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Discursos
Período:122 Reunion:5 Fecha:07/04/2004 MODIFICACIÓN DE LOS CÓDIGOS PENAL Y PROCESAL PENAL Y DE LA LEY NACIONAL DE ARMAS Y EXPLOSIVOS (CONTINUACIÓN)
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Prosigue la consideración del asunto en tratamiento.
Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.
Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.
SR. PERNASETTI, HORACIO FRANCISCO (CATAMARCA):
Señor presidente: usted preguntó a los presidentes de bloque qué estábamos debatiendo. Quiero aclarar que evidentemente son los dos primeros expedientes...
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
La Presidencia planteó la inquietud con toda buena voluntad, señor diputado, para que se entendiera que se estaban haciendo cosas que nos parecía que no correspondían.
SR. PERNASETTI, HORACIO FRANCISCO (CATAMARCA):
Las referencias que se hacen a la propuesta del señor diputado Ruckauf tienen que ver con una observación que él realizó al proyecto de ley sobre armas.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Discúlpeme, señor diputado, pero no fue ese el planteo de la señora diputada.
SR. PERNASETTI, HORACIO FRANCISCO (CATAMARCA):
Señor presidente: estamos preocupados porque esas observaciones ayer no figuraban en el dictamen de comisión y ni siquiera se anunció que serían aceptadas por parte de integrantes del bloque Justicialista. Hoy, nos enteramos aquí de que hay dos cambios que alteran el ritmo del debate, y por eso es lógico que se haga referencia a ello.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
La Presidencia considera que eso no tiene que ver con el tema en cuestión.
Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.
Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.
SRA. BARBAGELATA, MARIA ELENA (CAP FEDERAL):
Señor presidente: ...
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
La Presidencia informa a la señora diputada que los señores diputados Monteagudo, Ruckauf y Macaluse le solicitan interrupciones.
SRA. BARBAGELATA, MARIA ELENA (CAP FEDERAL):
No las concedo, señor presidente.
Como señaló el señor diputado Pernasetti, venimos a este recinto con una gran incertidumbre sobre lo que se va a votar. En el curso mismo del debate se están cambiando los textos, y esto es producto de que nadie tiene en claro lo que está sucediendo con esta cuestión.
A tal punto llega la confusión que muchos alegan que no están de acuerdo con el aumento de las penas como una herramienta eficaz para combatir el delito, y terminan anunciando que van a acompañar los tres proyectos sin siquiera saber qué dice el último de ellos, que sería una conjunción de las iniciativas de los señores diputados Ruckauf y Casanovas.
Quiero señalar que agravar las penas y las condiciones del cumplimiento como herramienta para disminuir la criminalidad es totalmente contradictorio. Así se puede apreciar de la evolución del derecho penal en los últimos años de nuestro país, a lo que hizo referencia el señor diputado Macaluse.
En 1999, se sancionó la ley 25.184, de aumento de penas por delitos culposos; en el año 2000, se sancionó la ley 25.297, de aumento de penas por delitos con armas de fuego. Asimismo, la ley 25.434, de 2001, daba mayores facultades policiales; la ley 25.601 contempla el aumento de penas por matar policías; la ley 25.742, de 2003, determina el aumento de penas por secuestro seguido de muerte; la ley 25.760, de 2003, otorga facultades a los fiscales y policías para allanar sin orden judicial en caso de secuestro; la ley 25.767, de 2003, dispone el aumento de penas cuando hay un menor involucrado; la ley 25.816, de 2003, contempla el aumento de penas en el caso de hurto cometido por fuerzas de seguridad; la ley 25.825, de 2003, prevé el aumento de penas a funcionarios públicos.
En esta historia sistemática de aumento de penas, la única pena que se rebajó fue la de subversión económica. Esa conducta se desincriminó y no fue casualidad.
Ahora bien, ¿qué pasó con el delito?, ¿disminuyó? No, el delito aumentó. Y si tomamos como ejemplo el caso de los secuestros -lo han publicado todos los medios de comunicación y nadie puede ignorarlo- debemos recordar que en el año 2001 hubo ciento noventa secuestros; en 2002, doscientos veinte, y en 2003, año en que fue sancionada la ley que establece la pena de prisión perpetua, fueron trescientos noventa. El efecto de esta ley, que establece el aumento de penas, no produjo absolutamente ninguna disminución y, por el contrario, tenemos más de un secuestro por día.
Resulta que hoy estamos discutiendo al revés, en vez de sincerarnos y ponernos a analizar cuáles son las herramientas que tenemos que usar y que lamentablemente nunca se utilizan en este país para revertir verdaderamente el delito.
Si estamos discutiendo sobre el aumento de las penas y en el país hay suficiente experiencia al respecto, ¿por qué seguimos enfrascados en esta discusión? Pero la situación resulta más grave aún, porque si se considera cualquier doctrina o análisis serio fundado en la materia, todos señalan que no hay correlatividad entre el aumento de la pena y la disminución del delito.
Lo que estoy diciendo no lo estoy afirmando en forma caprichosa, lo dice Bernardo Kliksberg. El señor presidente estuvo presente en diciembre del año pasado, cuando participamos de una jornada que contó con la excelente exposición del doctor Kliksberg, consultor de Naciones Unidas y especialista en materia de la desigualdad, quien señaló a América Latina como la región más desigual del mundo.
Estamos en un volcán que va a explotar, decía Kliksberg. En un capítulo de su libro Hacia una Economía con Rostro Humano, dedicado al aumento de la criminalidad en América Latina y en el mundo, el citado autor hace una asociación entre la evolución del índice de criminalidad y la agudización de las contradicciones sociales, el aumento de la pobreza y las desigualdades.
Reitero que no traigo el tema en forma caprichosa. La realidad es que muchas veces el planteo es despreciado porque se dice que se trata de una cuestión de largo alcance, pero resulta que el largo alcance abarca a todos, porque por no mirar un poco más allá estamos siempre tapando agujeros, estos se hacen cada vez más grandes y no habrá tapón que resista. Va a entrar agua en el barco y terminará hundiéndose.
Hoy estamos aquí discutiendo cómo aumentamos las penas, aunque en realidad se trata de las modalidades de ejecución de las penas, porque no estamos aumentando las penas, ya que este tema vendrá al recinto la semana que viene.
Lo que se está tratando hoy es un agravamiento en el cumplimiento de la pena. Este agravamiento desconoce toda la trayectoria de los estudios vinculados al sentido de la pena.
También se dice que hay reincidencia y que por eso es mejor tener a los delincuentes adentro. Pero si están adentro, la única posibilidad que tenemos de rehabilitarlos es cumpliendo con los preceptos de la Constitución Nacional y con los pactos relativos a derechos humanos. Es cierto que se aplican para todos, pero entonces
apostemos a la rehabilitación, a cumplir con la Constitución Nacional. Si esto no funciona, mejoremos la ley para que se cumpla, pero no es que la ley esté mal porque plantea la rehabilitación.
Acá se mezcla todo en una gran bolsa, y entonces no sabemos cuál es la causa ni cuál es el efecto. Por eso pensamos que con el aumento de las penas vamos a arreglar todos los males de la delincuencia en nuestro país.
Las experiencias muestran que la disminución de la delincuencia se encuentra relacionada con la reducción de la pobreza. Hoy tendríamos que estar discutiendo qué hacemos con el superávit fiscal, cosa que no hemos hecho hasta ahora. En vez de llevar a los chicos a la escuela discutimos cómo bajar la edad de imputabilidad. Eso es un error. ¿Vamos a transformar al país en una gran cárcel? ¿Qué país queremos?
Como sostiene Kliksberg, hay ciudades de los Estados Unidos que tuvieron logros importantes en la reducción de la delincuencia, como San Diego y Boston. Allí se optó por un enfoque preventivo. Se hizo participar a toda la comunidad y a las iglesias en la lucha contra el delito y se desarrollaron vigorosos programas de apoyo a los jóvenes favorecidos.
En San Diego se desarrolló el concepto de policía comunitaria, que pone el acento en la resolución de los problemas mediante la cooperación activa y regular con la población. Por su parte, en Boston se jerarquizó la prevención de delitos violentos, centrándose en las armas de fuego.
Estas son medidas sencillas. Es cierto lo que se decía acá: la gente no pide elucubraciones sino medidas sencillas. Entonces, no nos explicamos por qué estas medidas no se toman si son las que efectivamente pueden conducir a disminuir el delito. Esta posición podría denominarse vía preventiva.
La otra vía, que sería la punitiva, está equivocada, porque lleva a resultados contrarios a los que se buscan. Los investigadores sostienen que se obtienen efectos aparentes y de corto plazo, que son siempre pasajeros, pero a mediano y largo plazo los índices delictivos siguen subiendo, que es lo que pasa en nuestro país a pesar del aumento de las penas. Así, por ejemplo, observamos que los homicidios siguen aumentando.
La vía punitiva pone énfasis en adoptar medidas de acción directa, aumentando el número de efectivos policiales, dando mayor discrecionalidad a la policía, modificando los códigos penales para reducir garantías -que según ellos obstaculizan el trabajo policial-, y aumentando el gasto general en seguridad.
Asimismo, dicha vía plantea bajar la edad de imputabilidad haciendo responsables y pasibles de ser encarcelados a los niños desde edades muy tempranas. En versiones muy extremas, esta tesis ha aparecido en diversos países que la han denunciado como la aplicación de la ejecución extrajudicial de delincuentes o sospechosos, e incluso la formación de grupos de exterminio organizados.
La vía punitiva, en suma, propugna castigar muy duramente cualquier falta. Hacia esa vía nos encaminamos y este es el debate de hoy.
Las medidas que estamos discutiendo se enmarcan en las siguientes propuestas: abandono del ideal de rehabilitación, multiplicidad de dispositivos ultrarrepresivos, generalización de penas fijas e imposibles de reducir -que es lo que vamos a tratar la semana que viene- y perpetuidad automática al tercer crimen, como ocurre en California. Quienes hoy glorifican el Estado penal son los mismos que ayer exigían menos Estado en materia económica y social, y es lo que se ve en esta Cámara.
A la atrofia deliberada del Estado social corresponde la hipertrofia del Estado penal. La miseria y la extinción de uno tiene como contrapartida necesaria y directa la grandeza y prosperidad del otro.
Este cambio de objetivos y de resultados traduce el abandono del ideal de la rehabilitación y su reemplazo por una pseudociencia penal cuya finalidad no es ya prevenir el crimen ni tratar al delincuente con vistas a su eventual reinserción social una vez cumplida la pena, sino aislar a grupos percibidos como peligrosos.
Eso es contrario a nuestra Constitución Nacional, que busca la vía de la rehabilitación. Si no estamos de acuerdo, modifiquemos la Constitución Nacional y el Pacto de San José de Costa Rica, que también apuesta a la rehabilitación y resocialización de quien delinque, que también es un ser humano.
En cambio, lo único que hacemos es postergar la salida de quien delinquió; postergarla sin modificar ninguna de las pautas de tratamiento, que es cierto que no andan; pero eso no significa que debamos modificar la ley para anular este tratamiento. Al contrario, debemos buscar los elementos para que la ley se cumpla, porque si no estaremos legislando para que nada se cumpla. Entonces, ¿para qué nos reunimos acá, señor presidente? Esto es lo que tenemos que debatir.
Analizando los resultados obtenidos en los Estados Unidos de América por la aplicación de estas políticas se advierte su rotundo fracaso: no ha habido reducción alguna de los índices de criminalidad, pese a lo que aparece en algún volante editado por Jeb Bush, el gobernador de Florida, donde habla de un espectacular retroceso por una ley que llama "de vida", en la que establece penas irreducibles de diez y veinte años.
Está totalmente comprobado que la criminalidad ascendió después de esta ley que no tuvo ninguna eficacia para bajar la criminalidad. Por el contrario, la aplicación de estas medidas ha llevado al aumento exorbitante de los encarcelamientos, que en América en general abarcan a tres millones de personas, y en Estados Unidos a dos millones de personas, siendo este último el país con mayor índice de población carcelaria entre las naciones occidentales. El índice de encarcelamiento alcanza a 6,4 en Estados Unidos, siendo entre seis y doce veces más alto que el de los países de la Unión Europea, mientras que hace treinta años la relación era de tres a uno.
No solamente no se redujo el crimen sino que aumentaron las denuncias por brutalidad policial. No existe en ningún lugar del mundo correlación alguna entre el índice de criminalidad y los índices de encarcelamiento. Esta política se ha aplicado ya en nuestro país; más precisamente en la provincia de Buenos Aires, donde se ha profundizado este tema y se ha modificado el Código Procesal Penal. Ayer mismo se estaban discutiendo estas mismas consideraciones. Agravando las excarcelaciones las cárceles pasaron de alojar diecisiete mil a veinticuatro mil presos, que hoy ocupan hasta comisarías. El delito no sólo no disminuyó sino que, como era previsible, aumentó.
En el 2001 los homicidios en la provincia de Buenos Aires alcanzaban a 1.632 mientras que en el 2002 a 1.905; la tasa promedio general del país es de 9,23 por cien mil, pero la provincia de Buenos Aires tiene 13,8 por cien mil; es decir que de poco vale la mano dura. La Ciudad de Buenos Aires tiene 6,2 por cien mil. Cito estas cifras para corregir algunas que se dieron ayer.
Por otra parte, aumentaron los suicidios y las muertes en las cárceles, como alguien también lo mencionó. Asimismo, aumentaron las denuncias contra la brutalidad policial y las denuncias de los propios jueces que señalan la corrupción policial y penitenciaria como uno de los factores que contribuyen a consolidar la impunidad y, por consiguiente, el aumento de la criminalidad.
Esa impunidad ha sido promovida desde las entrañas del poder político y de la mano del esquema de política represiva de mano dura. El resultado ha sido el encarcelamiento masivo que incrementó la población carcelaria en un 10 por ciento cada año.
El tema de la utilidad de la pena y del incremento de las penalidades como eje de la política criminal en materia de seguridad, por sus implicancias merece ser analizado técnicamente, más allá de componentes pasionales o informaciones interesadas. Así entendemos que debe efectuarse el abordaje de esta temática, ineludiblemente, sobre la base de los estudios y antecedentes científicos reconocidos en la materia.
Quiero citar a Hans Jescheck, uno de los penalistas más reconocidos del mundo en el plano internacional, que en su Tratado de Derecho Penal señala: "En todo el mundo se advierte un escepticismo creciente frente al valor pedagógico de la pena privativa de libertad y, por ello, tiende a su sustitución por otras penas o por un tratamiento en libertad..." "En esta línea se intenta...", "...encaminar la ejecución de la pena a la resocialización del condenado."
Los resultados de la última encuesta de las Naciones Unidas sobre investigaciones acerca de la relación
entre pena de muerte, que es la pena más alta en la escala penal -algunos podrían pensar que con penas graves se disuade el delito- y las estadísticas de homicidios -encuesta llevada a cabo en 1988 y actualizada en 1996-, indican que la investigación no ha conseguido demostrar científicamente que las ejecuciones tengan mayor efecto disuasivo que las otras condenas, y no es probable que lo consigan próximamente. En conjunto las pruebas científicas no dan ningún respaldo a la hipótesis de la disuasión.
El criminólogo español Antonio García Pablos de Molina, de reconocimiento mundial, considera que el modelo disuasorio clásico de respuesta al delito pone el acento en la pretensión punitiva del Estado y en el justo y necesario castigo al delincuente. Este modelo ha generado distintos reparos. En primer lugar, porque opera con una imagen simplificadora del mecanismo disuasorio y preventivo, reconociendo que el impacto psicológico de la pena no es una magnitud uniforme y homogénea sino relativa y circunstanciada, no susceptible de pronósticos generalizadores. Alguien dijo eso con palabras más simples: el delincuente no consulta el Código Penal para ver qué grado de pena tiene.
En segundo término, hoy hay evidencia empírica irrefutable -dice ese tratadista- de que la severidad del castigo es sólo una de las variables que intervienen en el mecanismo disuasorio, pero no la única ni la principal.
Sobre esta temática también quiero citar al investigador Tom Tyler en un trabajo publicado en "Temas de la democracia", en el periódico del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Señala: "Es interesante notar que los estudios realizados revelan que la motivación que sustenta el acatamiento diario a la ley no es típicamente el temor a ser castigado por ignorar o resistir la ley, lo que constituye la base de los modelos de disuasión. Otros estudios sugieren que la amenaza o el uso de sanciones influye también en cierta medida en el comportamiento relacionado con la ley.
"Sin embargo, de igual manera que en mi estudio, generalmente se determina que la magnitud de esa influencia es pequeña. Esta conclusión es típica de los hallazgos realizados en los estudios sobre el acatamiento de la ley: se ha encontrado que la disuasión ejerce, en el mejor de los casos, una pequeña influencia sobre el comportamiento de las personas".
En idéntico sentido, de acuerdo con el relevamiento efectuado por "The New York Times", los doce estados norteamericanos que no aplican la pena de muerte tienen igual o menor cantidad de homicidios que los estados donde sí se la utiliza, según surge de estadísticas gubernamentales. Esto indica claramente que la amenaza de ser condenado a muerte no disuade a los delincuentes.
El estudio también indica que en los Estados Unidos la tasa de homicidios aumenta y disminuye según patrones simétricos en los estados que tienen pena de muerte y en los que no la tienen. Esto surge de un análisis Estado por Estado, del que resulta que en los últimos veinte años el índice de homicidios en los estados con pena de muerte fue entre un 48 y un 101 por ciento más alto que el de los estados que no aplican esta pena. Las cifras hacen que resulte difícil pensar que haya algún tipo de efecto disuasivo.
Steven Messner, criminólogo de la Universidad de Nueva York, señala: "Sean cuales fueren los factores que influyen en el índice de homicidios, no parecen tener relación con la ausencia o presencia de la pena capital en un Estado".
Beccaria, que se ha citado aquí, uno de los padres del derecho penal moderno, autor de la obra clásica De los delitos y las penas sostuvo hace más de doscientos años: "Uno de los mayores frenos del delito no es la crueldad de las penas sino su infalibilidad, y en consecuencia, tanto la vigilancia de los magistrados como la severidad de un juez inexorable debe ir acompañada, para ser virtud útil, de una legislación suave. La certidumbre de un castigo, aunque sea moderado, causará siempre mayor impresión que el temor de otro más terrible pero unido a la esperanza de impunidad".
Este es el nudo de la cuestión. Se plantean los castigos terribles y crueles: que el delincuente no salga nunca de la cárcel; llevar las penas de perpetuidad a tal punto que la persona se muera en prisión. Pero el temor más terrible sería aplicar la pena, unido ello a la lucha contra la impunidad. Es lo que decían hoy, señor presidente, y lo voy a referir concretamente a los delitos contra la integridad sexual.
Hacemos grandes debates sobre el aumento de las penas, pero sólo el uno por ciento de estos hechos llegan a condena. ¿Qué pasa con el 99 por ciento restante? ¿Acaso se va a terminar el delito de violación porque se aumenten las penas? Digamos la verdad, señor presidente. Acá se dice: exijo que aumenten las penas para el delito de violación porque quiero que mi hija no tenga miedo cuando sale a la calle. Quiero aclarar que yo también tengo hijos, pero tenemos que legislar no sólo para los que tenemos hijos sino para todos.
Tenemos que legislar para todas las víctimas. Hay víctimas que me han venido a ver porque no les satisface la idea de que se aumenten las penas, ya que en realidad esto nunca pudo resolver el problema. Algunos ni siquiera llegaron a la denuncia, y muchos llegaron a la denuncia y ahí se terminó, porque saben que por detrás hay un hilo de corrupción e impunidad que no se toca o no se discute. Y esto parece que molesta mucho, señor presidente.
Quiero decir también que esto no lo decimos hoy como una cosa exótica de los socialistas sino que lo sostuvo Alfredo Palacios; lo único que hacemos es continuar con su batalla contra la impunidad.
¿Qué decía Alfredo Palacios en 1933, cuando se discutía lo mismo? Aclaro que esta no es la primera vez que el Parlamento discute este tema, y como decía otro colega, vamos a seguir discutiéndolo, porque nunca vamos a encontrar una solución por esta vía; nos vamos a sentar nuevamente y la solución va a consistir en hacer otra vuelta de tuerca para seguir con la cronología de los aumentos de penas que hemos reseñado.
Me permito citar a Alfredo Palacios, ya que recientemente se cumplieron cien años de su ingreso a esta Cámara. Decía: "Tanto el autor del código en vigor..." -se refiere al Código Penal- "...como todos los criminalistas, sostienen que el problema no se puede plantear, señor presidente, en el sentido de aumentar las penas, sino en el de evitar la impunidad del delito y esto es precisamente el grave hecho que se comprueba con las últimas estadísticas oficiales. La impunidad de los delitos, he ahí el mal (...) pues sólo se castiga en Argentina por excepción.
"Acompaño en cuanto a lo expresado respecto a la necesidad de defender a la sociedad de los delincuentes; para ello considero que, en primer término, es indispensable, absolutamente indispensable, tomar las medidas necesarias para que desaparezca la impunidad que ya Montesquieu, en su libro famoso, escrito hace más de dos siglos, consideraba el problema más grave. Son de él estas palabras 'si se examina la causa de cualquier relajación, se verá que procede de la impunidad de los delitos y no de la moderación de la pena'. Ya no se puede pensar, señor presidente, durante esta lucha incesante de la sociedad contra el crimen en que la solución sea el aumento de las penas." Así concluía Alfredo Palacios.
Hay que escuchar a todas las víctimas y buscar una solución que sume. Todos estamos buscando cuál es la mejor solución. Todos queremos que el crimen disminuya, y todos tenemos que abordar las distintas etapas, pero siempre pensando cuál es la causa real de la comisión de estos delitos.
Acá no hablamos de corrupción ni del sistema policial, judicial, penitenciario y político. Hablamos de un último eslabón que es la pena, que además llega mal y tarde. Tenemos que escuchar las denuncias hechas por miembros del propio Poder Judicial, que también tiene enormes bolsones de sospecha, que no funciona y que padece lentitud o morosidad. Y esto lo paga la gente. Lo pagamos cada uno de nosotros con la impunidad.
Hace pocos días, un camarista de San Isidro denunció que la inteligencia de los secuestros la hace la policía de ese partido. ¿No nos conmueve esto, señor presidente? ¿Vamos a seguir discutiendo si aumentamos las penas cuando un juez nos está diciendo semejante cosa? ¿Vamos a seguir discutiendo esto, que es falaz, cuando a una jueza de Tres Arroyos le aflojaron las tuercas de las ruedas de su automóvil para que tuviera un accidente, pues -según ella misma señaló- estaba investigando una red de corrupción? ¿Cómo apoyamos a estos jueces probos? Esta es mi pregunta, señor presidente, y ese debe ser nuestro desvelo y nuestra preocupación.
Todos conocemos las denuncias sobre las penitenciarías. Es denunciado por los propios jueces que los certificados de buena conducta se venden. Entonces, por más que sancionemos la ley y que aprobemos las mejores normas, lo que falla es la corrupción de los que las tienen que aplicar. Si no nos sacamos de encima este cáncer, no va a haber ninguna ley que sirva. Podremos seguir discutiendo eternamente, ya que damos la espalda al verdadero tema: hay muchos interesados en la pena capital, en la máxima pena, que no quieren discutir ni la corrupción ni la lucha contra la impunidad.
Quiero señalar otro ejemplo que ayer planteé en la Comisión de Legislación Penal, que se refiere al tema de las fiscalías. Debo resaltar el logro de la fiscalía de Mar del Plata, especializada en delitos contra la integridad sexual; sin embargo, se la cerró, y no es que hoy estemos preocupándonos de esta fiscalía.
Algunos se enteraron hoy, pero yo les puedo decir que en julio del año pasado se nos permitió utilizar el salón en donde se realizan las reuniones de la Comisión de Labor Parlamentaria para llevar a cabo unas jornadas consultivas, a las que asistió todo el equipo que trabajaba en esa fiscalía especializada en delitos contra la integridad sexual.
Se formó un equipo interdisciplinario, algo que acá parece de la estratosfera, y se lo hizo sin recursos. Trabajaban de común acuerdo con el hospital. A la víctima se la atendía una sola vez para no estar manoseándola en un proceso terrible, discriminatorio, que la revictimiza. Esta fiscalía formó un equipo interdisciplinario que en doce horas cerraba el circuito y obtenía todas las pruebas. ¿Cuál fue el resultado? Quintuplicó las denuncias que se realizaban mensualmente, hizo que la gente confiara en el Poder Judicial, confiara en sus instituciones.
Además, había un sistema de dos fiscales. Uno era de instrucción, como hay en algunas provincias y en la Ciudad de Buenos Aires, y otro de acusación. Esto significaba un contralor, más transparencia, una palabra que no es hueca sino concreta. Todo eso se dinamitó el año pasado: se sacó la especialización y la doble fiscalía.
Me pregunto por qué, si esto no tenía costo, estaba instrumentado y aprobado. ¿Por qué se retrocedió de tal forma, en una ciudad donde, dicho sea de paso, hay veinte mujeres desaparecidas cuyas causas no están esclarecidas?
Podemos poner múltiples ejemplos de leyes, incluso hasta de anuncios efectistas que pasan la prueba de los flashes pero después no pasan la prueba del delito. Por ejemplo, se hizo una gran movida con el tema de los desarmaderos, con gran propaganda. Como decía un señor diputado, en la misma inauguración del período de sesiones ordinarias se hacía hincapié en la lucha contra los desarmaderos, pero ese mismo día un periodista había recorrido los lugares que meses antes se habían cerrado y que son cuna de los delitos más oprobiosos, como se dice acá, los de homicidio y los de robo a mano armada.
¿Saben qué pasó con esos desarmaderos clausurados meses antes? Estaban funcionando y esto lo veían los vecinos. Son los vecinos quienes tienen que participar en esto. Los comisarios deben elegirse con el mismo procedimiento, revolucionario diría yo, que está aplicando este nuevo presidente -en esto le reconozco lo positivo- para designar miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el más alto tribunal de esta pirámide de impunidad. Esto está cambiando y es bueno que así sea.
Ojalá que estos cambios se lleven al nivel más bajo, que es el nombramiento de un comisario, en el que los vecinos puedan opinar con sus fiscales. ¿Tanto trabajo es crear fiscalías barriales? ¿Por qué tantos obstáculos?
La señora diputada Nilda Garré, el señor diputado Conte Grand y yo misma hemos presentado proyectos para constituir fiscalías barriales con las que se genere una comunicación más inmediata con la gente y mecanismos más transparentes y efectivos. Sin embargo, no las pudimos organizar.
El año pasado presenté un proyecto sobre fiscalía especializada; tenía orden del día impresa, pero se cayó. No se pudo tratar y hay que empezar todo de nuevo.
Pero hoy hay más sensibilidad que el año pasado y obtuvimos un despacho prácticamente unánime para instituir la fiscalía de delitos contra la integridad sexual; solamente hay una disidencia, del señor diputado Rodríguez Saá. Hace dos semanas el resto de los miembros de la Comisión de Justicia han aprobado este proyecto y ahora pasará a la Comisión de Presupuesto, en la que espero que no se estanque.
Como señaló el señor diputado Pernasetti, venimos a este recinto con una gran incertidumbre sobre lo que se va a votar. En el curso mismo del debate se están cambiando los textos, y esto es producto de que nadie tiene en claro lo que está sucediendo con esta cuestión.
A tal punto llega la confusión que muchos alegan que no están de acuerdo con el aumento de las penas como una herramienta eficaz para combatir el delito, y terminan anunciando que van a acompañar los tres proyectos sin siquiera saber qué dice el último de ellos, que sería una conjunción de las iniciativas de los señores diputados Ruckauf y Casanovas.
Quiero señalar que agravar las penas y las condiciones del cumplimiento como herramienta para disminuir la criminalidad es totalmente contradictorio. Así se puede apreciar de la evolución del derecho penal en los últimos años de nuestro país, a lo que hizo referencia el señor diputado Macaluse.
En 1999, se sancionó la ley 25.184, de aumento de penas por delitos culposos; en el año 2000, se sancionó la ley 25.297, de aumento de penas por delitos con armas de fuego. Asimismo, la ley 25.434, de 2001, daba mayores facultades policiales; la ley 25.601 contempla el aumento de penas por matar policías; la ley 25.742, de 2003, determina el aumento de penas por secuestro seguido de muerte; la ley 25.760, de 2003, otorga facultades a los fiscales y policías para allanar sin orden judicial en caso de secuestro; la ley 25.767, de 2003, dispone el aumento de penas cuando hay un menor involucrado; la ley 25.816, de 2003, contempla el aumento de penas en el caso de hurto cometido por fuerzas de seguridad; la ley 25.825, de 2003, prevé el aumento de penas a funcionarios públicos.
En esta historia sistemática de aumento de penas, la única pena que se rebajó fue la de subversión económica. Esa conducta se desincriminó y no fue casualidad.
Ahora bien, ¿qué pasó con el delito?, ¿disminuyó? No, el delito aumentó. Y si tomamos como ejemplo el caso de los secuestros -lo han publicado todos los medios de comunicación y nadie puede ignorarlo- debemos recordar que en el año 2001 hubo ciento noventa secuestros; en 2002, doscientos veinte, y en 2003, año en que fue sancionada la ley que establece la pena de prisión perpetua, fueron trescientos noventa. El efecto de esta ley, que establece el aumento de penas, no produjo absolutamente ninguna disminución y, por el contrario, tenemos más de un secuestro por día.
Resulta que hoy estamos discutiendo al revés, en vez de sincerarnos y ponernos a analizar cuáles son las herramientas que tenemos que usar y que lamentablemente nunca se utilizan en este país para revertir verdaderamente el delito.
Si estamos discutiendo sobre el aumento de las penas y en el país hay suficiente experiencia al respecto, ¿por qué seguimos enfrascados en esta discusión? Pero la situación resulta más grave aún, porque si se considera cualquier doctrina o análisis serio fundado en la materia, todos señalan que no hay correlatividad entre el aumento de la pena y la disminución del delito.
Lo que estoy diciendo no lo estoy afirmando en forma caprichosa, lo dice Bernardo Kliksberg. El señor presidente estuvo presente en diciembre del año pasado, cuando participamos de una jornada que contó con la excelente exposición del doctor Kliksberg, consultor de Naciones Unidas y especialista en materia de la desigualdad, quien señaló a América Latina como la región más desigual del mundo.
Estamos en un volcán que va a explotar, decía Kliksberg. En un capítulo de su libro Hacia una Economía con Rostro Humano, dedicado al aumento de la criminalidad en América Latina y en el mundo, el citado autor hace una asociación entre la evolución del índice de criminalidad y la agudización de las contradicciones sociales, el aumento de la pobreza y las desigualdades.
Reitero que no traigo el tema en forma caprichosa. La realidad es que muchas veces el planteo es despreciado porque se dice que se trata de una cuestión de largo alcance, pero resulta que el largo alcance abarca a todos, porque por no mirar un poco más allá estamos siempre tapando agujeros, estos se hacen cada vez más grandes y no habrá tapón que resista. Va a entrar agua en el barco y terminará hundiéndose.
Hoy estamos aquí discutiendo cómo aumentamos las penas, aunque en realidad se trata de las modalidades de ejecución de las penas, porque no estamos aumentando las penas, ya que este tema vendrá al recinto la semana que viene.
Lo que se está tratando hoy es un agravamiento en el cumplimiento de la pena. Este agravamiento desconoce toda la trayectoria de los estudios vinculados al sentido de la pena.
También se dice que hay reincidencia y que por eso es mejor tener a los delincuentes adentro. Pero si están adentro, la única posibilidad que tenemos de rehabilitarlos es cumpliendo con los preceptos de la Constitución Nacional y con los pactos relativos a derechos humanos. Es cierto que se aplican para todos, pero entonces
apostemos a la rehabilitación, a cumplir con la Constitución Nacional. Si esto no funciona, mejoremos la ley para que se cumpla, pero no es que la ley esté mal porque plantea la rehabilitación.
Acá se mezcla todo en una gran bolsa, y entonces no sabemos cuál es la causa ni cuál es el efecto. Por eso pensamos que con el aumento de las penas vamos a arreglar todos los males de la delincuencia en nuestro país.
Las experiencias muestran que la disminución de la delincuencia se encuentra relacionada con la reducción de la pobreza. Hoy tendríamos que estar discutiendo qué hacemos con el superávit fiscal, cosa que no hemos hecho hasta ahora. En vez de llevar a los chicos a la escuela discutimos cómo bajar la edad de imputabilidad. Eso es un error. ¿Vamos a transformar al país en una gran cárcel? ¿Qué país queremos?
Como sostiene Kliksberg, hay ciudades de los Estados Unidos que tuvieron logros importantes en la reducción de la delincuencia, como San Diego y Boston. Allí se optó por un enfoque preventivo. Se hizo participar a toda la comunidad y a las iglesias en la lucha contra el delito y se desarrollaron vigorosos programas de apoyo a los jóvenes favorecidos.
En San Diego se desarrolló el concepto de policía comunitaria, que pone el acento en la resolución de los problemas mediante la cooperación activa y regular con la población. Por su parte, en Boston se jerarquizó la prevención de delitos violentos, centrándose en las armas de fuego.
Estas son medidas sencillas. Es cierto lo que se decía acá: la gente no pide elucubraciones sino medidas sencillas. Entonces, no nos explicamos por qué estas medidas no se toman si son las que efectivamente pueden conducir a disminuir el delito. Esta posición podría denominarse vía preventiva.
La otra vía, que sería la punitiva, está equivocada, porque lleva a resultados contrarios a los que se buscan. Los investigadores sostienen que se obtienen efectos aparentes y de corto plazo, que son siempre pasajeros, pero a mediano y largo plazo los índices delictivos siguen subiendo, que es lo que pasa en nuestro país a pesar del aumento de las penas. Así, por ejemplo, observamos que los homicidios siguen aumentando.
La vía punitiva pone énfasis en adoptar medidas de acción directa, aumentando el número de efectivos policiales, dando mayor discrecionalidad a la policía, modificando los códigos penales para reducir garantías -que según ellos obstaculizan el trabajo policial-, y aumentando el gasto general en seguridad.
Asimismo, dicha vía plantea bajar la edad de imputabilidad haciendo responsables y pasibles de ser encarcelados a los niños desde edades muy tempranas. En versiones muy extremas, esta tesis ha aparecido en diversos países que la han denunciado como la aplicación de la ejecución extrajudicial de delincuentes o sospechosos, e incluso la formación de grupos de exterminio organizados.
La vía punitiva, en suma, propugna castigar muy duramente cualquier falta. Hacia esa vía nos encaminamos y este es el debate de hoy.
Las medidas que estamos discutiendo se enmarcan en las siguientes propuestas: abandono del ideal de rehabilitación, multiplicidad de dispositivos ultrarrepresivos, generalización de penas fijas e imposibles de reducir -que es lo que vamos a tratar la semana que viene- y perpetuidad automática al tercer crimen, como ocurre en California. Quienes hoy glorifican el Estado penal son los mismos que ayer exigían menos Estado en materia económica y social, y es lo que se ve en esta Cámara.
A la atrofia deliberada del Estado social corresponde la hipertrofia del Estado penal. La miseria y la extinción de uno tiene como contrapartida necesaria y directa la grandeza y prosperidad del otro.
Este cambio de objetivos y de resultados traduce el abandono del ideal de la rehabilitación y su reemplazo por una pseudociencia penal cuya finalidad no es ya prevenir el crimen ni tratar al delincuente con vistas a su eventual reinserción social una vez cumplida la pena, sino aislar a grupos percibidos como peligrosos.
Eso es contrario a nuestra Constitución Nacional, que busca la vía de la rehabilitación. Si no estamos de acuerdo, modifiquemos la Constitución Nacional y el Pacto de San José de Costa Rica, que también apuesta a la rehabilitación y resocialización de quien delinque, que también es un ser humano.
En cambio, lo único que hacemos es postergar la salida de quien delinquió; postergarla sin modificar ninguna de las pautas de tratamiento, que es cierto que no andan; pero eso no significa que debamos modificar la ley para anular este tratamiento. Al contrario, debemos buscar los elementos para que la ley se cumpla, porque si no estaremos legislando para que nada se cumpla. Entonces, ¿para qué nos reunimos acá, señor presidente? Esto es lo que tenemos que debatir.
Analizando los resultados obtenidos en los Estados Unidos de América por la aplicación de estas políticas se advierte su rotundo fracaso: no ha habido reducción alguna de los índices de criminalidad, pese a lo que aparece en algún volante editado por Jeb Bush, el gobernador de Florida, donde habla de un espectacular retroceso por una ley que llama "de vida", en la que establece penas irreducibles de diez y veinte años.
Está totalmente comprobado que la criminalidad ascendió después de esta ley que no tuvo ninguna eficacia para bajar la criminalidad. Por el contrario, la aplicación de estas medidas ha llevado al aumento exorbitante de los encarcelamientos, que en América en general abarcan a tres millones de personas, y en Estados Unidos a dos millones de personas, siendo este último el país con mayor índice de población carcelaria entre las naciones occidentales. El índice de encarcelamiento alcanza a 6,4 en Estados Unidos, siendo entre seis y doce veces más alto que el de los países de la Unión Europea, mientras que hace treinta años la relación era de tres a uno.
No solamente no se redujo el crimen sino que aumentaron las denuncias por brutalidad policial. No existe en ningún lugar del mundo correlación alguna entre el índice de criminalidad y los índices de encarcelamiento. Esta política se ha aplicado ya en nuestro país; más precisamente en la provincia de Buenos Aires, donde se ha profundizado este tema y se ha modificado el Código Procesal Penal. Ayer mismo se estaban discutiendo estas mismas consideraciones. Agravando las excarcelaciones las cárceles pasaron de alojar diecisiete mil a veinticuatro mil presos, que hoy ocupan hasta comisarías. El delito no sólo no disminuyó sino que, como era previsible, aumentó.
En el 2001 los homicidios en la provincia de Buenos Aires alcanzaban a 1.632 mientras que en el 2002 a 1.905; la tasa promedio general del país es de 9,23 por cien mil, pero la provincia de Buenos Aires tiene 13,8 por cien mil; es decir que de poco vale la mano dura. La Ciudad de Buenos Aires tiene 6,2 por cien mil. Cito estas cifras para corregir algunas que se dieron ayer.
Por otra parte, aumentaron los suicidios y las muertes en las cárceles, como alguien también lo mencionó. Asimismo, aumentaron las denuncias contra la brutalidad policial y las denuncias de los propios jueces que señalan la corrupción policial y penitenciaria como uno de los factores que contribuyen a consolidar la impunidad y, por consiguiente, el aumento de la criminalidad.
Esa impunidad ha sido promovida desde las entrañas del poder político y de la mano del esquema de política represiva de mano dura. El resultado ha sido el encarcelamiento masivo que incrementó la población carcelaria en un 10 por ciento cada año.
El tema de la utilidad de la pena y del incremento de las penalidades como eje de la política criminal en materia de seguridad, por sus implicancias merece ser analizado técnicamente, más allá de componentes pasionales o informaciones interesadas. Así entendemos que debe efectuarse el abordaje de esta temática, ineludiblemente, sobre la base de los estudios y antecedentes científicos reconocidos en la materia.
Quiero citar a Hans Jescheck, uno de los penalistas más reconocidos del mundo en el plano internacional, que en su Tratado de Derecho Penal señala: "En todo el mundo se advierte un escepticismo creciente frente al valor pedagógico de la pena privativa de libertad y, por ello, tiende a su sustitución por otras penas o por un tratamiento en libertad..." "En esta línea se intenta...", "...encaminar la ejecución de la pena a la resocialización del condenado."
Los resultados de la última encuesta de las Naciones Unidas sobre investigaciones acerca de la relación
entre pena de muerte, que es la pena más alta en la escala penal -algunos podrían pensar que con penas graves se disuade el delito- y las estadísticas de homicidios -encuesta llevada a cabo en 1988 y actualizada en 1996-, indican que la investigación no ha conseguido demostrar científicamente que las ejecuciones tengan mayor efecto disuasivo que las otras condenas, y no es probable que lo consigan próximamente. En conjunto las pruebas científicas no dan ningún respaldo a la hipótesis de la disuasión.
El criminólogo español Antonio García Pablos de Molina, de reconocimiento mundial, considera que el modelo disuasorio clásico de respuesta al delito pone el acento en la pretensión punitiva del Estado y en el justo y necesario castigo al delincuente. Este modelo ha generado distintos reparos. En primer lugar, porque opera con una imagen simplificadora del mecanismo disuasorio y preventivo, reconociendo que el impacto psicológico de la pena no es una magnitud uniforme y homogénea sino relativa y circunstanciada, no susceptible de pronósticos generalizadores. Alguien dijo eso con palabras más simples: el delincuente no consulta el Código Penal para ver qué grado de pena tiene.
En segundo término, hoy hay evidencia empírica irrefutable -dice ese tratadista- de que la severidad del castigo es sólo una de las variables que intervienen en el mecanismo disuasorio, pero no la única ni la principal.
Sobre esta temática también quiero citar al investigador Tom Tyler en un trabajo publicado en "Temas de la democracia", en el periódico del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Señala: "Es interesante notar que los estudios realizados revelan que la motivación que sustenta el acatamiento diario a la ley no es típicamente el temor a ser castigado por ignorar o resistir la ley, lo que constituye la base de los modelos de disuasión. Otros estudios sugieren que la amenaza o el uso de sanciones influye también en cierta medida en el comportamiento relacionado con la ley.
"Sin embargo, de igual manera que en mi estudio, generalmente se determina que la magnitud de esa influencia es pequeña. Esta conclusión es típica de los hallazgos realizados en los estudios sobre el acatamiento de la ley: se ha encontrado que la disuasión ejerce, en el mejor de los casos, una pequeña influencia sobre el comportamiento de las personas".
En idéntico sentido, de acuerdo con el relevamiento efectuado por "The New York Times", los doce estados norteamericanos que no aplican la pena de muerte tienen igual o menor cantidad de homicidios que los estados donde sí se la utiliza, según surge de estadísticas gubernamentales. Esto indica claramente que la amenaza de ser condenado a muerte no disuade a los delincuentes.
El estudio también indica que en los Estados Unidos la tasa de homicidios aumenta y disminuye según patrones simétricos en los estados que tienen pena de muerte y en los que no la tienen. Esto surge de un análisis Estado por Estado, del que resulta que en los últimos veinte años el índice de homicidios en los estados con pena de muerte fue entre un 48 y un 101 por ciento más alto que el de los estados que no aplican esta pena. Las cifras hacen que resulte difícil pensar que haya algún tipo de efecto disuasivo.
Steven Messner, criminólogo de la Universidad de Nueva York, señala: "Sean cuales fueren los factores que influyen en el índice de homicidios, no parecen tener relación con la ausencia o presencia de la pena capital en un Estado".
Beccaria, que se ha citado aquí, uno de los padres del derecho penal moderno, autor de la obra clásica De los delitos y las penas sostuvo hace más de doscientos años: "Uno de los mayores frenos del delito no es la crueldad de las penas sino su infalibilidad, y en consecuencia, tanto la vigilancia de los magistrados como la severidad de un juez inexorable debe ir acompañada, para ser virtud útil, de una legislación suave. La certidumbre de un castigo, aunque sea moderado, causará siempre mayor impresión que el temor de otro más terrible pero unido a la esperanza de impunidad".
Este es el nudo de la cuestión. Se plantean los castigos terribles y crueles: que el delincuente no salga nunca de la cárcel; llevar las penas de perpetuidad a tal punto que la persona se muera en prisión. Pero el temor más terrible sería aplicar la pena, unido ello a la lucha contra la impunidad. Es lo que decían hoy, señor presidente, y lo voy a referir concretamente a los delitos contra la integridad sexual.
Hacemos grandes debates sobre el aumento de las penas, pero sólo el uno por ciento de estos hechos llegan a condena. ¿Qué pasa con el 99 por ciento restante? ¿Acaso se va a terminar el delito de violación porque se aumenten las penas? Digamos la verdad, señor presidente. Acá se dice: exijo que aumenten las penas para el delito de violación porque quiero que mi hija no tenga miedo cuando sale a la calle. Quiero aclarar que yo también tengo hijos, pero tenemos que legislar no sólo para los que tenemos hijos sino para todos.
Tenemos que legislar para todas las víctimas. Hay víctimas que me han venido a ver porque no les satisface la idea de que se aumenten las penas, ya que en realidad esto nunca pudo resolver el problema. Algunos ni siquiera llegaron a la denuncia, y muchos llegaron a la denuncia y ahí se terminó, porque saben que por detrás hay un hilo de corrupción e impunidad que no se toca o no se discute. Y esto parece que molesta mucho, señor presidente.
Quiero decir también que esto no lo decimos hoy como una cosa exótica de los socialistas sino que lo sostuvo Alfredo Palacios; lo único que hacemos es continuar con su batalla contra la impunidad.
¿Qué decía Alfredo Palacios en 1933, cuando se discutía lo mismo? Aclaro que esta no es la primera vez que el Parlamento discute este tema, y como decía otro colega, vamos a seguir discutiéndolo, porque nunca vamos a encontrar una solución por esta vía; nos vamos a sentar nuevamente y la solución va a consistir en hacer otra vuelta de tuerca para seguir con la cronología de los aumentos de penas que hemos reseñado.
Me permito citar a Alfredo Palacios, ya que recientemente se cumplieron cien años de su ingreso a esta Cámara. Decía: "Tanto el autor del código en vigor..." -se refiere al Código Penal- "...como todos los criminalistas, sostienen que el problema no se puede plantear, señor presidente, en el sentido de aumentar las penas, sino en el de evitar la impunidad del delito y esto es precisamente el grave hecho que se comprueba con las últimas estadísticas oficiales. La impunidad de los delitos, he ahí el mal (...) pues sólo se castiga en Argentina por excepción.
"Acompaño en cuanto a lo expresado respecto a la necesidad de defender a la sociedad de los delincuentes; para ello considero que, en primer término, es indispensable, absolutamente indispensable, tomar las medidas necesarias para que desaparezca la impunidad que ya Montesquieu, en su libro famoso, escrito hace más de dos siglos, consideraba el problema más grave. Son de él estas palabras 'si se examina la causa de cualquier relajación, se verá que procede de la impunidad de los delitos y no de la moderación de la pena'. Ya no se puede pensar, señor presidente, durante esta lucha incesante de la sociedad contra el crimen en que la solución sea el aumento de las penas." Así concluía Alfredo Palacios.
Hay que escuchar a todas las víctimas y buscar una solución que sume. Todos estamos buscando cuál es la mejor solución. Todos queremos que el crimen disminuya, y todos tenemos que abordar las distintas etapas, pero siempre pensando cuál es la causa real de la comisión de estos delitos.
Acá no hablamos de corrupción ni del sistema policial, judicial, penitenciario y político. Hablamos de un último eslabón que es la pena, que además llega mal y tarde. Tenemos que escuchar las denuncias hechas por miembros del propio Poder Judicial, que también tiene enormes bolsones de sospecha, que no funciona y que padece lentitud o morosidad. Y esto lo paga la gente. Lo pagamos cada uno de nosotros con la impunidad.
Hace pocos días, un camarista de San Isidro denunció que la inteligencia de los secuestros la hace la policía de ese partido. ¿No nos conmueve esto, señor presidente? ¿Vamos a seguir discutiendo si aumentamos las penas cuando un juez nos está diciendo semejante cosa? ¿Vamos a seguir discutiendo esto, que es falaz, cuando a una jueza de Tres Arroyos le aflojaron las tuercas de las ruedas de su automóvil para que tuviera un accidente, pues -según ella misma señaló- estaba investigando una red de corrupción? ¿Cómo apoyamos a estos jueces probos? Esta es mi pregunta, señor presidente, y ese debe ser nuestro desvelo y nuestra preocupación.
Todos conocemos las denuncias sobre las penitenciarías. Es denunciado por los propios jueces que los certificados de buena conducta se venden. Entonces, por más que sancionemos la ley y que aprobemos las mejores normas, lo que falla es la corrupción de los que las tienen que aplicar. Si no nos sacamos de encima este cáncer, no va a haber ninguna ley que sirva. Podremos seguir discutiendo eternamente, ya que damos la espalda al verdadero tema: hay muchos interesados en la pena capital, en la máxima pena, que no quieren discutir ni la corrupción ni la lucha contra la impunidad.
Quiero señalar otro ejemplo que ayer planteé en la Comisión de Legislación Penal, que se refiere al tema de las fiscalías. Debo resaltar el logro de la fiscalía de Mar del Plata, especializada en delitos contra la integridad sexual; sin embargo, se la cerró, y no es que hoy estemos preocupándonos de esta fiscalía.
Algunos se enteraron hoy, pero yo les puedo decir que en julio del año pasado se nos permitió utilizar el salón en donde se realizan las reuniones de la Comisión de Labor Parlamentaria para llevar a cabo unas jornadas consultivas, a las que asistió todo el equipo que trabajaba en esa fiscalía especializada en delitos contra la integridad sexual.
Se formó un equipo interdisciplinario, algo que acá parece de la estratosfera, y se lo hizo sin recursos. Trabajaban de común acuerdo con el hospital. A la víctima se la atendía una sola vez para no estar manoseándola en un proceso terrible, discriminatorio, que la revictimiza. Esta fiscalía formó un equipo interdisciplinario que en doce horas cerraba el circuito y obtenía todas las pruebas. ¿Cuál fue el resultado? Quintuplicó las denuncias que se realizaban mensualmente, hizo que la gente confiara en el Poder Judicial, confiara en sus instituciones.
Además, había un sistema de dos fiscales. Uno era de instrucción, como hay en algunas provincias y en la Ciudad de Buenos Aires, y otro de acusación. Esto significaba un contralor, más transparencia, una palabra que no es hueca sino concreta. Todo eso se dinamitó el año pasado: se sacó la especialización y la doble fiscalía.
Me pregunto por qué, si esto no tenía costo, estaba instrumentado y aprobado. ¿Por qué se retrocedió de tal forma, en una ciudad donde, dicho sea de paso, hay veinte mujeres desaparecidas cuyas causas no están esclarecidas?
Podemos poner múltiples ejemplos de leyes, incluso hasta de anuncios efectistas que pasan la prueba de los flashes pero después no pasan la prueba del delito. Por ejemplo, se hizo una gran movida con el tema de los desarmaderos, con gran propaganda. Como decía un señor diputado, en la misma inauguración del período de sesiones ordinarias se hacía hincapié en la lucha contra los desarmaderos, pero ese mismo día un periodista había recorrido los lugares que meses antes se habían cerrado y que son cuna de los delitos más oprobiosos, como se dice acá, los de homicidio y los de robo a mano armada.
¿Saben qué pasó con esos desarmaderos clausurados meses antes? Estaban funcionando y esto lo veían los vecinos. Son los vecinos quienes tienen que participar en esto. Los comisarios deben elegirse con el mismo procedimiento, revolucionario diría yo, que está aplicando este nuevo presidente -en esto le reconozco lo positivo- para designar miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el más alto tribunal de esta pirámide de impunidad. Esto está cambiando y es bueno que así sea.
Ojalá que estos cambios se lleven al nivel más bajo, que es el nombramiento de un comisario, en el que los vecinos puedan opinar con sus fiscales. ¿Tanto trabajo es crear fiscalías barriales? ¿Por qué tantos obstáculos?
La señora diputada Nilda Garré, el señor diputado Conte Grand y yo misma hemos presentado proyectos para constituir fiscalías barriales con las que se genere una comunicación más inmediata con la gente y mecanismos más transparentes y efectivos. Sin embargo, no las pudimos organizar.
El año pasado presenté un proyecto sobre fiscalía especializada; tenía orden del día impresa, pero se cayó. No se pudo tratar y hay que empezar todo de nuevo.
Pero hoy hay más sensibilidad que el año pasado y obtuvimos un despacho prácticamente unánime para instituir la fiscalía de delitos contra la integridad sexual; solamente hay una disidencia, del señor diputado Rodríguez Saá. Hace dos semanas el resto de los miembros de la Comisión de Justicia han aprobado este proyecto y ahora pasará a la Comisión de Presupuesto, en la que espero que no se estanque.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
La Presidencia ruega a la señora diputada que redondee su exposición.
SRA. BARBAGELATA, MARIA ELENA (CAP FEDERAL):
Quiero señalar cuáles son los graves combates. Aquí se habla de graves delitos, pero la verdad es que se guardan pudorosos silencios sobre el narcotráfico y sobre el tráfico de armas y de personas. Son tres delitos que tienen una enorme vinculación con la corrupción, porque no los comete una persona en un ataque de furia; son llevados a cabo por sistemas organizados de gran corrupción y protección.
También hoy se pronuncia la Iglesia sobre este aspecto, y coincido totalmente con su postura. El obispo de Avellaneda, monseñor Rubén Frassia, dijo: "Las soluciones no están en el endurecimiento de las penas, sino en educar a la gente y en que siempre las sanciones deben apuntar a la rehabilitación." No lo dice una socialista sola; lo dice mucha gente de bien y también muchos señores diputados en esta Cámara, que advierten que no podemos seguir comprando espejitos de colores y votando el aumento de penas sin discutir la profundidad de esta problemática.
Somos los mismos que vinimos a discutir los indultos y la deuda externa, y vamos a ser los mismos que discutamos el destino del superávit fiscal, que debe dirigirse a los chicos para que se sienten en los bancos escolares y tengan los recursos necesarios.
La mortalidad infantil, la falta de acceso a la salud y a la educación y la falta de redes sociales de contención es lo que llevan a la gente a la delincuencia. Esto es algo que está probado en todo el mundo; es la vía preventiva a la que hacía alusión.
No nos debe espantar discutir sobre esto. ¿Cómo puede ser que se diga que en la Comisión de Legislación Penal esto no se debe discutir? Legislamos para la parcialidad. ¿No vamos a preguntarnos quién delinque y cómo lo hace? Justamente porque no nos preguntamos esto vamos a terminar votando soluciones equivocadas que nos harán retroceder.
Tenía muchas propuestas para formular, pero en mérito a la brevedad voy a solicitar su inserción.
También hoy se pronuncia la Iglesia sobre este aspecto, y coincido totalmente con su postura. El obispo de Avellaneda, monseñor Rubén Frassia, dijo: "Las soluciones no están en el endurecimiento de las penas, sino en educar a la gente y en que siempre las sanciones deben apuntar a la rehabilitación." No lo dice una socialista sola; lo dice mucha gente de bien y también muchos señores diputados en esta Cámara, que advierten que no podemos seguir comprando espejitos de colores y votando el aumento de penas sin discutir la profundidad de esta problemática.
Somos los mismos que vinimos a discutir los indultos y la deuda externa, y vamos a ser los mismos que discutamos el destino del superávit fiscal, que debe dirigirse a los chicos para que se sienten en los bancos escolares y tengan los recursos necesarios.
La mortalidad infantil, la falta de acceso a la salud y a la educación y la falta de redes sociales de contención es lo que llevan a la gente a la delincuencia. Esto es algo que está probado en todo el mundo; es la vía preventiva a la que hacía alusión.
No nos debe espantar discutir sobre esto. ¿Cómo puede ser que se diga que en la Comisión de Legislación Penal esto no se debe discutir? Legislamos para la parcialidad. ¿No vamos a preguntarnos quién delinque y cómo lo hace? Justamente porque no nos preguntamos esto vamos a terminar votando soluciones equivocadas que nos harán retroceder.
Tenía muchas propuestas para formular, pero en mérito a la brevedad voy a solicitar su inserción.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
La Presidencia advierte que en oportunidad de la votación en general someterá a la consideración de la Honorable Cámara las inserciones solicitadas por lo señores diputados en el curso de la presente sesión.
SRA. BARBAGELATA, MARIA ELENA (CAP FEDERAL):
Quiero concluir diciendo que la concepción punitiva de un estado penitenciario llega tarde y mal. La legislación penal no está sólo para reprimir, y en particular va a terminar reprimiendo la pobreza.
En una sociedad democrática la legislación debe estar al servicio de la prevención y de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Si estos objetivos no se garantizan ninguna ley tendrá eficacia para combatir el delito, porque no habrá verdad ni justicia.
No cedamos ante el miedo que provoca la inseguridad. Todos tenemos miedo; yo también puse rejas y tengo miedo. No cedamos al miedo ni a la tentación del autoritarismo y la represión.
Las balas que se mostraron en este recinto hoy sólo pueden sembrar más violencia. Rechazamos esta concepción; creemos que hay otras alternativas para construir una sociedad con verdad y justicia y sin impunidad ni corrupción.
De todos nosotros depende el camino que elijamos: más igualdad, más justicia, más solidaridad y derechos sociales y, fundamentalmente, menos impunidad. (Aplausos.)
En una sociedad democrática la legislación debe estar al servicio de la prevención y de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Si estos objetivos no se garantizan ninguna ley tendrá eficacia para combatir el delito, porque no habrá verdad ni justicia.
No cedamos ante el miedo que provoca la inseguridad. Todos tenemos miedo; yo también puse rejas y tengo miedo. No cedamos al miedo ni a la tentación del autoritarismo y la represión.
Las balas que se mostraron en este recinto hoy sólo pueden sembrar más violencia. Rechazamos esta concepción; creemos que hay otras alternativas para construir una sociedad con verdad y justicia y sin impunidad ni corrupción.
De todos nosotros depende el camino que elijamos: más igualdad, más justicia, más solidaridad y derechos sociales y, fundamentalmente, menos impunidad. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
La Presidencia invita a los señores diputados que quieran insertar sus discursos a que los hagan llegar a Secretaría.
La Presidencia señala que, de acuerdo con el registro que está llevando, se estaría votando en general alrededor de la una de la madrugada.
Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.
La Presidencia señala que, de acuerdo con el registro que está llevando, se estaría votando en general alrededor de la una de la madrugada.
Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.
SRA. MARINO, JULIANA ISABEL (CAP FEDERAL):
Señor presidente: nuestro bloque conoce perfectamente los proyectos en consideración. De todos modos, creo necesario hacer algunos comentarios generales por el marco en que se están discutiendo las iniciativas y por algunos discursos que se han vertido.
El tratamiento de hoy se encuentra en el contexto de una decisión de todos los señores diputados y de la sociedad argentina de escuchar a la enorme manifestación que se desarrolló el jueves pasado en la ciudad de Buenos Aires a partir del alevoso crimen de Axel Blumberg.
Quiero señalar que otorgamos a esa manifestación la mayor legitimidad y que siempre estamos prestos a atender el clamor social. Sin embargo, no ignoramos la importancia y el papel de los medios de comunicación social en la convocatoria a esa marcha, lo que es absolutamente legítimo en democracia.
De ninguna manera queremos mezclarnos con algunas presiones o intentos de apresurar el tratamiento de estos temas por parte de los aparatos ideológicos o culturales. Bien decía un señor diputado que debemos estar dispuestos a legislar bajo presión, pero me parece que aceptar soluciones simplistas de parte de esos aparatos ideológicos y culturales -que afortunadamente estuvieron al servicio de la democracia en la convocatoria a la marcha- no conducirá a la solución de los problemas.
Apelamos a esos aparatos para que estén al servicio de algunos argumentos importantísimos que aquí se han vertido y que hemos escuchado señalar por varios señores diputados preopinantes.
Consideramos que la seguridad está constituida por una serie de políticas vinculadas con conocimientos, decisiones y acciones que se ponen en marcha para afrontar el delito. Ese conjunto de decisiones, acciones y conocimientos consideran a la legislación como una parte fundamental, pero no central, de sus propósitos.
No considero, como aquí se ha dicho, que este debate sea de prejuicios. En razón de los temas, me parece muy importante el modo en que se están considerando los proyectos. Creo que la cuestión está llevando más tiempo a quienes proponemos modificaciones o queremos entender cómo va a ser el dictamen final presentado por el bloque oficialista.
Me parece que ha habido un intento de ser muy breves porque la realidad es elocuente. Creo que es verdad que la realidad es elocuente, pero no que las soluciones tienen que ser breves. Como representantes, nuestro deber es actuar con conciencia, basando nuestro accionar en la información adecuada, en estadísticas actualizadas, en aportes de expertos y en constataciones a partir del derecho penal, dentro de un contexto vinculado con las cifras de criminalidad y de la mayor o menor descontaminación de las instituciones encargadas de la aplicación de la ley.
Quisiera aclarar que, como se ha dicho aquí, no hay diputados que estén a favor de los delincuentes ni diputados que estén a favor de las víctimas, sino que todos estamos a favor de la consideración seria de un tema que afecta la seguridad de la Argentina, donde existe un orden social injusto que no genera las condiciones para atender con serenidad los lógicos problemas existentes en las sociedades modernas.
Se ha hablado largamente del agravamiento de las penas. Los discursos de los señores diputados preopinantes me eximen de volver a hablar de las leyes mediante las cuales se aumentaron las penas en estos últimos años, como también de las estadísticas que se han dado en relación con los resultados obtenidos sobre criminalidad.
Por eso, simplemente voy a poner el acento en uno de los puntos importantes del esquema de seguridad en nuestro país. Es necesaria la reforma del sistema judicial y del sistema vinculado con las fuerzas de seguridad y policiales de nuestro país. Estas cuestiones han sido requeridas y en muchos casos han surgido novedades, sin esperar los resultados finales. O sea que se ha retrocedido al no esperar que se verificara la disminución del delito.
Por eso, me resulta sorprendente que hoy se vuelvan a hacer planteos de agravamiento de las penas y de modificación de las condiciones en las cuales se ejecutan esas penas por parte de personas que, en su momento, tuvieron la autoridad para resolver algunos de estos graves y enquistados problemas de la Argentina.
También se ha dicho aquí que el problema de la inseguridad perjudica a todo el país. Tenemos conocimiento de recursos de hábeas corpus que fueron presentados en provincias en las que no existen cárceles federales, donde los presos vinculados al tráfico menor de drogas, a las "mulas", etcétera, están en containers o establecimientos de la Gendarmería. Por lo tanto, sabemos que en las provincias existen problemas similares en relación con el sistema penitenciario.
Simplemente, me voy a referir a la experiencia vivida en la provincia de Buenos Aires, porque debido a la cantidad de su población, a su extensión, a la concentración de indigencia y de pobreza, de promiscuidad, etcétera, ha sido imposible garantizar la seguridad de sus habitantes.
Hace algunos años en esa provincia se intentó llevar adelante una reforma policial, que en este momento no estoy en condiciones de describir en detalle y menos aún hablar de sus resultados, porque esa reforma se frenó.
Lo que sí me parecería importante es destacar algunos de sus elementos centrales, para tomarlos en cuenta en relación con la reforma policial que debe producirse en todo el país o en otras provincias. Deben tenerse en cuenta algunos temas fundamentales, como el de la participación de la comunidad.
La reforma policial que se llevó adelante en 1997 en la provincia de Buenos Aires implicó intervenir la Policía Bonaerense, creando una unidad de investigación compleja, que integraría la futura policía de investigaciones, afectando además de estas áreas especiales disueltas a otras existentes en ese momento, como la Unidad Especial contra el Juego y la Prostitución, la Comisión Caso Cabezas, el Área Especial Causa AMIA, la Comisión Especial Caso Bru y la Comisión Caso Chascomús. En ese sentido, quiero señalar que la reforma policial iniciada en aquel momento y cuyo resultado hoy no podemos verificar, entendía de una enorme importancia la integración de las soluciones de la comunidad organizada. Se refería a algunos delitos a cuyos autores no se había logrado detectar o detener, así como también a la creación de comisiones vinculadas con propuestas positivas de soluciones relacionadas con cada una de las jurisdicciones y los pueblos, cada uno con sus características.
Esa reforma policial intentaba un programa de formación y capacitación y planteaba estudiar la sindicalización del personal policial. En otra consideración acerca de si la policía debe ser un organismo absolutamente autónomo, no subordinado al poder político o a organismos vinculados a los gobiernos provinciales o nacionales, esa sindicalización del personal policial tenía como sentido que los integrantes de la Policía Federal, además de pertenecer a una fuerza de seguridad, fueran trabajadores al servicio de la comunidad.
Por otra parte, planteaba la creación de un nuevo sistema policial, haciendo distintas divisiones: policía de seguridad, policía de investigaciones, policía de custodia y traslado de detenidos y policía de seguridad vial. También expresaba cuál era la dependencia institucional y los principios básicos de conducta y actuación de la policía. No entraré en detalles; sólo diré que también creaba un instituto de política criminal y seguridad que tendría que ver con toda esta reforma, su seguimiento y sus modificaciones. Dicho instituto fue definitivamente clausurado por el gobernador de ese momento a principios del año 2000.
Esa misma reforma propiciaba una comisión bicameral de seguimiento de una reforma de tamaña envergadura. Estoy tomando como ejemplo algunas de las importantísimas reformas que requerirían el concurso no sólo de todos los señores diputados y de todos los ámbitos de gobierno del país y de las provincias, sino también de todos los medios de comunicación social y de las más de ciento cincuenta mil personas que acompañaron el petitorio entregado hace pocos días, respecto del cual tenemos opinión de cada uno de sus puntos.
Solamente queremos hacer notar la ausencia de una propuesta de reforma policial o de reforma de la administración en este sentido, que sería fundamental para lograr que tanto la ley que se sancione hoy como las ya existentes puedan ser aplicadas con ecuanimidad, encontrando en este servicio el adecuado para la excelente aplicación de las leyes.
En la provincia de Buenos Aires también hubo reformas que resultaron controvertidas, referidas a dejar o no en manos de los fiscales el inicio de las causas. Independientemente de esta controversia, lo que ocurrió una vez definida fue que no se nombraron los suficientes fiscales.
En la Argentina actuamos en coyunturas muy especiales sin la suficiente consideración de los temas. No llevamos adelante con continuidad las políticas centrales acerca de las cuales se logra el consenso y la pluralidad de todas las fuerzas políticas, y entonces no se puede verificar si algunas de estas recetas hubieran alcanzado una solución.
He escuchado aquí en algunos discursos de los señores diputados un argumento que se utiliza permanentemente: la comparación con otras policías del mundo. Creo que esa comparación es inútil, pero aunque fuera provechosa ya se sabe que en algunos lugares donde la policía funciona bien, esa policía es la que combate el delito y no sólo lo administra, y es una policía que, salvo en casos de excepción, no se encuentra vinculada con las mafias de las redes de los delitos más duros, como aquí planteaba la señora diputada Barbagelata, es decir, el tráfico de armas, el tráfico de personas, el tráfico de drogas, que generan las condiciones para la generalización de delitos menores donde se ven involucradas otras personas de menor responsabilidad y condición social.
Para poder comparar a nuestra policía con otras del mundo, que cumplen con su deber, necesitaríamos llevar adelante una reforma que destierre la impunidad y la asociación con el delito, que divida a cada una de sus policías, que incorpore a la comunidad activamente y donde cada uno de nosotros sea responsable como dirigente político de hacer que las instituciones no se desnaturalicen.
También se crearon los foros de participación -por eso lo estoy diciendo- y rápidamente las fuerzas políticas corrimos a meter allí a nuestros punteros y a nuestros compañeros. Cada uno de nosotros hace de cada una de las organizaciones de base que se plantean en los organismos de seguridad un coto, una vez más, de nuestros intereses políticos.
De todas maneras, sigo siendo una defensora de la participación de la comunidad y sólo digo que si podemos hablar de estos temas larga y sinceramente, y no en forma breve como aquí se ha planteado, podremos llegar a compromisos mayores para las soluciones de fondo.
Este tema ya se venía tratando o comenzaba a tratarse porque recientemente se conformaron las comisiones. Se habían tratado en el Senado estos dos proyectos del Poder Ejecutivo. Quiere decir que el Poder Ejecutivo estaba interesado en proponer una reforma; ese mismo Ejecutivo que se está citando y al que nosotros tenemos mucho interés de escuchar, porque consideramos que la situación actual de la seguridad en la Argentina amerita que nos presenten planes a nivel nacional y de las jurisdicciones.
Quiere decir que estos proyectos se estaban tratando y que perdieron la adecuada forma de ser tratados, a mi modo de ver, por posiciones simplistas o tal vez demagógicas en relación con los propios temas.
Para nuestro bloque la posición es complicada, porque a través de diputados integrantes de la comisión hemos seguido las diferentes alternativas planteadas en la Comisión de Legislación Penal, pero nos enteramos hoy en este recinto de que vuelve a haber modificaciones que se plantearon luego de la reunión que realizó la citada comisión. Aquí se contestó que siempre un bloque puede volver a plantear modificaciones. Lo difícil es tratar en el recinto la postura frente al expediente0348-s-2003 , por ejemplo, ya que se anuncian nuevas modificaciones que prácticamente desconocemos.
Además, cuando hicimos el abordaje de ambos proyectos encontramos que de alguna manera el tratamiento era sesgado y no encuadrado en el verdadero objetivo que se pretende. Así, observamos la existencia de algunas contradicciones en el sentido de desarmar o de armar a la sociedad, y algunos discursos en el recinto no nos están arrojando claridad para tomar adecuadamente una posición, porque no entendemos cómo se va a determinar cuáles son las personas de bien que van a poder armarse y cuáles son aquellas que no van a poder hacerlo cuando todavía no se ha cometido el delito.
En este sentido, nosotros hemos tomado muy en cuenta algunas consideraciones que se han hecho acerca de que ambos proyectos van a tener repercusión o impacto en la posición que debemos asumir con respecto al uso de las armas por parte de la población civil en la Argentina.
Entendemos que la forma en que se ha tratado este proyecto no provee las condiciones para que podamos garantizar la total seguridad jurídica en la aplicación de esta nueva norma. De todas maneras, en su momento haremos las consideraciones puntuales respecto de cada una de las diferentes cuestiones.
Solamente queremos ofrecernos al conjunto de las comisiones de esta Cámara y al resto de los bloques para poder conformar una comisión bicameral o bien solicitar que se declare en emergencia a las comisiones que tengan competencia en la materia. Nuestra idea es aportar soluciones reales y completas para resolver adecuadamente la situación de inseguridad que vive la Argentina.
Ojalá que algunas movilizaciones importantísimas que se hicieron en nuestro país para el funcionamiento de la Justicia en la Argentina -como la que organizó el Frenapo para proponer algunas reformas al sistema de seguridad social, donde se recogieron cientos de miles de firmas- puedan tener el mismo eco, la misma amplificación mediática y generar idéntica preocupación a todos los actores sociales.
El tratamiento de hoy se encuentra en el contexto de una decisión de todos los señores diputados y de la sociedad argentina de escuchar a la enorme manifestación que se desarrolló el jueves pasado en la ciudad de Buenos Aires a partir del alevoso crimen de Axel Blumberg.
Quiero señalar que otorgamos a esa manifestación la mayor legitimidad y que siempre estamos prestos a atender el clamor social. Sin embargo, no ignoramos la importancia y el papel de los medios de comunicación social en la convocatoria a esa marcha, lo que es absolutamente legítimo en democracia.
De ninguna manera queremos mezclarnos con algunas presiones o intentos de apresurar el tratamiento de estos temas por parte de los aparatos ideológicos o culturales. Bien decía un señor diputado que debemos estar dispuestos a legislar bajo presión, pero me parece que aceptar soluciones simplistas de parte de esos aparatos ideológicos y culturales -que afortunadamente estuvieron al servicio de la democracia en la convocatoria a la marcha- no conducirá a la solución de los problemas.
Apelamos a esos aparatos para que estén al servicio de algunos argumentos importantísimos que aquí se han vertido y que hemos escuchado señalar por varios señores diputados preopinantes.
Consideramos que la seguridad está constituida por una serie de políticas vinculadas con conocimientos, decisiones y acciones que se ponen en marcha para afrontar el delito. Ese conjunto de decisiones, acciones y conocimientos consideran a la legislación como una parte fundamental, pero no central, de sus propósitos.
No considero, como aquí se ha dicho, que este debate sea de prejuicios. En razón de los temas, me parece muy importante el modo en que se están considerando los proyectos. Creo que la cuestión está llevando más tiempo a quienes proponemos modificaciones o queremos entender cómo va a ser el dictamen final presentado por el bloque oficialista.
Me parece que ha habido un intento de ser muy breves porque la realidad es elocuente. Creo que es verdad que la realidad es elocuente, pero no que las soluciones tienen que ser breves. Como representantes, nuestro deber es actuar con conciencia, basando nuestro accionar en la información adecuada, en estadísticas actualizadas, en aportes de expertos y en constataciones a partir del derecho penal, dentro de un contexto vinculado con las cifras de criminalidad y de la mayor o menor descontaminación de las instituciones encargadas de la aplicación de la ley.
Quisiera aclarar que, como se ha dicho aquí, no hay diputados que estén a favor de los delincuentes ni diputados que estén a favor de las víctimas, sino que todos estamos a favor de la consideración seria de un tema que afecta la seguridad de la Argentina, donde existe un orden social injusto que no genera las condiciones para atender con serenidad los lógicos problemas existentes en las sociedades modernas.
Se ha hablado largamente del agravamiento de las penas. Los discursos de los señores diputados preopinantes me eximen de volver a hablar de las leyes mediante las cuales se aumentaron las penas en estos últimos años, como también de las estadísticas que se han dado en relación con los resultados obtenidos sobre criminalidad.
Por eso, simplemente voy a poner el acento en uno de los puntos importantes del esquema de seguridad en nuestro país. Es necesaria la reforma del sistema judicial y del sistema vinculado con las fuerzas de seguridad y policiales de nuestro país. Estas cuestiones han sido requeridas y en muchos casos han surgido novedades, sin esperar los resultados finales. O sea que se ha retrocedido al no esperar que se verificara la disminución del delito.
Por eso, me resulta sorprendente que hoy se vuelvan a hacer planteos de agravamiento de las penas y de modificación de las condiciones en las cuales se ejecutan esas penas por parte de personas que, en su momento, tuvieron la autoridad para resolver algunos de estos graves y enquistados problemas de la Argentina.
También se ha dicho aquí que el problema de la inseguridad perjudica a todo el país. Tenemos conocimiento de recursos de hábeas corpus que fueron presentados en provincias en las que no existen cárceles federales, donde los presos vinculados al tráfico menor de drogas, a las "mulas", etcétera, están en containers o establecimientos de la Gendarmería. Por lo tanto, sabemos que en las provincias existen problemas similares en relación con el sistema penitenciario.
Simplemente, me voy a referir a la experiencia vivida en la provincia de Buenos Aires, porque debido a la cantidad de su población, a su extensión, a la concentración de indigencia y de pobreza, de promiscuidad, etcétera, ha sido imposible garantizar la seguridad de sus habitantes.
Hace algunos años en esa provincia se intentó llevar adelante una reforma policial, que en este momento no estoy en condiciones de describir en detalle y menos aún hablar de sus resultados, porque esa reforma se frenó.
Lo que sí me parecería importante es destacar algunos de sus elementos centrales, para tomarlos en cuenta en relación con la reforma policial que debe producirse en todo el país o en otras provincias. Deben tenerse en cuenta algunos temas fundamentales, como el de la participación de la comunidad.
La reforma policial que se llevó adelante en 1997 en la provincia de Buenos Aires implicó intervenir la Policía Bonaerense, creando una unidad de investigación compleja, que integraría la futura policía de investigaciones, afectando además de estas áreas especiales disueltas a otras existentes en ese momento, como la Unidad Especial contra el Juego y la Prostitución, la Comisión Caso Cabezas, el Área Especial Causa AMIA, la Comisión Especial Caso Bru y la Comisión Caso Chascomús. En ese sentido, quiero señalar que la reforma policial iniciada en aquel momento y cuyo resultado hoy no podemos verificar, entendía de una enorme importancia la integración de las soluciones de la comunidad organizada. Se refería a algunos delitos a cuyos autores no se había logrado detectar o detener, así como también a la creación de comisiones vinculadas con propuestas positivas de soluciones relacionadas con cada una de las jurisdicciones y los pueblos, cada uno con sus características.
Esa reforma policial intentaba un programa de formación y capacitación y planteaba estudiar la sindicalización del personal policial. En otra consideración acerca de si la policía debe ser un organismo absolutamente autónomo, no subordinado al poder político o a organismos vinculados a los gobiernos provinciales o nacionales, esa sindicalización del personal policial tenía como sentido que los integrantes de la Policía Federal, además de pertenecer a una fuerza de seguridad, fueran trabajadores al servicio de la comunidad.
Por otra parte, planteaba la creación de un nuevo sistema policial, haciendo distintas divisiones: policía de seguridad, policía de investigaciones, policía de custodia y traslado de detenidos y policía de seguridad vial. También expresaba cuál era la dependencia institucional y los principios básicos de conducta y actuación de la policía. No entraré en detalles; sólo diré que también creaba un instituto de política criminal y seguridad que tendría que ver con toda esta reforma, su seguimiento y sus modificaciones. Dicho instituto fue definitivamente clausurado por el gobernador de ese momento a principios del año 2000.
Esa misma reforma propiciaba una comisión bicameral de seguimiento de una reforma de tamaña envergadura. Estoy tomando como ejemplo algunas de las importantísimas reformas que requerirían el concurso no sólo de todos los señores diputados y de todos los ámbitos de gobierno del país y de las provincias, sino también de todos los medios de comunicación social y de las más de ciento cincuenta mil personas que acompañaron el petitorio entregado hace pocos días, respecto del cual tenemos opinión de cada uno de sus puntos.
Solamente queremos hacer notar la ausencia de una propuesta de reforma policial o de reforma de la administración en este sentido, que sería fundamental para lograr que tanto la ley que se sancione hoy como las ya existentes puedan ser aplicadas con ecuanimidad, encontrando en este servicio el adecuado para la excelente aplicación de las leyes.
En la provincia de Buenos Aires también hubo reformas que resultaron controvertidas, referidas a dejar o no en manos de los fiscales el inicio de las causas. Independientemente de esta controversia, lo que ocurrió una vez definida fue que no se nombraron los suficientes fiscales.
En la Argentina actuamos en coyunturas muy especiales sin la suficiente consideración de los temas. No llevamos adelante con continuidad las políticas centrales acerca de las cuales se logra el consenso y la pluralidad de todas las fuerzas políticas, y entonces no se puede verificar si algunas de estas recetas hubieran alcanzado una solución.
He escuchado aquí en algunos discursos de los señores diputados un argumento que se utiliza permanentemente: la comparación con otras policías del mundo. Creo que esa comparación es inútil, pero aunque fuera provechosa ya se sabe que en algunos lugares donde la policía funciona bien, esa policía es la que combate el delito y no sólo lo administra, y es una policía que, salvo en casos de excepción, no se encuentra vinculada con las mafias de las redes de los delitos más duros, como aquí planteaba la señora diputada Barbagelata, es decir, el tráfico de armas, el tráfico de personas, el tráfico de drogas, que generan las condiciones para la generalización de delitos menores donde se ven involucradas otras personas de menor responsabilidad y condición social.
Para poder comparar a nuestra policía con otras del mundo, que cumplen con su deber, necesitaríamos llevar adelante una reforma que destierre la impunidad y la asociación con el delito, que divida a cada una de sus policías, que incorpore a la comunidad activamente y donde cada uno de nosotros sea responsable como dirigente político de hacer que las instituciones no se desnaturalicen.
También se crearon los foros de participación -por eso lo estoy diciendo- y rápidamente las fuerzas políticas corrimos a meter allí a nuestros punteros y a nuestros compañeros. Cada uno de nosotros hace de cada una de las organizaciones de base que se plantean en los organismos de seguridad un coto, una vez más, de nuestros intereses políticos.
De todas maneras, sigo siendo una defensora de la participación de la comunidad y sólo digo que si podemos hablar de estos temas larga y sinceramente, y no en forma breve como aquí se ha planteado, podremos llegar a compromisos mayores para las soluciones de fondo.
Este tema ya se venía tratando o comenzaba a tratarse porque recientemente se conformaron las comisiones. Se habían tratado en el Senado estos dos proyectos del Poder Ejecutivo. Quiere decir que el Poder Ejecutivo estaba interesado en proponer una reforma; ese mismo Ejecutivo que se está citando y al que nosotros tenemos mucho interés de escuchar, porque consideramos que la situación actual de la seguridad en la Argentina amerita que nos presenten planes a nivel nacional y de las jurisdicciones.
Quiere decir que estos proyectos se estaban tratando y que perdieron la adecuada forma de ser tratados, a mi modo de ver, por posiciones simplistas o tal vez demagógicas en relación con los propios temas.
Para nuestro bloque la posición es complicada, porque a través de diputados integrantes de la comisión hemos seguido las diferentes alternativas planteadas en la Comisión de Legislación Penal, pero nos enteramos hoy en este recinto de que vuelve a haber modificaciones que se plantearon luego de la reunión que realizó la citada comisión. Aquí se contestó que siempre un bloque puede volver a plantear modificaciones. Lo difícil es tratar en el recinto la postura frente al expediente
Además, cuando hicimos el abordaje de ambos proyectos encontramos que de alguna manera el tratamiento era sesgado y no encuadrado en el verdadero objetivo que se pretende. Así, observamos la existencia de algunas contradicciones en el sentido de desarmar o de armar a la sociedad, y algunos discursos en el recinto no nos están arrojando claridad para tomar adecuadamente una posición, porque no entendemos cómo se va a determinar cuáles son las personas de bien que van a poder armarse y cuáles son aquellas que no van a poder hacerlo cuando todavía no se ha cometido el delito.
En este sentido, nosotros hemos tomado muy en cuenta algunas consideraciones que se han hecho acerca de que ambos proyectos van a tener repercusión o impacto en la posición que debemos asumir con respecto al uso de las armas por parte de la población civil en la Argentina.
Entendemos que la forma en que se ha tratado este proyecto no provee las condiciones para que podamos garantizar la total seguridad jurídica en la aplicación de esta nueva norma. De todas maneras, en su momento haremos las consideraciones puntuales respecto de cada una de las diferentes cuestiones.
Solamente queremos ofrecernos al conjunto de las comisiones de esta Cámara y al resto de los bloques para poder conformar una comisión bicameral o bien solicitar que se declare en emergencia a las comisiones que tengan competencia en la materia. Nuestra idea es aportar soluciones reales y completas para resolver adecuadamente la situación de inseguridad que vive la Argentina.
Ojalá que algunas movilizaciones importantísimas que se hicieron en nuestro país para el funcionamiento de la Justicia en la Argentina -como la que organizó el Frenapo para proponer algunas reformas al sistema de seguridad social, donde se recogieron cientos de miles de firmas- puedan tener el mismo eco, la misma amplificación mediática y generar idéntica preocupación a todos los actores sociales.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra la señora diputada por Corrientes, quien comparte su tiempo con el señor diputado Francisco Gutiérrez.
SRA. MENDEZ DE FERREYRA, ARACELI ESTELA (CORRIENTES):
Señor presidente: escuché con atención a los colegas preopinantes. También, como algunos de ellos, estuve en la marcha que se realizó el jueves. Estaba en mi oficina, bajé y conversé con los vecinos que concurrieron a expresar su preocupación y dolor como víctimas de la inseguridad. En la voz del padre de Axel y de otras víctimas manifestaron su necesidad de que la sociedad se ocupe de este tema.
Pero creo también, como otros colegas que me precedieron en el uso de la palabra, que no es bueno legislar -y menos en materia penal- en situaciones de emergencia. La seguridad es uno de los temas que preocupa a los ciudadanos argentinos, pero entiendo que con sólo aumentar las penas no se resuelve el problema.
Nuestro bloque va a votar afirmativamente en general el proyecto de ley que modifica el artículo 166 del Código Penal, aunque plantearemos algunas objeciones en el debate en particular.
Pensamos que el incremento de las penas de ninguna manera traerá como consecuencia mágica la disminución de los delitos ni de la impunidad. Si aumentáramos las penas al límite máximo permitido para el caso de secuestros extorsivos u otros delitos aberrantes, como piden algunos, los delitos igual se seguirían cometiendo. Esto es así porque estamos ocultando la verdadera razón, la causa de la comisión de los delitos, el porqué de la existencia de la inseguridad.
La inseguridad existe porque hay complicidad entre el poder político, la policía y el Poder Judicial. Las bandas de delincuentes organizados que circulan en la provincia de Buenos Aires y en otros lugares del país no dejarán de existir porque haya más penas o porque establezcamos reclusión perpetua para todos los delitos del Código Penal. Esta impunidad y estos delitos existen porque no se busca ni se encuentra a los delincuentes, y porque hay complicidad desde la cúpula policial, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, aunque también debo decir que en la provincia de Corrientes se escapan presos y salen a delinquir con complicidad del aparato policial.
Insisto con esto del aparato policial porque es lo primero que la gente tiene a mano, y a lo que acude cuando le sucede algo. Muchas veces ni siquiera concurre a la policía cuando se producen robos, porque la misma fuerza es la que determina una zona liberada y saca a los presos de las comisarías y los manda a delinquir.
Tenemos una Justicia que ha empezado a cambiar en la Argentina, y eso debemos valorarlo. La cabeza del Poder Judicial dejó de ser aquella de la mayoría automática, de la justicia complaciente, de los poderosos; la que daba patente de impunidad a los corruptos, a esos que se quedaban con las cosas del Estado y después tenían patente de candidatos y de impunidad, cuando se apropiaban de la leche del plan materno infantil -en la provincia de Corrientes- y dejaban que las embarazadas y los niños se murieran. Estas muertes no ocurrieron a raíz de secuestros extorsivos sino porque delincuentes de guantes blancos se apropiaron de las cosas del Estado.
Es fundamental una buena administración de justicia, porque ésta es lenta y deja prescribir las causas. La Justicia es la responsable de este tipo de hechos que se suceden a lo largo y a lo ancho de nuestra historia desde la década del 90, época de las privatizaciones, por la que debe responder ante el modelo consolidado.
Debemos desenmascarar qué es lo que está detrás de este sistema policial que funciona mal y en complicidad con elementos del poder. Digo esto porque si no contaran con complicidad de intendentes y políticos no podríamos explicar los problemas de narcotráfico y prostitución que existen. Evidentemente, para estos delitos deben contar con complicidad, ocultamiento o encubrimiento porque, de lo contrario, las causas no se dilatarían como ocurre en la investigación policial, llegando a la Justicia sin las pruebas necesarias para que se investigue con la debida seriedad.
Debemos discutir las causas que originan esta situación, porque si no estaremos brindando sólo un escenario o una pantalla para engañar a la comunidad, haciendo que nada cambie y que todo siga igual.
Podemos establecer penas de prisión o reclusión perpetua para los delitos de secuestro extorsivo seguido de muerte, de homicidio y robo de armas, pero si los que tienen que prevenir están vinculados a estas bandas peligrosas o forman parte de ellas; si quienes tienen que investigar son incompetentes y seleccionan arbitrariamente cuáles causas van a impulsar y cuáles van a ignorar, aunque el peso de las pruebas incline sus escritorios, por más que modifiquemos todo el Código Penal, no habremos resuelto el tema de la inseguridad y de la impunidad en la Argentina.
Axel Blumberg no está muerto porque el secuestro extorsivo tenga una pena determinada o porque la hayamos aumentado; está muerto porque hay una increíble incompetencia y un desinterés rayano con el delito de un conjunto de funcionarios y policías que actuaron. No voy a repetir lo que dijeron acerca de los vecinos que avisaron a la policía que había un joven que estaba intentando escapar.
Podemos tomar otro caso como el de la niña Mariela, que fue asesinada no sólo por seres monstruosos sino porque hubo funcionarios policiales y judiciales que actuaron de manera desastrosa y tuvieron en sus manos una tarea investigativa que jamás debió habérseles confiado.
La inseguridad no radica en el texto de la ley, sino en la impunidad que existe en la Argentina, y es responsabilidad de todos los poderes del Estado acabar con ella.
Debemos llevar a cabo una discusión acerca de las causas de este fenómeno y del país en el que vivimos. Nosotros vivimos el infierno que nos dejó la dictadura militar, que produjo no sólo treinta mil desaparecidos sino también una secuela de impunidad para los que robaron, mataron e hicieron desaparecer gente. Aun con los intentos hechos en democracia para acabar con esas situaciones -los hubo y los destaco-, existen instituciones de esa época que perduran, cúpulas corruptas. Allí debemos atacar, pero de eso no se habla.
Si no cambiamos esas cúpulas policiales que exhiben declaraciones juradas de bienes que ahora se empiezan a mostrar, a esos policías que luego de ser despedidos pasan a ser mano de obra desocupada que ingresa a las empresas de seguridad privada -para trabajar en componenda con el poder político y con las fuerzas policiales para cometer delitos aberrantes-, nada cambiará.
Quiero referirme a un caso que a todos nos impresionó. Días pasados, en Rosario, provincia de Santa Fe, se robaron un camión cargado con mercadería informática valuada en medio millón de dólares. Ese hecho fue protagonizado por un miembro de la policía que fue detenido. Luego fue puesto en libertad, y actualmente se encuentra prestando servicios para la comunidad en la policía. Estos son los casos que no podemos permitir.
Destacamos que la razonabilidad del reclamo de justicia de parte de quienes han sido víctimas de crímenes aberrantes debe inscribirse en el marco de una política de seguridad, donde la sociedad, a través de las comunas, realice el control de la actuación policial.
En cada lugar debe existir un mapa del delito. En esta tarea deben participar los ciudadanos, junto con los legisladores y la acción de una política implementada desde los gobiernos nacional, provincial y municipal que realmente interprete que es función de todos acabar con la inseguridad.
Deseo dedicar un párrafo especial al sistema penitenciario. De acuerdo con la Constitución Nacional, las cárceles son para seguridad y no para castigo de los condenados. El delincuente tiene derecho a cumplir su pena y a volver a ser un ciudadano. Negar eso en momentos en que la oleada conlleva la idea de que quien cometió un delito debe quedar marcado de por vida sin tener la posibilidad de reinsertarse, es totalmente antidemocrático e inconstitucional. Además, en nuestras cárceles los presos están hacinados.
Citaré otro caso. Uno de los jefes de una penitenciaría utiliza su auto y su secretario para mandar a secuestrar y asaltar a un usurero quedándose con ochenta y cinco mil dólares. Después solicita a un juez que lo detenga, diciéndole que tenía todos los papeles en orden por lo que podría irse del país. Cuando obtiene los documentos, el individuo se escapa de la policía; cuando vuelven a apresarlo es bárbaramente torturado y ahora está bajo custodia judicial.
Estas cosas ocurren. Entonces, no podemos interpretar la movilización del 1° de abril como el único reclamo de nuestro pueblo. Hay hambre, miseria y exclusión. Al delincuente que roba una gallina, una oveja o una res inmediatamente le cae el peso de la ley; pero los delincuentes de guante blanco, aquellos que integran estas bandas organizadas y actúan con la complicidad del poder político y policial, en la mayoría de los casos evaden el accionar de la justicia.
Pienso que el acceso a la justicia debe producirse a través de un Consejo de la Magistratura que debe hacer llegar a la función a los mejores, a los más competentes, para que nunca más volvamos a tener los jueces de la servilleta, para que nunca más volvamos a tener jueces que se dedican a viajar al exterior para ver partidos de tenis, y para que nunca más volvamos a tener ministros como el que declaró -según leía hoy- que está preocupado no porque se apliquen las leyes del Pacto de San José de Costa Rica y las normas constitucionales sino por volver a etapas regresivas.
Por último, quiero decir lo siguiente. La comunidad en su conjunto nos reclama a los legisladores que participemos activamente sancionando leyes que sirvan a la gente y que sirvan para terminar con la inseguridad. Pero nosotros también debemos reclamar al pueblo y a la comunidad una participación activa, militante -no solamente en una marcha-, para que este problema de la seguridad lo tomemos entre todos: entre el gobierno nacional, los legisladores y la comunidad. Sólo así, señor presidente, podremos terminar con la impunidad y habrá verdad y justicia, lo que vendrá muy bien al funcionamiento democrático de las instituciones de nuestro país.
Pero creo también, como otros colegas que me precedieron en el uso de la palabra, que no es bueno legislar -y menos en materia penal- en situaciones de emergencia. La seguridad es uno de los temas que preocupa a los ciudadanos argentinos, pero entiendo que con sólo aumentar las penas no se resuelve el problema.
Nuestro bloque va a votar afirmativamente en general el proyecto de ley que modifica el artículo 166 del Código Penal, aunque plantearemos algunas objeciones en el debate en particular.
Pensamos que el incremento de las penas de ninguna manera traerá como consecuencia mágica la disminución de los delitos ni de la impunidad. Si aumentáramos las penas al límite máximo permitido para el caso de secuestros extorsivos u otros delitos aberrantes, como piden algunos, los delitos igual se seguirían cometiendo. Esto es así porque estamos ocultando la verdadera razón, la causa de la comisión de los delitos, el porqué de la existencia de la inseguridad.
La inseguridad existe porque hay complicidad entre el poder político, la policía y el Poder Judicial. Las bandas de delincuentes organizados que circulan en la provincia de Buenos Aires y en otros lugares del país no dejarán de existir porque haya más penas o porque establezcamos reclusión perpetua para todos los delitos del Código Penal. Esta impunidad y estos delitos existen porque no se busca ni se encuentra a los delincuentes, y porque hay complicidad desde la cúpula policial, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, aunque también debo decir que en la provincia de Corrientes se escapan presos y salen a delinquir con complicidad del aparato policial.
Insisto con esto del aparato policial porque es lo primero que la gente tiene a mano, y a lo que acude cuando le sucede algo. Muchas veces ni siquiera concurre a la policía cuando se producen robos, porque la misma fuerza es la que determina una zona liberada y saca a los presos de las comisarías y los manda a delinquir.
Tenemos una Justicia que ha empezado a cambiar en la Argentina, y eso debemos valorarlo. La cabeza del Poder Judicial dejó de ser aquella de la mayoría automática, de la justicia complaciente, de los poderosos; la que daba patente de impunidad a los corruptos, a esos que se quedaban con las cosas del Estado y después tenían patente de candidatos y de impunidad, cuando se apropiaban de la leche del plan materno infantil -en la provincia de Corrientes- y dejaban que las embarazadas y los niños se murieran. Estas muertes no ocurrieron a raíz de secuestros extorsivos sino porque delincuentes de guantes blancos se apropiaron de las cosas del Estado.
Es fundamental una buena administración de justicia, porque ésta es lenta y deja prescribir las causas. La Justicia es la responsable de este tipo de hechos que se suceden a lo largo y a lo ancho de nuestra historia desde la década del 90, época de las privatizaciones, por la que debe responder ante el modelo consolidado.
Debemos desenmascarar qué es lo que está detrás de este sistema policial que funciona mal y en complicidad con elementos del poder. Digo esto porque si no contaran con complicidad de intendentes y políticos no podríamos explicar los problemas de narcotráfico y prostitución que existen. Evidentemente, para estos delitos deben contar con complicidad, ocultamiento o encubrimiento porque, de lo contrario, las causas no se dilatarían como ocurre en la investigación policial, llegando a la Justicia sin las pruebas necesarias para que se investigue con la debida seriedad.
Debemos discutir las causas que originan esta situación, porque si no estaremos brindando sólo un escenario o una pantalla para engañar a la comunidad, haciendo que nada cambie y que todo siga igual.
Podemos establecer penas de prisión o reclusión perpetua para los delitos de secuestro extorsivo seguido de muerte, de homicidio y robo de armas, pero si los que tienen que prevenir están vinculados a estas bandas peligrosas o forman parte de ellas; si quienes tienen que investigar son incompetentes y seleccionan arbitrariamente cuáles causas van a impulsar y cuáles van a ignorar, aunque el peso de las pruebas incline sus escritorios, por más que modifiquemos todo el Código Penal, no habremos resuelto el tema de la inseguridad y de la impunidad en la Argentina.
Axel Blumberg no está muerto porque el secuestro extorsivo tenga una pena determinada o porque la hayamos aumentado; está muerto porque hay una increíble incompetencia y un desinterés rayano con el delito de un conjunto de funcionarios y policías que actuaron. No voy a repetir lo que dijeron acerca de los vecinos que avisaron a la policía que había un joven que estaba intentando escapar.
Podemos tomar otro caso como el de la niña Mariela, que fue asesinada no sólo por seres monstruosos sino porque hubo funcionarios policiales y judiciales que actuaron de manera desastrosa y tuvieron en sus manos una tarea investigativa que jamás debió habérseles confiado.
La inseguridad no radica en el texto de la ley, sino en la impunidad que existe en la Argentina, y es responsabilidad de todos los poderes del Estado acabar con ella.
Debemos llevar a cabo una discusión acerca de las causas de este fenómeno y del país en el que vivimos. Nosotros vivimos el infierno que nos dejó la dictadura militar, que produjo no sólo treinta mil desaparecidos sino también una secuela de impunidad para los que robaron, mataron e hicieron desaparecer gente. Aun con los intentos hechos en democracia para acabar con esas situaciones -los hubo y los destaco-, existen instituciones de esa época que perduran, cúpulas corruptas. Allí debemos atacar, pero de eso no se habla.
Si no cambiamos esas cúpulas policiales que exhiben declaraciones juradas de bienes que ahora se empiezan a mostrar, a esos policías que luego de ser despedidos pasan a ser mano de obra desocupada que ingresa a las empresas de seguridad privada -para trabajar en componenda con el poder político y con las fuerzas policiales para cometer delitos aberrantes-, nada cambiará.
Quiero referirme a un caso que a todos nos impresionó. Días pasados, en Rosario, provincia de Santa Fe, se robaron un camión cargado con mercadería informática valuada en medio millón de dólares. Ese hecho fue protagonizado por un miembro de la policía que fue detenido. Luego fue puesto en libertad, y actualmente se encuentra prestando servicios para la comunidad en la policía. Estos son los casos que no podemos permitir.
Destacamos que la razonabilidad del reclamo de justicia de parte de quienes han sido víctimas de crímenes aberrantes debe inscribirse en el marco de una política de seguridad, donde la sociedad, a través de las comunas, realice el control de la actuación policial.
En cada lugar debe existir un mapa del delito. En esta tarea deben participar los ciudadanos, junto con los legisladores y la acción de una política implementada desde los gobiernos nacional, provincial y municipal que realmente interprete que es función de todos acabar con la inseguridad.
Deseo dedicar un párrafo especial al sistema penitenciario. De acuerdo con la Constitución Nacional, las cárceles son para seguridad y no para castigo de los condenados. El delincuente tiene derecho a cumplir su pena y a volver a ser un ciudadano. Negar eso en momentos en que la oleada conlleva la idea de que quien cometió un delito debe quedar marcado de por vida sin tener la posibilidad de reinsertarse, es totalmente antidemocrático e inconstitucional. Además, en nuestras cárceles los presos están hacinados.
Citaré otro caso. Uno de los jefes de una penitenciaría utiliza su auto y su secretario para mandar a secuestrar y asaltar a un usurero quedándose con ochenta y cinco mil dólares. Después solicita a un juez que lo detenga, diciéndole que tenía todos los papeles en orden por lo que podría irse del país. Cuando obtiene los documentos, el individuo se escapa de la policía; cuando vuelven a apresarlo es bárbaramente torturado y ahora está bajo custodia judicial.
Estas cosas ocurren. Entonces, no podemos interpretar la movilización del 1° de abril como el único reclamo de nuestro pueblo. Hay hambre, miseria y exclusión. Al delincuente que roba una gallina, una oveja o una res inmediatamente le cae el peso de la ley; pero los delincuentes de guante blanco, aquellos que integran estas bandas organizadas y actúan con la complicidad del poder político y policial, en la mayoría de los casos evaden el accionar de la justicia.
Pienso que el acceso a la justicia debe producirse a través de un Consejo de la Magistratura que debe hacer llegar a la función a los mejores, a los más competentes, para que nunca más volvamos a tener los jueces de la servilleta, para que nunca más volvamos a tener jueces que se dedican a viajar al exterior para ver partidos de tenis, y para que nunca más volvamos a tener ministros como el que declaró -según leía hoy- que está preocupado no porque se apliquen las leyes del Pacto de San José de Costa Rica y las normas constitucionales sino por volver a etapas regresivas.
Por último, quiero decir lo siguiente. La comunidad en su conjunto nos reclama a los legisladores que participemos activamente sancionando leyes que sirvan a la gente y que sirvan para terminar con la inseguridad. Pero nosotros también debemos reclamar al pueblo y a la comunidad una participación activa, militante -no solamente en una marcha-, para que este problema de la seguridad lo tomemos entre todos: entre el gobierno nacional, los legisladores y la comunidad. Sólo así, señor presidente, podremos terminar con la impunidad y habrá verdad y justicia, lo que vendrá muy bien al funcionamiento democrático de las instituciones de nuestro país.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires, Francisco Gutiérrez, quien completará la media hora compartida con la señora diputada propinante.
La Presidencia aclara a los señores diputados que convocará a algunos presidentes de bloque a una breve reunión para ver si es posible acortar los tiempos de esta sesión. (Aplausos.) A pesar de que algunos bloques ya se han expresado, figuran anotados en lista de oradores cuatro o cinco diputados de cada bancada para hacer uso de la palabra. Por lo tanto, la Presidencia va a convocar a los presidentes de los aludidos bloques para ver si es posible reducir los tiempos. Los demás señores diputados harán uso de la palabra en el orden en que están anotados, como corresponde.
Entonces, la Presidencia convoca a los señores presidentes de los bloques del Partido Justicialista, de la Unión Cívica Radical, del Interbloque y a la señora diputada Marino, quien también cuenta con un tiempo de exposición de diez minutos. Corresponde aclarar que como el señor diputado Alchouron tiene una propuesta, quedará al margen de esta decisión.
Solicito al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales que ocupe la Presidencia por unos minutos.
La Presidencia aclara a los señores diputados que convocará a algunos presidentes de bloque a una breve reunión para ver si es posible acortar los tiempos de esta sesión. (Aplausos.) A pesar de que algunos bloques ya se han expresado, figuran anotados en lista de oradores cuatro o cinco diputados de cada bancada para hacer uso de la palabra. Por lo tanto, la Presidencia va a convocar a los presidentes de los aludidos bloques para ver si es posible reducir los tiempos. Los demás señores diputados harán uso de la palabra en el orden en que están anotados, como corresponde.
Entonces, la Presidencia convoca a los señores presidentes de los bloques del Partido Justicialista, de la Unión Cívica Radical, del Interbloque y a la señora diputada Marino, quien también cuenta con un tiempo de exposición de diez minutos. Corresponde aclarar que como el señor diputado Alchouron tiene una propuesta, quedará al margen de esta decisión.
Solicito al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales que ocupe la Presidencia por unos minutos.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, doctor Juan Manuel Urtubey.
SR. GUTIERREZ, FRANCISCO VIRGILIO (BUENOS AIRES):
Señor presidente: en primer lugar, quiero expresar mi solidaridad con el señor Juan Carlos Blumberg por el dolor causado por el asesinato de su hijo y por la importante movilización que ha generado la semana pasada a partir de ese hecho trágico que tanto ha conmocionado a nuestra sociedad y a la opinión pública.
Aclaro que le hago llegar mi solidaridad también desde el lugar de familiar de un funcionario policial asesinado hace aproximadamente nueve meses como consecuencia de las mafias del crimen organizado que existen en nuestro país; mafias del crimen organizado responsables del contrabando de drogas, del contrabando de armas, del contrabando de oro, de productos industriales que destruyeron nuestro aparato productivo y que cuentan con la complicidad de funcionarios judiciales, de distintas policías provinciales y de la Policía Federal.
También cuentan con la complicidad y la connivencia de funcionarios de la Justicia de todos los niveles: fiscales, jueces, Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo menos en su anterior composición.
Estamos conmovidos por la situación de inseguridad del país, pero este momento en el que este tema se está debatiendo en todos los niveles de nuestra sociedad no debe llevarnos a buscar soluciones fáciles, simplistas, que no analicen en profundidad la cuestión y no tengan un diagnóstico serio, con datos científicos que ayuden a aportar una propuesta de solución política a este tema, que tendrá que ver con una profunda reforma de la Justicia, de las fuerzas de seguridad y también de la política de seguridad de los estados comunales, provinciales y nacional.
Sin este debate de fondo ninguna de las soluciones que se proponen aquí van a poder erradicar definitivamente los delitos que se están analizando. Sin ir más lejos, el año pasado, cuando estaba en boga el secuestro express, que también conmocionaba a la opinión pública, cuando se pasaban en forma masiva por televisión los casos de robo automotor y de asesinatos por robo -aquí hay una señora diputada cuyo hijo ha sido víctima de un delito de esa naturaleza-, todos rápidamente comenzamos a discutir un proyecto de ley que aumentaba la pena del delito de secuestro seguido de muerte; se le daba la máxima pena: reclusión perpetua. Esto ocurrió el año pasado, en el 2003.
Muchos pensaron que esta iba a ser la solución a los secuestros express, a los secuestros seguidos de muerte. Sin embargo, el resultado fue todo lo contrario. Meses después varios secuestros tiraron por tierra esa teoría, y en el último tiempo ocurrió la desgracia del hijo del señor Blumberg.
Todo eso demostró que hay que atacar los problemas de otra manera, hay que analizar en profundidad y tener una política diferente en materia de seguridad, una política de carácter nacional.
Aclaro que le hago llegar mi solidaridad también desde el lugar de familiar de un funcionario policial asesinado hace aproximadamente nueve meses como consecuencia de las mafias del crimen organizado que existen en nuestro país; mafias del crimen organizado responsables del contrabando de drogas, del contrabando de armas, del contrabando de oro, de productos industriales que destruyeron nuestro aparato productivo y que cuentan con la complicidad de funcionarios judiciales, de distintas policías provinciales y de la Policía Federal.
También cuentan con la complicidad y la connivencia de funcionarios de la Justicia de todos los niveles: fiscales, jueces, Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo menos en su anterior composición.
Estamos conmovidos por la situación de inseguridad del país, pero este momento en el que este tema se está debatiendo en todos los niveles de nuestra sociedad no debe llevarnos a buscar soluciones fáciles, simplistas, que no analicen en profundidad la cuestión y no tengan un diagnóstico serio, con datos científicos que ayuden a aportar una propuesta de solución política a este tema, que tendrá que ver con una profunda reforma de la Justicia, de las fuerzas de seguridad y también de la política de seguridad de los estados comunales, provinciales y nacional.
Sin este debate de fondo ninguna de las soluciones que se proponen aquí van a poder erradicar definitivamente los delitos que se están analizando. Sin ir más lejos, el año pasado, cuando estaba en boga el secuestro express, que también conmocionaba a la opinión pública, cuando se pasaban en forma masiva por televisión los casos de robo automotor y de asesinatos por robo -aquí hay una señora diputada cuyo hijo ha sido víctima de un delito de esa naturaleza-, todos rápidamente comenzamos a discutir un proyecto de ley que aumentaba la pena del delito de secuestro seguido de muerte; se le daba la máxima pena: reclusión perpetua. Esto ocurrió el año pasado, en el 2003.
Muchos pensaron que esta iba a ser la solución a los secuestros express, a los secuestros seguidos de muerte. Sin embargo, el resultado fue todo lo contrario. Meses después varios secuestros tiraron por tierra esa teoría, y en el último tiempo ocurrió la desgracia del hijo del señor Blumberg.
Todo eso demostró que hay que atacar los problemas de otra manera, hay que analizar en profundidad y tener una política diferente en materia de seguridad, una política de carácter nacional.
- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1° de la Honorable Cámara, don Eduardo Ariel Arnold.
SR. GUTIERREZ, FRANCISCO VIRGILIO (BUENOS AIRES):
Por eso, acompaño la idea de que hubiera sido importante la presencia del señor ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación en esta sesión, porque queremos conocer cuál es el diagnóstico del gobierno nacional.
Desde ese momento ha habido muchos casos de secuestros y muertes. El último fue la gota que rebalsó el vaso e hizo que toda nuestra población, que sufrió este tipo de delitos, saliera a la calle a reclamar justicia, a decir basta y a plantear una serie de puntos, con algunos de los cuales podemos coincidir y con otros no. Estos van en la dirección de buscar soluciones que todavía los Estados nacional, provinciales y municipales no han dado.
Es importante conocer cómo se actúa en casos concretos. No quiero argumentar sobre todos los temas, todas las modificaciones legales y los argumentos técnicos por los cuales estoy en desacuerdo con el aumento de las penas. Esto ya lo expresé cuando se votó la ley antisecuestros. En todos los casos se ha comprobado que esto no brinda la solución.
Pero es importante analizar casos concretos para ver cómo se ha actuado con las leyes que teníamos hasta el día de hoy en nuestro país para solucionar los problemas de secuestros, violaciones y robos.
Hay muchos casos que podemos comentar. Está el de mi hermano; esta que ven es su foto. Están los casos del chico de Saavedra, asesinado por fuerzas de seguridad; los chicos de la Capital Federal asesinados por la Policía Federal; el chico Gabriel, asesinado por la policía; Duande Salto, asesinado por la policía; Miguel Bru, secuestrado, torturado y desaparecido en una comisaría; y podemos tener una lista inmensa de cientos, de miles de chicos muertos por el gatillo fácil, torturados en comisarías y asesinados.
Se trató de judicializar la protesta social. Kosteki y Santillán fueron asesinados por la policía y todavía hoy no se sabe qué pasó. Podría seguir citando muchos otros casos.
¿Qué ocurre cuando uno sufre el asesinato de un familiar y va a la comisaría? Ahí comienza el primer problema. En la comisaría se cambia el expediente o las declaraciones favoreciendo o tratando de encubrir a los asesinos porque los conocen, porque saben que son bandas que recaudan para la caja negra.
Hay que terminar con la caja negra de la policía, con la caja negra del narcotráfico. Todos saben que en muchos quioscos de barrios -lo ha dicho el Episcopado Nacional- hay venta de drogas y la policía recauda en cada uno de ellos al igual que lo hace con el juego clandestino, que existe, existió y seguirá existiendo si no se abordan los problemas de fondo.
Luego se comprueba que el fiscal actúa en connivencia con la policía. Trata de borrar las pruebas y de inculpar a otros. La policía inventa pruebas y tortura para que se hagan cargo de esas pruebas. Finalmente, cuando el proceso llega al juez, éste avala lo que hicieron la policía y el fiscal y, por lo tanto, condena al inocente, encubre al asesino y deja sin respuesta a la familia.
Hace pocos días la persona que investigaba el asesinato de mi hermano, el comisario Piazza, también fue asesinado porque estaba a punto de tomar una declaración ante la comisión investigadora por falta de acción de la justicia y por negligencia y encubrimiento de la policía de la provincia de Buenos Aires y de la Policía Federal.
Está probado el encubrimiento por parte del fiscal Sarlo, de los jueces que actuaron en ese juicio, de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tuve que recurrir a la Corte Interamericana de Justicia, que ratificó y reafirmó lo que nosotros denunciamos, porque la justicia argentina, por razones de forma, ni siquiera se dedicó a analizar el caso.
Está aquí presente la doctora Falbo, que fue ministra de Justicia de la provincia de Buenos Aires y conoce en profundidad este caso. También hay diputados que fueron ministros del Interior cuando mataron a mi hermano, como es el caso del señor diputado Ruckauf, y hay otros legisladores presentes aquí que cumplieron funciones en la provincia de Buenos Aires.
Quien les habla fue a ver en su momento al hoy designado ministro de Seguridad, el doctor Arslanian, cuando era ministro de Justicia de la provincia, para ponerlo al corriente de todos los pormenores del asesinato y las consecuencias del narcotráfico, que produce efectos no sólo sobre la delincuencia policial, los delincuentes comunes y la Justicia, sino también sobre los empresarios que importan y exportan utilizando los depósitos fiscales, como es el caso del señor que preside Defisa y hoy está en Aeropuertos Argentina 2000, y que ha sido beneficiado con un decreto para que no pague los cánones en el Aeropuerto de Ezeiza.
Esta es la verdadera realidad que tenemos que discutir para terminar con el delito y la corrupción.Por esta razón al comisario Piazza también lo asesinaron hace un año. Voy a indicar a los señores diputados cómo se encuentra la causa penal del comisario Piazza, porque la voy a seguir atentamente, aun cuando ello me cueste la vida, porque he sido amenazado de muerte en reiteradas oportunidades.
Aquí está de testigo quien fuera ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, el señor diputado Díaz Bancalari. Cuando asesinaron a mi hermano fui a hablar con el gobernador Duhalde. Le solicité una comisión investigadora similar a la del caso Cabezas. Le dije que necesitaba dos comisarios de confianza, honestos, coherentes con su profesión e incorruptibles, a fin de que llevasen adelante la investigación.
A los quince días, Asuntos Internos de la policía de la provincia de Buenos Aires les inventó a los dos comisarios una causa para echarlos y para que no continuaran con la investigación. Uno de esos comisarios era Piazza, quien fuera asesinado hace un año.
¿Cuál es la sorpresa, ya que todo esto se conoce públicamente? La sorpresa radica en que el señor Piazza apareció en un descampado que no era tal, sino el depósito de autos robados de la policía de la provincia de Buenos Aires.
Comenzamos a investigar la conexión de este asesinato con el de mi hermano y con el narcotráfico, que tiene un gran poder económico y está generando un Estado paralelo que desestabiliza la democracia en nuestro país.
La policía de la provincia de Buenos Aires y la división de secuestros -especialmente el comisario actual, Ravena- fraguan pruebas e inventan testigos de identidad reservada, quienes a su vez acusan a personas para que estén presas y se encubra a los verdaderos responsables del asesinato.
Esto ha sido declarado en la causa penal por otros funcionarios policiales, que dijeron cómo ha sido esta maniobra. No se quiere decir que el verdadero problema de la inseguridad se encuentra en esta banda de delincuentes del narcotráfico.
Desde ese momento ha habido muchos casos de secuestros y muertes. El último fue la gota que rebalsó el vaso e hizo que toda nuestra población, que sufrió este tipo de delitos, saliera a la calle a reclamar justicia, a decir basta y a plantear una serie de puntos, con algunos de los cuales podemos coincidir y con otros no. Estos van en la dirección de buscar soluciones que todavía los Estados nacional, provinciales y municipales no han dado.
Es importante conocer cómo se actúa en casos concretos. No quiero argumentar sobre todos los temas, todas las modificaciones legales y los argumentos técnicos por los cuales estoy en desacuerdo con el aumento de las penas. Esto ya lo expresé cuando se votó la ley antisecuestros. En todos los casos se ha comprobado que esto no brinda la solución.
Pero es importante analizar casos concretos para ver cómo se ha actuado con las leyes que teníamos hasta el día de hoy en nuestro país para solucionar los problemas de secuestros, violaciones y robos.
Hay muchos casos que podemos comentar. Está el de mi hermano; esta que ven es su foto. Están los casos del chico de Saavedra, asesinado por fuerzas de seguridad; los chicos de la Capital Federal asesinados por la Policía Federal; el chico Gabriel, asesinado por la policía; Duande Salto, asesinado por la policía; Miguel Bru, secuestrado, torturado y desaparecido en una comisaría; y podemos tener una lista inmensa de cientos, de miles de chicos muertos por el gatillo fácil, torturados en comisarías y asesinados.
Se trató de judicializar la protesta social. Kosteki y Santillán fueron asesinados por la policía y todavía hoy no se sabe qué pasó. Podría seguir citando muchos otros casos.
¿Qué ocurre cuando uno sufre el asesinato de un familiar y va a la comisaría? Ahí comienza el primer problema. En la comisaría se cambia el expediente o las declaraciones favoreciendo o tratando de encubrir a los asesinos porque los conocen, porque saben que son bandas que recaudan para la caja negra.
Hay que terminar con la caja negra de la policía, con la caja negra del narcotráfico. Todos saben que en muchos quioscos de barrios -lo ha dicho el Episcopado Nacional- hay venta de drogas y la policía recauda en cada uno de ellos al igual que lo hace con el juego clandestino, que existe, existió y seguirá existiendo si no se abordan los problemas de fondo.
Luego se comprueba que el fiscal actúa en connivencia con la policía. Trata de borrar las pruebas y de inculpar a otros. La policía inventa pruebas y tortura para que se hagan cargo de esas pruebas. Finalmente, cuando el proceso llega al juez, éste avala lo que hicieron la policía y el fiscal y, por lo tanto, condena al inocente, encubre al asesino y deja sin respuesta a la familia.
Hace pocos días la persona que investigaba el asesinato de mi hermano, el comisario Piazza, también fue asesinado porque estaba a punto de tomar una declaración ante la comisión investigadora por falta de acción de la justicia y por negligencia y encubrimiento de la policía de la provincia de Buenos Aires y de la Policía Federal.
Está probado el encubrimiento por parte del fiscal Sarlo, de los jueces que actuaron en ese juicio, de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tuve que recurrir a la Corte Interamericana de Justicia, que ratificó y reafirmó lo que nosotros denunciamos, porque la justicia argentina, por razones de forma, ni siquiera se dedicó a analizar el caso.
Está aquí presente la doctora Falbo, que fue ministra de Justicia de la provincia de Buenos Aires y conoce en profundidad este caso. También hay diputados que fueron ministros del Interior cuando mataron a mi hermano, como es el caso del señor diputado Ruckauf, y hay otros legisladores presentes aquí que cumplieron funciones en la provincia de Buenos Aires.
Quien les habla fue a ver en su momento al hoy designado ministro de Seguridad, el doctor Arslanian, cuando era ministro de Justicia de la provincia, para ponerlo al corriente de todos los pormenores del asesinato y las consecuencias del narcotráfico, que produce efectos no sólo sobre la delincuencia policial, los delincuentes comunes y la Justicia, sino también sobre los empresarios que importan y exportan utilizando los depósitos fiscales, como es el caso del señor que preside Defisa y hoy está en Aeropuertos Argentina 2000, y que ha sido beneficiado con un decreto para que no pague los cánones en el Aeropuerto de Ezeiza.
Esta es la verdadera realidad que tenemos que discutir para terminar con el delito y la corrupción.Por esta razón al comisario Piazza también lo asesinaron hace un año. Voy a indicar a los señores diputados cómo se encuentra la causa penal del comisario Piazza, porque la voy a seguir atentamente, aun cuando ello me cueste la vida, porque he sido amenazado de muerte en reiteradas oportunidades.
Aquí está de testigo quien fuera ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, el señor diputado Díaz Bancalari. Cuando asesinaron a mi hermano fui a hablar con el gobernador Duhalde. Le solicité una comisión investigadora similar a la del caso Cabezas. Le dije que necesitaba dos comisarios de confianza, honestos, coherentes con su profesión e incorruptibles, a fin de que llevasen adelante la investigación.
A los quince días, Asuntos Internos de la policía de la provincia de Buenos Aires les inventó a los dos comisarios una causa para echarlos y para que no continuaran con la investigación. Uno de esos comisarios era Piazza, quien fuera asesinado hace un año.
¿Cuál es la sorpresa, ya que todo esto se conoce públicamente? La sorpresa radica en que el señor Piazza apareció en un descampado que no era tal, sino el depósito de autos robados de la policía de la provincia de Buenos Aires.
Comenzamos a investigar la conexión de este asesinato con el de mi hermano y con el narcotráfico, que tiene un gran poder económico y está generando un Estado paralelo que desestabiliza la democracia en nuestro país.
La policía de la provincia de Buenos Aires y la división de secuestros -especialmente el comisario actual, Ravena- fraguan pruebas e inventan testigos de identidad reservada, quienes a su vez acusan a personas para que estén presas y se encubra a los verdaderos responsables del asesinato.
Esto ha sido declarado en la causa penal por otros funcionarios policiales, que dijeron cómo ha sido esta maniobra. No se quiere decir que el verdadero problema de la inseguridad se encuentra en esta banda de delincuentes del narcotráfico.
SR. PRESIDENTE(ARNOLD)
Su tiempo se ha agotado, señor diputado.
SR. GUTIERREZ, FRANCISCO VIRGILIO (BUENOS AIRES):
Ya termino, señor presidente.
Son parte de una banda criminal organizada, que utiliza el secuestro para implantar el miedo. También usan todos los mecanismos legales para que no podamos llegar al fondo del problema.
Por eso decimos que aumentar las penas no va a solucionar nada. Debemos realizar una profunda reforma del sistema judicial, poniendo en disponibilidad a los jueces y a las policías provincial y Federal.
Proponemos la constitución de una nueva fuerza de investigación, con profesionales idóneos, que tengan trayectoria, honestidad y coherencia y que den tranquilidad a la gente. Así, cuando la personas vayan a la comisaría o a la Justicia no se encontrarán con el cómplice del ladrón, sino con los verdaderos policías y jueces. (Aplausos)
Son parte de una banda criminal organizada, que utiliza el secuestro para implantar el miedo. También usan todos los mecanismos legales para que no podamos llegar al fondo del problema.
Por eso decimos que aumentar las penas no va a solucionar nada. Debemos realizar una profunda reforma del sistema judicial, poniendo en disponibilidad a los jueces y a las policías provincial y Federal.
Proponemos la constitución de una nueva fuerza de investigación, con profesionales idóneos, que tengan trayectoria, honestidad y coherencia y que den tranquilidad a la gente. Así, cuando la personas vayan a la comisaría o a la Justicia no se encontrarán con el cómplice del ladrón, sino con los verdaderos policías y jueces. (Aplausos)
SR. PRESIDENTE(ARNOLD)
Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.
SRA. GARRE, NILDA CELIA (CAP FEDERAL):
Señor presidente: hace pocos días hemos sido testigos de una manifestación masiva que expresó un justo reclamo de los ciudadanos que no podemos desoír ni desperdiciar.
La gente instaló en el centro del escenario el problema de la inseguridad. Lo hizo con dolor, temor y frustración, pero también con mucha racionalidad. Se trató de que no existieran discursos ideológicos enfrentados.
El reclamo fue hecho a las instituciones: ante el Congreso de la Nación, la Casa de la Provincia de Buenos Aires -debido a que el hecho vinculado con el señor Blumberg ocurrió en ese territorio provincial- e incluso ante la Casa Rosada. Todo se hizo en el marco de la democracia, con el objetivo de encontrar respuestas eficaces que permitieran recuperar la posibilidad de vivir en paz. Es absurdo pensar que la gente viene con consignas concretas y puntuales, cuando no conoce de sistemas de seguridad ni de política criminal. Simplemente, pide respuestas eficaces a sus instituciones y gobernantes.
La población llegó a un punto de saturación por estas permanentes respuestas insatisfactorias. Ante estos casos de inseguridad, quiere respuestas integrales, contundentes y con continuidad en el tiempo. No quiere respuestas efectistas, ni parciales, ni coyunturales, ni ciclotímicas, ni espasmódicas.
La gente no quiere respuestas que sean producto de dialécticas oportunistas o que busquen el rédito personal de algunos dirigentes políticos, que con la consigna de que "hay que meter bala a los delincuentes" y de que "el número de proyectiles no tiene importancia"
-esto tiene que ver con el caso de un delincuente abatido con más de cien balazos-, condujeron durante años la política de seguridad en la provincia de Buenos Aires, estigmatizando a todos los que intentaron hacer alguna crítica racional, acusándolos de que eran amigos de los delincuentes y enemigos de la gente decente.
Todos los que queríamos efectuar un aporte pensando en la eficiencia del sistema penal éramos bastardeados de esa manera. Esas políticas demostraron ser tan ineficaces que en la provincia de Buenos Aires los niveles delictivos son altísimos, y el incremento de los hechos delictivos conocidos también es considerable, a lo que hay que sumar una cifra oculta que es importante debido a las denuncias que no se efectúan.
En 2002 se produjeron 347.566 hechos delictivos, entre los cuales hubo 1.964 homicidios dolosos, setecientos veinte violaciones, 134.654 robos sin lesiones o muertes y 10.832 robos que terminaron en lesiones o muertes.
Por el hecho de que la provincia de Buenos Aires es el distrito más poblado tiene los mayores niveles de conflictividad. Pero en la ciudad de Buenos Aires o en la de Rosario, los índices de victimización de la población han rondado el 40 por ciento en el año 2002. De manera que estamos ante un problema suficientemente generalizado y grave como para que la gente nos exija que no sigamos actuando con simplificaciones absurdas.
La población quiere seriedad, responsabilidad, firmeza y una acción concertada de los poderes del Estado. También nos solicita que los Estados Provinciales actúen coordinadamente entre sí. Lo mismo pide en relación con los estamentos del sistema de seguridad. Asimismo, quiere responsabilidad y firmeza de la dirigencia política.
Si bien puede ser obvio lo que voy a decir, nuestro bloque quiere que quede expresamente establecido que deseamos combatir la inseguridad, que no somos amigos de los delincuentes, que respetamos los derechos humanos de los ciudadanos -tanto de los buenos ciudadanos como de los delincuentes-, que queremos cumplir con la Constitución Nacional y que queremos ser serios y responsables. Digo esto expresamente porque si no se estigmatiza burdamente a todo aquel que discrepa y analiza las consecuencias de políticas que no han mejorado la situación de la inseguridad.
En el marco actual de aumento del delito no es serio pensar que las reformas legislativas son un remedio mágico; ni siquiera podríamos decir que son el remedio más idóneo de todos los que habría que aplicar a esta grave enfermedad de nuestra sociedad.
Hoy algunos legisladores hemos recibido en nuestro despacho una carta firmada por la familia Wittis, que en un párrafo dice: "¿Hasta cuándo utilizarán las mismas respuestas?: endurecimiento de las penas, bajar la edad de imputabilidad en los delitos. No hay soluciones mágicas para problemas complejos. Para resolver la violencia y la inseguridad son muchos los factores que intervienen, y por lo tanto se debe atacar por varios frentes."
El señor y la señora Wittis son los padres de Mariano Wittis, un joven de 23 años que era músico y que el 21 de septiembre del año 2000 fue tomado como rehén en San Isidro, junto con una amiga, por una banda de delincuentes que lo subieron a un auto después de asaltar un banco para intentar huir. La policía, aun conociendo esta situación, tiroteó el auto y lo asesinó.
Evidentemente, la amenaza de castigo no contiene el delito. Es absolutamente impotente para lograr ese resultado. Es cierto que el derecho penal es un medio de control social, pero es opinión unánime y clara en la doctrina que su carácter es subsidiario o de última ratio. Si no, fíjense que en los últimos cuatro o cinco años hemos votado numerosas leyes que reformaron el Código Penal y el Código Procesal, por ejemplo estableciendo el desafuero de funcionarios que gozan de inmunidad y cometen delitos o aumentando las facultades de la policía, en otro caso. Este fue un proyecto muy discutido en esta Cámara; hubo un primer intento en el año 1999, luego volvió a comisión porque fue muy criticado por distintos sectores de la Cámara, se lo reinstaló en el año 2000 y finalmente en el 2001 se votó una ley en ese sentido y sin embargo, como se ve, no han bajado las estadísticas delictivas ni se ha evidenciado más eficiencia en las fuerzas de seguridad.
También establecimos la reclusión perpetua para quien mata a un policía, creyendo que de esa forma se podrían contener las muertes de policías por parte de delincuentes; votamos un paquete normativo muy importante con penas muy altas y significativas, es decir, una cantidad de reformas para perfeccionar el sistema procesal en los temas de secuestros extorsivos o privaciones de libertad, ley por la cual van a ser juzgados ahora los autores de la muerte de Axel; modificamos el artículo 41 del Código Penal, estableciendo agravantes; aumentamos en un tercio las penas para hurtos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad; aumentamos las penas de los funcionarios públicos que delinquen, etcétera.
Es decir que no es que no hayamos legislado sobre el delito y cómo perseguirlo y punirlo. Lo que sucede es que la política criminal abarca medidas de carácter general que tienen que ver con la prevención y con la represión de la criminalidad organizada.
Un sistema penal es un conjunto de segmentos: político, judicial, policial, penitenciario, académico, internacional, legislativo, que pertenecen a diferentes ámbitos del poder público, que por lo general suele operar de modo compartimentado. Por eso a veces sus respuestas -justamente por esta compartimentación y esta falta de coordinación- son contradictorias e incoherentes, generan debilidad en sus distintos segmentos y además redundan finalmente en una falta absoluta de eficiencia.
En realidad, la inseguridad es el rostro hiperconflictivo de una sociedad que desarrolló problemas, que tiene causas de conflicto muy graves y que no tuvo políticas públicas adecuadas para resolver esos problemas y erradicar esas causas. El Estado estuvo ausente generalmente cuando se llegó a estos niveles de conflicto o, por lo menos, tuvo una actuación absolutamente incompleta.
En el caso concreto de la Argentina, nunca se asumió la seguridad como una política de Estado, nunca la dirigencia política asumió el problema de la seguridad ni puso este tema en la agenda pública. Tenemos en la agenda pública la educación, los problemas sociales y el empleo, pero nadie entiende que los niveles de conflictividad que tenemos son por déficit de muchas políticas y por ausencia de una política de Estado en este aspecto.
La violencia es multicausal, de manera tal que si la simplificamos tampoco vamos a tener una explicación coherente. La pobreza, la deserción escolar, el desempleo, la marginalidad, la dualidad y la exclusión de nuestras sociedades son factores innegables y por eso allí deben desarrollarse políticas urgentes, fundamentalmente sobre los grupos etarios de mayor riesgo y en los espacios territoriales donde la situación de marginalidad es más intensa.
Pero este no es el único camino y hay que analizar claramente los distintos segmentos de las políticas de seguridad. El primero que tendríamos que mencionar es el sistema judicial. La misión de la Justicia, que integra el sistema de seguridad, es generar un juicio rápido porque la justicia lenta no es justicia, un juicio justo con todas las garantías del debido proceso, porque si no se logra ese juicio rápido y justo con condena, se genera una sensación de impunidad en la población, con la sensación de que las reglas y las normas son inútiles, no sirven. Eso desalienta generando realmente un círculo perverso sobre el sistema.
Pero veamos cómo funciona la justicia, y al respecto voy a dar un ejemplo. De la lectura de encuestas del Ministerio Público nacional se observa que en el año 2002 en la ciudad de Buenos Aires sobre alrededor de diez mil causas -estoy redondeando las cifras para simplificar la comprensión-, de las cuales siete mil eran de autor NN, se elevaron a juicio solamente seiscientas y terminaron con condena sólo cien, es decir, cien sobre diez mil.
Esto es lo que nos hace reflexionar sobre si es útil seguir aumentando penas, cuando en realidad la ineficiencia de los sistemas policiales y judiciales transforman en una utopía la condena de los responsables.
Si hablamos del sistema judicial, no debemos referirnos sólo a la Ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, debo recordar que en 1998 en la gestión de los doctores Arslanian y Binder, en la provincia de Buenos Aires, el doctor Binder decía que la justicia penal de dicha provincia tenía un 97 por ciento de ineficiencia.
Si nos referimos a otro de los segmentos del sistema -el penitenciario- obviamente su objetivo es que las cárceles, según lo que dicen la Constitución y los tratados internacionales, deben procurar condiciones adecuadas para el cumplimiento de las penas. Deben garantizar el trabajo de los presos y la posibilidad de su recuperación para su reinserción cuando salgan en libertad.
En realidad, las cárceles hoy en la Argentina son construcciones obsoletas, inadecuadas, vetustas, con enorme superpoblación, con hacinamiento, con condiciones de extrema violencia interna, con existencia de apremios y muertes sospechosas de presos.
Según cifras dadas recientemente por el secretario de Asuntos Penitenciarios de la provincia de Buenos Aires, este año se está registrando un asesinato, entre comillas, por semana en las cárceles, porque funcionarios del Servicio Penitenciario usan y extorsionan a los presos para ir a delinquir. Los usan como mano de obra prácticamente esclava, los presionan y cuando ellos se resisten, aparecen -como ya dijo algún otro señor diputado- extrañamente suicidados. Además, las comisarías están absolutamente colmadas, lo cual distrae personal policial para su vigilancia y aumenta así las falencias del sistema.
Tan grave es la situación del Servicio Penitenciario que tenemos el caso, por ejemplo, del camarista Marotto, de la Cámara de San Isidro, quien ha denunciado reiteradamente que personas detenidas en establecimientos dependientes de ese Servicio le han avisado que fueron presionadas para que procedieran a asesinarlo. Esto lo ha denunciado públicamente. A pesar de la gravedad de esa denuncia -se trata de un juez que además recorre las cárceles y más de una vez se hace eco de las quejas por el tratamiento de los detenidos- no ha habido medidas suficientemente drásticas en el Servicio Penitenciario bonaerense ni en el Federal que garanticen la existencia de una verdadera voluntad de cambio en esta área.
En cuanto a la agencia policial -también integrante del sistema de seguridad-, cuya misión es prevenir la comisión de delitos y colaborar con la Justicia después de ocurridos, debería estar capacitada adecuadamente, profesionalizada, jerarquizada y con sueldos dignos y razonables. Debería estar bien equipada, entrenada y especializada para correr menos riesgos en la muy peligrosa tarea que desarrolla. Pero la verdad es que está profundamente contaminada, por lo menos en algunas áreas y en ciertos espacios territoriales, por comisarios u oficiales inexplicablemente ricos: por la participación en delitos diversos, la práctica del gatillo fácil, la connivencia con delincuentes, la organización y dirección de bandas -algunas de ellas dedicadas, por ejemplo, al secuestro extorsivo- y los acuerdos con punteros políticos para poder sostener su accionar delictivo.
Como prueba de esta contaminación e ineficiencia de la agencia policial, aquí se ha mencionado reiteradamente la denuncia de los vecinos del barrio Santa Paula que llamaron a la comisaría de Moreno. Se ha podido establecer a través de expertos de la División Análisis de las Comunicaciones de la Policía Bonaerense -que para ello utilizaron el sistema VAIC- que vecinos de ese barrio habrían llamado a la policía local por lo menos en tres ocasiones -dos de ellas desde un teléfono fijo y otra desde un celular- alertando sobre los pedidos de auxilio de un joven que había sido finalmente reducido por otras personas e introducido en una vivienda.
A esta altura esto ya se encuentra comprobado; por eso la comisaría de Moreno finalmente ha sido intervenida. No se registró desplazamiento de móvil alguno a la zona para verificar la existencia de la llamada.
En estos últimos días también se ha presentado una denuncia según la cual cinco policías que trabajaban en la Delegación de Investigaciones -DDI- de San Isidro, de la Policía Bonaerense, fueron acusados de integrar una banda de secuestradores. "Esta policía de la DDI de San Isidro nos marcaban a las víctimas que debíamos secuestrar", dice un preso que por negarse a efectuar esos delitos que le eran encomendados está amenazado en su seguridad.
Pero esto no es algo reciente. Obsérvese que un relevamiento hecho por la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires dice que desde 1998 hasta ahora
-es el año 2003, fecha del relevamiento- las causas relacionadas con uniformados por abuso y gatillo fácil suman casi cuatro mil; es decir, casi el 10 por ciento de los integrantes de la fuerza.
Un informe de la Procuración General de la Nación de mayo del 2001 denuncia al menos sesenta causas inventadas -tal como se escucha- por la Policía Federal en los últimos seis años; alrededor de mil cuatrocientas causas eran las que habían estado y siguen estando bajo sospecha.
Para que no se interprete que estamos hablando de versiones parciales o miradas interesadas, debemos señalar que el procurador general de la provincia de Buenos Aires, doctor De la Cruz, declaró que la policía no resuelve delitos complejos como los secuestros, porque está ocupada en custodiar presos; y por eso tampoco puede hacer prevención ni conoce cómo operan las bandas. También admitió, en relación con el caso de Natalia Melmann, que habían participado policías viciosos. Asimismo, el procurador De la Cruz firmó el crítico documento de la Corte provincial donde se señalaba que muchos chicos que denunciaron torturas en comisarías luego aparecieron muertos en supuestos enfrentamientos con la policía.
Esto demuestra, nada más y nada menos, la existencia de escuadrones de la muerte y lamentablemente y a pesar de lo que ya señalé en este recinto en otra ocasión, no motivó una acción enérgica de esta Cámara ante la horrorosa gravedad de esta denuncia ratificada no sólo por el procurador sino también por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
Este funcionario continúa diciendo que los policías sólo solucionan lo que descubren in fraganti, y que los delitos complejos quedan impunes porque no hay investigadores policiales, y agregó: "A la policía le falta apoyo científico; no sabe reconstruir la escena del crimen. Si no aparece alguien que delate al autor, como ocurre en el 70 por ciento de los casos que se resuelven, la policía no puede hacer nada." Reitero: la policía no puede hacer prevención ni salir a la calle porque está abocada al cuidado de los detenidos.
El procurador De la Cruz también dice que "en la provincia se crea inseguridad para generar negocios", y que "se asesinan niños para simular el combate al delito". Es decir que alerta sobre la existencia de un escuadrón de la muerte en la provincia de Buenos Aires, donde como siempre el hilo se rompe por lo más delgado.
Admitimos que ha habido mucha lucidez por parte del señor Blumberg, que con una gran intuición y en medio de su enorme drama personal declaró que en la provincia de Buenos Aires hay una mafia que ha perdurado y convivido con nosotros durante muchos años, que antes se dedicaba al juego clandestino y a la prostitución, y ahora, a los secuestros. Hay delincuentes menores, hay delincuentes que son utilizados por la propia policía para hacer sus negocios y hay delincuentes profesionales. También añadió que estamos desamparados. Es decir que la gravedad del problema es muy grande y no abarca sólo estos estamentos.
Hemos escuchado las exposiciones de los señores diputados Macaluse, Barbagelata y Gutiérrez, quien se refería recién al dramático caso de su hermano asesinado por investigar el narcotráfico y del policía, también asesinado, que a su vez había investigado dicha muerte.
Evidentemente, ha existido una ausencia del Estado que delegó en las agencias policiales la política de seguridad, y que no ejerció su deber de garantizar una política que permitiera a la gente vivir en tranquilidad y en paz. Pero esto no ocurre solamente con los Estados provinciales; también sucedió con el Estado nacional y en casos gravísimos que no quiero recordar.
Me llama la atención que algunos de los que ahora dictan cátedra, cuando estuvieron en puestos de responsabilidad no supieron garantizar la seguridad no sólo en una provincia sino tampoco a nivel nacional, en ocasión del más grave atentado de la historia argentina contemporánea: la voladura de la AMIA. No supieron garantizar una investigación mínimamente correcta; ni siquiera voy a ser tan pretenciosa de decir "totalmente correcta".
Se trató de una investigación como mínimo negligente, torpe e ineficiente, y seguramente cómplice, para encubrir muchas de las vinculaciones de determinados sectores o personas con el armado de ese dramático atentado que dejó un saldo de ochenta y cinco muertos y cientos de heridos y que es una herida abierta en la sociedad argentina.
A diez años de ese hecho, la destrucción de pruebas que hicieron la Policía Federal y la SIDE con la tolerancia del juez interviniente han impedido el esclarecimiento de lo ocurrido. Ahora, analizando la parte que le fue elevada a juicio, un tribunal oral está acreditando -minuciosamente y con enorme profesionalidad e imparcialidad- los horrores que se cometieron en la investigación por falencias tanto del estamento de inteligencia como del policial y del judicial.
El entonces fiscal Lanusse, actual interventor en la provincia de Santiago del Estero, en 1998 comenzó una investigación que finalmente se extendió a quince comisarías de la CABA solicitando la indagatoria de más de ciento cuarenta policías. De la investigación surgió que se registraron falsas detenciones por parte de los policías investigados quienes, al no poder detener a los que les pagaban coimas, incriminaban a inocentes en causas inventadas para hacer ver que subía el delito. Esto es lo que conocemos como la mejora de la estadística, del rendimiento, porque como no hay controles de calidad efectivos sobre la acción policial cualquiera de esos engaños pueden prender y pasar.
Pablo Bruno -afortunadamente ya ex juez- también investigó una red policial de protección de prostíbulos. Seguramente lo habrá hecho a su pesar y no muy profundamente, pero terminó abarcando a seis comisarías. En la causa hay un largo listado de escuchas telefónicas entre los encargados de los prostíbulos y los miembros de la institución policial pactando las coimas y el reparto de zonas.
Así, este sistema no funciona, por más que hagamos reformas al Código Penal incorporando penas cada vez más graves.
Antes, esta especie de pacto expreso o semiexpreso entre los Estados provinciales y la Nación en relación con las policías, delegándoles la política de seguridad, estaba sobre todo vinculado al desarrollo en libertad de los negocios, entre comillas, de la prostitución y del juego clandestino. Hoy se han agregado negocios que manejan elevadísimas cantidades de dinero: el narcotráfico, el tráfico de armas, el probable tráfico de órganos, la piratería del asfalto. Es decir que se va perfeccionando una maquinaria que está infestando el cuerpo de la Nación y extendiéndose en él como una peligrosa metástasis.
La Argentina es el tercer proveedor de armas de los narcos brasileños. Hubo una denuncia muy importante en Brasil que mostraba por qué lugares salían las granadas argentinas y seguramente por esos mismos lugares ingresarán otras a nuestro país.
La gente instaló en el centro del escenario el problema de la inseguridad. Lo hizo con dolor, temor y frustración, pero también con mucha racionalidad. Se trató de que no existieran discursos ideológicos enfrentados.
El reclamo fue hecho a las instituciones: ante el Congreso de la Nación, la Casa de la Provincia de Buenos Aires -debido a que el hecho vinculado con el señor Blumberg ocurrió en ese territorio provincial- e incluso ante la Casa Rosada. Todo se hizo en el marco de la democracia, con el objetivo de encontrar respuestas eficaces que permitieran recuperar la posibilidad de vivir en paz. Es absurdo pensar que la gente viene con consignas concretas y puntuales, cuando no conoce de sistemas de seguridad ni de política criminal. Simplemente, pide respuestas eficaces a sus instituciones y gobernantes.
La población llegó a un punto de saturación por estas permanentes respuestas insatisfactorias. Ante estos casos de inseguridad, quiere respuestas integrales, contundentes y con continuidad en el tiempo. No quiere respuestas efectistas, ni parciales, ni coyunturales, ni ciclotímicas, ni espasmódicas.
La gente no quiere respuestas que sean producto de dialécticas oportunistas o que busquen el rédito personal de algunos dirigentes políticos, que con la consigna de que "hay que meter bala a los delincuentes" y de que "el número de proyectiles no tiene importancia"
-esto tiene que ver con el caso de un delincuente abatido con más de cien balazos-, condujeron durante años la política de seguridad en la provincia de Buenos Aires, estigmatizando a todos los que intentaron hacer alguna crítica racional, acusándolos de que eran amigos de los delincuentes y enemigos de la gente decente.
Todos los que queríamos efectuar un aporte pensando en la eficiencia del sistema penal éramos bastardeados de esa manera. Esas políticas demostraron ser tan ineficaces que en la provincia de Buenos Aires los niveles delictivos son altísimos, y el incremento de los hechos delictivos conocidos también es considerable, a lo que hay que sumar una cifra oculta que es importante debido a las denuncias que no se efectúan.
En 2002 se produjeron 347.566 hechos delictivos, entre los cuales hubo 1.964 homicidios dolosos, setecientos veinte violaciones, 134.654 robos sin lesiones o muertes y 10.832 robos que terminaron en lesiones o muertes.
Por el hecho de que la provincia de Buenos Aires es el distrito más poblado tiene los mayores niveles de conflictividad. Pero en la ciudad de Buenos Aires o en la de Rosario, los índices de victimización de la población han rondado el 40 por ciento en el año 2002. De manera que estamos ante un problema suficientemente generalizado y grave como para que la gente nos exija que no sigamos actuando con simplificaciones absurdas.
La población quiere seriedad, responsabilidad, firmeza y una acción concertada de los poderes del Estado. También nos solicita que los Estados Provinciales actúen coordinadamente entre sí. Lo mismo pide en relación con los estamentos del sistema de seguridad. Asimismo, quiere responsabilidad y firmeza de la dirigencia política.
Si bien puede ser obvio lo que voy a decir, nuestro bloque quiere que quede expresamente establecido que deseamos combatir la inseguridad, que no somos amigos de los delincuentes, que respetamos los derechos humanos de los ciudadanos -tanto de los buenos ciudadanos como de los delincuentes-, que queremos cumplir con la Constitución Nacional y que queremos ser serios y responsables. Digo esto expresamente porque si no se estigmatiza burdamente a todo aquel que discrepa y analiza las consecuencias de políticas que no han mejorado la situación de la inseguridad.
En el marco actual de aumento del delito no es serio pensar que las reformas legislativas son un remedio mágico; ni siquiera podríamos decir que son el remedio más idóneo de todos los que habría que aplicar a esta grave enfermedad de nuestra sociedad.
Hoy algunos legisladores hemos recibido en nuestro despacho una carta firmada por la familia Wittis, que en un párrafo dice: "¿Hasta cuándo utilizarán las mismas respuestas?: endurecimiento de las penas, bajar la edad de imputabilidad en los delitos. No hay soluciones mágicas para problemas complejos. Para resolver la violencia y la inseguridad son muchos los factores que intervienen, y por lo tanto se debe atacar por varios frentes."
El señor y la señora Wittis son los padres de Mariano Wittis, un joven de 23 años que era músico y que el 21 de septiembre del año 2000 fue tomado como rehén en San Isidro, junto con una amiga, por una banda de delincuentes que lo subieron a un auto después de asaltar un banco para intentar huir. La policía, aun conociendo esta situación, tiroteó el auto y lo asesinó.
Evidentemente, la amenaza de castigo no contiene el delito. Es absolutamente impotente para lograr ese resultado. Es cierto que el derecho penal es un medio de control social, pero es opinión unánime y clara en la doctrina que su carácter es subsidiario o de última ratio. Si no, fíjense que en los últimos cuatro o cinco años hemos votado numerosas leyes que reformaron el Código Penal y el Código Procesal, por ejemplo estableciendo el desafuero de funcionarios que gozan de inmunidad y cometen delitos o aumentando las facultades de la policía, en otro caso. Este fue un proyecto muy discutido en esta Cámara; hubo un primer intento en el año 1999, luego volvió a comisión porque fue muy criticado por distintos sectores de la Cámara, se lo reinstaló en el año 2000 y finalmente en el 2001 se votó una ley en ese sentido y sin embargo, como se ve, no han bajado las estadísticas delictivas ni se ha evidenciado más eficiencia en las fuerzas de seguridad.
También establecimos la reclusión perpetua para quien mata a un policía, creyendo que de esa forma se podrían contener las muertes de policías por parte de delincuentes; votamos un paquete normativo muy importante con penas muy altas y significativas, es decir, una cantidad de reformas para perfeccionar el sistema procesal en los temas de secuestros extorsivos o privaciones de libertad, ley por la cual van a ser juzgados ahora los autores de la muerte de Axel; modificamos el artículo 41 del Código Penal, estableciendo agravantes; aumentamos en un tercio las penas para hurtos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad; aumentamos las penas de los funcionarios públicos que delinquen, etcétera.
Es decir que no es que no hayamos legislado sobre el delito y cómo perseguirlo y punirlo. Lo que sucede es que la política criminal abarca medidas de carácter general que tienen que ver con la prevención y con la represión de la criminalidad organizada.
Un sistema penal es un conjunto de segmentos: político, judicial, policial, penitenciario, académico, internacional, legislativo, que pertenecen a diferentes ámbitos del poder público, que por lo general suele operar de modo compartimentado. Por eso a veces sus respuestas -justamente por esta compartimentación y esta falta de coordinación- son contradictorias e incoherentes, generan debilidad en sus distintos segmentos y además redundan finalmente en una falta absoluta de eficiencia.
En realidad, la inseguridad es el rostro hiperconflictivo de una sociedad que desarrolló problemas, que tiene causas de conflicto muy graves y que no tuvo políticas públicas adecuadas para resolver esos problemas y erradicar esas causas. El Estado estuvo ausente generalmente cuando se llegó a estos niveles de conflicto o, por lo menos, tuvo una actuación absolutamente incompleta.
En el caso concreto de la Argentina, nunca se asumió la seguridad como una política de Estado, nunca la dirigencia política asumió el problema de la seguridad ni puso este tema en la agenda pública. Tenemos en la agenda pública la educación, los problemas sociales y el empleo, pero nadie entiende que los niveles de conflictividad que tenemos son por déficit de muchas políticas y por ausencia de una política de Estado en este aspecto.
La violencia es multicausal, de manera tal que si la simplificamos tampoco vamos a tener una explicación coherente. La pobreza, la deserción escolar, el desempleo, la marginalidad, la dualidad y la exclusión de nuestras sociedades son factores innegables y por eso allí deben desarrollarse políticas urgentes, fundamentalmente sobre los grupos etarios de mayor riesgo y en los espacios territoriales donde la situación de marginalidad es más intensa.
Pero este no es el único camino y hay que analizar claramente los distintos segmentos de las políticas de seguridad. El primero que tendríamos que mencionar es el sistema judicial. La misión de la Justicia, que integra el sistema de seguridad, es generar un juicio rápido porque la justicia lenta no es justicia, un juicio justo con todas las garantías del debido proceso, porque si no se logra ese juicio rápido y justo con condena, se genera una sensación de impunidad en la población, con la sensación de que las reglas y las normas son inútiles, no sirven. Eso desalienta generando realmente un círculo perverso sobre el sistema.
Pero veamos cómo funciona la justicia, y al respecto voy a dar un ejemplo. De la lectura de encuestas del Ministerio Público nacional se observa que en el año 2002 en la ciudad de Buenos Aires sobre alrededor de diez mil causas -estoy redondeando las cifras para simplificar la comprensión-, de las cuales siete mil eran de autor NN, se elevaron a juicio solamente seiscientas y terminaron con condena sólo cien, es decir, cien sobre diez mil.
Esto es lo que nos hace reflexionar sobre si es útil seguir aumentando penas, cuando en realidad la ineficiencia de los sistemas policiales y judiciales transforman en una utopía la condena de los responsables.
Si hablamos del sistema judicial, no debemos referirnos sólo a la Ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, debo recordar que en 1998 en la gestión de los doctores Arslanian y Binder, en la provincia de Buenos Aires, el doctor Binder decía que la justicia penal de dicha provincia tenía un 97 por ciento de ineficiencia.
Si nos referimos a otro de los segmentos del sistema -el penitenciario- obviamente su objetivo es que las cárceles, según lo que dicen la Constitución y los tratados internacionales, deben procurar condiciones adecuadas para el cumplimiento de las penas. Deben garantizar el trabajo de los presos y la posibilidad de su recuperación para su reinserción cuando salgan en libertad.
En realidad, las cárceles hoy en la Argentina son construcciones obsoletas, inadecuadas, vetustas, con enorme superpoblación, con hacinamiento, con condiciones de extrema violencia interna, con existencia de apremios y muertes sospechosas de presos.
Según cifras dadas recientemente por el secretario de Asuntos Penitenciarios de la provincia de Buenos Aires, este año se está registrando un asesinato, entre comillas, por semana en las cárceles, porque funcionarios del Servicio Penitenciario usan y extorsionan a los presos para ir a delinquir. Los usan como mano de obra prácticamente esclava, los presionan y cuando ellos se resisten, aparecen -como ya dijo algún otro señor diputado- extrañamente suicidados. Además, las comisarías están absolutamente colmadas, lo cual distrae personal policial para su vigilancia y aumenta así las falencias del sistema.
Tan grave es la situación del Servicio Penitenciario que tenemos el caso, por ejemplo, del camarista Marotto, de la Cámara de San Isidro, quien ha denunciado reiteradamente que personas detenidas en establecimientos dependientes de ese Servicio le han avisado que fueron presionadas para que procedieran a asesinarlo. Esto lo ha denunciado públicamente. A pesar de la gravedad de esa denuncia -se trata de un juez que además recorre las cárceles y más de una vez se hace eco de las quejas por el tratamiento de los detenidos- no ha habido medidas suficientemente drásticas en el Servicio Penitenciario bonaerense ni en el Federal que garanticen la existencia de una verdadera voluntad de cambio en esta área.
En cuanto a la agencia policial -también integrante del sistema de seguridad-, cuya misión es prevenir la comisión de delitos y colaborar con la Justicia después de ocurridos, debería estar capacitada adecuadamente, profesionalizada, jerarquizada y con sueldos dignos y razonables. Debería estar bien equipada, entrenada y especializada para correr menos riesgos en la muy peligrosa tarea que desarrolla. Pero la verdad es que está profundamente contaminada, por lo menos en algunas áreas y en ciertos espacios territoriales, por comisarios u oficiales inexplicablemente ricos: por la participación en delitos diversos, la práctica del gatillo fácil, la connivencia con delincuentes, la organización y dirección de bandas -algunas de ellas dedicadas, por ejemplo, al secuestro extorsivo- y los acuerdos con punteros políticos para poder sostener su accionar delictivo.
Como prueba de esta contaminación e ineficiencia de la agencia policial, aquí se ha mencionado reiteradamente la denuncia de los vecinos del barrio Santa Paula que llamaron a la comisaría de Moreno. Se ha podido establecer a través de expertos de la División Análisis de las Comunicaciones de la Policía Bonaerense -que para ello utilizaron el sistema VAIC- que vecinos de ese barrio habrían llamado a la policía local por lo menos en tres ocasiones -dos de ellas desde un teléfono fijo y otra desde un celular- alertando sobre los pedidos de auxilio de un joven que había sido finalmente reducido por otras personas e introducido en una vivienda.
A esta altura esto ya se encuentra comprobado; por eso la comisaría de Moreno finalmente ha sido intervenida. No se registró desplazamiento de móvil alguno a la zona para verificar la existencia de la llamada.
En estos últimos días también se ha presentado una denuncia según la cual cinco policías que trabajaban en la Delegación de Investigaciones -DDI- de San Isidro, de la Policía Bonaerense, fueron acusados de integrar una banda de secuestradores. "Esta policía de la DDI de San Isidro nos marcaban a las víctimas que debíamos secuestrar", dice un preso que por negarse a efectuar esos delitos que le eran encomendados está amenazado en su seguridad.
Pero esto no es algo reciente. Obsérvese que un relevamiento hecho por la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires dice que desde 1998 hasta ahora
-es el año 2003, fecha del relevamiento- las causas relacionadas con uniformados por abuso y gatillo fácil suman casi cuatro mil; es decir, casi el 10 por ciento de los integrantes de la fuerza.
Un informe de la Procuración General de la Nación de mayo del 2001 denuncia al menos sesenta causas inventadas -tal como se escucha- por la Policía Federal en los últimos seis años; alrededor de mil cuatrocientas causas eran las que habían estado y siguen estando bajo sospecha.
Para que no se interprete que estamos hablando de versiones parciales o miradas interesadas, debemos señalar que el procurador general de la provincia de Buenos Aires, doctor De la Cruz, declaró que la policía no resuelve delitos complejos como los secuestros, porque está ocupada en custodiar presos; y por eso tampoco puede hacer prevención ni conoce cómo operan las bandas. También admitió, en relación con el caso de Natalia Melmann, que habían participado policías viciosos. Asimismo, el procurador De la Cruz firmó el crítico documento de la Corte provincial donde se señalaba que muchos chicos que denunciaron torturas en comisarías luego aparecieron muertos en supuestos enfrentamientos con la policía.
Esto demuestra, nada más y nada menos, la existencia de escuadrones de la muerte y lamentablemente y a pesar de lo que ya señalé en este recinto en otra ocasión, no motivó una acción enérgica de esta Cámara ante la horrorosa gravedad de esta denuncia ratificada no sólo por el procurador sino también por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
Este funcionario continúa diciendo que los policías sólo solucionan lo que descubren in fraganti, y que los delitos complejos quedan impunes porque no hay investigadores policiales, y agregó: "A la policía le falta apoyo científico; no sabe reconstruir la escena del crimen. Si no aparece alguien que delate al autor, como ocurre en el 70 por ciento de los casos que se resuelven, la policía no puede hacer nada." Reitero: la policía no puede hacer prevención ni salir a la calle porque está abocada al cuidado de los detenidos.
El procurador De la Cruz también dice que "en la provincia se crea inseguridad para generar negocios", y que "se asesinan niños para simular el combate al delito". Es decir que alerta sobre la existencia de un escuadrón de la muerte en la provincia de Buenos Aires, donde como siempre el hilo se rompe por lo más delgado.
Admitimos que ha habido mucha lucidez por parte del señor Blumberg, que con una gran intuición y en medio de su enorme drama personal declaró que en la provincia de Buenos Aires hay una mafia que ha perdurado y convivido con nosotros durante muchos años, que antes se dedicaba al juego clandestino y a la prostitución, y ahora, a los secuestros. Hay delincuentes menores, hay delincuentes que son utilizados por la propia policía para hacer sus negocios y hay delincuentes profesionales. También añadió que estamos desamparados. Es decir que la gravedad del problema es muy grande y no abarca sólo estos estamentos.
Hemos escuchado las exposiciones de los señores diputados Macaluse, Barbagelata y Gutiérrez, quien se refería recién al dramático caso de su hermano asesinado por investigar el narcotráfico y del policía, también asesinado, que a su vez había investigado dicha muerte.
Evidentemente, ha existido una ausencia del Estado que delegó en las agencias policiales la política de seguridad, y que no ejerció su deber de garantizar una política que permitiera a la gente vivir en tranquilidad y en paz. Pero esto no ocurre solamente con los Estados provinciales; también sucedió con el Estado nacional y en casos gravísimos que no quiero recordar.
Me llama la atención que algunos de los que ahora dictan cátedra, cuando estuvieron en puestos de responsabilidad no supieron garantizar la seguridad no sólo en una provincia sino tampoco a nivel nacional, en ocasión del más grave atentado de la historia argentina contemporánea: la voladura de la AMIA. No supieron garantizar una investigación mínimamente correcta; ni siquiera voy a ser tan pretenciosa de decir "totalmente correcta".
Se trató de una investigación como mínimo negligente, torpe e ineficiente, y seguramente cómplice, para encubrir muchas de las vinculaciones de determinados sectores o personas con el armado de ese dramático atentado que dejó un saldo de ochenta y cinco muertos y cientos de heridos y que es una herida abierta en la sociedad argentina.
A diez años de ese hecho, la destrucción de pruebas que hicieron la Policía Federal y la SIDE con la tolerancia del juez interviniente han impedido el esclarecimiento de lo ocurrido. Ahora, analizando la parte que le fue elevada a juicio, un tribunal oral está acreditando -minuciosamente y con enorme profesionalidad e imparcialidad- los horrores que se cometieron en la investigación por falencias tanto del estamento de inteligencia como del policial y del judicial.
El entonces fiscal Lanusse, actual interventor en la provincia de Santiago del Estero, en 1998 comenzó una investigación que finalmente se extendió a quince comisarías de la CABA solicitando la indagatoria de más de ciento cuarenta policías. De la investigación surgió que se registraron falsas detenciones por parte de los policías investigados quienes, al no poder detener a los que les pagaban coimas, incriminaban a inocentes en causas inventadas para hacer ver que subía el delito. Esto es lo que conocemos como la mejora de la estadística, del rendimiento, porque como no hay controles de calidad efectivos sobre la acción policial cualquiera de esos engaños pueden prender y pasar.
Pablo Bruno -afortunadamente ya ex juez- también investigó una red policial de protección de prostíbulos. Seguramente lo habrá hecho a su pesar y no muy profundamente, pero terminó abarcando a seis comisarías. En la causa hay un largo listado de escuchas telefónicas entre los encargados de los prostíbulos y los miembros de la institución policial pactando las coimas y el reparto de zonas.
Así, este sistema no funciona, por más que hagamos reformas al Código Penal incorporando penas cada vez más graves.
Antes, esta especie de pacto expreso o semiexpreso entre los Estados provinciales y la Nación en relación con las policías, delegándoles la política de seguridad, estaba sobre todo vinculado al desarrollo en libertad de los negocios, entre comillas, de la prostitución y del juego clandestino. Hoy se han agregado negocios que manejan elevadísimas cantidades de dinero: el narcotráfico, el tráfico de armas, el probable tráfico de órganos, la piratería del asfalto. Es decir que se va perfeccionando una maquinaria que está infestando el cuerpo de la Nación y extendiéndose en él como una peligrosa metástasis.
La Argentina es el tercer proveedor de armas de los narcos brasileños. Hubo una denuncia muy importante en Brasil que mostraba por qué lugares salían las granadas argentinas y seguramente por esos mismos lugares ingresarán otras a nuestro país.
SR. PRESIDENTE(ARNOLD)
La Presidencia le hace saber que ha concluido su término, señora diputada.
SRA. GARRE, NILDA CELIA (CAP FEDERAL):
Voy a redondear, señor presidente.
De manera que así como hay proliferación de armas -es lo que estamos tratando de perseguir con los proyectos en tratamiento-, también debemos investigar cómo se produce el tráfico y el copamiento de este mercado.
En síntesis, no habrá solución del gravísimo problema de la inseguridad si continuamos con este Estado ausente o "fantasma", como lo llama Tokatlián. Debe haber un Estado que asuma esta situación de descomposición y desarrolle políticas de seguridad como políticas de Estado, con continuidad y seriedad, produciendo una reforma judicial, policial y penitenciaria. Y lo tiene que hacer con coordinación interdisciplinaria, intersectorial, interinstitucional e interdistritalmente, para que de verdad estemos ante un proceso integral y profundo. Y además tiene que hacerlo con la participación activa de la comunidad, porque esta es la forma en que otros países del mundo han resuelto el problema de la seguridad y han garantizado a sus habitantes el derecho a poder caminar tranquilos por la calle o a sentarse tranquilos en la vereda. Este es el derecho de los ciudadanos y garantizar ese derecho un deber irrenunciable del Estado.
De manera que así como hay proliferación de armas -es lo que estamos tratando de perseguir con los proyectos en tratamiento-, también debemos investigar cómo se produce el tráfico y el copamiento de este mercado.
En síntesis, no habrá solución del gravísimo problema de la inseguridad si continuamos con este Estado ausente o "fantasma", como lo llama Tokatlián. Debe haber un Estado que asuma esta situación de descomposición y desarrolle políticas de seguridad como políticas de Estado, con continuidad y seriedad, produciendo una reforma judicial, policial y penitenciaria. Y lo tiene que hacer con coordinación interdisciplinaria, intersectorial, interinstitucional e interdistritalmente, para que de verdad estemos ante un proceso integral y profundo. Y además tiene que hacerlo con la participación activa de la comunidad, porque esta es la forma en que otros países del mundo han resuelto el problema de la seguridad y han garantizado a sus habitantes el derecho a poder caminar tranquilos por la calle o a sentarse tranquilos en la vereda. Este es el derecho de los ciudadanos y garantizar ese derecho un deber irrenunciable del Estado.
SR. PRESIDENTE(ARNOLD)
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
SR. VANOSSI, JORGE REINALDO (CAP FEDERAL):
Señor presidente: en nombre del Interbloque Desarrollo Federal y del Bloque Compromiso para el Cambio adelanto nuestro voto favorable a los dictámenes que ha emitido la Comisión de Legislación Penal y que están en consideración de la Honorable Cámara. Esto no nos exime del deber de hacer algunas manifestaciones -lo más brevemente posible- respecto del tema que está subyacente en las cuestiones que vamos a tratar desde un punto de vista normativo, y lo hacemos sobre la base de que es un imperativo de conciencia que nos asiste a los diputados que integramos esos agrupamientos.
Inmersos en una atmósfera desoxigenada por los apremios de las circunstancias, que son consecuencia de inexcusables asignaturas pendientes que corresponden a viejas falencias de nuestra clase dirigente, venimos hoy a tratar contra reloj más y más parches de apuro a nuestra ya demasiado remendada legislación penal.
En primer lugar, digo que lo tendríamos que haber realizado hace tiempo. Es pueril e ingenuo creer que mágicamente cambiaremos la realidad y pasaremos del infierno de los ilícitos, así súbitamente, al paraíso de la buena conducta. Muchas leyes recientes de los últimos años -no una o dos sino trece- apuntaron circunstancialmente en el mismo sentido en que lo hacemos ahora, pero si verificamos el abismo entre las buenas intenciones legislativas y la jungla del delito que nos sigue agobiando, podríamos exclamar con desolación: ¡mucho ruido y pocas nueces habemos!
A veces parecemos admiradores del rey Midas, a quien la leyenda atribuye el don de convertir en oro todo aquello que tocaba. Las normas jurídicas no tienen esa mágica fuerza para trasmutar repentinamente una trágica situación de sevicia delictual que conmueve a toda la sociedad. La ilusión normativista hay que ubicarla en los decibeles debidos: las normas sirven para dar cauce y marco a las conductas, sirven para persuadir y disuadir, sancionan los actos condenables y antisociales, pero no son causa eficiente en la producción o generación de milagros. Acá no hay milagros.
Cuando se impuso la idea de la codificación, las metas eran otras: certeza, certidumbre, predictibilidad, o sea seguridad jurídica, que es un aspecto más de la seguridad. Un Código Penal supone unidad y coherencia de criterios; supone una visión abarcativa de los comportamientos individuales y sociales, y transita por el camino de la proporcionalidad, de la correlatividad y del principio de la no contradicción entre los distintos delitos y sus correspondientes penas. Esto lo tenemos que tomar muy en cuenta porque ya más de una vez hemos establecido penas que no tienen nada que ver con la proporción del delito.
Así lo entendieron políticos juristas de la talla de Carlos Tejedor, de Rodolfo Moreno y de José Peco, que en este mismo recinto se ocuparon de estos temas.
Pero con anterioridad al auge de los códigos, el inmortal Montesquieu -que no se ocupó tan sólo de la separación de los poderes- advertía que lo grave no es que las penas previstas sean leves sino que el mal está en que no se apliquen. Y, pues bien, tenía razón Montesquieu. La sensación de impunidad es un estímulo más para cometer más y más delitos, hasta caer en el abismo de la anomia.
Frente a ello, hoy podemos ver que el cuadro que se nos presenta ofrece algunos baches o falencias.Primero, falta suficiente de energía jurisdiccional por parte de los jueces que deben aplicar las leyes penales, teniéndolas a su disposición.
Segundo, hay actitudes espasmódicas del Ministerio Público, pues en algunos ilícitos es notorio que los fiscales activan el impulso de la vindicta pública, y en otros casos, llamativamente, se retraen. A ambos, es decir a jueces y fiscales, les decimos respetuosamente: "No es bueno ni saludable, señores, aplicar una visión hemipléjica de la patología de los delitos".
Hay varias aristas más que no se pueden desmembrar del análisis objetivo de la cuestión. Primero, la situación o estado actual de la estructura carcelaria y penitenciara de la Nación y de las provincias, con olvido casi total de la directiva que emana directamente del artículo 18, en su parte final, de la Constitución Nacional, que habla de cárceles sanas y limpias, y también de la seguridad de los reos, porque también los reos condenados tienen derecho a la seguridad, como todos los habitantes.
Las carencias y falencias son agobiantes, están a la vista. Están todos mezclados: encausados con condenados, mujeres y hombres presos en las comisarías, menores con mayores; y para los menores ésa es la universidad del delito. ¿Por qué no hemos avanzado en esto? Ha habido poca inversión.
Estudiamos el tema y advertimos que es posible hacerlo; no hubo tiempo. Podríamos tomar por ejemplo el modelo de Chile, que con poca inversión -no se trata de sumas fabulosas- ha llegado a tener una infraestructura carcelaria y penitenciara adecuada y satisfactoria como nuestros constituyentes lo establecieron.
Y no eran extremistas nuestros constituyentes del 53. Eran hombres moderados, eran Gorostiaga, Gutiérrez y otros, que vieron en su adolescencia y en su juventud sangrientas guerras civiles, emponzoñadas, llenas de sangre, y querían que cesara la violencia, no sólo la de esas guerras sino también la violencia en la represión del delito.
Hay que hacer más inversión en establecimientos de readaptación, y también para la capacitación laboral. El trabajo es un derecho pero también es un deber social. No sentirse útil es una pendiente hacia la reincidencia. El trabajo dignifica, aun al reo. Hay que trabajar más y mejor en prevención, en inteligencia y en el mapa del delito. Necesitamos una cartografía del delito en todo el país.
Segundo, hay que efectuar la reestructuración policial. Se generaliza el concepto de que en muchas provincias las fuerzas de seguridad son poco menos que irrescatables. Esto es lo que piensa Juan Pueblo. Hasta algunos se preguntan, aumentando el interrogante: si están todos contaminados, ¿no será el caso de importar mano de obra?
No, señores, volvamos a la sensatez. Cualquier descalificación generalizadora es errónea e injusta. No podemos condenar en masa a instituciones del Estado porque haya buenos y malos, porque los hay en todos lados, arriba y abajo, a la derecha y a la izquierda, y en cualquier lugar que busquemos.
Que quede bien claro que no somos libertinos ni liberticidas, no somos permisivistas ni Torquemadas. Cuando oímos predicar el eslogan de la mano dura, "hay que dar leña, hay que dar leña", nos preguntamos: primero, quién va a dar la leña; segundo, a quién se va a dar la leña, y tercero, con qué límites se procederá así.
Tampoco les asiste la razón a los abolicionistas de las penas o penalizaciones. Ello conduciría al pánico de los que reaccionarían visceralmente frente al todo vale; la irracionalidad se apoderaría de toda la sociedad.
No sirven las fórmulas teóricas tomadas en abstracto de sociedades distintas y distantes de la nuestra. Hay diferencias de todo orden entre los países escandinavos -por poner un ejemplo al paso- y nosotros. Somos distintos. Allá el nivel de ilícitos es bajo. Allá las penas se aplican, y las garantías también.
Acá asistimos a un desborde generalizado. Peor aún, se ha roto el contrato social, que es la base de sustentación de las sociedades democráticas, y el Estado no puede ofrecernos una cobertura de seguridad, que es su función primaria y más elemental, y la primera que delegamos en él.
Esto no se recompone solamente con una sesión parlamentaria. Bien lo sabe también esa Argentina subterránea y profunda, a la que aludía el gran escritor Eduardo Mallea en La Vida Blanca y en La Bahía de Silencio, dos obras inmortales. Esa Argentina insondable que ahora ruge; la hemos sentido esta semana, estos días, y reclama
porque la mayoría silenciosa ha percibido que para seguir siendo mayoría debe dejar de ser silenciosa. Y debemos tomar cuenta y nota de ese cambio cualitativo.
Nos permitimos cerrar esta reflexión con cinco apuntaciones que, a manera de contribución, pueden coadyuvar a un enfoque global de tan intrincada cuestión.
Primera: existen en el lenguaje y en el entendimiento muchas palabras virtuosas y nobles, que son malversadas y hasta prostituidas por la desviación de su abuso más que por el uso propio que les corresponde. Por ejemplo, el término "garantismo"; otro tanto ha ocurrido desgraciadamente con el término "progresismo". Habría que recordar que nuestra Constitución histórica encabeza su articulado con una primera parte que incluye expresamente esas "garantías", y que la amplifica con la inclusión protectora de "garantías no enumeradas" -artículo 33-, pero que nacen de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.
Inmersos en una atmósfera desoxigenada por los apremios de las circunstancias, que son consecuencia de inexcusables asignaturas pendientes que corresponden a viejas falencias de nuestra clase dirigente, venimos hoy a tratar contra reloj más y más parches de apuro a nuestra ya demasiado remendada legislación penal.
En primer lugar, digo que lo tendríamos que haber realizado hace tiempo. Es pueril e ingenuo creer que mágicamente cambiaremos la realidad y pasaremos del infierno de los ilícitos, así súbitamente, al paraíso de la buena conducta. Muchas leyes recientes de los últimos años -no una o dos sino trece- apuntaron circunstancialmente en el mismo sentido en que lo hacemos ahora, pero si verificamos el abismo entre las buenas intenciones legislativas y la jungla del delito que nos sigue agobiando, podríamos exclamar con desolación: ¡mucho ruido y pocas nueces habemos!
A veces parecemos admiradores del rey Midas, a quien la leyenda atribuye el don de convertir en oro todo aquello que tocaba. Las normas jurídicas no tienen esa mágica fuerza para trasmutar repentinamente una trágica situación de sevicia delictual que conmueve a toda la sociedad. La ilusión normativista hay que ubicarla en los decibeles debidos: las normas sirven para dar cauce y marco a las conductas, sirven para persuadir y disuadir, sancionan los actos condenables y antisociales, pero no son causa eficiente en la producción o generación de milagros. Acá no hay milagros.
Cuando se impuso la idea de la codificación, las metas eran otras: certeza, certidumbre, predictibilidad, o sea seguridad jurídica, que es un aspecto más de la seguridad. Un Código Penal supone unidad y coherencia de criterios; supone una visión abarcativa de los comportamientos individuales y sociales, y transita por el camino de la proporcionalidad, de la correlatividad y del principio de la no contradicción entre los distintos delitos y sus correspondientes penas. Esto lo tenemos que tomar muy en cuenta porque ya más de una vez hemos establecido penas que no tienen nada que ver con la proporción del delito.
Así lo entendieron políticos juristas de la talla de Carlos Tejedor, de Rodolfo Moreno y de José Peco, que en este mismo recinto se ocuparon de estos temas.
Pero con anterioridad al auge de los códigos, el inmortal Montesquieu -que no se ocupó tan sólo de la separación de los poderes- advertía que lo grave no es que las penas previstas sean leves sino que el mal está en que no se apliquen. Y, pues bien, tenía razón Montesquieu. La sensación de impunidad es un estímulo más para cometer más y más delitos, hasta caer en el abismo de la anomia.
Frente a ello, hoy podemos ver que el cuadro que se nos presenta ofrece algunos baches o falencias.Primero, falta suficiente de energía jurisdiccional por parte de los jueces que deben aplicar las leyes penales, teniéndolas a su disposición.
Segundo, hay actitudes espasmódicas del Ministerio Público, pues en algunos ilícitos es notorio que los fiscales activan el impulso de la vindicta pública, y en otros casos, llamativamente, se retraen. A ambos, es decir a jueces y fiscales, les decimos respetuosamente: "No es bueno ni saludable, señores, aplicar una visión hemipléjica de la patología de los delitos".
Hay varias aristas más que no se pueden desmembrar del análisis objetivo de la cuestión. Primero, la situación o estado actual de la estructura carcelaria y penitenciara de la Nación y de las provincias, con olvido casi total de la directiva que emana directamente del artículo 18, en su parte final, de la Constitución Nacional, que habla de cárceles sanas y limpias, y también de la seguridad de los reos, porque también los reos condenados tienen derecho a la seguridad, como todos los habitantes.
Las carencias y falencias son agobiantes, están a la vista. Están todos mezclados: encausados con condenados, mujeres y hombres presos en las comisarías, menores con mayores; y para los menores ésa es la universidad del delito. ¿Por qué no hemos avanzado en esto? Ha habido poca inversión.
Estudiamos el tema y advertimos que es posible hacerlo; no hubo tiempo. Podríamos tomar por ejemplo el modelo de Chile, que con poca inversión -no se trata de sumas fabulosas- ha llegado a tener una infraestructura carcelaria y penitenciara adecuada y satisfactoria como nuestros constituyentes lo establecieron.
Y no eran extremistas nuestros constituyentes del 53. Eran hombres moderados, eran Gorostiaga, Gutiérrez y otros, que vieron en su adolescencia y en su juventud sangrientas guerras civiles, emponzoñadas, llenas de sangre, y querían que cesara la violencia, no sólo la de esas guerras sino también la violencia en la represión del delito.
Hay que hacer más inversión en establecimientos de readaptación, y también para la capacitación laboral. El trabajo es un derecho pero también es un deber social. No sentirse útil es una pendiente hacia la reincidencia. El trabajo dignifica, aun al reo. Hay que trabajar más y mejor en prevención, en inteligencia y en el mapa del delito. Necesitamos una cartografía del delito en todo el país.
Segundo, hay que efectuar la reestructuración policial. Se generaliza el concepto de que en muchas provincias las fuerzas de seguridad son poco menos que irrescatables. Esto es lo que piensa Juan Pueblo. Hasta algunos se preguntan, aumentando el interrogante: si están todos contaminados, ¿no será el caso de importar mano de obra?
No, señores, volvamos a la sensatez. Cualquier descalificación generalizadora es errónea e injusta. No podemos condenar en masa a instituciones del Estado porque haya buenos y malos, porque los hay en todos lados, arriba y abajo, a la derecha y a la izquierda, y en cualquier lugar que busquemos.
Que quede bien claro que no somos libertinos ni liberticidas, no somos permisivistas ni Torquemadas. Cuando oímos predicar el eslogan de la mano dura, "hay que dar leña, hay que dar leña", nos preguntamos: primero, quién va a dar la leña; segundo, a quién se va a dar la leña, y tercero, con qué límites se procederá así.
Tampoco les asiste la razón a los abolicionistas de las penas o penalizaciones. Ello conduciría al pánico de los que reaccionarían visceralmente frente al todo vale; la irracionalidad se apoderaría de toda la sociedad.
No sirven las fórmulas teóricas tomadas en abstracto de sociedades distintas y distantes de la nuestra. Hay diferencias de todo orden entre los países escandinavos -por poner un ejemplo al paso- y nosotros. Somos distintos. Allá el nivel de ilícitos es bajo. Allá las penas se aplican, y las garantías también.
Acá asistimos a un desborde generalizado. Peor aún, se ha roto el contrato social, que es la base de sustentación de las sociedades democráticas, y el Estado no puede ofrecernos una cobertura de seguridad, que es su función primaria y más elemental, y la primera que delegamos en él.
Esto no se recompone solamente con una sesión parlamentaria. Bien lo sabe también esa Argentina subterránea y profunda, a la que aludía el gran escritor Eduardo Mallea en La Vida Blanca y en La Bahía de Silencio, dos obras inmortales. Esa Argentina insondable que ahora ruge; la hemos sentido esta semana, estos días, y reclama
porque la mayoría silenciosa ha percibido que para seguir siendo mayoría debe dejar de ser silenciosa. Y debemos tomar cuenta y nota de ese cambio cualitativo.
Nos permitimos cerrar esta reflexión con cinco apuntaciones que, a manera de contribución, pueden coadyuvar a un enfoque global de tan intrincada cuestión.
Primera: existen en el lenguaje y en el entendimiento muchas palabras virtuosas y nobles, que son malversadas y hasta prostituidas por la desviación de su abuso más que por el uso propio que les corresponde. Por ejemplo, el término "garantismo"; otro tanto ha ocurrido desgraciadamente con el término "progresismo". Habría que recordar que nuestra Constitución histórica encabeza su articulado con una primera parte que incluye expresamente esas "garantías", y que la amplifica con la inclusión protectora de "garantías no enumeradas" -artículo 33-, pero que nacen de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Eduardo Oscar Camaño.
SR. VANOSSI, JORGE REINALDO (CAP FEDERAL):
Nosotros no demonizamos ninguna conquista del derecho penal liberal, que nació conjuntamente en los albores del constitucionalismo democrático; no abjuramos de esas conquistas.
Segunda: también reafirmamos y refirmamos que la seguridad ostenta legítimamente el rango de investir un rol fundamental entre los deberes y funciones del Estado. La seguridad es el escudo protector para el efectivo goce de los derechos y las libertades que señalaba Carlos Sánchez Viamonte.
Es por ello que el Estado no puede abdicar ni desertar en el monopolio de la fuerza pública y en su aplicación por los poderes estatales, como la justicia penal y las instituciones que la secundan.
El Estado también debe recuperar el control de las armas. No queremos reemplazarlas por el "justiciero" o por el "Llanero Solitario" o por los escuadrones de la muerte, a los que aludió muy bien la señora diputada Garré. No, porque son funciones que la sociedad delegó en el Estado y a las que éste no puede transferir o renunciar.
¿Por qué? Pues, sencillamente, por el hecho de que todos -absolutamente todos- necesitamos seguridad. Hay una legitimación activa para reclamar el derecho a la seguridad, a diferencia de otras situaciones que no son tan comprensivas.
Tercera: llamamos la atención respecto de los derechos más violados y erosionados en el tiempo presente: la vida, en todas sus etapas; el honor, en todos los momentos; la privacidad e intimidad, en todas sus formas; la propiedad, de todas las maneras imaginables, materiales e inmateriales; y como dicen las solicitadas, siguen las firmas. Esta enumeración no es taxativa ni implica un orden de prelación.
¿A qué nos lleva esta mención? A la obvia conclusión de que sobran diagnósticos pero faltan terapias razonables y viables que satisfagan la demanda incoada por la sociedad. Queremos seguridad pero sin forzar un holocausto de la libertad y de los derechos.
Cuarta: preferimos la condena judicial a la condena mediática, que es una versión moderna de la vejatoria práctica del linchamiento.
El juez competente asegura un proceso previo, con acusación, defensa y pruebas, al que sigue una sentencia fundada, que puede ser revisada o hasta revocada en una instancia de apelación ordinaria o extraordinaria.
La vía mediática -no nos equivoquemos- se consume y se consuma ante la percepción audiovisual o el mero trascendido, y no se revierte salvo cuando la verdad es restablecida por la vía judicial, que por lo general llega tarde y no se alcanza a comprender cabalmente por el gran público.
Quinta: tenemos la convicción de que los cambios que se proponen son retoques cosméticos a introducir en una legislación penal que ya viene -de largo tiempo- muy desvertebrada e inorgánica.
En materia penal hicimos lucir un antisistema. Pese a ello aceptamos que estas modificaciones -lo remarco- son condición necesaria para salir del statu quo, del entuerto en que nos encontramos, pero no asumen cualitativamente el rango de condición suficiente. Hace falta un cambio copernicano de la política criminal, de la política judicial y de la política penitenciaria y carcelaria, es decir, otra política arquitectónica en materia de seguridad de las personas y de sus derechos más elementales.
El gran cineasta y humorista Woody Allen, quien merece mi admiración, ha espetado una gracia, que traigo a colación: señaló que es más fácil demostrar la existencia de Dios que encontrar de urgencia un plomero, en Nueva York, un sábado a la noche.
Nosotros no estamos en la Gran Manzana ni hoy es sábado; pero, ¿no estaremos cumpliendo el papel del plomero inhallable? De ser así, estaríamos humildemente fungiendo como salvavidas a través de un parche, pero después habrá que cambiar toda la instalación mediante la actividad de la ingeniería de estructuras.
La pregunta que dejo en el ambiente es: ¿por qué no empezar ya -sin prisa pero sin pausa como decía el gran poeta Goethe- esa imperiosa tarea de despegue de lo anquilosado, ineficiente y sospechado de corruptelas?
Por esas razones, con las reservas que anteceden y con la esperanza de que se mejore la legislación con una política global de Estado en esta materia, vamos a votar en general por la afirmativa todos los despachos emitidos por la Comisión de Legislación Penal.
Segunda: también reafirmamos y refirmamos que la seguridad ostenta legítimamente el rango de investir un rol fundamental entre los deberes y funciones del Estado. La seguridad es el escudo protector para el efectivo goce de los derechos y las libertades que señalaba Carlos Sánchez Viamonte.
Es por ello que el Estado no puede abdicar ni desertar en el monopolio de la fuerza pública y en su aplicación por los poderes estatales, como la justicia penal y las instituciones que la secundan.
El Estado también debe recuperar el control de las armas. No queremos reemplazarlas por el "justiciero" o por el "Llanero Solitario" o por los escuadrones de la muerte, a los que aludió muy bien la señora diputada Garré. No, porque son funciones que la sociedad delegó en el Estado y a las que éste no puede transferir o renunciar.
¿Por qué? Pues, sencillamente, por el hecho de que todos -absolutamente todos- necesitamos seguridad. Hay una legitimación activa para reclamar el derecho a la seguridad, a diferencia de otras situaciones que no son tan comprensivas.
Tercera: llamamos la atención respecto de los derechos más violados y erosionados en el tiempo presente: la vida, en todas sus etapas; el honor, en todos los momentos; la privacidad e intimidad, en todas sus formas; la propiedad, de todas las maneras imaginables, materiales e inmateriales; y como dicen las solicitadas, siguen las firmas. Esta enumeración no es taxativa ni implica un orden de prelación.
¿A qué nos lleva esta mención? A la obvia conclusión de que sobran diagnósticos pero faltan terapias razonables y viables que satisfagan la demanda incoada por la sociedad. Queremos seguridad pero sin forzar un holocausto de la libertad y de los derechos.
Cuarta: preferimos la condena judicial a la condena mediática, que es una versión moderna de la vejatoria práctica del linchamiento.
El juez competente asegura un proceso previo, con acusación, defensa y pruebas, al que sigue una sentencia fundada, que puede ser revisada o hasta revocada en una instancia de apelación ordinaria o extraordinaria.
La vía mediática -no nos equivoquemos- se consume y se consuma ante la percepción audiovisual o el mero trascendido, y no se revierte salvo cuando la verdad es restablecida por la vía judicial, que por lo general llega tarde y no se alcanza a comprender cabalmente por el gran público.
Quinta: tenemos la convicción de que los cambios que se proponen son retoques cosméticos a introducir en una legislación penal que ya viene -de largo tiempo- muy desvertebrada e inorgánica.
En materia penal hicimos lucir un antisistema. Pese a ello aceptamos que estas modificaciones -lo remarco- son condición necesaria para salir del statu quo, del entuerto en que nos encontramos, pero no asumen cualitativamente el rango de condición suficiente. Hace falta un cambio copernicano de la política criminal, de la política judicial y de la política penitenciaria y carcelaria, es decir, otra política arquitectónica en materia de seguridad de las personas y de sus derechos más elementales.
El gran cineasta y humorista Woody Allen, quien merece mi admiración, ha espetado una gracia, que traigo a colación: señaló que es más fácil demostrar la existencia de Dios que encontrar de urgencia un plomero, en Nueva York, un sábado a la noche.
Nosotros no estamos en la Gran Manzana ni hoy es sábado; pero, ¿no estaremos cumpliendo el papel del plomero inhallable? De ser así, estaríamos humildemente fungiendo como salvavidas a través de un parche, pero después habrá que cambiar toda la instalación mediante la actividad de la ingeniería de estructuras.
La pregunta que dejo en el ambiente es: ¿por qué no empezar ya -sin prisa pero sin pausa como decía el gran poeta Goethe- esa imperiosa tarea de despegue de lo anquilosado, ineficiente y sospechado de corruptelas?
Por esas razones, con las reservas que anteceden y con la esperanza de que se mejore la legislación con una política global de Estado en esta materia, vamos a votar en general por la afirmativa todos los despachos emitidos por la Comisión de Legislación Penal.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
SR. ZAMORA, LUIS FERNANDO (CAP FEDERAL):
Señor presidente: esta mañana estuve revisando debates de este tipo o motivados por circunstancias dramáticas como las que rodean la discusión de hoy.
La verdad es que podríamos remontarnos a muchos años atrás y a muchas sesiones de este tipo. Algunas fueron motivadas por hechos que tuvieron mayor o menor repercusión, pero en definitiva se trata de hechos que golpean a la condición humana y al pueblo porque los viene sufriendo desde hace muchísimo tiempo o por la angustia de pensar que puede sufrir esos hechos en cualquier momento.
No puedo dejar de señalar que siento un profundo rechazo por algunas formas superficiales, demagógicas y repudiables, especialmente por parte del bloque Justicialista y de algunos partidos provinciales, en que se intenta lucrar con hechos de estas características, que preocupan a la mayoría del pueblo, del que por lo menos me siento parte.
Se trata de una angustia que uno siente. Esa actitud no estimula ni siquiera a participar del debate. Personalmente, he tenido que hacer un esfuerzo. Lo hemos conversado en el bloque y resolvimos que era necesario darlo. No constituye un hecho estimulante haber visto por televisión esa vergonzosa reunión de comisión, que se efectuó ayer en esta Cámara, como así también la que se hizo en el Senado. Hablando de este tema hubo dirigentes, diputados y senadores opinando también en los medios de difusión, pero se cuidaron mucho de no decir nada sobre su responsabilidad por haber estado en el gobierno ni ahora por estar lucrando con todo esto.
Constituye una paradoja que un drama de estas características -drama personal, familiar y de una sociedad, porque así lo ha sentido toda la gente; esto resulta estimulante-, que golpeó a la mayoría del pueblo argentino, no tenga una respuesta apropiada. Y esto lo digo porque existe la necesidad de proponer medidas ante las exigencias que nos impone la gente.
Frente a eso está el médico que atiende a la familia angustiada que tiene afectado a uno de sus integrantes. El médico, aunque sienta mucha solidaridad con el paciente, tiene la obligación de efectuar un diagnóstico serio. Eso no ha ocurrido en la práctica ni lo hemos visto acá. No existe esa actitud. Esto lo palpamos durante todos estos días en los distintos medios donde se produjeron debates, como aconteció en la comisión.
Me alegra haber escuchado a la señora diputada Barbagelata, porque aunque no comparta algunas de las cosas que ha propuesto, ha efectuado un diagnóstico luego de una serie de propuestas emanadas de una investigación que realizó con la seriedad del caso.
Lo mismo aconteció con el señor diputado Macaluse, con quien me solidarizo frente a este hecho intimidatorio de restringirle el derecho de expresión. Esperemos que podamos desarrollar todo lo que señaló el señor diputado Macaluse. Quiero ver quién le reprocha en este recinto sus argumentos. Esta Cámara tiene la oportunidad de avanzar en la investigación de esos hechos.
Insisto en que son necesarios los diagnósticos serios, que deben contar con el estudio, la experiencia y la investigación de otros países, tal como ha acontecido en todo el mundo, donde se toman incluso hasta los estudios de las universidades que se han expedido sobre el tema.
Es necesario confrontar propuestas, porque las realidades difieren en todos lados. Es indispensable analizar la realidad cotidiana de la Argentina 2004. Todo eso no está acá.
Con solo escuchar el informe del bloque mayoritario de esta Cámara, de la primera minoría y de otros bloques -especialmente provinciales- nos damos cuenta de que existe superficialidad para tomar estas medidas. No existe seguridad alguna para sustentar lo que se está proponiendo.
¡El señor diputado Ruckauf no estudió nada para hacer sus planteos acá! ¡Simplemente ha tomado un eslogan, y con la vida no se juega, y menos con eslóganes! Pongo el ejemplo del señor diputado Ruckauf que en realidad es secundario, porque es su bloque el que está avalando este tipo de actitudes al presentar estos proyectos.
Todo esto me parece importante, porque a veces la gente cree que el espectáculo empieza cuando uno llega,pero a veces viene desde hace muchos años.
Yo me acerqué a la lucha por los derechos humanos precisamente por el tema de la inseguridad, aunque no la llamábamos así, no era una palabra que me simpatizaba, pero era inseguridad, porque en la época de la dictadura ¡vaya si se sentía inseguridad! Era una dictadura feroz. Me motivó solidarizarme con los que la sentían directamente, sabiendo que además en cualquier momento cualquiera podía ser víctima, y el pueblo en su conjunto ya lo era al resistir una dictadura represiva.
Desde entonces hasta ahora hemos estado planteando este tema cotidianamente, con propuestas similares que pueden ser polémicas pero con toda la seriedad que aleja la simplificación, el eslogan y la consigna.
Esta es una cuestión para dialogar con la población y lamentablemente no con la mayoría de los que se encuentran aquí. Este debate se da en un ámbito donde están dos partidos que han gobernado al país durante los últimos veinte años; inclusive hay algunos que han formado parte de gobiernos desde hace mucho más. Por ejemplo, el diputado que mencioné fue ministro ya en la época de Isabel Perón y de López Rega. ¡Imagínense si tuvo posibilidad de aplicar sus políticas¡ Desde hace treinta años, con alguna interrupción en la época de la dictadura, pudo implementar las recetas mágicas que postula para solucionar el problema a decenas de miles de personas que vinieron a la plaza y a millones que se solidarizaron con ese reclamo. ¡Miren si tuvo oportunidad!
La enorme mayoría de las provincias y los gobiernos nacionales estuvieron a cargo de estos dos partidos. Asimismo, varios de los partidos provinciales fueron parte de la dictadura, o sea que tuvieron libertad absoluta para implementar sus políticas. Por ejemplo, el señor diputado Natale pudo haber llevado adelante todas sus propuestas porque fue funcionario de un gobierno dictatorial. No puede decir que alguien lo restringió: la demagogia del Congreso, los jueces... nadie. Cito nombres como ejemplo de quienes tuvieron esas actitudes; por supuesto que los que fueron funcionarios de la dictadura no son todos los que están acá.
Todo esto hace muy complejo encarar el debate en este recinto desde el punto de un diálogo con la población. Aunque la angustia nunca es buena, es un buen marco para discutir las soluciones con una población que busca respuestas. La sociedad trata de encontrar los mejores caminos, al menos los mejores posibles.
Por eso fue tan hermosa la marcha del otro día. Yo me sentí un privilegiado estando allí perdido, caminando desde Hipólito Yrigoyen, cruzando toda la plaza hasta Rivadavia, formando el cordón donde se dijo que iba a salir el señor Blumberg. Allí había unos jóvenes que propusieron formar un cordón y así lo hicimos. Nos quedamos charlando en rondas de cincuenta o sesenta personas. Había un reclamo de justicia, un repudio a la dirigencia política, una falta de expectativas en las instituciones, un repudio a los jueces, un rechazo muy profundo y muy intenso a la policía. En fin, se dio un debate riquísimo sobre si sirve o no aumentar las penas, lo que dijo el señor Blumberg, tal cosa, tal otra, en suma un debate abierto, porque lo que se quiere es tratar de atacar el drama que se vive. Eso es lo que se busca.
No es la primera vez que en este recinto debatimos estas cuestiones, esto ya se dijo en otras oportunidades. Debates sobre la base de la demagogia y del aumento de las penas se han dado muchos. ¿Se acuerdan cuando se mataron a muchos policías, cuando distintas bandas asaltaban restaurantes, y entonces con la presión mediática, con Canal 9, el señor Hadad, etcétera, fuimos rápido a sesionar para analizar el aumento de las penas porque si se mataba a un policía era mucho más grave que matar a cualquier otra persona? Este debate lo hemos repetido varias veces.
Ya hemos vivido en repetidas oportunidades esta demagogia de analizar leyes para aumentar las penas o aplicar multas, frente a la presión mediática. Pero yo me pregunto, ¿los que gobernaron la Argentina no tienen nada que ver en lo que está ocurriendo? No olvidemos que tuvieron todo el apoyo de la población, tanto el gobierno del 83, con todo el fervor y el entusiasmo del pueblo, como lo tuvo el propio Menem. Lo mismo pasó con los gobiernos provinciales, donde nadie les limitó o les restringió el poder.
Nadie fue tan importante como para no permitir que esos gobiernos llevaran adelante sus políticas, es decir estos proyectos maravillosos que hoy estimulan y pretenden aprobar. No debemos olvidar que son los responsables porque gobernaron durante varios años, eso es un hecho. Llenaron el país de pobres y las instituciones de corrupción.
Este debate lo venimos dando desde hace mucho tiempo, en el que venimos cuestionando la política que tienen la mayoría de los partidos que están representados en este recinto con otros integrantes. Si se habla en términos médicos, primero se diagnostica y después...
La verdad es que podríamos remontarnos a muchos años atrás y a muchas sesiones de este tipo. Algunas fueron motivadas por hechos que tuvieron mayor o menor repercusión, pero en definitiva se trata de hechos que golpean a la condición humana y al pueblo porque los viene sufriendo desde hace muchísimo tiempo o por la angustia de pensar que puede sufrir esos hechos en cualquier momento.
No puedo dejar de señalar que siento un profundo rechazo por algunas formas superficiales, demagógicas y repudiables, especialmente por parte del bloque Justicialista y de algunos partidos provinciales, en que se intenta lucrar con hechos de estas características, que preocupan a la mayoría del pueblo, del que por lo menos me siento parte.
Se trata de una angustia que uno siente. Esa actitud no estimula ni siquiera a participar del debate. Personalmente, he tenido que hacer un esfuerzo. Lo hemos conversado en el bloque y resolvimos que era necesario darlo. No constituye un hecho estimulante haber visto por televisión esa vergonzosa reunión de comisión, que se efectuó ayer en esta Cámara, como así también la que se hizo en el Senado. Hablando de este tema hubo dirigentes, diputados y senadores opinando también en los medios de difusión, pero se cuidaron mucho de no decir nada sobre su responsabilidad por haber estado en el gobierno ni ahora por estar lucrando con todo esto.
Constituye una paradoja que un drama de estas características -drama personal, familiar y de una sociedad, porque así lo ha sentido toda la gente; esto resulta estimulante-, que golpeó a la mayoría del pueblo argentino, no tenga una respuesta apropiada. Y esto lo digo porque existe la necesidad de proponer medidas ante las exigencias que nos impone la gente.
Frente a eso está el médico que atiende a la familia angustiada que tiene afectado a uno de sus integrantes. El médico, aunque sienta mucha solidaridad con el paciente, tiene la obligación de efectuar un diagnóstico serio. Eso no ha ocurrido en la práctica ni lo hemos visto acá. No existe esa actitud. Esto lo palpamos durante todos estos días en los distintos medios donde se produjeron debates, como aconteció en la comisión.
Me alegra haber escuchado a la señora diputada Barbagelata, porque aunque no comparta algunas de las cosas que ha propuesto, ha efectuado un diagnóstico luego de una serie de propuestas emanadas de una investigación que realizó con la seriedad del caso.
Lo mismo aconteció con el señor diputado Macaluse, con quien me solidarizo frente a este hecho intimidatorio de restringirle el derecho de expresión. Esperemos que podamos desarrollar todo lo que señaló el señor diputado Macaluse. Quiero ver quién le reprocha en este recinto sus argumentos. Esta Cámara tiene la oportunidad de avanzar en la investigación de esos hechos.
Insisto en que son necesarios los diagnósticos serios, que deben contar con el estudio, la experiencia y la investigación de otros países, tal como ha acontecido en todo el mundo, donde se toman incluso hasta los estudios de las universidades que se han expedido sobre el tema.
Es necesario confrontar propuestas, porque las realidades difieren en todos lados. Es indispensable analizar la realidad cotidiana de la Argentina 2004. Todo eso no está acá.
Con solo escuchar el informe del bloque mayoritario de esta Cámara, de la primera minoría y de otros bloques -especialmente provinciales- nos damos cuenta de que existe superficialidad para tomar estas medidas. No existe seguridad alguna para sustentar lo que se está proponiendo.
¡El señor diputado Ruckauf no estudió nada para hacer sus planteos acá! ¡Simplemente ha tomado un eslogan, y con la vida no se juega, y menos con eslóganes! Pongo el ejemplo del señor diputado Ruckauf que en realidad es secundario, porque es su bloque el que está avalando este tipo de actitudes al presentar estos proyectos.
Todo esto me parece importante, porque a veces la gente cree que el espectáculo empieza cuando uno llega,pero a veces viene desde hace muchos años.
Yo me acerqué a la lucha por los derechos humanos precisamente por el tema de la inseguridad, aunque no la llamábamos así, no era una palabra que me simpatizaba, pero era inseguridad, porque en la época de la dictadura ¡vaya si se sentía inseguridad! Era una dictadura feroz. Me motivó solidarizarme con los que la sentían directamente, sabiendo que además en cualquier momento cualquiera podía ser víctima, y el pueblo en su conjunto ya lo era al resistir una dictadura represiva.
Desde entonces hasta ahora hemos estado planteando este tema cotidianamente, con propuestas similares que pueden ser polémicas pero con toda la seriedad que aleja la simplificación, el eslogan y la consigna.
Esta es una cuestión para dialogar con la población y lamentablemente no con la mayoría de los que se encuentran aquí. Este debate se da en un ámbito donde están dos partidos que han gobernado al país durante los últimos veinte años; inclusive hay algunos que han formado parte de gobiernos desde hace mucho más. Por ejemplo, el diputado que mencioné fue ministro ya en la época de Isabel Perón y de López Rega. ¡Imagínense si tuvo posibilidad de aplicar sus políticas¡ Desde hace treinta años, con alguna interrupción en la época de la dictadura, pudo implementar las recetas mágicas que postula para solucionar el problema a decenas de miles de personas que vinieron a la plaza y a millones que se solidarizaron con ese reclamo. ¡Miren si tuvo oportunidad!
La enorme mayoría de las provincias y los gobiernos nacionales estuvieron a cargo de estos dos partidos. Asimismo, varios de los partidos provinciales fueron parte de la dictadura, o sea que tuvieron libertad absoluta para implementar sus políticas. Por ejemplo, el señor diputado Natale pudo haber llevado adelante todas sus propuestas porque fue funcionario de un gobierno dictatorial. No puede decir que alguien lo restringió: la demagogia del Congreso, los jueces... nadie. Cito nombres como ejemplo de quienes tuvieron esas actitudes; por supuesto que los que fueron funcionarios de la dictadura no son todos los que están acá.
Todo esto hace muy complejo encarar el debate en este recinto desde el punto de un diálogo con la población. Aunque la angustia nunca es buena, es un buen marco para discutir las soluciones con una población que busca respuestas. La sociedad trata de encontrar los mejores caminos, al menos los mejores posibles.
Por eso fue tan hermosa la marcha del otro día. Yo me sentí un privilegiado estando allí perdido, caminando desde Hipólito Yrigoyen, cruzando toda la plaza hasta Rivadavia, formando el cordón donde se dijo que iba a salir el señor Blumberg. Allí había unos jóvenes que propusieron formar un cordón y así lo hicimos. Nos quedamos charlando en rondas de cincuenta o sesenta personas. Había un reclamo de justicia, un repudio a la dirigencia política, una falta de expectativas en las instituciones, un repudio a los jueces, un rechazo muy profundo y muy intenso a la policía. En fin, se dio un debate riquísimo sobre si sirve o no aumentar las penas, lo que dijo el señor Blumberg, tal cosa, tal otra, en suma un debate abierto, porque lo que se quiere es tratar de atacar el drama que se vive. Eso es lo que se busca.
No es la primera vez que en este recinto debatimos estas cuestiones, esto ya se dijo en otras oportunidades. Debates sobre la base de la demagogia y del aumento de las penas se han dado muchos. ¿Se acuerdan cuando se mataron a muchos policías, cuando distintas bandas asaltaban restaurantes, y entonces con la presión mediática, con Canal 9, el señor Hadad, etcétera, fuimos rápido a sesionar para analizar el aumento de las penas porque si se mataba a un policía era mucho más grave que matar a cualquier otra persona? Este debate lo hemos repetido varias veces.
Ya hemos vivido en repetidas oportunidades esta demagogia de analizar leyes para aumentar las penas o aplicar multas, frente a la presión mediática. Pero yo me pregunto, ¿los que gobernaron la Argentina no tienen nada que ver en lo que está ocurriendo? No olvidemos que tuvieron todo el apoyo de la población, tanto el gobierno del 83, con todo el fervor y el entusiasmo del pueblo, como lo tuvo el propio Menem. Lo mismo pasó con los gobiernos provinciales, donde nadie les limitó o les restringió el poder.
Nadie fue tan importante como para no permitir que esos gobiernos llevaran adelante sus políticas, es decir estos proyectos maravillosos que hoy estimulan y pretenden aprobar. No debemos olvidar que son los responsables porque gobernaron durante varios años, eso es un hecho. Llenaron el país de pobres y las instituciones de corrupción.
Este debate lo venimos dando desde hace mucho tiempo, en el que venimos cuestionando la política que tienen la mayoría de los partidos que están representados en este recinto con otros integrantes. Si se habla en términos médicos, primero se diagnostica y después...
SR. ALVAREZ, ROQUE TOBIAS (TUCUMAN):
Señor presidente: solicito que el orador se remita a la cuestión que estamos tratando.
SR. ZAMORA, LUIS FERNANDO (CAP FEDERAL):
Señor presidente: esta cuestión referida a esta dirigencia política oportunista y demagógica también está alimentada por los medios de comunicación, porque una parte importante de ellos se está montando sobre este reclamo, que afortunadamente por ahora es una gran pelea que tenemos que dar todos los que de una u otra forma defendemos derechos democráticos, con mirada democrática frente a las posibles respuestas que genera este problema.
Se trata de una gran pelea. Creo que el otro día muchos de los partidarios de la mano dura no hubiesen podido caminar entre la gente que estaba reunida frente a la plaza del Congreso, porque eran parte de la dirigencia que repudian. Por supuesto, más allá de que muchas de las cosas que rodearon a esa marcha...
Se trata de una gran pelea. Creo que el otro día muchos de los partidarios de la mano dura no hubiesen podido caminar entre la gente que estaba reunida frente a la plaza del Congreso, porque eran parte de la dirigencia que repudian. Por supuesto, más allá de que muchas de las cosas que rodearon a esa marcha...
SR. ALVAREZ, ROQUE TOBIAS (TUCUMAN):
¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?
SR. ZAMORA, LUIS FERNANDO (CAP FEDERAL):
Señor presidente: deseo seguir avanzando en la consideración de distintos puntos y si el tiempo lo permite, le voy a conceder la interrupción al señor diputado.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
En consecuencia, no concede la interrupción.
De todas maneras, lo que el señor diputado le quiere decir al orador es que avance sobre distintos puntos pero referidos a la cuestión en consideración.
De todas maneras, lo que el señor diputado le quiere decir al orador es que avance sobre distintos puntos pero referidos a la cuestión en consideración.
SR. ZAMORA, LUIS FERNANDO (CAP FEDERAL):
La Presidencia está haciendo de intérprete del señor diputado.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Si así lo entiende el señor diputado, entonces estamos siendo intérpretes.
SR. ZAMORA, LUIS FERNANDO (CAP FEDERAL):
Le agradezco la aclaración, señor presidente, porque eso significa que no hay motivos para la interrupción, y que en todo caso el señor diputado ha resuelto su inquietud y tiene su problema solucionado.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
La Presidencia, en todo caso, está haciendo lo que corresponde.
SR. ZAMORA, LUIS FERNANDO (CAP FEDERAL):
Entonces, señor presidente, era usted el que quería decir eso.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
No, señor diputado; el señor diputado lo dijo por intermedio de la Presidencia.
SR. ZAMORA, LUIS FERNANDO (CAP FEDERAL):
Señor presidente: venía diciendo que a la aberración que sufren las familias, que son muchísimas, dentro de las cuales la familia Blumberg hoy es un símbolo, se suma otra grave aberración que es la utilización del dolor para plantear proyectos que dos o tres meses atrás no se animaban a presentar en público.
SR. ALVAREZ, ROQUE TOBIAS (TUCUMAN):
¿Me permite...
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
La Presidencia recuerda que el orador ha dicho que no concederá interrupciones.
SR. ZAMORA, LUIS FERNANDO (CAP FEDERAL):
El reclamo de la población que escuché ese día mostraba su heterogeneidad. Había representantes de distintos sectores, había clase acomodada y otra paupérrima. Había sectores medios, otros más humildes, en fin, una gama muy heterogénea y muy rica. Todos transmitían angustias en cuanto a cómo resolver el problema, pero existía una decisión de poner el cuerpo y salir a la calle.
Las propuestas autoritarias son encerrarse;poner rejas; si se tiene plata, meterse en un barrio privado; rodearse de empresas privadas de seguridad, y enjaular en cárceles a todos los que osen quebrantar esto.
¡Qué hermoso es ver a cien mil o doscientas mil personas quebrantar eso, saliendo a la calle! Contra las medidas represivas y las penas no hay mejor forma que desconocerlas y salir a la calle. La presencia en las calles es lo opuesto a la salida que tienen las clases dominantes, que se encierran detrás de las rejas, con candados, policías y perros guardianes.
¡Qué hermoso, qué lleno de vida estuvo Buenos Aires el jueves pasado! Hablo de Buenos Aires porque fue donde estuve personalmente, pero eso se dio en muchas ciudades del país.
Ahora bien, sería bueno que para firmar el petitorio la gente pueda leerlo; tiene derecho a conocerlo. A la gente se le pide que firme y se le explica que es por la vida de Axel. Millones de pibes firman por todos los jóvenes como Axel que están vivos, pero no les están mostrando el petitorio. Eso se oculta en muchísimos lugares del país. Lo mínimo que se puede pedir para firmar algo es que se muestre de qué se trata.
Esta discusión ya lleva más de un siglo, porque en un momento dado se empezó a poner como objeto de conocimiento al hombre delincuente. Como todos saben, eso lo estudió Lombroso. Había un hombre para estudiar: el hombre delincuente. Se lo consideraba una subespecie de la raza humana. Esta teoría de Lombroso dio lugar después al positivismo criminológico.
Sin ir más lejos, acabo de escuchar una distinción igual. ¿Qué hacía Lombroso? Distinguía entre buenos y malos. Y acá un señor diputado acaba de separar entre buenos y malos y dice que unos y otros hay en todos lados. O sea que se dan definiciones cortantes: el que es malo es malo y el que es bueno es bueno, y detrás de eso está la política de derechos humanos para nosotros y no para los delincuentes; derechos humanos para los buenos y no para los malos. Volvemos a los irrecuperables de los que hablaba Videla. Ahí está todo el pensamiento autoritario y discriminatorio.
Lombroso hablaba de normales y anormales, enfermos y sanos, obedientes y desobedientes, criminales y gente corriente.
Las propuestas autoritarias son encerrarse;poner rejas; si se tiene plata, meterse en un barrio privado; rodearse de empresas privadas de seguridad, y enjaular en cárceles a todos los que osen quebrantar esto.
¡Qué hermoso es ver a cien mil o doscientas mil personas quebrantar eso, saliendo a la calle! Contra las medidas represivas y las penas no hay mejor forma que desconocerlas y salir a la calle. La presencia en las calles es lo opuesto a la salida que tienen las clases dominantes, que se encierran detrás de las rejas, con candados, policías y perros guardianes.
¡Qué hermoso, qué lleno de vida estuvo Buenos Aires el jueves pasado! Hablo de Buenos Aires porque fue donde estuve personalmente, pero eso se dio en muchas ciudades del país.
Ahora bien, sería bueno que para firmar el petitorio la gente pueda leerlo; tiene derecho a conocerlo. A la gente se le pide que firme y se le explica que es por la vida de Axel. Millones de pibes firman por todos los jóvenes como Axel que están vivos, pero no les están mostrando el petitorio. Eso se oculta en muchísimos lugares del país. Lo mínimo que se puede pedir para firmar algo es que se muestre de qué se trata.
Esta discusión ya lleva más de un siglo, porque en un momento dado se empezó a poner como objeto de conocimiento al hombre delincuente. Como todos saben, eso lo estudió Lombroso. Había un hombre para estudiar: el hombre delincuente. Se lo consideraba una subespecie de la raza humana. Esta teoría de Lombroso dio lugar después al positivismo criminológico.
Sin ir más lejos, acabo de escuchar una distinción igual. ¿Qué hacía Lombroso? Distinguía entre buenos y malos. Y acá un señor diputado acaba de separar entre buenos y malos y dice que unos y otros hay en todos lados. O sea que se dan definiciones cortantes: el que es malo es malo y el que es bueno es bueno, y detrás de eso está la política de derechos humanos para nosotros y no para los delincuentes; derechos humanos para los buenos y no para los malos. Volvemos a los irrecuperables de los que hablaba Videla. Ahí está todo el pensamiento autoritario y discriminatorio.
Lombroso hablaba de normales y anormales, enfermos y sanos, obedientes y desobedientes, criminales y gente corriente.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Disculpe, señor diputado: la señora diputada Pérez le solicita una interrupción. ¿Se la concede?
SR. ZAMORA, LUIS FERNANDO (CAP FEDERAL):
No, señor presidente, y le pido disculpas, pero me resta poco tiempo. Además, si bien no la ubico con precisión, tengo entendido que ya ha hecho uso de la palabra.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Señor diputado: usted ha hablado de falta de información, pero el material al que alude figura en Internet y en todos los medios periodísticos. Se trata de cuestiones que son de público conocimiento; por lo tanto, no se pueden negar. Me parece que la Cámara, con sus expresiones, está quedando como no corresponde.
Por lo expuesto, la Presidencia le solicita que por favor considere seriamente este concepto y lo analice antes de cerrar el discurso.
Por lo expuesto, la Presidencia le solicita que por favor considere seriamente este concepto y lo analice antes de cerrar el discurso.
SR. ZAMORA, LUIS FERNANDO (CAP FEDERAL):
Reafirmo esa preocupación y -en algunos aspectos- denuncia. Se está haciendo firmar una cosa abusando de una presentación que es incorrecta.
Reitero que ojalá toda la población se sintiera comprometida e involucrada para firmar propuestas, porque una de las cosas importantes que hizo Blumberg fue asumir el dolor que tenía como pudo y no sólo convocó a la población a salir a la calle a solidarizarse con él, a hacerse cargo de que era un problema de todos, sino que además hizo propuestas, que se podrán compartir o no. Pero, ¡qué interesante es que de la población vengan propuestas!
Reitero que ojalá toda la población se sintiera comprometida e involucrada para firmar propuestas, porque una de las cosas importantes que hizo Blumberg fue asumir el dolor que tenía como pudo y no sólo convocó a la población a salir a la calle a solidarizarse con él, a hacerse cargo de que era un problema de todos, sino que además hizo propuestas, que se podrán compartir o no. Pero, ¡qué interesante es que de la población vengan propuestas!
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Eso mejora un poco lo que ha dicho, señor diputado.
SR. ZAMORA, LUIS FERNANDO (CAP FEDERAL):
Hace años venimos pidiendo que se hagan. Lo que quisiera es que esas propuestas figuren donde está el petitorio a firmar.
Volviendo a lo anterior, todo elemento que proponía Lombroso era para profundizar esa división, no para ver cómo se podía rescatar o resocializar al malo, o sea, lo que sería cumplir con el artículo 18 de la Constitución Nacional. Al contrario, separaba lo bueno de lo malo porque eran categorías irreversibles.
De allí vienen nociones tales como la peligrosidad y la limpieza, que llegaron hasta extremos que el mundo ya ha conocido, porque esta teoría, llevada al extremo, condujo a los ciudadanos de primera y a las subespecies mandadas a Auschwitz. Los que fueron a este campo de concentración eran personas que según esta concepción ya no tenían ninguna posibilidad de aportar algo a la humanidad; por eso había que eliminarlas. Estas son García Blesa
teorías. Después hay prácticas que quedan a mitad de camino y otras que llegan al final.
En definitiva, la vía punitiva aboga por aumentar el número de efectivos policiales -esto sucede en todo el mundo, y lo señalo para que vean lo poco original que son los que proponen estas medidas-, otorgar mayor discrecionalidad y menos restricciones a la policía, modificar los códigos penales para eliminar todo lo que traba el trabajo policial, aumentar el gasto en seguridad, bajar la edad de imputabilidad, hacer responsables a niños y encarcelarlos desde edades lo más tempranas posible, incluyendo a los padres, que deberán hacerse cargo de los delitos que eventualmente puedan cometer sus hijos.
También se habla de aumentar las penas y construir más cárceles. La mejor educación, dice este discurso, es castigar a la persona. Es decir, cuanto más temprano se lo castigue y cuanto más dura sea la pena mejor será para la sociedad y para él mismo.
Este mecanismo no ha funcionado en ningún lugar del mundo; no existe ningún centro de investigación referido a este tema, ninguna universidad seria, centro académico respetado en el mundo en materia de derecho penal, psicología y ámbito institucional, que defienda una conclusión distinta a ésta.
Sólo puede parecer que funciona en un corto plazo. Entonces, tienen que recurrir a Giuliani, a Nueva York. Lo que pasa es que la gestión de Giuliani coincidió con el boom económico de Clinton que mejoró toda la situación socioeconómica, con lo cual confirmó que el delito está muy vinculado con la exclusión, la marginalidad, la pobreza y la inseguridad. Giuliani propició mayor represión y más pena, pero lo que redujo el delito fue la mejora en la situación socioeconómica. El caso de la Florida es exactamente el mismo, porque entre las cosas importantes que ha hecho el señor Blumberg está indicar...
Volviendo a lo anterior, todo elemento que proponía Lombroso era para profundizar esa división, no para ver cómo se podía rescatar o resocializar al malo, o sea, lo que sería cumplir con el artículo 18 de la Constitución Nacional. Al contrario, separaba lo bueno de lo malo porque eran categorías irreversibles.
De allí vienen nociones tales como la peligrosidad y la limpieza, que llegaron hasta extremos que el mundo ya ha conocido, porque esta teoría, llevada al extremo, condujo a los ciudadanos de primera y a las subespecies mandadas a Auschwitz. Los que fueron a este campo de concentración eran personas que según esta concepción ya no tenían ninguna posibilidad de aportar algo a la humanidad; por eso había que eliminarlas. Estas son García Blesa
teorías. Después hay prácticas que quedan a mitad de camino y otras que llegan al final.
En definitiva, la vía punitiva aboga por aumentar el número de efectivos policiales -esto sucede en todo el mundo, y lo señalo para que vean lo poco original que son los que proponen estas medidas-, otorgar mayor discrecionalidad y menos restricciones a la policía, modificar los códigos penales para eliminar todo lo que traba el trabajo policial, aumentar el gasto en seguridad, bajar la edad de imputabilidad, hacer responsables a niños y encarcelarlos desde edades lo más tempranas posible, incluyendo a los padres, que deberán hacerse cargo de los delitos que eventualmente puedan cometer sus hijos.
También se habla de aumentar las penas y construir más cárceles. La mejor educación, dice este discurso, es castigar a la persona. Es decir, cuanto más temprano se lo castigue y cuanto más dura sea la pena mejor será para la sociedad y para él mismo.
Este mecanismo no ha funcionado en ningún lugar del mundo; no existe ningún centro de investigación referido a este tema, ninguna universidad seria, centro académico respetado en el mundo en materia de derecho penal, psicología y ámbito institucional, que defienda una conclusión distinta a ésta.
Sólo puede parecer que funciona en un corto plazo. Entonces, tienen que recurrir a Giuliani, a Nueva York. Lo que pasa es que la gestión de Giuliani coincidió con el boom económico de Clinton que mejoró toda la situación socioeconómica, con lo cual confirmó que el delito está muy vinculado con la exclusión, la marginalidad, la pobreza y la inseguridad. Giuliani propició mayor represión y más pena, pero lo que redujo el delito fue la mejora en la situación socioeconómica. El caso de la Florida es exactamente el mismo, porque entre las cosas importantes que ha hecho el señor Blumberg está indicar...
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
La Presidencia solicita al señor diputado que se refiera al tema en general y que no cite nombres.
SR. ZAMORA, LUIS FERNANDO (CAP FEDERAL):
¿Por qué no puedo hacerlo, señor presidente?
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Porque no corresponde, señor diputado. Está ofendiendo a integrantes de la Cámara, y esto va a traer problemas. Por favor, continúe con su discurso.
SR. ZAMORA, LUIS FERNANDO (CAP FEDERAL):
Acá se citó a Perón, y ahora usted me prohíbe dar nombres...
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Es señor diputado está ofendiendo a la gente. Todo el mundo tiene derecho a opinar lo que quiera. Por respeto le solicito que no lo haga.
SR. ZAMORA, LUIS FERNANDO (CAP FEDERAL):
Como decía, este mecanismo no funciona en ningún lugar del mundo, y justamente los ejemplos que se han dado demuestran lo contrario; por eso debemos hablar con mucha seriedad, como se nos ha invitado a hacerlo a quienes desde hace años venimos trabajando en el tema y hemos estado investigando.
Los hechos demuestran que las propuestas que se están haciendo aquí han fracasado en todos lados. La Argentina es el mejor ejemplo: tantas veces se han aumentado las penas y adoptado medidas como las que mencioné en el discurso punitivo, y sin embargo no estaríamos aquí reunidos si la angustia no se hubiera extendido por todo el país con motivo de la inseguridad.
Loic Wacqant en Las cárceles de la miseria ha hecho un estudio muy serio sobre este tema, y acerca de las teorías y experiencias que se han realizado. Cito esta fuente para quienes deseen recurrir a ella y estudiar en profundidad este asunto.
Los hechos demuestran que las propuestas que se están haciendo aquí han fracasado en todos lados. La Argentina es el mejor ejemplo: tantas veces se han aumentado las penas y adoptado medidas como las que mencioné en el discurso punitivo, y sin embargo no estaríamos aquí reunidos si la angustia no se hubiera extendido por todo el país con motivo de la inseguridad.
Loic Wacqant en Las cárceles de la miseria ha hecho un estudio muy serio sobre este tema, y acerca de las teorías y experiencias que se han realizado. Cito esta fuente para quienes deseen recurrir a ella y estudiar en profundidad este asunto.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
La Presidencia informa al señor diputado que ha vencido el término de que disponía para hacer uso de la palabra. Por lo tanto, le sugiere que vaya redondeando su exposición.
SR. ZAMORA, LUIS FERNANDO (CAP FEDERAL):
Para finalizar, quiero decir que tenemos un país devastado, donde del 5 por ciento de pobres en la década del 60 pasamos a que por lo menos la mitad de la población sea pobre hoy y una gran cantidad de jóvenes se encuentre en una situación de enorme desigualdad.
Asimismo, existe una concentración de riqueza en pocas manos y una mayoría de empobrecidos, que no es lo mismo que ser pobre, porque este último nació así, pero el que se empobreció suele estar en estado de conflictividad social, de resentimiento y de bronca muy grande.
A eso debemos agregar la corrupción institucional de la dirigencia política; de allí lo que manifestó el señor diputado Macaluse. Quisiera saber qué se opina sobre los sobornos en el Senado, todavía impunes habiendo pasado cuatro años. Sería muy buena esa discusión. Todo lo que influye la corrupción política sobre la corrupción en la policía, que mira hacia arriba y siempre ve dirigencia política que respalda...
Asimismo, existe una concentración de riqueza en pocas manos y una mayoría de empobrecidos, que no es lo mismo que ser pobre, porque este último nació así, pero el que se empobreció suele estar en estado de conflictividad social, de resentimiento y de bronca muy grande.
A eso debemos agregar la corrupción institucional de la dirigencia política; de allí lo que manifestó el señor diputado Macaluse. Quisiera saber qué se opina sobre los sobornos en el Senado, todavía impunes habiendo pasado cuatro años. Sería muy buena esa discusión. Todo lo que influye la corrupción política sobre la corrupción en la policía, que mira hacia arriba y siempre ve dirigencia política que respalda...
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Si me permite, señor diputado, ruego a los presidentes de bloque que vayan llamando a los señores diputados porque vamos a pasar a votar.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.
SR. ZAMORA, LUIS FERNANDO (CAP FEDERAL):
Tanto la desigualdad social como la putrefacción institucional puesta de relieve por el pueblo argentino aquel 19 y 20 de diciembre cuando gritaban "que se vayan todos", constituyen los dos puntos a atacar.
Estoy sorprendido por los que dicen que hay que desconocer los derechos democráticos contenidos en los pactos internacionales, que en todo caso están protegiendo los derechos de las personas. Pero sí se podría desconocer el pacto que en septiembre el gobierno firmó con el FMI, y así doce mil millones de pesos podrían haber sido utilizados para otorgar cien pesos por escolaridad a fin de que los chicos...
Estoy sorprendido por los que dicen que hay que desconocer los derechos democráticos contenidos en los pactos internacionales, que en todo caso están protegiendo los derechos de las personas. Pero sí se podría desconocer el pacto que en septiembre el gobierno firmó con el FMI, y así doce mil millones de pesos podrían haber sido utilizados para otorgar cien pesos por escolaridad a fin de que los chicos...
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Señor diputado Zamora: su término se ha agotado, no me obligue a retirarle el uso de la palabra.
SR. ZAMORA, LUIS FERNANDO (CAP FEDERAL):
Aquellos recursos podrían permitir que todos los chicos accedieran al sistema escolar, que es una medida de fondo para atacar los problemas de inseguridad que sufrimos. Estamos autorizando a instituciones corruptas a que sean las únicas facultadas para portar armas.
Fíjense la irracionalidad de esa medida. Todos los días aparecen delitos cometidos por policías. Instituciones represivas volaron un pueblo...
Fíjense la irracionalidad de esa medida. Todos los días aparecen delitos cometidos por policías. Instituciones represivas volaron un pueblo...
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
La Presidencia de la Cámara sugiere que se pase a votar el proyecto,... (Aplausos.), ...pues entiende que la mayoría de los señores diputados anotados se ha expresado. La Presidencia sabe que aún faltan hacer uso de la palabra los señores diputados Lozano, Cafiero, Castro, Walsh...
Si se requiere media hora más de discursos, la Presidencia no tiene inconveniente alguno en que así se proceda, pero pide que se tenga un poco de cuidado con las cosas que se dicen. Repito, con el respeto que me merecen todos los parlamentarios, la Presidencia ruega que tengamos cuidado con las cosas que decimos.
Si se requiere media hora más de discursos, la Presidencia no tiene inconveniente alguno en que así se proceda, pero pide que se tenga un poco de cuidado con las cosas que se dicen. Repito, con el respeto que me merecen todos los parlamentarios, la Presidencia ruega que tengamos cuidado con las cosas que decimos.
SR. DIAZ BANCALARI, JOSE MARIA (BUENOS AIRES):
Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. DIAZ BANCALARI, JOSE MARIA (BUENOS AIRES):
Señor presidente: sin perjuicio de que en su momento solicitaré que se impulse la reforma del reglamento, de modo que la representación popular de la Cámara tenga la posibilidad de opinar en la forma y en el tiempo que corresponde -y no dar el espectáculo que estamos dando hoy-, como representante del bloque oficialista y con el derecho que me asiste de cerrar el debate, adelanto que no haré uso de la palabra y en tal sentido solicito la inserción de mi discurso en el Diario de Sesiones.
Finalmente, de acuerdo con el artículo 127 del reglamento, formulo moción de que se cierre el debate, sin lista de oradores, y que se pase a votar. (Aplausos.)
Finalmente, de acuerdo con el artículo 127 del reglamento, formulo moción de que se cierre el debate, sin lista de oradores, y que se pase a votar. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
SR. MOLINARI ROMERO, LUIS (CORDOBA):
Señor presidente: sostenemos el criterio de que es necesario pasar a votar inmediatamente el dictamen de comisión tal cual fue emitido en el día de ayer, renunciando así al derecho de varios señores diputados de hacer uso de la palabra y a su interés en participar en este debate tan importante. En este momento el Parlamento debe dar una señal contundente de aprobación del dictamen emitido por la Comisión de Legislación Penal. (Aplausos.)
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