Discursos

Período:122 Reunion:7 Fecha:20/04/2004 MANIFESTACIONES EN MINORÍA

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Existe un pedido de sesión especial presentado por el señor diputado Natale.
No habiendo número suficiente, la Presidencia va a proceder a declarar fracasada la sesión, pero antes se dará lectura por Secretaría del pedido correspondiente.

SR.(SECRETARIO (ROLLANO)) Dice así:

- SE LEE LA CONVOCATORIA A SESION ESPECIAL

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) La Presidencia va a declarar fracasada la sesión, pero en la próxima reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria va a quedar debidamente aclarado que los taquígrafos permanecerán en el recinto para registrar la palabra de quienes hayan presentado el proyecto motivo de la convocatoria a sesión especial.
Los taquígrafos estarán en el recinto mientras hablen los autores de los proyectos y no para que eso dé lugar a que haya cuarenta discursos. Esto lo digo porque en una reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria hubo quejas, dado que no había taquígrafos una vez que se declaraba fracasada la sesión. Como la Presidencia no quiere que haya quejas, de ahora en adelante procederá en la forma indicada.
En este caso, por ser el señor diputado Natale el autor del proyecto, se le dará la palabra a fin de que los señores taquígrafos registren sus expresiones.
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

SR. NATALE, ALBERTO A. (SANTA FE): Señor presidente: cuando la semana anterior estuvo presente el señor jefe de Gabinete de Ministros denuncié con pocas palabras la gravedad que implicaba el contrato directo que se estaba celebrando con la empresa Techint para la construcción del Gasoducto del Noreste Argentino.
Dejé indicado que existía un aporte estatal que no se había determinado, y que quedaba librado al arbitrio de los funcionarios que interviniesen. Dije que estábamos hablando de una obra que estimativamente se había calculado en ochocientos millones de dólares. Agregué que no había inversión de riesgo, porque contrariamente a lo que ocurre en estos casos se le garantizaba al inversor un 12 por ciento de rentabilidad neta anual sobre los activos invertidos en dólares. Consiguientemente, era necesario que el Poder Ejecutivo viniera a explicarnos una serie de interrogantes que nosotros formulamos en el pedido de interpelación al señor ministro de Planificación Federal, que contenía catorce puntos.
El señor jefe de Gabinete de Ministros, doctor Fernández, no contestó absolutamente nada.
En mi exposición me referí al contrato que se estaba elaborando -no dije que se había terminado- entre el gobierno nacional y la empresa Techint. El doctor Alberto Fernández -reitero que no contestó nada- se limitó a decir que todavía estaban en discusión los términos del contrato. Efectivamente, lo mismo que yo había dicho.
Además, señalé que se habían suscrito tres documentos muy importantes que voy a glosar rápidamente para que tome conocimiento el cuerpo de qué estamos hablando.
El 24 de noviembre de 2003, entre el señor ministro, arquitecto Julio Miguel De Vido, las autoridades de siete provincias -hablo de autoridades, porque en representación de algunos estados provinciales estuvieron los gobernadores, vicegobernadores, algún ministro del ramo o algún director de desarrollo gasífero-, y don Paolo Rocca -presidente de la empresa Techint-, se firmó el acuerdo federal para el lanzamiento del Gasoducto del Noreste Argentino.
Luego de una serie de consideraciones se estableció que entre los compromisos que iban a asumir las partes, el Estado nacional intensificaría las adecuaciones normativas que había que hacer para viabilizar la obra; estudiaría las medidas correspondientes para la contratación de volúmenes de gas por parte de las distribuidoras con el fin de asegurar la provisión al gasoducto, y gestionaría acuerdos de integración energética entre las provincias y los países limítrofes, fundamentalmente Bolivia.
A su vez, se instrumentarían medidas administrativas, presupuestarias, fiscales y financieras para que todo esto fuera viable. Además, se tomarían medidas tendientes a mitigar el impacto financiero de la aplicación del IVA. Esto también ya lo vamos a ver.
Las provincias se obligaban a facilitar los derechos de paso y a adaptar la carga impositiva para viabilizar la obra, etcétera, y el grupo inversor -la organización Techint- realizaría los estudios complementarios del anteproyecto, que es el mismo que esa empresa ya había presentado. Según esta iniciativa, contribuiría con fondos propios a la inversión requerida, a la vez que gestionaría los financiamientos adicionales que fueran necesarios.
Luego se establecía una etapa de revisión del anteproyecto elaborado por Techint, de la normativa aplicable y de la financiación, especificando cuál sería el aporte de cada una de las partes signatarias, es decir, cuál sería el aporte del Estado nacional, el de las provincias y el de la empresa Techint para que, finalmente, después del desarrollo de esta elaboración, el gasoducto quedara habilitado en el invierno de 2006.
Esto era lo que se decía y lo que firmaron el señor ministro De Vido, las autoridades de las siete provincias y naturalmente el presidente del grupo Techint.
El 29 de enero de este año, en la ciudad de La Paz, Bolivia, se firma un acuerdo entre el ministro de Minería boliviano, el subsecretario de Combustibles de la Argentina, el representante de la embajada argentina, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Bolivianos y el representante de la Cancillería de Bolivia, a fin de incrementar el intercambio energético entre ambas repúblicas.
En dicho acuerdo se preveía rehabilitar la infraestructura del transporte de gas existente y sentar las bases regulatorias y jurídicas para posibilitar la concreción del Gasoducto del Noreste Argentino. Este convenio estaba directamente orientado a ir avanzando por etapas, contemplando la eventual necesidad de ampliar acuerdos sobre integración energética para promover su concreción.
Por último, hasta donde yo sé -y esto es lo más sabroso de la cuestión-, ya el 11 de febrero de este año se firmó entre el secretario de Energía de nuestro país y el representante de la empresa Techint el Acta Complementaria N° 1 al Acuerdo Federal para el Lanzamiento del Gasoducto del Noreste Argentino.
Entre otras especificaciones de este largo desarrollo, se establece: "Primero: Se ratifican las características del anteproyecto que había sido presentado por el grupo inversor el 24 de noviembre de 2003". Aquí queda claro de dónde proviene la iniciativa. Se define la traza que tendría el gasoducto y se adjunta como Anexo V la inversión necesaria para realizarlo.
Entonces, ya en forma expresa se dice: "Segundo: En relación con la Normativa Aplicable y la forma jurídica en que se estructurará el Proyecto, las Partes han identificado que resulta necesario lo siguiente a fin de garantizar la concreción del Proyecto: 2.1 En ejercicio de los derechos que le corresponden en su calidad de productor y concesionario de la explotación de hidrocarburos... la empresa Tecpetrol S.A..." -una empresa del grupo Techint- "...solicitará una concesión de transporte de gas desde la frontera con Bolivia" -por eso el acuerdo con ese país- y cuando le sea otorgada, el Poder Ejecutivo autorizará su cesión a otra sociedad integrante del grupo inversor o a un tercero que quiera intervenir.
Aquí debemos detenernos un instante para explicar algunas cuestiones.
Se invoca el artículo 28 de la ley 17.319, que fue sancionada en época de Onganía. Esa norma venía a terminar con el monopolio de la explotación de hidrocarburos que hasta ese momento tenía Yacimientos Petrolíferos Fiscales, y en lo que a gas se refiere, Gas del Estado, posibilitando que terceros privados pudieran acceder a la exploración y explotación de hidrocarburos.
A modo de excepción -porque la ley 17.319 establece específicamente que los terceros tienen que concurrir a licitación pública para ganar un área de exploración y explotación-, el que hubiera ganado una concesión podía tener derecho a construir su propio gasoducto y encargarse del transporte de sus hidrocarburos o gas.
Por supuesto, esto lo podía hacer de modo excepcional, a su costa y riesgo. Lo normal era que tanto la exploración y explotación de hidrocarburos como su transporte se adjudicaran a empresas privadas, mitigándose siempre la actividad de YPF o de Gas del Estado, pero cuando concurrían terceros se utilizaba la forma de la licitación pública.
En el caso especial de que algún concesionario hubiera ganado una licitación para explotar y transportar su propio petróleo o gas, podía pedir una concesión de transporte, pero esto era excepcional.
Ahora bien, ¿qué ocurre? Cuando el Congreso de la Nación sanciona la ley que rige actualmente -la 24.076-, el esquema cambia: expresamente se establece que quien produce no puede transportar y quien transporta no puede distribuir, y viceversa. Es decir que distingue tres etapas y crea una incompatibilidad absoluta entre productor, transportista y distribuidor.
El productor es el que produce y saca el petróleo o el gas; el transportista debe ser otra persona jurídica o física, y el distribuidor otra diferente, para que no haya colusión de intereses.
La producción es libre, el precio también es libre y lo fija el mercado; el transporte por los gasoductos está tarifado y lo fija el Estado, y la distribución la hacen los concesionarios, que en algunas provincias son estatales y en otras privados, y también es tarifada.
Para salvar los derechos adquiridos de aquellos que por el viejo régimen de la ley de Onganía pudieran ser transportistas y productores, deja a salvo esa excepción, y lo dice expresamente.
Según el mensaje del Poder Ejecutivo del 19 de junio de 1991 que tengo a la vista, se establece que: "En lo que concierne a esto último, debe quedar en claro que estas limitaciones son para el futuro...". Me refiero a la limitación de que no se puede ser productor y al mismo tiempo transportista, o transportista y a la vez distribuidor. Repito: "...debe quedar bien en claro que estas limitaciones son para el futuro y no afectan los derechos ya adquiridos. Estas limitaciones tienen por fin evitar que una misma persona o grupo empresario pueda tener a su cargo distintas etapas en la prestación del servicio...". Y agrega: "Por tal razón se justifica que las acciones de las sociedades que tengan por objeto el transporte y la distribución sean nominativas."
Entonces, el régimen establece que existen tres actividades totalmente distintas, que concurren todas adjudicadas por licitación pública, y que son incompatibles una con otra, salvo la excepción de las que hubieran "adquirido derecho" por la ley 17.319, que determina que las demás deben estar en uno de los tres rubros, pero no en los tres. Sin embargo, a nadie se le ocurre que quienes gozan de esa excepción podrían hacerlo con aportes del Estado, exenciones impositivas, subsidios, rentabilidad asegurada y demás.
Este es el argumento esgrimido, y por eso quería rebatirlo de antemano. Adelanto que el acuerdo es muy extenso, contiene muchas páginas, y hace expresa referencia a los convenios que se van a celebrar con Bolivia. En este sentido, establece todos los aspectos normativos que fueran necesarios a los fines de instrumentar el proyecto -me estoy refiriendo al acuerdo firmado el 11 de febrero entre el secretario Cameron y el representante de la empresa Techint-, y también las obligaciones de las partes.
Un párrafo señala expresamente que: "El Estado nacional a través de la Secretaría de Energía (...) deberá establecer un mecanismo tarifario que permita (...) obtener un retorno anual real en dólares sobre la inversión en el GNA del 12% (doce por ciento)."
Nunca he visto un contrato donde se garantiza al inversor rentabilidad. Este es un tema que lo hemos discutido largamente; no se trata de una inversión de riesgo. Cuando la tasa de interés en el mundo es del uno por ciento, aquí le garantizamos al inversor el 12 por ciento anual en dólares. Creo que no hay mejor inversión en el mundo que ésta, la cual sin duda debe ser una de las más sabrosas, y después veremos cómo se garantiza.
Además, entre los compromisos del Estado está el de "obtener las adecuaciones normativas necesarias que permitan neutralizar o reducir el impacto financiero originado en el impuesto al valor agregado que corresponde tributar sobre la inversión."
Recuerdan cuando la semana pasada discutíamos en la Comisión de Presupuesto y Hacienda el mensaje del
Poder Ejecutivo en el que pedía autorización para suprimir el IVA cuando él quisiera. Todos los sectores, inclusive el del justicialismo, plantearon serias objeciones ante el proyecto, que no obtuvo dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Me pregunto si el mensaje del Poder Ejecutivo no venía concatenado con este proyecto.
Si una de las preocupaciones consistía en que se eximiera del IVA a la empresa Techint al realizar la obra y aparece un mensaje kloikdel Poder Ejecutivo por el que se solicita autorización para liberar del IVA a quien crea adecuado, es fácil pensar en una íntima vinculación; y no creo estar viendo fantasmas.
Asimismo, en el convenio del 11 de febrero se establece: "Tercero: En relación con los aspectos financieros del Proyecto, las Partes han concordado que la viabilidad de un esquema financiero sustentable requiere: 3.1 Un aporte del Estado para compensar el costo incremental de la traza para abastecer a las provincias del NEA."
Hay una traza que arranca en Salta y termina en Buenos Aires. Si ahora tiene que pasar por Formosa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Chaco y el Norte de Santa Fe, habrá una diferencia de costos y no se establece cuál es su monto. Quedará para lo que resulte de la determinación que realicen los funcionarios.
Estamos hablando de un costo incremental en un proyecto de ochocientos millones de dólares. No se trata de una docena de biromes; son dos mil trescientos millones de pesos al cambio actual. Nada se dice acerca de cuál será el costo incremental y quién lo determinará.
En cuanto a cómo será el aporte del Estado, se dice que se realizará con los ingresos que provengan de la creación de un fondo de infraestructura energética que se instrumentará mediante la aplicación de una carga tarifaria específica. Es decir que para integrar ese fondo de infraestructura energética se está hablando de un aumento sobre la tarifa. Y por supuesto, para que el Estado no "meta mano", se crea un fondo fiduciario para administrar la carga que se usará para pagar el aporte del Estado nacional.
A continuación, aparecen los anexos que se integran al proyecto.
Dado que Tecpetrol tiene que pedir la concesión del transporte, podría quedar comprendida la extensión de la traza actualmente prevista para el Gasoducto del Noreste Argentino hasta llegar a Buenos Aires. De esta forma se asegura un buen mercado.
El Anexo II contiene especificaciones técnicas y en el Anexo III se establece un cronograma vinculado con el transporte, el esquema legal, la implementación de la exclusividad, la solicitud de la conexión, el acuerdo con Bolivia, la aprobación de la concesión y los contratos. En el cronograma se establece una especificación para los meses de los años 2004 y 2005. Dice: "November, December, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, January." Todo en inglés; será por esto de la globalización. Y este año vamos a celebrar en Rosario el III Congreso Mundial de la Lengua Española.
Por otra parte, se establece que la aprobación del IVA estará condicionada a los tiempos parlamentarios. Están previstos los tiempos que acá nos tomemos, sin perjuicio de que la sanción no debería producirse después de mayo de 2004. Por eso, en abril de 2004 autorizamos al Poder Ejecutivo para que exonere del IVA a las actividades que estime conveniente.
En el Anexo IV está el cronograma preliminar de la construcción, es decir los programas de obra, y en el Anexo V se encuentra la previsión financiera.
La estimación inicial de la inversión que se requerirá para construir el Gasoducto del Noreste Argentino es de setecientos noventa y tres millones de dólares. Estos valores corresponden a la estimación preliminar, están siendo corroborados mediante estudios y, por lo tanto, son susceptibles de modificaciones futuras. Este monto no incluye el impuesto al valor agregado -IVA-, y para que no quede ninguna duda aclara que es del 21 por ciento.
Luego, continúa señalando que el monto antes mencionado tampoco incluye los impuestos sobre los ingresos brutos y de sellos, ni las tasas municipales, que en total ascienden al 3 por ciento de la inversión.
El anexo VI señala: "El Estado nacional...deberá: Definir un esquema tarifario que permita obtener el 12% por ciento real sobre activos..." -no sobre el patrimonio neto- "...de retorno en dólares de la inversión, y que permita a GNA estructurar la financiación del proyecto."
Más adelante agrega que el Estado deberá garantizar en base a tarifas el costo de la capacidad de transporte e implementar un esquema dentro del mercado mayorista que incentive a la usina a contratar en forma directa el transporte, a efectos de incentivar la clientela y asegurar el mercado. También hace mención a una serie de normas, que sería muy largo y tedioso leerlas en este momento.
Asimismo, hay una serie de mapas, en los que se aprecia la diferencia de la traza entre lo proyectado y lo ejecutado.
Todo esto pone en evidencia el grado de avance de los contratos, que según dijo el señor jefe de Gabinete, doctor Alberto Fernández recién se estaban elaborando. Por ello, quisiéramos preguntar al señor ministro De Vido por qué la contratación directa. ¿Por qué no se determina el aporte del Estado? ¿Por qué se garantiza una rentabilidad del 12 por ciento sobre activos? Nos gustaría saber también si él considera que esta es una inversión de riesgo. ¿Cuál es el costo fiscal del proyecto? ¿Cuál será el aumento tarifario que se deberá aplicar para realizar esta obra? En definitiva, son muchas las preguntas que deberíamos hacer al señor ministro, que están parcialmente desarrolladas en el pedido de interpelación que hemos presentado.
Revisando los antecedentes legislativos que existen sobre esta cuestión, encontré que en el debate que tuvimos en la Cámara de Diputados en oportunidad de sancionarse la ley 24.076 -fíjense qué coincidencia-, el entonces diputado justicialista Oscar Parrilli -actual secretario General de la Presidencia-, en su calidad de miembro informante del despacho que se estaba tratando señaló lo siguiente: "Por este motivo quiero dejar perfectamente aclarada la postura del Poder Ejecutivo y la nuestra, como representantes del pueblo, a fin de que si el día de mañana existe una zona que no es económicamente rentable para que el capital privado invierta, seremos nosotros -el Congreso- y no el Poder Ejecutivo los que mediante el dictado de partidas especiales en la ley de presupuesto tomemos la decisión política de llevar el servicio a una determinada zona."
El diputado Oscar Parrilli decía lo que acabo de leer, pero parece que el secretario General de la Presidencia Oscar Parrilli piensa de una manera distinta; esto no está mal porque algunas veces, a lo largo de la vida, hay que rectificarse.
No quiero extenderme demasiado en esta explicación. Sólo deseo señalar que el gasoducto del NEA es una obra muy necesaria y deseada por las provincias de Formosa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Chaco y también por los habitantes del Norte santafesino.
Además, recuerdo que cuando se privatizó la empresa Gas del Estado nosotros estuvimos de acuerdo con la idea original y con el mecanismo que se proponía, y por eso lo apoyamos.
Sin embargo, cuestionamos seriamente -figura en los Diarios de Sesiones- que no se incluyera la obligación de la expansión del servicio para el futuro. Evidentemente, esta tendría que haber sido una obligación que tenía su costo, pero que debería haber quedado a cargo del concesionario.
En mi opinión, el gasoducto hay que hacerlo, y también creo que no es financiable exclusivamente a través de la rentabilidad económica de los particulares. Si ese gasoducto hubiera llegado -como alguna vez se pensó- hasta Porto Alegre, a efectos de llevar gas no sólo al NEA sino también a Brasil, no tengo dudas de que se hubiese autofinanciado. Pero si no va a llevar gas a Brasil y sólo se queda en el NEA, probablemente no sea rentable. En este caso se justificaría que el Estado realice un aporte económico. Digo esto porque considero que el Estado puede subsidiar actividades privadas cuando no son rentables, pero para eso tendría que existir un mecanismo claro y transparente.
Si el gobierno nacional toma la iniciativa de
construir el gasoducto del NEA, ¿qué tiene que hacer? Definir la traza y el servicio, elaborar un presupuesto y llamar a licitación pública, y quien pida el menor subsidio se quedará con la concesión. Quizás gane Techint, que tiene muchos caños por esa zona, o a lo mejor otra empresa, pero de lo que estoy absolutamente seguro es de que el subsidio del Estado va a ser infinitamente menor si se hace una licitación pública que si se sigue este mecanismo tortuoso.
Este procedimiento nada tiene de transparente. Que funcionarios de primero, segundo, tercero o cuarto rango se sienten a discutir cuál es el aporte o el costo del valor incremental de la obra para determinar el costo del Estado no es nada transparente.
Que con una argucia jurídica que no tiene sostenimiento legítimo alguno se adjudique a una empresa una obra de ochocientos millones de dólares no tiene nada de transparente.
Que se asegure a esa empresa una rentabilidad del 12 por ciento neto actual sobre dólares, es inaudito. Yo no recuerdo que en muchos años se haya dado garantía de rentabilidad a una inversión privada de ninguna naturaleza. Son todas inversiones de riesgo, a las que por lo general les va bien, y a veces mal, pero insisto, son inversiones de riesgo, no con una garantía de rentabilidad asegurada y con un elaborado y fino mecanismo que garantiza plenamente que esto se cobre.
Todas estas cosas son las que el ministro De Vido debería venir a explicar a este recinto. En ese sentido, espero que la mayoría justicialista que hoy no nos ha acompañado comprenda la necesidad de que esto se encauce por los carriles debidos, porque con seguridad está impuesta de esta cuestión.
Muchos señores diputados de distintos sectores -también de esa bancada- escucharon la somera exposición que realicé en este recinto hace pocos días, y si pudieran tomar conocimiento de algunos datos más que hoy he aportado, seguramente van a incrementar sus preocupaciones.
Así estamos en vista de un tremendo negociado. Lo digo con todas las de la ley, y ustedes saben que no soy de usar esas palabras, pero tal como esto se está instrumentando es la puerta abierta para un tremendo negociado. Si este gobierno se jacta de ser tan transparente en todas sus afirmaciones, que dé marcha atrás en lo que está haciendo y haga las cosas como se debe. (Aplausos.)

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) No habiendo otros temas para tratar, la Presidencia espera ver mañana a los señores diputados en la sesión, o en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria en la que se decidirán los asuntos a debatir.