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Período:124 Reunion:15 Fecha:31/05/2006 SUSPENSIÓN DE LAS EJECUCIONES DE SENTENCIA QUE TENGAN POR OBJETO EL REMATE DE LA VIVIENDA ÚNICA Y FAMILIAR POR MUTUOS HIPOTECARIOS
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
En consideración en general el dictamen de mayoría de las comisiones de Justicia y otras recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado por el cual se prorroga la suspensión por ciento ochenta días hábiles de las ejecuciones de sentencia que tengan por objeto el remate de la vivienda única y familiar por mutuos hipotecarios (expediente 0070-s-2006 ).
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. CIGOGNA, LUIS FRANCISCO (BUENOS AIRES):
Señor presidente: al tratar este proyecto que viene en revisión del Senado estamos dando respuesta a una necesidad inexcusable. Es la tercera prórroga que hacemos de esta suspensión de ejecuciones hipotecarias.
Es evidente -lo hemos dicho cada vez que se han establecido las prórrogas- que es necesario encarar una solución de fondo y definitiva al problema. El hecho de que hasta el día de hoy no hayamos podido encarar esa solución indica a las claras la complejidad de esta cuestión.
Hay diversos trabajos en esta Cámara -y por lo que tenemos entendido también en el Senado- que apuntan en ese sentido, pero hasta el día de hoy no se ha logrado elaborar una propuesta de conjunto que comprometa a la mayoría y que pueda asegurarnos la sanción de esa eventual ley.
Asimismo, quiero dejar asentado que si bien estamos tratando el proyecto que viene del Senado esta Cámara no permaneció impasible ante la cercanía del fin de la prórroga anterior. Es así que en la Comisión de Justicia habíamos dictaminado unificando tres proyectos: uno de la señora diputada Maffei, otro del señor diputado Solanas y otro de quien les habla. Elaboramos entonces un texto que es prácticamente igual al que viene del Senado.
Ahora bien, cuando elaboramos aquel dictamen, habiendo convocado a una reunión conjunta de las tres comisiones involucradas para tratar este asunto, nos enteramos de que el Senado había sancionado un proyecto similar, por lo cual dejamos a un costado nuestro dictamen y en esa misma reunión conjunta de las tres comisiones consideramos el proyecto venido en revisión.
El dictamen de mayoría involucra prácticamente a todos los integrantes de esas comisiones y de los distintos Bloques, con excepción de la señora diputada Bertol y del señor diputado Vanossi, que han presentado un dictamen de minoría.
El proyecto venido en revisión dispone en su artículo 1° una prórroga por ciento ochenta días hábiles de la suspensión de las ejecuciones de sentencias que tengan por objeto el remate de la vivienda única y familiar por mutuos elegibles conforme a los términos y condiciones de la ley 25.798 y sus modificatorias.
Por el artículo 2° se suspenden por igual plazo los desalojos ordenados en esas mismas ejecuciones hipotecarias e inclusive los procedimientos de ejecución extrajudicial.
El artículo 3° prorroga por el mismo término de ciento ochenta días hábiles el plazo al que alude el artículo 3° de la ley 26.084. Esta última establece que se prorroga por el término de noventa días a partir de su vencimiento el plazo al que alude el artículo 2° de la ley 26.062. Por su parte, ese artículo 2° establece que se otorga un nuevo plazo de ciento veinte días para ejercer la opción de ingresar al sistema de refinanciación hipotecaria establecido en el artículo 6° de la ley 25.798.
He citado todas estas normas porque nos han llegado inquietudes de algunas organizaciones de deudores que temían que esta prórroga fuese menos extensa que las anteriores. Queda claro que es exactamente igual que las anteriores; todos los plazos quedan prorrogados, incluido el de poder ingresar al registro especial que se estableció en la ley originaria.
Quiero también manifestar que respecto de la cuestión de fondo hubo actividad por parte del Poder Ejecutivo en el período de la última prórroga. Es así que en el ámbito del Ministerio de Economía se creó el Comité Directivo del Fondo Fiduciario para la Refinanciación Hipotecaria.
Este Comité Directivo tiene por función actuar como nexo entre el fiduciario y el Ministerio de Economía a efectos de evitar posibles desencuentros y, por el contrario, posibilitar el desarrollo del sistema para incluir la mayor cantidad de casos posibles.
También se creó el Centro de Atención de Consultas al Deudor Hipotecario, que orienta administrativamente y brinda atención y contención a aquellos deudores que tienen la posibilidad de ser incluidos en el sistema, y aun a aquellos otros que no calificaron para entrar en dicho sistema, precisamente para orientarlos, explicarles por qué no califican y, en última instancia, ayudarlos a buscar otro tipo de solución fuera del régimen de esta ley.
Considero interesante también brindar alguna información que nos han dado en relación con los datos suministrados por el fiduciario.
El universo de deudores dentro del fideicomiso asciende al mes de mayo a 8.551 casos, entre acreedores privados y entidades financieras. El monto total abonado -siempre por el fiduciario- a la fecha del presente informe, correspondiente a acreedores privados, asciende a 10.693.955 pesos, que corresponden a 720 mutuos hipotecarios suscriptos.
El monto total abonado hasta la fecha a entidades financieras, deudas vencidas a mayo de 2006, con bonos 2006, asciende a 14.311.616 pesos, y con bonos 2014, a 9.503.530 pesos; y en mayo se pagaron deudas por vencer por 4.649.392 pesos. El total abonado a entidades financieras asciende a la cantidad de 2.508 mutuos.
Es evidente -lo hemos dicho cada vez que se han establecido las prórrogas- que es necesario encarar una solución de fondo y definitiva al problema. El hecho de que hasta el día de hoy no hayamos podido encarar esa solución indica a las claras la complejidad de esta cuestión.
Hay diversos trabajos en esta Cámara -y por lo que tenemos entendido también en el Senado- que apuntan en ese sentido, pero hasta el día de hoy no se ha logrado elaborar una propuesta de conjunto que comprometa a la mayoría y que pueda asegurarnos la sanción de esa eventual ley.
Asimismo, quiero dejar asentado que si bien estamos tratando el proyecto que viene del Senado esta Cámara no permaneció impasible ante la cercanía del fin de la prórroga anterior. Es así que en la Comisión de Justicia habíamos dictaminado unificando tres proyectos: uno de la señora diputada Maffei, otro del señor diputado Solanas y otro de quien les habla. Elaboramos entonces un texto que es prácticamente igual al que viene del Senado.
Ahora bien, cuando elaboramos aquel dictamen, habiendo convocado a una reunión conjunta de las tres comisiones involucradas para tratar este asunto, nos enteramos de que el Senado había sancionado un proyecto similar, por lo cual dejamos a un costado nuestro dictamen y en esa misma reunión conjunta de las tres comisiones consideramos el proyecto venido en revisión.
El dictamen de mayoría involucra prácticamente a todos los integrantes de esas comisiones y de los distintos Bloques, con excepción de la señora diputada Bertol y del señor diputado Vanossi, que han presentado un dictamen de minoría.
El proyecto venido en revisión dispone en su artículo 1° una prórroga por ciento ochenta días hábiles de la suspensión de las ejecuciones de sentencias que tengan por objeto el remate de la vivienda única y familiar por mutuos elegibles conforme a los términos y condiciones de la ley 25.798 y sus modificatorias.
Por el artículo 2° se suspenden por igual plazo los desalojos ordenados en esas mismas ejecuciones hipotecarias e inclusive los procedimientos de ejecución extrajudicial.
El artículo 3° prorroga por el mismo término de ciento ochenta días hábiles el plazo al que alude el artículo 3° de la ley 26.084. Esta última establece que se prorroga por el término de noventa días a partir de su vencimiento el plazo al que alude el artículo 2° de la ley 26.062. Por su parte, ese artículo 2° establece que se otorga un nuevo plazo de ciento veinte días para ejercer la opción de ingresar al sistema de refinanciación hipotecaria establecido en el artículo 6° de la ley 25.798.
He citado todas estas normas porque nos han llegado inquietudes de algunas organizaciones de deudores que temían que esta prórroga fuese menos extensa que las anteriores. Queda claro que es exactamente igual que las anteriores; todos los plazos quedan prorrogados, incluido el de poder ingresar al registro especial que se estableció en la ley originaria.
Quiero también manifestar que respecto de la cuestión de fondo hubo actividad por parte del Poder Ejecutivo en el período de la última prórroga. Es así que en el ámbito del Ministerio de Economía se creó el Comité Directivo del Fondo Fiduciario para la Refinanciación Hipotecaria.
Este Comité Directivo tiene por función actuar como nexo entre el fiduciario y el Ministerio de Economía a efectos de evitar posibles desencuentros y, por el contrario, posibilitar el desarrollo del sistema para incluir la mayor cantidad de casos posibles.
También se creó el Centro de Atención de Consultas al Deudor Hipotecario, que orienta administrativamente y brinda atención y contención a aquellos deudores que tienen la posibilidad de ser incluidos en el sistema, y aun a aquellos otros que no calificaron para entrar en dicho sistema, precisamente para orientarlos, explicarles por qué no califican y, en última instancia, ayudarlos a buscar otro tipo de solución fuera del régimen de esta ley.
Considero interesante también brindar alguna información que nos han dado en relación con los datos suministrados por el fiduciario.
El universo de deudores dentro del fideicomiso asciende al mes de mayo a 8.551 casos, entre acreedores privados y entidades financieras. El monto total abonado -siempre por el fiduciario- a la fecha del presente informe, correspondiente a acreedores privados, asciende a 10.693.955 pesos, que corresponden a 720 mutuos hipotecarios suscriptos.
El monto total abonado hasta la fecha a entidades financieras, deudas vencidas a mayo de 2006, con bonos 2006, asciende a 14.311.616 pesos, y con bonos 2014, a 9.503.530 pesos; y en mayo se pagaron deudas por vencer por 4.649.392 pesos. El total abonado a entidades financieras asciende a la cantidad de 2.508 mutuos.
- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 3ª de la Honorable Cámara, doña Graciela Camaño.
SR. CIGOGNA, LUIS FRANCISCO (BUENOS AIRES):
Además, hay otro tipo de informaciones que son de menor importancia, por lo menos para esta reunión, como por ejemplo, los casos que han sido llevados a conocimiento de la AFIP. Son los casos de acreedores privados que no tenían declarados sus créditos, y de otro tipo de informes muy pormenorizados referidos a distintos casos llegados al fideicomiso.
Como síntesis, creo que está más allá de toda discusión la necesidad de que esta misma tarde se apruebe este proyecto que viene en revisión del Senado. Existe una parte importante de nuestra población que está angustiada por su situación y la prórroga vence el 4 de junio, es decir que estamos justo sobre la fecha. Hemos asumido el compromiso de seguir trabajando en las comisiones que están involucradas en esta cuestión. Quiero destacar que particularmente la Comisión de Vivienda ha trabajado intensamente y a partir de ahora también lo estamos haciendo en la Comisión de Justicia. Entendemos que además debemos trabajar en consulta con el Ministerio de Economía a efectos de consensuar posibles caminos a seguir.
Obviamente, no es necesario esperar los 180 días hábiles de la prórroga para que este Congreso dé una satisfacción a las legítimas aspiraciones de los deudores hipotecarios.
Como síntesis, creo que está más allá de toda discusión la necesidad de que esta misma tarde se apruebe este proyecto que viene en revisión del Senado. Existe una parte importante de nuestra población que está angustiada por su situación y la prórroga vence el 4 de junio, es decir que estamos justo sobre la fecha. Hemos asumido el compromiso de seguir trabajando en las comisiones que están involucradas en esta cuestión. Quiero destacar que particularmente la Comisión de Vivienda ha trabajado intensamente y a partir de ahora también lo estamos haciendo en la Comisión de Justicia. Entendemos que además debemos trabajar en consulta con el Ministerio de Economía a efectos de consensuar posibles caminos a seguir.
Obviamente, no es necesario esperar los 180 días hábiles de la prórroga para que este Congreso dé una satisfacción a las legítimas aspiraciones de los deudores hipotecarios.
SRA. PRESIDENTA(CAMAÑO)
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
SR. VANOSSI, JORGE REINALDO (CAP FEDERAL):
Señora presidenta: en oportunidad de tratarse las anteriores prórrogas a este régimen legal para afrontar una situación de emergencia, nuestra bancada presentó un proyecto alternativo porque no era cuestión de limitarse a prórrogas y prórrogas sino de dar alguna vía alternativa que fuera al fondo del asunto y permitiera precisamente superar la crisis ya que ésta se está superando en muchos otros órdenes.
En su momento el señor diputado Pinedo brindó abundante argumentación en favor de aquel proyecto alternativo que ahora venimos a reproducir nuevamente. Estimamos que si se nos hubiera hecho caso en su oportunidad no estaríamos ahora otorgando otros 180 días de prórroga. Mucho tememos que cuando venza ese plazo estemos otra vez reunidos aquí votando una nueva prórroga porque no se sabe, no se quiere o no se puede encontrar la solución de fondo para superar esta crisis.
El proyecto alternativo autoriza al jefe de Gabinete a coordinar acciones con el Banco de la Nación Argentina -incluso reasignando partidas presupuestarias- a efectos de posibilitar el otorgamiento de créditos a largo plazo y con tasas preferenciales que, repito, permitan que los deudores oblen estos créditos satisfaciendo así a los acreedores.
Por otra parte, la iniciativa también prevé que el banco pueda subrogarse efectuando los pagos en forma anticipada, reemplazando de esta manera en sus derechos a los propios acreedores.
La otra solución que prevé nuestro proyecto es que tanto en los juicios donde ha recaído sentencia como en aquellos que estén en trámite se haga una apelación ordinaria ante la Corte Suprema para que de una vez por todas emita su pensamiento sobre esta cuestión. Como todos saben, la Corte no está integrada en su totalidad ya que faltan dos miembros. Sin embargo, para definir una situación de esta índole, es decir, si la norma es o no constitucional, hacen falta cinco votos concordantes, que no se tienen. Entonces, obviamente van a pasar años, y quizás lustros, sin que la Corte defina esta cuestión que preocupa no sólo a un porcentaje de afectados sino a la ciudadanía en su conjunto porque está en juego la separación de poderes. Y no es lo mismo sancionar una ley de moratoria que paralizar la ejecución de sentencias basadas en autoridad de cosa juzgada, lo cual es un precedente muy delicado.
Por lo tanto, estimamos que la solución de fondo es abocarse decididamente al proyecto alternativo y no demorar una y otra vez la posible solución mediante esta iniciativa.
La propia Corte Suprema, que ha reconocido la constitucionalidad de leyes de este tipo en circunstancias parecidas, ha sido muy cuidadosa en decir que las convalidaba pero con ciertos límites de razonabilidad y siempre y cuando no se alterara la sustancia de los derechos en juego.
Hay dos sentencias de mayo de 1959 recaídas en los casos "Nadur c/ Borelli" y "Russo c/ Delle Donne", en las que los tres votos fundamentales de la Corte -en total formaron la mayoría porque uno estaba compartido- dicen más o menos lo mismo, es decir que había crisis, que había que superarla, pero que no se podía superar de cualquier forma. Y es curioso que el voto de Alfredo Orgaz, presidente de la Corte, un hombre sabio y de profunda versación en derecho, haya dicho lo siguiente: "Es razonable que el Congreso dispusiera de un tiempo prudente para realizar el estudio exhaustivo y serio que el problema de las locaciones merece, y que suspendiera también durante él la iniciativa o prosecución de los juicios". Pero el plazo seguía corriendo, y es lo que está ocurriendo ahora sólo que en mayor cantidad. Es mucho más irrazonable y hay menos proporción entre el medio que se elige y el fin que en definitiva se pretende obtener, que es superar una crisis.
Otro de los jueces de la Corte, uno de los hombres más brillantes que pasó por ese Tribunal, el doctor Julio Oyhanarte, decía en su voto: "Se ponga fin a este estado cuya prolongación representa en sí misma el mayor atentado contra la seguridad jurídica".
Es decir, eran conscientes de que no se podía permanentemente tirar hacia delante sin buscar la solución, que es obviamente -en el caso que estamos tratando hoy- abrir una nueva línea de créditos.
El tercer voto, que fue el de otro eminente juez, el gran disidente, el doctor Boffi Boggero, que en esa oportunidad no disintió sino que acompañó a la mayoría, advertía que la solución de la prórroga era razonable por el momento como una medida que podía considerarse razonable, pero que no podía estar permanentemente abriéndose esta suerte de sanalotodo que son las prórrogas.
Por eso, creo que aquí no se ha cumplido el proceso que hay en toda decisión de tipo político. Primero, hay que prever, después hay que consultar, después hay que ejecutar, después hay que controlar si lo ejecutado ha sido correctamente hecho, y después hay que hacer efectivas las responsabilidades si las cosas no se han hecho bien. Acá no se ha previsto la solución de fondo. Consultas ha habido pocas. La decisión es simplemente tirar para adelante con prórrogas, y no hablemos de control o de responsabilidades porque en definitiva hasta ahora nada ha aparecido por arriba o por abajo.
Pero tampoco podemos olvidar que la Corte Suprema podría haber dado su palabra; que no alcanza la mayoría para decidir esto, ¿y para qué están los conjueces? Pueden decir que la primera línea de conjueces son presidentes de Cámara y a lo mejor ya han dictado sentencias en estos temas y por lo tanto han prejuzgado, pero está la segunda línea de conjueces, que es la Corte de abogados conjueces, elegidos igual que los jueces de la Corte, por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, y éstos no pueden haber prejuzgado porque no han sido jueces, no son jueces, de modo que podrían definir la situación en un sentido u otro, pero no se hace nada.
Termino diciendo que no podemos acompañar el despacho de la mayoría, porque como dice un viejo dicho de la literatura poética, entre lo sublime y lo ridículo hay un milímetro de distancia. La prórroga puede ser sublime cuando la crisis aparece, cuando se desata, pero la prórroga ya es ridícula cuando durante mucho tiempo no se encuentra una línea política de salida, de solución para afrontar el problema, para tomar el toro por las astas, que es lo que aquí se está esperando.
Por eso, deseamos que en definitiva esta sea la última prórroga, pero no la podemos acompañar así nomás porque realmente estamos ya violando la separación de los poderes y además encubriendo la negligencia de quienes teniendo que encontrar soluciones de fondo por vía crediticia no lo han hecho y han dejado desamparados a los deudores que se ven ahora acosados por las sentencias judiciales. (Aplausos.)
En su momento el señor diputado Pinedo brindó abundante argumentación en favor de aquel proyecto alternativo que ahora venimos a reproducir nuevamente. Estimamos que si se nos hubiera hecho caso en su oportunidad no estaríamos ahora otorgando otros 180 días de prórroga. Mucho tememos que cuando venza ese plazo estemos otra vez reunidos aquí votando una nueva prórroga porque no se sabe, no se quiere o no se puede encontrar la solución de fondo para superar esta crisis.
El proyecto alternativo autoriza al jefe de Gabinete a coordinar acciones con el Banco de la Nación Argentina -incluso reasignando partidas presupuestarias- a efectos de posibilitar el otorgamiento de créditos a largo plazo y con tasas preferenciales que, repito, permitan que los deudores oblen estos créditos satisfaciendo así a los acreedores.
Por otra parte, la iniciativa también prevé que el banco pueda subrogarse efectuando los pagos en forma anticipada, reemplazando de esta manera en sus derechos a los propios acreedores.
La otra solución que prevé nuestro proyecto es que tanto en los juicios donde ha recaído sentencia como en aquellos que estén en trámite se haga una apelación ordinaria ante la Corte Suprema para que de una vez por todas emita su pensamiento sobre esta cuestión. Como todos saben, la Corte no está integrada en su totalidad ya que faltan dos miembros. Sin embargo, para definir una situación de esta índole, es decir, si la norma es o no constitucional, hacen falta cinco votos concordantes, que no se tienen. Entonces, obviamente van a pasar años, y quizás lustros, sin que la Corte defina esta cuestión que preocupa no sólo a un porcentaje de afectados sino a la ciudadanía en su conjunto porque está en juego la separación de poderes. Y no es lo mismo sancionar una ley de moratoria que paralizar la ejecución de sentencias basadas en autoridad de cosa juzgada, lo cual es un precedente muy delicado.
Por lo tanto, estimamos que la solución de fondo es abocarse decididamente al proyecto alternativo y no demorar una y otra vez la posible solución mediante esta iniciativa.
La propia Corte Suprema, que ha reconocido la constitucionalidad de leyes de este tipo en circunstancias parecidas, ha sido muy cuidadosa en decir que las convalidaba pero con ciertos límites de razonabilidad y siempre y cuando no se alterara la sustancia de los derechos en juego.
Hay dos sentencias de mayo de 1959 recaídas en los casos "Nadur c/ Borelli" y "Russo c/ Delle Donne", en las que los tres votos fundamentales de la Corte -en total formaron la mayoría porque uno estaba compartido- dicen más o menos lo mismo, es decir que había crisis, que había que superarla, pero que no se podía superar de cualquier forma. Y es curioso que el voto de Alfredo Orgaz, presidente de la Corte, un hombre sabio y de profunda versación en derecho, haya dicho lo siguiente: "Es razonable que el Congreso dispusiera de un tiempo prudente para realizar el estudio exhaustivo y serio que el problema de las locaciones merece, y que suspendiera también durante él la iniciativa o prosecución de los juicios". Pero el plazo seguía corriendo, y es lo que está ocurriendo ahora sólo que en mayor cantidad. Es mucho más irrazonable y hay menos proporción entre el medio que se elige y el fin que en definitiva se pretende obtener, que es superar una crisis.
Otro de los jueces de la Corte, uno de los hombres más brillantes que pasó por ese Tribunal, el doctor Julio Oyhanarte, decía en su voto: "Se ponga fin a este estado cuya prolongación representa en sí misma el mayor atentado contra la seguridad jurídica".
Es decir, eran conscientes de que no se podía permanentemente tirar hacia delante sin buscar la solución, que es obviamente -en el caso que estamos tratando hoy- abrir una nueva línea de créditos.
El tercer voto, que fue el de otro eminente juez, el gran disidente, el doctor Boffi Boggero, que en esa oportunidad no disintió sino que acompañó a la mayoría, advertía que la solución de la prórroga era razonable por el momento como una medida que podía considerarse razonable, pero que no podía estar permanentemente abriéndose esta suerte de sanalotodo que son las prórrogas.
Por eso, creo que aquí no se ha cumplido el proceso que hay en toda decisión de tipo político. Primero, hay que prever, después hay que consultar, después hay que ejecutar, después hay que controlar si lo ejecutado ha sido correctamente hecho, y después hay que hacer efectivas las responsabilidades si las cosas no se han hecho bien. Acá no se ha previsto la solución de fondo. Consultas ha habido pocas. La decisión es simplemente tirar para adelante con prórrogas, y no hablemos de control o de responsabilidades porque en definitiva hasta ahora nada ha aparecido por arriba o por abajo.
Pero tampoco podemos olvidar que la Corte Suprema podría haber dado su palabra; que no alcanza la mayoría para decidir esto, ¿y para qué están los conjueces? Pueden decir que la primera línea de conjueces son presidentes de Cámara y a lo mejor ya han dictado sentencias en estos temas y por lo tanto han prejuzgado, pero está la segunda línea de conjueces, que es la Corte de abogados conjueces, elegidos igual que los jueces de la Corte, por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, y éstos no pueden haber prejuzgado porque no han sido jueces, no son jueces, de modo que podrían definir la situación en un sentido u otro, pero no se hace nada.
Termino diciendo que no podemos acompañar el despacho de la mayoría, porque como dice un viejo dicho de la literatura poética, entre lo sublime y lo ridículo hay un milímetro de distancia. La prórroga puede ser sublime cuando la crisis aparece, cuando se desata, pero la prórroga ya es ridícula cuando durante mucho tiempo no se encuentra una línea política de salida, de solución para afrontar el problema, para tomar el toro por las astas, que es lo que aquí se está esperando.
Por eso, deseamos que en definitiva esta sea la última prórroga, pero no la podemos acompañar así nomás porque realmente estamos ya violando la separación de los poderes y además encubriendo la negligencia de quienes teniendo que encontrar soluciones de fondo por vía crediticia no lo han hecho y han dejado desamparados a los deudores que se ven ahora acosados por las sentencias judiciales. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(CAMAÑO)
Tiene la palabra la señora diputada por Chaco.
SRA. BAYONZO, LILIANA AMELIA (CHACO):
Señora presidenta: en realidad no creo necesario recordar la situación extrema de crisis que están viviendo los deudores hipotecarios y cuántas familias han quedado en el camino y han perdido su vivienda única desde el origen de la crisis, aproximadamente en el año 98, hasta que hizo eclosión en 2001.
Tampoco creo conveniente explayarme en los problemas que tuvo la ley 25.798, cuestión que mi bancada ha planteado cuando tratamos dicha ley en el año 2003. Nosotros explicitamos muy claramente cuáles habían sido los inconvenientes que ha tenido la ley en la última prórroga que aprobamos hace noventa días. Fue una norma que sólo dio cobertura a una parte del universo de deudores, y evidentemente no constituyó una respuesta a favor de gran parte de ellos.
Hubiera pretendido -creo que como todos los diputados presentes- que hoy estuviéramos considerando esa ley de fondo que definitivamente cerrara esta herida que tiene nuestra sociedad: la problemática de los deudores hipotecarios. Sin embargo, otra vez estamos ante la necesidad de establecer una nueva prórroga a fin de no seguir excluyendo y mandando a la calle a muchas familias más. Quiero remarcar que éste ha sido el motivo fundamental por el cual en la reunión conjunta de las comisiones apoyamos la aprobación del texto remitido por el Honorable Senado, a pesar de que consideramos que esto no llevará tranquilidad por lo menos a la mayoría de los deudores.
Pretendíamos ampliar la cobertura de protección en forma general a todos aquellos inmuebles que tengan por objeto la vivienda única y familiar, que son pasibles de ejecuciones o tenían procedimientos judiciales y extrajudiciales en marcha. También esto fue planteado en varias ocasiones en la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano por las asociaciones de deudores. Pero, lamentablemente, los tiempos legislativos no permitían generar esta discusión y llegar a introducir una modificación. Apoyamos la sanción del texto remitido por la Cámara de Senadores porque aquí está en juego muchísima gente más que va a quedar excluida.
De cualquier modo, es importante señalar que esta nueva prórroga, que pretendemos que sea la última, no nos encuentra en la misma situación que antes. En la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano, con el compromiso de los legisladores de casi todas las bancadas y de un grupo de asesores, estamos afinando la redacción de un proyecto de ley de fondo, definitivo, que salve y contenga, por lo menos, la situación de la mayor cantidad posible de deudores hipotecarios, sobre todo la de aquellos que se encuentran en peores condiciones.
Por medio de esta iniciativa estamos tratando de no generar injusticias al poner en un pie de igualdad a los acreedores y los deudores y al posibilitar que toda esa gente pueda cumplir con sus compromisos. En la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano estamos empeñados en esta tarea, a la que se han sumado asesores de otras comisiones.
Cabe señalar que la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano no es cabecera de la mayoría de los proyectos; sólo lo es en uno del señor diputado mandato cumplido Brown, pero de todas maneras hemos analizado todos los proyectos que abordan más integralmente el problema. Son iniciativas de legisladores del oficialismo, del ARI, de nuestra bancada y de todos los bloques que integran este cuerpo, porque en realidad hay muchas que consideran algunos de los problemas de los deudores hipotecarios.
Confío en que podamos arribar al consenso necesario pues no seguir trasladando en el tiempo un tema de gran sensibilidad para tanta gente. No podemos prolongar la agonía de tantas personas dejando el problema para que lo resuelva la Corte. Los diputados debemos ser capaces de brindar una respuesta a este problema que están planteando nuestros representados.
Para finalizar, quiero recordar a los señores diputados que esta prórroga por 180 días hábiles vence aproximadamente en febrero de 2007, o sea, en pleno receso legislativo. Esto es algo muy importante a tener en cuenta a fin de que urgentemente sigamos trabajando para construir esos consensos en una ley posible que definitivamente solucione este problema, para no volver a dejar a la gente desprotegida dentro de 180 días. (Aplausos.)
Tampoco creo conveniente explayarme en los problemas que tuvo la ley 25.798, cuestión que mi bancada ha planteado cuando tratamos dicha ley en el año 2003. Nosotros explicitamos muy claramente cuáles habían sido los inconvenientes que ha tenido la ley en la última prórroga que aprobamos hace noventa días. Fue una norma que sólo dio cobertura a una parte del universo de deudores, y evidentemente no constituyó una respuesta a favor de gran parte de ellos.
Hubiera pretendido -creo que como todos los diputados presentes- que hoy estuviéramos considerando esa ley de fondo que definitivamente cerrara esta herida que tiene nuestra sociedad: la problemática de los deudores hipotecarios. Sin embargo, otra vez estamos ante la necesidad de establecer una nueva prórroga a fin de no seguir excluyendo y mandando a la calle a muchas familias más. Quiero remarcar que éste ha sido el motivo fundamental por el cual en la reunión conjunta de las comisiones apoyamos la aprobación del texto remitido por el Honorable Senado, a pesar de que consideramos que esto no llevará tranquilidad por lo menos a la mayoría de los deudores.
Pretendíamos ampliar la cobertura de protección en forma general a todos aquellos inmuebles que tengan por objeto la vivienda única y familiar, que son pasibles de ejecuciones o tenían procedimientos judiciales y extrajudiciales en marcha. También esto fue planteado en varias ocasiones en la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano por las asociaciones de deudores. Pero, lamentablemente, los tiempos legislativos no permitían generar esta discusión y llegar a introducir una modificación. Apoyamos la sanción del texto remitido por la Cámara de Senadores porque aquí está en juego muchísima gente más que va a quedar excluida.
De cualquier modo, es importante señalar que esta nueva prórroga, que pretendemos que sea la última, no nos encuentra en la misma situación que antes. En la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano, con el compromiso de los legisladores de casi todas las bancadas y de un grupo de asesores, estamos afinando la redacción de un proyecto de ley de fondo, definitivo, que salve y contenga, por lo menos, la situación de la mayor cantidad posible de deudores hipotecarios, sobre todo la de aquellos que se encuentran en peores condiciones.
Por medio de esta iniciativa estamos tratando de no generar injusticias al poner en un pie de igualdad a los acreedores y los deudores y al posibilitar que toda esa gente pueda cumplir con sus compromisos. En la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano estamos empeñados en esta tarea, a la que se han sumado asesores de otras comisiones.
Cabe señalar que la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano no es cabecera de la mayoría de los proyectos; sólo lo es en uno del señor diputado mandato cumplido Brown, pero de todas maneras hemos analizado todos los proyectos que abordan más integralmente el problema. Son iniciativas de legisladores del oficialismo, del ARI, de nuestra bancada y de todos los bloques que integran este cuerpo, porque en realidad hay muchas que consideran algunos de los problemas de los deudores hipotecarios.
Confío en que podamos arribar al consenso necesario pues no seguir trasladando en el tiempo un tema de gran sensibilidad para tanta gente. No podemos prolongar la agonía de tantas personas dejando el problema para que lo resuelva la Corte. Los diputados debemos ser capaces de brindar una respuesta a este problema que están planteando nuestros representados.
Para finalizar, quiero recordar a los señores diputados que esta prórroga por 180 días hábiles vence aproximadamente en febrero de 2007, o sea, en pleno receso legislativo. Esto es algo muy importante a tener en cuenta a fin de que urgentemente sigamos trabajando para construir esos consensos en una ley posible que definitivamente solucione este problema, para no volver a dejar a la gente desprotegida dentro de 180 días. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(CAMAÑO)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. SARGHINI, JORGE EMILIO (BUENOS AIRES):
Señora presidenta: nuestro bloque va a acompañar el proyecto que cuenta con sanción del Senado ya que no existen otras alternativas salvo no votarlo, lo que acarrearía consecuencias aún peores. De todas maneras, no deja de preocuparnos que este asunto sufra prórroga tras prórroga.
Hace pocos días, estuvo el jefe de Gabinete de Ministros en este recinto y entre los tantos temas que con mucha seriedad le preguntaron las distintas bancadas -muy pocos de ellos fueron contestados- sobre este en particular sí dio una respuesta. Concretamente, dijo que de inmediato iba a convocar a una comisión bicameral para que junto con el Poder Ejecutivo iniciara definitivamente la búsqueda de un proyecto que importara una solución de fondo a esta problemática. Hasta el día de la fecha no tenemos noticias de ello y nuevamente estamos por votar una prórroga sin otra alternativa.
Es necesario que analicemos algunos aspectos y comencemos a tomar algunas medidas sobre este tema, por ejemplo, quiénes son los que corren el riesgo de la ejecución y que nos obligan al menos a tomar esta decisión de establecer una prórroga para protegerlos. El universo es amplio y se compone de distintos actores. En primer lugar, están aquellos que tienen una deuda con entidades financieras que no adhirieron al sistema. La principal entidad financiera y acreedora de deudas de estas características, que no adhirió al sistema, es el Banco Hipotecario Nacional. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)
Cabe señalar que el Banco Hipotecario Nacional cuenta en su directorio con representantes del gobierno. Entonces, ¿no sería conveniente que vinieran a informarnos acerca de por qué el banco no adhirió al sistema y cuál es el universo que está dejando fuera de la posibilidad de ingresar al fondo fiduciario que administra el Banco de la Nación Argentina a fin de que ese universo deje de ser un problema? ¿Qué otros están afuera? Aquellos que por tener alto riesgo crediticio son rechazados por el fondo fiduciario que administra el Banco de la Nación Argentina.
Por circunstancias de la vida estuve al frente del Banco de la Provincia de Buenos Aires cuando fue la primera institución que adhirió al sistema. He visto las dificultades que implicaron esta adhesión y también he comprobado cómo en muchos casos el fondo fiduciario, por considerarlo de alto riesgo crediticio, rechazó créditos que los bancos adheridos pasaron a ese fondo para que los administren.
¿No sería conveniente que el Banco de la Nación Argentina concurriera a la comisión correspondiente para manifestar cuáles son las razones que motivaron esos rechazos a fin de que pudiéramos dimensionar parte del universo susceptible de ser ejecutado? También nos podría explicar por qué recibimos tantos reclamos respecto del tratamiento burocrático de quienes van a adherir al sistema y que también forman parte de ese universo que está sujeto a la posibilidad de ejecución.
Si consideramos los contratos privados el tema se torna más confuso. Hay muchos mutuos que no caracterizan el objeto del crédito, tal cual lo establece la ley que determina las reglas de juego para acceder a él. Aun cumpliendo con todos los otros requisitos, si en el mutuo no se estipula el objeto del crédito no es posible acceder al fondo fiduciario que administra el Banco Nación.
Podríamos resolver esto si entendemos que es conveniente -así lo piensa nuestro bloque- la eliminación del inciso que impone esa condición, siempre y cuando la garantía sea la vivienda única, y respetándose lo exigido por el resto de los incisos. No es necesario que el crédito haya sido solicitado para comprar una vivienda; también pudo haber sucedido que la persona pusiera su casa como garantía para obtener un préstamo y resolver así algún problema de salud.
De cualquier manera, no se resuelve la totalidad del universo. Sería indispensable que pudiéramos constituir un registro de los casos de aquellas personas que se encuentran con deudas en el sector privado, fuera del sistema financiero, que escapan a aquel universo que he descripto.
Sería ideal que no volviéramos a perder ciento ochenta días para encontrar una solución de fondo. Entiendo que en muchos casos tenemos restricciones porque no podemos dimensionar el problema en su verdadero tamaño, pero deberíamos utilizar el término de la prórroga para generar determinadas condiciones que permitan resolver la cuestión.
El proyecto de ley en debate nuevamente fija una prórroga. Nuestro bloque propone -aunque no lo establezca la iniciativa en discusión- que las comisiones a las que compete abocarse a este tema empiecen a citar a los representantes del Estado en el Banco Hipotecario y a los que administran el fondo en el Banco Nación, y que generemos los mecanismos para abrir un registro.
Seguramente, la solución esté en el fondo fiduciario del Banco Nación. Podrá haber propuestas mejores, pero a nuestro entender así podríamos dimensionar de una vez por todas cuál es el problema.
Tengamos en cuenta que se trata de la cartera de un banco público que en el país ocupa el segundo lugar. No estamos hablando de un universo tan grande o tan costoso frente a la posibilidad de que el Estado se hiciera cargo de parte del costo. Así, estaríamos en condiciones de sancionar una ley que permita una salida adecuada frente a esta problemática, para que el término del vencimiento de la prórroga no nos encuentre nuevamente yendo por una nueva prórroga que suspenda las ejecuciones. Es un montón la gente -no podemos saber exactamente cuánta- que no ha resuelto su problema y que tiene una verdadera espada de Damocles sobre su cabeza. (Aplausos.)
Hace pocos días, estuvo el jefe de Gabinete de Ministros en este recinto y entre los tantos temas que con mucha seriedad le preguntaron las distintas bancadas -muy pocos de ellos fueron contestados- sobre este en particular sí dio una respuesta. Concretamente, dijo que de inmediato iba a convocar a una comisión bicameral para que junto con el Poder Ejecutivo iniciara definitivamente la búsqueda de un proyecto que importara una solución de fondo a esta problemática. Hasta el día de la fecha no tenemos noticias de ello y nuevamente estamos por votar una prórroga sin otra alternativa.
Es necesario que analicemos algunos aspectos y comencemos a tomar algunas medidas sobre este tema, por ejemplo, quiénes son los que corren el riesgo de la ejecución y que nos obligan al menos a tomar esta decisión de establecer una prórroga para protegerlos. El universo es amplio y se compone de distintos actores. En primer lugar, están aquellos que tienen una deuda con entidades financieras que no adhirieron al sistema. La principal entidad financiera y acreedora de deudas de estas características, que no adhirió al sistema, es el Banco Hipotecario Nacional. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)
Cabe señalar que el Banco Hipotecario Nacional cuenta en su directorio con representantes del gobierno. Entonces, ¿no sería conveniente que vinieran a informarnos acerca de por qué el banco no adhirió al sistema y cuál es el universo que está dejando fuera de la posibilidad de ingresar al fondo fiduciario que administra el Banco de la Nación Argentina a fin de que ese universo deje de ser un problema? ¿Qué otros están afuera? Aquellos que por tener alto riesgo crediticio son rechazados por el fondo fiduciario que administra el Banco de la Nación Argentina.
Por circunstancias de la vida estuve al frente del Banco de la Provincia de Buenos Aires cuando fue la primera institución que adhirió al sistema. He visto las dificultades que implicaron esta adhesión y también he comprobado cómo en muchos casos el fondo fiduciario, por considerarlo de alto riesgo crediticio, rechazó créditos que los bancos adheridos pasaron a ese fondo para que los administren.
¿No sería conveniente que el Banco de la Nación Argentina concurriera a la comisión correspondiente para manifestar cuáles son las razones que motivaron esos rechazos a fin de que pudiéramos dimensionar parte del universo susceptible de ser ejecutado? También nos podría explicar por qué recibimos tantos reclamos respecto del tratamiento burocrático de quienes van a adherir al sistema y que también forman parte de ese universo que está sujeto a la posibilidad de ejecución.
Si consideramos los contratos privados el tema se torna más confuso. Hay muchos mutuos que no caracterizan el objeto del crédito, tal cual lo establece la ley que determina las reglas de juego para acceder a él. Aun cumpliendo con todos los otros requisitos, si en el mutuo no se estipula el objeto del crédito no es posible acceder al fondo fiduciario que administra el Banco Nación.
Podríamos resolver esto si entendemos que es conveniente -así lo piensa nuestro bloque- la eliminación del inciso que impone esa condición, siempre y cuando la garantía sea la vivienda única, y respetándose lo exigido por el resto de los incisos. No es necesario que el crédito haya sido solicitado para comprar una vivienda; también pudo haber sucedido que la persona pusiera su casa como garantía para obtener un préstamo y resolver así algún problema de salud.
De cualquier manera, no se resuelve la totalidad del universo. Sería indispensable que pudiéramos constituir un registro de los casos de aquellas personas que se encuentran con deudas en el sector privado, fuera del sistema financiero, que escapan a aquel universo que he descripto.
Sería ideal que no volviéramos a perder ciento ochenta días para encontrar una solución de fondo. Entiendo que en muchos casos tenemos restricciones porque no podemos dimensionar el problema en su verdadero tamaño, pero deberíamos utilizar el término de la prórroga para generar determinadas condiciones que permitan resolver la cuestión.
El proyecto de ley en debate nuevamente fija una prórroga. Nuestro bloque propone -aunque no lo establezca la iniciativa en discusión- que las comisiones a las que compete abocarse a este tema empiecen a citar a los representantes del Estado en el Banco Hipotecario y a los que administran el fondo en el Banco Nación, y que generemos los mecanismos para abrir un registro.
Seguramente, la solución esté en el fondo fiduciario del Banco Nación. Podrá haber propuestas mejores, pero a nuestro entender así podríamos dimensionar de una vez por todas cuál es el problema.
Tengamos en cuenta que se trata de la cartera de un banco público que en el país ocupa el segundo lugar. No estamos hablando de un universo tan grande o tan costoso frente a la posibilidad de que el Estado se hiciera cargo de parte del costo. Así, estaríamos en condiciones de sancionar una ley que permita una salida adecuada frente a esta problemática, para que el término del vencimiento de la prórroga no nos encuentre nuevamente yendo por una nueva prórroga que suspenda las ejecuciones. Es un montón la gente -no podemos saber exactamente cuánta- que no ha resuelto su problema y que tiene una verdadera espada de Damocles sobre su cabeza. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(CAMAÑO)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. TONELLI, PABLO GABRIEL (BUENOS AIRES):
Señora presidenta: el proyecto de ley que estamos tratando, que seguramente será aprobado -por lo que preanuncian los discursos de quienes me precedieron en el uso de la palabra-, no es algo de lo que esta Cámara pueda sentirse orgullosa. Para decirlo de una manera poco ortodoxa, equivale a la consagración legislativa del "cuento de la buena pipa". Esto es lo que está ocurriendo con la prórroga de la suspensión de las ejecuciones.
Voy a detallar el proceso y la historia para que se entienda lo que digo.
La primera suspensión se dispuso en noviembre de 2002, es decir, hace tres años y medio. Durante ese tiempo se suspendieron las ejecuciones que concluían con la subasta de los inmuebles.
En estos tres años y medio se han sancionado ocho leyes y se han dictado más de diez decretos y más de 25 resoluciones ministeriales; o sea que ya llevamos alrededor de cincuenta normas que tienden a solucionar teóricamente el problema de los deudores hipotecarios, que se generó como consecuencia de la crisis general ocurrida en el país.
En esos tres años y medio se crearon dos unidades de emergencia legal, una en el Ministerio de Trabajo y otra en el Ministerio de Economía y Producción. Se creóel Registro de Ejecuciones Hipotecarias-Vivienda Unica, por ley 25.737, en el ámbito del Ministerio de Economía y Producción. También se creó un sistema de refinanciación hipotecaria y una unidad de reestructuración. Es decir, no faltaron los organismos burocráticos dedicados al tema que debían aportar una solución.
En 2003, el Poder Ejecutivo dictó un decreto en cuyo artículo 3° se comprometía a elevar a este Congreso, en el plazo de quince días hábiles de finalizada la prórroga dispuesta en aquel momento, las medidas que estimara convenientes para resolver los casos planteados, las que no podían afectar los derechos de los acreedores correspondientes ni la situación fiscal del gobierno nacional.
Esa propuesta del Poder Ejecutivo nunca llegó. Los derechos de los acreedores están claramente afectados después de tres años y medio de prórroga y la situación es insostenible a esta altura.
Una prórroga tan extensa, como lo acaba de explicar el señor diputado Vanossi, viola la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, se torna irrazonable y afecta la división de poderes, la libertad de contratación, la autonomía de los contratos, el derecho de defensa en juicio y el derecho de propiedad; en fin, son demasiadas afectaciones.
Estas son las razones, sintéticamente expuestas, por las cuales nuestra bancada ha resuelto no acompañar la prórroga. Pero, además, el hecho de que no acompañemos la prórroga no significa que no comprendamos a los deudores y que no nos preocupe su situación.
Por eso, ya en oportunidad de la anterior prórroga de la suspensión, cuando tratamos este mismo tema hicimos una propuesta y hoy la hemos reiterado. Es una propuesta sencilla, fácil de ejecutar, rápida, que consiste en que el Banco de la Nación Argentina asista financieramente a los deudores, que esos deudores cancelen sus obligaciones más gravosas que las que contraerían con el Banco de la Nación Argentina y que de esa manera se pueda solucionar el problema sin afectar los derechos de terceros ni violar tantos principios constitucionales como los que acabo de enumerar.
Somos conscientes de que a pesar de nuestro voto negativo seguramente la ley va a ser sancionada. Por eso, quiero concluir con un llamado y una apelación a los colegas para que antes de que esta nueva prórroga venza, por favor tratemos de encontrar una solución definitiva y restablezcamos la vigencia del orden jurídico, que tanta falta hace. (Aplausos.)
Voy a detallar el proceso y la historia para que se entienda lo que digo.
La primera suspensión se dispuso en noviembre de 2002, es decir, hace tres años y medio. Durante ese tiempo se suspendieron las ejecuciones que concluían con la subasta de los inmuebles.
En estos tres años y medio se han sancionado ocho leyes y se han dictado más de diez decretos y más de 25 resoluciones ministeriales; o sea que ya llevamos alrededor de cincuenta normas que tienden a solucionar teóricamente el problema de los deudores hipotecarios, que se generó como consecuencia de la crisis general ocurrida en el país.
En esos tres años y medio se crearon dos unidades de emergencia legal, una en el Ministerio de Trabajo y otra en el Ministerio de Economía y Producción. Se creóel Registro de Ejecuciones Hipotecarias-Vivienda Unica, por ley 25.737, en el ámbito del Ministerio de Economía y Producción. También se creó un sistema de refinanciación hipotecaria y una unidad de reestructuración. Es decir, no faltaron los organismos burocráticos dedicados al tema que debían aportar una solución.
En 2003, el Poder Ejecutivo dictó un decreto en cuyo artículo 3° se comprometía a elevar a este Congreso, en el plazo de quince días hábiles de finalizada la prórroga dispuesta en aquel momento, las medidas que estimara convenientes para resolver los casos planteados, las que no podían afectar los derechos de los acreedores correspondientes ni la situación fiscal del gobierno nacional.
Esa propuesta del Poder Ejecutivo nunca llegó. Los derechos de los acreedores están claramente afectados después de tres años y medio de prórroga y la situación es insostenible a esta altura.
Una prórroga tan extensa, como lo acaba de explicar el señor diputado Vanossi, viola la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, se torna irrazonable y afecta la división de poderes, la libertad de contratación, la autonomía de los contratos, el derecho de defensa en juicio y el derecho de propiedad; en fin, son demasiadas afectaciones.
Estas son las razones, sintéticamente expuestas, por las cuales nuestra bancada ha resuelto no acompañar la prórroga. Pero, además, el hecho de que no acompañemos la prórroga no significa que no comprendamos a los deudores y que no nos preocupe su situación.
Por eso, ya en oportunidad de la anterior prórroga de la suspensión, cuando tratamos este mismo tema hicimos una propuesta y hoy la hemos reiterado. Es una propuesta sencilla, fácil de ejecutar, rápida, que consiste en que el Banco de la Nación Argentina asista financieramente a los deudores, que esos deudores cancelen sus obligaciones más gravosas que las que contraerían con el Banco de la Nación Argentina y que de esa manera se pueda solucionar el problema sin afectar los derechos de terceros ni violar tantos principios constitucionales como los que acabo de enumerar.
Somos conscientes de que a pesar de nuestro voto negativo seguramente la ley va a ser sancionada. Por eso, quiero concluir con un llamado y una apelación a los colegas para que antes de que esta nueva prórroga venza, por favor tratemos de encontrar una solución definitiva y restablezcamos la vigencia del orden jurídico, que tanta falta hace. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(CAMAÑO)
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
SRA. MAFFEI, MARTA OLINDA (BUENOS AIRES):
Señora presidenta: adelanto que nuestro bloque votará nuevamente la suspensión de los desalojos y de los remates de las viviendas únicas familiares, que es la prórroga, como ya lo han dicho otros señores diputados, de la ley 26.084, que a su vez prorroga la ley 26.062, ahora por ciento ochenta días.
Cuando sancionamos la ley 26.062 nuestro bloque ya había propuesto los ciento ochenta días. Tal vez no tendríamos que votar esta nueva prórroga si hubiésemos sido un poco más conscientes a la hora de votar la anterior prórroga. Pero también, como han dicho otros señores diputados, no se trata de seguir votando prórroga tras prórroga y de seguir incrementando el enjambre jurídico en el que están metidos no solamente -como bien señaló el señor diputado Tonelli- los acreedores, a los que sin ninguna duda se les está demorando la ejecución de su derecho de propiedad, aunque no a todos, porque a muchos se les ha concedido judicialmente el remate del bien y han dejado en la calle a varios cientos de familias, a las que también se les ha vulnerado el derecho a tener salud y la posibilidad de disponer de un tramo de su sueldo que repentinamente fue triplicado o cuadruplicado en su valor original por la cuota que tenían que pagar.
En muchísimos casos esas familias fueron desprotegidas con contratos absolutamente leoninos, porque se fijaba cláusula dólar para la devolución del crédito originario, estableciéndose un monto de dicho crédito que nada tenía que ver con la suma que se les había otorgado, porque ya se preveía que iban a tener que pagar muchísimo más.
En consecuencia, se levantaba el monto y se decía: "le prestamos 20.000 dólares", pero en la práctica le daban 15.000, 14.000 o 16.000. Esta fue una conducta reiterada que se dio en las escribanías y también en los Bancos, con la cual los deudores que no tenían más remedio que caer en esas entidades financieras fueron reiteradamente estafados. Es más, no hubo un solo caso en el que la cifra puesta en dólares se correspondiera con los intereses que se cobraban por los dólares, y les terminaron cobrando el 25, el 30 y hasta el 40 por ciento de interés, algo absolutamente inaceptable en una deuda que se había contraído en dólares. (Aplausos en las galerías.)
Por lo tanto, esta tiene que ser la última de las prórrogas. Pero no tiene que ser la última de las prórrogas para que nosotros salgamos a las apuradas a tratar una modificación liviana de la ley 25.798, que no se cumplió. Esta ley no solamente no se cumplió porque fue insuficiente, porque fue mala y porque muchos jueces la declararon inconstitucional y avanzaron con los remates y con la desprotección de las familias, sino también porque a pesar de haber enunciado la creación de la unidad de reestructuración, a esta última "se le cayeron" los diputados y senadores que la integraban.
Actualmente, esa unidad de reestructuración no está funcionando. Hace pocos días nos reunimos con la Comisión de Vivienda y le hicimos saber al señor diputado Cigogna que efectivamente la unidad de reestructuración no estaba funcionando, a lo que nos respondió que habrá que ponerla nuevamente en funcionamiento. Pero lo cierto es que todavía no está funcionando y no se han nominado a las personas que la integrarán para que efectivamente funcione.
Comparto lo expresado por el señor diputado Tonelli cuando dijo que seguramente los deudores hipotecarios no serán tantos; pero tampoco son tan pocos como los 8.500 que están registrados en el Banco Nación, máxime si tenemos en cuenta que la ley 25.798 permitió que el acreedor -unilateralmente en el caso de la entidad financiera- pudiera rechazar el acogimiento por parte del deudor hipotecario al beneficio de incluirse en el fondo fiduciario. En consecuencia, tenemos gente que no fue incluida porque unilateralmente no lo quiso el acreedor y tenemos gente que no fue incluida porque no estaba entre los deudores de las entidades crediticias contempladas. Por ejemplo, el Banco Hipotecario y los deudores de dicho banco -que son la mayoría de los deudores- nunca estuvieron incluidos.
Toda esa gente hoy está en mora por no haber podido pagar, por distintas circunstancias, y en esto tiene una esencial responsabilidad el Estado. Esto hay que decirlo una y otra vez: esto es responsabilidad esencial del Estado, porque no fueron los deudores ni los acreedores los que llevaron la moneda al 300 por ciento del valor considerado originariamente. (Aplausos en las galerías.)
Entonces, ese Estado tiene que hacerse responsable por el modo en que desprotegió a las familias. Hay que aclarar que en su mayoría esa gente no puede contraer un nuevo crédito porque al ser deudora aparece en el Veraz y por lo tanto no la incluyen en el listado de ningún banco.
Hay que tomar en cuenta esta consideración especial, poner en funcionamiento la unidad de reestructuración y ponerse a trabajar con esos ocho o nueve proyectos que existen para ver si podemos solucionar este tema. En este sentido, hay voluntad de los autores de las iniciativas -parece que la no voluntad viene de la comisión- de sentarse a trabajar en un proyecto único que proteja integralmente a las familias propietarias de vivienda única. Y acá hay que incluir a las pymes y a aquellas familias que junto con la vivienda compraron una pequeña chacra de 50, 70 ó 100 hectáreas -que también han sido desconsideradas- y es su único lugar para vivir y para trabajar.
Es decir que son muchas las situaciones que hay que considerar. Estamos perdiendo lastimosamente el tiempo. Hace casi un mes que concurrió a este recinto el señor jefe de Gabinete, y es cierto lo que se dijo anteriormente -no recuerdo si lo hizo el señor diputado Tonelli o el señor diputado Vanossi- en cuanto a que se iba a crear una articulación entre diputados y senadores para quefinalmente tuviéramos una comisión que trabajase seriamente la cuestión junto con el Ministerio de Economía.
Hay que ponerse a trabajar ya. No podemos seguir votando prórrogas irresponsablemente. Además, le voy a informar al diputado Cigogna que se creó un centro de atención y consulta, a partir de un número 0-800 y un correo electrónico, pero debo desalentar su optimismo en relación con las demandas que se reciben.
Una gran cantidad de deudores fueron enviados desde mi despacho a hacer la denuncia en ese centro, pero no les fue receptada, porque no estaban incluidos en la ley 25.798.
Entonces, sepamos que nadie tiene el universo completo. En primer lugar, el registro de ejecuciones no es obligatorio, por lo que la gente no se anotó o lo hizo parcialmente.
Hablamos de un universo que desconocemos, ya que no existe un registro obligatorio. Tenemos un centro de atención que supuestamente recibe las quejas, pero no lo hace. En consecuencia, seguimos con un universo parcialmente conocido y con la falta de operatividad de la Cámara para hacernos cargo de los problemas concretos de la gente. Es tiempo de que lo hagamos. (Aplausos.)
Cuando sancionamos la ley 26.062 nuestro bloque ya había propuesto los ciento ochenta días. Tal vez no tendríamos que votar esta nueva prórroga si hubiésemos sido un poco más conscientes a la hora de votar la anterior prórroga. Pero también, como han dicho otros señores diputados, no se trata de seguir votando prórroga tras prórroga y de seguir incrementando el enjambre jurídico en el que están metidos no solamente -como bien señaló el señor diputado Tonelli- los acreedores, a los que sin ninguna duda se les está demorando la ejecución de su derecho de propiedad, aunque no a todos, porque a muchos se les ha concedido judicialmente el remate del bien y han dejado en la calle a varios cientos de familias, a las que también se les ha vulnerado el derecho a tener salud y la posibilidad de disponer de un tramo de su sueldo que repentinamente fue triplicado o cuadruplicado en su valor original por la cuota que tenían que pagar.
En muchísimos casos esas familias fueron desprotegidas con contratos absolutamente leoninos, porque se fijaba cláusula dólar para la devolución del crédito originario, estableciéndose un monto de dicho crédito que nada tenía que ver con la suma que se les había otorgado, porque ya se preveía que iban a tener que pagar muchísimo más.
En consecuencia, se levantaba el monto y se decía: "le prestamos 20.000 dólares", pero en la práctica le daban 15.000, 14.000 o 16.000. Esta fue una conducta reiterada que se dio en las escribanías y también en los Bancos, con la cual los deudores que no tenían más remedio que caer en esas entidades financieras fueron reiteradamente estafados. Es más, no hubo un solo caso en el que la cifra puesta en dólares se correspondiera con los intereses que se cobraban por los dólares, y les terminaron cobrando el 25, el 30 y hasta el 40 por ciento de interés, algo absolutamente inaceptable en una deuda que se había contraído en dólares. (Aplausos en las galerías.)
Por lo tanto, esta tiene que ser la última de las prórrogas. Pero no tiene que ser la última de las prórrogas para que nosotros salgamos a las apuradas a tratar una modificación liviana de la ley 25.798, que no se cumplió. Esta ley no solamente no se cumplió porque fue insuficiente, porque fue mala y porque muchos jueces la declararon inconstitucional y avanzaron con los remates y con la desprotección de las familias, sino también porque a pesar de haber enunciado la creación de la unidad de reestructuración, a esta última "se le cayeron" los diputados y senadores que la integraban.
Actualmente, esa unidad de reestructuración no está funcionando. Hace pocos días nos reunimos con la Comisión de Vivienda y le hicimos saber al señor diputado Cigogna que efectivamente la unidad de reestructuración no estaba funcionando, a lo que nos respondió que habrá que ponerla nuevamente en funcionamiento. Pero lo cierto es que todavía no está funcionando y no se han nominado a las personas que la integrarán para que efectivamente funcione.
Comparto lo expresado por el señor diputado Tonelli cuando dijo que seguramente los deudores hipotecarios no serán tantos; pero tampoco son tan pocos como los 8.500 que están registrados en el Banco Nación, máxime si tenemos en cuenta que la ley 25.798 permitió que el acreedor -unilateralmente en el caso de la entidad financiera- pudiera rechazar el acogimiento por parte del deudor hipotecario al beneficio de incluirse en el fondo fiduciario. En consecuencia, tenemos gente que no fue incluida porque unilateralmente no lo quiso el acreedor y tenemos gente que no fue incluida porque no estaba entre los deudores de las entidades crediticias contempladas. Por ejemplo, el Banco Hipotecario y los deudores de dicho banco -que son la mayoría de los deudores- nunca estuvieron incluidos.
Toda esa gente hoy está en mora por no haber podido pagar, por distintas circunstancias, y en esto tiene una esencial responsabilidad el Estado. Esto hay que decirlo una y otra vez: esto es responsabilidad esencial del Estado, porque no fueron los deudores ni los acreedores los que llevaron la moneda al 300 por ciento del valor considerado originariamente. (Aplausos en las galerías.)
Entonces, ese Estado tiene que hacerse responsable por el modo en que desprotegió a las familias. Hay que aclarar que en su mayoría esa gente no puede contraer un nuevo crédito porque al ser deudora aparece en el Veraz y por lo tanto no la incluyen en el listado de ningún banco.
Hay que tomar en cuenta esta consideración especial, poner en funcionamiento la unidad de reestructuración y ponerse a trabajar con esos ocho o nueve proyectos que existen para ver si podemos solucionar este tema. En este sentido, hay voluntad de los autores de las iniciativas -parece que la no voluntad viene de la comisión- de sentarse a trabajar en un proyecto único que proteja integralmente a las familias propietarias de vivienda única. Y acá hay que incluir a las pymes y a aquellas familias que junto con la vivienda compraron una pequeña chacra de 50, 70 ó 100 hectáreas -que también han sido desconsideradas- y es su único lugar para vivir y para trabajar.
Es decir que son muchas las situaciones que hay que considerar. Estamos perdiendo lastimosamente el tiempo. Hace casi un mes que concurrió a este recinto el señor jefe de Gabinete, y es cierto lo que se dijo anteriormente -no recuerdo si lo hizo el señor diputado Tonelli o el señor diputado Vanossi- en cuanto a que se iba a crear una articulación entre diputados y senadores para quefinalmente tuviéramos una comisión que trabajase seriamente la cuestión junto con el Ministerio de Economía.
Hay que ponerse a trabajar ya. No podemos seguir votando prórrogas irresponsablemente. Además, le voy a informar al diputado Cigogna que se creó un centro de atención y consulta, a partir de un número 0-800 y un correo electrónico, pero debo desalentar su optimismo en relación con las demandas que se reciben.
Una gran cantidad de deudores fueron enviados desde mi despacho a hacer la denuncia en ese centro, pero no les fue receptada, porque no estaban incluidos en la ley 25.798.
Entonces, sepamos que nadie tiene el universo completo. En primer lugar, el registro de ejecuciones no es obligatorio, por lo que la gente no se anotó o lo hizo parcialmente.
Hablamos de un universo que desconocemos, ya que no existe un registro obligatorio. Tenemos un centro de atención que supuestamente recibe las quejas, pero no lo hace. En consecuencia, seguimos con un universo parcialmente conocido y con la falta de operatividad de la Cámara para hacernos cargo de los problemas concretos de la gente. Es tiempo de que lo hagamos. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(CAMAÑO)
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
SR. BINNER, HERMES JUAN (SANTA FE):
Señora presidenta: cuando se produjo la renovación de la Honorable Cámara, dentro del paquete de múltiples leyes respecto de las que había urgencia para aprobar, se encontraba precisamente la de la prórroga de la suspensión de las ejecuciones hipotecarias.
Verdaderamente, nos habíamos comprometido a buscar una solución a este problema. Nuestro bloque, el socialista, ha presentado un proyecto, pues creemos que es importante resolver hoy estos problemas, que verdaderamente son angustiantes para muchísimos argentinos.
En unas jornadas que hubo en Mendoza se congregaron los deudores hipotecarios de nuestro país. Se habló de miles de muertos vinculados con la angustia causada por la pérdida de la vivienda única.
Realmente, existe una enorme responsabilidad en este cuerpo legislativo. Hasta hoy la mayoría de los jueces ha declarado la inaplicabilidad de la ley 25.798 y de su decreto reglamentario -1284/03-, que creaban el sistema de refinanciación hipotecaria.
Lo cierto es que hoy los deudores hipotecarios están siendo desalojados y sufren el remate de sus viviendas, lo que implica que muchas familias argentinas están viendo perder sus únicos techos y están quedando en la calle.
A partir de las leyes que suspendían los desalojos -la 26.062 y 26.084- los jueceshan declarado la inconstitucionalidad o la inaplicabilidad de la ley 25.798 y por lo tanto, como lógica, no aplican las leyes de suspensión. Por tal motivo nosotros tenemos la enorme obligación de resolver este problema lo antes posible. Estamos en deuda con el pueblo argentino.
Ahora bien, ocurre que lo resolvemos con una medida de fondo que defiende la vivienda única, pero mientras tanto las ejecuciones continúan. Por eso, queremos agregar a la prórroga un párrafo cuyo texto diga que la mencionada suspensión comprende también los casos en que judicialmente se haya declarado la inconstitucionalidad o la inaplicabilidad de la ley 25.798, porque es la única forma de que hoy podamos transitar un camino que tiene que ser lo más rápido posible. Debemos procurar que esto se resuelva antes de la finalización de esta prórroga, pero a su vez en este menor tiempo posible tenemos que evitar que se pueda seguir consumando la situación de pérdida de las viviendas únicas de tantos argentinos.
Por ello, solicitamos que se incorpore una cláusula que permita que los juicios hipotecarios que hoy están en marcha, en virtud de la inconstitucionalidad de la ley 25.798, sean frenados efectivamente. (Aplausos.)
Verdaderamente, nos habíamos comprometido a buscar una solución a este problema. Nuestro bloque, el socialista, ha presentado un proyecto, pues creemos que es importante resolver hoy estos problemas, que verdaderamente son angustiantes para muchísimos argentinos.
En unas jornadas que hubo en Mendoza se congregaron los deudores hipotecarios de nuestro país. Se habló de miles de muertos vinculados con la angustia causada por la pérdida de la vivienda única.
Realmente, existe una enorme responsabilidad en este cuerpo legislativo. Hasta hoy la mayoría de los jueces ha declarado la inaplicabilidad de la ley 25.798 y de su decreto reglamentario -1284/03-, que creaban el sistema de refinanciación hipotecaria.
Lo cierto es que hoy los deudores hipotecarios están siendo desalojados y sufren el remate de sus viviendas, lo que implica que muchas familias argentinas están viendo perder sus únicos techos y están quedando en la calle.
A partir de las leyes que suspendían los desalojos -la 26.062 y 26.084- los jueceshan declarado la inconstitucionalidad o la inaplicabilidad de la ley 25.798 y por lo tanto, como lógica, no aplican las leyes de suspensión. Por tal motivo nosotros tenemos la enorme obligación de resolver este problema lo antes posible. Estamos en deuda con el pueblo argentino.
Ahora bien, ocurre que lo resolvemos con una medida de fondo que defiende la vivienda única, pero mientras tanto las ejecuciones continúan. Por eso, queremos agregar a la prórroga un párrafo cuyo texto diga que la mencionada suspensión comprende también los casos en que judicialmente se haya declarado la inconstitucionalidad o la inaplicabilidad de la ley 25.798, porque es la única forma de que hoy podamos transitar un camino que tiene que ser lo más rápido posible. Debemos procurar que esto se resuelva antes de la finalización de esta prórroga, pero a su vez en este menor tiempo posible tenemos que evitar que se pueda seguir consumando la situación de pérdida de las viviendas únicas de tantos argentinos.
Por ello, solicitamos que se incorpore una cláusula que permita que los juicios hipotecarios que hoy están en marcha, en virtud de la inconstitucionalidad de la ley 25.798, sean frenados efectivamente. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(CAMAÑO)
Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
SR. SOLANAS, RAUL PATRICIO (ENTRE RIOS):
Señora presidenta: quiero reafirmar una aclaración que hizo el presidente de la Comisión de Justicia, doctor Cigogna, respecto de los alcances del artículo 1° del proyecto, que tiene relación con la ley 25.798. No sé por qué se ha creado la confusión de que no estarían comprendidos los deudores hipotecarios del sistema financiero o bancario.
El artículo 1° del proyecto de ley que estamos considerando dice "...que tengan por objeto el remate de la vivienda única y familiar por mutuos elegibles conforme a los términos y condiciones de la ley 25.798...". Entonces, para que no quede ninguna duda tenemos que remitirnos al artículo 2° de la ley 25.798, que dice así: "A los fines de la presente ley se entenderá como mutuo elegible aquellos mutuos garantizados con derecho real de hipoteca que cumplan con la totalidad de los siguientes requisitos: a) Que el deudor sea una persona física o sucesión indivisa; b) Que el destino del mutuo haya sido adquisición, mejora, construcción y/o ampliación de vivienda o la cancelación de mutuos constituidos originalmente para cualquiera de los destinos antes mencionados; c) Que dicha vivienda sea única y familiar." Y dice a continuación: "La naturaleza del acreedor no constituye requisito de elegibilidad, resultando incluidos en consecuencia los mutuos celebrados con entidades financieras o acreedores no financieros...".
Por otra parte, si bien es verdad que en la oportunidad anterior en que aprobamos una prórroga quedamos con el firme convencimiento de que sancionábamos una norma que era una solución definitiva a este problema acuciante, no es menos cierto que hay temas que se van enfrentando y tratando de resolver -como dijera hoy un diputado-, como la deuda social, cuestión que el gobierno del presidente Kirchner está atendiendo. Por supuesto, está tratando de encontrar solución a cada uno de esos conflictos.
Es importante que eso no quede como una cuestión que atañe solamente a nuestro gobierno. De allí el compromiso de hacer funcionar las distintas comisiones con los representantes de cada una de las áreas que tengan competencia, ya sea el Ministerio de Economía, el Banco Central o el Banco Nación.
Independientemente del número, es fundamental que este Congreso esté atento para brindar esta solución, más allá de que pueda generarse una discusión sobre el número de personas involucradas. Así fuera una sola, el Congreso tiene que estar dispuesto a dar la solución que corresponda.
Por otra parte, como aquí bien se dijo, es una cuestión de Estado, porque precisamente fue el Estado el que, al cambiar las reglas de juego, estableció la ruptura del contrato y afectó la obligación que había entre las partes. Es por eso que los diferentes poderes del Estado -el Legislativo, el Ejecutivo y también el Judicial- tienen que comprender que las partes involucradas en el acuerdo no pudieron cumplir con el contrato obligacional debido al cambio de reglas de juego, al cambio de un sistema por otro.
Hay una parte fuerte y otra parte débil en este conflicto. La parte fuerte es el sistema financiero, con sus equipos de abogados y su poderío económico; la parte débil son las familias argentinas, independientemente del número. El Estado debe buscar un equilibro para hacer razonables las pautas del reclamo, para establecer condiciones de equidad y para hacer respetar los derechos de cada una de las partes, pero no a expensas de una de ellas.
El Estado -especialmente el Congreso y el Poder Ejecutivo- deberá actuar en consecuencia para lograr, en el transcurso de este año, la solución definitiva a este conflicto.
Otro problema que se presenta es que mientras tanto hay jueces en cada una de nuestras provincias, y también jueces federales, que desconocen el alcance de las leyes que vamos votando y de las distintas suspensiones. Y es así que en el camino van quedando familias sin sus viviendas. Esto se debe también a una incomprensión por parte de la Justicia de esta situación de emergencia.
Por eso es fundamental que el Poder Judicial tenga en cuenta el artículo 4° del proyecto que votaremos dentro de unos momentos. Dice así: "La presente ley es de orden público y queda comprendida en el marco de la ley 25.561, de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario y concordantes." (Aplausos.)
Es una cobertura o un paraguas para que la Justicia entienda que estamos en una situación de emergencia. Si bien no declaramos la emergencia habitacional por medio de esta ley, sí hacemos referencia a la ley 25.561, que la Justicia argentina ha declarado como constitucional. A partir de este proyecto enviado por el Poder Ejecutivo también queda en ella comprendida la situación de los deudores hipotecarios, la situación de todas estas familias de las que estamos hablando. De alguna manera se completan las leyes de prórroga anteriores. Es un paso adelante para la resolución del conflicto.
A partir de ahora no puede haber un juez en la Argentina que declare la inconstitucionalidad de esta norma. A partir de su sanción definitiva no podrá haber remates de ninguna vivienda única y familiar en la República Argentina. (Aplausos.)
Por otra parte, en cada una de las provincias también se han ido votando leyes de suspensión de remates y ejecuciones y se ha tratado de actuar en consonancia con lo que este Congreso establece. También nos hemos encontrado en cada una de las provincias con la declaración de inconstitucionalidad en la mayoría de las causas y los planteos.
El alcance de la ley que hoy vamos a votar debe ser comprendido por los tribunales inferiores, por los tribunales provinciales, que a partir de este momento deberán entender -como acabo de señalar- que estamos en una
situación de emergencia, no sólo a partir de la ley de emergencia nacional sino también a partir de la comprensión cabal del conflicto que afecta a una gran cantidad de vecinos, más allá de que se discrepe o no con el número.
Por otro lado, sería importante que todos los bloques voten afirmativamente esta norma porque es posible -lo digo con todo respeto- que algunos legisladores, sabiendo que esta norma se va a aprobar de todas formas, se abstengan o voten en contra. Para el sistema y para lo que debemos plantear como una política de Estado y legislativa que dé una solución momentánea hasta que consigamos la respuesta de fondo, creo que sería saludable que el Congreso se expida categóricamente por unanimidad y no deje ningún resquicio para una interpretación que sea disvaliosa para la fuerza que debe tener este proyecto.
El artículo 1° del proyecto de ley que estamos considerando dice "...que tengan por objeto el remate de la vivienda única y familiar por mutuos elegibles conforme a los términos y condiciones de la ley 25.798...". Entonces, para que no quede ninguna duda tenemos que remitirnos al artículo 2° de la ley 25.798, que dice así: "A los fines de la presente ley se entenderá como mutuo elegible aquellos mutuos garantizados con derecho real de hipoteca que cumplan con la totalidad de los siguientes requisitos: a) Que el deudor sea una persona física o sucesión indivisa; b) Que el destino del mutuo haya sido adquisición, mejora, construcción y/o ampliación de vivienda o la cancelación de mutuos constituidos originalmente para cualquiera de los destinos antes mencionados; c) Que dicha vivienda sea única y familiar." Y dice a continuación: "La naturaleza del acreedor no constituye requisito de elegibilidad, resultando incluidos en consecuencia los mutuos celebrados con entidades financieras o acreedores no financieros...".
Por otra parte, si bien es verdad que en la oportunidad anterior en que aprobamos una prórroga quedamos con el firme convencimiento de que sancionábamos una norma que era una solución definitiva a este problema acuciante, no es menos cierto que hay temas que se van enfrentando y tratando de resolver -como dijera hoy un diputado-, como la deuda social, cuestión que el gobierno del presidente Kirchner está atendiendo. Por supuesto, está tratando de encontrar solución a cada uno de esos conflictos.
Es importante que eso no quede como una cuestión que atañe solamente a nuestro gobierno. De allí el compromiso de hacer funcionar las distintas comisiones con los representantes de cada una de las áreas que tengan competencia, ya sea el Ministerio de Economía, el Banco Central o el Banco Nación.
Independientemente del número, es fundamental que este Congreso esté atento para brindar esta solución, más allá de que pueda generarse una discusión sobre el número de personas involucradas. Así fuera una sola, el Congreso tiene que estar dispuesto a dar la solución que corresponda.
Por otra parte, como aquí bien se dijo, es una cuestión de Estado, porque precisamente fue el Estado el que, al cambiar las reglas de juego, estableció la ruptura del contrato y afectó la obligación que había entre las partes. Es por eso que los diferentes poderes del Estado -el Legislativo, el Ejecutivo y también el Judicial- tienen que comprender que las partes involucradas en el acuerdo no pudieron cumplir con el contrato obligacional debido al cambio de reglas de juego, al cambio de un sistema por otro.
Hay una parte fuerte y otra parte débil en este conflicto. La parte fuerte es el sistema financiero, con sus equipos de abogados y su poderío económico; la parte débil son las familias argentinas, independientemente del número. El Estado debe buscar un equilibro para hacer razonables las pautas del reclamo, para establecer condiciones de equidad y para hacer respetar los derechos de cada una de las partes, pero no a expensas de una de ellas.
El Estado -especialmente el Congreso y el Poder Ejecutivo- deberá actuar en consecuencia para lograr, en el transcurso de este año, la solución definitiva a este conflicto.
Otro problema que se presenta es que mientras tanto hay jueces en cada una de nuestras provincias, y también jueces federales, que desconocen el alcance de las leyes que vamos votando y de las distintas suspensiones. Y es así que en el camino van quedando familias sin sus viviendas. Esto se debe también a una incomprensión por parte de la Justicia de esta situación de emergencia.
Por eso es fundamental que el Poder Judicial tenga en cuenta el artículo 4° del proyecto que votaremos dentro de unos momentos. Dice así: "La presente ley es de orden público y queda comprendida en el marco de la ley 25.561, de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario y concordantes." (Aplausos.)
Es una cobertura o un paraguas para que la Justicia entienda que estamos en una situación de emergencia. Si bien no declaramos la emergencia habitacional por medio de esta ley, sí hacemos referencia a la ley 25.561, que la Justicia argentina ha declarado como constitucional. A partir de este proyecto enviado por el Poder Ejecutivo también queda en ella comprendida la situación de los deudores hipotecarios, la situación de todas estas familias de las que estamos hablando. De alguna manera se completan las leyes de prórroga anteriores. Es un paso adelante para la resolución del conflicto.
A partir de ahora no puede haber un juez en la Argentina que declare la inconstitucionalidad de esta norma. A partir de su sanción definitiva no podrá haber remates de ninguna vivienda única y familiar en la República Argentina. (Aplausos.)
Por otra parte, en cada una de las provincias también se han ido votando leyes de suspensión de remates y ejecuciones y se ha tratado de actuar en consonancia con lo que este Congreso establece. También nos hemos encontrado en cada una de las provincias con la declaración de inconstitucionalidad en la mayoría de las causas y los planteos.
El alcance de la ley que hoy vamos a votar debe ser comprendido por los tribunales inferiores, por los tribunales provinciales, que a partir de este momento deberán entender -como acabo de señalar- que estamos en una
situación de emergencia, no sólo a partir de la ley de emergencia nacional sino también a partir de la comprensión cabal del conflicto que afecta a una gran cantidad de vecinos, más allá de que se discrepe o no con el número.
Por otro lado, sería importante que todos los bloques voten afirmativamente esta norma porque es posible -lo digo con todo respeto- que algunos legisladores, sabiendo que esta norma se va a aprobar de todas formas, se abstengan o voten en contra. Para el sistema y para lo que debemos plantear como una política de Estado y legislativa que dé una solución momentánea hasta que consigamos la respuesta de fondo, creo que sería saludable que el Congreso se expida categóricamente por unanimidad y no deje ningún resquicio para una interpretación que sea disvaliosa para la fuerza que debe tener este proyecto.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Alberto Edgardo Balestrini.
SR. SOLANAS, RAUL PATRICIO (ENTRE RIOS):
Señor presidente: en cuanto a los otros temas, que tienen que ver con la constitucionalidad o no que establezca la Corte -respecto de lo cual estamos todos expectantes para que dé una solución de fondo-, solicitamos la inserción de un texto que contiene nuestra opinión. De esta manera, ante la sociedad argentina y en particular ante los deudores hipotecarios, asumimos desde nuestro bloque el compromiso de solucionar este conflicto. También asumimos la deuda social que existe en la República Argentina que este gobierno y este Congreso, lentamente pero sin pausa, van enfrentando, encaminando y dando la solución correspondiente.
Por lo tanto, esto no significa solamente patear el problema hacia delante; lo vamos a resolver porque existe el firme compromiso del bloque Frente para la Victoria y de los presidentes de las distintas comisiones de analizar los distintos proyectos y, si hace falta, unificarlos. También estamos comprometidos a lograr los consensos necesarios y por sobre todo, como corresponde, dar respuesta a una porción de nuestro pueblo que ha sido castigada en este tiempo como la parte más débil de un contrato a raíz de una situación que no buscó, que no quiso, pero de la que salió perjudicada. Por ello, de este Congreso tiene que salir la solución. (Aplausos.)
Por lo tanto, esto no significa solamente patear el problema hacia delante; lo vamos a resolver porque existe el firme compromiso del bloque Frente para la Victoria y de los presidentes de las distintas comisiones de analizar los distintos proyectos y, si hace falta, unificarlos. También estamos comprometidos a lograr los consensos necesarios y por sobre todo, como corresponde, dar respuesta a una porción de nuestro pueblo que ha sido castigada en este tiempo como la parte más débil de un contrato a raíz de una situación que no buscó, que no quiso, pero de la que salió perjudicada. Por ello, de este Congreso tiene que salir la solución. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra el señor diputado por Chaco.
SR. ZIMMERMANN, VICTOR (CHACO):
Señor presidente: vamos a apoyar la sanción de este proyecto porque, a pesar de sus deficiencias, promueve dos cuestiones básicas que preocupan a un conjunto de ciudadanos argentinos que están tratando de conservar sus viviendas.
Digo esto porque esta iniciativa contempla una prórroga de lo dispuesto por la ley 26.084 y ello constituye un acto de justicia porque defiende el derecho a la vivienda de muchos argentinos que vieron evaporar las posibilidades de afrontar sus deudas hipotecarias después de la crisis iniciada en el año 1998.
De esta manera estamos dando más tiempo a los ciudadanos; estamos suspendiendo por 180 días las ejecuciones de sentencias que dan lugar al remate de los mutuos elegibles según las condiciones fijadas por la ley 25.798, y para los mismos mutuos se suspenden también por 180 días los desalojos.
Ahora bien, veamos objetivamente el problema. La prórroga de la suspensión de desalojos y remates es para los mutuos elegibles para la refinanciación fijadas por la mencionada ley.
Entonces, la ley 25.798 no ha operado correctamente y como consecuencia no hay refinanciación en la medida de lo necesario, por lo que avanzan los procesos judiciales. Claramente ésta es una realidad manifiesta. Lo dicen las múltiples reuniones de deudores hipotecarios, los múltiples proyectos presentados en este Congreso Nacional a los efectos de pretender mejorar esta situación.
Nosotros específicamente lo venimos señalando y lo hemos señalado ya en reiteradas oportunidades. Al respecto, cabe recordar que muchos deudores del sistema financiero no tuvieron la posibilidad de acogerse al régimen porque la opción se dio a las entidades financieras cubiertas por la ley 21.526; los prestatarios no tuvieron esta posibilidad de reprogramación.
Así, muchas entidades privadas no enviaron mutuos al fideicomiso que instrumenta la operatoria y ofrecieron en su lugar sus propias condiciones de refinanciación, muchas de ellas con planes que no fueron ventajosos.
Por otra parte, en otros casos, el recálculo de la deuda exigible se hizo sin reparar en el desequilibrio de los ingresos familiares frente a las actualizaciones de las obligaciones que denunciaron las entidades financieras en los bancos.
Los deudores de los acreedores privados, escribanías y otros, sufrieron a su tiempo porque esos acreedores trabaron reclamos judiciales que en cierta medida encontraron fundamento en motivos tales como demora en la integración de los fondos públicos al fideicomiso y objeción a la pesificación por tratamiento desigual entre los acreedores, dado por la ley 25.798.
Cabe agregar también que hay otra realidad manifiesta frente a la actual situación y el proyecto que nos aprestamos a sancionar. El oficialismo, que tiene número, no ha tenido hasta aquí vocación política para empezar a resolver este tema actuando sobre sus causas. Pero en honor a las palabras del señor diputado Cigogna, quiero también comprometer a todos los legisladores de los distintos bloques a que asumamos con responsabilidad la necesidad de tratar un proyecto de ley de fondo que nos permita de alguna manera resolver este grave problema.
Nosotros entendemos que no hay obstáculos para avanzar. Es más, que las condiciones actuales que tiene el país facilitan el tratamiento. En la economía argentina las cuentas fiscales están firmes como para fortalecer el fondo fiduciario de refinanciación. Los deudores, en la medida en que recuperaron sus ingresos al compás de la mejora económica, están recuperando su capacidad de pago, y aquí hay que decirlo con mucha claridad: los deudores no quieren que se les condone ni regale nada; quieren pagar sobre la base de su nueva situación económica y financiera y afrontar sus deudas.
O sea, en definitiva, nosotros entendemos que están dadas las condiciones para atacar el problema sobre la base del esfuerzo compartido: del Estado, los bancos, los acreedores y los deudores, conforme con la capacidad económica que pueda tener cada uno.
Por estas consideraciones, insto nuevamente a trabajar y a producir en estos próximos tres meses un proyecto de fondo sobre los deudores hipotecarios argentinos.
Nosotros tenemos presentado un proyecto que en este contexto propone que se declare la emergencia y se recalculen las deudas sobre la base de diversos criterios que en lo básico apuntan a sostener el equilibrio entre la deuda, el ingreso de los prestatarios y el valor real de la vivienda, recogiendo y potenciando el espíritu de la ley 25.798 y su normativa. Está claro que esta es la acción primaria que se requiere para no reciclar el problema.
A tal efecto nuestro proyecto también mantiene el universo de deudores definido por los artículos 4° y 5° de la ley 25.798, esto es, que el importe del mutuo elegible no puede ser superior a los cien mil pesos. Con esta iniciativa no se hace más que contemplar a aquellos deudores que sufrieron una merma en sus ingresos por causas extraordinarias que violentaron las condiciones originales de sus préstamos.
Cabe recordar que a principios de 1999 las consecuencias sistemáticamente negativas del modelo de la convertibilidad en términos sociales de empleo e ingresos eran manifiestas y crecientes para una gran parte de la población.
En cuanto a la financiación, en primer lugar, se dispone modificar el privilegio de las entidades financieras que, como lo han señalado varios legisladores, a diferencia de los acreedores privados podían optar por no enviar los mutuos al fideicomiso según sus posibilidades de refinanciación. Como lo consideraron algunos jueces, estamos frente a un tratamiento distinto ante la ley que sería inconstitucional. Por eso se propone dar un carácter optativo completo al artículo 6° de la ley, es decir, que también los deudores del sistema financiero puedan optar por integrarse al fideicomiso, del mismo modo que los deudores de acreedores privados.
Se establece así mismo una continuidad para los deudores ya inscriptos en el fideicomiso, otorgándoles la posibilidad de recalcular la deuda -según los criterios del proyecto de ley- si tal operatoria arrojara una deuda exigible menor a la existente.
En nuestra opinión, en la norma que resuelva el problema de los deudores hipotecarios el monto de la cuota a pagar no puede ser superior al 25 por ciento de los ingresos totales del grupo familiar. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)
Finalmente, para los casos más angustiosos, como desocupados y jubilados, al igual que otros casos extremos de dificultad socioeconómica, el proyecto prevé dar carácter de ley a la justa resolución 314/05 que dictó el actual Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que otorga mejores condiciones, apoyo concreto de refinanciación y soporte presupuestario para quienes estén en condiciones sociales desfavorables.
Sinceramente, espero que en un tiempo prudencial podamos debatir un proyecto de ley que ofrezca una solución de fondo a tantos deudores argentinos.
Digo esto porque esta iniciativa contempla una prórroga de lo dispuesto por la ley 26.084 y ello constituye un acto de justicia porque defiende el derecho a la vivienda de muchos argentinos que vieron evaporar las posibilidades de afrontar sus deudas hipotecarias después de la crisis iniciada en el año 1998.
De esta manera estamos dando más tiempo a los ciudadanos; estamos suspendiendo por 180 días las ejecuciones de sentencias que dan lugar al remate de los mutuos elegibles según las condiciones fijadas por la ley 25.798, y para los mismos mutuos se suspenden también por 180 días los desalojos.
Ahora bien, veamos objetivamente el problema. La prórroga de la suspensión de desalojos y remates es para los mutuos elegibles para la refinanciación fijadas por la mencionada ley.
Entonces, la ley 25.798 no ha operado correctamente y como consecuencia no hay refinanciación en la medida de lo necesario, por lo que avanzan los procesos judiciales. Claramente ésta es una realidad manifiesta. Lo dicen las múltiples reuniones de deudores hipotecarios, los múltiples proyectos presentados en este Congreso Nacional a los efectos de pretender mejorar esta situación.
Nosotros específicamente lo venimos señalando y lo hemos señalado ya en reiteradas oportunidades. Al respecto, cabe recordar que muchos deudores del sistema financiero no tuvieron la posibilidad de acogerse al régimen porque la opción se dio a las entidades financieras cubiertas por la ley 21.526; los prestatarios no tuvieron esta posibilidad de reprogramación.
Así, muchas entidades privadas no enviaron mutuos al fideicomiso que instrumenta la operatoria y ofrecieron en su lugar sus propias condiciones de refinanciación, muchas de ellas con planes que no fueron ventajosos.
Por otra parte, en otros casos, el recálculo de la deuda exigible se hizo sin reparar en el desequilibrio de los ingresos familiares frente a las actualizaciones de las obligaciones que denunciaron las entidades financieras en los bancos.
Los deudores de los acreedores privados, escribanías y otros, sufrieron a su tiempo porque esos acreedores trabaron reclamos judiciales que en cierta medida encontraron fundamento en motivos tales como demora en la integración de los fondos públicos al fideicomiso y objeción a la pesificación por tratamiento desigual entre los acreedores, dado por la ley 25.798.
Cabe agregar también que hay otra realidad manifiesta frente a la actual situación y el proyecto que nos aprestamos a sancionar. El oficialismo, que tiene número, no ha tenido hasta aquí vocación política para empezar a resolver este tema actuando sobre sus causas. Pero en honor a las palabras del señor diputado Cigogna, quiero también comprometer a todos los legisladores de los distintos bloques a que asumamos con responsabilidad la necesidad de tratar un proyecto de ley de fondo que nos permita de alguna manera resolver este grave problema.
Nosotros entendemos que no hay obstáculos para avanzar. Es más, que las condiciones actuales que tiene el país facilitan el tratamiento. En la economía argentina las cuentas fiscales están firmes como para fortalecer el fondo fiduciario de refinanciación. Los deudores, en la medida en que recuperaron sus ingresos al compás de la mejora económica, están recuperando su capacidad de pago, y aquí hay que decirlo con mucha claridad: los deudores no quieren que se les condone ni regale nada; quieren pagar sobre la base de su nueva situación económica y financiera y afrontar sus deudas.
O sea, en definitiva, nosotros entendemos que están dadas las condiciones para atacar el problema sobre la base del esfuerzo compartido: del Estado, los bancos, los acreedores y los deudores, conforme con la capacidad económica que pueda tener cada uno.
Por estas consideraciones, insto nuevamente a trabajar y a producir en estos próximos tres meses un proyecto de fondo sobre los deudores hipotecarios argentinos.
Nosotros tenemos presentado un proyecto que en este contexto propone que se declare la emergencia y se recalculen las deudas sobre la base de diversos criterios que en lo básico apuntan a sostener el equilibrio entre la deuda, el ingreso de los prestatarios y el valor real de la vivienda, recogiendo y potenciando el espíritu de la ley 25.798 y su normativa. Está claro que esta es la acción primaria que se requiere para no reciclar el problema.
A tal efecto nuestro proyecto también mantiene el universo de deudores definido por los artículos 4° y 5° de la ley 25.798, esto es, que el importe del mutuo elegible no puede ser superior a los cien mil pesos. Con esta iniciativa no se hace más que contemplar a aquellos deudores que sufrieron una merma en sus ingresos por causas extraordinarias que violentaron las condiciones originales de sus préstamos.
Cabe recordar que a principios de 1999 las consecuencias sistemáticamente negativas del modelo de la convertibilidad en términos sociales de empleo e ingresos eran manifiestas y crecientes para una gran parte de la población.
En cuanto a la financiación, en primer lugar, se dispone modificar el privilegio de las entidades financieras que, como lo han señalado varios legisladores, a diferencia de los acreedores privados podían optar por no enviar los mutuos al fideicomiso según sus posibilidades de refinanciación. Como lo consideraron algunos jueces, estamos frente a un tratamiento distinto ante la ley que sería inconstitucional. Por eso se propone dar un carácter optativo completo al artículo 6° de la ley, es decir, que también los deudores del sistema financiero puedan optar por integrarse al fideicomiso, del mismo modo que los deudores de acreedores privados.
Se establece así mismo una continuidad para los deudores ya inscriptos en el fideicomiso, otorgándoles la posibilidad de recalcular la deuda -según los criterios del proyecto de ley- si tal operatoria arrojara una deuda exigible menor a la existente.
En nuestra opinión, en la norma que resuelva el problema de los deudores hipotecarios el monto de la cuota a pagar no puede ser superior al 25 por ciento de los ingresos totales del grupo familiar. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)
Finalmente, para los casos más angustiosos, como desocupados y jubilados, al igual que otros casos extremos de dificultad socioeconómica, el proyecto prevé dar carácter de ley a la justa resolución 314/05 que dictó el actual Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que otorga mejores condiciones, apoyo concreto de refinanciación y soporte presupuestario para quienes estén en condiciones sociales desfavorables.
Sinceramente, espero que en un tiempo prudencial podamos debatir un proyecto de ley que ofrezca una solución de fondo a tantos deudores argentinos.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
SR. GODOY, JUAN CARLOS LUCIO (ENTRE RIOS):
Señor presidente: adelanto el voto afirmativo de nuestro bloque, pero el objeto de esta intervención es aclarar una decisión que se adoptó unos días atrás en la Comisión de Labor Parlamentaria. En esas reuniones también se registra versión taquigráfica, aunque no es necesario después trasladarla a este ámbito. Sin embargo, me parece pertinente comentar que como consecuencia de la visita del señor Jefe de Gabinete de Ministros, y después de que el Poder Ejecutivo se comprometió a trabajar en este tema de una manera diferente, se planteó la necesidad de una tarea compartida entre el Legislativo y el Ejecutivo. De lo contrario, como hace mucho tiempo, aquí estaremos trabajando en numerosos proyectos mientras en definitiva el Ejecutivo está planteando una prórroga.
Como entendimos que había que buscar una salida, el señor presidente formuló la propuesta de que las comisiones se reunieran, e interpreté que se ponía al frente para encarar el trabajo de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, junto con el Poder Ejecutivo, con el objeto de solucionar esta situación. Yo no veo otra salida; es una cuestión de eficacia legislativa y ejecutiva, y en función de lo que la Presidencia de la Cámara propuso y de lo que manifestó el jefe de Gabinete me gustaría que se dé a conocer la decisión y se lleve adelante.
Como entendimos que había que buscar una salida, el señor presidente formuló la propuesta de que las comisiones se reunieran, e interpreté que se ponía al frente para encarar el trabajo de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, junto con el Poder Ejecutivo, con el objeto de solucionar esta situación. Yo no veo otra salida; es una cuestión de eficacia legislativa y ejecutiva, y en función de lo que la Presidencia de la Cámara propuso y de lo que manifestó el jefe de Gabinete me gustaría que se dé a conocer la decisión y se lleve adelante.
- Aplausos en las galerías.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Es cierto lo que ha manifestado el señor diputado: la semana pasada esta Presidencia se puso en contacto con el Senado de la Nación y con la Jefatura de Gabinete. La respuesta fue que en el término de diez días íbamos a tener una contestación del Poder Ejecutivo nacional a efectos de ponernos a trabajar conjuntamente para encontrar una solución a esta problemática. Seguramente, la semana próxima tendremos alguna novedad al respecto.
Se va a votar en general el dictamen de mayoría.
Se va a votar en general el dictamen de mayoría.
- Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Si hay asentimiento de la Honorable Cámara se procederá a votar en particular, en un solo acto, el articulado del proyecto.
- Asentimiento.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
- El artículo 5° es de forma.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley.
Se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado. (Aplausos en las galerías.)
Se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado. (Aplausos en las galerías.)
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