Discursos

Período:123 Reunion:19 Fecha:05/07/2005 MANIFESTACIONES EN MINORIA

SR. PRESIDENTE(ARNOLD) No habiendo número suficiente, declaro fracasadas las sesiones especiales convocadas para el día de la fecha.
Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

SR. PERNASETTI, HORACIO FRANCISCO (CATAMARCA): Señor presidente: deseo aclarar que existen dos pedidos de sesión especial. Por el primero de ellos se convoca a esta Honorable Cámara para considerar los proyectos referidos a la creación de fondos para financiar un ingreso universal a la infancia; el segundo es un pedido formulado por nuestra bancada para una sesión especial posterior. Me interesaría que el orden de las sesiones sea respetado a efectos de que los señores diputados que desean hacer uso de la palabra puedan hacerlo.

SR. PRESIDENTE(ARNOLD) Así se hará, señor diputado.
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

SR. LOZANO, CLAUDIO (CAP FEDERAL): Señor presidente: en el caso de la primera sesión especial están previstas las intervenciones de diferentes señores diputados que compartimos un mismo criterio. Me refiero, además del proyecto que he presentado, a otras iniciativas de los señores diputados Neri, Adrián Pérez y Barbagelata. Es decir que habría que dar lugar a todas estas intervenciones.
En los últimos días tomó fuerza una consigna que dice: "Haz que la pobreza sea historia", tal como lo plantearon las principales bandas de rock del mundo, acompañadas por artistas del espectáculo, como exigencia a los líderes del Grupo de los Ocho, frente a una humanidad que a veces parece no merecer el nombre de tal.
Este hecho conmovió a importantes medios de comunicación de nuestro país, que transmitieron casi en cadena este acontecimiento. Resulta extraño que, por otro lado, nos cueste conmover a nuestra sociedad, así como a los medios de comunicación locales, cuando más de 350 chicos que han sido recuperados de su situación de calle por organizaciones sociales que vienen trabajando en esto desde hace mucho tiempo, recorren 4.500 kilómetros a través de ocho provincias planteando que hay que proteger a la infancia -y no protegerse de ella- y denunciando que el hambre en la Argentina es un crimen.
La sesión que estamos realizando había sido pedida para el jueves 30 del mes pasado, con el objeto de que este Parlamento pudiera actuar -como corresponde- como caja de resonancia de la demanda social concreta que se está planteando y que, sin duda, constituye una de las urgencias centrales de la coyuntura.
A pesar de la palabra "fracasada" que usted, señor presidente, pronunció, somos bastantes más de los que normalmente solemos estar presentes en este tipo de sesiones, lo cual constituye un aliento; pero somos menos de los que deberíamos ser frente a la urgencia de resolver el problema de los menores de nuestro país.
Cuando algunos creen ver el futuro en la presentación de números provistos por la macroeconomía convencional, refiriéndose a la recuperación de la actividad económica del país, pasan por alto el hecho de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos, con una metodología deliberadamente desactualizada, dice que hoy 7.730.700 niños son pobres en nuestro país y que 3.234.000 son indigentes, es decir, pasan hambre.
Utilizo el término desactualizada porque, pese a la elaboración que el propio INDEC realizara sobre la base de la nueva encuesta de gastos disponible, esa metodología todavía no se utiliza, porque si se utilizara surgiría de esa consideración que el piso mínimo de pibes en situación de pobreza en la Argentina es de 8.320.000 y que el techo es de 9.600.000.
Estamos hablando de un 70 por ciento de nuestros chicos en situación de pobreza. Eso está acompañado por situaciones prácticamente insostenibles, como por ejemplo el caso del Chaco, provincia donde el 85 por ciento de los chicos está en situación de pobreza; o el de Santiago del Estero, donde el 45 por ciento de los chicos está en situación de indigencia.
Esto pasa en un país donde casi la mitad de la población es pobre y más de la mitad de los pobres son niños. Este es el cuadro de infantilización de la pobreza que exhibe nuestro país, lo cual además de violentar la ética y la justicia de esta sociedad pone una lápida sobre el futuro.
En un mundo donde el conocimiento es la clave del desarrollo, queda claro que por esta vía los hombres y mujeres del mañana van a tener mucha menor capacidad de producción que la que tenemos hoy. Puesto en los términos que le gusta enfatizar al discurso neoliberal y a las estrategias desarrollistas en boga: la productividad futura de la economía de la sociedad argentina va a ser inferior a la actual si no se atiende con urgencia esta situación.
Por lo tanto, en este esquema no hay derrame alguno a futuro sino que el problema que se plantea es que como sociedad nos estamos internando peligrosamente en una verdadera trampa de la pobreza, donde como somos pobres hoy, terminaremos siendo más pobres mañana.
Los proyectos que aquí se ponen en debate -en verdad las diferentes presentaciones hechas por los señores diputados tienen muchas semejanzas y, pese al consenso existente, no han tenido el tratamiento que corresponde tanto en las comisiones como en la Cámara- en realidad lo que ponen en consideración es reemplazar el actual sistema del salario familiar por la creación de otro tipo de instituto que, en el caso del proyecto que presenté e impulso, implica pagar una asignación universal para todos los niños articulada con el chequeo sanitario durante los primeros años de vida del chico y con la participación en el ciclo escolar durante el resto.
Hemos presentado un proyecto de reforma al presupuesto del año 2005 que explica la existencia de recursos disponibles para pagar ya sesenta pesos por chico, y para generalizar la ayuda escolar anual obligatoria de ciento treinta pesos que hoy perciben solamente quienes trabajan en blanco.
Hemos demostrado que los excedentes presupuestarios correspondientes al año en curso alcanzan para financiar este objetivo y que la puesta en marcha de la reforma impositiva y de la reforma previsional pendientes le pueden dar sustentabilidad a este tipo de decisión. Por lo tanto, es un objetivo viable y sustentable a futuro.
También hemos demostrado que, si no quieren comenzar por plantear este régimen para todo el conjunto de la minoridad, que sería lo más deseable, y en lugar de ello nos limitáramos a considerar únicamente a todos los menores de catorce años, asignar estos recursos implicaría comprometer apenas el 9 por ciento del total del gasto nacional y apenas el 5 por ciento del total de gastos agregados de la Nación, las provincias y los municipios.
Si comprendiéramos solamente a los menores de hasta nueve años, el gasto significaría el 6 por ciento del gasto de la Administración Nacional y el 3 por ciento del gasto agregado de todas las jurisdicciones. Y si comprendiéramos solamente a los menores de hasta cuatro años, sería el 2,7 por ciento del gasto de la Administración Nacional y apenas el 1,5 del de todas las jurisdicciones. No digo esto porque haya que hacer un planteo escalonado; se podría aplicar para todo el conjunto. Si hubiera voluntad política no estaríamos discutiendo un escalonamiento de esta naturaleza.
Los números indican que pagando 150 pesos por chico desaparecería la indigencia, no habría hambre en la Argentina; y pagando sólo 60 pesos habría 3.300.000 niños indigentes menos en el país.
Esta sería una política de alcance universal que llegaría a todos y además sería claramente progresiva. Mientras el promedio general en la Argentina es de un chico por hogar, ese índice sube a 2,6 en el caso de hogares pobres y a más de 3 en el caso de hogares en situación de indigencia. Por ello es que obtendríamos un inmediato efecto distributivo que, además, implicaría una verdadera política de ingresos, porque lo que debe comprenderse es que en una Argentina donde sólo el 30 por ciento de los trabajadores está en blanco, ya no alcanza la política salarial para garantizar políticas de ingreso.
Termino señalando, simplemente, que existen condiciones fiscales para hacerlo. Esto tendría un impacto progresivo y no habría problemas de instrumentación; la pregunta es por qué no se hace.
Lo cierto es que, como sociedad, no sólo podríamos conmovernos por la muerte de chicos africanos; también deberíamos darnos cuenta de que hoy en nuestro país deberíamos parar cada una de las horas de nuestros días, porque cada hora en la Argentina muere un pibe por causas evitables. Cada hora podríamos estar velando a un hijo de nuestro pueblo.
Es verdad que esto confronta con las prácticas que hacen del uso y la perpetuación de la pobreza un modo de construcción política. Es cierto que esto confronta con la garantía de ingresos para ciertos hogares, ya que se otorga mayor capacidad a quienes están ocupados discutiendo nuestros niveles de vida con las principales empresas.
Es cierto también que los recursos que digo que existen realmente existirían si, por lo menos, entendiéramos que no debe haber una política que privilegie no sólo pagar intereses al Fondo Monetario sino también cancelar el capital.
Aquí hay responsabilidades concretas y, como podemos ver, es cierta la consigna que traía la marcha convocada por el Movimiento Nacional de Chicos del Pueblo, que recorrieron el país desde Tucumán hasta la Capital Federal diciendo que el hambre es un crimen.
Lo que se plantea aquí como deseable es que este Congreso no sólo sea capaz de brindar sus instalaciones para que se desarrolle la discusión del Parlamento Infantil, sino que también se pueda debatir en sus comisiones y en el recinto la decisión política de terminar con este crimen que se sigue cometiendo en la Argentina. (Aplausos.)

SR. PRESIDENTE(ARNOLD) Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

SRA. BARBAGELATA, MARIA ELENA (CAP FEDERAL): Señor presidente: el pedido para esta sesión ha sido reiteradamente planteado por nuestra bancada socialista y compartido por el resto de las bancadas presentes. Para nosotros constituye un punto esencial vinculado con el sostenimiento de la democracia.
La discusión sobre los derechos de los niños ha quedado permanentemente soslayada en un país que mira la seguridad solamente desde el punto de vista del aumento de las penas y del incremento de la vía represiva. Sólo para esto se acuerdan de los chicos.
Un gran silencio y total indiferencia embargan a esta Cámara y a la sociedad en general cuando tenemos que abordar el tema de la vía preventiva, que por excelencia es la que se orienta hacia los chicos, con políticas públicas que tiendan al reconocimiento del pleno ejercicio de sus derechos: a la alimentación, a la educación, a la vivienda, a vivir en su núcleo familiar con trabajo, a la nutrición y a la salud. Todos y cada uno de estos derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño -que tiene rango constitucional- son sistemáticamente violados cada día, como señalaba el señor diputado preopinante.
En la Argentina la mayoría de los niños están bajo la línea de pobreza; de nuestros quince millones de niños, nueve millones están bajo la línea de pobreza y un tercio de ellos bajo la línea de indigencia, siendo éste un país que puede alimentar a 300 millones de habitantes.
¿Cómo explicamos a los chicos -tal como decían el otro día en la plaza de Mayo, después de haber hecho miles de kilómetros para llegar allí- que en nuestro país no tienen qué comer? Es absolutamente inexplicable. Pero más inexplicable aún es que hoy no esté la Cámara reunida debatiendo proyectos como el de Ingreso Ciudadano a la Niñez, que hemos presentado junto con otro de Canasta Escolar para proveer a los chicos los útiles y libros que necesitan. Esta es una burla al derecho a la educación.
Tenemos el flagelo de la deserción y el de la sobreedad en el ámbito escolar. Los chicos no pueden acceder a la educación; su derecho a la educación es virtual. Es verdad que los derechos de los niños están consagrados, pero si bien somos pioneros en su reconocimiento, somos los últimos en poder garantizar efectivamente su ejercicio.
Recientemente, han salido a la luz algunos datos. Los números son nuevos, pero en realidad siempre venimos con el mismo tema. Este es el único país en el mundo en el que en los últimos diez o quince años ha crecido la desigualdad en la magnitud en que se ha dado, y no sólo en cantidad sino también en calidad. El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, tiene una abrupta señalización del crecimiento en muy poco tiempo. Nuestro país tiene el récord en materia de crecimiento de la desigualdad.
Es una vergüenza: igual que como ocurrió durante la década del 90, hoy crece el Producto Bruto Interno y, sin embargo, sigue aumentando la desigualdad. Y esta desigualdad tiene cara de niño; su costo mayor lo sufren los chicos, porque los daños que produce son irreparables. Un chico que queda fuera del sistema escolar sufre daños irreversibles.
En nuestro país tenemos más de un millón de chicos menores de dieciocho años que no estudian ni trabajan, que no tienen lugar, que están excluidos y que no cuentan más que para estos números. Esto se da ante la absoluta indiferencia de las políticas públicas.
Quiero señalar en particular lo que dice el artículo 4° de la Convención sobre los Derechos del Niño, que forma parte de la Constitución Nacional. Dicho artículo establece: "Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán las medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional."
Nuestro país está violando flagrantemente ese artículo. No sólo no dispone de los recursos hasta el máximo disponible sino que no dispone prácticamente de ningún recurso, y en todo caso lo hace muy mal, porque los aplica clientelarmente, de manera que no llegan a los chicos. Por eso, día a día, tenemos un cómputo de los chicos que van cayendo bajo la línea de pobreza y de la desnutrición.
En este país tenemos que decir claramente que por año nacen mil niños con sida; no hay prevención, no tienen acceso a la salud -ni ellos ni sus núcleos familiares- ni a los derechos básicos. Entonces, aunque lo miremos desde un punto de vista egoísta, meramente economicista o de productividad, tenemos que agregar el punto de vista humano del respeto a los derechos de los chicos.
Por eso, como decía el señor diputado Lozano, es una verdadera hipocresía que este Parlamento haya llamado a los chicos a debatir en una sesión del Parlamento Infantil. Realmente, parece un diálogo de sordos, porque los chicos piden pan, educación, trabajo, salud, vivienda, poder jugar, etcétera. Sin embargo, les permitimos sentarse acá pero después no consideramos absolutamente nada de lo que pidieron. Esto es una hipocresía. Vamos a seguir batallando por este tema.
De acuerdo con los registros, el riesgo país disminuyó a cuatrocientos cincuenta puntos, y esto parecería un triunfo; pero pienso que nuestro riesgo país sube hora a hora y día a día a raíz de la inacción, la indiferencia y el dolo frente a nuestros niños. Digo esto porque tenemos la gran responsabilidad de cumplir básicamente con lo que establece nuestra Constitución Nacional.
Esta es la gran deuda. Esta casa medio vacía demuestra la absoluta falta de compromiso, la insensibilidad y el verdadero riesgo país de la Argentina: el riesgo de ser indiferentes ante los chicos, el riesgo de dejar pasar lo que no debería dejarse pasar. Estamos frente a un verdadero genocidio social. (Aplausos)

SR. PRESIDENTE(ARNOLD) Tiene la palabra la señora diputada por Río Negro.

SRA. HERNANDEZ, CINTHYA GABRIELA (RIO NEGRO): Señor presidente: es una lástima que hoy haya tantas bancas vacías pertenecientes a quienes reconocen como líderes y padres políticos tanto a Perón como a Evita, quienes pareciera que no siguen el lineamiento de aquel mandato exclusivo que diera Evita al señalar que en la Argentina los únicos privilegiados son los niños, aunque debo poner de relieve la excepción que constituyen los señores diputados del bloque mayoritario que se hallan presentes.
Tomando como nuestros muchos de los argumentos vertidos por los dos diputados preopinantes e insistiendo en que siete de cada diez niños argentinos son pobres y la mitad de ellos vive en la indigencia, nosotros sostenemos que el señor presidente de la Nación debe incluir este tema en la agenda pública.
Todos los días los medios sacan a relucir distintas cifras relativas a los niños que se encuentran en la calle, a los que trabajan, a los que constantemente le son vulnerados sus derechos. Nuestro bloque ha trabajado incansablemente en distintos proyectos vinculados a la problemática de la niñez y adolescencia. En el año 2003, el señor diputado Aldo Neri presentó un proyecto por el que se establecía un ingreso universal básico para los menores de 18 años, así como también para las mujeres embarazadas. Ello, en el marco de la concepción de una seguridad social universal, igualitaria y solidariamente distributiva, en función de todo el financiamiento posible en la Argentina. Tenemos sorprendentes recaudaciones, pero en ningún momento se vuelcan hacia políticas universales que contemplen, para todos los chicos, una asignación mensual básica. Sin embargo, se siguen sosteniendo programas de asistencia focalizada a nuestra niñez que, de ninguna manera, cumplen con el objetivo de que en nuestro país los niños tengan futuro. Es una utopía pensar que en la Argentina los niños tienen acceso a todos sus derechos.
Por lo expuesto, a través de la persona del señor presidente de la Cámara, invito a los legisladores ausentes a que hagan el favor de permitir que el cuerpo debata estos temas, y exhorto a que tales cuestiones sean incorporadas a la agenda pública. (Aplausos.)

SR. PRESIDENTE(ARNOLD) Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

SR. PEREZ, ADRIAN (BUENOS AIRES): Señor presidente: seré breve porque existen coincidencias básicas en los cuatro proyectos que sobre esta temática han ingresado a la Cámara.
Deseo aclarar que mi iniciativa es, en realidad, la reproducción del proyecto que en 1997 presentaran las entonces diputadas Carrió y Carca. En los fundamentos de tal iniciativa se establecía la necesidad de fijar alguna política universal de atención a la niñez, teniendo en cuenta que existía en aquel entonces más deun 30 por ciento de niños pobres. Hoy la pobreza en el sector de la niñez supera el 60 por ciento, por lo que la falta de tratamiento de estas cuestiones no es menor, ya que genera consecuencias terribles para los niños, quienes han sido los más afectados en términos de incremento de la pobreza y de la indigencia.
Obviamente, los cuatro proyectos presentados tienen similitudes. En todos se trata de establecer una asignación de carácter universal para los niños. Se intenta romper con las políticas actuales focalizadas, y se busca introducir un carácter preventivo, a fin de que no haya más niños que ingresen en situación de pobreza. Asimismo, todos intentan terminar con el clientelismo, en donde el Estado o el puntero político decide quién recibe y quién no.
Por supuesto que también existen diferencias. Hay proyectos, como el nuestro, que señalan la necesidad de una reforma del sistema tributario, mientras que otras iniciativas consideran que en este momento ello no sería conveniente.
Creo que con los recursos fiscales existentes se puede poner en práctica este tipo de medidas, que implican un ingreso universal y garantizado para todos los niños. Está claro que la situación actual de los niños es moralmente inaceptable y complica a la misma economía.
El hecho de que haya niveles de pobreza tan altos no trae consecuencias menores. Existe una retracción muy fuerte del mercado interno, lo que me parece que debe ser revertido prontamente.
Como lo hemos señalado en otras oportunidades, hoy me hubiese gustado que la Cámara tuviera quórum para aprobar esta iniciativa, pero vamos a seguir insistiendo a fin de que estos proyectos puedan ser considerados en las comisiones pertinentes, sabiendo que la demora ha traído consecuencias muy graves, como el incremento sistemático de la pobreza en la Argentina.

SRA. MONTEAGUDO, MARIA LUCRECIA (BUENOS AIRES): ¡Pido la palabra!

SR. PRESIDENTE(ARNOLD) La Presidencia no puede otorgarle la palabra, señora diputada, ya que sólo autorizará a expresarse a los legisladores que han firmado el pedido de convocatoria a sesión especial o a los autores de los proyectos correspondientes.
Como no hay diputados que se encuentran en esta situación, para referirse a los temas que fueron objeto del pedido de convocatoria a la segunda sesión especial, tiene la palabra el señor diputado por Misiones.

SR. DAMIANI, HERNAN NORBERTO (MISIONES): Señor presidente: ya hace bastante tiempo que desde el bloque de la Unión Cívica Radical varios legisladores venimos planteando la necesidad de discutir una cuestión vinculada con la recuperación de la calidad institucional y la credibilidad en uno de los poderes fundamentales del Estado, como es el Judicial.
Yo no voy a abundar en conceptos absolutamente conocidos por los que estamos aquí. Quisiera apuntar a la oportunidad de esta discusión que planteamos no sólo los radicales, porque aparte de los proyectos sobre la disminución de miembros de la Corte Suprema hay varios otros de distintos bloques que tienden exactamente a lo mismo: recuperar la imparcialidad y la independencia del Poder Judicial a través de una integración adecuada. En este sentido vale recordar que son muchos los antecedentes, los que seguramente serán destacados a lo largo de esta sesión fracasada.
Creemos que también han sido bastantes las coincidencias en las que hemos avanzado en esta discusión, sobre todo en la Comisión de Justicia, donde prácticamente la totalidad de sus integrantes hemos acordado la necesidad de suscribir un dictamen y avanzar en la reducción del número de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a siete.
Fueron muchas las posturas o las propuestas que hubo a lo largo de nuestra historia, pero lo cierto es que nuestra Constitución Nacional no establece la cantidad de miembros de la Corte y que el ámbito de discusión para definir ese tema es el Poder Legislativo. Es el Congreso, en este caso nuestra Cámara, el que tiene la responsabilidad de decidir aquí y ahora cuál sería el número correcto.
Todos conocemos las consecuencias de aquel aumento del número de jueces de la Corte que permitió, en la década del noventa, que el Poder Ejecutivo nombrara, apoderándose del Poder Judicial, a cinco de sus integrantes, logrando una mayoría automática adicta. Como sabemos, esta Cámara dio los pasos que debía dar para desmantelar la Corte y avanzar en la recuperación de la independencia del Poder Judicial.
Más que intentar justificar las bondades de determinado número de miembros, quedó absolutamente evidenciado aquel argumento falaz o aquella fantochada que pretendía justificar el aumento de integrantes de la Corte Suprema en una supuesta agilización en la tramitación de las causas. Quedó absolutamente demostrado que el aumento de miembros significó que las causas que antes debían resolver cinco jueces fueran resueltas por nueve, con lo cual, lejos de agilizarse su tramitación -si ése hubiera sido el argumento-, se entorpeció su funcionamiento.
Debo decir que tanto nuestro proyecto como los otros que se han presentado no pretenden mejorar el funcionamiento de la Corte, lo que seguramente se podrá lograr modificando las leyes que regulan sus funciones. Por ejemplo, desde nuestro bloque se han presentado varias iniciativas tendientes a acotar su competencia quitándole causas de menor importancia, de forma tal de reducir el cúmulo de tareas que tiene actualmente y que la convierte en un órgano de funcionamiento demasiado pesado.
Nuestra propuesta tiene que ver fundamentalmente con la oportunidad, porque si observamos lo ocurrido en los últimos tiempos advertiremos que se han dado situaciones que llevaron a que en la Corte se produjeran vacantes. Cuando planteamos esta discusión lo hicimos con la clara intención de recuperar la credibilidad que la Corte ha perdido por su propia acción o por la acción de esa mayoría adicta. Aclaro que no me refiero sólo al Poder Ejecutivo sino también a los poderosos de turno, como lo hemos demostrado en cada uno de los enjuiciamientos que se han llevado a cabo en este ámbito; hablamos de los poderosos económicos, de los poderosos mediáticos y, por supuesto, de las decisiones del Poder Ejecutivo.
Es fundamental que avancemos en esta discusión. Por ello, deseo remarcar que el único mecanismo previsto en nuestro diseño constitucional es el de la intervención del Poder Ejecutivo en el nombramiento de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Esta realidad que se nos presenta frente a las vacantes que por distintos motivos se han generado -por renuncia o por destitución de sus miembros-, en la práctica nos provoca una nueva duda que pretendemos desalojar rápidamente. Debemos dejar en claro que en la República nadie pretende pasar de una Corte con una mayoría adicta a un signo político a otra adicta a otro signo político.
No dar este debate y, por ende, no disminuir los miembros de la Corte implica lisa y llanamente un nuevo apoderamiento del Poder Judicial de la Nación.
Por esa razón, queremos dejar en claro nuestra pretensión, que es coincidente con la de otros bloques políticos que hoy se encuentran presentes e incluso con la de algunos integrantes del bloque de la mayoría, que han sido autores de iniciativas similares que apuntan a acotar la cantidad de miembros del Supremo Tribunal con el objetivo de recuperar calidad institucional. Pero esta discusión debe darse en este tiempo, porque hay vacantes probables. Esto lo planteamos hace tres años, hace dos y también el año pasado a través de distintas iniciativas.
Tengamos en cuenta que sobre este tema el Poder Ejecutivo sólo puede opinar, porque esta discusión no es del ámbito de decisión de dicho poder. Al no haberse establecido en la Constitución la cantidad de integrantes de la Corte, corresponde al Congreso de la Nación y a esta Cámara dar el debate en este tiempo y decidir la nueva integración. No hacerlo y dejar estas bancas vacías implica decir una cosa y en la práctica hacer otra.
Caer en aquella tentación hegemónica de manejar todo de nuevo no es bueno para la República; no es bueno que un presidente designe a tantos ministros del Alto Tribunal.
Desde este bloque hemos trabajado durante más de una década para recuperar un Poder Judicial independiente. Para que ello sea posible debemos desalojar cualquier tipo de especulación en ese sentido. De ahí esta propuesta de buena fe para disminuir ahora la cantidad de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El hecho de no hacerlo muestra a las claras la intención de seguir desembarcando en ese Tribunal con nuevos nombramientos. Esto puede terminar en un nuevo apoderamiento del Poder Judicial mediante la conformación de una nueva mayoría adicta al gobierno.
El número propuesto de siete miembros entendemos que es razonable. Sabemos que algunos plantean una integración menor y otros una integración mayor a la actual. En cada uno de los casos encontramos argumentos suficientes. De lo que se trata es de integrar una Corte con un número que no sea tan pequeño, porque eso puede provocar que la jurisprudencia cambie periódicamente. Tenemos que lograr estabilidad en los fallos rectores de la Corte Suprema. Pero tampoco podemos establecer una integración tan amplia que implique que la renovación quede cristalizada en el tiempo.
Nos parece el propuesto un número razonable, más allá de las circunstancias que apuntamos de que esta es la oportunidad, porque de lo contrario, con las horas y días que siguen se dispararán los mecanismos previstos para cubrir las vacantes que existan. Siendo inminente la posible creación de nuevas vacantes por renuncias anunciadas y por el mecanismo de enjuiciamiento público pendiente de decisión final en el ámbito del Senado de la Nación, nos parece que esta es la oportunidad, y en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical justificamos de esta forma la convocatoria para discutir este tema.
Espero que la ausencia de la mayoría de esta Cámara, que hoy provoca que haya fracasado esta sesión especial, con la clara intención de dotar a la Nación de un Poder Judicial creíble e independiente, no se traduzca en el fracaso de la discusión de este tema en los próximos días, para que la recuperación de la calidad institucional no sea un mero discurso o una nueva fantochada por parte del Poder Ejecutivo nacional. (Aplausos.)

SR. PRESIDENTE(ARNOLD) Tiene la palabra la señora diputada por Córdoba.

SRA. LEYBA DE MARTI, BEATRIZ (CORDOBA): Señor presidente: durante estas manifestaciones en minoría relativas a la segunda sesión especial convocada para el día de la fecha, fracasada por falta de número ante la ausencia del bloque del partido oficialista, vamos a tocar el mismo tema que ha sido mencionado en las manifestaciones correspondientes a la primera sesión especial, también fracasada, es decir los niños, los jóvenes y los adolescentes de este país.
La ley de emergencia pública en materia educativa va dirigida a aquellos niños con problemas de desnutrición infantil, a los repitentes, que permanentemente son expulsados del sistema educativo y pasan a engrosar el número de analfabetos en este país.
El Estado nacional tiene que ser el garante del cumplimiento de los principios de la Constitución Nacional, y para esto, para que haya igualdad de oportunidades, deberá adecuar los contenidos curriculares de la educación inicial y general básica, e implementar una metodología de enseñanza y aprendizaje con el objeto de que los educandos que hayan padecido o padezcan de desnutrición infantil alcancen la nivelación correspondiente en el ciclo a través de la actuación de equipos interdisciplinarios y especializados; de esta manera la escuela podrá cumplir con la función de contención y el Estado nacional garantizar la igualdad de oportunidades para todos los niños de este país.
Todos sabemos que el tema de la desnutrición infantil es grave en nuestro país porque afecta cada vez más a mayor cantidad de niños y realmente a veces provoca procesos irreversibles si los casos no son atendidos a tiempo.
En este estado de cosas no se entiende que el presidente de la Nación haya inaugurado el período de sesiones del año 2004 diciendo que se debía reparar la deuda interna y que no iba a pagar la deuda externa a costa del hambre del pueblo argentino, y ahora realmente se esté pagando la deuda externa más puntualmente que lo que lo hizo cualquier otro gobierno, olvidándose totalmente de la deuda interna de este país.
La deuda interna tiene consecuencias irreversibles, porque cuando un niño es expulsado del sistema educativo tiene como futuro la calle, la delincuencia, la droga y los malos hábitos. Esto crea ciudadanos irrecuperables, es decir, un problema que a nosotros -que estamos tan preocupados por la desigualdad y por la inseguridad- nos debe convencer de que estamos en un momento de mucho riesgo. En realidad, estamos provocando un futuro mucho más negro en comparación con el gris que tenemos ahora.
La Unión Cívica Radical tiene el arraigado concepto de que la educación no es un gasto sino una inversión. Por lo tanto, creemos que es sumamente injusto que en un país que todavía tiene muchas riquezas no se invierta parte del superávit que estamos logrando con las medidas económicas que se han tomado en revertir esta situación de riesgo que viven los niños en nuestro país. El problema es que si no lo hacemos a tiempo llegaremos demasiado tarde.
Este proyecto de ley tiende a la prevención de males futuros, y como tal es un verdadero desafío. De modo que hubiésemos querido que hoy este recinto estuviera colmado; hubiéramos deseado que la iniciativa fuera tratada rápidamente en el ámbito de las comisiones, porque no hay tiempo que perder. La desnutrición tiene consecuencias fatales y los niños de nuestro país no merecen estar pasando hambre; a veces los niños se desmayan en las aulas de las escuelas y esto es una verdadera injusticia.
Si queremos ser adalides de los derechos humanos -incluso en mi provincia hay políticos que rescatan las políticas del señor presidente en esta materia-, deberíamos preguntarnos de qué derechos humanos estamos hablando. Evidentemente, no estamos cumpliendo con las bases mínimas de justicia social que deberían estar encarnadas no solamente en un partido político sino también en toda la sociedad.
El partido de la Unión Cívica Radical nació para lograr el bien común. Tal vez como políticos muchas veces nos hemos equivocado, pero si hay algo que debemos hacer es tomar el compromiso de llevar adelante políticas de Estado. La implementada por este proyecto de ley es una de esas políticas que no puede esperar más; esto es algo que deberíamos haber hecho ayer.
Causa mucha tristeza que el Congreso no esté funcionando desde hace más de un mes, cuando existen temas sociales muy importantes para debatir; es una lástima que no logremos el acuerdo necesario como lo hicimos en otras oportunidades con otras leyes como la de obediencia debida. Es necesario terminar con algunas costumbres de obediencia debida en este recinto y abocarnos al tratamiento de temas realmente importantes para la sociedad, que no pueden esperar más.

SR. PRESIDENTE(ARNOLD) Agotada la lista de diputados a quienes correspondía hacer uso de la palabra, se dan por finalizadas las manifestaciones en minoría.