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Período:121 Reunion:18 Fecha:08/10/2003 MANIFESTACIONES EN MINORIA
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
No habiéndose reunido el quórum, la Presidencia declara fracasada la sesión especial.
Sin perjuicio de ello, permitirá la expresión en minoría de los señores diputados.
Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.
Sin perjuicio de ello, permitirá la expresión en minoría de los señores diputados.
Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.
SR. PERNASETTI, HORACIO FRANCISCO (CATAMARCA):
Señor presidente: cuando venía hacia aquí escuché unas declaraciones atribuidas al señor ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, doctor Beliz, según las cuales habría expresado que la intervención al Poder Judicial de Santiago del Estero depende del Congreso de la Nación, en razón de que el Poder Ejecutivo nacional ya habría dado suficientes señales con la presencia de dos funcionarios en la reunión que ayer celebró la Comisión de Derechos Humanos y Garantías. Aparentemente, a partir de ese hecho debería interpretarse que es una decisión del Poder Ejecutivo nacional apoyar la intervención al Poder Judicial de Santiago del Estero.
En verdad nos preocupan este tipo de mensajes por los que se dicen determinadas cosas que en la práctica no se concretan. Digo esto porque al mismo tiempo trascienden otros dichos en el sentido de que el señor presidente de la Nación habría dicho al presidente del Bloque Justicialista que no quería esa intervención. Evidentemente, esa es la versión oficial a la luz de la ausencia de los miembros de la bancada oficialista en esta convocatoria.
Desde nuestro bloque queremos señalar esta contradicción y además nuestra decisión de estudiar este tema, por lo que hemos solicitado la asistencia de funcionarios del Poder Ejecutivo a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Por otra parte, propiciamos que se elabore un dictamen de comisión respecto de este asunto, porque el bloque de la Unión Cívica Radical no considerará proyectos por los que se decida la intervención a una provincia que carezcan de despacho de comisión. En el momento oportuno, instaremos a que se elabore un dictamen, quizás por la vía de la formulación de una moción de preferencia. Esa será nuestra tarea de aquí en adelante: exigir el dictamen de comisión.
En verdad nos preocupan este tipo de mensajes por los que se dicen determinadas cosas que en la práctica no se concretan. Digo esto porque al mismo tiempo trascienden otros dichos en el sentido de que el señor presidente de la Nación habría dicho al presidente del Bloque Justicialista que no quería esa intervención. Evidentemente, esa es la versión oficial a la luz de la ausencia de los miembros de la bancada oficialista en esta convocatoria.
Desde nuestro bloque queremos señalar esta contradicción y además nuestra decisión de estudiar este tema, por lo que hemos solicitado la asistencia de funcionarios del Poder Ejecutivo a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Por otra parte, propiciamos que se elabore un dictamen de comisión respecto de este asunto, porque el bloque de la Unión Cívica Radical no considerará proyectos por los que se decida la intervención a una provincia que carezcan de despacho de comisión. En el momento oportuno, instaremos a que se elabore un dictamen, quizás por la vía de la formulación de una moción de preferencia. Esa será nuestra tarea de aquí en adelante: exigir el dictamen de comisión.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
SRA. BORDENAVE, MARCELA ANTONIA (BUENOS AIRES):
Señor presidente: desde la creación de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, en 1994, han llovido denuncias de ciudadanos santiagueños que lo único que reclaman es justicia.
En 1998, se presentó un informe con datos referidos a asesinatos perpetrados en 1991 que aún no han sido resueltos.
En 1999, el intendente radical electo en Quimilí no pudo entrar durante cuatro días al edificio municipal. Cuando logró ingresar a la intendencia la encontró destrozada y sucia, y la policía en lugar de defender los derechos del intendente electo reprimió a la gente que lo acompañaba, que pretendía ingresar a la municipalidad.
Hechos de esta índole sólo demuestran que en verdad en Santiago del Estero no hay justicia. Allí la justicia es el sostén de un poder construido sobre la base de la connivencia entre el poder económico, el poder policial represivo y el poder político.
En la ciudadanía hay cierto grado de confusión en relación con este tema. Santiago del Estero no es Leyla y Patricia; sus casos fueron simplemente las gotas que rebalsaron el vaso. Cuando hablamos de falta de justicia nos referimos además a cuestiones que resultan mínimas en comparación con las muertes de Leyla y de Patricia.
Por ejemplo, hace dieciséis años que una señora está intentando divorciarse, pero tuvo la mala suerte de casarse con alguien relacionado con el poder, y ella también reclama justicia.
Por su parte, los chicos que vimos por televisión, que fueron torturados y abusados, del mismo modo claman justicia.
A muchos diputados no se nos ocurrió mágicamente que corresponde intervenir esa provincia. Existen reclamos, pero lo fundamental es que el pueblo santiagueño se ha organizado no sólo en marchas sino también en un foro de entidades intermedias integrado por el Obispado, el Colegio de Abogados, profesionales, docentes, organizaciones sociales; ellos están pidiendo que la intervención recaiga sobre el Poder Judicial porque tuvieron la nefasta experiencia de la intervención de 1993, cuando de "Guatemala" se pasó a "Guatepeor".
En razón de nuestras atribuciones constitucionales, tenemos el deber y la obligación de dar respuestas a un pueblo que está esperando. Creemos que la intervención debe recaer sobre el Poder Judicial; ello, por la experiencia que tuvieron los santiagueños y porque ese poder es el sostén del resto de lo que pasa en Santiago del Estero: tráfico de chicos, de fauna, etcétera. No hay palabras para definir y caracterizar lo que sucede en esa provincia.
Representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, de la Secretaría de Justicia y Asuntos Legislativos, de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de esta Cámara y de la vicepresidencia de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Senadores -a cargo de la senadora Conti-, firmamos hace dos meses un acuerdo para elaborar un informe, que ayer fue presentado.
Hemos entregado documentación acerca de todas las denuncias recibidas durante muchísimos años en que estuvimos en Santiago del Estero. Por otro lado, hemos recibido denuncias acá, porque allá la gente no se anima a hablar. Asimismo se ha realizado un seguimiento de la falta de seguridad y de garantías respecto del Mocase -Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero-, cuya gente es abusada, torturada, perseguida y usurpada.
Este informe fue entregado en el día de ayer, y está a consideración de la comisión a los fines de su firma. A continuación, voy a dar lectura de una de las recomendaciones presentadas en conjunto por las secretarías de Justicia y Asuntos Legislativos y de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación a la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de esta Cámara de Diputados. Dice así: "El remedio federal debería poner su objetivo en restablecer una administración de justicia independiente, objetiva e imparcial y producir las necesarias depuraciones en los mandos de la fuerza policial. Para ello, y de acuerdo a la opinión generalizada precedentemente expuesta, debería propiciarse ante el Congreso Nacional la intervención del Poder Judicial de la provincia, colocando al conjunto del mismo en comisión y con capacidad para remover a aquellos magistrados que fuere necesario, y designar en igual carácter sus reemplazantes dentro de los abogados ejercientes en el ámbito provincial."
El informe está a disposición de todos los señores diputados.
En 1998, se presentó un informe con datos referidos a asesinatos perpetrados en 1991 que aún no han sido resueltos.
En 1999, el intendente radical electo en Quimilí no pudo entrar durante cuatro días al edificio municipal. Cuando logró ingresar a la intendencia la encontró destrozada y sucia, y la policía en lugar de defender los derechos del intendente electo reprimió a la gente que lo acompañaba, que pretendía ingresar a la municipalidad.
Hechos de esta índole sólo demuestran que en verdad en Santiago del Estero no hay justicia. Allí la justicia es el sostén de un poder construido sobre la base de la connivencia entre el poder económico, el poder policial represivo y el poder político.
En la ciudadanía hay cierto grado de confusión en relación con este tema. Santiago del Estero no es Leyla y Patricia; sus casos fueron simplemente las gotas que rebalsaron el vaso. Cuando hablamos de falta de justicia nos referimos además a cuestiones que resultan mínimas en comparación con las muertes de Leyla y de Patricia.
Por ejemplo, hace dieciséis años que una señora está intentando divorciarse, pero tuvo la mala suerte de casarse con alguien relacionado con el poder, y ella también reclama justicia.
Por su parte, los chicos que vimos por televisión, que fueron torturados y abusados, del mismo modo claman justicia.
A muchos diputados no se nos ocurrió mágicamente que corresponde intervenir esa provincia. Existen reclamos, pero lo fundamental es que el pueblo santiagueño se ha organizado no sólo en marchas sino también en un foro de entidades intermedias integrado por el Obispado, el Colegio de Abogados, profesionales, docentes, organizaciones sociales; ellos están pidiendo que la intervención recaiga sobre el Poder Judicial porque tuvieron la nefasta experiencia de la intervención de 1993, cuando de "Guatemala" se pasó a "Guatepeor".
En razón de nuestras atribuciones constitucionales, tenemos el deber y la obligación de dar respuestas a un pueblo que está esperando. Creemos que la intervención debe recaer sobre el Poder Judicial; ello, por la experiencia que tuvieron los santiagueños y porque ese poder es el sostén del resto de lo que pasa en Santiago del Estero: tráfico de chicos, de fauna, etcétera. No hay palabras para definir y caracterizar lo que sucede en esa provincia.
Representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, de la Secretaría de Justicia y Asuntos Legislativos, de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de esta Cámara y de la vicepresidencia de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Senadores -a cargo de la senadora Conti-, firmamos hace dos meses un acuerdo para elaborar un informe, que ayer fue presentado.
Hemos entregado documentación acerca de todas las denuncias recibidas durante muchísimos años en que estuvimos en Santiago del Estero. Por otro lado, hemos recibido denuncias acá, porque allá la gente no se anima a hablar. Asimismo se ha realizado un seguimiento de la falta de seguridad y de garantías respecto del Mocase -Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero-, cuya gente es abusada, torturada, perseguida y usurpada.
Este informe fue entregado en el día de ayer, y está a consideración de la comisión a los fines de su firma. A continuación, voy a dar lectura de una de las recomendaciones presentadas en conjunto por las secretarías de Justicia y Asuntos Legislativos y de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación a la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de esta Cámara de Diputados. Dice así: "El remedio federal debería poner su objetivo en restablecer una administración de justicia independiente, objetiva e imparcial y producir las necesarias depuraciones en los mandos de la fuerza policial. Para ello, y de acuerdo a la opinión generalizada precedentemente expuesta, debería propiciarse ante el Congreso Nacional la intervención del Poder Judicial de la provincia, colocando al conjunto del mismo en comisión y con capacidad para remover a aquellos magistrados que fuere necesario, y designar en igual carácter sus reemplazantes dentro de los abogados ejercientes en el ámbito provincial."
El informe está a disposición de todos los señores diputados.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Al solo efecto de informar a la Honorable Cámara, la Presidencia desea saber quién ha firmado el citado informe.
SRA. BORDENAVE, MARCELA ANTONIA (BUENOS AIRES):
Se trata de un informe que está a consideración de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías que aportó su investigación para elaborarlo, pero no está firmado.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
La consulta de la Presidencia tiene como objetivo aclarar, en términos generales, si funcionarios del Poder Ejecutivo han firmado el mencionado informe.
SRA. BORDENAVE, MARCELA ANTONIA (BUENOS AIRES):
Por supuesto que están mencionados quiénes participaron de este trabajo.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Simplemente, señora diputada, la Presidencia ha preguntado quiénes fueron los firmantes.
SRA. BORDENAVE, MARCELA ANTONIA (BUENOS AIRES):
En el citado informe se expresa: "...en cumplimiento de la misión encomendada por el señor ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, doctor Gustavo Beliz...".
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
La Presidencia desea saber si el informe fue firmado o no, porque no cuenta con el número de expediente.
SRA. BORDENAVE, MARCELA ANTONIA (BUENOS AIRES):
En el día de ayer, la Comisión de Derechos Humanos y Garantías llevó a cabo una reunión de la que participaron el secretario de Derechos Humanos, el secretario de Justicia y Asuntos Legislativos y miembros de la comisión. Este informe fue elaborado entre las secretarías de Derechos Humanos y de Justicia y Asuntos Legislativos, y está a consideración de la citada comisión. Fue firmado por el señor secretario de Derechos Humanos, doctor Eduardo Luis Duhalde, y el señor secretario de Justicia y Asuntos Legislativos, doctor Pablo Lanusse.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Sería conveniente que la Presidencia contara con una copia de esa documentación.
SRA. BORDENAVE, MARCELA ANTONIA (BUENOS AIRES):
Se la envié por correo electrónico en el día de ayer, señor presidente.
SRA. RODRIGUEZ, MARCELA VIRGINIA (BUENOS AIRES):
¿Me permite una interrupción, señora diputada, con el permiso de la Presidencia?
SRA. BORDENAVE, MARCELA ANTONIA (BUENOS AIRES):
Sí, señora diputada.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Para una interrupción tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
SRA. RODRIGUEZ, MARCELA VIRGINIA (BUENOS AIRES):
Señor presidente: por lo que tengo entendido el informe fue entregado por los propios funcionarios. De esto da cuenta el acta de la reunión.
SRA. BORDENAVE, MARCELA ANTONIA (BUENOS AIRES):
De todos modos, la gravedad de los acontecimientos de la provincia de Santiago del Estero es más relevante que el hecho de si está firmado o no dicho informe.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Creo que estamos ante una confusión. Cuando alguien presenta un informe debe estar firmado, porque ello otorga veracidad a la información. La pregunta se la formulo a la señora presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías a fin de conocer si efectivamente ha recibido un informe, que pone a consideración del cuerpo. Como presidente de la Honorable Cámara debo tener conocimiento de si existe un informe rubricado por los funcionarios que supuestamente lo elaboraron, para darle veracidad.
SRA. BORDENAVE, MARCELA ANTONIA (BUENOS AIRES):
Señor presidente: me están solicitando una interrupción, y no tengo inconveniente en concederla.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Déjeme ordenar el debate, señora diputada. Simplemente, formulé una pregunta, pero si eso va a provocar una discusión, prefiero no hablar más. Creo que mi consulta fue correcta y acepto la respuesta. Sólo quiero saber si están las firmas de las personas que vinieron a entregar el informe. La señora diputada me respondió que no, y con eso me alcanza.
SRA. BORDENAVE, MARCELA ANTONIA (BUENOS AIRES):
Usted no confía en que estas personas...
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
No es así, señora diputada. La semana pasada vino el canciller Bielsa y firmó un proyecto. Obviamente, provocó algunas contradicciones, pero lo trajo firmado. Además, creo que es correcto que lo pregunte como presidente de la Honorable Cámara, porque no dispongo de ese informe.
SRA. BORDENAVE, MARCELA ANTONIA (BUENOS AIRES):
No entiendo por qué estamos discutiendo esto. Lo que puedo decir en respuesta a su pregunta es que el informe no está firmado.
Por otro lado, solicito que como presidente de la Cámara le pida al señor secretario de Derechos Humanos...
Por otro lado, solicito que como presidente de la Cámara le pida al señor secretario de Derechos Humanos...
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Justamente es lo que voy a hacer. Por eso hice la consulta.
SRA. BORDENAVE, MARCELA ANTONIA (BUENOS AIRES):
Señor presidente: reitero que me están solicitando una interrupción.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Señora diputada: no voy a otorgar el uso de la palabra a ningún diputado que solicite una interrupción hasta que usted no termine de hablar. De todos modos, adelanto que voy a otorgar la palabra a todos los que se anoten, a pesar de que podríamos decir que la sesión no existe, porque no hay número. Les estoy otorgando el uso de la palabra porque esa es la voluntad de esta Presidencia.
Continúa en el uso de la palabra la señora diputada por la Capital.
Continúa en el uso de la palabra la señora diputada por la Capital.
SRA. BORDENAVE, MARCELA ANTONIA (BUENOS AIRES):
Creo que frente a la gravedad de lo que está ocurriendo en Santiago del Estero no es importante la discusión sobre si está o no firmado el informe.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
¡Cómo que no es importante!
SRA. BORDENAVE, MARCELA ANTONIA (BUENOS AIRES):
Al margen de estas cuestiones, lo más demostrativo de lo que está ocurriendo en Santiago del Estero fueron las palabras que pronunció ayer Olga Villalba cando se retiraba llorando de la comisión. Ella planteó que este es un problema de conciencia. Por ende, queda sujeto a la conciencia de cada diputado cumplir con sus obligaciones, teniendo en cuenta que en Santiago del Estero no hay justicia. Por eso, el clamor de ese pueblo es por justicia. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra el señor diputado por Santiago del Estero.
SR. BONACINA, MARIO HECTOR (SANTIAGO DEL ESTERO):
Señor presidente: en primer lugar, intentaré satisfacer su pedido. Quisiera saber si le resulta suficiente recibir la grabación de la conferencia que se llevó a cabo en el día de ayer con la presencia de los doctores Duhalde y Lanusse. Esto obra en poder de la comisión -quizá la señora presidenta no lo recuerda- y creo que contribuiría para que la Presidencia de la Honorable Cámara se anticipe al informe que va a recibir por escrito.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
La Presidencia deja constancia de que solicitó el informe, pero hasta ahora no lo ha conseguido.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Santiago del Estero.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Santiago del Estero.
SR. BONACINA, MARIO HECTOR (SANTIAGO DEL ESTERO):
Señor presidente: agradezco que nos permita expresarnos a pesar de no haberse obtenido el número suficiente para sesionar.
Hago uso de la palabra como hombre de la provincia de Santiago del Estero, preocupado por lo que pasa en esa zona de la República, más allá de que desde algunos sectores se pretenda presentarlo como producto de una lucha de poderes o partidista.
A nadie escapa que a Santiago del Estero han concurrido miembros del Poder Ejecutivo nacional, del Poder Legislativo y de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales. Todos han coincidido en que es pavoroso y terrorífico lo que se vive en Santiago del Estero.
Esa cuestión va más allá de los resultados electorales que se pretenden exhibir, como si se tratara de una contraseña o de una autorización de libre tránsito, dando a entender que en Santiago del Estero no pasa nada porque se ganó una elección. "Aquí no pasa nada porque se pagan los sueldos al día". Se dice esto, como si se tratara del objetivo de un gobierno dentro de un Estado de derecho.
Todavía resuenan en los oídos de los santiagueños las expresiones del relator de la Organización de Estados Americanos, quien no entendía cómo después de veinte años de vida en democracia, había lugares en la Argentina donde se seguía torturando, había apremios ilegales, y la aplicación del "gatillo fácil" seguía siendo pan de todos los días.
Además, se pretendía plantear una falsa antinomia entre lo que es un gobierno malo y una intervención federal que se produjo en Santiago del Estero, que también fue desafortunada. Creo que de eso no se trata, porque si no estaríamos avalando que a un gobierno malo forzosamente tiene que suceder uno peor.
Indudablemente, Santiago del Estero tuvo una mala experiencia con las intervenciones federales. Entonces, de lo que se trata es de asumir la responsabilidad de la omisión en la que se incurrió, y de cumplir con lo que prescribe nuestra Constitución en relación con nuestra función de diputados de la Nación.
Hoy, en Santiago del Estero también se plantea una opción: nativos versus extranjeros. Los extranjeros son los diputados de la Nación que no viven en Santiago del Estero, y que por eso aparentemente no tendrían derecho a opinar sobre esto, a pesar de que suceda en su país.
Indudablemente, a todo ello se agregan las expresiones del hoy protector ilustre de la provincia de Santiago del Estero, el señor Juárez -asesor legislativo y del Poder Ejecutivo provincial-, quien sostuvo -luego de los hechos que se le han atribuido- que él hoy está en la nueva política, que consiste en la aplicación de una nueva justicia despolitizada. "Eso es lo que quiero", dijo el señor Juárez.
Creo que el señor Juárez se había referido al hecho para nada despreciable de que de los cuarenta y nueve abogados firmantes de la solicitada de apoyo a su candidatura a gobernador en 1995, treinta y dos de ellos pasaron a integrar el Poder Judicial de la provincia. Muchos de ellos tuvieron que renunciar, como también lo hizo el presidente de la Corte, cuando se descubrió que su hija había recibido un diploma trucho de abogada.
Es bueno que el señor Juárez hable de una nueva justicia despolitizada, pero creo que en un acto fallido ha reconocido cuál es la característica de la justicia que él pretende defender.
Lógicamente, también creo que incurre en un lapsus cuando menciona que el Poder Ejecutivo no es un órgano de investigación en relación con el doble crimen de la dársena.
Yo me pregunto cuál sería la situación si desde el Ministerio Público o desde la Policía no se investigara. ¿Acaso vamos a dejar así a esta Justicia, que hoy él quiere despolitizar?
Entiendo que son temas muy graves. Como santiagueño quiero confesar una mezcla de rabia, bronca y vergüenza, que no tiene absolutamente nada que ver con las expresiones de los últimos días. Se trata de la vergüenza ajena de decir que esto ocurre en mi provincia.
También quiero que nos preguntemos si Santiago del Estero es una isla, sobre todo en esta etapa que se ha dado en llamar "de transparencia". Es el momento de asumir las responsabilidades y de no caer en la omisión.
Creo que el proceso está en un punto de no retorno. No quisiera que mi provincia vuelva a vivir los acontecimientos de 1993. Esta no es simplemente una expresión de deseos, ya que hace exactamente diez años Santiago del Estero padeció un proceso de desmadre, caos y desgobierno.
No es casual que el gobierno provincial exhiba la pobreza y todos los índices que le permitirían agrandar su cuota de coparticipación. Sin embargo, cuando se le dice las verdades, muestra que paga los sueldos y que en Santiago del Estero no hay problemas.
Por otro lado, los médicos reconocen que cuando tienen que dar un medicamento, el enfermo que está en la cola se muere por no recibir el remedio. Yo he visto en una cama a dos o tres parturientas a la espera del turno para ser atendidas. Los chicos se mueren de hambre o no pueden caminar hasta los dos años como consecuencia de la desnutrición.
A pesar de ello, existen informes económicos que hablan de una reserva de 481 millones de pesos, que estaría en los bancos de Santiago del Estero, según las estadísticas del Banco Central al 30 de junio.
Este es el gobierno de la sinrazón: la gente se muere de hambre y el agua presenta arsénico, pero las cuentas fiscales están al día.
No creo que este ámbito deba ser el de la barricada, sino el de la serena reflexión. Solicito a los legisladores y al Poder Ejecutivo que no se reitere lo que sucede en mi provincia, donde se dice que el equilibrio de poderes está roto, lo cual es cierto.
Pero más grave aún son los factores económicos y sociales de poder y los medios de comunicación que -como lo manifiesta este informe no firmado aunque fue presentado por los secretarios de Justicia y Asuntos Legislativos y de Derechos Humanos- no sólo no informan sino que deforman. Yo no quisiera que hoy estemos ante el juego del gran bonete, donde uno se pregunta quién tiene la decisión: el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo. La decisión la tenemos los argentinos. Santiago del Estero no es una isla. No podemos caer en el facilismo de decir que lo solucionen los santiagueños. Ya tuvieron una intervención y volvieron a elegir lo que en algún momento rechazaban.
Este es un problema cultural grave que indudablemente no se soluciona en dos meses, diez meses o un año, pero tampoco podemos caer en la complacencia o en la complicidad intelectual de decir que nada se puede hacer.
Existen instituciones como el Obispado, los colegios de abogados o los organismos internacionales que reconocen que hay un problema. Pienso que debemos recurrir a ellas cuantas veces sea necesario. Tenemos en el país casos de muchas provincias -no viene al caso su mención- que fueron incorporándose paulatinamente a una democracia no formal ni virtual sino real, que indudablemente cuesta hacerlo. Pero los dejo con las palabra de la madre de una de las chicas masacradas, quien nos dijo a los legisladores que en nuestra conciencia está dar la solución, más allá de los formalismos que hoy puedan impedir la realización de esta reunión, dejando en la grandeza y hombría de bien de cada uno de nosotros el decir que Santiago del Estero es parte de la Argentina. Brindemos nuestra ayuda. (Aplausos.)
Hago uso de la palabra como hombre de la provincia de Santiago del Estero, preocupado por lo que pasa en esa zona de la República, más allá de que desde algunos sectores se pretenda presentarlo como producto de una lucha de poderes o partidista.
A nadie escapa que a Santiago del Estero han concurrido miembros del Poder Ejecutivo nacional, del Poder Legislativo y de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales. Todos han coincidido en que es pavoroso y terrorífico lo que se vive en Santiago del Estero.
Esa cuestión va más allá de los resultados electorales que se pretenden exhibir, como si se tratara de una contraseña o de una autorización de libre tránsito, dando a entender que en Santiago del Estero no pasa nada porque se ganó una elección. "Aquí no pasa nada porque se pagan los sueldos al día". Se dice esto, como si se tratara del objetivo de un gobierno dentro de un Estado de derecho.
Todavía resuenan en los oídos de los santiagueños las expresiones del relator de la Organización de Estados Americanos, quien no entendía cómo después de veinte años de vida en democracia, había lugares en la Argentina donde se seguía torturando, había apremios ilegales, y la aplicación del "gatillo fácil" seguía siendo pan de todos los días.
Además, se pretendía plantear una falsa antinomia entre lo que es un gobierno malo y una intervención federal que se produjo en Santiago del Estero, que también fue desafortunada. Creo que de eso no se trata, porque si no estaríamos avalando que a un gobierno malo forzosamente tiene que suceder uno peor.
Indudablemente, Santiago del Estero tuvo una mala experiencia con las intervenciones federales. Entonces, de lo que se trata es de asumir la responsabilidad de la omisión en la que se incurrió, y de cumplir con lo que prescribe nuestra Constitución en relación con nuestra función de diputados de la Nación.
Hoy, en Santiago del Estero también se plantea una opción: nativos versus extranjeros. Los extranjeros son los diputados de la Nación que no viven en Santiago del Estero, y que por eso aparentemente no tendrían derecho a opinar sobre esto, a pesar de que suceda en su país.
Indudablemente, a todo ello se agregan las expresiones del hoy protector ilustre de la provincia de Santiago del Estero, el señor Juárez -asesor legislativo y del Poder Ejecutivo provincial-, quien sostuvo -luego de los hechos que se le han atribuido- que él hoy está en la nueva política, que consiste en la aplicación de una nueva justicia despolitizada. "Eso es lo que quiero", dijo el señor Juárez.
Creo que el señor Juárez se había referido al hecho para nada despreciable de que de los cuarenta y nueve abogados firmantes de la solicitada de apoyo a su candidatura a gobernador en 1995, treinta y dos de ellos pasaron a integrar el Poder Judicial de la provincia. Muchos de ellos tuvieron que renunciar, como también lo hizo el presidente de la Corte, cuando se descubrió que su hija había recibido un diploma trucho de abogada.
Es bueno que el señor Juárez hable de una nueva justicia despolitizada, pero creo que en un acto fallido ha reconocido cuál es la característica de la justicia que él pretende defender.
Lógicamente, también creo que incurre en un lapsus cuando menciona que el Poder Ejecutivo no es un órgano de investigación en relación con el doble crimen de la dársena.
Yo me pregunto cuál sería la situación si desde el Ministerio Público o desde la Policía no se investigara. ¿Acaso vamos a dejar así a esta Justicia, que hoy él quiere despolitizar?
Entiendo que son temas muy graves. Como santiagueño quiero confesar una mezcla de rabia, bronca y vergüenza, que no tiene absolutamente nada que ver con las expresiones de los últimos días. Se trata de la vergüenza ajena de decir que esto ocurre en mi provincia.
También quiero que nos preguntemos si Santiago del Estero es una isla, sobre todo en esta etapa que se ha dado en llamar "de transparencia". Es el momento de asumir las responsabilidades y de no caer en la omisión.
Creo que el proceso está en un punto de no retorno. No quisiera que mi provincia vuelva a vivir los acontecimientos de 1993. Esta no es simplemente una expresión de deseos, ya que hace exactamente diez años Santiago del Estero padeció un proceso de desmadre, caos y desgobierno.
No es casual que el gobierno provincial exhiba la pobreza y todos los índices que le permitirían agrandar su cuota de coparticipación. Sin embargo, cuando se le dice las verdades, muestra que paga los sueldos y que en Santiago del Estero no hay problemas.
Por otro lado, los médicos reconocen que cuando tienen que dar un medicamento, el enfermo que está en la cola se muere por no recibir el remedio. Yo he visto en una cama a dos o tres parturientas a la espera del turno para ser atendidas. Los chicos se mueren de hambre o no pueden caminar hasta los dos años como consecuencia de la desnutrición.
A pesar de ello, existen informes económicos que hablan de una reserva de 481 millones de pesos, que estaría en los bancos de Santiago del Estero, según las estadísticas del Banco Central al 30 de junio.
Este es el gobierno de la sinrazón: la gente se muere de hambre y el agua presenta arsénico, pero las cuentas fiscales están al día.
No creo que este ámbito deba ser el de la barricada, sino el de la serena reflexión. Solicito a los legisladores y al Poder Ejecutivo que no se reitere lo que sucede en mi provincia, donde se dice que el equilibrio de poderes está roto, lo cual es cierto.
Pero más grave aún son los factores económicos y sociales de poder y los medios de comunicación que -como lo manifiesta este informe no firmado aunque fue presentado por los secretarios de Justicia y Asuntos Legislativos y de Derechos Humanos- no sólo no informan sino que deforman. Yo no quisiera que hoy estemos ante el juego del gran bonete, donde uno se pregunta quién tiene la decisión: el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo. La decisión la tenemos los argentinos. Santiago del Estero no es una isla. No podemos caer en el facilismo de decir que lo solucionen los santiagueños. Ya tuvieron una intervención y volvieron a elegir lo que en algún momento rechazaban.
Este es un problema cultural grave que indudablemente no se soluciona en dos meses, diez meses o un año, pero tampoco podemos caer en la complacencia o en la complicidad intelectual de decir que nada se puede hacer.
Existen instituciones como el Obispado, los colegios de abogados o los organismos internacionales que reconocen que hay un problema. Pienso que debemos recurrir a ellas cuantas veces sea necesario. Tenemos en el país casos de muchas provincias -no viene al caso su mención- que fueron incorporándose paulatinamente a una democracia no formal ni virtual sino real, que indudablemente cuesta hacerlo. Pero los dejo con las palabra de la madre de una de las chicas masacradas, quien nos dijo a los legisladores que en nuestra conciencia está dar la solución, más allá de los formalismos que hoy puedan impedir la realización de esta reunión, dejando en la grandeza y hombría de bien de cada uno de nosotros el decir que Santiago del Estero es parte de la Argentina. Brindemos nuestra ayuda. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.
SRA. WALSH, PATRICIA (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: en Santiago del Estero no hay justicia. Lo afirmo desde mi banca de diputada y también lo firmo. Precisamente porque no hay justicia un grupo de diputados nacionales que considero importante -en este momento somos cincuenta y cinco- nos encontramos aquí para, por lo menos, intentar comenzar este debate. Esto no sólo no terminará hoy sino que creo que es el inicio del debate parlamentario sobre lo que está pasando con la Justicia en la provincia de Santiago del Estero.
Y digo que el debate empieza ahora porque quienes ocupamos estas bancas hemos visto cómo en sesiones especiales a las que se convocaba el año pasado por la nulidad de las leyes de punto final y de obediencia debida venían alrededor de treinta diputados nacionales y hoy esas iniciativas son leyes de la Nación. Esto demuestra que algunas cosas están cambiando en este país, por más que, como de costumbre, haya quienes no quieran sostener esta lucha contra la impunidad. Quienes no quieren hacerlo en Santiago del Estero son, por supuesto, aquellos que hacen negocios con la falta de justicia y con la impunidad en esa provincia.
Quienes sí están reclamando justicia y concretamente están solicitando la intervención del Poder Judicial son los miles y miles de santiagueñas y santiagueños que desde hace ya bastante y suficiente tiempo marchan para ser escuchados.
No tengo ninguna duda de que la mayoría del pueblo santiagueño está reclamando la intervención del Poder Judicial, tal como se propone en el proyecto parlamentario cuyo autor es el diputado nacional Atilio Tazzioli.
El señor diputado Tazzioli no está ocupando su banca porque desde hace unas semanas está enfermo. Quienes somos sus compañeros lamentamos que esté enfermo y sentimos la obligación de impulsar este proyecto que da una respuesta parlamentaria federal a la falta de justicia en la provincia de Santiago del Estero. Lo hacemos no sólo por solidaridad con el reclamo de los santiagueños sino también por solidaridad y coincidencia con el diputado que es autor de esta iniciativa.
Por medio de este proyecto se trata de restablecer las condiciones necesarias para que se escuche a las personas que en Santiago del Estero están sufriendo atroces violaciones a los derechos humanos y falta de garantías. No más ni menos que eso.
Asimismo, reivindico las palabras que en el día de ayer pronunciara en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías la mamá de Patricia Villalba. En esa oportunidad dijo que esta cuestión queda ahora en nuestras conciencias.
Está en nuestras conciencias y lo seguirá estando porque en esta sesión especial no se logró el quórum; estamos dando testimonio desde estas bancas. Sin embargo, estos testimonios existen y están dando cuenta de la verdad de lo que ocurre en Santiago del Estero.
Quiero hacer una aclaración que estimo necesaria en torno de la reunión del día de ayer de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, citada por su presidenta, la señora diputada Marcela Bordenave. Estaba previsto que concurrieran a la reunión de la comisión -de la que soy secretaria- dos secretarios de Estado: el doctor Eduardo Luis Duhalde y el doctor Pablo Lanusse.
Asistieron dos personas a dicha reunión, a una de las cuales conozco personalmente y a la otra por los medios de comunicación, quienes dijeron llamarse Eduardo Luis Duhalde y Pablo Lanusse. Nos dieron la mano, nos saludaron, tomaron asiento, y trajeron este informe, una de cuyas copias me dieron en mano.
Este informe, que he leído detenidamente, hace justicia. Hace justicia en la medida en que recoge una cantidad importantísima de testimonios y denuncias sobre la falta de justicia en la provincia de Santiago del Estero.
Si quien me dio la mano se presentó como el doctor Pablo Lanusse en la sala de reuniones de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de esta Cámara, debo suponer que se trata del doctor Pablo Lanusse. Ni siquiera me animo a pensar que alguna persona se hiciera pasar por un secretario de Estado para entregarnos un informe que no fuera legítimo, verdadero y auténtico, más allá de que no lleve firma.
Debo suponer que el secretario de Derechos Humanos, que presentó este informe y lo comentó en persona,
lo está avalando. No veo por qué tengo que ponerme a considerar en una sesión, aunque fuera testimonial y de la importancia que este testimonio tiene, que esa persona que dijo ser el doctor Eduardo Luis Duhalde, secretario de Estado y a quien conozco personalmente, no sea el doctor Eduardo Luis Duhalde secretario de Derechos Humanos de este país, quien convalidó con su presencia física en esta Cámara el informe que estamos teniendo en cuenta.
Pero ese no es el único elemento que estamos teniendo en cuenta, señor presidente. Algunos de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, entre los que me incluyo, viajamos más de una vez a la provincia de Santiago del Estero, donde hemos estado horas recibiendo testimonios y denuncias. Precisamente la gran mayoría de esos testimonios y denuncias están contenidos en este informe: los mismos nombres y apellidos, la misma impunidad y la misma falta de justicia.
Por eso, señor presidente, reclamo que el bloque mayoritario de esta Cámara trate de definir a la brevedad una posición sobre este tema. Creo que esto es urgente e imprescindible y que no se pueden eludir las responsabilidades políticas. En Santiago del Estero no hay justicia, y es competencia de este Congreso y de esta Cámara procurar, en la medida de lo posible, restablecer la justicia en aquel lugar del país donde esté faltando. Ese lugar se llama Santiago del Estero. No se puede esquivar el bulto; no podemos hacernos los sordos ni los distraídos.
La noticia del debate pendiente o no resuelto sobre la impunidad en Santiago del Estero aparece tanto en la tapa como en el interior de los medios de prensa y en todos los medios de comunicación de este país, y me alegro de que tanta impunidad empiece a resquebrajarse. Más allá de que en este momento seamos sólo 55 los diputados presentes en este recinto, entiendo que el Congreso está empezando a debatir el tema, y creo que tendrá que estar a la altura de las circunstancias.
A pesar de no integrarla, esta mañana concurrí a la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales a fin de expresar mi deseo de que esa comisión emita un dictamen favorable al proyecto del señor diputado Tazzioli. En dicha reunión un diputado nacional decía que la cosa está confusa y que hay algunos diputados nacionales que van a quedar colgados del alambrado. Personalmente, creo que la cosa sigue estando confusa y que hay quienes alientan esa confusión. Por eso, comparto la idea de muchos diputados nacionales que hoy están en sus bancas de que hay que restablecer niveles de claridad en este tema.
Estamos acompañando el proyecto de ley del señor diputado Tazzioli que propone la intervención del Poder Judicial, es decir, de uno de los tres poderes. No hay precedentes de esto, pero el hecho de que no los haya no quiere decir que no podamos hacerlo; podemos resolver esa intervención. Además, la discusión sobre si hay o no precedentes se termina cuando empieza a haberlos. Si una vez alcanzado el quórum correspondiente resolvemos la intervención, en ese mismo momento comienza a existir el precedente. Se trata de una situación extraordinaria, y así
la entendemos. No se trata de un camino a recorrer en una multiplicidad de situaciones sino en la provincia de Santiago del Estero, donde la falta de justicia es gravísima.
Además de esa situación, que por supuesto no se circunscribe al horrible e impune asesinato de estas dos chicas en la dársena -esta es la gota que rebasó el vaso-, hemos tomado conocimiento, por denuncias públicas, de la presencia y persistencia de personajes siniestros y nefastos como Musa Azar, quien no empezó a reprimir y a torturar en los últimos tiempos sino que ya fue denunciado en Nunca Más.
Entonces, nos parece grave que haya quienes miran hacia otro lado, se hacen los distraídos y no ocupan estas bancas con responsabilidad política para entender en un tema tan grave. Apelamos a que esto pueda resolverse en los próximos días o semanas; no esperemos a que haya otras chicas de la dársena, otras víctimas. Como se relatara en la tarde de ayer en la reunión de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, ha habido torturas a niños de 10 y 11 años en el barrio Pacará. En el informe correspondiente -que contiene cuarenta y cinco páginas y un anexo documental de más de cinco mil fojas-, están las constancias. Si no todos los señores diputados lo tienen en su poder -si usted, señor presidente, no dispone de tal informe-, resolveremos esta situación para que puedan leerlo; y luego de que lo hayan hecho, habrá llegado el momento de ocupar con urgencia estas bancas, a menos que se quiera seguir siendo cómplice de la impunidad. (Aplausos.)
Y digo que el debate empieza ahora porque quienes ocupamos estas bancas hemos visto cómo en sesiones especiales a las que se convocaba el año pasado por la nulidad de las leyes de punto final y de obediencia debida venían alrededor de treinta diputados nacionales y hoy esas iniciativas son leyes de la Nación. Esto demuestra que algunas cosas están cambiando en este país, por más que, como de costumbre, haya quienes no quieran sostener esta lucha contra la impunidad. Quienes no quieren hacerlo en Santiago del Estero son, por supuesto, aquellos que hacen negocios con la falta de justicia y con la impunidad en esa provincia.
Quienes sí están reclamando justicia y concretamente están solicitando la intervención del Poder Judicial son los miles y miles de santiagueñas y santiagueños que desde hace ya bastante y suficiente tiempo marchan para ser escuchados.
No tengo ninguna duda de que la mayoría del pueblo santiagueño está reclamando la intervención del Poder Judicial, tal como se propone en el proyecto parlamentario cuyo autor es el diputado nacional Atilio Tazzioli.
El señor diputado Tazzioli no está ocupando su banca porque desde hace unas semanas está enfermo. Quienes somos sus compañeros lamentamos que esté enfermo y sentimos la obligación de impulsar este proyecto que da una respuesta parlamentaria federal a la falta de justicia en la provincia de Santiago del Estero. Lo hacemos no sólo por solidaridad con el reclamo de los santiagueños sino también por solidaridad y coincidencia con el diputado que es autor de esta iniciativa.
Por medio de este proyecto se trata de restablecer las condiciones necesarias para que se escuche a las personas que en Santiago del Estero están sufriendo atroces violaciones a los derechos humanos y falta de garantías. No más ni menos que eso.
Asimismo, reivindico las palabras que en el día de ayer pronunciara en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías la mamá de Patricia Villalba. En esa oportunidad dijo que esta cuestión queda ahora en nuestras conciencias.
Está en nuestras conciencias y lo seguirá estando porque en esta sesión especial no se logró el quórum; estamos dando testimonio desde estas bancas. Sin embargo, estos testimonios existen y están dando cuenta de la verdad de lo que ocurre en Santiago del Estero.
Quiero hacer una aclaración que estimo necesaria en torno de la reunión del día de ayer de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, citada por su presidenta, la señora diputada Marcela Bordenave. Estaba previsto que concurrieran a la reunión de la comisión -de la que soy secretaria- dos secretarios de Estado: el doctor Eduardo Luis Duhalde y el doctor Pablo Lanusse.
Asistieron dos personas a dicha reunión, a una de las cuales conozco personalmente y a la otra por los medios de comunicación, quienes dijeron llamarse Eduardo Luis Duhalde y Pablo Lanusse. Nos dieron la mano, nos saludaron, tomaron asiento, y trajeron este informe, una de cuyas copias me dieron en mano.
Este informe, que he leído detenidamente, hace justicia. Hace justicia en la medida en que recoge una cantidad importantísima de testimonios y denuncias sobre la falta de justicia en la provincia de Santiago del Estero.
Si quien me dio la mano se presentó como el doctor Pablo Lanusse en la sala de reuniones de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de esta Cámara, debo suponer que se trata del doctor Pablo Lanusse. Ni siquiera me animo a pensar que alguna persona se hiciera pasar por un secretario de Estado para entregarnos un informe que no fuera legítimo, verdadero y auténtico, más allá de que no lleve firma.
Debo suponer que el secretario de Derechos Humanos, que presentó este informe y lo comentó en persona,
lo está avalando. No veo por qué tengo que ponerme a considerar en una sesión, aunque fuera testimonial y de la importancia que este testimonio tiene, que esa persona que dijo ser el doctor Eduardo Luis Duhalde, secretario de Estado y a quien conozco personalmente, no sea el doctor Eduardo Luis Duhalde secretario de Derechos Humanos de este país, quien convalidó con su presencia física en esta Cámara el informe que estamos teniendo en cuenta.
Pero ese no es el único elemento que estamos teniendo en cuenta, señor presidente. Algunos de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, entre los que me incluyo, viajamos más de una vez a la provincia de Santiago del Estero, donde hemos estado horas recibiendo testimonios y denuncias. Precisamente la gran mayoría de esos testimonios y denuncias están contenidos en este informe: los mismos nombres y apellidos, la misma impunidad y la misma falta de justicia.
Por eso, señor presidente, reclamo que el bloque mayoritario de esta Cámara trate de definir a la brevedad una posición sobre este tema. Creo que esto es urgente e imprescindible y que no se pueden eludir las responsabilidades políticas. En Santiago del Estero no hay justicia, y es competencia de este Congreso y de esta Cámara procurar, en la medida de lo posible, restablecer la justicia en aquel lugar del país donde esté faltando. Ese lugar se llama Santiago del Estero. No se puede esquivar el bulto; no podemos hacernos los sordos ni los distraídos.
La noticia del debate pendiente o no resuelto sobre la impunidad en Santiago del Estero aparece tanto en la tapa como en el interior de los medios de prensa y en todos los medios de comunicación de este país, y me alegro de que tanta impunidad empiece a resquebrajarse. Más allá de que en este momento seamos sólo 55 los diputados presentes en este recinto, entiendo que el Congreso está empezando a debatir el tema, y creo que tendrá que estar a la altura de las circunstancias.
A pesar de no integrarla, esta mañana concurrí a la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales a fin de expresar mi deseo de que esa comisión emita un dictamen favorable al proyecto del señor diputado Tazzioli. En dicha reunión un diputado nacional decía que la cosa está confusa y que hay algunos diputados nacionales que van a quedar colgados del alambrado. Personalmente, creo que la cosa sigue estando confusa y que hay quienes alientan esa confusión. Por eso, comparto la idea de muchos diputados nacionales que hoy están en sus bancas de que hay que restablecer niveles de claridad en este tema.
Estamos acompañando el proyecto de ley del señor diputado Tazzioli que propone la intervención del Poder Judicial, es decir, de uno de los tres poderes. No hay precedentes de esto, pero el hecho de que no los haya no quiere decir que no podamos hacerlo; podemos resolver esa intervención. Además, la discusión sobre si hay o no precedentes se termina cuando empieza a haberlos. Si una vez alcanzado el quórum correspondiente resolvemos la intervención, en ese mismo momento comienza a existir el precedente. Se trata de una situación extraordinaria, y así
la entendemos. No se trata de un camino a recorrer en una multiplicidad de situaciones sino en la provincia de Santiago del Estero, donde la falta de justicia es gravísima.
Además de esa situación, que por supuesto no se circunscribe al horrible e impune asesinato de estas dos chicas en la dársena -esta es la gota que rebasó el vaso-, hemos tomado conocimiento, por denuncias públicas, de la presencia y persistencia de personajes siniestros y nefastos como Musa Azar, quien no empezó a reprimir y a torturar en los últimos tiempos sino que ya fue denunciado en Nunca Más.
Entonces, nos parece grave que haya quienes miran hacia otro lado, se hacen los distraídos y no ocupan estas bancas con responsabilidad política para entender en un tema tan grave. Apelamos a que esto pueda resolverse en los próximos días o semanas; no esperemos a que haya otras chicas de la dársena, otras víctimas. Como se relatara en la tarde de ayer en la reunión de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, ha habido torturas a niños de 10 y 11 años en el barrio Pacará. En el informe correspondiente -que contiene cuarenta y cinco páginas y un anexo documental de más de cinco mil fojas-, están las constancias. Si no todos los señores diputados lo tienen en su poder -si usted, señor presidente, no dispone de tal informe-, resolveremos esta situación para que puedan leerlo; y luego de que lo hayan hecho, habrá llegado el momento de ocupar con urgencia estas bancas, a menos que se quiera seguir siendo cómplice de la impunidad. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. ALCHOURON, GUILLERMO EDUARDO (BUENOS AIRES):
Señor presidente: ayer, tomé conocimiento de que en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías habría de ser tratado el pedido de intervención judicial a Santiago del Estero. Si bien no formo parte de esa comisión, como el tema me pareció de real importancia concurrí a la reunión; fue muy positiva mi asistencia, porque me puse totalmente al día respecto de una cantidad de sucesos que uno lee en los diarios pero que en la práctica no vive, como los viví ayer.
Con toda franqueza, creo que esa reunión fue muy clara. Sin perjuicio de que esta sesión ya fracasó y estamos manifestándonos en minoría, de todos modos entiendo que el tema en debate tiene gran envergadura.
Estas cuestiones están dando vueltas desde hace mucho tiempo; las cosas que se relataron ayer fueron realmente tenebrosas y a algunos les revuelve el estómago. No tuve copia del informe que trajeron los funcionarios, y hubiera querido leerlo; si bien lo pedí, no pudieron acercármelo porque ayer se disponía de una cantidad muy reducida de copias.
En la reunión, mis colegas tuvieron intervenciones muy coherentes siguiendo una misma línea, pero me impactaron las exposiciones de los dos funcionarios presentes, nada más ni nada menos que los secretarios de Justicia y Asuntos Legislativos y de Derechos Humanos. Si se me hubiese preguntado quiénes se expresaron con mayor contundencia en el sentido de terminar de una vez por todas con esa situación, habría contestado que fueron ellos dos: hablaron de manera más extensa dando precisiones muy llamativas, sobre todo el doctor Lanusse.
En verdad, sé que este tema no pasará de acá. Por otra parte, sostengo la posición -usted la conoce, señor presidente- de que este tipo de iniciativas, como cualquier otro proyecto de ley, necesita dictamen de comisión.
No me gusta que se consideren estos asuntos de apuro. Soy un diputado nacional, y tengo mis años; por lo tanto, me interesa leer los documentos a fin de saber qué opinión voy a brindar. De todos modos, en este caso en particular no necesito leer absolutamente nada, porque tengo las cosas bastante en claro.
Existe un hecho indiscutible que supera, a mi modo de ver, la intervención judicial. En la reunión celebrada en el día de ayer -y que seguramente consta en el informe en cuestión, del que desearía tener copia-, se mencionaron temas como los de salud y derechos humanos. No se habló solamente de la actividad judicial, sino de asuntos que también resultan muy relevantes.
Este tema es muy delicado, y la Honorable Cámara debe asumir su responsabilidad, como así también debe hacerlo el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo sabe perfectamente qué es lo que tiene entre manos, porque los dos invitados que concurrieron a la reunión del día de ayer tienen perfectamente informado al señor presidente de la Nación respecto de lo que sucede. Por lo tanto, no sé por dónde pasa la cuestión; pero los señores diputados debemos asumir nuestra responsabilidad, y a tal efecto sugiero que este asunto sea girado a comisión para su tratamiento. En ese ámbito se podrá elaborar el correspondiente dictamen, y posteriormente llamar a una nueva sesión, que Dios dirá si se concretará o no.
Por último, deseo agregar que este es un tema trascendente que debe ser considerado por este cuerpo. (Aplausos.)
Con toda franqueza, creo que esa reunión fue muy clara. Sin perjuicio de que esta sesión ya fracasó y estamos manifestándonos en minoría, de todos modos entiendo que el tema en debate tiene gran envergadura.
Estas cuestiones están dando vueltas desde hace mucho tiempo; las cosas que se relataron ayer fueron realmente tenebrosas y a algunos les revuelve el estómago. No tuve copia del informe que trajeron los funcionarios, y hubiera querido leerlo; si bien lo pedí, no pudieron acercármelo porque ayer se disponía de una cantidad muy reducida de copias.
En la reunión, mis colegas tuvieron intervenciones muy coherentes siguiendo una misma línea, pero me impactaron las exposiciones de los dos funcionarios presentes, nada más ni nada menos que los secretarios de Justicia y Asuntos Legislativos y de Derechos Humanos. Si se me hubiese preguntado quiénes se expresaron con mayor contundencia en el sentido de terminar de una vez por todas con esa situación, habría contestado que fueron ellos dos: hablaron de manera más extensa dando precisiones muy llamativas, sobre todo el doctor Lanusse.
En verdad, sé que este tema no pasará de acá. Por otra parte, sostengo la posición -usted la conoce, señor presidente- de que este tipo de iniciativas, como cualquier otro proyecto de ley, necesita dictamen de comisión.
No me gusta que se consideren estos asuntos de apuro. Soy un diputado nacional, y tengo mis años; por lo tanto, me interesa leer los documentos a fin de saber qué opinión voy a brindar. De todos modos, en este caso en particular no necesito leer absolutamente nada, porque tengo las cosas bastante en claro.
Existe un hecho indiscutible que supera, a mi modo de ver, la intervención judicial. En la reunión celebrada en el día de ayer -y que seguramente consta en el informe en cuestión, del que desearía tener copia-, se mencionaron temas como los de salud y derechos humanos. No se habló solamente de la actividad judicial, sino de asuntos que también resultan muy relevantes.
Este tema es muy delicado, y la Honorable Cámara debe asumir su responsabilidad, como así también debe hacerlo el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo sabe perfectamente qué es lo que tiene entre manos, porque los dos invitados que concurrieron a la reunión del día de ayer tienen perfectamente informado al señor presidente de la Nación respecto de lo que sucede. Por lo tanto, no sé por dónde pasa la cuestión; pero los señores diputados debemos asumir nuestra responsabilidad, y a tal efecto sugiero que este asunto sea girado a comisión para su tratamiento. En ese ámbito se podrá elaborar el correspondiente dictamen, y posteriormente llamar a una nueva sesión, que Dios dirá si se concretará o no.
Por último, deseo agregar que este es un tema trascendente que debe ser considerado por este cuerpo. (Aplausos.)
SRA. BORDENAVE, MARCELA ANTONIA (BUENOS AIRES):
Pido la palabra para una aclaración.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Para una aclaración tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
SRA. BORDENAVE, MARCELA ANTONIA (BUENOS AIRES):
Señor presidente: es cierto que los funcionarios que nos visitaron en el día de ayer trajeron pocas copias del mencionado informe. Yo repartí las que tenía en mi poder entre los que estaban presentes en la comisión. Después surgió un inconveniente con el correo electrónico, y recién a las 23 y 30 recibí un disquete que contiene toda la información. Luego, envié copia a todos los presidentes de bloque, pero me olvidé del señor presidente de la Honorable Cámara, a quien pido disculpas; por ello, le enviaré dos copias del informe. Es verdad que había una orden de la comisión de no entregar copia de la documentación, por un pedido expreso de los funcionarios de que no se diera a conocer a la prensa antes de su consideración en el recinto.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
La Presidencia agradece la aclaración de la señora diputada, porque de lo contrario tendría que sancionar a la secretaria.
SRA. BORDENAVE, MARCELA ANTONIA (BUENOS AIRES):
Por último, deseo informar al señor diputado Alchouron que ayer a las 23 y 30 horas le envié copia del informe por correo electrónico.
SR. ALCHOURON, GUILLERMO EDUARDO (BUENOS AIRES):
Señor presidente: de ningún modo pretendí hacer una imputación a la comisión. Simplemente, aclaro que no suelo abrir el correo electrónico a tales horas de la noche.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Con la intervención de la señora diputada Bordenave se han aclarado todas las dudas que había respecto de este asunto.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. GUTIERREZ, FRANCISCO VIRGILIO (BUENOS AIRES):
Señor presidente: en primer lugar, deseo sumarme al pedido de intervención judicial a la provincia de Santiago del Estero, a raíz de los acontecimientos y asesinatos que son de dominio público.
No es una novedad lo ocurrido en esa provincia. Estamos hablando de la falta de justicia en nuestro país. No es un hecho aislado que aparezcan mujeres, adolescentes y personas asesinadas, y que dichos crímenes queden impunes por la corrupción judicial y policial, amparados por la connivencia política en distintos lugares del país.
Miles de familias argentinas y de organizaciones de familiares vienen reclamando justicia en estos tiempos democráticos. Si bien aquí sancionamos la anulación de las leyes de obediencia debida y de punto final -por los crímenes cometidos durante la dictadura-, en este caso estamos hablando de crímenes perpetrados durante gobiernos constitucionales y democráticos. Tenemos la sensación de que en nuestro país la cultura de la impunidad se mantiene viva y latente sin que los poderes de la República intervengan. Es necesario que esta Cámara intervenga en T.12
esta cuestión particular, porque es, como se dijo aquí, la gota que rebalsa el vaso.
Hace pocos días, la Corte Interamericana de Derechos Humanos produjo un fallo histórico con respecto a los crímenes cometidos durante el proceso democrático por violencia policial, corrupción judicial -quizás amparadas por el poder político- en el caso recientemente conocido de Walter Bulacio, un adolescente asesinado a la entrada de una fiesta bailable en la ciudad de Buenos Aires.
Se trata de un crimen y asesinato cometido por la Policía Federal, con torturas, ocultamiento y encubrimiento, que llevó a que los familiares recurrieran ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ésta ante la Corte, que sancionó a la República Argentina con una reparación económica para la familia. Este fallo de ninguna manera repara y devuelve la vida del familiar querido, pero sí significa una sanción por la que se denuncia lo que aquí se está señalando: la corrupción institucional que existe en la Justicia, en la Policía y la falta de voluntad del poder político para llevar adelante el esclarecimiento de todos estos hechos.
Los Familiares de Víctimas de la Represión Policial e Institucional -Favrepi- y otras organizaciones vienen reclamando por miles de casos similares. No quisiera decirlo pero obviamente estos casos me tocan de cerca porque hemos sufrido en nuestra familia las consecuencias de la corrupción policial y de la corrupción de la Justicia y el amparo que da el poder político a esta connivencia con el crimen organizado, porque todo esto no sólo tiene que ver con un asesinato aislado e individual sino con una organización mafiosa en muchos casos vinculada con el tráfico de drogas, la prostitución, etcétera.
El viernes 17 de octubre -fecha histórica para el peronismo- nuestra familia está convocada a una audiencia pública en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el asesinato de mi hermano, el subcomisario Jorge Omar Gutiérrez, que investigaba los ilícitos de la Aduana paralela, que posteriormente fueron investigados en este Congreso, produciéndose un informe que fue aprobado prácticamente por mayoría absoluta en ambas cámaras. Pero tanto la Justicia como la policía y el poder político nada hicieron, lo que motivó que recurriéramos a los tribunales locales y a la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, quien olímpicamente no trató el caso y lo elevó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dicha Corte fue cuestionada por corrupta por este cuerpo, e incluso aquí se pidió la renuncia del presidente y se está enjuiciando a otro miembro. La citada Corte no tuvo ninguna actitud positiva para el esclarecimiento de los hechos. Tampoco tuvo ningún tipo de voluntad política para avanzar en el esclarecimiento de este asesinato, por lo que recurrimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como último lugar para buscar justicia en el país. Esa justicia no estaba sólo relacionada con un caso familiar y personal sino con todos los crímenes similares que ocurrieron en la Argentina.
Estos crímenes siguen impunes, producto de lo que aquí estamos denunciando, como ocurrió en el caso Bulacio y otros. Frente a la inacción y a las víctimas de estas situaciones, en la Argentina no se puede recurrir a la Justicia porque no la hay, y todo está cubierto por un manto de encubrimiento, una cultura de la impunidad y la corrupción en todos los niveles.
Por todos los antecedentes que ya tienen, estamos seguros de que también en nuestro caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos actuará de la misma forma en que lo ha hecho, porque ya ha declarado admisible el caso, agregando que hay falta y denegación de Justicia por parte del Estado nacional. Es decir que creemos que va a fallar de la misma forma que con el caso de Walter Bulacio.
Si nosotros no tomásemos intervención en esta situación de Santiago del Estero, frente a lo que es evidente: el asesinato de dos personas jóvenes y todo lo que está detrás de esos hechos -el encubrimiento, la organización criminal mafiosa y los vínculos con el poder político-, no tengo dudas de que van a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana. De esta manera el país será exhibido nuevamente -como se dice ahora- como uno de los que tiene mayor nivel de corrupción.
Por eso, desde el bloque del Polo Social pensamos que es fundamental que el Parlamente actúe en este caso para poner un límite y frenar definitivamente esta cultura de la impunidad que existe en la Argentina. Justamente, este es el compromiso que asumió el presidente de la Nación cuando se refirió a ese tema en este Congreso.
En función de ese mandato y de esa aspiración y compromiso presidencial -que creemos honesto- solicito a los integrantes del bloque del Partido Justicialista que en la próxima sesión se hagan presentes para discutir este tema y aprobar el proyecto presentado por el señor diputado Tazzioli. De esta manera, no sólo el pueblo de la provincia de Santiago del Estero sino el de toda la República recuperará su confianza y credibilidad en las instituciones del país.
No es una novedad lo ocurrido en esa provincia. Estamos hablando de la falta de justicia en nuestro país. No es un hecho aislado que aparezcan mujeres, adolescentes y personas asesinadas, y que dichos crímenes queden impunes por la corrupción judicial y policial, amparados por la connivencia política en distintos lugares del país.
Miles de familias argentinas y de organizaciones de familiares vienen reclamando justicia en estos tiempos democráticos. Si bien aquí sancionamos la anulación de las leyes de obediencia debida y de punto final -por los crímenes cometidos durante la dictadura-, en este caso estamos hablando de crímenes perpetrados durante gobiernos constitucionales y democráticos. Tenemos la sensación de que en nuestro país la cultura de la impunidad se mantiene viva y latente sin que los poderes de la República intervengan. Es necesario que esta Cámara intervenga en T.12
esta cuestión particular, porque es, como se dijo aquí, la gota que rebalsa el vaso.
Hace pocos días, la Corte Interamericana de Derechos Humanos produjo un fallo histórico con respecto a los crímenes cometidos durante el proceso democrático por violencia policial, corrupción judicial -quizás amparadas por el poder político- en el caso recientemente conocido de Walter Bulacio, un adolescente asesinado a la entrada de una fiesta bailable en la ciudad de Buenos Aires.
Se trata de un crimen y asesinato cometido por la Policía Federal, con torturas, ocultamiento y encubrimiento, que llevó a que los familiares recurrieran ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ésta ante la Corte, que sancionó a la República Argentina con una reparación económica para la familia. Este fallo de ninguna manera repara y devuelve la vida del familiar querido, pero sí significa una sanción por la que se denuncia lo que aquí se está señalando: la corrupción institucional que existe en la Justicia, en la Policía y la falta de voluntad del poder político para llevar adelante el esclarecimiento de todos estos hechos.
Los Familiares de Víctimas de la Represión Policial e Institucional -Favrepi- y otras organizaciones vienen reclamando por miles de casos similares. No quisiera decirlo pero obviamente estos casos me tocan de cerca porque hemos sufrido en nuestra familia las consecuencias de la corrupción policial y de la corrupción de la Justicia y el amparo que da el poder político a esta connivencia con el crimen organizado, porque todo esto no sólo tiene que ver con un asesinato aislado e individual sino con una organización mafiosa en muchos casos vinculada con el tráfico de drogas, la prostitución, etcétera.
El viernes 17 de octubre -fecha histórica para el peronismo- nuestra familia está convocada a una audiencia pública en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el asesinato de mi hermano, el subcomisario Jorge Omar Gutiérrez, que investigaba los ilícitos de la Aduana paralela, que posteriormente fueron investigados en este Congreso, produciéndose un informe que fue aprobado prácticamente por mayoría absoluta en ambas cámaras. Pero tanto la Justicia como la policía y el poder político nada hicieron, lo que motivó que recurriéramos a los tribunales locales y a la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, quien olímpicamente no trató el caso y lo elevó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dicha Corte fue cuestionada por corrupta por este cuerpo, e incluso aquí se pidió la renuncia del presidente y se está enjuiciando a otro miembro. La citada Corte no tuvo ninguna actitud positiva para el esclarecimiento de los hechos. Tampoco tuvo ningún tipo de voluntad política para avanzar en el esclarecimiento de este asesinato, por lo que recurrimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como último lugar para buscar justicia en el país. Esa justicia no estaba sólo relacionada con un caso familiar y personal sino con todos los crímenes similares que ocurrieron en la Argentina.
Estos crímenes siguen impunes, producto de lo que aquí estamos denunciando, como ocurrió en el caso Bulacio y otros. Frente a la inacción y a las víctimas de estas situaciones, en la Argentina no se puede recurrir a la Justicia porque no la hay, y todo está cubierto por un manto de encubrimiento, una cultura de la impunidad y la corrupción en todos los niveles.
Por todos los antecedentes que ya tienen, estamos seguros de que también en nuestro caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos actuará de la misma forma en que lo ha hecho, porque ya ha declarado admisible el caso, agregando que hay falta y denegación de Justicia por parte del Estado nacional. Es decir que creemos que va a fallar de la misma forma que con el caso de Walter Bulacio.
Si nosotros no tomásemos intervención en esta situación de Santiago del Estero, frente a lo que es evidente: el asesinato de dos personas jóvenes y todo lo que está detrás de esos hechos -el encubrimiento, la organización criminal mafiosa y los vínculos con el poder político-, no tengo dudas de que van a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana. De esta manera el país será exhibido nuevamente -como se dice ahora- como uno de los que tiene mayor nivel de corrupción.
Por eso, desde el bloque del Polo Social pensamos que es fundamental que el Parlamente actúe en este caso para poner un límite y frenar definitivamente esta cultura de la impunidad que existe en la Argentina. Justamente, este es el compromiso que asumió el presidente de la Nación cuando se refirió a ese tema en este Congreso.
En función de ese mandato y de esa aspiración y compromiso presidencial -que creemos honesto- solicito a los integrantes del bloque del Partido Justicialista que en la próxima sesión se hagan presentes para discutir este tema y aprobar el proyecto presentado por el señor diputado Tazzioli. De esta manera, no sólo el pueblo de la provincia de Santiago del Estero sino el de toda la República recuperará su confianza y credibilidad en las instituciones del país.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.
SRA. LUBERTINO BELTRAN, MARIA JOSE (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: en representación del bloque Socialista debo decir que pedimos esta sesión especial, con la firma de los representantes de la mayoría de los bloques, para tratar el proyecto presentado por el señor diputado Tazzioli. Efectuamos este pedido porque, si bien la intervención federal a una provincia o a uno de sus poderes es un hecho de extrema gravedad, creímos que en este caso en particular estaban dadas las condiciones para ello en función de la violación de los artículos 5° y 6° de la Constitución Nacional.
Además, estamos aquí porque hay más de veinticinco mil personas en Santiago del Estero que viernes a viernes se han venido movilizando. Por ese motivo, los diputados que integramos la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, que en reiterados viajes pudimos tomar contacto con ese pueblo en forma personal, asumimos el compromiso de expresar en este ámbito sus necesidades y requerimientos, como una forma de darles voz a quienes no la han tenido, porque ni siquiera fueron escuchados por las autoridades constituidas de Santiago del Estero.
Para muchos de nosotros no era necesario el informe del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos para conocer las denuncias que se han venido registrando en la última década. Para muchos de nosotros tampoco era necesario escuchar de boca de los señores secretarios de Derechos Humanos y de Justicia y Asuntos Legislativos la necesidad de intervenir el Poder Judicial de la provincia de Santiago del Estero. Sin perjuicio de ello, creemos que el valioso informe que nos entregaron ayer -riguroso en términos técnicos, académicos y jurídicos- constituye un aporte para echar luz de manera sistemática y esclarecer la situación a aquellos diputados que no tomaron contacto con la realidad de Santiago del Estero. Ese informe será un elemento importante para el bloque oficialista, quien mediante los medios de comunicación venía requiriendo una señal del Poder Ejecutivo en relación con la intervención a esa provincia.
Del informe del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, y de lo que fue dicho ayer en la reunión de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, resulta evidente que no existe derecho humano que no se haya conculcado en la provincia de Santiago del Estero. Al revisar cada uno de los artículos contenidos en los tratados de derechos humanos que tienen rango constitucional, se reitera el convencimiento de que no existe un solo derecho humano que no haya sido conculcado en esa provincia.
El señor secretario de Justicia y Asuntos Legislativos manifestó que de los más de cien jueces designados en el Poder Judicial de Santiago del Estero, al menos el 80 por ciento debería ser investigado y, eventualmente, removido.
A mí no me cabe duda alguna de que por las denuncias sistematizadas y por el informe que obra en poder de todos -y que esperamos sea estudiado en profundidad- no sólo están dadas las condiciones para la intervención federal del Poder Judicial, sino también de los otros dos poderes del Estado provincial.
Acompañamos el proyecto del señor diputado Tazzioli, que sólo prevé la intervención del Poder Judicial -la misma opinión tienen los funcionarios del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos-, en función de las malas experiencias que existen en Santiago del Estero en relación con la intervención de los tres poderes.
Hemos oído los reclamos de la sociedad civil, del Colegio Público de Abogados, de la CTA, del Obispado y de distintas organizaciones sociales de la provincia de Santiago del Estero. Ellos creen, junto con nosotros, que el restablecimiento del sistema republicano vendrá de la mano de una intervención del Poder Judicial, en la medida en que al menos se recuperen las garantías básicas que permitan que dicho poder pueda controlar la injerencia de los poderes Legislativo y Ejecutivo.
No nos cabe ninguna duda de que el estado de indefensión en que se encuentran los habitantes de Santiago del Estero no sería posible sin la connivencia dolosa de los poderes Legislativo y Ejecutivo.
Voy a solicitar que se inserte en el Diario de Sesiones el informe que se nos ha hecho llegar en el día de ayer. De todas maneras, quiero recalcar alguno de los hechos principales.
El informe nos demuestra que el porcentaje de sentencias en relación con hechos delictuosos en la provincia, comparado con el resto de las provincias argentinas, ubica a Santiago del Estero en el último lugar.
También se detalla cómo el procedimiento de designación de magistrados por medio del Consejo de la Magistratura reviste un carácter de arbitrariedad manifiesta. Además, el Ministerio detalla que después de la reforma, entre comillas, de autodepuración exhibida por el gobierno santiagueño, los nuevos procedimientos utilizados en el Consejo de la Magistratura -me estoy refiriendo a la asignación de puntajes y a la forma como son tomadas las pruebas de oposición para ser designados los jueces, ya que se les entregan los exámenes y se hace difícil analizar su probidad y conocimiento- adolecen de fallas que no hacen prever un cambio institucional importante en esta materia.
Asimismo, el informe detalla, punto por punto, la cantidad de asesinatos no esclarecidos, que llegan aproximadamente a ciento sesenta. También se habla de las personas desaparecidas, de las torturas y de los apremios ilegales. Se hace mención de la forma en que la inteligencia interna de la escuela de Musa Azar continúa actuando de manera ilegal.
También habla de cómo los ascensos dentro de la fuerza policial revisten una arbitrariedad manifiesta. Señala los vínculos entre el Estado provincial y el clientelismo político y menciona la violación a los derechos a la salud y a la educación.
Explica la connivencia entre el gobierno provincial y los grupos económicos. Detalla cómo se ha corrido la frontera agropecuaria y cómo se ha producido un avance del desmonte ilegal en la provincia, con daños ecológicos y ambientales irreparables, y la muerte y desaparición de campesinos, que son los pobladores originarios de esas zonas.
Ingresa en pormenores sobre la falta de libertad de prensa y el control político a los medios de comunicación, relatando los casos de los periódicos "La Verdad" y "El Urbano", sistemáticamente quitados de la calle.
Asimismo, expresa cómo se cercena el derecho de reunión y se bloquea la posibilidad de acceso a la personería jurídica por parte del grupo "Las Madres del Dolor", a las que se niega el reconocimiento jurídico como asociación civil. Explica cómo se prohíbe a "Las Madres del Dolor" el ingreso a cualquier repartición oficial con el delantal y la insignia que portan.
El relevamiento de casos brinda un panorama estremecedor, haciéndose una comparación desde 1999 hasta la fecha. Este tipo de delitos que acabo de relatar -además de los casos de privación ilegítima de la libertad, impunidad e inseguridad jurídica- ha ido in crescendo en algunos rubros.
Asimismo, quiero destacar que muchos de los casos denunciados fueron aportados por los propios diputados nacionales de distintas provincias integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, y por la senadora Conti. También se han relevado los casos que fueron denunciados ante el Obispado y otras organizaciones civiles.
No quiero dejar de mencionar la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni la resolución por unanimidad del Colegio Público de Abogados de la provincia de Santiago del Estero, a la que adhirió la FACA, la Federación que nuclea a los colegios de abogados de todo el país, que requería -aun a riesgo de sus actuaciones profesionales y de sus recursos propios- la intervención del Poder Judicial de la provincia, tal como lo solicita el proyecto que hemos cofirmado con el señor diputado Tazzioli.
No quiero seguir extendiéndome, porque seguramente en estos días tendremos oportunidad de continuar comentando en la Comisión de Asuntos Constitucionales -si conseguimos quórum para la reunión del próximo miércoles- los pormenores de este informe y lo que hemos visto y oído en estas visitas a Santiago del Estero.
Además, seguramente tendremos ocasión de volver a debatir esta cuestión a la brevedad en el plenario, en la medida en que el oficialismo defina alguna posición al respecto.
Quiero concluir señalando que no entiendo por qué lo que está ocurriendo en Santiago del Estero debe ser objeto de internas partidarias o de réditos políticos de algún tipo.
Quienes hemos suscripto el proyecto del señor diputado Tazzioli pertenecemos transversalmente a todos los bloques que integran la Cámara. Estamos absolutamente convencidos de que lo que nos guía en este debate, en el sentido de tomar una medida práctica en relación con Santiago del Estero y su Poder Judicial, es el ánimo de que se respeten las garantías básicas y vuelvan a existir los controles necesarios para que puedan imperar nuevamente la Constitución Nacional y el sistema republicano, y haya por lo menos un ámbito confiable de acceso a la Justicia para los ciudadanos a efectos de garantizar sus derechos humanos.
Quiero además expresar mi preocupación ante la solicitada de la gobernadora de Santiago del Estero. Ratifico nuestras convicciones de que sea ella quien, ante el pedido de intervención del Poder Judicial, salga en defensa de las garantías aparentes que describe y de las reformas legislativas y del ámbito del Poder Judicial que se han producido. Por otra parte, nos parece un comportamiento de carácter extorsivo para con el presidente de la Nación recordar en el segundo párrafo de la solicitada que el pueblo santiagueño, reunido multitudinariamente detrás de la gobernadora y de su esposo, recibió con afecto y esperanza la visita del entonces candidato a presidente de la Nación doctor Néstor Kirchner. También nos parece un comportamiento extorsivo por parte de la gobernadora señalar las aparentes contradicciones que, a su entender, presentan las manifestaciones de los ministros de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y del Interior.
No tenemos conocimiento de que haya habido una reunión del presidente Kirchner con el señor diputado Díaz Bancalari manifestándole resistencias a hacer lo que nos compete como legisladores nacionales, esto es, decidir, sancionar leyes y eventualmente -si correspondiere- intervenir el Poder Judicial de la provincia de Santiago del Estero. Tampoco nos consta que el ministro del Interior haya hecho alguna manifestación contraria a lo que hasta ahora es la única señal que hemos recibido del Poder Ejecutivo, que es el informe del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
Por último, el problema de Santiago del Estero no se limita a las chicas de la dársena -como ya se dijo- ni a todas aquellas intervenciones de muchos diputados del oficialismo en los medios de comunicación en el sentido de que avanza la causa de la dársena o que ha habido algunas medidas de recambio en el supremo tribunal o en el Consejo de la Magistratura. Esto lleva a eludir la cuestión de fondo y a que a esta altura del partido sólo se haga un cambio cosmético a un sistema que se encuentra en estado de putrefacción, porque la cuestión estructural que está planteada no se va a revertir.
Por ello, señor presidente, le agradecemos una vez más su amplitud para permitir expresarnos en esta sesión que, en un momento, llegó a tener 66 diputados presentes. Consideramos que hay una importante responsabilidad del partido de gobierno en definir una posición y acompañar la recomposición de las instituciones en Santiago del Estero garantizando los derechos humanos más básicos de los santiagueños quienes, en definitiva, también forman parte de la República.
Además, estamos aquí porque hay más de veinticinco mil personas en Santiago del Estero que viernes a viernes se han venido movilizando. Por ese motivo, los diputados que integramos la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, que en reiterados viajes pudimos tomar contacto con ese pueblo en forma personal, asumimos el compromiso de expresar en este ámbito sus necesidades y requerimientos, como una forma de darles voz a quienes no la han tenido, porque ni siquiera fueron escuchados por las autoridades constituidas de Santiago del Estero.
Para muchos de nosotros no era necesario el informe del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos para conocer las denuncias que se han venido registrando en la última década. Para muchos de nosotros tampoco era necesario escuchar de boca de los señores secretarios de Derechos Humanos y de Justicia y Asuntos Legislativos la necesidad de intervenir el Poder Judicial de la provincia de Santiago del Estero. Sin perjuicio de ello, creemos que el valioso informe que nos entregaron ayer -riguroso en términos técnicos, académicos y jurídicos- constituye un aporte para echar luz de manera sistemática y esclarecer la situación a aquellos diputados que no tomaron contacto con la realidad de Santiago del Estero. Ese informe será un elemento importante para el bloque oficialista, quien mediante los medios de comunicación venía requiriendo una señal del Poder Ejecutivo en relación con la intervención a esa provincia.
Del informe del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, y de lo que fue dicho ayer en la reunión de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, resulta evidente que no existe derecho humano que no se haya conculcado en la provincia de Santiago del Estero. Al revisar cada uno de los artículos contenidos en los tratados de derechos humanos que tienen rango constitucional, se reitera el convencimiento de que no existe un solo derecho humano que no haya sido conculcado en esa provincia.
El señor secretario de Justicia y Asuntos Legislativos manifestó que de los más de cien jueces designados en el Poder Judicial de Santiago del Estero, al menos el 80 por ciento debería ser investigado y, eventualmente, removido.
A mí no me cabe duda alguna de que por las denuncias sistematizadas y por el informe que obra en poder de todos -y que esperamos sea estudiado en profundidad- no sólo están dadas las condiciones para la intervención federal del Poder Judicial, sino también de los otros dos poderes del Estado provincial.
Acompañamos el proyecto del señor diputado Tazzioli, que sólo prevé la intervención del Poder Judicial -la misma opinión tienen los funcionarios del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos-, en función de las malas experiencias que existen en Santiago del Estero en relación con la intervención de los tres poderes.
Hemos oído los reclamos de la sociedad civil, del Colegio Público de Abogados, de la CTA, del Obispado y de distintas organizaciones sociales de la provincia de Santiago del Estero. Ellos creen, junto con nosotros, que el restablecimiento del sistema republicano vendrá de la mano de una intervención del Poder Judicial, en la medida en que al menos se recuperen las garantías básicas que permitan que dicho poder pueda controlar la injerencia de los poderes Legislativo y Ejecutivo.
No nos cabe ninguna duda de que el estado de indefensión en que se encuentran los habitantes de Santiago del Estero no sería posible sin la connivencia dolosa de los poderes Legislativo y Ejecutivo.
Voy a solicitar que se inserte en el Diario de Sesiones el informe que se nos ha hecho llegar en el día de ayer. De todas maneras, quiero recalcar alguno de los hechos principales.
El informe nos demuestra que el porcentaje de sentencias en relación con hechos delictuosos en la provincia, comparado con el resto de las provincias argentinas, ubica a Santiago del Estero en el último lugar.
También se detalla cómo el procedimiento de designación de magistrados por medio del Consejo de la Magistratura reviste un carácter de arbitrariedad manifiesta. Además, el Ministerio detalla que después de la reforma, entre comillas, de autodepuración exhibida por el gobierno santiagueño, los nuevos procedimientos utilizados en el Consejo de la Magistratura -me estoy refiriendo a la asignación de puntajes y a la forma como son tomadas las pruebas de oposición para ser designados los jueces, ya que se les entregan los exámenes y se hace difícil analizar su probidad y conocimiento- adolecen de fallas que no hacen prever un cambio institucional importante en esta materia.
Asimismo, el informe detalla, punto por punto, la cantidad de asesinatos no esclarecidos, que llegan aproximadamente a ciento sesenta. También se habla de las personas desaparecidas, de las torturas y de los apremios ilegales. Se hace mención de la forma en que la inteligencia interna de la escuela de Musa Azar continúa actuando de manera ilegal.
También habla de cómo los ascensos dentro de la fuerza policial revisten una arbitrariedad manifiesta. Señala los vínculos entre el Estado provincial y el clientelismo político y menciona la violación a los derechos a la salud y a la educación.
Explica la connivencia entre el gobierno provincial y los grupos económicos. Detalla cómo se ha corrido la frontera agropecuaria y cómo se ha producido un avance del desmonte ilegal en la provincia, con daños ecológicos y ambientales irreparables, y la muerte y desaparición de campesinos, que son los pobladores originarios de esas zonas.
Ingresa en pormenores sobre la falta de libertad de prensa y el control político a los medios de comunicación, relatando los casos de los periódicos "La Verdad" y "El Urbano", sistemáticamente quitados de la calle.
Asimismo, expresa cómo se cercena el derecho de reunión y se bloquea la posibilidad de acceso a la personería jurídica por parte del grupo "Las Madres del Dolor", a las que se niega el reconocimiento jurídico como asociación civil. Explica cómo se prohíbe a "Las Madres del Dolor" el ingreso a cualquier repartición oficial con el delantal y la insignia que portan.
El relevamiento de casos brinda un panorama estremecedor, haciéndose una comparación desde 1999 hasta la fecha. Este tipo de delitos que acabo de relatar -además de los casos de privación ilegítima de la libertad, impunidad e inseguridad jurídica- ha ido in crescendo en algunos rubros.
Asimismo, quiero destacar que muchos de los casos denunciados fueron aportados por los propios diputados nacionales de distintas provincias integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, y por la senadora Conti. También se han relevado los casos que fueron denunciados ante el Obispado y otras organizaciones civiles.
No quiero dejar de mencionar la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni la resolución por unanimidad del Colegio Público de Abogados de la provincia de Santiago del Estero, a la que adhirió la FACA, la Federación que nuclea a los colegios de abogados de todo el país, que requería -aun a riesgo de sus actuaciones profesionales y de sus recursos propios- la intervención del Poder Judicial de la provincia, tal como lo solicita el proyecto que hemos cofirmado con el señor diputado Tazzioli.
No quiero seguir extendiéndome, porque seguramente en estos días tendremos oportunidad de continuar comentando en la Comisión de Asuntos Constitucionales -si conseguimos quórum para la reunión del próximo miércoles- los pormenores de este informe y lo que hemos visto y oído en estas visitas a Santiago del Estero.
Además, seguramente tendremos ocasión de volver a debatir esta cuestión a la brevedad en el plenario, en la medida en que el oficialismo defina alguna posición al respecto.
Quiero concluir señalando que no entiendo por qué lo que está ocurriendo en Santiago del Estero debe ser objeto de internas partidarias o de réditos políticos de algún tipo.
Quienes hemos suscripto el proyecto del señor diputado Tazzioli pertenecemos transversalmente a todos los bloques que integran la Cámara. Estamos absolutamente convencidos de que lo que nos guía en este debate, en el sentido de tomar una medida práctica en relación con Santiago del Estero y su Poder Judicial, es el ánimo de que se respeten las garantías básicas y vuelvan a existir los controles necesarios para que puedan imperar nuevamente la Constitución Nacional y el sistema republicano, y haya por lo menos un ámbito confiable de acceso a la Justicia para los ciudadanos a efectos de garantizar sus derechos humanos.
Quiero además expresar mi preocupación ante la solicitada de la gobernadora de Santiago del Estero. Ratifico nuestras convicciones de que sea ella quien, ante el pedido de intervención del Poder Judicial, salga en defensa de las garantías aparentes que describe y de las reformas legislativas y del ámbito del Poder Judicial que se han producido. Por otra parte, nos parece un comportamiento de carácter extorsivo para con el presidente de la Nación recordar en el segundo párrafo de la solicitada que el pueblo santiagueño, reunido multitudinariamente detrás de la gobernadora y de su esposo, recibió con afecto y esperanza la visita del entonces candidato a presidente de la Nación doctor Néstor Kirchner. También nos parece un comportamiento extorsivo por parte de la gobernadora señalar las aparentes contradicciones que, a su entender, presentan las manifestaciones de los ministros de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y del Interior.
No tenemos conocimiento de que haya habido una reunión del presidente Kirchner con el señor diputado Díaz Bancalari manifestándole resistencias a hacer lo que nos compete como legisladores nacionales, esto es, decidir, sancionar leyes y eventualmente -si correspondiere- intervenir el Poder Judicial de la provincia de Santiago del Estero. Tampoco nos consta que el ministro del Interior haya hecho alguna manifestación contraria a lo que hasta ahora es la única señal que hemos recibido del Poder Ejecutivo, que es el informe del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
Por último, el problema de Santiago del Estero no se limita a las chicas de la dársena -como ya se dijo- ni a todas aquellas intervenciones de muchos diputados del oficialismo en los medios de comunicación en el sentido de que avanza la causa de la dársena o que ha habido algunas medidas de recambio en el supremo tribunal o en el Consejo de la Magistratura. Esto lleva a eludir la cuestión de fondo y a que a esta altura del partido sólo se haga un cambio cosmético a un sistema que se encuentra en estado de putrefacción, porque la cuestión estructural que está planteada no se va a revertir.
Por ello, señor presidente, le agradecemos una vez más su amplitud para permitir expresarnos en esta sesión que, en un momento, llegó a tener 66 diputados presentes. Consideramos que hay una importante responsabilidad del partido de gobierno en definir una posición y acompañar la recomposición de las instituciones en Santiago del Estero garantizando los derechos humanos más básicos de los santiagueños quienes, en definitiva, también forman parte de la República.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
La Presidencia desea aclarar a la señora diputada Lubertino que el informe del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos no se puede incluir en el Diario de Sesiones en razón de que no está firmado, salvo que la señora diputada lo haga suyo en una sesión con quórum. En segundo lugar, la reunión que ayer celebró la comisión no tuvo quórum: había 10 diputados sobre 29. Si la señora diputada lo desea, puedo leer la lista de los presentes, pero no quisiera hacerlo en este momento porque no tiene sentido. Por tales razones, la Presidencia pide a la señora diputada que haga suyo este informe para que se agregue como corresponde y en función de eso, si hay quórum, el tema será tratado.
Con respecto a cómo funciona la comisión, quiero aclarar que sólo se trató de un informe, porque no hubo quórum suficiente como para avalar lo que los señores funcionarios llevaron a ese ámbito. La Presidencia hace este señalamiento al solo efecto de que los señores diputados tengan conocimiento de lo ocurrido. Por lo tanto, la Presidencia va a obviar la inclusión del informe hasta que la Cámara lo vote, que es lo que corresponde.
Con respecto a cómo funciona la comisión, quiero aclarar que sólo se trató de un informe, porque no hubo quórum suficiente como para avalar lo que los señores funcionarios llevaron a ese ámbito. La Presidencia hace este señalamiento al solo efecto de que los señores diputados tengan conocimiento de lo ocurrido. Por lo tanto, la Presidencia va a obviar la inclusión del informe hasta que la Cámara lo vote, que es lo que corresponde.
SRA. LUBERTINO BELTRAN, MARIA JOSE (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Entonces, hago mío el informe, señor presidente.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
No hay número suficiente para su tratamiento, señora diputada. Cuando haya quórum lo incluiremos como suyo.
Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
SR. ESAIN, DANIEL (MENDOZA):
Señor presidente: he pedido la palabra al solo efecto de que quede constancia de que cuando el número de señores diputados presentes permita su tratamiento, acompañaremos el proyecto del señor diputado Tazzioli.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
La Presidencia hace saber que se ha agotado la lista de oradores.
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