Período:121 Reunion:19 Fecha:15/10/2003 MANIFESTACIONES EN MINORÍA
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Transcurrido el término de espera reglamentario y no habiéndose conformado quórum, declaro fracasada la sesión especial.
De todos modos, y como esta Presidencia acostumbra hacer, va a dar el uso de la palabra a los autores de los proyectos, para que expongan sobre los mismos y a todos los señores diputados que así lo soliciten.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. CAFIERO, MARIO ALEJANDRO (BUENOS AIRES):
Señor presidente: he conversado con varios de los legisladores presentes en este recinto y todos entendimos que iba a ser muy difícil alcanzar el número suficiente para poder llevar adelante esta sesión especial.
Sabemos que muchos de los colegas que no están presentes comparten la decisión de cumplir con el mandato constitucional que nos impone entender en todas aquellas cuestiones vinculadas con el endeudamiento externo. Por eso, más allá de que hoy las circunstanciales mayorías parlamentarias decidan no conformar la comisión investigadora cuya constitución proponemos, entendemos que esto no puede ser un obstáculo para que quienes sí queremos investigar y trabajar nos aboquemos a esta tarea.
Tal como lo vamos a advertir a lo largo de las exposiciones, varios legisladores de los distintos bloques apoyan nuestra iniciativa de conformar una comisión investigadora de la deuda externa en un plano que no es el oficial pero sí el real, que es trabajar para conocer las causas y efectos de este endeudamiento y, fundamentalmente, investigar un rosario de irregularidades e ilícitos de los que está plagado este proceso de endeudamiento desde su mismo origen. Todos sabemos que ese origen es ilegítimo, ya que la deuda fue contraída cuando los argentinos no podíamos decidir si queríamos o no endeudarnos.
Hemos conversado e intercambiado opiniones con el bloque mayoritario para ver si había disposición o no para conformar esta comisión investigadora. En su momento, el bloque del Partido Justicialista se ha manifestado públicamente a favor de la creación de esta comisión investigadora, pero hoy sus legisladores no están presentes porque creo que hay unas mal entendidas obediencia y disciplina partidarias.
Se está eludiendo una cuestión trascendente que afecta a todos. No se trata de un tema ubicado en un plano ideológico metafísico; todas las carencias, falencias y exclusiones que a diario sufren millones de argentinos encuentran, en el problema de la deuda, una de sus causas fundamentales.
Si uno analiza el drenaje de recursos que significó la deuda externa durante estos años, alcanzaría a explicar muchas de las cifras de pobreza que hoy registra nuestro país. Siendo así, no debería alcanzar a entender -aunque sí lo entiendo- la decisión de una obediencia partidaria -que no comparto- y del incumplimiento del mandato constitucional de ser representantes del pueblo. Como tales, deberíamos explicar a la gente cuál es el camino que consideramos correcto.
Existen muchas evidencias -haré alusión a la última que apareció ayer en los diarios- de que hay una clara responsabilidad de actores que no aparecen en la mesa. El premio Nobel de economía Joseph Stiglitz sostuvo hace pocos días que los tenedores de bonos en default deberían culpar a los bancos. Asimismo, señaló que la Argentina nunca se propuso entrar en default, que las políticas del Fondo Monetario Internacional dieron como resultado ese default y que los enfurecidos acreedores deberían responsabilizar a los bancos que se libraron del riesgo argentino transfiriéndolo a miles de inversionistas.
El hecho de que una persona como Joseph Stiglitz haya formulado tales manifestaciones debería ahorrar a esta Cámara la tarea de crear una comisión investigadora, porque claramente surge quiénes son los culpables o corresponsables de nuestro endeudamiento.
¿Por qué esta Cámara no quiere abordar el tema y correr el velo de impunidad que cubre a estos actores económicos? ¿Por qué somos tan enfáticos, duros, inflexibles e intransigentes en materia de violaciones de los derechos humanos ocurridas en el pasado -política que comparto absolutamente- y no repetimos esa misma conducta cuando se violan derechos ya no humanos sino económico-sociales de hoy y del futuro, por parte de estos sectores que obtuvieron beneficios y continuaron con ese tráfico de la deuda que inició un gobierno de facto?
La investigación de estos crímenes -que no son comunes sino financieros- nos permitiría brindar a sus víctimas respuestas mucho más serias y contundentes. ¿De quiénes hablamos? Siempre estamos hablando de gente que ha sido estafada, por ejemplo los ahorristas, con el corralito. ¿Estafada por quiénes? Por los bancos. Hablamos de gente afiliada a alguna AFJP que ha perdido parte de sus ahorros en manos de los mismos bancos. Hablamos de gente que se ha quedado sin trabajo, sin empleo, porque su empresa ha sido privatizada en manos de los mismos bancos. Es decir, la deuda, la privatización, el corralito, la estafa financiera, el negocio de las AFJP, todo eso que gira alrededor de las mismas cabezas, o sea, personas sobre las que hoy esta Cámara dice que no va a investigar y que no va a crear esta comisión.
Por eso -y con esto termino- creo que si bien los señores diputados que estamos aquí no somos muchos, igual alcanza como para empezar a reparar una deuda que tenemos con nuestro pueblo, una deuda del Parlamento con la sociedad para saber la verdad, lo cual nos va a permitir hacer justicia. Si hacemos justicia podremos reparar esta gravísima situación de pérdida de soberanía en la que está el país, de injusticia social y de dependencia económica.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. MACALUSE, EDUARDO GABRIEL (BUENOS AIRES):
Señor presidente: cuentan que estando Alejandro Olmos en Colonia, Alemania, disertando sobre el origen y la ilegitimidad de la deuda externa argentina se levantó uno de los acreedores alemanes y le preguntó: ¿usted está seguro de que puede demostrar jurídicamente la ilegitimidad y la fraudulencia de la deuda externa argentina? Cuando Alejandro Olmos le contestó que sí, el alemán le dijo: "entonces, ¿por qué la están pagando?"
Esa pregunta, que no tiene nada de ingenua pero mucho de sentido común la pueden responder en la calle los trabajadores, los profesionales, los maestros, los estudiantes, los transeúntes comunes, pero no puede ser respondida institucionalmente por los organismos del Estado que la Constitución prevé que deben responder.
El artículo 75 de la Constitución dice claramente que es el Congreso el que debe arreglar la deuda externa, cosa que no ha hecho. Pero además no sólo no lo hizo para adelante sino que no ha investigado el origen de esta deuda.
Alejandro Olmos era un hombre que desde hacía muchos años, desde la década del 80, venía investigando esta deuda. Nosotros lo veíamos transitar en soledad los pasillos de los organismos sociales y uno se preguntaba cómo este viejo, sintiéndose solo, repiquetea con este tema, incluso con el riesgo de caer molesto.
Creo que era por la enorme conciencia cívica y política que tenía Alejandro Olmos, quien sabía que podía estar solo en ese momento, pero en realidad estaba acompañado por las generaciones futuras que sin duda se van a cuestionar cosas muy similares a la pregunta que nos hicimos al comienzo.
La respuesta que van a tener acerca de nuestra actitud creo que no nos va a dejar muy bien parados si no asumimos las responsabilidades que la Constitución marca que debemos asumir.
En la investigación que se lleva a cabo por una causa penal de más de treinta cuerpos iniciada por Alejandro Olmos, se pudo saber, a través de los dictámenes de los peritos judiciales que actuaron en ella, que hay razones suficientes para mostrar la ilegitimidad y la fraudulencia.
Voy a resumir algunas de ellas: la naturaleza del gobierno que generó el crecimiento desmesurado de la deuda entre 1976 y 1982; el haberse dispuesto someter al país a tribunales extranjeros; la ley 21.305 del gobierno militar que modificó el Código Penal; la deuda externa argentina según los peritos de la causa no tiene justificación administrativa, económica ni financiera y por ende los actos de endeudamiento son ilícitos. Ellos no pueden generar derechos a favor de los beneficiarios. No pueden ser legítimos los resultados de los actos delictuales.
La carencia de registros de validez contable quita toda eficacia legal a las acreencias invocadas. Si resulta ilegítima la masa de supuestos débitos externos del endeudamiento, resultan ilegítimas todas las renovaciones y refinanciaciones posteriores. Si el origen es ilegítimo, no puede ser legítimo el resultado.
De los informes producidos por el Banco Central, en relación con las nóminas de acreedores y deudores del sector externo, resulta la existencia de deudores que son bancos acreedores, lo que es gravísimo.
El ítem de los intereses aplicados tiene especial significación: del orden del 1 y 1,5 por ciento llegaron al 22 por ciento. El aumento de las tasas fue impuesto por el acreedor en forma unilateral, y a partir del plan Brady se establecen intereses sobre los intereses y esto es anatocismo que está prohibido por nuestra legislación. Esto es lo que planteaban los peritos, y en el dictamen, el juez detalla diecinueve cuestiones que él mismo enumera en el juicio y después recoge en su libro.
Hace saber que muchos préstamos fueron aprobados por el Banco Central en virtud de actas secretas. Cuando el juez solicitó que se las enviaran, los responsables del Banco Central se negaron a hacerlo. También se señala que el Banco Central no tiene registros contables de la deuda externa y sólo manejaba datos de ella en forma estadística.
El presidente del Banco Central de aquel momento, Adolfo Diz, declaró que algunos préstamos otorgados estaban registrados en una libreta negra y en una contabilidad paralela.
El Ministerio de Economía no llevaba ningún registro de la deuda; ni siquiera para fines estadísticos. Los peritos contables se quejaron de que el Banco Central, el Ministerio de Economía y el Banco de la Nación Argentina retacearon información y pusieron obstáculos a su labor de investigación.
El presidente del Banco Central, Adolfo Diz, autorizó muchos créditos sin el consentimiento del directorio, lo que estaba prohibido por la ley. Asimismo, el vicepresidente, Cristian Zimmermann, hizo lo mismo, con el agravante de que el presidente del Banco Central no se enteró de ello.
Además de lo señalado, el ministro Cavallo estatizó la deuda privada. Tanto el directorio del Banco Central como el Ministerio de Economía no realizaron estudios sobre las condiciones económicas y financieras internacionales que aconsejaban no endeudar al país en ese momento.
Las autoridades de los dos organismos oficiales desoyeron los informes y las críticas que elevaron sus propios cuerpos técnicos: la Gerencia de Investigaciones Económicas y Estadísticas y la Gerencia del Sector Externo. Según el juez, actuaron con negligencia, impericia e indiferencia ante el peligroso crecimiento de la deuda.
El acrecentamiento de la deuda externa privada y pública entre 1976 y 1982 fue excesivo, perjudicial y carente de significación económica, financiera y administrativa. La deuda se contrajo durante un gobierno militar, y las renegociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que condicionaron el endeudamiento, no fueron dadas a publicidad.
Al 22 de enero de 1985, las empresas privadas habían obtenido créditos externos aprobados por el Banco Central por veintitrés mil millones de dólares. De las setenta deudoras más grandes, veintiséis eran bancos y financieras; es decir, se trataba de empresas que solicitaron dinero para volver a prestarlo en el país.
Agentes privados gestionaron créditos en nombre del Banco Central sin que se conocieran los motivos de esa conducta, que era irregular. El Banco Central pagó gastos, comisiones y honorarios mayores a los usuales en cada uno de los casos, sin dar una explicación que lo justifique.
La Unión de Bancos Suizos, al otorgar algunos créditos, influyó para que el Estado comprara la Compañía Italo Argentina de Electricidad, con el agravante de que se la pagó un precio siete veces superior al real.
El Banco Central exceptuó al Banade y al Banco de la Ciudad de Buenos Aires de exigir los requisitos legales para otorgar avales a grandes empresas, que luego no pagaron sus créditos, debiendo hacerlo el Estado en lugar de esas empresas.
Es decir que hubo una serie de irregularidades tremendas que podríamos ejemplificar con un solo caso. Entre julio y noviembre de 1976 -sólo cinco meses- el Banco Central obtuvo créditos por veintidós millones de dólares, pagando un interés del 8,75 por ciento, y de inmediato los depositó en el Chase Manhattan Bank de Nueva York, cobrando un interés del 5,6 por ciento.
Es decir que existe una suma de irregularidades basadas en pericias contables, efectuadas por los profesionales más renombrados de nuestro país, que demuestran que hay una ilegitimidad y fraudulencia de la deuda que es incontrastable.
Esta deuda, según después lo plantearon y demostraron economistas de la talla de Joseph Stiglitz y Michael Mussa -quienes no son economistas socialistas o anticapitalistas sino economistas honestos que han estado trabajando en los organismos financieros internacionales- permite que, a partir del momento de su generación el acreedor pase a manejar la agenda política y económica de un país.
Las consecuencias de estos actos administrativos fraudulentos son nefastas. En nuestra política económica y social se impusieron los consensos de Washington, que generaron una ola de desempleo y miseria que la Argentina no había conocido en muchísimos años.
Ante eso uno se pregunta por qué no se investigó y se pagó, porque en general se sabe cuáles fueron las condiciones en que se contrajeron estas deudas, así como las intenciones de los prestamistas.
Lo primero que a uno se le ocurre pensar es en la complicidad: no se investigó porque quienes en determinado momento tenían responsabilidades estaban en connivencia y se beneficiaron con esas políticas.
Una segunda hipótesis sería que pudo haber gente que obró de buena fe y que en condiciones desfavorables de relaciones de fuerza estimó que no se podía investigar porque esto podía aumentar el riesgo país, con la consiguiente ausencia del crédito, cosa que pasó. También se sostenía que si se investigaba la deuda la Argentina obviamente no iba a poder pagar, cayendo en default, cosa que igualmente pasó. Además, se iba a correr el riesgo de que nos confiscaran los bienes, como está ocurriendo, ante lo cual el ministro de Economía dice con razón que eso no debe pasar porque es ilegal.
Por ello, si por el hecho de no haber investigado y haber pagado caímos en esta situación que anticipaban quienes tenían buena fe, nosotros decimos que es fundamental, no sólo para esta generación sino para las futuras, que se investigue y que conozcamos la verdad y los nombres de los responsables, pero que esto no sea sólo producto del esfuerzo individual de muchos profesionales e investigadores sino la conclusión institucional de un poder del Estado que dice a su pueblo y a los acreedores la verdad sobre la deuda y actúa en consecuencia, castigando a los responsables pero dejando de pagar aquella parte de la deuda que no es legítima.
Consideramos que la constitución de una comisión investigadora puede servir como una impecable justificación jurídica de quita que el gobierno hizo a los acreedores externos, porque otra cuestión que no nos podemos responder es por qué se reestructura la deuda sin investigar primero cuáles son sus partes legítimas.
Reconocemos que hay necesidad de lograr consenso. No somos ingenuos: no creemos que solamente este puñado de diputados presentes en el recinto pueda llevar adelante esta investigación. Sabemos que necesitamos el consenso de la mayoría. Hemos hecho esfuerzos para que esta sesión, que debió haberse llevado a cabo el 7 del corriente, se postergue de manera tal de conseguir el consenso de los partidos mayoritarios, lo cual -como se puede observar- todavía no hemos podido lograr.
Últimamente se nos convoca a compartir cierta especie de transversalidad progresista, convocatoria que es bastante difusa. Nosotros creemos que mucho más que establecer una convocatoria ayudaría fijar una agenda en la cual no falte el tema de la deuda externa.
Hay cosas que uno reconoce a este gobierno. Por ejemplo, se ha avanzado en materia de derechos humanos, pero algo que quisiéramos marcar es cómo hemos podidoavanzar institucionalmente derogando las leyes de obediencia debida y de punto final, de manera tal que puedan ir presos los autores de los crímenes de lesa humanidad; y todavía estamos en pañales en la investigación de aquellos delitos que fueron el origen de esos crímenes que no han podido ser sancionados. Esa respuesta, al igual que la primera, a pesar de estar presente en la calle no ha podido atravesar las paredes de este Congreso, que aparentemente son bastantes gruesas. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
SRA. CASTRO, ALICIA AMALIA (BUENOS AIRES):
Señor presidente: quiero ser breve, porque todos somos testigos, sobre todo el pueblo argentino -nuestros representados-, de cómo en nombre de una realidad desigual entre un acreedor poderoso y un deudor insolvente se han ido imponiendo a la Argentina medidas económicas y políticas que han deteriorado y empeorado considerablemente la calidad de vida de sus habitantes.
En nombre de las negociaciones de la deuda externa y de las imposiciones de los organismos multilaterales de crédito, hemos visto cómo se ha accedido a degradar la legislación laboral, cómo se ha accedido a quebrar el sistema previsional y el de seguridad social, cómo se han desregulado las obras sociales en perjuicio de la salud de las grandes mayorías de los argentinos, cómo se han entrometido los organismos hasta en la modificación de nuestra legislación penal -tal el caso de la anulación de la ley de subversión económica- y cómo se ha llegado al extremo de reclamar impunidad o inmunidad -términos que son parecidos- a banqueros que han cometido fraudes contra la ciudadanía argentina, fraudes masivos contra la propiedad privada de los ahorros de los argentinos.
Todos sabemos cómo se ha utilizado la deuda externa para favorecer determinados intereses políticos y económicos, definitivamente contrarios a los intereses de los ciudadanos argentinos.
Paul Valery, un brillante pensador francés de la primera mitad del siglo XX, sostenía que la política es el arte de impedir que la gente se meta en lo que le importa. Lo que más le importa a la gente en este momento, que ha elevado considerablemente su nivel de conciencia en nuestro país y en toda la región, es analizar cómo se resuelve el problema de la deuda externa, porque todos son conscientes de que de esto depende la calidad de vida de muchas generaciones presentes y futuras.
A continuación, con la autorización de la Presidencia, voy a leer un párrafo del libro titulado La deuda externa explicada a todos (los que tienen que pagarla) de Alfredo Eric Calcagno y Eric Calcagno. Dice textualmente: "Algunos piensan que hay que honrar la deuda por razones morales; otros, creen que el no pago de la deuda liberaría recursos para mejorar la economía argentina, pero temen a las represalias posibles; por último, están aquellos para quienes sólo existe el pagar sin chistar, muchas gracias y hasta la próxima cuota, sin otro argumento más que las relaciones de fuerza vigentes. En ningún caso existe un análisis sobre la identidad de acreedores y deudores, el impacto de la deuda en la política económica nacional, ni siquiera toman en cuenta los márgenes de acción que ofrece -o niega- la situación financiera internacional".
Por los motivos expuestos, comparto esta iniciativa, junto con el señor diputado Cafiero, por la que se propicia la constitución de una comisión investigadora sobre los ilícitos e irregularidades de la deuda externa. Estimo que es responsabilidad e interés de los legisladores tratar esta cuestión en nombre de todos los ciudadanos.
El libro mencionado continúa diciendo más adelante: "El primer paso para comprender la deuda, consiste en observar que es inexacto incluir todo en una misma bolsa, sin considerar que se trata de cientos de deudas con miles de acreedores. Sufrimos ahora deudas 'viejas' contraídas en el período militar (1976-1983) junto con otras 'nuevas' del período 1991-1999, cada una con sus características. Ninguna de esas deudas tuvo como objetivos la industrialización de la Argentina o el bienestar, aunque
sea relativo, de sus habitantes: demostraremos que la deuda 'vieja' fue una operación del establishment para evadir capitales en gran escala; y la deuda 'nueva' es otra operación del establishment, pero ahora para asegurar la continuidad del funcionamiento de la economía en su beneficio.
"Los favorecidos y los perjudicados son los mismos en ambos casos; pero las situaciones y las tácticas aplicables ahora son diferentes a las de la deuda vieja. El segundo punto importante es de orden político, puesto que el primer acto real de gobierno es determinar, de manera tácita o explícita quién mejorará su condición social y quién pagará por ello en situaciones de estancamiento o retroceso, o quién se beneficiará más en caso de expansión."
Creemos que para ubicar correctamente este problema es absolutamente imprescindible que este Congreso se aboque a la investigación de los ilícitos de la deuda externa argentina. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.
SRA. WALSH, PATRICIA (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: el artículo 29 de la Constitución Nacional establece lo siguiente: "El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder político, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria."
Me alegra que haya 35 señores diputados nacionales registrados en el tablero y ocupando sus bancas, porque entender en la cuestión de la deuda externa es precisamente una de nuestras obligaciones como diputados nacionales. No hacerlo y seguir entendiendo que esta cuestión puede ser sucesivamente delegada como facultad conferida al Poder Ejecutivo es precisamente violar el artículo 29 de la Constitución Nacional.
Pero mucho más grave que ello, que ya de por sí tiene su gravedad, es permitir que una deuda que es inmoral, ilegal, fraudulenta e ilegítima siga creciendo, postrando a nuestro país y robándonos nuestra soberanía nacional, mientras produce como consecuencia la situación de pobreza de veinte millones de argentinos. De allí la mención a este artículo de la Constitución Nacional que se refiere a la fortuna de los argentinos.
Hay diez millones de habitantes en la indigencia y veinte millones en la pobreza, y nosotros seguimos cumpliendo instrucciones del Fondo Monetario Internacional. Hace unos meses el Foro Argentino Contra la Deuda Externa presentaba un cuestionario que incluía los siguientes interrogantes, todos comenzando con la expresión "¿Sabía usted ...".
Las preguntas eran las siguientes: "¿Sabía usted que una parte sustancial del presupuesto nacional de este año y del año que viene, el 2004, se destina a pagar los intereses de una deuda externa que el país no tiene?
"¿Sabía usted que esta deuda externa fue fraguada por los responsables de la conducción económica del país durante la última dictadura militar y que fue agravada por todos los gobiernos que sucedieron a esta dictadura?
"¿Sabía usted que el 13 de julio de 2000 el juez Ballesteros produjo un dictamen en la causa 14.467, dando la razón a la totalidad de las denuncias presentadas por Alejandro Olmos, ratificando el carácter ilegítimo y fraudulento de la deuda externa?
"¿Sabía usted que este juez expresó en su dictamen que la deuda se contrajo mediante una -entre comillas- política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas al país, y reconoció que para esto concurrieron casi quinientos ilícitos?
"¿Sabía usted que en esa investigación judicial fue procesado José Alfredo Martínez de Hoz por defraudación al Estado?
"¿Sabía usted que estos actos configuran los delitos de violación de los deberes de funcionario público, malversación de fondos y administración fraudulenta?
"¿Sabía usted que Domingo Felipe Cavallo, como presidente del Banco Central, en 1982, dispuso que el Estado se hiciera cargo de la deuda externa de las empresas privadas?
"¿Sabía usted que esta maniobra fue perfeccionada el 1° de julio de 1985 por José Luis Machinea siendo presidente del Banco Central, y que él mismo se había desempeñado como gerente de Finanzas del Banco Central durante toda la dictadura militar?
"¿Sabía usted que José Luis Machinea creó los pagarés del Banco Central asumiendo el pago de los deudores privados y pactó la jurisdicción de los tribunales de Londres y Nueva York?
"¿Sabía usted que Domingo Felipe Cavallo y José Luis Machinea transfirieron al Estado las deudas de empresas privadas que hoy financian a las fundaciones FIEL y Mediterránea, representadas por Ricardo López Murphy y Domingo Felipe Cavallo, respectivamente?
"¿Sabía usted que la deuda externa argentina ha sido administrada por un 'comité de bancos acreedores', por una decisión política de Cavallo durante su ministerio?
"¿Sabía usted que ese 'comité' liderado por el Citibank, lo integraron los siguientes bancos: J.P. Morgan, Banque Nationale de Paris, Royal Bank of Canada, Bank of New York, Crédit Lyonnais, PCL, Chemical Investment Bank Ltd?
"¿Sabía usted que los peritos determinaron también que no se conoce el destino de los fondos (miles de millones de dólares?
"¿Sabía usted que el Banco Central, durante el gobierno de la dictadura, llevaba una contabilidad doble ('libreta negra', según confesión judicial de los gerentes) y que no existen registros contables fehacientes de la deuda?
"¿Sabía usted que la denuncia de balances falsos del Banco Central fue detenida por el entonces ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo?
"¿Sabía usted que las privatizaciones de las empresas del Estado (ENTEL, Aerolíneas Argentinas, entre otras) significaron un ingreso de veinticinco mil millones de dólares, pero el Estado debió asumir deudas por sesenta mil millones?
"¿Sabía usted que el objeto de la jubilación privada, o sea, el negociado de las AFJP, fue fortalecer el mercado de capitales con el aporte de los trabajadores?
"¿Sabía usted que los argentinos hemos pagado veinticinco millones de dólares diarios nada más que en concepto de intereses (más de un millón por hora)?
"¿Sabía usted que Roque Fernández, Domingo Cavallo y Daniel Marx, están denunciados por 'estafa agravada', por incrementar la deuda externa a través de los 'canjes' (blindajes, megacanjes, etcétera) que lejos de mejorar montos, plazos o intereses, han sido realizados en perjuicio de la Nación, y que Daniel Marx y otros continúan ejerciendo sus funciones en temas vinculados con la deuda?
"¿Sabía usted que por el famoso megacanje del año 2001, Cavallo pagó a los bancos en concepto de 'asesoramiento' ciento cuarenta millones de dólares?
¿Sabía usted que el juez Ballesteros el día 13 de julio de 2000, remitió copia certificada de su fallo a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Nación, y que hasta la fecha no ha tenido tratamiento ni se ha constituido ninguna comisión bicameral para investigar este fraude gigantesco de la deuda externa, pese a ser de competencia directa y exclusiva del Congreso de la Nación?"
En estos días estamos discutiendo proyectos parlamentarios vinculados con la reestructuración de las comisiones de esta Cámara. En este momento hay 36 diputados nacionales presentes y la mayoría tenemos la voluntad de investigar y denunciar esta deuda. Ciertamente reuniríamos el número para conformar una comisión investigadora.
En virtud de la gravedad de este tema y de la obligación que surge del propio texto de nuestra Constitución Nacional, acompaño la iniciativa del señor diputado Cafiero de conformar de modo transversal esta comisión, que integraremos quienes no estamos dispuestos a seguir entregando nuestro país al falso acreedor extranjero (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.
SRA. BARBAGELATA, MARIA ELENA (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: quiero aportar a la
discusión el proyecto contenido en el expediente número 4808-d-2003, donde se solicita la creación de una Comisión Investigadora de la Deuda Externa. Además, consideramos que esta Cámara debe asumir el rol de elaborar una ley marco para la futura negociación de la deuda externa, profundizando todos los aspectos que se han venido debatiendo en relación con este tema a lo largo y a lo ancho del mundo. Me estoy refiriendo a la aplicación de los principios generales del derecho internacional público, al tema de la insolvencia de los Estados en el campo del derecho internacional y a la presentación de demandas concretas y opiniones consultivas en los foros internacionales. En este sentido, esta Cámara ya ha sancionado un proyecto de resolución en años anteriores, que no se ha cumplido. Ese proyecto fue reproducido por el señor diputado Allende -presente entre nosotros- como un proyecto de ley que no ha sido tratado en este cuerpo.
Vale la pena destacar la contradicción existente entre nuestro Parlamento y el accionar de otros ámbitos legislativos, que incluso están vinculados con los países acreedores y desarrollados.
Por ejemplo, puedo señalar que en Italia se sancionó la ley 209 en el año 2000. Esa norma insta al Poder Ejecutivo de Italia para que presente ante la Asamblea de las Naciones Unidas la opinión consultiva sobre la legitimidad de la deuda externa y la coherencia en la aplicación de los principios generales del derecho internacional y de los derechos humanos.
Nos debería dar vergüenza que nosotros, que tenemos proyectos similares a lo que trató el Parlamento italiano, ni siquiera nos sentemos en nuestras bancas para discutirlos. Estamos incurriendo en una grave negligencia que nos torna cómplices de todas las consecuencias derivadas de la ilegitimidad de la deuda externa.
Hace años que en todos los foros se ha venido analizando la usura aplicada para el cálculo del monto de la deuda externa. Desde hace tiempo se viene discutiendo cuál es la suma real adeudada, porque si le quitáramos el monto usurario de los intereses y la aplicación de intereses sobre intereses -cuestión que está prohibida- se demostraría que hace años que ya hemos pagado la deuda externa. Exactamente, hace quince años que la deuda externa de América latina y de la Argentina ha sido saldada.
Esa debe ser la postura que el gobierno nacional debe exhibir en todos los foros y trámites judiciales en cualquier parte del mundo.
El Estado argentino ha sido objeto de demandas judiciales. La actitud del gobierno debe ser la de oponer la excepción de pago, porque la deuda externa ha sido saldada hace quince años. Para sostener lo que digo me remito a lo publicado en el libro de Alfredo Eric Calcagno y Eric Calcagno, titulado La deuda externa explicada a todos (los que tienen que pagarla). En esa publicación aparece un cuadro de los intereses que deberían aplicarse para no incurrir en usura. Es decir, se habla de los intereses históricos, que además fueron pactados en el origen de la deuda externa.
Esos intereses están sujetos a la voluntad exclusiva del acreedor, que los ha aumentado más de seis veces, cometiendo usura. Cabe recordar que el delito de usura está condenado aquí y en todo el mundo. Viene de la época del derecho romano, de las XII Tablas; está incorporado también en el derecho canónico, en el musulmán y en el hebreo. En todos esos derechos se repudia la usura. Además, se establece que el deudor debe solamente aquello por lo que fue obligado, y no debe cargar con las consecuencias impuestas por decisión del propio acreedor.
La deuda externa de la Argentina es fraudulenta porque es ficticia. Ha sido creada en su totalidad mediante la incorporación de intereses usurarios e incluso mediante la variable de la desvalorización de nuestra moneda y la revalorización del contrato, que es la moneda del acreedor. Esa valorización de la moneda del acreedor impacta, también por decisión unilateral del acreedor, sobre el monto de la deuda que debe asumir el deudor. Esto es absolutamente improcedente, contrario a todos los principios del derecho, contrario a la equidad y a la buena fe, y además determina una onerosidad sobreviniente que bajo ningún concepto puede ser admitida.
Este es el tema que debemos abordar hoy, y lamento que las señoras y señores diputados no hayan venido a discutir esta cuestión que está comprometiendo la mitad de las exportaciones de América Latina y que está indisolublemente ligada al respeto de los derechos humanos, porque se relaciona con el aumento de la pobreza, de la indigencia y de la desocupación.
Es necesario elaborar nuevas alternativas jurídicas, políticas, sociales y económicas para enfrentar la cuestión de la deuda externa desde el punto de vista de la sinceridad y de la buena fe, así como también partiendo de la investigación de las causas reales del destino de la deuda externa, es decir, a quién benefició y perjudicó y esclarecer realmente cuánto y a quién debemos.
Sostengo nuevamente que la deuda externa de nuestro país está cancelada. Así debe resolverse y así también lo indican todas las investigaciones que se han llevado a cabo hasta ahora. Mediante la creación de esta comisión investigadora pedimos que se profundice de una manera participativa la investigación de la deuda externa, no solamente para mirar hacia atrás y determinar su origen ficticio y artificial en estos últimos treinta años, sino también para elaborar participativamente -con toda la riqueza que aportan las universidades, los foros y el Parlamento Latinoamericano- propuestas, reglas y preceptos claros de derecho que hoy no tiene la negociación de la deuda externa.
Cuando analizamos los preceptos que hoy se aplican, indudablemente observamos una relación de desigualdad entre acreedores y deudores. El derecho actual no trata equitativamente al deudor y al acreedor.
Cuando estábamos estudiando este tema leímos las palabras pronunciadas por alguien de una larga trayectoria y que hace casi cien años comenzaba en este recinto la discusión de un nuevo derecho. Me refiero a Alfredo Palacios, quien a través de la nueva interpretación de las raíces que nutren los principios generales del derecho, buscaba un "nuevo derecho" que tutelara la parte más débil de la relación contractual, que en ese caso era la relación laboral.
Cien años después, creo que debemos comenzar la discusión de un Nuevo Derecho que se aplique en pro de los Estados que contratan en situación de debilidad y de necesidad, comprometiendo en definitiva los derechos humanos de sus habitantes.
Por estas razones, me alegro de que comencemos esta discusión, aunque sea en minoría, y propongo que empecemos un trabajo profundo y articulado con la sociedad civil para llevar adelante una propuesta de cambio de las reglas de juego en la negociación de la deuda externa. (Aplausos).
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
SR. ZAMORA, LUIS FERNANDO (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: obviaré repetir muchas de las cosas que se han señalado aquí. Tengo el orgullo de que desde la época del viejo MAS, allá por 1982, hasta hoy hemos aportado mucho para poner en la superficie esta hipoteca criminal para los pueblos de América latina y de otros lugares del mundo, que constituyen las llamadas
deudas externas. Esto hace que me remita simplemente a algunas reflexiones que tienen que ver con las razones para respaldar esta iniciativa, especialmente la que ha planteado hoy el señor diputado Cafiero.
Quizás una comisión parlamentaria votada de acuerdo con el reglamento tendría facultades legales que le darían poder para avanzar en la investigación, pero también tendría todas las trabas que tienen las comisiones integradas por los bloques mayoritarios de las Cámaras, que tienen sus pro y sus contras. Después de 20 años de demostraciones, sabemos que no hay interés en avanzar en esta clase de investigaciones. No es necesario no verlos sentados acá para saber que no tienen interés en investigar, o mejor dicho, que defienden otros intereses; así ha ocurrido con todos los gobiernos desde 1983 hasta la fecha.
Realmente, entusiasma la idea de formar una comisión en la que no sólo estén legisladores sino también personalidades que se han destacado por su grado de compromiso y su conocimiento en el tema o por su independencia de criterio. Esto último despierta cierto respeto en la población. Es importante que la comisión también se integre con personalidades que sean respetadas por la población de forma tal de no darle solamente un carácter institucional, ya que este último hoy no es el más importante; por el contrario, diría que es el menos respetado por el pueblo. Si hay algo que hoy no respeta la población son justamente las instituciones, y esto es legítimo ya que son las instituciones las que la han llevado al nivel de vida que hoy tiene y las que han llevado a la desintegración y a la devastación del país. De modo que la población tiene mucho que reprochar a instituciones como este Congreso, y es bueno que lo haga; lo malo sería que no lo hiciera.
Es bueno que quienes tenemos interés en que se investigue y tenemos ganas de hacer algún aporte también incorporemos en esta clase de comisiones a personas que no tienen nada que ver con el Parlamento ni con otras instituciones pero que han trabajado en el tema durante años; incluso, algunas de ellas han estado acá y se han mencionado. Además, hay que tener en cuenta que la fuerza más importante no va a surgir de una ley; la fuerza más importante va a surgir si tenemos una relación con la población.
Si bien son cosas que se dicen en casi todas las intervenciones, nunca es redundante describir los orígenes de esta deuda, su nulidad, la usura y las relaciones de sometimiento que acarrea para nuestros países en relación con los Estados Unidos y con los organismos multilaterales. Estas son cosas que ya conocemos y que venimos diciendo desde hace muchos años. Lo que hay que buscar es la fuerza para afrontar las consecuencias de declarar la nulidad de una deuda, ya que la consecuencia que acarrea declarar la nulidad de una deuda es no pagarla.
Hagamos un poco de historia. La deuda no surgió con Rodrigo, si bien durante su gestión pegó un salto. Asimismo, tenemos que recordar que durante la presidencia de Isabel Perón se duplicó, pasando de tres mil millones a siete mil millones. Duplicar la deuda ya implicaba que había un problema, y la política de Isabel Perón tuvo la misma orientación que luego acentuó Martínez de Hoz.
Esto viene desde el siglo XIX. Ya Alberdi planteaba cómo sacarnos de encima el dominio de los nuevos soberanos -refiriéndose al capital inglés financiero-, como secuela de los endeudamientos. Por su parte, Avellaneda -que vendría a ser como el Menem de este siglo- decía que había que pagarla con el hambre y la sed del pueblo. Avellaneda decía esto con toda claridad. Incluso, desde la corona inglesa se sugerían los nombres -entre otros, el de Victorino de la Plaza- de quienes iban a ser vistos con beneplácito por los organismos multilaterales. Por ejemplo, se hablaba de Marx; me refiero al Marx que ha estado de un lado y del otro del mostrador en las negociaciones externas y no al más conocido, al más respetado, al más polémico y
que aportó algo a la humanidad. Esas personas, que eran vistas con beneplácito por los organismos multilaterales, ya eran denunciadas en el siglo XIX. Sarmiento también denunció la vinculación, la imposibilidad de un desarrollo autónomo. Eran defensores del sistema capitalista; podrían ser vistos como insuficientes en sus peleas, pero querían un país autónomo, organizado como fuera. Y advertían la presencia de ese capital inglés, que después trajo el endeudamiento.
Se suele señalar -es importante decirlo- que la crisis crónica del sector externo se debe al deterioro de los términos del intercambio, pero se omite una causa fundamental que en la década del 90 dio un salto enorme: la extranjerización de la economía. El capital extranjero llevó al estrangulamiento del sector externo, porque no sólo hay que pagar más por las importaciones mientras nos ofrecen menos por las exportaciones -problema histórico de todos los países como el nuestro-, sino que hay que dar divisas para que las empresas extranjeras giren al exterior sus remesas de ganancias, dividendos, utilidades y royalties. Esto no le pasa a Estados Unidos, pues no tiene que dar dólares a las empresas argentinas para que éstas giren sus ganancias a nuestro país.
Estas cosas vienen sucediendo desde el siglo XIX. De allí la frustración de Alberdi y de Sarmiento, quien en su gestión gubernamental debió alinearse con esa oligarquía repugnante que se limitaba a ver -como el propio Sarmiento decía- cómo engordaban las vacas con sólo comer pasto.
Esa fue la clase dominante de la Argentina, distinta y opuesta a la de Estados Unidos. Deberíamos buscar la manera de no caer en las mismas frustraciones del siglo XIX, de sacárnoslas de encima. Esto se hace con la población, no con votaciones en el Congreso, pues el Parlamento puede votar cualquier proyecto de ley.
El juez Ballesteros gozó de una merecida pero súbita fama, porque en realidad fue el último que tomó la causa después de veinte años. Sí tuvieron gran mérito peritos como Forino; quienes seguimos este tema desde hace años conocemos acerca del aporte incansable de muchos peritos que trabajaron en torno de esta cuestión, a lo que se suma la digna labor de Alejandro Olmos.
Me pregunto cómo haremos para evitar, dentro de seis meses o un año, llegar a las mismas conclusiones a las que arribamos hoy si no tenemos ni un ápice de fuerza; cómo realizar un trabajo de conjunto a fin de que América latina se alinee y diga "No; suspendemos los pagos de la deuda externa".
Kirchner habrá votado a Menem en 1989 y seguramente llamó a votar por él desde la Patagonia. Menem y Duhalde, en su libro La Revolución Productiva, de la editorial Peña y Lillo, proponían cinco años de moratoria diciendo que no iba a salir ni un solo dólar para el pago de la deuda. Después, sube Kirchner y critica a Menem porque no concretó la moratoria, y seguramente alguien luego criticará a Kirchner porque tampoco lo hizo.
Estos gobernantes reconocen la legitimidad y el valor nominal de la deuda, y después proponen quitas. ¡Cómo no va a haber quita si se han dado bonos basura que se venden en el mercado secundario al 12, 13, 15 o 20 por ciento. Hasta Cavallo utilizó esto para el plan Brady.
T.13
Cavallo, Alfonsín, Menem, todos reconocieron la ilegitimidad de la deuda y en algún momento tendremos que plantarnos. Pero, ¿quiénes van a ser? ¿Diez o veinte legisladores o algunas personalidades como Pérez Esquivel, Pino Solanas, Calcagno? No, necesitamos el apoyo de la población.
Porque aquí se hacen oídos sordos. Alguien podrá sostener que la Biblia dice que las deudas externas son usureras y que no hay que pagarlas. Se podrá incluso citar algún otro libro más sagrado que la Biblia, pero la realidad es que no hay ninguna escucha, porque se escucha tanto eso como también se escucha lo que decía Patoruzú.
Pero cuando uno demuestra la nulidad, la ilegitimidad y el sometimiento es distinto, porque la población comprende esos argumentos que tienen peso. Así, por ejemplo, no se entiende que el presidente Kirchner haya aceptado el 3 por ciento del producto bruto interno en un país que tiene un 60 por ciento de la población bajo la línea de pobreza. Estamos hablando de un país devastado que va a aceptar pagar un superávit del 3 por ciento sobre el PBI, cifra que no pagó nadie.
Antes, el Fondo Monetario Internacional decía que bajáramos el déficit y resulta que Kirchner acepta el superávit. Si se explica esto a la población, sí que prende, sobre todo en el tipo que no tiene laburo, en el que viene cobrando cuatrocientos pesos de sueldo desde el año 1990 o en el jubilado que percibe doscientos pesos.
Ese hombre empieza a ver las cosas y quizás se pregunte si no valdrá la pena buscar alternativas distintas. Me parece que es importante empalmar esta cuestión con la población. Esta reflexión sigue planteada como desafío, a mi modo de ver.
En primer lugar, me parece que esta es una gran fuerza e inclusive se está hablando de una consulta popular entre las organizaciones sociales. También es una forma de difundir, de comprometer y de estimular la participación.
También es una manera de sentir que el protagonista no es un diputado, que no cumple ningún rol, sino que el rol fundamental debe cumplirlo la población.
Asimismo, debe pensarse en América latina. Esta noche llega al país el presidente Lula, por el tema de la deuda, por las relaciones que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, con el ALCA, por el saque de las riquezas. No olvidemos que están masacrando bolivianos en Bolivia. Tanto Bush como este sujeto llamado Sánchez de Losada.
Me pregunto si vamos a romper relaciones o si Lula y Kirchner van a pedir la suspensión de relaciones con Sánchez de Losada. ¿Van a plantarse y decir que como no estamos de acuerdo con pagar la deuda ilegítima no vamos a pagar un solo peso? Porque no olvidemos que por ahí resulta que se termina decidiendo mandar gases para matar a bolivianos en Bolivia.
Entonces, debemos estimular la posibilidad de algún pronunciamiento, que seguramente no estará en Lula ni en Kirchner. Sería bueno que tanto Lula como Kirchner decidieran viajar a Bolivia e incluso nosotros podríamos proponérselo, y que no viajen solamente ellos, sino que también podríamos ir todos los que estamos aquí para pararnos juntos en la plaza Murillo.
Aclaro que no estamos hablando de utopías sino de un continente que se está levantando, que se encuentra viviendo procesos sociales muy ricos de exploración en América latina, autónomos e independientes.
Bolivia es algo hermoso y estimulante, al ver cómo es ese pueblo que ha puesto el cuerpo durante todos estos años, que ha volteado gobiernos y sigue haciéndolo. Nosotros también pusimos el cuerpo el 19 y el 20 de diciembre, lo que nos hizo sentir orgullosos como pueblo. También podemos nombrar otros pueblos, como los indígenas de Ecuador y el barrio pobre cuando la gente bajó de los cerros para defender al presidente Chávez contra el golpismo de los Estados Unidos, estos mismos que dicen que defienden el orden constitucional en Bolivia.
Entonces hay que reconocer que existe un proceso rico, pero debemos poner nuestras antenas en las organizaciones sociales y populares que pueden darle contenido, fuerza y protagonismo a esto que es un paso adelante, que significa estar acordando para llevarlo a cabo.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. ALLENDE, ALFREDO ESTANISLAO (BUENOS AIRES):
Señor presidente: aprovecho para agradecer su permisividad frente a un tema de la significación del que estamos considerando.
Quienes venimos tratando la cuestión desde hace muchos años -en el caso de quien habla desde hace ocho, cuando fue presentado el primer proyecto, manteniendo la vigencia del mismo con la presentación de una o dos iniciativas anuales- nos vamos a permitir hoy hacer alguna broma que, sin embargo, tienen basamento de carácter
histórico, porque sería una falta de respeto que simplemente contara un chiste.
Todos sabemos aproximadamente de qué trata la doctrina Drago, que nació en virtud de aquel diplomático que procuró evitar las ejecuciones por deudas de los distintos países.
Todos suponemos que la habrá planteado con un sentido de solidaridad latinoamericana formidable -no hay ninguna duda de que este aspecto debió haber influido-, pero también hubo otra cuestión que debió haber afectado seriamente el ánimo del doctor Drago.
No habían pasado muchos años desde que se produjo una situación notable en la Argentina, que es poco conocida y que ha sido estudiada, por ejemplo, por el profesor Fernando Estrada.
Como consecuencia de las deudas de la debacle del año 1890 -fíjense que no me refiero a 1990-, a los poderes imperiales -Francia y, principalmente, Inglaterra- les surgió la idea de avanzar sobre este rico territorio y adoptar los recaudos suficientes para cobrar su deuda, además de otras medidas que ya se habían tomado, como en el caso de las islas Malvinas.
A veces se buscaba una excusa para lograrlo, y el pretexto reiterado -sobre todo en Latinoamérica- consistía en encontrar un connacional de esos países poderosos que aparentemente se encontrara atropellado por los países deudores en cuanto a la falta de respeto a sus derechos o libertades.
Ya se había hecho algo similar en la época de Juan Manuel de Rosas, y se intentaba concretarlo nuevamente con un doctor llamado Edelman, quien era un pillo de siete suelas que vendía remedios falsos contra la sífilis.
Así se creó un gran escándalo alrededor de este protegido de la corona británica. Se trataba de una protección rocambolesca, ridícula y absurda, pero, en realidad, parecía ser que esa persona era realmente Jack el Destripador.
Aunque siempre se creyó que se trataba de un personaje inexistente, estaba en la Argentina perseguido por las mismas policías británica y argentina, siendo que la policía británica estaba a las órdenes de quienes pretendían tomar como pretexto a Jack el Destripador para destripar a los argentinos.
No quiero convertir este comentario sólo en una broma, que en este caso sería de humor negro, sino que también quiero señalar que el Banco Mundial dio a conocer algunos porcentajes con respecto a lo que hizo la Argentina con el capital tomado en préstamo.
El Banco Mundial publicó esta información durante algunos años, y no creo que haya cambiado mayormente el tema. Así expresa que el 44 por ciento del capital se destinó a financiar la huida de capitales; el 33 por ciento, al pago de los intereses de la misma deuda y el 23 por ciento, a las importaciones non sanctas, principalmente de armas.
Yo creo que además ha habido otros elementos y que realmente se fraguaron importaciones que no existieron. Fuera de broma, sería interesante saber qué ha dicho un altísimo organismo -en este caso, mundial- con respecto a las deudas externas, en general protegidas por el Fondo Monetario Internacional.
Para no leer todo el artículo sólo señalaré que ha expresado que algunos organismos y sus miembros especifican metas y requieren políticas como condición para la continuidad de los desembolsos, pero que esos programas no aseguran la soberanía nacional ni el progreso económico y han socavado esa soberanía, trabando a menudo el desarrollo de las instituciones democráticas responsables que podrían corregir sus propios errores y adecuar los cambios a las condiciones externas. Esto lo dijo hace tres o cuatro años la Comisión Meltzer, del Congreso de los Estados Unidos. Sin embargo, nosotros encontramos entre los argentinos a algunos compatriotas que se alarman porque no queremos pagar la deuda externa.
Agradezco el espacio concedido para hacer uso de la palabra. Todos estamos dispuestos a seguir trabajando y a enfrentar, con nuestra modesta capacidad, el tremendo arrebato que se ha hecho a la República Argentina, que sin duda alguna es el problema más grave que tiene. Por ejemplo, el hecho de que uno de cada tres niños argentinos padezca hambre crónica depende en gran medida o totalmente de esta situación de deuda internacional. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. ALCHOURON, GUILLERMO EDUARDO (BUENOS AIRES):
Señor presidente: asisto siempre con interés a estas sesiones especiales en las que se plantean distintas situaciones que preocupan a un grupo determinado de diputados y no a otros.
Pienso que hay algo que está mal, algo que en definitiva ha significado una situación enormemente gravosa para el país, que ha sido planteada por distintos señores legisladores, en especial el señor diputado Allende cuando se refirió al estado de desnutrición de nuestros niños. Francamente, creo que no hay ninguna razón valedera para que no se investigue. Agravios o gravámenes de tal envergadura no pueden quedar en un estado de indefinición, como si nada se resolviera sobre ellos.
Si yo fuera una de las personas a las que le hubiera tocado vivir los tiempos en que se dieron distintas situaciones económicas vinculadas con las deudas que contrajo el Estado, sería el primero en pedir que se investigue para que se vea si realmente soy responsable no de una decisión equivocada -porque aquí no estamos juzgando eso- sino de la comisión de un delito o de una trasgresión real y profunda a la ley.
Después de tanta historia, donde durante largo tiempo venimos detrás de esto, me parece que alguna vez debe ser investigado. Esto no debería decidirse por la opinión de treinta y cinco diputados sino por la de un número suficiente de legisladores. Si la Cámara resuelve crear una comisión investigadora, ésta debe actuar seria y responsablemente, y sin actitudes de resentimiento por el hecho de que haya gente con plata mientras otros no la tienen. Lo correcto es actuar con honestidad. Entonces, si alguien ha cruzado de mala fe esa línea -que debe ser fundamental en la conducción de la actividad pública- merece la sanción correspondiente.
Por lo tanto, pienso que no estar presentes es como indultar a los que quizás no son delincuentes, porque hay mucha gente a la que se la denomina de este modo, pero a mí no me consta. Tal vez estas personas puedan haberse equivocado en algún momento, aunque no creo que todos sean delincuentes. Si bien no pongo las manos en el fuego por nadie, estoy convencido de que hay muchos que estuvieron en la función pública desde la época de Martínez de Hoz o antes y que tomaron decisiones equivocadas en materia de política económica, pero no delictuosas. Entonces, este es un gran espacio que hay que contemplar y analizar separadamente, porque de lo contrario todo termina centrándose en la imagen del delincuente; no se trata de Patoruzú, del Pato Donald o de Jack el Destripador.
Lo más razonable es dividir las aguas, separar la paja del trigo, y aquél que merezca una sanción que la tenga; de esta manera, podremos salir de esta situación que venimos arrastrando a lo largo de la historia, mediante la actividad de este Congreso.
No voy a hablar particularmente de los proyectos presentados, aunque debo aclarar que los he leído. Aunque no puedo manifestar que sean buenos o malos, me gustaría que fueran discutidos en este recinto a fin de tomar una decisión. Nadie está obligado a hacer lo que la minoría quiere; no obstante, esta situación debe resolverla el Congreso como tal, con la plena conciencia de que se trata de un asunto que debe analizarse con la madurez que este tema requiere, pues está en juego prácticamente la desgracia argentina de hoy.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
SR. MARTINEZ RAYMONDA, RAFAEL J. (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: sin dudas, adhiero a la idea de investigar, clarificar y conocer un asunto tan importante como el que nos ocupa, pero deseo añadir un comentario.
La deuda que contrajo la Nación generó créditos que los argentinos enviaron al exterior. Por lo tanto, sugiero que hagamos una doble investigación, ya que cada vez que ingresaban partidas de la deuda externa salían otras al exterior. En la época del corralito se llegó a decir que había que dar aire para que no se produjera el efecto de la puerta 12 de River.
Estoy hablando del dinero que entraba y salía, no solamente como contracción de la deuda externa sino de lo que los argentinos colocaban afuera, en calidad de acreedores de la Nación. Se dice que el 38 por ciento está en manos de los argentinos. Entonces, averigüemos quiénes son, porque a lo mejor frecuentan los mismos cafés que nosotros y caminan por las mismas calles. Me refiero a los acreedores, como consecuencia de la deuda que se contrajo, y a las causas que generaron muchas de las tomas del dinero en el exterior.
Tal vez ustedes no lo sepan, pero los que tomaron nuestros títulos sabían que éstos eran los más preciados del mundo con garantía en dólares, una tasa cuatro veces más alta que la del mercado y un gobierno que era premiado por ser el modelo paradigmático generador de esas circunstancias. Los señores de afuera nos preguntaban qué era eso, y nosotros les dijimos que habían comprado una ilusión, cuando prestaron el dinero a la Argentina, pero no sabían que salía nuevamente para ser prestado. Este círculo vicioso es el que debemos investigar.
Sé que no hay quórum, y que si la mayoría no quiere, las comisiones investigadores no se crean; pero si existe voluntad, tal vez podría crearse una fundación destinada a buscar los medios necesarios para facilitar los trabajos de investigación a efectos de determinar los caminos de ida y vuelta del dinero.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
De esta manera, damos por finalizadas las manifestaciones en minoría de los señores diputados.