolutamente necesarios para que los señores diputados tomemos una decisión.
Solicito a la Presidencia me permitainsertar el informe sobre fondos fiduciarios en el cual trabajó el ARI.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.
SR. POGGI, CLAUDIO JAVIER (SAN LUIS):
Señor presidente: compartimos los fundamentos del proyecto de ley en consideración en lo que respecta a la necesidad de ejecutar obras de infraestructura que impliquen la expansión del sistema de transporte y distribución de los servicios de gas y electricidad de nuestro país.
La República Argentina requiere urgentes inversiones en este rubro, y obviamente se necesita una inmediata y eficaz respuesta por parte del Estado nacional.
El crecimiento económico que tuvo como punto de partida el rebote de la feroz devaluación de principios de 2002 determina que deba ampliarse la infraestructura disponible en materia energética. Si bien tenemos una visión diferente de lo que debe ser un crecimiento económico justo y que nos beneficie a todos, o al menos a la inmensa mayoría de los argentinos, y aunque estamos convencidos de que los beneficios del crecimiento económico de nuestro país son desiguales y poco se ha hecho para corregir esa enorme distorsión, la realidad objetiva nos dice que los sectores de la producción y de los servicios demandan mayor infraestructura energética para asumir los compromisos de sus inversiones empresarias, y a su vez nuestro ciudadano común demanda una mayor calidad de vida en materia de servicios públicos de gas y electricidad. Obviamente, gran parte de la solución tiene que ver con la ampliación de la infraestructura existente en el país.
Con esto queremos significar que compartimos totalmente que se priorice en el presupuesto la ejecución de obras de infraestructura en el sector energético.
Por otra parte, obviamente estas obras requieren un financiamiento, y en ese sentido podemos entender que se demanden nuevas fuentes de financiamiento adicionales a las actuales, ya que se trata de obras de infraestructura de envergadura, con beneficios regionales, territoriales y provinciales concretos, tanto en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos como en lo destinado a los sectores de la producción.
Sin entrar en la disquisición técnica de si el famoso cargo específico es un impuesto, una sobretarifa, una contribución especial, etcétera, lo cierto es que estamos creando un nuevo instituto de recaudación atado a una obra energética que lo pagarán las personas físicas o jurídicas beneficiarias de la obra.
Hasta acá también podemos compartir la metodología de financiamiento propuesta. Pero con lo que decididamente no podemos estar de acuerdo es con el otorgamiento de una nueva delegación de facultades al Poder Ejecutivo nacional, siempre mirando de reojo que cada nueva delegación de facultades al Poder Ejecutivo va en línea con una nueva degradación de las atribuciones de este Congreso Nacional. ¿Cómo vamos a delegar al Poder Ejecutivo una facultad general, imprecisa y amplia, de crear cargos específicos alimentando fondos fiduciarios con un sentido genérico para financiar obras de infraestructura energética? Legislar de esta forma es lo más fácil que hay, ¿pero estamos cumpliendo con nuestro rol constitucional como Congreso de la Nación? Obviamente que no.
La República Argentina requiere urgentes inversiones en este rubro, y obviamente se necesita una inmediata y eficaz respuesta por parte del Estado nacional.
El crecimiento económico que tuvo como punto de partida el rebote de la feroz devaluación de principios de 2002 determina que deba ampliarse la infraestructura disponible en materia energética. Si bien tenemos una visión diferente de lo que debe ser un crecimiento económico justo y que nos beneficie a todos, o al menos a la inmensa mayoría de los argentinos, y aunque estamos convencidos de que los beneficios del crecimiento económico de nuestro país son desiguales y poco se ha hecho para corregir esa enorme distorsión, la realidad objetiva nos dice que los sectores de la producción y de los servicios demandan mayor infraestructura energética para asumir los compromisos de sus inversiones empresarias, y a su vez nuestro ciudadano común demanda una mayor calidad de vida en materia de servicios públicos de gas y electricidad. Obviamente, gran parte de la solución tiene que ver con la ampliación de la infraestructura existente en el país.
Con esto queremos significar que compartimos totalmente que se priorice en el presupuesto la ejecución de obras de infraestructura en el sector energético.
Por otra parte, obviamente estas obras requieren un financiamiento, y en ese sentido podemos entender que se demanden nuevas fuentes de financiamiento adicionales a las actuales, ya que se trata de obras de infraestructura de envergadura, con beneficios regionales, territoriales y provinciales concretos, tanto en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos como en lo destinado a los sectores de la producción.
Sin entrar en la disquisición técnica de si el famoso cargo específico es un impuesto, una sobretarifa, una contribución especial, etcétera, lo cierto es que estamos creando un nuevo instituto de recaudación atado a una obra energética que lo pagarán las personas físicas o jurídicas beneficiarias de la obra.
Hasta acá también podemos compartir la metodología de financiamiento propuesta. Pero con lo que decididamente no podemos estar de acuerdo es con el otorgamiento de una nueva delegación de facultades al Poder Ejecutivo nacional, siempre mirando de reojo que cada nueva delegación de facultades al Poder Ejecutivo va en línea con una nueva degradación de las atribuciones de este Congreso Nacional. ¿Cómo vamos a delegar al Poder Ejecutivo una facultad general, imprecisa y amplia, de crear cargos específicos alimentando fondos fiduciarios con un sentido genérico para financiar obras de infraestructura energética? Legislar de esta forma es lo más fácil que hay, ¿pero estamos cumpliendo con nuestro rol constitucional como Congreso de la Nación? Obviamente que no.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
El señor diputado Binner le está solicitando una interrupción. ¿La concede?
SR. POGGI, CLAUDIO JAVIER (SAN LUIS):
No, señor presidente.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por San Luis.
SR. POGGI, CLAUDIO JAVIER (SAN LUIS):
Señor presidente: ¿cómo este Congreso no va a poder legislar sobre la cuantía, alícuotas y vigencia de los llamados cargos específicos, independientemente de que sea un impuesto o una sobretarifa? La realidad es que este cargo va a aparecer en la factura de gas o de energía de los comercios, las industrias y las casas particulares. ¿Cómo nosotros no vamos a opinar sobre ese tema? Claro que debemos hacerlo, y debemos opinar legislando.
En segundo lugar, ¿qué obras se pretende financiar? ¿Las que estaban en el presupuesto 2006, que sancionamos? No, porque ellas ya tienen una fuente de financiamiento. Entonces son otras, ¿pero cuáles? ¿No tenemos derecho a conocer las obras que se financiarán con esta ley? Claro que tenemos derecho a conocerlas, y deben formar parte de la ley.
En tercer lugar, se pretende seguir alimentando con flujo de fondos los llamados fondos fiduciarios, que todos absolutamente sabemos que conforman casi un Estado paralelo, al margen del presupuesto nacional, fondos extrapresupuestarios, para los que se eluden los procedimientos administrativos habituales de control. Bajo su administración miles de millones de pesos están totalmente al margen del control externo que puede llegar a hacer este Congreso Nacional.
Creo que la aspiración máxima de una oficina o área de la administración pública es tener su fondo fiduciario propio, por la libertad que implica su manejo y por lo lejos que está de cualquier tipo de control.
Cada proyecto de ley que está girando el Poder Ejecutivo a este Congreso sistemáticamente está creando un fondo fiduciario nuevo o alimentando con fondos los ya existentes. Nosotros no compartimos esa forma de manejo de la hacienda pública.
No podemos acompañar un proyecto de ley con tantas generalidades y tan pocas precisiones, porque convengamos que las obras energéticas estratégicas para el país ya están estudiadas, o al menos identificadas, y no me estoy refiriendo a la red de distribución de gas natural de un barrio, de un pueblo, sino a las grandes obras de envergadura que tiene que llevar adelante el país.
Entonces, si ya se conoce cuáles son las obras, dónde se radicarán, cuánto costarán, etcétera, ¿cuál es el problema de traer a este Congreso el grupo de obras y sancionar una ley precisa en cuanto al cargo específico, su alícuota, su cuantía y su vigencia, si en definitiva la inmensa mayoría de los diputados está de acuerdo con llevarlas a cabo?
Podríamos hacer tantas leyes de este tipo como obras energéticas relevantes tenga por delante el país, y quizás sí para las obras menores podríamos dar un marco legal al estilo de esta ley, obviamente con algunas precisiones mayores, pero siempre respetando el rol de este Congreso. Pero para las grandes obras energéticas estratégicas estamos en perfectas condiciones de sancionar leyes específicas para cada obra o grupo de obras.
Por último, en lugar de crear un fondo fiduciario o alimentar con cargos otros ya existentes, la misma ley de creación del cargo para financiar la obra equis debería crear un fondo con afectación específica a dicho financiamiento, pero no un fondo fiduciario extrapresupuestario, sino un fondo específico presupuestario, que pase por el presupuesto nacional.
En conclusión, el interbloque Provincias Unidas no comparte la idea de sancionar una ley genérica, imprecisa y que por ende delegue todo en el Poder Ejecutivo nacional. Sí compartimos sancionar leyes precisas, con descripción del cargo específico, con descripción de la obra a financiar con dichos cargos y con la consiguiente creación de un fondo específico afectado a la obra, que pase por el presupuesto nacional. Esto implica legislar con un criterio de transparencia y hacernos cargo de lo que nos compete como Congreso Nacional.
Como vemos que lo que hoy se va a votar es el dictamen de las comisiones, que no contempla estas cuestiones, el interbloque no va a acompañar el proyecto de ley en tratamiento.
En segundo lugar, ¿qué obras se pretende financiar? ¿Las que estaban en el presupuesto 2006, que sancionamos? No, porque ellas ya tienen una fuente de financiamiento. Entonces son otras, ¿pero cuáles? ¿No tenemos derecho a conocer las obras que se financiarán con esta ley? Claro que tenemos derecho a conocerlas, y deben formar parte de la ley.
En tercer lugar, se pretende seguir alimentando con flujo de fondos los llamados fondos fiduciarios, que todos absolutamente sabemos que conforman casi un Estado paralelo, al margen del presupuesto nacional, fondos extrapresupuestarios, para los que se eluden los procedimientos administrativos habituales de control. Bajo su administración miles de millones de pesos están totalmente al margen del control externo que puede llegar a hacer este Congreso Nacional.
Creo que la aspiración máxima de una oficina o área de la administración pública es tener su fondo fiduciario propio, por la libertad que implica su manejo y por lo lejos que está de cualquier tipo de control.
Cada proyecto de ley que está girando el Poder Ejecutivo a este Congreso sistemáticamente está creando un fondo fiduciario nuevo o alimentando con fondos los ya existentes. Nosotros no compartimos esa forma de manejo de la hacienda pública.
No podemos acompañar un proyecto de ley con tantas generalidades y tan pocas precisiones, porque convengamos que las obras energéticas estratégicas para el país ya están estudiadas, o al menos identificadas, y no me estoy refiriendo a la red de distribución de gas natural de un barrio, de un pueblo, sino a las grandes obras de envergadura que tiene que llevar adelante el país.
Entonces, si ya se conoce cuáles son las obras, dónde se radicarán, cuánto costarán, etcétera, ¿cuál es el problema de traer a este Congreso el grupo de obras y sancionar una ley precisa en cuanto al cargo específico, su alícuota, su cuantía y su vigencia, si en definitiva la inmensa mayoría de los diputados está de acuerdo con llevarlas a cabo?
Podríamos hacer tantas leyes de este tipo como obras energéticas relevantes tenga por delante el país, y quizás sí para las obras menores podríamos dar un marco legal al estilo de esta ley, obviamente con algunas precisiones mayores, pero siempre respetando el rol de este Congreso. Pero para las grandes obras energéticas estratégicas estamos en perfectas condiciones de sancionar leyes específicas para cada obra o grupo de obras.
Por último, en lugar de crear un fondo fiduciario o alimentar con cargos otros ya existentes, la misma ley de creación del cargo para financiar la obra equis debería crear un fondo con afectación específica a dicho financiamiento, pero no un fondo fiduciario extrapresupuestario, sino un fondo específico presupuestario, que pase por el presupuesto nacional.
En conclusión, el interbloque Provincias Unidas no comparte la idea de sancionar una ley genérica, imprecisa y que por ende delegue todo en el Poder Ejecutivo nacional. Sí compartimos sancionar leyes precisas, con descripción del cargo específico, con descripción de la obra a financiar con dichos cargos y con la consiguiente creación de un fondo específico afectado a la obra, que pase por el presupuesto nacional. Esto implica legislar con un criterio de transparencia y hacernos cargo de lo que nos compete como Congreso Nacional.
Como vemos que lo que hoy se va a votar es el dictamen de las comisiones, que no contempla estas cuestiones, el interbloque no va a acompañar el proyecto de ley en tratamiento.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
SR. LOZANO, CLAUDIO (CAP FEDERAL):
Señor presidente: estamos analizando la posibilidad de fijar cargos específicos con el objeto de financiar la expansión de obras de infraestructura. En las diferentes intervenciones hemos escuchado cuestionamientos que objetan la vaguedad, la falta de control, la ausencia de transparencia, la indefinición sobre las obras y se refieren al hecho de que esta norma consumaría una nueva delegación de facultades por parte del Parlamento argentino.
- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª de la Honorable Cámara, doña Patricia Vaca Narvaja.
SR. LOZANO, CLAUDIO (CAP FEDERAL):
Todas esas cuestiones son absolutamente atendibles y legítimas, pero quisiera incorporar en este análisis otro elemento, que al menos en mi opinión está en el centro de la discusión, aunque lamentablemente no se discute. Cuando uno examina las retenciones que hoy rigen para el sector petrolero en la Argentina, se encuentra con que la exportación de petróleo crudo está gravada con un 45 por ciento, la de butano con un 20 por ciento, la de gas licuado con otro 20 por ciento y otros productos derivados del petróleo con un 5 por ciento. Si tomamos en cuenta las exportaciones que realiza la Argentina en materia de hidrocarburos, observamos que la recaudación por retenciones no da 45 ni 20 por ciento, ya que del total exportado el Estado se queda con apenas el 9 por ciento.
La primera razón de ese resultado es que el 52 por ciento de lo que se exporta -o sea la mayor parte- sale con retenciones del 5 por ciento.
En segundo término, por los mecanismos y normas del propio Código Aduanero, se deprime el precio en función del cual se calcula la retención.
Por último, nos encontramos con que rigen situaciones de excepción que permiten que las empresas eludan el pago. Con respecto a esto último voy a dar un solo ejemplo con nombre y apellido, aunque hay más de uno. El yacimiento Carina Aries, que es muy importante en la costa de Tierra del Fuego, por no considerarse parte de esa provincia -se lo considera un yacimiento nacional- no le paga al gobierno de la isla las regalías que correspondería pagarle. A su vez, como está en la zona de Tierra del Fuego -aunque no se considera parte de esa provincia- sí se aviene al régimen de promoción que tiene la isla y, por lo tanto, tampoco le paga retenciones a la Nación. En base a estos argumentos no le paga regalías a la provincia y tampoco retenciones a la Nación.
Algunos se preguntarán por qué estoy hablando de las retenciones a las exportaciones de petróleo. Simplemente lo hago porque si en lugar de mantener este esquema unificáramos las retenciones a todo tipo de exportación de hidrocarburos en un 45 por ciento, recaudaríamos 2.500 millones de pesos adicionales. ¿Qué pasaría si hiciéramos esto, que sería una solamedida que nos permitiría recuperar parte de la renta petrolera perdida?
En primer lugar, desalentaríamos las exportaciones, lo cual vendría bien porque nuestro país no debería exportar ya que no es petrolero sino que tiene petróleo; en segundo término, serviría como mecanismo antiinflacionario porque lo cierto es que en el último año los derivados del petróleo han crecido demasiado, y en tercer lugar, nos permitiría contar con recursos disponibles para financiar las obras de infraestructura de las que hablamos.
¿Por qué digo esto? Si uno analiza la historia de la Argentina advertirá que el desarrollo de las obras de infraestructura, particularmente de aquellas vinculadas con el gas, el petróleo y la energía, se produjo a partir de YPF y de la disponibilidad de la renta petrolera que tal empresa generaba.
En ese sentido, el hecho de que hoy tengamos problemas de recursos para financiar la expansión de infraestructura efectivamente obedece a que no hemos recuperado la renta petrolera. En realidad, cuando se dice que habrán de realizarse obras de generación, transporte y distribución de gas natural, de gas licuado de petróleo o de energía, cabría repasar qué empresas tienen que ver con esto. Una de ellas es Repsol y otras son Transportadora de Gas del Sur, Metrogas, Gas Natural BAN, Transportadora de Gas del Norte, Edenor, Edesur, es decir, empresas a las que les ha ido muy bien en los últimos años, han expandido su facturación, y en muchos casos, sus utilidades.
Entonces, no parece demasiado razonable que si mantenemos la gestión privada de la infraestructura que fue privatizada socialicemos las inversiones por vía de una estrategia mediante la cual el Estado traslada a la comunidad la responsabilidad de financiarlas. Es necesario optar. Si se trata de la gestión privada, debe haber inversión privada; pero hay que discutir con las empresas a efectos de que inviertan lo que deben invertir, porque luego de regalar nuestra renta petrolera no nos ha ido bien en términos de la inversión concreta que se ha desarrollado en nuestro país. En consecuencia, nos parece poco conveniente este mecanismo de mantener la gestión privada, sostener la renta de las empresas y, al mismo tiempo, socializar las inversiones trasladando a la comunidad la responsabilidad del financiamiento.
Por lo menos desde nuestro punto de vista la recaptura de la renta petrolera, es decir, la ventaja de la que dispone este país -porque su barril de petróleo cuesta 4,5 dólares y en el mercado doméstico compramos a 33-, es la clave para volver a pensar en el financiamiento de las obras de infraestructura.
Eso es lo que debería discutir el Parlamento. Además, aquélla también es la clave para cambiar la matriz energética, a la que alude el proyecto que luego discutiremos. Se trata de que seamos capaces de obtener la renta para el uso público y explotar racionalmente el recurso a efectos de reducir la dependencia de nuestra matriz energética en lo relativo a hidrocarburos.
No es posible discutir esta iniciativa sin poner ese tema sobre la mesa. Hay una forma muy sencilla, una sola medida, para constituir un fondo de 2.500 millones de pesos anuales, que podría comenzar a resolver algunos de los problemas de infraestructura de los que hablamos.
Existe un hecho objetivo. El presupuesto que aquí se aprobó nada tiene que ver con la realidad. Debemos recordar que sancionamos un presupuesto con una pauta de crecimiento del 4 por ciento que el propio Ministerio de Economía ya ha modificado. La caja preveía un superávit de 19 mil millones de pesos. En realidad, el superávit real esperado para este año está en el orden de los 35 mil millones de pesos, porque se esperan 12 mil millones más de recaudación y hay seis mil millones que no hay que pagar porque se le pagó por adelantado con reservas al Fondo Monetario Internacional.
Con esto quiero decir que frente al tema de debatir qué hacemos con la renta petrolera en la Argentina, como disponibilidad de recursos en el presupuesto, no hay ninguna razón para que nosotros aprobemos un esquema como el que presenta la norma en discusión.
Me parece que lo que está por detrás de esta cuestión es debatir en serio cómo se recupera control público sobre la infraestructura privatizada de la Argentina para estar en capacidad de sostener un nuevo perfil de desarrollo de nuestro país.
Por estas razones, no vamos a acompañar este proyecto.
La primera razón de ese resultado es que el 52 por ciento de lo que se exporta -o sea la mayor parte- sale con retenciones del 5 por ciento.
En segundo término, por los mecanismos y normas del propio Código Aduanero, se deprime el precio en función del cual se calcula la retención.
Por último, nos encontramos con que rigen situaciones de excepción que permiten que las empresas eludan el pago. Con respecto a esto último voy a dar un solo ejemplo con nombre y apellido, aunque hay más de uno. El yacimiento Carina Aries, que es muy importante en la costa de Tierra del Fuego, por no considerarse parte de esa provincia -se lo considera un yacimiento nacional- no le paga al gobierno de la isla las regalías que correspondería pagarle. A su vez, como está en la zona de Tierra del Fuego -aunque no se considera parte de esa provincia- sí se aviene al régimen de promoción que tiene la isla y, por lo tanto, tampoco le paga retenciones a la Nación. En base a estos argumentos no le paga regalías a la provincia y tampoco retenciones a la Nación.
Algunos se preguntarán por qué estoy hablando de las retenciones a las exportaciones de petróleo. Simplemente lo hago porque si en lugar de mantener este esquema unificáramos las retenciones a todo tipo de exportación de hidrocarburos en un 45 por ciento, recaudaríamos 2.500 millones de pesos adicionales. ¿Qué pasaría si hiciéramos esto, que sería una solamedida que nos permitiría recuperar parte de la renta petrolera perdida?
En primer lugar, desalentaríamos las exportaciones, lo cual vendría bien porque nuestro país no debería exportar ya que no es petrolero sino que tiene petróleo; en segundo término, serviría como mecanismo antiinflacionario porque lo cierto es que en el último año los derivados del petróleo han crecido demasiado, y en tercer lugar, nos permitiría contar con recursos disponibles para financiar las obras de infraestructura de las que hablamos.
¿Por qué digo esto? Si uno analiza la historia de la Argentina advertirá que el desarrollo de las obras de infraestructura, particularmente de aquellas vinculadas con el gas, el petróleo y la energía, se produjo a partir de YPF y de la disponibilidad de la renta petrolera que tal empresa generaba.
En ese sentido, el hecho de que hoy tengamos problemas de recursos para financiar la expansión de infraestructura efectivamente obedece a que no hemos recuperado la renta petrolera. En realidad, cuando se dice que habrán de realizarse obras de generación, transporte y distribución de gas natural, de gas licuado de petróleo o de energía, cabría repasar qué empresas tienen que ver con esto. Una de ellas es Repsol y otras son Transportadora de Gas del Sur, Metrogas, Gas Natural BAN, Transportadora de Gas del Norte, Edenor, Edesur, es decir, empresas a las que les ha ido muy bien en los últimos años, han expandido su facturación, y en muchos casos, sus utilidades.
Entonces, no parece demasiado razonable que si mantenemos la gestión privada de la infraestructura que fue privatizada socialicemos las inversiones por vía de una estrategia mediante la cual el Estado traslada a la comunidad la responsabilidad de financiarlas. Es necesario optar. Si se trata de la gestión privada, debe haber inversión privada; pero hay que discutir con las empresas a efectos de que inviertan lo que deben invertir, porque luego de regalar nuestra renta petrolera no nos ha ido bien en términos de la inversión concreta que se ha desarrollado en nuestro país. En consecuencia, nos parece poco conveniente este mecanismo de mantener la gestión privada, sostener la renta de las empresas y, al mismo tiempo, socializar las inversiones trasladando a la comunidad la responsabilidad del financiamiento.
Por lo menos desde nuestro punto de vista la recaptura de la renta petrolera, es decir, la ventaja de la que dispone este país -porque su barril de petróleo cuesta 4,5 dólares y en el mercado doméstico compramos a 33-, es la clave para volver a pensar en el financiamiento de las obras de infraestructura.
Eso es lo que debería discutir el Parlamento. Además, aquélla también es la clave para cambiar la matriz energética, a la que alude el proyecto que luego discutiremos. Se trata de que seamos capaces de obtener la renta para el uso público y explotar racionalmente el recurso a efectos de reducir la dependencia de nuestra matriz energética en lo relativo a hidrocarburos.
No es posible discutir esta iniciativa sin poner ese tema sobre la mesa. Hay una forma muy sencilla, una sola medida, para constituir un fondo de 2.500 millones de pesos anuales, que podría comenzar a resolver algunos de los problemas de infraestructura de los que hablamos.
Existe un hecho objetivo. El presupuesto que aquí se aprobó nada tiene que ver con la realidad. Debemos recordar que sancionamos un presupuesto con una pauta de crecimiento del 4 por ciento que el propio Ministerio de Economía ya ha modificado. La caja preveía un superávit de 19 mil millones de pesos. En realidad, el superávit real esperado para este año está en el orden de los 35 mil millones de pesos, porque se esperan 12 mil millones más de recaudación y hay seis mil millones que no hay que pagar porque se le pagó por adelantado con reservas al Fondo Monetario Internacional.
Con esto quiero decir que frente al tema de debatir qué hacemos con la renta petrolera en la Argentina, como disponibilidad de recursos en el presupuesto, no hay ninguna razón para que nosotros aprobemos un esquema como el que presenta la norma en discusión.
Me parece que lo que está por detrás de esta cuestión es debatir en serio cómo se recupera control público sobre la infraestructura privatizada de la Argentina para estar en capacidad de sostener un nuevo perfil de desarrollo de nuestro país.
Por estas razones, no vamos a acompañar este proyecto.
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
SR. BINNER, HERMES JUAN (SANTA FE):
Señora presidenta: tenemos que señalar que nos anoticiamos de la existencia de este tema en la reunión de hoy de la Comisión de Labor Parlamentaria, pues la cuestión no estaba en el temario previo.
Quiero confesar, de todas maneras, que vivimos con entusiasmo la posibilidad de poder concretar por este sistema obras de infraestructura que permitan hacer llegar servicios básicos a la mayor cantidad de argentinos, fundamentalmente, lo que se vinculan con una vida digna.
Nuestra idea está basada en lo que nos ocurrió en la ciudad de Rosario, donde la sobretasa en la alícuota del gas permitió proveer de gas a toda la ciudad, de manera tal que hoy el ciento por ciento de los vecinos tienen gas natural en sus domicilios. Pensamos también en la obra pública vinculada con las obras de desagües. Ahí también con un plan se logró que en algo más de diez años se terminara con el problema de las inundaciones en la ciudad, con la concreción de obras de saneamiento para 1.400 hectáreas.
Pero, claro, ambas obras se hicieron con un plan que permitió a los vecinos saber cuándo les iba a tocar la obra. Asímismo se hicieron con recursos asignados para estas obras a través de licitación pública. Se trata de dos aspectos que hoy no vemos en este proyecto, tanto el plan de obras como un sistema transparente, que es el de la realización de la obra pública por licitación pública.
De manera tal que nos interesaría que el proyecto volviera a comisión, si es posible para definir aspectos que tienden a mejorar su calidad. De lo contrario no avalaríamos este proyecto en el seno de esta reunión.
Quiero confesar, de todas maneras, que vivimos con entusiasmo la posibilidad de poder concretar por este sistema obras de infraestructura que permitan hacer llegar servicios básicos a la mayor cantidad de argentinos, fundamentalmente, lo que se vinculan con una vida digna.
Nuestra idea está basada en lo que nos ocurrió en la ciudad de Rosario, donde la sobretasa en la alícuota del gas permitió proveer de gas a toda la ciudad, de manera tal que hoy el ciento por ciento de los vecinos tienen gas natural en sus domicilios. Pensamos también en la obra pública vinculada con las obras de desagües. Ahí también con un plan se logró que en algo más de diez años se terminara con el problema de las inundaciones en la ciudad, con la concreción de obras de saneamiento para 1.400 hectáreas.
Pero, claro, ambas obras se hicieron con un plan que permitió a los vecinos saber cuándo les iba a tocar la obra. Asímismo se hicieron con recursos asignados para estas obras a través de licitación pública. Se trata de dos aspectos que hoy no vemos en este proyecto, tanto el plan de obras como un sistema transparente, que es el de la realización de la obra pública por licitación pública.
De manera tal que nos interesaría que el proyecto volviera a comisión, si es posible para definir aspectos que tienden a mejorar su calidad. De lo contrario no avalaríamos este proyecto en el seno de esta reunión.
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
SR. DE MARCHI, OMAR BRUNO (MENDOZA):
Señora presidenta: seguramente no vamos a agregar demasiado a lo que ya se ha dicho hasta este momento, pero sí queremos hacer un comentario acerca de las consecuencias que tiene la mala costumbre de este gobierno de incorporar fondos por fuera del presupuesto.
Con ello, es decir creando sistemática y permanentemente fondos fiduciarios, no sólo debilitamos la integridad presupuestaria sino lo que es aún peor, complicamos los controles como aquí se ha dicho.
En este sentido alcanzo algunos datos de por qué le resulta al gobierno una herramienta interesante seguir
avanzando con el sistema de fondos fiduciarios. Solamente en el período comprendido entre 2001 y 2006, por ejemplo, de seis fondos fiduciarios que existían pasamos a integrar dieciséis.
Pero no hablemos de fondos fiduciarios en forma unitaria. Para darles una idea de la magnitud de los fondos que se manejan dentro de estas fiducias, decimos que solamente en el presupuesto 2006 la cifra por este concepto supera los 4.100 millones de pesos, lo que equivale al 5 por ciento del total de los fondos que tiene presupuestados la administración general para todo su movimiento. Es decir que el 5 por ciento de este presupuesto se maneja vía fondos fiduciarios.
Y aquí repetimos lo que decíamos al comienzo acerca de cuáles son los fundamentos para entender que el gobierno permanentemente quiera echar mano a esta herramienta. No hay dudas de que hay un solo fundamento -más allá de todos los que eventualmente se puedan dar-, y es que hay ciertos funcionarios que con esto intentan ablandar la disciplina impuesta por los institutos de la integralidad presupuestaria o de la cuenta única y de la ejecución de ese presupuesto en la ley de administración financiera, ya que quedan absolutamente afuera de esta última.
En esto tengo que coincidir necesariamente con el señor diputado Lamberto en lo que expresara hace menos de un año en unas jornadas sobre fideicomiso público y control republicano organizadas por la Fundación Ricardo Rojas. En aquel momento dijo textualmente el señor diputado Lamberto: "Yo no creo que tenga que haber fondos fiduciarios para todo. Creo que tiene que haber pocos, controlados, transparentes y para funciones muy específicas. La dispersidad o la diversidad de objetivos que hay en los fondos es realmente increíble. Obviamente, cada cual quiere escaparse de la luz de la Secretaría de Hacienda."
Otro dato importante que se ha dicho en forma atomizada -si se quiere- en las distintas apreciaciones que se hicieron al respecto es cuáles son los ministerios que administran esta frondosa cuenta, esta gorda billetera, esta interminable chequera. Cuando empezamos a analizar cuáles son esos ministerios, realmente no nos sorprende que el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a cargo del arquitecto De Vido, maneje la friolera de casi 3.300 millones de pesos vía fondos fiduciarios. Esta cifra equivale al 30 por ciento de toda la masa de recursos que maneja ese ministerio. Dicho de manera más concreta, el ministro De Vido maneja el 75 por ciento de la totalidad de los recursos que se administran vía fondos fiduciarios: 3.300 millones sobre algo más de 4.100 millones de pesos.
En términos comparativos podríamos decir, por ejemplo, que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología -respecto del cual no hay que olvidar que maneja toda la infraestructura en materia edilicia para todos los establecimientos educativos nacionales- solamente administra el 0,08 por ciento, esto es, menos del uno por ciento del total de los fondos que se administran vía fiducias.
A esta altura conviene repetir lo que decíamos al comienzo: además de ser fondos adicionales y extrapresupuestarios son gastos que tienen un nivel de rendición de cuentas absolutamente menor y no sujeto a los mecanismos de ejecución que establece la ley de administración financiera. Se adopta el sistema del fideicomiso financiado con cargos específicos -que de específicos no tienen nada-, abandonando el criterio prudente que aconseja un uso limitado a casos concretos y cuyos objetivos no se puedan alcanzar por ninguna otra vía de financiamiento.
Ya no solamente se usa esta herramienta de financiamiento sino que se abusa de ella, porque se transforma necesariamente en una herramienta de manipulación de la voluntad de muchos gobernadores e intendentes, como ha quedado absolutamente claro no hace mucho en este mismo recinto. Gobernadores e intendentes terminan sometiéndose al poder central tras la búsqueda desesperada de la concreción de alguna obra pública, en este caso obviamente de infraestructura energética.
Yo puedo decir algo que quizás algún diputado preopinante que ha tenido la responsabilidad de gobernar la provincia de la cual provengo, Mendoza, no ha podido expresar por una cuestión de respeto institucional. Puedo decir que el gobernador de mi provincia es muy amigo del presidente y no obstante Mendoza viene siendo claramente perjudicada con estos fondos, lo que me lleva a pensar que ya no sólo hace falta ser amigo del presidente sino que hay que ser casi su hermano para poder obtener finalmente alguna obra vía fideicomiso o lo que fuere.
Sin entrar en tecnicismos para determinar si esto es un impuesto o no, pues ya ha sido suficientemente explicado, es claro que este fue el motivo por el cual el expediente0084-pe-2004 , que ingresó a fines de diciembre de 2004, estuvo parado más de un año, retomándose su consideración ahora bajo el número 0288-d-2006 . Esto también nos habla de que no existe urgencia, de que esto perfectamente se podría haber planteado vía presupuestaria con los montos claros, los procedimientos específicos y los plazos dentro de los cuales tales y cuales obras deberían haberse iniciado. Seguramente no hubiera hecho falta comenzar con una búsqueda de estos atajos que tanto mal hacen al sistema.
Los fondos fiduciarios dejan al descubierto el debilitamiento, vía delegación de competencias, del rol institucional del Poder Legislativo. Y ya no es culpa solamente de los avances permanentes y hasta irrespetuosos en algunos casos por parte del Poder Ejecutivo sino -y este es el llamado a la reflexión que hago a este cuerpo- por el abandono por parte del Congreso de las atribuciones que le son propias, lo que es peor aún.
Con ello, es decir creando sistemática y permanentemente fondos fiduciarios, no sólo debilitamos la integridad presupuestaria sino lo que es aún peor, complicamos los controles como aquí se ha dicho.
En este sentido alcanzo algunos datos de por qué le resulta al gobierno una herramienta interesante seguir
avanzando con el sistema de fondos fiduciarios. Solamente en el período comprendido entre 2001 y 2006, por ejemplo, de seis fondos fiduciarios que existían pasamos a integrar dieciséis.
Pero no hablemos de fondos fiduciarios en forma unitaria. Para darles una idea de la magnitud de los fondos que se manejan dentro de estas fiducias, decimos que solamente en el presupuesto 2006 la cifra por este concepto supera los 4.100 millones de pesos, lo que equivale al 5 por ciento del total de los fondos que tiene presupuestados la administración general para todo su movimiento. Es decir que el 5 por ciento de este presupuesto se maneja vía fondos fiduciarios.
Y aquí repetimos lo que decíamos al comienzo acerca de cuáles son los fundamentos para entender que el gobierno permanentemente quiera echar mano a esta herramienta. No hay dudas de que hay un solo fundamento -más allá de todos los que eventualmente se puedan dar-, y es que hay ciertos funcionarios que con esto intentan ablandar la disciplina impuesta por los institutos de la integralidad presupuestaria o de la cuenta única y de la ejecución de ese presupuesto en la ley de administración financiera, ya que quedan absolutamente afuera de esta última.
En esto tengo que coincidir necesariamente con el señor diputado Lamberto en lo que expresara hace menos de un año en unas jornadas sobre fideicomiso público y control republicano organizadas por la Fundación Ricardo Rojas. En aquel momento dijo textualmente el señor diputado Lamberto: "Yo no creo que tenga que haber fondos fiduciarios para todo. Creo que tiene que haber pocos, controlados, transparentes y para funciones muy específicas. La dispersidad o la diversidad de objetivos que hay en los fondos es realmente increíble. Obviamente, cada cual quiere escaparse de la luz de la Secretaría de Hacienda."
Otro dato importante que se ha dicho en forma atomizada -si se quiere- en las distintas apreciaciones que se hicieron al respecto es cuáles son los ministerios que administran esta frondosa cuenta, esta gorda billetera, esta interminable chequera. Cuando empezamos a analizar cuáles son esos ministerios, realmente no nos sorprende que el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a cargo del arquitecto De Vido, maneje la friolera de casi 3.300 millones de pesos vía fondos fiduciarios. Esta cifra equivale al 30 por ciento de toda la masa de recursos que maneja ese ministerio. Dicho de manera más concreta, el ministro De Vido maneja el 75 por ciento de la totalidad de los recursos que se administran vía fondos fiduciarios: 3.300 millones sobre algo más de 4.100 millones de pesos.
En términos comparativos podríamos decir, por ejemplo, que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología -respecto del cual no hay que olvidar que maneja toda la infraestructura en materia edilicia para todos los establecimientos educativos nacionales- solamente administra el 0,08 por ciento, esto es, menos del uno por ciento del total de los fondos que se administran vía fiducias.
A esta altura conviene repetir lo que decíamos al comienzo: además de ser fondos adicionales y extrapresupuestarios son gastos que tienen un nivel de rendición de cuentas absolutamente menor y no sujeto a los mecanismos de ejecución que establece la ley de administración financiera. Se adopta el sistema del fideicomiso financiado con cargos específicos -que de específicos no tienen nada-, abandonando el criterio prudente que aconseja un uso limitado a casos concretos y cuyos objetivos no se puedan alcanzar por ninguna otra vía de financiamiento.
Ya no solamente se usa esta herramienta de financiamiento sino que se abusa de ella, porque se transforma necesariamente en una herramienta de manipulación de la voluntad de muchos gobernadores e intendentes, como ha quedado absolutamente claro no hace mucho en este mismo recinto. Gobernadores e intendentes terminan sometiéndose al poder central tras la búsqueda desesperada de la concreción de alguna obra pública, en este caso obviamente de infraestructura energética.
Yo puedo decir algo que quizás algún diputado preopinante que ha tenido la responsabilidad de gobernar la provincia de la cual provengo, Mendoza, no ha podido expresar por una cuestión de respeto institucional. Puedo decir que el gobernador de mi provincia es muy amigo del presidente y no obstante Mendoza viene siendo claramente perjudicada con estos fondos, lo que me lleva a pensar que ya no sólo hace falta ser amigo del presidente sino que hay que ser casi su hermano para poder obtener finalmente alguna obra vía fideicomiso o lo que fuere.
Sin entrar en tecnicismos para determinar si esto es un impuesto o no, pues ya ha sido suficientemente explicado, es claro que este fue el motivo por el cual el expediente
Los fondos fiduciarios dejan al descubierto el debilitamiento, vía delegación de competencias, del rol institucional del Poder Legislativo. Y ya no es culpa solamente de los avances permanentes y hasta irrespetuosos en algunos casos por parte del Poder Ejecutivo sino -y este es el llamado a la reflexión que hago a este cuerpo- por el abandono por parte del Congreso de las atribuciones que le son propias, lo que es peor aún.
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
SR. FERNANDEZ, ALFREDO CESAR (MENDOZA):
Señora presidenta: hemos escuchado variadas intervenciones sobre este tema. Recuerdo que hace dos años se dijo en esta Cámara que el sistema energético argentino iba a colapsar. Parecía que hace dos años nos íbamos a quedar sin energía; parecía que la Argentina no tenía salida, porque en este mismo recinto escuchamos decir que no había un plan ni un proyecto energético.
Lo más triste es que eso lo decían quienes habían estado en el gobierno y no habían hecho nada para solucionar esa situación. Nos encontramos con una carencia en obras de infraestructura, con que no teníamos posibilidad de manejar la renta petrolera, con el hecho de que de alguna forma se había entregado con concesiones la parte más importante de las obras de infraestructura.
Debo decir que durante estos dos años de gobierno no se ha producido tal caos, se ha actuado frente a la emergencia y hemos tenido que importar combustibles. Incluso, votamos leyes que nos posibilitaron subsidiar la importación de combustibles. El Poder Ejecutivo ha realizado una serie de maniobras con absoluta coherencia, con la convicción de que durante estos dos años el producto bruto ha crecido un 9 por ciento anual. Por primera vez ha existido superávit fiscal. Parece que esto no sirviera de nada; una quita en la deuda tampoco vale nada; si se paga al Fondo, porque teníamos los fondos para pagar, tampoco sirve de nada; pareciera que todo molesta, que todo está mal, y daría la sensación de que no escuchan la voz del pueblo que opina y piensa distinto.
Este proyecto tiene el ingenio y la capacidad para resolver la situación que se nos presenta por las obras que demandan los pueblos de distintas provincias, ya que muchos de los que acá están sentados han sido intendentes y gobernadores en esos estados provinciales.
Pareciera que no importa que en el Noreste argentino no exista gas natural y que deban usar gas líquido. Pareciera que todo está mal y que el presidente Kirchner es una mala persona que no cree en el Congreso.
También se ha dicho que hace más de un año que este proyecto de ley está para ser tratado. Debo pensar que si para aprobar la realización de una obra vamos a tener que esperar más de un año, no sé que soluciones daremos a una sociedad que en el invierno no va a tener gas ni luz.
Hay que proceder con racionalidad y coherencia. Tenemos que ser capaces de efectuar un balance para destacar qué cosas se hicieron. Se ha ampliado el gasoducto Gas del Norte, como el Gasoducto del Noroeste. Y esto se ha tenido que hacer porque no contábamos con una ley. A pesar de ello, las empresas nos han creído y han puesto dinero en esos fideicomisos.
Por lo tanto, la futura ley creará un instituto distinto que tendrá racionalidad. Esto forma parte de la responsabilidad que tenemos en esta Cámara. De esa manera procederemos, porque serán muchas obras pequeñas que se irán enganchando unas con otras.
Hay lugares donde cinco o seis municipios se juntan para realizar una misma obra. Serán ellos quienes definirán cómo se hace. Si esto no es transparencia, me gustaría que alguien me explique qué significa transparencia.
La excesiva desconfianza lleva a que los argentinos nos encontremos, como ha dicho el señor presidente de la Nación, sin poder salir del infierno.
Necesitamos dar insumos energéticos a este crecimiento que tenemos. La demanda de tales insumos supera en porcentaje al crecimiento del producto bruto. Esto quiere decir que hay empresas e industrias que están dispuestas a aportar estos fondos. Lo están haciendo sin que exista una ley al respecto. Por lo tanto, si sancionamos este proyecto de ley, vamos a estar otorgando la herramienta jurídica para que el sistema sea creíble. Vamos a crear un sistema de financiamiento de obra pública necesario y fundamental, lo que en los últimos veinte años no se pudo lograr. No quiero hablar de las causas, pero debo decir que el sistema es necesario.
Si no brindamos los elementos correspondientes se detendrá el crecimiento. No vamos a poder dar gas a las caleras, como están pidiendo; tampoco vamos a poder proveer de insumos eléctricos a los pueblos que están creciendo.
Para financiar el crecimiento hace falta financiamiento. Si tenemos deudas y no contamos con fondos, ¿de dónde vamos a sacar el dinero?
Por eso digo que este es un mecanismo ingenioso de financiamiento que va a posibilitar a la Argentina continuar con este proceso de crecimiento. Esto también lo han hecho los intendentes, con la diferencia de que un municipio tiene obras acotadas. Sin embargo, a lo largo y a lo ancho del país, se están haciendo obras con este tipo de fondos. Esto va a dar soporte, respaldo y seguridad jurídica.
Por lo tanto, nuestro bloque apoyará y votará afirmativamente este proyecto, más allá de que hemos perdido un año discutiéndolo. Como se ha dicho aquí, es un viejo amigo, aunque para muchos parecería ser un viejo enemigo, porque no se está pensando en términos de nación. Se han brindado datos comparativos de provincias que reciben más y otras que reciben menos. ¡Qué casualidad que las menos beneficiadas son las provincias más lejanas de este gran monstruo que es Buenos Aires, donde se concentra todo! Si analizamos los indicadores seguramente advertiremos que son las provincias que tienen menos posibilidades de acceso a los servicios de energía eléctrica o gas natural.
Estamos en una etapa donde necesitamos crecer; necesitamos desarrollo, capacidad, grandeza e ingenio de todos y cada uno de nosotros. Lo que no se puede hacer es luchar frente a la desconfianza. Mi abuela, que era española, repetía un dicho: "Dicen que el ladrón juzga a los demás por su condición." Espero que no nos estén juzgando desde su condición quienes se oponen a proyectos vinculados con el crecimiento y el desarrollo en la Argentina. (Aplausos.)
Lo más triste es que eso lo decían quienes habían estado en el gobierno y no habían hecho nada para solucionar esa situación. Nos encontramos con una carencia en obras de infraestructura, con que no teníamos posibilidad de manejar la renta petrolera, con el hecho de que de alguna forma se había entregado con concesiones la parte más importante de las obras de infraestructura.
Debo decir que durante estos dos años de gobierno no se ha producido tal caos, se ha actuado frente a la emergencia y hemos tenido que importar combustibles. Incluso, votamos leyes que nos posibilitaron subsidiar la importación de combustibles. El Poder Ejecutivo ha realizado una serie de maniobras con absoluta coherencia, con la convicción de que durante estos dos años el producto bruto ha crecido un 9 por ciento anual. Por primera vez ha existido superávit fiscal. Parece que esto no sirviera de nada; una quita en la deuda tampoco vale nada; si se paga al Fondo, porque teníamos los fondos para pagar, tampoco sirve de nada; pareciera que todo molesta, que todo está mal, y daría la sensación de que no escuchan la voz del pueblo que opina y piensa distinto.
Este proyecto tiene el ingenio y la capacidad para resolver la situación que se nos presenta por las obras que demandan los pueblos de distintas provincias, ya que muchos de los que acá están sentados han sido intendentes y gobernadores en esos estados provinciales.
Pareciera que no importa que en el Noreste argentino no exista gas natural y que deban usar gas líquido. Pareciera que todo está mal y que el presidente Kirchner es una mala persona que no cree en el Congreso.
También se ha dicho que hace más de un año que este proyecto de ley está para ser tratado. Debo pensar que si para aprobar la realización de una obra vamos a tener que esperar más de un año, no sé que soluciones daremos a una sociedad que en el invierno no va a tener gas ni luz.
Hay que proceder con racionalidad y coherencia. Tenemos que ser capaces de efectuar un balance para destacar qué cosas se hicieron. Se ha ampliado el gasoducto Gas del Norte, como el Gasoducto del Noroeste. Y esto se ha tenido que hacer porque no contábamos con una ley. A pesar de ello, las empresas nos han creído y han puesto dinero en esos fideicomisos.
Por lo tanto, la futura ley creará un instituto distinto que tendrá racionalidad. Esto forma parte de la responsabilidad que tenemos en esta Cámara. De esa manera procederemos, porque serán muchas obras pequeñas que se irán enganchando unas con otras.
Hay lugares donde cinco o seis municipios se juntan para realizar una misma obra. Serán ellos quienes definirán cómo se hace. Si esto no es transparencia, me gustaría que alguien me explique qué significa transparencia.
La excesiva desconfianza lleva a que los argentinos nos encontremos, como ha dicho el señor presidente de la Nación, sin poder salir del infierno.
Necesitamos dar insumos energéticos a este crecimiento que tenemos. La demanda de tales insumos supera en porcentaje al crecimiento del producto bruto. Esto quiere decir que hay empresas e industrias que están dispuestas a aportar estos fondos. Lo están haciendo sin que exista una ley al respecto. Por lo tanto, si sancionamos este proyecto de ley, vamos a estar otorgando la herramienta jurídica para que el sistema sea creíble. Vamos a crear un sistema de financiamiento de obra pública necesario y fundamental, lo que en los últimos veinte años no se pudo lograr. No quiero hablar de las causas, pero debo decir que el sistema es necesario.
Si no brindamos los elementos correspondientes se detendrá el crecimiento. No vamos a poder dar gas a las caleras, como están pidiendo; tampoco vamos a poder proveer de insumos eléctricos a los pueblos que están creciendo.
Para financiar el crecimiento hace falta financiamiento. Si tenemos deudas y no contamos con fondos, ¿de dónde vamos a sacar el dinero?
Por eso digo que este es un mecanismo ingenioso de financiamiento que va a posibilitar a la Argentina continuar con este proceso de crecimiento. Esto también lo han hecho los intendentes, con la diferencia de que un municipio tiene obras acotadas. Sin embargo, a lo largo y a lo ancho del país, se están haciendo obras con este tipo de fondos. Esto va a dar soporte, respaldo y seguridad jurídica.
Por lo tanto, nuestro bloque apoyará y votará afirmativamente este proyecto, más allá de que hemos perdido un año discutiéndolo. Como se ha dicho aquí, es un viejo amigo, aunque para muchos parecería ser un viejo enemigo, porque no se está pensando en términos de nación. Se han brindado datos comparativos de provincias que reciben más y otras que reciben menos. ¡Qué casualidad que las menos beneficiadas son las provincias más lejanas de este gran monstruo que es Buenos Aires, donde se concentra todo! Si analizamos los indicadores seguramente advertiremos que son las provincias que tienen menos posibilidades de acceso a los servicios de energía eléctrica o gas natural.
Estamos en una etapa donde necesitamos crecer; necesitamos desarrollo, capacidad, grandeza e ingenio de todos y cada uno de nosotros. Lo que no se puede hacer es luchar frente a la desconfianza. Mi abuela, que era española, repetía un dicho: "Dicen que el ladrón juzga a los demás por su condición." Espero que no nos estén juzgando desde su condición quienes se oponen a proyectos vinculados con el crecimiento y el desarrollo en la Argentina. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.
SR. GIUBERGIA, MIGUEL ANGEL (JUJUY):
Señora presidenta: luego de escuchar las reflexiones vertidas por el señor diputado preopinante, llama poderosamente la atención que ante un proyecto de esta naturaleza, con las necesidades del pueblo argentino de contar con una matriz energética y los elementos necesarios tanto en gas como en electricidad para llevar adelante el crecimiento en la República Argentina, se nos diga que es un instrumento válido y que los que no están de acuerdo tienen algo que esconder.
Si analizamos el desarrollo energético plasmado en el plan estratégico 2004/2008 al que hacía referencia el señor diputado Iglesias, y que fuera presentado por el Poder Ejecutivo nacional, advertimos que la única obra que se ha realizado es la interconexión Choele Choel-Puerto Madryn. Asimismo, sostenemos que en el ámbito del desarrollo energético y en el marco de una política de Estado, el último emprendimiento efectuado fue el NEUBA, durante la época del gobierno del doctor Raúl Alfonsín. A partir de ese momento no hubo ninguna otra obra de esta naturaleza.
Esta es una iniciativa que venimos discutiendo desde hace más de un año, porque nos parece lógico y claro que deban brindarse las respuestas necesarias en esta materia específica. Todos los miembros de este Congreso tienen la vocación de solucionar los problemas energéticos de la República Argentina. No obstante ello, analizando este instrumento advertimos que tiene por finalidad esquivar el cumplimiento de las leyes 24.136, de administración financiera, y 24.354, de inversión pública.
En primer lugar, nos llama poderosamente la atención que se plantee la situación de que estos cargos específicos no son tarifas ni impuestos, y que están destinados a la realización de obras públicas. En este sentido, debemos definir claramente lo que se entiende por tributo y no ceñirnos al capricho de este o aquel diputado.
El Centro Interamericano de Administración Tributaria define como tributo, dentro del modelo de código tributario, a la prestación de dinero que el Estado exige en razón de una determinada manifestación de capacidadeconómica mediante el ejercicio de su poder de imperio, con el objeto de obtener recursos para financiar el gasto público o para el cumplimiento de fines de interés general.
Aquí creo que conviene hacer una referencia a la afirmación de que en los municipios se constituyen cooperativas. Efectivamente, esto es así; son cooperativas constituidas en forma voluntaria entre los vecinos de determinados barrios o zonas de la República Argentina para llevar adelante obras, fundamentalmente de instalación de gas natural. Pero esto se realiza en forma voluntaria. Cuando aquí se lo hace por imperio de la ley, decimos que se establece un tributo, y dentro de los tributos esto es un impuesto.
Tal como decía a los señores diputados, más allá de la denominación que se quiera utilizar, ya la Corte Suprema de Justicia ha dicho que las disposiciones de una ley o reglamento deben apreciarse con arreglo a su naturaleza intrínseca antes que con sujeción a la denominación asignada por el legislador.
Es principio aceptado desde antiguo por esta Corte que no importa la calificación que se utilice para denominar la realidad de las cosas. Sí se advierte que las instituciones jurídicas no dependen del nomen juris que se les dé o asigne por los otorgantes del acto o el legislador, incluso, sino de su verdadera esencia jurídica y económica; entonces, cuando media ausencia de correlación entre nombre y realidad deberá desestimarse el primero y privilegiarse la segunda o, lo que es equivalente, los caracteres que la ciencia del derecho exige para que se configuren los distintos hechos y actos jurídicos.
Por este proyecto debemos delegar en el Poder Ejecutivo las facultades para la fijación del valor de los cargos específicos, la facultad de ajustar los cargos específicos, la asignación de estos cargos a los fideicomisos creados o a crearse, la determinación del mecanismo y tiempo en el cual la firma y/o sujeto que facture o perciba los cargos deberá depositar en los fideicomisos los fondos recaudados, la determinación del momento a partir del cual serán aplicables los cargos, la determinación de en qué casos y bajo qué mecanismo se podrá exceptuar del pago a los pequeños usuarios, y la determinación del cargo específico sobre tarifa de gas natural conforme la ley 26.020.
Este Congreso no puede alegremente ceder facultades de tremenda naturaleza, máxime teniendo en cuenta que a través de esos fideicomisos se está dejando de lado la aplicación de la ley de administración financiera, así como también la ley de obras públicas, que establece que en el presupuesto nacional deben estar contempladas las obras a llevar a cabo y que es este Congreso el que debe discutir -no sólo porque lo dice la Constitución Nacional- la realización y la inversión en obra pública en el país para tener un desarrollo armónico, y no -como va a ocurrir con esto- con la utilización de la política del garrote y la billetera, como bien se dijo aquí, cuando se determinaba cómo llegan los recursos a las distintas provincias.
Entonces, cuando nos ponemos a analizar la existencia de estos fondos fiduciarios veremos que, como digo, no van a ser controlados por ningún organismo del Estado nacional, provincial o municipal, porque van a ser privados, y así se encarga de decirlo y determinarlo expresamente esta iniciativa.
Debemos tener en cuenta los fondos fiduciarios que ya están funcionando en esta materia en la República Argentina, como el Fondo Fiduciario de Transporte Eléctrico. Este fondo fiduciario incluía en el Plan Federal de Transporte Eléctrico las obras de interconexión del Mercado Eléctrico Mayorista, sector Patagonia, Choele-Choel-Puerto Madryn; interconexión Puerto Madryn-Pico Truncado; interconexión NOA-NEA; interconexión Cuyo-NOA, línea minera; interconexión Comahue-Cuyo. Los aportes de dichos fondos debían ser, de acuerdo con el decreto 657, sólo lo estrictamente indispensable para complementar las decisiones que libremente debía asumir el mercado.
Sin embargo, en la actualidad se trata de un fondo de pago de las obras que lleva adelante el Estado nacional financiado por un incremento de 0,0006 pesos en la tarifa eléctrica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 74 de la ley 25.401.
En todas estas cuestiones vemos el manejo discrecional. Cuando pasamos a analizar el decreto 180, de necesidad y urgencia, que crea el fondo fiduciario para atender inversiones en transporte y distribución de gas, vemos que en su punto primero establece un régimen de inversiones en infraestructura básica de gas durante el proceso de normalización del servicio público.
Como vemos, estos fideicomisos que vehiculizan la inversión no son públicos, y nosotros sostenemos que acá va a imperar la discrecionalidad para la asignación de las obras y también a los fines de aplicar los cargos a quien el Poder Ejecutivo determine. No va a existir el mínimo control por parte de la Auditoría General de la Nación, de la SIGEN y de ningún otro organismo del Estado.
Y no solamente eso, sino que estas obras no van a ser llevadas adelante a través de licitaciones públicas claras y transparentes. Entonces, cuando escuchamos a algún diputado decir que se tienen dudas y que el ladrón piensa que todos son de su condición, quiero responderle lo siguiente: nosotros, los radicales, desde la Unión Cívica Radical, podemos tener los defectos que se nos quieran achacar, pero nadie puede acusarnos de ser deshonestos y de tener falta de ética.
Por eso, desde este bloque de la Unión Cívica Radical venimos a decir que no vamos a apoyar desde ningún punto de vista la delegación de estas facultades, porque queremos claramente transparencia para llevar adelante las obras públicas necesarias para el desarrollo energético de la República Argentina, pero no que haya planes anunciados rimbombantemente en el año 2004 para el período 2004-2008. Solamente hay en ejecución una sola obra y se nos quiere acusar de deshonestidad. Por eso no permitimos ni vamos a aceptar este calificativo, y la Unión Cívica Radical va a votar en contra de esta iniciativa. (Aplausos.)
Si analizamos el desarrollo energético plasmado en el plan estratégico 2004/2008 al que hacía referencia el señor diputado Iglesias, y que fuera presentado por el Poder Ejecutivo nacional, advertimos que la única obra que se ha realizado es la interconexión Choele Choel-Puerto Madryn. Asimismo, sostenemos que en el ámbito del desarrollo energético y en el marco de una política de Estado, el último emprendimiento efectuado fue el NEUBA, durante la época del gobierno del doctor Raúl Alfonsín. A partir de ese momento no hubo ninguna otra obra de esta naturaleza.
Esta es una iniciativa que venimos discutiendo desde hace más de un año, porque nos parece lógico y claro que deban brindarse las respuestas necesarias en esta materia específica. Todos los miembros de este Congreso tienen la vocación de solucionar los problemas energéticos de la República Argentina. No obstante ello, analizando este instrumento advertimos que tiene por finalidad esquivar el cumplimiento de las leyes 24.136, de administración financiera, y 24.354, de inversión pública.
En primer lugar, nos llama poderosamente la atención que se plantee la situación de que estos cargos específicos no son tarifas ni impuestos, y que están destinados a la realización de obras públicas. En este sentido, debemos definir claramente lo que se entiende por tributo y no ceñirnos al capricho de este o aquel diputado.
El Centro Interamericano de Administración Tributaria define como tributo, dentro del modelo de código tributario, a la prestación de dinero que el Estado exige en razón de una determinada manifestación de capacidadeconómica mediante el ejercicio de su poder de imperio, con el objeto de obtener recursos para financiar el gasto público o para el cumplimiento de fines de interés general.
Aquí creo que conviene hacer una referencia a la afirmación de que en los municipios se constituyen cooperativas. Efectivamente, esto es así; son cooperativas constituidas en forma voluntaria entre los vecinos de determinados barrios o zonas de la República Argentina para llevar adelante obras, fundamentalmente de instalación de gas natural. Pero esto se realiza en forma voluntaria. Cuando aquí se lo hace por imperio de la ley, decimos que se establece un tributo, y dentro de los tributos esto es un impuesto.
Tal como decía a los señores diputados, más allá de la denominación que se quiera utilizar, ya la Corte Suprema de Justicia ha dicho que las disposiciones de una ley o reglamento deben apreciarse con arreglo a su naturaleza intrínseca antes que con sujeción a la denominación asignada por el legislador.
Es principio aceptado desde antiguo por esta Corte que no importa la calificación que se utilice para denominar la realidad de las cosas. Sí se advierte que las instituciones jurídicas no dependen del nomen juris que se les dé o asigne por los otorgantes del acto o el legislador, incluso, sino de su verdadera esencia jurídica y económica; entonces, cuando media ausencia de correlación entre nombre y realidad deberá desestimarse el primero y privilegiarse la segunda o, lo que es equivalente, los caracteres que la ciencia del derecho exige para que se configuren los distintos hechos y actos jurídicos.
Por este proyecto debemos delegar en el Poder Ejecutivo las facultades para la fijación del valor de los cargos específicos, la facultad de ajustar los cargos específicos, la asignación de estos cargos a los fideicomisos creados o a crearse, la determinación del mecanismo y tiempo en el cual la firma y/o sujeto que facture o perciba los cargos deberá depositar en los fideicomisos los fondos recaudados, la determinación del momento a partir del cual serán aplicables los cargos, la determinación de en qué casos y bajo qué mecanismo se podrá exceptuar del pago a los pequeños usuarios, y la determinación del cargo específico sobre tarifa de gas natural conforme la ley 26.020.
Este Congreso no puede alegremente ceder facultades de tremenda naturaleza, máxime teniendo en cuenta que a través de esos fideicomisos se está dejando de lado la aplicación de la ley de administración financiera, así como también la ley de obras públicas, que establece que en el presupuesto nacional deben estar contempladas las obras a llevar a cabo y que es este Congreso el que debe discutir -no sólo porque lo dice la Constitución Nacional- la realización y la inversión en obra pública en el país para tener un desarrollo armónico, y no -como va a ocurrir con esto- con la utilización de la política del garrote y la billetera, como bien se dijo aquí, cuando se determinaba cómo llegan los recursos a las distintas provincias.
Entonces, cuando nos ponemos a analizar la existencia de estos fondos fiduciarios veremos que, como digo, no van a ser controlados por ningún organismo del Estado nacional, provincial o municipal, porque van a ser privados, y así se encarga de decirlo y determinarlo expresamente esta iniciativa.
Debemos tener en cuenta los fondos fiduciarios que ya están funcionando en esta materia en la República Argentina, como el Fondo Fiduciario de Transporte Eléctrico. Este fondo fiduciario incluía en el Plan Federal de Transporte Eléctrico las obras de interconexión del Mercado Eléctrico Mayorista, sector Patagonia, Choele-Choel-Puerto Madryn; interconexión Puerto Madryn-Pico Truncado; interconexión NOA-NEA; interconexión Cuyo-NOA, línea minera; interconexión Comahue-Cuyo. Los aportes de dichos fondos debían ser, de acuerdo con el decreto 657, sólo lo estrictamente indispensable para complementar las decisiones que libremente debía asumir el mercado.
Sin embargo, en la actualidad se trata de un fondo de pago de las obras que lleva adelante el Estado nacional financiado por un incremento de 0,0006 pesos en la tarifa eléctrica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 74 de la ley 25.401.
En todas estas cuestiones vemos el manejo discrecional. Cuando pasamos a analizar el decreto 180, de necesidad y urgencia, que crea el fondo fiduciario para atender inversiones en transporte y distribución de gas, vemos que en su punto primero establece un régimen de inversiones en infraestructura básica de gas durante el proceso de normalización del servicio público.
Como vemos, estos fideicomisos que vehiculizan la inversión no son públicos, y nosotros sostenemos que acá va a imperar la discrecionalidad para la asignación de las obras y también a los fines de aplicar los cargos a quien el Poder Ejecutivo determine. No va a existir el mínimo control por parte de la Auditoría General de la Nación, de la SIGEN y de ningún otro organismo del Estado.
Y no solamente eso, sino que estas obras no van a ser llevadas adelante a través de licitaciones públicas claras y transparentes. Entonces, cuando escuchamos a algún diputado decir que se tienen dudas y que el ladrón piensa que todos son de su condición, quiero responderle lo siguiente: nosotros, los radicales, desde la Unión Cívica Radical, podemos tener los defectos que se nos quieran achacar, pero nadie puede acusarnos de ser deshonestos y de tener falta de ética.
Por eso, desde este bloque de la Unión Cívica Radical venimos a decir que no vamos a apoyar desde ningún punto de vista la delegación de estas facultades, porque queremos claramente transparencia para llevar adelante las obras públicas necesarias para el desarrollo energético de la República Argentina, pero no que haya planes anunciados rimbombantemente en el año 2004 para el período 2004-2008. Solamente hay en ejecución una sola obra y se nos quiere acusar de deshonestidad. Por eso no permitimos ni vamos a aceptar este calificativo, y la Unión Cívica Radical va a votar en contra de esta iniciativa. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
SR. BIELSA, RAFAEL (CAP FEDERAL):
Señora presidenta: he escuchado con profunda atención las voces de los distinguidos colegas que me precedieron en el uso de la palabra. Simplemente quisiera hacer hincapié en una serie de contradicciones en los términos que voy a señalar a continuación.
Se ha dicho que en definitiva estas obras las termina pagando el contribuyente, y al mismo tiempo se ha manifestado que el Poder Ejecutivo hace esto porque no desea aumentar las tarifas. También se ha manifestado que esto es un pacto fiscal que enajena la decisión federal; se ha hablado de unitarismo fiscal versus elartículo 13 del proyecto, por el que se invita a las jurisdicciones a formar parte del sistema.
Se ha dicho que el fideicomiso, que es una herramienta noble, no da suficiente seguridad al inversor. ¿Si el fideicomiso no da seguridad al inversor, cuál es el problema? En ese caso, no habrá inversores y, por lo tanto, no habrá fideicomiso.
También se dijo que no se sabe exactamente a qué se aplicarán los fondos del fideicomiso. En este sentido, el señor diputado Bullrich manifestó con claridad que en un momento de la curva de inversión de la aplicación del fideicomiso se había prestado al Tesoro para cancelar deuda; por supuesto que se lo hizo con cargo de retribución al fideicomiso. Entonces, ¿dónde está la opacidad del destino fiscal si con tantos detalles se pueden dar esos números?
Se ha manifestado también que la herramienta no fue lo suficientemente eficiente. Quiere decir que se está cuestionando la aplicación, pero no la herramienta. Sinceramente, creo que no es un objetivo de la discusión de este proyecto cuestionar cómo se aplican las herramientas, sino sancionar una norma que otorgue la posibilidad de ampliar el monto de inversión.
Otros han manifestado que el proyecto energético 2004-2008 no fue cumplido. Pero por otro lado se ha dicho que hacen falta fondos para cumplir ese proyecto. Entonces, ¿cuál es el problema de la herramienta?
Se han brindado datos específicos sobre el proyecto estratégico de inversión energética 2004-2008, pero también se ha dicho que esta es una iniciativa vacía de contenido.
Se ha señalado que el fideicomiso es una muy buena herramienta de financiamiento, pero también se ha expresado cierta desconfianza porque gobernadores e intendentes se prosternan delante de dicha herramienta. Sin embargo, no es función del Poder Legislativo estar a cargo del análisis terapéutico de las personas que elige el pueblo; la función del Poder Legislativo es la de sancionar leyes que le den la posibilidad al país de crecer en su matriz energética.
La mera enunciación de estas contradicciones marca la respuesta a los interrogantes planteados. Creo que el único argumento en contra del proyecto que estamos discutiendo es un prius, es decir, una suposición de que el gobierno va a poner en práctica de mala manera esta herramienta. Esto no es sustancia del Poder Legislativo. En todo caso, si la pone en práctica en violación de las leyes, hay otro poder -el Judicial- a cargo de eso.(Aplausos.)
Se ha dicho que en definitiva estas obras las termina pagando el contribuyente, y al mismo tiempo se ha manifestado que el Poder Ejecutivo hace esto porque no desea aumentar las tarifas. También se ha manifestado que esto es un pacto fiscal que enajena la decisión federal; se ha hablado de unitarismo fiscal versus elartículo 13 del proyecto, por el que se invita a las jurisdicciones a formar parte del sistema.
Se ha dicho que el fideicomiso, que es una herramienta noble, no da suficiente seguridad al inversor. ¿Si el fideicomiso no da seguridad al inversor, cuál es el problema? En ese caso, no habrá inversores y, por lo tanto, no habrá fideicomiso.
También se dijo que no se sabe exactamente a qué se aplicarán los fondos del fideicomiso. En este sentido, el señor diputado Bullrich manifestó con claridad que en un momento de la curva de inversión de la aplicación del fideicomiso se había prestado al Tesoro para cancelar deuda; por supuesto que se lo hizo con cargo de retribución al fideicomiso. Entonces, ¿dónde está la opacidad del destino fiscal si con tantos detalles se pueden dar esos números?
Se ha manifestado también que la herramienta no fue lo suficientemente eficiente. Quiere decir que se está cuestionando la aplicación, pero no la herramienta. Sinceramente, creo que no es un objetivo de la discusión de este proyecto cuestionar cómo se aplican las herramientas, sino sancionar una norma que otorgue la posibilidad de ampliar el monto de inversión.
Otros han manifestado que el proyecto energético 2004-2008 no fue cumplido. Pero por otro lado se ha dicho que hacen falta fondos para cumplir ese proyecto. Entonces, ¿cuál es el problema de la herramienta?
Se han brindado datos específicos sobre el proyecto estratégico de inversión energética 2004-2008, pero también se ha dicho que esta es una iniciativa vacía de contenido.
Se ha señalado que el fideicomiso es una muy buena herramienta de financiamiento, pero también se ha expresado cierta desconfianza porque gobernadores e intendentes se prosternan delante de dicha herramienta. Sin embargo, no es función del Poder Legislativo estar a cargo del análisis terapéutico de las personas que elige el pueblo; la función del Poder Legislativo es la de sancionar leyes que le den la posibilidad al país de crecer en su matriz energética.
La mera enunciación de estas contradicciones marca la respuesta a los interrogantes planteados. Creo que el único argumento en contra del proyecto que estamos discutiendo es un prius, es decir, una suposición de que el gobierno va a poner en práctica de mala manera esta herramienta. Esto no es sustancia del Poder Legislativo. En todo caso, si la pone en práctica en violación de las leyes, hay otro poder -el Judicial- a cargo de eso.(Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. MACALUSE, EDUARDO GABRIEL (BUENOS AIRES):
Señora presidenta: el supuesto nombre de esta norma es "de los cargos específicos", cuando en realidad lo que menos hace el proyecto es especificar algo. Se trata de una propuesta muy amplia trazada en términos muy abstractos que no establece con claridad a qué obra se van a destinar los fondos. Tampoco se conoce el monto del cargo, no se sabe cómo se va a actualizar, cuánto va a durar su aplicación y si van a existir categorías de usuarios exceptuados; simplemente queda librado a una decisión del Poder Ejecutivo el hecho de poder o no exceptuar. Además, si éste optara por exceptuar a algún ciudadano, puede darse la posibilidad de que ciudadanos de determinados lugares financien obras que se harán en otras zonas. Obviamente, por una cuestión de solidaridad esto podría ser pertinente, pero tendría que estar claramente especificado en el texto de la norma.
Otra cuestión por la que nos oponemos y por la que solicitamos que la votación se realice en forma nominal, es que en lugar de incluir la carga financiera entre los costos y los riesgos que los empresarios debieran calcular, se los demandan al usuario. De este modo, por un lado se anuncia que no se van a aumentar las tarifas, pero por el otro, a través de los fondos fiduciarios, el Estado y los usuarios terminan financiando las obras que las empresas tendrían que llevar adelante para cumplir con los contratos.
Por estos motivos, vamos a votar negativamente este proyecto en tratamiento y reitero mi pedido de que la votación se realice en forma nominal.
Otra cuestión por la que nos oponemos y por la que solicitamos que la votación se realice en forma nominal, es que en lugar de incluir la carga financiera entre los costos y los riesgos que los empresarios debieran calcular, se los demandan al usuario. De este modo, por un lado se anuncia que no se van a aumentar las tarifas, pero por el otro, a través de los fondos fiduciarios, el Estado y los usuarios terminan financiando las obras que las empresas tendrían que llevar adelante para cumplir con los contratos.
Por estos motivos, vamos a votar negativamente este proyecto en tratamiento y reitero mi pedido de que la votación se realice en forma nominal.
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.
SR. CHIRONI, FERNANDO GUSTAVO (RIO NEGRO):
Señora presidenta: la Cámara está considerando un proyecto de ley por el que se crean cargos específicos, que en principio presenta dos problemas, como se ha dicho desde distintas bancas de la oposición. Por un lado, un problema constitucional -es decir, la adecuación de la norma a la Constitución Nacional-, y por el otro, un problema político vinculado con las atribuciones que se delegan en el Poder Ejecutivo.
A ello agregaría una tercera categoría de problemas. A mi juicio, la iniciativa en debate bastardea el lenguaje. Hablar de "cargos específicos" sin precisar la obra, los tiempos ni los sujetos que quedarán bajo el tributo constituye una cáscara vacía donde no existe la especificidad. Lo específico es concreto, y aquí justamente necesitamos saber qué plan de obras será llevado adelante. De esa manera podríamos crear cargos específicos para la realización de una obra en un determinado término. De lo contrario, la ley queda vacía desde el punto de vista jurídico e idiomático.
Se presenta un problema adicional. En la administración pública hay una norma superior -la Constitución-, pero además existen otras normas destinadas a ordenar el funcionamiento normal del Estado, entre ellas, la ley de administración financiera sancionada por el Congreso.
Esa ley establece presupuestos para la ejecución de la inversión del gasto público. Así, determina la necesidad de que haya un programa de obras que pueda ser conocido con anticipación. Luego, respecto de ese programa, podríamos determinar la cantidad de recursos a aplicar, el correspondiente lapso, etcétera, lo cual representa el presupuesto de gastos y recursos del país.
Frente a un programa hay una cuenta de inversión que nos permite conocer con qué eficiencia y eficacia han sido aplicados los fondos públicos. Esto desaparece completamente en esta nueva forma de legislar, que por un lado atribuye facultades excepcionales al Poder Ejecutivo -digo "excepcionales" porque se deja de lado el ámbito natural de actuación-, y por el otro, encuentra financiamiento en el fondo fiduciario, que ha pasado a ser moneda corriente y ya lleva acumulada buena parte de los recursos presupuestados.
La Constitución ha querido que todo lo relativo a materia tributaria sea competencia de la Cámara de Diputados. Aunque aquí no se reconoce la naturaleza tributaria e impositiva del proyecto, resulta evidente que su tramitación ha sido iniciada en la Cámara de Diputados, que necesariamente debe ser Cámara de origen. Este hecho es un reconocimiento implícito del criterio que sostenemos en el sentido de que estamos hablando de un gravamen que, consecuentemente, está alcanzado por las disposiciones de la Constitución Nacional en la materia.
Desde la Carta Magna del siglo XIII se ha establecido que todo lo que sea impuesto debe sertratado por la Cámara de Diputados y no puede ser delegado.
Así fue recogido en el artículo 52 de la Constitución Nacional, la que además en la modificación de 1994 estableció otra serie de requisitos tendientes a calificar cada vez más estas restricciones en materia de legislación tributaria.
Así el artículo 75, inciso 2), referido a la coparticipación federal, materia aún pendiente vale la pena recordarlo, tiene un sistema único y armónico de sanción. En función del artículo 75, inciso 3), también es atribución de la Cámara establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables por tiempo determinado, por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara.
En el artículo 99, inciso 3), están vedados en materia tributaria los decretos de necesidad y urgencia, y el 76 de la Constitución establece que la delegación no puede comprender la materia tributaria en su totalidad.
Todo este conjunto de normas apunta al mismo principio: la restricción en materia tributaria y la exclusiva atribución de origen de la Cámara de Diputados.
La delegación, que como decía está prohibida, sólo está admitida en materia de administración y de emergencia pública.
En este caso no estamos hablando de una materia de administración sino de imposición, y la ley no se enmarca en la emergencia energética que el gobierno se obstina en no querer admitir.
Consecuentemente esta ley caerá fulminada de inconstitucionalidad por no adecuarse a algo que es básico en materia tributaria en la Constitución nacional.
El otro problema es la novedad política que establece la norma. Hasta ahora habíamos observado la sanción de delegación de facultades al Poder Ejecutivo por parte de esta Cámara, con nuestro voto en contra en todos los casos, en los que se daba una autorización para realizar el gasto o para modificar materia presupuestaria vinculada al gasto.
Asimismo se aceptó en algún momento y se delegó al Poder Ejecutivo la fijación, en el caso del impuesto al cheque, de una alícuota dentro de ciertos márgenes que fueron determinados finalmente en escala creciente por el Poder Ejecutivo.
Como dije recién ahora se crea sólo una cáscara, un marco vacío para que el Poder Ejecutivo lo llene. Entonces, ahí estamos estableciendo no sólo la autorización para el gasto sino para que el Poder Ejecutivo pueda realizar un verdadero aumento tarifario, como quiera llamársele, cuando quiera, donde quiera, por el tiempo que quiera y a quien quiera.
Este tema dispara la advertencia del artículo 29 de la Constitución nacional, que me voy a permitir leer, antes de que votemos esta norma: "El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria."
Vale decir que estamos frente a una delegación prohibida por la Constitución nacional, no sólo en cuanto importa delegación en materia tributaria sino en cuanto importa una delegación absoluta.
Finalmente, quiero hacer alguna referenciaa los fideicomisos; si bien aquí ya se ha hablado de estos últimos, me gustaría hacer algunas breves precisiones.
El avance que el Poder Ejecutivo nacional realiza sobre la figura de los fondos fiduciarios no tiene parangón en la historia de la Argentina de los últimos años. No es que se dude de la legitimidad de la figura del fideicomiso para canalizar determinadas inversiones, sino que lo que genera duda es la magnitud de su utilización.
Para ello es fundamental tomar conciencia de la necesidad inmediata de generar un sistema claro de control y de rendimiento de cuentas de estos fondos, los cuales no sólo han presentado un crecimiento real del 290 por ciento en el período 2001/2006 sino que además cada vez son utilizados con mayor discrecionalidad por parte del Poder Ejecutivo.
En la actualidad, los fondos fideicomitidos constituyen un agujero negro. En el año 2006, los dieciséis fondos en vigencia insumirán unos 4.178 millones de pesos, es decir, casi un 5 por ciento del total presupuestado. A ello se suma que, según el CIPPEC, si se analiza la relación entre lo presupuestado y lo ejecutado, se observa que en 2002 y 2003 los gastos devengados más que duplicaron los gastos proyectados en un inicio.
En el presupuesto 2006, ocho de los dieciséis fondos incluidos son administrados por el Ministerio de Economía, cinco por el Ministerio de Planificación y uno por el de Desarrollo Social. Dichas jurisdicciones que administran fondos fiduciarios podrán gastar un 19 por ciento más de lo autorizado por el presupuesto nacional que votamos el año pasado.
La jurisdicción que concentra mayor monto de gastos por fondos fiduciarios es el Ministerio de Planificación: el monto controlado asciende a 3.291 millones de pesos, aumentando de esta manera un 31 por ciento su gasto presupuestario original.
El 94 por ciento del gasto total presupuestado en fondos fiduciarios se encuentra concentrado en cuatro fideicomisos públicos: el sistema de infraestructura de transporte, 1.936 millones; el Fondo para el Desarrollo Provincial, 827 millones; el Fondo para el Transporte Eléctrico Federal, 630 millones; y el Fondo de Infraestructura Hídrica, 531 millones.
Esto significa que hay una parte importantísima del presupuesto nacional que será ejecutada discrecionalmente por el Poder Ejecutivo debido a la ausencia casi absoluta de mecanismos de control.
Por lo expuesto, vamos a votar en forma negativa este proyecto, tal como lo hemos anticipado desde nuestro bloque. Creemos que es uno de los más graves que se han traído a la consideración de esta Cámara en los últimos tiempos, no sólo porque comporta una violación flagrante de la Constitución Nacional sino porque implica una delegación de facultades que excepciona aun el régimen en sí mismo de delegación de facultades que esta Cámara ha votado.
A ello agregaría una tercera categoría de problemas. A mi juicio, la iniciativa en debate bastardea el lenguaje. Hablar de "cargos específicos" sin precisar la obra, los tiempos ni los sujetos que quedarán bajo el tributo constituye una cáscara vacía donde no existe la especificidad. Lo específico es concreto, y aquí justamente necesitamos saber qué plan de obras será llevado adelante. De esa manera podríamos crear cargos específicos para la realización de una obra en un determinado término. De lo contrario, la ley queda vacía desde el punto de vista jurídico e idiomático.
Se presenta un problema adicional. En la administración pública hay una norma superior -la Constitución-, pero además existen otras normas destinadas a ordenar el funcionamiento normal del Estado, entre ellas, la ley de administración financiera sancionada por el Congreso.
Esa ley establece presupuestos para la ejecución de la inversión del gasto público. Así, determina la necesidad de que haya un programa de obras que pueda ser conocido con anticipación. Luego, respecto de ese programa, podríamos determinar la cantidad de recursos a aplicar, el correspondiente lapso, etcétera, lo cual representa el presupuesto de gastos y recursos del país.
Frente a un programa hay una cuenta de inversión que nos permite conocer con qué eficiencia y eficacia han sido aplicados los fondos públicos. Esto desaparece completamente en esta nueva forma de legislar, que por un lado atribuye facultades excepcionales al Poder Ejecutivo -digo "excepcionales" porque se deja de lado el ámbito natural de actuación-, y por el otro, encuentra financiamiento en el fondo fiduciario, que ha pasado a ser moneda corriente y ya lleva acumulada buena parte de los recursos presupuestados.
La Constitución ha querido que todo lo relativo a materia tributaria sea competencia de la Cámara de Diputados. Aunque aquí no se reconoce la naturaleza tributaria e impositiva del proyecto, resulta evidente que su tramitación ha sido iniciada en la Cámara de Diputados, que necesariamente debe ser Cámara de origen. Este hecho es un reconocimiento implícito del criterio que sostenemos en el sentido de que estamos hablando de un gravamen que, consecuentemente, está alcanzado por las disposiciones de la Constitución Nacional en la materia.
Desde la Carta Magna del siglo XIII se ha establecido que todo lo que sea impuesto debe sertratado por la Cámara de Diputados y no puede ser delegado.
Así fue recogido en el artículo 52 de la Constitución Nacional, la que además en la modificación de 1994 estableció otra serie de requisitos tendientes a calificar cada vez más estas restricciones en materia de legislación tributaria.
Así el artículo 75, inciso 2), referido a la coparticipación federal, materia aún pendiente vale la pena recordarlo, tiene un sistema único y armónico de sanción. En función del artículo 75, inciso 3), también es atribución de la Cámara establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables por tiempo determinado, por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara.
En el artículo 99, inciso 3), están vedados en materia tributaria los decretos de necesidad y urgencia, y el 76 de la Constitución establece que la delegación no puede comprender la materia tributaria en su totalidad.
Todo este conjunto de normas apunta al mismo principio: la restricción en materia tributaria y la exclusiva atribución de origen de la Cámara de Diputados.
La delegación, que como decía está prohibida, sólo está admitida en materia de administración y de emergencia pública.
En este caso no estamos hablando de una materia de administración sino de imposición, y la ley no se enmarca en la emergencia energética que el gobierno se obstina en no querer admitir.
Consecuentemente esta ley caerá fulminada de inconstitucionalidad por no adecuarse a algo que es básico en materia tributaria en la Constitución nacional.
El otro problema es la novedad política que establece la norma. Hasta ahora habíamos observado la sanción de delegación de facultades al Poder Ejecutivo por parte de esta Cámara, con nuestro voto en contra en todos los casos, en los que se daba una autorización para realizar el gasto o para modificar materia presupuestaria vinculada al gasto.
Asimismo se aceptó en algún momento y se delegó al Poder Ejecutivo la fijación, en el caso del impuesto al cheque, de una alícuota dentro de ciertos márgenes que fueron determinados finalmente en escala creciente por el Poder Ejecutivo.
Como dije recién ahora se crea sólo una cáscara, un marco vacío para que el Poder Ejecutivo lo llene. Entonces, ahí estamos estableciendo no sólo la autorización para el gasto sino para que el Poder Ejecutivo pueda realizar un verdadero aumento tarifario, como quiera llamársele, cuando quiera, donde quiera, por el tiempo que quiera y a quien quiera.
Este tema dispara la advertencia del artículo 29 de la Constitución nacional, que me voy a permitir leer, antes de que votemos esta norma: "El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria."
Vale decir que estamos frente a una delegación prohibida por la Constitución nacional, no sólo en cuanto importa delegación en materia tributaria sino en cuanto importa una delegación absoluta.
Finalmente, quiero hacer alguna referenciaa los fideicomisos; si bien aquí ya se ha hablado de estos últimos, me gustaría hacer algunas breves precisiones.
El avance que el Poder Ejecutivo nacional realiza sobre la figura de los fondos fiduciarios no tiene parangón en la historia de la Argentina de los últimos años. No es que se dude de la legitimidad de la figura del fideicomiso para canalizar determinadas inversiones, sino que lo que genera duda es la magnitud de su utilización.
Para ello es fundamental tomar conciencia de la necesidad inmediata de generar un sistema claro de control y de rendimiento de cuentas de estos fondos, los cuales no sólo han presentado un crecimiento real del 290 por ciento en el período 2001/2006 sino que además cada vez son utilizados con mayor discrecionalidad por parte del Poder Ejecutivo.
En la actualidad, los fondos fideicomitidos constituyen un agujero negro. En el año 2006, los dieciséis fondos en vigencia insumirán unos 4.178 millones de pesos, es decir, casi un 5 por ciento del total presupuestado. A ello se suma que, según el CIPPEC, si se analiza la relación entre lo presupuestado y lo ejecutado, se observa que en 2002 y 2003 los gastos devengados más que duplicaron los gastos proyectados en un inicio.
En el presupuesto 2006, ocho de los dieciséis fondos incluidos son administrados por el Ministerio de Economía, cinco por el Ministerio de Planificación y uno por el de Desarrollo Social. Dichas jurisdicciones que administran fondos fiduciarios podrán gastar un 19 por ciento más de lo autorizado por el presupuesto nacional que votamos el año pasado.
La jurisdicción que concentra mayor monto de gastos por fondos fiduciarios es el Ministerio de Planificación: el monto controlado asciende a 3.291 millones de pesos, aumentando de esta manera un 31 por ciento su gasto presupuestario original.
El 94 por ciento del gasto total presupuestado en fondos fiduciarios se encuentra concentrado en cuatro fideicomisos públicos: el sistema de infraestructura de transporte, 1.936 millones; el Fondo para el Desarrollo Provincial, 827 millones; el Fondo para el Transporte Eléctrico Federal, 630 millones; y el Fondo de Infraestructura Hídrica, 531 millones.
Esto significa que hay una parte importantísima del presupuesto nacional que será ejecutada discrecionalmente por el Poder Ejecutivo debido a la ausencia casi absoluta de mecanismos de control.
Por lo expuesto, vamos a votar en forma negativa este proyecto, tal como lo hemos anticipado desde nuestro bloque. Creemos que es uno de los más graves que se han traído a la consideración de esta Cámara en los últimos tiempos, no sólo porque comporta una violación flagrante de la Constitución Nacional sino porque implica una delegación de facultades que excepciona aun el régimen en sí mismo de delegación de facultades que esta Cámara ha votado.
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
SR. ROSSI, AGUSTIN OSCAR (SANTA FE):
Señora presidenta: después de todo este debate en donde se han intercalado ideas de todo tipo me parece importante precisar qué es lo que estamos por votar. Se trata de un sistema de financiamiento para obras de infraestructura energética; dicho de otra manera, es la posibilidad de que en el país se empiecen a realizar obras de infraestructura energética demandadas en distintas circunstancias en diferentes provincias y en forma permanente.
Hemos elegido y estamos proponiendo un sistema para financiamiento de estas obras de energía que consiste en un sistema de cargos específicos. Se denomina así porque lo que recauda el sistema puede ser utilizado única y exclusivamente para hacer las obras previamente definidas. Es el sistema en su conjunto el que tiene la posibilidad de recaudar, creando de alguna manera un mecanismo de base solidaria. Esto significa que el sistema puede cobrar cargos en lugares donde no necesariamente se haga la mayor inversión de la obra de infraestructura pero que sí sirvan para hacer ese tipo de obras en distintas regiones y lugares en los cuales ellas se requieran por la demanda y el crecimiento y desarrollo armónicos de este país.
Hemos hablado de la forma del sistema, de lo que significa el sistema de financiamiento y de la inclusión de los fondos fiduciarios.
Aquí habría que hacer un paréntesis con respecto a la valoración política que tiene cada uno de los bloques integrantes de esta Cámara sobre los fondos fiduciarios -esta valoración, como toda valoración política, tiene la subjetividad del sujeto político que la hace- y reparar en lo que significa la herramienta del fondo fiduciario. El cargo que se va a cobrar, depositado en un fondo fiduciario, no sólo es garantía para quien realiza la obra sino también para quien la paga, porque sabe que ese cargo está especificado en un fondo destinado para tal fin. Entonces, desde ese punto de vista, para nosotros es una herramienta válida en estas circunstancias para este tipo de obras.
Asimismo quiero hacer referencia al concepto de cargo y a la discusión que se hacía sobre si es un impuesto o no.
Permítaseme leer la definición de impuesto: es el tributo exigido sin contraprestación. De manera que esto no es un impuesto porque hay una contraprestación específica. Tasas son aquellos tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización de bienes del dominio público, la prestación de un servicio público o la realización por administración de una actividad que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo. Tampoco encuadra en esta situación.
Contribuciones especiales son aquellos tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o aumento del valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de un servicio público.
Puede ser que con este sistema que estamos creando el que pague el cargo no termine recibiendo en forma directa el beneficio que significa esta obra de infraestructura. Por eso es un sistema que nosotros concebimos como fundamentalmente solidario. Por eso no es necesaria ninguna mayoría especial para sancionar este proyecto de ley, a pesar del pensamiento que legítimamente supongo han expuesto algunos señores diputados. Esta iniciativa se aprueba como lo marca el reglamento y la Constitución, en el marco de las mayorías simples.
Nosotros respetamos el año y pico de trabajo que existió en este Congreso en relación con este proyecto de ley. Hubo visitas de funcionarios y debates en las comisiones respectivas. Creemos que hemos mejorado el proyecto que originalmente ha enviado el Poder Ejecutivo. Muchas de las mejoras fueron producto de la intervención de los bloques opositores, que nosotros intentamos fueran plasmadas en este proyecto.
Eso no nos parece una cuestión menor, ya que lo consideramos importante. Recuerdo que hace un momento el señor diputado Recalde decía que muchos miraban con sorna cuando durante la discusión del presupuesto nacional aprobamos un artículo que establecía un plazo de 120 días para aumentar el mínimo no imponible. Hoy estamos cumpliendo con lo que habíamos dicho.
Por eso no estamos haciendo "fulbito" para la tribuna cuando colocamos un artículo en el que queda específicamente establecido que se deberá informar trimestralmente a ambas Cámaras del Congreso de la Nación sobre la conformación y aplicación de los cargos específicos, monto total de la inversión y plazo de ejecución de la obra, monto y modalidad del cargo tributario a aplicar, mecanismos de ajuste y actualización, y determinación del fondo fiduciario. Creemos seriamente en lo que vamos a votar, porque vamos a tranquilizar a algunos que tienen dudas que, aunque no nos guste, puedan tener base de legitimidad.
Hemos elegido y estamos proponiendo un sistema para financiamiento de estas obras de energía que consiste en un sistema de cargos específicos. Se denomina así porque lo que recauda el sistema puede ser utilizado única y exclusivamente para hacer las obras previamente definidas. Es el sistema en su conjunto el que tiene la posibilidad de recaudar, creando de alguna manera un mecanismo de base solidaria. Esto significa que el sistema puede cobrar cargos en lugares donde no necesariamente se haga la mayor inversión de la obra de infraestructura pero que sí sirvan para hacer ese tipo de obras en distintas regiones y lugares en los cuales ellas se requieran por la demanda y el crecimiento y desarrollo armónicos de este país.
Hemos hablado de la forma del sistema, de lo que significa el sistema de financiamiento y de la inclusión de los fondos fiduciarios.
Aquí habría que hacer un paréntesis con respecto a la valoración política que tiene cada uno de los bloques integrantes de esta Cámara sobre los fondos fiduciarios -esta valoración, como toda valoración política, tiene la subjetividad del sujeto político que la hace- y reparar en lo que significa la herramienta del fondo fiduciario. El cargo que se va a cobrar, depositado en un fondo fiduciario, no sólo es garantía para quien realiza la obra sino también para quien la paga, porque sabe que ese cargo está especificado en un fondo destinado para tal fin. Entonces, desde ese punto de vista, para nosotros es una herramienta válida en estas circunstancias para este tipo de obras.
Asimismo quiero hacer referencia al concepto de cargo y a la discusión que se hacía sobre si es un impuesto o no.
Permítaseme leer la definición de impuesto: es el tributo exigido sin contraprestación. De manera que esto no es un impuesto porque hay una contraprestación específica. Tasas son aquellos tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización de bienes del dominio público, la prestación de un servicio público o la realización por administración de una actividad que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo. Tampoco encuadra en esta situación.
Contribuciones especiales son aquellos tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o aumento del valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de un servicio público.
Puede ser que con este sistema que estamos creando el que pague el cargo no termine recibiendo en forma directa el beneficio que significa esta obra de infraestructura. Por eso es un sistema que nosotros concebimos como fundamentalmente solidario. Por eso no es necesaria ninguna mayoría especial para sancionar este proyecto de ley, a pesar del pensamiento que legítimamente supongo han expuesto algunos señores diputados. Esta iniciativa se aprueba como lo marca el reglamento y la Constitución, en el marco de las mayorías simples.
Nosotros respetamos el año y pico de trabajo que existió en este Congreso en relación con este proyecto de ley. Hubo visitas de funcionarios y debates en las comisiones respectivas. Creemos que hemos mejorado el proyecto que originalmente ha enviado el Poder Ejecutivo. Muchas de las mejoras fueron producto de la intervención de los bloques opositores, que nosotros intentamos fueran plasmadas en este proyecto.
Eso no nos parece una cuestión menor, ya que lo consideramos importante. Recuerdo que hace un momento el señor diputado Recalde decía que muchos miraban con sorna cuando durante la discusión del presupuesto nacional aprobamos un artículo que establecía un plazo de 120 días para aumentar el mínimo no imponible. Hoy estamos cumpliendo con lo que habíamos dicho.
Por eso no estamos haciendo "fulbito" para la tribuna cuando colocamos un artículo en el que queda específicamente establecido que se deberá informar trimestralmente a ambas Cámaras del Congreso de la Nación sobre la conformación y aplicación de los cargos específicos, monto total de la inversión y plazo de ejecución de la obra, monto y modalidad del cargo tributario a aplicar, mecanismos de ajuste y actualización, y determinación del fondo fiduciario. Creemos seriamente en lo que vamos a votar, porque vamos a tranquilizar a algunos que tienen dudas que, aunque no nos guste, puedan tener base de legitimidad.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Alberto Edgardo Balestrini.
SR. ROSSI, AGUSTIN OSCAR (SANTA FE):
Estamos convencidos de que...
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
El señor diputado Chironi le solicita una interrupción. ¿La concede, señor diputado?
SR. ROSSI, AGUSTIN OSCAR (SANTA FE):
No, señor presidente.
Decía que estábamos convencidos de que no vamos a votar algo de lo que debamos asustarnos. Estoy seguro de que en muchas provincias argentinas habrá gobernadores e intendentes contentos por la sanción de este proyecto de ley. Va a significar la posibilidad de contar con obras que hagan al desarrollo de nuestro país.
El tema energético no es menor. No debe ser utilizado para hablar de que estamos en crisis o en emergencia, sino para decir que nos tenemos que ocupar del tema. Así como vamos a generar una herramienta para obras e infraestructura, dentro de pocos minutos comenzaremos a debatir un proyecto de ley que cambiará profundamente la matriz energética de nuestro país. Se trata de algo que quizás debimos comenzar a hacer antes. Quizás con el tema del biodiésel debimos comenzar cuando lo hizo Brasil, que hoy es el principal productor de ese combustible, que tiene una composición del 20 por ciento. Nosotros comenzamos recién ahora, y me parece que es un elemento que debemos tener en cuenta.
Hemos intentado contemplar en el despacho final -espero que los integrantes de la oposición me entiendan- muchas de las iniciativas que nos han acercado. Comprendemos algunas de las críticas que se deslizaron, pero fundamentalmente reivindicamos la creatividad para generar herramientas que posibiliten resolver problemas crónicos.
En cualquier provincia argentina la diferencia entre tener una red de gas natural y no tenerla es fundamental en el momento en que los inversores deben decidir dónde colocan su dinero. Es más: en mi provincia es distinto invertir en el Sur que invertir en el Norte, entre otras cosas porque en el Sur se ha desarrollado una red de gas natural que facilita la inversión. En algunos lugares del Norte de la provincia de Santa Fe lo que todavía se utiliza como combustible es la leña, y esto sucede en muchísimas regiones.
La sola demanda y adecuación y ubicación de la magnitud del problema hacen viable que tengamos, aunque sea, un voto de esperanza en esta herramienta que estamos concretando y ponemos a consideración de esta Honorable Cámara. (Aplausos.)
Decía que estábamos convencidos de que no vamos a votar algo de lo que debamos asustarnos. Estoy seguro de que en muchas provincias argentinas habrá gobernadores e intendentes contentos por la sanción de este proyecto de ley. Va a significar la posibilidad de contar con obras que hagan al desarrollo de nuestro país.
El tema energético no es menor. No debe ser utilizado para hablar de que estamos en crisis o en emergencia, sino para decir que nos tenemos que ocupar del tema. Así como vamos a generar una herramienta para obras e infraestructura, dentro de pocos minutos comenzaremos a debatir un proyecto de ley que cambiará profundamente la matriz energética de nuestro país. Se trata de algo que quizás debimos comenzar a hacer antes. Quizás con el tema del biodiésel debimos comenzar cuando lo hizo Brasil, que hoy es el principal productor de ese combustible, que tiene una composición del 20 por ciento. Nosotros comenzamos recién ahora, y me parece que es un elemento que debemos tener en cuenta.
Hemos intentado contemplar en el despacho final -espero que los integrantes de la oposición me entiendan- muchas de las iniciativas que nos han acercado. Comprendemos algunas de las críticas que se deslizaron, pero fundamentalmente reivindicamos la creatividad para generar herramientas que posibiliten resolver problemas crónicos.
En cualquier provincia argentina la diferencia entre tener una red de gas natural y no tenerla es fundamental en el momento en que los inversores deben decidir dónde colocan su dinero. Es más: en mi provincia es distinto invertir en el Sur que invertir en el Norte, entre otras cosas porque en el Sur se ha desarrollado una red de gas natural que facilita la inversión. En algunos lugares del Norte de la provincia de Santa Fe lo que todavía se utiliza como combustible es la leña, y esto sucede en muchísimas regiones.
La sola demanda y adecuación y ubicación de la magnitud del problema hacen viable que tengamos, aunque sea, un voto de esperanza en esta herramienta que estamos concretando y ponemos a consideración de esta Honorable Cámara. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
La Presidencia desea saber si está suficientemente apoyado el pedido de votación nominal formulado por el señor diputado Macaluse.
- Resulta suficientemente apoyado.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Se va a votar en general, en forma nominal, el dictamen de las comisiones de Energía y Combustible y de Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley por el que se crean cargos específicos para el desarrollo de infraestructura energética como aporte a los fondos de los fideicomisos que se constituirán para obras de expansión del sistema de transporte y distribución de los servicios de gas y electricidad.
- Se practica la votación nominal.
- 2006/124OT02_02_R02.pdf
- Conforme al tablero electrónico, sobre 215 señores diputados presentes, 138 han votado por la afirmativa y 75 por la negativa, registrándose además una abstención.
SR.(SECRETARIO (HIDALGO))
Se han registrado 138 votos por la afirmativa, 75 por la negativa y una abstención. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
En consideración en particular el artículo 1°.
Se va a votar.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
En consideración el artículo 2°.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. SARGHINI, JORGE EMILIO (BUENOS AIRES):
Señor presidente: voy a apoyarme en algunas de las afirmaciones que ha hecho mi compañera de bancada en el sentido de que soy parte de la mitad que no pudo debatir este proyecto. Me hubiese gustado hacerlo, sobretodo desde una perspectiva positiva que permita enriquecer con aportes, toda vez que hemos decidido acompañar la necesidad de estas obras -no porque no hubiera otras sino porque es la prioridad que ha fijado el Poder Ejecutivo- y aceptar esta forma de financiación, con estos cargos específicos.
Tal como lo ha expresado mi compañera, hemos mostrado una marcada diferencia respecto de la forma de administrar estos recursos. Bajo ningún concepto vemos la necesidad de que estos recursos sean administrados a partir de un fondo fiduciario. No estuvimos de acuerdo cuando tuvimos que analizar el proyecto -por lo menos en mi caso, de manera muy apurada-, y sigo sin ver esa necesidad luego de las explicaciones que aquí he escuchado.
Un fondo fiduciario, para ser usado como un instrumento de financiamiento, tiene como finalidad permitir volver líquidos activos que no lo son, y de esa manera adelanta en alguna medida los fondos para hacer frente a un determinado acto, como en este caso la ejecución de obras. Pero cuando a ese fondo fiduciario se lo está nutriendo y financiando con un recurso de estas características, da la sensación de que se está dando una contragarantía al propio título que puede emitir ese fondo fiduciario. ¿Cuál es la necesidad, si está el recurso? En todo caso, hay un descalce entre el momento en que se puedan necesitar determinados fondos y aquel en el que surjan las erogaciones de la ejecución de la obra.
El Estado tiene sobrados instrumentos para resolver esa cuestión. Entonces, ¿para qué el fondo fiduciario? Sabemos que cuando no se utiliza como instrumento real de financiamiento, el fondo fiduciario termina siendo un muy buen instrumento -no digo que esta sea la intención- para saltear los mecanismos de control, para buscar mecanismos de contratación por fuera de lo que establecen las normas, para buscar controles exclusivamente ex post y no concomitantes y para no participar de las necesidades que tiene todo administrador de hacer administración financiera con cupos y con todo aquello relativo al control de la ejecución del gasto público y la necesidad de un sistema de información. Todo esto es lo que permite el fondo fiduciario cuando no se vuelve un instrumento de financiamiento real.
Entonces, ¿cuál es la utilidad del fondo fiduciario? No creo que sea la de esquivar cada una de estas cosas que he enunciado. Y si esto es así, ¿por qué no hacerlo entonces con el presupuesto, ya que tenemos el recurso? Busquemos una afectación para un fondo que sea capaz de ejecutar estas obras, volquemos esos recursos, afectémoslos al presupuesto y santo remedio. Entonces sí tendremos en claro a cuánto ascienden los fondos, cuál es la obra, cuál es el cronograma de desembolsos y sabremos también en qué momento un fondo específico de estas características, nutrido de un cargo de esta naturaleza, tiene su fin en el tiempo, como corresponde que lo tenga.
Nosotros quisiéramos hacer este aporte. Tenemos todo el articulado de determinada forma, que iremos desglosando y explicando una sola vez aquí, a fin de que esto se pueda hacer a través del presupuesto con ese mecanismo de financiamiento que se ha utilizado y aprobado.
Sería muy positivo que se escuche este aporte. También hemos intentado hacer otros. Uno de ellos, que fue mencionado recién, tiene que ver con la prórroga del impuesto a las ganancias. Nosotros proponíamos subir los mínimos, pero se nos dijo que no. Bienvenido si se logra. Pero no se hace por lo que establece el artículo 24 del presupuesto que hemos votado, porque este artículo dice otra cosa. Me imagino que estará viniendo el proyecto de ley para este aumento de los mínimos, tal cual lo reclamamos en aquel momento. Podríamos haberlo hecho así. Quizás hoy podamos encarar una forma de ejecutar estas obras que son necesarias con este modo de financiamiento, con este recurso de cargo específico, que merece discusión pero es lo que hemos aprobado. Espero que lo podamos hacer dentro de todas las normas que exige el presupuesto.
Hay pocos números; algunos se dijeron. Ya hay dieciséis fondos fiduciarios en nuestro presupuesto. Si tomamos en cuenta exclusivamente lo que es inversión real, veremos que en el presupuesto 2006 ha sido prevista en tres mil quinientos millones...
Tal como lo ha expresado mi compañera, hemos mostrado una marcada diferencia respecto de la forma de administrar estos recursos. Bajo ningún concepto vemos la necesidad de que estos recursos sean administrados a partir de un fondo fiduciario. No estuvimos de acuerdo cuando tuvimos que analizar el proyecto -por lo menos en mi caso, de manera muy apurada-, y sigo sin ver esa necesidad luego de las explicaciones que aquí he escuchado.
Un fondo fiduciario, para ser usado como un instrumento de financiamiento, tiene como finalidad permitir volver líquidos activos que no lo son, y de esa manera adelanta en alguna medida los fondos para hacer frente a un determinado acto, como en este caso la ejecución de obras. Pero cuando a ese fondo fiduciario se lo está nutriendo y financiando con un recurso de estas características, da la sensación de que se está dando una contragarantía al propio título que puede emitir ese fondo fiduciario. ¿Cuál es la necesidad, si está el recurso? En todo caso, hay un descalce entre el momento en que se puedan necesitar determinados fondos y aquel en el que surjan las erogaciones de la ejecución de la obra.
El Estado tiene sobrados instrumentos para resolver esa cuestión. Entonces, ¿para qué el fondo fiduciario? Sabemos que cuando no se utiliza como instrumento real de financiamiento, el fondo fiduciario termina siendo un muy buen instrumento -no digo que esta sea la intención- para saltear los mecanismos de control, para buscar mecanismos de contratación por fuera de lo que establecen las normas, para buscar controles exclusivamente ex post y no concomitantes y para no participar de las necesidades que tiene todo administrador de hacer administración financiera con cupos y con todo aquello relativo al control de la ejecución del gasto público y la necesidad de un sistema de información. Todo esto es lo que permite el fondo fiduciario cuando no se vuelve un instrumento de financiamiento real.
Entonces, ¿cuál es la utilidad del fondo fiduciario? No creo que sea la de esquivar cada una de estas cosas que he enunciado. Y si esto es así, ¿por qué no hacerlo entonces con el presupuesto, ya que tenemos el recurso? Busquemos una afectación para un fondo que sea capaz de ejecutar estas obras, volquemos esos recursos, afectémoslos al presupuesto y santo remedio. Entonces sí tendremos en claro a cuánto ascienden los fondos, cuál es la obra, cuál es el cronograma de desembolsos y sabremos también en qué momento un fondo específico de estas características, nutrido de un cargo de esta naturaleza, tiene su fin en el tiempo, como corresponde que lo tenga.
Nosotros quisiéramos hacer este aporte. Tenemos todo el articulado de determinada forma, que iremos desglosando y explicando una sola vez aquí, a fin de que esto se pueda hacer a través del presupuesto con ese mecanismo de financiamiento que se ha utilizado y aprobado.
Sería muy positivo que se escuche este aporte. También hemos intentado hacer otros. Uno de ellos, que fue mencionado recién, tiene que ver con la prórroga del impuesto a las ganancias. Nosotros proponíamos subir los mínimos, pero se nos dijo que no. Bienvenido si se logra. Pero no se hace por lo que establece el artículo 24 del presupuesto que hemos votado, porque este artículo dice otra cosa. Me imagino que estará viniendo el proyecto de ley para este aumento de los mínimos, tal cual lo reclamamos en aquel momento. Podríamos haberlo hecho así. Quizás hoy podamos encarar una forma de ejecutar estas obras que son necesarias con este modo de financiamiento, con este recurso de cargo específico, que merece discusión pero es lo que hemos aprobado. Espero que lo podamos hacer dentro de todas las normas que exige el presupuesto.
Hay pocos números; algunos se dijeron. Ya hay dieciséis fondos fiduciarios en nuestro presupuesto. Si tomamos en cuenta exclusivamente lo que es inversión real, veremos que en el presupuesto 2006 ha sido prevista en tres mil quinientos millones...
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
La Presidencia le recuerda que debe circunscribirse al artículo en tratamiento. El proyecto ya fue discutido y aprobado en general.
SR. SARGHINI, JORGE EMILIO (BUENOS AIRES):
Estoy fundamentando la modificación que vamos a proponer en el artículo 2°.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Entonces, haga su propuesta.
SR. SARGHINI, JORGE EMILIO (BUENOS AIRES):
Permítame que dé los argumentos, señor presidente.
En el año 2006 se prevén ejecutar mil doscientos millones de pesos por fondos fiduciarios sobre los tres mil quinientos millones que mencioné con anterioridad. Quiere decir que un tercio de la ejecución de obra pública va por fuera de todos estos mecanismos a través de los fondos fiduciarios. Esta es la razón de las modificaciones que iré proponiendo en distintos artículos.
En cuanto al artículo 2°, solicito que quede redactado de la siguiente manera: "Créanse cargos específicos para el desarrollo de las obras mencionadas en el artículo precedente." Cuando se avance en el tratamiento de los demás artículos diremos cómo se pueden afectar estos recursos a un fondo específico.
En el año 2006 se prevén ejecutar mil doscientos millones de pesos por fondos fiduciarios sobre los tres mil quinientos millones que mencioné con anterioridad. Quiere decir que un tercio de la ejecución de obra pública va por fuera de todos estos mecanismos a través de los fondos fiduciarios. Esta es la razón de las modificaciones que iré proponiendo en distintos artículos.
En cuanto al artículo 2°, solicito que quede redactado de la siguiente manera: "Créanse cargos específicos para el desarrollo de las obras mencionadas en el artículo precedente." Cuando se avance en el tratamiento de los demás artículos diremos cómo se pueden afectar estos recursos a un fondo específico.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
¿La comisión acepta la modificación propuesta?
SRA. BERTONE, ROSANA ANDREA (T DEL FUEGO):
No, señor presidente.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Se va a votar el artículo 2°.
- Resulta afirmativa.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Si querían que la votación se hiciera en forma nominal tendrían que haberlo solicitado antes. Cuando dije "Se va a votar" lo estaba mirando a usted, señor diputado, y no tenía la mano levantada. Además, el artículo 1° fue votado a mano alzada.
SR. NIEVA, ALEJANDRO MARIO (JUJUY):
Pido que la votación se realice en forma nominal.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Si su pedido es suficientemente apoyado, a partir del artículo 3° votaremos en forma nominal.
SR. NIEVA, ALEJANDRO MARIO (JUJUY):
No, señor presidente, pido que se vote en forma nominal el artículo 2°.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Ese artículo ya fue aprobado, señor diputado. Si quiere pedir la reconsideración de la votación la moción debe ser aprobada por los dos tercios de los votos que se emitan. Reitero que para esta Presidencia el artículo 2° ya ha sido aprobado.
SR. PINEDO, FEDERICO (CAP FEDERAL):
Pido la palabra para una aclaración.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
SR. PINEDO, FEDERICO (CAP FEDERAL):
Señor presidente: ¿cuántos votos afirmativos obtuvo el artículo que usted ha dado por aprobado?
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
De acuerdo con esta Presidencia el resultado fue afirmativo como en cualquier votación que se hace a mano alzada.
SR. PINEDO, FEDERICO (CAP FEDERAL):
En nuestro criterio requería de una mayoría especial.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
No es así, señor diputado; se requería mayoría simple.
SR. PINEDO, FEDERICO (CAP FEDERAL):
Le pido nuevamente que me diga cuántos votos afirmativos se registraron en esa votación.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Como usted ya cuenta con alguna experiencia, sabe perfectamente que la visión que tiene del bloque oficialista alcanza y sobra para obtener la mayoría que se requiere para esta votación.
SR. PINEDO, FEDERICO (CAP FEDERAL):
No estoy de acuerdo, señor presidente. El bloque oficialista no cuenta con la mayoría.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
La mayoría simple la tiene seguro.
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
SRA. RODRIGUEZ, MARCELA VIRGINIA (BUENOS AIRES):
Señor presidente: si ustedes cuentan con los votos necesarios eviten los planteos de nulidad que posteriormente se puedan presentar respecto de esta votación. Reconsideremos la votación y votemos el artículo 2° en forma nominal. Si están seguros de obtener los votos, no vale la pena que expongan este trámite a una eventual nulidad. Ahora, si quieren someterse a posteriores planteos de nulidad, hagan lo que quieran. Lo que les digo es que si aquí está en discusión la cantidad de votos que se obtuvieron, seguramente van a tener problemas judiciales. Entonces, si cuentan con los votos necesarios, háganlo como corresponde y así se evitarán esos problemas.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Señora diputada: en primer lugar, le pido que se dirija a esta Presidencia.
En segundo término, le recuerdo que el artículo 1° se votó a mano alzada y luego ningún diputado pidió votación nominal.
Entonces, para esta Presidencia el artículo 2° fue aprobado. A continuación, el artículo 3° lo vamos a votar en forma nominal.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
En segundo término, le recuerdo que el artículo 1° se votó a mano alzada y luego ningún diputado pidió votación nominal.
Entonces, para esta Presidencia el artículo 2° fue aprobado. A continuación, el artículo 3° lo vamos a votar en forma nominal.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. SARGHINI, JORGE EMILIO (BUENOS AIRES):
Señor presidente: creo que hubo algún error porque yo había pedido la palabra para hablar sobre el artículo 3°, para proponer una modificación menor. En el segundo párrafo -para no leer todo- proponemos que en lugar de "deberán" diga "podrán", porque está haciendo referencia al tratamiento que los municipios tienen que dar en materia impositiva, y entendemos que esa es la forma correcta de expresarlo.
Además, proponemos que se inserte un artículo que en función del ordenamiento del articulado de la ley, sería el que sigue. No sé si éste es el momento apropiado para hacerlo.
Además, proponemos que se inserte un artículo que en función del ordenamiento del articulado de la ley, sería el que sigue. No sé si éste es el momento apropiado para hacerlo.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Plantéelo, señor diputado.
SR. SARGHINI, JORGE EMILIO (BUENOS AIRES):
Además de esa modificación en el artículo 3°, nuestra propuesta es insertar un artículo que diga lo siguiente: "El producido del cargo creado por el artículo 2° quedará afectado a un fondo para la expansión del sistema energético en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios."
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
SR. PINEDO, FEDERICO (CAP FEDERAL):
Señor presidente: para el interbloque Propuesta Federal el artículo 2° no ha quedado sancionado como corresponde. Por eso, nosotros no vamos a convalidar de acá en adelante la sanción de los artículos y nos vamos a abstener.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
¿Acepta la comisión las modificaciones propuestas por el señor diputado por Buenos Aires?
SRA. BERTONE, ROSANA ANDREA (T DEL FUEGO):
Señor presidente: la comisión no acepta modificaciones.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.
SR. NIEVA, ALEJANDRO MARIO (JUJUY):
Señor presidente: recién he pedido una rectificación y usted dijo que se necesitaban dos tercios. El reglamento no exige ninguna mayoría especial para efectuar una votación aclaratoria.
Voy a leer el artículo 195 del reglamento, que dice así: "Si se suscitaren dudas respecto del resultado de la votación, inmediatamente después de proclamada, cualquier diputado podrá pedir rectificación, la que se practicará con los diputados presentes que hubiesen tomado parte en aquélla; los diputados que no hubiesen tomado parte en la votación no podrán intervenir en la rectificación." Es decir, no se exige ninguna mayoría para proceder a votar nuevamente el artículo 2° en forma nominal, como lo habíamos solicitado.
Voy a leer el artículo 195 del reglamento, que dice así: "Si se suscitaren dudas respecto del resultado de la votación, inmediatamente después de proclamada, cualquier diputado podrá pedir rectificación, la que se practicará con los diputados presentes que hubiesen tomado parte en aquélla; los diputados que no hubiesen tomado parte en la votación no podrán intervenir en la rectificación." Es decir, no se exige ninguna mayoría para proceder a votar nuevamente el artículo 2° en forma nominal, como lo habíamos solicitado.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Originariamente el tema se había planteado como una reconsideración de la votación.
SR. NIEVA, ALEJANDRO MARIO (JUJUY):
No, es una rectificación, una aclaración. Había dudas de si estaba o no la mayoría. Nuestra petición fue hecha inmediatamente después de la votación, no diez minutos después ni pasada la votación de varios artículos.
De manera tal que usted tiene que hacer votar nuevamente el artículo 2° en forma nominal para que quede claro el resultado de la votación. Esto está en el reglamento.
De manera tal que usted tiene que hacer votar nuevamente el artículo 2° en forma nominal para que quede claro el resultado de la votación. Esto está en el reglamento.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
SR. ROSSI, AGUSTIN OSCAR (SANTA FE):
Señor presidente: solicito que siga con la votación porque este tema ya está agotado. Solicito que se ponga en consideración el artículo 3° y se vote en forma nominal, tal cual lo aprobó esta Cámara.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
SR. HEREDIA, ARTURO MIGUEL (CORDOBA):
Señor presidente: en ningún momento se ha violado el reglamento, sino que se ha cumplido estrictamente. El señor diputado Chironi otra vez nos vuelve a acusar de que somos anticonstitucionalistas. El bloque Frente para la Victoria, Partido Justicialista, está -como siempre estuvo en la historia- dentro de la Constitución.
SR. CHIRONI, FERNANDO GUSTAVO (RIO NEGRO):
Pido la palabra por haber sido aludido.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.
SR. CHIRONI, FERNANDO GUSTAVO (RIO NEGRO):
Señor presidente: la verdad es que si en el recinto donde deben discutirse las leyes, no se puede hablar de la Constitución y de la adecuación de las demás normas a ella, no sé dónde habrá que hacerlo. Quizás, a criterio del señor diputado, tengamos que discutirlo en los pasillos y venir al recinto solamente a levantar la mano.
Lo cierto es que nosotros ratificamos nuestra postura en el sentido de que este proyecto de ley es inconstitucional, y ello no significa acusar a nadie, porque no estamos hablando de las personas ni del bloque sino de una norma que no se adecua a la Constitución Nacional.
Lo cierto es que nosotros ratificamos nuestra postura en el sentido de que este proyecto de ley es inconstitucional, y ello no significa acusar a nadie, porque no estamos hablando de las personas ni del bloque sino de una norma que no se adecua a la Constitución Nacional.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
La Presidencia invita a votar nominalmente el artículo 3°...
SR. IGLESIAS, ROBERTO RAUL (MENDOZA):
Señor presidente: si lee el artículo 195 del Reglamento nos evitaremos problemas...
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Señor diputado: a juicio de esta Presidencia, el artículo 2° fue votado afirmativamente.
SR. IGLESIAS, ROBERTO RAUL (MENDOZA):
Pero hay dudas...
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
La Presidencia ninguna duda tiene al respecto.
SR. IGLESIAS, ROBERTO RAUL (MENDOZA):
¿Podría decirme, señor presidente, por cuántos votos se aprobó? No puede saberlo porque se votó a mano alzada...
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Señor diputado: usted sabe muy bien que resulta imposible para la Presidencia informarle acerca de la cantidad de votos afirmativos...
SR. IGLESIAS, ROBERTO RAUL (MENDOZA):
Por eso mismo, señor presidente.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
El simple recuento de votos afirmativos recaídos en la votación en general del proyecto y la cantidad de integrantes del bloque de la primera minoría están indicando que el artículo en cuestión fue aprobado por mayoría.
SR. IGLESIAS, ROBERTO RAUL (MENDOZA):
Al haberse votado a mano alzada la Presidencia no puede saber...
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Esta Presidencia sólo aceptará revisar la votación recaída en el artículo 2° si se pide reconsideración...
SR. IGLESIAS, ROBERTO RAUL (MENDOZA):
Pero el reglamento autoriza a que cualquier señor diputado pueda solicitar rectificación...
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
La Presidencia ya dio por aprobado el artículo 2°, y nadie había pedido votación nominal.
Se va a votar nominalmente el artículo 3°.
Se va a votar nominalmente el artículo 3°.
- Se practica la votación nominal.
2006/124OT02_03_R02.pdf
- Conforme al tablero electrónico, sobre 210 señores diputados presentes, 113 han votado por la afirmativa y 78 por la negativa, registrándose además 18 abstenciones.
SR.(SECRETARIO (HIDALGO))
Sobre 209 señoras y señores diputados en condiciones de votar lo hicieron 113 por la afirmativa y 78 por la negativa, registrándose además 18 abstenciones.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
En consideración el artículo 4°.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. SARGHINI, JORGE EMILIO (BUENOS AIRES):
Señor presidente: oportunamente solicité la inserción de un nuevo artículo...
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
SRA. CAMAÑO, GRACIELA (BUENOS AIRES):
Señor presidente: cuando se trató el artículo 3° el señor diputado Sarghini le formuló una consulta respecto de la inserción de un nuevo artículo a continuación de aquél, y usted autorizó a que en ese momento se diera lectura del nuevo artículo. Por lo tanto, correspondería que ahora se consulte a la comisión si acepta la pertinente inclusión, para determinar si la propuesta va a ser votada.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
En el momento oportuno se consultó a la presidenta de la comisión y ésta se expidió.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. SARGHINI, JORGE EMILIO (BUENOS AIRES):
Señor presidente: tengo la sensación de que la consulta a la que usted se refiere se relaciona con la modificación que yo propuse en el artículo 3°, que no se aceptó. En consecuencia, continúa en pie mi proposición en el sentido de que se agregue un nuevo artículo. Pido autorización a usted para que la Cámara resuelva si se lo incluye en este momento.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Ahora estamos considerando el artículo 4°. ¿Usted, señor diputado, está solicitando una modificación a este artículo?
SR. SARGHINI, JORGE EMILIO (BUENOS AIRES):
No, señor presidente; mi propuesta apunta a la inclusión de un nuevo artículo.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Reitero que la comisión ya se expidió diciendo que no acepta.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. RUCKAUF, CARLOS FEDERICO (BUENOS AIRES):
Señor presidente: quiero referirme a una cuestión reglamentaria.
El señor diputado Sarghini propuso un nuevo artículo, pero la comisión ha rechazado su inclusión. De cualquier manera, eso no significa que no deba votarse. Evidentemente, en razón de los votos con que cuenta la primera minoría, nosotros vamos a perder la votación, perocorresponde votar el artículo nuevo que ha sido propuesto.
Entonces, corresponde que la Presidencia ponga a votación el artículo propuesto por el señor diputado Sarghini como nuevo artículo 4°. La comisión ya dijo que lo va a rechazar, pero reglamentariamente debe votarse.
El señor diputado Sarghini propuso un nuevo artículo, pero la comisión ha rechazado su inclusión. De cualquier manera, eso no significa que no deba votarse. Evidentemente, en razón de los votos con que cuenta la primera minoría, nosotros vamos a perder la votación, perocorresponde votar el artículo nuevo que ha sido propuesto.
Entonces, corresponde que la Presidencia ponga a votación el artículo propuesto por el señor diputado Sarghini como nuevo artículo 4°. La comisión ya dijo que lo va a rechazar, pero reglamentariamente debe votarse.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Ante la hipótesis de que no resulte afirmativa la votación del dictamen de la comisión, corresponde que se vote la propuesta del señor diputado Sarghini.
SR. RUCKAUF, CARLOS FEDERICO (BUENOS AIRES):
Señor presidente: el señor diputado Sarghini no propuso una modificación al artículo 3° sino un cambio en una palabra, lo que fue rechazado. Está claro que el artículo 3° fue votado tal como está redactado en el dictamen de la comisión.
Ahora bien, el señor diputado Sarghini no propone una reforma sino un artículo nuevo. Ese artículo debe votarse. Lo rechazarán, pero técnicamente debe votarse, para después pasar al artículo 4° del dictamen de la comisión. Salvo que la Presidencia considere que el artículo 4° del dictamen de comisión es igual como alternativa al que propone el señor diputado Sarghini. El está proponiendo un diseño de ley distinto, es decir, es un proyecto alternativo.
Reitero que técnicamente corresponde votarlo. Eso es lo único que sostengo. Está claro que vamos a perder la votación, pero también está claro que de alguna forma hay que dilucidar la presencia del artículo nuevo lo que supone un artículo distinto al 4° propuesto por la comisión.
Ahora bien, el señor diputado Sarghini no propone una reforma sino un artículo nuevo. Ese artículo debe votarse. Lo rechazarán, pero técnicamente debe votarse, para después pasar al artículo 4° del dictamen de la comisión. Salvo que la Presidencia considere que el artículo 4° del dictamen de comisión es igual como alternativa al que propone el señor diputado Sarghini. El está proponiendo un diseño de ley distinto, es decir, es un proyecto alternativo.
Reitero que técnicamente corresponde votarlo. Eso es lo único que sostengo. Está claro que vamos a perder la votación, pero también está claro que de alguna forma hay que dilucidar la presencia del artículo nuevo lo que supone un artículo distinto al 4° propuesto por la comisión.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Esta Presidencia entiende que se tiene que votar el dictamen de mayoría.
Si los señores diputados están de acuerdo, se continuará votando en forma nominal artículo por artículo. Para ello deseo saber si el pedido está suficientemente respaldado.
Si los señores diputados están de acuerdo, se continuará votando en forma nominal artículo por artículo. Para ello deseo saber si el pedido está suficientemente respaldado.
- Resulta suficientemente apoyado.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Se va a votar en forma nominal el artículo 4°.
- Se practica la votación nominal.
2006/124OT02_04_R02.pdf
- Conforme al tablero electrónico, sobre 200 diputados presentes, 112 han votado por la afirmativa y 62 por la negativa, registrándose además 24 abstenciones. No se ha computado el voto de un señor diputado.
SR.(SECRETARIO (HIDALGO))
Sobre 200 señoras y señores diputados en condiciones de votar, lo hicieron 112 por la afirmativa y 62 por la negativa, registrándose además 24 abstenciones.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
SRA. CAMAÑO, GRACIELA (BUENOS AIRES):
Señor presidente: nuestro bloque claramente expresó por Secretaría los artículos respecto de los cuales nos íbamos a manifestar. Es más, en la Presidencia obra un escrito donde se dice que entre el artículo 3°...
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Señora diputada: esta Presidencia ya le dio la palabra al señor diputado Sarghini.
SRA. CAMAÑO, GRACIELA (BUENOS AIRES):
Señor presidente: permítame que pueda expresar lo siguiente: entre el artículo 3° y el 4°, figura la redacción del artículo nuevo. Quiere decir que nosotros le estábamos pidiendo a la Presidencia el uso de la palabra en el artículo 3° y en el artículo nuevo, e incluso el señor diputado Sarghini pidió autorización a la Presidencia en cuanto a la oportunidad de su incorporación. Asimismo, habíamos pedido la palabra para referirnos al artículo 4° del dictamen de la comisión.
Entonces, lo que la Presidencia ha hecho es actuar por fuera del reglamento, ya que impidió que el señor diputado Sarghini se exprese en relación con el artículo 4°, respecto del que también tenemos modificaciones que plantear.
Es evidente que el bloque de la primera minoría tiene el número necesario para aprobar el proyecto. Pero, francamente, lo cortés no quita lo valiente, y bien podríamos estar aprobando una ley de manera correcta, con la conformidad de todo el cuerpo, y no de esta forma, donde incluso se vulnera la posibilidad de que un diputado se refiera a un artículo.
Por lo señalado, pido a la Presidencia que tome el papel que obra en su mesa de trabajo o, de lo contrario, se nos permita levantar la mano cuando considera cada artículo, de manera tal que nos podamos pronunciar.
Entonces, lo que la Presidencia ha hecho es actuar por fuera del reglamento, ya que impidió que el señor diputado Sarghini se exprese en relación con el artículo 4°, respecto del que también tenemos modificaciones que plantear.
Es evidente que el bloque de la primera minoría tiene el número necesario para aprobar el proyecto. Pero, francamente, lo cortés no quita lo valiente, y bien podríamos estar aprobando una ley de manera correcta, con la conformidad de todo el cuerpo, y no de esta forma, donde incluso se vulnera la posibilidad de que un diputado se refiera a un artículo.
Por lo señalado, pido a la Presidencia que tome el papel que obra en su mesa de trabajo o, de lo contrario, se nos permita levantar la mano cuando considera cada artículo, de manera tal que nos podamos pronunciar.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
La Presidencia informa que oportunamente, cuando se trató ese artículo, se le dio la palabra al señor diputado Sarghini, quien expresó lo que quería señalar. La Presidencia no puede hablar con los silencios del señor diputado Sarghini.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. SARGHINI, JORGE EMILIO (BUENOS AIRES):
Señor presidente: con todo respeto, me parece muy bien que no se mueva con mis silencios, ni en un sentido ni en el otro.
Cuando usted me dio la palabra yo hice referencia a la necesidad de que se votara el artículo que había propuesto insertar, para lo cual le había pedido autorización. Y allí terminé.
Obviamente, luego de votado eso -que a nuestro entender debía ser reglamentariamente votado- pasábamos al artículo 4° del dictamen, y allí estaba anotado el pedido de palabra para proponer también modificaciones a dicho artículo.
Como había expresado en mi presentación inicial, se trata de todo un conjunto de artículos que determinan un proyecto de ley alternativo. Mi silencio fue después de haberle expresado que entendía necesario que se votara el artículo que proponía insertar.
Cuando usted me dio la palabra yo hice referencia a la necesidad de que se votara el artículo que había propuesto insertar, para lo cual le había pedido autorización. Y allí terminé.
Obviamente, luego de votado eso -que a nuestro entender debía ser reglamentariamente votado- pasábamos al artículo 4° del dictamen, y allí estaba anotado el pedido de palabra para proponer también modificaciones a dicho artículo.
Como había expresado en mi presentación inicial, se trata de todo un conjunto de artículos que determinan un proyecto de ley alternativo. Mi silencio fue después de haberle expresado que entendía necesario que se votara el artículo que proponía insertar.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
SR. ROSSI, AGUSTIN OSCAR (SANTA FE):
Señor presidente: nosotros no tenemos inconveniente en aceptar la solicitud del señor diputado Sarghini, a fin de que pueda expresarse. Es decir, no tenemos inconveniente en que se reconsidere el artículo 4° para permitir el normal desarrollo de la sesión.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
En consideración la moción de reconsideración del artículo 4°.
Se va a votar. Se requieren los dos tercios de los votos que se emitan.
Se va a votar. Se requieren los dos tercios de los votos que se emitan.
- Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Queda aprobada la moción.
En consideración nuevamente el artículo 4°.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
En consideración nuevamente el artículo 4°.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. SARGHINI, JORGE EMILIO (BUENOS AIRES):
El artículo 4° que proponemos dice así: "Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a fijar el valor de los cargos específicos a fin de atender los gastos que devengue la ejecución de las obras aludidas en el artículo 1° de la presente ley. Dichos cargos tendrán vigencia hasta la amortización total de las obras presupuestadas en el artículo insertado. El Poder Ejecutivo nacional podrá exceptuar a las categorías de pequeños usuarios que determine del pago de los cargos específicos creados en el artículo 2°."
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
¿Acepta la comisión?
SRA. BERTONE, ROSANA ANDREA (T DEL FUEGO):
No, señor presidente.
SR. STORERO, HUGO GUILLERMO (SANTA FE):
Pido la palabra para una aclaración.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
SR. STORERO, HUGO GUILLERMO (SANTA FE):
Solicito a la Presidencia que explique cuál va a ser el sentido del voto. Entiendo que si el voto es afirmativo, se está de acuerdo con lo propuesto por el señor diputado Sarghini, y que si el voto es negativo se está de acuerdo...
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
No, señor diputado. Lo que se va a votar es el artículo 4° tal como fue redactado, dado que la comisión no ha aceptado la propuesta formulada por el señor diputado Sarghini.
Se va a votar nominalmente el artículo 4°.
Se va a votar nominalmente el artículo 4°.
- Se practica la votación nominal.
- 2006/124OT02_05_R02.pdf
- Conforme al tablero electrónico, sobre 196 señores diputados presentes, 112 han votado por la afirmativa y 73 por la negativa, registrándose además 9 abstenciones. No se ha computado el voto de un señor diputado.
SR.(SECRETARIO (HIDALGO))
Sobre 195 señoras y señores diputados en condiciones de votar lo hicieron 112 por la afirmativa y 73 por la negativa, registrándose además 9 abstenciones.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
En consideración el artículo 5°.
Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.
Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.
SR. SNOPEK, CARLOS DANIEL (JUJUY):
Señor presidente: en el artículo 1° del proyecto de ley no solamente estamos incluyendo los servicios de gas natural, gas licuado, etcétera, sino también de electricidad.
- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1a de la Honorable Cámara, doña Patricia Vaca Narvaja.
SR. SNOPEK, CARLOS DANIEL (JUJUY):
En consecuencia, proponemos agregar la palabra "generador" después de "transferidas", de modo tal que la última parte del artículo quedaría redactada del siguiente modo: "...en el caso de ser transferidas al generador, licenciatario o concesionario y cuando las mismas deban ser restituidas al Estado nacional."
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
¿La comisión acepta la modificación propuesta?
SRA. BERTONE, ROSANA ANDREA (T DEL FUEGO):
No, señora presidenta.
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.
SRA. BISUTTI, DELIA BEATRIZ (CAP FEDERAL):
Señora presidenta: quiero dejar constancia de mi voto negativo con respecto al artículo 4°, pues no ha quedado registrado debidamente.
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
Queda constancia de su aclaración, señora diputada.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. SARGHINI, JORGE EMILIO (BUENOS AIRES):
Señora presidenta: en nuestro proyecto alternativo el artículo 5° está excluido.
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
Se va a votar nominalmente el artículo 5°.
- Se practica la votación nominal.
- 2006/124OT02_06_R02.pdf
- Conforme al tablero electrónico, sobre 194 señores diputados presentes, 110 han votado por la afirmativa y 74 por la negativa, registrándose además 9 abstenciones.
SR.(SECRETARIO (HIDALGO))
Se han registrado 110 votos por la afirmativa, 74 por la negativa y 9 abstenciones.
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
En consideración el artículo 6°.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. SARGHINI, JORGE EMILIO (BUENOS AIRES):
Señora presidenta: al igual que en el caso del artículo 5°, en nuestro proyecto alternativo se excluye el artículo 6°.
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
Se va a votar nominalmente.
- Se practica la votación nominal.
- 2006/124OT02_07_R02.pdf
- Conforme al tablero electrónico, sobre 195 señores diputados presentes, 108 han votado por la afirmativa y 74 por la negativa, registrándose además 12 abstenciones.
SR.(SECRETARIO (HIDALGO))
Se han registrado 108 votos por la afirmativa, 74 por la negativa y 12 abstenciones.
SR. STORANI, FEDERICO TEOBALDO MANUEL (BUENOS AIRES):
Debió consultar si aceptaba la comisión, señor presidente.
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. MORENO, CARLOS JULIO (BUENOS AIRES):
Señora presidenta: quiero aclarar que mi voto ha sido afirmativo.
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
Quedará constancia del sentido de su voto, señor diputado.
En consideración el artículo 7°.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
En consideración el artículo 7°.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. SARGHINI, JORGE EMILIO (BUENOS AIRES):
Señora presidenta: en orden a simplificar -si fuera necesario después leeré el artículo en forma íntegra- propongo que se excluya la expresión "de los fideicomisos creados a tal fin", donde se agregaría "del Estado nacional", y sobre el final del texto habría que eliminar "en los fondos fiduciarios respectivos".
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
¿La comisión acepta la modificación propuesta?
SRA. BERTONE, ROSANA ANDREA (T DEL FUEGO):
No, señora presidenta.
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
Se va a votar nominalmente.
- Se practica la votación nominal.
- 2006/124OT02_08_R02.pdf
- Conforme al tablero electrónico, sobre 197 señores diputados presentes, 109 han votado por la afirmativa y 75 por la negativa, registrándose además 12 abstenciones.
SR.(SECRETARIO (HIDALGO))
Se han registrado 109 votos por la afirmativa, 75 por la negativa y 12 abstenciones.
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
En consideración el artículo 8°.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. SARGHINI, JORGE EMILIO (BUENOS AIRES):
Proponemos la exclusión de este artículo, señora presidenta.
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
¿La comisión acepta la propuesta formulada por el señor diputado por Buenos Aries?
SRA. BERTONE, ROSANA ANDREA (T DEL FUEGO):
No, señora presidenta.
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
Se va a votar nominalmente.
- Se practica la votación nominal.
- 2006/124OT02_09_R02.pdf
- Conforme al tablero electrónico, sobre 197 señores diputados presentes, 110 han votado por la afirmativa y 71 por la negativa, registrándose además 15 abstenciones.
SR.(SECRETARIO (HIDALGO))
Se han registrado 110 votos por la afirmativa, 71 por la negativa y 15 abstenciones.
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
En consideración el artículo 9°.
Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.
Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.
SR. SNOPEK, CARLOS DANIEL (JUJUY):
Señora presidenta: en este artículo se habla de los cargos específicos. Nosotros vamos a proponer que después de: "Los cargos específicos serán aplicables...", se agregue: "...una vez definido el proyecto...", y sigue hasta el final.
- Varios diputados hablan a la vez.
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
¿Acepta la comisión el agregado propuesto?
SRA. BERTONE, ROSANA ANDREA (T DEL FUEGO):
Sí, señora presidenta.
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. SARGHINI, JORGE EMILIO (BUENOS AIRES):
Señora presidenta: nosotros proponemos que se elimine este artículo.
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
¿Acepta la comisión la propuesta formulada por el señor diputado por Buenos Aires?
SRA. BERTONE, ROSANA ANDREA (T DEL FUEGO):
No, señora presidenta.
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.
SR. GIUBERGIA, MIGUEL ANGEL (JUJUY):
Señora presidenta: me gustaría que el señor diputado Snopek explicite la propuesta que ha hecho y que ha aceptado la comisión, porque se habla de la iniciación de la obra y yo creo que para eso primero hay que aprobar el proyecto. Quisiera saber cómo se implementa el agregado que propuso.
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.
SR. SNOPEK, CARLOS DANIEL (JUJUY):
Señora presidenta: la propuesta es clara.
El artículo propuesto por la comisión decía: "Los cargos específicos serán aplicables una vez iniciada la construcción de las obras...".
Nosotros proponemos que se agregue: "...una vez definido el proyecto...". Es decir que adelantamos el tiempo en que podemos iniciar los cargos para el caso en que los vecinos, solicitantes del fideicomiso, así lo crean conveniente u oportuno.
El artículo propuesto por la comisión decía: "Los cargos específicos serán aplicables una vez iniciada la construcción de las obras...".
Nosotros proponemos que se agregue: "...una vez definido el proyecto...". Es decir que adelantamos el tiempo en que podemos iniciar los cargos para el caso en que los vecinos, solicitantes del fideicomiso, así lo crean conveniente u oportuno.
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
SRA. RODRIGUEZ, MARCELA VIRGINIA (BUENOS AIRES):
Señora presidenta: quiero formular una pregunta. ¿Qué pasa si una vez definida la obra nunca llega a construirse, a pesar de que se haya cobrado? ¿Eso es lo que quiere decir el señor diputado Snopek? ¿Que aun antes de iniciarse la obra se puede cobrar algo que eventualmente nunca será construido? ¿Esa es la intención del legislador?
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.
SR. SNOPEK, CARLOS DANIEL (JUJUY):
Señora presidenta: posiblemente haya un desconocimiento -no tienen por qué saberlo- sobre la forma y modo como se suele encarar este tipo de obras.
En ciertas ocasiones se llama a licitación con proyecto incluido. Gana quien ofrece un mejor precio. Entonces se puede empezar a formular el cargo -si así lo quieren los vecinos solicitantes del fideicomiso pertinente- aun cuando la licitación ya está aprobada, el contrato firmado y el proyecto definido.
En ciertas ocasiones se llama a licitación con proyecto incluido. Gana quien ofrece un mejor precio. Entonces se puede empezar a formular el cargo -si así lo quieren los vecinos solicitantes del fideicomiso pertinente- aun cuando la licitación ya está aprobada, el contrato firmado y el proyecto definido.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.
SRA. CARRIO, ELISA MARIA AVELINA (CAP FEDERAL):
Señora presidenta: la modificación que se propone significa una exacción ilegal, con una clara violación del derecho de propiedad, como también del derecho de los usuarios que usted defiende, señora presidenta. Además, significa que exista la posibilidad de un negociado escandaloso por parte del Estado. (Aplausos.)
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.
SR. SNOPEK, CARLOS DANIEL (JUJUY):
Señora presidenta: no voy a decir nada en relación con el comentario de la señora diputada preopinante. Sólo puedo explicar lo que me solicitó inicialmente un señor diputado: si existe una licitación o un concurso para ejecutar una determinada obra que incluye la confección del proyecto pertinente, como ocurre aquí y en muchas partes del mundo, una vez aprobada esa licitación y confeccionado el proyecto por parte del contratista -no antes de la confección- se posibilita aplicar los cargos pertinentes. Es una cosa muy sencilla de mera operatoria, que ocurre en todas las obras.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.
SR. GIUBERGIA, MIGUEL ANGEL (JUJUY):
Señora presidenta: en el debate en general dejamos en claro que con la constitución de estos fideicomisos se evita la aplicación de la ley de obras públicas. Consecuentemente, no se puede llamar a ningún tipo de licitación porque esos fondos fiduciarios son privados. Esto es lo que se encarga de decir la futura norma. Entonces, mal pueden decirnos que acá se produciráuna licitación con un proyecto. Por eso había efectuado la pregunta al señor diputado Snopek.
SR. CHIRONI, FERNANDO GUSTAVO (RIO NEGRO):
Señor presidente: no me queda clara la alusión realizada por el señor diputado Snopek respecto de la solicitud o pedido de beneficiarios. Por lo tanto, me gustaría que leyera el artículo tal como ha quedado redactado según su propuesta.
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
SR. ROSSI, AGUSTIN OSCAR (SANTA FE):
Señora presidenta: solicito que se proceda a votar.
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
Con las modificaciones aceptadas por la comisión, se va a votar nominalmente el artículo 9°.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
En varias oportunidades el señor diputado Snopek se refirió a la redacción del mencionado artículo. De modo que esta Presidencia lo someterá a votación.
- Se practica la votación nominal.
- 2006/124OT02_10_R02.pdf
- Conforme al tablero electrónico, sobre 158 señores diputados presentes, 101 han votado por la afirmativa y 32 por la negativa, registrándose además 22 abstenciones. No se han computado los votos de 2 señores diputados.
SR.(SECRETARIO (HIDALGO))
Se han registrado 101 votos por la afirmativa, 32 por la negativa y 22 abstenciones.
SRA. PESO, STELLA MARYS (MISIONES):
Señora presidenta: deseo dejar constancia de mi voto negativo.
SR. DI POLLINA, EDUARDO ALFREDO (SANTA FE):
Señora presidenta: en el mismo sentido, aclaro que he votado en forma negativa.
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
En consideración el artículo 10.
Se va a votar nominalmente.
Se va a votar nominalmente.
- Se practica la votación nominal.
- 2006/124OT02_11_R02.pdf
- Conforme al tablero electrónico, sobre 143 señores diputados presentes, 111 han votado por la afirmativa y 15 por la negativa, registrándose además 13 abstenciones. No se han computado los votos de 3 señores diputados.
SR.(SECRETARIO (HIDALGO))
Se han registrado 111 votos por la afirmativa, 15 por la negativa y 13 abstenciones.
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
En consideración el artículo 11.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. SARGHINI, JORGE EMILIO (BUENOS AIRES):
Señora presidenta: proponemos la exclusión de este artículo por considerar que nada tiene que ver con este proyecto pues intenta resolver errores del decreto 906.
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
Tiene la palabra la señora diputada por Tierra del Fuego.
SRA. BERTONE, ROSANA ANDREA (T DEL FUEGO):
Señora presidenta: no se acepta la propuesta formulada por el señor diputado por Buenos Aires.
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
Se va a votar nominalmente el artículo 11.
- Se practica la votación nominal.
- 2006/124OT02_12_R02.pdf
- Conforme al tablero electrónico, sobre 144 señores diputados presentes, 107 han votado por la afirmativa y 27 por la negativa, registrándose además 9 abstenciones.
SR.(SECRETARIO (HIDALGO))
Se han registrado 107 votos por la afirmativa, 27 por la negativa y 9 abstenciones.
SRA. PESO, STELLA MARYS (MISIONES):
Señora presidenta: deseo dejar constancia de mi voto negativo.
SR. ALVAREZ, JUAN JOSE (BUENOS AIRES):
Señora presidenta: aclaro que he votado por la negativa.
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
En consideración los artículos 12 y 13.
Se van a votar nominalmente en un solo acto.
Se van a votar nominalmente en un solo acto.
- Se practica la votación nominal.
- 2006/124OT02_13_R02.pdf
- Conforme al tablero electrónico, sobre 147 señores diputados presentes, 127 han votado por la afirmativa y 14 por la negativa, registrándose además 5 abstenciones.
SR.(SECRETARIO (HIDALGO))
Se han registrado 127 votos por la afirmativa, 14 por la negativa y 5 abstenciones.
SR. BULLRICH, ESTEBAN JOSE (CAP FEDERAL):
Señora presidenta: quiero dejar constancia de mi abstención.
- El artículo 14 es de forma.
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
Queda sancionado el proyecto de ley.
Se comunicará al Honorable Senado.
La Presidencia solicita el asentimiento de la Honorable Cámara para autorizar las inserciones solicitadas y a solicitar por los señores diputados.
Se comunicará al Honorable Senado.
La Presidencia solicita el asentimiento de la Honorable Cámara para autorizar las inserciones solicitadas y a solicitar por los señores diputados.
- Asentimiento.
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
Se harán las incesciones solicitadas.
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