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Período:123 Reunion:39 Fecha:14/12/2005 MODIFICACIÓN DE LAS LEYES DE IMPUESTOS A LAS GANANCIAS, SOBRE LOS BIENES PERSONALES, DEL GRAVAMEN DE EMERGENCIA A LOS PREMIOS DE DETERMINADOS JUEGOS DE SORTEOS Y CONCURSOS DEPORTIVOS, DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE EL CAPITAL DE COOPERATIVAS Y DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.
Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.
SR. SNOPEK, CARLOS DANIEL (JUJUY):
Señor presidente: en este caso voy a ser más escueto que en mi intervención anterior. La razón reside en que en ninguna de las iniciativas por las que se extienden los plazos se producen modificaciones a la situación actual.
- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª de la Honorable Cámara, licenciada Patricia Vaca Narvaja.
SR. SNOPEK, CARLOS DANIEL (JUJUY):
En cambio, quiero señalar algunas cuestiones que me parecen de la máxima importancia. En primer lugar, el impuesto a las ganancias, según el presupuesto de 2006, tiene previsto recaudar una suma cercana a los treinta mil millones de pesos.
En consecuencia, tenemos al Estado nacional y a los estados provinciales, donde también se prevé la distribución de recursos a las jurisdicciones municipales. Es decir que existe una afectación en tres niveles.
Si sustrajésemos del total de los recursos previstos en el presupuesto de la Nación nada menos que treinta mil millones de pesos, realmente estaríamos impidiendo el funcionamiento del Estado.
A ello, que es lo más grave, también habría que agregar las implicancias institucionales, las que requieren nuestra mayor atención por la forma en que vamos a votar.
Sé que hay algunos miembros de la Cámara que con la mejor de las intenciones, sin ninguna duda, siguiendo preceptos que respetamos, propugnan la modificación de determinados mínimos -como los no imponibles- o algunos elementos en razón de los cuales ciertos estratos de la población hoy tienen que tributar el impuesto a las ganancias, o particularmente están sujetos a regímenes de retención, en la fuente, cuando se trata de contribuyentes de la cuarta categoría, en relación de dependencia, o sujetos al pago de anticipos del impuesto a las ganancias en el caso de monotributistas o personas que en general desarrollan sus actividades sin sujeción a la relación de dependencia.
En tales casos es absolutamente cierto que, a raíz del modo de calcular las retenciones, en la fuente, y de establecer la cuantía de los anticipos -lo cual fue motivo de modificaciones que en términos genéricos supieron llamarse "el impuestazo de Machinea", que hasta el día de hoy no ha sido cambiado-, habría una afectación respecto de esa gente de menores ingresos.
También es absolutamente cierto que se hace necesario abordar esta problemática, ¿pero cuál es la oportunidad de hacerlo? Lamentablemente, tendré que reiterar un concepto que, en ocasión del tratamiento del proyecto de ley contenido en el expediente0048-pe-2005 , me vi precisado a traer a colación. Ante todo, debemos cuidar algo que mucho costó conseguir al pueblo argentino: la seriedad y la responsabilidad fiscal en términos de superávit primario.
Debemos respetar ese elemento sustantivo y no volver a viejos esquemas donde los menos protegidos de la sociedad, aquellos que no tienen defensa, terminan pagando la cuenta por los errores que eventualmente podamos cometer; y la cuenta se paga emitiendo -en cuyo caso la inflación devora a los más desprotegidos de la sociedad, los asalariados, aquellos que no tienen escudo para repararse de ese flagelo- o contrayendo deuda, pero ya conocemos las consecuencias de un endeudamiento excesivo como el que supimos tener durante largo tiempo en la Argentina, que mucho ha costado renegociar para llegar a valores compatibles con lo que el pueblo argentino puede y debe abonar de manera razonable y prudente, dentro de un esquema de crecimiento y desarrollo.
Esta debe ser una política de Estado no sólo del actual gobierno sino del conjunto de los argentinos. Debemos conservar el esquema de seriedad y responsabilidad fiscal teniendo permanentemente la posibilidad de contar con superávit no sólo primario sino también financiero.
Reitero que ese debe ser un objetivo de todos los argentinos, que nos asegurará la plataforma básica y el cimiento necesario para construir un país más sólido en un desarrollo con equidad, justicia y adecuada distribución del ingreso. Este precepto debe estar fuertemente arraigado en la sociedad.
No se trata de una cuestión ideológica ni del espectro de ciertas cámaras de un país lejano, una isla de Europa continental. Es más, el problema ni siquiera es técnico, sino de sentido común. Cuando en una vivienda unifamiliar durante un tiempo prolongado el gasto es mayor que el ingreso, la resultante es una sola: hay un empobrecimiento de esa familia.
Entonces, la gran familia que formamos todos los argentinos debe tener la precaución de no contraer deuda más allá de lo que puede pagar, como nos ha ocurrido en otras ocasiones. Esto se consigue, sin duda alguna, siendo obsesivamente responsables en cuanto al gasto fiscal. Este es un mandato del pueblo, que ha votado hace muy poco tiempo.
La pregunta que debemos formularnos es cuáles eran los impuestos existentes al momento en que votó el pueblo en las elecciones recientes. ¿Nosotros, sus representantes, vamos a torcer esa voluntad popular que votó estando vigentes estos impuestos, no aprobándolos y no ratificando en general la política seguida por el Ejecutivo y por los gobiernos provinciales en esta materia? ¿Nosotros vamos a torcer el sentido de ese voto afirmativo? ¿Nos está permitido hacer eso en nombre de quienes decimos representar, que es el pueblo de la Nación Argentina en cada uno de los distritos a los que pertenecemos? ¿O es nuestra responsabilidad y obligación interpretar aquel mandato en un sentido amplio pero también con un razonamiento lógico de la cuestión?
El razonamiento lógico de la cuestión es que cuando el pueblo argentino votó en las elecciones lo hizo sabiendo que estos impuestos estaban vigentes y, en consecuencia, ratificó el rumbo de prolijidad fiscal, que no es posible continuar de la manera en que se viene haciendo si tiramos por la borda el esfuerzo del pueblo, impidiendo que durante el ejercicio siguiente se recauden treinta mil millones de pesos que se destinan -hago hincapié en esto porque por allí he escuchado quejas de la distribución- al gobierno federal, a los gobiernos provinciales y a los comunales, por una o por otra vía.
Es cierto, como decía hace un rato un señor diputado, que todavía no tenemos el esquema de distribución de recursos que prevé la Constitución Nacional, pero también lo es, como dijo un diputado de mi bancada, que hemos debido suplir con pactos ese esquema difícil que consiste en acordar cuánto le corresponde a cada nivel de gobierno. Esos pactos constituyen en esencia un cuerpo normativo, que hoy está vigente, que se asimila al concepto de la distribución. En consecuencia, no podemos cometer la irresponsabilidad de tirar por la borda impuestos de esta magnitud.
Además, todos nos llenamos la boca hablando de la progresividad de los impuestos y de la necesidad de que quienes menos tienen paguen menos y quienes más tienen paguen más. ¿Cuál es el impuesto más progresivo que tenemos en la Argentina? ¿Cuál es el impuesto que va más allá en el sentido correcto de la distribución equitativa y justa del ingreso de los argentinos? Indudablemente es el impuesto a las ganancias, porque los impuestos al consumo pesan en el bolsillo de los que tienen mucho igual que en el de quienes tienen poco, a menos que supongamos que los que más tienen cuando comen arroz consumen cinco kilos y los que tienen poco apenas comen medio kilo. Esto no es posible; sobre todo, no creo que los que tienen mucho se coman cinco kilos de arroz de una sola vez. Este ejemplo podríamos multiplicarlo.
De manera tal que un impuesto aplicado sobre el consumo, sin duda alguna tiene mayor peso, mayor cuerpo y más energía destructiva en el salario o en los ingresos de los que menos ganan. En cambio, el impuesto a las ganancias es el más redistributivo de la riqueza en éste y en cualquier país del mundo.
Afortunadamente, durante el año pasado y también en el corriente estamos llegando a niveles de recaudación de los impuestos a la renta en general -no sólo del impuesto a las ganancias- similares a los impuestos al consumo.
Esto hace que por primera vez en la Argentina estemos más cerca de una distribución equitativa, justa y razonable de los impuestos en relación con la capacidad contributiva de la población. ¿Y justamente hoy, cuando estamos en esas condiciones, vamos a dejar de aprobar el impuesto a las ganancias porque creemos que tenemos que modificar el sistema de mínimos no imponibles, o el sistema previsto a continuación del artículo 23 de la ley de impuesto a las ganancias, donde en una tablita se establece que de 0 a 39.000 pesos de utilidades se deduce plenamente todo, y de allí para adelante las deducciones empiezan a tener reducciones, hasta que llegan a los 250.000 pesos de utilidades y allí la deducción no existe? ¿Vamos a hacer más progresivo esto para compensar un tema con el otro?
Es posible pensar en eso; es una alternativa. Pero hoy estamos hablando de la oportunidad o de la ocasión en que debemos hacerlo. A nuestro juicio, para cualquiera de estas condiciones lo que se requiere es tener solidificado el frente fiscal. Y desde el bloque Justicialista estamos dando una prueba evidente, notoria, clara y contundente de que queremos avanzar en ese sentido.
Esa prueba la damos en las modificaciones que proponemos en el dictamen de mayoría al artículo 24 del proyecto de ley de presupuesto. A este último le hemos agregado un párrafo, a continuación de la suspensión transitoria del fondo anticíclico, por el cual disponemos que el Poder Ejecutivo debe ingresar allí recursos excedentes para destinarlos a compensar, durante el curso del ejercicio venidero, lo que signifique en costo fiscal una eventual disminución de la recaudación originada en la elevación, por ejemplo, de los mínimos no imponibles, o en las diferencias que pudieran surgir de la profundización de la tabla que acabo de mencionar.
De manera que en el proyecto de ley de presupuesto -que vamos a comenzar a tratar en unos instantes- estamos dando una acabada prueba de la voluntad política del gobierno nacional y de este bloque en particular -que es el del oficialismo, como dicen algunos, y lo es con todas las letras- en ese sentido. Cualquiera puede remitirse al dictamen de mayoría para conocer cuál es la propuesta que hacemos de modificación al artículo 24 del proyecto de ley de presupuesto.
Con respecto al tema del impuesto sobre los bienes personales, se habla de 102.300 pesos de mínimo no imponible. Pero pongamos un poco las cosas en su lugar. Se dice que todo lo que exceda de esa cifra es lo que está sujeto al impuesto sobre los bienes personales, con alícuotas diferenciales si se llega hasta determinado nivel y con una alícuota mayor a partir de determinado nivel.
Pero analicemos cuál es la forma de calcular la cuantía de la obligación tributaria. Se hace por dos caminos y se toma el que resulte mayor. Uno de ellos es la valuación para el pago del impuesto inmobiliario en cada jurisdicción de las veinticuatro que tiene la Argentina. Solamente tres jurisdicciones en el país han incrementado sus valuaciones fiscales a los efectos del pago del impuesto inmobiliario: la Capital, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Mendoza. El resto del país mantiene las mismas valuaciones fiscales en general, porque hay algunos casos particulares, por ejemplo, algunos códigos fiscales que dicen que cuando hay algún fraccionamiento de la tierra puede hacerse una valuación que no entre en el concepto general de valuación total de los inmuebles. De modo que en términos generales lo que sucede es que en el resto de la Argentina no existe la circunstancia de que se hayan elevado las valuaciones fiscales.
Por supuesto que no vamos a discutir acá la potestad que tienen esas tres jurisdicciones de hacer sus revalúos de inmuebles, éste es un tema que esta Cámara no puede considerar; aunque debemos señalar que éste es un hecho cierto que ha ocurrido en la Argentina.
Veamos ahora la segunda posibilidad que tenemos; es decir, precio de compra menos amortizaciones. Debemos considerar si las compras se han hecho antes del "certificado de defunción" de la devaluación ocurrida en las postrimerías del año 2001, cuando se fugaron de la Argentina veintitantos mil millones de dólares -no digo el número exacto, porque cada uno tiene su cuentita-; no vale la pena entrar en detalles, lo cierto es que fue mucho dinero, el problema fue muy serio y hubo un certificado de defunción del sistema. Si la compra fue anterior a ese momento, los números son bastante razonables desde el otro punto de vista; me refiero al valor de compra menos amortizaciones para los bienes inmuebles, y menos amortizaciones para otro tipo de bienes muebles que tienen amortización, sobre todo aquellos que están incluidos en la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, cuando el individuo es monotributista o desarrolla alguna actividad que no es estrictamente en relación de dependencia, en cuyo caso cabe destacarse que la deducción especial es del 300 por ciento respecto del médico, arquitecto, abogado o lo que fuera, que trabaja por su cuenta. De manera tal que todo tiene compensaciones en un sentido u otro.
¿A quiénes alcanza este sistema? A quienes han comprado la vivienda hace poco tiempo o en aquellas zonas donde se produjo un revalúo de inmuebles por determinadas circunstancias; por ejemplo, el cercano barrio de Recoleta, donde las viviendas alcanzaron valores muy superiores a los de otras jurisdicciones de nuestro país. En este sentido, cuando medimos la cantidad de metros cuadrados de los inmuebles y observamos la valuación de cada uno de ellos, advertimos que existe una diferencia sideral por metro cuadrado y también respecto de la dimensión de inmuebles con ciertas similitudes donde se prescinde de la ubicación geográfica.
Esto nos lleva a la conclusión de que sin desconocer en absoluto la necesidad de analizar esta cuestión en algún momento -lo que nuestro bloque entiende debidamente-, no podemos pretender hoy -cuando tenemos la obligación fundamental de cuidar con responsabilidad el superávit primario- aplicar esta elevación del mínimo no imponible del impuesto sobre los bienes personales, aunque tengamos la afectación. ¿Saben por qué? Por una razón muy sencilla: es verdad que son afectados, es verdad que el mínimo no imponible puede tener para algunos una connotación de desacomodamiento con los valores actuales; pero peor estarán los que no tienen trabajo y los asalariados si nosotros no somos responsables fiscalmente, porque ellos van a pagar las cuentas. Reitero el concepto: peor están los que no tienen trabajo.
La sociedad debe comportarse como tal y nosotros tenemos la obligación de visualizar el conjunto. No hay otra posibilidad racional ni ideológica. Lo digo desde nuestra concepción profundamente humanista y cristiana. Este no es un problema de carácter ideológico sino de sentido común. No podemos hacer caer sobre los más desamparados el costo del problema global.
Por eso, si existe un esfuerzo de parte de algunos sectores, lo reconocemos y estamos dispuestos a analizar el tema, pero en la oportunidad y ocasión que correspondan, teniendo el debido cuidado de no alterar el principio esencial de responsabilidad fiscal que nos lleva a mantener el superávit primario y financiero.
En lo que respecta a los demás impuestos -la contribución especial sobre el capital de las cooperativas y el gravamen de emergencia a los premios de determinados juegos de sorteo y concursos deportivos-, diría que por la cuantía del tema podríamos obviar su explicación, porque en rigor de verdad no sufren ninguna alteración; simplemente los estamos prorrogando por el plazo que se indica en el proyecto.
Aclaro que el plazo por el cual se prorrogan en el dictamen de mayoría coincide con lo que se había fijado anteriormente. Así, en el caso del impuesto a las ganancias se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2009, es decir que se reitera el plazo de cuatro años que se había establecido en su momento y que ahora se reitera prolijamente.
El impuesto sobre los bienes personales también se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2009, que es el mismo plazo que se había resuelto anteriormente.
El gravamen de emergencia se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2015, que es el mismo plazo de vigencia que tiene hasta el 31 de diciembre de 2005, o sea, diez años para adelante.
En el caso de la contribución especial sobre el capital de las cooperativas el plazo de vigencia se fija en veinticuatro períodos fiscales, que es la misma expresión que contiene la ley que fenece el 31 de diciembre del corriente año. Lo mismo ocurre con el régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Con respecto a este último debo señalar que desde esta Cámara hemos contribuido a consolidar, proyectar y establecer de tal forma este tema que llevará justicia a este amplio espectro de contribuyentes de la Argentina. Por eso, pretendemos prorrogarlo por el mismo período que se aplicó anteriormente, que lo llevaría hasta el 31 de diciembre de 2009.
Antes de pasar a la votación, quiero manifestar por intermedio de la Presidencia a los colegas diputados que pensemos bien lo que vamos a hacer. Pensemos en la responsabilidad y seriedad con la que debemos encarar el tratamiento de un tema como el que hoy nos convoca; pensemos en la responsabilidad y seriedad que nos imponen las circunstancias que hoy enfrenta la Argentina, que es lo que espera la gente que nos mira desde afuera. Esa responsabilidad y seriedad nos obliga a actuar con prudencia y razonabilidad y nos exige prorrogar la vigencia de estos impuestos por los períodos que he señalado. (Aplausos.)
En consecuencia, tenemos al Estado nacional y a los estados provinciales, donde también se prevé la distribución de recursos a las jurisdicciones municipales. Es decir que existe una afectación en tres niveles.
Si sustrajésemos del total de los recursos previstos en el presupuesto de la Nación nada menos que treinta mil millones de pesos, realmente estaríamos impidiendo el funcionamiento del Estado.
A ello, que es lo más grave, también habría que agregar las implicancias institucionales, las que requieren nuestra mayor atención por la forma en que vamos a votar.
Sé que hay algunos miembros de la Cámara que con la mejor de las intenciones, sin ninguna duda, siguiendo preceptos que respetamos, propugnan la modificación de determinados mínimos -como los no imponibles- o algunos elementos en razón de los cuales ciertos estratos de la población hoy tienen que tributar el impuesto a las ganancias, o particularmente están sujetos a regímenes de retención, en la fuente, cuando se trata de contribuyentes de la cuarta categoría, en relación de dependencia, o sujetos al pago de anticipos del impuesto a las ganancias en el caso de monotributistas o personas que en general desarrollan sus actividades sin sujeción a la relación de dependencia.
En tales casos es absolutamente cierto que, a raíz del modo de calcular las retenciones, en la fuente, y de establecer la cuantía de los anticipos -lo cual fue motivo de modificaciones que en términos genéricos supieron llamarse "el impuestazo de Machinea", que hasta el día de hoy no ha sido cambiado-, habría una afectación respecto de esa gente de menores ingresos.
También es absolutamente cierto que se hace necesario abordar esta problemática, ¿pero cuál es la oportunidad de hacerlo? Lamentablemente, tendré que reiterar un concepto que, en ocasión del tratamiento del proyecto de ley contenido en el expediente
Debemos respetar ese elemento sustantivo y no volver a viejos esquemas donde los menos protegidos de la sociedad, aquellos que no tienen defensa, terminan pagando la cuenta por los errores que eventualmente podamos cometer; y la cuenta se paga emitiendo -en cuyo caso la inflación devora a los más desprotegidos de la sociedad, los asalariados, aquellos que no tienen escudo para repararse de ese flagelo- o contrayendo deuda, pero ya conocemos las consecuencias de un endeudamiento excesivo como el que supimos tener durante largo tiempo en la Argentina, que mucho ha costado renegociar para llegar a valores compatibles con lo que el pueblo argentino puede y debe abonar de manera razonable y prudente, dentro de un esquema de crecimiento y desarrollo.
Esta debe ser una política de Estado no sólo del actual gobierno sino del conjunto de los argentinos. Debemos conservar el esquema de seriedad y responsabilidad fiscal teniendo permanentemente la posibilidad de contar con superávit no sólo primario sino también financiero.
Reitero que ese debe ser un objetivo de todos los argentinos, que nos asegurará la plataforma básica y el cimiento necesario para construir un país más sólido en un desarrollo con equidad, justicia y adecuada distribución del ingreso. Este precepto debe estar fuertemente arraigado en la sociedad.
No se trata de una cuestión ideológica ni del espectro de ciertas cámaras de un país lejano, una isla de Europa continental. Es más, el problema ni siquiera es técnico, sino de sentido común. Cuando en una vivienda unifamiliar durante un tiempo prolongado el gasto es mayor que el ingreso, la resultante es una sola: hay un empobrecimiento de esa familia.
Entonces, la gran familia que formamos todos los argentinos debe tener la precaución de no contraer deuda más allá de lo que puede pagar, como nos ha ocurrido en otras ocasiones. Esto se consigue, sin duda alguna, siendo obsesivamente responsables en cuanto al gasto fiscal. Este es un mandato del pueblo, que ha votado hace muy poco tiempo.
La pregunta que debemos formularnos es cuáles eran los impuestos existentes al momento en que votó el pueblo en las elecciones recientes. ¿Nosotros, sus representantes, vamos a torcer esa voluntad popular que votó estando vigentes estos impuestos, no aprobándolos y no ratificando en general la política seguida por el Ejecutivo y por los gobiernos provinciales en esta materia? ¿Nosotros vamos a torcer el sentido de ese voto afirmativo? ¿Nos está permitido hacer eso en nombre de quienes decimos representar, que es el pueblo de la Nación Argentina en cada uno de los distritos a los que pertenecemos? ¿O es nuestra responsabilidad y obligación interpretar aquel mandato en un sentido amplio pero también con un razonamiento lógico de la cuestión?
El razonamiento lógico de la cuestión es que cuando el pueblo argentino votó en las elecciones lo hizo sabiendo que estos impuestos estaban vigentes y, en consecuencia, ratificó el rumbo de prolijidad fiscal, que no es posible continuar de la manera en que se viene haciendo si tiramos por la borda el esfuerzo del pueblo, impidiendo que durante el ejercicio siguiente se recauden treinta mil millones de pesos que se destinan -hago hincapié en esto porque por allí he escuchado quejas de la distribución- al gobierno federal, a los gobiernos provinciales y a los comunales, por una o por otra vía.
Es cierto, como decía hace un rato un señor diputado, que todavía no tenemos el esquema de distribución de recursos que prevé la Constitución Nacional, pero también lo es, como dijo un diputado de mi bancada, que hemos debido suplir con pactos ese esquema difícil que consiste en acordar cuánto le corresponde a cada nivel de gobierno. Esos pactos constituyen en esencia un cuerpo normativo, que hoy está vigente, que se asimila al concepto de la distribución. En consecuencia, no podemos cometer la irresponsabilidad de tirar por la borda impuestos de esta magnitud.
Además, todos nos llenamos la boca hablando de la progresividad de los impuestos y de la necesidad de que quienes menos tienen paguen menos y quienes más tienen paguen más. ¿Cuál es el impuesto más progresivo que tenemos en la Argentina? ¿Cuál es el impuesto que va más allá en el sentido correcto de la distribución equitativa y justa del ingreso de los argentinos? Indudablemente es el impuesto a las ganancias, porque los impuestos al consumo pesan en el bolsillo de los que tienen mucho igual que en el de quienes tienen poco, a menos que supongamos que los que más tienen cuando comen arroz consumen cinco kilos y los que tienen poco apenas comen medio kilo. Esto no es posible; sobre todo, no creo que los que tienen mucho se coman cinco kilos de arroz de una sola vez. Este ejemplo podríamos multiplicarlo.
De manera tal que un impuesto aplicado sobre el consumo, sin duda alguna tiene mayor peso, mayor cuerpo y más energía destructiva en el salario o en los ingresos de los que menos ganan. En cambio, el impuesto a las ganancias es el más redistributivo de la riqueza en éste y en cualquier país del mundo.
Afortunadamente, durante el año pasado y también en el corriente estamos llegando a niveles de recaudación de los impuestos a la renta en general -no sólo del impuesto a las ganancias- similares a los impuestos al consumo.
Esto hace que por primera vez en la Argentina estemos más cerca de una distribución equitativa, justa y razonable de los impuestos en relación con la capacidad contributiva de la población. ¿Y justamente hoy, cuando estamos en esas condiciones, vamos a dejar de aprobar el impuesto a las ganancias porque creemos que tenemos que modificar el sistema de mínimos no imponibles, o el sistema previsto a continuación del artículo 23 de la ley de impuesto a las ganancias, donde en una tablita se establece que de 0 a 39.000 pesos de utilidades se deduce plenamente todo, y de allí para adelante las deducciones empiezan a tener reducciones, hasta que llegan a los 250.000 pesos de utilidades y allí la deducción no existe? ¿Vamos a hacer más progresivo esto para compensar un tema con el otro?
Es posible pensar en eso; es una alternativa. Pero hoy estamos hablando de la oportunidad o de la ocasión en que debemos hacerlo. A nuestro juicio, para cualquiera de estas condiciones lo que se requiere es tener solidificado el frente fiscal. Y desde el bloque Justicialista estamos dando una prueba evidente, notoria, clara y contundente de que queremos avanzar en ese sentido.
Esa prueba la damos en las modificaciones que proponemos en el dictamen de mayoría al artículo 24 del proyecto de ley de presupuesto. A este último le hemos agregado un párrafo, a continuación de la suspensión transitoria del fondo anticíclico, por el cual disponemos que el Poder Ejecutivo debe ingresar allí recursos excedentes para destinarlos a compensar, durante el curso del ejercicio venidero, lo que signifique en costo fiscal una eventual disminución de la recaudación originada en la elevación, por ejemplo, de los mínimos no imponibles, o en las diferencias que pudieran surgir de la profundización de la tabla que acabo de mencionar.
De manera que en el proyecto de ley de presupuesto -que vamos a comenzar a tratar en unos instantes- estamos dando una acabada prueba de la voluntad política del gobierno nacional y de este bloque en particular -que es el del oficialismo, como dicen algunos, y lo es con todas las letras- en ese sentido. Cualquiera puede remitirse al dictamen de mayoría para conocer cuál es la propuesta que hacemos de modificación al artículo 24 del proyecto de ley de presupuesto.
Con respecto al tema del impuesto sobre los bienes personales, se habla de 102.300 pesos de mínimo no imponible. Pero pongamos un poco las cosas en su lugar. Se dice que todo lo que exceda de esa cifra es lo que está sujeto al impuesto sobre los bienes personales, con alícuotas diferenciales si se llega hasta determinado nivel y con una alícuota mayor a partir de determinado nivel.
Pero analicemos cuál es la forma de calcular la cuantía de la obligación tributaria. Se hace por dos caminos y se toma el que resulte mayor. Uno de ellos es la valuación para el pago del impuesto inmobiliario en cada jurisdicción de las veinticuatro que tiene la Argentina. Solamente tres jurisdicciones en el país han incrementado sus valuaciones fiscales a los efectos del pago del impuesto inmobiliario: la Capital, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Mendoza. El resto del país mantiene las mismas valuaciones fiscales en general, porque hay algunos casos particulares, por ejemplo, algunos códigos fiscales que dicen que cuando hay algún fraccionamiento de la tierra puede hacerse una valuación que no entre en el concepto general de valuación total de los inmuebles. De modo que en términos generales lo que sucede es que en el resto de la Argentina no existe la circunstancia de que se hayan elevado las valuaciones fiscales.
Por supuesto que no vamos a discutir acá la potestad que tienen esas tres jurisdicciones de hacer sus revalúos de inmuebles, éste es un tema que esta Cámara no puede considerar; aunque debemos señalar que éste es un hecho cierto que ha ocurrido en la Argentina.
Veamos ahora la segunda posibilidad que tenemos; es decir, precio de compra menos amortizaciones. Debemos considerar si las compras se han hecho antes del "certificado de defunción" de la devaluación ocurrida en las postrimerías del año 2001, cuando se fugaron de la Argentina veintitantos mil millones de dólares -no digo el número exacto, porque cada uno tiene su cuentita-; no vale la pena entrar en detalles, lo cierto es que fue mucho dinero, el problema fue muy serio y hubo un certificado de defunción del sistema. Si la compra fue anterior a ese momento, los números son bastante razonables desde el otro punto de vista; me refiero al valor de compra menos amortizaciones para los bienes inmuebles, y menos amortizaciones para otro tipo de bienes muebles que tienen amortización, sobre todo aquellos que están incluidos en la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, cuando el individuo es monotributista o desarrolla alguna actividad que no es estrictamente en relación de dependencia, en cuyo caso cabe destacarse que la deducción especial es del 300 por ciento respecto del médico, arquitecto, abogado o lo que fuera, que trabaja por su cuenta. De manera tal que todo tiene compensaciones en un sentido u otro.
¿A quiénes alcanza este sistema? A quienes han comprado la vivienda hace poco tiempo o en aquellas zonas donde se produjo un revalúo de inmuebles por determinadas circunstancias; por ejemplo, el cercano barrio de Recoleta, donde las viviendas alcanzaron valores muy superiores a los de otras jurisdicciones de nuestro país. En este sentido, cuando medimos la cantidad de metros cuadrados de los inmuebles y observamos la valuación de cada uno de ellos, advertimos que existe una diferencia sideral por metro cuadrado y también respecto de la dimensión de inmuebles con ciertas similitudes donde se prescinde de la ubicación geográfica.
Esto nos lleva a la conclusión de que sin desconocer en absoluto la necesidad de analizar esta cuestión en algún momento -lo que nuestro bloque entiende debidamente-, no podemos pretender hoy -cuando tenemos la obligación fundamental de cuidar con responsabilidad el superávit primario- aplicar esta elevación del mínimo no imponible del impuesto sobre los bienes personales, aunque tengamos la afectación. ¿Saben por qué? Por una razón muy sencilla: es verdad que son afectados, es verdad que el mínimo no imponible puede tener para algunos una connotación de desacomodamiento con los valores actuales; pero peor estarán los que no tienen trabajo y los asalariados si nosotros no somos responsables fiscalmente, porque ellos van a pagar las cuentas. Reitero el concepto: peor están los que no tienen trabajo.
La sociedad debe comportarse como tal y nosotros tenemos la obligación de visualizar el conjunto. No hay otra posibilidad racional ni ideológica. Lo digo desde nuestra concepción profundamente humanista y cristiana. Este no es un problema de carácter ideológico sino de sentido común. No podemos hacer caer sobre los más desamparados el costo del problema global.
Por eso, si existe un esfuerzo de parte de algunos sectores, lo reconocemos y estamos dispuestos a analizar el tema, pero en la oportunidad y ocasión que correspondan, teniendo el debido cuidado de no alterar el principio esencial de responsabilidad fiscal que nos lleva a mantener el superávit primario y financiero.
En lo que respecta a los demás impuestos -la contribución especial sobre el capital de las cooperativas y el gravamen de emergencia a los premios de determinados juegos de sorteo y concursos deportivos-, diría que por la cuantía del tema podríamos obviar su explicación, porque en rigor de verdad no sufren ninguna alteración; simplemente los estamos prorrogando por el plazo que se indica en el proyecto.
Aclaro que el plazo por el cual se prorrogan en el dictamen de mayoría coincide con lo que se había fijado anteriormente. Así, en el caso del impuesto a las ganancias se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2009, es decir que se reitera el plazo de cuatro años que se había establecido en su momento y que ahora se reitera prolijamente.
El impuesto sobre los bienes personales también se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2009, que es el mismo plazo que se había resuelto anteriormente.
El gravamen de emergencia se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2015, que es el mismo plazo de vigencia que tiene hasta el 31 de diciembre de 2005, o sea, diez años para adelante.
En el caso de la contribución especial sobre el capital de las cooperativas el plazo de vigencia se fija en veinticuatro períodos fiscales, que es la misma expresión que contiene la ley que fenece el 31 de diciembre del corriente año. Lo mismo ocurre con el régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Con respecto a este último debo señalar que desde esta Cámara hemos contribuido a consolidar, proyectar y establecer de tal forma este tema que llevará justicia a este amplio espectro de contribuyentes de la Argentina. Por eso, pretendemos prorrogarlo por el mismo período que se aplicó anteriormente, que lo llevaría hasta el 31 de diciembre de 2009.
Antes de pasar a la votación, quiero manifestar por intermedio de la Presidencia a los colegas diputados que pensemos bien lo que vamos a hacer. Pensemos en la responsabilidad y seriedad con la que debemos encarar el tratamiento de un tema como el que hoy nos convoca; pensemos en la responsabilidad y seriedad que nos imponen las circunstancias que hoy enfrenta la Argentina, que es lo que espera la gente que nos mira desde afuera. Esa responsabilidad y seriedad nos obliga a actuar con prudencia y razonabilidad y nos exige prorrogar la vigencia de estos impuestos por los períodos que he señalado. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.
SR. GIUBERGIA, MIGUEL ANGEL (JUJUY):
Señor presidente: nosotros vamos a apoyar nuestro dictamen de minoría.
Previamente, considero importante manifestar cuáles son los temas que se están tratando, cómo se distribuyen estos impuestos y cuál es el destino que tienen.
El impuesto a las ganancias, según la ley 20.628 y sus modificatorias, tiene la siguiente distribución: en primer término, se efectúa una detracción anual de 580 millones de pesos, que se destina a otros sectores que paso a detallar: 120 millones anuales a la Administración Nacional de la Seguridad Social; 20 millones por año para reforzar la cuenta especial 550: Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias; 440 millones de pesos anuales al conjunto de las provincias para distribuir entre ellas según las proporciones establecidas en la ley 23.048, incluyendo la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur.
Luego de la detracción el producido del impuesto tiene este destino: 20 por ciento a la Administración Nacional de la Seguridad Social; 10 por ciento, hasta el monto de 650 millones de pesos anuales, a la provincia de Buenos Aires, distribuyéndose el excedente de dicho monto entre el resto de las provincias, incluyendo Tierra del Fuego; el 2 por ciento es para el Ministerio del Interior, Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias; otro 4 por ciento es para las provincias, con excepción de la de Buenos Aires; y el 64 por ciento se coparticipa entre la Nación y las provincias.
Con respecto a bienes personales, en primer lugar, se detrae mensualmente la suma de 250.000 pesos para ser transferidos al Instituto Nacional Único Coordinador de Ablación e Implantes (INCUCAI), para el financiamiento del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas.
El resto de la recaudación se distribuye así: el 93,73 por ciento, según la ley de coparticipación federal, pero sin formar parte de los recursos coparticipables, por lo que no sufre las detracciones del 15 por ciento con destino a la seguridad social ni de la parte proporcional equivalente a 45,8 millones de pesos mensuales que se distribuyen entre las provincias; el 6,27 por ciento está destinado a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el dictamen de minoría que elaboramos hemos planteado que existe una presión tributaria general en la República Argentina del 26,5 por ciento. Se trata de un valor más o menos similar al de Brasil, que está en el 31,8 por ciento, o de Chile, que está en el 19,6; por supuesto muy por debajo de los países desarrollados, ya que Suecia tiene el 52,6 por ciento, Francia el 46,3 por ciento, Alemania el 41 por ciento y España el 35,9 por ciento.
Pero la mayor gravitación de la recaudación de estos impuestos denominados al consumo recae generalmente, como ha reconocido la literatura más especializada, en los sectores de ingresos más bajos.
En ese sentido, existe un estudio del CIPPEC, de la licenciada Daniela Dborkin, que ha comprobado que la carga impositiva que afrontan los sectores más bajos es relativamente superior a la de los de mayores ingresos.
Como ejemplo, explica que a un asalariado que gana 800 pesos, el IVA le representa un 12 por ciento de su ingreso bruto, mientras que a quien tiene un salario de 10.000 pesos el citado tributo le representa un 8 por ciento.
Esto viene a cuento porque, en materia impositiva, estamos estableciendo cuál es el grado de distribución de la riqueza en la República Argentina.
Cuando nosotros escuchamos hablar, fundamentalmente en esta campaña que terminó el 23 de octubre, de la necesidad de atender la situación de los pobres y de los excluidos en la Argentina, y de la necesidad de tener una política de distribución del ingreso que favorezca a los sectores excluidos, y cuando venimos a esta Cámara de Diputados a prorrogar este impuesto a las ganancias -tal como plantea el Poder Ejecutivo nacional- hasta el año 2009, decimos que no es posible en las actuales circunstancias que más de 600.000 trabajadores
-nos lo dijo el administrador federal de Ingresos Públicos cuando vino a la Cámara de Diputados en el mes de setiembre, antes de que se dieran los aumentos salariales en varios gremios- tengan que pagar impuesto a las ganancias.
Si agregamos los incrementos que hubo posteriormente, hoy en día, en esta República Argentina de la crisis, en este país en donde a principios de cada mes se nos anuncia desde la Administración Federal de Ingresos Públicos el incremento permanente de la recaudación tributaria, nos preguntamos si es lógico y justo que los trabajadores argentinos estén pagando impuesto a las ganancias.
Aquí se ha ampliado la base, pero no de los que tienen mayores ganancias sino de los asalariados, es decir, aquellos que no tienen la más mínima posibilidad de defenderse.
Entonces, como explicaba al comienzo de mi exposición, vemos que se destinan 20 millones de pesos para atender a los fondos de ATN del Tesoro de la Nación. Es decir, más del 2 por ciento del total recaudado va a atender estos fondos de ATN. Por supuesto que hemos pedido que se nos informe acerca de estos fondos. Hemos presentado varios pedidos de informes en esta Cámara de Diputados pero, lamentablemente -como ya se ha dicho aquí hace un rato-, ella no funcionaba ni tampoco las comisiones.
Por lo tanto, estos pedidos de informes para saber cómo se habían utilizado estos ATN nunca fueron respondidos, e inclusive fueron transferidos más de 2.065 millones de pesos al Tesoro Nacional cuando eran fondos pertenecientes a recursos de las provincias.
No debemos poner en cabeza de los trabajadores la obligación de tributar por la tarea que realizan. No por una manifestación de riqueza, sino simplemente por poner su fuerza de trabajo, hoy deben tributar en la República Argentina.
Por eso, sostenemos que es necesario subir los mínimos no imponibles. Así lo planteamos en nuestro dictamen de minoría, donde también decimos que hay que poner un límite a los ATN porque se vienen manejando discrecionalmente y sin ninguna transparencia en la República Argentina.
Entendemos que estos recursos deben ser redistribuidos entre las provincias. Cuando en la Comisión de Presupuesto y Hacienda debatimos acerca de la necesidad de atender a nuestros asalariados, nos preguntamos por qué una persona que hoy realiza el mismo trabajo que hace unos años y percibe un ingreso mayor en términos nominales pero menor en términos reales, antes no era sujeto de este impuesto y ahora sí lo es. Esta es una tremenda y absoluta injusticia hacia nuestros trabajadores y no podemos admitirla.
No estamos teniendo ninguna actitud demagógica; simplemente planteamos que a nuestro entender es justo y necesario que este cuerpo atienda las necesidades de los trabajadores. No sé si a los señores diputados les han llegado los reclamos realizados por distintas organizaciones gremiales respecto de este tema. En el transcurso de esta sesión planteamos la necesidad de que este proyecto de ley sea tratado dentro de los plazos reglamentarios para que cada diputado pueda llegar a su lugar de residencia y hable con los trabajadores acerca del sentido de esta norma. En otras palabras, nuestra intención era que los legisladores que ingresaron con la renovación de la mitad de la Cámara tuvieran la capacidad de escuchar a los trabajadores de sus respectivos distritos.
Lamentablemente, esto no fue posible y por eso quisimos aclarar hacia donde van los recursos provenientes de la recaudación de los impuestos que estamos considerando.
En suma, en este caso concreto planteamos la necesidad de incrementar los mínimos no imponibles y de distribuir de manera diferente los recursos destinados a atender las necesidades de las provincias a fin de evitar que siga habiendo manejos discrecionales.
Cuando analizamos el impuesto a las ganancias nos preguntamos cómo es posible que un trabajador que tiene una propiedad cuyo valor supera los 102.000 pesos -situación que prácticamente se da en toda la Argentina- deba pagar el impuesto a la riqueza como si fuera un multimillonario. Es innegable que eso no puede ser sostenido por ningún legislador. Ninguno de ellos puede ir a explicarle a los
ciudadanos en sus distritos y a los hombres y mujeres de esta República que deben aportar con su sacrificio por el hecho de tener una casa. Y ni siquiera es necesario agregar el valor de un auto; por el solo hecho de tener una vivienda hay que pagar impuesto a la riqueza.
Por ello, sostenemos que es necesario incrementar el mínimo que fue establecido en 1992. Pregunto a los señores diputados cuál ha sido el incremento que han sufrido los precios y el valor de los bienes inmuebles en nuestro país. Prácticamente cualquier bien inmueble en la República Argentina está por encima del mínimo no imponible.
Por otra parte, estos impuestos no se prorrogan por un año. En algunos casos la prórroga es hasta el año 2009 y en otros hasta el año 2015.
En este Congreso debemos debatir cuál es la política distributiva para nuestro país, cuál es la política impositiva y qué es lo que vamos a privilegiar como representantes del pueblo teniendo en cuenta los intereses que debemos defender.
Por ello es que lealmente pedimos al bloque de la mayoría que el año próximo, que es un año sin elecciones, tengamos la oportunidad de debatir y discutir todo el sistema impositivo. Por ese mismo motivo consideramos que la prórroga debe ser hasta el 31 de diciembre de 2006. El año que viene podemos dar este debate de cara a la sociedad.
Desde el bloque de la Unión Cívica Radical llamamos a la reflexión al bloque del Frente para la Victoria, pero no para atender lo que nuestra bancada propone en el dictamen que impulsa, sino fundamentalmente para atender las necesidades de los trabajadores. (Aplausos.)
Previamente, considero importante manifestar cuáles son los temas que se están tratando, cómo se distribuyen estos impuestos y cuál es el destino que tienen.
El impuesto a las ganancias, según la ley 20.628 y sus modificatorias, tiene la siguiente distribución: en primer término, se efectúa una detracción anual de 580 millones de pesos, que se destina a otros sectores que paso a detallar: 120 millones anuales a la Administración Nacional de la Seguridad Social; 20 millones por año para reforzar la cuenta especial 550: Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias; 440 millones de pesos anuales al conjunto de las provincias para distribuir entre ellas según las proporciones establecidas en la ley 23.048, incluyendo la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur.
Luego de la detracción el producido del impuesto tiene este destino: 20 por ciento a la Administración Nacional de la Seguridad Social; 10 por ciento, hasta el monto de 650 millones de pesos anuales, a la provincia de Buenos Aires, distribuyéndose el excedente de dicho monto entre el resto de las provincias, incluyendo Tierra del Fuego; el 2 por ciento es para el Ministerio del Interior, Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias; otro 4 por ciento es para las provincias, con excepción de la de Buenos Aires; y el 64 por ciento se coparticipa entre la Nación y las provincias.
Con respecto a bienes personales, en primer lugar, se detrae mensualmente la suma de 250.000 pesos para ser transferidos al Instituto Nacional Único Coordinador de Ablación e Implantes (INCUCAI), para el financiamiento del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas.
El resto de la recaudación se distribuye así: el 93,73 por ciento, según la ley de coparticipación federal, pero sin formar parte de los recursos coparticipables, por lo que no sufre las detracciones del 15 por ciento con destino a la seguridad social ni de la parte proporcional equivalente a 45,8 millones de pesos mensuales que se distribuyen entre las provincias; el 6,27 por ciento está destinado a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el dictamen de minoría que elaboramos hemos planteado que existe una presión tributaria general en la República Argentina del 26,5 por ciento. Se trata de un valor más o menos similar al de Brasil, que está en el 31,8 por ciento, o de Chile, que está en el 19,6; por supuesto muy por debajo de los países desarrollados, ya que Suecia tiene el 52,6 por ciento, Francia el 46,3 por ciento, Alemania el 41 por ciento y España el 35,9 por ciento.
Pero la mayor gravitación de la recaudación de estos impuestos denominados al consumo recae generalmente, como ha reconocido la literatura más especializada, en los sectores de ingresos más bajos.
En ese sentido, existe un estudio del CIPPEC, de la licenciada Daniela Dborkin, que ha comprobado que la carga impositiva que afrontan los sectores más bajos es relativamente superior a la de los de mayores ingresos.
Como ejemplo, explica que a un asalariado que gana 800 pesos, el IVA le representa un 12 por ciento de su ingreso bruto, mientras que a quien tiene un salario de 10.000 pesos el citado tributo le representa un 8 por ciento.
Esto viene a cuento porque, en materia impositiva, estamos estableciendo cuál es el grado de distribución de la riqueza en la República Argentina.
Cuando nosotros escuchamos hablar, fundamentalmente en esta campaña que terminó el 23 de octubre, de la necesidad de atender la situación de los pobres y de los excluidos en la Argentina, y de la necesidad de tener una política de distribución del ingreso que favorezca a los sectores excluidos, y cuando venimos a esta Cámara de Diputados a prorrogar este impuesto a las ganancias -tal como plantea el Poder Ejecutivo nacional- hasta el año 2009, decimos que no es posible en las actuales circunstancias que más de 600.000 trabajadores
-nos lo dijo el administrador federal de Ingresos Públicos cuando vino a la Cámara de Diputados en el mes de setiembre, antes de que se dieran los aumentos salariales en varios gremios- tengan que pagar impuesto a las ganancias.
Si agregamos los incrementos que hubo posteriormente, hoy en día, en esta República Argentina de la crisis, en este país en donde a principios de cada mes se nos anuncia desde la Administración Federal de Ingresos Públicos el incremento permanente de la recaudación tributaria, nos preguntamos si es lógico y justo que los trabajadores argentinos estén pagando impuesto a las ganancias.
Aquí se ha ampliado la base, pero no de los que tienen mayores ganancias sino de los asalariados, es decir, aquellos que no tienen la más mínima posibilidad de defenderse.
Entonces, como explicaba al comienzo de mi exposición, vemos que se destinan 20 millones de pesos para atender a los fondos de ATN del Tesoro de la Nación. Es decir, más del 2 por ciento del total recaudado va a atender estos fondos de ATN. Por supuesto que hemos pedido que se nos informe acerca de estos fondos. Hemos presentado varios pedidos de informes en esta Cámara de Diputados pero, lamentablemente -como ya se ha dicho aquí hace un rato-, ella no funcionaba ni tampoco las comisiones.
Por lo tanto, estos pedidos de informes para saber cómo se habían utilizado estos ATN nunca fueron respondidos, e inclusive fueron transferidos más de 2.065 millones de pesos al Tesoro Nacional cuando eran fondos pertenecientes a recursos de las provincias.
No debemos poner en cabeza de los trabajadores la obligación de tributar por la tarea que realizan. No por una manifestación de riqueza, sino simplemente por poner su fuerza de trabajo, hoy deben tributar en la República Argentina.
Por eso, sostenemos que es necesario subir los mínimos no imponibles. Así lo planteamos en nuestro dictamen de minoría, donde también decimos que hay que poner un límite a los ATN porque se vienen manejando discrecionalmente y sin ninguna transparencia en la República Argentina.
Entendemos que estos recursos deben ser redistribuidos entre las provincias. Cuando en la Comisión de Presupuesto y Hacienda debatimos acerca de la necesidad de atender a nuestros asalariados, nos preguntamos por qué una persona que hoy realiza el mismo trabajo que hace unos años y percibe un ingreso mayor en términos nominales pero menor en términos reales, antes no era sujeto de este impuesto y ahora sí lo es. Esta es una tremenda y absoluta injusticia hacia nuestros trabajadores y no podemos admitirla.
No estamos teniendo ninguna actitud demagógica; simplemente planteamos que a nuestro entender es justo y necesario que este cuerpo atienda las necesidades de los trabajadores. No sé si a los señores diputados les han llegado los reclamos realizados por distintas organizaciones gremiales respecto de este tema. En el transcurso de esta sesión planteamos la necesidad de que este proyecto de ley sea tratado dentro de los plazos reglamentarios para que cada diputado pueda llegar a su lugar de residencia y hable con los trabajadores acerca del sentido de esta norma. En otras palabras, nuestra intención era que los legisladores que ingresaron con la renovación de la mitad de la Cámara tuvieran la capacidad de escuchar a los trabajadores de sus respectivos distritos.
Lamentablemente, esto no fue posible y por eso quisimos aclarar hacia donde van los recursos provenientes de la recaudación de los impuestos que estamos considerando.
En suma, en este caso concreto planteamos la necesidad de incrementar los mínimos no imponibles y de distribuir de manera diferente los recursos destinados a atender las necesidades de las provincias a fin de evitar que siga habiendo manejos discrecionales.
Cuando analizamos el impuesto a las ganancias nos preguntamos cómo es posible que un trabajador que tiene una propiedad cuyo valor supera los 102.000 pesos -situación que prácticamente se da en toda la Argentina- deba pagar el impuesto a la riqueza como si fuera un multimillonario. Es innegable que eso no puede ser sostenido por ningún legislador. Ninguno de ellos puede ir a explicarle a los
ciudadanos en sus distritos y a los hombres y mujeres de esta República que deben aportar con su sacrificio por el hecho de tener una casa. Y ni siquiera es necesario agregar el valor de un auto; por el solo hecho de tener una vivienda hay que pagar impuesto a la riqueza.
Por ello, sostenemos que es necesario incrementar el mínimo que fue establecido en 1992. Pregunto a los señores diputados cuál ha sido el incremento que han sufrido los precios y el valor de los bienes inmuebles en nuestro país. Prácticamente cualquier bien inmueble en la República Argentina está por encima del mínimo no imponible.
Por otra parte, estos impuestos no se prorrogan por un año. En algunos casos la prórroga es hasta el año 2009 y en otros hasta el año 2015.
En este Congreso debemos debatir cuál es la política distributiva para nuestro país, cuál es la política impositiva y qué es lo que vamos a privilegiar como representantes del pueblo teniendo en cuenta los intereses que debemos defender.
Por ello es que lealmente pedimos al bloque de la mayoría que el año próximo, que es un año sin elecciones, tengamos la oportunidad de debatir y discutir todo el sistema impositivo. Por ese mismo motivo consideramos que la prórroga debe ser hasta el 31 de diciembre de 2006. El año que viene podemos dar este debate de cara a la sociedad.
Desde el bloque de la Unión Cívica Radical llamamos a la reflexión al bloque del Frente para la Victoria, pero no para atender lo que nuestra bancada propone en el dictamen que impulsa, sino fundamentalmente para atender las necesidades de los trabajadores. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires, quien compartirá su tiempo con la señora diputada Cassese.
SRA. CAMAÑO, GRACIELA (BUENOS AIRES):
Señora presidenta: en la República Argentina un trabajador con familia tipo -metalúrgico, químico, camionero, petroquímico- que ose cobrar más de 2.235 pesos paga impuesto a las ganancias.
En la República Argentina, de la población económicamente activa sólo una determinada cantidad de trabajadores está en blanco. Uno de los graves problemas que tenemos en el mercado laboral es el trabajo en negro.
De los 2.600.000 trabajadores que están en blanco, alrededor de 700.000 trabajadores osan cobrar más de 2.235 pesos con carga de familia y por ello que tienen que pagar impuesto a las ganancias.
El señor miembro informante ha hecho algunas apreciaciones muy interesantes, como por ejemplo el cuidado que debemos tener como Nación en relación con el superávit fiscal. Todos somos contestes en la necesidad que tenemos como país de contar con un holgado superávit fiscal que nos haga ver las cuentas del Estado como algo que posibilita la vida de todos los argentinos. Pero indudablemente debemos comenzar a preguntarnos a qué costo y quiénes son los que van a pagar el precio del superávit fiscal.
Hay otro tema muy interesante. Estamos por tratar el proyecto de ley de presupuesto de la República Argentina
para el año 2006. Allí se prevén 13.000 millones de pesos correspondientes a gastos tributarios; así, en concepto de exenciones tributarias se otorgan alrededor de 500 millones de pesos a las empresas mineras, las que se llevan riquezas no renovables, obtienen pingües ganancias -en un momento importante en el mundo en cuanto al valor del oro- y nos dejan toda la polución.
Estoy hablando de un solo sector, que integra el conjunto vinculado con los 13.000 millones de pesos de gastos tributarios que se aprobarán en el proyecto de ley de presupuesto para 2006.
¿Es justo que digamos a 700.000 trabajadores que son ricos porque cobran 2.235 pesos? ¿Acaso son ellos quienes tienen que aportar con sus panes para que la recaudación sea equitativa? ¿Es justo que sigamos poniendo la carga en los que menos tienen? ¿Es justo que sigamos sosteniendo que aquí no está pasando nada?
Hemos acompañado el proyecto anterior sobre iniciativas tributarias porque tenemos el convencimiento de que la política de ingresos públicos configura uno de los principales instrumentos que posee el gobierno para definir cuáles son los sectores que se van a hacer cargo de los gastos del Estado.
No creemos que la situación descripta deba continuar ni siquiera en nombre del superávit, del equilibrio fiscal o de las opciones que planteó el miembro informante, en el sentido de financiar los gastos emitiendo dinero, contrayendo deudas o cobrando impuestos.
Gran parte de los problemas inflacionarios que tenemos en la actualidad están vinculados con la emisión que se realiza para sostener el precio del dólar en tres pesos. No resulta justo que sigamos solicitando a los trabajadores que continúen aportando su esfuerzo.
Solicito autorización para leer una parte del mensaje de elevación del proyecto de ley de presupuesto, donde en el inciso i) de la parte correspondiente a política tributaria, se dice que el Poder Ejecutivo se ha impuesto las tareas consistentes en la eliminación gradual de las alteraciones generadas en el sistema económico por la aplicación de algunos tributos, en la simplificación del sistema tributario, en la mejora de la equidad distributiva del sistema impositivo y en la generación de nuevos recursos.
Esto forma parte del mensaje que, lamentablemente, no observamos que tenga su correlato con algún artículo del presupuesto y mucho menos con la iniciativa que estamos considerando, donde intentamos cobrar impuesto a las ganancias a 700.000 trabajadores -metalúrgicos, camioneros, químicos- que cobran más de 2.235 pesos.
Sin lugar a dudas existe algún dejo de inequidad en lo que se pretende hacer esta noche. Desde nuestro bloque hemos propuesto un dictamen alternativo, a fin de contemplar esta inequitativa distribución de la riqueza.
Nosotros también creemos que a partir de la recaudación y de los impuestos se distribuye riqueza desde aquellos que más tienen hacia quienes menos tienen. Indudablemente, no estamos siendo equitativos en la distribución de la riqueza, cuando en el impuesto a las ganancias se establece la posibilidad de recaudar a partir de un nivel tan bajo.
Por otro lado, como bien señaló el miembro informante, aquel que tiene la osadía de contar con una propiedad cuyo valor supera los 102.000 pesos, es considerado rico y debe tributar el impuesto sobre los bienes personales.
Deseo incursionar en otro tema: qué hacemos cuando elevamos los mínimos posibilitando un poder adquisitivo diferente respecto del trabajador en blanco. La recaudación impositiva no es lisa y llana. Si estableciéramos un equilibrio, deberíamos revisar urgentemente el impuesto a las ganancias y el que se aplica sobre los bienes personales, porque se trata de redistribuir ingresos.
Pongamos el caso de un trabajador que tenga la posibilidad de considerarse rico y con disposición al pago del impuesto a las ganancias, con un salario de 4.112,42 pesos, que es el resultado del aumento del PBI a valores corrientes, ajustándose los distintos conceptos de mínimos no imponibles en un incremento del 84 por ciento. Lo que estaríamos haciendo es tener mayor recaudación en el IVA, por consumo.
Si esta noche tenemos la hombría y la "mujería" de bien de admitir que debemos corregir esta cuestión, los trabajadores que tengan la posibilidad de contar con un mayor salario no lo sacarán afuera sino que gastarán en el país. Se trata de impuestos que se verán reflejados en las compras, en el turismo y en las distintas posibilidades de consumo que se den el trabajador.
Por eso, respecto de los impuestos a las ganancias y a los bienes personales, solicitamos que todos los señores diputados tengamos la valentía de aceptar que estamos ante un problema.
Quiero creer que los cambios de ministro tienen que ver con algunas otras modificaciones, pero tengo la sensación de que no es así. Realmente, guardaba la esperanza secreta de que este proyecto marcara un rumbo diferente: la posibilidad seria de una distribución más justa en nuestro país. Sin embargo, estamos viendo que es más de lo mismo. No podemos admitir que vayamos a tener problemas de recaudación si no nos avenimos a tratar de dar mayores posibilidades de ingresos a los trabajadores.
No es cierto que habrá -como en algún momento se dijo- un agujero fiscal de 3.000 millones de pesos. Desde ningún punto de vista, ni explícita ni implícitamente, el aumento del mínimo no imponible en ganancias y en bienes personales podría significar esa suma.
Por las razones expuestas venimos a presentar nuestro dictamen de minoría, que aspiramos a que sea un dictamen posible para esta noche en orden a la justicia en la distribución de la riqueza.
En la República Argentina, de la población económicamente activa sólo una determinada cantidad de trabajadores está en blanco. Uno de los graves problemas que tenemos en el mercado laboral es el trabajo en negro.
De los 2.600.000 trabajadores que están en blanco, alrededor de 700.000 trabajadores osan cobrar más de 2.235 pesos con carga de familia y por ello que tienen que pagar impuesto a las ganancias.
El señor miembro informante ha hecho algunas apreciaciones muy interesantes, como por ejemplo el cuidado que debemos tener como Nación en relación con el superávit fiscal. Todos somos contestes en la necesidad que tenemos como país de contar con un holgado superávit fiscal que nos haga ver las cuentas del Estado como algo que posibilita la vida de todos los argentinos. Pero indudablemente debemos comenzar a preguntarnos a qué costo y quiénes son los que van a pagar el precio del superávit fiscal.
Hay otro tema muy interesante. Estamos por tratar el proyecto de ley de presupuesto de la República Argentina
para el año 2006. Allí se prevén 13.000 millones de pesos correspondientes a gastos tributarios; así, en concepto de exenciones tributarias se otorgan alrededor de 500 millones de pesos a las empresas mineras, las que se llevan riquezas no renovables, obtienen pingües ganancias -en un momento importante en el mundo en cuanto al valor del oro- y nos dejan toda la polución.
Estoy hablando de un solo sector, que integra el conjunto vinculado con los 13.000 millones de pesos de gastos tributarios que se aprobarán en el proyecto de ley de presupuesto para 2006.
¿Es justo que digamos a 700.000 trabajadores que son ricos porque cobran 2.235 pesos? ¿Acaso son ellos quienes tienen que aportar con sus panes para que la recaudación sea equitativa? ¿Es justo que sigamos poniendo la carga en los que menos tienen? ¿Es justo que sigamos sosteniendo que aquí no está pasando nada?
Hemos acompañado el proyecto anterior sobre iniciativas tributarias porque tenemos el convencimiento de que la política de ingresos públicos configura uno de los principales instrumentos que posee el gobierno para definir cuáles son los sectores que se van a hacer cargo de los gastos del Estado.
No creemos que la situación descripta deba continuar ni siquiera en nombre del superávit, del equilibrio fiscal o de las opciones que planteó el miembro informante, en el sentido de financiar los gastos emitiendo dinero, contrayendo deudas o cobrando impuestos.
Gran parte de los problemas inflacionarios que tenemos en la actualidad están vinculados con la emisión que se realiza para sostener el precio del dólar en tres pesos. No resulta justo que sigamos solicitando a los trabajadores que continúen aportando su esfuerzo.
Solicito autorización para leer una parte del mensaje de elevación del proyecto de ley de presupuesto, donde en el inciso i) de la parte correspondiente a política tributaria, se dice que el Poder Ejecutivo se ha impuesto las tareas consistentes en la eliminación gradual de las alteraciones generadas en el sistema económico por la aplicación de algunos tributos, en la simplificación del sistema tributario, en la mejora de la equidad distributiva del sistema impositivo y en la generación de nuevos recursos.
Esto forma parte del mensaje que, lamentablemente, no observamos que tenga su correlato con algún artículo del presupuesto y mucho menos con la iniciativa que estamos considerando, donde intentamos cobrar impuesto a las ganancias a 700.000 trabajadores -metalúrgicos, camioneros, químicos- que cobran más de 2.235 pesos.
Sin lugar a dudas existe algún dejo de inequidad en lo que se pretende hacer esta noche. Desde nuestro bloque hemos propuesto un dictamen alternativo, a fin de contemplar esta inequitativa distribución de la riqueza.
Nosotros también creemos que a partir de la recaudación y de los impuestos se distribuye riqueza desde aquellos que más tienen hacia quienes menos tienen. Indudablemente, no estamos siendo equitativos en la distribución de la riqueza, cuando en el impuesto a las ganancias se establece la posibilidad de recaudar a partir de un nivel tan bajo.
Por otro lado, como bien señaló el miembro informante, aquel que tiene la osadía de contar con una propiedad cuyo valor supera los 102.000 pesos, es considerado rico y debe tributar el impuesto sobre los bienes personales.
Deseo incursionar en otro tema: qué hacemos cuando elevamos los mínimos posibilitando un poder adquisitivo diferente respecto del trabajador en blanco. La recaudación impositiva no es lisa y llana. Si estableciéramos un equilibrio, deberíamos revisar urgentemente el impuesto a las ganancias y el que se aplica sobre los bienes personales, porque se trata de redistribuir ingresos.
Pongamos el caso de un trabajador que tenga la posibilidad de considerarse rico y con disposición al pago del impuesto a las ganancias, con un salario de 4.112,42 pesos, que es el resultado del aumento del PBI a valores corrientes, ajustándose los distintos conceptos de mínimos no imponibles en un incremento del 84 por ciento. Lo que estaríamos haciendo es tener mayor recaudación en el IVA, por consumo.
Si esta noche tenemos la hombría y la "mujería" de bien de admitir que debemos corregir esta cuestión, los trabajadores que tengan la posibilidad de contar con un mayor salario no lo sacarán afuera sino que gastarán en el país. Se trata de impuestos que se verán reflejados en las compras, en el turismo y en las distintas posibilidades de consumo que se den el trabajador.
Por eso, respecto de los impuestos a las ganancias y a los bienes personales, solicitamos que todos los señores diputados tengamos la valentía de aceptar que estamos ante un problema.
Quiero creer que los cambios de ministro tienen que ver con algunas otras modificaciones, pero tengo la sensación de que no es así. Realmente, guardaba la esperanza secreta de que este proyecto marcara un rumbo diferente: la posibilidad seria de una distribución más justa en nuestro país. Sin embargo, estamos viendo que es más de lo mismo. No podemos admitir que vayamos a tener problemas de recaudación si no nos avenimos a tratar de dar mayores posibilidades de ingresos a los trabajadores.
No es cierto que habrá -como en algún momento se dijo- un agujero fiscal de 3.000 millones de pesos. Desde ningún punto de vista, ni explícita ni implícitamente, el aumento del mínimo no imponible en ganancias y en bienes personales podría significar esa suma.
Por las razones expuestas venimos a presentar nuestro dictamen de minoría, que aspiramos a que sea un dictamen posible para esta noche en orden a la justicia en la distribución de la riqueza.
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
SRA. CASSESE, MARINA (BUENOS AIRES):
Señor presidente: continuando con la exposición de motivos de este dictamende minoría que desde el bloque Peronista Federal venimos a proponer a la Honorable Cámara, vamos a hacer algunas disquisiciones de tipo teórico. Estamos aquí legislando para que se sepa perfectamente cuál es el espíritu del legislador.
Voy a referirme a nuestras dos propuestas: la elevación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría y la elevación del mínimo no imponible del impuesto sobre los bienes personales, conocido vulgarmente como impuesto a la riqueza.
¿Qué son los mínimos no imponibles o mínimos no sujetos a imposición? Se trata de un índice de medición de la capacidad contributiva, toda vez que su objetivo fundamental es dejar fuera del impuesto a todas aquellas rentas de subsistencia y a los patrimonios personales -en el caso del impuesto sobre los bienes personales- que no exterioricen riqueza. Esa es la definición. Son importes mínimos de subsistencia para el contribuyente y su grupo familiar, cuando lo tuviera. Se trata, como todos lo saben bien, de gravámenes con alícuotas progresivas. Entonces, en estos casos, los mínimos no imponibles funcionan como verdaderos parámetros para contemplar las características personales y la capacidad contributiva de cada contribuyente, valga la redundancia.
Como todos saben, desde marzo de 1992 no se ajustan estos mínimos no imponibles, estos indicadores de la capacidad contributiva de nuestro pueblo. Como legisladores debemos intentar reflejar la realidad económica de cada contribuyente, que siempre debe encuadrarse en la realidad económica imperante en este momento en el país. Este es el objetivo fundamental: entrar en la realidad económica imperante en el país, esta auspiciosa y maravillosa realidad a la cual se refirieron todos y de la que hablan todos, desde el presidente para abajo.
Para dar algunos ejemplos del exabrupto en que entramos cuando pasamos de una categoría de salario a otra, solamente en las actividades donde hubo aumentos obligatorios concedidos por el Poder Ejecutivo nacional, ya muchos trabajadores pasan de no estar gravados a estarlo. Entonces, lo que sucede por supuesto es que en las empresas se fomenta el pago en negro de los salarios mediante convenios a fin de que aquellos que tienen un incremento salarial no empiecen a cobrar menos en vez de ganar más. Es decir que las empresas llegan a acuerdos con los trabajadores para que cobren una porción de sus salarios en negro. De esa manera también se propicia la falta de recaudación en el sistema previsional.
Esta situación es grave, y existen montones de ejemplos. Podemos advertir esto al entrar en cualquier página web de organizaciones sindicales o de los consejos profesionales de ciencias económicas. Por ejemplo, tengo en mi poder un informe de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Es decir que no hablamos por boca de ganso, sino que lo dicen los expertos,
gente que liquida impuestos diariamente. Hoy por hoy es negocio pagarle en negro al trabajador; lo es para el empleador y para el trabajador. ¿Por qué digo que también lo es para el trabajador? Porque si no le pagan en negro, cuando le aumenten el salario va a empezar a cobrar menos porque va a ser sujeto imponible del impuesto a las ganancias.
Veamos el siguiente ejemplo. En 2001, un hombre soltero que percibía un salario de bolsillo de 1.345 pesos o un hombre casado con dos hijos que percibía un salario de bolsillo de 1.660 pesos no pagaban impuesto a las ganancias. En el supuesto caso de que estos dos trabajadores hayan tenido la inmensa suerte de recibir un aumento salarial del 50 por ciento, ahora no sólo van a tener un poder adquisitivo menor al que tenían en 2001, porque el índice de inflación fue del 68,8 por ciento, sino que van a ganar menos, porque ahora les van a empezar a descontar el impuesto a las ganancias. Es decir que el ingreso real va a pasar a disminuirse en 380 pesos para el trabajador soltero y en 499 para el trabajador casado.
Esta es una de las locuras que estaríamos cometiendo si aprobáramos la norma como viene del Poder Ejecutivo y no estableciéramos alguna cláusula de adaptación a la realidad de estos proyectos.
Supongamos que esos mismos trabajadores tuvieron la suerte de tener empleadores que les ajustaron sus salarios con un índice igual al de la inflación, con lo cual ahora ganan un 68,8 por ciento más. En este caso, ahora ganarían menos que antes porque les empezarían a descontar las siguientes cifras: 674 pesos al trabajador soltero y 865 pesos al trabajador casado. Esto es un exabrupto respecto de lo que tiene que ver con la lógica de la doctrina tributaria, con la lógica de la aplicación de un impuesto.
También quedan aquellos que en 2001 ya pagaban impuesto a las ganancias. Les compensen o no con la inflación, esos pobres cristianos van a achatar su escala salarial y su preponderancia profesional en su ramo y en su trabajo porque ganarían muchísimo menos. Estos son ejemplos relacionados con el impuesto a las ganancias.
Veamos ahora otro ejemplo ridículo. Supongamos que en 2001 un trabajador se compró un departamento de 90.000 dólares o pesos, lo agarró la crisis que todos sufrimos en este país -de la que hoy venturosamente estamos saliendo- y tuvo que venderlo. Supongamos que en 2004 ese mismo trabajador u otro se compra un departamento de tres ambientes por un valor de 75.000 dólares. Este hombre va a pagar 576 pesos de impuesto sobre los bienes personales.
Actualmente, del otro lado de esta Cámara están la Confederación General del Trabajo, la Unión Industrial Argentina, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa y los argentinos que nosotros venimos a representar y que en más de una oportunidad, en esta crisis de representación, no han podido obtener los resultados que esperaban de la política. Hoy, señora presidenta, nosotros tenemos la obligación de dar a la sociedad la respuesta que está pidiendo. En todos los foros obreros, empresarios y profesionales se está reclamando volver a la lógica en la liquidación tributaria. Actualmente no podemos hacer oídos sordos, como dijo la señora diputada Camaño.
Desde el bloque Peronista Federal apelamos a todos los legisladores a no votar en contra del interés del pueblo argentino; a no votar en contra de la recaudación previsional, propiciando el trabajo en negro a través de mantener estas alícuotas; a no votar en contra de cada uno de nuestros trabajadores que con mucho esfuerzo y lucha han logrado incrementar sus salarios.
Planteamos a esta Honorable Cámara la posibilidad de votar nuestro dictamen con nuevos montos para el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y del impuesto sobre los bienes personales.
Voy a referirme a nuestras dos propuestas: la elevación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría y la elevación del mínimo no imponible del impuesto sobre los bienes personales, conocido vulgarmente como impuesto a la riqueza.
¿Qué son los mínimos no imponibles o mínimos no sujetos a imposición? Se trata de un índice de medición de la capacidad contributiva, toda vez que su objetivo fundamental es dejar fuera del impuesto a todas aquellas rentas de subsistencia y a los patrimonios personales -en el caso del impuesto sobre los bienes personales- que no exterioricen riqueza. Esa es la definición. Son importes mínimos de subsistencia para el contribuyente y su grupo familiar, cuando lo tuviera. Se trata, como todos lo saben bien, de gravámenes con alícuotas progresivas. Entonces, en estos casos, los mínimos no imponibles funcionan como verdaderos parámetros para contemplar las características personales y la capacidad contributiva de cada contribuyente, valga la redundancia.
Como todos saben, desde marzo de 1992 no se ajustan estos mínimos no imponibles, estos indicadores de la capacidad contributiva de nuestro pueblo. Como legisladores debemos intentar reflejar la realidad económica de cada contribuyente, que siempre debe encuadrarse en la realidad económica imperante en este momento en el país. Este es el objetivo fundamental: entrar en la realidad económica imperante en el país, esta auspiciosa y maravillosa realidad a la cual se refirieron todos y de la que hablan todos, desde el presidente para abajo.
Para dar algunos ejemplos del exabrupto en que entramos cuando pasamos de una categoría de salario a otra, solamente en las actividades donde hubo aumentos obligatorios concedidos por el Poder Ejecutivo nacional, ya muchos trabajadores pasan de no estar gravados a estarlo. Entonces, lo que sucede por supuesto es que en las empresas se fomenta el pago en negro de los salarios mediante convenios a fin de que aquellos que tienen un incremento salarial no empiecen a cobrar menos en vez de ganar más. Es decir que las empresas llegan a acuerdos con los trabajadores para que cobren una porción de sus salarios en negro. De esa manera también se propicia la falta de recaudación en el sistema previsional.
Esta situación es grave, y existen montones de ejemplos. Podemos advertir esto al entrar en cualquier página web de organizaciones sindicales o de los consejos profesionales de ciencias económicas. Por ejemplo, tengo en mi poder un informe de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Es decir que no hablamos por boca de ganso, sino que lo dicen los expertos,
gente que liquida impuestos diariamente. Hoy por hoy es negocio pagarle en negro al trabajador; lo es para el empleador y para el trabajador. ¿Por qué digo que también lo es para el trabajador? Porque si no le pagan en negro, cuando le aumenten el salario va a empezar a cobrar menos porque va a ser sujeto imponible del impuesto a las ganancias.
Veamos el siguiente ejemplo. En 2001, un hombre soltero que percibía un salario de bolsillo de 1.345 pesos o un hombre casado con dos hijos que percibía un salario de bolsillo de 1.660 pesos no pagaban impuesto a las ganancias. En el supuesto caso de que estos dos trabajadores hayan tenido la inmensa suerte de recibir un aumento salarial del 50 por ciento, ahora no sólo van a tener un poder adquisitivo menor al que tenían en 2001, porque el índice de inflación fue del 68,8 por ciento, sino que van a ganar menos, porque ahora les van a empezar a descontar el impuesto a las ganancias. Es decir que el ingreso real va a pasar a disminuirse en 380 pesos para el trabajador soltero y en 499 para el trabajador casado.
Esta es una de las locuras que estaríamos cometiendo si aprobáramos la norma como viene del Poder Ejecutivo y no estableciéramos alguna cláusula de adaptación a la realidad de estos proyectos.
Supongamos que esos mismos trabajadores tuvieron la suerte de tener empleadores que les ajustaron sus salarios con un índice igual al de la inflación, con lo cual ahora ganan un 68,8 por ciento más. En este caso, ahora ganarían menos que antes porque les empezarían a descontar las siguientes cifras: 674 pesos al trabajador soltero y 865 pesos al trabajador casado. Esto es un exabrupto respecto de lo que tiene que ver con la lógica de la doctrina tributaria, con la lógica de la aplicación de un impuesto.
También quedan aquellos que en 2001 ya pagaban impuesto a las ganancias. Les compensen o no con la inflación, esos pobres cristianos van a achatar su escala salarial y su preponderancia profesional en su ramo y en su trabajo porque ganarían muchísimo menos. Estos son ejemplos relacionados con el impuesto a las ganancias.
Veamos ahora otro ejemplo ridículo. Supongamos que en 2001 un trabajador se compró un departamento de 90.000 dólares o pesos, lo agarró la crisis que todos sufrimos en este país -de la que hoy venturosamente estamos saliendo- y tuvo que venderlo. Supongamos que en 2004 ese mismo trabajador u otro se compra un departamento de tres ambientes por un valor de 75.000 dólares. Este hombre va a pagar 576 pesos de impuesto sobre los bienes personales.
Actualmente, del otro lado de esta Cámara están la Confederación General del Trabajo, la Unión Industrial Argentina, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa y los argentinos que nosotros venimos a representar y que en más de una oportunidad, en esta crisis de representación, no han podido obtener los resultados que esperaban de la política. Hoy, señora presidenta, nosotros tenemos la obligación de dar a la sociedad la respuesta que está pidiendo. En todos los foros obreros, empresarios y profesionales se está reclamando volver a la lógica en la liquidación tributaria. Actualmente no podemos hacer oídos sordos, como dijo la señora diputada Camaño.
Desde el bloque Peronista Federal apelamos a todos los legisladores a no votar en contra del interés del pueblo argentino; a no votar en contra de la recaudación previsional, propiciando el trabajo en negro a través de mantener estas alícuotas; a no votar en contra de cada uno de nuestros trabajadores que con mucho esfuerzo y lucha han logrado incrementar sus salarios.
Planteamos a esta Honorable Cámara la posibilidad de votar nuestro dictamen con nuevos montos para el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y del impuesto sobre los bienes personales.
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.
SR. POGGI, CLAUDIO JAVIER (SAN LUIS):
Señora presidenta: como es sabido las potestades tributarias en jurisdicción nacional constituyen una de nuestras atribuciones constitucionales como Congreso de la Nación.
Lo que estamos tratando en esta Cámara en este momento es la prórroga de gravámenes directos que consideran las capacidades contributivas, tales como el impuesto a las ganancias, el impuesto sobre los bienes personales, sobre el capital de las cooperativas y el régimen simplificado de pequeños contribuyentes.
Siendo una de nuestras atribuciones legislar sobre la materia, y considerando el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo nacional, que lo único que establece para cada tributo es la prórroga del mismo por varios años más, nosotros presentamos un dictamen propio que, además de prorrogar los impuestos en los plazos que propone el Poder Ejecutivo, contempla dos cuestiones que constituyen cambios de fondo al proyecto presentado, y que varios de los legisladores que me precedieron en el uso de la palabra ya lo manifestaron.
Previamente, aclaramos que no estamos en contra de los tributos en cuanto a su aplicación y recaudación, pues entendemos que el Estado en todas sus expresiones necesita solventarse con ellos para volcarlos a la comunidad cumpliendo con sus finalidades propias. Sin embargo, consideramos que las normas deben ser justas en su aplicación como causa generadora, en este caso, de la materia tributaria, y justas en la distribución federal que se hace de las mismas.
Nuestro dictamen apunta a dos cuestiones fundamentales. Por un lado, una cuestión de justicia, con el reconocimiento mediante la elevación de los mínimos exentos y las deducciones especiales, por el perjuicio que ocasionó a la sociedad la devaluación de principios del año 2002 y los picos de inflación acaecidos en nuestro país hasta la fecha. Este perjuicio está afectando directamente el bolsillo de las personas físicas.
En segundo lugar, planteamos la necesidad de ir corrigiendo las asimetrías en la distribución general de impuestos Nación-provincias, garantizando el federalismo y las competencias de cada nivel de gobierno. En este sentido, nuestro proyecto incorpora, además de los plazos de prórroga, dos aspectos relevantes. Uno es el de reconocer el cambio de las variables económicas que perjudicó a todas las personas físicas con la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, dado que los importes mínimos y deducciones impositivas durante todo este tiempo han permanecido fijas. Intentamos revertir esta situación incrementando los mínimos no imponibles y los importes determinados como deducciones admitidas en el tenor de las leyes tratadas. Esto permitirá que la determinación de los impuestos resultantes a pagar se correspondan con la real situación económica y financiera de los contribuyentes.
Entonces, en el impuesto a las ganancias, proponemos incrementar la deducción por fallecimiento a 2.027 pesos; incrementar las ganancias no imponibles a 8.181 pesos; incrementar el monto determinado como entradas netas superiores a 8.181 pesos, para cargas de familia residentes en el país; incrementar la deducción por cónyuge a 4.151 pesos; incrementar la deducción por hijo y por descendiente en línea recta a 2.076 pesos; e incrementar a 9.158 pesos la deducción especial. Asimismo, en materia de bienes personales proponemos incrementar el mínimo exento a la suma de 208.208 pesos.
El otro aspecto relevante de nuestro dictamen, que tendría un impacto directo en las finanzas provinciales, lo constituye el hecho de intentar corregir algunas afectaciones específicas con destino al Estado nacional, considerando las distorsiones que hoy existen en la relación financiera entre la Nación y las provincias. Esto origina distribuciones inequitativas y una relación muy despareja en virtud de las funciones que los gobiernos provinciales deben llevar a cabo, fundamentalmente en materia de educación pública, salud pública y seguridad.
Una forma de empezar a revertir esa situación en el marco de la ley de impuesto a las ganancias es con la derogación del inciso c) del artículo 104 de dicha norma, retornando a la masa coparticipable el 2 por ciento de la recaudación de ese tributo, que en la actualidad se destina a los ATN. Es decir que en vez de detraer ese 2 por ciento de la masa coparticipable para destinarlo a financiar los ATN, quedaría como porción integrante de dicha masa, a efectos de que sea distribuido entre las provincias y la Nación en los términos de la ley de coparticipación federal.
Por ese único concepto estamos hablando de una suma proyectada para el ejercicio 2006 de 595 millones de pesos, que en caso de volver a la masa coparticipable, 212 millones le corresponderían a la Nación, 89 millones al sistema de seguridad social y 293 millones al conjunto de las provincias. O sea que esta sola medida significaría distribuir 293 millones de pesos más durante el año 2006 entre todas las provincias, lo cual nos permitiría empezar a corregir las asimetrías que hoy se registran en el sistema de coparticipación federal.
De ese modo a Buenos Aires le corresponderían 58 millones de pesos, a Catamarca 8 millones, a Córdoba 27 millones, a Corrientes 11 millones, a Chaco 15 millones, a Chubut 4 millones, a Entre Ríos 14 millones, A Formosa 11 millones, a Jujuy 8 millones, a La Pampa 5 millones, a La Rioja 6 millones, a Mendoza 12 millones, a Misiones 10 millones, a Neuquén 4,5 millones, a Río Negro 7,6 millones, a Salta 11,6 millones, a San Juan 10,2 millones, a San Luis 6,9, a Santa Cruz 4 millones, a Santa Fe 27,2 millones, a Santiago del Estero 12,5 millones y a Tucumán 14,4 millones. Estos son los montos que anualmente le corresponderían a cada provincia si desafectáramos el 2 por ciento de la recaudación del impuesto a las ganancias, reintegrándolo a la masa coparticipable.
Asimismo, mediante nuestro dictamen proponemos la modificación del artículo 5° de la ley 24.699, derogando la afectación de 20 millones con destino a los ATN y asignando dicho importe al inciso c), con lo cual se llevaría el importe que en él se indica a la cifra de 460 millones de pesos, que se distribuirían entre las distintas provincias en concepto de asignación especial.
Lo que estamos tratando en esta Cámara en este momento es la prórroga de gravámenes directos que consideran las capacidades contributivas, tales como el impuesto a las ganancias, el impuesto sobre los bienes personales, sobre el capital de las cooperativas y el régimen simplificado de pequeños contribuyentes.
Siendo una de nuestras atribuciones legislar sobre la materia, y considerando el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo nacional, que lo único que establece para cada tributo es la prórroga del mismo por varios años más, nosotros presentamos un dictamen propio que, además de prorrogar los impuestos en los plazos que propone el Poder Ejecutivo, contempla dos cuestiones que constituyen cambios de fondo al proyecto presentado, y que varios de los legisladores que me precedieron en el uso de la palabra ya lo manifestaron.
Previamente, aclaramos que no estamos en contra de los tributos en cuanto a su aplicación y recaudación, pues entendemos que el Estado en todas sus expresiones necesita solventarse con ellos para volcarlos a la comunidad cumpliendo con sus finalidades propias. Sin embargo, consideramos que las normas deben ser justas en su aplicación como causa generadora, en este caso, de la materia tributaria, y justas en la distribución federal que se hace de las mismas.
Nuestro dictamen apunta a dos cuestiones fundamentales. Por un lado, una cuestión de justicia, con el reconocimiento mediante la elevación de los mínimos exentos y las deducciones especiales, por el perjuicio que ocasionó a la sociedad la devaluación de principios del año 2002 y los picos de inflación acaecidos en nuestro país hasta la fecha. Este perjuicio está afectando directamente el bolsillo de las personas físicas.
En segundo lugar, planteamos la necesidad de ir corrigiendo las asimetrías en la distribución general de impuestos Nación-provincias, garantizando el federalismo y las competencias de cada nivel de gobierno. En este sentido, nuestro proyecto incorpora, además de los plazos de prórroga, dos aspectos relevantes. Uno es el de reconocer el cambio de las variables económicas que perjudicó a todas las personas físicas con la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, dado que los importes mínimos y deducciones impositivas durante todo este tiempo han permanecido fijas. Intentamos revertir esta situación incrementando los mínimos no imponibles y los importes determinados como deducciones admitidas en el tenor de las leyes tratadas. Esto permitirá que la determinación de los impuestos resultantes a pagar se correspondan con la real situación económica y financiera de los contribuyentes.
Entonces, en el impuesto a las ganancias, proponemos incrementar la deducción por fallecimiento a 2.027 pesos; incrementar las ganancias no imponibles a 8.181 pesos; incrementar el monto determinado como entradas netas superiores a 8.181 pesos, para cargas de familia residentes en el país; incrementar la deducción por cónyuge a 4.151 pesos; incrementar la deducción por hijo y por descendiente en línea recta a 2.076 pesos; e incrementar a 9.158 pesos la deducción especial. Asimismo, en materia de bienes personales proponemos incrementar el mínimo exento a la suma de 208.208 pesos.
El otro aspecto relevante de nuestro dictamen, que tendría un impacto directo en las finanzas provinciales, lo constituye el hecho de intentar corregir algunas afectaciones específicas con destino al Estado nacional, considerando las distorsiones que hoy existen en la relación financiera entre la Nación y las provincias. Esto origina distribuciones inequitativas y una relación muy despareja en virtud de las funciones que los gobiernos provinciales deben llevar a cabo, fundamentalmente en materia de educación pública, salud pública y seguridad.
Una forma de empezar a revertir esa situación en el marco de la ley de impuesto a las ganancias es con la derogación del inciso c) del artículo 104 de dicha norma, retornando a la masa coparticipable el 2 por ciento de la recaudación de ese tributo, que en la actualidad se destina a los ATN. Es decir que en vez de detraer ese 2 por ciento de la masa coparticipable para destinarlo a financiar los ATN, quedaría como porción integrante de dicha masa, a efectos de que sea distribuido entre las provincias y la Nación en los términos de la ley de coparticipación federal.
Por ese único concepto estamos hablando de una suma proyectada para el ejercicio 2006 de 595 millones de pesos, que en caso de volver a la masa coparticipable, 212 millones le corresponderían a la Nación, 89 millones al sistema de seguridad social y 293 millones al conjunto de las provincias. O sea que esta sola medida significaría distribuir 293 millones de pesos más durante el año 2006 entre todas las provincias, lo cual nos permitiría empezar a corregir las asimetrías que hoy se registran en el sistema de coparticipación federal.
De ese modo a Buenos Aires le corresponderían 58 millones de pesos, a Catamarca 8 millones, a Córdoba 27 millones, a Corrientes 11 millones, a Chaco 15 millones, a Chubut 4 millones, a Entre Ríos 14 millones, A Formosa 11 millones, a Jujuy 8 millones, a La Pampa 5 millones, a La Rioja 6 millones, a Mendoza 12 millones, a Misiones 10 millones, a Neuquén 4,5 millones, a Río Negro 7,6 millones, a Salta 11,6 millones, a San Juan 10,2 millones, a San Luis 6,9, a Santa Cruz 4 millones, a Santa Fe 27,2 millones, a Santiago del Estero 12,5 millones y a Tucumán 14,4 millones. Estos son los montos que anualmente le corresponderían a cada provincia si desafectáramos el 2 por ciento de la recaudación del impuesto a las ganancias, reintegrándolo a la masa coparticipable.
Asimismo, mediante nuestro dictamen proponemos la modificación del artículo 5° de la ley 24.699, derogando la afectación de 20 millones con destino a los ATN y asignando dicho importe al inciso c), con lo cual se llevaría el importe que en él se indica a la cifra de 460 millones de pesos, que se distribuirían entre las distintas provincias en concepto de asignación especial.
- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2° de la Honorable Cámara, don Fortunato Rafael Cambareri.
SR. POGGI, CLAUDIO JAVIER (SAN LUIS):
Como consecuencia de la falta de tratamiento del nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos, en cada prórroga tributaria que consideremos en esta Cámara tenemos que rever la distribución posterior entre la Nación y las provincias, a fin de corregir las asimetrías que se generaron en los últimos quince años producto de ir detrayendo de la masa coparticipable determinados conceptos que se fijaron con afectación específica a favor del gobierno nacional.
Estos son los dos principios medulares -la elevación de los mínimos y el recupero de conceptos retraídos de la masa coparticipable- que constituyen la base de nuestro dictamen de minoría.
Estos son los dos principios medulares -la elevación de los mínimos y el recupero de conceptos retraídos de la masa coparticipable- que constituyen la base de nuestro dictamen de minoría.
SR. PRESIDENTE(CAMBARERI)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. PEREZ, ADRIAN (BUENOS AIRES):
Señor presidente: voy a ser muy breve, porque no quiero repetir algunos conceptos que ya se han vertido en este debate.
Hay cuatro dictámenes de minoría que hacen un planteo común, ya que proponen la elevación de los mínimos no imponibles en los impuestos sobre los bienes personales y ganancias. Esto persigue un claro criterio de razonabilidad: estos impuestos nacieron y constituyen un tributo a la riqueza, pero a partir del efecto de la devaluación y de la inflación, de mantenerse los mínimos no imponibles seguiremos afectando a los sectores del trabajo y de los ingresos medios.
Por lo tanto, aquí se está planteando una situación de total inequidad e injusticia, que tiene que ser modificada por este Parlamento.
Al golpe fuerte que han sufrido los trabajadores en los últimos tiempos como consecuencia del deterioro de sus salarios reales, se agrega un nuevo golpe que implica que sectores que nunca fueron contribuyentes de estos impuestos pasen a serlo. Estamos hablando de sectores medios y de los trabajadores.
Por eso me parece razonable que el oficialismo revea la actitud que ha sostenido hasta ahora en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El señor miembro informante nos ha dicho que han efectuado una modificación en el artículo 24 del proyecto de ley de presupuesto. Todos sabemos que se trata de una expresión de deseos, porque no tiene ningún valor jurídico. Lo único que se expresa es la posibilidad de que el año próximo se puedan aumentar los montos mínimos no imponibles, tanto en ganancias como en bienes personales.
Insisto en que sería razonable que la mayoría revise la posición que ha adoptado. Todos los bloques han sostenido este criterio que acabo de expresar, teniendo en cuenta que se ha pasado a afectar a sectores del trabajo y de la clase media.
En nuestro dictamen también hemos sugerido que se otorgue mayor progresividad al impuesto sobre los bienes personales. Por eso, además de solicitar el incremento del mínimo no imponible, deseamos modificar la alícuota para las personas que tengan bienes por un valor superior a 700.000 pesos.
Hay cuatro dictámenes de minoría que hacen un planteo común, ya que proponen la elevación de los mínimos no imponibles en los impuestos sobre los bienes personales y ganancias. Esto persigue un claro criterio de razonabilidad: estos impuestos nacieron y constituyen un tributo a la riqueza, pero a partir del efecto de la devaluación y de la inflación, de mantenerse los mínimos no imponibles seguiremos afectando a los sectores del trabajo y de los ingresos medios.
Por lo tanto, aquí se está planteando una situación de total inequidad e injusticia, que tiene que ser modificada por este Parlamento.
Al golpe fuerte que han sufrido los trabajadores en los últimos tiempos como consecuencia del deterioro de sus salarios reales, se agrega un nuevo golpe que implica que sectores que nunca fueron contribuyentes de estos impuestos pasen a serlo. Estamos hablando de sectores medios y de los trabajadores.
Por eso me parece razonable que el oficialismo revea la actitud que ha sostenido hasta ahora en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El señor miembro informante nos ha dicho que han efectuado una modificación en el artículo 24 del proyecto de ley de presupuesto. Todos sabemos que se trata de una expresión de deseos, porque no tiene ningún valor jurídico. Lo único que se expresa es la posibilidad de que el año próximo se puedan aumentar los montos mínimos no imponibles, tanto en ganancias como en bienes personales.
Insisto en que sería razonable que la mayoría revise la posición que ha adoptado. Todos los bloques han sostenido este criterio que acabo de expresar, teniendo en cuenta que se ha pasado a afectar a sectores del trabajo y de la clase media.
En nuestro dictamen también hemos sugerido que se otorgue mayor progresividad al impuesto sobre los bienes personales. Por eso, además de solicitar el incremento del mínimo no imponible, deseamos modificar la alícuota para las personas que tengan bienes por un valor superior a 700.000 pesos.
- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1a de la Honorable Cámara, licenciada Patricia Vaca Narvaja.
SR. PEREZ, ADRIAN (BUENOS AIRES):
Los motivos que he expuesto nos han llevado a presentar el dictamen de minoría.
En el caso de que el oficialismo insista con su postura de mantener el dictamen de mayoría sin modificación alguna, adelanto que votaremos negativamente.
En el caso de que el oficialismo insista con su postura de mantener el dictamen de mayoría sin modificación alguna, adelanto que votaremos negativamente.
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital, que compartirá su tiempo con el señor diputado Zottos.
SR. PINEDO, FEDERICO (CAP FEDERAL):
Señora presidenta: nuestro bloque ha presentado varios proyectos para subir el mínimo no imponible. Creo que mi iniciativa es de mayo, porque consideraba en aquel momento -como ahora- que no era razonable establecer montos fijos en pesos en las leyes, porque cuando ocurren procesos inflacionarios que devoran la capacidad adquisitiva de los recursos que esos montos representan, no se modifica nada. En realidad, al no modificarse nada se está modificando algo.
Lo que ha ocurrido es que cuando se sancionó el impuesto que estamos discutiendo en el sentido de si lo vamos a prorrogar o no, se consideró que ciertos montos representaban consumo y no ganancias. Por lo tanto, se creyó que no debían ser gravados con el impuesto a las ganancias.
Por supuesto que cuando hay inflación los montos que representan consumo se incrementan junto con los precios, y entonces en los hechos ha habido una modificación del impuesto cuya prórroga estamos discutiendo. Dicha modificación ha provocado que, hoy por hoy, montos destinados al consumo sean considerados por la ley como ganancias, pero se están gravando, que era justamente lo que no se quería cuando la norma fue sancionada.
Así que tenemos una ley modificada en los hechos, lo que ha alterado la voluntad del legislador cuando la sancionó, y hoy la tenemos que prorrogar, lo que agrega un conflicto adicional.
Por supuesto, cuando nosotros presentamos estos proyectos, no hubo mucho interés por tratarlos y aprobarlos de parte de ninguno de los bloques de esta Cámara. Ahora, han cambiado las situaciones políticas, que afortunadamente cambian las posiciones, y observo que existe un consenso relativamente alto en tratar de subsanar de alguna manera esta inequidad.
Cuando el Poder Ejecutivo presentó los proyectos de presupuesto y de prórroga de impuestos a la Cámara, el ex ministro Lavagna informó que no iba a cambiar ningún tributo. Esa era, en general, una posición muy típica del ex ministro, que fue muy defendida por varios bloques de la actual composición de la Cámara.
El ahora bloque circunstancialmente oficialista -porque ha cambiado el oficialismo, aunque muchas veces no las personas- transmitió la misma idea: los impuestos no se discuten; se mantienen como están y no se sabe cuándo vamos a discutirlos.
Frente a esta situación, la posición de nuestro bloque fue clarísima: "Bueno, señores: ustedes no quieren cambiar ningún impuesto. Búsquense ustedes su mayoría. Nosotros vamos a votar como corresponde, de acuerdo a nuestras convicciones y en contra de la propuesta que ustedes hacen, que ni siquiera quieren discutir".
Entonces, nos preguntaron qué pensábamos nosotros, y respondimos que hacía falta rebajar los impuestos, rebaja que se puede dar de acuerdo a la imaginación de cualquier persona, porque cada diputado de esta Cámara tiene una opinión personal sobre este punto.
Entonces, si uno va a hablar con ciertos diputados que tradicionalmente se preocupan por los intereses del sector agropecuario -geográficamente representa algo así como el 90 pro ciento de los pueblos del interior de la República Argentina- nos van a decir: "Bajemos las retenciones a los productos del interior, a las economías regionales, a los productos que no sean los cuatro principales", proyectos que mi bloque también presentó en la Cámara.
Si uno le pregunta a los diputados preocupados por el funcionamiento general de la economía, a lo mejor dicen: "Bueno, bajemos el impuesto al cheque, que es un impuesto muy distorsivo", como ya hemos discutido hace unos instantes.
Si uno le pregunta a los diputados que piensan en los efectos negativos de tener un sistema impositivo muy gravoso para los pocos que pagan, le van a decir que, evidentemente, no hay casi ningún país que tenga los niveles de IVA que tiene la Argentina, y que habría que bajar la alícuota del IVA.
Los diputados que se ocupan por la suerte de los sectores en los que ha golpeado muy duramente la crisis económica de los últimos años -que son los sectores medios y bajos de la sociedad a la que nosotros representamos- seguramente me dirán que de todas las rebajas de impuestos la más conveniente es la vinculada con la suba de los mínimos no imponibles.
Como bien saben los miembros de esta Cámara, el Congreso puede ser utilizado para dos alternativas que son contradictorias. Una es tirarse tomates, insultarse, descalificar al que no piensa igual y salir en los diarios como grandes principistas que dicen lo que un pequeño grupo de gente que va a aplaudirlos quiere escuchar. Esta es una modalidad muy conocida en la política en general y en la política argentina en particular.
Aquí también podemos aplicar el teorema de Baglini. Los sectores que están más alejados de la posibilidad de acceder al poder son más irresponsables, tiran más tomates, insultan más, tienen posturas más irracionales y son más aplaudidos por pequeños grupos de gente; mejor dicho, por sus grupos de gente. En cambio, aquellos que tienen más posibilidades de llegar al poder son más responsables, buscan el acuerdo, se tiran menos tomates y tratan de conciliar posiciones para encontrar una salida a los problemas.
En nuestro caso hemos planteado sin éxito una modificación razonable al impuesto al cheque. En lo que se refiere a la elevación de los mínimos no imponibles no hay una sola alternativa sino varias.
Algunos diputados proponen subir ya mismo los mínimos no imponibles y asumir el costo fiscal. La posición del Poder Ejecutivo, representada claramente por el anterior ministro de Economía, doctor Lavagna -quien en el pasado logró tanto apoyo en esta Cámara sosteniendo esta misma posición-, es no modificar nada.
Luego, tal vez porque no pudieron imponer su criterio, dijeron que se les había ocurrido una alternativa que supongo habrá sido ampliamente discutida en más de un despacho: constituir un fondo especial con recursos provenientes de lo que se recaude en más de lo presupuestado para que sean utilizados para aumentar los mínimos no imponibles.
La primera vez que escuché esta sugerencia me pareció atendible y razonable. Sin duda no es lo que haríamos si fuésemos gobierno, ya que en ese caso impulsaríamos un mecanismo más directo asumiendo un costo fiscal más grande. El manejo fiscal general del país lo tiene el presidente de la República. Para eso se elige a los presidentes, para que administren. Lamentablemente, todavía no nos llegó el turno; ya nos llegará y seguramente actuaremos en forma un poco distinta y un poco mejor.
El dictamen de mayoría no dice absolutamente nada sobre esto. Circulan por ahí algunas propuestas que dicen que el Poder Ejecutivo podrá aplicar recursos financieros del superávit que no estén aplicados a un fondo y que se lo autoriza para que, si quiere, aplique parte de esos fondos al aumento de los mínimos no imponibles. Por supuesto estas propuestas nos parecen absolutamente insuficientes.
Dado que nuestra posición en esta Cámara -como dije siempre- ha sido y seguirá siendo la de asumir una actitud seria y constructiva y dado que a cada crítica la vamos a acompañar -en la medida en que nos dé el cerebro- con una propuesta, hoy también vamos a proponer una modificación.
Nos gustaría que el oficialismo, a través del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, quien con su firma encabeza el listado de quienes impulsan el dictamen de mayoría, nos diera alguna respuesta.
Como dije hace unos momentos es razonable buscar una alternativa segura en el corto tiempo para aumentar los mínimos no imponibles. Este es un tema que en la oposición no está en discusión.
Se puede apelar al mecanismo de utilizar los fondos excedentes sobre lo presupuestado para aplicarlos al aumento de los mínimos no imponibles. Esa sería una política responsable teniendo en cuenta las limitaciones fiscales que considera que tiene el Poder Ejecutivo. Sería razonable en la búsqueda de un consenso para buscar una salida efectiva a esta situación.
Si el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y el bloque de la mayoría consideran inaceptable establecer de modo taxativo y mandatorio que el Poder Ejecutivo deberá aplicar a un fondo especial la recaudación excedente de lo presupuestado, y que no podrá "si quiere", sino que deberá aplicar esos fondos al aumento de los mínimos no imponibles, tanto de ganancias como de bienes personales, entonces nosotros no vamos a acompañar el dictamen de mayoría.
Si el oficialismo en cambio acepta establecer de modo taxativo y mandatorio que el Poder Ejecutivo deberá integrar un fondo especial con los recursos que provengan de una mayor recaudación a la presupuestada y que con esos fondos deberá aumentar los mínimos no imponibles, nosotros podemos acompañar el dictamen de mayoría.
Insisto en que ésta sería una manera razonable de llegar al objetivo que la oposición se ha fijado desde hace mucho tiempo -en nuestro caso desde mayo de este año- en el sentido de que se aumenten de una buena vez los mínimos no imponibles de los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales.
Dejo formulada esta pregunta al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para ver si acepta esta modificación, que en realidad se había planteado al artículo 24 del proyecto de presupuesto. Según sea la respuesta recibida acompañaremos o no el dictamen de mayoría.
Lo que ha ocurrido es que cuando se sancionó el impuesto que estamos discutiendo en el sentido de si lo vamos a prorrogar o no, se consideró que ciertos montos representaban consumo y no ganancias. Por lo tanto, se creyó que no debían ser gravados con el impuesto a las ganancias.
Por supuesto que cuando hay inflación los montos que representan consumo se incrementan junto con los precios, y entonces en los hechos ha habido una modificación del impuesto cuya prórroga estamos discutiendo. Dicha modificación ha provocado que, hoy por hoy, montos destinados al consumo sean considerados por la ley como ganancias, pero se están gravando, que era justamente lo que no se quería cuando la norma fue sancionada.
Así que tenemos una ley modificada en los hechos, lo que ha alterado la voluntad del legislador cuando la sancionó, y hoy la tenemos que prorrogar, lo que agrega un conflicto adicional.
Por supuesto, cuando nosotros presentamos estos proyectos, no hubo mucho interés por tratarlos y aprobarlos de parte de ninguno de los bloques de esta Cámara. Ahora, han cambiado las situaciones políticas, que afortunadamente cambian las posiciones, y observo que existe un consenso relativamente alto en tratar de subsanar de alguna manera esta inequidad.
Cuando el Poder Ejecutivo presentó los proyectos de presupuesto y de prórroga de impuestos a la Cámara, el ex ministro Lavagna informó que no iba a cambiar ningún tributo. Esa era, en general, una posición muy típica del ex ministro, que fue muy defendida por varios bloques de la actual composición de la Cámara.
El ahora bloque circunstancialmente oficialista -porque ha cambiado el oficialismo, aunque muchas veces no las personas- transmitió la misma idea: los impuestos no se discuten; se mantienen como están y no se sabe cuándo vamos a discutirlos.
Frente a esta situación, la posición de nuestro bloque fue clarísima: "Bueno, señores: ustedes no quieren cambiar ningún impuesto. Búsquense ustedes su mayoría. Nosotros vamos a votar como corresponde, de acuerdo a nuestras convicciones y en contra de la propuesta que ustedes hacen, que ni siquiera quieren discutir".
Entonces, nos preguntaron qué pensábamos nosotros, y respondimos que hacía falta rebajar los impuestos, rebaja que se puede dar de acuerdo a la imaginación de cualquier persona, porque cada diputado de esta Cámara tiene una opinión personal sobre este punto.
Entonces, si uno va a hablar con ciertos diputados que tradicionalmente se preocupan por los intereses del sector agropecuario -geográficamente representa algo así como el 90 pro ciento de los pueblos del interior de la República Argentina- nos van a decir: "Bajemos las retenciones a los productos del interior, a las economías regionales, a los productos que no sean los cuatro principales", proyectos que mi bloque también presentó en la Cámara.
Si uno le pregunta a los diputados preocupados por el funcionamiento general de la economía, a lo mejor dicen: "Bueno, bajemos el impuesto al cheque, que es un impuesto muy distorsivo", como ya hemos discutido hace unos instantes.
Si uno le pregunta a los diputados que piensan en los efectos negativos de tener un sistema impositivo muy gravoso para los pocos que pagan, le van a decir que, evidentemente, no hay casi ningún país que tenga los niveles de IVA que tiene la Argentina, y que habría que bajar la alícuota del IVA.
Los diputados que se ocupan por la suerte de los sectores en los que ha golpeado muy duramente la crisis económica de los últimos años -que son los sectores medios y bajos de la sociedad a la que nosotros representamos- seguramente me dirán que de todas las rebajas de impuestos la más conveniente es la vinculada con la suba de los mínimos no imponibles.
Como bien saben los miembros de esta Cámara, el Congreso puede ser utilizado para dos alternativas que son contradictorias. Una es tirarse tomates, insultarse, descalificar al que no piensa igual y salir en los diarios como grandes principistas que dicen lo que un pequeño grupo de gente que va a aplaudirlos quiere escuchar. Esta es una modalidad muy conocida en la política en general y en la política argentina en particular.
Aquí también podemos aplicar el teorema de Baglini. Los sectores que están más alejados de la posibilidad de acceder al poder son más irresponsables, tiran más tomates, insultan más, tienen posturas más irracionales y son más aplaudidos por pequeños grupos de gente; mejor dicho, por sus grupos de gente. En cambio, aquellos que tienen más posibilidades de llegar al poder son más responsables, buscan el acuerdo, se tiran menos tomates y tratan de conciliar posiciones para encontrar una salida a los problemas.
En nuestro caso hemos planteado sin éxito una modificación razonable al impuesto al cheque. En lo que se refiere a la elevación de los mínimos no imponibles no hay una sola alternativa sino varias.
Algunos diputados proponen subir ya mismo los mínimos no imponibles y asumir el costo fiscal. La posición del Poder Ejecutivo, representada claramente por el anterior ministro de Economía, doctor Lavagna -quien en el pasado logró tanto apoyo en esta Cámara sosteniendo esta misma posición-, es no modificar nada.
Luego, tal vez porque no pudieron imponer su criterio, dijeron que se les había ocurrido una alternativa que supongo habrá sido ampliamente discutida en más de un despacho: constituir un fondo especial con recursos provenientes de lo que se recaude en más de lo presupuestado para que sean utilizados para aumentar los mínimos no imponibles.
La primera vez que escuché esta sugerencia me pareció atendible y razonable. Sin duda no es lo que haríamos si fuésemos gobierno, ya que en ese caso impulsaríamos un mecanismo más directo asumiendo un costo fiscal más grande. El manejo fiscal general del país lo tiene el presidente de la República. Para eso se elige a los presidentes, para que administren. Lamentablemente, todavía no nos llegó el turno; ya nos llegará y seguramente actuaremos en forma un poco distinta y un poco mejor.
El dictamen de mayoría no dice absolutamente nada sobre esto. Circulan por ahí algunas propuestas que dicen que el Poder Ejecutivo podrá aplicar recursos financieros del superávit que no estén aplicados a un fondo y que se lo autoriza para que, si quiere, aplique parte de esos fondos al aumento de los mínimos no imponibles. Por supuesto estas propuestas nos parecen absolutamente insuficientes.
Dado que nuestra posición en esta Cámara -como dije siempre- ha sido y seguirá siendo la de asumir una actitud seria y constructiva y dado que a cada crítica la vamos a acompañar -en la medida en que nos dé el cerebro- con una propuesta, hoy también vamos a proponer una modificación.
Nos gustaría que el oficialismo, a través del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, quien con su firma encabeza el listado de quienes impulsan el dictamen de mayoría, nos diera alguna respuesta.
Como dije hace unos momentos es razonable buscar una alternativa segura en el corto tiempo para aumentar los mínimos no imponibles. Este es un tema que en la oposición no está en discusión.
Se puede apelar al mecanismo de utilizar los fondos excedentes sobre lo presupuestado para aplicarlos al aumento de los mínimos no imponibles. Esa sería una política responsable teniendo en cuenta las limitaciones fiscales que considera que tiene el Poder Ejecutivo. Sería razonable en la búsqueda de un consenso para buscar una salida efectiva a esta situación.
Si el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y el bloque de la mayoría consideran inaceptable establecer de modo taxativo y mandatorio que el Poder Ejecutivo deberá aplicar a un fondo especial la recaudación excedente de lo presupuestado, y que no podrá "si quiere", sino que deberá aplicar esos fondos al aumento de los mínimos no imponibles, tanto de ganancias como de bienes personales, entonces nosotros no vamos a acompañar el dictamen de mayoría.
Si el oficialismo en cambio acepta establecer de modo taxativo y mandatorio que el Poder Ejecutivo deberá integrar un fondo especial con los recursos que provengan de una mayor recaudación a la presupuestada y que con esos fondos deberá aumentar los mínimos no imponibles, nosotros podemos acompañar el dictamen de mayoría.
Insisto en que ésta sería una manera razonable de llegar al objetivo que la oposición se ha fijado desde hace mucho tiempo -en nuestro caso desde mayo de este año- en el sentido de que se aumenten de una buena vez los mínimos no imponibles de los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales.
Dejo formulada esta pregunta al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para ver si acepta esta modificación, que en realidad se había planteado al artículo 24 del proyecto de presupuesto. Según sea la respuesta recibida acompañaremos o no el dictamen de mayoría.
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
Tiene la palabra el señor diputado por Salta.
SR. ZOTTOS, ANDRES (SALTA):
Señora presidenta: seré muy breve ya que solicitaré la inserción de mi discurso en el Diario de Sesiones.
Como bien lo señaló el señor diputado Pinedo, hemos presentado varios proyectos. Quien habla, hace más de un año presentó una iniciativa vinculada con el aumento de los mínimos no imponibles de los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales.
Sería bueno, tal como dijo el señor diputado preopinante, dejar reflejada la conveniencia de un aumento del mínimo no imponible, porque ha quedado desactualizado.
Soy partidario de una amplia reforma impositiva, con un ensanchamiento de la base imponible del impuesto a las ganancias y un aumento sustancial de las desgravaciones. De esa manera, podríamos vincular el impuesto a las ganancias con el impuesto al valor agregado, a fin de alcanzar una reducción de la evasión. Esto, por ejemplo, se practica tanto en España como en los Estados Unidos; en este último caso, con la acreditación fehaciente de los gastos.
Con respecto al impuesto sobre los bienes personales no objeto su prórroga, pero debería aumentarse el mínimo exento, porque ha quedado desactualizado. Lo mismo pienso con respecto al impuesto a las ganancias.
En mi inserción también señalo mi posición con respecto al inciso 3 del artículo 75 de la Constitución Nacional, en el sentido de que debe existir la mayoría absoluta cuando se trata de la aprobación de impuestos que generan una afectación específica.
Como bien lo señaló el señor diputado Pinedo, hemos presentado varios proyectos. Quien habla, hace más de un año presentó una iniciativa vinculada con el aumento de los mínimos no imponibles de los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales.
Sería bueno, tal como dijo el señor diputado preopinante, dejar reflejada la conveniencia de un aumento del mínimo no imponible, porque ha quedado desactualizado.
Soy partidario de una amplia reforma impositiva, con un ensanchamiento de la base imponible del impuesto a las ganancias y un aumento sustancial de las desgravaciones. De esa manera, podríamos vincular el impuesto a las ganancias con el impuesto al valor agregado, a fin de alcanzar una reducción de la evasión. Esto, por ejemplo, se practica tanto en España como en los Estados Unidos; en este último caso, con la acreditación fehaciente de los gastos.
Con respecto al impuesto sobre los bienes personales no objeto su prórroga, pero debería aumentarse el mínimo exento, porque ha quedado desactualizado. Lo mismo pienso con respecto al impuesto a las ganancias.
En mi inserción también señalo mi posición con respecto al inciso 3 del artículo 75 de la Constitución Nacional, en el sentido de que debe existir la mayoría absoluta cuando se trata de la aprobación de impuestos que generan una afectación específica.
SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA)
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
SR. LOZANO, CLAUDIO (CAP FEDERAL):
Señora presidenta: elegí este proyecto para fundar la disidencia que sostuve en la comisión, por la cual me resulta imposible acompañar tanto esta iniciativa como la anterior.
Planteé la disidencia en la comisión y no hubo consenso. Ahora elijo este proyecto para expresarla porque en este caso se llega al paroxismo de la ridiculez y la ineficacia del sistema tributario argentino.
Antes de extenderme sobre este punto, quiero hacer una planteo general, que me surgió al escuchar el debate que estamos teniendo. Me pregunto por qué razón un tema que debería ser un trámite administrativo y de rutina, como es prorrogar los instrumentos para que el Estado recaude y se financie, se ha transformado en un debate político de primer orden.
Preguntarnos esto implica entender que en las cuestiones más elementales termina apareciendo la falta de vocación y de decisión que hace tiempo muestra una parte sustantiva del sistema político para afrontar los temas centrales de la discusión en la Argentina.
Si hay un aspecto que con un excusa u otra -llámese crisis o superávit- jamás se habilita para ser debatido en la Argentina es la reforma impositiva. Me parece que hay que ubicar la cuestión en este marco, porque sólo dando cauce a este debate podremos resolver el problema administrativo que implica prorrogar los instrumentos que necesita el gobierno nacional.
Creo que se fracasa en el intento de llevar un tema administrativo a un debate político de primer orden, y
se fracasa también en tratar de hacer pasar una cuestión administrativa sin hacerse cargo del problema político planteado. Pienso que estamos desperdiciando una inmejorable oportunidad -ojalá seamos capaces de reparar en ello- de discutir la reforma impositiva, pues existen todas las condiciones para hacerlo.
El hecho de que impuestos que fueron creados para captar rentas y patrimonios que en la Argentina se han concentrado al extremo estén empezando a recaer sobre trabajadores mejor pagos y sobre capas medias, en realidad es la demostración de la más absoluta ineficacia del sistema tributario para captar de manera efectiva las rentas y riquezas concentradas.
Esto puede ser planteado con mucha más claridad si pasamos en limpio los números que sistemática y permanentemente nos muestran la evolución de la recaudación tributaria. En razón de que están puestos a valores corrientes y no a valores constantes, pareciera que funcionaran de manera formidable; pero cuando se hace la comparación a valores constantes se advierte que en cada impuesto se recauda menos que en la década del noventa. Esto no quiere decir que en esa época la recaudación fuera buena, pues también se recaudaba mal; la razón por la que hay un plus de recaudación obedece a la presencia de impuestos que en aquel momento no existían. No se trata de la recuperación de la recaudación del impuesto a las ganancias; la diferencia la hacen las retenciones y el impuesto al cheque. En todos los demás impuestos se recauda menos que antes.
Esta discusión demuestra que el sistema no sirve, porque no nos permite apropiar las rentas y riquezas de donde están para transformarlas en financiamiento de lo que debe ser financiado.
Por otro lado, termina siendo una absoluta locura el hecho de que este sistema tributario -por el modo en que funciona y por los pactos que ha habido- ni siquiera permita cumplir con lo que establece la Constitución en materia de coparticipación. Dicho esto, deseo abordar otras cuestiones.
Ni el problema de la coparticipación ni el de la progresividad del sistema tributario se resuelven discutiendo un impuesto, pues se trata de un sistema impositivo que merece ser debatido en conjunto. Es más; hemos llegado a la situación en la que estamos porque venimos colocando parche tras parche en vez de afrontar el debate de la modificación del sistema.
Por lo tanto, en razón de que considero que el punto en discusión es más complejo, entiendo que la propuesta lógica -que planteé en la comisión- de destrabar este enredo absoluto supone resolver el tema administrativo de la prórroga en consonancia con la habilitación de la discusión seria de la reforma impositiva.
Por ello, señalé lo siguiente. Primero, en ningún caso la prórroga puede exceder el año; segundo, debe constituirse ya una comisión integrada por representantes del Parlamento y del Poder Ejecutivo para presentar en el año 2006, en un plazo perentorio, una propuesta de cambio impositivo para ser discutida acá, y tercero, tal propuesta debe ser votada con las mayorías que corresponden de acuerdo a la Constitución y al reglamento de la Cámara.
Es preciso que el debate relativo a la prórroga sea separado de la discusión relacionada con la reforma, y además, hay que debatir integralmente el sistema. Sin embargo, una vez más dejamos de hacernos cargo de la discusión y no nos colocamos a la altura de las circunstancias políticas que efectivamente debemos asumir.
Esta Cámara me brinda una fotografía que eleva al extremo la confusión política en la Argentina. Nuestro sistema político parece ser una suerte de trompo en el que según el lugar en que uno se para dice una cosa u otra, y donde se aplica al extremo el teorema que Baglini robó a Sartori en el sentido de que hoy digo lo que no dije ayer, pero hoy es más de lo mismo que banqué ayer, que ya era más de lo mismo. Quiero aclarar algunas otras cuestiones.
En primer lugar, me referiré a la obsesión fiscalista a la que aludió el miembro informante de la comisión. Es mentira que el superávit fiscal es una clave de la política económica. Eso depende de varias cosas: de cómo se construye, con qué pautas de recurso se recauda y de qué manera se asigna el gasto.
Planteé la disidencia en la comisión y no hubo consenso. Ahora elijo este proyecto para expresarla porque en este caso se llega al paroxismo de la ridiculez y la ineficacia del sistema tributario argentino.
Antes de extenderme sobre este punto, quiero hacer una planteo general, que me surgió al escuchar el debate que estamos teniendo. Me pregunto por qué razón un tema que debería ser un trámite administrativo y de rutina, como es prorrogar los instrumentos para que el Estado recaude y se financie, se ha transformado en un debate político de primer orden.
Preguntarnos esto implica entender que en las cuestiones más elementales termina apareciendo la falta de vocación y de decisión que hace tiempo muestra una parte sustantiva del sistema político para afrontar los temas centrales de la discusión en la Argentina.
Si hay un aspecto que con un excusa u otra -llámese crisis o superávit- jamás se habilita para ser debatido en la Argentina es la reforma impositiva. Me parece que hay que ubicar la cuestión en este marco, porque sólo dando cauce a este debate podremos resolver el problema administrativo que implica prorrogar los instrumentos que necesita el gobierno nacional.
Creo que se fracasa en el intento de llevar un tema administrativo a un debate político de primer orden, y
se fracasa también en tratar de hacer pasar una cuestión administrativa sin hacerse cargo del problema político planteado. Pienso que estamos desperdiciando una inmejorable oportunidad -ojalá seamos capaces de reparar en ello- de discutir la reforma impositiva, pues existen todas las condiciones para hacerlo.
El hecho de que impuestos que fueron creados para captar rentas y patrimonios que en la Argentina se han concentrado al extremo estén empezando a recaer sobre trabajadores mejor pagos y sobre capas medias, en realidad es la demostración de la más absoluta ineficacia del sistema tributario para captar de manera efectiva las rentas y riquezas concentradas.
Esto puede ser planteado con mucha más claridad si pasamos en limpio los números que sistemática y permanentemente nos muestran la evolución de la recaudación tributaria. En razón de que están puestos a valores corrientes y no a valores constantes, pareciera que funcionaran de manera formidable; pero cuando se hace la comparación a valores constantes se advierte que en cada impuesto se recauda menos que en la década del noventa. Esto no quiere decir que en esa época la recaudación fuera buena, pues también se recaudaba mal; la razón por la que hay un plus de recaudación obedece a la presencia de impuestos que en aquel momento no existían. No se trata de la recuperación de la recaudación del impuesto a las ganancias; la diferencia la hacen las retenciones y el impuesto al cheque. En todos los demás impuestos se recauda menos que antes.
Esta discusión demuestra que el sistema no sirve, porque no nos permite apropiar las rentas y riquezas de donde están para transformarlas en financiamiento de lo que debe ser financiado.
Por otro lado, termina siendo una absoluta locura el hecho de que este sistema tributario -por el modo en que funciona y por los pactos que ha habido- ni siquiera permita cumplir con lo que establece la Constitución en materia de coparticipación. Dicho esto, deseo abordar otras cuestiones.
Ni el problema de la coparticipación ni el de la progresividad del sistema tributario se resuelven discutiendo un impuesto, pues se trata de un sistema impositivo que merece ser debatido en conjunto. Es más; hemos llegado a la situación en la que estamos porque venimos colocando parche tras parche en vez de afrontar el debate de la modificación del sistema.
Por lo tanto, en razón de que considero que el punto en discusión es más complejo, entiendo que la propuesta lógica -que planteé en la comisión- de destrabar este enredo absoluto supone resolver el tema administrativo de la prórroga en consonancia con la habilitación de la discusión seria de la reforma impositiva.
Por ello, señalé lo siguiente. Primero, en ningún caso la prórroga puede exceder el año; segundo, debe constituirse ya una comisión integrada por representantes del Parlamento y del Poder Ejecutivo para presentar en el año 2006, en un plazo perentorio, una propuesta de cambio impositivo para ser discutida acá, y tercero, tal propuesta debe ser votada con las mayorías que corresponden de acuerdo a la Constitución y al reglamento de la Cámara.
Es preciso que el debate relativo a la prórroga sea separado de la discusión relacionada con la reforma, y además, hay que debatir integralmente el sistema. Sin embargo, una vez más dejamos de hacernos cargo de la discusión y no nos colocamos a la altura de las circunstancias políticas que efectivamente debemos asumir.
Esta Cámara me brinda una fotografía que eleva al extremo la confusión política en la Argentina. Nuestro sistema político parece ser una suerte de trompo en el que según el lugar en que uno se para dice una cosa u otra, y donde se aplica al extremo el teorema que Baglini robó a Sartori en el sentido de que hoy digo lo que no dije ayer, pero hoy es más de lo mismo que banqué ayer, que ya era más de lo mismo. Quiero aclarar algunas otras cuestiones.
En primer lugar, me referiré a la obsesión fiscalista a la que aludió el miembro informante de la comisión. Es mentira que el superávit fiscal es una clave de la política económica. Eso depende de varias cosas: de cómo se construye, con qué pautas de recurso se recauda y de qué manera se asigna el gasto.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Alberto Edgardo Balestrini.
SR. LOZANO, CLAUDIO (CAP FEDERAL):
Eso determina qué significado tiene el superávit. Si yo recaudo de manera regresiva y obtengo el superávit por ajuste de gasto, estoy haciendo pagar a la comunidad esa obtención. Y cuando uno observa los recursos en la Argentina a valores reales, tamizados de la inflación, con un cambio de composición porque hay más recaudación tributaria y menos contribuciones patronales, se da cuenta de que en realidad los recursos totales son casi iguales que los que había en 1998. El centro del superávit se construyó como resultado del impacto que la crisis económica tuvo sobre el gasto público a valores constantes. Esto se siente en el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores del sector público y de las partidas sociales vinculadas con ese sector.
Por lo tanto, no es lo mismo un superávit que otro, del mismo modo que hay que decir que cuanto más lo pudiéramos reducir, mejor sería. Sería bueno que tuviéramos equilibrio; no hay que vanagloriarse del superávit porque tiene un solo destino, que es el pago de deuda. Cuanto menos deuda paguemos, menos superávit necesitaremos. ¿De dónde surge que es virtuoso el superávit? ¿En dónde lo leyeron?
He escuchado discursos enfáticos en defensa de los trabajadores, que comparto. Y también coincido con todos y cada uno de los argumentos que cuestionan el impuesto al cheque, como también los mínimos no imponibles que son bajos en los impuestos que estamos considerando. Comparto las argumentaciones que hicieron y me parece legítimo defender a los 700.000 trabajadores que se sienten capturados por algo que no les corresponde pagar. Pero con el mismo énfasis con que se defendió a esos 700.000 trabajadores, es necesario resaltar que la Argentina todavía tiene una tasa de desempleo del 14 por ciento, un millón y medio de mayores de 65 años que ni siquiera cobran el haber mínimo, ocho millones de pibes que viven en hogares pobres y un ingreso promedio de 640 pesos que cobran millones de trabajadores.
Por lo tanto, es necesario cambiar las prioridades porque el verdadero debate no está acá sino en lo que viene después, que es el presupuesto. Sobre todos estos temas que menciono, el presupuesto no dice una pepa. Este presupuesto no garantiza distribución alguna ni reparto alguno para millones. Espero que quienes enfáticamente defienden a los 700.000 trabajadores sean capaces de rechazar este presupuesto para poder defender a los millones de necesitados. (Aplausos.)
Por lo tanto, no es lo mismo un superávit que otro, del mismo modo que hay que decir que cuanto más lo pudiéramos reducir, mejor sería. Sería bueno que tuviéramos equilibrio; no hay que vanagloriarse del superávit porque tiene un solo destino, que es el pago de deuda. Cuanto menos deuda paguemos, menos superávit necesitaremos. ¿De dónde surge que es virtuoso el superávit? ¿En dónde lo leyeron?
He escuchado discursos enfáticos en defensa de los trabajadores, que comparto. Y también coincido con todos y cada uno de los argumentos que cuestionan el impuesto al cheque, como también los mínimos no imponibles que son bajos en los impuestos que estamos considerando. Comparto las argumentaciones que hicieron y me parece legítimo defender a los 700.000 trabajadores que se sienten capturados por algo que no les corresponde pagar. Pero con el mismo énfasis con que se defendió a esos 700.000 trabajadores, es necesario resaltar que la Argentina todavía tiene una tasa de desempleo del 14 por ciento, un millón y medio de mayores de 65 años que ni siquiera cobran el haber mínimo, ocho millones de pibes que viven en hogares pobres y un ingreso promedio de 640 pesos que cobran millones de trabajadores.
Por lo tanto, es necesario cambiar las prioridades porque el verdadero debate no está acá sino en lo que viene después, que es el presupuesto. Sobre todos estos temas que menciono, el presupuesto no dice una pepa. Este presupuesto no garantiza distribución alguna ni reparto alguno para millones. Espero que quienes enfáticamente defienden a los 700.000 trabajadores sean capaces de rechazar este presupuesto para poder defender a los millones de necesitados. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
SR. GODOY, JUAN CARLOS LUCIO (ENTRE RIOS):
Señor presidente: tenía la intención de hablar durante el tratamiento del tema anterior, pero tuve que retirarme por una cuestión personal: la graduación de una hija mía, a quien le entregaban un título en la universidad por haberse recibido de socióloga. Pude ver cómo juraban todos los recién recibidos, los estudiantes que finalizaron su carrera, y todos lo hacían por la Constitución y agregaban distintas cuestiones.
Realmente, me vine reconfortado por ese acontecimiento, tanto por la graduación como por las cosas que dijeron allí, pensando en el futuro argentino, el decano, las autoridades y los estudiantes. Pero al llegar a este recinto me encuentro con que se hablaba de que la Constitución es abstracta en algunos puntos. Entonces yo decía: los chicos estaban jurando la Constitución, como lo hicimos nosotros, pero parece que tiene puntos abstractos que no son cumplibles o que no sirven mucho. Y eso me preocupó.
Además, yo considero que a la Constitución también la violamos, a propósito de algunas cosas que escuché respecto de la coparticipación. Según la Constitución reformada en 1994, ya tendría que haberse instrumentado un nuevo régimen de coparticipación, que todas las provincias están demandando, y si bien al comienzo de esta gestión de gobierno se comenzó a tocar el tema, lamentablemente después se abandonó.
Nosotros debemos cumplir lo establecido en la Constitución Nacional, y el inciso 2 del artículo 75 dice que el Congreso de la Nación puede imponer contribuciones directas -que es de lo que estamos hablando-, pero por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan, no en otra oportunidad. Lo que estamos discutiendo, señores diputados, es precisamente un impuesto directo, como es el impuesto a las ganancias.
La Constitución dice que las contribuciones se tienen que fijar por un tiempo determinado. Es decir que ya se ha violado la Constitución Nacional porque este impuesto está vigente desde 1932. En 1932, durante un gobierno de facto, se fija el impuesto a las ganancias, que en aquel momento se denominaba impuesto a los réditos. En 1934 es convalidado por el Parlamento argentino y se genera el primer régimen de coparticipación en nuestro país. Cabe recordar que un gobernador de nuestra provincia, la de Entre Ríos, se opuso muy fuertemente a este impuesto porque sostenía que a partir del momento en que las provincias cedieran este impuesto a la Nación tendrían que mendigar para obtener lo que les correspondiera.
Esta es la cuestión doctrinaria o legal de lo que es el impuesto a las ganancias, así llamado desde 1974 luego de la reforma que se hizo durante la presidencia del general Perón, que tuvo avances sustanciales en algunos puntos que después voy a mencionar.
Pero lo que quiero decir por sobre todas las cosas es que acá estamos tomándonos de nuevo -como lo hacemos cada tantos años- la facultad de apropiarnos de las rentas de las provincias, o al menos de un impuesto directo que no nos corresponde, para distribuirlo por un régimen de coparticipación que es inequitativo y que le está dando muy malos resultados al pueblo argentino. Sobre esto ya hay mucho material escrito.
Pero además quiero decir que, según mi modesta interpretación, la Constitución Nacional no es abstracta, porque el inciso 3 del artículo 75 otorga la facultad de establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables por tiempo determinado por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Y la ley de impuesto a las ganancias -ley 20.628- en su artículo 104 establece asignaciones específicas. Es decir, no solamente violamos la Constitución por el lado de los impuestos sino también por el lado de las asignaciones específicas. La única ley que estamos tratando ahora y que contiene esas asignaciones es la ley de impuesto a las ganancias.
Por eso al leer este artículo, que nunca creí que estuviera vinculado solamente al inciso 2 y a la ley de coparticipación, se me ocurre que precisamente estas asignaciones específicas son las que obligan a tener una mayoría especial de 129 votos. No sé si en el caso anterior se daban todas estas condiciones; pero sería inconstitucional que se votara por mayoría simple una cuestión que en la Constitución está escrita y que según una interpretación por lo menos literal resulta indiscutible.
Aclarado este tema, y señalando -como lo hacía conversando los otros días con el señor presidente del bloque oficialista- que uno no pretende voltear nada sino en todo caso debatir, convendría analizar cómo podemos reconstruir la cuestión impositiva.
El señor presidente de la comisión -al que ahora no veo en el recinto- hizo la apología del superávit fiscal, y el señor diputado Lozano recién se preguntaba de dónde salía esa argumentación. No quiero endilgar nada a nadie, lo digo con todo respeto; pero la verdad es que tanto el superávit fiscal como las privatizaciones están establecidos expresamente en el Consenso de Washington. Allí es donde se estableció entre otras prioridades la de tener superávit fiscal para países como el nuestro.
Comparto que debe existir una administración sana, la menor cantidad de erogaciones superfluas y un régimen impositivo adecuado. Quiero señalar una cuestión que para mí es mucho más que constitucional. Me refiero a lo establecido en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, hace más de doscientos años, donde simplemente se dice que los impuestos deben estar equitativamente repartidos entre los ciudadanos de acuerdo con su capacidad de pago. Todo lo otro que se escribe en la ley, las exenciones, son inventos que ha ido aportando el ser humano en la evolución de la sociedad. La intención que se tiene con el tributo es que el que tiene más capacidad adquisitiva pague más, y el que tiene menos, pague menos. Con esa simpleza debería funcionar este sistema.
Por otra parte, quiero aclarar que no se hace progresismo en política ni tampoco se hace equidad solamente con el gasto. También se hace equidad distributiva con el sistema impositivo, porque allí está la madre del borrego; es decir, a quién debemos cobrar impuestos para que exista solidaridad en una sociedad. Si cobramos al que tiene menos no estamos cumpliendo con los principios de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que mencionaba hace un momento.
El señor miembro informante del dictamen de mayoría señalaba que ésta no es una cuestión ideológica; yo creo que es una cuestión filosófica. ¡Cómo no va a ser una cuestión de ideas fundamentales saber quiénes pagan más tributos en una sociedad, quiénes pagan menos y a dónde deben ir esos gravámenes! Evidentemente es una cuestión de ideología, de las que no han muerto.
Además, lo que me pareció sorprendente, porque creo que no es una buena defensa del gobierno -y lo digo con todo respeto- es que haya dicho que se votó esto y por eso debe seguir igual. La verdad es que lo que se votó es un cambio. Creo que eso es lo que dijo el señor presidente de la República en su campaña y lo sigue sosteniendo; se está buscando alcanzar la equidad distributiva, y precisamente por eso hay que cambiar.
Voy a citar una frase que decía hace veinticinco años Raúl Prebisch desde la CEPAL: "Ya no son tiempos de crecer sin distribuir". Esta es una antigüedad. Han pasado dos décadas y media y seguimos esperando el derrame. Pero no sólo eso, porque también seguimos atacando al que menos gana en la sociedad. Si tenemos en cuenta que solamente paga el 30 por ciento del total de los trabajadores y que hay un 10 u 11 por ciento de desocupados, quiere decir que el 60 por ciento no está pagando. Por eso, en nombre de cierta solidaridad se le hace pagar a ese 30 por ciento para cubrir a quienes no lo hacen. Esto no es solidaridad, sino una confiscación del ingreso de los trabajadores; éste es un impuesto al trabajo.
Hay algo que es fundamental. La economía se basa en cuatro factores de la producción: el trabajo, que tiene como retribución el salario; la tierra, que tiene como retribución la renta; el empresario, que tiene como retribución el beneficio, y el capital, que tiene como retribución el interés. Justamente uno recurre a este ámbito para pedir que se baje la presión tributaria sobre el asalariado -que tiene como único patrimonio su trabajo-, y que le cobremos al capital, si es que realmente somos progresistas, equitativos y pretendemos gravar al que más tiene.
En esta larga lista de exenciones, donde la posdata es más larga que la carta -como ocurre con las exenciones al impuesto a las ganancias-, expresamente se hace referencia a las rentas financieras y a la compraventa de títulos valores, incluidas las de las personas que viven en el extranjero. El argumento que en su momento dio Cavallo para que esas operaciones no fueran gravadas, es que lo contrario implicaría una especie de traba impositiva al ingreso de capitales. Lo que no se tuvo en cuenta es que el impuesto trae equidad.
Los capitalistas, los hombres y mujeres que en estos momentos tienen 75.000 millones de pesos en plazos fijos y en cajas de ahorro, deberían pagar algo; no me refiero a las empresas, que ya lo pagan, sino a las personas físicas. Además, quien compra y vende títulos tampoco paga, a pesar de que está ganando por tener mucho dinero.
Muchos dicen que tenemos que actuar con cuidado porque si no podemos afectar el flujo de inversiones. Personalmente no creo que afectemos el nivel de inversiones por cobrar un impuesto a las ganancias. Nadie deja de ir a un lugar en el que hay ganancias, porque en sus lugares de origen seguramente pagan mucho más que en países como el nuestro.
Hace poco leía el libro de Jacques Sapir, Economista contra la democracia, en el que indica que el "expertismo" le está ganando a la política. De ese modo desarrolla una teoría según la cual hay que juntar plata y tener superávit fiscal sin importar de dónde venga o cómo se lo obtenga.
En otra parte de su libro, que es muy profundo, expresa un concepto muy simple: la necesidad de la coherencia entre las lógicas macroeconómicas y microeconómicas. Así, en la Argentina cerramos la negociación sobre la deuda externa, logramos superávit fiscal y se están haciendo inversiones en infraestructura y en capital social y físico, pero en lo microeconómico, es decir, en lo que tiene que ver con el salario y con las economías regionales, no estamos haciendo nada. El mercado sigue actuando como siempre.
No quiero plantear mi exposición con un sentido crítico sino técnico y económico, para avanzar en una reforma -como recién dijo Claudio Lozano- que algún día tendremos que llevar a la práctica.
Existe otra cuestión elemental que debemos tener en cuenta: no solamente la inflación nos ha afectado seriamente, ya que en realidad no ha sido mucha de acuerdo a la cultura argentina del pasado. Lo peor fue la devaluación que sufrimos, ya que disparó los precios relativos y los acomodó en otro estadio. El único precio relativo que quedó abajo fue el del mínimo no imponible, si es que se le puede llamar precio relativo.
¡Fíjense qué paradoja! Basándose en la ley de convertibilidad, que ya no tiene más vigencia, se han dejado congelados los mínimos no imponibles. Entonces, para alguna cosa sirve la ley de convertibilidad: para no modificar los mínimos no imponibles y para poder efectuar una exacción al trabajador. Por eso es necesario discutir una verdadera reforma impositiva. Además, estamos hablando de cuatro años más para algo que se viene aplicando desde 1932. ¿Hasta cuándo?
Como decía Prebisch, ya no es tiempo de crecer sin distribuir. Ahora es cuando debemos realizar la reforma tributaria, porque no es bueno para este gobierno -estoy hablando a su favor- que lo sigamos criticando por el no aumento del mínimo no imponible, tanto de ganancias como de bienes personales. De seguir así va a significar un impuesto al patrimonio de los trabajadores y no un impuesto sobre los bienes personales.
Se ha hablado de que solamente tres provincias han aumentado la valuación fiscal de los inmuebles. Les puedo asegurar que después habrá una catarata de provincias que van a proceder de esa forma por necesidades financieras. En consecuencia, cualquier trabajador que solamente tenga una vivienda y un auto va a pagar impuesto a la riqueza. Esto no es lógico. Existe incoherencia entre la macro y la microeconomía.
Tenemos que buscar una solución. Yo no vengo a hacer lo contrario. Más aún: se manejan 80 millones por día en el mercado de valores. Si esa cifra la multiplicamos por la cantidad de días que tiene el año y a esa suma le aplicamos la tasa correspondiente del impuesto a las ganancias, tendremos un bien producido. Y solamente tomando en cuenta un 10 por ciento de utilidad en ese tipo de operaciones. Si le sumamos la renta financiera veremos de qué monto estamos hablando. Quizá de esa manera estemos equilibrando lo que ahora estaríamos perdiendo si aumentáramos el mínimo no imponible.
Lo que he dicho tiene sustentabilidad conceptual en lo tributario, económico e ideológico del discurso que está llevando adelante el gobierno. Desde mi punto de vista por supuesto que defiendo plenamente esta concepción para los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales.
La propuesta que formulo en estos casos consiste en general en que se pueda lograr un equilibrio con la eliminación de exenciones impositivas a los grandes poseedores de capital financiero o que tengan mediana posesión.
Quiero mencionar otra cuestión que no he escuchado en este debate. Por las dudas se lo quiero recalcar a todos para ver si podemos hacer algo. El Congreso de la Nación sancionó una ley para que los jueces pagaran el impuesto a las ganancias. Sin embargo, no pagan porque la famosa Corte adicta de los 90 dictó una acordada en 1996 donde ellos mismos sostuvieron que cada poder era independiente y que nadie se podía inmiscuir en él. Entonces no pagan el impuesto a las ganancias. Son los privilegiados de la Argentina. Lo hicieron por decisión propia y no por lo que dispusimos nosotros, que somos los representantes del pueblo. Me parece que tenemos que hacer algo en este sentido. Quizá deberíamos dejar expresamente sentada esta cuestión en el debate para obligar a los jueces a que tributen.
Para no extenderme más porque usted, señor presidente, ha sido generoso en el otorgamiento del tiempo que me ha concedido, quiero referirme al capital de las cooperativas. Estamos hablando de una contribución especial con la que se quiere continuar, pero que lamentablemente no está cumpliendo con el fin para el que fue creado el tributo. Fue creado para la educación cooperativa, y la verdad es que la educación cooperativa, por lo que fuera, no se está dando en las escuelas argentinas; quizá porque se transfirieron las escuelas de la Nación a las provincias, quizá porque la nueva ley federal de educación no lo contempla, quizá porque al Consejo Federal de Educación no le interesa, pero lo cierto es que -entiendo yo- se está malversando un fondo, porque correspondería que se dedicara expresa y únicamente a la educación cooperativa.
Cuando se trate en particular ese tema quiero hacer una propuesta, precisamente para defender el cumplimiento de estas iniciativas.
Quiero terminar mi exposición con una frase, señor presidente, que la estudié y la busqué observando profundamente la historia. La verdad, como dice por ahí algún amigo, para hacer algo moderno hay que fijarse en la historia, sobre todo en los grandes pensadores y filósofos. Me remití a Aristóteles, hace 1.400 años, y al capítulo X de su libro La política, donde habla de los legisladores. Quiero citar una parte de dicho capítulo aquí porque, como juré por la Constitución, quiero cumplirla, y no quiero que me pase lo que señala Aristóteles.
Dice así: "Los legisladores han cometido dos errores casi iguales. Primero, al conceder demasiado a los ricos, y después, al engañar a las clases inferiores. Con el tiempo, resulta necesariamente de un bien falso un mal verdadero, porque la ambición de los ricos ha arruinado más Estados que la ambición de los pobres".
Realmente, me vine reconfortado por ese acontecimiento, tanto por la graduación como por las cosas que dijeron allí, pensando en el futuro argentino, el decano, las autoridades y los estudiantes. Pero al llegar a este recinto me encuentro con que se hablaba de que la Constitución es abstracta en algunos puntos. Entonces yo decía: los chicos estaban jurando la Constitución, como lo hicimos nosotros, pero parece que tiene puntos abstractos que no son cumplibles o que no sirven mucho. Y eso me preocupó.
Además, yo considero que a la Constitución también la violamos, a propósito de algunas cosas que escuché respecto de la coparticipación. Según la Constitución reformada en 1994, ya tendría que haberse instrumentado un nuevo régimen de coparticipación, que todas las provincias están demandando, y si bien al comienzo de esta gestión de gobierno se comenzó a tocar el tema, lamentablemente después se abandonó.
Nosotros debemos cumplir lo establecido en la Constitución Nacional, y el inciso 2 del artículo 75 dice que el Congreso de la Nación puede imponer contribuciones directas -que es de lo que estamos hablando-, pero por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan, no en otra oportunidad. Lo que estamos discutiendo, señores diputados, es precisamente un impuesto directo, como es el impuesto a las ganancias.
La Constitución dice que las contribuciones se tienen que fijar por un tiempo determinado. Es decir que ya se ha violado la Constitución Nacional porque este impuesto está vigente desde 1932. En 1932, durante un gobierno de facto, se fija el impuesto a las ganancias, que en aquel momento se denominaba impuesto a los réditos. En 1934 es convalidado por el Parlamento argentino y se genera el primer régimen de coparticipación en nuestro país. Cabe recordar que un gobernador de nuestra provincia, la de Entre Ríos, se opuso muy fuertemente a este impuesto porque sostenía que a partir del momento en que las provincias cedieran este impuesto a la Nación tendrían que mendigar para obtener lo que les correspondiera.
Esta es la cuestión doctrinaria o legal de lo que es el impuesto a las ganancias, así llamado desde 1974 luego de la reforma que se hizo durante la presidencia del general Perón, que tuvo avances sustanciales en algunos puntos que después voy a mencionar.
Pero lo que quiero decir por sobre todas las cosas es que acá estamos tomándonos de nuevo -como lo hacemos cada tantos años- la facultad de apropiarnos de las rentas de las provincias, o al menos de un impuesto directo que no nos corresponde, para distribuirlo por un régimen de coparticipación que es inequitativo y que le está dando muy malos resultados al pueblo argentino. Sobre esto ya hay mucho material escrito.
Pero además quiero decir que, según mi modesta interpretación, la Constitución Nacional no es abstracta, porque el inciso 3 del artículo 75 otorga la facultad de establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables por tiempo determinado por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Y la ley de impuesto a las ganancias -ley 20.628- en su artículo 104 establece asignaciones específicas. Es decir, no solamente violamos la Constitución por el lado de los impuestos sino también por el lado de las asignaciones específicas. La única ley que estamos tratando ahora y que contiene esas asignaciones es la ley de impuesto a las ganancias.
Por eso al leer este artículo, que nunca creí que estuviera vinculado solamente al inciso 2 y a la ley de coparticipación, se me ocurre que precisamente estas asignaciones específicas son las que obligan a tener una mayoría especial de 129 votos. No sé si en el caso anterior se daban todas estas condiciones; pero sería inconstitucional que se votara por mayoría simple una cuestión que en la Constitución está escrita y que según una interpretación por lo menos literal resulta indiscutible.
Aclarado este tema, y señalando -como lo hacía conversando los otros días con el señor presidente del bloque oficialista- que uno no pretende voltear nada sino en todo caso debatir, convendría analizar cómo podemos reconstruir la cuestión impositiva.
El señor presidente de la comisión -al que ahora no veo en el recinto- hizo la apología del superávit fiscal, y el señor diputado Lozano recién se preguntaba de dónde salía esa argumentación. No quiero endilgar nada a nadie, lo digo con todo respeto; pero la verdad es que tanto el superávit fiscal como las privatizaciones están establecidos expresamente en el Consenso de Washington. Allí es donde se estableció entre otras prioridades la de tener superávit fiscal para países como el nuestro.
Comparto que debe existir una administración sana, la menor cantidad de erogaciones superfluas y un régimen impositivo adecuado. Quiero señalar una cuestión que para mí es mucho más que constitucional. Me refiero a lo establecido en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, hace más de doscientos años, donde simplemente se dice que los impuestos deben estar equitativamente repartidos entre los ciudadanos de acuerdo con su capacidad de pago. Todo lo otro que se escribe en la ley, las exenciones, son inventos que ha ido aportando el ser humano en la evolución de la sociedad. La intención que se tiene con el tributo es que el que tiene más capacidad adquisitiva pague más, y el que tiene menos, pague menos. Con esa simpleza debería funcionar este sistema.
Por otra parte, quiero aclarar que no se hace progresismo en política ni tampoco se hace equidad solamente con el gasto. También se hace equidad distributiva con el sistema impositivo, porque allí está la madre del borrego; es decir, a quién debemos cobrar impuestos para que exista solidaridad en una sociedad. Si cobramos al que tiene menos no estamos cumpliendo con los principios de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que mencionaba hace un momento.
El señor miembro informante del dictamen de mayoría señalaba que ésta no es una cuestión ideológica; yo creo que es una cuestión filosófica. ¡Cómo no va a ser una cuestión de ideas fundamentales saber quiénes pagan más tributos en una sociedad, quiénes pagan menos y a dónde deben ir esos gravámenes! Evidentemente es una cuestión de ideología, de las que no han muerto.
Además, lo que me pareció sorprendente, porque creo que no es una buena defensa del gobierno -y lo digo con todo respeto- es que haya dicho que se votó esto y por eso debe seguir igual. La verdad es que lo que se votó es un cambio. Creo que eso es lo que dijo el señor presidente de la República en su campaña y lo sigue sosteniendo; se está buscando alcanzar la equidad distributiva, y precisamente por eso hay que cambiar.
Voy a citar una frase que decía hace veinticinco años Raúl Prebisch desde la CEPAL: "Ya no son tiempos de crecer sin distribuir". Esta es una antigüedad. Han pasado dos décadas y media y seguimos esperando el derrame. Pero no sólo eso, porque también seguimos atacando al que menos gana en la sociedad. Si tenemos en cuenta que solamente paga el 30 por ciento del total de los trabajadores y que hay un 10 u 11 por ciento de desocupados, quiere decir que el 60 por ciento no está pagando. Por eso, en nombre de cierta solidaridad se le hace pagar a ese 30 por ciento para cubrir a quienes no lo hacen. Esto no es solidaridad, sino una confiscación del ingreso de los trabajadores; éste es un impuesto al trabajo.
Hay algo que es fundamental. La economía se basa en cuatro factores de la producción: el trabajo, que tiene como retribución el salario; la tierra, que tiene como retribución la renta; el empresario, que tiene como retribución el beneficio, y el capital, que tiene como retribución el interés. Justamente uno recurre a este ámbito para pedir que se baje la presión tributaria sobre el asalariado -que tiene como único patrimonio su trabajo-, y que le cobremos al capital, si es que realmente somos progresistas, equitativos y pretendemos gravar al que más tiene.
En esta larga lista de exenciones, donde la posdata es más larga que la carta -como ocurre con las exenciones al impuesto a las ganancias-, expresamente se hace referencia a las rentas financieras y a la compraventa de títulos valores, incluidas las de las personas que viven en el extranjero. El argumento que en su momento dio Cavallo para que esas operaciones no fueran gravadas, es que lo contrario implicaría una especie de traba impositiva al ingreso de capitales. Lo que no se tuvo en cuenta es que el impuesto trae equidad.
Los capitalistas, los hombres y mujeres que en estos momentos tienen 75.000 millones de pesos en plazos fijos y en cajas de ahorro, deberían pagar algo; no me refiero a las empresas, que ya lo pagan, sino a las personas físicas. Además, quien compra y vende títulos tampoco paga, a pesar de que está ganando por tener mucho dinero.
Muchos dicen que tenemos que actuar con cuidado porque si no podemos afectar el flujo de inversiones. Personalmente no creo que afectemos el nivel de inversiones por cobrar un impuesto a las ganancias. Nadie deja de ir a un lugar en el que hay ganancias, porque en sus lugares de origen seguramente pagan mucho más que en países como el nuestro.
Hace poco leía el libro de Jacques Sapir, Economista contra la democracia, en el que indica que el "expertismo" le está ganando a la política. De ese modo desarrolla una teoría según la cual hay que juntar plata y tener superávit fiscal sin importar de dónde venga o cómo se lo obtenga.
En otra parte de su libro, que es muy profundo, expresa un concepto muy simple: la necesidad de la coherencia entre las lógicas macroeconómicas y microeconómicas. Así, en la Argentina cerramos la negociación sobre la deuda externa, logramos superávit fiscal y se están haciendo inversiones en infraestructura y en capital social y físico, pero en lo microeconómico, es decir, en lo que tiene que ver con el salario y con las economías regionales, no estamos haciendo nada. El mercado sigue actuando como siempre.
No quiero plantear mi exposición con un sentido crítico sino técnico y económico, para avanzar en una reforma -como recién dijo Claudio Lozano- que algún día tendremos que llevar a la práctica.
Existe otra cuestión elemental que debemos tener en cuenta: no solamente la inflación nos ha afectado seriamente, ya que en realidad no ha sido mucha de acuerdo a la cultura argentina del pasado. Lo peor fue la devaluación que sufrimos, ya que disparó los precios relativos y los acomodó en otro estadio. El único precio relativo que quedó abajo fue el del mínimo no imponible, si es que se le puede llamar precio relativo.
¡Fíjense qué paradoja! Basándose en la ley de convertibilidad, que ya no tiene más vigencia, se han dejado congelados los mínimos no imponibles. Entonces, para alguna cosa sirve la ley de convertibilidad: para no modificar los mínimos no imponibles y para poder efectuar una exacción al trabajador. Por eso es necesario discutir una verdadera reforma impositiva. Además, estamos hablando de cuatro años más para algo que se viene aplicando desde 1932. ¿Hasta cuándo?
Como decía Prebisch, ya no es tiempo de crecer sin distribuir. Ahora es cuando debemos realizar la reforma tributaria, porque no es bueno para este gobierno -estoy hablando a su favor- que lo sigamos criticando por el no aumento del mínimo no imponible, tanto de ganancias como de bienes personales. De seguir así va a significar un impuesto al patrimonio de los trabajadores y no un impuesto sobre los bienes personales.
Se ha hablado de que solamente tres provincias han aumentado la valuación fiscal de los inmuebles. Les puedo asegurar que después habrá una catarata de provincias que van a proceder de esa forma por necesidades financieras. En consecuencia, cualquier trabajador que solamente tenga una vivienda y un auto va a pagar impuesto a la riqueza. Esto no es lógico. Existe incoherencia entre la macro y la microeconomía.
Tenemos que buscar una solución. Yo no vengo a hacer lo contrario. Más aún: se manejan 80 millones por día en el mercado de valores. Si esa cifra la multiplicamos por la cantidad de días que tiene el año y a esa suma le aplicamos la tasa correspondiente del impuesto a las ganancias, tendremos un bien producido. Y solamente tomando en cuenta un 10 por ciento de utilidad en ese tipo de operaciones. Si le sumamos la renta financiera veremos de qué monto estamos hablando. Quizá de esa manera estemos equilibrando lo que ahora estaríamos perdiendo si aumentáramos el mínimo no imponible.
Lo que he dicho tiene sustentabilidad conceptual en lo tributario, económico e ideológico del discurso que está llevando adelante el gobierno. Desde mi punto de vista por supuesto que defiendo plenamente esta concepción para los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales.
La propuesta que formulo en estos casos consiste en general en que se pueda lograr un equilibrio con la eliminación de exenciones impositivas a los grandes poseedores de capital financiero o que tengan mediana posesión.
Quiero mencionar otra cuestión que no he escuchado en este debate. Por las dudas se lo quiero recalcar a todos para ver si podemos hacer algo. El Congreso de la Nación sancionó una ley para que los jueces pagaran el impuesto a las ganancias. Sin embargo, no pagan porque la famosa Corte adicta de los 90 dictó una acordada en 1996 donde ellos mismos sostuvieron que cada poder era independiente y que nadie se podía inmiscuir en él. Entonces no pagan el impuesto a las ganancias. Son los privilegiados de la Argentina. Lo hicieron por decisión propia y no por lo que dispusimos nosotros, que somos los representantes del pueblo. Me parece que tenemos que hacer algo en este sentido. Quizá deberíamos dejar expresamente sentada esta cuestión en el debate para obligar a los jueces a que tributen.
Para no extenderme más porque usted, señor presidente, ha sido generoso en el otorgamiento del tiempo que me ha concedido, quiero referirme al capital de las cooperativas. Estamos hablando de una contribución especial con la que se quiere continuar, pero que lamentablemente no está cumpliendo con el fin para el que fue creado el tributo. Fue creado para la educación cooperativa, y la verdad es que la educación cooperativa, por lo que fuera, no se está dando en las escuelas argentinas; quizá porque se transfirieron las escuelas de la Nación a las provincias, quizá porque la nueva ley federal de educación no lo contempla, quizá porque al Consejo Federal de Educación no le interesa, pero lo cierto es que -entiendo yo- se está malversando un fondo, porque correspondería que se dedicara expresa y únicamente a la educación cooperativa.
Cuando se trate en particular ese tema quiero hacer una propuesta, precisamente para defender el cumplimiento de estas iniciativas.
Quiero terminar mi exposición con una frase, señor presidente, que la estudié y la busqué observando profundamente la historia. La verdad, como dice por ahí algún amigo, para hacer algo moderno hay que fijarse en la historia, sobre todo en los grandes pensadores y filósofos. Me remití a Aristóteles, hace 1.400 años, y al capítulo X de su libro La política, donde habla de los legisladores. Quiero citar una parte de dicho capítulo aquí porque, como juré por la Constitución, quiero cumplirla, y no quiero que me pase lo que señala Aristóteles.
Dice así: "Los legisladores han cometido dos errores casi iguales. Primero, al conceder demasiado a los ricos, y después, al engañar a las clases inferiores. Con el tiempo, resulta necesariamente de un bien falso un mal verdadero, porque la ambición de los ricos ha arruinado más Estados que la ambición de los pobres".
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. ATANASOF, ALFREDO NESTOR. (BUENOS AIRES):
Señor presidente: voy a intentar acercar alguna reflexión sobre este particular, y en realidad lo voy a hacer desde mi extracción, como representante de un sector de los trabajadores.
Sin duda, esta Cámara está tratando hoy un proyecto de singular importancia, porque la política tributaria es el corazón de cualquier proyecto económico.
A través de la política tributaria los gobiernos eligen la forma de distribuir los costos entre la sociedad, quiénes se benefician y quiénes deben hacer esfuerzos para ayudar a aquellos que están en una situación más desventajosa, y cuando se equivocan, perjudican a algunos sectores de la sociedad.
También la política tributaria nos dice cómo estamos imaginando el progreso de la situación económica en general.
Es claro que muchos de los que hoy estamos aquí hubiésemos preferido estar discutiendo una política fiscal de carácter global que a la Argentina, sin dudas, le está faltando. Es decir, en lugar de estar discutiendo una prórroga hubiésemos querido iniciar, por lo menos, un proceso de debate tendiente a sincerar la política fiscal.
En el año 2003, desde el gobierno nacional se inició este proceso. Se convocó a los actores y a los consejos profesionales, y muchos parlamentarios que hoy están presentes aquí también participaron de ese proceso de debate pero, lamentablemente, no se pudo concretar.
Por lo tanto, me parece que tendríamos que mirar un poco hacia el futuro y contemplar la posibilidad de volver a encontrarnos algún día para discutir en serio la política fiscal de la República Argentina.
Este proyecto de ley que hoy nos envía el Poder Ejecutivo se basa en dos cuestiones que, a mi juicio, son altamente preocupantes. Por un lado, la posibilidad de mantener inalterados los mínimos no imponibles, el de ganancias y el de bienes personales y, por otro, la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2009 de la política fiscal.
Creo importante recordar que estos mínimos no imponibles no son modificados desde marzo de 1992. El objetivo perseguido al establecerlos es dejar fuera de la imposición a las rentas de subsistencia; por lo tanto, se trataría de una medida de discriminación positiva para no afectar, fundamentalmente, el ingreso de los trabajadores.
En suma, pienso que para que se cumpla la finalidad buscada por el legislador es indispensable que tales mínimos sean actualizados y adecuados a la realidad económica imperante en la Argentina de hoy, que nada tiene que ver con la de 1992.
Cuando hablamos de gravámenes con alícuotas progresivas también es importante que recordemos que estos importes mínimos operan no sólo como elementos regularizadores que permiten captar la verdadera capacidad contributiva de los ciudadanos sino también como uno de los principales parámetros que determinan las características personales del contribuyente y de su grupo familiar.
Después de la crisis más honda de nuestra historia contemporánea, los trabajadores -sobre todo los de menos recursos- han sufrido una enorme pérdida en la capacidad adquisitiva de sus salarios. Todos sabemos cuánto han bregado por su paulatina reconstrucción y también las medidas que tomó el gobierno para tratar de actualizarlos.
Asimismo, sabemos que se ha llegado a distintos acuerdos en el marco de las negociaciones colectivas entre los distintos sectores, los que fueron impulsando esa situación para tratar de revertir la injusticia que se había cometido con los trabajadores.
Como decía, durante los últimos años ha habido una paulatina recomposición de la situación salarial. Pero no nos engañemos, porque esa recomposición es parcial, ya que en realidad sólo se ha alcanzado a determinado universo de los trabajadores. Nadie puede decir que los trabajadores han tenido una recomposición salarial equivalente al incremento de la canasta básica.
Muchos de los datos aportados por los señores diputados que han hecho uso de la palabra dan cuenta de que pese al crecimiento económico la sociedad argentina sigue siendo sumamente desigual y de que, en general, la calidad de vida de nuestros trabajadores no refleja ni remotamente los avances logrados en materia macroeconómica. Por eso, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de tomar decisiones en el marco de esta prórroga propuesta por el Poder Ejecutivo.
Dejar inamovible hasta el año 2009 los mínimos no imponibles de los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales significa verdaderamente comprometer y afectar el ingreso de los trabajadores hasta ese año. Es como pretender tapar el sol con las manos.
Además, no existe ninguna manera de que sea cumplida la finalidad perseguida por los legisladores al establecer estos importes mínimos que no sea otra que la actualización y la adecuación a la realidad imperante en la Argentina de hoy.
Lo que está en juego con la aprobación de este proyecto es ni más ni menos que la redistribución de la riqueza en nuestro país. La política tributaria debe ser una de las principales herramientas para lograr los objetivos económicos y sociales que se enuncian y que todos pretenderíamos ver reflejados en un verdadero plan estratégico para nuestra Argentina.
Una verdadera política de equidad no se agota en la asistencia, sino que se basa fundamentalmente en un trato justo e igualitario y en el reparto de los beneficios y de los costos entre toda la sociedad.
Si bien es cierto que más del 70 por ciento de los trabajadores en la República Argentina tiene un ingreso por debajo de la línea de pobreza, el 7 por ciento de la población percibe ingresos personales superiores a los mil ochocientos pesos.
Si no se actualizan estos montos mínimos estaríamos afectando la capacidad contributiva de más de setecientos mil trabajadores en la República Argentina, según un reciente informe al que hemos tenido acceso la mayoría de los señores diputados.
Mi pregunta es si este no es un universo suficientemente reducido como para que hagamos el esfuerzo necesario para dejarlos fuera de esta imposición.
El amigo miembro informante aludía a los que no tienen trabajo. Este es otro tema; no es el que hoy estamos debatiendo. Para los que no tienen trabajo seguramente habrá otras ideas desde el punto de vista impositivo, como la de bajar el IVA a los productos básicos de la canasta familiar.
Eso podrá ayudar a los que no tienen trabajo, pero de ninguna manera podemos pretender que los que no tienen trabajo sean financiados por un reducido grupo de trabajadores que apenas están por encima de la línea de pobreza.
La situación actual del impuesto a las ganancias, en la medida en que se demore esta actualización, no hace más que perjudicar a una gran cantidad de trabajadores.
El reclamo de ellos se funda básicamente en que ahora es mayor la cantidad de trabajadores que están alcanzados por el impuesto a las ganancias. Es mayor la cantidad que tiene que hacer aportes en materia de bienes personales, porque tuvo lugar un proceso inflacionario, hubo ajustes salariales y simplemente no se han modificado los mínimos.
Según una prestigiosa entidad, la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, ante un incremento del 55 por ciento en el valor de la canasta básica familiar entre febrero de 2002 y marzo de 2005, los mínimos no sujetos a imposición aumentaron sólo el 9 por ciento.
Evidentemente, esa circunstancia denota un cambio muy importante en la capacidad contributiva de esos trabajadores y, además, los ingresos están gravados.
A su vez, mientras que en el mes de febrero de 2002 las deducciones en concepto de mínimo no imponible y cargas de familia superaban a la canasta básica en un 35 por ciento, en el mes de marzo de 2005 estas deducciones se encuentran un 5 por ciento por debajo del precio de la canasta básica establecida por el INDEC. Observemos la diferencia y el perjuicio que sufren actualmente los trabajadores que realizan estos aportes.
De modo que al no haberse realizado ajustes al mínimo no imponible y a las deducciones del impuesto a las ganancias en función de la inflación o del aumento de los salarios nominales que se produjeron durante este tiempo, en muchos casos ni siquiera se compensa la pérdida real producida por la devaluación y los aumentos de precios.
Esto obliga a pagar impuesto a las ganancias a una mayor cantidad de trabajadores. En definitiva, con salarios iguales o inferiores en términos reales, el impuesto se lleva una proporción mayor del ingreso de cada uno de estos trabajadores.
Así, por ejemplo, si observamos el caso de un trabajador con una familia tipo que recibe un ingreso de dos mil quinientos cincuenta pesos, encontraremos que no estaba alcanzado por el impuesto a las ganancias en 2003. Ahora, ha pasado a estar afectado por el gravamen, y no podemos imaginar que quien cobra dos mil quinientos cincuenta pesos en la Argentina sea rico.
El impuesto a las ganancias representa el 9 por ciento de los aumentos salariales para quienes no estaban alcanzados por el gravamen en 2003, lo que da lugar a que el aumento de sueldos neto antes del impuesto del 8,31 por ciento pase a representar un incremento del ingreso de bolsillo de apenas el 7 por ciento.
Allí se presenta la esencia de este mecanismo de transferencia de recursos del bolsillo del trabajador a las arcas del Estado. Yo creo que el gobierno sólo puede gravar con tributos donde existe capacidad contributiva.
Hoy, en la Argentina, una gran parte de la ciudadanía se ve obligada a pagar impuestos con lo necesario para afrontar sus necesidades básicas, perdiendo los mínimos la finalidad que les asignaron los legisladores al momento de su creación.
Tenemos que ser muy claros en cuanto al mensaje que daremos desde este recinto a la sociedad argentina. Si hablamos de justicia social y de redistribución del ingreso, no podemos dejar pasar oportunidades concretas como ésta para demostrar que verdaderamente estamos preocupados por esos valores.
Si no se modifican los mínimos, estaremos imponiendo un esfuerzo fiscal a contribuyentes de niveles de ingreso bajos y medios, sin tener en cuenta que estos mismos sectores son los que soportan la mayor carga en relación a sus ingresos y el impuesto a los consumos.
Finalmente, el último punto que quisiera señalar está vinculado con el plazo de la prórroga, que es hasta el 31 de diciembre de 2009. Estamos proponiendo en el dictamen de minoría de nuestro bloque la prórroga por un solo período fiscal por dos razones fundamentales.
La primera es que vivimos en un contexto inflacionario. Este es un dato de la realidad con el que lamentablemente debemos convivir, y cada día empeora la situación de aquellos que tienen menores ingresos.
En segundo lugar, el Congreso no puede ni debe delegar su facultad de revisar la imposición de tributos a los contribuyentes en la medida que evoluciona la economía. Es probable, y ojalá así sea, que en los años venideros tengamos mejores formas de asignar los recursos, y es este Parlamento el que cada año deberá debatir acerca de la manera de asignar tales recursos en función de la realidad económica.
En definitiva, esta sociedad que sigue esperando recibir los beneficios del crecimiento económico, merece una mejor distribución de los ingresos. En este sentido, la problemática de la inflación en materia fiscal debe ser acomodada a la realidad imperante.
Para finalizar, exhorto a mis amigos aquí presentes -que al igual que yo han abrevado en las filas del movimiento obrero argentino- y al resto de los diputados, a que hagamos un esfuerzo para modificar el dictamen de mayoría. Estamos dispuestos a avanzar con la prórroga que el Poder Ejecutivo propone respecto del impuesto a las ganancias, pero pretendemos que con una mano en el corazón nos acompañen en la modificación de los mínimos no imponibles. (Aplausos.)
Sin duda, esta Cámara está tratando hoy un proyecto de singular importancia, porque la política tributaria es el corazón de cualquier proyecto económico.
A través de la política tributaria los gobiernos eligen la forma de distribuir los costos entre la sociedad, quiénes se benefician y quiénes deben hacer esfuerzos para ayudar a aquellos que están en una situación más desventajosa, y cuando se equivocan, perjudican a algunos sectores de la sociedad.
También la política tributaria nos dice cómo estamos imaginando el progreso de la situación económica en general.
Es claro que muchos de los que hoy estamos aquí hubiésemos preferido estar discutiendo una política fiscal de carácter global que a la Argentina, sin dudas, le está faltando. Es decir, en lugar de estar discutiendo una prórroga hubiésemos querido iniciar, por lo menos, un proceso de debate tendiente a sincerar la política fiscal.
En el año 2003, desde el gobierno nacional se inició este proceso. Se convocó a los actores y a los consejos profesionales, y muchos parlamentarios que hoy están presentes aquí también participaron de ese proceso de debate pero, lamentablemente, no se pudo concretar.
Por lo tanto, me parece que tendríamos que mirar un poco hacia el futuro y contemplar la posibilidad de volver a encontrarnos algún día para discutir en serio la política fiscal de la República Argentina.
Este proyecto de ley que hoy nos envía el Poder Ejecutivo se basa en dos cuestiones que, a mi juicio, son altamente preocupantes. Por un lado, la posibilidad de mantener inalterados los mínimos no imponibles, el de ganancias y el de bienes personales y, por otro, la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2009 de la política fiscal.
Creo importante recordar que estos mínimos no imponibles no son modificados desde marzo de 1992. El objetivo perseguido al establecerlos es dejar fuera de la imposición a las rentas de subsistencia; por lo tanto, se trataría de una medida de discriminación positiva para no afectar, fundamentalmente, el ingreso de los trabajadores.
En suma, pienso que para que se cumpla la finalidad buscada por el legislador es indispensable que tales mínimos sean actualizados y adecuados a la realidad económica imperante en la Argentina de hoy, que nada tiene que ver con la de 1992.
Cuando hablamos de gravámenes con alícuotas progresivas también es importante que recordemos que estos importes mínimos operan no sólo como elementos regularizadores que permiten captar la verdadera capacidad contributiva de los ciudadanos sino también como uno de los principales parámetros que determinan las características personales del contribuyente y de su grupo familiar.
Después de la crisis más honda de nuestra historia contemporánea, los trabajadores -sobre todo los de menos recursos- han sufrido una enorme pérdida en la capacidad adquisitiva de sus salarios. Todos sabemos cuánto han bregado por su paulatina reconstrucción y también las medidas que tomó el gobierno para tratar de actualizarlos.
Asimismo, sabemos que se ha llegado a distintos acuerdos en el marco de las negociaciones colectivas entre los distintos sectores, los que fueron impulsando esa situación para tratar de revertir la injusticia que se había cometido con los trabajadores.
Como decía, durante los últimos años ha habido una paulatina recomposición de la situación salarial. Pero no nos engañemos, porque esa recomposición es parcial, ya que en realidad sólo se ha alcanzado a determinado universo de los trabajadores. Nadie puede decir que los trabajadores han tenido una recomposición salarial equivalente al incremento de la canasta básica.
Muchos de los datos aportados por los señores diputados que han hecho uso de la palabra dan cuenta de que pese al crecimiento económico la sociedad argentina sigue siendo sumamente desigual y de que, en general, la calidad de vida de nuestros trabajadores no refleja ni remotamente los avances logrados en materia macroeconómica. Por eso, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de tomar decisiones en el marco de esta prórroga propuesta por el Poder Ejecutivo.
Dejar inamovible hasta el año 2009 los mínimos no imponibles de los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales significa verdaderamente comprometer y afectar el ingreso de los trabajadores hasta ese año. Es como pretender tapar el sol con las manos.
Además, no existe ninguna manera de que sea cumplida la finalidad perseguida por los legisladores al establecer estos importes mínimos que no sea otra que la actualización y la adecuación a la realidad imperante en la Argentina de hoy.
Lo que está en juego con la aprobación de este proyecto es ni más ni menos que la redistribución de la riqueza en nuestro país. La política tributaria debe ser una de las principales herramientas para lograr los objetivos económicos y sociales que se enuncian y que todos pretenderíamos ver reflejados en un verdadero plan estratégico para nuestra Argentina.
Una verdadera política de equidad no se agota en la asistencia, sino que se basa fundamentalmente en un trato justo e igualitario y en el reparto de los beneficios y de los costos entre toda la sociedad.
Si bien es cierto que más del 70 por ciento de los trabajadores en la República Argentina tiene un ingreso por debajo de la línea de pobreza, el 7 por ciento de la población percibe ingresos personales superiores a los mil ochocientos pesos.
Si no se actualizan estos montos mínimos estaríamos afectando la capacidad contributiva de más de setecientos mil trabajadores en la República Argentina, según un reciente informe al que hemos tenido acceso la mayoría de los señores diputados.
Mi pregunta es si este no es un universo suficientemente reducido como para que hagamos el esfuerzo necesario para dejarlos fuera de esta imposición.
El amigo miembro informante aludía a los que no tienen trabajo. Este es otro tema; no es el que hoy estamos debatiendo. Para los que no tienen trabajo seguramente habrá otras ideas desde el punto de vista impositivo, como la de bajar el IVA a los productos básicos de la canasta familiar.
Eso podrá ayudar a los que no tienen trabajo, pero de ninguna manera podemos pretender que los que no tienen trabajo sean financiados por un reducido grupo de trabajadores que apenas están por encima de la línea de pobreza.
La situación actual del impuesto a las ganancias, en la medida en que se demore esta actualización, no hace más que perjudicar a una gran cantidad de trabajadores.
El reclamo de ellos se funda básicamente en que ahora es mayor la cantidad de trabajadores que están alcanzados por el impuesto a las ganancias. Es mayor la cantidad que tiene que hacer aportes en materia de bienes personales, porque tuvo lugar un proceso inflacionario, hubo ajustes salariales y simplemente no se han modificado los mínimos.
Según una prestigiosa entidad, la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, ante un incremento del 55 por ciento en el valor de la canasta básica familiar entre febrero de 2002 y marzo de 2005, los mínimos no sujetos a imposición aumentaron sólo el 9 por ciento.
Evidentemente, esa circunstancia denota un cambio muy importante en la capacidad contributiva de esos trabajadores y, además, los ingresos están gravados.
A su vez, mientras que en el mes de febrero de 2002 las deducciones en concepto de mínimo no imponible y cargas de familia superaban a la canasta básica en un 35 por ciento, en el mes de marzo de 2005 estas deducciones se encuentran un 5 por ciento por debajo del precio de la canasta básica establecida por el INDEC. Observemos la diferencia y el perjuicio que sufren actualmente los trabajadores que realizan estos aportes.
De modo que al no haberse realizado ajustes al mínimo no imponible y a las deducciones del impuesto a las ganancias en función de la inflación o del aumento de los salarios nominales que se produjeron durante este tiempo, en muchos casos ni siquiera se compensa la pérdida real producida por la devaluación y los aumentos de precios.
Esto obliga a pagar impuesto a las ganancias a una mayor cantidad de trabajadores. En definitiva, con salarios iguales o inferiores en términos reales, el impuesto se lleva una proporción mayor del ingreso de cada uno de estos trabajadores.
Así, por ejemplo, si observamos el caso de un trabajador con una familia tipo que recibe un ingreso de dos mil quinientos cincuenta pesos, encontraremos que no estaba alcanzado por el impuesto a las ganancias en 2003. Ahora, ha pasado a estar afectado por el gravamen, y no podemos imaginar que quien cobra dos mil quinientos cincuenta pesos en la Argentina sea rico.
El impuesto a las ganancias representa el 9 por ciento de los aumentos salariales para quienes no estaban alcanzados por el gravamen en 2003, lo que da lugar a que el aumento de sueldos neto antes del impuesto del 8,31 por ciento pase a representar un incremento del ingreso de bolsillo de apenas el 7 por ciento.
Allí se presenta la esencia de este mecanismo de transferencia de recursos del bolsillo del trabajador a las arcas del Estado. Yo creo que el gobierno sólo puede gravar con tributos donde existe capacidad contributiva.
Hoy, en la Argentina, una gran parte de la ciudadanía se ve obligada a pagar impuestos con lo necesario para afrontar sus necesidades básicas, perdiendo los mínimos la finalidad que les asignaron los legisladores al momento de su creación.
Tenemos que ser muy claros en cuanto al mensaje que daremos desde este recinto a la sociedad argentina. Si hablamos de justicia social y de redistribución del ingreso, no podemos dejar pasar oportunidades concretas como ésta para demostrar que verdaderamente estamos preocupados por esos valores.
Si no se modifican los mínimos, estaremos imponiendo un esfuerzo fiscal a contribuyentes de niveles de ingreso bajos y medios, sin tener en cuenta que estos mismos sectores son los que soportan la mayor carga en relación a sus ingresos y el impuesto a los consumos.
Finalmente, el último punto que quisiera señalar está vinculado con el plazo de la prórroga, que es hasta el 31 de diciembre de 2009. Estamos proponiendo en el dictamen de minoría de nuestro bloque la prórroga por un solo período fiscal por dos razones fundamentales.
La primera es que vivimos en un contexto inflacionario. Este es un dato de la realidad con el que lamentablemente debemos convivir, y cada día empeora la situación de aquellos que tienen menores ingresos.
En segundo lugar, el Congreso no puede ni debe delegar su facultad de revisar la imposición de tributos a los contribuyentes en la medida que evoluciona la economía. Es probable, y ojalá así sea, que en los años venideros tengamos mejores formas de asignar los recursos, y es este Parlamento el que cada año deberá debatir acerca de la manera de asignar tales recursos en función de la realidad económica.
En definitiva, esta sociedad que sigue esperando recibir los beneficios del crecimiento económico, merece una mejor distribución de los ingresos. En este sentido, la problemática de la inflación en materia fiscal debe ser acomodada a la realidad imperante.
Para finalizar, exhorto a mis amigos aquí presentes -que al igual que yo han abrevado en las filas del movimiento obrero argentino- y al resto de los diputados, a que hagamos un esfuerzo para modificar el dictamen de mayoría. Estamos dispuestos a avanzar con la prórroga que el Poder Ejecutivo propone respecto del impuesto a las ganancias, pero pretendemos que con una mano en el corazón nos acompañen en la modificación de los mínimos no imponibles. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
SR. TINNIRELLO, CARLOS ALBERTO (CAP FEDERAL):
Señor presidente: deseo dejar asentada la posición del bloque Red de Encuentro Social.
Como señalara un señor diputado preopinante, este es un tema sumamente importante, pero el problema central en realidad será debatido en ocasión de la discusión del presupuesto nacional. Allí se definirá qué tipo de orientación tendrá nuestro país en el futuro: una política específicamente tributaria relacionada con una actitud de dependencia de los grandes capitales y los sectores económicos poderosos o una política de soberanía que evidentemente debe establecerse a partir de un profundo análisis del presupuesto.
Me referiré al tema del impuesto a las ganancias y al de bienes personales desde mi lugar de trabajador, pero desde un lugar distinto al de trabajador. No todos los trabajadores somos iguales ni fuimos lo mismo ni tuvimos la misma responsabilidad en lo sucedido en el país; no todos los trabajadores han sufrido las políticas implementadas por los sucesivos gobiernos, porque algunos de esos trabajadores fueron gobierno, algunos de esos trabajadores fueron los que permitieron que se implementara la flexibilización laboral, y gracias a sus políticas hoy estamos hablando de un sueldo promedio -como señalara el señor diputado Lozano- de seiscientos ochenta pesos. Según mis referencias, el sueldo promedio se encontraba en setecientos sesenta o setecientos setenta pesos, pero el señor diputado Lozano conoce mucho más que yo en materia económica.
Aquellos que hablan desde el lugar del trabajador, ¿recuerdan cuánto ganábamos hace treinta años? Tomábamos como referencia a la canasta familiar, y a partir de ahí, ante los procesos inflacionarios, peleábamos por la recuperación del salario.
En la actualidad, a raíz de esas políticas aplicadas por los gobiernos en las últimas décadas, el sueldo promedio no llega ni a la mitad del valor de la canasta familiar, que hoy ronda los dos mil pesos.
Entonces, me sorprende todo esto porque pareciera que en un solo mes cambiaran la identidad política y, de responsables de una política aplicada, se transformaran en simples sugerentes de modificaciones para defender los derechos de los trabajadores. Realmente, me sorprende.
Por supuesto, no creo en nada de eso. No creo en sugerencias ni en modificaciones, y tampoco creo en estos proyectos que están aplicando desde el gobierno nacional, porque opino que las sugerencias, propuestas o intentos de modificaciones lo único que hacen es, como decía mi abuelita, pedirle peras al olmo. Y no salen peras; no salen.
¿Por qué no salen peras? Porque toda la política tributaria tiene que ver con un proyecto de país que sostiene y defiende los intereses del poder del capital. Y al capital que vive de la explotación de los trabajadores no se le pueden pedir peras porque no salen peras. Por lo tanto, nuestro voto es categóricamente negativo.
Voy a hacer dos consideraciones sin extenderme demasiado dado lo avanzado de la hora y además porque me parece que, repito, la gran discusión se va a tener que plantear durante el tratamiento del proyecto de presupuesto.
En primer lugar, he escuchado a varios señores diputados decir que los asalariados no tienen defensa. Yo fui asalariado toda mi vida, salvo durante el último período, cuando perdí mi trabajo y me tuve que sostener como taxista o de alguna otra forma. Aclaro que me enorgullezco de haberme mantenido como pude, a pesar de que hoy soy diputado.
Debo decir que no siento que los trabajadores no tengamos defensa. Todo lo contrario: los trabajadores sabemos defendernos cuando nos organizamos y peleamos. Pero también observo contradicciones cuando dicen que los trabajadores son los indefensos, porque son ellos mismos los que después dicen "ojo, miren lo que nos pasó en diciembre del 2001". Les tienen miedo a los trabajadores cuando salen a la calle.
Entonces, los trabajadores tienen defensa, luchan, se organizan y tienen ese mecanismo para poder cambiar las cosas. Sólo es cuestión de tiempo, de esperar. Creo que hay que prestar mucha atención a este asunto.
Fundamentalmente, quiero hacer un llamado a los trabajadores para que no escuchen a esos dirigentes políticos que votan o a esos dirigentes gremiales que los entregan, que quieren hacerles creer que son indefensos. Eso es justamente lo que les quieren decir: "ustedes no tienen defensa, ustedes están incapacitados para resolver esto, y entonces es este Congreso el que les tiene que dar la solución". No es así, compañeros trabajadores. No, compañeros del subte; no, enfermeros; no. La lucha y la organización les da defensa, nos da defensa y nos permite proyectar un país mejor.
Sin embargo, difícilmente se puedan generar esos cambios en este Congreso porque, por ejemplo, no permitieron que quedara registrado en la versión taquigráfica el homenaje al general Mitre, porque los homenajes no se cuestionan.
Yo quiero decir -y que quede en la versión taquigráfica- que en este Congreso hay algunos señores diputados que homenajean al general máximo de la Triple Alianza que mató a un millón de paraguayos. De un millón trescientos mil paraguayos quedaron trescientos mil. Es una ofensa a los pueblos latinoamericanos y a los pueblos del mundo homenajear a un genocida. Con ese criterio, a alguien se le puede ocurrir homenajear a Roca.
Voy a votar este proyecto en forma negativa por las consideraciones que hice, pero además quería dejar sentada mi opinión respecto de algunos comentarios de algunos señores diputados.
Como señalara un señor diputado preopinante, este es un tema sumamente importante, pero el problema central en realidad será debatido en ocasión de la discusión del presupuesto nacional. Allí se definirá qué tipo de orientación tendrá nuestro país en el futuro: una política específicamente tributaria relacionada con una actitud de dependencia de los grandes capitales y los sectores económicos poderosos o una política de soberanía que evidentemente debe establecerse a partir de un profundo análisis del presupuesto.
Me referiré al tema del impuesto a las ganancias y al de bienes personales desde mi lugar de trabajador, pero desde un lugar distinto al de trabajador. No todos los trabajadores somos iguales ni fuimos lo mismo ni tuvimos la misma responsabilidad en lo sucedido en el país; no todos los trabajadores han sufrido las políticas implementadas por los sucesivos gobiernos, porque algunos de esos trabajadores fueron gobierno, algunos de esos trabajadores fueron los que permitieron que se implementara la flexibilización laboral, y gracias a sus políticas hoy estamos hablando de un sueldo promedio -como señalara el señor diputado Lozano- de seiscientos ochenta pesos. Según mis referencias, el sueldo promedio se encontraba en setecientos sesenta o setecientos setenta pesos, pero el señor diputado Lozano conoce mucho más que yo en materia económica.
Aquellos que hablan desde el lugar del trabajador, ¿recuerdan cuánto ganábamos hace treinta años? Tomábamos como referencia a la canasta familiar, y a partir de ahí, ante los procesos inflacionarios, peleábamos por la recuperación del salario.
En la actualidad, a raíz de esas políticas aplicadas por los gobiernos en las últimas décadas, el sueldo promedio no llega ni a la mitad del valor de la canasta familiar, que hoy ronda los dos mil pesos.
Entonces, me sorprende todo esto porque pareciera que en un solo mes cambiaran la identidad política y, de responsables de una política aplicada, se transformaran en simples sugerentes de modificaciones para defender los derechos de los trabajadores. Realmente, me sorprende.
Por supuesto, no creo en nada de eso. No creo en sugerencias ni en modificaciones, y tampoco creo en estos proyectos que están aplicando desde el gobierno nacional, porque opino que las sugerencias, propuestas o intentos de modificaciones lo único que hacen es, como decía mi abuelita, pedirle peras al olmo. Y no salen peras; no salen.
¿Por qué no salen peras? Porque toda la política tributaria tiene que ver con un proyecto de país que sostiene y defiende los intereses del poder del capital. Y al capital que vive de la explotación de los trabajadores no se le pueden pedir peras porque no salen peras. Por lo tanto, nuestro voto es categóricamente negativo.
Voy a hacer dos consideraciones sin extenderme demasiado dado lo avanzado de la hora y además porque me parece que, repito, la gran discusión se va a tener que plantear durante el tratamiento del proyecto de presupuesto.
En primer lugar, he escuchado a varios señores diputados decir que los asalariados no tienen defensa. Yo fui asalariado toda mi vida, salvo durante el último período, cuando perdí mi trabajo y me tuve que sostener como taxista o de alguna otra forma. Aclaro que me enorgullezco de haberme mantenido como pude, a pesar de que hoy soy diputado.
Debo decir que no siento que los trabajadores no tengamos defensa. Todo lo contrario: los trabajadores sabemos defendernos cuando nos organizamos y peleamos. Pero también observo contradicciones cuando dicen que los trabajadores son los indefensos, porque son ellos mismos los que después dicen "ojo, miren lo que nos pasó en diciembre del 2001". Les tienen miedo a los trabajadores cuando salen a la calle.
Entonces, los trabajadores tienen defensa, luchan, se organizan y tienen ese mecanismo para poder cambiar las cosas. Sólo es cuestión de tiempo, de esperar. Creo que hay que prestar mucha atención a este asunto.
Fundamentalmente, quiero hacer un llamado a los trabajadores para que no escuchen a esos dirigentes políticos que votan o a esos dirigentes gremiales que los entregan, que quieren hacerles creer que son indefensos. Eso es justamente lo que les quieren decir: "ustedes no tienen defensa, ustedes están incapacitados para resolver esto, y entonces es este Congreso el que les tiene que dar la solución". No es así, compañeros trabajadores. No, compañeros del subte; no, enfermeros; no. La lucha y la organización les da defensa, nos da defensa y nos permite proyectar un país mejor.
Sin embargo, difícilmente se puedan generar esos cambios en este Congreso porque, por ejemplo, no permitieron que quedara registrado en la versión taquigráfica el homenaje al general Mitre, porque los homenajes no se cuestionan.
Yo quiero decir -y que quede en la versión taquigráfica- que en este Congreso hay algunos señores diputados que homenajean al general máximo de la Triple Alianza que mató a un millón de paraguayos. De un millón trescientos mil paraguayos quedaron trescientos mil. Es una ofensa a los pueblos latinoamericanos y a los pueblos del mundo homenajear a un genocida. Con ese criterio, a alguien se le puede ocurrir homenajear a Roca.
Voy a votar este proyecto en forma negativa por las consideraciones que hice, pero además quería dejar sentada mi opinión respecto de algunos comentarios de algunos señores diputados.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.
SR. ARNOLD, EDUARDO ARIEL (SANTA CRUZ):
Señor presidente: voy a ser muy breve porque todos los que se han referido a alguno de los dictámenes lo han hecho en forma explícita, abierta y claramente.
El señor diputado Lamberto decía que hablar de impuestos es desagradable. Y es cierto, porque hablar de impuestos significa sacarle plata a la gente, ya sea a los empresarios, a los comerciantes, a los trabajadores del campo y a todos aquellos a los que se les pueda sacar dinero. A mí me gustaría que este gran superávit fiscal que hoy tiene el país se compadeciera mucho más con otras variables de la economía que tienen que ver con la pobreza, con la indigencia y con que haya más trabajo y mejores posibilidades para todos.
Quiero aclarar que no presenté un dictamen de minoría porque vine tarde de mi provincia y llegué cuando ya había comenzado la sesión. Pero tengo una orden por unanimidad de la Legislatura de Santa Cruz -y no se puede pensar que exista animosidad en este trabajo, porque de los 24 miembros que la componen, 22 son peronistas- en el sentido de solicitar a los legisladores nacionales que representen a nuestra provincia, que impulsen proyectos tendientes a incrementar los montos mínimos no imponibles de los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales.
El artículo 2° de esa declaración dice: "Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, dése al Boletín Oficial y cumplido, archívese." Y lo firman Carlos Alberto Sancho, presidente de la Legislatura y vicegobernador de mi provincia, y Jorge Manuel Cabezas, secretario general.
Señor presidente: voy a hacer caso a los representantes de mi provincia que por unanimidad me piden que obre de esta manera, que por supuesto comparto absolutamente. Por eso, elegiré alguno de los dictámenes de minoría que aumentan de alguna manera el mínimo no imponible y lo votaré en forma favorable. (Aplausos.)
El señor diputado Lamberto decía que hablar de impuestos es desagradable. Y es cierto, porque hablar de impuestos significa sacarle plata a la gente, ya sea a los empresarios, a los comerciantes, a los trabajadores del campo y a todos aquellos a los que se les pueda sacar dinero. A mí me gustaría que este gran superávit fiscal que hoy tiene el país se compadeciera mucho más con otras variables de la economía que tienen que ver con la pobreza, con la indigencia y con que haya más trabajo y mejores posibilidades para todos.
Quiero aclarar que no presenté un dictamen de minoría porque vine tarde de mi provincia y llegué cuando ya había comenzado la sesión. Pero tengo una orden por unanimidad de la Legislatura de Santa Cruz -y no se puede pensar que exista animosidad en este trabajo, porque de los 24 miembros que la componen, 22 son peronistas- en el sentido de solicitar a los legisladores nacionales que representen a nuestra provincia, que impulsen proyectos tendientes a incrementar los montos mínimos no imponibles de los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales.
El artículo 2° de esa declaración dice: "Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, dése al Boletín Oficial y cumplido, archívese." Y lo firman Carlos Alberto Sancho, presidente de la Legislatura y vicegobernador de mi provincia, y Jorge Manuel Cabezas, secretario general.
Señor presidente: voy a hacer caso a los representantes de mi provincia que por unanimidad me piden que obre de esta manera, que por supuesto comparto absolutamente. Por eso, elegiré alguno de los dictámenes de minoría que aumentan de alguna manera el mínimo no imponible y lo votaré en forma favorable. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.
SR. ACUÑA KUNZ, JUAN ERWIN B. (SANTA CRUZ):
Señor presidente: en primer término, quiero felicitar al señor diputado Arnold, que proviene de la provincia de Santa Cruz al igual que quien les habla.
Quiero expresar que durante la campaña electoral estuvimos trabajando en toda la provincia de Santa Cruz, y desde el sector de los asalariados del petróleo nos pedían a los futuros legisladores de todos los partidos aumentar los mínimos no imponibles. Bien sabemos que hace muchos años -o no tantos-, cuando el barril de petróleo costaba 9 u 11 dólares, esos asalariados sufrían terriblemente las consecuencias del bajo valor del precio del petróleo. Hoy, el barril cuesta aproximadamente 60 dólares, y esa coyuntura internacional hace que nuestros asalariados cobren un poco más de dinero. Ellos siempre nos pidieron que los defendiéramos en este Congreso de la Nación.
Entonces, digo: si la Legislatura de Santa Cruz, con 22 diputados del Frente para la Victoria y 2 de la Unión Cívica Radical -miren qué paradoja- solicita a los legisladores nacionales que aumenten los mínimos no imponibles de los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales, no podemos hacer otra cosa que hacerles caso, ya que lo decidieron por unanimidad.
Conmino a los restantes legisladores de la provincia de Santa Cruz -y que esto se haga extensible al bloque oficialista- a que revean esta situación del dictamen de mayoría y votemos en el sentido de lo que está pidiendo la Legislatura de Santa Cruz. Quisiera saber si los otros tres legisladores de mi provincia del partido Frente para la Victoria van a acompañar la resolución de la Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz.
Finalmente, sería conveniente que en el debate de esta sesión que ya es maratónica hiciéramos caso, a la hora de votar, a lo que los legisladores de nuestra provincia nos dijeron, conminando al bloque oficialista a cambiar su posición para poder aumentar el mínimo no imponible para ganancias y también para bienes personales. (Aplausos.)
Quiero expresar que durante la campaña electoral estuvimos trabajando en toda la provincia de Santa Cruz, y desde el sector de los asalariados del petróleo nos pedían a los futuros legisladores de todos los partidos aumentar los mínimos no imponibles. Bien sabemos que hace muchos años -o no tantos-, cuando el barril de petróleo costaba 9 u 11 dólares, esos asalariados sufrían terriblemente las consecuencias del bajo valor del precio del petróleo. Hoy, el barril cuesta aproximadamente 60 dólares, y esa coyuntura internacional hace que nuestros asalariados cobren un poco más de dinero. Ellos siempre nos pidieron que los defendiéramos en este Congreso de la Nación.
Entonces, digo: si la Legislatura de Santa Cruz, con 22 diputados del Frente para la Victoria y 2 de la Unión Cívica Radical -miren qué paradoja- solicita a los legisladores nacionales que aumenten los mínimos no imponibles de los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales, no podemos hacer otra cosa que hacerles caso, ya que lo decidieron por unanimidad.
Conmino a los restantes legisladores de la provincia de Santa Cruz -y que esto se haga extensible al bloque oficialista- a que revean esta situación del dictamen de mayoría y votemos en el sentido de lo que está pidiendo la Legislatura de Santa Cruz. Quisiera saber si los otros tres legisladores de mi provincia del partido Frente para la Victoria van a acompañar la resolución de la Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz.
Finalmente, sería conveniente que en el debate de esta sesión que ya es maratónica hiciéramos caso, a la hora de votar, a lo que los legisladores de nuestra provincia nos dijeron, conminando al bloque oficialista a cambiar su posición para poder aumentar el mínimo no imponible para ganancias y también para bienes personales. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra la señora diputada por Santa Cruz.
SRA. ESTEBAN, SILVIA GRACIELA (SANTA CRUZ):
Señor presidente: soy también representante de la provincia de Santa Cruz. He escuchado y conocía la declaración de la Legislatura de mi provincia. Indiscutiblemente, creo que es una fuerte expresión de anhelo. Sin embargo, yo estoy enmarcada en un proyecto nacional y voy a hacer público mi voto por la afirmativa a la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo, porque creo que estamos trabajando en un proyecto que ha sido debidamente estudiado.
Recién se decía aquí que no pensamos en las desigualdades y que hay un desequilibrio. Se están dando muestras del esfuerzo considerable que se está realizando para trabajar contra las desigualdades, por la búsqueda de nuevas fuentes de trabajo y por la inclusión de los excluidos.
Por lo tanto, por estar trabajando en un proyecto nacional que comparto profundamente desde hace muchísimos años, voy a acompañar con mi voto la iniciativa del Poder Ejecutivo.
También quiero dejar en claro que soy una militante política que recorre mi provincia; no soy de los diputados que permanecen en su localidad. Recorro la provincia y tengo una excelente relación con la población de Santa Cruz, a la que voy a dar respuesta de mi voto. (Aplausos.)
Recién se decía aquí que no pensamos en las desigualdades y que hay un desequilibrio. Se están dando muestras del esfuerzo considerable que se está realizando para trabajar contra las desigualdades, por la búsqueda de nuevas fuentes de trabajo y por la inclusión de los excluidos.
Por lo tanto, por estar trabajando en un proyecto nacional que comparto profundamente desde hace muchísimos años, voy a acompañar con mi voto la iniciativa del Poder Ejecutivo.
También quiero dejar en claro que soy una militante política que recorre mi provincia; no soy de los diputados que permanecen en su localidad. Recorro la provincia y tengo una excelente relación con la población de Santa Cruz, a la que voy a dar respuesta de mi voto. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. MACALUSE, EDUARDO GABRIEL (BUENOS AIRES):
Señor presidente: en la misma sesión de la Legislatura de Santa Cruz a la que aluden los señores diputados preopinantes se solicita a los legisladores de dicha provincia, no sólo plantear el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, sino que además se resuelve expresar su beneplácito por la postura y decisión política adoptada por el presidente de la República, doctor Kirchner, en ocasión de la IV Cumbre de las Américas, en un discurso que muchos de nosotros hubiéramos suscripto en muchos aspectos pero que estuvo signado por las críticas al modelo de desarrollo de los años 90, a la teoría del derrame como causa del bienestar del conjunto de la población, y que despertó gran preocupación en sectores conservadores que tildaron las políticas impulsadas por el gobierno como progresistas o de izquierda.
La lectura de los proyectos que comenzamos a tratar hoy, fundamentalmente el que estamos considerando en estos momentos, y el de presupuesto que vamos a debatir, despeja toda duda y permite que los sectores conservadores descansen tranquilamente, porque está visto que, más allá del calor caribeño de los discursos, no hay disposición del gobierno a modificar un ápice del sistema impositivo establecido durante los criticados años 90, tan criticado y meneado por el propio presidente de la Nación no sólo en el discurso de la última Cumbre de las Américas sino también en toda oportunidad que se presenta, sea foro internacional o tribuna política, sobre todo si es electoral.
Tenemos un sistema tributario altamente regresivo. Coincido con lo que planteaba el señor diputado Snopek al hacer una descripción conceptual acerca de la progresividad y de la justicia del impuesto a las ganancias; coincido también con el comentario que se hizo sobre las características regresivas que tienen los impuestos al consumo. Pero, más allá de los conceptos planteados por el señor miembro informante, uno termina preguntándose por qué las decisiones del gobierno no contemplan siquiera una modificación del vector hacia un sistema tributario más justo, que grave al que más tiene y proteja al más desprotegido.
Eso se contradice con la oposición a la propuesta de eliminar el IVA sobre los sesenta y cinco artículos que integran la canasta familiar, tal como en su momento lo hizo el anterior ministro de Economía y como lo planteó el propio gobierno. Aquí se está llevando a cabo un combate contra la inflación, pero quien tiene puesto el casco de bombero es el mismo que prendió el fuego. Digo esto porque la expectativa inflacionaria se disparó a partir de la decisión gubernamental de permitir aumentos en el gas y la electricidad. Esto se planteó como una medida progresista, ya que no se iba a afectar a los sectores residenciales sino a los de la producción, que tendría que sentarse con Repsol a discutir el precio del gas en boca de pozo. ¿Se imaginan a una pyme discutiendo con Repsol?
Esa decisión disparó la expectativa inflacionaria, porque esos sectores no pudieron soportar el peso del aumento en el precio y lo terminaron trasladando a los productos. Esas medidas regresivas son contradictorias con los discursos que estamos escuchando.
Tampoco se dio ninguna explicación sobre la decisión de no aumentar el mínimo no imponible, que convierte un impuesto que por definición es justo y progresivo -como ocurre en el caso del impuesto a las ganancias- en injusto y regresivo. Tengamos en cuenta que esa decisión terminará afectando a más de 600.000 trabajadores, muchos de ellos de mediana calificación, que durante las discusiones paritarias se verán prácticamente obligados a rogarle a sus empleadores que no les aumenten los sueldos o que busquen la forma de pagar esos incrementos en negro, porque de lo contrario terminarán siendo sujetos de la imposición, que se supone que estaba orientada a los sectores de mayor capacidad contributiva.
La decisión de no eliminar el IVA sobre los productos de la canasta familiar y de no aumentar el mínimo no imponible, pone de manifiesto la insustentabilidad fiscal. Aquí se sostuvo que el Estado no estaría en condiciones de solventar mediante otros ingresos la pérdida que implicaría la adopción de esas dos medidas que nosotros venimos reclamando desde hace tiempo. Esto lo plantean en un año en el que el superávit fiscal va a oscilar en los 22.000 millones de pesos. Están recurriendo a ese argumento en un momento en el que sobra dinero y sustentabilidad, lo cual desnuda con mayor crudeza el carácter regresivo de las medidas que se están adoptando.
Es evidente que existe una decisión que está por encima de la necesidad de mejorar los ingresos de los sectores más postergados, que se vincula, en primer lugar, con el pago de la deuda externa y, en segundo término, con la continuidad del sistema macroeconómico de aumento de las reservas, que tiene como destino aquél primer objetivo. De este modo garantizan que el plan que comenzó a aplicarse en los noventa tenga continuidad por otros medios y con otros discursos.
No entiendo el argumento de esta decisión, porque si el argumento fuera que el Estado no puede solventar con otros ingresos las condiciones en las que viven los que menos tienen, existiría una contradicción con las exenciones impositivas, alguna de las cuales se acaban de votar y otras se van a votar en el proyecto de ley de presupuesto.
Estamos ante un festival de subsidios y exenciones para los sectores de ingresos más concentrados, para los grupos económicos más poderosos, a punto tal de contraer deudas con los organismos financieros internacionales denostados en los discursos para conseguir subsidiar a grupos económicos más poderosos. De la lectura de esas decisiones que se han tomado pueden entenderse algunas votaciones que se han efectuado en esta Cámara.
Por eso, vamos a votar negativamente este proyecto, ya que es regresivo y grava al sector del trabajo. Se trata de una iniciativa que nada tiene que ver con la historia del peronismo ni con las promesas pre-electorales. En fin, no tiene nada que ver con lo que se dice ante los foros internacionales. (Aplausos.)
La lectura de los proyectos que comenzamos a tratar hoy, fundamentalmente el que estamos considerando en estos momentos, y el de presupuesto que vamos a debatir, despeja toda duda y permite que los sectores conservadores descansen tranquilamente, porque está visto que, más allá del calor caribeño de los discursos, no hay disposición del gobierno a modificar un ápice del sistema impositivo establecido durante los criticados años 90, tan criticado y meneado por el propio presidente de la Nación no sólo en el discurso de la última Cumbre de las Américas sino también en toda oportunidad que se presenta, sea foro internacional o tribuna política, sobre todo si es electoral.
Tenemos un sistema tributario altamente regresivo. Coincido con lo que planteaba el señor diputado Snopek al hacer una descripción conceptual acerca de la progresividad y de la justicia del impuesto a las ganancias; coincido también con el comentario que se hizo sobre las características regresivas que tienen los impuestos al consumo. Pero, más allá de los conceptos planteados por el señor miembro informante, uno termina preguntándose por qué las decisiones del gobierno no contemplan siquiera una modificación del vector hacia un sistema tributario más justo, que grave al que más tiene y proteja al más desprotegido.
Eso se contradice con la oposición a la propuesta de eliminar el IVA sobre los sesenta y cinco artículos que integran la canasta familiar, tal como en su momento lo hizo el anterior ministro de Economía y como lo planteó el propio gobierno. Aquí se está llevando a cabo un combate contra la inflación, pero quien tiene puesto el casco de bombero es el mismo que prendió el fuego. Digo esto porque la expectativa inflacionaria se disparó a partir de la decisión gubernamental de permitir aumentos en el gas y la electricidad. Esto se planteó como una medida progresista, ya que no se iba a afectar a los sectores residenciales sino a los de la producción, que tendría que sentarse con Repsol a discutir el precio del gas en boca de pozo. ¿Se imaginan a una pyme discutiendo con Repsol?
Esa decisión disparó la expectativa inflacionaria, porque esos sectores no pudieron soportar el peso del aumento en el precio y lo terminaron trasladando a los productos. Esas medidas regresivas son contradictorias con los discursos que estamos escuchando.
Tampoco se dio ninguna explicación sobre la decisión de no aumentar el mínimo no imponible, que convierte un impuesto que por definición es justo y progresivo -como ocurre en el caso del impuesto a las ganancias- en injusto y regresivo. Tengamos en cuenta que esa decisión terminará afectando a más de 600.000 trabajadores, muchos de ellos de mediana calificación, que durante las discusiones paritarias se verán prácticamente obligados a rogarle a sus empleadores que no les aumenten los sueldos o que busquen la forma de pagar esos incrementos en negro, porque de lo contrario terminarán siendo sujetos de la imposición, que se supone que estaba orientada a los sectores de mayor capacidad contributiva.
La decisión de no eliminar el IVA sobre los productos de la canasta familiar y de no aumentar el mínimo no imponible, pone de manifiesto la insustentabilidad fiscal. Aquí se sostuvo que el Estado no estaría en condiciones de solventar mediante otros ingresos la pérdida que implicaría la adopción de esas dos medidas que nosotros venimos reclamando desde hace tiempo. Esto lo plantean en un año en el que el superávit fiscal va a oscilar en los 22.000 millones de pesos. Están recurriendo a ese argumento en un momento en el que sobra dinero y sustentabilidad, lo cual desnuda con mayor crudeza el carácter regresivo de las medidas que se están adoptando.
Es evidente que existe una decisión que está por encima de la necesidad de mejorar los ingresos de los sectores más postergados, que se vincula, en primer lugar, con el pago de la deuda externa y, en segundo término, con la continuidad del sistema macroeconómico de aumento de las reservas, que tiene como destino aquél primer objetivo. De este modo garantizan que el plan que comenzó a aplicarse en los noventa tenga continuidad por otros medios y con otros discursos.
No entiendo el argumento de esta decisión, porque si el argumento fuera que el Estado no puede solventar con otros ingresos las condiciones en las que viven los que menos tienen, existiría una contradicción con las exenciones impositivas, alguna de las cuales se acaban de votar y otras se van a votar en el proyecto de ley de presupuesto.
Estamos ante un festival de subsidios y exenciones para los sectores de ingresos más concentrados, para los grupos económicos más poderosos, a punto tal de contraer deudas con los organismos financieros internacionales denostados en los discursos para conseguir subsidiar a grupos económicos más poderosos. De la lectura de esas decisiones que se han tomado pueden entenderse algunas votaciones que se han efectuado en esta Cámara.
Por eso, vamos a votar negativamente este proyecto, ya que es regresivo y grava al sector del trabajo. Se trata de una iniciativa que nada tiene que ver con la historia del peronismo ni con las promesas pre-electorales. En fin, no tiene nada que ver con lo que se dice ante los foros internacionales. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.
SR. SNOPEK, CARLOS DANIEL (JUJUY):
Señor presidente: en este recinto se ha planteado una serie de cuestiones que tienen que ver -como lo he dicho al principio de mi exposición- con los mínimos no imponibles del impuesto a las ganancias y sobre los bienes personales.
Tengo la sensación de que en esta Argentina de hoy, cuando en horas más probablemente tratemos el proyecto
de ley de presupuesto de la Nación, las variables económicas van a aparecer alineadas de una forma distinta a como lo estaban desde hace mucho tiempo. Seguramente, nos vamos a encontrar con elementos sustantivos que demuestran que este presupuesto pone el acento en el crecimiento y en el desarrollo, además de tener un fuerte sesgo redistributivo en orden a la inversión que crea trabajo y, consecuentemente, mejora la distribución del ingreso.
Tengo la sensación de que parece difícil atacar el presupuesto desde ese punto de vista. Entonces, parece que utilizaran una manera diferente de tirar la línea de flotación del presupuesto.
¿Cómo podemos hablar de un presupuesto de la Nación si no aprobamos nada menos que la prórroga del impuesto a las ganancias, que significará una recaudación esperada de casi 30.000 millones de pesos para el año que viene?
Se utiliza el pretexto de que hoy deben ser modificados los mínimos no imponibles, sin haber demostrado una perspectiva y un estudio serios de ninguna naturaleza. ¿Alguien ha hablado de cuál será el costo fiscal de tal decisión si la tomamos en el día de hoy? Tampoco se ha hablado de la afectación probable para el año que viene de todo lo que hemos conseguido si ahora aumentamos los mínimos no imponibles.
No estoy hablando de un logro alcanzado solamente por el gobierno nacional, ni por los gobiernos provinciales ni por los municipales. Se trata de algo que ha conseguido el conjunto de la comunidad argentina. Tirar todo eso por la borda porque volteamos el impuesto a las ganancias a partir del 1° de enero del año siguiente, so pretexto de una cuestión que tiene que ver con el mínimo no imponible, parece cuanto menos arriesgado y carente de un sentido claro de responsabilidad de los mandatos que hemos jurado cumplir, de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional.
Me parece que es importante lo que hemos dicho con toda claridad: el Poder Ejecutivo tiene disposición política para avanzar en el curso del siguiente ejercicio en la mejora de algunas cuestiones que son rémoras del pasado, como, por ejemplo, el esquema que hoy seusa para calcular -lo he dicho con todas las letras- tanto las retenciones al personal en relación de dependencia como los anticipos del personal que no está en esa condición.
He escuchado protestar ahora contra los resultados de ese esquema a representantes de algún bloque, que fue precisamente el que impuso este esquema de retenciones en las modificaciones del llamado impuestazo que todos conocimos en su momento.
Sinceramente, esto no está claro, a menos que la intencionalidad sea otra, como sostuve oportunamente, y no quiero pensar que sea así. No puedo, no entra en la imaginación pensar semejante cosa.
No obstante, nosotros queremos decir públicamente que hemos preparado una modificación al artículo 24 del capítulo IV de la ley de presupuesto, que suspendía inicialmente para el ejercicio 2006 la integración del fondo anticíclico creado por el artículo 9° de la ley 25.152, y que ahora se complementa con un agregado al primer párrafo, que diría así: "En caso de que la necesidad de financiamiento global de la administración nacional sea atendida sin tener que recurrir en su totalidad al superávit financiero, el Poder Ejecutivo nacional destinará..." -hago hincapié en el término "destinará"; es decir, no es que podrá destinar- "...al fondo anticíclico fiscal el excedente financiero no aplicado."
El siguiente párrafo diría así: "El Poder Ejecutivo nacional utilizará parte del referido fondo para compensar parcialmente la reducción de la recaudación tributaria producto de incrementos en las deducciones del artículo 23..." -por supuesto que nos estamos refiriendo a las modificaciones que se produjeron al artículo agregado a continuación del mismo en la ley de impuesto a las ganancias- "...y sus modificaciones, y en los artículos 24 y 25 del título VI de la ley 23.966, de impuesto sobre bienes personales y sus modificaciones."
Había adelantado oportunamente esta cuestión, pero habida cuenta de que algunos bloques han pedido precisiones -algunos señores diputados individualmente también quieren tener precisiones sobre esta cuestión-, teniendo en cuenta el esquema simple tendiente a conocer con la mayor exactitud posible cuáles habrán de ser las recaudaciones tributarias efectivas que se realicen y que se concreten durante el curso del ejercicio siguiente, hacemos pública esta propuesta de modificación a ser incluida en el artículo 24.
Teniendo en cuenta que la vamos a tratar a posteriori, nos parece conveniente que todos los miembros de esta Cámara conozcan con exactitud cuál es la propuesta que hace el bloque de la primera minoría, tal como lo denominan algunos, es decir, el bloque oficialista.
Complementa el artículo 24 un último párrafo, que diría así: "El Poder Ejecutivo nacional dictará en materia de su competencia las normas reglamentarias pertinentes en relación a lo preceptuado en el párrafo anterior."
En cuanto a las normas reglamentarias que se refieren a la forma y modo de calcular -es decir, hasta dónde el Poder Ejecutivo puede hacerlo- tanto las retenciones al personal en relación de dependenciacuanto los anticipos -en el caso de que este no sea el supuesto de las ganancias- siempre se refieren a la cuarta categoría, personas físicas o sucesiones indivisas.
Incluso estamos dispuestos a incorporar un párrafo que establezca un plazo para que el Poder Ejecutivo Nacional eleve al Congreso, en su caso, las modificaciones que se requiera, precise o necesite para el andamiaje de carácter legal.
Es decir que a esta normativa habría que incluirle un plazo y esta Cámara de Diputados debería definir cuáles habrían de ser las modificaciones de carácter legislativo necesarias para satisfacer la inquietud que hoy anima a buena parte de los diputados.
Aclaro que no me estoy refiriendo solamente a quienes pertenecen a los bloques opositores sino a todos los legisladores que integran este cuerpo. Todos estamos preocupados por este tema, con mayor o menor intensidad. Respeto las posiciones de los demás bloques, aunque en algunos casos no las comparta.
Reitero que este asunto tiene que ver con una cuestión de seriedad y prolijidad. Hoy no podemos -sobre la base de supuestos o hipotéticos crecimientos de la economía, mejoras en la recaudación, éxito de planes antievasión o lo que se quiera agregar- volver a la irresponsabilidad de los tiempos en los que sobreestimábamos los recursos a partir, por ejemplo, de incrementar el producto; se gastaba en consecuencia y después pagaba el pato el que menos tenía, si se trataba de inflación o de endeudamiento, que son las dos únicas soluciones, porque no hay otra, ya que no existen milagros en estos temas.
Hay que comprender que en la Argentina ha llegado la hora de ser responsables en esta materia, de no sobreestimar los recursos ni soñar con hipótesis que pueden muy bien ser realizadas o no.
Personalmente, tengo estimaciones de crecimiento del producto que probablemente se sitúen por encima de algunas otras que pueden hacer otros observadores económicos o alguien que se dedique a mirar qué es lo que está pasando en la economía. En lo personal tengo estas conclusiones, pero no me habilitan a pedirle al Poder Ejecutivo Nacional -que es el responsable de que esto funcione- que sea irresponsable y adopte mis previsiones porque éstas pueden no ser certeras o bien no adecuarse a la realidad.
Lo único que nos va a dar la certeza o la tranquilidad de continuar por el camino de la prolijidad es observar el desarrollo de la recaudación en el curso del ejercicio siguiente. Esto es lo único que nos va a proporcionar un elemento cierto, concreto, para que podamos asentar allí la necesidad de la prudencia que hoy tenemos y entonces sí poder actuar sobre los mínimos no imponibles, sobre el artículo agregado a continuación del artículo 23, sobre los mínimos del impuesto sobre los bienes personales y sobre lo que sea necesario para equilibrar las cargas que hoy aparecen eventualmente con algún desequilibrio.
Quiero dejar en claro que nos encontramos dispuestos a aprobar el artículo con estas terminantes disposiciones que entiendo que van a dar la necesaria tranquilidad a quienes piensan -como nosotros- que es importante actuar sobre estos dos temas de significación, e incluso -reitero- a incorporar un plazo dentro del cual el Poder Ejecutivo Nacional dictará la reglamentación pertinente.
Tengo la sensación de que en esta Argentina de hoy, cuando en horas más probablemente tratemos el proyecto
de ley de presupuesto de la Nación, las variables económicas van a aparecer alineadas de una forma distinta a como lo estaban desde hace mucho tiempo. Seguramente, nos vamos a encontrar con elementos sustantivos que demuestran que este presupuesto pone el acento en el crecimiento y en el desarrollo, además de tener un fuerte sesgo redistributivo en orden a la inversión que crea trabajo y, consecuentemente, mejora la distribución del ingreso.
Tengo la sensación de que parece difícil atacar el presupuesto desde ese punto de vista. Entonces, parece que utilizaran una manera diferente de tirar la línea de flotación del presupuesto.
¿Cómo podemos hablar de un presupuesto de la Nación si no aprobamos nada menos que la prórroga del impuesto a las ganancias, que significará una recaudación esperada de casi 30.000 millones de pesos para el año que viene?
Se utiliza el pretexto de que hoy deben ser modificados los mínimos no imponibles, sin haber demostrado una perspectiva y un estudio serios de ninguna naturaleza. ¿Alguien ha hablado de cuál será el costo fiscal de tal decisión si la tomamos en el día de hoy? Tampoco se ha hablado de la afectación probable para el año que viene de todo lo que hemos conseguido si ahora aumentamos los mínimos no imponibles.
No estoy hablando de un logro alcanzado solamente por el gobierno nacional, ni por los gobiernos provinciales ni por los municipales. Se trata de algo que ha conseguido el conjunto de la comunidad argentina. Tirar todo eso por la borda porque volteamos el impuesto a las ganancias a partir del 1° de enero del año siguiente, so pretexto de una cuestión que tiene que ver con el mínimo no imponible, parece cuanto menos arriesgado y carente de un sentido claro de responsabilidad de los mandatos que hemos jurado cumplir, de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional.
Me parece que es importante lo que hemos dicho con toda claridad: el Poder Ejecutivo tiene disposición política para avanzar en el curso del siguiente ejercicio en la mejora de algunas cuestiones que son rémoras del pasado, como, por ejemplo, el esquema que hoy seusa para calcular -lo he dicho con todas las letras- tanto las retenciones al personal en relación de dependencia como los anticipos del personal que no está en esa condición.
He escuchado protestar ahora contra los resultados de ese esquema a representantes de algún bloque, que fue precisamente el que impuso este esquema de retenciones en las modificaciones del llamado impuestazo que todos conocimos en su momento.
Sinceramente, esto no está claro, a menos que la intencionalidad sea otra, como sostuve oportunamente, y no quiero pensar que sea así. No puedo, no entra en la imaginación pensar semejante cosa.
No obstante, nosotros queremos decir públicamente que hemos preparado una modificación al artículo 24 del capítulo IV de la ley de presupuesto, que suspendía inicialmente para el ejercicio 2006 la integración del fondo anticíclico creado por el artículo 9° de la ley 25.152, y que ahora se complementa con un agregado al primer párrafo, que diría así: "En caso de que la necesidad de financiamiento global de la administración nacional sea atendida sin tener que recurrir en su totalidad al superávit financiero, el Poder Ejecutivo nacional destinará..." -hago hincapié en el término "destinará"; es decir, no es que podrá destinar- "...al fondo anticíclico fiscal el excedente financiero no aplicado."
El siguiente párrafo diría así: "El Poder Ejecutivo nacional utilizará parte del referido fondo para compensar parcialmente la reducción de la recaudación tributaria producto de incrementos en las deducciones del artículo 23..." -por supuesto que nos estamos refiriendo a las modificaciones que se produjeron al artículo agregado a continuación del mismo en la ley de impuesto a las ganancias- "...y sus modificaciones, y en los artículos 24 y 25 del título VI de la ley 23.966, de impuesto sobre bienes personales y sus modificaciones."
Había adelantado oportunamente esta cuestión, pero habida cuenta de que algunos bloques han pedido precisiones -algunos señores diputados individualmente también quieren tener precisiones sobre esta cuestión-, teniendo en cuenta el esquema simple tendiente a conocer con la mayor exactitud posible cuáles habrán de ser las recaudaciones tributarias efectivas que se realicen y que se concreten durante el curso del ejercicio siguiente, hacemos pública esta propuesta de modificación a ser incluida en el artículo 24.
Teniendo en cuenta que la vamos a tratar a posteriori, nos parece conveniente que todos los miembros de esta Cámara conozcan con exactitud cuál es la propuesta que hace el bloque de la primera minoría, tal como lo denominan algunos, es decir, el bloque oficialista.
Complementa el artículo 24 un último párrafo, que diría así: "El Poder Ejecutivo nacional dictará en materia de su competencia las normas reglamentarias pertinentes en relación a lo preceptuado en el párrafo anterior."
En cuanto a las normas reglamentarias que se refieren a la forma y modo de calcular -es decir, hasta dónde el Poder Ejecutivo puede hacerlo- tanto las retenciones al personal en relación de dependenciacuanto los anticipos -en el caso de que este no sea el supuesto de las ganancias- siempre se refieren a la cuarta categoría, personas físicas o sucesiones indivisas.
Incluso estamos dispuestos a incorporar un párrafo que establezca un plazo para que el Poder Ejecutivo Nacional eleve al Congreso, en su caso, las modificaciones que se requiera, precise o necesite para el andamiaje de carácter legal.
Es decir que a esta normativa habría que incluirle un plazo y esta Cámara de Diputados debería definir cuáles habrían de ser las modificaciones de carácter legislativo necesarias para satisfacer la inquietud que hoy anima a buena parte de los diputados.
Aclaro que no me estoy refiriendo solamente a quienes pertenecen a los bloques opositores sino a todos los legisladores que integran este cuerpo. Todos estamos preocupados por este tema, con mayor o menor intensidad. Respeto las posiciones de los demás bloques, aunque en algunos casos no las comparta.
Reitero que este asunto tiene que ver con una cuestión de seriedad y prolijidad. Hoy no podemos -sobre la base de supuestos o hipotéticos crecimientos de la economía, mejoras en la recaudación, éxito de planes antievasión o lo que se quiera agregar- volver a la irresponsabilidad de los tiempos en los que sobreestimábamos los recursos a partir, por ejemplo, de incrementar el producto; se gastaba en consecuencia y después pagaba el pato el que menos tenía, si se trataba de inflación o de endeudamiento, que son las dos únicas soluciones, porque no hay otra, ya que no existen milagros en estos temas.
Hay que comprender que en la Argentina ha llegado la hora de ser responsables en esta materia, de no sobreestimar los recursos ni soñar con hipótesis que pueden muy bien ser realizadas o no.
Personalmente, tengo estimaciones de crecimiento del producto que probablemente se sitúen por encima de algunas otras que pueden hacer otros observadores económicos o alguien que se dedique a mirar qué es lo que está pasando en la economía. En lo personal tengo estas conclusiones, pero no me habilitan a pedirle al Poder Ejecutivo Nacional -que es el responsable de que esto funcione- que sea irresponsable y adopte mis previsiones porque éstas pueden no ser certeras o bien no adecuarse a la realidad.
Lo único que nos va a dar la certeza o la tranquilidad de continuar por el camino de la prolijidad es observar el desarrollo de la recaudación en el curso del ejercicio siguiente. Esto es lo único que nos va a proporcionar un elemento cierto, concreto, para que podamos asentar allí la necesidad de la prudencia que hoy tenemos y entonces sí poder actuar sobre los mínimos no imponibles, sobre el artículo agregado a continuación del artículo 23, sobre los mínimos del impuesto sobre los bienes personales y sobre lo que sea necesario para equilibrar las cargas que hoy aparecen eventualmente con algún desequilibrio.
Quiero dejar en claro que nos encontramos dispuestos a aprobar el artículo con estas terminantes disposiciones que entiendo que van a dar la necesaria tranquilidad a quienes piensan -como nosotros- que es importante actuar sobre estos dos temas de significación, e incluso -reitero- a incorporar un plazo dentro del cual el Poder Ejecutivo Nacional dictará la reglamentación pertinente.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.
SR. GIUBERGIA, MIGUEL ANGEL (JUJUY):
Señor presidente: solicito que el señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda dé lectura del texto del artículo 24 luego de las modificaciones.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.
SR. SNOPEK, CARLOS DANIEL (JUJUY):
El artículo 24, después de la modificación, es decir, a partir del primer punto, quedaría redactado de la siguiente manera: "En caso de que la necesidad de financiamiento global de la Administración Nacional sea atendida sin tener que recurrir en su totalidad al superávit financiero..." -el superávit de caja, no el superávit primario- "...el Poder Ejecutivo nacional destinará al fondo anticíclico fiscal el excedente financiero no aplicado."
El segundo párrafo diría: "El Poder Ejecutivo nacional utilizará parte del referido Fondo para compensar parcialmente la reducción tributaria producto de incrementos en las deducciones del artículo 23 y modificaciones al artículo agregado a continuación del mismo de la ley del impuesto a las ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, y en los artículos 24 y 25 del título VI de la ley 23.966, de impuesto sobre los bienes personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones."
La redacción concluye con un último párrafo que diría: "El Poder Ejecutivo nacional dictará en materia de su competencia las normas reglamentarias pertinentes en relación a lo preceptuado en el párrafo anterior."
Reitero además que el bloque oficialista está dispuesto a incorporarle a esta redacción un plazo para que el Poder Ejecutivo nacional dicte la normativa a que se refiere el último párrafo.
El segundo párrafo diría: "El Poder Ejecutivo nacional utilizará parte del referido Fondo para compensar parcialmente la reducción tributaria producto de incrementos en las deducciones del artículo 23 y modificaciones al artículo agregado a continuación del mismo de la ley del impuesto a las ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, y en los artículos 24 y 25 del título VI de la ley 23.966, de impuesto sobre los bienes personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones."
La redacción concluye con un último párrafo que diría: "El Poder Ejecutivo nacional dictará en materia de su competencia las normas reglamentarias pertinentes en relación a lo preceptuado en el párrafo anterior."
Reitero además que el bloque oficialista está dispuesto a incorporarle a esta redacción un plazo para que el Poder Ejecutivo nacional dicte la normativa a que se refiere el último párrafo.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.
SR. GIUBERGIA, MIGUEL ANGEL (JUJUY):
Señor presidente: de acuerdo con lo que acaba de señalar, el señor diputado Snopek nos indica que la Nación puede compensar.
Recordemos que estamos ante impuestos coparticipables y por ello pregunto acerca de la situación en que quedan las provincias argentinas. ¿Con qué van a compensar las provincias esta reducción? En el caso del Poder Ejecutivo nacional, se lo autoriza a usar los excedentes.
Recordemos que estamos ante impuestos coparticipables y por ello pregunto acerca de la situación en que quedan las provincias argentinas. ¿Con qué van a compensar las provincias esta reducción? En el caso del Poder Ejecutivo nacional, se lo autoriza a usar los excedentes.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.
SR. SNOPEK, CARLOS DANIEL (JUJUY):
Señor presidente: no estamos planteando en el proyecto de presupuesto nacional ninguna alteración a régimen de distribución de recursos alguno.
Para expresarlo clara y directamente diré que en la medida en que el fondo anticíclico creado por ley tenga los recursos pertinentes, la autorización que estamos confiriendo o -mejor aún- el mandato que le estamos dando al Poder Ejecutivo nacional es para que utilice parte de esos recursos, que de todos modos iban a estar apartados en relación con el fondo anticíclico. Es decir que ahora nos manejaríamos con un criterio procíclico.
Estamos convirtiendo el fondo anticíclico en un fondo procíclico con el cual se absorbería el decremento pertinente de los recursos que ingresan. Cuando estos recursos compensan a aquellos, no hay afectación de ninguna naturaleza a los recursos pertinentes y relativos a los fondos coparticipables.
En el presupuesto nacional no fue calculado el fondo anticíclico en función de recursos coparticipables que afecten a las provincias, sino en función de la parte que corresponde a la Nación.
Para expresarlo clara y directamente diré que en la medida en que el fondo anticíclico creado por ley tenga los recursos pertinentes, la autorización que estamos confiriendo o -mejor aún- el mandato que le estamos dando al Poder Ejecutivo nacional es para que utilice parte de esos recursos, que de todos modos iban a estar apartados en relación con el fondo anticíclico. Es decir que ahora nos manejaríamos con un criterio procíclico.
Estamos convirtiendo el fondo anticíclico en un fondo procíclico con el cual se absorbería el decremento pertinente de los recursos que ingresan. Cuando estos recursos compensan a aquellos, no hay afectación de ninguna naturaleza a los recursos pertinentes y relativos a los fondos coparticipables.
En el presupuesto nacional no fue calculado el fondo anticíclico en función de recursos coparticipables que afecten a las provincias, sino en función de la parte que corresponde a la Nación.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.
SR. GIUBERGIA, MIGUEL ANGEL (JUJUY):
Señor presidente: en primer lugar, ello no me convence porque se está dando la posibilidad al Estado nacional de resarcirse en el caso de una reducción de la recaudación del impuesto a las ganancias y a los bienes personales, mientras que las provincias no tienen adónde recurrir para resarcirse de lo mismo. Por eso, vamos a seguir insistiendo en nuestro dictamen de minoría.
También queremos señalar claramente que conforme lo establecido en el inciso 3) del artículo 75 de la Constitución Nacional -además del tratamiento del expediente0048-pe-2005 y los antecedentes enunciados-, el bloque del oficialismo debe actuar con responsabilidad en la sanción de esta iniciativa.
No pretendemos trabar ni poner palos en la rueda al Estado nacional ni a este gobierno, pero deseamos que se respeten las normas constitucionales y las leyes dictadas en su consecuencia.
También queremos señalar claramente que conforme lo establecido en el inciso 3) del artículo 75 de la Constitución Nacional -además del tratamiento del expediente
No pretendemos trabar ni poner palos en la rueda al Estado nacional ni a este gobierno, pero deseamos que se respeten las normas constitucionales y las leyes dictadas en su consecuencia.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
SR. LOZANO, CLAUDIO (CAP FEDERAL):
Señor presidente: así como está planteado, da la sensación que lo que podría ocurrir en el segundo párrafo está condicionado a lo que ocurra en el primero.
Es decir que lo que suceda depende del cierre del financiamiento global, lo que a su vez está vinculado con el cierre del financiamiento externo. Esto último está relacionado con el acuerdo con el Fondo, y ello a su vez depende del mantenimiento de la política de desendeudamiento. O sea que podríamos llegar hasta las calendas griegas.
Es decir que lo que suceda depende del cierre del financiamiento global, lo que a su vez está vinculado con el cierre del financiamiento externo. Esto último está relacionado con el acuerdo con el Fondo, y ello a su vez depende del mantenimiento de la política de desendeudamiento. O sea que podríamos llegar hasta las calendas griegas.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
SR. GODOY, JUAN CARLOS LUCIO (ENTRE RIOS):
Señor presidente: entiendo que lo expresado por el señor diputado Snopek es un avance sustancial a la posición originaria del dictamen, pero existe un problema de fondo: no podemos delegar en el Poder Ejecutivo nada menos que una cuestión tributaria.
Todavía estamos sosteniendo que se necesita una mayoría especial, y ahora se nos hace una propuesta que creo que apunta al buen camino, pero de todos modos solicitaría al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que hagamos al revés.
Sería conveniente que primero se precise una redacción en lo que atañe al aumento correspondiente al mínimo no imponible. Así evitaríamos delegar en el Poder Ejecutivo que defina esta situación a partir de su conveniencia.
Como corresponde según la Constitución Nacional, deberíamos definirlo nosotros, y el Poder Ejecutivo tendría el mandato para la decisión definitiva a partir de los recursos.
Todavía estamos sosteniendo que se necesita una mayoría especial, y ahora se nos hace una propuesta que creo que apunta al buen camino, pero de todos modos solicitaría al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que hagamos al revés.
Sería conveniente que primero se precise una redacción en lo que atañe al aumento correspondiente al mínimo no imponible. Así evitaríamos delegar en el Poder Ejecutivo que defina esta situación a partir de su conveniencia.
Como corresponde según la Constitución Nacional, deberíamos definirlo nosotros, y el Poder Ejecutivo tendría el mandato para la decisión definitiva a partir de los recursos.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
SRA. CAMAÑO, GRACIELA (BUENOS AIRES):
Señor presidente: el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda nos tiene acostumbrados a algunas elucubraciones sobre los informes que a veces mueven a la risa.
Más allá de la propuesta que acaba de hacer -que para nada creo que sea un avance-, aún con la cláusula del artículo 24 y esa suerte de modificación que aparentemente se le hizo desde el bloque provincial, lo concreto es que por el tipo de impuesto de que se trata, durante todo el año 2006 los casi 700.000 trabajadores, con cargasde familia, que cobran más de 2.235 pesos tendrán que tributar ganancias. Más allá de la arquitectura que se dé al artículo 24 -autorizando, peticionando, rogando o suplicando para que el Poder Ejecutivo haga algún tipo de previsión-, lo cierto, real y concreto es que la situación no varía.
Repito: en todos los diputados que hoy votemos la prórroga del impuesto a las ganancias debe quedar bien en claro que todos aquellos trabajadores que osen cobrar más de 2.235 pesos, con cargas de familia, tributarán ganancias.
Insistimos en el planteo que hiciera nuestro bloque en cuanto a la necesidad de que para la aprobación de este tipo de proyectos se cuente con los 129 votos que corresponden, como siempre se estiló en la Cámara.
Más allá de la propuesta que acaba de hacer -que para nada creo que sea un avance-, aún con la cláusula del artículo 24 y esa suerte de modificación que aparentemente se le hizo desde el bloque provincial, lo concreto es que por el tipo de impuesto de que se trata, durante todo el año 2006 los casi 700.000 trabajadores, con cargasde familia, que cobran más de 2.235 pesos tendrán que tributar ganancias. Más allá de la arquitectura que se dé al artículo 24 -autorizando, peticionando, rogando o suplicando para que el Poder Ejecutivo haga algún tipo de previsión-, lo cierto, real y concreto es que la situación no varía.
Repito: en todos los diputados que hoy votemos la prórroga del impuesto a las ganancias debe quedar bien en claro que todos aquellos trabajadores que osen cobrar más de 2.235 pesos, con cargas de familia, tributarán ganancias.
Insistimos en el planteo que hiciera nuestro bloque en cuanto a la necesidad de que para la aprobación de este tipo de proyectos se cuente con los 129 votos que corresponden, como siempre se estiló en la Cámara.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. PEREZ, ADRIAN (BUENOS AIRES):
Señor presidente: la redacción que acaba de leer el miembro informante de la mayoría en realidad no difiere en demasía de lo que tratáramos en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
No se trata -como señalara algún diputado- de la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo a los fines de que éste pueda modificar los mínimos no imponibles, porque en materia tributaria no es posible la delegación. Simplemente, estamos en presencia de una expresión de deseos: la posibilidad de que en el próximo año el Parlamento decida modificar los mínimos no imponibles de bienes personales y ganancias, de forma que en todo caso tal modificación comenzaría a regir a partir de 2007.
Nosotros planteamos que ahora se produzca una modificación, porque la actual legislación en materia de ganancias y de bienes personales está afectando fuertemente los sectores medios y de trabajadores. Lo que proponemos en los dictámenes de minoría no es posponer la cuestión -como se plantea en el artículo 24- sino resolverla ahora.
Para ello, hoy debemos tratar de sancionar un proyecto que efectivamente prorrogue el impuesto a las ganancias y el gravamen a los bienes personales, pero elevando los mínimos no imponibles, tal como surge de los distintos dictámenes de minoría emitidos por la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Esta es la discusión. El artículo en cuestión absolutamente nada modifica; es una expresión de deseos que apunta únicamente a postergar la cuestión hasta el próximo año.
No se trata -como señalara algún diputado- de la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo a los fines de que éste pueda modificar los mínimos no imponibles, porque en materia tributaria no es posible la delegación. Simplemente, estamos en presencia de una expresión de deseos: la posibilidad de que en el próximo año el Parlamento decida modificar los mínimos no imponibles de bienes personales y ganancias, de forma que en todo caso tal modificación comenzaría a regir a partir de 2007.
Nosotros planteamos que ahora se produzca una modificación, porque la actual legislación en materia de ganancias y de bienes personales está afectando fuertemente los sectores medios y de trabajadores. Lo que proponemos en los dictámenes de minoría no es posponer la cuestión -como se plantea en el artículo 24- sino resolverla ahora.
Para ello, hoy debemos tratar de sancionar un proyecto que efectivamente prorrogue el impuesto a las ganancias y el gravamen a los bienes personales, pero elevando los mínimos no imponibles, tal como surge de los distintos dictámenes de minoría emitidos por la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Esta es la discusión. El artículo en cuestión absolutamente nada modifica; es una expresión de deseos que apunta únicamente a postergar la cuestión hasta el próximo año.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. SARGHINI, JORGE EMILIO (BUENOS AIRES):
Señor presidente: desde que pedí la palabra han hecho uso de ella otros señores diputados que prácticamente han planteado las cosas que yo pensaba decir.
Es mucho más responsable de nuestra parte -o por lo menos de quienes vayan a votar en forma afirmativa el dictamen de mayoría o el proyecto oficial, que no están dispuestos a aumentar los mínimos no imponibles-, no ir detrás de este fondo que ahora se ha dado en llamar "procíclico", que a mi juicio no merece tratamiento.
Queremos defender al hombre común; por eso proponemos el aumento de los mínimos no imponibles. Queremos defender el financiamiento del Estado.
No podemos aceptar que un impuesto de estas características se esté votando con mayoría simple. No vaya a ser que el costo de votar la prórroga de un impuesto sin la cantidad de 129 votos sea mayor al costo -que no estamos dispuestos a asumir- de no ayudar al conjunto de argentinos que tendrá que pagar el impuesto a las ganancias con un mínimo extremadamente bajo.
Es mucho más responsable de nuestra parte -o por lo menos de quienes vayan a votar en forma afirmativa el dictamen de mayoría o el proyecto oficial, que no están dispuestos a aumentar los mínimos no imponibles-, no ir detrás de este fondo que ahora se ha dado en llamar "procíclico", que a mi juicio no merece tratamiento.
Queremos defender al hombre común; por eso proponemos el aumento de los mínimos no imponibles. Queremos defender el financiamiento del Estado.
No podemos aceptar que un impuesto de estas características se esté votando con mayoría simple. No vaya a ser que el costo de votar la prórroga de un impuesto sin la cantidad de 129 votos sea mayor al costo -que no estamos dispuestos a asumir- de no ayudar al conjunto de argentinos que tendrá que pagar el impuesto a las ganancias con un mínimo extremadamente bajo.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
SR. LAMBERTO, OSCAR (SANTA FE):
Señor presidente: en realidad no pensaba participar de este debate, porque a lo largo de mi vida he intervenido en demasiadas discusiones sobre temas impositivos, y en general todas se parecen.
Desde el punto de vista del oficialismopareciera ser que nunca se puede tocar un peso porque se cae el Estado, y desde el punto de vista de la oposición, pareciera que siempre sobra plata y que se pueden bajar los impuestos.
Nosotros hemos pasado de crisis en crisis y recientemente hemos salido de una con secuelas enormes. Tenemos un mapa social que no es de lo mejor y estructuras económicas con toda suerte de taras, desde concentración de la actividad productiva en algunos sectores, empresas que comienzan a salir bajo la protección arancelaria, sectores de la economía en blanco que mejoran su nivel de ingreso y un aumento de la formalidad. Estos son los elementos del proceso económico que estamos viviendo que se deben colocar en el haber.
Sin embargo, esta es la mitad del camino. Sería una actitud absolutamente conservadora pensar que esto está terminado y que no hay cosas que corregir. Esta no es la visión de lo que debe ser una Argentina distinta. Una Argentina distinta es un país que pueda incluir a la gente que no está incluida.
Si analizamos parcialmente el problema, desde el punto de vista de un sector que antes no pagaba impuestos y que ahora debe pagarlos, nos colocamos en la actitud simpática de decir: "es cierto que esto hay que corregirlo".
Me parece que probablemente ha llegado en la Argentina la hora de realizar un debate sistémico sobre los impuestos. ¿Por qué? Porque tenemos impuestos casi sin tocar que vienen de la época de la convertibilidad, nuevos impuestos que fueron aplicados durante la emergencia económica y otros que vienen de la época en que teóricamente la economía estaba recalentada y había que frenarla. Es decir que se fueron superponiendo sistemas que, con la situación actual más el cambio de precios relativos fruto de la devaluación, permitieron tener un superávit fiscal. Este no es un tema menor. El superávit fiscal no es ni la panacea ni la razón de ser de la economía. Debe tenerse en cuenta dónde y en qué momento de la historia del país está uno parado.
¿Cómo sería esta Argentina de hoy con problemas de crédito y con el déficit alentando el sistema inflacionario? Por eso uno debe poner todo en la balanza. Cuando se plantea la situación que afecta al sistema tributario económico, es cierto que se perjudican mucho más los que están en la economía informal que aquellos que se encuentran en la economía formal. Cuando alguien empieza a pagar impuesto a las ganancias porque gana 2.000 pesos, es posible que cambie su situación porque antes no pagaba, pero se ven mucho más afectados quienes están fuera del sistema. Quienes ganan 500 pesos pagan 100 pesos de IVA. Por eso, probablemente cuando se debata sobre el sistema haya que considerar esto primero.
Esta es una vieja discusión, y seguramente todos los recaudadores del mundo se oponen porque dicen: "perdemos recaudación porque se corta la cadena. Busquemos los sistemas: tarjetas y elementos que permitan mejorar el salario en serio." A veces, cuando hay tanta economía informal y se actúa solamente sobre el salario en blanco, mejora el ingreso de algunos y empeora el de otros, empeora el de quienes integran la economía marginal, que son muchísimos. Entonces, para esta gente, la mejor contribución que puede hacer la política es que no haya inflación. ¿Sabe por qué, señor presidente? Porque cuando se escapan los precios, los que no se pueden defender son quienes tienen ingresos fijos, y el deber del Parlamento y de la política es garantizar la estabilidad, y la estabilidad también se garantiza con una política fiscal sana.
Además, hay que ver el sistema en su conjunto, porque cuando uno lo ve por partes, con intereses de partes, se equivoca. La Argentina vivió demasiados años pensando en sectores, y es fundamental pensar el país en su conjunto. Esto último significa pensarlo con todos los argentinos, la mayoría de los cuales todavía sigue soportando el peso de la crisis; la mayoría de los argentinos son los que primero la sufrieron y los que más tardan en salir.
Entonces, yo estoy dispuesto a discutir los impuestos en forma sistémica, pero siempre que se garantice el financiamiento del Estado, porque no es cierto que se puede vivir de cualquier manera cuando se tiene un Estado infinanciable. ¿Qué pasaría si en el presupuesto para el próximo año dejáramos de subsidiar al transporte? Automáticamente aumentarían las tarifas y cientos de miles de porteños no podrían viajar más ni en subterráneo ni en colectivo. Este también es un tema a discutir, porque lo soportan las finanzas de todo el país.
¿Qué pasaría si dejáramos de subsidiar la energía? ¿A cuánto ascenderían las tarifas eléctricas? Esto también es parte del financiamiento del Estado. Y también es el financiamiento que hace que no suban las tarifas domiciliarias. ¿Por qué? Porque hay finanzas sanas en el país; si no, tendría que sincerarse todo el sistema tarifario.
Entonces, discutamos todo junto: discutamos un sistema tributario que garantice la recaudación que está teniendo esto. Y hagámoslo mejor: seguramente hacen falta menos impuestos y más simples, de base general y que todo el mundo los conozca. Hace años que se viene hablando de todo esto y se escriben libros, pero es muy difícil tomar las decisiones cuando los problemas se analizan por partes.
Creo que lograr eso debe ser un compromiso de este Parlamento. Ni siquiera necesitamos que se nos envíe un proyecto; simplemente durante las sesiones ordinarias debemos realizar un debate en serio sobre el sistema tributario y elevar al Poder Ejecutivo una propuesta que garantice la recaudación y que haga al sistema más progresivo. Pero, repito, analicémoslo en su conjunto.
Creo que nos equivocamos si creemos que tranquilizamos nuestra conciencia poniendo un parche más al sistema tributario. Este último ya tiene demasiados parches, demasiados problemas y demasiados cambios.
Pero seguramente hay un hecho auspicioso: hasta hace poco tiempo, y con alguna razón, el ministro de Economía saliente decía: no me toquen el sistema tributario porque la gente se tiene que acostumbrar a que existe un sistema tributario. Y esto es cierto. Cuando nosotros teníamos la piel escaldada, ya que no cobrábamos un peso a nadie porque había rebelión fiscal en la Argentina y pagar los sueldos era un verdadero milagro -por lo cual tuvimos que apelar a los bonos-, vino a visitarme un tributarista a la Secretaría de Hacienda y le pregunté qué podíamos hacer. Me respondió: no haga nada; no se puede cobrar impuestos cuando hay rebeldía fiscal y cuando la gente tiene tanta bronca; hay que esperar que se calme.
Creo que ahora, cuando ha vuelto la conciencia del pago y se ha mejorado la administración del Estado, seguramente se pueden pensar las cosas de otra manera, sistémicamente, y darle al país un buen sistema tributario. Pero me parece casi improbable que lo podamos hacer en una noche, a quince días del fin de año, cuando para el análisis de este tema seguramente vamos a necesitar el aporte de los distintos sectores involucrados. Cuando se discute un sistema tributario, además de que participen los tributaristas es necesario que lo hagan quienes pagan los impuestos, porque a veces también es bueno escucharlos para no equivocarse al tomar las decisiones.
Considero que deberíamos avanzar en esta norma, votarla, aprobar el presupuesto del país y asumir entre todos -en esto sería fundamental la participación del Ministerio de Economía- el compromiso de dar al país un sistema más simple, más ordenado, más eficiente y a su vez más equitativo. (Aplausos.)
Desde el punto de vista del oficialismopareciera ser que nunca se puede tocar un peso porque se cae el Estado, y desde el punto de vista de la oposición, pareciera que siempre sobra plata y que se pueden bajar los impuestos.
Nosotros hemos pasado de crisis en crisis y recientemente hemos salido de una con secuelas enormes. Tenemos un mapa social que no es de lo mejor y estructuras económicas con toda suerte de taras, desde concentración de la actividad productiva en algunos sectores, empresas que comienzan a salir bajo la protección arancelaria, sectores de la economía en blanco que mejoran su nivel de ingreso y un aumento de la formalidad. Estos son los elementos del proceso económico que estamos viviendo que se deben colocar en el haber.
Sin embargo, esta es la mitad del camino. Sería una actitud absolutamente conservadora pensar que esto está terminado y que no hay cosas que corregir. Esta no es la visión de lo que debe ser una Argentina distinta. Una Argentina distinta es un país que pueda incluir a la gente que no está incluida.
Si analizamos parcialmente el problema, desde el punto de vista de un sector que antes no pagaba impuestos y que ahora debe pagarlos, nos colocamos en la actitud simpática de decir: "es cierto que esto hay que corregirlo".
Me parece que probablemente ha llegado en la Argentina la hora de realizar un debate sistémico sobre los impuestos. ¿Por qué? Porque tenemos impuestos casi sin tocar que vienen de la época de la convertibilidad, nuevos impuestos que fueron aplicados durante la emergencia económica y otros que vienen de la época en que teóricamente la economía estaba recalentada y había que frenarla. Es decir que se fueron superponiendo sistemas que, con la situación actual más el cambio de precios relativos fruto de la devaluación, permitieron tener un superávit fiscal. Este no es un tema menor. El superávit fiscal no es ni la panacea ni la razón de ser de la economía. Debe tenerse en cuenta dónde y en qué momento de la historia del país está uno parado.
¿Cómo sería esta Argentina de hoy con problemas de crédito y con el déficit alentando el sistema inflacionario? Por eso uno debe poner todo en la balanza. Cuando se plantea la situación que afecta al sistema tributario económico, es cierto que se perjudican mucho más los que están en la economía informal que aquellos que se encuentran en la economía formal. Cuando alguien empieza a pagar impuesto a las ganancias porque gana 2.000 pesos, es posible que cambie su situación porque antes no pagaba, pero se ven mucho más afectados quienes están fuera del sistema. Quienes ganan 500 pesos pagan 100 pesos de IVA. Por eso, probablemente cuando se debata sobre el sistema haya que considerar esto primero.
Esta es una vieja discusión, y seguramente todos los recaudadores del mundo se oponen porque dicen: "perdemos recaudación porque se corta la cadena. Busquemos los sistemas: tarjetas y elementos que permitan mejorar el salario en serio." A veces, cuando hay tanta economía informal y se actúa solamente sobre el salario en blanco, mejora el ingreso de algunos y empeora el de otros, empeora el de quienes integran la economía marginal, que son muchísimos. Entonces, para esta gente, la mejor contribución que puede hacer la política es que no haya inflación. ¿Sabe por qué, señor presidente? Porque cuando se escapan los precios, los que no se pueden defender son quienes tienen ingresos fijos, y el deber del Parlamento y de la política es garantizar la estabilidad, y la estabilidad también se garantiza con una política fiscal sana.
Además, hay que ver el sistema en su conjunto, porque cuando uno lo ve por partes, con intereses de partes, se equivoca. La Argentina vivió demasiados años pensando en sectores, y es fundamental pensar el país en su conjunto. Esto último significa pensarlo con todos los argentinos, la mayoría de los cuales todavía sigue soportando el peso de la crisis; la mayoría de los argentinos son los que primero la sufrieron y los que más tardan en salir.
Entonces, yo estoy dispuesto a discutir los impuestos en forma sistémica, pero siempre que se garantice el financiamiento del Estado, porque no es cierto que se puede vivir de cualquier manera cuando se tiene un Estado infinanciable. ¿Qué pasaría si en el presupuesto para el próximo año dejáramos de subsidiar al transporte? Automáticamente aumentarían las tarifas y cientos de miles de porteños no podrían viajar más ni en subterráneo ni en colectivo. Este también es un tema a discutir, porque lo soportan las finanzas de todo el país.
¿Qué pasaría si dejáramos de subsidiar la energía? ¿A cuánto ascenderían las tarifas eléctricas? Esto también es parte del financiamiento del Estado. Y también es el financiamiento que hace que no suban las tarifas domiciliarias. ¿Por qué? Porque hay finanzas sanas en el país; si no, tendría que sincerarse todo el sistema tarifario.
Entonces, discutamos todo junto: discutamos un sistema tributario que garantice la recaudación que está teniendo esto. Y hagámoslo mejor: seguramente hacen falta menos impuestos y más simples, de base general y que todo el mundo los conozca. Hace años que se viene hablando de todo esto y se escriben libros, pero es muy difícil tomar las decisiones cuando los problemas se analizan por partes.
Creo que lograr eso debe ser un compromiso de este Parlamento. Ni siquiera necesitamos que se nos envíe un proyecto; simplemente durante las sesiones ordinarias debemos realizar un debate en serio sobre el sistema tributario y elevar al Poder Ejecutivo una propuesta que garantice la recaudación y que haga al sistema más progresivo. Pero, repito, analicémoslo en su conjunto.
Creo que nos equivocamos si creemos que tranquilizamos nuestra conciencia poniendo un parche más al sistema tributario. Este último ya tiene demasiados parches, demasiados problemas y demasiados cambios.
Pero seguramente hay un hecho auspicioso: hasta hace poco tiempo, y con alguna razón, el ministro de Economía saliente decía: no me toquen el sistema tributario porque la gente se tiene que acostumbrar a que existe un sistema tributario. Y esto es cierto. Cuando nosotros teníamos la piel escaldada, ya que no cobrábamos un peso a nadie porque había rebelión fiscal en la Argentina y pagar los sueldos era un verdadero milagro -por lo cual tuvimos que apelar a los bonos-, vino a visitarme un tributarista a la Secretaría de Hacienda y le pregunté qué podíamos hacer. Me respondió: no haga nada; no se puede cobrar impuestos cuando hay rebeldía fiscal y cuando la gente tiene tanta bronca; hay que esperar que se calme.
Creo que ahora, cuando ha vuelto la conciencia del pago y se ha mejorado la administración del Estado, seguramente se pueden pensar las cosas de otra manera, sistémicamente, y darle al país un buen sistema tributario. Pero me parece casi improbable que lo podamos hacer en una noche, a quince días del fin de año, cuando para el análisis de este tema seguramente vamos a necesitar el aporte de los distintos sectores involucrados. Cuando se discute un sistema tributario, además de que participen los tributaristas es necesario que lo hagan quienes pagan los impuestos, porque a veces también es bueno escucharlos para no equivocarse al tomar las decisiones.
Considero que deberíamos avanzar en esta norma, votarla, aprobar el presupuesto del país y asumir entre todos -en esto sería fundamental la participación del Ministerio de Economía- el compromiso de dar al país un sistema más simple, más ordenado, más eficiente y a su vez más equitativo. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
SR. ROSSI, AGUSTIN OSCAR (SANTA FE):
Señor presidente: voy a hacer mías las palabras del señor diputado preopinante pero dándole un marco a la opinión del bloque de la mayoría. En este caso el bloque de la mayoría ha sido sensible ante las demandas de los distintos bloques de la oposición. Se podrá discutir cuán sensible ha sido o si la respuesta que hemos brindado y puesto en boca del señor diputado Snopek ha sido suficiente, pero lo que no se puede...
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Señora diputada Cassese: ésta es la tercera oportunidad en que usted solicita la palabra mientras el último orador está hablando, de modo que no se la concederé.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Santa Fe.
SR. ROSSI, AGUSTIN OSCAR (SANTA FE):
Decía que podrá opinarse acerca de la respuesta que ha dado el bloque del oficialismo ante la demanda de los distintos bloques de la oposición para aumentar los mínimo no imponibles. Será satisfactoria para algunos y no alcanzará para otros, pero es cierto que el bloque y el gobierno han sido sensibles a este planteo formulado desde las distintas bancadas de la oposición.
También es justo reconocer que es un reclamo que hemos tenido en el seno de nuestro propio bloque por muchos señores diputados que hoy nos están acompañando en la votación, y un reclamo que ha formulado la conducción del movimiento obrero organizado a través de la CGT y la CTA y que ha hecho llegar al gobierno.
Tanto el gobierno como el bloque oficialista han tenido una respuesta, que podrá no ser válida para algunos diputados; pero es contundente que hemos dado una alternativa que nos parece un paso adelante alrededor de esta cuestión.
Simplemente, quiero agregar dos o tres cuestiones que no fueron planteadas con la suficiente fuerza y que deberán tenerse en cuenta a la hora de que cada uno de los diputados emitamos nuestro voto. Del ciento por ciento de los impuestos a los que estamos haciendo referencia, el 20 por ciento va para la ANSES; algo tienen que ver los trabajadores con la ANSES. Otro 17 por ciento se destina al fondo de los aportes para el Tesoro Nacional a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires; y el 63 por ciento restante se coparticipa entre Nación y provincias.
No estamos hablando solamente de las finanzas del gobierno nacional sino que está claramente especificado cuáles son los destinos de los aportes de los impuestos que estamos considerando.
Coincidiendo con lo señalado por el señor diputado Lamberto, en toda la noche hubo referencias y discusiones acerca de la situación del país y de la crisis que estamos sufriendo. Simplemente, quiero refrescar a los señores diputados algunos datos recientes. Pobreza e indigencia, del total de veintiocho aglomerados urbanos, primer semestre del año 2005: pobreza en todo el país, en personas alcanza el 38,5 por ciento y en hogares llega al 28,4 por ciento; indigencia, en todo el país, en hogares, 9,5 por ciento y en personas, 13,6 por ciento.
Cuando decimos que todavía estamos saliendo de un país que está en crisis no lo hacemos simplemente como figura discursiva o atenuante para llevar adelante determinadas políticas. Todavía debemos considerar seriamente que estamos viviendo en un país en crisis. Por eso para el gobierno es tan importante el superávit fiscal.
¿Imaginan lo que hubiese sido para un gobierno discutir la presión de la escalada inflacionaria sobre la cual estamos inmersos sin el superávit fiscal? ¿Desde qué lugar de fuerza el gobierno puede contener al resto de los actores económicos? Seamos honestos con nosotros mismos, señores diputados. Hay muchísimas cosas legítimas que plantea la oposición, pero no es obcecado lo del oficialismo; venimos sosteniendo un esquema de ingresos que planteamos legítimamente en esta Cámara y hemos sido receptores de la demanda de los distintos bloques de la oposición. Hemos hecho una oferta porque somos conscientes de la demanda, pero pido que se tengan en cuenta la totalidad de los temas en discusión.
Estos impuestos no van al bolsillo del secretario de Hacienda. Se coparticipan en gran parte y un alto porcentaje se destina a la ANSES.
Por más que tengan legitimidad en el reclamo no podemos tomar una decisión sin conocer la opinión seria y cierta de la totalidad de los gobernadores...
También es justo reconocer que es un reclamo que hemos tenido en el seno de nuestro propio bloque por muchos señores diputados que hoy nos están acompañando en la votación, y un reclamo que ha formulado la conducción del movimiento obrero organizado a través de la CGT y la CTA y que ha hecho llegar al gobierno.
Tanto el gobierno como el bloque oficialista han tenido una respuesta, que podrá no ser válida para algunos diputados; pero es contundente que hemos dado una alternativa que nos parece un paso adelante alrededor de esta cuestión.
Simplemente, quiero agregar dos o tres cuestiones que no fueron planteadas con la suficiente fuerza y que deberán tenerse en cuenta a la hora de que cada uno de los diputados emitamos nuestro voto. Del ciento por ciento de los impuestos a los que estamos haciendo referencia, el 20 por ciento va para la ANSES; algo tienen que ver los trabajadores con la ANSES. Otro 17 por ciento se destina al fondo de los aportes para el Tesoro Nacional a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires; y el 63 por ciento restante se coparticipa entre Nación y provincias.
No estamos hablando solamente de las finanzas del gobierno nacional sino que está claramente especificado cuáles son los destinos de los aportes de los impuestos que estamos considerando.
Coincidiendo con lo señalado por el señor diputado Lamberto, en toda la noche hubo referencias y discusiones acerca de la situación del país y de la crisis que estamos sufriendo. Simplemente, quiero refrescar a los señores diputados algunos datos recientes. Pobreza e indigencia, del total de veintiocho aglomerados urbanos, primer semestre del año 2005: pobreza en todo el país, en personas alcanza el 38,5 por ciento y en hogares llega al 28,4 por ciento; indigencia, en todo el país, en hogares, 9,5 por ciento y en personas, 13,6 por ciento.
Cuando decimos que todavía estamos saliendo de un país que está en crisis no lo hacemos simplemente como figura discursiva o atenuante para llevar adelante determinadas políticas. Todavía debemos considerar seriamente que estamos viviendo en un país en crisis. Por eso para el gobierno es tan importante el superávit fiscal.
¿Imaginan lo que hubiese sido para un gobierno discutir la presión de la escalada inflacionaria sobre la cual estamos inmersos sin el superávit fiscal? ¿Desde qué lugar de fuerza el gobierno puede contener al resto de los actores económicos? Seamos honestos con nosotros mismos, señores diputados. Hay muchísimas cosas legítimas que plantea la oposición, pero no es obcecado lo del oficialismo; venimos sosteniendo un esquema de ingresos que planteamos legítimamente en esta Cámara y hemos sido receptores de la demanda de los distintos bloques de la oposición. Hemos hecho una oferta porque somos conscientes de la demanda, pero pido que se tengan en cuenta la totalidad de los temas en discusión.
Estos impuestos no van al bolsillo del secretario de Hacienda. Se coparticipan en gran parte y un alto porcentaje se destina a la ANSES.
Por más que tengan legitimidad en el reclamo no podemos tomar una decisión sin conocer la opinión seria y cierta de la totalidad de los gobernadores...
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
La señora diputada González le solicita una interrupción. ¿La concede?
SR. ROSSI, AGUSTIN OSCAR (SANTA FE):
No, señor presidente.
Considero que ya se ha dicho todo a lo largo de este debate, por lo que pido que pasemos a la votación, rescatando lo que señalé con anterioridad: somos sensibles a los planteos que nos han hecho los distintos bloques de la oposición. Hemos intentado dar una respuesta, en la que venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Además reitero que estos dineros no van en su totalidad al Tesoro nacional; es mayor el porcentaje que se destina a la coparticipación y a los fondos específicos que lo que recibe el Tesoro nacional.
Solicito que la votación se realice en forma nominal.
Considero que ya se ha dicho todo a lo largo de este debate, por lo que pido que pasemos a la votación, rescatando lo que señalé con anterioridad: somos sensibles a los planteos que nos han hecho los distintos bloques de la oposición. Hemos intentado dar una respuesta, en la que venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Además reitero que estos dineros no van en su totalidad al Tesoro nacional; es mayor el porcentaje que se destina a la coparticipación y a los fondos específicos que lo que recibe el Tesoro nacional.
Solicito que la votación se realice en forma nominal.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. PEREZ, ADRIAN (BUENOS AIRES):
Pido la palabra para una aclaración.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
¿Se va a referir a la modificación propuesta por el presidente de la comisión?
SR. PEREZ, ADRIAN (BUENOS AIRES):
No, señor presidente. Hemos seguido con atención la propuesta alternativa que ha efectuado el oficialismo. Hay varios dictámenes de minoría, pero todos coinciden en la necesidad de aumentar el mínimo no imponible para el caso de los impuestos a las ganancias y bienes personales. Como logramos unificar todos los dictámenes queremos arrimar una propuesta alternativa para ver si el bloque oficialista -que no cuenta con los 129 votos que se requieren para aprobar esta iniciativa- la considera viable.
Queda en claro que tanto en el caso del impuesto a las ganancias como sobre los bienes personales existe una asignación específica que requiere para su aprobación de la mayoría calificada establecida en el inciso 3° del artículo 75 de la Constitución Nacional. Como no cuentan con ese número...
Queda en claro que tanto en el caso del impuesto a las ganancias como sobre los bienes personales existe una asignación específica que requiere para su aprobación de la mayoría calificada establecida en el inciso 3° del artículo 75 de la Constitución Nacional. Como no cuentan con ese número...
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
No prejuzgue, señor diputado. Si querían unificar los dictámenes, lo hubiesen hecho antes. Tradicionalmente, en esta Cámara el cierre de debate queda a cargo del presidente del bloque de la mayoría o, como ocurre en este caso, de la primera minoría. No podemos seguir discutiendo el tema una vez cerrado el debate.
Por lo tanto, se va a votar en general, en forma nominal, el dictamen de mayoría. Se requiere simple mayoría para su aprobación.
Por lo tanto, se va a votar en general, en forma nominal, el dictamen de mayoría. Se requiere simple mayoría para su aprobación.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 238 señores diputados presentes, 128 han votado por la afirmativa y 106 por la negativa, registrándose además 3 abstenciones.2005/123ET01_17_R39.pdf
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra el señor diputado por Salta.
SR. URTUBEY, JUAN MANUEL (SALTA):
Señor presidente: en el tablero electrónico aparecen tres abstenciones que no habían sido autorizadas, por lo que solicito que los señores diputados expresen su voto.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. CAVADINI, VICTOR EDUARDO (JUJUY):
No se registró mi voto, señor presidente.
SR. ROSSI, AGUSTIN OSCAR (SANTA FE):
Que se verifique si el señor diputado preopinante emitió su voto, señor presidente.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
La Presidencia informa que se han abstenido los señores diputados Cavadini, Morandini y Poggi.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy para expresar el sentido de su voto.
SR. CAVADINI, VICTOR EDUARDO (JUJUY):
Señor presidente: yo voté por la afirmativa y mi voto no fue registrado. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra la señora diputada por Córdoba.
SRA. MORANDINI, NORMA ELENA (CORDOBA):
Yo me abstengo, señor presidente.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.
SR. POGGI, CLAUDIO JAVIER (SAN LUIS):
Señor presidente: yo también me abstuve.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Por Secretaría se dará lectura del resultado de la votación en general.
SR.(SECRETARIO (HIDALGO))
Se han registrado 128 votos afirmativos, que con el voto que recientemente ha anunciado el señor diputado Cavadini suman 129, 106 negativos y 2 abstenciones. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.
SR. LIX KLETT, ROBERTO IGNACIO (TUCUMAN):
Señor presidente: en el tablero electrónico no existía ningún diputado sin identificar en la votación. Por lo tanto, el señor diputado no puede votar dos veces. No lo puede hacer una vez con el sistema computadorizado y otra en forma verbal.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
La Presidencia informa al señor diputado que lo que ocurrió fue que el señor diputado Cavadini aparecía absteniéndose, cuando en realidad había votado por la afirmativa. Es lo que se acaba de corroborar, dicho diputado.
SR. LIX KLETT, ROBERTO IGNACIO (TUCUMAN):
La verdad es que no entiendo, señor presidente.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.
SR. CAVADINI, VICTOR EDUARDO (JUJUY):
Señor presidente: no sé por qué razón el sistema no ha funcionado y no pude expresar mi voto, pero no voy a soportar ni permitir que ningún otro señor diputado sugiera que he votado dos veces.
He votado una sola vez, y en forma afirmativa, por lo que no voy a permitir que se dude de mi honestidad. (Aplausos.)
He votado una sola vez, y en forma afirmativa, por lo que no voy a permitir que se dude de mi honestidad. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
La Presidencia informa que está a disposición de los señores diputados la votación donde figura la abstención del señor diputado Cavadini.
Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
SR. NEGRI, MARIO RAUL (CORDOBA):
Señor presidente: he pedido la palabra para que conste en la versión taquigráfica que esta es nuestra primera sesión en la que tratamos temas importantes.
En cuanto a lo que acaba de ocurrir, a confesión de parte, relevo de pruebas. Si se han obtenido, y no tengo por qué dudar de la Presidencia, los 129 votos, se ha logrado, en todo caso, la mayoría absoluta que requiere la Constitución. Evidencia de ello ha sido la posición del diputado Urtubey, que durante toda la noche nunca pidió permiso para presentar abstenciones, pero hubo entre 10 y 15 en las votaciones anteriores.
En segundo lugar, quiero destacar el extremado y cuidadoso silencio del oficialismo hasta que se alcanzó el número de los 129 votos y se produjo el aplauso.
En el fondo, señor presidente, todos saben, los que votaron por mayoría simple, que esta noche afirmaron la ilegalidad por primera vez en el Congreso de la Nación. (Aplausos.)
En cuanto a lo que acaba de ocurrir, a confesión de parte, relevo de pruebas. Si se han obtenido, y no tengo por qué dudar de la Presidencia, los 129 votos, se ha logrado, en todo caso, la mayoría absoluta que requiere la Constitución. Evidencia de ello ha sido la posición del diputado Urtubey, que durante toda la noche nunca pidió permiso para presentar abstenciones, pero hubo entre 10 y 15 en las votaciones anteriores.
En segundo lugar, quiero destacar el extremado y cuidadoso silencio del oficialismo hasta que se alcanzó el número de los 129 votos y se produjo el aplauso.
En el fondo, señor presidente, todos saben, los que votaron por mayoría simple, que esta noche afirmaron la ilegalidad por primera vez en el Congreso de la Nación. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
En consideración en particular el título I, que comprende el artículo 1°.
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
SRA. CAMAÑO, GRACIELA (BUENOS AIRES):
Señor presidente: nosotros estamos proponiendo en el artículo 1° una serie de modificaciones que tienen sustento en el discurso de apertura de tratamiento del tema pero, en realidad, tenemos la vocación de que efectivamente este artículo tenga la posibilidad de ser votado, más allá de que advertimos que, en general, efectivamente, cumpliendo los postulados de la Constitución, la mayoría ha logrado los 129 legisladores que se necesitan para aprobar este tipo de leyes.
Por lo tanto, vamos a tratar de coordinar durante la sesión con los diputados de la Unión Cívica Radical, del ARI y del interbloque Provincias Unidas, para intentar que nuestra redacción sea similar a sus propuestas.
Voy a dar lectura a lo que nosotros propusimos como proyecto de dictamen, que en su artículo 1° dice así: "Modifícase el artículo 23 de la ley 20.628 (t.o. 1997) de impuesto a las ganancias y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera: Artículo 23: Las personas de existencia visible tendrán derecho a deducir sus ganancias netas: a) En concepto de ganancias no imponibles la suma de pesos siete mil trescientos noventa y siete ($7.397) siempre que sean residentes en el país; b) En concepto de cargas de familia siempre que las personas que se indican sean residentes en el país, estén a cargo del contribuyente y no tengan en el año entradas netas superiores a pesos siete mil trescientos noventa y siete ($7.397), cualquiera sea su origen y estén o no sujetas al impuesto: 1) Pesos cuatro mil cuatrocientos dieciséis ($4.416) anuales por cónyuge. 2) Pesos dos mil doscientos ocho ($2.208) anuales por cada hijo, hija, hijastro o hijastra menor de veinticuatro (24) años o incapacitado para el trabajo. 3) Pesos dos mil doscientos ocho ($2.208) anuales por cada descendiente en línea recta (nieto, nieta, bisnieto o bisnieta) menor de veinticuatro (24) años o incapacitado para el trabajo; por cada ascendiente (padre, madre, abuelo, abuela, bisabuelo, bisabuela, padrastro y madrastra), por cada hermano o hermana menorde veinticuatro (24) años o incapacitado para el trabajo; por el suegro, por la suegra, por cada yerno o nuera menor de veinticuatro (24) años o incapacitado para el trabajo.
"Las deducciones de este inciso sólo podrán efectuarlas el o los parientes más cercanos que tengan ganancias imponibles;
"c) En concepto de deducción especial, hasta la suma de once mil cuarenta pesos ($11.040) cuando se trate de ganancias netas comprendidas en el artículo 49, siempre que trabajen personalmente en la actividad o empresa y de ganancias netas incluidas en el artículo 79.
" Es condición indispensable para el cómputo de la deducción a que se refiere el párrafo anterior, en relación a las rentas y actividad respectivas, el pago de los aportes que como trabajadores autónomos les corresponda realizar obligatoriamente, al sistema integrado de jubilaciones y pensiones, o a las cajas de jubilaciones sustitutivas que corresponda.
"El importe previsto en este inciso se elevará en un doscientos por ciento (200%) cuando se trate de las ganancias a que se refieren los incisos a), b) y c) del artículo 79 citado. La reglamentación establecerá el procedimiento a seguir cuando se obtengan además ganancias no comprendidas en este párrafo.
"No obstante lo indicado en el párrafo anterior, el incremento previsto en el mismo no será de aplicación cuando se trate de remuneraciones comprendidas en el inciso c) del citado artículo 79, originadas en regímenes previsionales especiales que, en función del cargo desempeñado por el beneficiario, concedan un tratamiento diferencial del haber previsional, de la movilidad de las prestaciones, así como de la edad y cantidad de años de servicio para obtener el beneficio jubilatorio. Exclúyese de esta definición a los regímenes diferenciales dispuestos en virtud de actividades penosas o insalubres, determinantes de vejez o agotamiento prematuros y a los regímenes correspondientes a las actividades docentes, científicas y tecnológicas y de retiro de las fuerzas armadas y de seguridad."
El artículo 2° diría que se deroga el artículo sin número incorporado a continuación del artículo 23 por la ley 25.239.
"Artículo 3°.- Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2009 la vigencia de la ley de impuesto a las ganancias, texto ordenado en 1997, y sus modificaciones, incorporando las modificaciones que por la presente ley se establecen".
A los efectos de tomar los importes que estamos solicitando como mínimos hemos considerado los bienes implícitos del producto bruto interno, pero estamos dispuestos a aceptar la duplicación que establece el dictamen de la Unión Cívica Radical.
Por lo tanto, vamos a tratar de coordinar durante la sesión con los diputados de la Unión Cívica Radical, del ARI y del interbloque Provincias Unidas, para intentar que nuestra redacción sea similar a sus propuestas.
Voy a dar lectura a lo que nosotros propusimos como proyecto de dictamen, que en su artículo 1° dice así: "Modifícase el artículo 23 de la ley 20.628 (t.o. 1997) de impuesto a las ganancias y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera: Artículo 23: Las personas de existencia visible tendrán derecho a deducir sus ganancias netas: a) En concepto de ganancias no imponibles la suma de pesos siete mil trescientos noventa y siete ($7.397) siempre que sean residentes en el país; b) En concepto de cargas de familia siempre que las personas que se indican sean residentes en el país, estén a cargo del contribuyente y no tengan en el año entradas netas superiores a pesos siete mil trescientos noventa y siete ($7.397), cualquiera sea su origen y estén o no sujetas al impuesto: 1) Pesos cuatro mil cuatrocientos dieciséis ($4.416) anuales por cónyuge. 2) Pesos dos mil doscientos ocho ($2.208) anuales por cada hijo, hija, hijastro o hijastra menor de veinticuatro (24) años o incapacitado para el trabajo. 3) Pesos dos mil doscientos ocho ($2.208) anuales por cada descendiente en línea recta (nieto, nieta, bisnieto o bisnieta) menor de veinticuatro (24) años o incapacitado para el trabajo; por cada ascendiente (padre, madre, abuelo, abuela, bisabuelo, bisabuela, padrastro y madrastra), por cada hermano o hermana menorde veinticuatro (24) años o incapacitado para el trabajo; por el suegro, por la suegra, por cada yerno o nuera menor de veinticuatro (24) años o incapacitado para el trabajo.
"Las deducciones de este inciso sólo podrán efectuarlas el o los parientes más cercanos que tengan ganancias imponibles;
"c) En concepto de deducción especial, hasta la suma de once mil cuarenta pesos ($11.040) cuando se trate de ganancias netas comprendidas en el artículo 49, siempre que trabajen personalmente en la actividad o empresa y de ganancias netas incluidas en el artículo 79.
" Es condición indispensable para el cómputo de la deducción a que se refiere el párrafo anterior, en relación a las rentas y actividad respectivas, el pago de los aportes que como trabajadores autónomos les corresponda realizar obligatoriamente, al sistema integrado de jubilaciones y pensiones, o a las cajas de jubilaciones sustitutivas que corresponda.
"El importe previsto en este inciso se elevará en un doscientos por ciento (200%) cuando se trate de las ganancias a que se refieren los incisos a), b) y c) del artículo 79 citado. La reglamentación establecerá el procedimiento a seguir cuando se obtengan además ganancias no comprendidas en este párrafo.
"No obstante lo indicado en el párrafo anterior, el incremento previsto en el mismo no será de aplicación cuando se trate de remuneraciones comprendidas en el inciso c) del citado artículo 79, originadas en regímenes previsionales especiales que, en función del cargo desempeñado por el beneficiario, concedan un tratamiento diferencial del haber previsional, de la movilidad de las prestaciones, así como de la edad y cantidad de años de servicio para obtener el beneficio jubilatorio. Exclúyese de esta definición a los regímenes diferenciales dispuestos en virtud de actividades penosas o insalubres, determinantes de vejez o agotamiento prematuros y a los regímenes correspondientes a las actividades docentes, científicas y tecnológicas y de retiro de las fuerzas armadas y de seguridad."
El artículo 2° diría que se deroga el artículo sin número incorporado a continuación del artículo 23 por la ley 25.239.
"Artículo 3°.- Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2009 la vigencia de la ley de impuesto a las ganancias, texto ordenado en 1997, y sus modificaciones, incorporando las modificaciones que por la presente ley se establecen".
A los efectos de tomar los importes que estamos solicitando como mínimos hemos considerado los bienes implícitos del producto bruto interno, pero estamos dispuestos a aceptar la duplicación que establece el dictamen de la Unión Cívica Radical.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
SR. PINEDO, FEDERICO (CAP FEDERAL):
Señor presidente: lamentablemente, no hemos podido llegar a un acuerdo, que como fue público lo intentamos hacer aquí mismo, en las bancas, a la vista de todo el mundo, para que no se hagan acusaciones de cosas raras, como las que fueron hechas en los últimos días. Lamentablemente, no llegamos a un acuerdo con el bloque de la mayoría porque no fue posible establecer una pauta cuantitativa que garantizara una efectiva suba de los mínimos no imponibles, y sin esa pauta cuantitativa nos pareció imprudente acompañar la propuesta tal como quedó redactada.
Valoramos especialmente el interés demostrado por la bancada mayoritaria en la disciplina fiscal y somos conscientes de que hay alguna complejidad en esta relación entre el uso de los fondos públicos y la aprobación de gastos que a nuestro juicio son imprescindibles. Francamente, a nosotros no nos parecía que el monto que estaba involucrado fuera algo que desequilibrara las finanzas nacionales, cosa que el oficialismo reconoce que así es; podrían desequilibrar un poco más los provinciales y generar un desfinanciamiento a la ANSES, lo que agrega complejidad al tema.
De todas maneras, quiero dejar sentado aquí cuál fue el objetivo del esfuerzo que acabamos de realizar. Para ello me voy a remitir al discurso inicial que pronuncié con motivo del debate en general. Dije que el Congreso se puede utilizar para tratar de buscar consensos o para tratar de defender posiciones más simpáticas para algunos aunque no viables en la realidad.
Nos parece claro que con un Senado controlado con mayoría absoluta por el oficialismo y con un presidente que tiene la facultad constitucional de vetar las normas que sanciona el Congreso, no era cuestión de hacer una competencia para ver quién ponía el mínimo no imponible más alto para quedar más simpático en los diarios de mañana, sino que era cuestión de buscar un consenso con quien podía sancionar una ley en su integridad, lo cual no depende sólo de los diputados sino también del Senado de la Nación y del Poder Ejecutivo nacional.
Ahora que el oficialismo ha obtenido mayoría para apoyar su dictamen -que ha mejorado con las incorporaciones que ha recibido a último momento con motivo de nuestra gestión-, esperamos que el Poder Ejecutivo eleve rápidamente para consideración de esta Cámara, en los días de plazo que se han fijado, alguna propuesta, viable desde el punto de vista financiero y realista desde el punto de vista del aumento de los mínimos no imponibles, que permita que esta iniciativa siga su curso.
En definitiva, a pesar de que vamos a votar en forma negativa en particular este artículo, nos felicitamos de haber trabajado para intentar que el aumento de mínimos no imponibles finalmente exista y de haber obtenido un compromiso del bloque oficialista en ese sentido, que esperamos que se cumpla en los días de plazo que se han establecido.
Valoramos especialmente el interés demostrado por la bancada mayoritaria en la disciplina fiscal y somos conscientes de que hay alguna complejidad en esta relación entre el uso de los fondos públicos y la aprobación de gastos que a nuestro juicio son imprescindibles. Francamente, a nosotros no nos parecía que el monto que estaba involucrado fuera algo que desequilibrara las finanzas nacionales, cosa que el oficialismo reconoce que así es; podrían desequilibrar un poco más los provinciales y generar un desfinanciamiento a la ANSES, lo que agrega complejidad al tema.
De todas maneras, quiero dejar sentado aquí cuál fue el objetivo del esfuerzo que acabamos de realizar. Para ello me voy a remitir al discurso inicial que pronuncié con motivo del debate en general. Dije que el Congreso se puede utilizar para tratar de buscar consensos o para tratar de defender posiciones más simpáticas para algunos aunque no viables en la realidad.
Nos parece claro que con un Senado controlado con mayoría absoluta por el oficialismo y con un presidente que tiene la facultad constitucional de vetar las normas que sanciona el Congreso, no era cuestión de hacer una competencia para ver quién ponía el mínimo no imponible más alto para quedar más simpático en los diarios de mañana, sino que era cuestión de buscar un consenso con quien podía sancionar una ley en su integridad, lo cual no depende sólo de los diputados sino también del Senado de la Nación y del Poder Ejecutivo nacional.
Ahora que el oficialismo ha obtenido mayoría para apoyar su dictamen -que ha mejorado con las incorporaciones que ha recibido a último momento con motivo de nuestra gestión-, esperamos que el Poder Ejecutivo eleve rápidamente para consideración de esta Cámara, en los días de plazo que se han fijado, alguna propuesta, viable desde el punto de vista financiero y realista desde el punto de vista del aumento de los mínimos no imponibles, que permita que esta iniciativa siga su curso.
En definitiva, a pesar de que vamos a votar en forma negativa en particular este artículo, nos felicitamos de haber trabajado para intentar que el aumento de mínimos no imponibles finalmente exista y de haber obtenido un compromiso del bloque oficialista en ese sentido, que esperamos que se cumpla en los días de plazo que se han establecido.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.
SR. SNOPEK, CARLOS DANIEL (JUJUY):
Señor presidente: en realidad no tenemos todavía una propuesta concreta de modificación al artículo 1°.
SR. GIUBERGIA, MIGUEL ANGEL (JUJUY):
Pido la palabra.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.
SR. GIUBERGIA, MIGUEL ANGEL (JUJUY):
Señor presidente: me parece bien que el cierre del debate esté a cargo del bloque oficialista, pero quiero dejar en claro que estamos considerando en particular el título I, artículo 1°, de este proyecto de ley.
En ese sentido, más allá de que el impuesto a las ganancias es un gravamen extraordinario que sirve para que el que más tiene más pague, hoy en la República Argentina el hecho imponible es la fuerza del trabajo, o sea, el trabajador.
Estamos gravando al que trabaja en un país en el que tenemos falta de fuerza...
En ese sentido, más allá de que el impuesto a las ganancias es un gravamen extraordinario que sirve para que el que más tiene más pague, hoy en la República Argentina el hecho imponible es la fuerza del trabajo, o sea, el trabajador.
Estamos gravando al que trabaja en un país en el que tenemos falta de fuerza...
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Discúlpeme, señor diputado. Esta Presidencia debe hacer una aclaración antes de que usted continúe con el uso de la palabra.
Que sea la última vez que se hace una interrupción cuando el presidente de la comisión está contestando las inquietudes de los bloques políticos.
Hay que anotarse previamente y no esperar a que llegue el turno del presidente de la comisión porque si no nunca terminará el debate.
En este caso particular permitiré que termine su exposición, pero en lo sucesivo quienes quiera hacer uso de la palabra tendrán que anotarse antes de que llegue el turno del representante del bloque de la mayoría.
Que sea la última vez que se hace una interrupción cuando el presidente de la comisión está contestando las inquietudes de los bloques políticos.
Hay que anotarse previamente y no esperar a que llegue el turno del presidente de la comisión porque si no nunca terminará el debate.
En este caso particular permitiré que termine su exposición, pero en lo sucesivo quienes quiera hacer uso de la palabra tendrán que anotarse antes de que llegue el turno del representante del bloque de la mayoría.
SR. GIUBERGIA, MIGUEL ANGEL (JUJUY):
Quiero aclarar al señor presidente que solicité el uso de la palabra antes de que comenzara a hablar el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
No es cierto lo que está diciendo, señor diputado. Cuando terminó de hablar el señor diputado Pinedo, hice un paneo de los presentes y usted estaba conversando con dos legisladores que estaban al lado de su banca.
SR. GIUBERGIA, MIGUEL ANGEL (JUJUY):
El señor presidente no podía verme porque los legisladores estaban delante de mi banca.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
...y usted estaba charlando con ellos, señor diputado.
SR. GIUBERGIA, MIGUEL ANGEL (JUJUY):
Yo estaba sentado en mi banca.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
La Presidencia le solicita que la próxima vez se anote antes de que hable el miembro informante del dictamen de mayoría.
SR. GIUBERGIA, MIGUEL ANGEL (JUJUY):
Más allá de que el oficialismo cuente con los votos, vamos a insistir con nuestra posición en cada uno de estos artículos. En particular, en relación con el que se está por votar, desde el bloque de la Unión Cívica Radical vamos a aceptar la propuesta de la señora diputada Camaño. También dejamos perfectamente en claro que insistimos en que para la votación corresponde la mayoría establecida por el inciso 3) del artículo 75 de la Constitución Nacional.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
SR. GODOY, JUAN CARLOS LUCIO (ENTRE RIOS):
Señor presidente: necesito hacer una consulta y formular una propuesta al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Se trata de algo vinculado con el artículo 23 y sólo en relación con los cuentapropistas.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
¿A qué artículo 23 de la ley está refiriéndose, señor diputado?
SR. GODOY, JUAN CARLOS LUCIO (ENTRE RIOS):
Al artículo 23 del impuesto a las ganancias.
Allí existe un problema con los trabajadores cuentapropistas, que están sujetos a sanciones muy importantes cuando no se encuentran al día con los pagos jubilatorios.
Al no estar al día con dichos pagos, no se les permite la deducción correspondiente, y terminan quedando sujetos al impuesto a las ganancias, como consecuencia del castigo por el incumplimiento.
Creo que ello representa muy poco para las arcas del Estado, y es una realidad indiscutible. Por ello, solicito que se elimine la sanción que existe contra los cuentapropistas en esta situación, que son muy pocos en la Argentina.
Allí existe un problema con los trabajadores cuentapropistas, que están sujetos a sanciones muy importantes cuando no se encuentran al día con los pagos jubilatorios.
Al no estar al día con dichos pagos, no se les permite la deducción correspondiente, y terminan quedando sujetos al impuesto a las ganancias, como consecuencia del castigo por el incumplimiento.
Creo que ello representa muy poco para las arcas del Estado, y es una realidad indiscutible. Por ello, solicito que se elimine la sanción que existe contra los cuentapropistas en esta situación, que son muy pocos en la Argentina.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.
SR. SNOPEK, CARLOS DANIEL (JUJUY):
No se van a aceptar modificaciones en relación con esta cuestión.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Antes de proceder a la votación, pediría a los señores diputados que quieran hacer uso de la palabra sobre los artículos 2° al 6° inclusive, que en Secretaría Parlamentaria se inscriban a efectosde ordenar el trámite de la sesión.
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
SRA. CAMAÑO, GRACIELA (BUENOS AIRES):
Señor presidente: no me dispense esa hermosa sonrisa porque va a tener aguantarme por lo menos por dos años más...
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Como sigamos así, no sé si llegamos. (Risas.)
SRA. CAMAÑO, GRACIELA (BUENOS AIRES):
Señor presidente: formulé una propuesta respecto del artículo 1°, pero como se va a pasar a la votación y el miembro informante aún no se expidió...
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Dijo que no aceptaba modificaciones.
SRA. CAMAÑO, GRACIELA (BUENOS AIRES):
..., quiero aclarar que nuestro bloque votará negativamente habida cuenta de que la Cámara se está pronunciando sobre el proyecto del oficialismo. En razón de que intentamos que se apruebe lo que nosotros pretendemos, en la siguiente votación -si es que se da la posibilidad- insistiremos con el texto que hemos leído.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Se va a votar nominalmente el título I, que comprende el artículo 1°.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 236 señores diputados presentes, 128 han votado por la afirmativa y 106 por la negativa, registrándose además una abstención. 2005/123ET01_18_R39.pdf
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
La Presidencia ruega a los señores diputados Esteban, Landau y Morandini -que figuran como abstenidos- que indiquen el sentido de su voto.
SRA. ESTEBAN, SILVIA GRACIELA (SANTA CRUZ):
Voto por la afirmativa, señor presidente.
SR. LANDAU, JORGE ALBERTO (BUENOS AIRES):
Mi voto es por la negativa.
SRA. MORANDINI, NORMA ELENA (CORDOBA):
Señor presidente: mi deber de votar me impone la obligación de conocer lo que estoy votando. Por lo tanto, en razón de ser legisladora debutante, me abstengo.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
El señor diputado Juan Carlos Godoy no aparece identificado en el sistema electrónico...
SR. GODOY, JUAN CARLOS LUCIO (ENTRE RIOS):
Voto por la negativa, señor presidente.
SR.(SECRETARIO (HIDALGO))
En consecuencia, de acuerdo con las manifestaciones de los señores diputados, se han registrado 128 votos por la afirmativa, 106 por la negativa y una abstención.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
La votación ha resultado afirmativa.
SRA. CARRIO, ELISA MARIA AVELINA (CAP FEDERAL):
Si me permite, señor presidente, solicito que quede constancia de que no se alcanzaron los 129 votos exigidos por el inciso 3 del artículo 75 de la Constitución.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Ha quedado constancia al darse cuenta por Secretaría de la cantidad de votos afirmativos.
SRA. CARRIO, ELISA MARIA AVELINA (CAP FEDERAL):
De todas formas, pido que quede constancia expresa.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Así se hará, señora diputada.
En consideración el título II, que comprende el artículo 2°.
Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
En consideración el título II, que comprende el artículo 2°.
Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
SR. GODOY, JUAN CARLOS LUCIO (ENTRE RIOS):
Señor presidente: me referiré a una cuestión formal.
Se entiende que uno siga sosteniendo lo que ha dicho en cuanto al aumento de los mínimos no imponibles en relación con el impuesto sobre los bienes personales, pero además quisiera hacer una salvedad -que en su momento no fue resuelta- respecto de la exención relativa a los inmuebles rurales en las explotaciones unipersonales, que debe quedar clara.
En este momento, existe una doble imposición: la del impuesto sobre los bienes personales y la del impuesto a la ganancia mínima presunta. Este problema se presenta porque esta cuestión no está explicitada en la ley. De cualquier manera, hay dictámenes de la AFIP que sostienen que no tendría que darse esta doble imposición, pero le echan la culpa al legislador que no lo dejó aclarado. Por eso, solicito que se incorpore explícitamente esa exención.
Se entiende que uno siga sosteniendo lo que ha dicho en cuanto al aumento de los mínimos no imponibles en relación con el impuesto sobre los bienes personales, pero además quisiera hacer una salvedad -que en su momento no fue resuelta- respecto de la exención relativa a los inmuebles rurales en las explotaciones unipersonales, que debe quedar clara.
En este momento, existe una doble imposición: la del impuesto sobre los bienes personales y la del impuesto a la ganancia mínima presunta. Este problema se presenta porque esta cuestión no está explicitada en la ley. De cualquier manera, hay dictámenes de la AFIP que sostienen que no tendría que darse esta doble imposición, pero le echan la culpa al legislador que no lo dejó aclarado. Por eso, solicito que se incorpore explícitamente esa exención.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
SRA. CAMAÑO, GRACIELA (BUENOS AIRES):
Señor presidente: cuando comenzó el debate pedí por Secretaría que se me anotara para hacer uso de la palabra.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Entonces, alguien en Secretaría se olvidó porque tengo anotado solamente al diputado Godoy.
SRA. CAMAÑO, GRACIELA (BUENOS AIRES):
Entonces, pido que me anoten para hacer uso de la palabra en el tratamiento de todos los artículos.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
De acuerdo, señora diputada. Por Secretaría se tomará nota de su petición para hablar durante la consideración de los artículos 2°, 3°, 4°, 5° Y 6° de los títulos II, III, IV, V y VI.
SRA. CAMAÑO, GRACIELA (BUENOS AIRES):
Señor presidente: creo que es importante que dejemos constancia de la reacción del bloque oficialista ante el hecho de haber reunido 128 legisladores para lograr el voto por la afirmativa.
Efectivamente, más allá de la chicana política, fue la reacción de quienes aceptan que para esa votación era necesario reunir 129 diputados.
Efectivamente, más allá de la chicana política, fue la reacción de quienes aceptan que para esa votación era necesario reunir 129 diputados.
SR. KUNKEL, CARLOS MIGUEL (BUENOS AIRES):
¡Gracias por la interpretación! ¡¿Qué haríamos nosotros sin ustedes?!
SRA. CAMAÑO, GRACIELA (BUENOS AIRES):
Si el señor diputado quiere una interrupción, se la concedo. No sé quién es el que grita, pero si queremos orden me parece importante que nos atengamos al reglamento.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Continúe, señora diputada.
SRA. CAMAÑO, GRACIELA (BUENOS AIRES):
En el título II, referido al impuesto sobre los bienes personales, proponemos a la comisión el siguiente texto: "Artículo 3°: Modifícase el artículo 24 del Título VI del impuesto sobre los bienes personales, ley 23.966 (t.o.1997) y sus modificaciones, el que quedará redactado de la siguiente manera: 'Artículo 24: No estarán alcanzados por el impuesto los sujetos indicados en el inciso a) del artículo 17 cuyos bienes, valuados de conformidad a lo dispuesto en los artículos 22 y 23, resulten iguales o inferiores a 214.114 pesos.'
"Artículo 4°: Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2006 la vigencia del Título VI de la ley 23.966, del impuesto sobre los bienes personales, (t.o. 1997) y sus modificaciones."
"Artículo 4°: Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2006 la vigencia del Título VI de la ley 23.966, del impuesto sobre los bienes personales, (t.o. 1997) y sus modificaciones."
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. PEREZ, ADRIAN (BUENOS AIRES):
Señor presidente: quiero dejar constancia de que, tal como lo expresara anteriormente, hemos unificado un dictamen entre la Unión Cívica Radical, el ARI, el Peronismo Federal y el bloque Provincias Unidas. De manera tal que adherimos a la propuesta realizada por la señora diputada Camaño.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.
SR. SNOPEK, CARLOS DANIEL (JUJUY):
Señor presidente: en este artículo no vamos a aceptar modificaciones al texto del dictamen de mayoría.
Sr. Presidente (Balestrini).- Se va a votar el título II, que comprende el artículo 2°.
Sr. Presidente (Balestrini).- Se va a votar el título II, que comprende el artículo 2°.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 234 señores diputados presentes, 128 han votado por la afirmativa y 103 por la negativa, registrándose además 2 abstenciones. 2005/123ET01_19_R39.pdf
SRA. RODRIGUEZ, MARCELA VIRGINIA (BUENOS AIRES):
Señor presidente: la señora diputada Di Tullio, que acaba de ingresar al recinto, no puede votar. Cuando ya empezó a correr el tiempo para la votación no pueden ingresar diputados al recinto y votar. Por lo tanto, no se puede computar el voto de la señora diputada Di Tullio porque se estaría violando el reglamento.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Si el diputado está dentro del recinto, sí puede votar.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
SR. ROSSI, AGUSTIN OSCAR (SANTA FE):
¡Señor presidente: más allá de la rigurosidad reglamentaria, está claro que si la señora diputada estaba en la antesala, es decir, en el límite...
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. ROSSI, AGUSTIN OSCAR (SANTA FE):
...y tiene la voluntad manifiesta de votar, esta Cámara, que es un símbolo de la democracia, no le puede cercenar el voto!
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. ROSSI, AGUSTIN OSCAR (SANTA FE):
¡Es inconcebible que el reglamento de la Cámara le impida votar a un diputado por una cuestión estrictamente técnica!
Señor presidente: si los señores diputados lo consideran conveniente, solicito que se reconsidere la votación.
Señor presidente: si los señores diputados lo consideran conveniente, solicito que se reconsidere la votación.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
La Presidencia va a hacer algunas aclaraciones. La señora diputada Monti no tiene registrado su voto.
SRA. GONZALEZ, MARIA AMERICA (CAP FEDERAL):
Señor presidente: hágale entender al presidente de la bancada oficialista que no es antidemocrático tener un reglamento.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Señora diputada: yo no sé si soy capaz de hacerle entender eso al señor presidente del bloque. Primero, aclaremos el tema de los votos de los señores diputados y después la otra cuestión.
Solicito a la señora diputada Monti que haga saber a la Presidencia el sentido de su voto.
Solicito a la señora diputada Monti que haga saber a la Presidencia el sentido de su voto.
SRA. MONTI, LUCRECIA (CAP FEDERAL):
Voto por la negativa, señor presidente.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
A continuación, la Presidencia solicita a aquellos señores diputados que se abstuvieron de votar que hagan conocer el sentido de su voto.
SR. TOLEDO, HUGO DAVID (BUENOS AIRES):
Voto por la negativa, señor presidente.
SR. SANTANDER, MARIO ARMANDO (LA RIOJA):
Voto por la negativa, señor presidente.
SRA. PESO, STELLA MARYS (MISIONES):
Voto por la negativa, señor presidente.
SRA. PEREZ, MIRTA SUSANA (BUENOS AIRES):
Voto por la negativa, señor presidente.
SRA. MORANDINI, NORMA ELENA (CORDOBA):
Reitero que me abstengo, señor presidente.
SRA. COIRINI, ADRIANA ELSA (BUENOS AIRES):
Voto por la negativa, señor presidente.
SRA. CAMAÑO, GRACIELA (BUENOS AIRES):
Quiero hacer una aclaración, señor presidente. En realidad, toda nuestra línea se abstuvo porque al momento de determinar lo que se iba a votar usted manifestó que estaba en tratamiento el título II, artículo 2°, pero en realidad hemos votado el título I, artículo 1°. Nosotros hemos hecho una propuesta en todo el título y probablemente eso lo haya confundido, señor presidente. En esta ocasión deberíamos haber votado el artículo 2° del título I, el artículo 3° del título I, y recién después comenzar con el título II, que fue el título cuyo tratamiento pedí. O sea que se está votando mal, señor presidente.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. MACALUSE, EDUARDO GABRIEL (BUENOS AIRES):
Señor presidente: me parece que el espíritu tiene que ser de colaboración. Las exigencias que nosotros
planteamos tienen que ver con la transparencia. Hasta donde fui siguiendo la votación, estimo que se votó correctamente; hay que decir lo que es justo. Creo que se votó el artículo 2° del título II.
planteamos tienen que ver con la transparencia. Hasta donde fui siguiendo la votación, estimo que se votó correctamente; hay que decir lo que es justo. Creo que se votó el artículo 2° del título II.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Es lo que corresponde, señor diputado.
SRA. CAMAÑO, GRACIELA (BUENOS AIRES):
Señor presidente: quiero dejar constancia de mi voto negativo.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Se ha tomado debida nota, señora diputada.
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
SRA. DI TULLIO, JULIANA (BUENOS AIRES):
Señor presidente: quiero aclarar que estaba dentro del recinto cuando faltaban cuatro segundos para la votación.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SRA. GONZALEZ, MARIA AMERICA (CAP FEDERAL):
Lo que está diciendo es falso, señora diputada. Usted sabe que miente, porque vino casi volando. Eso no se hace, estamos en democracia.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Por Secretaría se dará lectura del resultado de la votación.
SR.(SECRETARIO (HIDALGO))
Se han registrado 128 votos por la afirmativa, 96 por la negativa, 7 votos negativos expresados verbalmente y 2 abstenciones.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
En consideración el título III, que comprende el artículo 3°.
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
SRA. CAMAÑO, GRACIELA (BUENOS AIRES):
Señor presidente: en primer lugar, quiero dejar constancia del número de votos que se obtuvo para el título anterior, que no se corresponde con la mayoría que requiere la Constitución Nacional.
En segundo término, refiriéndome al título III, sobre el gravamen de emergencia a los premios de determinados juegos de sorteos y concursos deportivos, nosotros proponemos la siguiente redacción: "Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2006 inclusive la vigencia del gravamen de emergencia a los premios de determinados juegos de sorteo y concursos deportivos, creado por la ley 20.630, prorrogada por las leyes 22.898, 23.124, 23.286 y 24.602."
Me gustaría reseñar brevemente por qué estamos hablando de la prórroga sólo hasta el 31 de diciembre de 2006, cuando el proyecto del Poder Ejecutivo plantea una prórroga que se compadece con las licitaciones, es decir, quince años.
El próximo año debemos emprender seriamente una reforma tributaria. De hecho, a la hora de tratar el proyecto de ley de presupuesto que analizaremos luego de finalizado el tratamiento de esta iniciativa, vamos a proponer un título específico en donde recreamos la posibilidad de un financiamiento efectivo a los efectos de elaborar una reforma tributaria. Esta noche han hablado excelsos tributaristas y economistas que han dado todas las razones por las cuales seguimos manteniendo lostributos de esta manera. La verdad es que en los mensajes de elevación de los proyectos de presupuesto y de prórroga de los impuestos, como así también en los discursos de los diferentes representantes del oficialismo se advierte la idea de impulsar una reforma tributaria, pero esto no está plasmado en la legislación.
Por lo tanto, tendríamos que tener en cuenta que si vamos a votar un impuesto por quince años es porque mínimamente estamos haciendo previsiones con respecto a ese tributo por dicho lapso.
Si queremos hablar seriamente de una reforma tributaria que tenga algún viso de concreción durante el próximo año, tendríamos que prorrogar todos los impuestos hasta el 31 de diciembre de 2006, incluyendo el que ahora estamos considerando.
En segundo término, refiriéndome al título III, sobre el gravamen de emergencia a los premios de determinados juegos de sorteos y concursos deportivos, nosotros proponemos la siguiente redacción: "Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2006 inclusive la vigencia del gravamen de emergencia a los premios de determinados juegos de sorteo y concursos deportivos, creado por la ley 20.630, prorrogada por las leyes 22.898, 23.124, 23.286 y 24.602."
Me gustaría reseñar brevemente por qué estamos hablando de la prórroga sólo hasta el 31 de diciembre de 2006, cuando el proyecto del Poder Ejecutivo plantea una prórroga que se compadece con las licitaciones, es decir, quince años.
El próximo año debemos emprender seriamente una reforma tributaria. De hecho, a la hora de tratar el proyecto de ley de presupuesto que analizaremos luego de finalizado el tratamiento de esta iniciativa, vamos a proponer un título específico en donde recreamos la posibilidad de un financiamiento efectivo a los efectos de elaborar una reforma tributaria. Esta noche han hablado excelsos tributaristas y economistas que han dado todas las razones por las cuales seguimos manteniendo lostributos de esta manera. La verdad es que en los mensajes de elevación de los proyectos de presupuesto y de prórroga de los impuestos, como así también en los discursos de los diferentes representantes del oficialismo se advierte la idea de impulsar una reforma tributaria, pero esto no está plasmado en la legislación.
Por lo tanto, tendríamos que tener en cuenta que si vamos a votar un impuesto por quince años es porque mínimamente estamos haciendo previsiones con respecto a ese tributo por dicho lapso.
Si queremos hablar seriamente de una reforma tributaria que tenga algún viso de concreción durante el próximo año, tendríamos que prorrogar todos los impuestos hasta el 31 de diciembre de 2006, incluyendo el que ahora estamos considerando.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.
SR. GIUBERGIA, MIGUEL ANGEL (JUJUY):
Señor presidente: durante el debate en general remarcamos que se estaban prorrogando impuestos no sólo hasta 2009 sino también hasta el 2015. En este sentido, considerando las circunstancias que enfrenta la República y teniendo en cuenta que el próximo no es un año electoral, entendemos que estarán dadas las condiciones para debatir todo el régimen tributario argentino. Esto es una obligación que debemos asumir todos los legisladores. Por eso, sugerimos que la prórroga se fije hasta el 31 de diciembre de 2006. Esta es la propuesta que hemos consensuado con los integrantes del bloque ARI y del bloque Peronista Federal.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.
SR. SNOPEK, CARLOS DANIEL (JUJUY):
Señor presidente: simplemente, para señalar que la comisión no acepta las modificaciones propuestas.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Se va a votar en forma nominal el título III, que comprende el artículo 3°.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 234 señores diputados presentes, 133 han votado por la afirmativa y 95 por la negativa, registrándose además 5 abstenciones.2005/123ET01_20_R39.pdf
SR.(SECRETARIO (HIDALGO))
Se han registrado 133 votos por la afirmativa, 95 por la negativa y 5 abstenciones.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Por Secretaría se dará cuenta del nombre de los diputados que se abstuvieron.
SR. NIEVA, ALEJANDRO MARIO (JUJUY):
Señor presidente: el señor diputado Urtubey no solicitó ninguna aclaración sobre las abstenciones.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra el señor diputado por Salta.
SR. URTUBEY, JUAN MANUEL (SALTA):
Señor presidente: justamente estaba por solicitar esa aclaración, pero usted me ganó de mano. De todos modos, creo que el señor diputado Nieva tiene razón.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
La Presidencia no puede peticionar. En consecuencia, no vamos a indicar quiénes son los legisladores que se abstuvieron.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
En consideración el título IV, que comprende el artículo 4°.
Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
SR. GODOY, JUAN CARLOS LUCIO (ENTRE RIOS):
Señor presidente: quiero ver si el señor diputado Snopek pone un poco de buena voluntad, porque no pretendo sacarle dinero.
Quizá no haya militantes políticos en este Congreso, pero me gustaría estar acompañado por más gente que interprete lo que yo pienso.
El movimiento cooperativo logró en 1965 por decisión presidencial -en ese caso a instancias del vicepresidente de la República, el doctor Perette- instaurar la educación cooperativa obligatoria en todas las escuelas de la Argentina, con el ánimo de generar la solidaridad social, que es una de las cuestiones que tanto se predica pero que en el sistema capitalista tradicional no es fácil llevar a la práctica.
Los años 90, que tanto fueron criticados en varios ámbitos políticos, provocaron la desaparición de la educación cooperativa en las escuelas argentinas.
Es muy difícil ser solidarios si no enseñamos solidaridad; es muy difícil en un ambiente con concepciones neoliberales que el cooperativismo tenga éxito y que la gente se forme adecuadamente para este tipo de actividad, tanto en lo económico como en lo social y cultural.
Sin embargo, hoy se le vuelve a cobrar dinero al cooperativismo para llevarlo a las arcas del Estado y no para cumplir la función que le corresponde. Por eso, el reclamo es doble: que no se cobre por cobrar, y que lo que debe destinarse a la educación cooperativa realmente llegue.
Cuando se promulgó la ley 23.427 precisamente se creó el Fondo de Educación y Promoción Cooperativa. Por ejemplo, en el inciso a) de su artículo 1° se habla de promover mediante los programas pertinentes la educación cooperativa en todos los niveles de enseñanza primaria, secundaria y terciaria.
Hoy se había efectuado el planteo general en relación con el traspaso de las escuelas del ámbito nacional al provincial. Seguramente, se olvidaron de que perdieron jurisdicción para llevar a la práctica esta educación cooperativa. Por eso, quiero proponer una modificación a este primer punto para que la educación cooperativa se pueda llevar a cabo con seguridad.
Fíjense la razón que me asiste cuando en el artículo 3° de la ley 23.427 se dice que se faculta a la Secretaría de Acción Cooperativa a administrar los recursos del Fondo. La Secretaría de Acción Cooperativa no existe más. Por eso está mal el restablecimiento de esta ley para continuar cobrándole a las cooperativas o mandándole una cantidad de fondos a una secretaría que no existe. O sea que no se cumple con los fines para los cuales este impuesto fue creado.
En consecuencia, la primera propuesta, comenzando por la más sencilla, consiste en eliminar el hecho de que se faculte a la Secretaría de Acción Cooperativa a hacer algo que no puede hacer porque no existe, y que esos recursos vayan al INAES.
También voy a proponer que se modifique el artículo 1° de la ley 23.427, para que en lugar de promover mediante los programas pertinentes la acción cooperativa en todos los niveles de enseñanza primaria, secundaria y terciaria -teniendo en cuenta que no existen órganos de jurisdicción nacional sobre las escuelas de las provincias-, se diga: "Promover mediante los programas pertinentes a través del Consejo Federal de Educación y en acuerdo con todas las provincias argentinas la educación cooperativa de manera obligatoria en todos los niveles de enseñanza primaria, secundaria, terciaria y universitaria."
Por lo tanto, no hay dinero de por medio sino el cumplimiento estricto del uso del dinero que se cobra y, además, la supresión de algo que no existe más, salvo que se quiera crear la Secretaría de Acción Cooperativa, con lo que estaríamos de acuerdo.
Quizá no haya militantes políticos en este Congreso, pero me gustaría estar acompañado por más gente que interprete lo que yo pienso.
El movimiento cooperativo logró en 1965 por decisión presidencial -en ese caso a instancias del vicepresidente de la República, el doctor Perette- instaurar la educación cooperativa obligatoria en todas las escuelas de la Argentina, con el ánimo de generar la solidaridad social, que es una de las cuestiones que tanto se predica pero que en el sistema capitalista tradicional no es fácil llevar a la práctica.
Los años 90, que tanto fueron criticados en varios ámbitos políticos, provocaron la desaparición de la educación cooperativa en las escuelas argentinas.
Es muy difícil ser solidarios si no enseñamos solidaridad; es muy difícil en un ambiente con concepciones neoliberales que el cooperativismo tenga éxito y que la gente se forme adecuadamente para este tipo de actividad, tanto en lo económico como en lo social y cultural.
Sin embargo, hoy se le vuelve a cobrar dinero al cooperativismo para llevarlo a las arcas del Estado y no para cumplir la función que le corresponde. Por eso, el reclamo es doble: que no se cobre por cobrar, y que lo que debe destinarse a la educación cooperativa realmente llegue.
Cuando se promulgó la ley 23.427 precisamente se creó el Fondo de Educación y Promoción Cooperativa. Por ejemplo, en el inciso a) de su artículo 1° se habla de promover mediante los programas pertinentes la educación cooperativa en todos los niveles de enseñanza primaria, secundaria y terciaria.
Hoy se había efectuado el planteo general en relación con el traspaso de las escuelas del ámbito nacional al provincial. Seguramente, se olvidaron de que perdieron jurisdicción para llevar a la práctica esta educación cooperativa. Por eso, quiero proponer una modificación a este primer punto para que la educación cooperativa se pueda llevar a cabo con seguridad.
Fíjense la razón que me asiste cuando en el artículo 3° de la ley 23.427 se dice que se faculta a la Secretaría de Acción Cooperativa a administrar los recursos del Fondo. La Secretaría de Acción Cooperativa no existe más. Por eso está mal el restablecimiento de esta ley para continuar cobrándole a las cooperativas o mandándole una cantidad de fondos a una secretaría que no existe. O sea que no se cumple con los fines para los cuales este impuesto fue creado.
En consecuencia, la primera propuesta, comenzando por la más sencilla, consiste en eliminar el hecho de que se faculte a la Secretaría de Acción Cooperativa a hacer algo que no puede hacer porque no existe, y que esos recursos vayan al INAES.
También voy a proponer que se modifique el artículo 1° de la ley 23.427, para que en lugar de promover mediante los programas pertinentes la acción cooperativa en todos los niveles de enseñanza primaria, secundaria y terciaria -teniendo en cuenta que no existen órganos de jurisdicción nacional sobre las escuelas de las provincias-, se diga: "Promover mediante los programas pertinentes a través del Consejo Federal de Educación y en acuerdo con todas las provincias argentinas la educación cooperativa de manera obligatoria en todos los niveles de enseñanza primaria, secundaria, terciaria y universitaria."
Por lo tanto, no hay dinero de por medio sino el cumplimiento estricto del uso del dinero que se cobra y, además, la supresión de algo que no existe más, salvo que se quiera crear la Secretaría de Acción Cooperativa, con lo que estaríamos de acuerdo.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.
SR. SNOPEK, CARLOS DANIEL (JUJUY):
Señor presidente...
SR. GIUBERGIA, MIGUEL ANGEL (JUJUY):
He pedido la palabra...
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Disculpe, señor diputado Giubergia. Hace diez minutos solicité a los señores diputados que se anotaran para hacer uso de la palabra en cada uno de los artículos. Pareciera que no quieren venir hasta la Secretaría Parlamentaria para anotarse.
SR. GIUBERGIA, MIGUEL ANGEL (JUJUY):
Señor presidente: tanto usted como los distintos señores diputados escucharon las explicaciones de razonabilidad de la propuesta que ha hecho el señor diputado Godoy.
En ese sentido, desde la bancada de la Unión Cívica Radical, antes de que se exprese el bloque oficialista, queremos dejar constancia de que vamos a apoyar la moción formulada por el señor diputado Godoy en relación con este artículo, que no la conocíamos.
En ese sentido, desde la bancada de la Unión Cívica Radical, antes de que se exprese el bloque oficialista, queremos dejar constancia de que vamos a apoyar la moción formulada por el señor diputado Godoy en relación con este artículo, que no la conocíamos.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Agradezco su aclaración, señor diputado.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Jujuy.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Jujuy.
SR. SNOPEK, CARLOS DANIEL (JUJUY):
Señor presidente: en rigor de verdad, la pretensión del Poder Ejecutivo al enviar esta iniciativa, y la nuestra al emitir el dictamen, apuntan solamente a la prórroga del impuesto, y no a la modificación de los esquemas que tienen que ver con la ley.
De manera tal que a pesar de que compartimos algunos de los conceptos vertidos, no vamos a aceptar modificaciones.
De manera tal que a pesar de que compartimos algunos de los conceptos vertidos, no vamos a aceptar modificaciones.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Se va a votar en forma nominal el título IV, que comprende el artículo 4°.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 229 señores diputados presentes, 147 han votado por la afirmativa y 79 por la negativa, registrándose además 2 abstenciones.2005/123ET01_21_R39.pdf
SR.(SECRETARIO (HIDALGO))
Han votado afirmativamente 147 señores diputados; 79 lo han hecho por la negativa y se registraron 2 abstenciones.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
En consideración el título V, que comprende el artículo 5°.
Se va a votar en forma nominal.
Se va a votar en forma nominal.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 230 señores diputados presentes, 157 han votado por la afirmativa y 63 por la negativa, registrándose además 9 abstenciones. 2005/123ET01_22_R39.pdf
SR.(SECRETARIO (HIDALGO))
Han votado afirmativamente 157 señores diputados; 63 lo han hecho por la negativa y se registraron 9 abstenciones.
SRA. GUTIERREZ, GRACIELA BEATRIZ (SANTA CRUZ):
Señor presidente: aclaro que he votado por la afirmativa.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Quedará debidamente asentado, señora diputada.
En consideración el título VI, que comprende el artículo 6°.
Se va a votar en forma nominal.
En consideración el título VI, que comprende el artículo 6°.
Se va a votar en forma nominal.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 230 señores diputados presentes, 156 han votado por la afirmativa y 59 por la negativa, registrándose además 14 abstenciones.2005/123ET01_23_R39.pdf
SR.(SECRETARIO (HIDALGO))
Se han registrado 156 votos afirmativos, 59 negativos y 14 abstenciones. (Aplausos.)
aquí VOTACIÓN nominal
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
El artículo 7° es de forma. Queda sancionado el proyecto de ley.
Se comunicará al Honorable Senado.
Se comunicará al Honorable Senado.
SR. PRESIDENTE(BALESTRINI)
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
SR. ROSSI, AGUSTIN OSCAR (SANTA FE):
Señor presidente: así como lo hicieron otros bloques en sentido contrario, quiero dejar en claro que para el bloque que presido la votación en general y la totalidad de la votación en particular han sido acordes con la Constitución Nacional.
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