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Discursos
Período:121 Reunion:15 Fecha:03/09/2003 COMPENSACIÓN A LAS ENTIDADES FINANCIERAS CON BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL (CONTINUACIÓN)
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Continúa la sesión.
Prosigue la consideración en general del dictamen de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se dispone compensar a las entidades financieras con bonos del gobierno nacional en pesos a tasa variable 2013, por los efectos producidos por sentencias definitivas que hayan implicado la cancelación en efectivo de los depósitos a una conversión superior a la establecida por el decreto 214/02 (expediente0011-pe-2003 ).
Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.
Prosigue la consideración en general del dictamen de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se dispone compensar a las entidades financieras con bonos del gobierno nacional en pesos a tasa variable 2013, por los efectos producidos por sentencias definitivas que hayan implicado la cancelación en efectivo de los depósitos a una conversión superior a la establecida por el decreto 214/02 (expediente
Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.
SR. BREARD, NOEL EUGENIO (CORRIENTES):
Señor presidente: el tema del CVS debe ser analizado no como una fotografía estática sino como un proceso dinámico, como hecho y contexto. Lo que nació con un sentido y espíritu buenos, en la dinámica del procedimiento se fue desvirtuando; es por ello que en este momento estamos tratando de dar solución a esta cuestión.
El CVS aparece con el decreto 762/02, que prevé tres supuestos para atenuar el impacto indexatorio que habría de ocurrir en el sistema financiero argentino. Se había previsto el CER más una tasa de interés del 2 o el 3,5 por ciento. A raíz del proceso inflacionario del año 2002, esto podía complicar tres clases de supuestos que interpretamos que era bueno atenuar; me refiero a los créditos para vivienda única, a los préstamos personales de hasta doce mil pesos y a los créditos prendarios de hasta treinta mil pesos.
Cuando discutimos la ley 25.713 nos encontramos con que, con la ratificación del decreto 762/02, al 1° de octubre de 2002 habríamos de tener un coeficiente de actualización, vía CER, de aproximadamente el 40 por ciento más la tasa de interés. Por eso, fue voluntad del Congreso generar un coeficiente de variación salarial a efectos de lograr una atenuación.
A raíz de la reglamentación de la ley, el Instituto Nacional de Estadística y Censos crea un mecanismo muy raro de actualización y análisis del CVS. Todos nos sorprendimos el día en que el Poder Ejecutivo decidió blanquear algunos sueldos, sobre todo del sector privado; me refiero a los doscientos pesos que se pagaban en negro más algunas bases de los procesos jubilatorios progresivos que iban a darse en la Argentina.
Nos dimos cuenta de que en el mecanismo de la fórmula establecida por el INDEC, por el 20 por ciento de la mano de obra laboral que sufría ese incremento, el ciento por ciento de los trabajadores pasaban a deber en el sistema financiero casi un 14,8 por ciento más en todos sus créditos. Estamos hablando para ese entonces de aproximadamente nueve mil millones de pesos, que era la base que se financiaba en concepto del CVS. Hoy estamos hablando de 8.500 millones de pesos en razón de que se amortizaron aproximadamente quinientos millones de pesos. Si a estos 8.500 millones de pesos le agregamos un 15 por ciento, veremos que hay una transferencia de recursos del sector laboral al sector financiero de aproximadamente mil cuatrocientos millones de pesos.
Además, nos dimos cuenta de que sólo recibió ese beneficio el 20 por ciento del sector laboral en la Argentina; hay un 80 por ciento de los trabajadores del país que nada tienen que ver con esto, por lo cual estamos buscando una solución a este problema.
Pero vemos que la solución que se propone no es buena. Si mal no tengo entendido, se planteó efectuar en marzo un corte, pero si procedemos de esta forma condenaremos a los trabajadores que en la Argentina no recibieron aumento, que es el 80 por ciento de la masa salarial, a que vean incrementados en un 15 por ciento los créditos que se actualizan por el CVS.
Es decir, con la propuesta del oficialismo estamos consolidando que los trabajadores argentinos transfieran más de mil millones de pesos al sector financiero, cuando el 80 por ciento no tuvo aumento salarial.
Por eso es que este es un tema puntual. Nosotros queremos eliminar el CVS porque le tenemos terror, como también se lo tienen los trabajadores, porque es un mecanismo geométrico y perverso ya que se aumenta el salario al 20 por ciento de la población y el ciento por ciento de ésta sufre el aumento de los créditos. Mañana se va a aumentar a los estatales un 15 por ciento y también se lo va a hacer con el sector privado, porque se utiliza un sistema de ping-pong. Como el sistema es geométrico, la fórmula que se estableció en la Argentina es perversa, y como consecuencia de esto las personas que quedaron comprendidas dentro del régimen del CVS -a quienes queríamos ayudar- se van a ver damnificadas y perjudicadas, porque como disminuyó la inflación en la Argentina el CER se redujo mientras que el CVS va a aumentar porque los salarios están atrasados en el país. Con el tiempo habrá un factor de convergencia y los trabajadores van a seguir haciendo transferencias al sector financiero.
Nosotros queremos derogar el CVS porque tenemos miedo hacia el futuro, pero en función del planteo que hace el señor diputado Frigeri de consolidar la transferencia de mil cuatrocientos millones de pesos de los trabajadores al sector financiero con ese 14,8 por ciento que lo da como incorporado -por eso pone la fecha de marzo-, el radicalismo fijó su disidencia parcial en la Comisión de Finanzas. A los que recibieron ese aumento del 20 por ciento se les podrá incorporar el 15 por ciento, porque realmente recibieron ese beneficio; por eso le podemos dar un corte en diciembre, para atenuar ese impacto del 14,8 más el 2 y pico por ciento, que alcanzaría ya a un 17 por ciento. A quienes no recibieron aumento no se les debería incorporar en absoluto el 15 por ciento, ni siquiera con el corte de diciembre.
Es decir que estamos previendo dos supuestos: para los trabajadores que recibieron un aumento prevemos el corte en diciembre y no en marzo, y para los que no lo recibieron, que consigan un certificado de su empresa, lo presenten al banco y no se les incorpore ese 15 por ciento sumado el interés. Esto es muy sencillo, pero los banqueros quieren hacerlo aparecer como algo muy complejo porque implica segmentar el sistema. Y digo que es muy sencillo porque en cada empresa se pide el certificado de que no hubo aumento, se acredita en el banco y se sigue pagando la cuota que corresponde.
Como es tan sencillo podemos demostrar -y me gustaría también escuchar al oficialismo- cómo encontrar la solución. Nos obligan a votar en contra, siendo que sabemos que el CVS debe ser eliminado, porque su aplicación puede resultar peligrosa. Pero el planteo que nos está haciendo el señor diputado Frigeri es caro, costoso, y no estamos dispuestos a votarlo favorablemente si no se revé.
Otros diputados de mi bloque expondrán el análisis de nuestra posición con respecto a este tema. (Aplausos.)
El CVS aparece con el decreto 762/02, que prevé tres supuestos para atenuar el impacto indexatorio que habría de ocurrir en el sistema financiero argentino. Se había previsto el CER más una tasa de interés del 2 o el 3,5 por ciento. A raíz del proceso inflacionario del año 2002, esto podía complicar tres clases de supuestos que interpretamos que era bueno atenuar; me refiero a los créditos para vivienda única, a los préstamos personales de hasta doce mil pesos y a los créditos prendarios de hasta treinta mil pesos.
Cuando discutimos la ley 25.713 nos encontramos con que, con la ratificación del decreto 762/02, al 1° de octubre de 2002 habríamos de tener un coeficiente de actualización, vía CER, de aproximadamente el 40 por ciento más la tasa de interés. Por eso, fue voluntad del Congreso generar un coeficiente de variación salarial a efectos de lograr una atenuación.
A raíz de la reglamentación de la ley, el Instituto Nacional de Estadística y Censos crea un mecanismo muy raro de actualización y análisis del CVS. Todos nos sorprendimos el día en que el Poder Ejecutivo decidió blanquear algunos sueldos, sobre todo del sector privado; me refiero a los doscientos pesos que se pagaban en negro más algunas bases de los procesos jubilatorios progresivos que iban a darse en la Argentina.
Nos dimos cuenta de que en el mecanismo de la fórmula establecida por el INDEC, por el 20 por ciento de la mano de obra laboral que sufría ese incremento, el ciento por ciento de los trabajadores pasaban a deber en el sistema financiero casi un 14,8 por ciento más en todos sus créditos. Estamos hablando para ese entonces de aproximadamente nueve mil millones de pesos, que era la base que se financiaba en concepto del CVS. Hoy estamos hablando de 8.500 millones de pesos en razón de que se amortizaron aproximadamente quinientos millones de pesos. Si a estos 8.500 millones de pesos le agregamos un 15 por ciento, veremos que hay una transferencia de recursos del sector laboral al sector financiero de aproximadamente mil cuatrocientos millones de pesos.
Además, nos dimos cuenta de que sólo recibió ese beneficio el 20 por ciento del sector laboral en la Argentina; hay un 80 por ciento de los trabajadores del país que nada tienen que ver con esto, por lo cual estamos buscando una solución a este problema.
Pero vemos que la solución que se propone no es buena. Si mal no tengo entendido, se planteó efectuar en marzo un corte, pero si procedemos de esta forma condenaremos a los trabajadores que en la Argentina no recibieron aumento, que es el 80 por ciento de la masa salarial, a que vean incrementados en un 15 por ciento los créditos que se actualizan por el CVS.
Es decir, con la propuesta del oficialismo estamos consolidando que los trabajadores argentinos transfieran más de mil millones de pesos al sector financiero, cuando el 80 por ciento no tuvo aumento salarial.
Por eso es que este es un tema puntual. Nosotros queremos eliminar el CVS porque le tenemos terror, como también se lo tienen los trabajadores, porque es un mecanismo geométrico y perverso ya que se aumenta el salario al 20 por ciento de la población y el ciento por ciento de ésta sufre el aumento de los créditos. Mañana se va a aumentar a los estatales un 15 por ciento y también se lo va a hacer con el sector privado, porque se utiliza un sistema de ping-pong. Como el sistema es geométrico, la fórmula que se estableció en la Argentina es perversa, y como consecuencia de esto las personas que quedaron comprendidas dentro del régimen del CVS -a quienes queríamos ayudar- se van a ver damnificadas y perjudicadas, porque como disminuyó la inflación en la Argentina el CER se redujo mientras que el CVS va a aumentar porque los salarios están atrasados en el país. Con el tiempo habrá un factor de convergencia y los trabajadores van a seguir haciendo transferencias al sector financiero.
Nosotros queremos derogar el CVS porque tenemos miedo hacia el futuro, pero en función del planteo que hace el señor diputado Frigeri de consolidar la transferencia de mil cuatrocientos millones de pesos de los trabajadores al sector financiero con ese 14,8 por ciento que lo da como incorporado -por eso pone la fecha de marzo-, el radicalismo fijó su disidencia parcial en la Comisión de Finanzas. A los que recibieron ese aumento del 20 por ciento se les podrá incorporar el 15 por ciento, porque realmente recibieron ese beneficio; por eso le podemos dar un corte en diciembre, para atenuar ese impacto del 14,8 más el 2 y pico por ciento, que alcanzaría ya a un 17 por ciento. A quienes no recibieron aumento no se les debería incorporar en absoluto el 15 por ciento, ni siquiera con el corte de diciembre.
Es decir que estamos previendo dos supuestos: para los trabajadores que recibieron un aumento prevemos el corte en diciembre y no en marzo, y para los que no lo recibieron, que consigan un certificado de su empresa, lo presenten al banco y no se les incorpore ese 15 por ciento sumado el interés. Esto es muy sencillo, pero los banqueros quieren hacerlo aparecer como algo muy complejo porque implica segmentar el sistema. Y digo que es muy sencillo porque en cada empresa se pide el certificado de que no hubo aumento, se acredita en el banco y se sigue pagando la cuota que corresponde.
Como es tan sencillo podemos demostrar -y me gustaría también escuchar al oficialismo- cómo encontrar la solución. Nos obligan a votar en contra, siendo que sabemos que el CVS debe ser eliminado, porque su aplicación puede resultar peligrosa. Pero el planteo que nos está haciendo el señor diputado Frigeri es caro, costoso, y no estamos dispuestos a votarlo favorablemente si no se revé.
Otros diputados de mi bloque expondrán el análisis de nuestra posición con respecto a este tema. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra el señor diputado por el Neuquén.
SR. PELAEZ, VICTOR (NEUQUEN):
Señor presidente...
SR. FRIGERI, RODOLFO ANIBAL (BUENOS AIRES):
¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?
SR. PELAEZ, VICTOR (NEUQUEN):
Sí, señor diputado.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. FRIGERI, RODOLFO ANIBAL (BUENOS AIRES):
Señor presidente: quiero simplemente aclarar un concepto que quizás ha sido mal entendido. Si uno se refiere al trabajador que tiene un crédito hipotecario y dice que con su salario transfiere recursos al sector financiero, el planteo es absolutamente falso. El sector financiero va a ser compensado con partidas presupuestarias donde no tiene absolutamente nada que ver que el trabajador haya tenido o no aumento de salario. Es decir que si eliminamos el índice salarial, como actualización tenemos una compensación mayor hacia los bancos, lo que en realidad es pagado por todos los argentinos, no por el trabajador en particular.
Aclaro este error porque he escuchado decir al señor diputado preopinante que los trabajadores están haciendo una transferencia al sector financiero cuando en realidad no transfieren nada. Nosotros subsidiamos a través del presupuesto, de modo que serán todos los trabajadores, todos los argentinos, los que paguen la compensación. De manera que cuando suprimimos un índice la compensación va a ser mayor y no menor. Me parece bien eliminar el índice porque estamos hablando del trabajador que ha adquirido su vivienda única.
Aclaro este error porque he escuchado decir al señor diputado preopinante que los trabajadores están haciendo una transferencia al sector financiero cuando en realidad no transfieren nada. Nosotros subsidiamos a través del presupuesto, de modo que serán todos los trabajadores, todos los argentinos, los que paguen la compensación. De manera que cuando suprimimos un índice la compensación va a ser mayor y no menor. Me parece bien eliminar el índice porque estamos hablando del trabajador que ha adquirido su vivienda única.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
El señor diputado Breard solicita una nueva interrupción al señor diputado Peláez. ¿Se la concede?
SR. PELAEZ, VICTOR (NEUQUEN):
Sí, señor presidente.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.
SR. BREARD, NOEL EUGENIO (CORRIENTES):
Señor presidente: quiero recordar al señor diputado Frigeri que estamos hablando de una gota en el océano en términos de compensaciones, porque él fue quien fundamentó y defendió los decretos 905 y 214, por los que se dispuso una compensación equivalente a 26.700 millones de pesos por la diferencia entre 1 y 1,40, que paga toda la sociedad argentina. Además, él quería en la Comisión de Finanzas -y gracias a la acción del radicalismo y de otros partidos logramos desecharlo transitoriamente- promover una compensación por las acciones de amparo en la Argentina, que significaba pagar casi ocho mil millones de pesos a los banqueros porque un Poder Judicial independiente reconocía que debían devolver los dólares depositados a su valor de mercado y no a 1,40. En segunda instancia, si bien ello no hacía cosa juzgada, el señor diputado quería devolverlos, haciendo caer al Estado en la contradicción de defender que eso no corresponde mientras el Parlamento argentino dice
que sí corresponde entregar los ocho mil millones. Son cosas absurdas, y no podemos perder el sentido de la orientación.
Al respecto, nosotros tenemos un planteo. El señor diputado Ostropolsky presentó cuatro proyectos de ley en los que se sugiere de dónde pueden surgir los fondos para que la sociedad argentina no pague esto, en particular si se pretende defender a los trabajadores.
En el caso de la pesificación de cifras superiores a trescientos mil pesos, aquellos que se beneficiaron afuera con la fuga de divisas o su remisión legal al exterior, no se pueden beneficiar aquí con la pesificación.
Como ya lo señalé, tenemos diversas propuestas que explican de dónde pueden salir los fondos para compensar a los trabajadores sin que ello implique un costo para la sociedad argentina en su conjunto. Lo que sucede es que algunos que saben se hacen los distraídos y a otros la ignorancia no les permite comprender, pero lo cierto es que de buena o mala fe con esta iniciativa estamos perjudicando a los trabajadores.
que sí corresponde entregar los ocho mil millones. Son cosas absurdas, y no podemos perder el sentido de la orientación.
Al respecto, nosotros tenemos un planteo. El señor diputado Ostropolsky presentó cuatro proyectos de ley en los que se sugiere de dónde pueden surgir los fondos para que la sociedad argentina no pague esto, en particular si se pretende defender a los trabajadores.
En el caso de la pesificación de cifras superiores a trescientos mil pesos, aquellos que se beneficiaron afuera con la fuga de divisas o su remisión legal al exterior, no se pueden beneficiar aquí con la pesificación.
Como ya lo señalé, tenemos diversas propuestas que explican de dónde pueden salir los fondos para compensar a los trabajadores sin que ello implique un costo para la sociedad argentina en su conjunto. Lo que sucede es que algunos que saben se hacen los distraídos y a otros la ignorancia no les permite comprender, pero lo cierto es que de buena o mala fe con esta iniciativa estamos perjudicando a los trabajadores.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por el Neuquén.
SR. FRIGERI, RODOLFO ANIBAL (BUENOS AIRES):
¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la autorización de la Presidencia?
SR. PELAEZ, VICTOR (NEUQUEN):
Sí, señor diputado.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. FRIGERI, RODOLFO ANIBAL (BUENOS AIRES):
Señor presidente: creo que el señor diputado Breard está confundiendo mucho las cosas, por lo que debo aclararlas.
No me tocó defender los decretos 905 y 214. Cuando hablamos del CER y del CVS en ningún caso estamos diciendo que el trabajador transfiere algo a alguien: la que transfiere es la sociedad. El trabajador es compensado o no, y cuando le sacamos el CER deja de pagar, tiene un beneficio.
No me tocó defender los decretos 905 y 214. Cuando hablamos del CER y del CVS en ningún caso estamos diciendo que el trabajador transfiere algo a alguien: la que transfiere es la sociedad. El trabajador es compensado o no, y cuando le sacamos el CER deja de pagar, tiene un beneficio.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. FRIGERI, RODOLFO ANIBAL (BUENOS AIRES):
No necesitamos confundir a nadie, estamos hablando con claridad.
SR. BREARD, NOEL EUGENIO (CORRIENTES):
¡Aumentan el índice el 15 por ciento y no los sueldos! ¿Qué significa eso?
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por el Neuquén.
SR. PELAEZ, VICTOR (NEUQUEN):
Señor presidente: la eliminación del CVS de la ley 25.713 es un eslabón más de una larguísima cadena de leyes, decretos, y aun resoluciones, y quizá no sea el último, por esta situación de grave crisis financiera que desde hace tiempo vivimos los argentinos.
Hemos llegado a esta instancia porque nos consideramos nuevos ricos cuando en realidad somos nuevos pobres. En esa condición de nuevos pobres caemos en la emisión -ya la hemos visto en la hiperinflación más de una vez-, creamos impuestos, ahogamos la producción y generamos una deuda que ya es de corte escandaloso.
Todo esto queremos arreglarlo con parches; fundamentalmente en esta situación tomamos un exceso de préstamos en dólares, en especial las provincias y los organismos públicos, dólares que los bancos conseguían en el exterior a bajo interés y lo prestaban a un interés elevado.
Fue un espléndido negocio de los bancos a los que hoy tenemos que compensar, asistir y resarcir. Hicieron un excelente negocio, en especial los bancos extranjeros de aquellos tiempos.
Con toda esa situación anómala la crisis explotó en el 2001, cuando de marzo a noviembre se van al exterior nada más ni nada menos que veinticinco mil millones de dólares. Esa situación genera el decreto 1.570/01 con la consiguiente caída del gobierno.
El 95 por ciento de los bancos que emigraron el dinero fueron los extranjeros. Durante los años 2002 y 2003 se producen una serie de leyes, decretos y resoluciones, muchas de las cuales se contraponen, pero fundamentalmente se pesifican los activos y los depósitos, estos últimos en forma asimétrica.
Para los deudores un dólar es igual a un peso y para los depositantes un dólar es igual a un peso cuarenta. Todos recordamos la reacción de los ahorristas cuando salieron con las cacerolas, con toda razón porque habían sido estafados.
La primera ley de 2002, la ley de emergencia 25.561, pesifica únicamente a los deudores hasta cien mil pesos y no permite la indexación. Posteriormente, la pesificación se extiende a los ahorristas en la forma antes indicada y se indexa. Lo que estaba prohibido por una ley lo derogamos con un decreto, el 214, que es la madre de todos los escándalos.
Este es el punto álgido que tiene toda esta cuestión. Para eso se crea una palabra; como estaba prohibida la indexación se fabrica una palabra que no la he aprendido todavía: coeficiente de estabilización de referencia, el CER. Y para los deudores, corresponde el CVS según el decreto 762 y la ley que luego veremos.
Debemos recordar que el año pasado aprobamos tres leyes insinuadas por el Fondo Monetario Internacional. Y ésta también está insinuada por el FMI porque si no, no habrá acuerdo.
De esas tres leyes la primera era la ley tapón, que pretendía derogar el derecho constitucional contemplado en el artículo 43, que es el derecho al amparo. Debería dar vergüenza a los legisladores, conocedores de las leyes, un hecho como éste, porque creo que estamos olvidando lo que juramos en su momento, en el sentido de que vamos a cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional.
Resulta que lo primero que hacemos es violar la Constitución, concretamente el artículo 43, referido a un recurso y a un derecho que otorga la Carta Magna. Lógicamente, algunos jueces la declararon inconstitucional y fueron a buscar sus dineros aquellos que se sentían estafados porque los habían depositados sobre todo en dólares y les daban 1,40 peso por dólar, si es que se lo daban. Allí es donde surge la idea de que era necesaria una reparación o un resarcimiento; había que compensar algo que era constitucional.
¿Qué se hizo? Se dictó el decreto 901, emitiendo un BODEN y otorgando un redescuento de veinte mil millones de pesos.
Hemos llegado a esta instancia porque nos consideramos nuevos ricos cuando en realidad somos nuevos pobres. En esa condición de nuevos pobres caemos en la emisión -ya la hemos visto en la hiperinflación más de una vez-, creamos impuestos, ahogamos la producción y generamos una deuda que ya es de corte escandaloso.
Todo esto queremos arreglarlo con parches; fundamentalmente en esta situación tomamos un exceso de préstamos en dólares, en especial las provincias y los organismos públicos, dólares que los bancos conseguían en el exterior a bajo interés y lo prestaban a un interés elevado.
Fue un espléndido negocio de los bancos a los que hoy tenemos que compensar, asistir y resarcir. Hicieron un excelente negocio, en especial los bancos extranjeros de aquellos tiempos.
Con toda esa situación anómala la crisis explotó en el 2001, cuando de marzo a noviembre se van al exterior nada más ni nada menos que veinticinco mil millones de dólares. Esa situación genera el decreto 1.570/01 con la consiguiente caída del gobierno.
El 95 por ciento de los bancos que emigraron el dinero fueron los extranjeros. Durante los años 2002 y 2003 se producen una serie de leyes, decretos y resoluciones, muchas de las cuales se contraponen, pero fundamentalmente se pesifican los activos y los depósitos, estos últimos en forma asimétrica.
Para los deudores un dólar es igual a un peso y para los depositantes un dólar es igual a un peso cuarenta. Todos recordamos la reacción de los ahorristas cuando salieron con las cacerolas, con toda razón porque habían sido estafados.
La primera ley de 2002, la ley de emergencia 25.561, pesifica únicamente a los deudores hasta cien mil pesos y no permite la indexación. Posteriormente, la pesificación se extiende a los ahorristas en la forma antes indicada y se indexa. Lo que estaba prohibido por una ley lo derogamos con un decreto, el 214, que es la madre de todos los escándalos.
Este es el punto álgido que tiene toda esta cuestión. Para eso se crea una palabra; como estaba prohibida la indexación se fabrica una palabra que no la he aprendido todavía: coeficiente de estabilización de referencia, el CER. Y para los deudores, corresponde el CVS según el decreto 762 y la ley que luego veremos.
Debemos recordar que el año pasado aprobamos tres leyes insinuadas por el Fondo Monetario Internacional. Y ésta también está insinuada por el FMI porque si no, no habrá acuerdo.
De esas tres leyes la primera era la ley tapón, que pretendía derogar el derecho constitucional contemplado en el artículo 43, que es el derecho al amparo. Debería dar vergüenza a los legisladores, conocedores de las leyes, un hecho como éste, porque creo que estamos olvidando lo que juramos en su momento, en el sentido de que vamos a cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional.
Resulta que lo primero que hacemos es violar la Constitución, concretamente el artículo 43, referido a un recurso y a un derecho que otorga la Carta Magna. Lógicamente, algunos jueces la declararon inconstitucional y fueron a buscar sus dineros aquellos que se sentían estafados porque los habían depositados sobre todo en dólares y les daban 1,40 peso por dólar, si es que se lo daban. Allí es donde surge la idea de que era necesaria una reparación o un resarcimiento; había que compensar algo que era constitucional.
¿Qué se hizo? Se dictó el decreto 901, emitiendo un BODEN y otorgando un redescuento de veinte mil millones de pesos.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
La Presidencia ruega a los señores diputados que hagan silencio porque resulta difícil seguir al orador.
SR. PELAEZ, VICTOR (NEUQUEN):
Lo lamento, porque están divertidos.
Es así que se pretende brindar un resarcimiento con un redescuento de veinte mil millones de pesos, con un interés muy bajo y a cancelar en ciento veinte cuotas.
La segunda ley es la de quiebras, en la que se crea el instituto del cram-down -todo esto lo pergeñó el Fondo Monetario Internacional-, que facilita que los de afuera se queden con todo lo nuestro, con los bancos oficiales que en sus carteras tienen veinte millones de hectáreas en cesación de pagos. Esto es peligrosísimo porque con el mecanismo del cram-down un señor de afuera se puede quedar con nuestros campos.
La tercera de las normas comentadas fue la derogación de la ley de subversión económica. No queríamos su derogación, pero igualmente se derogó. Si ello no hubiera ocurrido, quizá no habría habido tantos vaciamientos de bancos.
Hoy tenemos en nuestras manos este proyecto del Poder Ejecutivo que figura bajo el expediente0011-pe-2003 , que no es más que un proyecto de ley que tiene la finalidad de compensar a los bancos teniendo en cuenta el reclamo de los ahorristas de que se les pague en la moneda en que hicieron los depósitos. Recordemos que por razones jurídicas ese mecanismo continuaba siendo constitucional y muchos casos fueron atendidos.
En este proyecto también se contempla como pérdida para el sector la aplicación de la indexación mediante el CER y el CVS.
Antes de entrar en detalles, vamos a hacer algunas reflexiones. Es cierto que algunos bancos sufrieron pérdidas y se vieron descapitalizados, pero esto es algo que se encuentra dentro del riesgo bancario.
Estamos en un régimen capitalista, y este régimen no perdona: se gana o se pierde. Los bancos ganaron mucho y les llegó el momento de perder.
¡Pero qué cosa más curiosa, señor presidente: los bancos son capitalistas cuando ganan y se hacen socialistas cuando pierden, pidiendo al Estado que los compense porque han perdido!
Cuando a nuestros chacareros de Río Negro o del Neuquén les cae una helada y todas las manzanas se les van al suelo o todos los duraznos se les pudren no van a pedir una compensación. A lo sumo, les dan un pequeño respiro en los bancos y en la DGI.
Los bancos pidieron la pesificación asimétrica y les fue concedida. Dicen que el ex ministro Remes Lenicov envió un mail al periodista Joaquín Morales Solá en el que le decía que tuvo que acceder a las presiones de empresarios y banqueros y elaborar el decreto 214, que es
el que establece la diferencia de pesificación: un dólar igual a 1,40 peso para los ahorristas y a un peso para los deudores. Es decir que aquí tenemos una diferencia de cuarenta centavos. ¿Cómo la compensamos? El Estado salió a decir, con el decreto 905, que iba a compensar los cuarenta centavos otorgando bonos por un valor de 9.400 millones de dólares, no de pesos. Ese es el precio que está pagando el pueblo argentino por esos cuarenta centavos de diferencia a estas entidades que no se avienen a perder, como pierde el chacarero de Río Negro, del Neuquén o cualquier hombre de campo. Ya he dicho anteriormente que en virtud de los amparos se otorgaron veinte mil millones en redescuentos.
Como se podrá advertir, se ha creado un embrollo tan grande de resoluciones, decretos y leyes que resulta conveniente analizar en detalle algunos aspectos.
Todo comenzó con la ley de emergencia económica, el día 7 de enero de 2002. Según su artículo 6° se establecía que se pesificaban únicamente las deudas que no superaran los cien mil dólares por créditos hipotecarios para la construcción, créditos personales y prendarios. Asimismo, por su artículo 7° se prohibía todo tipo de indexación. Después, apareció el decreto 214, sobre el que no vamos a insistir. La citada norma también determinaba que se aplicaría un coeficiente de estabilización -el CER- para los depósitos y las deudas, que ahora está prohibido.
Por el decreto 905 se crean los BODEN, para cobrar la totalidad de los ahorros. No es más que un bono a diez años que impide todo derecho -como el de renunciar al CEDRO o a cualquier acción judicial- y que tuvo poca aceptación. El CEDRO -que es una compensación que se le brindó al ahorrista-, tomaba el dólar a 1,40 peso, le sumaba el CER -que en ese momento era de 40 centavos- y agregaba un interés del 2 por ciento, con lo cual se llegaba a un dólar de 2,02 pesos. Esto mejoraba algo la pérdida; en cambio, el BODEN prometía pagar a diez años en dólares, y sólo fue aceptado por el 25 por ciento de los ahorristas.
El 6 de mayo de 2002 nos sorprende el decreto 762 que exceptúa del CER a las deudas hipotecarias -sin fijar monto alguno-, con destino a viviendas únicas familiares. También exceptúa a los créditos personales con garantía hipotecaria hasta doce mil dólares, y los prendarios hasta treinta mil dólares.
Después, aparece la ley 25.713, que establece claramente dos cosas: los créditos hipotecarios, de hasta doscientos cincuenta mil pesos tendrán un interés del 12,33 por ciento; los prendarios de hasta treinta mil pesos, un interés del 16 por ciento; y los personales de hasta doce mil pesos, un interés del 25,98 por ciento.
Como podrán apreciar, todo este proceso, que es muy complicado, es producto de los decretos del Poder Ejecutivo que no pasaron por esta Cámara y que han provocado un verdadero embrollo porque algunos contradicen leyes que no han sido derogadas; hoy, nos piden que nos involucremos en esta maraña, que es como convertirnos en cómplices de la negación legislativa.
Ahora nos encontramos con esta propuesta de modificación de la ley 25.713, es decir, otra norma que va a modificar nuevamente este sistema. Deberíamos preguntarnos cuál es la razón de ser del decreto 762 y de la ley 25.713. La respuesta pasa únicamente por los doscientos pesos de aumento que se fijaron para los salarios de un solo sector minoritario de la economía, que es el privado. Pero esto se blanqueó y quedó como aumento de sueldo, cuya incidencia se aplicará en ocho cuotas.
De este modo, el CVS crecerá mensualmente un 1,76 por ciento, es decir, un 15 por ciento en ocho meses. Al 31 de diciembre de este año, o sea, en un lapso de cinco meses, aumentará entre el 9 y el 10 por ciento. Por ello solicitamos que el coeficiente de variación salarial se elimine en diciembre y que quienes no cobran los doscientos pesos no entren en esta operatoria.
¿Con quiénes estamos? ¿Quiénes fueron los más perjudicados? ¿Por qué estamos defendiendo a los bancos? En la Comisión de Finanzas propuse en cuatro oportunidades que se citara a los ahorristas, quienes fueron invitados por el presidente de la comisión. En el caso de los bancos, todos sus representantes fueron a contar sus penurias; pero en cuanto a los ahorristas, no pudieron hacer lo mismo. ¿Estamos con los de las cacerolas, que son los estafados? ¿Les hemos dado algún apoyo? ¿Los hemos recibido?
Aquí estamos decidiendo una compensación a los bancos de la especulación. Hoy sabemos que cobraban entre el 60 y el 70 por ciento de interés por la financiación de las tarjetas de crédito. Ese porcentaje ahora lo bajaron a la mitad: 35 por ciento. Esto me hace recordar que antes los usureros iban presos, pero hoy no ocurre lo mismo. A esa gente estamos defendiendo, pero a los otros no.
Por ese motivo, estoy con los bancos de fomento. La Argentina se hizo a través de estos bancos, como el Banco de la Nación, el Banco Provincia, el Banco Industrial y el Banco Hipotecario. Gracias a ellos se alambró el campo, se hicieron aguadas, se construyeron casas, la gente pudo comprar un torno, se instaló la industria. Nosotros apoyamos a los bancos de fomento, y es necesario que nos preocupemos por ellos; sin embargo, nos preocupamos por un banco que viene a especular con tarjetas de crédito.
Adelanto mi voto negativo no sólo respecto de esto sino también de todo lo que se refiere a compensación asimétrica, porque no se protege a quien debe ser protegido.
Es así que se pretende brindar un resarcimiento con un redescuento de veinte mil millones de pesos, con un interés muy bajo y a cancelar en ciento veinte cuotas.
La segunda ley es la de quiebras, en la que se crea el instituto del cram-down -todo esto lo pergeñó el Fondo Monetario Internacional-, que facilita que los de afuera se queden con todo lo nuestro, con los bancos oficiales que en sus carteras tienen veinte millones de hectáreas en cesación de pagos. Esto es peligrosísimo porque con el mecanismo del cram-down un señor de afuera se puede quedar con nuestros campos.
La tercera de las normas comentadas fue la derogación de la ley de subversión económica. No queríamos su derogación, pero igualmente se derogó. Si ello no hubiera ocurrido, quizá no habría habido tantos vaciamientos de bancos.
Hoy tenemos en nuestras manos este proyecto del Poder Ejecutivo que figura bajo el expediente
En este proyecto también se contempla como pérdida para el sector la aplicación de la indexación mediante el CER y el CVS.
Antes de entrar en detalles, vamos a hacer algunas reflexiones. Es cierto que algunos bancos sufrieron pérdidas y se vieron descapitalizados, pero esto es algo que se encuentra dentro del riesgo bancario.
Estamos en un régimen capitalista, y este régimen no perdona: se gana o se pierde. Los bancos ganaron mucho y les llegó el momento de perder.
¡Pero qué cosa más curiosa, señor presidente: los bancos son capitalistas cuando ganan y se hacen socialistas cuando pierden, pidiendo al Estado que los compense porque han perdido!
Cuando a nuestros chacareros de Río Negro o del Neuquén les cae una helada y todas las manzanas se les van al suelo o todos los duraznos se les pudren no van a pedir una compensación. A lo sumo, les dan un pequeño respiro en los bancos y en la DGI.
Los bancos pidieron la pesificación asimétrica y les fue concedida. Dicen que el ex ministro Remes Lenicov envió un mail al periodista Joaquín Morales Solá en el que le decía que tuvo que acceder a las presiones de empresarios y banqueros y elaborar el decreto 214, que es
el que establece la diferencia de pesificación: un dólar igual a 1,40 peso para los ahorristas y a un peso para los deudores. Es decir que aquí tenemos una diferencia de cuarenta centavos. ¿Cómo la compensamos? El Estado salió a decir, con el decreto 905, que iba a compensar los cuarenta centavos otorgando bonos por un valor de 9.400 millones de dólares, no de pesos. Ese es el precio que está pagando el pueblo argentino por esos cuarenta centavos de diferencia a estas entidades que no se avienen a perder, como pierde el chacarero de Río Negro, del Neuquén o cualquier hombre de campo. Ya he dicho anteriormente que en virtud de los amparos se otorgaron veinte mil millones en redescuentos.
Como se podrá advertir, se ha creado un embrollo tan grande de resoluciones, decretos y leyes que resulta conveniente analizar en detalle algunos aspectos.
Todo comenzó con la ley de emergencia económica, el día 7 de enero de 2002. Según su artículo 6° se establecía que se pesificaban únicamente las deudas que no superaran los cien mil dólares por créditos hipotecarios para la construcción, créditos personales y prendarios. Asimismo, por su artículo 7° se prohibía todo tipo de indexación. Después, apareció el decreto 214, sobre el que no vamos a insistir. La citada norma también determinaba que se aplicaría un coeficiente de estabilización -el CER- para los depósitos y las deudas, que ahora está prohibido.
Por el decreto 905 se crean los BODEN, para cobrar la totalidad de los ahorros. No es más que un bono a diez años que impide todo derecho -como el de renunciar al CEDRO o a cualquier acción judicial- y que tuvo poca aceptación. El CEDRO -que es una compensación que se le brindó al ahorrista-, tomaba el dólar a 1,40 peso, le sumaba el CER -que en ese momento era de 40 centavos- y agregaba un interés del 2 por ciento, con lo cual se llegaba a un dólar de 2,02 pesos. Esto mejoraba algo la pérdida; en cambio, el BODEN prometía pagar a diez años en dólares, y sólo fue aceptado por el 25 por ciento de los ahorristas.
El 6 de mayo de 2002 nos sorprende el decreto 762 que exceptúa del CER a las deudas hipotecarias -sin fijar monto alguno-, con destino a viviendas únicas familiares. También exceptúa a los créditos personales con garantía hipotecaria hasta doce mil dólares, y los prendarios hasta treinta mil dólares.
Después, aparece la ley 25.713, que establece claramente dos cosas: los créditos hipotecarios, de hasta doscientos cincuenta mil pesos tendrán un interés del 12,33 por ciento; los prendarios de hasta treinta mil pesos, un interés del 16 por ciento; y los personales de hasta doce mil pesos, un interés del 25,98 por ciento.
Como podrán apreciar, todo este proceso, que es muy complicado, es producto de los decretos del Poder Ejecutivo que no pasaron por esta Cámara y que han provocado un verdadero embrollo porque algunos contradicen leyes que no han sido derogadas; hoy, nos piden que nos involucremos en esta maraña, que es como convertirnos en cómplices de la negación legislativa.
Ahora nos encontramos con esta propuesta de modificación de la ley 25.713, es decir, otra norma que va a modificar nuevamente este sistema. Deberíamos preguntarnos cuál es la razón de ser del decreto 762 y de la ley 25.713. La respuesta pasa únicamente por los doscientos pesos de aumento que se fijaron para los salarios de un solo sector minoritario de la economía, que es el privado. Pero esto se blanqueó y quedó como aumento de sueldo, cuya incidencia se aplicará en ocho cuotas.
De este modo, el CVS crecerá mensualmente un 1,76 por ciento, es decir, un 15 por ciento en ocho meses. Al 31 de diciembre de este año, o sea, en un lapso de cinco meses, aumentará entre el 9 y el 10 por ciento. Por ello solicitamos que el coeficiente de variación salarial se elimine en diciembre y que quienes no cobran los doscientos pesos no entren en esta operatoria.
¿Con quiénes estamos? ¿Quiénes fueron los más perjudicados? ¿Por qué estamos defendiendo a los bancos? En la Comisión de Finanzas propuse en cuatro oportunidades que se citara a los ahorristas, quienes fueron invitados por el presidente de la comisión. En el caso de los bancos, todos sus representantes fueron a contar sus penurias; pero en cuanto a los ahorristas, no pudieron hacer lo mismo. ¿Estamos con los de las cacerolas, que son los estafados? ¿Les hemos dado algún apoyo? ¿Los hemos recibido?
Aquí estamos decidiendo una compensación a los bancos de la especulación. Hoy sabemos que cobraban entre el 60 y el 70 por ciento de interés por la financiación de las tarjetas de crédito. Ese porcentaje ahora lo bajaron a la mitad: 35 por ciento. Esto me hace recordar que antes los usureros iban presos, pero hoy no ocurre lo mismo. A esa gente estamos defendiendo, pero a los otros no.
Por ese motivo, estoy con los bancos de fomento. La Argentina se hizo a través de estos bancos, como el Banco de la Nación, el Banco Provincia, el Banco Industrial y el Banco Hipotecario. Gracias a ellos se alambró el campo, se hicieron aguadas, se construyeron casas, la gente pudo comprar un torno, se instaló la industria. Nosotros apoyamos a los bancos de fomento, y es necesario que nos preocupemos por ellos; sin embargo, nos preocupamos por un banco que viene a especular con tarjetas de crédito.
Adelanto mi voto negativo no sólo respecto de esto sino también de todo lo que se refiere a compensación asimétrica, porque no se protege a quien debe ser protegido.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
SR. POLINO, HECTOR TEODORO (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: en nombre del bloque del Partido Socialista voy a fijar nuestra posición contraria al proyecto de ley contenido en el dictamen de comisión.
En los últimos doce años hubo en el país ganadores y perdedores. En el sector de los ganadores estuvieron las empresas privatizadas, los laboratorios extranjeros, las grandes cadenas de supermercados y el sistema bancario y financiero, sobre todo la banca comercial extranjera.
Cuando se produjo el efecto "tequila", el país salió en auxilio del sistema financiero y eso le costó dos mil millones de dólares. Ahora, en medio de una fenomenal crisis, aparece este proyecto que contradice todo lo que se viene sosteniendo desde el Poder Ejecutivo nacional. En definitiva, estamos ante una imposición de los acreedores externos, y mediante la iniciativa en debate daremos satisfacción a sus presiones y reclamos.
¿Cómo es posible admitir en silencio el proceso de concentración, de desnacionalización y de extranjerización que existió en la última década respecto del sector bancario argentino? Muy pocos bancos quedan en manos de argentinos. Por un lado, la banca pública, con el Banco de la Nación Argentina a la cabeza, el Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Banco Ciudad de Buenos Aires; por el otro, la banca solidaria, la banca cooperativa, con el Banco Credicoop y un par de bancos comerciales de capital nacional. El resto del sistema está en manos de accionistas extranjeros, y la compensación proyectada es para ellos.
La contradicción flagrante es que este proyecto responde a las exigencias externas; está dada por la circunstancia de que no se compensa al capital auténticamente nacional que se ha canalizado a través de mutuales y cooperativas.
En la sesión anterior, el presidente de la Comisión de Finanzas nos dijo que la compensación a este sector de la economía solidaria quedará para una mejor oportunidad. Es decir que habrá que dictar otra ley, sin que nadie sepa cuándo habrá de ocurrir ello y en que términos.
Si realmente se quisiera restablecer la equidad que se perdió a partir del desquicio que produjo la salida de la convertibilidad, hoy no sólo se estaría abogando por compensar al sistema bancario, sino también al sistema solidario que expresan las mutuales y las cajas de crédito.
No se entiende por qué se deja para otro momento la sanción de la ley correspondiente. ¿Por qué no la sancionamos hoy, si realmente nos anima ese espíritu? Llama mucho la atención que se pretenda sancionar este proyecto en momentos en que se están llevando a cabo las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.
No es casual que esta iniciativa se trate hoy, como tampoco lo fue que la semana pasada se hayan modificado la ley de entidades financieras y la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina.
Se trata de claudicaciones frente a exigencias externas. Debemos hablar con claridad, porque en caso contrario no se entiende cuál es la razón por la que se va a compensar con 2.800 millones de pesos al sistema bancario, mientras que al sistema mutualista de nuestro país no se lo quiere compensar con trescientos setenta millones de pesos, lo que representaría una gota de agua en medio de un océano de recursos que se manejan a discreción.
No es cierto lo que se dijo en la reunión anterior en el sentido de que las mutuales no han sufrido las consecuencias de la pesificación asimétrica. Basta leer con más detenimiento los decretos 214 y 762 de 2002 para comprobar que, efectivamente, han sufrido el mismo perjuicio por haber aplicado el CER a los depósitos y el CVS a los créditos.
Tengo sobre mi banca los cuadros demostrativos de lo que estoy señalando, y por razones de brevedad voy a solicitar su inserción en el Diario de Sesiones.
Para refrescar la memoria de cómo se llevó a cabo el proceso de pesificación asimétrica con respecto a las mutuales, me voy a permitir señalar lo siguiente. A raíz de la emergencia económica dispuesta por la ley 25.561 y de la pesificación asimétrica establecida por el decreto 214 del año 2002, el Poder Ejecutivo compensó a las entidades financieras en los términos contemplados en el decreto 905, del mismo año, por los efectos negativos derivados de la citada pesificación. Esta pesificación fue de 1,40 peso por dólar.
Las mutuales se encuentran autorizadas a recibir ahorros de sus asociados por lo establecido en el artículo 4° de la ley 20.321. Obviamente, su accionar se encuentra limitado a sus asociados, y el volumen de operaciones es inferior, a todas luces, al de las entidades financieras.
Por lo tanto, las mutuales y las entidades financieras reguladas por la ley 21.526 son las únicas personas jurídicas autorizadas a recibir ahorros. El decreto 905/02 reconoce ese derecho a las mutuales, pero las somete a una condición de cumplimiento imposible. El decreto 905 reconoció el derecho de las mutuales y de sus asociados a recibir la compensación que se otorgó a las entidades financieras, pero incurrió en un error: en su artículo 28 prevé que el Ministerio de Economía entregará bonos del gobierno nacional en pesos y en dólares estadounidenses a las entidades financieras y a las mutuales de ayuda económica para personas físicas asociadas que queden comprendidas en la ley de entidades financieras y bajo la supervisión del Banco Central de la República Argentina.
De manera que se reconoce a las mutuales el derecho a la compensación, pero a renglón seguido se establece como condición que queden comprendidas en la ley de entidades financieras y bajo la supervisión del Banco Central de la República Argentina, sin respetar su forma jurídica asociativa. De esto se infiere que el decreto incurre en un gravísimo error, puesto que legal y técnicamente eso es de cumplimiento imposible dado que existen normativas especiales que contemplan esta operatoria, tales como el artículo 4° de la ley 20.321, la ley 19.331, el decreto 721 del año 2000 y la comunicación A-3.673 del Banco Central.
En consecuencia, no tiene sentido votar hoy esta compensación al sistema bancario y financiero y dejar de lado a estas entidades diseminadas por los pueblos y ciudades del interior de la República, especialmente en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Río Negro, Chubut, La Pampa y Tucumán, como así también algunas de la Capital Federal. Se trata de un total de seiscientas treinta entidades que tienen una pesificación asimétrica por un volumen global de trescientos setenta millones de pesos.
En estos cuadros que tengo sobre mi banca se podrá observar -cuando se lea el Diario de Sesiones- que los préstamos no son por cifras supermillonarias como lasque mueve la banca extranjera. Hay tramos: de uno a cinco mil pesos, de cinco mil a diez mil pesos, de diez mil a treinta mil pesos y de más de treinta mil pesos. Las participaciones son las siguientes: hasta cinco mil pesos, el 13 por ciento de la totalidad de los créditos solicitados; hasta diez mil pesos, el 14 por ciento; hasta treinta mil pesos, el 30 por ciento; y más de treinta mil pesos, el 43 por ciento.
¿Qué quiere decir esto? Que quienes han recibido créditos de estas entidades son gente trabajadora, pequeños y medianos comerciantes, pequeños y medianos agricultores y pequeños y medianos industriales; no son grandes acreedores que fueron a las mutuales a solicitar una ayuda financiera.
En consecuencia, si a esas mutuales no se les efectúa esta compensación, a la que tiene todo el derecho del mundo, evidentemente las colocaremos al borde de la quiebra y de la desaparición, con lo cual quedará dominando la escena de nuestro país la banca extranjera, predominando sobre el resto del sistema bancario y financiero argentino. Esta será una tremenda injusticia.
Por eso indico a la comisión que, si realmente tiene voluntad de compensar en serio a las mutuales y a las cajas de crédito, este es el momento de hacerlo. Postergar el tema para otra oportunidad será dejarlas libradas al azar, con lo cual se estará contradiciendo todo lo que se viene sosteniendo en los últimos días desde las alturas del poder, que concita el beneplácito general y el apoyo de nuestro sector.
Nosotros queremos ver reflejado lo que se dice en las normas jurídicas, que es lo que en definitiva se hace. Lo que se está haciendo a través del Parlamento merece toda nuestra oposición. Así como la semana pasada nos opusimos a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y a la reforma de la ley de entidades financieras, hoy nos oponemos a esta iniciativa porque va en la misma dirección: favorece nuevamente a los grandes beneficiarios del modelo que imperó a lo largo de doce años y perjudica a sus víctimas.
En los últimos doce años hubo en el país ganadores y perdedores. En el sector de los ganadores estuvieron las empresas privatizadas, los laboratorios extranjeros, las grandes cadenas de supermercados y el sistema bancario y financiero, sobre todo la banca comercial extranjera.
Cuando se produjo el efecto "tequila", el país salió en auxilio del sistema financiero y eso le costó dos mil millones de dólares. Ahora, en medio de una fenomenal crisis, aparece este proyecto que contradice todo lo que se viene sosteniendo desde el Poder Ejecutivo nacional. En definitiva, estamos ante una imposición de los acreedores externos, y mediante la iniciativa en debate daremos satisfacción a sus presiones y reclamos.
¿Cómo es posible admitir en silencio el proceso de concentración, de desnacionalización y de extranjerización que existió en la última década respecto del sector bancario argentino? Muy pocos bancos quedan en manos de argentinos. Por un lado, la banca pública, con el Banco de la Nación Argentina a la cabeza, el Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Banco Ciudad de Buenos Aires; por el otro, la banca solidaria, la banca cooperativa, con el Banco Credicoop y un par de bancos comerciales de capital nacional. El resto del sistema está en manos de accionistas extranjeros, y la compensación proyectada es para ellos.
La contradicción flagrante es que este proyecto responde a las exigencias externas; está dada por la circunstancia de que no se compensa al capital auténticamente nacional que se ha canalizado a través de mutuales y cooperativas.
En la sesión anterior, el presidente de la Comisión de Finanzas nos dijo que la compensación a este sector de la economía solidaria quedará para una mejor oportunidad. Es decir que habrá que dictar otra ley, sin que nadie sepa cuándo habrá de ocurrir ello y en que términos.
Si realmente se quisiera restablecer la equidad que se perdió a partir del desquicio que produjo la salida de la convertibilidad, hoy no sólo se estaría abogando por compensar al sistema bancario, sino también al sistema solidario que expresan las mutuales y las cajas de crédito.
No se entiende por qué se deja para otro momento la sanción de la ley correspondiente. ¿Por qué no la sancionamos hoy, si realmente nos anima ese espíritu? Llama mucho la atención que se pretenda sancionar este proyecto en momentos en que se están llevando a cabo las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.
No es casual que esta iniciativa se trate hoy, como tampoco lo fue que la semana pasada se hayan modificado la ley de entidades financieras y la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina.
Se trata de claudicaciones frente a exigencias externas. Debemos hablar con claridad, porque en caso contrario no se entiende cuál es la razón por la que se va a compensar con 2.800 millones de pesos al sistema bancario, mientras que al sistema mutualista de nuestro país no se lo quiere compensar con trescientos setenta millones de pesos, lo que representaría una gota de agua en medio de un océano de recursos que se manejan a discreción.
No es cierto lo que se dijo en la reunión anterior en el sentido de que las mutuales no han sufrido las consecuencias de la pesificación asimétrica. Basta leer con más detenimiento los decretos 214 y 762 de 2002 para comprobar que, efectivamente, han sufrido el mismo perjuicio por haber aplicado el CER a los depósitos y el CVS a los créditos.
Tengo sobre mi banca los cuadros demostrativos de lo que estoy señalando, y por razones de brevedad voy a solicitar su inserción en el Diario de Sesiones.
Para refrescar la memoria de cómo se llevó a cabo el proceso de pesificación asimétrica con respecto a las mutuales, me voy a permitir señalar lo siguiente. A raíz de la emergencia económica dispuesta por la ley 25.561 y de la pesificación asimétrica establecida por el decreto 214 del año 2002, el Poder Ejecutivo compensó a las entidades financieras en los términos contemplados en el decreto 905, del mismo año, por los efectos negativos derivados de la citada pesificación. Esta pesificación fue de 1,40 peso por dólar.
Las mutuales se encuentran autorizadas a recibir ahorros de sus asociados por lo establecido en el artículo 4° de la ley 20.321. Obviamente, su accionar se encuentra limitado a sus asociados, y el volumen de operaciones es inferior, a todas luces, al de las entidades financieras.
Por lo tanto, las mutuales y las entidades financieras reguladas por la ley 21.526 son las únicas personas jurídicas autorizadas a recibir ahorros. El decreto 905/02 reconoce ese derecho a las mutuales, pero las somete a una condición de cumplimiento imposible. El decreto 905 reconoció el derecho de las mutuales y de sus asociados a recibir la compensación que se otorgó a las entidades financieras, pero incurrió en un error: en su artículo 28 prevé que el Ministerio de Economía entregará bonos del gobierno nacional en pesos y en dólares estadounidenses a las entidades financieras y a las mutuales de ayuda económica para personas físicas asociadas que queden comprendidas en la ley de entidades financieras y bajo la supervisión del Banco Central de la República Argentina.
De manera que se reconoce a las mutuales el derecho a la compensación, pero a renglón seguido se establece como condición que queden comprendidas en la ley de entidades financieras y bajo la supervisión del Banco Central de la República Argentina, sin respetar su forma jurídica asociativa. De esto se infiere que el decreto incurre en un gravísimo error, puesto que legal y técnicamente eso es de cumplimiento imposible dado que existen normativas especiales que contemplan esta operatoria, tales como el artículo 4° de la ley 20.321, la ley 19.331, el decreto 721 del año 2000 y la comunicación A-3.673 del Banco Central.
En consecuencia, no tiene sentido votar hoy esta compensación al sistema bancario y financiero y dejar de lado a estas entidades diseminadas por los pueblos y ciudades del interior de la República, especialmente en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Río Negro, Chubut, La Pampa y Tucumán, como así también algunas de la Capital Federal. Se trata de un total de seiscientas treinta entidades que tienen una pesificación asimétrica por un volumen global de trescientos setenta millones de pesos.
En estos cuadros que tengo sobre mi banca se podrá observar -cuando se lea el Diario de Sesiones- que los préstamos no son por cifras supermillonarias como lasque mueve la banca extranjera. Hay tramos: de uno a cinco mil pesos, de cinco mil a diez mil pesos, de diez mil a treinta mil pesos y de más de treinta mil pesos. Las participaciones son las siguientes: hasta cinco mil pesos, el 13 por ciento de la totalidad de los créditos solicitados; hasta diez mil pesos, el 14 por ciento; hasta treinta mil pesos, el 30 por ciento; y más de treinta mil pesos, el 43 por ciento.
¿Qué quiere decir esto? Que quienes han recibido créditos de estas entidades son gente trabajadora, pequeños y medianos comerciantes, pequeños y medianos agricultores y pequeños y medianos industriales; no son grandes acreedores que fueron a las mutuales a solicitar una ayuda financiera.
En consecuencia, si a esas mutuales no se les efectúa esta compensación, a la que tiene todo el derecho del mundo, evidentemente las colocaremos al borde de la quiebra y de la desaparición, con lo cual quedará dominando la escena de nuestro país la banca extranjera, predominando sobre el resto del sistema bancario y financiero argentino. Esta será una tremenda injusticia.
Por eso indico a la comisión que, si realmente tiene voluntad de compensar en serio a las mutuales y a las cajas de crédito, este es el momento de hacerlo. Postergar el tema para otra oportunidad será dejarlas libradas al azar, con lo cual se estará contradiciendo todo lo que se viene sosteniendo en los últimos días desde las alturas del poder, que concita el beneplácito general y el apoyo de nuestro sector.
Nosotros queremos ver reflejado lo que se dice en las normas jurídicas, que es lo que en definitiva se hace. Lo que se está haciendo a través del Parlamento merece toda nuestra oposición. Así como la semana pasada nos opusimos a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y a la reforma de la ley de entidades financieras, hoy nos oponemos a esta iniciativa porque va en la misma dirección: favorece nuevamente a los grandes beneficiarios del modelo que imperó a lo largo de doce años y perjudica a sus víctimas.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
SRA. RODRIGUEZ, MARCELA VIRGINIA (BUENOS AIRES):
Señor presidente: anticipo el voto negativo del bloque del ARI en relación con este proyecto de ley. No estamos de acuerdo con la forma en que se han acordado compensaciones asimétricas a los bancos ni con la forma en que las distintas administraciones han manejado la crisis desde el año 2001.
En particular, tratar este proyecto en forma aislada es un error. Esta iniciativa continúa con la misma estrategia que se ha venido utilizando hasta el presente: los problemas de las crisis financieras desde el 2001 vienen recayendo sobre las mismas personas. Fundamentalmente, los estamos descargando sobre las generaciones presentes y futuras, y a la vez estamos beneficiando a quienes fueron sus culpables. Este es el problema de origen que se ha ido dando en todas las medidas que se fueron tomando, sin por esto dejar de reconocer cuál es la responsabilidad del Estado en el ajuste asimétrico de activos y pasivos.
Nosotros nos opusimos, señalando los problemas y las consecuencias de los procesos de canje y megacanje. También advertimos sobre las medidas que se han ido generalizando y en su momento propusimos una salida para el "corralón" y el "corralito", que tenía que ver con atarlos a las grandes deudas que fueron licuadas por la pesificación asimétrica para de esta manera devolver los depósitos de los ahorristas.
Trajimos este proyecto al recinto y señalamos que los mecanismos utilizados para administrar la crisis no debían transferir responsabilidades ilimitadas hacia el Estado, sino que justamente había que deslindar las responsabilidades de los bancos, que de una forma probada fueron culpables de esta crisis, y basta como ejemplo su participación en la fuga de capitales.
Lo que estamos criticando es la irresponsabilidad de las medidas adoptadas para salir de la regla de la convertibilidad. Esa irresponsabilidad terminó con mayor endeudamiento y reduciendo aun más los ingresos de los trabajadores. Criticamos que ahora se continúen tomando medidas generalizadas que ocultan una fenomenal transferencia de ingresos y de riqueza provocada por las últimas administraciones del Estado.
Lo primero que hay que señalar aquí es que los problemas económicos del país -uno de cuyos resultados es la crisis financiera de fines de 2001- en gran medida se explican por el régimen instaurado durante la década pasada, que privilegió el avance del capital financiero como una instancia principal de regulación del ciclo de valorización del capital.
Por supuesto, es claro que no sólo la regulación de la economía desde los dictados del capital financiero favorece la especulación por sobre la producción y transfiere el llamado riesgo capitalista sobre los eslabones más débiles del sector productivo: los trabajadores y las empresas de menor tamaño.
Además, el sector financiero fue un protagonista especial de esta crisis. Lo que ha sucedido es que la Argentina ha adoptado el peor de los modelos institucionales, el más vulnerable a los ciclos financieros internacionales. Se trata de un modelo que transfiere mayor poder a operadores financieros, facilita la fuga de capitales, somete al capital productivo, promueve la concentración de la riqueza, estimula la renta especulativa y permite el lavado de dinero derivado de hechos de corrupción, como ya ha sido denunciado.
Los efectos de esta opción institucional han sido patentes en la crisis. Pero, además, durante todo este período las entidades del sistema no han tomado los recaudos que debían preverse razonablemente. Es cierto que quienes estaban ocupando lugares en el Estado en su momento decían que la regla de la convertibilidad iba a durar eternamente, pero eso no resistía el menor análisis económico serio.
Por otra parte, a nadie escapa que los bancos sabían que la regla de la convertibilidad no era para siempre, y por lo tanto debían tener una conducta responsable. Ellos tenían que asumir los seguros de cambio y cubrir adecuadamente los activos y pasivos contra el riesgo cambiario. Esta es la primera responsabilidad de los bancos; otras -como señalamos- tienen que ver con la fuga de capitales, con situaciones de lavado de dinero y con la creación de circuitos clandestinos.
Sin embargo, pese a todas estas responsabilidades de los bancos les hemos seguido brindando asistencia en forma desmedida, cuando todavía está pendiente la reorganización del sistema financiero. Y como señalamos la semana pasada, la reforma de la ley de entidades financieras y de la Carta Orgánica del Banco Central dejan pendiente dicha reorganización.
Ahora bien, esta asistencia ha sido brindada sin que hubiera una contrapartida clara por parte de los bancos. Así, no se solicitaron los compromisos de aportes de capital, se posibilitó maniobrar a las entidades de origen extranjero irresponsablemente con garantías ficticias de sus casas matrices, y se han permitido compras y fusiones de entidades sin adoptar los menores resguardos.
Hoy, vemos que hay una mayor liquidez por parte de los bancos, que es el resultado de maniobras, compensaciones y asistencias, que ya sacaron al sistema de una virtual quiebra. Sin embargo, observamos que esta liquidez no ha servido para recomponer el crédito ni ha sido puesta al servicio de la recuperación de la economía, pretendiendo que una vez más el Estado cargue con obligaciones como las que aquí se plantean.
Este tema que estamos considerando es en realidad una prueba más de que los problemas heredados desde la plena vigencia del régimen de convertibilidad no han sido resueltos, simplemente se han pospuesto y en muchos casos se han potenciado.
La pregunta que cabría formular entonces es quién debería afrontar el costo de esta compensación. Están los beneficiados por la pesificación asimétrica y, en realidad, si se pensara con seriedad en algún mecanismo de compensación, se deberían plantear, por ejemplo, tributos extraordinarios a quienes se han beneficiado con la licuación de los pasivos.
Pero una vez más nos encontramos con que la mayoría de las medidas que han sido adoptadas están vinculadas con la coyuntura, las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y la necesidad de cerrar acuerdos. Seguimos teniendo un endeudamiento creciente, se está realizando un ajuste fiscal por el no pago de la deuda en bonos, por el congelamiento nominal del gasto y por la aplicación del impuesto inflacionario.
Los límites que plantean estos mecanismos son claros y quedan cada vez más expuestos a medida que se detiene la inflación, se suman las demandas sociales y se agota el plazo para reprogramar la deuda.
Por lo expuesto, más allá de las numerosas observaciones que el proyecto merezca en particular, adelanto que votaremos por la negativa en razón de que continúa la misma lógica perversa planteada previamente: un determinado sector viene a presionar -apoyado en este caso por el Fondo Monetario Internacional- para que se le transfiera riqueza en desmedro de otros sectores de la ciudadanía y del propio Estado, para beneficiar a quienes fueron culpables de la crisis y seguir sometiendo a los sectores más débiles de nuestra economía.
En particular, tratar este proyecto en forma aislada es un error. Esta iniciativa continúa con la misma estrategia que se ha venido utilizando hasta el presente: los problemas de las crisis financieras desde el 2001 vienen recayendo sobre las mismas personas. Fundamentalmente, los estamos descargando sobre las generaciones presentes y futuras, y a la vez estamos beneficiando a quienes fueron sus culpables. Este es el problema de origen que se ha ido dando en todas las medidas que se fueron tomando, sin por esto dejar de reconocer cuál es la responsabilidad del Estado en el ajuste asimétrico de activos y pasivos.
Nosotros nos opusimos, señalando los problemas y las consecuencias de los procesos de canje y megacanje. También advertimos sobre las medidas que se han ido generalizando y en su momento propusimos una salida para el "corralón" y el "corralito", que tenía que ver con atarlos a las grandes deudas que fueron licuadas por la pesificación asimétrica para de esta manera devolver los depósitos de los ahorristas.
Trajimos este proyecto al recinto y señalamos que los mecanismos utilizados para administrar la crisis no debían transferir responsabilidades ilimitadas hacia el Estado, sino que justamente había que deslindar las responsabilidades de los bancos, que de una forma probada fueron culpables de esta crisis, y basta como ejemplo su participación en la fuga de capitales.
Lo que estamos criticando es la irresponsabilidad de las medidas adoptadas para salir de la regla de la convertibilidad. Esa irresponsabilidad terminó con mayor endeudamiento y reduciendo aun más los ingresos de los trabajadores. Criticamos que ahora se continúen tomando medidas generalizadas que ocultan una fenomenal transferencia de ingresos y de riqueza provocada por las últimas administraciones del Estado.
Lo primero que hay que señalar aquí es que los problemas económicos del país -uno de cuyos resultados es la crisis financiera de fines de 2001- en gran medida se explican por el régimen instaurado durante la década pasada, que privilegió el avance del capital financiero como una instancia principal de regulación del ciclo de valorización del capital.
Por supuesto, es claro que no sólo la regulación de la economía desde los dictados del capital financiero favorece la especulación por sobre la producción y transfiere el llamado riesgo capitalista sobre los eslabones más débiles del sector productivo: los trabajadores y las empresas de menor tamaño.
Además, el sector financiero fue un protagonista especial de esta crisis. Lo que ha sucedido es que la Argentina ha adoptado el peor de los modelos institucionales, el más vulnerable a los ciclos financieros internacionales. Se trata de un modelo que transfiere mayor poder a operadores financieros, facilita la fuga de capitales, somete al capital productivo, promueve la concentración de la riqueza, estimula la renta especulativa y permite el lavado de dinero derivado de hechos de corrupción, como ya ha sido denunciado.
Los efectos de esta opción institucional han sido patentes en la crisis. Pero, además, durante todo este período las entidades del sistema no han tomado los recaudos que debían preverse razonablemente. Es cierto que quienes estaban ocupando lugares en el Estado en su momento decían que la regla de la convertibilidad iba a durar eternamente, pero eso no resistía el menor análisis económico serio.
Por otra parte, a nadie escapa que los bancos sabían que la regla de la convertibilidad no era para siempre, y por lo tanto debían tener una conducta responsable. Ellos tenían que asumir los seguros de cambio y cubrir adecuadamente los activos y pasivos contra el riesgo cambiario. Esta es la primera responsabilidad de los bancos; otras -como señalamos- tienen que ver con la fuga de capitales, con situaciones de lavado de dinero y con la creación de circuitos clandestinos.
Sin embargo, pese a todas estas responsabilidades de los bancos les hemos seguido brindando asistencia en forma desmedida, cuando todavía está pendiente la reorganización del sistema financiero. Y como señalamos la semana pasada, la reforma de la ley de entidades financieras y de la Carta Orgánica del Banco Central dejan pendiente dicha reorganización.
Ahora bien, esta asistencia ha sido brindada sin que hubiera una contrapartida clara por parte de los bancos. Así, no se solicitaron los compromisos de aportes de capital, se posibilitó maniobrar a las entidades de origen extranjero irresponsablemente con garantías ficticias de sus casas matrices, y se han permitido compras y fusiones de entidades sin adoptar los menores resguardos.
Hoy, vemos que hay una mayor liquidez por parte de los bancos, que es el resultado de maniobras, compensaciones y asistencias, que ya sacaron al sistema de una virtual quiebra. Sin embargo, observamos que esta liquidez no ha servido para recomponer el crédito ni ha sido puesta al servicio de la recuperación de la economía, pretendiendo que una vez más el Estado cargue con obligaciones como las que aquí se plantean.
Este tema que estamos considerando es en realidad una prueba más de que los problemas heredados desde la plena vigencia del régimen de convertibilidad no han sido resueltos, simplemente se han pospuesto y en muchos casos se han potenciado.
La pregunta que cabría formular entonces es quién debería afrontar el costo de esta compensación. Están los beneficiados por la pesificación asimétrica y, en realidad, si se pensara con seriedad en algún mecanismo de compensación, se deberían plantear, por ejemplo, tributos extraordinarios a quienes se han beneficiado con la licuación de los pasivos.
Pero una vez más nos encontramos con que la mayoría de las medidas que han sido adoptadas están vinculadas con la coyuntura, las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y la necesidad de cerrar acuerdos. Seguimos teniendo un endeudamiento creciente, se está realizando un ajuste fiscal por el no pago de la deuda en bonos, por el congelamiento nominal del gasto y por la aplicación del impuesto inflacionario.
Los límites que plantean estos mecanismos son claros y quedan cada vez más expuestos a medida que se detiene la inflación, se suman las demandas sociales y se agota el plazo para reprogramar la deuda.
Por lo expuesto, más allá de las numerosas observaciones que el proyecto merezca en particular, adelanto que votaremos por la negativa en razón de que continúa la misma lógica perversa planteada previamente: un determinado sector viene a presionar -apoyado en este caso por el Fondo Monetario Internacional- para que se le transfiera riqueza en desmedro de otros sectores de la ciudadanía y del propio Estado, para beneficiar a quienes fueron culpables de la crisis y seguir sometiendo a los sectores más débiles de nuestra economía.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.
SRA. LUBERTINO, MARIA JOSE (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: asisto con sorpresa a este debate porque ayer escuché con gran satisfacción varias intervenciones del señor presidente de la Nación -con motivo del Día de la Industria y en la provincia de Entre Ríos-, poniendo límites a los sectores del capitalismo salvaje y haciendo un análisis -creo que compartido por muchos de nosotros- sobre el proceso de enriquecimiento que se produjo en la década del 90 por parte de algunos sectores del privilegio, y de cómo esto terminó condicionando y llevando a la pobreza a la mayoría de nuestra población.
Sinceramente, creo que la ley de impunidad para algunos funcionarios en el ámbito del Banco Central que se sancionó la semana pasada y esta ley de compensaciones a los bancos son lamentablemente un punto de inflexión en el flamante gobierno del presidente Kirchner.
No puedo compartir ni votar una norma vinculada con los sectores del privilegio. No quiero entrar en el debate técnico sobre el CVS y el CER, pues la cuestión política en discusión no ha sido saldada.
No se entiende ni resulta justificada la necesidad de compensar a los bancos cuando éste ha sido uno de los sectores más beneficiados con las políticas económicas de los años 90.
En la Argentina los bancos constituyeron uno de los sectores de la acumulación de la riqueza y del privilegio. El blindaje y la compensación a los bancos fue hechos por adelantado. Entonces, a pesar del esfuerzo del ministro Lavagna por dar una imagen de duro contra el lobby banquero, su gestión está consolidando el blindaje del sistema financiero como continuidad del proceso iniciado por el doctor Cavallo con el decreto 1.387 de 2001 y luego continuado por Remes.
Las presiones de ABA y de ABAPRA ante el fallo de redolarización producido por la Corte para que el gobierno emitiera un bono compulsivo para cubrir la diferencia entre el 1,40 más CER, y el tipo de cambio libre y la aplicación del matching representaron sólo un capítulo más de la extensa lista de capitulaciones del poder político frente a los bancos.
La supuesta dureza de Lavagna contrasta con las facilidades obtenidas por el sistema financiero para disponer de liquidez y con las compensaciones ya obtenidas y las contempladas en la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional.
Más allá del resultado final de esta historia es útil recordar cómo distintas gestiones lograron preservar el patrimonio de los bancos mediante la socialización de los costos, aumentando la deuda pública y permitiendo la explosión del tipo de cambio.
El primer antecedente es el decreto 1.387/01. Previendo la crisis, el ministro Cavallo se propuso blindar las entidades financieras frente a una eventual corrida al mejorar sus balances con dos instrumentos centrales. EL primero consistió en permitir que los deudores morosos pudieran cancelar sus pasivos con títulos públicos, operatoria que estuvo vigente hasta el 15 de mayo de 2002.
Así, de tener que previsionar pérdidas cuantiosas por créditos impagos, los bancos pasaron a recibir títulos que convirtieron en préstamos garantizados con una ganancia patrimonial impresionante.
No se informó el monto involucrado en esta operatoria, pero a modo de ilustración podemos decir que al 31 de diciembre de 2001 la deuda en categoría cinco, superaba los diez mil millones. Considerando que en esa categoría las entidades deben previsionar el 50 por ciento, el impacto potencial en los balances fue evidente.
El segundo instrumento fue la fase I del canje de deuda pública que involucró unos dieciséis mil millones de dólares -en valor nominal- de títulos nacionales y unos nueve mil millones de dólares de deudas provinciales. En el momento del canje los títulos cotizaban en promedio al 35 por ciento de su valor nominal y los préstamos garantizados se imputarían al ciento por ciento. El impacto real sería entonces de más de diez mil millones de dólares, computando la diferencia entre el valor de mercado y el nominal.
La historia de la crisis continúa y el 3 de diciembre de 2001 se impusieron restricciones a la extracción de depósitos en efectivo -el famoso "corralito"- y a las transferencias al exterior. El 28 de diciembre de 2001 se declaró la cesación de pagos de la deuda del sector público y el 7 de enero de 2002 se promulgó la ley 25.561, por la que se autoriza al Poder Ejecutivo a modificar el régimen cambiario.
El 9 de enero de 2002 se promulgó el decreto 71/02 que devalúa la moneda estableciendo una paridad de 1,40 peso por dólar con un doble mercado, y a partir de febrero con mercado único.
Días después, el gobierno introdujo una reprogramación compulsiva de los depósitos a plazo fijo y de los transaccionales en dólares -el "corralón". Las decisiones se fueron tomando tratando de distribuir los costos de la crisis entre los depositantes, los deudores, los bancos y el Estado. Pero prevaleció la respuesta política de que el Estado saliera a proteger a deudores y ahorristas, prometiendo preservar los dólares de éstos y pesificando deudas uno a uno, a pesar de la inconsistencia a nivel patrimonial de los bancos y a lo insostenible que resultaba esa solución desde el punto de vista fiscal.
El siguiente capítulo se refiere a la pesificación asimétrica. El decreto 214/02 dispuso mantener los préstamos privados pesificados uno a uno y se pesificaron los depósitos a 1,40 más CER. Para solucionar la pérdida patrimonial de esta asimetría los bancos serían compensados por el Tesoro.
Estas medidas afectaron negativamente el patrimonio neto de los bancos; gran parte de los pasivos y parte de los activos se pesificaron a 1,40 y las líneas de crédito con el exterior quedaron en dólares. El gobierno resolvió socializar esta pérdida patrimonial y compensar a las instituciones financieras.
El cálculo de la compensación se realizó -como todos sabemos- de la siguiente manera. El patrimonio financiero neto del sistema antes de la devaluación era de nueve mil millones de pesos, integrado por una posición negativa en pesos de 1.553 millones de pesos y una posición positiva de 10.553 millones de dólares. La devaluación hubiera incrementado el patrimonio financiero neto del sistema a 13.221 millones de pesos.
El decreto 905/02 estableció que el bono de compensación se calculase de manera que el patrimonio financiero neto de los bancos, medido en pesos luego de la pesificación asimétrica, quedase en 13.221 millones de pesos; es decir, incluyendo la ganancia por devaluación.
Debido a que el bono de compensación en pesos -el BODEN 2007-, no solucionaba el problema del descalce de monedas, se permitió a los bancos canjear el bono en pesos por un bono en dólares a un 1,40 peso por dólar hasta el importe de la posición negativa en dólares. En esta condición se emitieron BODEN 2012 por 2.450 millones de dólares.
De esta forma, se emitieron bonos de compensación en pesos por un valor de 3.084 millones de pesos y de 7.323 millones de dólares, siendo éste el costo de la pesificación asimétrica.
Más allá de las importantes pérdidas de los ahorristas observamos cómo luego de la devaluación y de la pesificación asimétrica se pretende volver torpemente a un esquema de activos dolarizados, donde el costo recae principalmente en el Estado. El canje sugerido a los ahorristas se realizó bajo formas de chantaje encubiertas y con facilidades a las entidades financieras.
Los bancos suscribieron tres tipos de BODEN con adelantos del Banco Central. Estos son pagados por las instituciones como un préstamo en pesos al 2 por ciento anual más CER, y su cash-flow coincide con los pagos que el Tesoro deberá realizar por los bonos. O sea que "calza" temporalmente lo que se paga con lo que se cobra. La pequeña diferencia es que cobrará en pesos y se pagará en dólares.
El spread que haya momento a momento entre el tipo de cambio y 1,40 más CER será asumido por todos en beneficio de los bancos.
La garantía por los adelantos será la cartera activa, principalmente préstamos garantizados y deudas del sector público provincial, que tienen en promedio una duración más corta que la de los BODEN 2012, por lo que el
flujo de fondos también es favorable a las instituciones financieras.
En septiembre de 2002, se propuso otro canje para ahorristas, que fracasó ante la estabilidad del tipo de cambio, la recomposición de la liquidez bancaria y el éxito de los amparos para recuperar el capital original en dólares. Además, se generalizó la idea de un fallo redolarizador por parte de la Corte, y en un contexto de cierta estabilidad monetaria los ahorristas prefirieron esperar la devolución de su dinero en los plazos establecidos, o bien plantear un recurso de amparo.
Los últimos meses del año 2002 verán una constante presión de los banqueros para ser compensados por la diferencia entre el CVS y el CER, y por los amparos pagados a tipo de cambio de mercado, cuando los CEDROS están contabilizados a 1,40 peso. Estos items tendrán una validación en la carta de intención firmada con el Fondo Monetario Internacional por un monto de 8.900 millones de pesos en compensación.
Sin embargo, los bancos nada dicen de la refinanciación permanente del Banco Central de 17.300 millones de pesos en concepto de redescuentos, pero presionan para el matching entre capital e intereses de los redescuentos y el cash-flow de pagos del Tesoro por préstamos garantizados.
En la actualidad, el monto de depósitos reprogramados descendió fuertemente por efecto de los amparos, las cancelaciones de préstamos aplicando CEDROS y otras cancelaciones anticipadas de los bancos. Al 5 de marzo de 2003 se informa un stock de 8.886 millones de dólares de depósitos reprogramados, que serían los alcanzados por el fallo redolarizador de la Corte. Si suponemos un tipo de cambio de 3,20 pesos por dólar y un CER de 1,426 podemos calcular el costo fiscal de las compensaciones al sistema: la friolera de 17.660 millones de dólares.
Por lo tanto, debo decir que el "corralito" y el "corralón", puestos en marcha por Cavallo y mantenidos por la gestión actual, brindaron el tiempo suficiente para ejecutar el traslado de la crisis financiera hacia los pequeños y medianos ahorristas y hacia el conjunto de la sociedad, vía incremento de la deuda pública. De este modo, terminarán pagando el colapso del supuestamente solvente, dinámico y moderno sistema financiero afirmado en los 90 los argentinos que jamás pisaron un banco, entre ellos los cerca de diez millones de indigentes que habitan nuestro país, por medio del previsible ajuste fiscal por venir.
No quisiera que mi intervención cumpliera un mero rol testimonial. No es mi intención con esta intervención dejar constancia en el Diario de Sesiones de cuál fue la posición del bloque Socialista o de esta diputada feminista. Mi punto de vista pretendo que sea considerado por todos los señores diputados y señoras diputadas, especialmente de la bancada del oficialismo, aquellos que dicen haber venido a acompañar al presidente Kirchner en su gestión. Estoy absolutamente convencida -como decía un diputado los otros días- de que la mayoría de los que estamos aquí no respondemos a los intereses de privilegios sino que rendimos cuenta a la gente que nos votó en cada una de nuestras provincias y de nuestros lugares de origen.
Estoy absolutamente convencida de que no debemos actuar con obediencia debida frente al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y a los ministros de Economía de turno, que también pueden equivocarse. ¡Vaya si pueden equivocarse! Los otros días, un diputado justicialista dijo que ya se habían equivocado otros y que ahora ellos, oficialistas, también podían equivocarse. De lo que se trata, señor presidente, es de debatir en este ámbito -entre todos- tratando de no equivocarnos más. No importa quién esté en el gobierno. Tratemos de buscar causas comunes y de definir a quiénes debemos representar.
Para concluir, quiero dejar sentada mi posición en contra de este proyecto, por entender que los bancos han sido largamente compensados con anterioridad. Ellos fueron beneficiarios del sistema que se instauró en los últimos diez años. Además, aspiro a que a lo largo de este debate podamos realizar un análisis en común que nos permita dejar de lado este proyecto y tener una larga discusión con el ministro de Economía y con el presidente Kirchner sobre qué cuestiones y leyes en materia económica es necesario que sean tratadas por el Parlamento.
Sinceramente, creo que la ley de impunidad para algunos funcionarios en el ámbito del Banco Central que se sancionó la semana pasada y esta ley de compensaciones a los bancos son lamentablemente un punto de inflexión en el flamante gobierno del presidente Kirchner.
No puedo compartir ni votar una norma vinculada con los sectores del privilegio. No quiero entrar en el debate técnico sobre el CVS y el CER, pues la cuestión política en discusión no ha sido saldada.
No se entiende ni resulta justificada la necesidad de compensar a los bancos cuando éste ha sido uno de los sectores más beneficiados con las políticas económicas de los años 90.
En la Argentina los bancos constituyeron uno de los sectores de la acumulación de la riqueza y del privilegio. El blindaje y la compensación a los bancos fue hechos por adelantado. Entonces, a pesar del esfuerzo del ministro Lavagna por dar una imagen de duro contra el lobby banquero, su gestión está consolidando el blindaje del sistema financiero como continuidad del proceso iniciado por el doctor Cavallo con el decreto 1.387 de 2001 y luego continuado por Remes.
Las presiones de ABA y de ABAPRA ante el fallo de redolarización producido por la Corte para que el gobierno emitiera un bono compulsivo para cubrir la diferencia entre el 1,40 más CER, y el tipo de cambio libre y la aplicación del matching representaron sólo un capítulo más de la extensa lista de capitulaciones del poder político frente a los bancos.
La supuesta dureza de Lavagna contrasta con las facilidades obtenidas por el sistema financiero para disponer de liquidez y con las compensaciones ya obtenidas y las contempladas en la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional.
Más allá del resultado final de esta historia es útil recordar cómo distintas gestiones lograron preservar el patrimonio de los bancos mediante la socialización de los costos, aumentando la deuda pública y permitiendo la explosión del tipo de cambio.
El primer antecedente es el decreto 1.387/01. Previendo la crisis, el ministro Cavallo se propuso blindar las entidades financieras frente a una eventual corrida al mejorar sus balances con dos instrumentos centrales. EL primero consistió en permitir que los deudores morosos pudieran cancelar sus pasivos con títulos públicos, operatoria que estuvo vigente hasta el 15 de mayo de 2002.
Así, de tener que previsionar pérdidas cuantiosas por créditos impagos, los bancos pasaron a recibir títulos que convirtieron en préstamos garantizados con una ganancia patrimonial impresionante.
No se informó el monto involucrado en esta operatoria, pero a modo de ilustración podemos decir que al 31 de diciembre de 2001 la deuda en categoría cinco, superaba los diez mil millones. Considerando que en esa categoría las entidades deben previsionar el 50 por ciento, el impacto potencial en los balances fue evidente.
El segundo instrumento fue la fase I del canje de deuda pública que involucró unos dieciséis mil millones de dólares -en valor nominal- de títulos nacionales y unos nueve mil millones de dólares de deudas provinciales. En el momento del canje los títulos cotizaban en promedio al 35 por ciento de su valor nominal y los préstamos garantizados se imputarían al ciento por ciento. El impacto real sería entonces de más de diez mil millones de dólares, computando la diferencia entre el valor de mercado y el nominal.
La historia de la crisis continúa y el 3 de diciembre de 2001 se impusieron restricciones a la extracción de depósitos en efectivo -el famoso "corralito"- y a las transferencias al exterior. El 28 de diciembre de 2001 se declaró la cesación de pagos de la deuda del sector público y el 7 de enero de 2002 se promulgó la ley 25.561, por la que se autoriza al Poder Ejecutivo a modificar el régimen cambiario.
El 9 de enero de 2002 se promulgó el decreto 71/02 que devalúa la moneda estableciendo una paridad de 1,40 peso por dólar con un doble mercado, y a partir de febrero con mercado único.
Días después, el gobierno introdujo una reprogramación compulsiva de los depósitos a plazo fijo y de los transaccionales en dólares -el "corralón". Las decisiones se fueron tomando tratando de distribuir los costos de la crisis entre los depositantes, los deudores, los bancos y el Estado. Pero prevaleció la respuesta política de que el Estado saliera a proteger a deudores y ahorristas, prometiendo preservar los dólares de éstos y pesificando deudas uno a uno, a pesar de la inconsistencia a nivel patrimonial de los bancos y a lo insostenible que resultaba esa solución desde el punto de vista fiscal.
El siguiente capítulo se refiere a la pesificación asimétrica. El decreto 214/02 dispuso mantener los préstamos privados pesificados uno a uno y se pesificaron los depósitos a 1,40 más CER. Para solucionar la pérdida patrimonial de esta asimetría los bancos serían compensados por el Tesoro.
Estas medidas afectaron negativamente el patrimonio neto de los bancos; gran parte de los pasivos y parte de los activos se pesificaron a 1,40 y las líneas de crédito con el exterior quedaron en dólares. El gobierno resolvió socializar esta pérdida patrimonial y compensar a las instituciones financieras.
El cálculo de la compensación se realizó -como todos sabemos- de la siguiente manera. El patrimonio financiero neto del sistema antes de la devaluación era de nueve mil millones de pesos, integrado por una posición negativa en pesos de 1.553 millones de pesos y una posición positiva de 10.553 millones de dólares. La devaluación hubiera incrementado el patrimonio financiero neto del sistema a 13.221 millones de pesos.
El decreto 905/02 estableció que el bono de compensación se calculase de manera que el patrimonio financiero neto de los bancos, medido en pesos luego de la pesificación asimétrica, quedase en 13.221 millones de pesos; es decir, incluyendo la ganancia por devaluación.
Debido a que el bono de compensación en pesos -el BODEN 2007-, no solucionaba el problema del descalce de monedas, se permitió a los bancos canjear el bono en pesos por un bono en dólares a un 1,40 peso por dólar hasta el importe de la posición negativa en dólares. En esta condición se emitieron BODEN 2012 por 2.450 millones de dólares.
De esta forma, se emitieron bonos de compensación en pesos por un valor de 3.084 millones de pesos y de 7.323 millones de dólares, siendo éste el costo de la pesificación asimétrica.
Más allá de las importantes pérdidas de los ahorristas observamos cómo luego de la devaluación y de la pesificación asimétrica se pretende volver torpemente a un esquema de activos dolarizados, donde el costo recae principalmente en el Estado. El canje sugerido a los ahorristas se realizó bajo formas de chantaje encubiertas y con facilidades a las entidades financieras.
Los bancos suscribieron tres tipos de BODEN con adelantos del Banco Central. Estos son pagados por las instituciones como un préstamo en pesos al 2 por ciento anual más CER, y su cash-flow coincide con los pagos que el Tesoro deberá realizar por los bonos. O sea que "calza" temporalmente lo que se paga con lo que se cobra. La pequeña diferencia es que cobrará en pesos y se pagará en dólares.
El spread que haya momento a momento entre el tipo de cambio y 1,40 más CER será asumido por todos en beneficio de los bancos.
La garantía por los adelantos será la cartera activa, principalmente préstamos garantizados y deudas del sector público provincial, que tienen en promedio una duración más corta que la de los BODEN 2012, por lo que el
flujo de fondos también es favorable a las instituciones financieras.
En septiembre de 2002, se propuso otro canje para ahorristas, que fracasó ante la estabilidad del tipo de cambio, la recomposición de la liquidez bancaria y el éxito de los amparos para recuperar el capital original en dólares. Además, se generalizó la idea de un fallo redolarizador por parte de la Corte, y en un contexto de cierta estabilidad monetaria los ahorristas prefirieron esperar la devolución de su dinero en los plazos establecidos, o bien plantear un recurso de amparo.
Los últimos meses del año 2002 verán una constante presión de los banqueros para ser compensados por la diferencia entre el CVS y el CER, y por los amparos pagados a tipo de cambio de mercado, cuando los CEDROS están contabilizados a 1,40 peso. Estos items tendrán una validación en la carta de intención firmada con el Fondo Monetario Internacional por un monto de 8.900 millones de pesos en compensación.
Sin embargo, los bancos nada dicen de la refinanciación permanente del Banco Central de 17.300 millones de pesos en concepto de redescuentos, pero presionan para el matching entre capital e intereses de los redescuentos y el cash-flow de pagos del Tesoro por préstamos garantizados.
En la actualidad, el monto de depósitos reprogramados descendió fuertemente por efecto de los amparos, las cancelaciones de préstamos aplicando CEDROS y otras cancelaciones anticipadas de los bancos. Al 5 de marzo de 2003 se informa un stock de 8.886 millones de dólares de depósitos reprogramados, que serían los alcanzados por el fallo redolarizador de la Corte. Si suponemos un tipo de cambio de 3,20 pesos por dólar y un CER de 1,426 podemos calcular el costo fiscal de las compensaciones al sistema: la friolera de 17.660 millones de dólares.
Por lo tanto, debo decir que el "corralito" y el "corralón", puestos en marcha por Cavallo y mantenidos por la gestión actual, brindaron el tiempo suficiente para ejecutar el traslado de la crisis financiera hacia los pequeños y medianos ahorristas y hacia el conjunto de la sociedad, vía incremento de la deuda pública. De este modo, terminarán pagando el colapso del supuestamente solvente, dinámico y moderno sistema financiero afirmado en los 90 los argentinos que jamás pisaron un banco, entre ellos los cerca de diez millones de indigentes que habitan nuestro país, por medio del previsible ajuste fiscal por venir.
No quisiera que mi intervención cumpliera un mero rol testimonial. No es mi intención con esta intervención dejar constancia en el Diario de Sesiones de cuál fue la posición del bloque Socialista o de esta diputada feminista. Mi punto de vista pretendo que sea considerado por todos los señores diputados y señoras diputadas, especialmente de la bancada del oficialismo, aquellos que dicen haber venido a acompañar al presidente Kirchner en su gestión. Estoy absolutamente convencida -como decía un diputado los otros días- de que la mayoría de los que estamos aquí no respondemos a los intereses de privilegios sino que rendimos cuenta a la gente que nos votó en cada una de nuestras provincias y de nuestros lugares de origen.
Estoy absolutamente convencida de que no debemos actuar con obediencia debida frente al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y a los ministros de Economía de turno, que también pueden equivocarse. ¡Vaya si pueden equivocarse! Los otros días, un diputado justicialista dijo que ya se habían equivocado otros y que ahora ellos, oficialistas, también podían equivocarse. De lo que se trata, señor presidente, es de debatir en este ámbito -entre todos- tratando de no equivocarnos más. No importa quién esté en el gobierno. Tratemos de buscar causas comunes y de definir a quiénes debemos representar.
Para concluir, quiero dejar sentada mi posición en contra de este proyecto, por entender que los bancos han sido largamente compensados con anterioridad. Ellos fueron beneficiarios del sistema que se instauró en los últimos diez años. Además, aspiro a que a lo largo de este debate podamos realizar un análisis en común que nos permita dejar de lado este proyecto y tener una larga discusión con el ministro de Economía y con el presidente Kirchner sobre qué cuestiones y leyes en materia económica es necesario que sean tratadas por el Parlamento.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
La Presidencia desea saber si el señor diputado Polino se da cuenta de que sólo es incorregible un sector político. No es cuestión de que cada señor diputado hable veinte minutos, porque los bloques disponen de un tiempo determinado. Por eso, la Presidencia pide que lo respetemos. Todavía falta que hagan uso de la palabra seis diputados. Si cada bloque dispone de media hora, los diputados de ese bloque no pueden hablar durante veinticinco minutos cada uno, porque así finalizaremos el tratamiento de este proyecto a las once de la noche, y es intención de la Presidencia tratar otras iniciativas. Entonces, la Presidencia reitera su pedido para que se respeten los tiempos parlamentarios.
Tiene la palabra la señora diputada por la Capital, quiem había solicitado una interrupción.
Tiene la palabra la señora diputada por la Capital, quiem había solicitado una interrupción.
SRA. PEREZ SUAREZ, INES (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: escuché atentamente lo leído por la señora diputada por la Capital, pero disiento con sus últimas expresiones -por eso en su momento solicité la interrupción que en principio no me fue concedida-, que no leyó, con respecto a la posición de las mujeres del oficialismo.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires, quien comparte su tiempo con el señor diputado L'Huillier.
SR. ALLENDE, ALFREDO ESTANISLAO (BUENOS AIRES):
Señor presidente: todavía resuenan las palabras del colega Peláez, de Neuquén, cuando señalaba que los bancos actúan en forma socialista en los casos en los que hay pérdidas, pero son profundamente individualistas, egoístas y capitalistas cuando se trata de beneficios.
Por eso se hace sumamente difícil desde el Frente del Movimiento Popular acompañar este proyecto, no solamente por las razones sesudas y técnicas que se han venido dando sino también por razones políticas e históricas.
Si me permiten, trataré de ser breve, pero creo que será muy divertido apreciar cuál ha sido el espíritu financiero que ha agobiado a este país desde sus inicios.
Nos ubicamos en los años 1820, con un crédito de un millón de libras esterlinas pedido por el Estado de la provincia de Buenos Aires. Lo primero que se hizo es lo que en la actualidad realizan las AFJP. Como era de tipo setenta, dijeron que iban a mandar setecientas mil libras esterlinas. Pero se presentaron problemas por servicios adelantados; había que pagar cuatro servicios adelantados.
Entonces, hicieron el ademán de enviarnos 552.000 libras; ya estábamos en la mitad. Sin embargo, los descuentos no terminaron ahí. Como la voracidad de los intermediarios existía entonces como ahora, se habló de 450.000 libras, que tampoco fueron las que enviaron. ¿Saben cuánto enviaron? Esto estuvo sostenido legalmente desde nuestra posición de argentinos, y en esa ocasión nuestro país perdió la oportunidad de conformar un solo Estado con la República Oriental del Uruguay, porque estaba venciendo en la guerra con el Brasil. Esto muy bien lo saben los legisladores que aman la historia, entre otros, el señor diputado Lorenzo Pepe. Llegó un 5 o un 6 por ciento en metálico para que se sintiera su olor, como bien señaló el inolvidable historiador José María Rosa; el resto fue una orden para que se pagara a través de letras de cambio contra comerciantes de Buenos Aires de origen inglés. Es decir que por este mecanismo ingenioso el crédito argentino se devolvía a un alto interés, y el pueblo argentino lo pagaba.
Esa estafa de "guantes blancos" -la primera gran estafa; así estamos- culminó de la siguiente manera: a principios del siglo XIX se devolvió mil veces el valor nominal del capital que nunca fue enviado.
A quienes tenían bonos -como los que hoy no podemos evitar pagar-, Rosa -con su espíritu un tanto chúcaro- denominaba "bondoleros" ya que la palabra en inglés es bonds.
"Al surgir las deudas del Estado, el pecado contra el Espíritu Santo, para el que no hay remisión, cede el puesto al perjurio contra la deuda pública". Esta ironía de alto nivel es señalada por Carlos Marx en el primer tomo de El Capital.
Nuestro Domingo Faustino Sarmiento, hacia 1886, remedaba el Himno Nacional diciendo: "Calle Esparta su virtud/ sus hazañas calle Roma/silencio que al mundo asoma/ la gran deudora del sur". Era la República Argentina. Ahora estamos con deudas internas y externas; ni siquiera aquellos hombres que tuvieron visión podrían haber concebido que esas deudas adquirieran tal naturaleza.
Los bancos son los intermediarios, propietarios e impulsores permanentes de la deuda interna y externa argentina; estos socialistas de las pérdidas, propietarios de las AFJP, hacen como la Baring: se quedan, como mínimo, con un 30 por ciento del aporte de entrada, y además, recogen el dinero de nuestro pueblo para prestar al Estado argentino y recibir sus beneficios y subvenciones directas o indirectas del propio Estado y del pueblo argentinos.
Los bancos son los impulsores, intermediarios, dadores, custodios de bonos de la gigantesca deuda; los propietarios, intervinientes y hasta administradores del colosal proceso de privatización -el más grande que se haya dado en el mundo occidental. Sentados sobre sus inmensos depósitos mientras languidecen decenas de miles de empresas productoras, estos bancos prestan el dinero usurario a quienes ellos quieren y -según dicen- tienen suficiente crédito. Al mismo tiempo, eliminan miles de empleados haciendo reestructuraciones que contraen aún más el mercado interno argentino.
Ahora quieren indemnizaciones, que llaman "compensaciones". No se sienten compensados por los cientos de millones de dólares que en los últimos once o doce añoshan recibido como beneficio del pueblo argentino. Quieren las compensaciones, aunque sean migajas. Incluso, ello parece estar ligado al principio de sostenimiento de un sistema de exacciones, que permite la expoliación del pueblo argentino.
Por supuesto que ellos no sólo lo solicitan en forma local, sino también mediante su representante natural, que es el Fondo Monetario Internacional. Se trata del mismo organismo que cuando otorga su primer crédito en la década del 50 elige a Bélgica, a los efectos de expandir la producción de aquel pequeño país que, merced a esa ayuda, se lanzó a un plan de desarrollo integral.
Por supuesto que en aquel momento la cuestión de la Guerra Fría causaba temor, dada la posibilidad del avance de las ideas socialistas y soviéticas. Consiguientemente, existía otro espíritu con respecto a la colaboración que debía darse a los países para detener la denominada marea roja.
Ahora que ha caído el imperio soviético, lo único que interesa al Fondo Monetario Internacional es defender los intereses de los grandes bancos internacionales; es decir, de las cincuenta entidades financieras que manejan en el mundo el libre comercio, el libre cambio y el libre fluir de los capitales, lo que les permite hacer lo que se les antoja.
Para permitir que mi colega de bancada intervenga en el debate, quiero terminar señalando que una vez más estamos hablando de finanzas y no de producción. Ya lo hemos mencionado en la reunión anterior, al igual que la primera vez que hemos participado en una sesión.
Creo que también lo acaba de decir una colega del ARI o del socialismo. Es necesario que el instrumento que representa el Congreso Nacional esté al servicio de la lucha por el desarrollo argentino, de la producción y del trabajo, evitando estas discusiones que atañen a compensaciones destinadas a quienes literalmente nos han sacado el dinero del bolsillo, tal como ha sucedido a muchos argentinos; incluso, algunos están aquí presentes.
Fueron consultados dos profesores del plan Fénix con respecto a este tema. Nos dijeron: "Se estima que aunque se le ponga un límite al proyecto para compensar a los bancos, nuevamente los contribuyentes y las futuras generaciones pagarán con mayor deuda los parches normativos y legislativos del presente.
"En una economía vigorosa, con un proyecto integrado de desarrollo que priorice la producción y el empleo, la asignación de recursos escasos del Estado debería orientarse directamente a dichas prioridades, que contemplan el bien común y la estrategia nacional de largo plazo, y no dedicarse a resolverles los problemas corporativos a ciertos sectores que fueron excedentarios durante más de una década."
Aspiro a que esta sea una de las últimas veces que nos dedicamos a tratar de beneficiar al sistemacorporativo que desde 1820 y tantos nos sigue explotando y sesgando la posibilidad de producción nacional.
Por eso se hace sumamente difícil desde el Frente del Movimiento Popular acompañar este proyecto, no solamente por las razones sesudas y técnicas que se han venido dando sino también por razones políticas e históricas.
Si me permiten, trataré de ser breve, pero creo que será muy divertido apreciar cuál ha sido el espíritu financiero que ha agobiado a este país desde sus inicios.
Nos ubicamos en los años 1820, con un crédito de un millón de libras esterlinas pedido por el Estado de la provincia de Buenos Aires. Lo primero que se hizo es lo que en la actualidad realizan las AFJP. Como era de tipo setenta, dijeron que iban a mandar setecientas mil libras esterlinas. Pero se presentaron problemas por servicios adelantados; había que pagar cuatro servicios adelantados.
Entonces, hicieron el ademán de enviarnos 552.000 libras; ya estábamos en la mitad. Sin embargo, los descuentos no terminaron ahí. Como la voracidad de los intermediarios existía entonces como ahora, se habló de 450.000 libras, que tampoco fueron las que enviaron. ¿Saben cuánto enviaron? Esto estuvo sostenido legalmente desde nuestra posición de argentinos, y en esa ocasión nuestro país perdió la oportunidad de conformar un solo Estado con la República Oriental del Uruguay, porque estaba venciendo en la guerra con el Brasil. Esto muy bien lo saben los legisladores que aman la historia, entre otros, el señor diputado Lorenzo Pepe. Llegó un 5 o un 6 por ciento en metálico para que se sintiera su olor, como bien señaló el inolvidable historiador José María Rosa; el resto fue una orden para que se pagara a través de letras de cambio contra comerciantes de Buenos Aires de origen inglés. Es decir que por este mecanismo ingenioso el crédito argentino se devolvía a un alto interés, y el pueblo argentino lo pagaba.
Esa estafa de "guantes blancos" -la primera gran estafa; así estamos- culminó de la siguiente manera: a principios del siglo XIX se devolvió mil veces el valor nominal del capital que nunca fue enviado.
A quienes tenían bonos -como los que hoy no podemos evitar pagar-, Rosa -con su espíritu un tanto chúcaro- denominaba "bondoleros" ya que la palabra en inglés es bonds.
"Al surgir las deudas del Estado, el pecado contra el Espíritu Santo, para el que no hay remisión, cede el puesto al perjurio contra la deuda pública". Esta ironía de alto nivel es señalada por Carlos Marx en el primer tomo de El Capital.
Nuestro Domingo Faustino Sarmiento, hacia 1886, remedaba el Himno Nacional diciendo: "Calle Esparta su virtud/ sus hazañas calle Roma/silencio que al mundo asoma/ la gran deudora del sur". Era la República Argentina. Ahora estamos con deudas internas y externas; ni siquiera aquellos hombres que tuvieron visión podrían haber concebido que esas deudas adquirieran tal naturaleza.
Los bancos son los intermediarios, propietarios e impulsores permanentes de la deuda interna y externa argentina; estos socialistas de las pérdidas, propietarios de las AFJP, hacen como la Baring: se quedan, como mínimo, con un 30 por ciento del aporte de entrada, y además, recogen el dinero de nuestro pueblo para prestar al Estado argentino y recibir sus beneficios y subvenciones directas o indirectas del propio Estado y del pueblo argentinos.
Los bancos son los impulsores, intermediarios, dadores, custodios de bonos de la gigantesca deuda; los propietarios, intervinientes y hasta administradores del colosal proceso de privatización -el más grande que se haya dado en el mundo occidental. Sentados sobre sus inmensos depósitos mientras languidecen decenas de miles de empresas productoras, estos bancos prestan el dinero usurario a quienes ellos quieren y -según dicen- tienen suficiente crédito. Al mismo tiempo, eliminan miles de empleados haciendo reestructuraciones que contraen aún más el mercado interno argentino.
Ahora quieren indemnizaciones, que llaman "compensaciones". No se sienten compensados por los cientos de millones de dólares que en los últimos once o doce añoshan recibido como beneficio del pueblo argentino. Quieren las compensaciones, aunque sean migajas. Incluso, ello parece estar ligado al principio de sostenimiento de un sistema de exacciones, que permite la expoliación del pueblo argentino.
Por supuesto que ellos no sólo lo solicitan en forma local, sino también mediante su representante natural, que es el Fondo Monetario Internacional. Se trata del mismo organismo que cuando otorga su primer crédito en la década del 50 elige a Bélgica, a los efectos de expandir la producción de aquel pequeño país que, merced a esa ayuda, se lanzó a un plan de desarrollo integral.
Por supuesto que en aquel momento la cuestión de la Guerra Fría causaba temor, dada la posibilidad del avance de las ideas socialistas y soviéticas. Consiguientemente, existía otro espíritu con respecto a la colaboración que debía darse a los países para detener la denominada marea roja.
Ahora que ha caído el imperio soviético, lo único que interesa al Fondo Monetario Internacional es defender los intereses de los grandes bancos internacionales; es decir, de las cincuenta entidades financieras que manejan en el mundo el libre comercio, el libre cambio y el libre fluir de los capitales, lo que les permite hacer lo que se les antoja.
Para permitir que mi colega de bancada intervenga en el debate, quiero terminar señalando que una vez más estamos hablando de finanzas y no de producción. Ya lo hemos mencionado en la reunión anterior, al igual que la primera vez que hemos participado en una sesión.
Creo que también lo acaba de decir una colega del ARI o del socialismo. Es necesario que el instrumento que representa el Congreso Nacional esté al servicio de la lucha por el desarrollo argentino, de la producción y del trabajo, evitando estas discusiones que atañen a compensaciones destinadas a quienes literalmente nos han sacado el dinero del bolsillo, tal como ha sucedido a muchos argentinos; incluso, algunos están aquí presentes.
Fueron consultados dos profesores del plan Fénix con respecto a este tema. Nos dijeron: "Se estima que aunque se le ponga un límite al proyecto para compensar a los bancos, nuevamente los contribuyentes y las futuras generaciones pagarán con mayor deuda los parches normativos y legislativos del presente.
"En una economía vigorosa, con un proyecto integrado de desarrollo que priorice la producción y el empleo, la asignación de recursos escasos del Estado debería orientarse directamente a dichas prioridades, que contemplan el bien común y la estrategia nacional de largo plazo, y no dedicarse a resolverles los problemas corporativos a ciertos sectores que fueron excedentarios durante más de una década."
Aspiro a que esta sea una de las últimas veces que nos dedicamos a tratar de beneficiar al sistemacorporativo que desde 1820 y tantos nos sigue explotando y sesgando la posibilidad de producción nacional.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.
SR. L'HUILLIER, JOSE GUILLERMO (SAN LUIS):
Señor presidente: quiero destacar dos aspectos de este proyecto que creo son gravemente deficientes. Uno de ellos es el mantenimiento de coeficientes o índices de actualización. La República Argentina tiene una nefasta experiencia con la indexación, que comenzó en la década del 70 y que incluso quitó al Estado el monopolio de la generación de moneda, porque en definitiva era a través de los contratos o de las liquidaciones judiciales como se determinaba el valor de la moneda. Hemos presenciado innumerables estafas procesales en liquidaciones judiciales en donde por la simple variación de una coma o incorporación de una cifra se generaban estafas que después eran convalidadas por sentencias.
Este es un gravísimo precedente. Por eso, creo que lo que deberíamos propiciar en este recinto es lisa y llanamente la derogación del CVS, porque estamos sentando el precedente de volver a los sistemas de actualización monetaria e indexación, que seguramente en algún momento la Justicia va a adoptar para dar solución a las consecuencias de una pesificación asimétrica. Con respecto a esta última, creo que también fue un gravísimo error económico y político y un desaguisado jurídico.
En última instancia, los procesos indexatorios no sólo afectan a los sectores de menores recursos y a los pequeños y medianos productores, sino que también subvierten todas las instituciones jurídicas. La indexación terminó con todas las instituciones jurídicas del país durante su vigencia; no había más precios en los contratos de compraventa ni en las locaciones, y en definitiva los deudores tenían que pagar los montos que se determinaban por cláusulas contractuales o por resoluciones judiciales en donde ni siquiera era el Banco Central el que fijaba el valor de la moneda.
Por lo tanto, es irrazonable mantener sistemas de actualización monetaria. Lisa y llanamente deberíamos derogar este sistema de actualización, respecto del cual algunos señores diputados preopinantes han manifestado que es injusto e irrazonable porque se trata de una actualización en función de aumentos salariales que ni siquiera alcanzan a todos los trabajadores de la República Argentina.
El otro aspecto gravísimo que quiero destacar es el de la compensación a los bancos, a través de la cual se beneficia de nuevo a un sector que ha sido el gran causante de la destrucción del aparato productivo del país. Nadie pudo cambiar la lógica de la especulación financiera que impera en el mundo desde 1974, después de la crisis del petróleo, que reemplazó a nivel global la lógica de la producción por la de la especulación, pero creemos que tenemos que empezar a generar instrumentos legales para preservar los intereses del país, de los productores y de las provincias de esta lógica perversa de la especulación financiera.
Por último, para fundamentar la posición del bloque del Movimiento Nacional y Popular quiero decir que en la Argentina de hoy justicia social es trabajo, es generar empleo y es terminar con la exclusión para generar inclusión.
Este es un gravísimo precedente. Por eso, creo que lo que deberíamos propiciar en este recinto es lisa y llanamente la derogación del CVS, porque estamos sentando el precedente de volver a los sistemas de actualización monetaria e indexación, que seguramente en algún momento la Justicia va a adoptar para dar solución a las consecuencias de una pesificación asimétrica. Con respecto a esta última, creo que también fue un gravísimo error económico y político y un desaguisado jurídico.
En última instancia, los procesos indexatorios no sólo afectan a los sectores de menores recursos y a los pequeños y medianos productores, sino que también subvierten todas las instituciones jurídicas. La indexación terminó con todas las instituciones jurídicas del país durante su vigencia; no había más precios en los contratos de compraventa ni en las locaciones, y en definitiva los deudores tenían que pagar los montos que se determinaban por cláusulas contractuales o por resoluciones judiciales en donde ni siquiera era el Banco Central el que fijaba el valor de la moneda.
Por lo tanto, es irrazonable mantener sistemas de actualización monetaria. Lisa y llanamente deberíamos derogar este sistema de actualización, respecto del cual algunos señores diputados preopinantes han manifestado que es injusto e irrazonable porque se trata de una actualización en función de aumentos salariales que ni siquiera alcanzan a todos los trabajadores de la República Argentina.
El otro aspecto gravísimo que quiero destacar es el de la compensación a los bancos, a través de la cual se beneficia de nuevo a un sector que ha sido el gran causante de la destrucción del aparato productivo del país. Nadie pudo cambiar la lógica de la especulación financiera que impera en el mundo desde 1974, después de la crisis del petróleo, que reemplazó a nivel global la lógica de la producción por la de la especulación, pero creemos que tenemos que empezar a generar instrumentos legales para preservar los intereses del país, de los productores y de las provincias de esta lógica perversa de la especulación financiera.
Por último, para fundamentar la posición del bloque del Movimiento Nacional y Popular quiero decir que en la Argentina de hoy justicia social es trabajo, es generar empleo y es terminar con la exclusión para generar inclusión.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
SR. CANTINI, GUILLERMO MARCELO (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: nuestro bloque va a votar en forma negativa este proyecto porque entendemos que se está tratando en forma desigual a los ciudadanos argentinos. Pareciera ser que con el decreto 214, que recuerdo a los colegas que todavía no fue refrendado por ley en esta Cámara y que aún se encuentra en discusión en la Corte Suprema si es o no constitucional, seguimos emparchando los desaguisados que se hicieron a partir de una devaluación asimétrica.
Parecería que solamente perdió en la Argentina un solo sector, el bancario, que los demás ciudadanos tenemos el mismo poder adquisitivo, que nuestras propiedades valen lo mismo y que nuestras cosas valen igual. Parece ser que para el gobierno nosotros pasamos inadvertidos porque solamente se está pensando en compensar a un sector de la economía.
Ese sector tiene descontadas las pérdidas, porque como bien se dijo aquí, en la época de la convertibilidad, cuando el dólar y el peso estaban uno a uno, muchos de los bancos cobraban una sobretasa por riesgo inflacionario. Cuando vino la eclosión de la convertibilidad, por corridas que generaron esos mismos bancos, pidiendo a sus clientes que retiraran los fondos, presionaron al ministro de Economía de turno, hoy embajador en la Unión Europea, para que se hiciera esa pesificación asimétrica.
De esa forma no solamente estaban buscando un bono compensador sino tratando de compensar todos sus desaguisados y todos sus créditos incobrables, porque cuando se presentaron los balances de los bancos, que indicaban lo que debía la gente, no solamente se expuso lo cobrable sino que también compensamos por lo incobrable.
Muchos de esos bancos no se comportaron como deberían hacerlo en un país civilizado. Ahora, luego de que la mayoría de nosotros perdió el 70 por ciento de su poder adquisitivo y más del 50 por ciento del valor de sus propiedades, de que mucha gente cayera después de la devaluación bajo la línea de pobreza -casi el 50 por ciento de la gente lo está-, estamos discutiendo si corresponde o no una compensación al sistema financiero.
Realmente, debemos pensar qué pasó en la Argentina en estos últimos dos años, y cómo hacemos para salir de este desaguisado que produjo el decreto 214, pero no creo que la solución sea favorecer a un solo sector de la economía. No creo que debamos transferir 2.800 millones de pesos al sector bancario.
Parecería que solamente perdió en la Argentina un solo sector, el bancario, que los demás ciudadanos tenemos el mismo poder adquisitivo, que nuestras propiedades valen lo mismo y que nuestras cosas valen igual. Parece ser que para el gobierno nosotros pasamos inadvertidos porque solamente se está pensando en compensar a un sector de la economía.
Ese sector tiene descontadas las pérdidas, porque como bien se dijo aquí, en la época de la convertibilidad, cuando el dólar y el peso estaban uno a uno, muchos de los bancos cobraban una sobretasa por riesgo inflacionario. Cuando vino la eclosión de la convertibilidad, por corridas que generaron esos mismos bancos, pidiendo a sus clientes que retiraran los fondos, presionaron al ministro de Economía de turno, hoy embajador en la Unión Europea, para que se hiciera esa pesificación asimétrica.
De esa forma no solamente estaban buscando un bono compensador sino tratando de compensar todos sus desaguisados y todos sus créditos incobrables, porque cuando se presentaron los balances de los bancos, que indicaban lo que debía la gente, no solamente se expuso lo cobrable sino que también compensamos por lo incobrable.
Muchos de esos bancos no se comportaron como deberían hacerlo en un país civilizado. Ahora, luego de que la mayoría de nosotros perdió el 70 por ciento de su poder adquisitivo y más del 50 por ciento del valor de sus propiedades, de que mucha gente cayera después de la devaluación bajo la línea de pobreza -casi el 50 por ciento de la gente lo está-, estamos discutiendo si corresponde o no una compensación al sistema financiero.
Realmente, debemos pensar qué pasó en la Argentina en estos últimos dos años, y cómo hacemos para salir de este desaguisado que produjo el decreto 214, pero no creo que la solución sea favorecer a un solo sector de la economía. No creo que debamos transferir 2.800 millones de pesos al sector bancario.
- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1° de la Honorable Cámara, don Oraldo Norvel Britos.
SR. CANTINI, GUILLERMO MARCELO (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Todos perdimos, pero todos apechugamos y seguimos en este país. Creo que el sector bancario tendría que descontar las pérdidas y seguir invirtiendo en el país, pensando que a veces se gana y a veces se pierde; no todas tienen que ser para un mismo lado.
SR. PRESIDENTE(BRITOS)
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
SR. MARTINEZ RAYMONDA, RAFAEL J. (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: hemos estado escuchando a los señores oradores en representación de los distintos bloques, y ha prevalecido como tono de esta exposición general sobre este proyecto de ley la historia del pasado reciente en materia financiera de la República Argentina, con los desaguisados de los que estamos queriendo salir con parches, que paralela y circunstancialmente se van poniendo a medida que las circunstancias van exigiendo algún remedio a esta catástrofe que se generó a partir de fines de 2001, pero que se gestó largos años antes con la política de endeudamiento fácil que tuvo la Argentina.
Hay que advertir que la Argentina era uno de los paraísos financieros del mundo: se ofrecían a los mercados internacionales títulos con la garantía de la Nación a una tasa de entre el 8 y el 11 por ciento, con moneda de cambio uno a uno, con seguridad cambiaria y con aplausos del Fondo Monetario a quienes conducían el país, como si se utilizara el paradigma de la buena administración financiera.
Mientras esto ocurría, los mercados financieros internacionales tenían tasas del 2 por ciento, y algunos de menos del 1 por ciento. La toma de títulos argentinos era realmente la panacea universal. Pero a nosotros, aquí, el árbol nos impedía ver el bosque. Éramos incapaces de entender que el endeudamiento creciente del presupuesto nacional y del Tesoro del país -que, si lo vemos como lo señalé en mi discurso sobre el presupuesto del año pasado, arrancó con un financiamiento de tres mil millones en 1993 y terminó con uno de 62.000 millones para el que está rigiendo- hacía evidente que esa masa de créditos que tomábamos alegremente iba a producir en algún momento la misma explosión que la masa no penetrable, porque era imposible seguir inflando ese globo, al extremo de que reventó. Para los argentinos, reventó en diciembre de 2001, y para los tenedores de los títulos que estaban afuera, reventó entre enero y abril de ese mismo año, porque ya estaban alertas de que había que salir de la posición argentina. Lo mejor era adoptar dos caminos: los títulos que tenían en cartera los brokers y bancos extranjeros, sobre todo los europeos, con esta magnífica rentabilidad, se los pasaron a sus clientes directos, que eran los tomadores de los fondos de inversión.
Entonces, a este problema que ahora padecemos debemos agregar que lo que antes estaba concentrado en treinta o cincuenta grandes acreedores ha pasado a estar ahora en manos de un millón de acreedores individuales, que generan un tremendo problema para la política que ahora tenemos que encarar en materia de renegociación con los privados.
Aquí no se adoptó la misma medida de salvación que tomaron los tenedores de nuestros títulos. Tendría que haber existido una reacción interna o el coraje de salir de la ortodoxia e impedir desde un comienzo la salida del dinero que se empezó a producir a partir de 2001, es decir, una actitud que sí podemos calificar de heroica: cortar el drenaje de entrada, pasando por sobre los cánones que resultan satisfactorios, bellos u ortodoxos para alguna economía. No lo hicimos. El año 2001 llegó con un default casi payasesco. Pocos días después se sanciona la ley 25.661 y el decreto 214/02, con la pesificación asimétrica y todas sus consecuencias, que no voy a repetir ahora porque las hemos escuchado suficientemente por parte de varios señores diputados.
Estamos totalmente de acuerdo con respecto a lo que pasó, aunque no con la forma en que debemos salir de esto. Ocurre que de eso salimos también asimétricamente, porque en la primera etapa se pagó muy rápido la diferencia con el 1,40, sin analizar bien cómo estaban constituidos los activos y los pasivos de los bancos.
No debemos olvidar que la mitad de los depósitos en la Argentina están en los bancos del sector público, como el Banco de la Nación Argentina, el Banco Provincia y el Banco Ciudad y en otros bancos provinciales de igual carácter, pero se habían ido los otros bancos, los que eran tradicionalmente argentinos, de distintos orígenes. Algunos pertenecían a comunidades o eran representaciones de distintas nacionalidades, como la española, la italiana o la francesa. Si bien tenían su arraigo y sus propias contrataciones o conexiones de tipo internacional, a la hora de ver el negocio se fueron transformando total y absolutamente en bancos de capitales extranjeros que con el rótulo de filiales y promocionando su potencialidad económica en el mundo se presentaban como los grupos A, B o C, y a la gente le hacían ver que detrás de sus depósitos estaban los grandes depósitos de las casas matrices de España, Francia, Estados Unidos o Inglaterra, que a la hora de las dificultades iban a darnos una mano. Pero no nos han dado ni la mano ni la espalda. Nos dejaron caer, crearon una psicosis y facilitaron la apertura de un paso para que el efecto de la puerta 12 de la cancha de River no se diera en el plano financiero y así, suavemente, sin darnos cuenta, nos llevaron el 15, 18, 20, 30 ó 42 por ciento -ni siquiera eso lo sabemos con certeza- de los depósitos argentinos.
Luego, como había que resolver el tema, se produjo una pesificación brusca, violenta y asimétrica, con perdedores y ganadores. Algunos no se dieron cuenta de que faltó la tercera pata a la mesa, porque tras la pesificación asimétrica venía el seguro de cambio para las deudas con el exterior. Sin embargo, a este último no alcanzaron a consolidarlo, y con él la situación hubiera sido tremendamente peor.
La pesificación asimétrica se la compensaron a los bancos, y las cifras son de entre nueve y diez mil millones de dólares o entre veintiséis y veintiocho mil millones de pesos. Como bien lo señaló el señor diputado Polino, allí incluyeron a las mutuales pero sin posibilitarles el uso de ese beneficio.
El Poder Ejecutivo nacional remitió el 1° de abril el proyecto de ley contenido en el expediente0011-pe-2003 . El artículo 1° de ese texto compensaba los efectos generados por las sentencias definitivas con motivo de los amparos. Como bien lo expresó un diputado preopinante, lo único que nos faltaba, en pleno juicio donde estábamos sosteniendo la inconstitucionalidad de las acciones de amparo, era decir que íbamos a pagar las sentencias definitivas. No he visto un caso más patético de la teoría de los actos propios producidos por un Estado con total y absoluta ceguera de lo que estaba en juego. Menos mal que en la comisión se modificó la cuestión, y nos salvamos de reconocer ya sentencias que todavía no han sido dictadas. Tuvimos un pequeño respiro con este artículo 1°, y nos abocamos al 2°, que parece naturalmente necesario.
El CVS y el CER se desajustaron porque la Argentina es imprevisible. Acá siempre se sugiere no incluir ajustes por el costo de vida sino por la variación del salario porque evidentemente éste siempre está "pisado" y la variación es leve. Además, la recesión es uno de los grandes antídotos de la inflación, y aunque se quisiera, no permitía elevar los precios en un mercado que ya estaba en el cuarto año de un período recesivo. En cambio, se hizo un pequeño retoque, casi cosmético, al salario; se escapaba la variable del CVS más allá de la del CER, que pasaba a ser beneficiosa.
Bienvenido entonces retrotraer la vigencia a diciembre en lugar de marzo, aunque representaría una suma superior de compensación; por lo menos, no se carga a los tenedores de crédito, que son los asalariados que no han sido beneficiados por el brevísimo y pequeño ajuste de los salarios. En la discusión en particular seguiré insistiendo sobre este punto.
Como ya se señaló, se compensó la asimetría de 0,40 peso, y ahora se van a compensar las modificaciones que tuvieron los bancos por un acto del Estado. La ley 25.713, que no es un acto voluntario de los ciudadanos sino un imperativo del Estado, aplicó el CER a partir de noviembre de 2002, como siempre, atrasado y con efecto retroactivo, por lo cual el Poder Ejecutivo nacional vetó varias de sus disposiciones.
Esa norma estableció que en todas las obligaciones expresadas en su origen en dólares u otra moneda extranjera y que hubieran sido transformadas en pesos a partir de su sanción o a posteriori se les aplicará el Coeficiente de Estabilización de Referencia o sea el CER a todos sus efectos.
En ese momento se planteó en este Congreso el tema de la enormidad que afectaba a los créditos hipotecarios, los prendarios, los pequeños créditos, los personales.
Por eso se fijó el artículo 2°, por el que se exceptuaba a todas aquellas personas físicas que habían recibido créditos hipotecarios hasta doscientos cincuenta mil dólares. En este sentido, me parece que se les fue la mano, porque la cuestión tenía un nivel más bajo.
También se hablaba de los créditos personales de doce mil y de los prendarios de treinta mil. La pregunta es cuáles créditos eran los exceptuados: los que habían sido otorgados por las entidades financieras comprendidas en la ley 21.526, es decir bancos, sociedades, cooperativas, asociaciones, mutuales o por personas físicas o jurídicas.
El Estado-príncipe, dentro de su poder como tal, decide que determinados ajustes no sean aplicables y que ciertos coeficientes no se consideren para determinados clientes, y en consecuencia sufre un perjuicio el acreedor, que no podrá cobrar lo que está pagando por el otro lado a sus acreedores.
Entonces se le dice: usted no le puede cobrar si tiene una hipoteca, doscientos cincuenta mil, si son créditos prendarios, treinta mil, y si son personales, doce mil.
¿A quién no le puede cobrar? A las personas físicas. ¿Quién es el que no le puede cobrar? Ni los bancos, ni las mutuales ni las cooperativas. Entonces, fantástico, ninguno lo cobra. Ahí se dice: si el Estado genera este perjuicio, tendrá que compensarlo.
Pero resulta que frente a los bancos, las cooperativas, las mutuales, se decide que sólo se va a compensar a los bancos, a los otros, no. ¿Por qué a los otros no? Ahí viene la pregunta para la cual yo tengo una respuesta.
Hablar del por qué no, no hace ciertamente a una realidad ínsita, ya que nadie puede tener desde el gobierno como objetivo razonable esto, sobre todo un gobierno serio como creemos que es el argentino.
Pero hay una entidad en ese gobierno, en esta constitución estructurada de la Argentina financiera que se llama Banco Central de la República Argentina. El Banco Central tiene una fijación absoluta: todo lo que no está en mi órbita no existe, y si existe lo tengo que aniquilar.
Ya en 1963 el Banco Central dictó una reglamentación para el funcionamiento de las cajas de crédito. Ese funcionamiento era una maravilla, ya que influía considerablemente en el desarrollo de los pueblos del interior del país. Esos organismos resolvían los problemas de la gente, no afectaban a nadie y trabajaban con gran seriedad y con cero morosidad.
Eso andaba bien, pero como en algunos lugares los bancos locales perdían depósitos, el Banco Central reglamentó el tema de manera tal de llevarlas a ser cuasibancos. Entonces se estableció el control del Banco Central, la orden de pago con todas las reglamentaciones parecidas a los cheques, se determinó el capital fijo y se fue llevándolas a la concentración. Se las incentivó a intervenir en materia de créditos de comercio exterior.
Así, las cooperativas de crédito, que eran realmente eficaces en los procesos de desarrollo social de las poblaciones del interior de la Argentina, terminaron fundidas estallando en mil pedazos absorbidas por los bancos. También por los cazabancos.
Recuerdo que en aquellos tiempos discutíamos en este recinto la no aplicación del sistema. Se aplicó después, cuando llegó el gobierno de Onganía. En ese tiempo aparecieron algunos bancos, y personalmente me tocó ser receptivo de la inequidad de esta propuesta: si yo les conseguía las cooperativas me iban a pagar una comisión.
Les respondí que era la primera vez en mi vida que me ofrecían el papel de Judas en la película, porque toda mi vida había defendido la idea de que las cooperativas no podían terminar en bancos, porque eso al final terminaba por matarlas, lo que finalmente ocurrió, porque la mayoría fue absorbida por los bancos.
Todas fueron liquidadas, y si bien es cierto que algún banco quedó, eso se debió a un esfuerzo enorme. La mayoría desapareció porque el Banco Central había decidido que eso no era lo que estaba bajo su órbita y que, por lo tanto, podían hacer lo que querían o lo que les daba la gana en el manejo financiero. Ahora otra vez actúa el Banco Central.
No lo tengo por escrito pero me consta por certeza que el gobierno tendría que aceptar la inclusión de las cooperativas y de las mutuales en esta cláusula de compensación. Y lo vería con buenos ojos; como estoy seguro de que lo verían con buenos ojos los señores diputados -no sólo del oficialismo sino de todos los sectores- porque, por ejemplo, los que viven en Santa Fe, los que son dirigentes elegidos por el pueblo santafesino, tendrán que rendir cuenta de su voto exactamente a doscientas noventa mutuales. Los que viven en la provincia de Buenos Aires, tendrán que rendirle cuenta a noventa y siete mutuales; en la Capital Federal, a setenta y siete; en Córdoba, a cietno veintitrés; en Entre Ríos, a quince; en La Pampa, a dos; en Tucumán, a siete; en el Chaco, a siete; en Río Negro, a cinco; y en Chubut, a siete.
Los diputados representantes de esas provincias deben ir pidiendo la dirección de esas mutuales para explicarles por qué votan en contra de los intereses de esas instituciones que llevan a cabo una tarea solidaria, donde no existe el espíritu de lucro sino el trabajo en común. Aunando los esfuerzos de pequeñas comunidades y con el aporte de todos han llevado a cabo obras espectaculares para el desarrollo de los pueblos.
El Banco Central dice que si quieren, que se hagan bancos; es decir, que desaparezcan, que pierdan su esencia, que dejen de ser lo que fueron, lo que son y lo que seguirán siendo a pesar del Banco Central y de todos los pedidos que se hagan para eliminarlas, marginarlas, separarlas y perjudicarlas. Es un acto de verdadera injusticia.
Además, quiero marcar otro hecho desde el punto de vista jurídico. Esta ley sancionada así, sin incluir a las mutuales y a las cooperativas, es inconstitucional porque viola la igualdad ante la ley.
Cuando la ley 25.713 impone la no aplicación para hipotecas, créditos prendarios y créditos personales, hace referencia a las entidades financieras, a las cooperativas y a las mutuales. Si se establece que ninguna de las tres puede cobrar y sólo compensa una, las otras dos tienen todo el derecho de plantear por la vía de una acción de inconstitucionalidad la nulidad de esta norma o la restitución de la igualdad para que se las incluya.
Debemos decir que este Congreso va a votar un proyecto de ley de notoria inconstitucionalidad si no tenemos la sensibilidad para decir de notoria insatisfacción e inequidad social. Si no queremos ser socialmente equitativos, por lo menos seamos sensatos en derecho; no le fabriquemos otros pleitos a la Nación.
Sin la incorporación de las cooperativas y mutuales esta norma será motivo de una nueva carga de pleitos.
Después diremos que la Corte es la que debe resolver. Estamos creando un embudo en la Justicia. La Corte no resuelve las cuestiones que tiene pendientes y vamos a agregarle otras nuevas. No ha resuelto los problemas del default ni de los procesos militares; no ha resuelto nada y ahora le estaremos enviando otro tema para que lo resuelva, votando a sabiendas una norma inconstitucional.
Por otra parte, vuelvo a repetir que los señores diputados deben estudiar los discursos que tendrán que pronunciar cuando los visiten los representantes de las mutuales de sus respectivas provincias. Dirán que el Banco Central dice que no.
En el artículo 7° del proyecto que incorporé como propuesta, en contra de mis sentimientos personales no dije que la instrumentación del pago y la distribución de estos títulos la hiciera la entidad mutualista; por una cuestión financiera debía hacerlo el Banco Central. He abjurado de pedir que todo esto lo maneje el sector mutualista para lograr que no se lo deje afuera.
Además de las señaladas, ¿qué ventajas tiene incorporar a las mutuales y cooperativas? En primer lugar, se trata de una migaja; ni siquiera podemos hablar de una gota en medio de este tremendo mar.
En segundo término, empezaríamos a restablecer la equidad. A partir de aquí podrían empezar a recuperarse con el 1,40, cobrando la compensación cuando lleguen las sentencias definitivas de los amparos; no ahora, como se pretendía.
Si seguimos dejando jirones de equidad y de reconocimiento de los organismos sociales, que han sido factores de progreso en la República, lo único que lograremos es degradarlos, marginarlos y deteriorarlos.
Las pérdidas de las cooperativas de crédito fueron algo fenomenal, y las cajas de crédito que se volcaron en el camino dejando tendales en los pueblos constituyeron un acto criminal que cometió el Banco Central con la complacencia de los gobiernos de facto y de iure en los años posteriores a 1963.
Los que parecieron crecer y salvarse se juntaron hasta que viniera alguna Crédit Agricole o algún banco cooperativo de una lejana latitud para quedarse con el paquete; pero, apenas hicieron agua, tiraron el paquete y se fueron.
Por otra parte, quisiera que este Congreso, que sancionó una ley estableciendo que los bancos extranjeros debían exponer claramente si los depósitos efectuados tenían respaldo de sus casas matrices, sepa que estas entidades están cumpliendo con esta disposición, pero poniendo la información en una letra tan minúscula que ni los agudos ojos de un águila alcanzarían a ver.
Si queremos restablecer la banca nacional y que nos tomen realmente en serio, debemos cambiar esta norma, determinando que la sucursal de un banco de origen extranjero tendrá que exponer en un letrero de cuatro metros de largo por uno de ancho que los depósitos no están respaldados por la casa matriz sino por los muebles y útiles que hay en el edificio.
Vamos a ver si se van. Ojalá lo hagan, porque estarían haciendo lo que hicieron las automotrices cuando hubo inseguridad en la República. En ese momento se fueron todas de nuestro país y las vendieron a cualquiera. No voy a citar nombres, porque estaría haciendo publicidad, pero recuerdo que una empresa francesa se juntó con una italiana y otra norteamericana con una alemana.
Cuando la Argentina volvió a caminar y a levantarse, volvieron de nuevo a comprarlas, y fue un buen negocio para algunos argentinos que las compraron baratas y las vendieron por montos millonarios, que ahora están disfrutando.
A lo mejor el negocio es que los bancos se enojen y se vayan. Si ocurre esto último, no se van a llevar nada, porque no trajeron capital; lo único que hicieron fue obtener el maravilloso gap entre la tasa de interés con que traían su dinero de afuera -que era de 1 o 2 por ciento- y la que se lograba con los títulos y depósitos en dólares, que era del 12 al 15 por ciento. Fíjense lo que lograron en esos años por los fabulosos intereses en dólares. Ahora, si no les gusta, que se vayan, pero que no sigan engrupiendo a la gente, diciendo "somos la sucursal del banco Pirulo".
La verdad es que no nos atrevemos a resolver las cuestiones de manera simple, respetando claramente los intereses nacionales.
Por lo expuesto, adelanto mi voto afirmativo si la mayoría asegura que se incluirá a las cooperativas y mutuales. De lo contrario, en nombre del interbloque que represento, aclaro que votaremos en contra de esta iniciativa.
Asimismo, solicito que la votación se practique en forma nominal, para enviarla a las mutualidades del interior del país a efectos de que conozcan quiénes votaron por no incluirlas en esta norma.
Hay que advertir que la Argentina era uno de los paraísos financieros del mundo: se ofrecían a los mercados internacionales títulos con la garantía de la Nación a una tasa de entre el 8 y el 11 por ciento, con moneda de cambio uno a uno, con seguridad cambiaria y con aplausos del Fondo Monetario a quienes conducían el país, como si se utilizara el paradigma de la buena administración financiera.
Mientras esto ocurría, los mercados financieros internacionales tenían tasas del 2 por ciento, y algunos de menos del 1 por ciento. La toma de títulos argentinos era realmente la panacea universal. Pero a nosotros, aquí, el árbol nos impedía ver el bosque. Éramos incapaces de entender que el endeudamiento creciente del presupuesto nacional y del Tesoro del país -que, si lo vemos como lo señalé en mi discurso sobre el presupuesto del año pasado, arrancó con un financiamiento de tres mil millones en 1993 y terminó con uno de 62.000 millones para el que está rigiendo- hacía evidente que esa masa de créditos que tomábamos alegremente iba a producir en algún momento la misma explosión que la masa no penetrable, porque era imposible seguir inflando ese globo, al extremo de que reventó. Para los argentinos, reventó en diciembre de 2001, y para los tenedores de los títulos que estaban afuera, reventó entre enero y abril de ese mismo año, porque ya estaban alertas de que había que salir de la posición argentina. Lo mejor era adoptar dos caminos: los títulos que tenían en cartera los brokers y bancos extranjeros, sobre todo los europeos, con esta magnífica rentabilidad, se los pasaron a sus clientes directos, que eran los tomadores de los fondos de inversión.
Entonces, a este problema que ahora padecemos debemos agregar que lo que antes estaba concentrado en treinta o cincuenta grandes acreedores ha pasado a estar ahora en manos de un millón de acreedores individuales, que generan un tremendo problema para la política que ahora tenemos que encarar en materia de renegociación con los privados.
Aquí no se adoptó la misma medida de salvación que tomaron los tenedores de nuestros títulos. Tendría que haber existido una reacción interna o el coraje de salir de la ortodoxia e impedir desde un comienzo la salida del dinero que se empezó a producir a partir de 2001, es decir, una actitud que sí podemos calificar de heroica: cortar el drenaje de entrada, pasando por sobre los cánones que resultan satisfactorios, bellos u ortodoxos para alguna economía. No lo hicimos. El año 2001 llegó con un default casi payasesco. Pocos días después se sanciona la ley 25.661 y el decreto 214/02, con la pesificación asimétrica y todas sus consecuencias, que no voy a repetir ahora porque las hemos escuchado suficientemente por parte de varios señores diputados.
Estamos totalmente de acuerdo con respecto a lo que pasó, aunque no con la forma en que debemos salir de esto. Ocurre que de eso salimos también asimétricamente, porque en la primera etapa se pagó muy rápido la diferencia con el 1,40, sin analizar bien cómo estaban constituidos los activos y los pasivos de los bancos.
No debemos olvidar que la mitad de los depósitos en la Argentina están en los bancos del sector público, como el Banco de la Nación Argentina, el Banco Provincia y el Banco Ciudad y en otros bancos provinciales de igual carácter, pero se habían ido los otros bancos, los que eran tradicionalmente argentinos, de distintos orígenes. Algunos pertenecían a comunidades o eran representaciones de distintas nacionalidades, como la española, la italiana o la francesa. Si bien tenían su arraigo y sus propias contrataciones o conexiones de tipo internacional, a la hora de ver el negocio se fueron transformando total y absolutamente en bancos de capitales extranjeros que con el rótulo de filiales y promocionando su potencialidad económica en el mundo se presentaban como los grupos A, B o C, y a la gente le hacían ver que detrás de sus depósitos estaban los grandes depósitos de las casas matrices de España, Francia, Estados Unidos o Inglaterra, que a la hora de las dificultades iban a darnos una mano. Pero no nos han dado ni la mano ni la espalda. Nos dejaron caer, crearon una psicosis y facilitaron la apertura de un paso para que el efecto de la puerta 12 de la cancha de River no se diera en el plano financiero y así, suavemente, sin darnos cuenta, nos llevaron el 15, 18, 20, 30 ó 42 por ciento -ni siquiera eso lo sabemos con certeza- de los depósitos argentinos.
Luego, como había que resolver el tema, se produjo una pesificación brusca, violenta y asimétrica, con perdedores y ganadores. Algunos no se dieron cuenta de que faltó la tercera pata a la mesa, porque tras la pesificación asimétrica venía el seguro de cambio para las deudas con el exterior. Sin embargo, a este último no alcanzaron a consolidarlo, y con él la situación hubiera sido tremendamente peor.
La pesificación asimétrica se la compensaron a los bancos, y las cifras son de entre nueve y diez mil millones de dólares o entre veintiséis y veintiocho mil millones de pesos. Como bien lo señaló el señor diputado Polino, allí incluyeron a las mutuales pero sin posibilitarles el uso de ese beneficio.
El Poder Ejecutivo nacional remitió el 1° de abril el proyecto de ley contenido en el expediente
El CVS y el CER se desajustaron porque la Argentina es imprevisible. Acá siempre se sugiere no incluir ajustes por el costo de vida sino por la variación del salario porque evidentemente éste siempre está "pisado" y la variación es leve. Además, la recesión es uno de los grandes antídotos de la inflación, y aunque se quisiera, no permitía elevar los precios en un mercado que ya estaba en el cuarto año de un período recesivo. En cambio, se hizo un pequeño retoque, casi cosmético, al salario; se escapaba la variable del CVS más allá de la del CER, que pasaba a ser beneficiosa.
Bienvenido entonces retrotraer la vigencia a diciembre en lugar de marzo, aunque representaría una suma superior de compensación; por lo menos, no se carga a los tenedores de crédito, que son los asalariados que no han sido beneficiados por el brevísimo y pequeño ajuste de los salarios. En la discusión en particular seguiré insistiendo sobre este punto.
Como ya se señaló, se compensó la asimetría de 0,40 peso, y ahora se van a compensar las modificaciones que tuvieron los bancos por un acto del Estado. La ley 25.713, que no es un acto voluntario de los ciudadanos sino un imperativo del Estado, aplicó el CER a partir de noviembre de 2002, como siempre, atrasado y con efecto retroactivo, por lo cual el Poder Ejecutivo nacional vetó varias de sus disposiciones.
Esa norma estableció que en todas las obligaciones expresadas en su origen en dólares u otra moneda extranjera y que hubieran sido transformadas en pesos a partir de su sanción o a posteriori se les aplicará el Coeficiente de Estabilización de Referencia o sea el CER a todos sus efectos.
En ese momento se planteó en este Congreso el tema de la enormidad que afectaba a los créditos hipotecarios, los prendarios, los pequeños créditos, los personales.
Por eso se fijó el artículo 2°, por el que se exceptuaba a todas aquellas personas físicas que habían recibido créditos hipotecarios hasta doscientos cincuenta mil dólares. En este sentido, me parece que se les fue la mano, porque la cuestión tenía un nivel más bajo.
También se hablaba de los créditos personales de doce mil y de los prendarios de treinta mil. La pregunta es cuáles créditos eran los exceptuados: los que habían sido otorgados por las entidades financieras comprendidas en la ley 21.526, es decir bancos, sociedades, cooperativas, asociaciones, mutuales o por personas físicas o jurídicas.
El Estado-príncipe, dentro de su poder como tal, decide que determinados ajustes no sean aplicables y que ciertos coeficientes no se consideren para determinados clientes, y en consecuencia sufre un perjuicio el acreedor, que no podrá cobrar lo que está pagando por el otro lado a sus acreedores.
Entonces se le dice: usted no le puede cobrar si tiene una hipoteca, doscientos cincuenta mil, si son créditos prendarios, treinta mil, y si son personales, doce mil.
¿A quién no le puede cobrar? A las personas físicas. ¿Quién es el que no le puede cobrar? Ni los bancos, ni las mutuales ni las cooperativas. Entonces, fantástico, ninguno lo cobra. Ahí se dice: si el Estado genera este perjuicio, tendrá que compensarlo.
Pero resulta que frente a los bancos, las cooperativas, las mutuales, se decide que sólo se va a compensar a los bancos, a los otros, no. ¿Por qué a los otros no? Ahí viene la pregunta para la cual yo tengo una respuesta.
Hablar del por qué no, no hace ciertamente a una realidad ínsita, ya que nadie puede tener desde el gobierno como objetivo razonable esto, sobre todo un gobierno serio como creemos que es el argentino.
Pero hay una entidad en ese gobierno, en esta constitución estructurada de la Argentina financiera que se llama Banco Central de la República Argentina. El Banco Central tiene una fijación absoluta: todo lo que no está en mi órbita no existe, y si existe lo tengo que aniquilar.
Ya en 1963 el Banco Central dictó una reglamentación para el funcionamiento de las cajas de crédito. Ese funcionamiento era una maravilla, ya que influía considerablemente en el desarrollo de los pueblos del interior del país. Esos organismos resolvían los problemas de la gente, no afectaban a nadie y trabajaban con gran seriedad y con cero morosidad.
Eso andaba bien, pero como en algunos lugares los bancos locales perdían depósitos, el Banco Central reglamentó el tema de manera tal de llevarlas a ser cuasibancos. Entonces se estableció el control del Banco Central, la orden de pago con todas las reglamentaciones parecidas a los cheques, se determinó el capital fijo y se fue llevándolas a la concentración. Se las incentivó a intervenir en materia de créditos de comercio exterior.
Así, las cooperativas de crédito, que eran realmente eficaces en los procesos de desarrollo social de las poblaciones del interior de la Argentina, terminaron fundidas estallando en mil pedazos absorbidas por los bancos. También por los cazabancos.
Recuerdo que en aquellos tiempos discutíamos en este recinto la no aplicación del sistema. Se aplicó después, cuando llegó el gobierno de Onganía. En ese tiempo aparecieron algunos bancos, y personalmente me tocó ser receptivo de la inequidad de esta propuesta: si yo les conseguía las cooperativas me iban a pagar una comisión.
Les respondí que era la primera vez en mi vida que me ofrecían el papel de Judas en la película, porque toda mi vida había defendido la idea de que las cooperativas no podían terminar en bancos, porque eso al final terminaba por matarlas, lo que finalmente ocurrió, porque la mayoría fue absorbida por los bancos.
Todas fueron liquidadas, y si bien es cierto que algún banco quedó, eso se debió a un esfuerzo enorme. La mayoría desapareció porque el Banco Central había decidido que eso no era lo que estaba bajo su órbita y que, por lo tanto, podían hacer lo que querían o lo que les daba la gana en el manejo financiero. Ahora otra vez actúa el Banco Central.
No lo tengo por escrito pero me consta por certeza que el gobierno tendría que aceptar la inclusión de las cooperativas y de las mutuales en esta cláusula de compensación. Y lo vería con buenos ojos; como estoy seguro de que lo verían con buenos ojos los señores diputados -no sólo del oficialismo sino de todos los sectores- porque, por ejemplo, los que viven en Santa Fe, los que son dirigentes elegidos por el pueblo santafesino, tendrán que rendir cuenta de su voto exactamente a doscientas noventa mutuales. Los que viven en la provincia de Buenos Aires, tendrán que rendirle cuenta a noventa y siete mutuales; en la Capital Federal, a setenta y siete; en Córdoba, a cietno veintitrés; en Entre Ríos, a quince; en La Pampa, a dos; en Tucumán, a siete; en el Chaco, a siete; en Río Negro, a cinco; y en Chubut, a siete.
Los diputados representantes de esas provincias deben ir pidiendo la dirección de esas mutuales para explicarles por qué votan en contra de los intereses de esas instituciones que llevan a cabo una tarea solidaria, donde no existe el espíritu de lucro sino el trabajo en común. Aunando los esfuerzos de pequeñas comunidades y con el aporte de todos han llevado a cabo obras espectaculares para el desarrollo de los pueblos.
El Banco Central dice que si quieren, que se hagan bancos; es decir, que desaparezcan, que pierdan su esencia, que dejen de ser lo que fueron, lo que son y lo que seguirán siendo a pesar del Banco Central y de todos los pedidos que se hagan para eliminarlas, marginarlas, separarlas y perjudicarlas. Es un acto de verdadera injusticia.
Además, quiero marcar otro hecho desde el punto de vista jurídico. Esta ley sancionada así, sin incluir a las mutuales y a las cooperativas, es inconstitucional porque viola la igualdad ante la ley.
Cuando la ley 25.713 impone la no aplicación para hipotecas, créditos prendarios y créditos personales, hace referencia a las entidades financieras, a las cooperativas y a las mutuales. Si se establece que ninguna de las tres puede cobrar y sólo compensa una, las otras dos tienen todo el derecho de plantear por la vía de una acción de inconstitucionalidad la nulidad de esta norma o la restitución de la igualdad para que se las incluya.
Debemos decir que este Congreso va a votar un proyecto de ley de notoria inconstitucionalidad si no tenemos la sensibilidad para decir de notoria insatisfacción e inequidad social. Si no queremos ser socialmente equitativos, por lo menos seamos sensatos en derecho; no le fabriquemos otros pleitos a la Nación.
Sin la incorporación de las cooperativas y mutuales esta norma será motivo de una nueva carga de pleitos.
Después diremos que la Corte es la que debe resolver. Estamos creando un embudo en la Justicia. La Corte no resuelve las cuestiones que tiene pendientes y vamos a agregarle otras nuevas. No ha resuelto los problemas del default ni de los procesos militares; no ha resuelto nada y ahora le estaremos enviando otro tema para que lo resuelva, votando a sabiendas una norma inconstitucional.
Por otra parte, vuelvo a repetir que los señores diputados deben estudiar los discursos que tendrán que pronunciar cuando los visiten los representantes de las mutuales de sus respectivas provincias. Dirán que el Banco Central dice que no.
En el artículo 7° del proyecto que incorporé como propuesta, en contra de mis sentimientos personales no dije que la instrumentación del pago y la distribución de estos títulos la hiciera la entidad mutualista; por una cuestión financiera debía hacerlo el Banco Central. He abjurado de pedir que todo esto lo maneje el sector mutualista para lograr que no se lo deje afuera.
Además de las señaladas, ¿qué ventajas tiene incorporar a las mutuales y cooperativas? En primer lugar, se trata de una migaja; ni siquiera podemos hablar de una gota en medio de este tremendo mar.
En segundo término, empezaríamos a restablecer la equidad. A partir de aquí podrían empezar a recuperarse con el 1,40, cobrando la compensación cuando lleguen las sentencias definitivas de los amparos; no ahora, como se pretendía.
Si seguimos dejando jirones de equidad y de reconocimiento de los organismos sociales, que han sido factores de progreso en la República, lo único que lograremos es degradarlos, marginarlos y deteriorarlos.
Las pérdidas de las cooperativas de crédito fueron algo fenomenal, y las cajas de crédito que se volcaron en el camino dejando tendales en los pueblos constituyeron un acto criminal que cometió el Banco Central con la complacencia de los gobiernos de facto y de iure en los años posteriores a 1963.
Los que parecieron crecer y salvarse se juntaron hasta que viniera alguna Crédit Agricole o algún banco cooperativo de una lejana latitud para quedarse con el paquete; pero, apenas hicieron agua, tiraron el paquete y se fueron.
Por otra parte, quisiera que este Congreso, que sancionó una ley estableciendo que los bancos extranjeros debían exponer claramente si los depósitos efectuados tenían respaldo de sus casas matrices, sepa que estas entidades están cumpliendo con esta disposición, pero poniendo la información en una letra tan minúscula que ni los agudos ojos de un águila alcanzarían a ver.
Si queremos restablecer la banca nacional y que nos tomen realmente en serio, debemos cambiar esta norma, determinando que la sucursal de un banco de origen extranjero tendrá que exponer en un letrero de cuatro metros de largo por uno de ancho que los depósitos no están respaldados por la casa matriz sino por los muebles y útiles que hay en el edificio.
Vamos a ver si se van. Ojalá lo hagan, porque estarían haciendo lo que hicieron las automotrices cuando hubo inseguridad en la República. En ese momento se fueron todas de nuestro país y las vendieron a cualquiera. No voy a citar nombres, porque estaría haciendo publicidad, pero recuerdo que una empresa francesa se juntó con una italiana y otra norteamericana con una alemana.
Cuando la Argentina volvió a caminar y a levantarse, volvieron de nuevo a comprarlas, y fue un buen negocio para algunos argentinos que las compraron baratas y las vendieron por montos millonarios, que ahora están disfrutando.
A lo mejor el negocio es que los bancos se enojen y se vayan. Si ocurre esto último, no se van a llevar nada, porque no trajeron capital; lo único que hicieron fue obtener el maravilloso gap entre la tasa de interés con que traían su dinero de afuera -que era de 1 o 2 por ciento- y la que se lograba con los títulos y depósitos en dólares, que era del 12 al 15 por ciento. Fíjense lo que lograron en esos años por los fabulosos intereses en dólares. Ahora, si no les gusta, que se vayan, pero que no sigan engrupiendo a la gente, diciendo "somos la sucursal del banco Pirulo".
La verdad es que no nos atrevemos a resolver las cuestiones de manera simple, respetando claramente los intereses nacionales.
Por lo expuesto, adelanto mi voto afirmativo si la mayoría asegura que se incluirá a las cooperativas y mutuales. De lo contrario, en nombre del interbloque que represento, aclaro que votaremos en contra de esta iniciativa.
Asimismo, solicito que la votación se practique en forma nominal, para enviarla a las mutualidades del interior del país a efectos de que conozcan quiénes votaron por no incluirlas en esta norma.
SR. PRESIDENTE(BRITOS)
Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.
SRA. WALSH, PATRICIA (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: solicito que la votación de esta iniciativa se practique en forma nominal.
SR. PRESIDENTE(BRITOS)
La Presidencia aclara a la señora diputada que el señor diputado preopinante ya efectuó esa solicitud.
SRA. WALSH, PATRICIA (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Es cierto, señor presidente, pero mi pedido se funda en que dicha votación tenga el apoyo suficiente.
He pedido que la votación sea nominal, porque una vez más parecería que lo que se está planteando es un proyecto cipayo. La semana pasada también aprobamos un proyecto cipayo, aunque el bloque de Izquierda Unida, al igual que otros bloques, lo votó en contra.
¿Cuál es el sentido, la urgencia, la razón y el reclamo de sectores mayoritarios de nuestra población para estar debatiendo y aprobando hoy este proyecto? ¿Por qué supuestamente están tan convencidos los bloques mayoritarios de esta Cámara -por lo menos el más mayoritario, el del Partido Justicialista- de aprobar este proyecto cuando ya han transcurrido varias horas de discursos y de argumentaciones profundas en contra de esta iniciativa?
Una vez más, este es un día oscuro para la vida parlamentaria. La gran mayoría de los diputados nacionales no están en sus bancas, no escuchan ni prestan atención, a pesar de que el tema de la compensación a los bancos es algo que se viene mencionando desde hace mucho tiempo como una nueva instrucción del Fondo Monetario Internacional. Quizás por eso no hay ningún interés en escuchar, en comprender ni en debatir. Simplemente, basta con levantar la mano cuando llega la hora de la votación.
Por eso pido que la votación se realice en forma nominal, para que todos asuman las responsabilidades políticas que correspondan. Así, cuando recorramos este país haciendo campaña electoral podremos decir a los votantes que quien ocupa en la Cámara esa banca obtenida con el voto popular está promoviendo y votando proyectos que van en contra de los intereses de los trabajadores, que son los que van a pagar estas cuotas que van a aumentar.
Me pregunto cómo podrá hacer frente a ese aumento un trabajador. ¿Qué clase de legitimidad tiene ir por el aumento de esas cuotas? ¿Qué clase de justicia significa ir por la compensación a los bancos? ¿Dónde está la gente que reclama por la compensación a los bancos? ¿Dónde están las marchas, las movilizaciones, las concentraciones y los reclamos? ¿Acaso reciben cartas y correos electrónicos en los que piden que nos ocupemos de los bancos?
Las preocupaciones de nuestro pueblo son otras: el hambre, la desocupación, la pobreza y la exclusión. ¿Por qué debemos cumplir entonces otra orden más? ¿Cuántas órdenes van del Fondo Monetario Internacional diciendo que hay que beneficiar una vez más a los grupos económicos concentrados y a los bancos, sobre todo a los extranjeros? ¿Por qué debemos premiar a estos bancos?
Por estas razones vamos a votar rotundamente en contra de este proyecto. Estamos convencidos de que hay que hacerlo de esa manera. Insisto en que con estos proyectos pierden los trabajadores.
Por otra parte, no sólo hay que dar explicaciones a las cooperativas y a las mutuales. Cuando los señores diputados vuelvan a sus provincias, además de explicar a las cooperativas y mutuales tendrán que decir a los trabajadores por qué se les va a aplicar este aumento en las cuotas.
Este proyecto tiene dos capítulos. El Capítulo I establece las condiciones para la aplicación del CVS, cuando los créditos fueron tomados bajo cláusulas de no indexación y, por otro lado, los salarios aún no han cubierto proporcionalmente ni la tercera parte del aumento de la canasta familiar. La gente no tiene ni para comer, ¿y ahora vamos a aumentarle la cuota? Cualquier incremento de la cuota, además de ser ilegítimo afectará el nivel de vida ya brutalmente deprimido de quienes perciben un salario o un ingreso fijo. Allí están los trabajadores.
He pedido que la votación sea nominal, porque una vez más parecería que lo que se está planteando es un proyecto cipayo. La semana pasada también aprobamos un proyecto cipayo, aunque el bloque de Izquierda Unida, al igual que otros bloques, lo votó en contra.
¿Cuál es el sentido, la urgencia, la razón y el reclamo de sectores mayoritarios de nuestra población para estar debatiendo y aprobando hoy este proyecto? ¿Por qué supuestamente están tan convencidos los bloques mayoritarios de esta Cámara -por lo menos el más mayoritario, el del Partido Justicialista- de aprobar este proyecto cuando ya han transcurrido varias horas de discursos y de argumentaciones profundas en contra de esta iniciativa?
Una vez más, este es un día oscuro para la vida parlamentaria. La gran mayoría de los diputados nacionales no están en sus bancas, no escuchan ni prestan atención, a pesar de que el tema de la compensación a los bancos es algo que se viene mencionando desde hace mucho tiempo como una nueva instrucción del Fondo Monetario Internacional. Quizás por eso no hay ningún interés en escuchar, en comprender ni en debatir. Simplemente, basta con levantar la mano cuando llega la hora de la votación.
Por eso pido que la votación se realice en forma nominal, para que todos asuman las responsabilidades políticas que correspondan. Así, cuando recorramos este país haciendo campaña electoral podremos decir a los votantes que quien ocupa en la Cámara esa banca obtenida con el voto popular está promoviendo y votando proyectos que van en contra de los intereses de los trabajadores, que son los que van a pagar estas cuotas que van a aumentar.
Me pregunto cómo podrá hacer frente a ese aumento un trabajador. ¿Qué clase de legitimidad tiene ir por el aumento de esas cuotas? ¿Qué clase de justicia significa ir por la compensación a los bancos? ¿Dónde está la gente que reclama por la compensación a los bancos? ¿Dónde están las marchas, las movilizaciones, las concentraciones y los reclamos? ¿Acaso reciben cartas y correos electrónicos en los que piden que nos ocupemos de los bancos?
Las preocupaciones de nuestro pueblo son otras: el hambre, la desocupación, la pobreza y la exclusión. ¿Por qué debemos cumplir entonces otra orden más? ¿Cuántas órdenes van del Fondo Monetario Internacional diciendo que hay que beneficiar una vez más a los grupos económicos concentrados y a los bancos, sobre todo a los extranjeros? ¿Por qué debemos premiar a estos bancos?
Por estas razones vamos a votar rotundamente en contra de este proyecto. Estamos convencidos de que hay que hacerlo de esa manera. Insisto en que con estos proyectos pierden los trabajadores.
Por otra parte, no sólo hay que dar explicaciones a las cooperativas y a las mutuales. Cuando los señores diputados vuelvan a sus provincias, además de explicar a las cooperativas y mutuales tendrán que decir a los trabajadores por qué se les va a aplicar este aumento en las cuotas.
Este proyecto tiene dos capítulos. El Capítulo I establece las condiciones para la aplicación del CVS, cuando los créditos fueron tomados bajo cláusulas de no indexación y, por otro lado, los salarios aún no han cubierto proporcionalmente ni la tercera parte del aumento de la canasta familiar. La gente no tiene ni para comer, ¿y ahora vamos a aumentarle la cuota? Cualquier incremento de la cuota, además de ser ilegítimo afectará el nivel de vida ya brutalmente deprimido de quienes perciben un salario o un ingreso fijo. Allí están los trabajadores.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Eduardo Oscar Camaño.
SRA. WALSH, PATRICIA (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Es por eso que pedimos votación nominal. Es por eso que nos enoja ver la distracción, la falta de interés y de compromiso, la ausencia en las bancas, los dobles discursos. Para la prensa, afuera decimos una cosa; pero venimos acá y hacemos otra. Este proyecto es cipayo; una nueva instrucción del Fondo Monetario Internacional, dar más a los que todo se llevan, favorecer nuevamente a los poderosos, a quienes no dejan ni un centavo en este país.
¿Cómo va a corresponder una compensación si suponemos que todavía sigue funcionando la Comisión Investigadora de Fuga de Divisas? ¿A quién vamos a premiar? ¿Alguien piensa en premiar al Scotiabank o al Crédit Agricole por haber caído dejando un tendal de afectados? Si es así, díganlo con claridad.
No tenemos ninguna duda acerca de que esto es el sistema financiero. El capitalismo funciona exactamente así. Por eso, señor presidente, somos de izquierda y votamos en contra.
¿Cómo va a corresponder una compensación si suponemos que todavía sigue funcionando la Comisión Investigadora de Fuga de Divisas? ¿A quién vamos a premiar? ¿Alguien piensa en premiar al Scotiabank o al Crédit Agricole por haber caído dejando un tendal de afectados? Si es así, díganlo con claridad.
No tenemos ninguna duda acerca de que esto es el sistema financiero. El capitalismo funciona exactamente así. Por eso, señor presidente, somos de izquierda y votamos en contra.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
SRA. CASTRO, ALICIA AMALIA (BUENOS AIRES):
Señor presidente: sin perjuicio de que solicito autorización para insertar mi discurso en el Diario de Sesiones, formularé algunas breves consideraciones para fundamentar el voto negativo del Frente para el Cambio.
Aunque es obvia, me gustaría compartir con mis colegas una reflexión. El fin de semana pasado estuve en una provincia muy pobre del Norte, como todas nuestras provincias pobres -concretamente me refiero al Chaco-, en donde a raíz de las elecciones los partidos mayoritarios -que manipulan a la opinión pública y a los votantes- llevaron a cabo un obsceno reparto de comida, degradando así la condición de los ciudadanos no sólo de esa provincia sino también del resto de la Nación.
A pesar del obsceno reparto oportunista de comida y de colchones, siguen sufriendo quienes son los más pobres entres los pobres: los niños. Ese fin de semana y seguramente esta noche en que continúa haciendo frío, esos chicos seguirán viviendo sin techo y sin mantas. ¿Sabe, señor presidente, qué hacen para poder calentarse cuando duermen? Los ponen junto al fuego vivo, encendido. Uno se pregunta si acaso no se queman. A veces se queman, señor presidente. Sin embargo, hoy estamos legislando para que el dinero público compense al sistema financiero argentino e internacional.
Oportunamente, nosotros presentamos un proyecto de ley para derogar el decreto 214 de marzo del 2002 sobre compensación a los bancos; pero hoy, cuando todos estamos empeñados en una renovación ética, política y económica que sea el correlato del importante cambio que se está produciendo en la Argentina y en el resto de Latinoamérica, volvemos a consagrar -a nuestro pesar- un sistema inadmisible de privilegios, de prioridades, como es el reclamo de inmunidad, que equivale a decir "impunidad".
¿Qué hacemos? ¿Estamos reconociendo una especie de nobleza financiera que se encuentra más allá de la ley? Por cierto, no se trata de una oscura conspiración. Hemos comprendido cuáles son los mecanismos y las demandas del establishment financiero controlado por el Fondo Monetario Internacional, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y los bancos nacionales y trasnacionales. Como decía, no se trata de una oscura conspiración sino del ejercicio del poder que da el predominio financiero y de los medios para conservarlo.
Voten, que el sistema financiero no responde a legitimidad electoral alguna. El sector financiero es hegemónico en esta etapa, y en los hechos es el que gobierna; pero hoy seguimos legislando para él. Esto es así de simple, con el agravante de lo que han significado las recetas del Fondo Monetario Internacional para la Argentina: el saqueo y la ruina del país. Voy a resumir cuatro aberraciones del sistema financiero, que todos conocemos muy bien. La primera fue la libertad total del movimiento de capitales y la impresionante fuga de divisas que favoreció esta situación.
El segundo error fue el régimen bimonetario. Era muy fácil entender que era ruinoso recibir depósitos en dólares y dar préstamos en pesos, sin constituir las reservas necesarias o exigir un seguro de cambio a los depositantes. ¿De dónde se iban a obtener los dólares para devolver los depósitos? ¿Nadie lo pensaba, o se sabía que hoy iba a existir una compensación? Los resultados están a la vista.
Un tercer desatino fue el tratamiento de privilegio otorgado a los bancos internacionales, lo que llevó a la extranjerización de la actividad bancaria.
Un cuarto desastre fue la enorme transferencia de ingresos efectuada a favor del sistema financiero, que es la misma en la que hoy estamos empeñados.
Ante todo, los bancos obtuvieron ganancias usurarias con sus actividades normales, en especial por la diferencia entre lo que pagaban por los depósitos y lo que cobraban por los préstamos, además de las comisiones exorbitantes que embolsaban por otros servicios.
Los plazos fijos a treinta días rendían en promedio el 9 por ciento, y el crédito se otorgaba al 17,5 por ciento, existiendo estabilidad de precios. Algunos bancos se quedaban con 37,50 pesos por cada cien pesos que prestaban. Esta es una diferencia notable, ya que el volumen de depósitos remunerados alcanzaba a los 80.550 millones de pesos en todo el sistema, y los movimientos en el mes significaban tres mil seiscientos millones.
Por otra parte, durante el año 2002 el Banco Central otorgó a los bancos redescuentos por 17.276 millones de pesos, suma que es casi igual a la circulación monetaria de la Argentina.
Consideramos que es un privilegio injustificable el seguro de cambio concedido a los bancos para que paguen las deudas en dólares en el exterior, contraídas no sólo por ellos, sino también por sus subsidiarias y empresas asociadas.
Cuando el gobierno decidió compensar a los banqueros por la pesificación asimétrica, que transformó un dólar de crédito en un peso y un dólar de depósito en 1,40 peso, emitió 14.400 millones de pesos en BODEN 2007, pero ahora además se les permite suscribir bonos públicos en dólares a diez años, pagando 1,40 peso por dólar y utilizando los BODEN ya otorgados. Así se regaló a los banqueros 5.345 millones de dólares más, que deberán pagar los argentinos.
No quiero abundar más para no ser redundante. Estamos absolutamente en contra de la compensación al sistema financiero. Ya han recibido demasiado, y el Parlamento tiene que legislar para todos los argentinos y no sólo para los privilegiados.
Aunque es obvia, me gustaría compartir con mis colegas una reflexión. El fin de semana pasado estuve en una provincia muy pobre del Norte, como todas nuestras provincias pobres -concretamente me refiero al Chaco-, en donde a raíz de las elecciones los partidos mayoritarios -que manipulan a la opinión pública y a los votantes- llevaron a cabo un obsceno reparto de comida, degradando así la condición de los ciudadanos no sólo de esa provincia sino también del resto de la Nación.
A pesar del obsceno reparto oportunista de comida y de colchones, siguen sufriendo quienes son los más pobres entres los pobres: los niños. Ese fin de semana y seguramente esta noche en que continúa haciendo frío, esos chicos seguirán viviendo sin techo y sin mantas. ¿Sabe, señor presidente, qué hacen para poder calentarse cuando duermen? Los ponen junto al fuego vivo, encendido. Uno se pregunta si acaso no se queman. A veces se queman, señor presidente. Sin embargo, hoy estamos legislando para que el dinero público compense al sistema financiero argentino e internacional.
Oportunamente, nosotros presentamos un proyecto de ley para derogar el decreto 214 de marzo del 2002 sobre compensación a los bancos; pero hoy, cuando todos estamos empeñados en una renovación ética, política y económica que sea el correlato del importante cambio que se está produciendo en la Argentina y en el resto de Latinoamérica, volvemos a consagrar -a nuestro pesar- un sistema inadmisible de privilegios, de prioridades, como es el reclamo de inmunidad, que equivale a decir "impunidad".
¿Qué hacemos? ¿Estamos reconociendo una especie de nobleza financiera que se encuentra más allá de la ley? Por cierto, no se trata de una oscura conspiración. Hemos comprendido cuáles son los mecanismos y las demandas del establishment financiero controlado por el Fondo Monetario Internacional, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y los bancos nacionales y trasnacionales. Como decía, no se trata de una oscura conspiración sino del ejercicio del poder que da el predominio financiero y de los medios para conservarlo.
Voten, que el sistema financiero no responde a legitimidad electoral alguna. El sector financiero es hegemónico en esta etapa, y en los hechos es el que gobierna; pero hoy seguimos legislando para él. Esto es así de simple, con el agravante de lo que han significado las recetas del Fondo Monetario Internacional para la Argentina: el saqueo y la ruina del país. Voy a resumir cuatro aberraciones del sistema financiero, que todos conocemos muy bien. La primera fue la libertad total del movimiento de capitales y la impresionante fuga de divisas que favoreció esta situación.
El segundo error fue el régimen bimonetario. Era muy fácil entender que era ruinoso recibir depósitos en dólares y dar préstamos en pesos, sin constituir las reservas necesarias o exigir un seguro de cambio a los depositantes. ¿De dónde se iban a obtener los dólares para devolver los depósitos? ¿Nadie lo pensaba, o se sabía que hoy iba a existir una compensación? Los resultados están a la vista.
Un tercer desatino fue el tratamiento de privilegio otorgado a los bancos internacionales, lo que llevó a la extranjerización de la actividad bancaria.
Un cuarto desastre fue la enorme transferencia de ingresos efectuada a favor del sistema financiero, que es la misma en la que hoy estamos empeñados.
Ante todo, los bancos obtuvieron ganancias usurarias con sus actividades normales, en especial por la diferencia entre lo que pagaban por los depósitos y lo que cobraban por los préstamos, además de las comisiones exorbitantes que embolsaban por otros servicios.
Los plazos fijos a treinta días rendían en promedio el 9 por ciento, y el crédito se otorgaba al 17,5 por ciento, existiendo estabilidad de precios. Algunos bancos se quedaban con 37,50 pesos por cada cien pesos que prestaban. Esta es una diferencia notable, ya que el volumen de depósitos remunerados alcanzaba a los 80.550 millones de pesos en todo el sistema, y los movimientos en el mes significaban tres mil seiscientos millones.
Por otra parte, durante el año 2002 el Banco Central otorgó a los bancos redescuentos por 17.276 millones de pesos, suma que es casi igual a la circulación monetaria de la Argentina.
Consideramos que es un privilegio injustificable el seguro de cambio concedido a los bancos para que paguen las deudas en dólares en el exterior, contraídas no sólo por ellos, sino también por sus subsidiarias y empresas asociadas.
Cuando el gobierno decidió compensar a los banqueros por la pesificación asimétrica, que transformó un dólar de crédito en un peso y un dólar de depósito en 1,40 peso, emitió 14.400 millones de pesos en BODEN 2007, pero ahora además se les permite suscribir bonos públicos en dólares a diez años, pagando 1,40 peso por dólar y utilizando los BODEN ya otorgados. Así se regaló a los banqueros 5.345 millones de dólares más, que deberán pagar los argentinos.
No quiero abundar más para no ser redundante. Estamos absolutamente en contra de la compensación al sistema financiero. Ya han recibido demasiado, y el Parlamento tiene que legislar para todos los argentinos y no sólo para los privilegiados.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
SR. ESAIN, DANIEL (MENDOZA):
Señor presidente: hasta hace muy poco tiempo nadie se animaba en el país a sostener que se podía llevar adelante una negociación digna con el Fondo Monetario Internacional y los acreedores privados de la deuda externa argentina.
Hasta hace muy poco tiempo la gente tenía un desánimo colectivo, porque no vislumbraba un modelo ni un proyecto de país que contuviera a todos, el cual ahora se construye desde la política, desde esa política que estuvo ausente durante muchos años en el cumplimiento del interés nacional y que durante doce años ininterrumpidos -con gobiernos de distinto color político- se puso al servicio del consenso de Washington, de las empresas privatizadas y de los bancos extranjeros. Esta es la historia que ha vivido la Argentina. Pero hay un nuevo fervor popular en nuestro país, porque es cierto que venimos saliendo de la crisis tal vez más grave que hayamos atravesado en el último siglo.
De esa crisis no se salió solamente porque hubo un poder político y un Congreso que la timonearon; se salió de ella por la profunda vocación democrática del pueblo argentino, que aun en el peor momento -allá por el 20 de diciembre de 2001-, cuando parecía que todo se derrumbaba, se aferró con uñas y dientes al sistema democrático y decidió sostenerlo y defenderlo. Desde ahí en adelante fueron los poderes del Estado los que con muchísima dificultad sortearon la crisis y la debilidad institucional.
Recién en los últimos tiempos se ha venido sosteniendo que la Argentina puede negociar en condiciones de dignidad un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sé que lo que vamos a votar hoy tiene mucho que ver con la gente común, porque es la eliminación de dos coeficientes que nacieron con la transitoriedad de la emergencia institucional que vivíamos. En mi modesta opinión, creo que nadie pensaba seriamente que esos coeficientes iban a tener una duración ilimitada. La Argentina ya vivió la época de la circular 1.050 y la de los coeficientes de actualización, que se llevaron medio país. Seguramente, la norma se dictó en ese entonces para ser revisada ahora.
Adelanto que voy a votar a favor de esta iniciativa porque tiene mucho que ver con una política nacional. El Estado argentino está en una negociación absolutamente complicada con el FMI, que no protege el interés del crecimiento de las naciones sino un estilo de vida: el estilo de vida del Norte. No importa si en el Norte gobierna el socialismo, el comunismo o el capitalismo; lo que defiende el Fondo es el estilo de vida del Norte.
En otra época yo pensaba a la política desde la izquierda y la derecha, y hoy la pienso desde el Norte y desde el Sur, porque es la izquierda de Felipe González la que viene a la Argentina a presionar al gobierno y al Estado para que quedemos subordinados a las tarifas que nos quieran imponer las empresas multinacionales que representan al Estado español, y es la izquierda del gobierno de Tony Blair la que también presiona por las empresas privatizadas, porque en general en la Argentina las empresas privatizadas quedaron para los europeos y el sistema financiero y los bancos para el gobierno de los Estados Unidos.
Entonces, ya no puedo pensar a la política desde la izquierda o la derecha. Esta categoría filosófica y doctrinaria universal que es la izquierda se quiebra absolutamente en el Ecuador. De ahí en adelante tiene una lectura: esa izquierda del Norte es la que preserva no sólo el Estado para sí sino el Estado de bienestar de sus propios sujetos. Por supuesto que no siendo categorías universales va a haber tantas versiones de izquierda como países haya. Pero entonces no hablemos de posiciones ideológicas o filosóficas universales.
Se ha dicho que el proyecto de ley tiende a compensar a los bancos, pero también hay otros sujetos beneficiarios, y es la inmensa mayoría del pueblo argentino, que no puede quedar subordinado a la vigencia del CER y del CVS, porque -repito- la 1050 fue la experiencia trágica de los coeficientes de actualización.
Cuando se habla de compensar a los bancos me pongo a pensar si no hay hipocresía política dentro de este recinto, y lo digo desde las profundas convicciones que he tenido toda la vida y desde una trayectoria en la política y en la vida social de mi provincia.
En Mendoza, desde la Liga de Usuarios y Consumidores que he presidido durante diez años, encabecé todas las movilizaciones posibles en contra de las privatizaciones que se hicieron en algún momento en mi provincia, en contra del rebalanceo telefónico, y también protegiendo a los deudores hipotecarios.
Tengo una trayectoria en esta materia y desde mis convicciones digo que vengo a votar este proyecto de ley porque es la decisión que tiene que tomar el Estado como política nacional. Es la primera vez en doce años que un gobierno se para firme frente al Fondo Monetario Internacional y a sus acreedores. Pero pararse firme no significa arrollar al gigante, sino conseguir mejores condiciones para la negociación. Y todo el mundo sabe que la aprobación de esta iniciativa es parte de los condicionamientos que tenemos como país dependiente.
Nos dejaron tan dependientes que allá por diciembre de 2001 y enero de 2002 asolaba a la Argentina una tormenta de arena que no nos permitía ver el paso siguiente. Hay pasos que se dieron bien y otros, mal.
En este Congreso se dispuso una pesificación de las deudas, una pesificación limitada, dirigida a la gente, a los deudores hipotecarios, a los pequeños deudores. Después, con un gravísimo error se hizo una pesificación asimétrica, que no pasó por el Congreso de la Nación; se hizo por un decreto dictado por el Poder Ejecutivo.
En ese ir y venir, con la debilidad institucional, aparecieron actores como los bancos, que hoy pretenden esta compensación. Los bancos tienen un doble discurso: se oponen a que el Estado proteja a los deudores, ¿pero cómo? ¿No se quedaron ellos con el ahorro de los ciudadanos? ¿No son deudores de los ahorristas? Y ahora vienen a pedir al Estado compensación.
Hay una sola categoría de deudores. Es deudor el banco porque retuvo el plazo fijo del ahorrista, o se es deudor del banco porque se debe un crédito hipotecario, prendario o un simple crédito. Me parece que lo que tenemos que definir en una discusión política de fondo es cuándo el Estado actúa, cuándo el Estado compensa y si hay categorías universales o categorías parciales.
Todo esto lo menciono porque tiene mucho que ver con la situación que están viviendo los deudores hipotecarios, los prendarios y los deudores en general. Parece que hay sectores que se resisten a revisar la situación de estos deudores pero tienen facilidad para revisar la situación de los bancos, que son deudores con sus clientes, con sus ahorristas.
Cuando decía que percibía una hipocresía política en este recinto me estaba refiriendo a todos esos sectores. No tengo buenos recuerdos de Cavallo, que en 1982estatizó las deudas de las grandes corporaciones, el Cavallo de Menem, el de Chacho Alvarez y el de de la Rúa. Pero aquí parece que nadie viene de ningún lado, que todo el mundo ha nacido en el recinto en el día de la fecha. Esto le hace daño al sistema democrático, porque una de las bases principales de un sistema político serio es la buena fe, y ésta tiene que ver con nuestra historia y trayectoria. No vinimos al recinto a partir del día de la fecha sino que venimos desde nuestras luchas, desde nuestra participación en el Estado y desde nuestras convicciones, que muchas veces se doblan o se tuercen de acuerdo con la prensa que hay arriba. A la dirigencia política del país le falta sinceridad.
Si este país se ha hundido y está en el estado en el que lo vemos es consecuencia de estos actores -algunos de los cuales no están más en este recinto- y de los partidos políticos que hoy tienen la responsabilidad de acompañar a un presidente que se ha parado firme frente al Fondo Monetario Internacional.
Es cierto que no me gusta votar afirmativamente este proyecto de ley, pero lo voy a hacer con un nudo en la panza. Creo que se trata de una iniciativa que le sirve a la política nacional. Como alguna vez dije en la primera Asamblea Legislativa, cuando se eligió al primer presidente, que duró siete días, y después en la segunda Asamblea Legislativa, cuando se eligió al doctor Duhalde, en mi modesto criterio creo que la Argentina no debe pagar la deuda durante un tiempo, pero necesariamente en algún momento debe sentarse a negociar.
La debilidad estructural, política y económica que tiene la Argentina y su carencia social son consecuencia del consenso de Washington, del cual es responsable la inmensa mayoría de los diputados presentes en este recinto, no importa a qué partido pertenezcan.
El consenso de Washington fue el credo de la Argentina y de la dirigencia política para los que gobernaron durante diez años y los que se fueron dos años antes del gobierno.
Al pueblo hay que hablarle de buena fe. Este valor debe renacer en este recinto. No vi en las manifestaciones populares a aquellos que aquí levantan la voz contra las políticas del consenso de Washington y se paran como los compadritos de las esquinas, cuando tienen una historia y una trayectoria que se vincula más con los intereses extranjeros que muchas veces protegieron que con los intereses nacionales que en este momento dicen defender para no votar afirmativamente una ley.
Yo voy a votar en forma afirmativa el proyecto de ley en consideración. Vengo de un partido pequeño, de oposición. Para mí sería mucho más fácil en este momento tomar la decisión de votar negativamente, haciendo un discurso político en tal sentido, pero repito que si hay algo que rescato de la vida política argentina es la necesidad de que la buena fe se vuelva a instalar en cada uno de los dirigentes políticos, en este recinto, y que realmente comencemos a legislar de acuerdo con nuestra ciencia y conciencia, pero de buena fe, y ésta tiene que ver con nuestra historia y también con la forma en que miramos a los ciudadanos. Si la hipocresía se instala en este recinto, serán pocos los que podrán mirar de frente a sus comprovincianos. Yo siempre los miré de frente y pretendo seguir haciéndolo. Estoy de acuerdo con la votación nominal, pero no la necesito porque acostumbro fundamentar mi voto afirmativo o negativo.
El muro de Berlín cayó hace mucho tiempo, y cuando la izquierda quiera tener categorías universales, que lo demuestre en los hechos. Esas categorías universales significan que Felipe González tiene que venir a ayudar a la Argentina, no a pedir en favor de las empresas privatizadas, y que Tony Blair no empuje a nuestro país más allá de lo que se puede. Tenemos categorías universales de pensamiento, de doctrina y de filosofía, o somos unos simples chantas que usamos el micrófono de acuerdo a la conveniencia de cada momento. (Aplausos.)
Hasta hace muy poco tiempo la gente tenía un desánimo colectivo, porque no vislumbraba un modelo ni un proyecto de país que contuviera a todos, el cual ahora se construye desde la política, desde esa política que estuvo ausente durante muchos años en el cumplimiento del interés nacional y que durante doce años ininterrumpidos -con gobiernos de distinto color político- se puso al servicio del consenso de Washington, de las empresas privatizadas y de los bancos extranjeros. Esta es la historia que ha vivido la Argentina. Pero hay un nuevo fervor popular en nuestro país, porque es cierto que venimos saliendo de la crisis tal vez más grave que hayamos atravesado en el último siglo.
De esa crisis no se salió solamente porque hubo un poder político y un Congreso que la timonearon; se salió de ella por la profunda vocación democrática del pueblo argentino, que aun en el peor momento -allá por el 20 de diciembre de 2001-, cuando parecía que todo se derrumbaba, se aferró con uñas y dientes al sistema democrático y decidió sostenerlo y defenderlo. Desde ahí en adelante fueron los poderes del Estado los que con muchísima dificultad sortearon la crisis y la debilidad institucional.
Recién en los últimos tiempos se ha venido sosteniendo que la Argentina puede negociar en condiciones de dignidad un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sé que lo que vamos a votar hoy tiene mucho que ver con la gente común, porque es la eliminación de dos coeficientes que nacieron con la transitoriedad de la emergencia institucional que vivíamos. En mi modesta opinión, creo que nadie pensaba seriamente que esos coeficientes iban a tener una duración ilimitada. La Argentina ya vivió la época de la circular 1.050 y la de los coeficientes de actualización, que se llevaron medio país. Seguramente, la norma se dictó en ese entonces para ser revisada ahora.
Adelanto que voy a votar a favor de esta iniciativa porque tiene mucho que ver con una política nacional. El Estado argentino está en una negociación absolutamente complicada con el FMI, que no protege el interés del crecimiento de las naciones sino un estilo de vida: el estilo de vida del Norte. No importa si en el Norte gobierna el socialismo, el comunismo o el capitalismo; lo que defiende el Fondo es el estilo de vida del Norte.
En otra época yo pensaba a la política desde la izquierda y la derecha, y hoy la pienso desde el Norte y desde el Sur, porque es la izquierda de Felipe González la que viene a la Argentina a presionar al gobierno y al Estado para que quedemos subordinados a las tarifas que nos quieran imponer las empresas multinacionales que representan al Estado español, y es la izquierda del gobierno de Tony Blair la que también presiona por las empresas privatizadas, porque en general en la Argentina las empresas privatizadas quedaron para los europeos y el sistema financiero y los bancos para el gobierno de los Estados Unidos.
Entonces, ya no puedo pensar a la política desde la izquierda o la derecha. Esta categoría filosófica y doctrinaria universal que es la izquierda se quiebra absolutamente en el Ecuador. De ahí en adelante tiene una lectura: esa izquierda del Norte es la que preserva no sólo el Estado para sí sino el Estado de bienestar de sus propios sujetos. Por supuesto que no siendo categorías universales va a haber tantas versiones de izquierda como países haya. Pero entonces no hablemos de posiciones ideológicas o filosóficas universales.
Se ha dicho que el proyecto de ley tiende a compensar a los bancos, pero también hay otros sujetos beneficiarios, y es la inmensa mayoría del pueblo argentino, que no puede quedar subordinado a la vigencia del CER y del CVS, porque -repito- la 1050 fue la experiencia trágica de los coeficientes de actualización.
Cuando se habla de compensar a los bancos me pongo a pensar si no hay hipocresía política dentro de este recinto, y lo digo desde las profundas convicciones que he tenido toda la vida y desde una trayectoria en la política y en la vida social de mi provincia.
En Mendoza, desde la Liga de Usuarios y Consumidores que he presidido durante diez años, encabecé todas las movilizaciones posibles en contra de las privatizaciones que se hicieron en algún momento en mi provincia, en contra del rebalanceo telefónico, y también protegiendo a los deudores hipotecarios.
Tengo una trayectoria en esta materia y desde mis convicciones digo que vengo a votar este proyecto de ley porque es la decisión que tiene que tomar el Estado como política nacional. Es la primera vez en doce años que un gobierno se para firme frente al Fondo Monetario Internacional y a sus acreedores. Pero pararse firme no significa arrollar al gigante, sino conseguir mejores condiciones para la negociación. Y todo el mundo sabe que la aprobación de esta iniciativa es parte de los condicionamientos que tenemos como país dependiente.
Nos dejaron tan dependientes que allá por diciembre de 2001 y enero de 2002 asolaba a la Argentina una tormenta de arena que no nos permitía ver el paso siguiente. Hay pasos que se dieron bien y otros, mal.
En este Congreso se dispuso una pesificación de las deudas, una pesificación limitada, dirigida a la gente, a los deudores hipotecarios, a los pequeños deudores. Después, con un gravísimo error se hizo una pesificación asimétrica, que no pasó por el Congreso de la Nación; se hizo por un decreto dictado por el Poder Ejecutivo.
En ese ir y venir, con la debilidad institucional, aparecieron actores como los bancos, que hoy pretenden esta compensación. Los bancos tienen un doble discurso: se oponen a que el Estado proteja a los deudores, ¿pero cómo? ¿No se quedaron ellos con el ahorro de los ciudadanos? ¿No son deudores de los ahorristas? Y ahora vienen a pedir al Estado compensación.
Hay una sola categoría de deudores. Es deudor el banco porque retuvo el plazo fijo del ahorrista, o se es deudor del banco porque se debe un crédito hipotecario, prendario o un simple crédito. Me parece que lo que tenemos que definir en una discusión política de fondo es cuándo el Estado actúa, cuándo el Estado compensa y si hay categorías universales o categorías parciales.
Todo esto lo menciono porque tiene mucho que ver con la situación que están viviendo los deudores hipotecarios, los prendarios y los deudores en general. Parece que hay sectores que se resisten a revisar la situación de estos deudores pero tienen facilidad para revisar la situación de los bancos, que son deudores con sus clientes, con sus ahorristas.
Cuando decía que percibía una hipocresía política en este recinto me estaba refiriendo a todos esos sectores. No tengo buenos recuerdos de Cavallo, que en 1982estatizó las deudas de las grandes corporaciones, el Cavallo de Menem, el de Chacho Alvarez y el de de la Rúa. Pero aquí parece que nadie viene de ningún lado, que todo el mundo ha nacido en el recinto en el día de la fecha. Esto le hace daño al sistema democrático, porque una de las bases principales de un sistema político serio es la buena fe, y ésta tiene que ver con nuestra historia y trayectoria. No vinimos al recinto a partir del día de la fecha sino que venimos desde nuestras luchas, desde nuestra participación en el Estado y desde nuestras convicciones, que muchas veces se doblan o se tuercen de acuerdo con la prensa que hay arriba. A la dirigencia política del país le falta sinceridad.
Si este país se ha hundido y está en el estado en el que lo vemos es consecuencia de estos actores -algunos de los cuales no están más en este recinto- y de los partidos políticos que hoy tienen la responsabilidad de acompañar a un presidente que se ha parado firme frente al Fondo Monetario Internacional.
Es cierto que no me gusta votar afirmativamente este proyecto de ley, pero lo voy a hacer con un nudo en la panza. Creo que se trata de una iniciativa que le sirve a la política nacional. Como alguna vez dije en la primera Asamblea Legislativa, cuando se eligió al primer presidente, que duró siete días, y después en la segunda Asamblea Legislativa, cuando se eligió al doctor Duhalde, en mi modesto criterio creo que la Argentina no debe pagar la deuda durante un tiempo, pero necesariamente en algún momento debe sentarse a negociar.
La debilidad estructural, política y económica que tiene la Argentina y su carencia social son consecuencia del consenso de Washington, del cual es responsable la inmensa mayoría de los diputados presentes en este recinto, no importa a qué partido pertenezcan.
El consenso de Washington fue el credo de la Argentina y de la dirigencia política para los que gobernaron durante diez años y los que se fueron dos años antes del gobierno.
Al pueblo hay que hablarle de buena fe. Este valor debe renacer en este recinto. No vi en las manifestaciones populares a aquellos que aquí levantan la voz contra las políticas del consenso de Washington y se paran como los compadritos de las esquinas, cuando tienen una historia y una trayectoria que se vincula más con los intereses extranjeros que muchas veces protegieron que con los intereses nacionales que en este momento dicen defender para no votar afirmativamente una ley.
Yo voy a votar en forma afirmativa el proyecto de ley en consideración. Vengo de un partido pequeño, de oposición. Para mí sería mucho más fácil en este momento tomar la decisión de votar negativamente, haciendo un discurso político en tal sentido, pero repito que si hay algo que rescato de la vida política argentina es la necesidad de que la buena fe se vuelva a instalar en cada uno de los dirigentes políticos, en este recinto, y que realmente comencemos a legislar de acuerdo con nuestra ciencia y conciencia, pero de buena fe, y ésta tiene que ver con nuestra historia y también con la forma en que miramos a los ciudadanos. Si la hipocresía se instala en este recinto, serán pocos los que podrán mirar de frente a sus comprovincianos. Yo siempre los miré de frente y pretendo seguir haciéndolo. Estoy de acuerdo con la votación nominal, pero no la necesito porque acostumbro fundamentar mi voto afirmativo o negativo.
El muro de Berlín cayó hace mucho tiempo, y cuando la izquierda quiera tener categorías universales, que lo demuestre en los hechos. Esas categorías universales significan que Felipe González tiene que venir a ayudar a la Argentina, no a pedir en favor de las empresas privatizadas, y que Tony Blair no empuje a nuestro país más allá de lo que se puede. Tenemos categorías universales de pensamiento, de doctrina y de filosofía, o somos unos simples chantas que usamos el micrófono de acuerdo a la conveniencia de cada momento. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
SR. ZAMORA, LUIS FERNANDO (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: cuando uno confronta las encuestas que diariamente citan los medios de comunicación, respecto de que el 80 por ciento del pueblo argentino tiene expectativas depositadas y ganas de creer en el actual titular del Poder Ejecutivo nacional, y las confronta con la medidas que paso a paso se van adoptando, advierte con indignación y hasta con dramatismo el futuro que espera a esas ilusiones de gran parte de los habitantes de nuestro país. Porque esas expectativas fundamentalmente tienen que ver con las ganas y la necesidad de creer, pero también con algunas frases y poses del presidente. Por ejemplo, Kirchner dijo que no iba a haber continuidad en relación con las políticas económicas discutidas con el Fondo Monetario Internacional.
Los habitantes del país no desmenuzan palabra por palabra; perciben en los discursos del presidente que está comprometiéndose a adoptar una política de independencia frente a los Estados Unidos y los organismos financieros internacionales. También dijo que no iba a pagar la deuda si primero no crecíamos, y el pueblo argentino entiende esa frase como que va a mejorar su situación económica, que se va a discutir de pie con el Fondo Monetario Internacional y que la deuda y las exigencias del FMI no van a estar en primer término.
Quienes no tenemos puestas expectativas en este presidente vemos con dramatismo cómo se confrontan estos deseos con estas realidades. Ya observamos cómo Kirchner se reunió con Powell en la Argentina y aceptó que le pidiera explicaciones sobre la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o cómo viajó a Europa convocado a una supuesta reunión de líderes progresistas del mundo, cuando el líder anfitrión progresista era Blair. Kirchner fue corriendo a darle ese barniz progresista a Blair, quien junto con Bush es la cara más reaccionaria que hoy puede mostrar el espectro político mundial, sin desmerecer a Aznar, y mostró con orgullo las felicitaciones de Blair y de Aznar.
Es Kirchner el que saluda los asesoramientos y los consejos de Felipe González. Es Kirchner el que se enorgullece de sentirse respaldado por Chirac y el que casi sin pisar territorio argentino se entera en Madrid de que Bush lo quiere ver y parte corriendo a Washington para encontrarse con él, no para negociar de pie con dignidad, no para dialogar desde un país devastado que dice "basta", sino para saludarse efusivamente con Bush y hasta palmearse las rodillas.
Los gestos tienen mucha significación, muchas veces mucho más que las palabras. El hecho de palmearse las rodillas quiere decir que tenemos muchas cosas en común. Hablo de Bush, el genocida de Irak y el que anuncia todos los días nuevos genocidios, el que le miente al mundo y estafa a su pueblo y a todos los pueblos del mundo, el que desprecia las propias normas internacionales que ellos han votado y defendido cuando les convenía.
Precisamente a ese Bush lo va a ver nuestro presidente. Podrían ser reuniones con sólo gestos e imágenes, pero resulta que luego se traducen en medidas concretas, que en poco tiempo van a afectar las condiciones de vida del pueblo argentino, de un pueblo agredido desde hace treinta años. Todo eso va a llevar a que nuestras ilusiones se transformen en desilusiones y en frustraciones.
Los tiempos no son largos porque ningún dirigente político tiene tiempos largos en la Argentina. No olvidemos que hubo un 19 y 20 de diciembre, y eso está combinado con estas expectativas.
Las medidas concretas son estas que hoy estamos discutiendo. El Fondo Monetario Internacional exige y el presidente de la Nación cumple. No hay ninguna negociación con dignidad. El FMI exige como lo hizo con Alfonsín, con Menem y con de la Rúa. Hoy le exige a Kirchner.
No hay posibilidades de negociar con el FMI en condiciones favorables para el país. No descubrió ninguna receta porque no hay magia. Cuando se trata de defender intereses económicos o intereses humanos, no hay posibilidad de diálogo porque son idiomas distintos. No hay posibilidad de decir que voy a priorizar la deuda, con bancos acreedores, con titulares de bonos o con organismos financieros porque tengo un 60 por ciento de la población de mi país bajo la línea de pobreza.
No hay ningún banquero que diga: "por favor, ocúpese de su pueblo y venga cuando tenga solucionados sus problemas". No lo hay, en la sucursal de nuestro barrio ni en ningún banco del mundo. Tampoco lo hay en las políticas de los gobiernos que defienden los sistemas capitalistas porque estos sistemas se basan en defender las ganancias empresarias y no las necesidades de los pueblos.
Kirchner se encuentra con la misma realidad con que se encontraron Alfonsín y Grinspun. ¿Se acuerdan de Grinspun? El fue a patalear mucho más fuerte de lo que fue Kirchner. La realidad es que terminó Sourrouille, el Plan Austral, el Primavera. Eso sería secundario porque también terminó el gobierno de Alfonsín. El drama fue cómo quedó el pueblo argentino.
Hablaba de las medidas concretas, teniendo en cuenta la inmoralidad votada el miércoles pasado con la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central. Esa inmoralidad pasa por el tema de la inmunidad, pero también por la emisión de pesos. Es verdad que no interesa si se paga con dólares de la reserva o se emiten pesos para comprar dólares y pagar con esos dólares. Eso es efectivamente igual, pero el drama es que se siguen priorizando esos pagos.
Ya están comprometidos en los borradores con el FMI doce mil millones de pesos. A su vez, se le está mintiendo al pueblo argentino al decirle que se negocia con dignidad, porque hoy se negocia si en vez de ser catorce mil son doce mil millones porque el Fondo exige dos mil millones de pesos más.
Se habla de dignidad, pero encima se agrega en el borrador -esto es nuevo- que se comprometen a pagar al FMI en el plazo que dure el acuerdo que finalmente se firme mil trescientos millones de dólares para descontar capital.
No hay dignidad, ninguna; hay continuidad.La única diferencia es que este país está destruido, aún más de lo que estaba cinco o seis años atrás; esa es la única diferencia.
No se puede dar más de lo que se tiene. Kirchner da todo lo que puede y tiene; no tiene lo que tenían Alfonsín y Menem, y por eso no da más. Es dramático confrontar estas expectativas con estas realidades. Y esta compensación tiene las mismas características.
Hace tiempo denunciamos estas relaciones serviles, inhumanas y antinacionales con los organismos financieros. Hemos planteado muchas cuestiones que eran difíciles de demostrar, pero ahora aparecen en los diarios y no se pueden negar. El FMI exige como condición que se voten estas leyes.
A Duhalde se le exigió la impunidad, lo cual significaba la derogación de la ley de subversión económica. Eso era algo que salía en los diarios y se votaba en consecuencia.
Antes había que apelar a papeles, dichos y borradores; ahora todo aparece en los medios. ¿Cómo podemos continuar mintiéndole a la población y avalar que este gobierno está haciendo algo distinto? En primer lugar, ¿ustedes creen que Blair o Bush lo felicitarían si estuviera haciendo algo distinto? Además, acá están las realidades; no hay diferencias importantes.
Las diferencias están dramáticamente vinculadas a las diferencias que hoy presenta el país: la cantidad de pobres y el drama del salario que sigue cayendo, porque una persona puede tener trabajo, pero cada vez gana menos.
El ex presidente Duhalde compensó a los bancos por las deudas de los grandes grupos económicos contraídas con el sistema financiero local. Todavía queda por ver qué pasa con el sistema financiero internacional y el rol que va a jugar este gobierno.
Ya se llevó a cabo una compensación en forma delictiva. Hice una denuncia penal por el decreto 214 y por la consiguiente compensación. El presidente no tenía facultades, no sólo porque no existía fundamento ético, político ni económico para hacerlo, sino porque tampoco era legal. El presidente no tenía facultades para dictar un decreto invocando razones de necesidad y urgencia y eludiendo las limitaciones impuestas por la ley 25.561, de emergencia pública y reforma del régimen cambiario.
Ahora se presenta esta compensación. ¿Alguien ha tenido que pagar un crédito hipotecario en estos diez años generando ganancias usurarias para los bancos? Además, porque ahora se los compensa uno a uno exigen una actualización y como la actualización termina, piden que se los siga compensando. Tendrían que devolverle a los deudores hipotecarios -por tomar un rubro- lo que les robaron en concepto de usura cuando a los tres años de un crédito otorgado a diez ya habían pagado lo solicitado y todavía quedaban siete años para someterse a ese robo que permitieron las instituciones. Porque los bancos actúan así debido a que las instituciones y los dirigentes políticos elegidos por la población lo permiten.
Por estas razones, votaremos en contra de esta nueva medida que exige el Fondo Monetario Internacional. No es casual que cada vez que se discute una norma de este tipo sale el tema de la deuda una y otra vez.
No hay ninguna discusión respecto de que compensar al sistema financiero sea injusto; lo exige el Fondo Monetario Internacional, este es el tema. Esta es la falta de independencia de nuestro país que sigue agravándose y acentuándose.
Estoy convencido de que estos datos tan opuestos entre expectativas y realidades provocan indignación, dramatismo y cierta tristeza, porque nadie puede aventar las frustraciones. Sin embargo, existen otros caminos distintos y nuevos; hay búsquedas y exploraciones de nuevas políticas por parte de nuestro pueblo. No creo que los tiempos sean demasiado extensos, porque ni siquiera se trata de expectativas basadas en hechos, como ocurrió con otros dirigentes políticos de otros partidos de nuestra historia. Aquí no hay expectativas basadas en hechos sino ganas de creer, pero eso tarde o temprano se acaba. Mientras tanto, el pueblo sigue buscando y explorando nuevos caminos que nos alientan, como el de la integración con América latina.
Ojalá que en esta búsqueda encontremos la fuerza suficiente, que no tiene la gran mayoría de la dirigencia política de nuestros pueblos y mucho menos los actuales gobiernos, para ponernos de pie, sentirnos orgullosos por defender posiciones dignas y recorrer el mundo -en lugar de arrastrarse con los gobiernos que defienden los intereses de la minoría-, haciendo valer el derecho que tiene la mayoría de la humanidad de alcanzar caminos opuestos, distintos y alternativos a la barbarie que hoy significa el capitalismo.
Los habitantes del país no desmenuzan palabra por palabra; perciben en los discursos del presidente que está comprometiéndose a adoptar una política de independencia frente a los Estados Unidos y los organismos financieros internacionales. También dijo que no iba a pagar la deuda si primero no crecíamos, y el pueblo argentino entiende esa frase como que va a mejorar su situación económica, que se va a discutir de pie con el Fondo Monetario Internacional y que la deuda y las exigencias del FMI no van a estar en primer término.
Quienes no tenemos puestas expectativas en este presidente vemos con dramatismo cómo se confrontan estos deseos con estas realidades. Ya observamos cómo Kirchner se reunió con Powell en la Argentina y aceptó que le pidiera explicaciones sobre la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o cómo viajó a Europa convocado a una supuesta reunión de líderes progresistas del mundo, cuando el líder anfitrión progresista era Blair. Kirchner fue corriendo a darle ese barniz progresista a Blair, quien junto con Bush es la cara más reaccionaria que hoy puede mostrar el espectro político mundial, sin desmerecer a Aznar, y mostró con orgullo las felicitaciones de Blair y de Aznar.
Es Kirchner el que saluda los asesoramientos y los consejos de Felipe González. Es Kirchner el que se enorgullece de sentirse respaldado por Chirac y el que casi sin pisar territorio argentino se entera en Madrid de que Bush lo quiere ver y parte corriendo a Washington para encontrarse con él, no para negociar de pie con dignidad, no para dialogar desde un país devastado que dice "basta", sino para saludarse efusivamente con Bush y hasta palmearse las rodillas.
Los gestos tienen mucha significación, muchas veces mucho más que las palabras. El hecho de palmearse las rodillas quiere decir que tenemos muchas cosas en común. Hablo de Bush, el genocida de Irak y el que anuncia todos los días nuevos genocidios, el que le miente al mundo y estafa a su pueblo y a todos los pueblos del mundo, el que desprecia las propias normas internacionales que ellos han votado y defendido cuando les convenía.
Precisamente a ese Bush lo va a ver nuestro presidente. Podrían ser reuniones con sólo gestos e imágenes, pero resulta que luego se traducen en medidas concretas, que en poco tiempo van a afectar las condiciones de vida del pueblo argentino, de un pueblo agredido desde hace treinta años. Todo eso va a llevar a que nuestras ilusiones se transformen en desilusiones y en frustraciones.
Los tiempos no son largos porque ningún dirigente político tiene tiempos largos en la Argentina. No olvidemos que hubo un 19 y 20 de diciembre, y eso está combinado con estas expectativas.
Las medidas concretas son estas que hoy estamos discutiendo. El Fondo Monetario Internacional exige y el presidente de la Nación cumple. No hay ninguna negociación con dignidad. El FMI exige como lo hizo con Alfonsín, con Menem y con de la Rúa. Hoy le exige a Kirchner.
No hay posibilidades de negociar con el FMI en condiciones favorables para el país. No descubrió ninguna receta porque no hay magia. Cuando se trata de defender intereses económicos o intereses humanos, no hay posibilidad de diálogo porque son idiomas distintos. No hay posibilidad de decir que voy a priorizar la deuda, con bancos acreedores, con titulares de bonos o con organismos financieros porque tengo un 60 por ciento de la población de mi país bajo la línea de pobreza.
No hay ningún banquero que diga: "por favor, ocúpese de su pueblo y venga cuando tenga solucionados sus problemas". No lo hay, en la sucursal de nuestro barrio ni en ningún banco del mundo. Tampoco lo hay en las políticas de los gobiernos que defienden los sistemas capitalistas porque estos sistemas se basan en defender las ganancias empresarias y no las necesidades de los pueblos.
Kirchner se encuentra con la misma realidad con que se encontraron Alfonsín y Grinspun. ¿Se acuerdan de Grinspun? El fue a patalear mucho más fuerte de lo que fue Kirchner. La realidad es que terminó Sourrouille, el Plan Austral, el Primavera. Eso sería secundario porque también terminó el gobierno de Alfonsín. El drama fue cómo quedó el pueblo argentino.
Hablaba de las medidas concretas, teniendo en cuenta la inmoralidad votada el miércoles pasado con la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central. Esa inmoralidad pasa por el tema de la inmunidad, pero también por la emisión de pesos. Es verdad que no interesa si se paga con dólares de la reserva o se emiten pesos para comprar dólares y pagar con esos dólares. Eso es efectivamente igual, pero el drama es que se siguen priorizando esos pagos.
Ya están comprometidos en los borradores con el FMI doce mil millones de pesos. A su vez, se le está mintiendo al pueblo argentino al decirle que se negocia con dignidad, porque hoy se negocia si en vez de ser catorce mil son doce mil millones porque el Fondo exige dos mil millones de pesos más.
Se habla de dignidad, pero encima se agrega en el borrador -esto es nuevo- que se comprometen a pagar al FMI en el plazo que dure el acuerdo que finalmente se firme mil trescientos millones de dólares para descontar capital.
No hay dignidad, ninguna; hay continuidad.La única diferencia es que este país está destruido, aún más de lo que estaba cinco o seis años atrás; esa es la única diferencia.
No se puede dar más de lo que se tiene. Kirchner da todo lo que puede y tiene; no tiene lo que tenían Alfonsín y Menem, y por eso no da más. Es dramático confrontar estas expectativas con estas realidades. Y esta compensación tiene las mismas características.
Hace tiempo denunciamos estas relaciones serviles, inhumanas y antinacionales con los organismos financieros. Hemos planteado muchas cuestiones que eran difíciles de demostrar, pero ahora aparecen en los diarios y no se pueden negar. El FMI exige como condición que se voten estas leyes.
A Duhalde se le exigió la impunidad, lo cual significaba la derogación de la ley de subversión económica. Eso era algo que salía en los diarios y se votaba en consecuencia.
Antes había que apelar a papeles, dichos y borradores; ahora todo aparece en los medios. ¿Cómo podemos continuar mintiéndole a la población y avalar que este gobierno está haciendo algo distinto? En primer lugar, ¿ustedes creen que Blair o Bush lo felicitarían si estuviera haciendo algo distinto? Además, acá están las realidades; no hay diferencias importantes.
Las diferencias están dramáticamente vinculadas a las diferencias que hoy presenta el país: la cantidad de pobres y el drama del salario que sigue cayendo, porque una persona puede tener trabajo, pero cada vez gana menos.
El ex presidente Duhalde compensó a los bancos por las deudas de los grandes grupos económicos contraídas con el sistema financiero local. Todavía queda por ver qué pasa con el sistema financiero internacional y el rol que va a jugar este gobierno.
Ya se llevó a cabo una compensación en forma delictiva. Hice una denuncia penal por el decreto 214 y por la consiguiente compensación. El presidente no tenía facultades, no sólo porque no existía fundamento ético, político ni económico para hacerlo, sino porque tampoco era legal. El presidente no tenía facultades para dictar un decreto invocando razones de necesidad y urgencia y eludiendo las limitaciones impuestas por la ley 25.561, de emergencia pública y reforma del régimen cambiario.
Ahora se presenta esta compensación. ¿Alguien ha tenido que pagar un crédito hipotecario en estos diez años generando ganancias usurarias para los bancos? Además, porque ahora se los compensa uno a uno exigen una actualización y como la actualización termina, piden que se los siga compensando. Tendrían que devolverle a los deudores hipotecarios -por tomar un rubro- lo que les robaron en concepto de usura cuando a los tres años de un crédito otorgado a diez ya habían pagado lo solicitado y todavía quedaban siete años para someterse a ese robo que permitieron las instituciones. Porque los bancos actúan así debido a que las instituciones y los dirigentes políticos elegidos por la población lo permiten.
Por estas razones, votaremos en contra de esta nueva medida que exige el Fondo Monetario Internacional. No es casual que cada vez que se discute una norma de este tipo sale el tema de la deuda una y otra vez.
No hay ninguna discusión respecto de que compensar al sistema financiero sea injusto; lo exige el Fondo Monetario Internacional, este es el tema. Esta es la falta de independencia de nuestro país que sigue agravándose y acentuándose.
Estoy convencido de que estos datos tan opuestos entre expectativas y realidades provocan indignación, dramatismo y cierta tristeza, porque nadie puede aventar las frustraciones. Sin embargo, existen otros caminos distintos y nuevos; hay búsquedas y exploraciones de nuevas políticas por parte de nuestro pueblo. No creo que los tiempos sean demasiado extensos, porque ni siquiera se trata de expectativas basadas en hechos, como ocurrió con otros dirigentes políticos de otros partidos de nuestra historia. Aquí no hay expectativas basadas en hechos sino ganas de creer, pero eso tarde o temprano se acaba. Mientras tanto, el pueblo sigue buscando y explorando nuevos caminos que nos alientan, como el de la integración con América latina.
Ojalá que en esta búsqueda encontremos la fuerza suficiente, que no tiene la gran mayoría de la dirigencia política de nuestros pueblos y mucho menos los actuales gobiernos, para ponernos de pie, sentirnos orgullosos por defender posiciones dignas y recorrer el mundo -en lugar de arrastrarse con los gobiernos que defienden los intereses de la minoría-, haciendo valer el derecho que tiene la mayoría de la humanidad de alcanzar caminos opuestos, distintos y alternativos a la barbarie que hoy significa el capitalismo.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. CAFIERO, MARIO ALEJANDRO (BUENOS AIRES):
Señor presidente: seré muy breve en mi exposición, ya que voy a solicitar la inserción de mi discurso en el Diario de Sesiones.
Sin embargo, no quiero dejar de señalar mi absoluto rechazo a este proyecto de ley, que estimo tiene graves incongruencias. La primera es que estamos votando una compensación definida por una serie de decretos de necesidad y urgencia que este Parlamento ni siquiera ha autorizado. Desde el decreto de necesidad y urgencia 214 en adelante se han sucedido una serie de normas que, incluso cuando se votó el presupuesto de 2003, no fueron autorizadas por este Congreso, dejando planteada una incógnita respecto de la opinión de este Parlamento sobre la forma en que el gobierno había resuelto el tema de la crisis bancaria. Evidentemente, esta es una gran incongruencia.
Estamos legislando para satisfacer un derecho en expectativa, ya que aunque no sabemos qué es lo que hay que compensar, ya estamos diciendo que vamos a compensar. Es una gran incongruencia política, porque mientras se discute con las empresas privatizadas que no habrá aumento de tarifas en tanto y en cuanto no se revisen acabadamente los contratos, la inversión y los reclamos, aquí a libro cerrado se otorga a los bancos una compensación por 2.800 millones de pesos.
También es una incongruencia que a pocos días de conocer el informe de la Comisión Especial Investigadora de Fuga de Divisas, que sostiene que antes del "corralito" se fueron del país más de diecisiete mil millones de dólares, no pensemos o evaluemos que esa fuga se concretó a través del sistema financiero y no mediante camiones que llevaron el dinero a Ezeiza. Existe una evidente necesidad de analizar las responsabilidades de los bancos respecto de esta situación. Entonces, considero importante que analicemos las conclusiones de esta comisión antes de votar cualquier compensación.
Por las razones expuestas, adelanto mi voto negativo a la iniciativa en discusión, porque estimo que es incongruente desde el punto de vista jurídico y político, y
también por lo que señalamos la semana pasada. Nos encontramos frente a una exigencia y una imposición. Este es un proyecto que no tiene ninguna racionalidad frente al discurso que hoy escuchamos de combate a la impunidad, de justicia y de negociación con dignidad.
Por eso, para finalizar, quiero decir que estoy evaluando la posibilidad de hacer una investigación sobre si esta Cámara está votando libremente estas leyes o si está siendo sometida a una coacción. Quiero saber si está viciada la voluntad de los legisladores, que en mi opinión es la única explicación racional que se puede encontrar después de "privatizar" el Banco Central -como ocurrió la semana pasada- y de compensar a los bancos con miles de millones de pesos, al margen de otras compensaciones que se vienen por 35.000 millones de pesos más. Esta es la única explicación que encuentro. Por eso creo que se debe investigar este hecho, porque desde mi punto de vista no se está votando de acuerdo con lo que fija la Constitución, sino que se lo está haciendo sin la adecuada libertad y bajo coacción.
Sin embargo, no quiero dejar de señalar mi absoluto rechazo a este proyecto de ley, que estimo tiene graves incongruencias. La primera es que estamos votando una compensación definida por una serie de decretos de necesidad y urgencia que este Parlamento ni siquiera ha autorizado. Desde el decreto de necesidad y urgencia 214 en adelante se han sucedido una serie de normas que, incluso cuando se votó el presupuesto de 2003, no fueron autorizadas por este Congreso, dejando planteada una incógnita respecto de la opinión de este Parlamento sobre la forma en que el gobierno había resuelto el tema de la crisis bancaria. Evidentemente, esta es una gran incongruencia.
Estamos legislando para satisfacer un derecho en expectativa, ya que aunque no sabemos qué es lo que hay que compensar, ya estamos diciendo que vamos a compensar. Es una gran incongruencia política, porque mientras se discute con las empresas privatizadas que no habrá aumento de tarifas en tanto y en cuanto no se revisen acabadamente los contratos, la inversión y los reclamos, aquí a libro cerrado se otorga a los bancos una compensación por 2.800 millones de pesos.
También es una incongruencia que a pocos días de conocer el informe de la Comisión Especial Investigadora de Fuga de Divisas, que sostiene que antes del "corralito" se fueron del país más de diecisiete mil millones de dólares, no pensemos o evaluemos que esa fuga se concretó a través del sistema financiero y no mediante camiones que llevaron el dinero a Ezeiza. Existe una evidente necesidad de analizar las responsabilidades de los bancos respecto de esta situación. Entonces, considero importante que analicemos las conclusiones de esta comisión antes de votar cualquier compensación.
Por las razones expuestas, adelanto mi voto negativo a la iniciativa en discusión, porque estimo que es incongruente desde el punto de vista jurídico y político, y
también por lo que señalamos la semana pasada. Nos encontramos frente a una exigencia y una imposición. Este es un proyecto que no tiene ninguna racionalidad frente al discurso que hoy escuchamos de combate a la impunidad, de justicia y de negociación con dignidad.
Por eso, para finalizar, quiero decir que estoy evaluando la posibilidad de hacer una investigación sobre si esta Cámara está votando libremente estas leyes o si está siendo sometida a una coacción. Quiero saber si está viciada la voluntad de los legisladores, que en mi opinión es la única explicación racional que se puede encontrar después de "privatizar" el Banco Central -como ocurrió la semana pasada- y de compensar a los bancos con miles de millones de pesos, al margen de otras compensaciones que se vienen por 35.000 millones de pesos más. Esta es la única explicación que encuentro. Por eso creo que se debe investigar este hecho, porque desde mi punto de vista no se está votando de acuerdo con lo que fija la Constitución, sino que se lo está haciendo sin la adecuada libertad y bajo coacción.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.
SR. VITAR, JOSE ALBERTO (TUCUMAN):
Señor presidente: si hoy legisláramos con seriedad, este tema tendría que haber sido considerado junto con el proyecto de ley que esta Cámara sancionó la semana pasada. Además, debería formar parte de un debate serio y profundo sobre el sistema financiero argentino, debate que este Congreso se debe y que todavía no se ha planteado. Por ejemplo, sería interesante analizar la responsabilidad de los bancos y del sistema financiero argentino en todo lo que fue el proceso previo a la implosión de la convertibilidad en diciembre de 2001.
Habría que analizar también la responsabilidad de los bancos en la fuga y salida de divisas. Este es un tema que ya fue abordado por comisiones investigadoras de esta Honorable Cámara, como la comisión investigadora de lavado de dinero o la Comisión Especial Investigadora de Fuga de Divisas, que en la actualidad está funcionando y de la que en estos días pudimos conocer, por los medios, un anticipo de informe, que dice cosas muy interesantes.
Todos estos temas tendrían que ser considerados a la hora de decidir si aprobamos o no esta compensación a los bancos. Sería muy interesante profundizar en cuestiones tales como la conducta de la banca privada nacional y extranjera cuando obligó al Estado nacional a pagar tasas de riesgo soberano, que más que quintuplicaban la tasa internacional de interés.
Asimismo, sería oportuno analizar las super utilidades que los bancos obtuvieron durante diez años, emergentes no sólo de esas tasas extravagantes para moneda dura que permitió el sistema, sino también de la magnitud desmesurada del spread que aplicaban a las operaciones. Estas son operaciones absolutamente desconocidas en el mundo, que escandalizarían a cualquier país serio.
También deberíamos considerar las diferencias entre los componentes del sistema financiero. No se puede tratar con la misma vara a un banco extranjero, que como producto de la crisis y de que no le cerraba bien algún número abandonó sus operaciones en el país, que a un banco cooperativo pequeño o mediano que hace esfuerzos para reinstalar el crédito a favor de la pequeña y mediana empresa. Tampoco podríamos equiparar a estas entidades con aquellos bancos que está más que probado que habilitaron oficinas en la Argentina sólo para facilitar la fuga o salida de divisas hacia paraísos fiscales. No es posible equiparar esa conducta a la de otros bancos que cumplieron escrupulosamente con las normativas de la autoridad de aplicación. De todas formas, esto no se va a discutir.
Seguimos emparchando el sistema en función de las presiones del supremo legislador: el Fondo Monetario Internacional. Sin duda alguna, la historia dirá si el país eligió el camino correcto a la hora de sentarse a la mesa de la discusión con ese organismo, aceptando las reglas de una negociación difícil y dura en la que todos los caminos conducen al mismo punto: un Fondo autoerigido en representante descarado del interés del sector financiero, no sólo en nuestro país sino también en el resto del mundo. El Fondo negocia desde ese lugar, y por cada peso que aflojemos habrá un peso menos para reparar la deuda histórica que la Nación tiene con numerosos sectores de la sociedad.
Nosotros no vamos a acompañar este proyecto, en primer lugar, porque somos coherentes con lo que siempre planteamos. En aquellos días de aplicación del famoso "corralito", o en los días previos a la decisión de devaluar y dejar flotar libremente la moneda -momento en que el país emprendió un camino realmente complicado-, expusimos nuestras diferencias y nuestra crítica respecto de ese conjunto de medidas desacertadas.
En vez de devaluar como se devaluó, de pesificar como se pesificó -por pedido y con la anuencia de los bancos que hoy solicitan la compensación- y de licuar masiva y brutalmente las deudas de los deudores del sistema financiero, el interbloque que conformábamos -junto con otros sectores progresistas- de esta Cámara propuso una solución racional, que no fue considerada seriamente por este Congreso. Nuestra propuesta permitía a los poderes Ejecutivo y Legislativo lograr una salida digna, más justa y menos traumática en relación con la crisis del sistema financiero.
Planteamos la constitución de un fideicomiso con los créditos bancarios de los grandes deudores del sistema cuya operación comercial genera divisas, como es el caso de los exportadores de granos, las petroleras, etcétera. Esto hubiese posibilitado la devolución de ahorros en moneda extranjera, y no sólo a los pequeños inversores. Inexplicablemente -a ello agrego un signo de pregunta- se optó por el camino de la pesificación y la licuación del stock de deuda de estos grandes jugadores del mercado. Así entramos en el laberinto de medidas que hoy nos conduce a esta situación, pues compensación tras compensación el Estado terminó transformándose en rehén de la estrategia de los núcleos financieros. Como decía anteriormente, son estos mismos bancos los que pidieron la pesificación asimétrica.
Bien lo dijo públicamente -y nunca fue desmentido- el ex ministro Remes Lenicov luego de dejar su cargo. Sabían que tarde o temprano, con el FMI como principal defensor, vendría este resarcimiento y el Estado -o sea el conjunto del país- terminaría soportando la pérdida. Arremetieron con una postura de máxima, como fue el proyecto que se envió originariamente al Congreso, que también incluía una delirante compensación sin monto tope por los amparos judiciales. Finalmente, se terminó acordando esta iniciativa, que parece una versión más realista, aunque en definitiva es más de lo mismo.
Siguen extorsionándonos, porque todos sabemos que el sistema financiero argentino tiene una enorme capacidad prestable inmovilizada. Existen más de setenta mil millones de pesos depositados en los bancos, pero no hay un peso de crédito, que aparecerá cuando se apruebe este proyecto; concretamente, al 31 de marzo de este año existían 67.000 millones de pesos en depósitos.
Para nosotros constituye un deber de coherencia votar por la negativa este proyecto. Creíamos que había otros caminos de salida, que hemos planteado. Entendemos que por esta vía no se avanza. El debate de esta iniciativa nos remite inevitablemente a su dimensión ética.
¿Por qué se debe compensar a los bancos y no a los numerosos expulsados del sistema por la pérdida de sus trabajos y de sus viviendas? ¿Por qué no compensar también a los pequeños y medianos empresarios, que entre otras causas cayeron por el costo desmesurado del sistema financiero, que les cobraba para poder seguir captando ahorristas, que percibían tasas absolutamente inimaginables en cualquier país normal?
¿Por qué no compensar también a los deudores de créditos obtenidos en el mercado primario de préstamos hipotecarios, como aquí se debatió muchas veces? ¿Por qué no compensar también a los trabajadores y jubilados, a quienes se les licuaron sus haberes después del estallido de esa granada que implicó el proceso devaluatorio en la Argentina? En suma, ¿por qué no compensar también a todos cuantos poseían un bien, cuyo valor, en definitiva, fue erosionado por la devaluación?
Existe una discusión pendiente. ¿Qué sistema financiero queremos? ¿Cuál va a ser el rol de la banca pública? ¿Qué límites se van a colocar al capital extranjero en el sector financiero, tal como ocurre en Estados Unidos de América y en Europa? Todo esto está ausente en este debate. Simplemente, asistimos a un nuevo capítulo de la extorsión.
Por las razones expuestas, vamos a votar por la negativa.
Habría que analizar también la responsabilidad de los bancos en la fuga y salida de divisas. Este es un tema que ya fue abordado por comisiones investigadoras de esta Honorable Cámara, como la comisión investigadora de lavado de dinero o la Comisión Especial Investigadora de Fuga de Divisas, que en la actualidad está funcionando y de la que en estos días pudimos conocer, por los medios, un anticipo de informe, que dice cosas muy interesantes.
Todos estos temas tendrían que ser considerados a la hora de decidir si aprobamos o no esta compensación a los bancos. Sería muy interesante profundizar en cuestiones tales como la conducta de la banca privada nacional y extranjera cuando obligó al Estado nacional a pagar tasas de riesgo soberano, que más que quintuplicaban la tasa internacional de interés.
Asimismo, sería oportuno analizar las super utilidades que los bancos obtuvieron durante diez años, emergentes no sólo de esas tasas extravagantes para moneda dura que permitió el sistema, sino también de la magnitud desmesurada del spread que aplicaban a las operaciones. Estas son operaciones absolutamente desconocidas en el mundo, que escandalizarían a cualquier país serio.
También deberíamos considerar las diferencias entre los componentes del sistema financiero. No se puede tratar con la misma vara a un banco extranjero, que como producto de la crisis y de que no le cerraba bien algún número abandonó sus operaciones en el país, que a un banco cooperativo pequeño o mediano que hace esfuerzos para reinstalar el crédito a favor de la pequeña y mediana empresa. Tampoco podríamos equiparar a estas entidades con aquellos bancos que está más que probado que habilitaron oficinas en la Argentina sólo para facilitar la fuga o salida de divisas hacia paraísos fiscales. No es posible equiparar esa conducta a la de otros bancos que cumplieron escrupulosamente con las normativas de la autoridad de aplicación. De todas formas, esto no se va a discutir.
Seguimos emparchando el sistema en función de las presiones del supremo legislador: el Fondo Monetario Internacional. Sin duda alguna, la historia dirá si el país eligió el camino correcto a la hora de sentarse a la mesa de la discusión con ese organismo, aceptando las reglas de una negociación difícil y dura en la que todos los caminos conducen al mismo punto: un Fondo autoerigido en representante descarado del interés del sector financiero, no sólo en nuestro país sino también en el resto del mundo. El Fondo negocia desde ese lugar, y por cada peso que aflojemos habrá un peso menos para reparar la deuda histórica que la Nación tiene con numerosos sectores de la sociedad.
Nosotros no vamos a acompañar este proyecto, en primer lugar, porque somos coherentes con lo que siempre planteamos. En aquellos días de aplicación del famoso "corralito", o en los días previos a la decisión de devaluar y dejar flotar libremente la moneda -momento en que el país emprendió un camino realmente complicado-, expusimos nuestras diferencias y nuestra crítica respecto de ese conjunto de medidas desacertadas.
En vez de devaluar como se devaluó, de pesificar como se pesificó -por pedido y con la anuencia de los bancos que hoy solicitan la compensación- y de licuar masiva y brutalmente las deudas de los deudores del sistema financiero, el interbloque que conformábamos -junto con otros sectores progresistas- de esta Cámara propuso una solución racional, que no fue considerada seriamente por este Congreso. Nuestra propuesta permitía a los poderes Ejecutivo y Legislativo lograr una salida digna, más justa y menos traumática en relación con la crisis del sistema financiero.
Planteamos la constitución de un fideicomiso con los créditos bancarios de los grandes deudores del sistema cuya operación comercial genera divisas, como es el caso de los exportadores de granos, las petroleras, etcétera. Esto hubiese posibilitado la devolución de ahorros en moneda extranjera, y no sólo a los pequeños inversores. Inexplicablemente -a ello agrego un signo de pregunta- se optó por el camino de la pesificación y la licuación del stock de deuda de estos grandes jugadores del mercado. Así entramos en el laberinto de medidas que hoy nos conduce a esta situación, pues compensación tras compensación el Estado terminó transformándose en rehén de la estrategia de los núcleos financieros. Como decía anteriormente, son estos mismos bancos los que pidieron la pesificación asimétrica.
Bien lo dijo públicamente -y nunca fue desmentido- el ex ministro Remes Lenicov luego de dejar su cargo. Sabían que tarde o temprano, con el FMI como principal defensor, vendría este resarcimiento y el Estado -o sea el conjunto del país- terminaría soportando la pérdida. Arremetieron con una postura de máxima, como fue el proyecto que se envió originariamente al Congreso, que también incluía una delirante compensación sin monto tope por los amparos judiciales. Finalmente, se terminó acordando esta iniciativa, que parece una versión más realista, aunque en definitiva es más de lo mismo.
Siguen extorsionándonos, porque todos sabemos que el sistema financiero argentino tiene una enorme capacidad prestable inmovilizada. Existen más de setenta mil millones de pesos depositados en los bancos, pero no hay un peso de crédito, que aparecerá cuando se apruebe este proyecto; concretamente, al 31 de marzo de este año existían 67.000 millones de pesos en depósitos.
Para nosotros constituye un deber de coherencia votar por la negativa este proyecto. Creíamos que había otros caminos de salida, que hemos planteado. Entendemos que por esta vía no se avanza. El debate de esta iniciativa nos remite inevitablemente a su dimensión ética.
¿Por qué se debe compensar a los bancos y no a los numerosos expulsados del sistema por la pérdida de sus trabajos y de sus viviendas? ¿Por qué no compensar también a los pequeños y medianos empresarios, que entre otras causas cayeron por el costo desmesurado del sistema financiero, que les cobraba para poder seguir captando ahorristas, que percibían tasas absolutamente inimaginables en cualquier país normal?
¿Por qué no compensar también a los deudores de créditos obtenidos en el mercado primario de préstamos hipotecarios, como aquí se debatió muchas veces? ¿Por qué no compensar también a los trabajadores y jubilados, a quienes se les licuaron sus haberes después del estallido de esa granada que implicó el proceso devaluatorio en la Argentina? En suma, ¿por qué no compensar también a todos cuantos poseían un bien, cuyo valor, en definitiva, fue erosionado por la devaluación?
Existe una discusión pendiente. ¿Qué sistema financiero queremos? ¿Cuál va a ser el rol de la banca pública? ¿Qué límites se van a colocar al capital extranjero en el sector financiero, tal como ocurre en Estados Unidos de América y en Europa? Todo esto está ausente en este debate. Simplemente, asistimos a un nuevo capítulo de la extorsión.
Por las razones expuestas, vamos a votar por la negativa.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
SR. OSTROPOLSKY, ALDO HECTOR (MENDOZA):
Señor presidente: antes de comenzar, quiero señalar que no voy a conceder interrupciones al señor diputado Rafael González.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
No hace falta que lo diga, señor diputado, porque la Presidencia ya se lo ha advertido al señor diputado Rafael González. (Risas.)
SR. OSTROPOLSKY, ALDO HECTOR (MENDOZA):
Señor presidente: cuando estuvimos reunidos en la Comisión de Finanzas para analizar este proyecto, recibimos la visita de todas las cámaras que reúnen a los bancos públicos, privados, nacionales, extranjeros, grandes y pequeños. La verdad es que todos pretendían que este Congreso aprobara el proyecto original enviado por el ex presidente Duhalde, que comprendía no sólo lo que hoy se pretende sancionar sino también la emisión de bonos para compensar al sistema financiero con motivo de las sentencias de los recursos de amparo.
Quiero expresar al oficialismo el beneplácito de nuestro bloque por haber escuchado todas las opiniones que dimos sobre este tema. Obviamente, fueron receptadas todas las objeciones que hicimos y se eliminó del proyecto el pedido del ex presidente de emitir un bono por casi ocho mil millones de pesos. Hoy es otra la iniciativa en tratamiento.
Lo gracioso o anecdótico es que algunas de las entidades que nos visitaron en esa oportunidad no sólo nos explicaban por qué teníamos que votar a favor de la emisión de los bonos para pagarles las sentencias por los recursos de amparo, sino que algunas fueron más allá y nos pedían que también se incluyan los intereses desde la fecha en que habían sido pagadas esas sentencias. Por eso, vimos con muy buenos ojos que eso se haya eliminado.
En este proyecto no se incluye el tratamiento de lo que tiene que ver con la pesificación, y sin embargo se requiere nuestra aprobación para la emisión de bonos que, justamente, van a compensar a los bancos con motivo de la pesificación. Tal como ya lo hemos explicado, costó más de veintisiete mil millones de pesos, por una decisión que no fue la de este Congreso. En oportunidad de sancionar la ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario, este Parlamento fijó una normativa que establecía hasta un cierto monto para pesificar las deudas. Luego, por el decreto 214, se determinó la pesificación total e irrestricta de todas las deudas del sistema financiero. Ese decreto incluyó a los que sacaron los fondos antes de que se instaurara el corralito -el 3 de diciembre de 2001- y a aquellos que tenían depósitos a plazo fijo en moneda extranjera en las entidades financieras y también tenían deudas. Pero lo gracioso es que se les pagaron sus depósitos en dólares a 1,40 peso por dólar y las deudas que tenían -incluso dentro del mismo banco- se les cobraban a un peso por dólar.
El decreto 214 también contempló la pesificación para aquellas empresas que tenían activos en el exterior y a las que sus deudas domésticas les fueron pesificadas uno a uno. Indudablemente, esto ha constituido uno de los enormes problemas que hemos vivido en los últimos dos años, y fue un parche entre los muchos que todavía vamos a tener.
Para corregir esa situación nosotros presentamos algunos proyectos que tienden a solucionar las enormes inequidades y la gran transferencia de riqueza generada con motivo del decreto 214. Varias de esas iniciativas han sido presentadas por diputados de nuestro bloque, como mencionó el señor diputado Breard, a cuyos conceptos adhiero totalmente.
Algunas de esas iniciativas apuntaban a establecer impuestos de emergencia para todos los grandes beneficiados de la pesificación; otras tenían que ver con un adicional al impuesto a las ganancias -también para tratar de cobrar algo a los que se habían visto altamente beneficiados-, y otras contemplaban un impuesto para los que no repatriaron los fondos que se habían llevado. En definitiva, existen varios proyectos que proponen diversas soluciones y que no sólo permitirían corregir o hacer justicia sino también allegar fondos a un fisco que debe hacerse cargo de una pesificación como la que hoy se está planteando aquí.
Cuando sancionamos la ley 25.713 lo hicimoscon el pleno convencimiento de que lo que buscábamos era proteger, tutelar a aquellos deudores de menores ingresos. Por eso apuntamos a tres categorías, como todos aquí bien conocen: a los deudores hipotecarios de vivienda única, familiar y permanente hasta un cierto monto; a los deudores prendarios hasta treinta mil pesos, y a los de préstamos personales hasta doce mil pesos. Establecimos que en estos casos no se podían aplicar coeficientes elaborados sobre la base de índices de precios.
Esos deudores no tenían forma de hacer frente a sus acreencias con sus salarios, si no recibían aumentos equivalentes a los índices inflacionarios. Por eso dispusimos utilizar el coeficiente de variación salarial para el conjunto de los deudores de estas tres categorías estipuladas en la ley 25.713. Se les debía aplicar ese índice calculado en función de los incrementos salariales.
Hoy se está tratando, justamente, el pedido del Poder Ejecutivo de compensar a los bancos en virtud de la diferencia entre la cobranza de acuerdo con el CVS y el pago que deben hacer a los depositantes a 1,40 peso más CER por dólar.
Pero, ¿aplicar un coeficiente de variación salarial a quienes no tuvieron absolutamente nada de aumento en sus sueldos? Nosotros creemos que eso no corresponde.
Con este proyecto también se pretende sacar de la discusión un problema que estamos enfrentando, consistente en un aumento que se había dado a un pequeño sector de la población y que influía en la elaboración de un índice de ajuste de los créditos del conjunto de los asalariados. La solución que nos dio el Ejecutivo consiste en eliminar el CVS. Estamos de acuerdo, pero también debemos disponer lo mismo con efecto retroactivo porque no todos tuvieron aumento y, en consecuencia, quien no tuvo aumento no puede afrontar incrementos en el capital y en las cuotas que debe pagar.
También planteamos que el ajuste por el CVS está en el orden del 17 y medio por ciento, porque desde octubre del año pasado a junio de este año ya va por el 2,25, y ahora es intención del Ministerio de Economía incorporar los doscientos pesos al sueldo, lo que prorrateado mensualmente va a implicar un 15 por ciento más de aumento. Entonces, pensemos: el 2,25 más el 15 por ciento significa un 17 y medio por ciento de ajuste en el capital, y obviamente en las cuotas, para quienes no tuvieron absolutamente un peso de aumento.
Y no sólo eso. Aun los que tuvieron un aumento -y esto debemos reconocerlo- no están en la misma situación que la original, porque al incorporar los doscientos pesos a su sueldo les corresponden los descuentos de rigor. Por lo tanto, ya no son doscientos pesos sino menos. Si a esto agregamos que pueden destinar una porción inferior de su sueldo -por efecto de la inflación y del incremento de los precios- a pagar los créditos, indudablemente estamos hablando de asalariados que tienen ciertos problemas.
Por eso, nosotros bregamos desde el inicio del tratamiento de esta iniciativa por que se cambie la fecha, de modo tal de contemplar que el 17 y medio por ciento para quienes sí se les había aumentado el sueldo no debía incluir todo el período sino que se debía atenuar. Por eso pretendíamos correr la fecha al 31 de diciembre.
Nuestra posición es irreductible en ese sentido. Entonces se condiciona: para los que no tuvieron aumento de sueldo no corresponde aplicarles ningún índice, ni el CER ni el CVS. Para los que sí tuvieron aumento de sueldo, la propuesta que nosotros hicimos -y la reitero porque quiero ser concreto- era llevar la fecha de corte al 31 de diciembre, de modo tal que no se cargara la totalidad del ajuste por un aumento de doscientos pesos en su sueldo.
Aquí seguramente va a surgir la siguiente pregunta de quienes hoy tienen la responsabilidad de gobernar: ¿y esto con qué se financia? Nosotros lo hemos propuesto, y no es nuestra intención hacer política demagógica ni ponernos a la izquierda de las soluciones, porque si queremos que este coeficiente no se aplique más debemos aclarar -como ya lo hemos hecho- de dónde deben salir los fondos. Entendemos que los fondos deben surgir de los proyectos que nuestro bloque ha presentado en esta Cámara con motivo de la pesificación.
Pienso que estamos todos de acuerdo en que ha habido transferencia de riquezas entre sectores. ¿Acaso los beneficiados no han sido quienes sacaron la plata previamente a la aparición del "corralito", y mucho más quienes además tenían deudas? ¿No se beneficiaron también los que tenían plazos fijos y deudas, o las empresas extranjeras con activos en el exterior a las que igualmente les pesificaron sus deudas, e incluso quienes tenían ingresos en dólares y se favorecieron con la pesificación?
Por ello, a pesar de que nosotros la semana pasada manifestamos profundas diferencias técnicas respecto del proyecto de ley de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y de la ley de entidades financieras tomamos la decisión de dar un apoyo político al pedido del presidente. Él nos pedía una herramienta para poder continuar con las negociaciones con los organismos multilaterales y se la dimos. No nos oponemos a la eliminación del CVS. Al contrario, pretendemos que no rija más, pero pedimos que la fecha de corte sea anterior. Hoy no estamos de acuerdo políticamente con la redacción del proyecto que se propone. No se puede actualizar la cuota a quien no ha recibido ningún aumento de sueldo. ¿Con qué van a pagar quienes hoy ganan menos en términos reales? No se puede pretender ajustar con el 2,25 más el 15 por ciento a quienes no recibieron aumento salarial alguno. Y en cuanto al que recibió los doscientos pesos, ese dinero no le rinde en la misma magnitud que implica el ajuste.
Esto también se vincula con el stock, aunque igualmente deberíamos pensar qué solución damos para el futuro si las tasas que se proponen, que son un promedio, quizás no puedan ser pagadas por quienes tienen estos créditos pendientes. Veamos el caso, por ejemplo, de los créditos personales. Hay novecientos millones de pesos de personas que deben al sistema financiero y la tasa que les vuelve a regir es la del 26 por ciento. Es cierto que es la tasa que tomaron originalmente, pero ¿la van a poder pagar?
Para finalizar, solicito la inserción del resto de mi discurso en el Diario de Sesiones, pues se vincula con nuestra irreductible posición respecto del proyecto de ley en consideración. En relación con el artículo 1°, proponemos modificar la fecha en que se hace el corte, llevándola al 31 de diciembre, y agregar un párrafo que diga que en el caso de las tres categorías de créditos de los que hemos hablado -hipotecarios, prendarios y personales- con los límites establecidos en la ley pertinente, no corresponde ningún tipo de actualización. (Aplausos.)
Quiero expresar al oficialismo el beneplácito de nuestro bloque por haber escuchado todas las opiniones que dimos sobre este tema. Obviamente, fueron receptadas todas las objeciones que hicimos y se eliminó del proyecto el pedido del ex presidente de emitir un bono por casi ocho mil millones de pesos. Hoy es otra la iniciativa en tratamiento.
Lo gracioso o anecdótico es que algunas de las entidades que nos visitaron en esa oportunidad no sólo nos explicaban por qué teníamos que votar a favor de la emisión de los bonos para pagarles las sentencias por los recursos de amparo, sino que algunas fueron más allá y nos pedían que también se incluyan los intereses desde la fecha en que habían sido pagadas esas sentencias. Por eso, vimos con muy buenos ojos que eso se haya eliminado.
En este proyecto no se incluye el tratamiento de lo que tiene que ver con la pesificación, y sin embargo se requiere nuestra aprobación para la emisión de bonos que, justamente, van a compensar a los bancos con motivo de la pesificación. Tal como ya lo hemos explicado, costó más de veintisiete mil millones de pesos, por una decisión que no fue la de este Congreso. En oportunidad de sancionar la ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario, este Parlamento fijó una normativa que establecía hasta un cierto monto para pesificar las deudas. Luego, por el decreto 214, se determinó la pesificación total e irrestricta de todas las deudas del sistema financiero. Ese decreto incluyó a los que sacaron los fondos antes de que se instaurara el corralito -el 3 de diciembre de 2001- y a aquellos que tenían depósitos a plazo fijo en moneda extranjera en las entidades financieras y también tenían deudas. Pero lo gracioso es que se les pagaron sus depósitos en dólares a 1,40 peso por dólar y las deudas que tenían -incluso dentro del mismo banco- se les cobraban a un peso por dólar.
El decreto 214 también contempló la pesificación para aquellas empresas que tenían activos en el exterior y a las que sus deudas domésticas les fueron pesificadas uno a uno. Indudablemente, esto ha constituido uno de los enormes problemas que hemos vivido en los últimos dos años, y fue un parche entre los muchos que todavía vamos a tener.
Para corregir esa situación nosotros presentamos algunos proyectos que tienden a solucionar las enormes inequidades y la gran transferencia de riqueza generada con motivo del decreto 214. Varias de esas iniciativas han sido presentadas por diputados de nuestro bloque, como mencionó el señor diputado Breard, a cuyos conceptos adhiero totalmente.
Algunas de esas iniciativas apuntaban a establecer impuestos de emergencia para todos los grandes beneficiados de la pesificación; otras tenían que ver con un adicional al impuesto a las ganancias -también para tratar de cobrar algo a los que se habían visto altamente beneficiados-, y otras contemplaban un impuesto para los que no repatriaron los fondos que se habían llevado. En definitiva, existen varios proyectos que proponen diversas soluciones y que no sólo permitirían corregir o hacer justicia sino también allegar fondos a un fisco que debe hacerse cargo de una pesificación como la que hoy se está planteando aquí.
Cuando sancionamos la ley 25.713 lo hicimoscon el pleno convencimiento de que lo que buscábamos era proteger, tutelar a aquellos deudores de menores ingresos. Por eso apuntamos a tres categorías, como todos aquí bien conocen: a los deudores hipotecarios de vivienda única, familiar y permanente hasta un cierto monto; a los deudores prendarios hasta treinta mil pesos, y a los de préstamos personales hasta doce mil pesos. Establecimos que en estos casos no se podían aplicar coeficientes elaborados sobre la base de índices de precios.
Esos deudores no tenían forma de hacer frente a sus acreencias con sus salarios, si no recibían aumentos equivalentes a los índices inflacionarios. Por eso dispusimos utilizar el coeficiente de variación salarial para el conjunto de los deudores de estas tres categorías estipuladas en la ley 25.713. Se les debía aplicar ese índice calculado en función de los incrementos salariales.
Hoy se está tratando, justamente, el pedido del Poder Ejecutivo de compensar a los bancos en virtud de la diferencia entre la cobranza de acuerdo con el CVS y el pago que deben hacer a los depositantes a 1,40 peso más CER por dólar.
Pero, ¿aplicar un coeficiente de variación salarial a quienes no tuvieron absolutamente nada de aumento en sus sueldos? Nosotros creemos que eso no corresponde.
Con este proyecto también se pretende sacar de la discusión un problema que estamos enfrentando, consistente en un aumento que se había dado a un pequeño sector de la población y que influía en la elaboración de un índice de ajuste de los créditos del conjunto de los asalariados. La solución que nos dio el Ejecutivo consiste en eliminar el CVS. Estamos de acuerdo, pero también debemos disponer lo mismo con efecto retroactivo porque no todos tuvieron aumento y, en consecuencia, quien no tuvo aumento no puede afrontar incrementos en el capital y en las cuotas que debe pagar.
También planteamos que el ajuste por el CVS está en el orden del 17 y medio por ciento, porque desde octubre del año pasado a junio de este año ya va por el 2,25, y ahora es intención del Ministerio de Economía incorporar los doscientos pesos al sueldo, lo que prorrateado mensualmente va a implicar un 15 por ciento más de aumento. Entonces, pensemos: el 2,25 más el 15 por ciento significa un 17 y medio por ciento de ajuste en el capital, y obviamente en las cuotas, para quienes no tuvieron absolutamente un peso de aumento.
Y no sólo eso. Aun los que tuvieron un aumento -y esto debemos reconocerlo- no están en la misma situación que la original, porque al incorporar los doscientos pesos a su sueldo les corresponden los descuentos de rigor. Por lo tanto, ya no son doscientos pesos sino menos. Si a esto agregamos que pueden destinar una porción inferior de su sueldo -por efecto de la inflación y del incremento de los precios- a pagar los créditos, indudablemente estamos hablando de asalariados que tienen ciertos problemas.
Por eso, nosotros bregamos desde el inicio del tratamiento de esta iniciativa por que se cambie la fecha, de modo tal de contemplar que el 17 y medio por ciento para quienes sí se les había aumentado el sueldo no debía incluir todo el período sino que se debía atenuar. Por eso pretendíamos correr la fecha al 31 de diciembre.
Nuestra posición es irreductible en ese sentido. Entonces se condiciona: para los que no tuvieron aumento de sueldo no corresponde aplicarles ningún índice, ni el CER ni el CVS. Para los que sí tuvieron aumento de sueldo, la propuesta que nosotros hicimos -y la reitero porque quiero ser concreto- era llevar la fecha de corte al 31 de diciembre, de modo tal que no se cargara la totalidad del ajuste por un aumento de doscientos pesos en su sueldo.
Aquí seguramente va a surgir la siguiente pregunta de quienes hoy tienen la responsabilidad de gobernar: ¿y esto con qué se financia? Nosotros lo hemos propuesto, y no es nuestra intención hacer política demagógica ni ponernos a la izquierda de las soluciones, porque si queremos que este coeficiente no se aplique más debemos aclarar -como ya lo hemos hecho- de dónde deben salir los fondos. Entendemos que los fondos deben surgir de los proyectos que nuestro bloque ha presentado en esta Cámara con motivo de la pesificación.
Pienso que estamos todos de acuerdo en que ha habido transferencia de riquezas entre sectores. ¿Acaso los beneficiados no han sido quienes sacaron la plata previamente a la aparición del "corralito", y mucho más quienes además tenían deudas? ¿No se beneficiaron también los que tenían plazos fijos y deudas, o las empresas extranjeras con activos en el exterior a las que igualmente les pesificaron sus deudas, e incluso quienes tenían ingresos en dólares y se favorecieron con la pesificación?
Por ello, a pesar de que nosotros la semana pasada manifestamos profundas diferencias técnicas respecto del proyecto de ley de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y de la ley de entidades financieras tomamos la decisión de dar un apoyo político al pedido del presidente. Él nos pedía una herramienta para poder continuar con las negociaciones con los organismos multilaterales y se la dimos. No nos oponemos a la eliminación del CVS. Al contrario, pretendemos que no rija más, pero pedimos que la fecha de corte sea anterior. Hoy no estamos de acuerdo políticamente con la redacción del proyecto que se propone. No se puede actualizar la cuota a quien no ha recibido ningún aumento de sueldo. ¿Con qué van a pagar quienes hoy ganan menos en términos reales? No se puede pretender ajustar con el 2,25 más el 15 por ciento a quienes no recibieron aumento salarial alguno. Y en cuanto al que recibió los doscientos pesos, ese dinero no le rinde en la misma magnitud que implica el ajuste.
Esto también se vincula con el stock, aunque igualmente deberíamos pensar qué solución damos para el futuro si las tasas que se proponen, que son un promedio, quizás no puedan ser pagadas por quienes tienen estos créditos pendientes. Veamos el caso, por ejemplo, de los créditos personales. Hay novecientos millones de pesos de personas que deben al sistema financiero y la tasa que les vuelve a regir es la del 26 por ciento. Es cierto que es la tasa que tomaron originalmente, pero ¿la van a poder pagar?
Para finalizar, solicito la inserción del resto de mi discurso en el Diario de Sesiones, pues se vincula con nuestra irreductible posición respecto del proyecto de ley en consideración. En relación con el artículo 1°, proponemos modificar la fecha en que se hace el corte, llevándola al 31 de diciembre, y agregar un párrafo que diga que en el caso de las tres categorías de créditos de los que hemos hablado -hipotecarios, prendarios y personales- con los límites establecidos en la ley pertinente, no corresponde ningún tipo de actualización. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.
SR. PERNASETTI, HORACIO FRANCISCO (CATAMARCA):
Señor presidente: entiendo que en el día de hoy vence la prórroga de la suspensión de las ejecuciones que el Congreso sancionó oportunamente para
generar un alivio a la situación de los deudores. En aquella ocasión esta Cámara y el Poder Ejecutivo nacional hicieron manifestaciones en el sentido de que esa era la última prórroga y de que trabajarían en la búsqueda de una solución a la situación no solamente de los deudores sino también de los acreedores, como de todo lo que derivó de la pesificación asimétrica.
Sin embargo, han vencido los plazos y no han aparecido las soluciones. El Poder Ejecutivo nacional se limitó a crear un registro de ejecuciones, supongo que a los efectos de tener alguna estadística y luego proponer soluciones.
Después, por gestiones del propio Ministerio de Economía, aparecieron los bancos en una actitud bondadosa prorrogando por otros treinta días la ejecuciones, pero la solución de fondo no llega.
Por eso, cuando en la Comisión de Finanzas se comenzó a considerar este proyecto, el bloque de la Unión Cívica Radical planteó su negativa a tratar cualquier compensación a los bancos si antes no se buscaba una solución integral a todos los problemas derivados de la pesificación asimétrica.
Lamentablemente, no tuvimos eco en nuestra propuesta, aunque como lo expresó el señor diputado por Mendoza, si bien se avanzó algo en el sentido de evitar compensar por sentencias que todavía no estaban firmes, se mantiene una compensación a los bancos sin dar solución al resto de los beneficiados o perjudicados por la pesificación asimétrica.
Creemos necesario ratificar nuestra posición en el entendimiento de que este proyecto de ley puede ser una solución para algunos bancos pero no para el conjunto de la sociedad. Además, los deudores que no han tenido aumentos salariales se van a ver muy perjudicados. En ese sentido, se pueden mencionar algunos casos de créditos hipotecarios en los que se aplica el sistema francés, que en su origen eran de veinte mil pesos, se pagaron durante tres o cuatro años, y en la liquidación de este mes por aplicación del CVS vuelven a deber el capital de origen. Esta es una situación de alta injusticia que debemos solucionar y este proyecto de ley no lo hace.
Las propuestas realizadas por nuestro bloque no fueron aceptadas, por lo cual ratificamos nuestra decisión de votar por la negativa el proyecto en consideración. (Aplausos.)
generar un alivio a la situación de los deudores. En aquella ocasión esta Cámara y el Poder Ejecutivo nacional hicieron manifestaciones en el sentido de que esa era la última prórroga y de que trabajarían en la búsqueda de una solución a la situación no solamente de los deudores sino también de los acreedores, como de todo lo que derivó de la pesificación asimétrica.
Sin embargo, han vencido los plazos y no han aparecido las soluciones. El Poder Ejecutivo nacional se limitó a crear un registro de ejecuciones, supongo que a los efectos de tener alguna estadística y luego proponer soluciones.
Después, por gestiones del propio Ministerio de Economía, aparecieron los bancos en una actitud bondadosa prorrogando por otros treinta días la ejecuciones, pero la solución de fondo no llega.
Por eso, cuando en la Comisión de Finanzas se comenzó a considerar este proyecto, el bloque de la Unión Cívica Radical planteó su negativa a tratar cualquier compensación a los bancos si antes no se buscaba una solución integral a todos los problemas derivados de la pesificación asimétrica.
Lamentablemente, no tuvimos eco en nuestra propuesta, aunque como lo expresó el señor diputado por Mendoza, si bien se avanzó algo en el sentido de evitar compensar por sentencias que todavía no estaban firmes, se mantiene una compensación a los bancos sin dar solución al resto de los beneficiados o perjudicados por la pesificación asimétrica.
Creemos necesario ratificar nuestra posición en el entendimiento de que este proyecto de ley puede ser una solución para algunos bancos pero no para el conjunto de la sociedad. Además, los deudores que no han tenido aumentos salariales se van a ver muy perjudicados. En ese sentido, se pueden mencionar algunos casos de créditos hipotecarios en los que se aplica el sistema francés, que en su origen eran de veinte mil pesos, se pagaron durante tres o cuatro años, y en la liquidación de este mes por aplicación del CVS vuelven a deber el capital de origen. Esta es una situación de alta injusticia que debemos solucionar y este proyecto de ley no lo hace.
Las propuestas realizadas por nuestro bloque no fueron aceptadas, por lo cual ratificamos nuestra decisión de votar por la negativa el proyecto en consideración. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Se va a votar nominalmente el proyecto de ley en general.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 158 señores diputados presentes, 84 han votado por la afirmativa y 63 por la negativa, registrándose además 9 abstenciones. No se ha computado el voto de un señor diputado.
SR.(SECRETARIO (ROLLANO))
Sobre 158 señores diputados presentes, han votado 84 señores diputados por la afirmativa y 63 por la negativa, registrándose nueve abstenciones. No se registra el voto de un señor diputado.
Aquí VOTACIÓN nominal
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra la señora diputada por Salta.
SRA. CHAYA, MARIA LELIA (SALTA):
Señor presidente: con fundamento en el proyecto de ley de mi autoría, contenido en el expediente 4101-d-2003 , voto por la afirmativa.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra la señora diputada por La Rioja.
SRA. HERRERA, GRISELDA NOEMI (LA RIOJA):
Señor presidente: dejo constancia de mi voto afirmativo con los fundamentos contenidos en el expediente 4101-d-2003 .
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. VILLALBA, ALFREDO HORACIO (BUENOS AIRES):
Señor presidente: dejo constancia de mi voto negativo.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
SRA. FALBO, MARIA DEL CARMEN (BUENOS AIRES):
Señor presidente: dejo constancia de mi voto por la afirmativa.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
SRA. MARTINEZ, SILVIA VIRGINIA (BUENOS AIRES):
Señor presidente: dejo constancia de mi voto por la afirmativa.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
SR. SOLANAS, JULIO RODOLFO (ENTRE RIOS):
Señor presidente: dejo constancia de mi voto por la afirmativa.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.
SR. FERNANDEZ, HORACIO ANIBAL (LA PAMPA):
Voto por la afirmativa con fundamento en el proyecto de ley contenido en el expediente 4101-d-2003 .
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra la señora diputada por La Pampa.
SRA. OSORIO, MARTA LUCIA (LA PAMPA):
Voto por la afirmativa con fundamento en el proyecto de ley contenido en el expediente 4101-d-2003 .
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
SRA. MORALES, NELIDA BEATRIZ (BUENOS AIRES):
Voto por la afirmativa con fundamento en el proyecto de ley contenido en el expediente 4101-d-2003 .
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Por Secretaría se dará lectura del resultado final de la votación.
SR.(SECRETARIO (ROLLANO))
Sobre 158 señores diputados presentes, han votado 86 señores diputados por la afirmativa y 63 por la negativa.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
La Presidencia informa al cuerpo que para la votación del artículo 1° se va a utilizar el mismo sistema.
En cuanto al capítulo II la Presidencia sugiere que se vote a mano alzada.
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
En cuanto al capítulo II la Presidencia sugiere que se vote a mano alzada.
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
SR. POLINO, HECTOR TEODORO (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: quisiera saber si se van a autorizar las inserciones.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Oportunamente serán autorizadas, señor diputado.
Se va a votar en forma nominal el artículo 1°.
Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Se va a votar en forma nominal el artículo 1°.
Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
SR. OSTROPOLSKY, ALDO HECTOR (MENDOZA):
Señor presidente: deseo consultar al oficialismo si va a aceptar las modificaciones al artículo 1°, que para nosotros son sustanciales.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
La Presidencia entiende que el señor diputado Ostropolsky va a tener que votar de forma negativa porque si acepta el artículo 1°, realmente voy a tener que levantarme e irme.
SR. OSTROPOLSKY, ALDO HECTOR (MENDOZA):
Es toda una respuesta, señor presidente.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
No olviden que quien habla también es diputado.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. DIAZ BANCALARI, JOSE MARIA (BUENOS AIRES):
Señor presidente: el motivo de la oposición de la Unión Cívica Radical es no haber aceptado esa modificación. De lo contrario hubieran votado por la afirmativa.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Se va a votar nominalmente el artículo 1°.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 158 señores diputados presentes, 88 han votado por la afirmativa y 64 por la negativa, registrándose además 4 abstenciones. No se ha computado el voto de un señor diputado.
SR.(SECRETARIO (ROLLANO))
Sobre 158 señores diputados presentes, han votado 88 señores diputados por la afirmativa y 64 por la negativa, registrándose cuatro abstenciones. No se ha computado el voto de un señor diputado.
Aquí VOTACIÓN nominal
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra la señora diputada por Salta.
SRA. CHAYA, MARIA LELIA (SALTA):
Señor presidente: voto por la afirmativa en todos los artículos por los fundamentos que diera oportunamente.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. UBALDINI, SAUL (BUENOS AIRES):
Señor presidente: dejo constancia de mi abstención.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
En consideración el capítulo II.
Se va a votar a mano alzada.
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
Se va a votar a mano alzada.
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
SR. ZAMORA, LUIS FERNANDO (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: que quede constancia de mi voto negativo.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Ya ha quedado constancia, señor diputado, durante la consideración en general.
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
SR. MARTINEZ RAYMONDA, RAFAEL J. (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: propongo agregar un nuevo artículo a este Capítulo II, que sería el 7°.
Dice así: "Amplíase la facultad otorgada al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Economía, para emitir Bonos del Gobierno Nacional en Pesos a Tasa Variable 2013 en el artículo 2° en un monto adicional de trescientos millones de pesos ($ 300.000.000), en las condiciones establecidas en el artículo 3°, ambos de la presente ley, a fines de compensar a las asociaciones mutuales y sociedades cooperativas con actividad crediticia, en las mismas condiciones y con los mismos efectos fijados en el mencionado artículo 2°.
"El Banco Central de la República Argentina determinará los requisitos que deberán acreditar las entidades mutuales y cooperativas para ser compensadas y establecerá los mecanismos para hacer efectiva dicha compensación, conforme a los criterios establecidos en el artículo 4° de la presente y sin que ello implique la pérdida de su esencia jurídica."
Dice así: "Amplíase la facultad otorgada al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Economía, para emitir Bonos del Gobierno Nacional en Pesos a Tasa Variable 2013 en el artículo 2° en un monto adicional de trescientos millones de pesos ($ 300.000.000), en las condiciones establecidas en el artículo 3°, ambos de la presente ley, a fines de compensar a las asociaciones mutuales y sociedades cooperativas con actividad crediticia, en las mismas condiciones y con los mismos efectos fijados en el mencionado artículo 2°.
"El Banco Central de la República Argentina determinará los requisitos que deberán acreditar las entidades mutuales y cooperativas para ser compensadas y establecerá los mecanismos para hacer efectiva dicha compensación, conforme a los criterios establecidos en el artículo 4° de la presente y sin que ello implique la pérdida de su esencia jurídica."
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra la señora diputada por Santa Fe.
SRA. ALARCON, MARIA DEL CARMEN (SANTA FE):
Señor presidente: quiero hacer una aclaración relacionada con lo que solicita el señor diputado Martínez Raymonda.
En la última sesión esta Cámara aprobó una moción de preferencia para el tratamiento de un proyecto de ley de compensación a las entidades mutuales, que es lo que él reclama, al igual que otros señores diputados.
En la Comisión de Finanzas se ha fijado como fecha el 16 de septiembre para una reunión con todas las entidades involucradas, en la que podrán participar los señores diputados que estén interesados.
En la sesión siguiente a la emisión del dictamen se debatirá lo solicitado por el señor diputado Martínez Raymonda. Se tratará de un proyecto de ley distinto del que estamos tratando.
En la última sesión esta Cámara aprobó una moción de preferencia para el tratamiento de un proyecto de ley de compensación a las entidades mutuales, que es lo que él reclama, al igual que otros señores diputados.
En la Comisión de Finanzas se ha fijado como fecha el 16 de septiembre para una reunión con todas las entidades involucradas, en la que podrán participar los señores diputados que estén interesados.
En la sesión siguiente a la emisión del dictamen se debatirá lo solicitado por el señor diputado Martínez Raymonda. Se tratará de un proyecto de ley distinto del que estamos tratando.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. FRIGERI, RODOLFO ANIBAL (BUENOS AIRES):
Señor presidente: la comisión no acepta la modificación propuesta. Solamente quiero aclarar -en relación con el compromiso mencionado por la señora diputada Alarcón y que ya habíamos manifestado- que creemos que los bancos, las cooperativas y las mutuales deben convivir, pero debemos legislar en forma definitiva.
No es por esta norma por la que pasa la compensación. La compensación se relaciona con los amparos y con la pesificación asimétrica, que no son tratados en este proyecto.
El sector de las mutuales y cooperativas merece tener una legislación propia que permita que estas entidades puedan ser compensadas. Este es un compromiso que ha asumido nuestro bloque y en él está incluido lo que el señor diputado Martínez Raymonda solicitó en su exposición.
No es por esta norma por la que pasa la compensación. La compensación se relaciona con los amparos y con la pesificación asimétrica, que no son tratados en este proyecto.
El sector de las mutuales y cooperativas merece tener una legislación propia que permita que estas entidades puedan ser compensadas. Este es un compromiso que ha asumido nuestro bloque y en él está incluido lo que el señor diputado Martínez Raymonda solicitó en su exposición.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Se va a votar el Capítulo II, que incluye los artículos 2° a 6°.
- Resulta afirmativa.
- El artículo 7° es de forma.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Queda sancionado el proyecto de ley.
Se comunicará al Honorable Senado.
Se comunicará al Honorable Senado.
Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina | Congreso de la Nación Argentina | Av. Rivadavia 1864 - Ciudad Autónoma de Bs. As. (C.P.C1033AAV) | + 54 11 6075-0000
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