Discursos

Período:121 Reunion:28 Fecha:04/12/2003 MODIFICACIÓN DE LA LEY DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (MONOTRIBUTO)

aquí orden del día n° 3413

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) En consideración en general.
Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

SR. PERNASETTI, HORACIO FRANCISCO (CATAMARCA): Señor presidente: quiero hacer una solicitud habida cuenta de que hay algunos proyectos pendientes de tratamiento respecto de los que hay acuerdo y que también son importantes -como el que corresponde considerar ahora, referido al monotributo-, por ejemplo, sobre subrogación de jueces y otros, que prácticamente no tienen disidencias ni observaciones. Pienso que quizás podríamos votar primero esos proyectos y luego considerar el proyecto de ley sobre monotributo, porque el debate de este tema nos va a llevar cierto tiempo.

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Como no hay garantía de mantener el quórum, la Presidencia debe respetar el orden establecido.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

SR. DIAZ BANCALARI, JOSE MARIA (BUENOS AIRES): Señor presidente: estamos haciendo un esfuerzo para mantener el quórum. Creo que podríamos ordenar las distintas materias a tratar para aprobar todos aquellos proyectos que no presenten mayores dificultades y luego avanzar en otros temas. Pido que tratemos de abreviar al máximo los discursos. Cada uno de nosotros conoce perfectamente cuál es la posición de su bloque respecto de los diferentes proyectos.
La voluntad de mi bancada es aprobar la mayor cantidad de asuntos que sea posible para dar satisfacción a todos los legisladores que han trabajado en estos temas y que hoy están en este recinto esperando un resultado con respecto a las normas propuestas.
En cuanto a mantener o alterar el orden de consideración de los temas, procedamos como la Presidencia entienda que corresponde, pero lo ideal sería determinar -ya que estamos haciendo el esfuerzo de mantener el número- si el quórum se va a mantener hasta aproximadamente las 17.

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) La Presidencia va a asumir la responsabilidad que le compete, pero si después el señor diputado no mantiene el orden se termina la sesión, porque los señores diputados se retiran inmediatamente después de que se aprueban los proyectos. Si esa es la idea, esta Presidencia no la puede aceptar.
Hay una propuesta del señor diputado Pernasetti, a quien respeto, y no tengo otra alternativa que plantearla. Si votamos lo que supuestamente los señores diputados quieren -veo que hay otros señores diputados pidiendo la palabra para alterar el orden de consideración de los proyectos- no se va a aprobar el monotributo.

SR. DIAZ BANCALARI, JOSE MARIA (BUENOS AIRES): Entonces sigamos, señor presidente; no cambiemos el orden de tratamiento de los temas.

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.

SR. SNOPEK, CARLOS DANIEL (JUJUY): Señor presidente: en rigor de verdad el proyecto de ley en consideración tiene más de setenta artículos, por lo que yo propondría que lo tratemos en general sin discursos, ya que en todo caso se puede pedir su inserción en el Diario de Sesiones. Hay suficiente acuerdo: este tema ingresó a la Cámara en mayo de este año y fue largamente debatido. Se trata de un proyecto de ley que tiene que ver con la equidad fiscal en la Argentina y con incorporar a amplios sectores de la comunidad que hoy están marginados -por decirlo de alguna manera- a la plenitud de la vida social.
En consecuencia, solicito que en cuanto tengamos quórum votemos en general este proyecto de ley, que aprobemos la inserción en el Diario de Sesiones de los textos de los discursos que teníamos pensado exponer y luego tratemos las distintas propuestas de modificaciones.

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

SR. PERNASETTI, HORACIO FRANCISCO (CATAMARCA): Señor presidente: estamos tratando un proyecto de ley en cuyo Título I se modifica la ley de Impuesto al Valor Agregado. Nuestro bloque propuso algunas modificaciones sobre este particular, las que han sido aceptadas.
En el Título II el proyecto incluye un plan de facilidades de pago. Asimismo, incorpora un anexo vinculado con la reglamentación del monotributo.
Cuando el Poder Ejecutivo envió al Congreso este proyecto, en junio del año pasado, lo hizo como parte de un publicitado paquete que se llamó antievasión. Esta Cámara cumplió con lo solicitado por el Poder Ejecutivo, ya que luego de la correspondiente discusión introdujimos algunas modificaciones y sancionamos -si no me equivoco- tres leyes. Queda por aprobar el proyecto que ahora estamos tratando.
Cuando se abordó este tema en la Comisión de Presupuesto y Hacienda planteamos algunas propuestas concretas. En primer lugar, propusimos aprovechar el proyecto de ley para generar un plan de facilidades de pago, porque es la única forma de incluir en el circuito formal de la economía a muchos monotributistas que hoy están excluidos.
Si mal no recuerdo, las cifras que nos suministraban desde la AFIP indicaban que de casi novecientos mil inscriptos como monotributistas solamente pagaban trescientos mil.
También propusimos mantener la estructura según la cual se separan los servicios -sobre todo los profesionales- de las otras actividades. Pretendíamos aumentar el tope de los ingresos por servicios a ciento veinte mil pesos anuales y el de las otras actividades a doscientos cuarenta mil. Además, sosteníamos que no había que incrementar las cuotas.
Nos parecía esencial incluir en el régimen del monotributo el porcentaje de la cuota previsional, es decir lo que debe destinarse al sistema de la seguridad social, tanto para jubilaciones y pensiones como para obras sociales.
Nadie paga impuestos porque sí, sobre todo los monotributistas del interior. Ellos van a pagar impuestos en la medida en que vean algún beneficio. Y el beneficio radica en que aquel pequeño contribuyente que hoy está "en negro" y excluido del circuito económico pueda pagar el monotributo y saber que de alguna manera está asegurando su ingreso previsional futuro y el de su familia.
Esos eran los requisitos esenciales que para nosotros debía contener la reforma.
Asimismo, planteamos la necesidad de que se legislara sobre el contribuyente eventual. Quien no realiza actividades en forma permanente actualmente está excluido del sistema formal y debemos hacer lo posible por incluirlo.
También planteamos la necesidad de incorporar a los asociados de las cooperativas de trabajo y aceptábamos la eliminación de la figura del responsable no inscripto.
¿Por qué nuestros planteos giraban en torno de los montos anuales de facturación? Por una razón muy simple. Propongo a los señores diputados que tomemos un ejemplo. En el sistema actual del monotributo se establece un límite de ventas anuales de treinta y seis mil pesos para los profesionales. Entre cero y treinta y seis mil pesos son monotributistas y de esa cifra hasta ciento cuarenta y cuatro mil pesos pueden ser considerados como responsables no inscriptos.
Hoy, la realidad económica nos demuestra que esos pequeños comerciantes y productores, como consecuencia de la inflación y de la devaluación, vendiendo exactamente lo mismo reciben más dinero. O sea que el que vendía mil litros de leche o mil kilos de carne podía facturar la suma de treinta y seis mil pesos; pero hoy vende mil litros de leche o mil kilos de carne y cobra más de treinta y seis mil pesos. ¿Qué vamos a lograr si no modificamos la alícuota? Obligar a esta gente a que subfacture para que no exceda el límite de los treinta y seis mil pesos.
Por eso, nosotros proponemos que se aumenten los montos en función de la inflación producida, es decir que el límite de los treinta y seis mil pesos pase a ser de ciento veinte mil pesos anuales, y para las otras actividades doscientos cuarenta mil pesos anuales, creando subcategorías.
Estas cuestiones nos parecían fundamentales para que la modificación del proyecto de ley monotributista sea realista.
Alguna de esas propuestas fueron tenidas en cuenta por la comisión. Es más, mantuvimos reuniones con gente de la AFIP.
Respecto del plan de facilidades de pago -al que con mayor amplitud se va a referir el señor diputado Ostropolsky- debo decir que nos parecía esencial que figurara en el proyecto de ley, porque no tenía sentido llevar adelante esta modificación si no facilitábamos el ingreso al sistema de aquellos que desde hace tiempo no han podido cumplir con sus obligaciones ante el fisco.
Por eso, planteamos un plan de facilidades de pago con intereses realmente bajos en cuanto a los punitorios. Además, establecemos una limitación que nos parece importante: que el monto de la cuota nunca puede ser superior al 30 por ciento de la obligación mensual que deba afrontar el contribuyente. De lo contrario, quien se acoja a la moratoria, si no cuenta con este beneficio al que hice mención, va a dejar de pagar la cuota mensual o la correspondiente a la moratoria. O sea que en este caso entraríamos nuevamente en un círculo vicioso.
El plan de facilidades de pago no debería tener un número de cuotas, sino un límite.
El proyecto que ha enviado el Poder Ejecutivo, con los intereses que establece hace que el plan de pagos sea prácticamente imposible de afrontar, por lo que no constituye un beneficio para el contribuyente. Por eso, efectuamos propuestas distintas.
El artículo 18 del proyecto de ley se refiere a las personas físicas que desarrollen exclusivamente actividades profesionales. Creemos que hay que solucionar la cuestión a la que se hizo mención en todos los diarios de que algunos profesionales acerca de los cuales se hubiese expedido la Corte podían ser sujetos de reclamo -incluso retroactivo- por parte de la AFIP. Se trata de una cuestión que hay que solucionársela a todos, y no solamente a aquellos que hubiesen planteado recursos de amparo.
Por eso, planteamos la modificación que fue aceptada por la comisión de que ningún profesional que se encuentre en esta situación pueda ser objeto dereclamos anteriores.
En función de esto planteamos también la eliminación de la figura del responsable no inscripto, pero esta medida será válida en tanto se aumenten los montos de facturación, porque si los dejamos en los valores propuestos por el Poder Ejecutivo, quienes hoy son responsables no inscritos van a pasar a la categoría de responsables inscritos. A partir de ahí el monto de los servicios que ellos prestan se verá incrementado, toda vez que deberán hacer frente al pago del IVA y otros gastos.
Creo que esto va en perjuicio del conjunto de la sociedad. Es cierto que los profesionales pueden facturar de más, pero en mi opinión para que este sistema funcione es indispensable aumentar el monto de la facturación anual. De lo contrario, vamos a perjudicar en lugar de beneficiar.
Estas son algunas de las razones que nos llevaron a presentar nuestro propio dictamen, que incluye: la puesta en marcha de un plan de facilidades de pago con un interés adecuado, un límite en los montos de las cuotas, un aumento en las categorías y además propone la creación de otras nuevas para los contribuyentes del monotributo, pero, fundamentalmente, nuestra propuesta contempla el tema de la seguridad social y de las obras sociales.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda nos entregó ayer una nueva versión de las modificaciones que pretenden incorporar al proyecto en tratamiento. Algunas de ellas son prácticamente inaceptables para nosotros, como por ejemplo la que se refiere a los contribuyentes eventuales, respecto de los cuales se establece que no pueden ser sujeto de los beneficios. Me estoy refiriendo al artículo 38 del proyecto contenido en el dictamen de mayoría, que dice: "Los pequeños contribuyentes eventuales podrán ingresar mensualmente la cotización prevista en el inciso b) y, en su caso, el c) del artículo 40 para acceder a las prestaciones del régimen de salud." Ahora, el bloque de la mayoría va a proponer que no ingresen la cotización y, como consecuencia de ello, no podrán acceder a la prestación del régimen de salud.
Decir esto y que no va a existir la figura del contribuyente eventual, para nosotros es prácticamente lo mismo. Si no incluimos el "gancho" para que la gente pague -que es la posibilidad de jubilarse y de tener una obra social-, estaremos perjudicando a todo el sistema. No queremos contribuir al desfinanciamiento de las obras sociales, pero creo que a los contribuyentes eventuales y a los monotributistas debemos garantizarles el acceso a un programa médico obligatorio.
Al respecto, cabe señalar que el proyecto del Poder Ejecutivo indica que aportando veintidós pesos el monotributista puede acceder a una obra social; pero ahora se propone, mediante una nueva modificación, que no sólo pague los veintidós pesos, sino diecinuevo pesos más por cada uno de los integrantes del grupo familiar. De aceptarse esta propuesta el costo de la seguridad social se tornaría altamente limitativo para muchos monotributistas.
Por estas razones, insistimos en que la Cámara apruebe el proyecto contenido en nuestro dictamen. Sabemos de los apuros que hay -hace muchas horas que nosotros también estamos esperando la obtención del quórum-, pero estos temas no los podemos dejar pasar sin una profunda discusión. Estas son las cosas que debemos debatir en el recinto si es que realmente pensamos en legislar teniendo en cuenta el interés de la gente y no solamente el interés fiscal. Por ello, nuestro bloque va a sostener el dictamen de minoría.

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

SR. GARCIA, EDUARDO DANIEL (CORDOBA): Señor presidente: quiero fundamentar el voto negativo del bloque del Partido Socialista respecto del proyecto de ley en tratamiento.
Durante todas las campañas electorales y en cualquier fuerza política a la que pertenezcamos escuchamos que se habla de la necesidad de modificar el sistema impositivo de nuestro país. Cualquiera sea el lugar ideológico del que provengamos, en general se coincide en que nuestro sistema tributario es altamente recesivo. Sin embargo, a la hora de gobernar resulta difícil modificarlo.
Durante los últimos años se han reiterado mecanismos de reformas aisladas o parches al sistema impositivo. Esto genera, por un lado, un proceso de inseguridad jurídica, e impide por otro transformar el sistema tributario argentino para hacerlo más equitativo.
Al discutir el proyecto de modificación del IVA en cuanto a su relación con el monotributo volvemos a transitar este camino que, desde nuestro punto de vista, es equivocado.
Debemos hacer un poco de historia. La idea del monotributo surgió a partir de una rebelión fiscal que ocurrió en la ciudad de Carlos Paz de la provincia de Córdoba en enero de 1997, a partir de la fuerte presión que ejercieron los planes de la AFIP durante el verano.
Esta rebelión fiscal de enero de 1997 fue quizás la conclusión de una serie de rebeliones de muchas localidades del país, particularmente del interior de la provincia de Buenos Aires.
En esa época la AFIP aplicaba una mano muy dura sobre los pequeños contribuyentes, constituidos por comerciantes e industriales, lo que contrastaba con la situación de los countries, donde la sola ausencia de los propietarios de las viviendas impedía que el órgano de fiscalización pudiese actuar.
Luego de esta rebelión fiscal hubo una gran movilización de APYME, que significó que el titular de la AFIP de aquel momento, Carlos Silvani, se comprometiera a realizar una modificación tributaria que tuviera en cuenta la capacidad contributiva de los pequeños y medianos comerciantes y productores de nuestro país.
De allí nace la idea del monotributo, que desde el inicio contempló un criterio impositivo distorsivo. Lo podemos definir como un derecho de patente, que se paga en cuotas y que es propio de sistemas impositivos aplicados varios siglos atrás.
Señalo que es distorsivo porque representa la solución que encontró la AFIP para no reconocer la incapacidad que tiene el organismo recaudador de controlar el universo de pequeños contribuyentes.
El monotributo es distorsivo por tres razones fundamentales. En primer lugar, se pierde la relación entre los ingresos y la carga tributaria personal, que es propia de los tributos a las rentas personales. En segundo lugar, atenta contra la neutralidad en los precios, porque reemplaza el IVA por un impuesto acumulativo de monto fijo, que no se puede deducir. En tercer término, no resuelve el problema de la heterogeneidad de las actividades, porque mezcla distintas situaciones, como talleres artesanales con talleres con tecnología de punta, empresas manufactureras de bienes intermedios de alta complejidad con quioscos, servicios de computación con una peluquería, empresas unipersonales con sociedades formales, es decir, es un impuesto distorsivo que lejos de alcanzar una solución agrava la situación impositiva.
Nos hemos tomado la molestia de estudiar los antecedentes de monotributos a nivel internacional. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que agrupa a los veintinueve países más desarrollados del mundo, no tiene ningún tipo de referencias respecto del monotributo.
Cuando uno repasa las economías subdesarrolladas o en desarrollo, por ejemplo, las de países de América Latina, puede observar que solamente Brasil tiene alguna similitud, pero evidentemente con algunos atenuantes o medidas que modifican este impuesto. Por ejemplo, coloca topes mucho más elevados que los que reconoce el actual monotributo.
En síntesis, en general se plantea que la idea de aplicar el monotributo deviene de la posibilidad de defender el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país.
Cuando uno analiza cuáles han sido las políticas seguidas por los países más exitosos en cuanto al desarrollo y defensa de pequeñas empresas, puede apreciar que fundamentalmente adoptan medidas sobre la base de que las pequeñas empresas permiten flexibilizar el aparato productivo, aumentan la ocupación en términos relativos, pero, fundamentalmente, incorporan al circuito legalizado el grueso de la actividad.
El propio tratado de Maastricht, que da origen a la Unión Europea, plantea la necesidad de la defensa de las pequeñas y medianas empresas, sobre todo para que los países adopten medidas a fin de compensar la debilidad congénita del funcionamiento de esas empresas con respecto al mercado.
Entre las medidas que propone se encuentran los recursos de capital, garantías del sector público para préstamos bancarios, programas de información y asesoramiento, capacitación de directivos a través de una red de cámaras empresarias, organismos públicos o universidades, financiamiento para mejorar la competitividad en campos prioritarios, difusión de tecnologías y habilidades existentes, creación de polos tecnológicos, mejoras de la calificación de la mano de obra y formación profesional.
Asimismo, propone medidas fiscales, como por ejemplo disminución de la presión tributaria, otras medidas para capitalizar y tecnificar la gestión de desgravación fiscal y reducción de costos para cumplir con las exigencias de las leyes tributarias. Es decir que dentro de un grupo de medidas económicas aparecen las medidas financieras. En la Argentina ninguna de estas herramientas para la defensa y desarrollo de la pequeña y mediana empresa está hoy en vigencia.
Podemos suponer que esta decisión fiscal sí ayudará y apuntará hacia una reforma en lo impositivo para mejorar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Pero creo que tampoco es ésta la situación.
En resumen, podemos ver que esta simplificación de la reducción de un impuesto como es el monotributo no es el camino seguido por los países más exitosos, porque lo que han hecho en general es obligar a las empresas a inscribirse y a presentar la papelería, a pesar de que esto genere una serie de dificultades operativas en todas las gamas de los impuestos.
Lo que hacen los países avanzados es financiar
los asesoramientos profesionales, inclusive reconociendo estos costos como parte del pago de impuestos.
Evidentemente, no es lo que está pasando en nuestro país con esta simplificación de un impuesto. Tampoco podemos decir que este impuesto vaya a ser útil a la hora de recaudar. La propia AFIP nos dice que de un universo de 738.434 prestaciones -digamos las empresas o personas que están en condiciones de aportar-, que corresponden al ciento por ciento del universo y que representan el ciento por ciento de las ventas, aquellas empresas que tienen una venta de hasta sesenta mil pesos anuales son un total de 488.577, es decir, representan al 66 por ciento del universo. A ellos les estaríamos aplicando el impuesto, pero significan un total de ventas de sólo el 2,24 por ciento.
Por encima de esto, cuando vamos al otro extremo, es decir, las empresas que más venden y más participan en el mercado, observamos 3.529 empresas que representan el 1,36 por ciento del universo y tienen el 51,59 por ciento, es decir, casi el 52 por ciento del total del volumen de ventas.
Quiere decir que tampoco podemos pensar, como se ha planteado en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que la aplicación de este impuesto llamado monotributo va a significar un mejoramiento de la relevación impositiva por parte de la Nación.
En el acuerdo con el FMI se compromete que el aporte que representará el monotributo será del 0,5 por ciento del PBI, cifra que realmente es falsa, porque su aplicación significa tener en cuenta sólo el 2,24 por ciento del total de las ventas.
Entonces, evidentemente, tenemos algo raro, y como decía un economista en un artículo publicado en mi provincia, cuando realmente alguien persigue a los microbios, seguramente dejará pasar a los elefantes. Es decir que insistir en los monotributistas corresponde a una táctica distractiva que sirve para dar impunidad a los grandes.
La fuerza del organismo es limitada. La AFIP tiene limitada la capacidad de control, y si evidentemente invierte todo su esfuerzo en perseguir a este universo tan numeroso y con escasa participación en el porcentaje de ventas, no va a tener fuerza para controlar a los grandes.
En síntesis, creemos que insistir en la aplicación de un impuesto que nació con la promesa de una mayor recaudación impositiva hace muchos años, a partir de una rebelión fiscal que se produjo en el interior del país, mantener un impuesto altamente distorsivo que no sirve para fortalecer y defender el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, pero que puede ser la forma de disimular que el "apriete" por parte de la AFIP sea para los pequeños y no para los grandes, nos lleva a la conclusión de que el monotributo es absolutamente ineficiente.
Por estas razones, el bloque del Partido Socialista no va a acompañar en la votación en general el proyecto de ley que estamos considerando.

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

SRA. OCAÑA, MARIA GRACIELA (BUENOS AIRES): Señor presidente: hace cinco años el contador Silvani inventó el monotributo, tratando de dar una respuesta pragmática a la situación que estaban viviendo muchos pequeños contribuyentes a los cuales el cumplimiento de las obligaciones tributarias le resultaba muy complejo, y aparte su nivel de ingresos no permitía contratar a un asesor para presentar las declaraciones juradas correspondientes. La realidad es que este nuevo sistema, si bien intentó subsanar esta situación, no lo logró.
El monotributo, en definitiva, se transformó en un sistema para evadir impuestos. Del millón y medio de inscriptos en este impuesto, sólo menos de un tercio paga regularmente la cuota.
En general, los monotributistas se inscriben en esta categoría conociendo la imposibilidad de contralor que la AFIP puede ejercer sobre ellos.
Este proyecto intenta remediar en forma muy limitada muchos de estos aspectos negativos que la ley de monotributo tuvo en su origen. Nosotros creemos que con sus luces y sombras, este proyecto no va a lograr una mejora sustancial respecto de la recaudación.
Las principales reformas ya fueron explicadas por algunos de los señores diputados preopinantes. Voy a referirme brevemente a ellas dado el bullicio que ronda en este recinto y atento la necesidad de votar hoy este proyecto.
Por un lado, creemos que la eliminación del responsable no inscripto -que es un viejo anhelo de la AFIP- viene a perjudicar y a castigar a muchos profesionales individuales que apenas facturan para poder vivir y mantenerse. Pensamos que el régimen así establecido va a implicar una gran desventaja de competencia para los profesionales monotributistas respecto de los inscriptos.
Por otra parte, este régimen otorga a la AFIP facultades que creemos que son totalmente negativas, porque no me parece que haya que delegar mucho más cuando lo que está en juego es el patrimonio de los contribuyentes.
No obstante estos comentarios, consideramos que este proyecto de ley tiene también sus aspectos positivos y por eso lo vamos apoyar en general, si bien durante el tratamiento en particular vamos a proponer algunas modificaciones.
Por ejemplo, nos parece que la incorporación del régimen simplificado para pequeños contribuyentes eventuales constituye un enorme avance -este es un viejo anhelo de muchos legisladores que hemos presentado iniciativas al respecto- porque va a permitir incluir a una cantidad de profesionales que hoy no pueden ser contratados en virtud de no poder facturar por no estar inscriptos.
Por último, también nos parecen interesantes las modificaciones que este proyecto introduce al régimen especial de seguridad social y a los asociados de cooperativas de trabajo.

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

SR. CANTINI, GUILLERMO MARCELO (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señor presidente: fíjese qué paradoja: estamos tratando un régimen simplificado de impuestos -por lo menos, así nació- y estamos realizando una larga discusión sobre el tema ya que el proyecto contiene más de cuarenta artículos y los decretos reglamentarios más de doscientos.
Creo que se ha desvirtuado totalmente el régimen del monotributo, ya que en vez de plantear si sirve o no y analizarlo a fondo nos ponemos a hacerle parches, pensando siempre cómo hacemos para recaudar o "rascar" un poquito más en donde no hay nada.
Este régimen no sirve para perseguir a los grandes evasores de la República ni para investigar la gran evasión que se registra en los combustibles y demás, sino que sirve únicamente para perseguir la evasión de los pequeños comerciantes o de los microemprendimientos que apenas pueden sostenerse.
Cuando se planteó este tema se dijo que no se iba a aumentar el monotributo. El propio presidente de la Nación dijo que no se iba a aumentar bajo ningún concepto. Pero estas palabras quedaron de lado -quizás es el doble discurso al que nos tiene acostumbrados el señor presidente-, porque el monotributo se va a aumentar. Esto hay que decirlo con todas las letras: si bien no cambian las alícuotas, cambia la base del monotributo, pasando a estar incluida un montón de gente en una alícuota mayor.
Quisiera saber cómo van a hacer muchos de los señores diputados que hoy están sentados en sus bancas -algunos conversando y no prestando atención- cuando recorran sus provincias y los comerciantes les empiecen a preguntar por qué los cambiaron de categoría, por qué ahora tienen que pagar un contador, por qué no pueden abrir su negocio y por qué tienen que despedir gente para no quedar fuera del régimen. Va a ser muy difícil para muchos legisladores volver a circular por su provincia después de modificar el régimen de monotributo, porque estova a dejar mucha gente lastimada, va a significar un aumento de impuestos para un montón de gente que hoy apenas tiene para pagar y, por lo tanto, es de una insensibilidad social muy grande. Pero, bueno, parece ser que hay una decisión tomada y ésta afecta a los que menos tienen.
Siempre hablamos de cómo hacer para crear empleo en la República, que es uno de los déficit que tenemos. En vez de favorecer a aquel profesional que recién se recibe, dándole un régimen de facilidades para poder inscribirse, como ser un régimen simplificado, lo ponemos en la lista como si fuera un gran contribuyente.
Creo que el error que está cometiendo la AFIP, y lo digo como habitante de la Capital y además como diputado nacional por la Capital, es creer que lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires pasa en el resto del país, cuando es muy diferente.
Tomar como base de aplicación del monotributo el espacio físico de ubicación es creer que todo el país termina en la General Paz. En la Capital sí se puede considerar el espacio, pero no en los pueblos del interior de las provincias, donde muchos monotributistas utilizan su casa como lugar de trabajo o tienen galpones inmensos para operar una pequeña empresa. Acá, en la Capital, eso no se puede hacer, y entonces se puede tomar como parámetro la capacidad o la cantidad de electricidad consumida.
En vez de salir a perseguir a los grandes contribuyentes, donde está la real evasión, creamos una maraña de normas diciendo que vamos a incorporar gente al sistema cuando en realidad lo que vamos a hacer es poner cada vez más personas a trabajar en negro.
Cuando hay una modificación de impuestos soy reiterativo en este tema. Tenemos la hipocresía de decir que vamos a salir a cobrar, a perseguir evasores, pero lo único que hacemos es crear más regímenes que traen más confusión, más evasión, sacando cada vez más gente del circuito legal.
Esta es una ley muy importante para un montón de personas, a la que quizás muchos no le den importancia y, como dijo el miembro informante, la voten a libro cerrado, sin discutirla.
Por eso, pido nuevamente al bloque mayoritario que reflexione, sobre todo a los señores diputados que van a tener que volver a sus provincias y enfrentarse cara a cara con los comerciantes que se queden fuera de este régimen, aquellos que con mucho esfuerzo mantienen sus negocios. No es como sucede acá en la Capital, que por el turismo o por la cantidad de gente hay un leve repunte de la economía.
En muchos lugares del interior trabaja la familia entera, y todos sus miembros están atendiendo y tratando de sacar adelante el trabajo para tener un ingreso que les permita llegar a fin de mes. Ahora habrá que explicarles que no van a poder seguir más siendo monotributistas, que tendrán que estar inscriptos en un régimen, pagar un contador, presentar balances y hacer un montón de cosas. Quizás la mitad no lo pueda hacer.
Lo que el gobierno pretende con esto posiblemente no se logre y se dé el efecto contrario: mayor cantidad de gente fuera del circuito. Lo mismo hacemos con los profesionales a quienes se les pretende dar un plan de facilidades de pago, al que llamaría plan de no facilidades de pago, porque se presume que en los últimos cinco años muchos de ellos tuvieron una facturación de treinta y seis mil pesos, lo cual es equivalente a pensar que en los últimos dos años no pasó nada en la Argentina, que todo fue maravilloso, que no hubo gente que se quedó con sus ahorros
colgados, que no hubo gente que se quedó sin trabajo por seis meses, que no hubo bancos cerrados, que no hubo ahorristas perjudicados. Reitero que parecería que en los dos últimos años en la Argentina todo fue maravilloso. Entonces, vayamos a cobrar dos años hacia atrás a los profesionales.
Ciertamente es muy difícil lo que se puede hacer desde una minoría, salvo dejar sentada una posición, que es lo que pretendo hacer desde este interbloque. No persigamos más a los pequeños. Salgamos de una vez por todas a buscar la evasión en la Aduana, porque muchos prefieren mirar hacia otro lado y no se animan a clavar el cuchillo a fondo. Salgamos a buscar los evasores en el régimen de combustibles, en el contrabando de cigarrillos, en las grandes empresas que no pagan el impuesto a las ganancias, y no en las pequeñas y medianas empresas que apenas pueden subsistir.
En el entendimiento de que nuevamente se está equivocando el camino, adelanto que mi interbloque votará el proyecto en consideración por la negativa, tanto en general como en particular.
Se habla de un régimen simplificado, pero requerirá más de siete horas discutir los sesenta artículos que comprende esta norma. Como bien lo expresó el señor diputado Frigeri en una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, si este régimen fuera simplificado debería tener cinco artículos y ser de fácil comprensión para todos. Pero como este régimen está perimido y en nuestra opinión su modificación sólo acarreará más dificultades, votaremos por la negativa.

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

SR. NATALE, ALBERTO A. (SANTA FE): Señor presidente: este proyecto tiene una serie de interrogantes y de modificaciones al sistema que desde nuestro punto de vista lo tornan seriamente cuestionable.
El artículo 4° otorga facultades al Poder Ejecutivo nacional para dictar normas transitorias, lo que implica una delegación realmente inadmisible en materia impositiva.
Por medio de los artículos 10 a 12 se faculta al Poder Ejecutivo nacional a cambiar los parámetros y valores de las cuotas, ejerciendo esa atribución directamente la AFIP, lo que es altamente peligroso para la certidumbre jurídica que deben tener las relaciones impositivas.
El artículo 30 no es equitativo, ya que no puede computarse un determinado porcentaje, lo que implicará que no se contrate a los monotributistas sino sólo a los responsables inscriptos.
Por el artículo 36 se crea la figura del contribuyente eventual hasta doce mil pesos y se establece un tope de un mil pesos por mes. Esto significa que si una persona factura dos veces seis mil pesos en todo el año, no puede entrar en el sistema.
Se insiste en la delegación de atribuciones creando un esquema realmente injusto que ha sido claramente señalado por algunos legisladores, en especial por el señor diputado que me precedió en el uso de la palabra.
Quiero agregar otra idea sobre este engorroso sistema que estamos creando, que es producto de la manera en que se legisla. Cuando digo "legisla" no me refiero solamente a la legislación sustancial que realiza el Congreso de la Nación sino a la legislación formal que dicta el Poder Ejecutivo nacional.
La ley de régimen simplificado para pequeños contribuyentes tiene cincuenta y nueve artículos; el decreto que la reglamenta setenta y cuatro más; y la AFIP ha dictado veintidós resoluciones administrativas que en su conjunto tienen doscientos treinta y cinco artículos, todo lo cual suma trescientos sesenta y ocho artículos -tres veces la cantidad de normas que contiene la Constitución Nacional- que el pobre monotributista deberá conocer con precisión para saber dónde está parado.
En mi opinión, por esta vía lo único que se logra es complicar aún más el ejercicio de la actividad fiscal, tanto del contribuyente como del Estado, lo que en última instancia atenta contra la recaudación que se pretende lograr.
Por lo expuesto, nuestro bloque votará por la negativa el proyecto de ley en consideración.

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

SR. OSTROPOLSKY, ALDO HECTOR (MENDOZA): Señor presidente: trataré de no poner en riesgo el tratamiento de ningún otro proyecto.

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Luego de la votación de este asunto, la Presidencia someterá la inclusión de su propuesta en el plan de labor, señor diputado, para que después se vaya tranquilo. Pero primero hay que votar esto.

SR. OSTROPOLSKY, ALDO HECTOR (MENDOZA): Le agradezco, señor presidente. Entonces, trataré de portarme bien.

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) De lo contrario, esta Presidencia lo hará el día 17, para cumplir con su palabra.

SR. OSTROPOLSKY, ALDO HECTOR (MENDOZA): Es un asunto importante para el país.
Señor presidente: en esta que es mi última intervención en la Cámara le agradezco que me permita hablar frente a 86 diputados. No hace mucho lo hice ante un número muy inferior, pero era muy tarde, de noche, dentro lo que dimos en llamar el horario de protección al oficialismo.
Hoy tratamos el último eslabón del denominado paquete antievasión. Desde hace varios meses hemos ido abriendo y deshojando los diferentes envoltorios que incluían el tratamiento de distintos proyectos que hemos sancionado, como por ejemplo los referidos al procedimiento penal tributario, ganancias y demás.
Entre tanto se incluyó también la aprobación del presupuesto, la prórroga de la emergencia económica y la compensación a los bancos. La verdad es que después de abrir todos estos folios y envolturas que tenía este paquete esperábamos encontrarnos con lo que para nosotros es un tema fundamental, y que era un compromiso que también se había asumido tanto a través del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda como del titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, del mismo modo que el ministro de Economía lo hizo incluso frente a periodistas.
Esperábamos que junto con todo este paquete se tratara un proyecto; que por lo menos debatiéramos sobre un plan de facilidades de pago respecto de todos los impuestos comprendidos en lo que podríamos llamar la canasta tributaria.
En la comisión hemos hablado muchas veces con los señores diputados que tienen que ver con el tema. Todos coincidimos en la necesidad de abordar el tratamiento de un plan de facilidades. En general, estábamos todos de acuerdo en su necesidad, porque a todos nos reclaman permanentemente desde diferentes sectores y desde todos nuestros ámbitos regionales la sanción de una norma de esas características. Pero nada hemos podido avanzar.
Da la sensación de que si el ministro de Economía no pone el tema en el Congreso, esto no se debate. El ministro de Economía viene a ser como el gordito dueño de la pelota: si él quiere se juega el partido, es decir, se tratan los temas; él es quien decide. Pero si al gordito no le gusta, se lleva la pelota y no podemos jugar ese partido, es decir, no podemos debatir sobre esto que para muchos de nosotros -diría que prácticamente para la mayor parte de esta Cámara- es una necesidad. Es así: se juega el partido que el ministro quiere. Si nos presta la pelota, se debate; si no lo hace, no se debate.
Esto es malo para el Congreso, es malo para esta Cámara. Se trata de un tema recurrente y de una necesidad. No puede ser que el Congreso y esta Cámara estén pendientes de que el ministro lo quiera tratar. No somos un apéndice -y esta Cámara no lo debe ser- del Poder Ejecutivo. Corresponde que esta Cámara tenga su propia pelota y arme el partido de acuerdo con sus convicciones. Estos son los temas que se deben debatir.
Cuando hablamos de presupuesto también planteé el mismo problema, que se vincula con la calidad de la institución Cámara de Diputados de la Nación.
¿Somos nada más que un apéndice del Poder Ejecutivo? ¿Hacemos las actuaciones notariales, damos forma a los proyectos del Poder Ejecutivo, y no tenemos entidad propia o suficiente -de acuerdo con las atribuciones que nos confiere la Constitución- para representar como corresponde a toda la sociedad, a todos los contribuyentes que tienen problemas?
Pensemos por el lado de la coherencia. Sancionamos la ley de emergencia económica y ante el mundo planteamos la necesidad de una quita en nuestra deuda defaulteada, pero para adentro no aplicamos la misma idea, no actuamos en consecuencia y no somos coherentes.
Si hemos sancionado la prórroga de la emergencia social, administrativa, cambiaria, financiera y también económica, ¿a quién se le ocurre pensar que sólo el Estado es el que está en emergencia económica y no así una parte sustancial de nuestra sociedad?
¿Acaso no hemos hablado permanentemente acerca de que en los cuatro años previos a la devaluación el producto bruto en nuestro país había caído? ¿Acaso no hay productores, comerciantes e industriales que sufrieron esa caída en la actividad económica, y no sólo por esos cuatro años? Hay regiones y sectores que fueron cayendo -muchos se extinguieron- durante todo el período de la convertibilidad.
Si bien la devaluación ha significado un costo enorme para el Estado, también tiene sus beneficios y hay que aprovecharlos. Si la economía comienza a moverse incipientemente tenemos que darle oportunidad a nuestra gente para que pueda insertarse nuevamente en el circuito formal.
Insisto en que no podemos ser quienes sólo dan forma a los proyectos del Poder Ejecutivo o quienes los pulen y les hacen un control de calidad. Debemos establecer cuál es la agenda en la que debemos trabajar. Esto dará calidad a la institución democrática que es el Congreso de la Nación, y en particular a esta Cámara de Diputados.
Hay otro tema al que también quiero referirme. Es una cuestión que recurrentemente he planteado en el seno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y que se vincula con el decreto 1.399/01.
Esta es una norma firmada por el ex ministro Cavallo -el Cavallo de la Alianza- en la que se estableció que la Administración Federal de Ingresos Públicos dejaba de integrar el presupuesto nacional. Se la sacó del presupuesto y para financiar sus gastos se le asignó un porcentaje aplicable sobre todos los recursos obtenidos por ella.
En el año 2001 la AFIP tenía un presupuesto de novecientos cuarenta millones de pesos. Dado que la recaudación total creció sustancialmente -por la inflación, por el aumento de la actividad económica y por incrementos en el comercio exterior, y por ende en los aranceles a él aplicables-, el porcentaje establecido derivó en que el presupuesto de la AFIP se duplicara.
Cuando nos visitó el titular de la AFIP, sin que nadie se lo preguntara nos habló de lo bien que invertían. El presupuesto que ellos tenían era de doscientos cuarenta millones de pesos en 2001; esa suma llegará en 2004 a un mil ochocientos millones de pesos.
Lo que es inadmisible -esto hace a la calidad institucional- es que se esté hablando de un porcentaje de la recaudación total, que se va a sacar de la masa de coparticipación. Esto va a implicar que se quiten fondos a las provincias, en clara violación del artículo 75, inciso 3, de la Constitución Nacional.
No podemos permitir que por un decreto se viole la Carta Magna. Se trata de una cuestión que hemos planteado en más de una oportunidad. El Congreso no puede mirar para otro lado, por lo que debe resolver esta situación.
La AFIP tiene que formar parte del presupuesto nacional y no le corresponde un porcentaje que de por sí es de las provincias y, en algunos casos, pertenece a los municipios.
Voy a referirme a lo que va a perder cada una de las provincias por esta violación de la Constitución Nacional. Lo haré para que cada uno de los señores diputados pueda explicar a sus comprovincianos con qué cantidad se ha quedado la AFIP, a pesar de que les correspondía a ellos.
Buenos Aires va a perder 174 millones de pesos en 2004; Catamarca, 25 millones; Córdoba, 80 millones; Corrientes, 34 millones; Chaco, 45 millones; Chubut, 13 millones; Entre Ríos, 45 millones; Formosa, 33 millones; Jujuy, 25 millones; La Pampa, 17 millones; La Rioja, 18 millones; Mendoza, 38 millones; Misiones, 30 millones; Neuquén, 13 millones; Río Negro, 23 millones; Salta, 35 millones; San Juan, 30 millones; San Luis, 20 millones; Santa Cruz, 12 millones; Santa Fe, 81 millones; Santiago del Estero, 43 millones; y Tucumán -estamos hablando de una provincia en la que los recursos hacen mucha falta, como en tantos otros lugares del país- dejará de percibir 43 millones de pesos.
No podemos permitir que se produzca esta violación de la Constitución Nacional; no podemos aceptar la vigencia de una norma que está en contraposición con el pensamiento de los integrantes de esta Honorable Cámara.
Al ser esta mi última intervención en esta Cámara, quiero efectuar una reflexión en cuanto a que es necesario que el Congreso juegue los partidos que le toca en función del pensamiento de sus integrantes.
La sociedad nos pide soluciones, como acontece con el plan de facilidades de pago. No podemos continuar con esta pérdida de la calidad institucional. Todo esto es parte de la historia que hace que la sociedad mire al Congreso como lo ha estado mirando últimamente. (Aplausos.)

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

SR. ALESSANDRO, DARIO PEDRO (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señor presidente: voy a ser muy breve para explicar los motivos por los cuales vamos a votar favorablemente este proyecto de ley.
Todos sabemos las dificultades que ha tenido y tiene el régimen vinculado con el monotributo. Esas dificultades fueron originadas por problemas que tuvo la economía real y por la complejidad y poca practicidad de este régimen impositivo.
Esos inconvenientes no deben hacernos pensar que lo mejor es eliminar el monotributo. Es preferible mejorarlo. Eso es lo que intentamos hacer. Y no debemos suprimirlo porque los pequeños comerciantes, los pequeños profesionales y los pequeños productores deben contar con un régimen especial que encuadre su situación fiscal,
de acuerdo con las posibilidades contributivas que tienen, y que también solucione el tema de las prestaciones previsionales y asistenciales médicas que necesitan como cualquier otro integrante de la sociedad. Por eso, el régimen hay que modificarlo y no eliminarlo.
Debo reconocer que algunas de las modificaciones son muy positivas. Por ejemplo -aquí ya se mencionó-, la creación del contribuyente eventual viene a dar respuesta al problema principal que tiene el sistema. Digo esto porque el profesional o el pequeño comerciante -fundamentalmente el primero- que tuvo trabajo pudo contribuir durante determinado tiempo; pero después, al perder ese trabajo, dejó de contribuir y hoy es una persona que está al margen de la ley.
Por lo tanto, la figura del contribuyente eventual viene a solucionar ese inconveniente toda vez que posibilita que la persona efectivamente realice un aporte durante los períodos en los que tiene un ingreso producto de su trabajo, pero al mismo tiempo habilita la posibilidad de que cuando no tenga trabajo no quede al margen de la ley y de la economía formal. Esto es muy importante, porque cuando llega esa situación la persona se encuentra con muchísimas más dificultades para reinsertarse.
Por eso, reitero que esta figura es muy positiva, ya que permite revertir uno de los mayores inconvenientes que hoy se observan en el sistema.
Sin embargo, aquí aparece lo que observo como una contradicción. Digo esto porque cuando se reconoce la necesidad de crear la figura del contribuyente eventual se está reconociendo también que para atrás hubo muchos problemas y mucha gente que quedó fuera del sistema, no por voluntad de convertirse en evasores sino por falta de ingreso producto de la ausencia de un trabajo.
Para solucionar ese inconveniente uno de los títulos del proyecto en cuestión tiene que ver con la implementación de un plan de facilidades de pago. Durante mucho tiempo nosotros abogamos por la aplicación de un régimen de facilidades de pago, ya que reconocemos que quien quedó al margen de la ley no lo hizo con la intención de convertirse en evasor, sino que se vio obligado producto de las dificultades económicas por las que atravesó y todavía atraviesa nuestro país.
En cuanto a los requisitos, hay uno que consideramos inviable en el mediano plazo. Me refiero a la tasa de interés que se le pretende cobrar a quien quiera regularizar su situación. Si bien hay una suerte de contemplación al reducir en un 50 por ciento la tasa que se deberá pagar, luego se establece un tope muy alto. Es muy fácil incluir esto en la norma diciendo que el tope será del 36 por ciento, pero si lo que se pretende no es solamente que el contribuyente se inscriba sino que además permanezca en el sistema, la tasa de interés habría que reducirla sustancialmente.
Tengamos en cuenta que lo que se busca con esta iniciativa es que se inscriba quien no tuvo ingresos durante un tiempo determinado producto de la falta de trabajo, y que además pague la cuota normal de aquí en adelante y las cuotas por el período durante el cual estuvo moroso. Por ello, para que este contribuyente pueda permanecer en el sistema voy a proponer una modificación al artículo 8° que figura en el Título II del régimen de regularización, a efectos de bajar sustancialmente el tope.
Eso ya lo hemos planteado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde muchos señores diputados, e incluso legisladores del bloque de la mayoría, acogieron favorablemente nuestra propuesta. Lamentablemente, luego no se vio reflejada en el dictamen final, así que durantela discusión en particular vamos a proponer una modificación para disminuir los topes existentes.
Por último, también nos parece positiva la eliminación de la figura del responsable no inscripto, porque ha traído más perjuicios que beneficios. Hoy constituye una fuente de evasión importante, y no me refiero al pequeño profesional, sino a quienes cobran doscientos, trescientos o cuatrocientos pesos la consulta y tienen una facturación mensual de seis mil, ocho mil o diez mil pesos.
Ellos quieren tener un tratamiento fiscal como si fueran pequeños profesionales o contribuyentes. Aquí sí existe evasión. Así como debe combatirse la evasión de los grandes contribuyentes existe una franja muy importante de grandes contribuyentes que se disfrazan de pequeños. Dicen que facturan muy poco, pero son profesionales o comerciantes rentables que deben pagar lo que les corresponde.
Por lo expuesto, creemos que la eliminación de la figura del responsable no inscripto es positiva y constituye otro elemento por el que vamos a votar por la afirmativa el dictamen de mayoría, haciendo hincapié en la modificación que queremos que se refleje en el plan de regularización, a fin de que logre el objetivo de que aquel que se inscribe permanezca en el régimen, cumpla, se mantenga dentro de la economía formal y no sea un paria de la sociedad.

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) La Presidencia advierte que se está llamando para votar y solicita a los asistentes de los bloques que den aviso a los señores diputados, ya que se registran 132 legisladores en la casa.