principal
»
Discursos
Período:121 Reunion:14 Fecha:27/08/2003 MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS Y DE LA CARTA ORGANICA DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Corresponde considerar el proyecto de ley en revisión por el que se modifican las leyes 21.526, de entidades financieras, y 24.144, Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (expediente 0040-s-2003 ).
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. FRIGERI, RODOLFO ANIBAL (BUENOS AIRES):
Señor presidente: el proyecto de ley venido en revisión que estamos considerando modifica la Carta Orgánica del Banco Central y la ley de entidades financieras.
Esta iniciativa consta de tres capítulos: en el primero, que comprende los artículos 1º a 12, se introducen modificaciones a la ley de entidades financieras; en el segundo, artículos 13, 14 y 15, se modifica la Carta Orgánica del Banco Central; el tercero -quizás mal llamado "Normas Transitorias" porque contiene un solo artículo que se ajusta a esa denominación, que es el 16- también modifica la Carta Orgánica del Banco Central -artículos 15 a 22-.
El Capítulo I modifica el artículo 35 bis de la ley de entidades financieras. Este artículo permite al Banco Central revocar o intervenir una entidad financiera cuando se da alguno de los supuestos enunciados en el artículo 44, pero en forma previa a esa revocación el Banco Central puede disponer diversas medidas para salvaguardar el interés de los ahorristas.
Las reformas propuestas en el Capítulo I consisten en una ampliación de la posibilidad de valuación de activos de las entidades reestructuradas, que serán valuados conforme a las normas contables aplicables a entidades financieras. Asimismo, se permite la constitución de fideicomisos con esos activos y se introducen cambios en el proceso de intervención judicial, estableciendo instrumentos que hacen más rápida la intervención del Banco Central.
Como medida diferenciadora de las normas actuales se prevé la intervención de la entidad con desplazamiento de sus autoridades. Anteriormente se podía efectuar esa intervención pero con permanencia de las autoridades en la entidad.
Se agrega el artículo 35 ter, norma que dio origen a una larga discusión, ya que habla de la indemnidad del Banco Central. Este artículo no agrega nada nuevo a lo que está hoy vigente en cuanto a que las cuestiones de oportunidad, mérito o conveniencia no son revisables judicialmente -por ejemplo, las medidas políticas-, salvo casos de arbitrariedad o irrazonabilidad manifiesta. Esto ya se encuentra vigente; es decir que el artículo 35 ter que se propone no agrega nada sino que simplemente establece un ordenamiento dentro de la legislación.
Por otra parte, se aumenta la protección de los ahorristas llevando el monto, en el caso de los depósitos de las personas físicas y/o jurídicas, a la suma de cincuenta mil pesos.
A partir del artículo 13, el proyecto de ley venido en revisión establece una serie de reformas a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. En el mencionado artículo se dispone que no serán aplicables al Banco Central las normas que rigen la Administración Pública nacional. Este aspecto fue muy discutido, porque el proyecto dice que no serán de aplicación en la medida que se opongan a la Carta Orgánica del Banco Central. Me parece bien la iniciativa del señor diputado Alessandro, aunque creo que las normas de la Carta Orgánica no quedan al margen del Código de Ética. El hecho de que se disponga que deben cumplirse las normas de la Administración Pública nacional no significa que deba dejarse al margen cualquier otro tipo de normas.
El artículo 14 del proyecto faculta al directorio del Banco Central a eximir, atenuar o reducir cargos en casos excepcionales. Al mismo tiempo, el citado artículo dispone que deberá elaborar el plan de acción y el presupuesto anual de la entidad y remitirlos a consideración del Senado de la Nación para su aprobación antes del 30 de septiembre de cada año.
El artículo 15 es quizás el artículo más de fondo, ya que hace referencia a una nueva banda de anticipos para el Tesoro nacional. La ley vigente permite al Tesoro financiarse con el 10 por ciento de los recursos totales en efectivo de la Administración Pública nacional.
Si analizamos lo que ocurre en la actualidad, ese monto debe estar orillando los cinco mil trescientos millones, de los cuales el Estado utiliza casi cuatro mil quinientos para el pago a organismos multilaterales. El remanente es lo que queda para el manejo de los gastos presupuestarios propiamente dichos.
En este aspecto, hay una diferencia dentro de la teoría monetaria. Cuando se financian los gastos presupuestarios propiamente dichos, ello implica emisión de moneda y, a veces, es necesario cuidar que esa emisión no sea demasiado amplia porque puede generar inflación. Por su parte, cuando los anticipos del Tesoro son utilizados para comprar reservas o divisas en el Banco Central, ese dinero no genera expansión monetaria.
Por estas razones, el artículo 15 del proyecto establece que se puede utilizar hasta el 10 por ciento de los ingresos totales de la Administración Pública nacional para efectuar pagos a los organismos multilaterales, en el entendimiento de que esto no genera -y de hecho así ocurre- expansión monetaria. Por otra parte, para el caso de que se utilice el presupuesto propiamente dicho para cubrir el déficit presupuestario, se habilita el uso del 12 por ciento de la base monetaria, lo que implica una utilización mucho más prolija de la moneda.
En un programa de recesión, podría ocurrir que los ingresos mermen y el Tesoro necesite más aportes. En este caso, lo razonable sería tomarlos de la base monetaria. De la misma manera, si hay expansión monetaria sería razonable que fuera la base la que marque cuál es el porcentaje permitido. A propósito de ello, el 10 por ciento que se establece para pagar compromisos externos -en la medida en que hay que pagarlos- me parece un porcentaje razonable.
El artículo también prevé una limitación adicional. Dispone que si ese 10 por ciento de los ingresos tributarios no alcanzan o son superados por el monto que se debe pagar a los organismos externos, el remanente será quitado del 12 por ciento de la base monetaria. Es decir que al Estado le queda menos dinero disponible para la atención presupuestaria. No es a la inversa; a la inversa no se puede gastar más del 12 por ciento de la base monetaria para los gastos presupuestarios que generan expansión monetaria.
Este año, si uno analiza los 5.300 millones, casi cuatro mil ochocientos fueron usados para pagos a organismos y el resto es lo que quedó remanente para uso del Tesoro.
El artículo 16 es una norma transitoria que no agrega nada a lo que existe hoy. Lo único que establece es que esta norma estará vigente hasta el 10 de diciembre de 2003, mientras dura la ley de emergencia, y se permite al Banco Central, respecto de las entidades que están sometidas a proceso de reestructuración, la asistencia con redescuentos y modificar o flexibilizar la integración de los requisitos de reserva con otros activos financieros, que hoy está vigente. Pero para tomar estas medidas se necesita la aprobación de los dos tercios de los miembros del directorio; esa es la única disposición que requiere esta mayoría dentro del Banco Central.
El artículo 17 vuelve a otorgar a la Superintendencia de Entidades Financieras algunas facultades que tenía. Esta última tenía las facultades de un organismo desconcentrado, que no es un organismo autárquico, porque si bien tiene facultades superiores, no tiene presupuesto propio. Como dije, se vuelven a otorgar a la Superintendecia de Entidades Financieras facultades que le habían sido suspendidas. Dicho órgano tiene la facultad de aprobar los planes de regulación o saneamiento de las entidades financieras; asimismo, puede iniciar procesos por infracciones a la ley 21.526 y al régimen penal cambiario. Cabe aclarar que son facultades que toma por un período y luego tienen que ser aprobadas por el directorio.
El artículo 18 pretende reforzar el monopolio de la emisión de moneda, sabiendo que cada provincia -como ocurrió- puede emitir valores. La situación se da cuando el emisor induzca en forma directa o indirecta su aceptación forzosa, así como el valor nominal de emisión y su relación con la moneda nacional que se encuentre en circulación. Creo que este es un elemento prolijo, en el sentido de que un país debe tener una moneda única, lo cual no impide que una provincia pueda emitir bonos -pues tiene la facultad de hacerlo-, pero estos últimos no deben ser de uso forzoso o tener una similitud con el billete de uso corriente en la economía argentina.
El artículo 19 dispone que el Banco Central debe presentar la rendición de cuentas ante la Auditoría General en un plazo no superior a un año.
El artículo 20 se vincula con la entrada en vigencia de la ley y cómo se va a actuar con los trámites pendientes que están en ejecución.
El artículo 21 se refiere a la necesidad de otorgar un plazo de treinta días para que se confeccione el texto ordenado de la Carta Orgánica del Banco Central y de la ley de entidades financieras luego de estas modificaciones.
Señor presidente: este es el contenido de la reforma propuesta para la Carta Orgánica del Banco Central y la ley de entidades financieras, que pienso que debe aprobarse en general y luego discutirse particularmente cada artículo, dado que la mayoría de las modificaciones que se introducen importará un reordenamiento del texto de ambas normas.
Como cuestiones de fondo caben destacarse el financiamiento del Tesoro, la posibilidad de tener recursos para el pago a los organismos multilaterales de crédito, y quizá la agilidad que se brinda al Banco Central en la intervención a una entidad -podrá hacerlo colocando un interventor sin la presencia de ninguna autoridad de la entidad intervenida- y, en última instancia, resguardar con todas las medidas de valuación de activos a los propios ahorristas en relación con los bienes que quedan en la entidad y que están en proceso de revocación o liquidación.
Esta iniciativa consta de tres capítulos: en el primero, que comprende los artículos 1º a 12, se introducen modificaciones a la ley de entidades financieras; en el segundo, artículos 13, 14 y 15, se modifica la Carta Orgánica del Banco Central; el tercero -quizás mal llamado "Normas Transitorias" porque contiene un solo artículo que se ajusta a esa denominación, que es el 16- también modifica la Carta Orgánica del Banco Central -artículos 15 a 22-.
El Capítulo I modifica el artículo 35 bis de la ley de entidades financieras. Este artículo permite al Banco Central revocar o intervenir una entidad financiera cuando se da alguno de los supuestos enunciados en el artículo 44, pero en forma previa a esa revocación el Banco Central puede disponer diversas medidas para salvaguardar el interés de los ahorristas.
Las reformas propuestas en el Capítulo I consisten en una ampliación de la posibilidad de valuación de activos de las entidades reestructuradas, que serán valuados conforme a las normas contables aplicables a entidades financieras. Asimismo, se permite la constitución de fideicomisos con esos activos y se introducen cambios en el proceso de intervención judicial, estableciendo instrumentos que hacen más rápida la intervención del Banco Central.
Como medida diferenciadora de las normas actuales se prevé la intervención de la entidad con desplazamiento de sus autoridades. Anteriormente se podía efectuar esa intervención pero con permanencia de las autoridades en la entidad.
Se agrega el artículo 35 ter, norma que dio origen a una larga discusión, ya que habla de la indemnidad del Banco Central. Este artículo no agrega nada nuevo a lo que está hoy vigente en cuanto a que las cuestiones de oportunidad, mérito o conveniencia no son revisables judicialmente -por ejemplo, las medidas políticas-, salvo casos de arbitrariedad o irrazonabilidad manifiesta. Esto ya se encuentra vigente; es decir que el artículo 35 ter que se propone no agrega nada sino que simplemente establece un ordenamiento dentro de la legislación.
Por otra parte, se aumenta la protección de los ahorristas llevando el monto, en el caso de los depósitos de las personas físicas y/o jurídicas, a la suma de cincuenta mil pesos.
A partir del artículo 13, el proyecto de ley venido en revisión establece una serie de reformas a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. En el mencionado artículo se dispone que no serán aplicables al Banco Central las normas que rigen la Administración Pública nacional. Este aspecto fue muy discutido, porque el proyecto dice que no serán de aplicación en la medida que se opongan a la Carta Orgánica del Banco Central. Me parece bien la iniciativa del señor diputado Alessandro, aunque creo que las normas de la Carta Orgánica no quedan al margen del Código de Ética. El hecho de que se disponga que deben cumplirse las normas de la Administración Pública nacional no significa que deba dejarse al margen cualquier otro tipo de normas.
El artículo 14 del proyecto faculta al directorio del Banco Central a eximir, atenuar o reducir cargos en casos excepcionales. Al mismo tiempo, el citado artículo dispone que deberá elaborar el plan de acción y el presupuesto anual de la entidad y remitirlos a consideración del Senado de la Nación para su aprobación antes del 30 de septiembre de cada año.
El artículo 15 es quizás el artículo más de fondo, ya que hace referencia a una nueva banda de anticipos para el Tesoro nacional. La ley vigente permite al Tesoro financiarse con el 10 por ciento de los recursos totales en efectivo de la Administración Pública nacional.
Si analizamos lo que ocurre en la actualidad, ese monto debe estar orillando los cinco mil trescientos millones, de los cuales el Estado utiliza casi cuatro mil quinientos para el pago a organismos multilaterales. El remanente es lo que queda para el manejo de los gastos presupuestarios propiamente dichos.
En este aspecto, hay una diferencia dentro de la teoría monetaria. Cuando se financian los gastos presupuestarios propiamente dichos, ello implica emisión de moneda y, a veces, es necesario cuidar que esa emisión no sea demasiado amplia porque puede generar inflación. Por su parte, cuando los anticipos del Tesoro son utilizados para comprar reservas o divisas en el Banco Central, ese dinero no genera expansión monetaria.
Por estas razones, el artículo 15 del proyecto establece que se puede utilizar hasta el 10 por ciento de los ingresos totales de la Administración Pública nacional para efectuar pagos a los organismos multilaterales, en el entendimiento de que esto no genera -y de hecho así ocurre- expansión monetaria. Por otra parte, para el caso de que se utilice el presupuesto propiamente dicho para cubrir el déficit presupuestario, se habilita el uso del 12 por ciento de la base monetaria, lo que implica una utilización mucho más prolija de la moneda.
En un programa de recesión, podría ocurrir que los ingresos mermen y el Tesoro necesite más aportes. En este caso, lo razonable sería tomarlos de la base monetaria. De la misma manera, si hay expansión monetaria sería razonable que fuera la base la que marque cuál es el porcentaje permitido. A propósito de ello, el 10 por ciento que se establece para pagar compromisos externos -en la medida en que hay que pagarlos- me parece un porcentaje razonable.
El artículo también prevé una limitación adicional. Dispone que si ese 10 por ciento de los ingresos tributarios no alcanzan o son superados por el monto que se debe pagar a los organismos externos, el remanente será quitado del 12 por ciento de la base monetaria. Es decir que al Estado le queda menos dinero disponible para la atención presupuestaria. No es a la inversa; a la inversa no se puede gastar más del 12 por ciento de la base monetaria para los gastos presupuestarios que generan expansión monetaria.
Este año, si uno analiza los 5.300 millones, casi cuatro mil ochocientos fueron usados para pagos a organismos y el resto es lo que quedó remanente para uso del Tesoro.
El artículo 16 es una norma transitoria que no agrega nada a lo que existe hoy. Lo único que establece es que esta norma estará vigente hasta el 10 de diciembre de 2003, mientras dura la ley de emergencia, y se permite al Banco Central, respecto de las entidades que están sometidas a proceso de reestructuración, la asistencia con redescuentos y modificar o flexibilizar la integración de los requisitos de reserva con otros activos financieros, que hoy está vigente. Pero para tomar estas medidas se necesita la aprobación de los dos tercios de los miembros del directorio; esa es la única disposición que requiere esta mayoría dentro del Banco Central.
El artículo 17 vuelve a otorgar a la Superintendencia de Entidades Financieras algunas facultades que tenía. Esta última tenía las facultades de un organismo desconcentrado, que no es un organismo autárquico, porque si bien tiene facultades superiores, no tiene presupuesto propio. Como dije, se vuelven a otorgar a la Superintendecia de Entidades Financieras facultades que le habían sido suspendidas. Dicho órgano tiene la facultad de aprobar los planes de regulación o saneamiento de las entidades financieras; asimismo, puede iniciar procesos por infracciones a la ley 21.526 y al régimen penal cambiario. Cabe aclarar que son facultades que toma por un período y luego tienen que ser aprobadas por el directorio.
El artículo 18 pretende reforzar el monopolio de la emisión de moneda, sabiendo que cada provincia -como ocurrió- puede emitir valores. La situación se da cuando el emisor induzca en forma directa o indirecta su aceptación forzosa, así como el valor nominal de emisión y su relación con la moneda nacional que se encuentre en circulación. Creo que este es un elemento prolijo, en el sentido de que un país debe tener una moneda única, lo cual no impide que una provincia pueda emitir bonos -pues tiene la facultad de hacerlo-, pero estos últimos no deben ser de uso forzoso o tener una similitud con el billete de uso corriente en la economía argentina.
El artículo 19 dispone que el Banco Central debe presentar la rendición de cuentas ante la Auditoría General en un plazo no superior a un año.
El artículo 20 se vincula con la entrada en vigencia de la ley y cómo se va a actuar con los trámites pendientes que están en ejecución.
El artículo 21 se refiere a la necesidad de otorgar un plazo de treinta días para que se confeccione el texto ordenado de la Carta Orgánica del Banco Central y de la ley de entidades financieras luego de estas modificaciones.
Señor presidente: este es el contenido de la reforma propuesta para la Carta Orgánica del Banco Central y la ley de entidades financieras, que pienso que debe aprobarse en general y luego discutirse particularmente cada artículo, dado que la mayoría de las modificaciones que se introducen importará un reordenamiento del texto de ambas normas.
Como cuestiones de fondo caben destacarse el financiamiento del Tesoro, la posibilidad de tener recursos para el pago a los organismos multilaterales de crédito, y quizá la agilidad que se brinda al Banco Central en la intervención a una entidad -podrá hacerlo colocando un interventor sin la presencia de ninguna autoridad de la entidad intervenida- y, en última instancia, resguardar con todas las medidas de valuación de activos a los propios ahorristas en relación con los bienes que quedan en la entidad y que están en proceso de revocación o liquidación.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
SR. OSTROPOLSKY, ALDO HECTOR (MENDOZA):
Señor presidente: tal como lo expresó el señor diputado Frigeri, esta es una norma que implica cambios, tanto de la ley de entidades financieras como de la Carta Orgánica del Banco Central. Sin embargo, aunque el aludido señor diputado la anunció como una reforma, debemos convenir que los muchachos del Central no se esmeraron para hacer una bruta reforma.
Este texto introduce algunas enmiendas pero no significa una modificación sustancial, ya que algunos aspectos muy importantes no son abordados. En particular, considero que corresponde mencionar el período de crisis del sistema financiero y bancario que hemos vivido. Fue una situación que terminó con una salida un poco desordenada, con parcial participación del Congreso de la Nación, y me refiero de modo específico a los aspectos que tuvieron que ver con la pesificación. Sostengo esto porque desde que se sancionó la ley de emergencia económica no tuvimos oportunidad de discutir estos temas.
Al sancionar la ley de emergencia económica el Congreso de la Nación fijó sus criterios de pesificación de las deudas del sistema financiero y bancario, y por decreto se estableció una metodología diferente. Esto motivó una salida de la crisis que todavía no finalizó, que involucra una cifra del orden de los 20.000 millones de dólares según algunas estimaciones, y por la cual han quedado pendientes de tratamiento ciertos temas que nosotros hubiésemos querido discutir. Por ejemplo, cuando se decidió la pesificación de las deudas nada se legisló respecto de que ésta tenía vinculación con un bono que más tarde el Estado entregaría a las entidades financieras. No obstante ello, hemos debido entregar bonos a los bancos por deudas que tenían algunos ciudadanos y algunos extranjeros dentro del país, que con su retiro, sumado a la situación general, provocaron la caída del sistema.
En ese momento no se tuvo en cuenta a aquellos deudores que tenían plazos fijos, por lo cual se les pagó de una manera, mientras ellos abonaron sus deudas con otra equivalencia. En suma, los decretos del Poder Ejecutivo nacional adoptaron un criterio que significó un costo muy alto para el país. Todo esto no ha sido tenido en cuenta y es una situación que podemos calificar casi de caótica, como en algún momento la padecimos.
El proyecto de ley en consideración no incluye elementos esenciales que tengan que ver con la reforma del sistema, como por ejemplo el tema de la volatilidad de los capitales. Me refiero a aquellos capitales que ingresaban al país, ganaban cifras importantes en moneda fuerte, y en el primer momento en que empezaban a surgir dificultades
salían del país. Eran los que se denominaban capitales golondrina; ni hablar de los fondos buitre.
En esta norma tampoco se incluye el rol que debe tener la banca, tanto pública como privada o cooperativa. No se consideran los temas vinculados con el equilibrio de la banca pública, cuestión en la que debemos empezar a trabajar, porque el desequilibrio se va a ir agravando con el tiempo y debemos pensar en soluciones.
En consecuencia, en este proyecto no se analizan las causas de modo tal de encarar acciones de prevención. No se incorporan elementos o institutos relacionados con la prevención de este tipo de crisis de forma tal de poder sortearla si vuelve a ocurrir.
Tampoco se incluyen elementos vinculados con la defensa de los ahorristas -a nuestro criterio esto agrava su situación- ni con la defensa de los usuarios del sistema financiero. Nada de eso queda incorporado en esta normativa.
Hay algunos requisitos establecidos en el Código de Reglas de Basilea, referidos a la buena práctica y trasparencia en materia de política financiera y bancaria, que han quedado de lado en este proyecto.
Tampoco se trata lo relacionado con el decreto 1.262/03, que crea la Unidad de Reestructuración de Entidades Financieras y superpone atribuciones con el directorio del Banco Central. Pensemos que tenemos tres entidades: la mencionada Unidad de Reestructuración, la Superintendencia de Entidades Financieras y el directorio del Banco Central.
Tampoco en este proyecto se considera norma alguna que en forma directa dé al Banco Central la posibilidad de desarrollar políticas diferenciales según las regiones, y especialmente para pequeñas y medianas empresas. No hay definición política ni ningún instrumento a favor de estos sectores. En consecuencia, estas cuestiones quedan pendientes.
Hay otros aspectos cuya modificación proponemos al oficialismo con la intención de hacer aportes que mejoren sustancialmente el proyecto.
El señor diputado Frigeri hacía referencia al artículo 5°, que incorpora el 35 ter, referido a la oportunidad, mérito y conveniencia de los actos adoptados por los funcionarios del Banco Central y de la Superintendencia de Entidades Financieras, en ejercicio de las funciones y competencias que les asignan la Carta Orgánica del Banco Central y la ley de entidades financieras. Allí se establece que esos actos sólo serán revisables en sede judicial cuando mediare arbitrariedad o irrazonabilidad. Aquí estamos hablando del control jurisdiccional del Banco Central.
En oportunidad del tratamiento de este proyecto en el Senado, bien se aclaró el significado de "revisables". ¿Estamos diciendo que se puede modificar el contenido? En definitiva, es una redacción muy poco feliz. Lo correcto -todos lo sabemos- es que la justicia puede declarar nula una resolución cuando hubiese mediado arbitrariedad o irrazonabilidad.
Lo que se pretende -voy a mencionar una palabra que al secretario Madcur nunca le gustó- es la indemnidad de los funcionarios.
Tal como señaló un ilustre senador y maestro de muchos de los que estamos aquí -el doctor Baglini-, sostener que se puede coartar en los jueces la facultad de declarar nulos ciertos actos es justamente nulo y va a ser declarado nulo por cualquier juez de paz del lugar más extremo o más remoto del país.
Debe quedar claro que esto implica un tratamiento privilegiado para determinados funcionarios; en oposición o en comparación con el resto de la ciudadanía, tendrán un tratamiento diferente.
Por ello, proponemos un cambio sustancial en la redacción de este artículo. Y si persiste esta pertinacia del oficialismo en mantener esta redacción, pretendemos que el artículo sea derogado.
Hay algo que debe quedar claro: aquí estamos hablando de indemnidad, de protección a los funcionarios. En este recinto hemos escuchado en más de una oportunidad declaraciones del Poder Ejecutivo que tienen que ver con sancionar a los funcionarios cuando hay errores o cuando hay delitos, pero especialmente desde el Ejecutivo se sostiene que no se va a consolidar la impunidad en nuestro país.
La pretensión de sancionar este artículo tal como está va en sentido absolutamente contrario a esas afirmaciones.
En el artículo 14, inciso e), se establece que corresponde al directorio del Banco Central elaborar y remitir antes del 30 de septiembre de cada año su plan de acción, su presupuesto de gastos no financieros y su cálculo de recursos y de sueldos al Poder Ejecutivo para su conocimiento y -según la versión que sancionó el Senado- también al Senado para su aprobación.
¡Vaya olvido el del Senado! En la versión taquigráfica de la sanción de ese cuerpo no incluyeron a la Cámara de Diputados. En fin, es un pequeño olvido del Senado que implica que la Cámara de Diputados no va a tener esa información que es sustancial en el funcionamiento y en la actuación del Banco Central.
¿Qué quiere decir esta norma? Que el Senado debe aprobar este plan de acción, el presupuesto de gastos no financieros y el cálculo de recursos y de sueldos.
La primera pregunta que nos podríamos hacer es si esto no implica una pérdida de la autonomía del Banco Central. Entendemos que no; pero por supuesto que no estamos de acuerdo con que esto quede exclusivamente en manos de los señores senadores. La responsabilidad debe ser del Congreso, tal como lo contemplaba la redacción original del texto enviado por el Poder Ejecutivo.
Cabe preguntarnos también, cuando se dice que el plan de acción va a estar sujeto a aprobación, ¿a qué se están refiriendo? Hay quienes entienden -lo he consultado con varios señores senadores y cada uno me ha dado una versión diferente- que se refieren a todo lo que tiene que ver con el presupuesto del Banco Central.
Otro senador, que también participó de esa sesión, me dijo que cuando hablamos de plan de acción hacemos referencia al programa monetario. En definitiva, cuando se habla de plan de acción debe expresarse con claridad a qué se está refiriendo.
Además, lo que aparece como un olvido, en definitiva es una escandalosa omisión de la corporación senatorial que debe ser corregida.
Aquí se da la paradoja de que está corriendo por vía separada o paralela la corrección a una ley, la misma que hoy estamos debatiendo. Resulta que mientras eso ocurre por otro lado, por vía administrativa se está propiciando su modificación. Lo señalado implica una muestra cabal de la cerrazón que existe para no aceptar cambios que permitan enriquecer la normativa legal.
Sobre este tema sólo resta recordar que en la ley 24.144 había sido vetada la frase que establece la obligación de enviar la documentación para su aprobación por parte del Congreso.
Por el inciso k) del artículo 14, citado por el señor diputado Frigeri, se atribuye al directorio del Banco Central la posibilidad de eximir, atenuar o reducir cargos en casos especiales. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora el Banco Central tiene una facultad discrecional, que es la de poder eliminar sanciones y multas. Entendemos que esa discrecionalidad es una pérdida de transparencia, por lo que vamos a proponer la modificación correspondiente.
Lo que sí da mucha tela para cortar -yo hablaría de mucha tela para pagar- es lo que tiene que ver con el artículo 15, que sustituye al artículo 20, sobre adelantos del Tesoro.
Tal como está hoy la normativa, el Banco Central puede hacer -lo ha dicho correctamente el señor diputado Frigeri- adelantos transitorios al Tesoro, hasta una cantidad que no exceda del 10 por ciento en recursos efectivos, con respecto a los obtenidos en los últimos doce meses.
¿Qué problema implica todo esto? Que cuando la economía está en una buena situación y el Tesoro recauda más, se puede prestar mayor cantidad de fondos. A su vez, cuando la situación económica determina que se recauden menos recursos, es cuando menos se puede prestar, a pesar de que esos recursos sean necesarios. Esta es una especie de forma cíclica que con buen criterio se propone modificar. Se deben incorporar otros mecanismos que establezcan parámetros que de alguna manera lleguen a atenuar ese proceso cíclico.
Con la redacción que se propone, el Banco Central puede efectuar adelantos transitorios de hasta un 12 por ciento de la base monetaria. Y se define lo que es la base monetaria aclarando que está constituida por la circulación monetaria y por los depósitos a la vista de las entidades financieras.
También se mantiene el tope del 10 por ciento de recursos en efectivo, de acuerdo con los beneficios obtenidos en los últimos doce meses, y se incorpora un nuevo parámetro con el aditamento de que en ningún momento el total puede exceder el 12 por ciento de la base monetaria.
Acá surge una cuestión que para algunos es preocupante, para otros confusa y para otros es donde está escondida "la trampita", porque se excluye a los adelantos destinados a pagar a los organismos multilaterales de crédito.
Veamos los números. Con el primer párrafo no hay dudas: adelantos del Tesoro, hasta el 12 por ciento de la base monetaria. Actualmente es de 37.900 millones, por lo que se podrían prestar 4.590 millones aproximadamente. A continuación, se habla del 10 por ciento de los recursos obtenidos en efectivo. Entonces, vale la pena preguntarse si la ley no debería estipular a qué recursos se hace mención. La duda que surge es si hablamos de recursos totales, de recursos tributarios, si se incluyen los recursos del régimen de capitalización, o si figuran los recursos -previa deducción- que corresponden a las provincias, porque se está pensando que a las provincias se les va a dar adelantos. Obviamente, como estamos hablando de mucho dinero, hacen falta mayores precisiones.
Decía que podíamos tomar el 10 por ciento de los recursos tributarios, que ascienden a 62.800 millones, con lo que obtendríamos 6.280 millones. Si a esta última cifra le sumamos los 4.548 millones, llegamos al orden de los 10.811 millones de pesos. Esta es una cifra muy significativa, mayor que los 4.500 millones que se podían tomar antes. No pueden quedar dudas con respecto a la redacción de este artículo, porque no se trata de un simple ajuste. Por eso vamos a proponer su modificación.
Además, cuando se habla de excluir los adelantos al Tesoro destinados a pagar obligaciones con organismos multilaterales de crédito, estamos garantizando por ley los fondos para pagar al Fondo Monetario Internacional.
Esa es la razón del apuro para sancionar este proyecto de ley. Por eso tengo que desilusionar a algunos de los señores diputados aquí presentes. Si pensaban que el Fondo Monetario los apuraba para beneficiar al sistema financiero y bancario del país, les tengo que decir que el apuro es para tener una garantía, a fin de poder cobrar.
Debe modificarse la redacción, porque se produce el siguiente recorrido: el Tesoro primero solicita fondos al Banco Central y luego utiliza ese dinero para comprar dólares al mismo Banco Central, con los que paga a los organismos multilaterales de crédito.
A su vez, si todo funciona bien y se alcanza un acuerdo con dichos organismos, seguramente ellos van a desembolsar nuevos créditos, que ingresarán al Tesoro. Luego, el Tesoro dispone de un plazo de doce meses para cancelar los adelantos que le efectuó el Banco Central. Es decir que una vez transcurridos los doce meses, abona y puede volver a solicitar dinero. En definitiva, este ciclo no se acaba nunca.
Nosotros creemos que se debe modificar la redacción para establecer que, cuando los organismos multilaterales desembolsan los créditos, ese dinero debe ser destinado a cancelar los adelantos que otorgó el Banco Central; en caso contrario, estaríamos multiplicando las posibilidades del crédito.
El artículo 16 establece una norma transitoria. Dice que cuando circunstancias extraordinarias lo aconsejen, el Banco Central podrá -con la aprobación de las dos terceras partes de su directorio- permitir la integración de reservas con activos financieros diferentes al dinero.
Esto nos preocupa, porque atenta contra la liquidez del sistema. Aquí no se está pensando en términos de corridas bancarias, sino que estamos incrementando el riesgo de los ahorristas o depositantes de los bancos.
Además, esta norma establece que con la misma mayoría de dos tercios, el Banco Central podrá otorgar asistencia financiera a las entidades bancarias que tengan problemas no solamente de liquidez sino también de solvencia.
Asistir a una entidad por problemas de solvencia debería ser sólo responsabilidad de los accionistas, ya que cuando existen beneficios, ellos los cobran en función de su participación societaria. Si existen problemas en las relaciones de solvencia, los accionistas deben atender las pérdidas sin acudir a los fondos del Banco Central, que pertenecen a toda la comunidad.
Si bien esta disposición está presentada como transitoria y si bien hoy está vigente -en consecuencia, su inclusión en la norma implica un blanqueo de la actual situación-, nosotros no estamos de acuerdo con ella en virtud de lo que hemos expresado, por lo que pretendemos que se modifique.
Con respecto al artículo 8°, pese a que no escuché ninguna referencia del señor diputado Frigeri, desaparecería la garantía especial que tenían los pequeños ahorristas hasta cinco mil pesos, estableciéndose en cambio una garantía general. Me pregunto si esto es conveniente, ya que no protege a los depositantes y no ayuda a recuperar la confianza. Incluso, esto podríamos relacionarlo con lo que decíamos recién con respecto a la integración de las reservas mediante otros activos diferentes al dinero.
No estamos dando un marco adecuado para restablecer la confianza. Sabemos que el sistema financiero ha estado al borde del knock out. Hoy está casi por el round número quince de esas peleas en que un contrincante se ha caído dos veces y camina tambaleándose por el cuadrilátero. A la hora de restablecer la confianza, pensemos si con estas medidas no estamos asestando un último y definitivo golpe al sistema.
En el artículo 17 se deroga un decreto del ex ministro Cavallo -me refiero a la época en que era funcionario de la Alianza-, que obliga a la Superintendencia de Entidades Financieras a someter al directorio del Banco Central las decisiones acerca de revocar la autorización para funcionar a las entidades o declarar su quiebra. Además, se restituye la vigencia de otro decreto que curiosamente es del año 1995, del ministro Cavallo del Partido Justicialista; está claro que hubo un Cavallo de la Alianza y otro del Partido Justicialista, pero lo cierto es que en ambos casos nos perjudicó...
Este texto introduce algunas enmiendas pero no significa una modificación sustancial, ya que algunos aspectos muy importantes no son abordados. En particular, considero que corresponde mencionar el período de crisis del sistema financiero y bancario que hemos vivido. Fue una situación que terminó con una salida un poco desordenada, con parcial participación del Congreso de la Nación, y me refiero de modo específico a los aspectos que tuvieron que ver con la pesificación. Sostengo esto porque desde que se sancionó la ley de emergencia económica no tuvimos oportunidad de discutir estos temas.
Al sancionar la ley de emergencia económica el Congreso de la Nación fijó sus criterios de pesificación de las deudas del sistema financiero y bancario, y por decreto se estableció una metodología diferente. Esto motivó una salida de la crisis que todavía no finalizó, que involucra una cifra del orden de los 20.000 millones de dólares según algunas estimaciones, y por la cual han quedado pendientes de tratamiento ciertos temas que nosotros hubiésemos querido discutir. Por ejemplo, cuando se decidió la pesificación de las deudas nada se legisló respecto de que ésta tenía vinculación con un bono que más tarde el Estado entregaría a las entidades financieras. No obstante ello, hemos debido entregar bonos a los bancos por deudas que tenían algunos ciudadanos y algunos extranjeros dentro del país, que con su retiro, sumado a la situación general, provocaron la caída del sistema.
En ese momento no se tuvo en cuenta a aquellos deudores que tenían plazos fijos, por lo cual se les pagó de una manera, mientras ellos abonaron sus deudas con otra equivalencia. En suma, los decretos del Poder Ejecutivo nacional adoptaron un criterio que significó un costo muy alto para el país. Todo esto no ha sido tenido en cuenta y es una situación que podemos calificar casi de caótica, como en algún momento la padecimos.
El proyecto de ley en consideración no incluye elementos esenciales que tengan que ver con la reforma del sistema, como por ejemplo el tema de la volatilidad de los capitales. Me refiero a aquellos capitales que ingresaban al país, ganaban cifras importantes en moneda fuerte, y en el primer momento en que empezaban a surgir dificultades
salían del país. Eran los que se denominaban capitales golondrina; ni hablar de los fondos buitre.
En esta norma tampoco se incluye el rol que debe tener la banca, tanto pública como privada o cooperativa. No se consideran los temas vinculados con el equilibrio de la banca pública, cuestión en la que debemos empezar a trabajar, porque el desequilibrio se va a ir agravando con el tiempo y debemos pensar en soluciones.
En consecuencia, en este proyecto no se analizan las causas de modo tal de encarar acciones de prevención. No se incorporan elementos o institutos relacionados con la prevención de este tipo de crisis de forma tal de poder sortearla si vuelve a ocurrir.
Tampoco se incluyen elementos vinculados con la defensa de los ahorristas -a nuestro criterio esto agrava su situación- ni con la defensa de los usuarios del sistema financiero. Nada de eso queda incorporado en esta normativa.
Hay algunos requisitos establecidos en el Código de Reglas de Basilea, referidos a la buena práctica y trasparencia en materia de política financiera y bancaria, que han quedado de lado en este proyecto.
Tampoco se trata lo relacionado con el decreto 1.262/03, que crea la Unidad de Reestructuración de Entidades Financieras y superpone atribuciones con el directorio del Banco Central. Pensemos que tenemos tres entidades: la mencionada Unidad de Reestructuración, la Superintendencia de Entidades Financieras y el directorio del Banco Central.
Tampoco en este proyecto se considera norma alguna que en forma directa dé al Banco Central la posibilidad de desarrollar políticas diferenciales según las regiones, y especialmente para pequeñas y medianas empresas. No hay definición política ni ningún instrumento a favor de estos sectores. En consecuencia, estas cuestiones quedan pendientes.
Hay otros aspectos cuya modificación proponemos al oficialismo con la intención de hacer aportes que mejoren sustancialmente el proyecto.
El señor diputado Frigeri hacía referencia al artículo 5°, que incorpora el 35 ter, referido a la oportunidad, mérito y conveniencia de los actos adoptados por los funcionarios del Banco Central y de la Superintendencia de Entidades Financieras, en ejercicio de las funciones y competencias que les asignan la Carta Orgánica del Banco Central y la ley de entidades financieras. Allí se establece que esos actos sólo serán revisables en sede judicial cuando mediare arbitrariedad o irrazonabilidad. Aquí estamos hablando del control jurisdiccional del Banco Central.
En oportunidad del tratamiento de este proyecto en el Senado, bien se aclaró el significado de "revisables". ¿Estamos diciendo que se puede modificar el contenido? En definitiva, es una redacción muy poco feliz. Lo correcto -todos lo sabemos- es que la justicia puede declarar nula una resolución cuando hubiese mediado arbitrariedad o irrazonabilidad.
Lo que se pretende -voy a mencionar una palabra que al secretario Madcur nunca le gustó- es la indemnidad de los funcionarios.
Tal como señaló un ilustre senador y maestro de muchos de los que estamos aquí -el doctor Baglini-, sostener que se puede coartar en los jueces la facultad de declarar nulos ciertos actos es justamente nulo y va a ser declarado nulo por cualquier juez de paz del lugar más extremo o más remoto del país.
Debe quedar claro que esto implica un tratamiento privilegiado para determinados funcionarios; en oposición o en comparación con el resto de la ciudadanía, tendrán un tratamiento diferente.
Por ello, proponemos un cambio sustancial en la redacción de este artículo. Y si persiste esta pertinacia del oficialismo en mantener esta redacción, pretendemos que el artículo sea derogado.
Hay algo que debe quedar claro: aquí estamos hablando de indemnidad, de protección a los funcionarios. En este recinto hemos escuchado en más de una oportunidad declaraciones del Poder Ejecutivo que tienen que ver con sancionar a los funcionarios cuando hay errores o cuando hay delitos, pero especialmente desde el Ejecutivo se sostiene que no se va a consolidar la impunidad en nuestro país.
La pretensión de sancionar este artículo tal como está va en sentido absolutamente contrario a esas afirmaciones.
En el artículo 14, inciso e), se establece que corresponde al directorio del Banco Central elaborar y remitir antes del 30 de septiembre de cada año su plan de acción, su presupuesto de gastos no financieros y su cálculo de recursos y de sueldos al Poder Ejecutivo para su conocimiento y -según la versión que sancionó el Senado- también al Senado para su aprobación.
¡Vaya olvido el del Senado! En la versión taquigráfica de la sanción de ese cuerpo no incluyeron a la Cámara de Diputados. En fin, es un pequeño olvido del Senado que implica que la Cámara de Diputados no va a tener esa información que es sustancial en el funcionamiento y en la actuación del Banco Central.
¿Qué quiere decir esta norma? Que el Senado debe aprobar este plan de acción, el presupuesto de gastos no financieros y el cálculo de recursos y de sueldos.
La primera pregunta que nos podríamos hacer es si esto no implica una pérdida de la autonomía del Banco Central. Entendemos que no; pero por supuesto que no estamos de acuerdo con que esto quede exclusivamente en manos de los señores senadores. La responsabilidad debe ser del Congreso, tal como lo contemplaba la redacción original del texto enviado por el Poder Ejecutivo.
Cabe preguntarnos también, cuando se dice que el plan de acción va a estar sujeto a aprobación, ¿a qué se están refiriendo? Hay quienes entienden -lo he consultado con varios señores senadores y cada uno me ha dado una versión diferente- que se refieren a todo lo que tiene que ver con el presupuesto del Banco Central.
Otro senador, que también participó de esa sesión, me dijo que cuando hablamos de plan de acción hacemos referencia al programa monetario. En definitiva, cuando se habla de plan de acción debe expresarse con claridad a qué se está refiriendo.
Además, lo que aparece como un olvido, en definitiva es una escandalosa omisión de la corporación senatorial que debe ser corregida.
Aquí se da la paradoja de que está corriendo por vía separada o paralela la corrección a una ley, la misma que hoy estamos debatiendo. Resulta que mientras eso ocurre por otro lado, por vía administrativa se está propiciando su modificación. Lo señalado implica una muestra cabal de la cerrazón que existe para no aceptar cambios que permitan enriquecer la normativa legal.
Sobre este tema sólo resta recordar que en la ley 24.144 había sido vetada la frase que establece la obligación de enviar la documentación para su aprobación por parte del Congreso.
Por el inciso k) del artículo 14, citado por el señor diputado Frigeri, se atribuye al directorio del Banco Central la posibilidad de eximir, atenuar o reducir cargos en casos especiales. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora el Banco Central tiene una facultad discrecional, que es la de poder eliminar sanciones y multas. Entendemos que esa discrecionalidad es una pérdida de transparencia, por lo que vamos a proponer la modificación correspondiente.
Lo que sí da mucha tela para cortar -yo hablaría de mucha tela para pagar- es lo que tiene que ver con el artículo 15, que sustituye al artículo 20, sobre adelantos del Tesoro.
Tal como está hoy la normativa, el Banco Central puede hacer -lo ha dicho correctamente el señor diputado Frigeri- adelantos transitorios al Tesoro, hasta una cantidad que no exceda del 10 por ciento en recursos efectivos, con respecto a los obtenidos en los últimos doce meses.
¿Qué problema implica todo esto? Que cuando la economía está en una buena situación y el Tesoro recauda más, se puede prestar mayor cantidad de fondos. A su vez, cuando la situación económica determina que se recauden menos recursos, es cuando menos se puede prestar, a pesar de que esos recursos sean necesarios. Esta es una especie de forma cíclica que con buen criterio se propone modificar. Se deben incorporar otros mecanismos que establezcan parámetros que de alguna manera lleguen a atenuar ese proceso cíclico.
Con la redacción que se propone, el Banco Central puede efectuar adelantos transitorios de hasta un 12 por ciento de la base monetaria. Y se define lo que es la base monetaria aclarando que está constituida por la circulación monetaria y por los depósitos a la vista de las entidades financieras.
También se mantiene el tope del 10 por ciento de recursos en efectivo, de acuerdo con los beneficios obtenidos en los últimos doce meses, y se incorpora un nuevo parámetro con el aditamento de que en ningún momento el total puede exceder el 12 por ciento de la base monetaria.
Acá surge una cuestión que para algunos es preocupante, para otros confusa y para otros es donde está escondida "la trampita", porque se excluye a los adelantos destinados a pagar a los organismos multilaterales de crédito.
Veamos los números. Con el primer párrafo no hay dudas: adelantos del Tesoro, hasta el 12 por ciento de la base monetaria. Actualmente es de 37.900 millones, por lo que se podrían prestar 4.590 millones aproximadamente. A continuación, se habla del 10 por ciento de los recursos obtenidos en efectivo. Entonces, vale la pena preguntarse si la ley no debería estipular a qué recursos se hace mención. La duda que surge es si hablamos de recursos totales, de recursos tributarios, si se incluyen los recursos del régimen de capitalización, o si figuran los recursos -previa deducción- que corresponden a las provincias, porque se está pensando que a las provincias se les va a dar adelantos. Obviamente, como estamos hablando de mucho dinero, hacen falta mayores precisiones.
Decía que podíamos tomar el 10 por ciento de los recursos tributarios, que ascienden a 62.800 millones, con lo que obtendríamos 6.280 millones. Si a esta última cifra le sumamos los 4.548 millones, llegamos al orden de los 10.811 millones de pesos. Esta es una cifra muy significativa, mayor que los 4.500 millones que se podían tomar antes. No pueden quedar dudas con respecto a la redacción de este artículo, porque no se trata de un simple ajuste. Por eso vamos a proponer su modificación.
Además, cuando se habla de excluir los adelantos al Tesoro destinados a pagar obligaciones con organismos multilaterales de crédito, estamos garantizando por ley los fondos para pagar al Fondo Monetario Internacional.
Esa es la razón del apuro para sancionar este proyecto de ley. Por eso tengo que desilusionar a algunos de los señores diputados aquí presentes. Si pensaban que el Fondo Monetario los apuraba para beneficiar al sistema financiero y bancario del país, les tengo que decir que el apuro es para tener una garantía, a fin de poder cobrar.
Debe modificarse la redacción, porque se produce el siguiente recorrido: el Tesoro primero solicita fondos al Banco Central y luego utiliza ese dinero para comprar dólares al mismo Banco Central, con los que paga a los organismos multilaterales de crédito.
A su vez, si todo funciona bien y se alcanza un acuerdo con dichos organismos, seguramente ellos van a desembolsar nuevos créditos, que ingresarán al Tesoro. Luego, el Tesoro dispone de un plazo de doce meses para cancelar los adelantos que le efectuó el Banco Central. Es decir que una vez transcurridos los doce meses, abona y puede volver a solicitar dinero. En definitiva, este ciclo no se acaba nunca.
Nosotros creemos que se debe modificar la redacción para establecer que, cuando los organismos multilaterales desembolsan los créditos, ese dinero debe ser destinado a cancelar los adelantos que otorgó el Banco Central; en caso contrario, estaríamos multiplicando las posibilidades del crédito.
El artículo 16 establece una norma transitoria. Dice que cuando circunstancias extraordinarias lo aconsejen, el Banco Central podrá -con la aprobación de las dos terceras partes de su directorio- permitir la integración de reservas con activos financieros diferentes al dinero.
Esto nos preocupa, porque atenta contra la liquidez del sistema. Aquí no se está pensando en términos de corridas bancarias, sino que estamos incrementando el riesgo de los ahorristas o depositantes de los bancos.
Además, esta norma establece que con la misma mayoría de dos tercios, el Banco Central podrá otorgar asistencia financiera a las entidades bancarias que tengan problemas no solamente de liquidez sino también de solvencia.
Asistir a una entidad por problemas de solvencia debería ser sólo responsabilidad de los accionistas, ya que cuando existen beneficios, ellos los cobran en función de su participación societaria. Si existen problemas en las relaciones de solvencia, los accionistas deben atender las pérdidas sin acudir a los fondos del Banco Central, que pertenecen a toda la comunidad.
Si bien esta disposición está presentada como transitoria y si bien hoy está vigente -en consecuencia, su inclusión en la norma implica un blanqueo de la actual situación-, nosotros no estamos de acuerdo con ella en virtud de lo que hemos expresado, por lo que pretendemos que se modifique.
Con respecto al artículo 8°, pese a que no escuché ninguna referencia del señor diputado Frigeri, desaparecería la garantía especial que tenían los pequeños ahorristas hasta cinco mil pesos, estableciéndose en cambio una garantía general. Me pregunto si esto es conveniente, ya que no protege a los depositantes y no ayuda a recuperar la confianza. Incluso, esto podríamos relacionarlo con lo que decíamos recién con respecto a la integración de las reservas mediante otros activos diferentes al dinero.
No estamos dando un marco adecuado para restablecer la confianza. Sabemos que el sistema financiero ha estado al borde del knock out. Hoy está casi por el round número quince de esas peleas en que un contrincante se ha caído dos veces y camina tambaleándose por el cuadrilátero. A la hora de restablecer la confianza, pensemos si con estas medidas no estamos asestando un último y definitivo golpe al sistema.
En el artículo 17 se deroga un decreto del ex ministro Cavallo -me refiero a la época en que era funcionario de la Alianza-, que obliga a la Superintendencia de Entidades Financieras a someter al directorio del Banco Central las decisiones acerca de revocar la autorización para funcionar a las entidades o declarar su quiebra. Además, se restituye la vigencia de otro decreto que curiosamente es del año 1995, del ministro Cavallo del Partido Justicialista; está claro que hubo un Cavallo de la Alianza y otro del Partido Justicialista, pero lo cierto es que en ambos casos nos perjudicó...
SR. CAFIERO, MARIO ALEJANDRO (BUENOS AIRES):
Y otro de los militares.
SR. OSTROPOLSKY, ALDO HECTOR (MENDOZA):
Ahora se pretende restituir ese decreto, que establece que sólo pasarán por las manos del presidente del Banco Central aquellas medidas tan importantes que mencioné, es decir, revocar autorizaciones para funcionar y declarar la quiebra de entidades financieras.
Nosotros pensamos que tales decisiones deben ser tomadas por un organismo colegiado; deben pasar por el directorio del Banco Central, porque es allí donde se funciona con mayoría en las opiniones y se busca consenso. Incluso, esto da más transparencia a las decisiones.
Estas son las cuestiones que, en definitiva, pretendemos que sean receptadas por el oficialismo a fin de enriquecer -de acuerdo con nuestra visión- la normativa en tratamiento.
Sin perjuicio de ello, vamos a apoyar este proyecto de ley porque, entre otras cosas, prevé un control por parte de la Auditoría General de la Nación respecto de los balances del Banco Central. Además, se resguarda la situación de los trabajadores; en el proyecto original este punto había sido descuidado, pero ha quedado expresado dentro de la parte de garantías.
Por otro lado, la iniciativa en debate comprende el tratamiento de las cuasimonedas; este es un tema fundamental para la República, porque ya no podíamos continuar con la anarquía que en materia de circulación de monedas vivimos hasta hace poco tiempo. El proyecto también incluye -ello es bueno- la agilización del funcionamiento de instancias judiciales en lo relativo a liquidadores y dictado de quiebras.
Vamos a apoyar esta iniciativa porque, a pesar del interés de algún organismo internacional, es una herramienta que estamos dispuestos a dar al presidente de la Nación para que avance en los procesos de acuerdos en los que está trabajando. Como decíamos recién, acordar permitirá obtener nuevos desembolsos, y queremos ser coherentes. Cuando nosotros votamos el presupuesto incluimos programas sociales, culturales, de salud, de desarrollo, y estos programas estaban financiados por organismos multilaterales. Entonces, no podemos ser incoherentes diciendo que queremos el financiamiento para esos planes sin dar el instrumento para conseguir los fondos necesarios. Por eso, acordar es conseguir dinero, y ello significa permitir el financiamiento de los programas sociales y demás procesos de desarrollo que estamos dispuestos a acompañar.
Nosotros pensamos que tales decisiones deben ser tomadas por un organismo colegiado; deben pasar por el directorio del Banco Central, porque es allí donde se funciona con mayoría en las opiniones y se busca consenso. Incluso, esto da más transparencia a las decisiones.
Estas son las cuestiones que, en definitiva, pretendemos que sean receptadas por el oficialismo a fin de enriquecer -de acuerdo con nuestra visión- la normativa en tratamiento.
Sin perjuicio de ello, vamos a apoyar este proyecto de ley porque, entre otras cosas, prevé un control por parte de la Auditoría General de la Nación respecto de los balances del Banco Central. Además, se resguarda la situación de los trabajadores; en el proyecto original este punto había sido descuidado, pero ha quedado expresado dentro de la parte de garantías.
Por otro lado, la iniciativa en debate comprende el tratamiento de las cuasimonedas; este es un tema fundamental para la República, porque ya no podíamos continuar con la anarquía que en materia de circulación de monedas vivimos hasta hace poco tiempo. El proyecto también incluye -ello es bueno- la agilización del funcionamiento de instancias judiciales en lo relativo a liquidadores y dictado de quiebras.
Vamos a apoyar esta iniciativa porque, a pesar del interés de algún organismo internacional, es una herramienta que estamos dispuestos a dar al presidente de la Nación para que avance en los procesos de acuerdos en los que está trabajando. Como decíamos recién, acordar permitirá obtener nuevos desembolsos, y queremos ser coherentes. Cuando nosotros votamos el presupuesto incluimos programas sociales, culturales, de salud, de desarrollo, y estos programas estaban financiados por organismos multilaterales. Entonces, no podemos ser incoherentes diciendo que queremos el financiamiento para esos planes sin dar el instrumento para conseguir los fondos necesarios. Por eso, acordar es conseguir dinero, y ello significa permitir el financiamiento de los programas sociales y demás procesos de desarrollo que estamos dispuestos a acompañar.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra el señor diputado por el Neuquén, quien dispone de tres minutos.
SR. PELAEZ, VICTOR (NEUQUEN):
Confío en su generosidad, señor presidente.
Si bien en general no tenemos objeciones respecto del proyecto de ley en debate, sí discrepamos con algunos de sus artículos. Dado que la Presidencia me ha dado tan poco tiempo para hacer uso de la palabra, únicamente me remitiré a ellos.
Quizá el más polémico -a raíz del cual hoy se ha movilizado el personal bancario- es el artículo 5°, por el que se agrega el artículo 35 ter a la ley de entidades financieras. De acuerdo con ese agregado, lo actuado por el Banco Central y/o la Superintendencia de Entidades
Financieras y Cambiarias sólo será revisable en sede judicial cuando hubiera mediado arbitrariedad o irrazonabilidad manifiesta. Esto hace que el Banco Central se torne un búnker inexpugnable y que nos enteremos sólo de lo que nos quiera informar.
¿No sería juzgable nadie en el caso de que se presente una situación parecida a la que ocurrió cuando la Superintendencia del Central otorgó al Banco Integrado Departamental doscientos cuarenta millones de dólares, dos meses y diez días antes de que cayera? ¿Aquí habría arbitrariedad o irrazonabilidad manifiesta?
Lo mismo podríamos decir respecto de los controles del Central sobre lo actuado por el Banco República, el campeón de las irregularidades, que tiene relaciones con el Federal Bank y el Citibank de Nueva York. Por medio del Banco República se triangulaba haciéndose lavado de dinero, con la distracción del Central. ¿Habrá existido allí arbitrariedad o irrazonabilidad manifiesta?
Hablemos del Banco Patricios. Mientras era inspeccionado por el Central y captaba fondos del público hasta el día antes de su cierre, otorgó créditos a sociedades vinculadas insolventes por valor de treinta y cuatro millones de dólares, lo que produjo su iliquidez.
El Banco Central le permitió emitir obligaciones negociables que permutaba a sus clientes por plazos fijos garantizados con obligaciones negociables que no tenían garantía. ¿Esto era arbitrariedad o irrazonabilidad manifiesta, o una estafa que se operaba en un banco inspeccionado por el Central?
Al Banco Mayo el Central le permitió la compra del Patricios estando en iliquidez e insolvencia. El Central le autorizó a emitir obligaciones negociables por cincuenta y un millones, recibiendo del Central trescientos diecisiete millones, que prestó a sus empresas vinculadas, que eran insolventes.
El 13 de octubre de 1998, a cuatro meses de haber absorbido al Banco Patricios, se suspendieron las operaciones del Banco Mayo. Cuando en el año 2001 se fugaron veinticinco mil millones de dólares, causante final de la crisis que se produjo en el país, el Banco Central no hizo nada para parar esa fuga ni se dio por enterado. ¿Por qué? Porque se decía que era legal que saliera el dinero.
Muchas cosas son legales, pero los abusos de esas cosas no lo son. Si yo me defiendo, que es defensa propia, y castigo a una persona y le pateo la cabeza, esto no es legal, sino que es un abuso, un dolo. Y que salgan veinticinco mil millones mientras el Banco Central mira para otro lado también es dolo, porque deja de ser legal. Es decir, hemos caído en algo totalmente ilegal. El 95 por ciento de esos veinticinco mil millones de dólares salieron por los bancos extranjeros, no por los bancos argentinos, y menos por los oficiales.
Para no seguir abundando en casos particulares, podemos decir que el Central no ha hecho los controles necesarios a las entidades financieras, que es una de sus principales funciones. Si podemos decir algo del Central, manifestamos que no ha tenido responsabilidad ni ha efectuado controles. No creemos que se produzca un milagro y cambien las cosas, pero a pesar de todo le agregamos un
factor más de protección: sólo serán revisables en sede judicial cuando hubiere mediado arbitrariedad o irrazonabilidad manifiesta. Se juzga y condena a cualquier profesional por mala praxis en el ejercicio de su profesión, por imprudencia, impericia o negligencia, pero este directorio puede causar estragos económicos de magnitud que está protegido.
No se comprende el porqué del artículo 35 ter, porque todos los actos tienen que ser razonables y no arbitrarios. No puede haber legislación que otorgue mayores defensas que las que establece la legislación común. Por otra parte, el Banco Central tiene todas las facultades para operar y hacer operar con eficacia e idoneidad al sistema financiero.
No podemos suponer que la corrupción vaya a terminar, porque es endémica en el país. Se acaban de detectar tres mil quinientos empleados públicos que cobran el subsidio correspondiente al Programa Jefes de Hogar. Es decir que la corrupción va a seguir, nos guste o no.
Los artículos 13 y 14 otorgan al Banco Central una serie de privilegios con un exceso de autarquía y autonomía. El artículo 13 establece que no son de aplicación al Banco Central las normas que rigen para la Administración Pública nacional. Yo pregunto: ¿por el artículo 13 no se puede incluir ninguna norma que se dicte para la Administración Pública nacional que pueda limitar la capacidad o facultades que reconoce la presente Carta Orgánica? ¿De quién depende el Banco Central? ¿Quién pone límites a su accionar? ¿Quién posee un fiel conocimiento de sus controles sobre las actividades financieras o las magnanimidades o no de sus redescuentos?
El Banco Central puede llegar a ser un monstruo al que estamos entregando muchísimo poder sin casi ningún control.
El artículo 14, inciso q), dice que los bancos están obligados a cumplir ciertas normas y que de ahora en más se los podrá "eximir, atenuar o reducir cargos..." -o sea, multas- "...en casos excepcionales..." Obsérvese que estamos siendo sumamente permisivos: los eximimos, atenuamos, reducimos los cargos.
Supongamos que a un banco le esté prohibido otorgar determinados créditos a ciertas personas o empresas y, contrariamente a lo determinado, los conceda. Esto merece una multa, pero de este modo podemos eximir, atenuar o reducir los cargos. Es decir que le estamos dando menos responsabilidad y más poder. Eso es lo que estamos haciendo con estos artículos, que tenemos que revisar, como lo decía el señor diputado Ostropolsky. Así es como ciertos bancos públicos están con pobladas carteras de morosos originadas en compromisos políticos o simples amiguismos que se aceptan sabiendo de antemano que no podrán cumplir.
El artículo 14, inciso e), establece que el Banco Central elabora su presupuesto y lo envía para su conocimiento al Poder Ejecutivo y para su aprobación al Senado. El señor diputado Ostropolsky ya se ha referido muy bien a este punto. Evidentemente, se han olvidado totalmente del inciso 8 del artículo 75 de la Constitución Nacional, que establece las atribuciones del Congreso.Pasaron por encima de la Constitución Nacional.
Así llegamos al artículo 20 del proyecto, que ha sido muy bien desarrollado por el señor diputado Ostropolsky. La redacción de este importante artículo es confusa y debería ser revisada. Tendría que ser redactado nuevamente, explicitándose en forma clara el límite del financiamiento del Tesoro nacional, por todo concepto, vía emisión de moneda.
Con respecto al pago de capital y/o intereses a los organismos de crédito internacionales y a todos los pagos por la deuda pública, deben estar contemplados en el presupuesto que anualmente aprueba esta Cámara -según lo establece el inciso 7 del artículo 75 de la Constitución-, al igual que las fuentes de financiamiento. Es decir que están pasando nuevamente por encima de la Constitución. Recordemos que es misión de esta Cámara fijar los lineamientos de la política monetaria y todo aquello relativo al pago y obtención de nuevos empréstitos de la deuda pública.
Si bien en general no tenemos objeciones respecto del proyecto de ley en debate, sí discrepamos con algunos de sus artículos. Dado que la Presidencia me ha dado tan poco tiempo para hacer uso de la palabra, únicamente me remitiré a ellos.
Quizá el más polémico -a raíz del cual hoy se ha movilizado el personal bancario- es el artículo 5°, por el que se agrega el artículo 35 ter a la ley de entidades financieras. De acuerdo con ese agregado, lo actuado por el Banco Central y/o la Superintendencia de Entidades
Financieras y Cambiarias sólo será revisable en sede judicial cuando hubiera mediado arbitrariedad o irrazonabilidad manifiesta. Esto hace que el Banco Central se torne un búnker inexpugnable y que nos enteremos sólo de lo que nos quiera informar.
¿No sería juzgable nadie en el caso de que se presente una situación parecida a la que ocurrió cuando la Superintendencia del Central otorgó al Banco Integrado Departamental doscientos cuarenta millones de dólares, dos meses y diez días antes de que cayera? ¿Aquí habría arbitrariedad o irrazonabilidad manifiesta?
Lo mismo podríamos decir respecto de los controles del Central sobre lo actuado por el Banco República, el campeón de las irregularidades, que tiene relaciones con el Federal Bank y el Citibank de Nueva York. Por medio del Banco República se triangulaba haciéndose lavado de dinero, con la distracción del Central. ¿Habrá existido allí arbitrariedad o irrazonabilidad manifiesta?
Hablemos del Banco Patricios. Mientras era inspeccionado por el Central y captaba fondos del público hasta el día antes de su cierre, otorgó créditos a sociedades vinculadas insolventes por valor de treinta y cuatro millones de dólares, lo que produjo su iliquidez.
El Banco Central le permitió emitir obligaciones negociables que permutaba a sus clientes por plazos fijos garantizados con obligaciones negociables que no tenían garantía. ¿Esto era arbitrariedad o irrazonabilidad manifiesta, o una estafa que se operaba en un banco inspeccionado por el Central?
Al Banco Mayo el Central le permitió la compra del Patricios estando en iliquidez e insolvencia. El Central le autorizó a emitir obligaciones negociables por cincuenta y un millones, recibiendo del Central trescientos diecisiete millones, que prestó a sus empresas vinculadas, que eran insolventes.
El 13 de octubre de 1998, a cuatro meses de haber absorbido al Banco Patricios, se suspendieron las operaciones del Banco Mayo. Cuando en el año 2001 se fugaron veinticinco mil millones de dólares, causante final de la crisis que se produjo en el país, el Banco Central no hizo nada para parar esa fuga ni se dio por enterado. ¿Por qué? Porque se decía que era legal que saliera el dinero.
Muchas cosas son legales, pero los abusos de esas cosas no lo son. Si yo me defiendo, que es defensa propia, y castigo a una persona y le pateo la cabeza, esto no es legal, sino que es un abuso, un dolo. Y que salgan veinticinco mil millones mientras el Banco Central mira para otro lado también es dolo, porque deja de ser legal. Es decir, hemos caído en algo totalmente ilegal. El 95 por ciento de esos veinticinco mil millones de dólares salieron por los bancos extranjeros, no por los bancos argentinos, y menos por los oficiales.
Para no seguir abundando en casos particulares, podemos decir que el Central no ha hecho los controles necesarios a las entidades financieras, que es una de sus principales funciones. Si podemos decir algo del Central, manifestamos que no ha tenido responsabilidad ni ha efectuado controles. No creemos que se produzca un milagro y cambien las cosas, pero a pesar de todo le agregamos un
factor más de protección: sólo serán revisables en sede judicial cuando hubiere mediado arbitrariedad o irrazonabilidad manifiesta. Se juzga y condena a cualquier profesional por mala praxis en el ejercicio de su profesión, por imprudencia, impericia o negligencia, pero este directorio puede causar estragos económicos de magnitud que está protegido.
No se comprende el porqué del artículo 35 ter, porque todos los actos tienen que ser razonables y no arbitrarios. No puede haber legislación que otorgue mayores defensas que las que establece la legislación común. Por otra parte, el Banco Central tiene todas las facultades para operar y hacer operar con eficacia e idoneidad al sistema financiero.
No podemos suponer que la corrupción vaya a terminar, porque es endémica en el país. Se acaban de detectar tres mil quinientos empleados públicos que cobran el subsidio correspondiente al Programa Jefes de Hogar. Es decir que la corrupción va a seguir, nos guste o no.
Los artículos 13 y 14 otorgan al Banco Central una serie de privilegios con un exceso de autarquía y autonomía. El artículo 13 establece que no son de aplicación al Banco Central las normas que rigen para la Administración Pública nacional. Yo pregunto: ¿por el artículo 13 no se puede incluir ninguna norma que se dicte para la Administración Pública nacional que pueda limitar la capacidad o facultades que reconoce la presente Carta Orgánica? ¿De quién depende el Banco Central? ¿Quién pone límites a su accionar? ¿Quién posee un fiel conocimiento de sus controles sobre las actividades financieras o las magnanimidades o no de sus redescuentos?
El Banco Central puede llegar a ser un monstruo al que estamos entregando muchísimo poder sin casi ningún control.
El artículo 14, inciso q), dice que los bancos están obligados a cumplir ciertas normas y que de ahora en más se los podrá "eximir, atenuar o reducir cargos..." -o sea, multas- "...en casos excepcionales..." Obsérvese que estamos siendo sumamente permisivos: los eximimos, atenuamos, reducimos los cargos.
Supongamos que a un banco le esté prohibido otorgar determinados créditos a ciertas personas o empresas y, contrariamente a lo determinado, los conceda. Esto merece una multa, pero de este modo podemos eximir, atenuar o reducir los cargos. Es decir que le estamos dando menos responsabilidad y más poder. Eso es lo que estamos haciendo con estos artículos, que tenemos que revisar, como lo decía el señor diputado Ostropolsky. Así es como ciertos bancos públicos están con pobladas carteras de morosos originadas en compromisos políticos o simples amiguismos que se aceptan sabiendo de antemano que no podrán cumplir.
El artículo 14, inciso e), establece que el Banco Central elabora su presupuesto y lo envía para su conocimiento al Poder Ejecutivo y para su aprobación al Senado. El señor diputado Ostropolsky ya se ha referido muy bien a este punto. Evidentemente, se han olvidado totalmente del inciso 8 del artículo 75 de la Constitución Nacional, que establece las atribuciones del Congreso.Pasaron por encima de la Constitución Nacional.
Así llegamos al artículo 20 del proyecto, que ha sido muy bien desarrollado por el señor diputado Ostropolsky. La redacción de este importante artículo es confusa y debería ser revisada. Tendría que ser redactado nuevamente, explicitándose en forma clara el límite del financiamiento del Tesoro nacional, por todo concepto, vía emisión de moneda.
Con respecto al pago de capital y/o intereses a los organismos de crédito internacionales y a todos los pagos por la deuda pública, deben estar contemplados en el presupuesto que anualmente aprueba esta Cámara -según lo establece el inciso 7 del artículo 75 de la Constitución-, al igual que las fuentes de financiamiento. Es decir que están pasando nuevamente por encima de la Constitución. Recordemos que es misión de esta Cámara fijar los lineamientos de la política monetaria y todo aquello relativo al pago y obtención de nuevos empréstitos de la deuda pública.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. CAFIERO, MARIO ALEJANDRO (BUENOS AIRES):
Señor presidente: he presentado un dictamen de minoría -aunque no sé si formalmente se le ha dado ese carácter- en el que expongo las necesidades que, a mi juicio, hoy tiene la Argentina en relación con su sistema financiero.
Antes de hablar brevemente de ese dictamen, diré por qué creo absolutamente inconveniente aprobar este proyecto de ley.
Estamos hablando ni más ni menos que del ahorro, de la inversión y de la fortuna de los argentinos; es decir que esta discusión se encuentra enmarcada en el artículo 29 de la Constitución. No debemos perder de vista que el sistema financiero argentino y el Banco Central -el ente rector de este sistema financiero- acaban de protagonizar uno de los colapsos más graves de la historia de nuestra República. Recordemos lo que ocurría hace un año, cuando los ahorristas salieron a las calles reclamando la devolución de su dinero. Recordemos también al ex presidente Duhalde, cuando en su discurso de asunción dijo que investigaría lo que había sucedido con el sistema financiero.
Tenemos, o deberíamos tener, muy presentes todos estos hechos al momento de votar la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central y a la ley de entidades financieras. Asimismo, deberíamos tener presentes otros hechos más claros y contundentes, como por ejemplo el informe que el Banco Central de la República Argentina remite anualmente al Congreso.
Si el señor presidente lee ese informe y los señores legisladores me escuchan un minuto, advertirán que ni la Auditoría General de la Nación ni la auditoría externa del Banco Central emiten opinión alguna sobre el balance de esa entidad correspondiente al año 2001. Esto es gravísimo.
En la página 167 de su informe, la auditoría manifiesta: "No estamos en condiciones de expresar -y por lo tanto no expresamos- una opinión sobre los estados contables del Banco Central de la República Argentina." Más adelante, en la página 170, la auditora KPGM dice algoparecido: "No estamos en condiciones de expresar, y por lo tanto no expresamos, una opinión sobre los estados contables del Banco Central de la República Argentina considerados en su conjunto al 31 de diciembre de 2001". Es decir que con este proyecto de ley estamos otorgando más independencia, más poder, más facultades y más discrecionalidad a autoridades de un organismo que ni siquiera ha presentado su balance en el año 2001.
Me pregunto qué pasaría, por ejemplo, si la señora María Julia Alsogaray viniera a esta Cámara y pidiera más poderes para imprimir la guía telefónica de ENTEL. Recuerden cómo terminó el caso Meller, por el cual nosotros pedimos el juicio político al doctor Moliné O'Connor. En el mismo sentido, me pregunto qué pasaría si viniera el señor Dadone y pidiera más poderes para informatizar el Banco Nación. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Les daríamos más poderes, los sacaríamos a las patadas o les diríamos que rindan cuentas antes de pedir más?
Por ello, es grave sancionar una ley de estas características sin analizar lo que pasó. Claro, todos sabemos que hay un pedido del Fondo Monetario Internacional. Todos sabemos que el 16 de enero de 2003 el ministro Lavagna y el presidente del Banco Central -porque en nuestro país los acuerdos con el Fondo no los firma el presidente de la Nación sino un funcionario de tercer nivel, como es el ministro de Economía, y otro de cuarto nivel, como es el presidente del Banco Central- firmaron un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional comprometiéndonos a todos nosotros a modificar la ley de entidades financieras.
Dicho acuerdo dice, en su acápite 4, inciso 5, que esta ley que vamos a votar limitará la capacidad del Poder Judicial para anular decisiones del Banco Central sobre transferencias de activos a terceros. Asimismo, en su acápite 7 dice que protegerán a los funcionarios públicos de los aspectos de la legislación actual que puedan resultar en impugnaciones o demandas de compensación contra actos realizados en un proceso de reestructuración y saneamiento bancario. Esto es lo que pide el Fondo.
Pero me pregunto: ¿eso es lo que pide el Fondo a todos los países? Creo que fue Aldo Ferrer quien dijo que cada país tiene el Fondo Monetario que se merece. Si me permite, señor presidente, voy a leer parte de un documento del Fondo Monetario Internacional, del año 1998, sobre crisis financieras. En el Capítulo IV, página 91 -doy estos datos para que nadie pueda decir que lo estoy inventando-, el Fondo Monetario dice: "El costo de resolución de las crisis bancarias ha llegado en algunos casos al 40 por ciento del producto bruto, como por ejemplo Argentina y Chile a principios de los 80. En Chile, donde la reestructuración logró un avance significativo tras la crisis de los años 80, se despidieron a gerentes, los accionistas absorbieron pérdidas y se entablaron procesos judiciales en todos los casos de fraude. Además, se modificaron las reglas contables y la supervisión de conformidad con las normas internacionales y se impidió a los bancos otorgar créditos a prestatarios que hayan incurrido en incumplimiento". Recordar esto es bueno para aquellos que siempre ponen a Chile como ejemplo. Acá hay un caso de cómo hoy estamos nuevamente discutiendo una crisis que nos está costando más del 40 por ciento del producto bruto y, sin embargo, hacemos todo lo contrario de lo que hizo nuestro hermano país y avanzamos en el sentido de la impunidad y no en el sentido del castigo, de la verdad y de saber qué pasó.
Es por eso que vamos a votar en contra de esta iniciativa. Sintéticamente, señor presidente, entendemos que esta norma pretende hacer borrón y cuenta nueva con todo lo que sucedió en los bancos desde el año 1995 hasta el 2001, desenganchar todo lo posible al Banco Central de la Cámara de Diputados, eliminar los controles del programa monetario y cambiario -a mi juicio, esto está claro- y relegar el control de la auditoría sólo al presupuesto operativo, es decir, a cuánto se gasta en café o cuánto cobran los empleados, pero de ninguna manera meterse con las cosas importantes que resuelve el Banco Central.
Por eso me cuesta entender esta sesión. No logro comprender por qué parecería que se acabó el recreo y que hay que hacer los deberes. Creo que esta es de las peores leyes que va a sancionar este Parlamento. Considero que esta es la continuidad en el plano civil y administrativo de la derogación de la ley de subversión económica, la que hubiera permitido juzgar y castigar penalmente a los banqueros responsables del vaciamiento perpetrado en 2001.
Este proyecto de ley fue elaborado con trampas; parece redactado por Cavallo y Liendo o alguno de sus discípulos. No se permite a ningún bloque proponer ni siquiera el cambio de una coma porque todo está pensado, y la más mínima enmienda podría modificar el sentido oculto de muchos artículos. Se sostiene que el texto ya está redactado y que nada cambia. No es verdad: cambian muchas cosas, y en muchos de los artículos hay un sentido oculto difícil de entender, como todo lo vinculado al sistema financiero.
A veces es difícil explicar a la gente que hay banqueros "chorros". Se puede entender que haya pibes "chorros", la delincuencia común, los secuestros, los asesinatos, los robos de autos y los desarmaderos, pero no es fácil comprender cuando esos delitos los cometen personas de un alto nivel económico, de elevado estatus, profesionales. Sin embargo, lamentablemente, la historia financiera argentina está plagada de esos delitos.
Debo agradecer al señor presidente de la Comisión de Finanzas, quien ayer me permitió exponer cuál es a mi juicio la responsabilidad que tienen los banqueros en el vaciamiento que se produjo en el año 2001. He elaborado varios informes y hasta tuve la necesidad de escribir un libro para explicar esto a la sociedad a fin de que no vuelva a suceder. Sin embargo, observo que todo ese esfuerzo fue inútil. No hay ningún tipo de análisis crítico, estamos casi en una actitud de obediencia debida respecto del Fondo Monetario Internacional y este es el punto final para estos crímenes financieros.
Comprendo que las presiones son muy fuertes y que los fundamentalistas sostienen que si no hacemos lo que el mercado indica nos podemos caer del mundo o entrar en una crisis peor, pero no creo en eso. Pienso que, como en otros terrenos, llegó la hora del fin de la impunidad. Debemos trabajar para que termine la impunidad de los crímenes financieros, los delitos de cuello blanco, que se estudian en la teoría de la corrupción.
Se pretende más independencia para el Banco Central, y yo pregunto cómo puede haber un Banco Central independiente en un país dependiente. A mi juicio eso no es posible.
Este proyecto me recuerda las peores leyes que sancionó este Parlamento, como la de superpoderes. Así como algunos sabíamos que Cavallo pretendía evitar el efecto "puerta 12", para que pudieran salir de la Argentina sin pelearse aquellos que habían ganado mucho dinero por los intereses financieros, me da mucha bronca que se otorguen superpoderes a los funcionarios que hoy están a cargo del Banco Central. Concretamente, me refiero al presidente del Banco Central. Fui uno de los pocos diputados -no sé si el único- que impugnó el pliego de Prat-Gay, cuyo único antecedente laboral era el JP Morgan. Este yuppie de la city fue declarado en Wall Street el mejor economista para la Argentina.
Cuestiono que se otorguen superpoderes a Prat-Gay porque JP Morgan es una de las firmas que formó parte de lo que se conoce como el negociado de los bonos de títulos de la deuda externa argentina. Esto no lo estoy denunciando yo, sino el diario "The Washington Post", que de comunista no tiene nada. Hace pocos días, en un artículo muy extenso se señaló cómo las empresas de Wall Street habían colaborado para que se produjera la crisis argentina, y expresamente se responsabilizó a JP Morgan, con su famoso indicador Emerging Markets Bond Index Plus -que se vinculaba con el riesgo país-, de ser parte del negociado de los bonos de la deuda externa argentina que entre 1991 y 2001 generó más de mil millones de dólares de comisiones. No estamos hablando de la deuda sino de las comisiones. Muchas voluntades se compran con mil millones de dólares.
Tal como pasó con el tema de los derechos humanos durante la dictadura, que lo comenzamos a conocer porque desde afuera empezaron a señalarnos las violaciones en la Argentina, lo mismo está ocurriendo con los crímenes financieros. Desde afuera nos están diciendo que no fueron operaciones limpias y que hay una deuda sucia.
Dentro de esa deuda sucia quiero denunciar hoy que una de las razones por las cuales este señor está colocado ahí es para encubrir un seguro de liquidez que había contratado el Banco Central. Voy a ser muy breve en la explicación de esta cuestión que, en su momento, fue denunciada por el señor diputado Peyrou, del Frepaso.
En nuestro país se montó un sistema financiero absolutamente irracional porque no había prestamista de última instancia, es decir que no existía un Banco Central que pudiera emitir los billetes necesarios para hacer frente a una corrida, lo cual es básico en un sistema financiero.
Después de la crisis del tequila se contrató un seguro de liquidez con un grupo de grandes bancos. Ese seguro preveía que en caso de una crisis el Banco Central podía obtener 6.100 millones de dólares de estos bancos a cambio de títulos de la deuda externa argentina.
En el año 2001 ese seguro estaba vigente no por 6.100 sino por 4.700 millones de dólares y a cargo del JP Morgan. Cuando el señor Cavallo lleva a cabo el megacanje cambia esos títulos que estaban en un contrato. De esa forma salen de ese contrato y esos grandes bancos no traen los dólares que deberían haber entregado; solamente traen mil setecientos millones de dólares que en el año 2002 les son devueltos, porque el gobierno paga los títulos a pesar de estar en default.
Quiero señalar otro hecho más para que entendamos que ese seguro nos costó doscientos millones de dólares y, evidentemente, no nos sirvió para parar la corrida. Ese seguro estaba en cabeza de la empresa donde trabajaba el señor Prat-Gay.
Deberíamos entender que por la cuestión financiera es por donde pasan los graves problemas de la Argentina. Hace 25 años que tenemos la misma ley, firmada por el general Jorge Rafael Videla y por el doctor José Alfredo Martínez de Hoz. Queremos que uno de ellos sea juzgado por crímenes de lesa humanidad; el otro debería ser juzgado por crímenes de lesa economía.
A partir de esta reforma y de este sistema financiero, todas las crisis financieras que se fueron dando a lo largo del tiempo generaron parche sobre parche, y esta última reforma es el último que el oficialismo pretende votar, pero siempre queriendo producir la ley más laxa, es decir, dar más poderes y no menos, lo que es algo absolutamente irracional.
Cuando vemos que algo no funciona le damos más poderes. Esto sería como si a Suárez Mason le dijéramos que no sólo tendrá a su cargo el I Cuerpo de Ejército sino todos los cuerpos de Ejército de la Argentina.
Esta es la cosa irracional que no entiendo, y la otra cuestión es que esta norma tiene su historia, que está muy ligada a la de la deuda. Cuando se investiga la deuda externa de nuestro país inmediatamente hay que mirar lo que pasó en el Banco Central.
Lo que he señalado no lo digo yo solamente, porque también lo señaló Roque Fernández. Cuando en el año 1990 se trató otra reforma importante de la Carta Orgánica del Banco Central -no sé si habrá algún legislador presente que haya estado en esa oportunidad-, Roque Fernández, que en ese momento era director del Banco Central, calculó en 67.500 millones de dólares las pérdidas del Banco Central como resultado del costo de las crisis financieras y de las prácticas de la patria financiera.
La cifra citada fue elevada a 105.000 millones de dólares por una comisión investigadora creada por Menem en los 90, integrada por César Arias, Eduardo Roger -Procurador General de la Nación- y el titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, doctor Ricardo Molinas.
Entonces puede observarse lo siguiente: la crisis de los 80, la patria financiera, la plata dulce, la crisis de Martínez de Hoz, según Roque Fernández le costaron al Banco Central 67.500 millones de dólares y, según César Arias, 105.000 millones de dólares. Es decir, toda la deuda externa e incluso un poco más.
Ahí tuvimos la oportunidad de cambiar...
Antes de hablar brevemente de ese dictamen, diré por qué creo absolutamente inconveniente aprobar este proyecto de ley.
Estamos hablando ni más ni menos que del ahorro, de la inversión y de la fortuna de los argentinos; es decir que esta discusión se encuentra enmarcada en el artículo 29 de la Constitución. No debemos perder de vista que el sistema financiero argentino y el Banco Central -el ente rector de este sistema financiero- acaban de protagonizar uno de los colapsos más graves de la historia de nuestra República. Recordemos lo que ocurría hace un año, cuando los ahorristas salieron a las calles reclamando la devolución de su dinero. Recordemos también al ex presidente Duhalde, cuando en su discurso de asunción dijo que investigaría lo que había sucedido con el sistema financiero.
Tenemos, o deberíamos tener, muy presentes todos estos hechos al momento de votar la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central y a la ley de entidades financieras. Asimismo, deberíamos tener presentes otros hechos más claros y contundentes, como por ejemplo el informe que el Banco Central de la República Argentina remite anualmente al Congreso.
Si el señor presidente lee ese informe y los señores legisladores me escuchan un minuto, advertirán que ni la Auditoría General de la Nación ni la auditoría externa del Banco Central emiten opinión alguna sobre el balance de esa entidad correspondiente al año 2001. Esto es gravísimo.
En la página 167 de su informe, la auditoría manifiesta: "No estamos en condiciones de expresar -y por lo tanto no expresamos- una opinión sobre los estados contables del Banco Central de la República Argentina." Más adelante, en la página 170, la auditora KPGM dice algoparecido: "No estamos en condiciones de expresar, y por lo tanto no expresamos, una opinión sobre los estados contables del Banco Central de la República Argentina considerados en su conjunto al 31 de diciembre de 2001". Es decir que con este proyecto de ley estamos otorgando más independencia, más poder, más facultades y más discrecionalidad a autoridades de un organismo que ni siquiera ha presentado su balance en el año 2001.
Me pregunto qué pasaría, por ejemplo, si la señora María Julia Alsogaray viniera a esta Cámara y pidiera más poderes para imprimir la guía telefónica de ENTEL. Recuerden cómo terminó el caso Meller, por el cual nosotros pedimos el juicio político al doctor Moliné O'Connor. En el mismo sentido, me pregunto qué pasaría si viniera el señor Dadone y pidiera más poderes para informatizar el Banco Nación. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Les daríamos más poderes, los sacaríamos a las patadas o les diríamos que rindan cuentas antes de pedir más?
Por ello, es grave sancionar una ley de estas características sin analizar lo que pasó. Claro, todos sabemos que hay un pedido del Fondo Monetario Internacional. Todos sabemos que el 16 de enero de 2003 el ministro Lavagna y el presidente del Banco Central -porque en nuestro país los acuerdos con el Fondo no los firma el presidente de la Nación sino un funcionario de tercer nivel, como es el ministro de Economía, y otro de cuarto nivel, como es el presidente del Banco Central- firmaron un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional comprometiéndonos a todos nosotros a modificar la ley de entidades financieras.
Dicho acuerdo dice, en su acápite 4, inciso 5, que esta ley que vamos a votar limitará la capacidad del Poder Judicial para anular decisiones del Banco Central sobre transferencias de activos a terceros. Asimismo, en su acápite 7 dice que protegerán a los funcionarios públicos de los aspectos de la legislación actual que puedan resultar en impugnaciones o demandas de compensación contra actos realizados en un proceso de reestructuración y saneamiento bancario. Esto es lo que pide el Fondo.
Pero me pregunto: ¿eso es lo que pide el Fondo a todos los países? Creo que fue Aldo Ferrer quien dijo que cada país tiene el Fondo Monetario que se merece. Si me permite, señor presidente, voy a leer parte de un documento del Fondo Monetario Internacional, del año 1998, sobre crisis financieras. En el Capítulo IV, página 91 -doy estos datos para que nadie pueda decir que lo estoy inventando-, el Fondo Monetario dice: "El costo de resolución de las crisis bancarias ha llegado en algunos casos al 40 por ciento del producto bruto, como por ejemplo Argentina y Chile a principios de los 80. En Chile, donde la reestructuración logró un avance significativo tras la crisis de los años 80, se despidieron a gerentes, los accionistas absorbieron pérdidas y se entablaron procesos judiciales en todos los casos de fraude. Además, se modificaron las reglas contables y la supervisión de conformidad con las normas internacionales y se impidió a los bancos otorgar créditos a prestatarios que hayan incurrido en incumplimiento". Recordar esto es bueno para aquellos que siempre ponen a Chile como ejemplo. Acá hay un caso de cómo hoy estamos nuevamente discutiendo una crisis que nos está costando más del 40 por ciento del producto bruto y, sin embargo, hacemos todo lo contrario de lo que hizo nuestro hermano país y avanzamos en el sentido de la impunidad y no en el sentido del castigo, de la verdad y de saber qué pasó.
Es por eso que vamos a votar en contra de esta iniciativa. Sintéticamente, señor presidente, entendemos que esta norma pretende hacer borrón y cuenta nueva con todo lo que sucedió en los bancos desde el año 1995 hasta el 2001, desenganchar todo lo posible al Banco Central de la Cámara de Diputados, eliminar los controles del programa monetario y cambiario -a mi juicio, esto está claro- y relegar el control de la auditoría sólo al presupuesto operativo, es decir, a cuánto se gasta en café o cuánto cobran los empleados, pero de ninguna manera meterse con las cosas importantes que resuelve el Banco Central.
Por eso me cuesta entender esta sesión. No logro comprender por qué parecería que se acabó el recreo y que hay que hacer los deberes. Creo que esta es de las peores leyes que va a sancionar este Parlamento. Considero que esta es la continuidad en el plano civil y administrativo de la derogación de la ley de subversión económica, la que hubiera permitido juzgar y castigar penalmente a los banqueros responsables del vaciamiento perpetrado en 2001.
Este proyecto de ley fue elaborado con trampas; parece redactado por Cavallo y Liendo o alguno de sus discípulos. No se permite a ningún bloque proponer ni siquiera el cambio de una coma porque todo está pensado, y la más mínima enmienda podría modificar el sentido oculto de muchos artículos. Se sostiene que el texto ya está redactado y que nada cambia. No es verdad: cambian muchas cosas, y en muchos de los artículos hay un sentido oculto difícil de entender, como todo lo vinculado al sistema financiero.
A veces es difícil explicar a la gente que hay banqueros "chorros". Se puede entender que haya pibes "chorros", la delincuencia común, los secuestros, los asesinatos, los robos de autos y los desarmaderos, pero no es fácil comprender cuando esos delitos los cometen personas de un alto nivel económico, de elevado estatus, profesionales. Sin embargo, lamentablemente, la historia financiera argentina está plagada de esos delitos.
Debo agradecer al señor presidente de la Comisión de Finanzas, quien ayer me permitió exponer cuál es a mi juicio la responsabilidad que tienen los banqueros en el vaciamiento que se produjo en el año 2001. He elaborado varios informes y hasta tuve la necesidad de escribir un libro para explicar esto a la sociedad a fin de que no vuelva a suceder. Sin embargo, observo que todo ese esfuerzo fue inútil. No hay ningún tipo de análisis crítico, estamos casi en una actitud de obediencia debida respecto del Fondo Monetario Internacional y este es el punto final para estos crímenes financieros.
Comprendo que las presiones son muy fuertes y que los fundamentalistas sostienen que si no hacemos lo que el mercado indica nos podemos caer del mundo o entrar en una crisis peor, pero no creo en eso. Pienso que, como en otros terrenos, llegó la hora del fin de la impunidad. Debemos trabajar para que termine la impunidad de los crímenes financieros, los delitos de cuello blanco, que se estudian en la teoría de la corrupción.
Se pretende más independencia para el Banco Central, y yo pregunto cómo puede haber un Banco Central independiente en un país dependiente. A mi juicio eso no es posible.
Este proyecto me recuerda las peores leyes que sancionó este Parlamento, como la de superpoderes. Así como algunos sabíamos que Cavallo pretendía evitar el efecto "puerta 12", para que pudieran salir de la Argentina sin pelearse aquellos que habían ganado mucho dinero por los intereses financieros, me da mucha bronca que se otorguen superpoderes a los funcionarios que hoy están a cargo del Banco Central. Concretamente, me refiero al presidente del Banco Central. Fui uno de los pocos diputados -no sé si el único- que impugnó el pliego de Prat-Gay, cuyo único antecedente laboral era el JP Morgan. Este yuppie de la city fue declarado en Wall Street el mejor economista para la Argentina.
Cuestiono que se otorguen superpoderes a Prat-Gay porque JP Morgan es una de las firmas que formó parte de lo que se conoce como el negociado de los bonos de títulos de la deuda externa argentina. Esto no lo estoy denunciando yo, sino el diario "The Washington Post", que de comunista no tiene nada. Hace pocos días, en un artículo muy extenso se señaló cómo las empresas de Wall Street habían colaborado para que se produjera la crisis argentina, y expresamente se responsabilizó a JP Morgan, con su famoso indicador Emerging Markets Bond Index Plus -que se vinculaba con el riesgo país-, de ser parte del negociado de los bonos de la deuda externa argentina que entre 1991 y 2001 generó más de mil millones de dólares de comisiones. No estamos hablando de la deuda sino de las comisiones. Muchas voluntades se compran con mil millones de dólares.
Tal como pasó con el tema de los derechos humanos durante la dictadura, que lo comenzamos a conocer porque desde afuera empezaron a señalarnos las violaciones en la Argentina, lo mismo está ocurriendo con los crímenes financieros. Desde afuera nos están diciendo que no fueron operaciones limpias y que hay una deuda sucia.
Dentro de esa deuda sucia quiero denunciar hoy que una de las razones por las cuales este señor está colocado ahí es para encubrir un seguro de liquidez que había contratado el Banco Central. Voy a ser muy breve en la explicación de esta cuestión que, en su momento, fue denunciada por el señor diputado Peyrou, del Frepaso.
En nuestro país se montó un sistema financiero absolutamente irracional porque no había prestamista de última instancia, es decir que no existía un Banco Central que pudiera emitir los billetes necesarios para hacer frente a una corrida, lo cual es básico en un sistema financiero.
Después de la crisis del tequila se contrató un seguro de liquidez con un grupo de grandes bancos. Ese seguro preveía que en caso de una crisis el Banco Central podía obtener 6.100 millones de dólares de estos bancos a cambio de títulos de la deuda externa argentina.
En el año 2001 ese seguro estaba vigente no por 6.100 sino por 4.700 millones de dólares y a cargo del JP Morgan. Cuando el señor Cavallo lleva a cabo el megacanje cambia esos títulos que estaban en un contrato. De esa forma salen de ese contrato y esos grandes bancos no traen los dólares que deberían haber entregado; solamente traen mil setecientos millones de dólares que en el año 2002 les son devueltos, porque el gobierno paga los títulos a pesar de estar en default.
Quiero señalar otro hecho más para que entendamos que ese seguro nos costó doscientos millones de dólares y, evidentemente, no nos sirvió para parar la corrida. Ese seguro estaba en cabeza de la empresa donde trabajaba el señor Prat-Gay.
Deberíamos entender que por la cuestión financiera es por donde pasan los graves problemas de la Argentina. Hace 25 años que tenemos la misma ley, firmada por el general Jorge Rafael Videla y por el doctor José Alfredo Martínez de Hoz. Queremos que uno de ellos sea juzgado por crímenes de lesa humanidad; el otro debería ser juzgado por crímenes de lesa economía.
A partir de esta reforma y de este sistema financiero, todas las crisis financieras que se fueron dando a lo largo del tiempo generaron parche sobre parche, y esta última reforma es el último que el oficialismo pretende votar, pero siempre queriendo producir la ley más laxa, es decir, dar más poderes y no menos, lo que es algo absolutamente irracional.
Cuando vemos que algo no funciona le damos más poderes. Esto sería como si a Suárez Mason le dijéramos que no sólo tendrá a su cargo el I Cuerpo de Ejército sino todos los cuerpos de Ejército de la Argentina.
Esta es la cosa irracional que no entiendo, y la otra cuestión es que esta norma tiene su historia, que está muy ligada a la de la deuda. Cuando se investiga la deuda externa de nuestro país inmediatamente hay que mirar lo que pasó en el Banco Central.
Lo que he señalado no lo digo yo solamente, porque también lo señaló Roque Fernández. Cuando en el año 1990 se trató otra reforma importante de la Carta Orgánica del Banco Central -no sé si habrá algún legislador presente que haya estado en esa oportunidad-, Roque Fernández, que en ese momento era director del Banco Central, calculó en 67.500 millones de dólares las pérdidas del Banco Central como resultado del costo de las crisis financieras y de las prácticas de la patria financiera.
La cifra citada fue elevada a 105.000 millones de dólares por una comisión investigadora creada por Menem en los 90, integrada por César Arias, Eduardo Roger -Procurador General de la Nación- y el titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, doctor Ricardo Molinas.
Entonces puede observarse lo siguiente: la crisis de los 80, la patria financiera, la plata dulce, la crisis de Martínez de Hoz, según Roque Fernández le costaron al Banco Central 67.500 millones de dólares y, según César Arias, 105.000 millones de dólares. Es decir, toda la deuda externa e incluso un poco más.
Ahí tuvimos la oportunidad de cambiar...
SR. BRITOS, ORALDO N. (SAN LUIS):
¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?
SR. CAFIERO, MARIO ALEJANDRO (BUENOS AIRES):
Sí, señor diputado.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
La Presidencia solicita al señor diputado Cafiero que continúe con su exposición porque no se entiende lo que pide el señor diputado Britos.
SR. CAFIERO, MARIO ALEJANDRO (BUENOS AIRES):
Pero, le he concedido la interrupción, señor presidente.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
La Presidencia solicita al señor diputado Cafiero que continúe con su exposición.
SR. CAFIERO, MARIO ALEJANDRO (BUENOS AIRES):
No entiendo lo que pretende el señor presidente.
Entonces, continúo con mi exposición. Después del costo de esta crisis financiera se montó, lamentablemente, este sistema bancario. El sistema bancario de los 90 vino de la mano de la convertibilidad para generar un sistema altamente sensible a los capitales externos, y a partir de ahí cada crisis que se producía en el mundo repercutía en el sistema financiero argentino.
Entonces, de repente había crisis en Indonesia y teníamos crisis en la Argentina; había problemas en Tailandia, y se producía la crisis en nuestro país. Existían conflictos en Malasia, Filipinas, Rusia y en Turquía y teníamos problemas en la Argentina.
Recuerdo que cuando asumió el gobierno de la Alianza, con toda la expectativa que había generado, escuchamos al señor diputado Baglini cuando se trató la primera ley de ajuste, que nos decía que había que hacer un fuerte ajuste fiscal por el derrumbe en la cotización de las acciones Nasdaq. ¿Qué son las acciones Nasdaq? Muy pocos deben saber qué son estas acciones. Sin embargo, aplicaron un impuestazo porque habían bajado estas acciones en la bolsa de Nueva York.
Esa dependencia de la especulación financiera internacional estaba metida en el sistema financiero argentino y así es como seguimos con este sistema. Llegó la crisis del tequila; algunos calcularon en cinco mil millones de dólares más el costo de la crisis del tequila.
Pagamos tasas de interés que oscilaron entre el 25 y el 65 por ciento anual durante toda la convertibilidad. Se liquidaron el BCP, el Extrader, el Banco Integrado Departamental, el Almafuerte, el Patricios, el Medefin, etcétera. Existe un buen informe al respecto de la Comisión de Fuga de Divisas, al que probablemente la señora diputada Marcela Rodríguez hará referencia. Así podremos saber cómo estos bancos enviaban dinero negro a compañías off shore. Sin embargo, no aprendimos nada.
¿Saben qué fue lo peor de la crisis de 2001? Que estamos exactamente igual. ¿Saben que el señor Guillermo Nielsen afirmó en una gira por Europa que hoy debemos 172.000 millones de dólares, y que si se considerara alguna redolarización de algunos préstamos, la suma llegaría a los 185.000 millones? ¿Se acuerdan de la deuda que dejó de la Rúa? Fue de 145.000 millones. O sea que en dos años la crisis financiera nos va a llevar cuarenta mil millones de dólares más.
¿Saben cuánto se emitió en Boden y Cedros? ¿Se acuerdan de que el doctor Lavagna hablaba del "festival de bonos" y por eso se fue del gobierno del doctor Alfonsín? Pero este es un megaconcierto de bonos, porque no debe haber gobierno que haya emitido más bonos que los que emitió el doctor Lavagna.
¿Ustedes saben que el doctor Lavagna firmó junto con el doctor Duhalde un decreto que lleva el número 905, que compensa íntegramente a los bancos? Ahora vamos a discutir el CVS y el CER, que es la puntita. Creo que después viene el tema de los amparos, pero detrás de todo eso figura el decreto 905, que da veintisiete mil millones de pesos en compensación a los bancos.
En definitiva, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que todas estas crisis las pagó el Estado. Las pagó el pueblo con impuestos y de una vez por todas tenemos que saber quiénes ganaron con estas enormes pérdidas que tuvo el Estado.
Por eso he presentado un proyecto que es muy sencillo, y que consta de tres artículos. Existe una especie de opacidad en la elección de los directores del Banco Central. Nadie sabe quiénes son. Fíjense qué bien procedió el gobierno nacional con respecto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación: qué discusión interesante se hizo en relación con la designación del doctor Zaffaroni, creciendo la calidad institucional de nuestra Justicia con ese solo hecho. Entonces, propongo que se haga lo mismo con los directores del Banco Central, esto es, que cumplan con lo que dice el decreto 222/03, que es a lo que están obligados quienes son propuestos para ocupar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Que exista un régimen de oposición, que podamos saber quiénes son y conocer sus antecedentes, para opinar a favor o en contra.
El artículo 2° de mi proyecto es muy claro, porque habla de una auditoría externa integral del Banco Central a cargo de la Auditoría General de la Nación.
Finalmente, el artículo 3° se refiere a la creación de una comisión especial para el seguimiento de la reestructuración del sistema bancario y de investigación de la crisis financiera de 2001.
No podemos dar más poderes, impunidad y discrecionalidad a quienes vaciaron el país.
No quiero hacer un examen de cada uno de los artículos del proyecto en discusión, pero considero que cada palabrita esconde una trampa.
Fíjense que en el artículo 1° agregan esta cuestión vinculada con el "valor neto de realización". Entonces, vuelvo al caso Meller. Solicitamos el juicio político a un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque una deuda de cuarenta y ocho millones de pesos se convirtió en una de cuatrocientos millones. ¿Por qué? Por este tema vinculado con el valor de realización.
Acá tienen el informe de la Subsecretaría de Financiamiento del Ministerio de Economía y Producción, donde se dice que esa deuda de ciento dos millones se convierte a su valor de realización según pautas de mercado en 399.103.599 pesos.
Cuando uno coloca esas palabritas puede incrementar una deuda de cien millones de pesos en cuatrocientos millones.
Esto de que tiene que demostrarse una arbitrariedad o irracionalidad manifiesta me parece un absurdo. Si el señor Prat-Gay dice que dos más dos es cinco, o que la deuda que tenía que pagar Fernández, latiene que pagar González, lo podemos cuestionar, porque es absolutamente irracional. En cambio, todas las valuaciones de activos de carteras no podemos cuestionarlas, porque no es posible demostrar arbitrariedad o irracionalidad manifiesta. Eliminar a la Auditoría General de la Nación como auditora del Banco Central me parece que claramente es una medida que va en ese sentido.
Coincido con muchas de las afirmaciones que se hicieron y que criticaban el articulado. La única manera de salir de esta situación de crisis permanente y recurrente a la que el sistema financiero nos tiene acostumbrados es colocar un mayor control y disminuir la impunidad.
Así como decimos que tiene que haber traje a rayas para los que cometieron crímenes de lesa humanidad y para los evasores, también tiene que haberlo para quienes cometieron crímenes financieros.
Entonces, continúo con mi exposición. Después del costo de esta crisis financiera se montó, lamentablemente, este sistema bancario. El sistema bancario de los 90 vino de la mano de la convertibilidad para generar un sistema altamente sensible a los capitales externos, y a partir de ahí cada crisis que se producía en el mundo repercutía en el sistema financiero argentino.
Entonces, de repente había crisis en Indonesia y teníamos crisis en la Argentina; había problemas en Tailandia, y se producía la crisis en nuestro país. Existían conflictos en Malasia, Filipinas, Rusia y en Turquía y teníamos problemas en la Argentina.
Recuerdo que cuando asumió el gobierno de la Alianza, con toda la expectativa que había generado, escuchamos al señor diputado Baglini cuando se trató la primera ley de ajuste, que nos decía que había que hacer un fuerte ajuste fiscal por el derrumbe en la cotización de las acciones Nasdaq. ¿Qué son las acciones Nasdaq? Muy pocos deben saber qué son estas acciones. Sin embargo, aplicaron un impuestazo porque habían bajado estas acciones en la bolsa de Nueva York.
Esa dependencia de la especulación financiera internacional estaba metida en el sistema financiero argentino y así es como seguimos con este sistema. Llegó la crisis del tequila; algunos calcularon en cinco mil millones de dólares más el costo de la crisis del tequila.
Pagamos tasas de interés que oscilaron entre el 25 y el 65 por ciento anual durante toda la convertibilidad. Se liquidaron el BCP, el Extrader, el Banco Integrado Departamental, el Almafuerte, el Patricios, el Medefin, etcétera. Existe un buen informe al respecto de la Comisión de Fuga de Divisas, al que probablemente la señora diputada Marcela Rodríguez hará referencia. Así podremos saber cómo estos bancos enviaban dinero negro a compañías off shore. Sin embargo, no aprendimos nada.
¿Saben qué fue lo peor de la crisis de 2001? Que estamos exactamente igual. ¿Saben que el señor Guillermo Nielsen afirmó en una gira por Europa que hoy debemos 172.000 millones de dólares, y que si se considerara alguna redolarización de algunos préstamos, la suma llegaría a los 185.000 millones? ¿Se acuerdan de la deuda que dejó de la Rúa? Fue de 145.000 millones. O sea que en dos años la crisis financiera nos va a llevar cuarenta mil millones de dólares más.
¿Saben cuánto se emitió en Boden y Cedros? ¿Se acuerdan de que el doctor Lavagna hablaba del "festival de bonos" y por eso se fue del gobierno del doctor Alfonsín? Pero este es un megaconcierto de bonos, porque no debe haber gobierno que haya emitido más bonos que los que emitió el doctor Lavagna.
¿Ustedes saben que el doctor Lavagna firmó junto con el doctor Duhalde un decreto que lleva el número 905, que compensa íntegramente a los bancos? Ahora vamos a discutir el CVS y el CER, que es la puntita. Creo que después viene el tema de los amparos, pero detrás de todo eso figura el decreto 905, que da veintisiete mil millones de pesos en compensación a los bancos.
En definitiva, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que todas estas crisis las pagó el Estado. Las pagó el pueblo con impuestos y de una vez por todas tenemos que saber quiénes ganaron con estas enormes pérdidas que tuvo el Estado.
Por eso he presentado un proyecto que es muy sencillo, y que consta de tres artículos. Existe una especie de opacidad en la elección de los directores del Banco Central. Nadie sabe quiénes son. Fíjense qué bien procedió el gobierno nacional con respecto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación: qué discusión interesante se hizo en relación con la designación del doctor Zaffaroni, creciendo la calidad institucional de nuestra Justicia con ese solo hecho. Entonces, propongo que se haga lo mismo con los directores del Banco Central, esto es, que cumplan con lo que dice el decreto 222/03, que es a lo que están obligados quienes son propuestos para ocupar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Que exista un régimen de oposición, que podamos saber quiénes son y conocer sus antecedentes, para opinar a favor o en contra.
El artículo 2° de mi proyecto es muy claro, porque habla de una auditoría externa integral del Banco Central a cargo de la Auditoría General de la Nación.
Finalmente, el artículo 3° se refiere a la creación de una comisión especial para el seguimiento de la reestructuración del sistema bancario y de investigación de la crisis financiera de 2001.
No podemos dar más poderes, impunidad y discrecionalidad a quienes vaciaron el país.
No quiero hacer un examen de cada uno de los artículos del proyecto en discusión, pero considero que cada palabrita esconde una trampa.
Fíjense que en el artículo 1° agregan esta cuestión vinculada con el "valor neto de realización". Entonces, vuelvo al caso Meller. Solicitamos el juicio político a un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque una deuda de cuarenta y ocho millones de pesos se convirtió en una de cuatrocientos millones. ¿Por qué? Por este tema vinculado con el valor de realización.
Acá tienen el informe de la Subsecretaría de Financiamiento del Ministerio de Economía y Producción, donde se dice que esa deuda de ciento dos millones se convierte a su valor de realización según pautas de mercado en 399.103.599 pesos.
Cuando uno coloca esas palabritas puede incrementar una deuda de cien millones de pesos en cuatrocientos millones.
Esto de que tiene que demostrarse una arbitrariedad o irracionalidad manifiesta me parece un absurdo. Si el señor Prat-Gay dice que dos más dos es cinco, o que la deuda que tenía que pagar Fernández, latiene que pagar González, lo podemos cuestionar, porque es absolutamente irracional. En cambio, todas las valuaciones de activos de carteras no podemos cuestionarlas, porque no es posible demostrar arbitrariedad o irracionalidad manifiesta. Eliminar a la Auditoría General de la Nación como auditora del Banco Central me parece que claramente es una medida que va en ese sentido.
Coincido con muchas de las afirmaciones que se hicieron y que criticaban el articulado. La única manera de salir de esta situación de crisis permanente y recurrente a la que el sistema financiero nos tiene acostumbrados es colocar un mayor control y disminuir la impunidad.
Así como decimos que tiene que haber traje a rayas para los que cometieron crímenes de lesa humanidad y para los evasores, también tiene que haberlo para quienes cometieron crímenes financieros.
SR. BRITOS, ORALDO N. (SAN LUIS):
¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?
SR. CAFIERO, MARIO ALEJANDRO (BUENOS AIRES):
Sí, señor diputado.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado por San Luis.
SR. BRITOS, ORALDO N. (SAN LUIS):
Señor presidente: estoy escuchando con mucha atención el discurso del señor diputado Cafiero, que es bastante profundo y que comparto.
Sólo quiero recordarle que cuando él pertenecía a la Alianza y conocía este tema, se fueron y nosotros aceptamos la suplencia. Si en este momento fuesen gobierno, quizás no estaríamos tratando esta cuestión.
Lo que ha dicho el señor diputado es muy profundo y hasta lo podría acompañar con mi voto, pero me pregunto por qué el señor diputado no daba esta respuesta a su gobierno en aquel momento.
Sólo quiero recordarle que cuando él pertenecía a la Alianza y conocía este tema, se fueron y nosotros aceptamos la suplencia. Si en este momento fuesen gobierno, quizás no estaríamos tratando esta cuestión.
Lo que ha dicho el señor diputado es muy profundo y hasta lo podría acompañar con mi voto, pero me pregunto por qué el señor diputado no daba esta respuesta a su gobierno en aquel momento.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. CAFIERO, MARIO ALEJANDRO (BUENOS AIRES):
Señor presidente: tengo una amistad de muchos años con el señor diputado Britos, por lo que le voy a perdonar el error que está cometiendo con respecto a mi persona: yo nunca pertenecí a la Alianza, sino que junto con él integraba el bloque de diputados del Partido Justicialista.
El señor diputado Britos quizás se confunda con mi hermano, pero le quiero decir que el año 2001 estuvo cargado de muchas tensiones y crisis. Dentro del bloque Justicialista me opuse de entrada a la designación de Cavallo como ministro de Economía o superministro.
En el bloque había discusiones muy fuertes, y yo estaba convencido de que Cavallo nos llevaría a este ruinoso final. Me opuse a todas las maniobras que Cavallo justamente empezaba a tramar para que el vaciamiento se produjera sin lesionar los intereses financieros.
En virtud de mi posición sufrí discriminación y silenciamiento, y tuve que seguir mi camino. Nunca dejé de ser peronista, pero no estaba dispuesto a aceptar que el país se hundiera sin que el peronismo dijera lo que debía decir. Al Partido Justicialista se lo silenciaba porque cogobernaba con el gobierno de la Alianza.
Es muy oportuna esta aclaración. Yo sigo estando en el mismo lugar -del que no me fui-, que es el de defender los intereses de la patria frente a estos abusadores financieros.
El señor diputado Britos quizás se confunda con mi hermano, pero le quiero decir que el año 2001 estuvo cargado de muchas tensiones y crisis. Dentro del bloque Justicialista me opuse de entrada a la designación de Cavallo como ministro de Economía o superministro.
En el bloque había discusiones muy fuertes, y yo estaba convencido de que Cavallo nos llevaría a este ruinoso final. Me opuse a todas las maniobras que Cavallo justamente empezaba a tramar para que el vaciamiento se produjera sin lesionar los intereses financieros.
En virtud de mi posición sufrí discriminación y silenciamiento, y tuve que seguir mi camino. Nunca dejé de ser peronista, pero no estaba dispuesto a aceptar que el país se hundiera sin que el peronismo dijera lo que debía decir. Al Partido Justicialista se lo silenciaba porque cogobernaba con el gobierno de la Alianza.
Es muy oportuna esta aclaración. Yo sigo estando en el mismo lugar -del que no me fui-, que es el de defender los intereses de la patria frente a estos abusadores financieros.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. POSSE, MELCHOR ANGEL (BUENOS AIRES):
Señor presidente: el bloque al que pertenezco participó de la elección nacional y obtuvo alrededor de 2.750.000 votos. Cuando asumió el actual presidente, dijimos que íbamos a ser una oposición constructiva, positiva, seria.
Entendemos las dificultades que él tiene para avanzar y gobernar. Nos sentimos esperanzados al escucharlo hablar de su posición frente al Fondo Monetario Internacional en relación con la deuda externa y de su postura respecto de la inclusión social. El señor presidente de la Nación señaló que habrían de darse los pasos necesarios para un rápido crecimiento y también habló de nacionalizar el petróleo y de avanzar en cuestiones tales como el mar territorial y los desocupados, pero aún seguimos esperando las medidas pertinentes.
Ahora nos hacen llegar instrumentos como este que estamos tratando, y existen dos posibilidades: el dinero queda a disposición de un proyecto de crecimiento, de reactivación, de industrialización, de trabajo, de obra pública, o se junta plata para seguir pagando al Fondo Monetario Internacional según sus exigencias.
Nosotros tenemos miedo de que una nueva decepción de la ciudadanía -por eso queremos ser oposición constructiva- lleve a los cierres de rutas y a las manifestaciones permanentes, porque la gente no ha visto ni inclusión social ni crecimiento de la economía.
Estamos dispuestos a apoyar todas las medidas que tiendan a generar trabajo. Planteamos la necesidad de un aumento salarial para los obreros, para los trabajadores, para los jubilados y el otorgamiento de importantes créditos para la pequeña, la mediana y la gran industria a fin de que se genere trabajo, pero nos encontramos simplemente con que, por exigencias del Fondo, once mil millones de pesos más las reservas quedarán a disposición para el pago de la deuda externa, según la imposición de ese organismo.
Como argentinos nos duele volver a ver desesperanzada a nuestra sociedad. La espuma subió mucho porque todos esperábamos que el país cambiara; pero la espuma comenzó a bajar. Las pequeñas o importantes cosas realizadas no fueron acompañadas de un proyecto global nacional de crecimiento, de desarrollo, de generación de empleo, y esto nuevamente provocará decepción.
Evidentemente, estamos de acuerdo en dar instrumentos al gobierno, ¿pero por qué vamos a votar en contra? Porque no hay un proyecto nacional que disponga que ese dinero será utilizado para crear riqueza cumpliendo así con honestidad, primero, con el pueblo argentino, y luego, con el de los Estados Unidos, con el FMI, con quienes nos exprimieron hasta dejarnos en las condiciones en que estamos.
Por ello, consideramos que esta iniciativa es nada más que un parche, pero con un agravante. Se comienza con una etapa de impunidad, nuevamente ratificada, después del destrozo que en lo financiero realizaron desde Martínez de Hoz hasta la actualidad; primero, con la aparición de muchísimos bancos, luego con la concentración y después con la destrucción de cada uno de ellos, con ahorristas que perdieron lo propio, con banqueros que se llenaron dedinero y se lo llevaron afuera, y con miles y miles de empleados bancarios, de nuestra clase media, que quedaron en la calle.
Por lo expuesto, vamos a votar en contra de este proyecto, pero con el compromiso de cambiar nuestro voto en el futuro si aparece el proyecto nacional, la nacionalización de sectores del petróleo, si trabajamos sobre el mar territorial y si generamos una riqueza con la cual podamos atender primero a nuestro pueblo y luego, sin duda, los compromisos externos.
Pedimos al presidente de la República y a los señores legisladores de la mayoría que hagamos un esfuerzo entre todos para que sean solamente nuestras Cámaras las que resuelvan la relación con el Fondo Monetario Internacional y las que estudien a fondo la deuda externa, a efectos de que seamos capaces de avanzar en conjunto para que este presidente sienta el respaldo del país y de todos los partidos políticos. A partir de ahí nos ofrecemos para colaborar desde estas bancas como oposición constructiva en la generación de trabajo y de empleo, única forma de terminar con la exclusión social sin dar impunidad a quienes cometen delitos, que deben ser tratados como delincuentes, y que de ninguna manera pueden tener inmunidad distinta a la de cualquier ciudadano, porque esto está prohibido por la Constitución Nacional.
Entendemos las dificultades que él tiene para avanzar y gobernar. Nos sentimos esperanzados al escucharlo hablar de su posición frente al Fondo Monetario Internacional en relación con la deuda externa y de su postura respecto de la inclusión social. El señor presidente de la Nación señaló que habrían de darse los pasos necesarios para un rápido crecimiento y también habló de nacionalizar el petróleo y de avanzar en cuestiones tales como el mar territorial y los desocupados, pero aún seguimos esperando las medidas pertinentes.
Ahora nos hacen llegar instrumentos como este que estamos tratando, y existen dos posibilidades: el dinero queda a disposición de un proyecto de crecimiento, de reactivación, de industrialización, de trabajo, de obra pública, o se junta plata para seguir pagando al Fondo Monetario Internacional según sus exigencias.
Nosotros tenemos miedo de que una nueva decepción de la ciudadanía -por eso queremos ser oposición constructiva- lleve a los cierres de rutas y a las manifestaciones permanentes, porque la gente no ha visto ni inclusión social ni crecimiento de la economía.
Estamos dispuestos a apoyar todas las medidas que tiendan a generar trabajo. Planteamos la necesidad de un aumento salarial para los obreros, para los trabajadores, para los jubilados y el otorgamiento de importantes créditos para la pequeña, la mediana y la gran industria a fin de que se genere trabajo, pero nos encontramos simplemente con que, por exigencias del Fondo, once mil millones de pesos más las reservas quedarán a disposición para el pago de la deuda externa, según la imposición de ese organismo.
Como argentinos nos duele volver a ver desesperanzada a nuestra sociedad. La espuma subió mucho porque todos esperábamos que el país cambiara; pero la espuma comenzó a bajar. Las pequeñas o importantes cosas realizadas no fueron acompañadas de un proyecto global nacional de crecimiento, de desarrollo, de generación de empleo, y esto nuevamente provocará decepción.
Evidentemente, estamos de acuerdo en dar instrumentos al gobierno, ¿pero por qué vamos a votar en contra? Porque no hay un proyecto nacional que disponga que ese dinero será utilizado para crear riqueza cumpliendo así con honestidad, primero, con el pueblo argentino, y luego, con el de los Estados Unidos, con el FMI, con quienes nos exprimieron hasta dejarnos en las condiciones en que estamos.
Por ello, consideramos que esta iniciativa es nada más que un parche, pero con un agravante. Se comienza con una etapa de impunidad, nuevamente ratificada, después del destrozo que en lo financiero realizaron desde Martínez de Hoz hasta la actualidad; primero, con la aparición de muchísimos bancos, luego con la concentración y después con la destrucción de cada uno de ellos, con ahorristas que perdieron lo propio, con banqueros que se llenaron dedinero y se lo llevaron afuera, y con miles y miles de empleados bancarios, de nuestra clase media, que quedaron en la calle.
Por lo expuesto, vamos a votar en contra de este proyecto, pero con el compromiso de cambiar nuestro voto en el futuro si aparece el proyecto nacional, la nacionalización de sectores del petróleo, si trabajamos sobre el mar territorial y si generamos una riqueza con la cual podamos atender primero a nuestro pueblo y luego, sin duda, los compromisos externos.
Pedimos al presidente de la República y a los señores legisladores de la mayoría que hagamos un esfuerzo entre todos para que sean solamente nuestras Cámaras las que resuelvan la relación con el Fondo Monetario Internacional y las que estudien a fondo la deuda externa, a efectos de que seamos capaces de avanzar en conjunto para que este presidente sienta el respaldo del país y de todos los partidos políticos. A partir de ahí nos ofrecemos para colaborar desde estas bancas como oposición constructiva en la generación de trabajo y de empleo, única forma de terminar con la exclusión social sin dar impunidad a quienes cometen delitos, que deben ser tratados como delincuentes, y que de ninguna manera pueden tener inmunidad distinta a la de cualquier ciudadano, porque esto está prohibido por la Constitución Nacional.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital Federal, que comparte su tiempo con los señores diputados Llano y Loutaif.
SR. MARTINEZ RAYMONDA, RAFAEL J. (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: efectivamente es así, porque hablamos en nombre del Interbloque Federal.
Estamos tratando reformas a dos leyes: la de entidades financieras y la de la Carta Orgánica del Banco Central. Si analizamos nuestra historia financiera veremos que en el año 1935, cuando se fundó el Banco Central, el doctor de la Torre dijo en el recinto del Senado que quienes propiciaban dicha creación, con las normas que se estaban consagrando estaban poniendo una bomba debajo de la Nación Argentina para que cualquier imprevisible o inconsciente apretara el botón y estallara la crisis general de la República.
Por más creativa que pudiera haber sido la imaginación del doctor de la Torre, éste no podía suponer cuán peligrosa era la bomba que se estaba creando y que se llamaba Banco Central de la República Argentina. No da el tiempo para que revisemos toda la historia y esto es más para un trabajo de investigación. Vayamos al proyecto que estamos analizando.
Se trata de introducir reformas que de manera velada, no directa, son requeribles para la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Si bien parece que algunas no tienen que ver con esto, porque a lo mejor somos ingenuos y no nos damos cuenta, realmente sí tienen esa característica.
Para no reiterar conceptos expresados por otros señores diputados, señalaremos algunos temas concretos de la reforma que se propone. La primera parte del proyecto se refiere a las entidades financieras, al tema de las liquidaciones y quiebras de dichas entidades cuando se encuentren en estado de falencia.
En general, el Banco Central pretende tener una importante y decisiva participación en todo el proceso judicial que deriva de la intervención, primero, y de la quiebra y liquidación, después.
Tal como lo señalara el señor diputado del bloque del radicalismo, esto tiene vinculación con un episodio trascendental que todavía está en trámite: el del Banco Integrado Departamental con sede en la ciudad de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. En este caso no hubo posibilidad de hacer más desaguisados de los que se hicieron.
En primer lugar, el Banco Central tuvo una arbitraria y voluntarista decisión de perjudicar a los casi cien mil ahorristas del Banco Integrado Departamental, que había sido el recolector de los bancos cooperativos en crisis por orden, trabajo u obediencia debida al Banco Central de aquel entonces.
El Viernes Santo de 1995, representantes del Banco Central se reunieron con el ministro de Economía de turno y se decretó la intervención al Banco Integrado Departamental para que los ahorristas no pudieran gozar de los beneficios de la ley de garantía, que se iba a publicar -como efectivamente ocurrió- el lunes posterior a Semana Santa, estableciendo el reconocimiento de los depósitos hasta diez mil o veinte mil pesos, según su plazo. Esa fue la primera actitud arbitraria. Fueron los únicos depositantes de bancos quebrados o liquidados en toda esta historia de los últimos diez años que no gozaron del beneficio del monto de cinco mil o diez mil pesos, que luego se fue modificando y ahora son cincuenta mil pesos.
Después, comenzó la etapa de los veedores y luego vino la intervención. Estamos en el año 2003; la quiebra recién se dispuso el año anterior. Los señores depositantes y ahorristas sólo han recibido del total de sus depósitos, que eran pesos dolarizados en la época del uno a uno, el 21 por ciento. Esa actitud viene derivada de la importante gravitación que tiene el Banco Central en la tramitación de las quiebras.
Con esta reforma se sigue acentuando la injusticia, desde el momento en que se establece que no podrá decretarse la quiebra hasta que el Banco Central decida la no autorización a la entidad para operar. El juez deberá designar como liquidadores a los delegados que designe el Banco Central. Pero la ley de quiebras contempla síndicos propios que trabajan en paralelo, con lo cual lo que se logra es aumentar los gastos y hacer imposible la recuperación por parte de los ahorristas de los dineros depositados.
Con respecto a la ley de entidades financieras -ya se ha hablado aquí de esto- no se puede tolerar el artículo 5°, que pretende diluir las responsabilidades de los integrantes del directorio por los actos realizados en ejercicio de sus funciones.
Obsérvese que incluso antes de la atenuación que incorporó el Senado dicho artículo decía que los actos que en oportunidad, mérito y conveniencia hubiera adoptado el Banco Central sólo serían anulables, y ahora dice "revisables". Pero siempre se refiere a los actos y no a las conductas de quienes los produjeron. O sea que se anulaba el acto pero seguían lo más campantes los directores que lo realizaron, los mismos que antes de llegar a la liquidación, a esta intervención del famoso Viernes Santo, habían obligado -entre comillas- al Banco Integrado Departamental a absorber el Banco de la Ribera y el Banco Aciso, por ejemplo. Se trata de dos bancos en quiebra.
Con respecto al Banco de la Ribera, un informe de una auditoría contable externa cuya titular era la esposa del vicepresidente del Banco Central, decía que estaba en condiciones y en buena aptitud para ser absorbido por el Banco Integrado Departamental. Todos esos actos hicieron que le "cargaran los muertos" que había en el campo cooperativo en esa etapa posterior al tequila para después liquidarlos de a uno y de golpe, dejando "en banda" a casi cien mil ahorristas, como he señalado.
Todos esos actos -si entrara en vigencia este artículo- podrían ser meramente revisables, pero aun con la redacción anterior eran meramente anulables. Pero, ¿qué ocurre con la responsabilidad de quienes los cometieron? Hubo juicios; se plantearon denuncias contra los integrantes de ese directorio y por supuesto la resolución del juez federal de la ciudad de Buenos Aires -donde se sustanciaron las causas- invocó falta de mérito. Ni siquiera hubo un intento de investigar los setecientos millones de pesos dilapidados en las maniobras previas y posteriores del Banco Central.
En lo que se refiere a la reforma a la ley de entidades financieras, también cabe mencionar la eliminación de la garantía mínima de cinco mil pesos y el establecimiento de una única garantía en cincuenta mil pesos. Puede parecer simpático que ahora que el peso vale menos a raíz de la devaluación, en lugar de diez mil, veinte mil o, en algunos casos, treinta mil pesos, se garanticen cincuenta mil. Pero nada se dice acerca de dónde se obtendrán los fondos para hacer frente al pago de esa garantía, que solamente queda como un simple privilegio. Al menos antes los cinco mil pesos eran puestos a disposición del ahorrista en forma automática en virtud de un fondo creado por ley. Pero ahora, con la medida que se propone no se hace más que establecer un privilegio en la quiebra o liquidación final, siendo que es poco lo que queda cuando se liquida un banco argentino que entró en estado de falencia.
Veamos a continuación las reformas a la Carta Orgánica del Banco Central. Es evidente que el Senado ha cometido no sé si un desliz -aunque me parece difícil que ello pueda ocurrir- al atribuirse la facultad de ser el único control de un órgano que maneja nada más ni nada menos que las finanzas del Estado. Al parecer, los senadores creyeron natural que debía ser la Cámara alta la encargada de llevar a cabo ese control y de aprobar los balances remitidos por el Banco Central, porque son ellos quienes prestan su acuerdo para el nombramiento de los integrantes de la Auditoría General de la Nación y del presidente del Banco Central. Entonces, por carácter transitivo, los miembros de la Corte Suprema de Justicia -que también son designados con acuerdo del Senado- tendrían que ser acusados por el Senado ante la Cámara de Diputados. Además, como el Senado presta su acuerdo para la designación de los jefes militares y embajadores, sería el único que se puede ocupar de la política exterior y de defensa.
Por las razones que expuse al principio, pareciera ser que por las negociaciones que está realizando nuestro país, y que tienen como fecha límite el 9 de septiembre, y porque hay que ofrecer al Fondo Monetario Internacional el panorama de una Argentina renovada y puesta al servicio de fines grandiosos, no podemos devolver el proyecto al Senado para que rectifique este verdadero agravio que implica desconocer al Poder Legislativo como una unidad integrada por la Cámara de Diputados y el Senado.
Al parecer, aquí hay un club de privilegio, y los representantes del pueblo somos los peores de la tropa. No olvidemos que la Constitución se refiere a los senadores de las provincias y a los diputados de la Nación. Es decir que somos nosotros, como cuerpo, quienes debemos ejercer el verdadero contralor de todos los órganos del Estado.
Insisto en que no deberíamos detenernos por los tiempos del Fondo Monetario Internacional sino por los tiempos constitucionales de la República y que tendríamos que devolver esta iniciativa al Senado para que insista, con una mayoría de dos tercios, en este verdadero agravio a la convivencia de los cuerpos parlamentarios.
Si seguimos avanzando en el proyecto, nos encontramos con una serie de disposiciones transitorias que regirían hasta el 10 de diciembre, de acuerdo con la ley de emergencia pública.
El inciso b) del artículo 16 del proyecto encierra una trampa peligrosísima, ya que autoriza la integración de los requisitos de reserva previstos en el artículo 28 de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina con otros activos financieros, distintos de los previstos en esa norma. La acción de una sociedad anónima es un activo financiero; de la misma manera, la acción de un banco es un activo financiero de ese banco. ¿Qué mejor entonces que se incorpore la propia acción del banco como garantía? No hay nada que lo prohíba.
También debemos tener en cuenta las cuasimonedas, algunas de las cuales todavía siguen circulando, que se emitieron para cubrir activos financieros de algunos bancos
provinciales. Estamos aquí haciendo una ficción de lo que son los mecanismos por los cuales después, cuando caen los bancos, nos preguntamos cómo era que no tenían las reservas; y nos dicen: "Sí, las tenían, pero las tenían de acuerdo a lo que el Banco Central les autorizó a incorporar como activos financieros". Y allí estaban trampeando.
Cuando se sanciona la ley de convertibilidad, en el año 1991, ocurre lo siguiente: el artículo 4° decía que, a los efectos de la sanción de la ley, las reservas tenían que ser divisas extranjeras, títulos en moneda extranjera y títulos nacionales en moneda extranjera. De allí que nuestro bloque, como medida previa a la aceptación de ese artículo -cabe recordar que nuestras leyes nunca podían pasar a la otra Cámara por falta de tiempo; siempre las teníamos que aprobar con apuro-, exigió que no podían exceder del 10 por ciento de esos títulos, que eran los BONEX. Después se ratificó por ley.
Con esto se podrán constituir las reservas técnicas que tienen que tener los bancos con cualquier proporción de activos financieros de naturaleza totalmente incierta, con lo que hacemos mentiras de todas las exigencias necesarias para el cumplimiento de las disposiciones técnicas de los bancos.
Por último, me voy a referir al artículo 15, que el señor presidente de la Comisión de Finanzas explicó bien pero yo entiendo mal; tal vez mi capacidad no alcanza para manejar las matemáticas e interpretar las leyes redactadas en forma confusa. Él dice que ahora tenemos el 10 por ciento de la recaudación y el 12 por ciento de la base monetaria. Esto está bien. Pero enseguida la norma dice que además podrá otorgar adelantos hasta una cantidad que no supere el 10 por ciento de los recursos en efectivo que el gobierno nacional haya obtenido en los últimos doce meses y después hay un punto. Es decir que de la lectura surge el 12 por ciento de la base monetaria y además el 10 por ciento de los recursos en efectivo que el gobierno recaude. Pero el artículo continúa y dice que en ningún momento el monto de adelantos transitorios otorgados, excluidos aquellos que se destinan exclusivamente al pago de las obligaciones con los organismos multilaterales de crédito, podrá exceder el 12 por ciento de la base monetaria. Entonces, yo hago la cuenta: tengo 12, le sumo 10 -sin decir para qué, porque el punto separa-; después dice que puede haber otros que sean más allá del 10, pero si son destinados a pagar a organismos internacionales puede ser. Entonces, tengo el 12 más el 10, más lo destinado a pagar a los organismos internacionales, y me pasé.
El señor presidente de la comisión explica que la parte que excede, lo que es pago a organismos internacionales, tiene influencia monetaria cero o neutra, porque total el Estado le pide la plata al banco, se la devuelve, el banco la quema y le pone los dólares. Sería más fácil que el Banco Central pagara directamente con sus reservas y no pasaría nada.
De todos modos, admitamos el mecanismo. Pero por la forma en que está redactado, pido que me lo expliquen de nuevo y que los directores del Banco Central, el Ministerio de Economía, la Secretaría de Hacienda, el presidente de la República y la Cámara de Diputados me juren y me perjuren que nunca van a pasar del 12 por ciento más lo correspondiente al pago a los organismos internacionales. La redacción de todo lo demás es tan confusa que a la hora de la verdad los miembros del directorio, como total nunca van a ser juzgados porque están excluidos de toda responsabilidad, van a decir que la ley se los permitía.
Hace más de treinta años se trató en este recinto la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para modificar los artículos 29 y 47. En aquel entonces el ministro de Economía era el doctor Eugenio Blanco; lamentablemente, la Argentina lo perdió antes de tiempo, ya que el país hubiera requerido tenerlo más tiempo en la función.
En aquel debate nosotros sostuvimos que era necesario poner un tope porque el mecanismo era abierto, ya que la norma decía que el Banco Central podrá otorgar adelantos transitorios a Tesorería, que serán devueltos en doce meses, pero sin tope. En ese debate el señor ministro me interrumpió y me preguntó: "¿Usted no confía en el señor ministro de Economía?". Y yo me permití contestarle: "Sí, sin duda alguna; en lo que no confío es en que siempre siga el doctor Eugenio Blanco siendo ministro de Economía."
En ese sentido, tampoco confío en los actuales directores del Banco Central, que pueden jugar con esta redacción obtusa para imponer el 10, más el 12, más los organismos internacionales, y que otra vez volvamos a la maquinita de emitir moneda, aunque ahora parezca que el peligro es remoto porque la economía está estable y la recesión no deja pegar saltos exagerados. Pero esto lo estamos dejando para cuando vuelva la euforia -que ojalá sea pronto-, se incremente la actividad económica y aumente el trabajo. Allí volverá la maquinita pero para otras cosas, porque surgirán grandes planes e ilusiones, pues los planes pasan a ser ilusiones en una Argentina que está esperando que se conviertan en concreciones.
La realidad es que estamos considerando esta iniciativa contra reloj, sin la posibilidad del ida y vuelta entre ambas Cámaras. Al respecto, señor presidente, en el tratamiento de este tipo de iniciativas debemos intentar que los tiempos no nos ahoguen, se invoquen términos impostergables y perentorios que precluyen la vida de la República y tengamos que sancionar leyes que no queremos con la promesa de que después eso se solucionará con un veto del Poder Ejecutivo o con una ley correctora.
En estas condiciones señalo que esta norma en modo alguno satisface lo que la República Argentina necesita de un Banco Central, que es que sea el verdadero equilibrador, controlador e impulsor de la economía y del crédito, pero dentro de marcos en los que la arbitrariedad esté excluida.
Coincido con la propuesta del señor diputado Cafiero de tomar examen a los directores del Banco Central antes de su designación, sobre todo porque provienen del mismo medio que deben cuidar. En este punto recuerdo aquello de que no se debe meter al zorro en el gallinero, que es lo que muchas veces sucedió en nuestro país con los directores del Banco Central.
Ojalá encontremos el camino, primero para tratar los proyectos de ley con el tiempo necesario que posibilite su ida y vuelta entre ambas Cámaras, y segundo para que alguna vez tengamos un Banco Central en el que confiemos y no del que tengamos que estar recelando todos los días, adivinando cuál va a ser la última patinada que nos haga dar a todos los argentinos.
Estamos tratando reformas a dos leyes: la de entidades financieras y la de la Carta Orgánica del Banco Central. Si analizamos nuestra historia financiera veremos que en el año 1935, cuando se fundó el Banco Central, el doctor de la Torre dijo en el recinto del Senado que quienes propiciaban dicha creación, con las normas que se estaban consagrando estaban poniendo una bomba debajo de la Nación Argentina para que cualquier imprevisible o inconsciente apretara el botón y estallara la crisis general de la República.
Por más creativa que pudiera haber sido la imaginación del doctor de la Torre, éste no podía suponer cuán peligrosa era la bomba que se estaba creando y que se llamaba Banco Central de la República Argentina. No da el tiempo para que revisemos toda la historia y esto es más para un trabajo de investigación. Vayamos al proyecto que estamos analizando.
Se trata de introducir reformas que de manera velada, no directa, son requeribles para la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Si bien parece que algunas no tienen que ver con esto, porque a lo mejor somos ingenuos y no nos damos cuenta, realmente sí tienen esa característica.
Para no reiterar conceptos expresados por otros señores diputados, señalaremos algunos temas concretos de la reforma que se propone. La primera parte del proyecto se refiere a las entidades financieras, al tema de las liquidaciones y quiebras de dichas entidades cuando se encuentren en estado de falencia.
En general, el Banco Central pretende tener una importante y decisiva participación en todo el proceso judicial que deriva de la intervención, primero, y de la quiebra y liquidación, después.
Tal como lo señalara el señor diputado del bloque del radicalismo, esto tiene vinculación con un episodio trascendental que todavía está en trámite: el del Banco Integrado Departamental con sede en la ciudad de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. En este caso no hubo posibilidad de hacer más desaguisados de los que se hicieron.
En primer lugar, el Banco Central tuvo una arbitraria y voluntarista decisión de perjudicar a los casi cien mil ahorristas del Banco Integrado Departamental, que había sido el recolector de los bancos cooperativos en crisis por orden, trabajo u obediencia debida al Banco Central de aquel entonces.
El Viernes Santo de 1995, representantes del Banco Central se reunieron con el ministro de Economía de turno y se decretó la intervención al Banco Integrado Departamental para que los ahorristas no pudieran gozar de los beneficios de la ley de garantía, que se iba a publicar -como efectivamente ocurrió- el lunes posterior a Semana Santa, estableciendo el reconocimiento de los depósitos hasta diez mil o veinte mil pesos, según su plazo. Esa fue la primera actitud arbitraria. Fueron los únicos depositantes de bancos quebrados o liquidados en toda esta historia de los últimos diez años que no gozaron del beneficio del monto de cinco mil o diez mil pesos, que luego se fue modificando y ahora son cincuenta mil pesos.
Después, comenzó la etapa de los veedores y luego vino la intervención. Estamos en el año 2003; la quiebra recién se dispuso el año anterior. Los señores depositantes y ahorristas sólo han recibido del total de sus depósitos, que eran pesos dolarizados en la época del uno a uno, el 21 por ciento. Esa actitud viene derivada de la importante gravitación que tiene el Banco Central en la tramitación de las quiebras.
Con esta reforma se sigue acentuando la injusticia, desde el momento en que se establece que no podrá decretarse la quiebra hasta que el Banco Central decida la no autorización a la entidad para operar. El juez deberá designar como liquidadores a los delegados que designe el Banco Central. Pero la ley de quiebras contempla síndicos propios que trabajan en paralelo, con lo cual lo que se logra es aumentar los gastos y hacer imposible la recuperación por parte de los ahorristas de los dineros depositados.
Con respecto a la ley de entidades financieras -ya se ha hablado aquí de esto- no se puede tolerar el artículo 5°, que pretende diluir las responsabilidades de los integrantes del directorio por los actos realizados en ejercicio de sus funciones.
Obsérvese que incluso antes de la atenuación que incorporó el Senado dicho artículo decía que los actos que en oportunidad, mérito y conveniencia hubiera adoptado el Banco Central sólo serían anulables, y ahora dice "revisables". Pero siempre se refiere a los actos y no a las conductas de quienes los produjeron. O sea que se anulaba el acto pero seguían lo más campantes los directores que lo realizaron, los mismos que antes de llegar a la liquidación, a esta intervención del famoso Viernes Santo, habían obligado -entre comillas- al Banco Integrado Departamental a absorber el Banco de la Ribera y el Banco Aciso, por ejemplo. Se trata de dos bancos en quiebra.
Con respecto al Banco de la Ribera, un informe de una auditoría contable externa cuya titular era la esposa del vicepresidente del Banco Central, decía que estaba en condiciones y en buena aptitud para ser absorbido por el Banco Integrado Departamental. Todos esos actos hicieron que le "cargaran los muertos" que había en el campo cooperativo en esa etapa posterior al tequila para después liquidarlos de a uno y de golpe, dejando "en banda" a casi cien mil ahorristas, como he señalado.
Todos esos actos -si entrara en vigencia este artículo- podrían ser meramente revisables, pero aun con la redacción anterior eran meramente anulables. Pero, ¿qué ocurre con la responsabilidad de quienes los cometieron? Hubo juicios; se plantearon denuncias contra los integrantes de ese directorio y por supuesto la resolución del juez federal de la ciudad de Buenos Aires -donde se sustanciaron las causas- invocó falta de mérito. Ni siquiera hubo un intento de investigar los setecientos millones de pesos dilapidados en las maniobras previas y posteriores del Banco Central.
En lo que se refiere a la reforma a la ley de entidades financieras, también cabe mencionar la eliminación de la garantía mínima de cinco mil pesos y el establecimiento de una única garantía en cincuenta mil pesos. Puede parecer simpático que ahora que el peso vale menos a raíz de la devaluación, en lugar de diez mil, veinte mil o, en algunos casos, treinta mil pesos, se garanticen cincuenta mil. Pero nada se dice acerca de dónde se obtendrán los fondos para hacer frente al pago de esa garantía, que solamente queda como un simple privilegio. Al menos antes los cinco mil pesos eran puestos a disposición del ahorrista en forma automática en virtud de un fondo creado por ley. Pero ahora, con la medida que se propone no se hace más que establecer un privilegio en la quiebra o liquidación final, siendo que es poco lo que queda cuando se liquida un banco argentino que entró en estado de falencia.
Veamos a continuación las reformas a la Carta Orgánica del Banco Central. Es evidente que el Senado ha cometido no sé si un desliz -aunque me parece difícil que ello pueda ocurrir- al atribuirse la facultad de ser el único control de un órgano que maneja nada más ni nada menos que las finanzas del Estado. Al parecer, los senadores creyeron natural que debía ser la Cámara alta la encargada de llevar a cabo ese control y de aprobar los balances remitidos por el Banco Central, porque son ellos quienes prestan su acuerdo para el nombramiento de los integrantes de la Auditoría General de la Nación y del presidente del Banco Central. Entonces, por carácter transitivo, los miembros de la Corte Suprema de Justicia -que también son designados con acuerdo del Senado- tendrían que ser acusados por el Senado ante la Cámara de Diputados. Además, como el Senado presta su acuerdo para la designación de los jefes militares y embajadores, sería el único que se puede ocupar de la política exterior y de defensa.
Por las razones que expuse al principio, pareciera ser que por las negociaciones que está realizando nuestro país, y que tienen como fecha límite el 9 de septiembre, y porque hay que ofrecer al Fondo Monetario Internacional el panorama de una Argentina renovada y puesta al servicio de fines grandiosos, no podemos devolver el proyecto al Senado para que rectifique este verdadero agravio que implica desconocer al Poder Legislativo como una unidad integrada por la Cámara de Diputados y el Senado.
Al parecer, aquí hay un club de privilegio, y los representantes del pueblo somos los peores de la tropa. No olvidemos que la Constitución se refiere a los senadores de las provincias y a los diputados de la Nación. Es decir que somos nosotros, como cuerpo, quienes debemos ejercer el verdadero contralor de todos los órganos del Estado.
Insisto en que no deberíamos detenernos por los tiempos del Fondo Monetario Internacional sino por los tiempos constitucionales de la República y que tendríamos que devolver esta iniciativa al Senado para que insista, con una mayoría de dos tercios, en este verdadero agravio a la convivencia de los cuerpos parlamentarios.
Si seguimos avanzando en el proyecto, nos encontramos con una serie de disposiciones transitorias que regirían hasta el 10 de diciembre, de acuerdo con la ley de emergencia pública.
El inciso b) del artículo 16 del proyecto encierra una trampa peligrosísima, ya que autoriza la integración de los requisitos de reserva previstos en el artículo 28 de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina con otros activos financieros, distintos de los previstos en esa norma. La acción de una sociedad anónima es un activo financiero; de la misma manera, la acción de un banco es un activo financiero de ese banco. ¿Qué mejor entonces que se incorpore la propia acción del banco como garantía? No hay nada que lo prohíba.
También debemos tener en cuenta las cuasimonedas, algunas de las cuales todavía siguen circulando, que se emitieron para cubrir activos financieros de algunos bancos
provinciales. Estamos aquí haciendo una ficción de lo que son los mecanismos por los cuales después, cuando caen los bancos, nos preguntamos cómo era que no tenían las reservas; y nos dicen: "Sí, las tenían, pero las tenían de acuerdo a lo que el Banco Central les autorizó a incorporar como activos financieros". Y allí estaban trampeando.
Cuando se sanciona la ley de convertibilidad, en el año 1991, ocurre lo siguiente: el artículo 4° decía que, a los efectos de la sanción de la ley, las reservas tenían que ser divisas extranjeras, títulos en moneda extranjera y títulos nacionales en moneda extranjera. De allí que nuestro bloque, como medida previa a la aceptación de ese artículo -cabe recordar que nuestras leyes nunca podían pasar a la otra Cámara por falta de tiempo; siempre las teníamos que aprobar con apuro-, exigió que no podían exceder del 10 por ciento de esos títulos, que eran los BONEX. Después se ratificó por ley.
Con esto se podrán constituir las reservas técnicas que tienen que tener los bancos con cualquier proporción de activos financieros de naturaleza totalmente incierta, con lo que hacemos mentiras de todas las exigencias necesarias para el cumplimiento de las disposiciones técnicas de los bancos.
Por último, me voy a referir al artículo 15, que el señor presidente de la Comisión de Finanzas explicó bien pero yo entiendo mal; tal vez mi capacidad no alcanza para manejar las matemáticas e interpretar las leyes redactadas en forma confusa. Él dice que ahora tenemos el 10 por ciento de la recaudación y el 12 por ciento de la base monetaria. Esto está bien. Pero enseguida la norma dice que además podrá otorgar adelantos hasta una cantidad que no supere el 10 por ciento de los recursos en efectivo que el gobierno nacional haya obtenido en los últimos doce meses y después hay un punto. Es decir que de la lectura surge el 12 por ciento de la base monetaria y además el 10 por ciento de los recursos en efectivo que el gobierno recaude. Pero el artículo continúa y dice que en ningún momento el monto de adelantos transitorios otorgados, excluidos aquellos que se destinan exclusivamente al pago de las obligaciones con los organismos multilaterales de crédito, podrá exceder el 12 por ciento de la base monetaria. Entonces, yo hago la cuenta: tengo 12, le sumo 10 -sin decir para qué, porque el punto separa-; después dice que puede haber otros que sean más allá del 10, pero si son destinados a pagar a organismos internacionales puede ser. Entonces, tengo el 12 más el 10, más lo destinado a pagar a los organismos internacionales, y me pasé.
El señor presidente de la comisión explica que la parte que excede, lo que es pago a organismos internacionales, tiene influencia monetaria cero o neutra, porque total el Estado le pide la plata al banco, se la devuelve, el banco la quema y le pone los dólares. Sería más fácil que el Banco Central pagara directamente con sus reservas y no pasaría nada.
De todos modos, admitamos el mecanismo. Pero por la forma en que está redactado, pido que me lo expliquen de nuevo y que los directores del Banco Central, el Ministerio de Economía, la Secretaría de Hacienda, el presidente de la República y la Cámara de Diputados me juren y me perjuren que nunca van a pasar del 12 por ciento más lo correspondiente al pago a los organismos internacionales. La redacción de todo lo demás es tan confusa que a la hora de la verdad los miembros del directorio, como total nunca van a ser juzgados porque están excluidos de toda responsabilidad, van a decir que la ley se los permitía.
Hace más de treinta años se trató en este recinto la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para modificar los artículos 29 y 47. En aquel entonces el ministro de Economía era el doctor Eugenio Blanco; lamentablemente, la Argentina lo perdió antes de tiempo, ya que el país hubiera requerido tenerlo más tiempo en la función.
En aquel debate nosotros sostuvimos que era necesario poner un tope porque el mecanismo era abierto, ya que la norma decía que el Banco Central podrá otorgar adelantos transitorios a Tesorería, que serán devueltos en doce meses, pero sin tope. En ese debate el señor ministro me interrumpió y me preguntó: "¿Usted no confía en el señor ministro de Economía?". Y yo me permití contestarle: "Sí, sin duda alguna; en lo que no confío es en que siempre siga el doctor Eugenio Blanco siendo ministro de Economía."
En ese sentido, tampoco confío en los actuales directores del Banco Central, que pueden jugar con esta redacción obtusa para imponer el 10, más el 12, más los organismos internacionales, y que otra vez volvamos a la maquinita de emitir moneda, aunque ahora parezca que el peligro es remoto porque la economía está estable y la recesión no deja pegar saltos exagerados. Pero esto lo estamos dejando para cuando vuelva la euforia -que ojalá sea pronto-, se incremente la actividad económica y aumente el trabajo. Allí volverá la maquinita pero para otras cosas, porque surgirán grandes planes e ilusiones, pues los planes pasan a ser ilusiones en una Argentina que está esperando que se conviertan en concreciones.
La realidad es que estamos considerando esta iniciativa contra reloj, sin la posibilidad del ida y vuelta entre ambas Cámaras. Al respecto, señor presidente, en el tratamiento de este tipo de iniciativas debemos intentar que los tiempos no nos ahoguen, se invoquen términos impostergables y perentorios que precluyen la vida de la República y tengamos que sancionar leyes que no queremos con la promesa de que después eso se solucionará con un veto del Poder Ejecutivo o con una ley correctora.
En estas condiciones señalo que esta norma en modo alguno satisface lo que la República Argentina necesita de un Banco Central, que es que sea el verdadero equilibrador, controlador e impulsor de la economía y del crédito, pero dentro de marcos en los que la arbitrariedad esté excluida.
Coincido con la propuesta del señor diputado Cafiero de tomar examen a los directores del Banco Central antes de su designación, sobre todo porque provienen del mismo medio que deben cuidar. En este punto recuerdo aquello de que no se debe meter al zorro en el gallinero, que es lo que muchas veces sucedió en nuestro país con los directores del Banco Central.
Ojalá encontremos el camino, primero para tratar los proyectos de ley con el tiempo necesario que posibilite su ida y vuelta entre ambas Cámaras, y segundo para que alguna vez tengamos un Banco Central en el que confiemos y no del que tengamos que estar recelando todos los días, adivinando cuál va a ser la última patinada que nos haga dar a todos los argentinos.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
SR. LLANO, GABRIEL JOAQUIN (MENDOZA):
Señor presidente: me veo obligado a ser muy breve a fin de que también pueda exponer mi colega del interbloque, el señor diputado Loutaif.
El proyecto de ley en consideración tiene dos grandes capítulos. El primero de ellos modifica la ley 21.526, de entidades financieras, y básicamente consiste en una serie de enmiendas a los procedimientos de intervención y liquidación de entidades financieras.
En razón de que nuestros reparos ya han sido expuestos por el señor diputado Martínez Raymonda, no formularé mayores reproches sobre esta parte. Sin embargo, sí deseo efectuar una aclaración sobre un tema que ha dado lugar a un intercambio de opiniones. Me refiero al artículo 5°, por el que se agrega el artículo 35 ter a la ley de entidades financieras, y que dice que la oportunidad, mérito y conveniencia de los actos adoptados por el Banco Central de la Republica Argentina o la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias no son revisables en sede judicial salvo que mediare arbitrariedad o irrazonabilidad manifiestas.
A los efectos de la interpretación de la norma quiero dejar sentada mi opinión de que este texto nada quita o agrega, porque en realidad dice lo que sostiene la doctrina en materia de actos administrativos y lo que ha sido recogido por nuestra jurisprudencia.
En referencia a los actos administrativos discrecionales el maestro Marienhoff dijo lo siguiente: "La 'oportunidad', 'conveniencia' o 'mérito' tenidos en cuenta para la emisión del acto no son controlables por el Poder Judicial. Lo contrario implicaría una violación del principio de separación de los poderes, dado que el órgano judicial estaría atribuyéndose funciones propias de la administración pública."
Por su parte, el maestro Cassagne sostiene algo similar: "...no se puede desconocer -sin incurrir en denegación de Justicia- que los tribunales judiciales se encuentran habilitados para proceder a la revisión definitiva de esos juicios de oportunidad cuando ellos fueran emitidos mediando irrazonabilidad o arbitrariedad, vicios estos que operan una suerte de mutación en el tipo de revisión que se transforma en un control de ilegitimidad."
Si bien es cierto que el mérito y la oportunidad de los actos administrativos no son revisables, también lo es que obviamente la Justicia puede revisar los antecedentes o las situaciones de hecho que se invocan como motivaciones del acto administrativo.
Hay varios fallos de la Corte que recogen el principio de que el mérito y la oportunidad de los actos de la administración no son revisables salvo que medie irracionalidad o arbitrariedad. Hay varios fallos que, para no extenderme en la exposición, acercaré a fin de que oportunamente sean insertados en el Diario de Sesiones.
Por otra parte, creo que esta Cámara haría bien en quitar la palabra "manifiestas" del nuevo artículo 35 ter.
Ya entrando en materia de la Carta Orgánica del Banco Central hay un reparo que formular. En la misma fecha en que el Poder Ejecutivo -en ese entonces en manos del doctor Duhalde- remitía este proyecto que hoy estamos considerando también dictaba el decreto de necesidad y urgencia -en el malsano acto de usar y abusar de la facultad delegada sin que medie urgencia alguna- que lleva el número 1.262/03, por el que se crea la Unidad de Reestructuración de Entidades Financieras.
Me remito a la exposición del señor senador Gómez Diez, quien claramente explicó cómo se superpone este decreto con la Carta Orgánica y con las modificaciones que estamos introduciendo en esta sesión a ese cuerpo legal. En esa oportunidad, Gómez Diez se preguntaba qué ocurría si la Superintendencia aprobaba un plan de reestructuración que a su vez no merecía la aprobación de la Unidad de Reestructuración, o viceversa.
A los efectos de una adecuada interpretación, pongo de resalto que en el artículo 13 del proyecto en consideración -no he escuchado muchos comentarios sobre el particular- con un alcance excesivo se dispone que salvo expresas disposiciones en contrario establecidas por ley, las normas generales existentes ya dictadas o que se dicten de ninguna manera podrán resultar en limitaciones a la capacidad o facultades que le reconoce la presente Carta Orgánica al Banco Central.
En conclusión, en caso de que se verifique en la práctica y en los hechos este conflicto de competencia, a la luz de esta norma obviamente la primacía la tendrá el Banco Central de la República Argentina.
Un severo reproche merece el artículo 14 del proyecto en cuanto modifica el artículo 14 de la Carta Orgánica al introducir un nuevo inciso q) por el que se faculta al directorio del Banco Central a eximir, atenuar o reducir cargos en circunstancias excepcionales. Sin embargo, ya sabemos que la excepcionalidad se transforma en normalidad, con lo cual entramos en el reino de la discrecionalidad y de una arbitrariedad indebida.
El mismo reproche -ya lo puso de manifiesto el señor diputado Martínez Raymonda- merece la facultad que va a tener solamente el Senado de aprobar el balance y cálculo de gastos del Banco Central.
Tal vez una queja más fuerte merezca la norma transitoria del artículo 16, inciso a), en cuanto permite al Banco Central asistir a las entidades financieras no sólo por problemas de liquidez sino también cuando tengan problemas de solvencia.
Una vez más la gente, el hombre común que se esfuerza, va a tener que pagar los errores de administración de las entidades financieras.
Lo mismo vale decir respecto de la norma que permite que el Banco Central autorice a integrar las reservas, las garantías, los encajes, con activos distintos a los previstos en la Carta Orgánica. Es decir que estas reservas no sean integradas con efectivo sino con otros activos no financieros.
De esta manera no vamos por el camino de recuperar la confianza indispensable para recomponer el sistema financiero y por ende el crédito, y sin crédito no habrá reactivación económica en la Argentina.
El artículo 20 en su nueva redacción -introducida por el artículo 15 de este proyecto- establece una mayor laxitud en materia de adelantos o de asistencia financiera del Banco Central al Tesoro de la Nación.
Se plantea como excusa el pago que debe hacer el Tesoro a los organismos internacionales de crédito. Se establece un nuevo límite, el 12 por ciento de la base monetaria, que sumado al 10 por ciento de los recursos que efectivamente haya recaudado el Tesoro en los últimos doce meses, lleva a una cifra -según cálculos del senador Baglini presentados en la sesión de ese cuerpo cuando se discutió esta cuestión- en concepto de adelantos del Banco Central al Tesoro de más de 11.500 millones de pesos.
Se trata de una suma de una magnitud importante y trascendente que abre cierto riesgo inflacionario y que esperamos que sea usada con toda la mesura que exige una economía en crisis y con antecedentes muy serios en materia de hiperinflación como la Argentina.
Como también se dijo en el Senado, podría efectuarse un agregado a esta norma que autorice a aumentar los adelantos y la asistencia al Tesoro para el pago a los organismos internacionales de crédito. Esto significa dar pesos al Tesoro para que éste a su vez compre dólares al Banco Central y pague a los organismos internacionales, lo cual a su vez va a originar un nuevo desembolso a la Argentina, un nuevo préstamo. Debe agregarse que una vez otorgado dicho préstamo automáticamente debe ser aplicado al pago del adelanto. De lo contrario, entraríamos en el concepto -también se dijo en el Senado- de la puerta giratoria, y así volveríamos al peligro de un rebrote inflacionario.
Finalmente, está el tema de la cuasimoneda, mal definido en este proyecto. La Constitución lo prohíbe y muchas provincias emitieron monedas falsas llamadas cuasimonedas. Sería mucho más útil y sano imponer una sanción de carácter económica a quienes incurran en la emisión de cuasimoneda.
El proyecto de ley en consideración tiene dos grandes capítulos. El primero de ellos modifica la ley 21.526, de entidades financieras, y básicamente consiste en una serie de enmiendas a los procedimientos de intervención y liquidación de entidades financieras.
En razón de que nuestros reparos ya han sido expuestos por el señor diputado Martínez Raymonda, no formularé mayores reproches sobre esta parte. Sin embargo, sí deseo efectuar una aclaración sobre un tema que ha dado lugar a un intercambio de opiniones. Me refiero al artículo 5°, por el que se agrega el artículo 35 ter a la ley de entidades financieras, y que dice que la oportunidad, mérito y conveniencia de los actos adoptados por el Banco Central de la Republica Argentina o la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias no son revisables en sede judicial salvo que mediare arbitrariedad o irrazonabilidad manifiestas.
A los efectos de la interpretación de la norma quiero dejar sentada mi opinión de que este texto nada quita o agrega, porque en realidad dice lo que sostiene la doctrina en materia de actos administrativos y lo que ha sido recogido por nuestra jurisprudencia.
En referencia a los actos administrativos discrecionales el maestro Marienhoff dijo lo siguiente: "La 'oportunidad', 'conveniencia' o 'mérito' tenidos en cuenta para la emisión del acto no son controlables por el Poder Judicial. Lo contrario implicaría una violación del principio de separación de los poderes, dado que el órgano judicial estaría atribuyéndose funciones propias de la administración pública."
Por su parte, el maestro Cassagne sostiene algo similar: "...no se puede desconocer -sin incurrir en denegación de Justicia- que los tribunales judiciales se encuentran habilitados para proceder a la revisión definitiva de esos juicios de oportunidad cuando ellos fueran emitidos mediando irrazonabilidad o arbitrariedad, vicios estos que operan una suerte de mutación en el tipo de revisión que se transforma en un control de ilegitimidad."
Si bien es cierto que el mérito y la oportunidad de los actos administrativos no son revisables, también lo es que obviamente la Justicia puede revisar los antecedentes o las situaciones de hecho que se invocan como motivaciones del acto administrativo.
Hay varios fallos de la Corte que recogen el principio de que el mérito y la oportunidad de los actos de la administración no son revisables salvo que medie irracionalidad o arbitrariedad. Hay varios fallos que, para no extenderme en la exposición, acercaré a fin de que oportunamente sean insertados en el Diario de Sesiones.
Por otra parte, creo que esta Cámara haría bien en quitar la palabra "manifiestas" del nuevo artículo 35 ter.
Ya entrando en materia de la Carta Orgánica del Banco Central hay un reparo que formular. En la misma fecha en que el Poder Ejecutivo -en ese entonces en manos del doctor Duhalde- remitía este proyecto que hoy estamos considerando también dictaba el decreto de necesidad y urgencia -en el malsano acto de usar y abusar de la facultad delegada sin que medie urgencia alguna- que lleva el número 1.262/03, por el que se crea la Unidad de Reestructuración de Entidades Financieras.
Me remito a la exposición del señor senador Gómez Diez, quien claramente explicó cómo se superpone este decreto con la Carta Orgánica y con las modificaciones que estamos introduciendo en esta sesión a ese cuerpo legal. En esa oportunidad, Gómez Diez se preguntaba qué ocurría si la Superintendencia aprobaba un plan de reestructuración que a su vez no merecía la aprobación de la Unidad de Reestructuración, o viceversa.
A los efectos de una adecuada interpretación, pongo de resalto que en el artículo 13 del proyecto en consideración -no he escuchado muchos comentarios sobre el particular- con un alcance excesivo se dispone que salvo expresas disposiciones en contrario establecidas por ley, las normas generales existentes ya dictadas o que se dicten de ninguna manera podrán resultar en limitaciones a la capacidad o facultades que le reconoce la presente Carta Orgánica al Banco Central.
En conclusión, en caso de que se verifique en la práctica y en los hechos este conflicto de competencia, a la luz de esta norma obviamente la primacía la tendrá el Banco Central de la República Argentina.
Un severo reproche merece el artículo 14 del proyecto en cuanto modifica el artículo 14 de la Carta Orgánica al introducir un nuevo inciso q) por el que se faculta al directorio del Banco Central a eximir, atenuar o reducir cargos en circunstancias excepcionales. Sin embargo, ya sabemos que la excepcionalidad se transforma en normalidad, con lo cual entramos en el reino de la discrecionalidad y de una arbitrariedad indebida.
El mismo reproche -ya lo puso de manifiesto el señor diputado Martínez Raymonda- merece la facultad que va a tener solamente el Senado de aprobar el balance y cálculo de gastos del Banco Central.
Tal vez una queja más fuerte merezca la norma transitoria del artículo 16, inciso a), en cuanto permite al Banco Central asistir a las entidades financieras no sólo por problemas de liquidez sino también cuando tengan problemas de solvencia.
Una vez más la gente, el hombre común que se esfuerza, va a tener que pagar los errores de administración de las entidades financieras.
Lo mismo vale decir respecto de la norma que permite que el Banco Central autorice a integrar las reservas, las garantías, los encajes, con activos distintos a los previstos en la Carta Orgánica. Es decir que estas reservas no sean integradas con efectivo sino con otros activos no financieros.
De esta manera no vamos por el camino de recuperar la confianza indispensable para recomponer el sistema financiero y por ende el crédito, y sin crédito no habrá reactivación económica en la Argentina.
El artículo 20 en su nueva redacción -introducida por el artículo 15 de este proyecto- establece una mayor laxitud en materia de adelantos o de asistencia financiera del Banco Central al Tesoro de la Nación.
Se plantea como excusa el pago que debe hacer el Tesoro a los organismos internacionales de crédito. Se establece un nuevo límite, el 12 por ciento de la base monetaria, que sumado al 10 por ciento de los recursos que efectivamente haya recaudado el Tesoro en los últimos doce meses, lleva a una cifra -según cálculos del senador Baglini presentados en la sesión de ese cuerpo cuando se discutió esta cuestión- en concepto de adelantos del Banco Central al Tesoro de más de 11.500 millones de pesos.
Se trata de una suma de una magnitud importante y trascendente que abre cierto riesgo inflacionario y que esperamos que sea usada con toda la mesura que exige una economía en crisis y con antecedentes muy serios en materia de hiperinflación como la Argentina.
Como también se dijo en el Senado, podría efectuarse un agregado a esta norma que autorice a aumentar los adelantos y la asistencia al Tesoro para el pago a los organismos internacionales de crédito. Esto significa dar pesos al Tesoro para que éste a su vez compre dólares al Banco Central y pague a los organismos internacionales, lo cual a su vez va a originar un nuevo desembolso a la Argentina, un nuevo préstamo. Debe agregarse que una vez otorgado dicho préstamo automáticamente debe ser aplicado al pago del adelanto. De lo contrario, entraríamos en el concepto -también se dijo en el Senado- de la puerta giratoria, y así volveríamos al peligro de un rebrote inflacionario.
Finalmente, está el tema de la cuasimoneda, mal definido en este proyecto. La Constitución lo prohíbe y muchas provincias emitieron monedas falsas llamadas cuasimonedas. Sería mucho más útil y sano imponer una sanción de carácter económica a quienes incurran en la emisión de cuasimoneda.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
La Presidencia debería decir que no le va a dar el uso de la palabra al señor diputado Loutaif porque ha concluido su tiempo, pero se la va a otorgar para que, por lo menos, pueda solicitar la inserción del texto de su discurso.
Tiene la palabra el señor diputado por Salta.
Tiene la palabra el señor diputado por Salta.
SR. LOUTAIF, JULIO CESAR (SALTA):
Señor presidente: el señor diputado Peláez preguntaba cuántos minutos le quedaban, yo tendría que preguntar cuántos segundos me quedan.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
La Presidencia le advierte que ya no le quedan ni segundos, señor diputado, así que lo más conveniente sería que solicite la inserción del texto de su discurso.
SR. LOUTAIF, JULIO CESAR (SALTA):
Voy a pedir la inserción del texto de mi discurso, señor presidente, pero quiero hacer una sola observación sobre un tema puntual para que esta Cámara lo considere con tiempo, a fin de que actuemos con absoluta responsabilidad y no como bomberos el 30 de noviembre cuando estemos realizando la última sesión del período de sesiones ordinarias.
Es bueno aclarar lo que decía el señor diputado Frigeri respecto del Capítulo III. Aquí se hicieron críticas con respecto a la norma transitoria durante el plazo de emergencia, cuestión que permite a los bancos dos cosas fundamentalmente. Por un lado, atender problemas de solvencia con redescuentos. Por otro, la integración de reservas con activos distintos a los previstos en la ley.
El problema con que nos vamos a encontrar es que la ley de emergencia económica tiene vigencia hasta el 10 de diciembre de este año.
Simplemente, quiero releer algunos párrafos de la ley de emergencia económica para darnos cuenta de lo que va a ocurrir. Por un lado, se dice en dicha norma que la emergencia es hasta proceder al reordenamiento del sistema bancario, financiero y del mercado de cambios -materia pendiente-; por otro, se habla de reactivar el funcionamiento de la economía y mejorar el nivel de empleo y distribución de ingresos, con acento en un programa de desarrollo de las economías regionales -materia pendiente-; por último, se habla de crear condiciones para el crecimiento económico sustentable y compatible con la reestructuración de la deuda pública, también materia pendiente.
En consecuencia, adelanto que lo que va a suceder es que se va a prorrogar la emergencia económica. Y cuando eso ocurra, se estará prorrogando esta facultad que tiene el Banco Central de autorizar redescuentos por problemas de solvencia en los bancos, constituyendo los encajes con bonos, títulos, acciones, etcétera.
Una sana modificación que vamos a proponer en el debate en particular consiste en que este plazo no esté atado a la emergencia económica. O sea, que cuente con un límite establecido en la norma, porque cuando el 30 de noviembre estemos prorrogando la ley 25.561, también estaremos prorrogando indefinidamente -porque la emergencia en la Argentina no termina nunca- el plazo fijado en este capítulo transitorio.
Esto es lo que quería decir, además de adherir a los conceptos vertidos por los señores diputados Martínez Raymonda y Llano.
Es bueno aclarar lo que decía el señor diputado Frigeri respecto del Capítulo III. Aquí se hicieron críticas con respecto a la norma transitoria durante el plazo de emergencia, cuestión que permite a los bancos dos cosas fundamentalmente. Por un lado, atender problemas de solvencia con redescuentos. Por otro, la integración de reservas con activos distintos a los previstos en la ley.
El problema con que nos vamos a encontrar es que la ley de emergencia económica tiene vigencia hasta el 10 de diciembre de este año.
Simplemente, quiero releer algunos párrafos de la ley de emergencia económica para darnos cuenta de lo que va a ocurrir. Por un lado, se dice en dicha norma que la emergencia es hasta proceder al reordenamiento del sistema bancario, financiero y del mercado de cambios -materia pendiente-; por otro, se habla de reactivar el funcionamiento de la economía y mejorar el nivel de empleo y distribución de ingresos, con acento en un programa de desarrollo de las economías regionales -materia pendiente-; por último, se habla de crear condiciones para el crecimiento económico sustentable y compatible con la reestructuración de la deuda pública, también materia pendiente.
En consecuencia, adelanto que lo que va a suceder es que se va a prorrogar la emergencia económica. Y cuando eso ocurra, se estará prorrogando esta facultad que tiene el Banco Central de autorizar redescuentos por problemas de solvencia en los bancos, constituyendo los encajes con bonos, títulos, acciones, etcétera.
Una sana modificación que vamos a proponer en el debate en particular consiste en que este plazo no esté atado a la emergencia económica. O sea, que cuente con un límite establecido en la norma, porque cuando el 30 de noviembre estemos prorrogando la ley 25.561, también estaremos prorrogando indefinidamente -porque la emergencia en la Argentina no termina nunca- el plazo fijado en este capítulo transitorio.
Esto es lo que quería decir, además de adherir a los conceptos vertidos por los señores diputados Martínez Raymonda y Llano.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
SRA. RODRIGUEZ, MARCELA VIRGINIA (BUENOS AIRES):
Señor presidente: voy a fundar el voto negativo del bloque del ARI. Nosotros concordamos con la necesidad de saneamiento y recuperación del sistema financiero. Queremos contar con una normativa eficaz que lo regule.
No coincidimos con que la herramienta que se está proponiendo vaya a ser idónea para esa recuperación y saneamiento, menos aún en la actual situación. Esto lo creemos tanto por los criterios que se propugnan como por los actores que van a llevar a cabo estas reformas.
En realidad, por medio de este proyecto se propone dotar de mayor independencia, impunidad y discrecionalidad a quienes fueron partícipes de la crisis financiera, sin que haya existido un análisis de sus actos ni un deslinde de responsabilidades ni una rendición de cuentas.
Por un lado, el proyecto habla de la reforma de la ley de entidades financieras, que es una normativa de la dictadura, como aquí se ha dicho. Nosotros proponemos no incorporar parche sobre parche, porque la democracia tiene una deuda pendiente con esta ley que fue el instrumento que posibilitó el avance de la regulación financiera por sobre la productiva; también posibilitó un sistema financiero cuyo objetivo no era colocar el ahorro al servicio de la producción, sino que sólo contribuyó a la especulación y, en algunos casos, lisa y llanamente a la delincuencia económica.
Consideramos que esta ley debe ser derogada, asumiendo el desafío de sancionar una nueva ley de entidades financieras, que básicamente se funde en los principios que voy a enunciar.
En primer lugar, que las políticas monetarias y financieras sirvan al funcionamiento de políticas anticíclicas y de promoción del crecimiento. En segundo lugar, que el Estado no siga comprometiendo su solvencia, haciéndose cargo de más deuda privada.
Por otra parte, habrá que evitar que se adopten medidas indiscriminadas, dado que las distintas entidades registradas atraviesan situaciones muy disímiles y no podemos abordarlas con el mismo enfoque homogéneo.
Asimismo, que los eventuales apoyos se hagan con límites estrictos, exigiendo garantías y compromisosefectivos de capitalización, considerando las particularidades de cada entidad y de sus directivos, sobre todo en aquellos casos de maniobras de dudosa legalidad.
Finalmente, esto implica una revisión de todo lo actuado hasta aquí, fundamentalmente a los fines de identificar maniobras dolosas y los procesos que han llevado a estas crisis financieras.
En realidad, el desafío es establecer un nuevo modelo de regulación y supervisión, exigiendo la mayor transparencia en el manejo de las entidades, la máxima idoneidad a dueños y gerentes, así como la efectiva verificación del origen de los capitales.
En cualquier caso, lo que sí debe quedar claro es que no se pueden discutir medidas financieras aisladas de un programa macroeconómico que el actual gobierno no explicitó durante la campaña y tampoco ha sido presentado hasta el momento.
Esto es particularmente importante en este caso, porque se trata de dar mayores facultades para actuar de un modo discrecional tanto a funcionarios del Banco Central como del Ministerio de Economía.
Para pasar al análisis en particular del articulado, voy a referirme brevemente a los puntos más salientes, solicitando que se inserte el resto de mi discurso en el Diario de Sesiones.
El artículo 35 bis ha sido cuestionado por gran parte de la doctrina en cuanto a su funcionamiento vigente.
Ahora encontramos que profundizamos el error que supone esta facultad discrecional de exclusión de activos y pasivos sin requerir la autorización judicial previa. Así se otorga una serie de privilegios al sector financiero, los que no están presentes en otros sectores de la vida económica del país y violentan el orden público concursal.
Este caso, además, es más grave, porque se permite ajustar la valuación contable de los títulos públicos al valor neto de realización, según las normas que dicte el Banco Central de la República Argentina, que no conocemos en este momento. Incluso, los títulos se pueden transferir mediante fideicomisos.
El proyecto tampoco contempla el problema de la falta de ejercicio del poder de policía financiero que debe ejercer el Banco Central.
Otra cuestión se vincula con la intervención judicial. El señor diputado Frigeri ha señalado que tendremos intervenciones judiciales más rápidas. En realidad, lo que ocurrirá es que la Justicia pasará meramente a ratificar lo que disponga el Banco Central, violentando las que deberían ser facultades propias de los jueces respecto de este tipo de procesos.
Cabe aclarar que en relación con la designación de interventores judiciales, continúa manteniéndose un procedimiento aleatorio sobre un padrón conocido. Esto no resuelve los problemas actuales, y tampoco se prevé un sistema ordenado, ágil y transparente de la propia tarea del Banco Central en la designación de los interventores.
Otro punto cuestionable es la limitación del reclamo de daños y perjuicios, que en el caso vigente no sólo se constriñe a los acreedores, socios y administradores, sino que ahora se extiende a los asociados, a los accionistas y a los representantes; es decir que se amplía la ausencia de legitimación activa. Ello se relaciona con el artículo 35 ter, que ya ha sido cuestionado porque establece impunidad.
En realidad, se trata justamente de confundir. Se mezclan distintos tipos de situaciones. Es sabido que el Estado tiene dos formas de actuación: la actividad discrecional y la actividad reglada. Acá se confunden estas dos situaciones. Es cierto que la oportunidad, el mérito y la conveniencia es algo que ya la Justicia considera que no debe ser analizado cuando se trata de actividad discrecional; lo que sucede es que aquí se hace referencia a distintos artículos que combinan actividad reglada y actividad discrecional. El problema es que la discrecionalidad no siempre aparece con claridad en una norma, y muchas veces se confunde un concepto jurídico indeterminado con lo que es la actividad discrecional.
Por otra parte, ningún sentido tiene hablar de irrazonabilidad o arbitrariedad manifiestas; lo que es ilegal es la arbitrariedad o la irrazonabilidad sin importar cuál sea el modo o el grado de manifestación. Al respecto, podría traer bastante jurisprudencia, pero sólo me limitaré a hacer algunas citas a fin de no abundar.
Rafael Bielsa ha dicho que cuando la Administración Pública procede sin sujeción en sus procedimientos a normas expresas, ella ejerce un poder discrecional; pero aun entonces debe obrar dentro de su competencia con arreglo a formas legales y sin contrariar la ley o el fin de la ley.
En el mismo sentido, García Oviedo sostiene que obrar discrecionalmente equivale a obrar libremente, si bien acomodando la conducta a un bien público específico: fin fiscal, fin de policía, etcétera. La diferencia entre el acto discrecional y el acto arbitrario se percibe ahora claramente: es una diferencia teleológica. El acto discrecional se convierte en acto arbitrario cuando la Administración Pública no ajusta su conducta al fin en vista del cual la ley lo autorizó.
La Corte Suprema, en distintas causas, también ha señalado que la circunstancia de que la Administración obre en el ejercicio de facultades discrecionales no puede dejar de lado el control judicial suficiente de los actos administrativos de naturaleza jurisdiccional a que obliga el principio de separación de poderes, ni tampoco puede constituir un justificativo de la conducta arbitraria.
Para estos funcionarios estamos creando un régimen de privilegio que no tienen otros funcionarios de la Administración Pública, y además violentamos el principio de división de poderes.
Por otro lado, llama poderosamente la atención y no tiene explicación alguna la desaparición del inciso d) del artículo 49. En el nuevo texto no se reproduce el privilegio de los depositantes en relación con los fondos que la entidad liquidada tuviera depositados en concepto de encaje por efectivo mínimo. Es decir que se quita el privilegio especial que los depositantes tenían sobre los encajes, que supuestamente deberían estar integrados en efectivo pero que en realidad se empapelaron con títulos, y por lo tanto se rebaja a los acreedores a un privilegio general sobre el resto de los activos. Por lo tanto, no coincidimos en que se preste mayor confianza y mayor seguridad a los ahorristas, pues estamos licuando sus privilegios.
Respecto de la segunda parte de este proyecto de ley -es decir, lo relativo a la Carta Orgánica del Banco Central-, entendemos que dada la gravedad de la crisis es necesario crear un ente más autónomo, independiente de las autoridades de organismos que manejan la coyuntura. Es necesario definir una arquitectura financiera y normas de regulación que atiendan los problemas del sistema financiero a largo plazo; no se puede otorgar discrecionalidad y falta de transparencia, y mucho menos se deben concentrar funciones.
En realidad, hay que crear una unidad independiente que aclare las responsabilidades de las entidades financieras en la crisis, que permita discriminar
los comportamientos y que exija compromisos de forma independiente de los criterios coyunturales de la política oficial.
En particular, nos merece graves objeciones el artículo 14, fundamentalmente el agregado que se hace del inciso q), por el que se atribuye al directorio del Banco Central la posibilidad de eximir, atenuar o reducir cargos. En realidad esto blanquea algo que ya está haciendo el Banco Central, condonando cargos, o sea eximiendo del pago de multas y penalidades.
Eso violenta un principio fundamental, que es el de igualdad ante la ley. Se necesitan criterios claros para que ante una sanción se persiga hacer efectiva su aplicación, y que haya transparencia en los criterios de aplicación de multas y en su cobro.
Dejar toda esa tarea librada al arbitrio del directorio no tiene ningún justificativo y permite que aquellos directivos vinculados con poderes económicos utilicen esto de una manera absolutamente discrecional, como ha venido sucediendo.
También coincidimos con las críticas que se han hecho a la otra parte del artículo 14. No tiene ningún sentido lo que ha sancionado el Senado, disponiendo que la aprobación de gastos sea dominio de esa Cámara y no del Congreso de la Nación, sobre todo teniendo en cuenta las especiales facultades que tiene la Cámara de Diputados en materia presupuestaria. Creemos que esto es algo que no puede ser perdonado por esta Cámara.
Además, hay que tener en cuenta que se limita la aprobación de gastos a los no financieros, con lo cual estamos acotando las facultades, porque en la ley vigente no existe una limitación.
Se plantea una situación compleja respecto del artículo 15, consistente en establecer una política macroeconómica que atienda a necesidades del ciclo de la economía, que no va a funcionar si no se coordina con la política monetaria y fiscal.
La experiencia argentina nos muestra claramente los límites de un Banco Central actuando de un modo independiente respecto de las necesidades de la economía. La crisis del sistema terminó con medidas de virtual nacionalización de depósitos y masivos redescuentos, que en realidad fueron destinados a solventar un sistema que estructuralmente era insolvente. Esto no invalida la necesidad de un Banco Central con cierta independencia, pero también pone en claro los límites y sobre todo el énfasis en la necesidad de independencia de los intereses corporativos.
Lo anterior apunta a ver cuál es la perspectiva sobre la solicitud de aprobar un incremento de las facultades del Banco Central para otorgar adelantos del Tesoro. Es evidente que la actual coyuntura requiere de mayores flexibilidades, pero también se requiere explicar de forma precisa los destinos de esos fondos y cómo van a impactar en la economía. Lo que no puede permitirse es que legislemos teniendo en cuenta la coyuntura de una eventual salida de la emergencia, para hacer frente a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.
Queda en claro una vez más que no están explicitadas las políticas en materia de deuda y política cambiaria. También coincidimos en la falencia existente en relación con el artículo 16, vinculada con las asistencias que pueda prestar el directorio del Banco Central. El problema es que los redescuentos han sido diseñados para resolver situaciones de iliquidez transitoria, y lo que se ha venido haciendo es utilizar esta asistencia para atender problemas de solvencia, superando esta asistencia muchas veces el propio patrimonio de los bancos.
Esto ha provocado que en diversas ocasiones nos encontremos con subvenciones a la delincuencia económica. Para esto basta recordar lo que sucedía con los redescuentos que se daban al Banco Mayo, que terminaban en la Gran Caimán vía Mayflower, o los redescuentos que se daban al Banco Feigin cuando el juez de la causa decía que se trataba de la cueva de Alí Babá y los cuarenta ladrones.
Esto es lo que ha hecho hasta el momento el Banco Central en materia de redescuentos. Peor aún: lo que va a lograr esta norma es dar una puerta de salida de escape a aquellos directivos que ahora están enfrentando procesos penales justamente por haber dado redescuentos en violación a la propia normativa del Banco Central. Y solamente profundizaremos estos errores.
En realidad, si quisiéramos dar una asistencia financiera seria tendríamos que precisar los verdaderos controles que debería ejercer el Banco Central como poder de policía financiera y hacer un efectivo control de los instrumentos que se dan en garantía, cosa que no se ha hecho ni se hace. Muchas veces estas garantías son en verdad papeles "basura", y no se han dado sobre la cartera líquida sino sobre cualquier instrumento.
Por otra parte, tampoco han funcionado las inspecciones. En muchos casos se ha otorgado asistencia a entidades en las cuales no hubo una inspección en un año o año y medio.
Para ser breve, solicito la inserción del resto de mi discurso en el Diario de Sesiones.
Nuestra propuesta apunta a que el Banco Central recupere su función de prestamista de última instancia, pero ello se debe hacer en un contexto de reglas claras, de contraprestaciones por parte de las entidades del sistema y de un programa monetario sustentable.
Con respecto a esto creo que hay principios claros que deben regir la reestructuración. En primer lugar, que la conducción sea efectivamente independiente de los intereses a los que debe orientar, supervisar y controlar; en segundo término, crear nuevas instituciones de supervisión del funcionamiento del sistema financiero que tengan capacidad para fiscalizar integralmente cómo funciona dicho sistema; y tercero, constituir para ello una unidad especial que evalúe la situación patrimonial de las entidades del sistema no sólo en la coyuntura sino también proyectada con un criterio dinámico.
En síntesis, criticamos el modo en que se plantea coordinar la política monetaria con la fiscal, un planteo que no se reduce al tema de la independencia de la institución porque la realidad es mucho más compleja que la cuestión de la independencia. En este caso sigue siendo confuso cuál va a ser el rol de la Superintendencia y la autonomía del Banco Central, y este articulado no va a permitir avanzar en la consolidación de un sistema financiero más consistente que recomponga la confianza de la sociedad.
La sanidad del sistema financiero requiere más control y no menos control, requiere criterios claros y transparentes y no discrecionalidad e impunidad.
Recordemos que la regulación de la economía dirigida por el capital financiero en un contexto de amplia apertura económica ha favorecido la especulación por sobre la producción. La Argentina ya ha pagado un precio muy alto por adoptar un sistema basado en la especulación y en la provisión de divisas y de seguro de cambio gratuito por parte del Estado.
Lo que queda pendiente es el desafío de reconstruir un sistema monetario, cambiario y financiero que desaliente la especulación financiera y permita recuperar lo máximo posible las funciones de la moneda nacional.
Por las razones expuestas, adelanto nuestro voto negativo al proyecto en consideración.
No coincidimos con que la herramienta que se está proponiendo vaya a ser idónea para esa recuperación y saneamiento, menos aún en la actual situación. Esto lo creemos tanto por los criterios que se propugnan como por los actores que van a llevar a cabo estas reformas.
En realidad, por medio de este proyecto se propone dotar de mayor independencia, impunidad y discrecionalidad a quienes fueron partícipes de la crisis financiera, sin que haya existido un análisis de sus actos ni un deslinde de responsabilidades ni una rendición de cuentas.
Por un lado, el proyecto habla de la reforma de la ley de entidades financieras, que es una normativa de la dictadura, como aquí se ha dicho. Nosotros proponemos no incorporar parche sobre parche, porque la democracia tiene una deuda pendiente con esta ley que fue el instrumento que posibilitó el avance de la regulación financiera por sobre la productiva; también posibilitó un sistema financiero cuyo objetivo no era colocar el ahorro al servicio de la producción, sino que sólo contribuyó a la especulación y, en algunos casos, lisa y llanamente a la delincuencia económica.
Consideramos que esta ley debe ser derogada, asumiendo el desafío de sancionar una nueva ley de entidades financieras, que básicamente se funde en los principios que voy a enunciar.
En primer lugar, que las políticas monetarias y financieras sirvan al funcionamiento de políticas anticíclicas y de promoción del crecimiento. En segundo lugar, que el Estado no siga comprometiendo su solvencia, haciéndose cargo de más deuda privada.
Por otra parte, habrá que evitar que se adopten medidas indiscriminadas, dado que las distintas entidades registradas atraviesan situaciones muy disímiles y no podemos abordarlas con el mismo enfoque homogéneo.
Asimismo, que los eventuales apoyos se hagan con límites estrictos, exigiendo garantías y compromisosefectivos de capitalización, considerando las particularidades de cada entidad y de sus directivos, sobre todo en aquellos casos de maniobras de dudosa legalidad.
Finalmente, esto implica una revisión de todo lo actuado hasta aquí, fundamentalmente a los fines de identificar maniobras dolosas y los procesos que han llevado a estas crisis financieras.
En realidad, el desafío es establecer un nuevo modelo de regulación y supervisión, exigiendo la mayor transparencia en el manejo de las entidades, la máxima idoneidad a dueños y gerentes, así como la efectiva verificación del origen de los capitales.
En cualquier caso, lo que sí debe quedar claro es que no se pueden discutir medidas financieras aisladas de un programa macroeconómico que el actual gobierno no explicitó durante la campaña y tampoco ha sido presentado hasta el momento.
Esto es particularmente importante en este caso, porque se trata de dar mayores facultades para actuar de un modo discrecional tanto a funcionarios del Banco Central como del Ministerio de Economía.
Para pasar al análisis en particular del articulado, voy a referirme brevemente a los puntos más salientes, solicitando que se inserte el resto de mi discurso en el Diario de Sesiones.
El artículo 35 bis ha sido cuestionado por gran parte de la doctrina en cuanto a su funcionamiento vigente.
Ahora encontramos que profundizamos el error que supone esta facultad discrecional de exclusión de activos y pasivos sin requerir la autorización judicial previa. Así se otorga una serie de privilegios al sector financiero, los que no están presentes en otros sectores de la vida económica del país y violentan el orden público concursal.
Este caso, además, es más grave, porque se permite ajustar la valuación contable de los títulos públicos al valor neto de realización, según las normas que dicte el Banco Central de la República Argentina, que no conocemos en este momento. Incluso, los títulos se pueden transferir mediante fideicomisos.
El proyecto tampoco contempla el problema de la falta de ejercicio del poder de policía financiero que debe ejercer el Banco Central.
Otra cuestión se vincula con la intervención judicial. El señor diputado Frigeri ha señalado que tendremos intervenciones judiciales más rápidas. En realidad, lo que ocurrirá es que la Justicia pasará meramente a ratificar lo que disponga el Banco Central, violentando las que deberían ser facultades propias de los jueces respecto de este tipo de procesos.
Cabe aclarar que en relación con la designación de interventores judiciales, continúa manteniéndose un procedimiento aleatorio sobre un padrón conocido. Esto no resuelve los problemas actuales, y tampoco se prevé un sistema ordenado, ágil y transparente de la propia tarea del Banco Central en la designación de los interventores.
Otro punto cuestionable es la limitación del reclamo de daños y perjuicios, que en el caso vigente no sólo se constriñe a los acreedores, socios y administradores, sino que ahora se extiende a los asociados, a los accionistas y a los representantes; es decir que se amplía la ausencia de legitimación activa. Ello se relaciona con el artículo 35 ter, que ya ha sido cuestionado porque establece impunidad.
En realidad, se trata justamente de confundir. Se mezclan distintos tipos de situaciones. Es sabido que el Estado tiene dos formas de actuación: la actividad discrecional y la actividad reglada. Acá se confunden estas dos situaciones. Es cierto que la oportunidad, el mérito y la conveniencia es algo que ya la Justicia considera que no debe ser analizado cuando se trata de actividad discrecional; lo que sucede es que aquí se hace referencia a distintos artículos que combinan actividad reglada y actividad discrecional. El problema es que la discrecionalidad no siempre aparece con claridad en una norma, y muchas veces se confunde un concepto jurídico indeterminado con lo que es la actividad discrecional.
Por otra parte, ningún sentido tiene hablar de irrazonabilidad o arbitrariedad manifiestas; lo que es ilegal es la arbitrariedad o la irrazonabilidad sin importar cuál sea el modo o el grado de manifestación. Al respecto, podría traer bastante jurisprudencia, pero sólo me limitaré a hacer algunas citas a fin de no abundar.
Rafael Bielsa ha dicho que cuando la Administración Pública procede sin sujeción en sus procedimientos a normas expresas, ella ejerce un poder discrecional; pero aun entonces debe obrar dentro de su competencia con arreglo a formas legales y sin contrariar la ley o el fin de la ley.
En el mismo sentido, García Oviedo sostiene que obrar discrecionalmente equivale a obrar libremente, si bien acomodando la conducta a un bien público específico: fin fiscal, fin de policía, etcétera. La diferencia entre el acto discrecional y el acto arbitrario se percibe ahora claramente: es una diferencia teleológica. El acto discrecional se convierte en acto arbitrario cuando la Administración Pública no ajusta su conducta al fin en vista del cual la ley lo autorizó.
La Corte Suprema, en distintas causas, también ha señalado que la circunstancia de que la Administración obre en el ejercicio de facultades discrecionales no puede dejar de lado el control judicial suficiente de los actos administrativos de naturaleza jurisdiccional a que obliga el principio de separación de poderes, ni tampoco puede constituir un justificativo de la conducta arbitraria.
Para estos funcionarios estamos creando un régimen de privilegio que no tienen otros funcionarios de la Administración Pública, y además violentamos el principio de división de poderes.
Por otro lado, llama poderosamente la atención y no tiene explicación alguna la desaparición del inciso d) del artículo 49. En el nuevo texto no se reproduce el privilegio de los depositantes en relación con los fondos que la entidad liquidada tuviera depositados en concepto de encaje por efectivo mínimo. Es decir que se quita el privilegio especial que los depositantes tenían sobre los encajes, que supuestamente deberían estar integrados en efectivo pero que en realidad se empapelaron con títulos, y por lo tanto se rebaja a los acreedores a un privilegio general sobre el resto de los activos. Por lo tanto, no coincidimos en que se preste mayor confianza y mayor seguridad a los ahorristas, pues estamos licuando sus privilegios.
Respecto de la segunda parte de este proyecto de ley -es decir, lo relativo a la Carta Orgánica del Banco Central-, entendemos que dada la gravedad de la crisis es necesario crear un ente más autónomo, independiente de las autoridades de organismos que manejan la coyuntura. Es necesario definir una arquitectura financiera y normas de regulación que atiendan los problemas del sistema financiero a largo plazo; no se puede otorgar discrecionalidad y falta de transparencia, y mucho menos se deben concentrar funciones.
En realidad, hay que crear una unidad independiente que aclare las responsabilidades de las entidades financieras en la crisis, que permita discriminar
los comportamientos y que exija compromisos de forma independiente de los criterios coyunturales de la política oficial.
En particular, nos merece graves objeciones el artículo 14, fundamentalmente el agregado que se hace del inciso q), por el que se atribuye al directorio del Banco Central la posibilidad de eximir, atenuar o reducir cargos. En realidad esto blanquea algo que ya está haciendo el Banco Central, condonando cargos, o sea eximiendo del pago de multas y penalidades.
Eso violenta un principio fundamental, que es el de igualdad ante la ley. Se necesitan criterios claros para que ante una sanción se persiga hacer efectiva su aplicación, y que haya transparencia en los criterios de aplicación de multas y en su cobro.
Dejar toda esa tarea librada al arbitrio del directorio no tiene ningún justificativo y permite que aquellos directivos vinculados con poderes económicos utilicen esto de una manera absolutamente discrecional, como ha venido sucediendo.
También coincidimos con las críticas que se han hecho a la otra parte del artículo 14. No tiene ningún sentido lo que ha sancionado el Senado, disponiendo que la aprobación de gastos sea dominio de esa Cámara y no del Congreso de la Nación, sobre todo teniendo en cuenta las especiales facultades que tiene la Cámara de Diputados en materia presupuestaria. Creemos que esto es algo que no puede ser perdonado por esta Cámara.
Además, hay que tener en cuenta que se limita la aprobación de gastos a los no financieros, con lo cual estamos acotando las facultades, porque en la ley vigente no existe una limitación.
Se plantea una situación compleja respecto del artículo 15, consistente en establecer una política macroeconómica que atienda a necesidades del ciclo de la economía, que no va a funcionar si no se coordina con la política monetaria y fiscal.
La experiencia argentina nos muestra claramente los límites de un Banco Central actuando de un modo independiente respecto de las necesidades de la economía. La crisis del sistema terminó con medidas de virtual nacionalización de depósitos y masivos redescuentos, que en realidad fueron destinados a solventar un sistema que estructuralmente era insolvente. Esto no invalida la necesidad de un Banco Central con cierta independencia, pero también pone en claro los límites y sobre todo el énfasis en la necesidad de independencia de los intereses corporativos.
Lo anterior apunta a ver cuál es la perspectiva sobre la solicitud de aprobar un incremento de las facultades del Banco Central para otorgar adelantos del Tesoro. Es evidente que la actual coyuntura requiere de mayores flexibilidades, pero también se requiere explicar de forma precisa los destinos de esos fondos y cómo van a impactar en la economía. Lo que no puede permitirse es que legislemos teniendo en cuenta la coyuntura de una eventual salida de la emergencia, para hacer frente a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.
Queda en claro una vez más que no están explicitadas las políticas en materia de deuda y política cambiaria. También coincidimos en la falencia existente en relación con el artículo 16, vinculada con las asistencias que pueda prestar el directorio del Banco Central. El problema es que los redescuentos han sido diseñados para resolver situaciones de iliquidez transitoria, y lo que se ha venido haciendo es utilizar esta asistencia para atender problemas de solvencia, superando esta asistencia muchas veces el propio patrimonio de los bancos.
Esto ha provocado que en diversas ocasiones nos encontremos con subvenciones a la delincuencia económica. Para esto basta recordar lo que sucedía con los redescuentos que se daban al Banco Mayo, que terminaban en la Gran Caimán vía Mayflower, o los redescuentos que se daban al Banco Feigin cuando el juez de la causa decía que se trataba de la cueva de Alí Babá y los cuarenta ladrones.
Esto es lo que ha hecho hasta el momento el Banco Central en materia de redescuentos. Peor aún: lo que va a lograr esta norma es dar una puerta de salida de escape a aquellos directivos que ahora están enfrentando procesos penales justamente por haber dado redescuentos en violación a la propia normativa del Banco Central. Y solamente profundizaremos estos errores.
En realidad, si quisiéramos dar una asistencia financiera seria tendríamos que precisar los verdaderos controles que debería ejercer el Banco Central como poder de policía financiera y hacer un efectivo control de los instrumentos que se dan en garantía, cosa que no se ha hecho ni se hace. Muchas veces estas garantías son en verdad papeles "basura", y no se han dado sobre la cartera líquida sino sobre cualquier instrumento.
Por otra parte, tampoco han funcionado las inspecciones. En muchos casos se ha otorgado asistencia a entidades en las cuales no hubo una inspección en un año o año y medio.
Para ser breve, solicito la inserción del resto de mi discurso en el Diario de Sesiones.
Nuestra propuesta apunta a que el Banco Central recupere su función de prestamista de última instancia, pero ello se debe hacer en un contexto de reglas claras, de contraprestaciones por parte de las entidades del sistema y de un programa monetario sustentable.
Con respecto a esto creo que hay principios claros que deben regir la reestructuración. En primer lugar, que la conducción sea efectivamente independiente de los intereses a los que debe orientar, supervisar y controlar; en segundo término, crear nuevas instituciones de supervisión del funcionamiento del sistema financiero que tengan capacidad para fiscalizar integralmente cómo funciona dicho sistema; y tercero, constituir para ello una unidad especial que evalúe la situación patrimonial de las entidades del sistema no sólo en la coyuntura sino también proyectada con un criterio dinámico.
En síntesis, criticamos el modo en que se plantea coordinar la política monetaria con la fiscal, un planteo que no se reduce al tema de la independencia de la institución porque la realidad es mucho más compleja que la cuestión de la independencia. En este caso sigue siendo confuso cuál va a ser el rol de la Superintendencia y la autonomía del Banco Central, y este articulado no va a permitir avanzar en la consolidación de un sistema financiero más consistente que recomponga la confianza de la sociedad.
La sanidad del sistema financiero requiere más control y no menos control, requiere criterios claros y transparentes y no discrecionalidad e impunidad.
Recordemos que la regulación de la economía dirigida por el capital financiero en un contexto de amplia apertura económica ha favorecido la especulación por sobre la producción. La Argentina ya ha pagado un precio muy alto por adoptar un sistema basado en la especulación y en la provisión de divisas y de seguro de cambio gratuito por parte del Estado.
Lo que queda pendiente es el desafío de reconstruir un sistema monetario, cambiario y financiero que desaliente la especulación financiera y permita recuperar lo máximo posible las funciones de la moneda nacional.
Por las razones expuestas, adelanto nuestro voto negativo al proyecto en consideración.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
SR. GARCIA, EDUARDO DANIEL (CORDOBA):
Señor presidente: a partir del 25 de mayo y de la asunción del gobierno por parte del doctor Kirchner se tomaron una serie de decisiones y medidas importantes que generaron alegría en el bloque del Partido Socialista y que acompañamos. Entre ellas cabe mencionar el fortalecimiento en la política exterior de nuestra relación con el Mercosur y los países de América latina; haber discutido y aprobado la anulación de las leyes de punto final y de obediencia debida -iniciativa que nuestra bancada apoyó con su voto- y la clara decisión de terminar con la mayoría automática en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de iniciar el juicio político a uno de sus miembros.
Sin embargo, debo decir que la discusión y la aprobación de este proyecto por el que se modifican dos leyes importantes -la de entidades financieras y la Carta Orgánica del Banco Central- nos generan tristeza y algunas dudas. Si bien creemos que ambas deben ser reformadas, vemos en este proyecto un punto de inflexión en la política del actual gobierno. Siempre ha estado pendiente qué pasará en el momento en que se deban tomar las decisiones más importantes con respecto al pago de la deuda externa y al aumento de las tarifas. Ahora tenemos la sensación de que con esta iniciativa se inicia un camino que realmente nos preocupa. Por ejemplo, cuando en el artículo 5° del proyecto -por el que se agrega un artículo 35 ter a la ley de entidades financieras- se menciona la protección legal de los integrantes del Banco Central de la República Argentina, sentimos que estamos desandando el camino de la lucha contra la impunidad.
Como se dijo anteriormente, en el punto 29 del memorando que la Argentina firmó con el Fondo Monetario Internacional en el mes de febrero, ese organismo decía textualmente: "Protegerán a los funcionarios públicos de los aspectos de la legislación actual que puedan resultar en impugnaciones o demandas de compensación contra actos realizados en un proceso de reestructuración y saneamiento bancario." ¿Qué nos está diciendo desveladamente el Fondo Monetario Internacional? Que las exigencias para renegociar la deuda y la necesidad de hacer una reforma en el sistema bancario argentino -lo que implicaría la posibilidad concreta de cerrar bancos- traerían aparejadas una serie de medidas que provocarían la reacción de quienes se vieran afectados y que por ello es preciso proteger a los funcionarios.
El proyecto que estamos considerando no pone en discusión aspectos importantes del Banco Central -como por ejemplo su independencia-, pero quizás tiene que ver fundamentalmente con una de sus principales funciones, que es la de superintendencia, es decir, si tiene o no capacidad para sancionar o incluso cerrar un banco que realice actividades que pongan en riesgo el sistema financiero, aunque en realidad la Carta Orgánica vigente ha permitido que en las últimas décadas se actuara en ese sentido.
En síntesis, este proyecto apunta a fortalecer no la facultad de actuar sobre la banca financiera sino los efectos que ésta pueda tener, fundamentalmente la vía judicial planteada por parte de aquellos que se vean afectados.
Estas cuestiones no comienzan en el debate de hoy. Fíjense los señores diputados lo que decía en 1999 el entonces presidente del Banco Central de la República Argentina, doctor Pedro Pou, en la página 188 del informe elevado a este Congreso: "...siento la necesidad de advertir que si quienes deben manejar estos difíciles procesos de reestructuración están sometidos a la Justicia penal por actos en los que -sin mediar una conducta dolosa- se interpreta que no actuaron en el momento técnicamente oportuno o con la medida técnicamente adecuada, será difícil contar en el Banco Central con funcionarios probos e idóneos."
Quien lo sucedió en la presidencia del banco, el doctor Mario Blejer, también insistió en este tema, y quizás la causa de su renuncia haya sido la negativa que recibió de parte del actual ministro de Economía, doctor Lavagna.
Por su parte, el actual titular del Banco Central, doctor Alfonso Prat-Gay, insistió fuertemente en este concepto ya incluido en el memorando firmado con el
Fondo Monetario Internacional y puso como ejemplo una especie de anécdota del bombero diciendo textualmente: "Si un bombero derriba la puerta de una casa que se está incendiando para salvar a sus moradores, luego no debería ser juzgado por violentar la propiedad privada". Esto lo dijo en declaraciones al diario "Clarín" el 29 de enero de 2003. Lo que podríamos decir al señor presidente del Banco Central es cuán deteriorado está el sistema judicial en ese mundo que él imagina, donde condenan a un bombero por romper un vidrio para salvar una vida humana.
Ahí está el verdadero problema. Una de las dificultades de la Argentina de los últimos años radica en tener una Justicia compuesta por muchos de los jueces de la servilleta o jueces de los dedos políticos que tuvieron el apoyo de quienes en su momento eran mayoría política en la Argentina. Hoy, ante el cambio real de la situación política en nuestro país, esos jueces se ven sin ese respaldo que tenían y muchas veces buscan la forma de tener fallos rutilantes para salir en las primeras páginas de los diarios. Evidentemente, si los funcionarios del Banco Central de la República Argentina tienen que cerrar bancos para iniciar un proceso de reforma del sistema financiero, serían un "bocado de cardenal" para algunos de esos jueces.
Sin duda, eso genera mucho miedo. Pero me pregunto si nosotros podemos resolver una aberración en las instituciones de nuestro país -como es tener una Justicia con esa clase de jueces- con otra aberración, como es dar impunidad a los funcionarios del Banco Central de la República Argentina desdiciéndonos de lo que ha aprobado hace pocos días este Congreso: la finalización de la impunidad a partir de la anulación de las leyes de punto final y de obediencia debida. Me pregunto si esto no es profundamente contradictorio.
Con respecto a la otra norma que estamos modificando, que es la Carta Orgánica del Banco Central, quiero decir lo siguiente. Su principal reforma es la del artículo 15, que sustituye al artículo 20 y modifica uno de los puntos fundamentales del sistema financiero, junto con lo que es el redescuento en el sistema financiero en nuestro país, que es la posibilidad de dar préstamos al Estado o al gobierno nacional por parte del Banco Central. En este sentido, volvemos a reiterar nuestra preocupación, pues todos sabemos que para controlar el sistema monetario existen dos caminos: la Caja de Conversión, que estuvo en nuestro país hasta la década del 30 y durante la convertibilidad -es decir, entraba un dólar, salía un peso-, o el actual sistema, que rigió durante muchos años y que sigue vigente en nuestro país, que es el sistema monetario autónomo, donde el Banco Central puede adelantar dinero al gobierno, es decir -como dijo alguien que me precedió en el uso de la palabra-, "poner a andar la maquinita". Lo que ocurre es que el manejo irresponsable de este mecanismo en otros momentos trajo fuertes problemas en el país, tales como procesos inflacionarios que llevaron incluso hasta situaciones de hiperinflación, que después dieron lugar a otra salida que tanto daño nos hizo, como fue la convertibilidad.
Es por eso que en la reforma del año 2002 se plantea que solamente se pueden hacer préstamos si el Estado devuelve lo prestado anteriormente, para poner un límite, y también se pone un límite cuando se dice que solamente puede adelantar en préstamos hasta un 10 por ciento de lo recaudado durante el año anterior. Esto es así porque, como bien dice el refrán, el que se quema con leche ve una vaca y llora, y ya sabemos lo que pasó en la Argentina cuando se aumentaron ilimitadamente estos préstamos al gobierno de turno.
Ahora hay una modificación y se pasa del 10 por ciento al 12 por ciento de la base monetaria, y un 10 por ciento de la recaudación anual, diciendo que el 12 por ciento podrá ser gastado en erogaciones generales, excepto en amortizaciones a organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el BID. Esto quiere decir que el otro 10 por ciento, que representa algo más de 6.500 millones de pesos, puede ser utilizado para el pago de los compromisos con estos organismos internacionales.
Pero esto no podemos sacarlo del actual contexto, pues lo estamos discutiendo a pocos días del 9 de septiembre. En esa fecha la República Argentina tiene fortísimos vencimientos ante estos organismos internacionales, que si no se pagan es probable que entre en default, e indudablemente en el medio existe una negociación con ellos por nuestra deuda.
Resulta evidente que uno de los puntos de discusión de esta renegociación es el porcentaje de nuestro superávit primario que se destinará al pago de los intereses de la deuda. En todos estos años, como todos sabemos, lo único que pagamos con el superávit primario son los intereses de la deuda.
Lo que aquí se está planteando es que frente a una negociación con el Fondo Monetario Internacional el gobierno pague con reservas del Banco Central de la República Argentina, lo que en verdad no es posible porque está prohibido. Pero este mecanismo posibilita la compra de divisas -algo más de dos mil millones de pesos- para por ejemplo ofrecer un gesto de amistad al Fondo Monetario Internacional pagando parte del capital.
Se sostuvo que esto no afecta la base monetaria argentina, pero eso no es verdad. Si con este 10 por ciento el Estado compra las divisas en el mercado bancario, evidentemente pondrá en circulación una cantidad importante de dinero. A la vez, si compra reservas al Banco Central, cuando éste tenga que recuperar esos dólares volverá a colocarlos en el circuito monetario. En consecuencia, no es cierto que no se ponga en riesgo la situación inflacionaria por incremento de la base monetaria. Por el contrario, en alguna medida estamos poniendo en riesgo el proceso inflacionario.
Por otra parte, cabe señalar que una vez más el gobierno se desdice, porque sostuvo que no pagaría la deuda externa si no era por medio del crecimiento. Más del 80 por ciento de los argentinos que apoyan a este gobierno ha escuchado decir que se pagarán los compromisos con los organismos internacionales únicamente a partir del crecimiento económico del país. Sin embargo, la primera medida concreta que se puede adoptar a partir de la sanción de este proyecto de ley es que se comience a pagar capital con las reservas del Banco Central de la República Argentina, que no son recursos provenientes del crecimiento económico.
El bloque del Partido Socialista no acompaña esta iniciativa; quiere reformar el sistema financiero y cree que es necesario mejorar la Carta Orgánica del Banco Central, pero los dos principales artículos de esta iniciativa encierran una profunda contradicción que no compartimos. Votaremos por la negativa porque con tristeza vemos la posibilidad del inicio de un camino que importa desandar lo que se ha andado desde el 25 de mayo próximo pasado, cuando asumió este gobierno.
Sin embargo, debo decir que la discusión y la aprobación de este proyecto por el que se modifican dos leyes importantes -la de entidades financieras y la Carta Orgánica del Banco Central- nos generan tristeza y algunas dudas. Si bien creemos que ambas deben ser reformadas, vemos en este proyecto un punto de inflexión en la política del actual gobierno. Siempre ha estado pendiente qué pasará en el momento en que se deban tomar las decisiones más importantes con respecto al pago de la deuda externa y al aumento de las tarifas. Ahora tenemos la sensación de que con esta iniciativa se inicia un camino que realmente nos preocupa. Por ejemplo, cuando en el artículo 5° del proyecto -por el que se agrega un artículo 35 ter a la ley de entidades financieras- se menciona la protección legal de los integrantes del Banco Central de la República Argentina, sentimos que estamos desandando el camino de la lucha contra la impunidad.
Como se dijo anteriormente, en el punto 29 del memorando que la Argentina firmó con el Fondo Monetario Internacional en el mes de febrero, ese organismo decía textualmente: "Protegerán a los funcionarios públicos de los aspectos de la legislación actual que puedan resultar en impugnaciones o demandas de compensación contra actos realizados en un proceso de reestructuración y saneamiento bancario." ¿Qué nos está diciendo desveladamente el Fondo Monetario Internacional? Que las exigencias para renegociar la deuda y la necesidad de hacer una reforma en el sistema bancario argentino -lo que implicaría la posibilidad concreta de cerrar bancos- traerían aparejadas una serie de medidas que provocarían la reacción de quienes se vieran afectados y que por ello es preciso proteger a los funcionarios.
El proyecto que estamos considerando no pone en discusión aspectos importantes del Banco Central -como por ejemplo su independencia-, pero quizás tiene que ver fundamentalmente con una de sus principales funciones, que es la de superintendencia, es decir, si tiene o no capacidad para sancionar o incluso cerrar un banco que realice actividades que pongan en riesgo el sistema financiero, aunque en realidad la Carta Orgánica vigente ha permitido que en las últimas décadas se actuara en ese sentido.
En síntesis, este proyecto apunta a fortalecer no la facultad de actuar sobre la banca financiera sino los efectos que ésta pueda tener, fundamentalmente la vía judicial planteada por parte de aquellos que se vean afectados.
Estas cuestiones no comienzan en el debate de hoy. Fíjense los señores diputados lo que decía en 1999 el entonces presidente del Banco Central de la República Argentina, doctor Pedro Pou, en la página 188 del informe elevado a este Congreso: "...siento la necesidad de advertir que si quienes deben manejar estos difíciles procesos de reestructuración están sometidos a la Justicia penal por actos en los que -sin mediar una conducta dolosa- se interpreta que no actuaron en el momento técnicamente oportuno o con la medida técnicamente adecuada, será difícil contar en el Banco Central con funcionarios probos e idóneos."
Quien lo sucedió en la presidencia del banco, el doctor Mario Blejer, también insistió en este tema, y quizás la causa de su renuncia haya sido la negativa que recibió de parte del actual ministro de Economía, doctor Lavagna.
Por su parte, el actual titular del Banco Central, doctor Alfonso Prat-Gay, insistió fuertemente en este concepto ya incluido en el memorando firmado con el
Fondo Monetario Internacional y puso como ejemplo una especie de anécdota del bombero diciendo textualmente: "Si un bombero derriba la puerta de una casa que se está incendiando para salvar a sus moradores, luego no debería ser juzgado por violentar la propiedad privada". Esto lo dijo en declaraciones al diario "Clarín" el 29 de enero de 2003. Lo que podríamos decir al señor presidente del Banco Central es cuán deteriorado está el sistema judicial en ese mundo que él imagina, donde condenan a un bombero por romper un vidrio para salvar una vida humana.
Ahí está el verdadero problema. Una de las dificultades de la Argentina de los últimos años radica en tener una Justicia compuesta por muchos de los jueces de la servilleta o jueces de los dedos políticos que tuvieron el apoyo de quienes en su momento eran mayoría política en la Argentina. Hoy, ante el cambio real de la situación política en nuestro país, esos jueces se ven sin ese respaldo que tenían y muchas veces buscan la forma de tener fallos rutilantes para salir en las primeras páginas de los diarios. Evidentemente, si los funcionarios del Banco Central de la República Argentina tienen que cerrar bancos para iniciar un proceso de reforma del sistema financiero, serían un "bocado de cardenal" para algunos de esos jueces.
Sin duda, eso genera mucho miedo. Pero me pregunto si nosotros podemos resolver una aberración en las instituciones de nuestro país -como es tener una Justicia con esa clase de jueces- con otra aberración, como es dar impunidad a los funcionarios del Banco Central de la República Argentina desdiciéndonos de lo que ha aprobado hace pocos días este Congreso: la finalización de la impunidad a partir de la anulación de las leyes de punto final y de obediencia debida. Me pregunto si esto no es profundamente contradictorio.
Con respecto a la otra norma que estamos modificando, que es la Carta Orgánica del Banco Central, quiero decir lo siguiente. Su principal reforma es la del artículo 15, que sustituye al artículo 20 y modifica uno de los puntos fundamentales del sistema financiero, junto con lo que es el redescuento en el sistema financiero en nuestro país, que es la posibilidad de dar préstamos al Estado o al gobierno nacional por parte del Banco Central. En este sentido, volvemos a reiterar nuestra preocupación, pues todos sabemos que para controlar el sistema monetario existen dos caminos: la Caja de Conversión, que estuvo en nuestro país hasta la década del 30 y durante la convertibilidad -es decir, entraba un dólar, salía un peso-, o el actual sistema, que rigió durante muchos años y que sigue vigente en nuestro país, que es el sistema monetario autónomo, donde el Banco Central puede adelantar dinero al gobierno, es decir -como dijo alguien que me precedió en el uso de la palabra-, "poner a andar la maquinita". Lo que ocurre es que el manejo irresponsable de este mecanismo en otros momentos trajo fuertes problemas en el país, tales como procesos inflacionarios que llevaron incluso hasta situaciones de hiperinflación, que después dieron lugar a otra salida que tanto daño nos hizo, como fue la convertibilidad.
Es por eso que en la reforma del año 2002 se plantea que solamente se pueden hacer préstamos si el Estado devuelve lo prestado anteriormente, para poner un límite, y también se pone un límite cuando se dice que solamente puede adelantar en préstamos hasta un 10 por ciento de lo recaudado durante el año anterior. Esto es así porque, como bien dice el refrán, el que se quema con leche ve una vaca y llora, y ya sabemos lo que pasó en la Argentina cuando se aumentaron ilimitadamente estos préstamos al gobierno de turno.
Ahora hay una modificación y se pasa del 10 por ciento al 12 por ciento de la base monetaria, y un 10 por ciento de la recaudación anual, diciendo que el 12 por ciento podrá ser gastado en erogaciones generales, excepto en amortizaciones a organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el BID. Esto quiere decir que el otro 10 por ciento, que representa algo más de 6.500 millones de pesos, puede ser utilizado para el pago de los compromisos con estos organismos internacionales.
Pero esto no podemos sacarlo del actual contexto, pues lo estamos discutiendo a pocos días del 9 de septiembre. En esa fecha la República Argentina tiene fortísimos vencimientos ante estos organismos internacionales, que si no se pagan es probable que entre en default, e indudablemente en el medio existe una negociación con ellos por nuestra deuda.
Resulta evidente que uno de los puntos de discusión de esta renegociación es el porcentaje de nuestro superávit primario que se destinará al pago de los intereses de la deuda. En todos estos años, como todos sabemos, lo único que pagamos con el superávit primario son los intereses de la deuda.
Lo que aquí se está planteando es que frente a una negociación con el Fondo Monetario Internacional el gobierno pague con reservas del Banco Central de la República Argentina, lo que en verdad no es posible porque está prohibido. Pero este mecanismo posibilita la compra de divisas -algo más de dos mil millones de pesos- para por ejemplo ofrecer un gesto de amistad al Fondo Monetario Internacional pagando parte del capital.
Se sostuvo que esto no afecta la base monetaria argentina, pero eso no es verdad. Si con este 10 por ciento el Estado compra las divisas en el mercado bancario, evidentemente pondrá en circulación una cantidad importante de dinero. A la vez, si compra reservas al Banco Central, cuando éste tenga que recuperar esos dólares volverá a colocarlos en el circuito monetario. En consecuencia, no es cierto que no se ponga en riesgo la situación inflacionaria por incremento de la base monetaria. Por el contrario, en alguna medida estamos poniendo en riesgo el proceso inflacionario.
Por otra parte, cabe señalar que una vez más el gobierno se desdice, porque sostuvo que no pagaría la deuda externa si no era por medio del crecimiento. Más del 80 por ciento de los argentinos que apoyan a este gobierno ha escuchado decir que se pagarán los compromisos con los organismos internacionales únicamente a partir del crecimiento económico del país. Sin embargo, la primera medida concreta que se puede adoptar a partir de la sanción de este proyecto de ley es que se comience a pagar capital con las reservas del Banco Central de la República Argentina, que no son recursos provenientes del crecimiento económico.
El bloque del Partido Socialista no acompaña esta iniciativa; quiere reformar el sistema financiero y cree que es necesario mejorar la Carta Orgánica del Banco Central, pero los dos principales artículos de esta iniciativa encierran una profunda contradicción que no compartimos. Votaremos por la negativa porque con tristeza vemos la posibilidad del inicio de un camino que importa desandar lo que se ha andado desde el 25 de mayo próximo pasado, cuando asumió este gobierno.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. GUTIERREZ, FRANCISCO VIRGILIO (BUENOS AIRES):
Señor presidente: adelanto que la bancada del Polo Social votará por la negativa el proyecto en consideración.
Asimismo, solicito la inserción en el Diario de Sesiones del comunicado de la Asociación Bancaria, seccional Capital, firmado por los compañeros Eduardo Berrozpe y Raúl Fontana, y la carta dirigida al señor presidente de la Nación por su secretario general, el compañero Juan José Zanola. Como trabajadores bancarios conocedores del sistema financiero argentino ellos han expresado su oposición al presente proyecto de ley.
Por otro lado, quiero señalar que el sistema financiero argentino, modificado a partir del rodrigazo acaecido en 1975, que produjo la liberalización de los depósitos bancarios, generó una nueva modalidad de ahorro con Valores Nacionales Ajustables. A partir de ese momento se transforma el ahorro en pesos de la comunidad argentina para pasarlo a dólares y de esa forma se dolariza la economía argentina. Con las posteriores modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central y a la ley de entidades financieras llevadas a cabo por la dictadura militar de Videla y de José Alfredo Martínez de Hoz, se transforma el sistema financiero argentino, que deja de lado como objetivo principal la asistencia y el crédito a la producción e inversión industrial argentinas para convertirse en un sistema financiero absolutamente especulativo, que generó la destrucción del aparato productivo nacional, el estancamiento, la exclusión y la desocupación que hoy padecemos en el país.
Con todas las expectativas que se están generando a partir de los importantes y fuertes gestos que ha hecho el presidente de la Nación en materia de reformas, sobre todo al atacar la cuestión de la impunidad, esperábamos justamente que no se planteara la profundización de la impunidad, no sólo de quienes cometieron crímenes de lesa humanidad durante los años oscuros de nuestro país sino también de aquellos que produjeron el vaciamiento económico y financiero del país a través de la fuga de capitales y que se inició con la anulación de la ley de subversión económica. Con este proyecto de ley se permite la impunidad a los miembros del directorio del Banco Central, como así también de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias.
Por esta razón, previo a seguir haciendo retoques a la matriz generadora de un sistema financiero perverso -representado por las leyes de Videla y de Martínez de Hoz-, el Congreso de la Nación debería abocarse al estudio y análisis profundo de una reforma de todo el sistema, comenzando por una nueva Carta Orgánica del Banco Central -hemos presentado un proyecto en tal sentido- y una nueva ley de entidades financieras.
Tenemos una deuda pendiente a raíz del mandato del juez federal Ballesteros en la causa Alejandro Olmos, en la que investigó el endeudamiento ilícito de nuestro país y estudió los orígenes de la deuda externa. El Congreso de la Nación está en deuda y, previo a cualquier reforma del sistema, debe abocarse al análisis y estudio del endeudamiento externo, tal cual lo plantea la resolución del juez y haciendo honor a ese patriota que fue el compañero Alejandro Olmos.
Además de generar impunidad esta reforma financiera plantea la imposibilidad de desarrollar en el futuro una política monetaria nacional.
Es lógica la necesidad de financiamiento que se plantea en la reforma al artículo 20, al permitir adelantos del Banco Central al gobierno nacional del 12 y del 10 por ciento. Es lícito que el Estado se financie, pero no para pagar exclusivamente los intereses y el capital de la deuda externa. El financiamiento debería llevarse a cabo en función de un proyecto de reindustrialización y de recuperación del trabajo para eliminar la desocupación en el país.
Por otro lado, en otros artículos que apuntan a la eliminación de una política monetaria nacional, se impide en el futuro la circulación de monedas provinciales. Sobre esto quiero decir, con absoluta claridad, que el Fondo Monetario Internacional y los organismos internacionales cuestionan la política de muchas provincias para tener circulante durante la crisis de los años 2000 y 2001, mediante la emisión de monedas provinciales o nacionales como las LECOP, los patacones y otras, que permitieron evitar una crisis social y productiva de gran magnitud.
Sin esa creatividad y sin esa política monetaria local, la situación socioeconómica del país hubiese sido mucho más dramática cuando los acontecimientos vividos el 19 y 20 de diciembre de 2001.
Creemos que la imposibilidad planteada por el Fondo Monetario Internacional de tener una política monetaria local o de la creación de monedas locales atenta contra la posibilidad de la recuperación productiva nacional.
El solo hecho de haber podido sostener los términos planteados en el acuerdo de los 14 puntos firmado durante la crisis institucional vivida en el país en el año 2002, permite suponer que lo que puede ocurrir con la sanción de este proyecto de ley es que exista estancamiento productivo en el futuro y recesión, sin poder salir de la situación dramática de desocupación que hoy tenemos en nuestra patria.
Queremos alertar sobre el hecho de que esta norma servirá para ver frustradas las esperanzas y las expectativas que tiene el pueblo argentino sobre la posibilidad de cambios y de mejoras en la realidad socioeconómica del país.
Por las razones apuntadas, dejamos sentado que vamos a insertar como fundamento de nuestra posición en contra de esta norma lo sustentado por los compañeros de la Asociación Bancaria, de la Seccional Capital y del Secretariado Nacional, es decir, trabajadores que conocen perfectamente el funcionamiento y las consecuencias que tendrá la aprobación de esta iniciativa.
Asimismo, solicito la inserción en el Diario de Sesiones del comunicado de la Asociación Bancaria, seccional Capital, firmado por los compañeros Eduardo Berrozpe y Raúl Fontana, y la carta dirigida al señor presidente de la Nación por su secretario general, el compañero Juan José Zanola. Como trabajadores bancarios conocedores del sistema financiero argentino ellos han expresado su oposición al presente proyecto de ley.
Por otro lado, quiero señalar que el sistema financiero argentino, modificado a partir del rodrigazo acaecido en 1975, que produjo la liberalización de los depósitos bancarios, generó una nueva modalidad de ahorro con Valores Nacionales Ajustables. A partir de ese momento se transforma el ahorro en pesos de la comunidad argentina para pasarlo a dólares y de esa forma se dolariza la economía argentina. Con las posteriores modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central y a la ley de entidades financieras llevadas a cabo por la dictadura militar de Videla y de José Alfredo Martínez de Hoz, se transforma el sistema financiero argentino, que deja de lado como objetivo principal la asistencia y el crédito a la producción e inversión industrial argentinas para convertirse en un sistema financiero absolutamente especulativo, que generó la destrucción del aparato productivo nacional, el estancamiento, la exclusión y la desocupación que hoy padecemos en el país.
Con todas las expectativas que se están generando a partir de los importantes y fuertes gestos que ha hecho el presidente de la Nación en materia de reformas, sobre todo al atacar la cuestión de la impunidad, esperábamos justamente que no se planteara la profundización de la impunidad, no sólo de quienes cometieron crímenes de lesa humanidad durante los años oscuros de nuestro país sino también de aquellos que produjeron el vaciamiento económico y financiero del país a través de la fuga de capitales y que se inició con la anulación de la ley de subversión económica. Con este proyecto de ley se permite la impunidad a los miembros del directorio del Banco Central, como así también de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias.
Por esta razón, previo a seguir haciendo retoques a la matriz generadora de un sistema financiero perverso -representado por las leyes de Videla y de Martínez de Hoz-, el Congreso de la Nación debería abocarse al estudio y análisis profundo de una reforma de todo el sistema, comenzando por una nueva Carta Orgánica del Banco Central -hemos presentado un proyecto en tal sentido- y una nueva ley de entidades financieras.
Tenemos una deuda pendiente a raíz del mandato del juez federal Ballesteros en la causa Alejandro Olmos, en la que investigó el endeudamiento ilícito de nuestro país y estudió los orígenes de la deuda externa. El Congreso de la Nación está en deuda y, previo a cualquier reforma del sistema, debe abocarse al análisis y estudio del endeudamiento externo, tal cual lo plantea la resolución del juez y haciendo honor a ese patriota que fue el compañero Alejandro Olmos.
Además de generar impunidad esta reforma financiera plantea la imposibilidad de desarrollar en el futuro una política monetaria nacional.
Es lógica la necesidad de financiamiento que se plantea en la reforma al artículo 20, al permitir adelantos del Banco Central al gobierno nacional del 12 y del 10 por ciento. Es lícito que el Estado se financie, pero no para pagar exclusivamente los intereses y el capital de la deuda externa. El financiamiento debería llevarse a cabo en función de un proyecto de reindustrialización y de recuperación del trabajo para eliminar la desocupación en el país.
Por otro lado, en otros artículos que apuntan a la eliminación de una política monetaria nacional, se impide en el futuro la circulación de monedas provinciales. Sobre esto quiero decir, con absoluta claridad, que el Fondo Monetario Internacional y los organismos internacionales cuestionan la política de muchas provincias para tener circulante durante la crisis de los años 2000 y 2001, mediante la emisión de monedas provinciales o nacionales como las LECOP, los patacones y otras, que permitieron evitar una crisis social y productiva de gran magnitud.
Sin esa creatividad y sin esa política monetaria local, la situación socioeconómica del país hubiese sido mucho más dramática cuando los acontecimientos vividos el 19 y 20 de diciembre de 2001.
Creemos que la imposibilidad planteada por el Fondo Monetario Internacional de tener una política monetaria local o de la creación de monedas locales atenta contra la posibilidad de la recuperación productiva nacional.
El solo hecho de haber podido sostener los términos planteados en el acuerdo de los 14 puntos firmado durante la crisis institucional vivida en el país en el año 2002, permite suponer que lo que puede ocurrir con la sanción de este proyecto de ley es que exista estancamiento productivo en el futuro y recesión, sin poder salir de la situación dramática de desocupación que hoy tenemos en nuestra patria.
Queremos alertar sobre el hecho de que esta norma servirá para ver frustradas las esperanzas y las expectativas que tiene el pueblo argentino sobre la posibilidad de cambios y de mejoras en la realidad socioeconómica del país.
Por las razones apuntadas, dejamos sentado que vamos a insertar como fundamento de nuestra posición en contra de esta norma lo sustentado por los compañeros de la Asociación Bancaria, de la Seccional Capital y del Secretariado Nacional, es decir, trabajadores que conocen perfectamente el funcionamiento y las consecuencias que tendrá la aprobación de esta iniciativa.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
SR. BOSSA, MAURICIO (CORDOBA):
Señor presidente: el motivo de estas pocas palabras es manifestar la posición del bloque de la UCEDE de acompañar la aprobación en general de este proyecto, con algunas salvedades. Apoyamos la voluntad del proyecto de rescatar al sistema financiero de la situación de colapso en la cual se vio sumido hace más de un año, fruto de la crisis macroeconómica que vivió el país, del excesivo endeudamiento del gobierno y de la falta de reformas estructurales de segunda generación en los diversos niveles de gobierno, inclusive de una clara política recaudatoria que desalentara la evasión fiscal para cubrir los ya tradicionales y crónicos déficit que eran patentes para los niveles nacionales, provinciales y municipales.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, doctor Juan Manuel Urtubey.
SR. BOSSA, MAURICIO (CORDOBA):
Señor presidente: deseamos rescatar el artículo 18 del proyecto de ley en consideración, que sustituye al artículo 30 de la Carta Orgánica del Banco Central, preservando -a nuestro juicio muy sabiamente- el monopolio del Banco Central para la emisión de la moneda legítima del país al decir que el Banco Central de la República Argentina es el único organismo estatal con capacidad para emitir moneda y controlar su circulante.
También creemos pertinente la adopción de definiciones taxativas respecto de los medios de pago, para que se entienda cuándo un medio de pago es una cuasimoneda y cuándo no lo es.
Deseamos recordar que contar con una moneda única y un organismo, en este caso el Banco Central de la República Argentina, encargado de su manejo, es saludable en tanto la política monetaria no sea un instrumento para financiar los desequilibrios del gobierno nacional.
Hoy, se podrá decir que tenemos superávit, pero todos sabemos que no es sustentable en el largo plazo sin crecimiento económico, que es el gran ausente en el modelo económico imperante en la República.
Más allá de haber comprendido las circunstancias históricas y macroeconómicas que motivaron el crecimiento exponencial de las cuasimonedas, es necesario destacar que si queremos contar con un crecimiento económico sustentable hace falta cierto orden monetario. En ese sentido, la proliferación de las cuasimonedas, a la que hemos asistido azorados los argentinos en los últimos años -nacionales, mediante la emisión de las LECOP, o provinciales con canastas variopintas-, y la actuación de los sectores privados mediante los clubes del trueque, no le han hecho bien a la economía. Todo desorden macroeconómico desestima y no estimula el crecimiento económico del país.
La consistencia de la política monetaria es crucial para lograr el crecimiento, dado que en un contexto de estabilidad los agentes económicos deciden invertir. Sin estabilidad macroeconómica y política, no hay inversión. Sin inversión, no hay crecimiento. Se trata de una regla de oro que cualquier gobernante debería tener en cuenta si quiere encaminar a la República por sendas de bonanza y de crecimiento.
También deseamos manifestar nuestra discrepancia con el artículo 15 de este proyecto de ley, que sustituye al artículo 20 de la Carta Orgánica del Banco Central. En ese artículo se establece una especie de fórmula polinómica y algebraica, por medio de la cual el Banco Central podrá hacer adelantos transitorios al gobierno nacional para una multiplicidad de fines. El artículo termina con una especie de promesa de redención macroeconómica o monetaria, manifestando que todos los adelantos concedidos en su marco deberán ser reembolsados dentro de los doce meses de efectuados. Si eso no ocurre, no se le volverá a prestar.
Todos sabemos qué ha pasado en el país cada vez que han existido permisos para emitir moneda y financiar los déficit gubernamentales. Es aquí donde encontramos una contradicción. Por un lado, se establece la sacralidad de la emisión de moneda como facultad monopólica del Banco Central. Por otro, se dice que en ciertas condiciones el Banco Central puede hacer uso de la facultad de emitir para financiar el crédito del gobierno nacional.
Me parece que hemos perdido la memoria de los efectos de la cuenta de regulación monetaria y de las consecuencias de la permanente emisión para financiar el Tesoro nacional. De esta forma vamos a volver a años anteriores, donde todo esto era una práctica habitual.
Deseo recordar que los países serios y avanzados, con ingresos per cápita altos, cuentan con políticas monetarias consistentes con la estabilidad financiera del gobierno.
Quiero aprovechar esta ocasión para recordar lo que hizo un ex gobernador de la provincia de Córdoba en 1904. Me estoy refiriendo a Ramón Cárcano, quien presentó un proyecto de ley para crear el Banco Provincia de Córdoba como entidad mixta con capitales públicos y privados. Decía Cárcano que el peligro inherente al uso del crédito consiste en que en principio puede utilizarse con eficiencia, pero una mera exageración o abuso provocará desconfianza en el mercado y asegurará el fracaso que la promesa del crédito podía encerrar.
Se podrá decir que la reforma del artículo 20 de la Carta Orgánica del Banco Central puede efectuarse y es pertinente, porque hoy el gobierno tiene superávit gracias a las políticas claramente ortodoxas -diría clásicas- del ministro Lavagna y su equipo, más allá de que se pretenda sostener que son políticas progresistas.
Preferiría correr el riesgo de tener otros ministros que no fueran tan ortodoxos ni clásicos en el manejo económico, antes que darle al Banco Central la posibilidad de subsidiar el déficit público y, eventualmente, pagar con reservas las acreencias de los organismos internacionales, cuando todos sabemos que esos pagos sólo se pueden realizar con crecimiento y con superávit primario estatal. Para ello se requiere un Estado que haya definido de una vez por todas cómo va a funcionar, cómo va a gastar y, fundamentalmente, cómo recaudará.
En el fondo estamos discutiendo la consistencia de la política monetaria del país. A nadie escapa que todas las economías conocen períodos -a veces largos- de crecimiento inferior al potencial, desempleo mayor al natural, inflación elevada, déficit excesivos, etcétera, sin que muchas de las políticas denominadas activas den resultado para paliar estos problemas.
Muchas veces las causas de estos desequilibrios son expuestas como la falta de voluntad política para corregirlos, o la existencia de restricciones que evitan la adopción de las políticas apropiadas; pero también puede ser que estas políticas -a veces llamadas activas- no sean las adecuadas, dado que no consideran la raíz monetaria que tienen en el fondo todos los problemas económicos, inclusive las grandes crisis de los gobiernos.
Los estudiosos de estos temas, como Barro, Lucas, Sargent y otros, han analizado la eficacia de la política monetaria bajo diferentes enfoques: de raíz keynesiana, con información asimétrica, con expectativas no racionales y otros.
Concluyen que los efectos de una medida de política económica deben ser consistentes con el modo en que los agentes privados entienden cómo los cambios de política alteran las formas de optimización de las conductas privadas.
Por ello todos esos autores recomiendan llevar adelante políticas monetarias prudentes, que no provoquen variaciones bruscas y cuantiosas en la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero, sin intervenciones discrecionales y anunciando previamente la regla que se seguirá para ganar credibilidad.
Obviamente, la reforma que se pretende introducir al artículo 20 de la Carta Orgánica del Banco Central va a contramano de este pensamiento, al que adscribimos en este momento.
Quiero hacer notar la contradicción que aparece en el proyecto de ley. Por un lado, se limita sabiamente la creación de masa monetaria mediante la emisión de cuasimonedas -aquí rescato las palabras del señor diputado Llano en el sentido de que esta prohibición debería ser punida mediante sanciones concretas a aquellas provincias, municipios o actores privados que violen esta disposición- y se asegura que la base monetaria no será aumentada por agentes exógenos al sistema financiero; pero por otro se otorga -junto con una fórmula polinómica y la promesa de portarse bien- un crédito al gobierno para que financie su déficit y, eventualmente, pague las deudas con organismos multilaterales de crédito.
Quiero concluir con un pensamiento de Giovanni Sartori, quien dice que la misión de la política es distribuir la riqueza con equidad, mientras que la misión de la economía es crear esa riqueza. Sin embargo, este politólogo italiano señala que no hay que llamarse a engaño, ya que sin una economía fuerte, la política no tiene nada que distribuir. Sin una economía fuerte que genere crecimiento, la política sólo puede repartir miseria.
Finalmente, creo que el prolegómeno de una economía fuerte es una moneda sana, y la modificación propuesta a este artículo no contribuye a dicho fin.
Rescato las palabras de un viejo socialista, Juan B. Justo, quien decía que los gobiernos debían tener políticas fiscales prudentes, porque del excesivo déficit fiscal surgen monedas débiles que van a contramano de los intereses de la clase obrera, que necesita una moneda fuerte para poder asegurarse su sustento. La mejor garantía de contar con una economía sana, es una moneda fuerte; y esto se logra con la independencia plena del Banco Central de la República Argentina. Por ello, vamos a oponernos en modo particular a la modificación de este artículo de la ley de Carta Orgánica del Banco Central.
También creemos pertinente la adopción de definiciones taxativas respecto de los medios de pago, para que se entienda cuándo un medio de pago es una cuasimoneda y cuándo no lo es.
Deseamos recordar que contar con una moneda única y un organismo, en este caso el Banco Central de la República Argentina, encargado de su manejo, es saludable en tanto la política monetaria no sea un instrumento para financiar los desequilibrios del gobierno nacional.
Hoy, se podrá decir que tenemos superávit, pero todos sabemos que no es sustentable en el largo plazo sin crecimiento económico, que es el gran ausente en el modelo económico imperante en la República.
Más allá de haber comprendido las circunstancias históricas y macroeconómicas que motivaron el crecimiento exponencial de las cuasimonedas, es necesario destacar que si queremos contar con un crecimiento económico sustentable hace falta cierto orden monetario. En ese sentido, la proliferación de las cuasimonedas, a la que hemos asistido azorados los argentinos en los últimos años -nacionales, mediante la emisión de las LECOP, o provinciales con canastas variopintas-, y la actuación de los sectores privados mediante los clubes del trueque, no le han hecho bien a la economía. Todo desorden macroeconómico desestima y no estimula el crecimiento económico del país.
La consistencia de la política monetaria es crucial para lograr el crecimiento, dado que en un contexto de estabilidad los agentes económicos deciden invertir. Sin estabilidad macroeconómica y política, no hay inversión. Sin inversión, no hay crecimiento. Se trata de una regla de oro que cualquier gobernante debería tener en cuenta si quiere encaminar a la República por sendas de bonanza y de crecimiento.
También deseamos manifestar nuestra discrepancia con el artículo 15 de este proyecto de ley, que sustituye al artículo 20 de la Carta Orgánica del Banco Central. En ese artículo se establece una especie de fórmula polinómica y algebraica, por medio de la cual el Banco Central podrá hacer adelantos transitorios al gobierno nacional para una multiplicidad de fines. El artículo termina con una especie de promesa de redención macroeconómica o monetaria, manifestando que todos los adelantos concedidos en su marco deberán ser reembolsados dentro de los doce meses de efectuados. Si eso no ocurre, no se le volverá a prestar.
Todos sabemos qué ha pasado en el país cada vez que han existido permisos para emitir moneda y financiar los déficit gubernamentales. Es aquí donde encontramos una contradicción. Por un lado, se establece la sacralidad de la emisión de moneda como facultad monopólica del Banco Central. Por otro, se dice que en ciertas condiciones el Banco Central puede hacer uso de la facultad de emitir para financiar el crédito del gobierno nacional.
Me parece que hemos perdido la memoria de los efectos de la cuenta de regulación monetaria y de las consecuencias de la permanente emisión para financiar el Tesoro nacional. De esta forma vamos a volver a años anteriores, donde todo esto era una práctica habitual.
Deseo recordar que los países serios y avanzados, con ingresos per cápita altos, cuentan con políticas monetarias consistentes con la estabilidad financiera del gobierno.
Quiero aprovechar esta ocasión para recordar lo que hizo un ex gobernador de la provincia de Córdoba en 1904. Me estoy refiriendo a Ramón Cárcano, quien presentó un proyecto de ley para crear el Banco Provincia de Córdoba como entidad mixta con capitales públicos y privados. Decía Cárcano que el peligro inherente al uso del crédito consiste en que en principio puede utilizarse con eficiencia, pero una mera exageración o abuso provocará desconfianza en el mercado y asegurará el fracaso que la promesa del crédito podía encerrar.
Se podrá decir que la reforma del artículo 20 de la Carta Orgánica del Banco Central puede efectuarse y es pertinente, porque hoy el gobierno tiene superávit gracias a las políticas claramente ortodoxas -diría clásicas- del ministro Lavagna y su equipo, más allá de que se pretenda sostener que son políticas progresistas.
Preferiría correr el riesgo de tener otros ministros que no fueran tan ortodoxos ni clásicos en el manejo económico, antes que darle al Banco Central la posibilidad de subsidiar el déficit público y, eventualmente, pagar con reservas las acreencias de los organismos internacionales, cuando todos sabemos que esos pagos sólo se pueden realizar con crecimiento y con superávit primario estatal. Para ello se requiere un Estado que haya definido de una vez por todas cómo va a funcionar, cómo va a gastar y, fundamentalmente, cómo recaudará.
En el fondo estamos discutiendo la consistencia de la política monetaria del país. A nadie escapa que todas las economías conocen períodos -a veces largos- de crecimiento inferior al potencial, desempleo mayor al natural, inflación elevada, déficit excesivos, etcétera, sin que muchas de las políticas denominadas activas den resultado para paliar estos problemas.
Muchas veces las causas de estos desequilibrios son expuestas como la falta de voluntad política para corregirlos, o la existencia de restricciones que evitan la adopción de las políticas apropiadas; pero también puede ser que estas políticas -a veces llamadas activas- no sean las adecuadas, dado que no consideran la raíz monetaria que tienen en el fondo todos los problemas económicos, inclusive las grandes crisis de los gobiernos.
Los estudiosos de estos temas, como Barro, Lucas, Sargent y otros, han analizado la eficacia de la política monetaria bajo diferentes enfoques: de raíz keynesiana, con información asimétrica, con expectativas no racionales y otros.
Concluyen que los efectos de una medida de política económica deben ser consistentes con el modo en que los agentes privados entienden cómo los cambios de política alteran las formas de optimización de las conductas privadas.
Por ello todos esos autores recomiendan llevar adelante políticas monetarias prudentes, que no provoquen variaciones bruscas y cuantiosas en la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero, sin intervenciones discrecionales y anunciando previamente la regla que se seguirá para ganar credibilidad.
Obviamente, la reforma que se pretende introducir al artículo 20 de la Carta Orgánica del Banco Central va a contramano de este pensamiento, al que adscribimos en este momento.
Quiero hacer notar la contradicción que aparece en el proyecto de ley. Por un lado, se limita sabiamente la creación de masa monetaria mediante la emisión de cuasimonedas -aquí rescato las palabras del señor diputado Llano en el sentido de que esta prohibición debería ser punida mediante sanciones concretas a aquellas provincias, municipios o actores privados que violen esta disposición- y se asegura que la base monetaria no será aumentada por agentes exógenos al sistema financiero; pero por otro se otorga -junto con una fórmula polinómica y la promesa de portarse bien- un crédito al gobierno para que financie su déficit y, eventualmente, pague las deudas con organismos multilaterales de crédito.
Quiero concluir con un pensamiento de Giovanni Sartori, quien dice que la misión de la política es distribuir la riqueza con equidad, mientras que la misión de la economía es crear esa riqueza. Sin embargo, este politólogo italiano señala que no hay que llamarse a engaño, ya que sin una economía fuerte, la política no tiene nada que distribuir. Sin una economía fuerte que genere crecimiento, la política sólo puede repartir miseria.
Finalmente, creo que el prolegómeno de una economía fuerte es una moneda sana, y la modificación propuesta a este artículo no contribuye a dicho fin.
Rescato las palabras de un viejo socialista, Juan B. Justo, quien decía que los gobiernos debían tener políticas fiscales prudentes, porque del excesivo déficit fiscal surgen monedas débiles que van a contramano de los intereses de la clase obrera, que necesita una moneda fuerte para poder asegurarse su sustento. La mejor garantía de contar con una economía sana, es una moneda fuerte; y esto se logra con la independencia plena del Banco Central de la República Argentina. Por ello, vamos a oponernos en modo particular a la modificación de este artículo de la ley de Carta Orgánica del Banco Central.
SR. PRESIDENTE(URTUBEY)
Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
SR. ESAIN, DANIEL (MENDOZA):
Señor presidente: a nuestro juicio, el proyecto de ley en debate se divide en dos partes: la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, por un lado, y la ley de entidades financieras, por el otro.
Aquí se ha hablado acerca de las ventajas y de los inconvenientes de acceder a una liberación restringida para la emisión monetaria; creo que en última instancia estamos asistiendo a una ficción jurídica.
Existe una decisión política del gobierno nacional -claramente expresada- en el sentido de recomponer relaciones con los organismos internacionales a partir de pautas precisas, entre ellas, que no se puede pagar la deuda externa sobre la base de la miseria y el hambre del pueblo.
Digo que estamos asistiendo a una ficción jurídica porque, en realidad, los fondos que se utilicen para pagar el vencimiento del mes de septiembre son del Estado nacional, es decir, de todos los contribuyentes. No importa si son tomados de las normas del Banco Central o si surgen de una emisión monetaria restringida; lo cierto es que son fondos públicos que serán afectados al pago de ese vencimiento de la deuda. Por lo tanto, siempre paga el Estado; siempre son fondos públicos. De tal manera que la emisión restringida a que autoriza el proyecto de ley en tratamiento tiene ese objetivo; el otro objetivo se relaciona con el financiamiento.
Aquí se ha hablado acerca de las ventajas y de los inconvenientes de acceder a una liberación restringida para la emisión monetaria; creo que en última instancia estamos asistiendo a una ficción jurídica.
Existe una decisión política del gobierno nacional -claramente expresada- en el sentido de recomponer relaciones con los organismos internacionales a partir de pautas precisas, entre ellas, que no se puede pagar la deuda externa sobre la base de la miseria y el hambre del pueblo.
Digo que estamos asistiendo a una ficción jurídica porque, en realidad, los fondos que se utilicen para pagar el vencimiento del mes de septiembre son del Estado nacional, es decir, de todos los contribuyentes. No importa si son tomados de las normas del Banco Central o si surgen de una emisión monetaria restringida; lo cierto es que son fondos públicos que serán afectados al pago de ese vencimiento de la deuda. Por lo tanto, siempre paga el Estado; siempre son fondos públicos. De tal manera que la emisión restringida a que autoriza el proyecto de ley en tratamiento tiene ese objetivo; el otro objetivo se relaciona con el financiamiento.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Eduardo Oscar Camaño.
SR. ESAIN, DANIEL (MENDOZA):
Recién escuché decir que una economía no funciona si no hay moneda estable y que la política no reparte si verdaderamente no existe una economía fuerte. En realidad, lo que le ha sucedido a este país es que, bajo el pensamiento del Consenso de Washington y su filosofía -que aquí reinó durante doce años-, se quiso reactivar la economía sobre la base del fortalecimiento de los grupos y de los sectores económicos concentrados, que cada vez lograron mayor concentración. En realidad, esos grupos no se manejan con la economía de mercado sino que lo hacen por la presión política internacional que ejercen a través del Fondo Monetario Internacional y de sus respectivos países.
En el ámbito de la República Argentina no ha existido la denominada "libertad de mercado". Las empresas privatizadas, a través de funcionarios venales del Estado, impusieron condiciones leoninas a los usuarios y consumidores. Aquí existió un seguro de cambio -el uno a uno- que permitió que los capitales golondrina fueran desangrando lentamente al país, y cuando desaparece este ficticio uno a uno y los bancos -también gracias a funcionarios venales y a resoluciones del Estado- se apoderan del ahorro de los argentinos, pareció que el país se caía a pedazos. En ese momento se tomó la decisión de devaluar, que fue sumamente criticada.
Hoy, por esa devaluación y por otras resoluciones que se tomaron en el ámbito del Estado, la Argentina está comenzando un proceso de reindustrialización. Salvo aquellos que plantean una ruptura total con los organismos internacionales, el resto sostiene la necesidad -bajo determinadas condiciones de dignidad nacional y de apoyo a los sectores más carentes del pueblo- de establecer una negociación que normalice nuestra situación con los organismos internacionales.
Sin duda, uno de los objetivos del proyecto de ley es justamente habilitar la emisión monetaria para conseguir los recursos que la Argentina va a tener que utilizar cuando culmine la negociación.
El segundo objetivo es una modificación a la Carta Orgánica del Banco Central y a la ley de entidades financieras. El artículo 35 bis, del capítulo IV de la ley de entidades financieras vigente, habla de la reestructuración de cualquier entidad financiera en resguardo del crédito y de los depósitos bancarios. Me parece que el resultado final no va a tener absolutamente nada que ver con lo que persigue la ley, y voy a hacer una rápida comparación entre la norma actual y la modificación que se propone.
El apartado II) del artículo 35 bis de la ley actual no prevé la creación de fideicomisos como activos a ser separados. En el proyecto que estamos discutiendo se dice, concretamente, que cuando el Banco Central lo considere conveniente se podrán constituir fideicomisos financieros con todos o parte de los activos de la entidad.
Los fideicomisos financieros son una creación de la ley 24.441, que tantos dolores de cabeza e injusticias ha traído a la inmensa mayoría de los argentinos que están endeudados en créditos hipotecarios. Esta ley, que se sancionó por el año 1995...
Señor presidente: con todo respeto quiero decir que yo siempre permanezco en las sesiones desde que se inician hasta que terminan. Hay discursos que me gustan y exposiciones que me gustan menos, pero trato de escuchar a todos los legisladores que hablan. Por eso, modestamente pido que quien no me quiera escuchar se retire del recinto, porque me gustaría terminar mi alocución en un marco de silencio.
En el ámbito de la República Argentina no ha existido la denominada "libertad de mercado". Las empresas privatizadas, a través de funcionarios venales del Estado, impusieron condiciones leoninas a los usuarios y consumidores. Aquí existió un seguro de cambio -el uno a uno- que permitió que los capitales golondrina fueran desangrando lentamente al país, y cuando desaparece este ficticio uno a uno y los bancos -también gracias a funcionarios venales y a resoluciones del Estado- se apoderan del ahorro de los argentinos, pareció que el país se caía a pedazos. En ese momento se tomó la decisión de devaluar, que fue sumamente criticada.
Hoy, por esa devaluación y por otras resoluciones que se tomaron en el ámbito del Estado, la Argentina está comenzando un proceso de reindustrialización. Salvo aquellos que plantean una ruptura total con los organismos internacionales, el resto sostiene la necesidad -bajo determinadas condiciones de dignidad nacional y de apoyo a los sectores más carentes del pueblo- de establecer una negociación que normalice nuestra situación con los organismos internacionales.
Sin duda, uno de los objetivos del proyecto de ley es justamente habilitar la emisión monetaria para conseguir los recursos que la Argentina va a tener que utilizar cuando culmine la negociación.
El segundo objetivo es una modificación a la Carta Orgánica del Banco Central y a la ley de entidades financieras. El artículo 35 bis, del capítulo IV de la ley de entidades financieras vigente, habla de la reestructuración de cualquier entidad financiera en resguardo del crédito y de los depósitos bancarios. Me parece que el resultado final no va a tener absolutamente nada que ver con lo que persigue la ley, y voy a hacer una rápida comparación entre la norma actual y la modificación que se propone.
El apartado II) del artículo 35 bis de la ley actual no prevé la creación de fideicomisos como activos a ser separados. En el proyecto que estamos discutiendo se dice, concretamente, que cuando el Banco Central lo considere conveniente se podrán constituir fideicomisos financieros con todos o parte de los activos de la entidad.
Los fideicomisos financieros son una creación de la ley 24.441, que tantos dolores de cabeza e injusticias ha traído a la inmensa mayoría de los argentinos que están endeudados en créditos hipotecarios. Esta ley, que se sancionó por el año 1995...
Señor presidente: con todo respeto quiero decir que yo siempre permanezco en las sesiones desde que se inician hasta que terminan. Hay discursos que me gustan y exposiciones que me gustan menos, pero trato de escuchar a todos los legisladores que hablan. Por eso, modestamente pido que quien no me quiera escuchar se retire del recinto, porque me gustaría terminar mi alocución en un marco de silencio.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
La Presidencia ruega a los señores diputados que permanezcan en sus bancas y escuchen al orador.
SR. ESAIN, DANIEL (MENDOZA):
Cuando se sancionó la ley 24.441 no se lo hizo ingenuamente. El modelo necesitaba llevarse el Banco Hipotecario Nacional. Se sancionó en el año 1995, dos años antes de la privatización. Se trataba de despejar el camino para que se pudiera privatizar el Banco Hipotecario, sancionando la ley de fideicomisos y acentuando por parte del Banco Central las condiciones leoninas de contratación de los créditos hipotecarios.
Para esto, diez meses después de sancionada la ley 24.441, el Banco Central dictó la comunicación A 2385.
Este es el puñal de muerte que le ponen a todos los créditos hipotecarios. Esa comunicación es la que establece el modelo de contrato hipotecario que desde fines de 1995 hasta la actualidad han firmado absolutamente todos los deudores hipotecarios, no sólo los que han contraído nuevos créditos. El Banco Hipotecario obligó a aquellos deudores que ya tenían hipotecas a modificarlas y esta ley de fideicomiso vuelve a aparecer como un fantasma en este proyecto de ley.
Digo esto porque el proyecto original que remitió el Poder Ejecutivo establece expresamente en su artículo 1° inciso c) que también se podrán transferir activos en propiedad fiduciaria o fideicomiso financiero en los términos de la ley 24.441. Es decir que cuando nos referimos a la reestructuración de la entidad en resguardo del crédito y de los depositantes, cuando creamos fideicomisos, lo primero que estamos haciendo es generar una propiedad plena. El fideicomiso queda sustraído del activo y por lo tanto es de propiedad tan plena que queda fuera de la quiebra y de cualquier ejecución.
El proyecto en consideración, que pretende modificar la ley de entidades financieras, dispone que el juez debe inmediatamente levantar el embargo y además a pedido hace parte en el proceso al fideicomiso de su titular.
En consecuencia, los objetivos de la ley no tienen absolutamente nada que ver con los resultados, por lo menos en estos temas concretos, porque una vez que se constituye el fideicomiso y sale del activo es invulnerable, y no tiene sentido después armar un orden de prelación del cobro, de los créditos, de los créditos laborales o de los propios depositantes, cuando por este sistema se puede propiciar un vaciamiento dando plena seguridad a otra entidad financiera que lo adquiere de que realmente los créditos que se le han transferido en fideicomiso son invulnerables.
Reitero que el proyecto original dice concretamente que se trata de los créditos hipotecarios y prendarios.
Lo anteriormente expuesto tiene una correlación. El artículo 4° del proyecto en consideración dice que cuando se trate de fideicomiso el juez ordenará sin sustanciación el levantamiento del embargo. Es decir que lo ordena por el solo pedido y la demostración de que uno es el titular del fideicomiso. Esto se relaciona asimismo con el artículo 5° de esta iniciativa, que incluye el artículo 35 ter, el cual -como bien lo han señalado algunos señores diputados preopinantes- aparece como una redundancia aunque no es tan así.
La doctrina y jurisprudencia sostienen que un acto administrativo se puede revisar en sede judicial cuando sea arbitrario o irrazonable. Justamente, el error que aquí se comete es que se habla de "manifiestamente" arbitrario o "manifiestamente" irrazonable, porque ello implica avanzar un poco más allá de lo que sostienen la doctrina y la jurisprudencia.
Con este criterio, si en todas estas cuestiones que tienen que ver con el ámbito de su competencia y discrecionalidad el Banco Central llevara adelante una negociación ruinosa en la exclusión de activos o pasivos -donde no entre la mala fe-, esa negociación no podría ser motivo de irrazonabilidad o arbitrariedad manifiesta y, por lo tanto, tampoco de revisión.
Creo que, por un lado, están los objetivos sanos y, por el otro, los resultados que se obtendrán.
Por las razones expuestas apoyamos en general el proyecto de ley en consideración, pero cuando comience la discusión en particular haremos las sugerencias pertinentes.
Para esto, diez meses después de sancionada la ley 24.441, el Banco Central dictó la comunicación A 2385.
Este es el puñal de muerte que le ponen a todos los créditos hipotecarios. Esa comunicación es la que establece el modelo de contrato hipotecario que desde fines de 1995 hasta la actualidad han firmado absolutamente todos los deudores hipotecarios, no sólo los que han contraído nuevos créditos. El Banco Hipotecario obligó a aquellos deudores que ya tenían hipotecas a modificarlas y esta ley de fideicomiso vuelve a aparecer como un fantasma en este proyecto de ley.
Digo esto porque el proyecto original que remitió el Poder Ejecutivo establece expresamente en su artículo 1° inciso c) que también se podrán transferir activos en propiedad fiduciaria o fideicomiso financiero en los términos de la ley 24.441. Es decir que cuando nos referimos a la reestructuración de la entidad en resguardo del crédito y de los depositantes, cuando creamos fideicomisos, lo primero que estamos haciendo es generar una propiedad plena. El fideicomiso queda sustraído del activo y por lo tanto es de propiedad tan plena que queda fuera de la quiebra y de cualquier ejecución.
El proyecto en consideración, que pretende modificar la ley de entidades financieras, dispone que el juez debe inmediatamente levantar el embargo y además a pedido hace parte en el proceso al fideicomiso de su titular.
En consecuencia, los objetivos de la ley no tienen absolutamente nada que ver con los resultados, por lo menos en estos temas concretos, porque una vez que se constituye el fideicomiso y sale del activo es invulnerable, y no tiene sentido después armar un orden de prelación del cobro, de los créditos, de los créditos laborales o de los propios depositantes, cuando por este sistema se puede propiciar un vaciamiento dando plena seguridad a otra entidad financiera que lo adquiere de que realmente los créditos que se le han transferido en fideicomiso son invulnerables.
Reitero que el proyecto original dice concretamente que se trata de los créditos hipotecarios y prendarios.
Lo anteriormente expuesto tiene una correlación. El artículo 4° del proyecto en consideración dice que cuando se trate de fideicomiso el juez ordenará sin sustanciación el levantamiento del embargo. Es decir que lo ordena por el solo pedido y la demostración de que uno es el titular del fideicomiso. Esto se relaciona asimismo con el artículo 5° de esta iniciativa, que incluye el artículo 35 ter, el cual -como bien lo han señalado algunos señores diputados preopinantes- aparece como una redundancia aunque no es tan así.
La doctrina y jurisprudencia sostienen que un acto administrativo se puede revisar en sede judicial cuando sea arbitrario o irrazonable. Justamente, el error que aquí se comete es que se habla de "manifiestamente" arbitrario o "manifiestamente" irrazonable, porque ello implica avanzar un poco más allá de lo que sostienen la doctrina y la jurisprudencia.
Con este criterio, si en todas estas cuestiones que tienen que ver con el ámbito de su competencia y discrecionalidad el Banco Central llevara adelante una negociación ruinosa en la exclusión de activos o pasivos -donde no entre la mala fe-, esa negociación no podría ser motivo de irrazonabilidad o arbitrariedad manifiesta y, por lo tanto, tampoco de revisión.
Creo que, por un lado, están los objetivos sanos y, por el otro, los resultados que se obtendrán.
Por las razones expuestas apoyamos en general el proyecto de ley en consideración, pero cuando comience la discusión en particular haremos las sugerencias pertinentes.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.
SRA. WALSH, PATRICIA (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: me parece tan grave el tema que estamos tratando que juraría que no hay demasiados motivos para celebrar. Tan grave me parece que solicito que la votación se realice en forma nominal, y estoy segura de que algunos señores diputados acompañarán mi pedido.
También solicito que sea puesto a votación el dictamen de minoría al cual se refirió el señor diputado Cafiero y que consta de tres artículos, porque a mi entender refleja una propuesta que muchos de nosotros podríamos acompañar porque la consideramos correcta. Ello sería posible si existiera la comprensión de que el proyecto que estamos por votar -adelanto que lo haremos negativamente- es grave y algunos señores diputados dejaran de conversar y prestaran un poco de atención.
Es fácil rasgarse las vestiduras y hablar del patriota Alejandro Olmos; lo difícil es rendirle homenajes verdaderos. Cuando uno aprecia su lucha y su trabajo solitario de aportar prueba tras prueba sobre los crímenes económicos mencionados en esta sesión, advierte que no se puede pagar deuda con las reservas del Banco Central. No se puede hacer eso ni tampoco se puede votar afirmativamente un proyecto en esa dirección. No se puede porque no se debe. Si hablamos de deuda externa, si mencionamos a Alejandro Olmos y si hemos leído sus trabajos y conocido sus ideas y sus luchas, tenemos que saber que la deuda es ilegal, inmoral, ilegítima y fraudulenta. Incluso así lo establece un fallo judicial que en algunas oportunidades se ha mencionado en este recinto.
Complace que se hable de ese fallo, pero no complace que una vez más se vaya a votar un proyecto que se vincula con los crímenes económicos y con la impunidad. Nos estamos refiriendo a un proyecto que consta de dos partes: la modificación de la ley de entidades financieras y la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. Y "todo por dos pesos", señor presidente; dos por uno. Ahora lo hacemos de a dos, es decir, ni siquiera nos tomamos la molestia de elaborar un proyecto para modificar la ley de entidades financieras y otro para modificar la Carta Orgánica del Banco Central. Ahora lo hacemos "de un saque". "Un saque" para los argentinos, e incluimos los dos proyectos en uno solo.
¿Quién está reclamando esto? ¿Lo están reclamando los trabajadores bancarios, que esta tarde vinieron a las puertas del Congreso a hacernos conocer su opinión, aquellos que han trabajado en bancos toda la vida? ¿Acaso lo están reclamando los jubilados bancarios, aquellos que saben realmente cómo funcionan los bancos? No, señor presidente. Los trabajadores y los jubilados bancarios trajeron sus propuestas, pero ojalá nos importara conocer lo que opinan los trabajadores bancarios de nuestro país. En realidad, a la mayoría de los que hablan, se distraen y celebran no les está importando esta voz de los trabajadores; les está importando emitir su voto como lo exige o reclama para hoy, rapidito, el Fondo Monetario Internacional.
Es por ello que no hay demasiado interés en el tema. Hay una orden del Fondo y hay que cumplirla. Entonces, ¿para qué vamos a prestar atención al debate? ¿Para qué vamos a escuchar lo que se dice? ¿Para qué vamos a apreciar la gravedad de lo que se denuncia? ¿Para qué vamos a pensar, si con obediencia debida dentro de unos minutos vamos a cumplir con la orden del Fondo, y chau, sanseacabó. Pero no se acabó, señor presidente, porque -como bien se dijo acá- la deuda llega a 185.000 millones de dólares. Tal como lo publicó en su tapa un diario de gran tirada popular, el propio presidente de la Nación afirmó que no se puede pagar. Me parece muy bien que el presidente de la Nación haya afirmado que esa deuda no se puede pagar, pero yo agrego: no se puede pagar porque además no se debe pagar, porque es inmoral, fraudulenta, ilegítima e ilegal. Le compete al Congreso de la Nación entender en el tema de la deuda y nos hacemos los distraídos; seguimos violando la Constitución y desoyendo a la mayoría de nuestro pueblo, que sabe perfectamente que no se puede pagar, entre otras cosas, porque lo fundamental es que no se debe pagar.
Señor presidente: así como está planteado, con este contenido, con esta vinculación y con una orden del Fondo Monetario Internacional, se trata de un proyecto cipayo; resulta de un servilismo tal que se puede considerar cipayo. Se está privilegiando el pago a los organismos de crédito por encima de los intereses genuinos y legítimos de la mayoría de nuestro pueblo. Y todavía hay más: no sólo es el pago con reservas del Banco Central, sino que es de nuevo la impunidad disfrazada de inmunidad para los integrantes del directorio del Banco Central. ¿Por qué los vamos a premiar así? ¿Por lo bien que hicieron las cosas en este país? ¿Les vamos a dar un voto de confianza diciéndoles que sigan haciendo las cosas tranquilos porque la verdad es que las hicieron muy bien? Miren cómo quedamos. También esto es cipayo, señor presidente.
La incorporación del artículo 35 ter significa la eximición de los funcionarios del Banco Central de la República Argentina de las responsabilidades por su actuación en las tareas de reestructuración de las entidades financieras. Nuevamente se pretende incorporar normas de impunidad, aun cuando se acaban de anular las leyes de obediencia debida y de punto final.
En ese debate que aún no está cerrado adelantamos que plantearemos la nulidad de los decretos de indulto a los terroristas de Estado, y expresamos que existe una vinculación directa entre los crímenes del terrorismo de Estado y los crímenes producto de la política económica neoliberal que acarreó como resultado que veintiún millones de argentinos vivan en la pobreza y diez millones en la indigencia. ¡Eso también se hizo con el sistema bancario y ese directorio del Banco Central!
En este debate un diputado recordó que impugnó el pliego de Prat-Gay. Por mi parte, quiero recordar -pueden consultarse las versiones taquigráficas- que me referí a todos esos buenos muchachos del directorio del Banco Central y a sus trayectorias, pues siempre trabajaron para el capital extranjero, nunca en beneficio de nuestro pueblo y de nuestro país.
Por lo expuesto, insisto en que la votación sea nominal y en que se considere también el texto propuesto por la minoría.
Hay que establecer responsabilidades políticas y hacer campaña electoral manifestando qué es lo que uno propone, discute y vota cuando las sesiones duran tantas horas. Porque acá durante muchas de esas horas no hubo más de noventa señores diputados presentes. En momentos en que se debate esta reforma a la ley de entidades financieras y a la Carta Orgánica del Banco Central la mayoría de los diputados nacionales no está en sus bancas, y eso me causa dolor.
Quiero citar los volantes que nos acercaron los trabajadores bancarios, que por ejemplo dicen: "Señores diputados: no voten contra los argentinos. Los diputados que votan por imposición del FMI y el lobby de los banqueros privados, sobre todo extranjeros, por la llamada reforma de la ley de entidades financieras y la Carta Orgánica del Banco Central, que lamentablemente votó el Senado, votan contra la Argentina y los argentinos."
¿Acaso no sabe un trabajador bancario pensar, reflexionar, proponer, opinar y denunciar? Sí saben, señor presidente; observe lo que nos dicen: "Deben reflexionar los legisladores que han votado o están por votar una supuesta reforma a la ley de entidades financieras y a la Carta Orgánica del Banco Central, dejando 'mejorado' lo peor de Martínez de Hoz y Cavallo, porque lo exige el FMI. Excluyendo de limitaciones, habilitando el pago con reservas del Banco Central de vencimientos de la dudosa deuda externa. Facultando al presidente del Banco Central para imponer decisiones a los jueces. Limitando el accionar
de la Justicia buscando la impunidad para sus directores. Comprometen al país. Desprotegen a los ahorristas y a los trabajadores bancarios. Lo mismo hacen al aceptar más 'compensaciones'..." -esto va a venir después, por supuesto- "... a los bancos sin distinguir cuál es la gestión y el dueño de cada entidad durante el período previo al quebranto de diciembre de 2001.
"Deben revisar su posición pues 'garantizan' el mismo descontrol de los últimos 25 años, inaugurado por Martínez de Hoz...". Y dicen más y más.
Además de denunciar todo esto, ¿qué nos piden? Nos piden que los bancos cumplan con toda la legislación laboral y la adecuación de los salarios. Los bancos pueden y deben hacerlo; sus ganancias son enormes.
Así mismo reclaman la reanudación de las negociaciones paritarias, un nuevo convenio colectivo, la transparencia y la preservación de los puestos laborales en la adjudicación de los bancos Nuevo de Santa Fe, Bisel, Bersa y Suquía.
Vamos a votar en contra y reclamamos que la votación se practique en forma nominal. Esto que vamos a hacer es una más de las que se han hecho tantas veces. Es de esas leyes que después, cuando se ven los nombres y apellidos -por eso pido votación nominal-, algunos se ponen nerviosos porque ya tienen una larga lista de leyes en contra del pueblo y van a sumar otra más. Por eso solicitamos votación nominal.
Creemos que hasta último momento, mientras se pueda, hay que reclamar. Somos capaces de hacer otra cosa. Hace una hora lo dijo el señor diputado Britos cuando se refirió a la intervención del señor diputado Cafiero. Señaló que estaba muy bien y que a lo mejor lo podíamos votar. Pregunto por qué no podemos votar el dictamen de minoría. Creo que sí, que podríamos hacerlo.
Deberíamos votar con libertad, con conciencia, pensando en nuestro pueblo y decidiendo no cumplir nunca más las órdenes del Fondo Monetario Internacional.
Reitero mi pedido de votación nominal.
También solicito que sea puesto a votación el dictamen de minoría al cual se refirió el señor diputado Cafiero y que consta de tres artículos, porque a mi entender refleja una propuesta que muchos de nosotros podríamos acompañar porque la consideramos correcta. Ello sería posible si existiera la comprensión de que el proyecto que estamos por votar -adelanto que lo haremos negativamente- es grave y algunos señores diputados dejaran de conversar y prestaran un poco de atención.
Es fácil rasgarse las vestiduras y hablar del patriota Alejandro Olmos; lo difícil es rendirle homenajes verdaderos. Cuando uno aprecia su lucha y su trabajo solitario de aportar prueba tras prueba sobre los crímenes económicos mencionados en esta sesión, advierte que no se puede pagar deuda con las reservas del Banco Central. No se puede hacer eso ni tampoco se puede votar afirmativamente un proyecto en esa dirección. No se puede porque no se debe. Si hablamos de deuda externa, si mencionamos a Alejandro Olmos y si hemos leído sus trabajos y conocido sus ideas y sus luchas, tenemos que saber que la deuda es ilegal, inmoral, ilegítima y fraudulenta. Incluso así lo establece un fallo judicial que en algunas oportunidades se ha mencionado en este recinto.
Complace que se hable de ese fallo, pero no complace que una vez más se vaya a votar un proyecto que se vincula con los crímenes económicos y con la impunidad. Nos estamos refiriendo a un proyecto que consta de dos partes: la modificación de la ley de entidades financieras y la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. Y "todo por dos pesos", señor presidente; dos por uno. Ahora lo hacemos de a dos, es decir, ni siquiera nos tomamos la molestia de elaborar un proyecto para modificar la ley de entidades financieras y otro para modificar la Carta Orgánica del Banco Central. Ahora lo hacemos "de un saque". "Un saque" para los argentinos, e incluimos los dos proyectos en uno solo.
¿Quién está reclamando esto? ¿Lo están reclamando los trabajadores bancarios, que esta tarde vinieron a las puertas del Congreso a hacernos conocer su opinión, aquellos que han trabajado en bancos toda la vida? ¿Acaso lo están reclamando los jubilados bancarios, aquellos que saben realmente cómo funcionan los bancos? No, señor presidente. Los trabajadores y los jubilados bancarios trajeron sus propuestas, pero ojalá nos importara conocer lo que opinan los trabajadores bancarios de nuestro país. En realidad, a la mayoría de los que hablan, se distraen y celebran no les está importando esta voz de los trabajadores; les está importando emitir su voto como lo exige o reclama para hoy, rapidito, el Fondo Monetario Internacional.
Es por ello que no hay demasiado interés en el tema. Hay una orden del Fondo y hay que cumplirla. Entonces, ¿para qué vamos a prestar atención al debate? ¿Para qué vamos a escuchar lo que se dice? ¿Para qué vamos a apreciar la gravedad de lo que se denuncia? ¿Para qué vamos a pensar, si con obediencia debida dentro de unos minutos vamos a cumplir con la orden del Fondo, y chau, sanseacabó. Pero no se acabó, señor presidente, porque -como bien se dijo acá- la deuda llega a 185.000 millones de dólares. Tal como lo publicó en su tapa un diario de gran tirada popular, el propio presidente de la Nación afirmó que no se puede pagar. Me parece muy bien que el presidente de la Nación haya afirmado que esa deuda no se puede pagar, pero yo agrego: no se puede pagar porque además no se debe pagar, porque es inmoral, fraudulenta, ilegítima e ilegal. Le compete al Congreso de la Nación entender en el tema de la deuda y nos hacemos los distraídos; seguimos violando la Constitución y desoyendo a la mayoría de nuestro pueblo, que sabe perfectamente que no se puede pagar, entre otras cosas, porque lo fundamental es que no se debe pagar.
Señor presidente: así como está planteado, con este contenido, con esta vinculación y con una orden del Fondo Monetario Internacional, se trata de un proyecto cipayo; resulta de un servilismo tal que se puede considerar cipayo. Se está privilegiando el pago a los organismos de crédito por encima de los intereses genuinos y legítimos de la mayoría de nuestro pueblo. Y todavía hay más: no sólo es el pago con reservas del Banco Central, sino que es de nuevo la impunidad disfrazada de inmunidad para los integrantes del directorio del Banco Central. ¿Por qué los vamos a premiar así? ¿Por lo bien que hicieron las cosas en este país? ¿Les vamos a dar un voto de confianza diciéndoles que sigan haciendo las cosas tranquilos porque la verdad es que las hicieron muy bien? Miren cómo quedamos. También esto es cipayo, señor presidente.
La incorporación del artículo 35 ter significa la eximición de los funcionarios del Banco Central de la República Argentina de las responsabilidades por su actuación en las tareas de reestructuración de las entidades financieras. Nuevamente se pretende incorporar normas de impunidad, aun cuando se acaban de anular las leyes de obediencia debida y de punto final.
En ese debate que aún no está cerrado adelantamos que plantearemos la nulidad de los decretos de indulto a los terroristas de Estado, y expresamos que existe una vinculación directa entre los crímenes del terrorismo de Estado y los crímenes producto de la política económica neoliberal que acarreó como resultado que veintiún millones de argentinos vivan en la pobreza y diez millones en la indigencia. ¡Eso también se hizo con el sistema bancario y ese directorio del Banco Central!
En este debate un diputado recordó que impugnó el pliego de Prat-Gay. Por mi parte, quiero recordar -pueden consultarse las versiones taquigráficas- que me referí a todos esos buenos muchachos del directorio del Banco Central y a sus trayectorias, pues siempre trabajaron para el capital extranjero, nunca en beneficio de nuestro pueblo y de nuestro país.
Por lo expuesto, insisto en que la votación sea nominal y en que se considere también el texto propuesto por la minoría.
Hay que establecer responsabilidades políticas y hacer campaña electoral manifestando qué es lo que uno propone, discute y vota cuando las sesiones duran tantas horas. Porque acá durante muchas de esas horas no hubo más de noventa señores diputados presentes. En momentos en que se debate esta reforma a la ley de entidades financieras y a la Carta Orgánica del Banco Central la mayoría de los diputados nacionales no está en sus bancas, y eso me causa dolor.
Quiero citar los volantes que nos acercaron los trabajadores bancarios, que por ejemplo dicen: "Señores diputados: no voten contra los argentinos. Los diputados que votan por imposición del FMI y el lobby de los banqueros privados, sobre todo extranjeros, por la llamada reforma de la ley de entidades financieras y la Carta Orgánica del Banco Central, que lamentablemente votó el Senado, votan contra la Argentina y los argentinos."
¿Acaso no sabe un trabajador bancario pensar, reflexionar, proponer, opinar y denunciar? Sí saben, señor presidente; observe lo que nos dicen: "Deben reflexionar los legisladores que han votado o están por votar una supuesta reforma a la ley de entidades financieras y a la Carta Orgánica del Banco Central, dejando 'mejorado' lo peor de Martínez de Hoz y Cavallo, porque lo exige el FMI. Excluyendo de limitaciones, habilitando el pago con reservas del Banco Central de vencimientos de la dudosa deuda externa. Facultando al presidente del Banco Central para imponer decisiones a los jueces. Limitando el accionar
de la Justicia buscando la impunidad para sus directores. Comprometen al país. Desprotegen a los ahorristas y a los trabajadores bancarios. Lo mismo hacen al aceptar más 'compensaciones'..." -esto va a venir después, por supuesto- "... a los bancos sin distinguir cuál es la gestión y el dueño de cada entidad durante el período previo al quebranto de diciembre de 2001.
"Deben revisar su posición pues 'garantizan' el mismo descontrol de los últimos 25 años, inaugurado por Martínez de Hoz...". Y dicen más y más.
Además de denunciar todo esto, ¿qué nos piden? Nos piden que los bancos cumplan con toda la legislación laboral y la adecuación de los salarios. Los bancos pueden y deben hacerlo; sus ganancias son enormes.
Así mismo reclaman la reanudación de las negociaciones paritarias, un nuevo convenio colectivo, la transparencia y la preservación de los puestos laborales en la adjudicación de los bancos Nuevo de Santa Fe, Bisel, Bersa y Suquía.
Vamos a votar en contra y reclamamos que la votación se practique en forma nominal. Esto que vamos a hacer es una más de las que se han hecho tantas veces. Es de esas leyes que después, cuando se ven los nombres y apellidos -por eso pido votación nominal-, algunos se ponen nerviosos porque ya tienen una larga lista de leyes en contra del pueblo y van a sumar otra más. Por eso solicitamos votación nominal.
Creemos que hasta último momento, mientras se pueda, hay que reclamar. Somos capaces de hacer otra cosa. Hace una hora lo dijo el señor diputado Britos cuando se refirió a la intervención del señor diputado Cafiero. Señaló que estaba muy bien y que a lo mejor lo podíamos votar. Pregunto por qué no podemos votar el dictamen de minoría. Creo que sí, que podríamos hacerlo.
Deberíamos votar con libertad, con conciencia, pensando en nuestro pueblo y decidiendo no cumplir nunca más las órdenes del Fondo Monetario Internacional.
Reitero mi pedido de votación nominal.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
SRA. MONTEAGUDO, MARIA LUCRECIA (BUENOS AIRES):
Señor presidente: creo que soy la última diputada anotada para hacer uso de la palabra. De todos modos voy a ser muy breve al explicar nuestra postura.
Consideramos que era urgente y necesario modificar la ley de entidades financieras y la Carta Orgánica del Banco Central, pero modestamente también creímos que debíamos hacerlo en otro marco lógico.
Desde enero de 2002 estuvimos trabajando en esta Cámara de Diputados en la elaboración de una nueva Carta Orgánica del Banco Central. Así mismo entendíamos que en un marco lógico de esta envergadura, para cambiar leyes vinculadas con aspectos estructurales del país se debía avanzar en una nueva ley de inversiones extranjeras, cuestión que también abordamos.
Señalo esto porque con la crítica que formularé voy a fundamentar el trabajo que hicimos.
No podemos votar favorablemente esta reforma porque sería como decir que el contenido que se está transformando no tendrá consistencia interna con el continente al cual se lo está adaptando. Con esto quiero decir que en el planteo de esta reforma puede haber cuestiones interesantes para rescatar. Lo que no podemos avalar es que se haga desde una Carta Orgánica del Banco Central que no repara en las dos cuestiones que para nosotros resultaba fundamental cambiar: la primera de ellas, dotar al Banco Central -que no es nada más ni nada menos que el organismo que controla el crédito en nuestro país- de mayor autarquía y no autonomía.
Es un organismo autárquico y deberíamos haber trabajado para profundizar esa autarquía. Autónomo no puede ser de los poderes de la Nación porque de lo contrario vamos a pensar que seguimos corriendo el mismo peligro que desde hace 25 años a la fecha.
Por otro lado, consideramos que no podemos poner estos cambios hechos a la ley de entidades financieras, que para nosotros no son buenos, en un continente como es la Carta Orgánica del Banco Central, que con esta reforma ni siquiera roza la cuestión del directorio.
Debemos recordar lo que sucedió en el anterior directorio y también que en ese directorio no están representados ni las pymes ni las microempresas ni la banca regional.
Por lo tanto, consideramos con espíritu de propuesta -y lo volvemos a decir en función del trabajo hecho- que esto es lo mismo que nos pasó cuando muchos decíamos que había que salir de la convertibilidad.
Es cierto que coincidíamos en que había que salir de la convertibilidad pero no de la manera en que se hizo porque fue más que traumática. Es cierto que algunos legisladores planteaban que salir de la convertibilidad era cambiar el modelo y eso no ocurrió.
Obviamente, la convertibilidad es un mero instrumento del modelo. Por lo tanto, entendiendo la urgencia que requería y que requiere para nosotros arquitectuar un país que permita una mayor independencia económica, consideramos que debió haber sido en otro marco lógico en el que se trataran la ley de entidades financieras, la nueva Carta Orgánica del Banco Central y, para nuestro gusto, la ley de inversiones extranjeras.
Vamos a proponer seguir trabajando en el tema, pues consideramos que esta cuestión es central para el desarrollo del país, pero no podemos acompañar de ninguna manera este proyecto de ley que llegó del Poder Ejecutivo.
Consideramos que era urgente y necesario modificar la ley de entidades financieras y la Carta Orgánica del Banco Central, pero modestamente también creímos que debíamos hacerlo en otro marco lógico.
Desde enero de 2002 estuvimos trabajando en esta Cámara de Diputados en la elaboración de una nueva Carta Orgánica del Banco Central. Así mismo entendíamos que en un marco lógico de esta envergadura, para cambiar leyes vinculadas con aspectos estructurales del país se debía avanzar en una nueva ley de inversiones extranjeras, cuestión que también abordamos.
Señalo esto porque con la crítica que formularé voy a fundamentar el trabajo que hicimos.
No podemos votar favorablemente esta reforma porque sería como decir que el contenido que se está transformando no tendrá consistencia interna con el continente al cual se lo está adaptando. Con esto quiero decir que en el planteo de esta reforma puede haber cuestiones interesantes para rescatar. Lo que no podemos avalar es que se haga desde una Carta Orgánica del Banco Central que no repara en las dos cuestiones que para nosotros resultaba fundamental cambiar: la primera de ellas, dotar al Banco Central -que no es nada más ni nada menos que el organismo que controla el crédito en nuestro país- de mayor autarquía y no autonomía.
Es un organismo autárquico y deberíamos haber trabajado para profundizar esa autarquía. Autónomo no puede ser de los poderes de la Nación porque de lo contrario vamos a pensar que seguimos corriendo el mismo peligro que desde hace 25 años a la fecha.
Por otro lado, consideramos que no podemos poner estos cambios hechos a la ley de entidades financieras, que para nosotros no son buenos, en un continente como es la Carta Orgánica del Banco Central, que con esta reforma ni siquiera roza la cuestión del directorio.
Debemos recordar lo que sucedió en el anterior directorio y también que en ese directorio no están representados ni las pymes ni las microempresas ni la banca regional.
Por lo tanto, consideramos con espíritu de propuesta -y lo volvemos a decir en función del trabajo hecho- que esto es lo mismo que nos pasó cuando muchos decíamos que había que salir de la convertibilidad.
Es cierto que coincidíamos en que había que salir de la convertibilidad pero no de la manera en que se hizo porque fue más que traumática. Es cierto que algunos legisladores planteaban que salir de la convertibilidad era cambiar el modelo y eso no ocurrió.
Obviamente, la convertibilidad es un mero instrumento del modelo. Por lo tanto, entendiendo la urgencia que requería y que requiere para nosotros arquitectuar un país que permita una mayor independencia económica, consideramos que debió haber sido en otro marco lógico en el que se trataran la ley de entidades financieras, la nueva Carta Orgánica del Banco Central y, para nuestro gusto, la ley de inversiones extranjeras.
Vamos a proponer seguir trabajando en el tema, pues consideramos que esta cuestión es central para el desarrollo del país, pero no podemos acompañar de ninguna manera este proyecto de ley que llegó del Poder Ejecutivo.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra el señor diputado por el Chaco.
SR. GONZALEZ, RAFAEL ALFREDO (CHACO):
Señor presidente: este es un lindo problema. Estamos en una sesión bastante larga, en la que se está hablando de una norma muy técnica y compleja. A tenor de las exposiciones escuchadas, a esta altura del debate nos planteamos quiénes van a votar favorablemente la iniciativa, porque en general casi todas las expresiones que se han vertido han sido críticas en relación con su articulado.
Creo que el problema más difícil que enfrenta la Argentina es gobernarla, porque gobernar no es una tarea grata. Gobernar requiere enfrentar los problemas, muchas veces buscar los consensos y, cuando no se encuentran, tomar las decisiones que corresponden.
Hace un tiempo, antes del 27 de abril, desde la política muchos me decían que el presidente que surgiera de las elecciones iba a ser fundamentalmente un presidente débil. Cuando llegamos al 27 de abril se hablaba de un presidente con el 22 por ciento de los votos y se planteaba en ese momento cómo se hacía, con el 22 por ciento de los votos, para tener el apoyo del Congreso y para hacer varias cosas que había que realizar.
Yo decía que el presidente que surgiera de esa elección, con el respaldo del peronismo, iba a tener siempre el apoyo en el Congreso y también iba a contar con el sostén que se origina en la responsabilidad de los legisladores en su conjunto, que llegado el momento hacen lo que el gobierno necesita, y también el país, dentro del leal saber y entender de quienes gobiernen.
Adelanto que pertenezco a un bloque que votará favorablemente esta iniciativa, como una forma de apoyo a este gobierno que pide esta norma.
Hay dos formas de apoyar los proyectos de ley. Una es franca y directa, aun con disensos que podamos tener internamente en relación con el articulado del proyecto de ley. Venimos al recinto a decir que el bloque Justicialista va a votar favorablemente.
También existen apoyos críticos, que por ahí son imperfectos, porque se siembran dudas con respecto a lo que se va a votar, y se dice que no se está de acuerdo con un artículo y con otro, pero al final se termina votando favorablemente. O sea que se crea una especie de incongruencia. ¿Por qué se vota a favor? Porque se es consciente de que la iniciativa hace falta.
Se ha dicho que la futura norma va a ser una especie de parche. Si como parche se entiende que va a ser una ley que va a modificar parcialmente lo que existe, evidentemente es un parche.
En diciembre de 2001, en el barco que navegábamos, teníamos agujeros por todos lados. No alcanzaban los dedos de la mano para taparlos. Entonces, comenzamos a poner parches, porque el barco estaba escorado. Lo que se pretendió fue nivelar el barco, pero vamos a continuar en una etapa de parches.
Lo que estamos haciendo es sacar parches imperfectamente puestos en el momento de la crisis para ir reemplazándolos por otros mejores.
Tengo mis serias dudas sobre si sirve tanto discurso reiterativo sobre las cosas. También observo cierta incongruencia, porque he visto a muchos legisladores efectuar declaraciones públicas favorables al gobierno del presidente Kirchner. Evidentemente, los aires del Sur les resultaron simpáticos, pero cuando hay que sentarse en la banca y votar lo que este presidente necesita, se quedan en la crítica.
La crítica y el disenso son buenos, pero llega el momento en que hay que enfrentar el problema, que se resuelve apoyando o no. Lo que no se puede es simpatizar con alguien y no acompañarlo, porque se trata de una situación perversa.
Creo que el problema más difícil que enfrenta la Argentina es gobernarla, porque gobernar no es una tarea grata. Gobernar requiere enfrentar los problemas, muchas veces buscar los consensos y, cuando no se encuentran, tomar las decisiones que corresponden.
Hace un tiempo, antes del 27 de abril, desde la política muchos me decían que el presidente que surgiera de las elecciones iba a ser fundamentalmente un presidente débil. Cuando llegamos al 27 de abril se hablaba de un presidente con el 22 por ciento de los votos y se planteaba en ese momento cómo se hacía, con el 22 por ciento de los votos, para tener el apoyo del Congreso y para hacer varias cosas que había que realizar.
Yo decía que el presidente que surgiera de esa elección, con el respaldo del peronismo, iba a tener siempre el apoyo en el Congreso y también iba a contar con el sostén que se origina en la responsabilidad de los legisladores en su conjunto, que llegado el momento hacen lo que el gobierno necesita, y también el país, dentro del leal saber y entender de quienes gobiernen.
Adelanto que pertenezco a un bloque que votará favorablemente esta iniciativa, como una forma de apoyo a este gobierno que pide esta norma.
Hay dos formas de apoyar los proyectos de ley. Una es franca y directa, aun con disensos que podamos tener internamente en relación con el articulado del proyecto de ley. Venimos al recinto a decir que el bloque Justicialista va a votar favorablemente.
También existen apoyos críticos, que por ahí son imperfectos, porque se siembran dudas con respecto a lo que se va a votar, y se dice que no se está de acuerdo con un artículo y con otro, pero al final se termina votando favorablemente. O sea que se crea una especie de incongruencia. ¿Por qué se vota a favor? Porque se es consciente de que la iniciativa hace falta.
Se ha dicho que la futura norma va a ser una especie de parche. Si como parche se entiende que va a ser una ley que va a modificar parcialmente lo que existe, evidentemente es un parche.
En diciembre de 2001, en el barco que navegábamos, teníamos agujeros por todos lados. No alcanzaban los dedos de la mano para taparlos. Entonces, comenzamos a poner parches, porque el barco estaba escorado. Lo que se pretendió fue nivelar el barco, pero vamos a continuar en una etapa de parches.
Lo que estamos haciendo es sacar parches imperfectamente puestos en el momento de la crisis para ir reemplazándolos por otros mejores.
Tengo mis serias dudas sobre si sirve tanto discurso reiterativo sobre las cosas. También observo cierta incongruencia, porque he visto a muchos legisladores efectuar declaraciones públicas favorables al gobierno del presidente Kirchner. Evidentemente, los aires del Sur les resultaron simpáticos, pero cuando hay que sentarse en la banca y votar lo que este presidente necesita, se quedan en la crítica.
La crítica y el disenso son buenos, pero llega el momento en que hay que enfrentar el problema, que se resuelve apoyando o no. Lo que no se puede es simpatizar con alguien y no acompañarlo, porque se trata de una situación perversa.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
La Presidencia solicita a los señores diputados que tengan en cuenta que la votación se hará en forma nominal, aunque no haya sido suficientemente apoyado el pedido.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por el Chaco.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por el Chaco.
SR. GONZALEZ, RAFAEL ALFREDO (CHACO):
En este debate se han sembrado muchas dudas.
Desde el punto de vista técnico, el señor presidente de la Comisión de Finanzas -diputado Frigeri- ha explicado cuáles son los objetivos que se persiguen. Ha hablado de algunas cuestiones que pueden ser perfectibles y que quizás se debatan en el tratamiento en particular.
También hemos asistido a exposiciones muy enjundiosas sobre lo que pasó en la Argentina. En la Comisión de Finanzas he tenido oportunidad de escuchar la exposición del señor diputado Cafiero en relación con lo que pasó en el marco de la ley, en la cual nosotros también hemos participado.
Comprendo las dudas que se puedan tener. Incluso, hay algunos que tienen dudas con respecto al partido en el que tienen que ubicarse en tiempo y espacio. Lo que no quisiera es que se confunda todo esto y se piense que hoy vamos a votar algo que es negativo, perverso e inmoral para la Argentina. Eso sería prejuzgar respecto de aquellos que hemos participado en este proceso.
Me niego a pensar que el gobierno, al enviar este proyecto, y nosotros, al aprobarlo, vayamos a ser perversamente antiargentinos. No acepto que se diga que estamos votando en contra de nuestras convicciones o en favor de alguien.
Desde el punto de vista técnico, el señor presidente de la Comisión de Finanzas -diputado Frigeri- ha explicado cuáles son los objetivos que se persiguen. Ha hablado de algunas cuestiones que pueden ser perfectibles y que quizás se debatan en el tratamiento en particular.
También hemos asistido a exposiciones muy enjundiosas sobre lo que pasó en la Argentina. En la Comisión de Finanzas he tenido oportunidad de escuchar la exposición del señor diputado Cafiero en relación con lo que pasó en el marco de la ley, en la cual nosotros también hemos participado.
Comprendo las dudas que se puedan tener. Incluso, hay algunos que tienen dudas con respecto al partido en el que tienen que ubicarse en tiempo y espacio. Lo que no quisiera es que se confunda todo esto y se piense que hoy vamos a votar algo que es negativo, perverso e inmoral para la Argentina. Eso sería prejuzgar respecto de aquellos que hemos participado en este proceso.
Me niego a pensar que el gobierno, al enviar este proyecto, y nosotros, al aprobarlo, vayamos a ser perversamente antiargentinos. No acepto que se diga que estamos votando en contra de nuestras convicciones o en favor de alguien.
SR. RODRIGUEZ, JESUS (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?
SR. GONZALEZ, RAFAEL ALFREDO (CHACO):
No, señor diputado.
Recurrimos permanentemente al tema del Fondo Monetario Internacional. Si levanto la mano para votar favorablemente o aprieto la tecla para que se me identifique con el voto por la afirmativa, lo hago en el marco de la representación del pueblo de la provincia del Chaco.
Ni siquiera sé dónde queda el Fondo Monetario Internacional. Lo hago porque mi gobierno me solicita esta ley. Lo hago porque estoy convencido y creo que es una herramienta más para salir del atolladero en el que estamos.
Lo hago a partir de mi convencimiento y, posiblemente, con errores. Si hay algún integrante de un partido político que crea que nunca se ha equivocado, que lo diga, pero creo que todos hemos cometido errores. Con buena voluntad, venimos a tratar de superarlos.
Además de todas las imperfecciones que hemos señalado, no tenemos que perder de vista que este cuerpo tiene la posibilidad de presentar iniciativas desde el punto de vista legislativo. O sea que lo que no alcance la perfección, podrá ser corregido con una nueva iniciativa, que incluso puede tener origen en los integrantes del Congreso.
En consecuencia, me parece bien que se vote nominalmente, a fin de expresar si estamos dispuestos a acompañar un proyecto difícil que el Poder Ejecutivo necesita para salir de la intrincada situación en que nos encontramos.
Recurrimos permanentemente al tema del Fondo Monetario Internacional. Si levanto la mano para votar favorablemente o aprieto la tecla para que se me identifique con el voto por la afirmativa, lo hago en el marco de la representación del pueblo de la provincia del Chaco.
Ni siquiera sé dónde queda el Fondo Monetario Internacional. Lo hago porque mi gobierno me solicita esta ley. Lo hago porque estoy convencido y creo que es una herramienta más para salir del atolladero en el que estamos.
Lo hago a partir de mi convencimiento y, posiblemente, con errores. Si hay algún integrante de un partido político que crea que nunca se ha equivocado, que lo diga, pero creo que todos hemos cometido errores. Con buena voluntad, venimos a tratar de superarlos.
Además de todas las imperfecciones que hemos señalado, no tenemos que perder de vista que este cuerpo tiene la posibilidad de presentar iniciativas desde el punto de vista legislativo. O sea que lo que no alcance la perfección, podrá ser corregido con una nueva iniciativa, que incluso puede tener origen en los integrantes del Congreso.
En consecuencia, me parece bien que se vote nominalmente, a fin de expresar si estamos dispuestos a acompañar un proyecto difícil que el Poder Ejecutivo necesita para salir de la intrincada situación en que nos encontramos.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
La Presidencia hace saber al señor diputado Rodríguez que luego de la votación le dará la posibilidad de que se exprese sobre el tema.
SR. RODRIGUEZ, JESUS (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Quisiera hacerlo antes de que se vote, señor presidente.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
La Presidencia considera que lo conveniente es que lo haga después. Siempre es conveniente que las cosas se hagan después, y nunca antes. (Risas.)
Se va a votar en general en forma nominal.
Se va a votar en general en forma nominal.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 155 señores diputados presentes, 112 han votado por la afirmativa y 41 por la negativa, registrándose además una abstención.
SR.(SECRETARIO (ROLLANO))
Sobre 155 señores diputados presentes, han votado 112 señores diputados por la afirmativa y 41 por la negativa, registrándose además una abstención.
Aquí VOTACIÓN nominal
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Queda aprobado en general el proyecto de ley.
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
SR. RODRIGUEZ, JESUS (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Quiero agradecer a la Presidencia por no haberme dado la palabra, y también al señor diputado por hacer lo propio.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
La Presidencia agradece que el señor diputado no haya hecho uso de la palabra, porque nunca se ha procedido así luego del discurso de cierre.
SR. RODRIGUEZ, JESUS (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Depende de lo que haya dicho el orador en su discurso de cierre; cuando falta el respeto a otro bloque, sí corresponde.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
A los fines del debate en particular, la Presidencia sugiere que la consideración y las votaciones sean realizadas por capítulo.
SR. OSTROPOLSKY, ALDO HECTOR (MENDOZA):
Si me permite, señor presidente, nosotros vamos a formular observaciones en todos los capítulos.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
El señor diputado podrá referirse a los artículos que desee, según el capítulo que esté en tratamiento.
Si no se formulan objeciones, se procederá en la forma sugerida por la Presidencia.
Si no se formulan objeciones, se procederá en la forma sugerida por la Presidencia.
- No se formulan objeciones.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
En consideración en particular el Capítulo I, que comprende los artículos 1° a 12.
Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
SR. OSTROPOLSKY, ALDO HECTOR (MENDOZA):
Señor presidente: tal como lo manifestara anteriormente, es intención de nuestro bloque que el artículo 5° sea suprimido, pues entendemos que no corresponde su aprobación. Ello, en virtud de las declaraciones hechas por el señor presidente de la Nación, incluso en este recinto el día de su asunción. Tratar mediante un artículo de liberar responsabilidades implica generar impunidad. Por lo expuesto, repito, el bloque de la Unión Cívica Radical solicita la supresión del artículo 5°.
En relación con el artículo 8°, proponemos que se mantenga la redacción original.
En relación con el artículo 8°, proponemos que se mantenga la redacción original.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra el señor diputado por el Chaco.
SR. ROMERO, HECTOR RAMON (CHACO):
Señor presidente: este artículo y algunos otros, como el 13...
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
El artículo 13 no está en tratamiento, señor diputado.
SR. ROMERO, HECTOR RAMON (CHACO):
Lo sé, señor presidente. Simplemente, quiero señalar que hay una grosera violación de la Constitución Nacional. Sin perjuicio de que solicito la inserción de mi discurso en el Diario de Sesiones, quiero advertir lo siguiente.
La arbitrariedad y la irrazonabilidad deben ser manifiestas. Tengo la sensación de que a partir de este artículo y del inciso q) del artículo 14 estamos creando una suerte de asociación ilícita, pues si no se llega a apreciar en forma manifiesta la violación de la ley podríamos caer en las cuestiones ocultas que siempre terminan doblegando la voluntad de los demás. Y cuando descubramos la arbitrariedad o la irrazonabilidad, que requieren un juicio previo, va a ser tarde.
Se está violentando el principio de reglamentación y el de razonabilidad, que establecen que las leyes no pueden ser alteradas por otras leyes que reglamenten su ejercicio; el principio de limitación, etcétera.
Los artículos 14, 28, 29...
La arbitrariedad y la irrazonabilidad deben ser manifiestas. Tengo la sensación de que a partir de este artículo y del inciso q) del artículo 14 estamos creando una suerte de asociación ilícita, pues si no se llega a apreciar en forma manifiesta la violación de la ley podríamos caer en las cuestiones ocultas que siempre terminan doblegando la voluntad de los demás. Y cuando descubramos la arbitrariedad o la irrazonabilidad, que requieren un juicio previo, va a ser tarde.
Se está violentando el principio de reglamentación y el de razonabilidad, que establecen que las leyes no pueden ser alteradas por otras leyes que reglamenten su ejercicio; el principio de limitación, etcétera.
Los artículos 14, 28, 29...
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
La Presidencia solicita al señor diputado que le permita ordenar el debate. En estos momentos, la Cámara está considerando los artículos 1° a 12.
SR. ROMERO, HECTOR RAMON (CHACO):
Voy a terminar con mi fundamentación. Como mínimo, debe ser suprimida la palabra "manifiestas".
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
SR. ESAIN, DANIEL (MENDOZA):
Señor presidente: solicito que en el artículo 1° se elimine lo siguiente: "cuando el Banco Central de la República Argentina lo considere conveniente, podrán constituirse fideicomisos financieros con todos o parte de los activos de la entidad".
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. CAFIERO, MARIO ALEJANDRO (BUENOS AIRES):
Señor presidente: creo que fui claro en mi voto negativo en general. En el tratamiento en particular reitero mis objeciones a todos los artículos...
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
La Presidencia advierte al señor diputado que en esta instancia debe referirse a aquellos artículos del Capítulo I respecto de los cuales propone modificaciones.
SR. CAFIERO, MARIO ALEJANDRO (BUENOS AIRES):
Señor presidente: insisto con el texto que presenté como dictamen de minoría.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
La Presidencia hace saber al señor diputado que no está en tratamiento su dictamen sino el proyecto venido en revisión del Honorable Senado. Lo que el señor diputado plantea no está contemplado en el reglamento. En caso de que la votación de alguno de los artículos resulte negativa, la Cámara resolverá.
SR. CAFIERO, MARIO ALEJANDRO (BUENOS AIRES):
Señor presidente: quiero dejar constancia de mi oposición a todos los artículos de este capítulo, y no voy a proponer ninguna modificación porque este proyecto de ley no es ni más ni menos que una trampa cazabobos.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
De acuerdo con lo expresado por los señores diputados cuando hicieron uso de la palabra, el señor diputado Cafiero votará en contra del proyecto; el Frente del Movimiento Popular también votará en contra; la señora diputada Marcela Rodríguez, al igual que todo el bloque del ARI, votará en contra; el señor diputado Martínez Raymonda votará en contra; el señor diputado Llano votará en contra; el señor diputado Loutaif votará en contra; el señor diputado García votará en contra, y el señor diputado Bossa votó en general por la afirmativa.
En este momento, la Cámara está considerando el Capítulo I, que comprende los artículos 1° a 12. Los señores diputados que quieran proponer modificaciones a estos artículos, pueden hacerlo y la comisión podrá aceptarlas o no. Los señores diputados que no tengan modificaciones para plantear, tienen derecho a votar por la negativa.
Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.
En este momento, la Cámara está considerando el Capítulo I, que comprende los artículos 1° a 12. Los señores diputados que quieran proponer modificaciones a estos artículos, pueden hacerlo y la comisión podrá aceptarlas o no. Los señores diputados que no tengan modificaciones para plantear, tienen derecho a votar por la negativa.
Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.
SRA. WALSH, PATRICIA (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
El bloque de Izquierda Unida votará en contra.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene razón, señora diputada, porque así lo manifestó cuando hizo uso de la palabra.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. FRIGERI, RODOLFO ANIBAL (BUENOS AIRES):
Señor presidente: en el Capítulo I, que contiene los artículos 1° a 12, no hay ninguna palabra ni concepto que hable de impunidad.
SR. RODRIGUEZ, JESUS (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?
SR. FRIGERI, RODOLFO ANIBAL (BUENOS AIRES):
Sí, señor diputado.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
SR. RODRIGUEZ, JESUS (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: quiero interpretar bien lo que estamos discutiendo. Se está sometiendo a la consideración del cuerpo el primer capítulo, que contiene distintos artículos. De acuerdo con la intervención del señor diputado Ostropolsky, el bloque de la Unión Cívica Radical expresó disidencias y observaciones, lo cual quiere decir que nuestro voto será negativo a la hora de votar este capítulo.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Así lo ha interpretado la Presidencia, señor diputado.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. FRIGERI, RODOLFO ANIBAL (BUENOS AIRES):
Señor presidente: decía que ni en este capítulo ni en todo el proyecto de ley se habla de impunidad. La comisión no va a aceptar modificaciones en este capítulo ni en ningún otro del proyecto de ley, sin perjuicio de que los señores diputados expresen sus propuestas y que la comisión aclare las dudas.
SR. CAFIERO, MARIO ALEJANDRO (BUENOS AIRES):
¡Entonces, ¿cuál es la función legislativa que estamos cumpliendo?! ¡Esto es una parodia! ¡Cómo va a decir que no va a aceptar modificaciones!
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
La Presidencia aclara al señor diputado que el señor presidente de la Comisión de Finanzas ha dicho que no va a aceptar modificaciones y eso es posible de acuerdo con el reglamento. Usted, señor diputado, tiene derecho a proponer las modificaciones que desee y la comisión tiene derecho a no aceptarlas.
Se va a votar el Capítulo I, que contiene los artículos 1° a 12.
Se va a votar el Capítulo I, que contiene los artículos 1° a 12.
SR. CAFIERO, MARIO ALEJANDRO (BUENOS AIRES):
¡La votación debe hacerse en forma nominal!
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
La Presidencia advierte que la votación no será nominal. Fue nominal la votación en general del proyecto.
Se va a votar.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
SR. CAFIERO, MARIO ALEJANDRO (BUENOS AIRES):
¡Yo me retiro!
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
La Presidencia aplicará el reglamento en forma estricta. El bloque radical manifestó que iba a votar en contra, pero hay 85 señores diputados que votan por la afirmativa.
SR. CAFIERO, MARIO ALEJANDRO (BUENOS AIRES):
¡Es una burla, una payasada!
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
La Presidencia considera que la cuestión será una burla para usted, señor diputado, que siempre se queja de cualquier cosa.
En consideración el Capítulo II, que comprende los artículos 13 a 15.
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
En consideración el Capítulo II, que comprende los artículos 13 a 15.
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
SR. RODRIGUEZ, JESUS (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: desafortunadamente se está generando un clima -en sintonía con algunas cosas que están sucediendo fuera de esta Cámara- de poca tolerancia
a la opinión ajena. Me gustaría que el señor presidente, que ha manejado esta Cámara con tanta responsabilidad y apego al reglamento, no trate de contribuir a forzar una decisión y sea ecuánime como lo ha venido siendo hasta ahora.
Por eso, tomando en cuenta el mecanismo que utilizó en la votación anterior, que no fue nominal, ahora le pido que votemos por capítulo nominalmente y que no vayamos a gran velocidad porque antes, cuando la votación no fue nominal, lo sometió a consideración y había diez manos alzadas.
a la opinión ajena. Me gustaría que el señor presidente, que ha manejado esta Cámara con tanta responsabilidad y apego al reglamento, no trate de contribuir a forzar una decisión y sea ecuánime como lo ha venido siendo hasta ahora.
Por eso, tomando en cuenta el mecanismo que utilizó en la votación anterior, que no fue nominal, ahora le pido que votemos por capítulo nominalmente y que no vayamos a gran velocidad porque antes, cuando la votación no fue nominal, lo sometió a consideración y había diez manos alzadas.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
La Presidencia advierte al señor diputado que las cosas no sucedieron así, de ninguna manera.
SR. RODRIGUEZ, JESUS (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Votemos nominalmente...
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
La Presidencia no acepta que el señor diputado diga que no se votó como corresponde. No lo acepta desde ningún punto de vista. Si el pedido del señor diputado de que la próxima votación sea nominal resulta suficientemente apoyado se votará nominalmente.
SR. RODRIGUEZ, JESUS (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
No terminé, señor presidente. Si no me interrumpe...
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
La Presidencia sugiere al señor diputado que se refiera a los artículos en consideración y no a otra cosa.
SR. RODRIGUEZ, JESUS (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Voy a hablar de los artículos y de lo que crea que debo hablar.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
No hay inconvenientes, señor diputado.
SR. RODRIGUEZ, JESUS (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: pido que la votación sea nominal y le hago una consulta. Supongamos que la votación resulte negativa.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
La Presidencia sugiere que primero se vote.
SR. RODRIGUEZ, JESUS (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Le hago una consulta para esclarecerme.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Si la votación resulta negativa la Presidencia le responderá.
SR. RODRIGUEZ, JESUS (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Pero quiero consultarlo anticipadamente.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
La Presidencia considera inconveniente dar una respuesta anticipada. Deje el señor diputado que se vote. La Presidencia está segura de que la votación resultará afirmativa.
SR. RODRIGUEZ, JESUS (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Es probable que usted tenga razón, señor presidente, pero déjeme hacer la consulta.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
La Presidencia considera innecesario dar una respuesta, ya que el señor diputado conoce muy bien el reglamento.
Se va a votar en forma nominal.
Se va a votar en forma nominal.
SR. RODRIGUEZ, JESUS (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Muchas gracias, señor presidente. Parece que la intolerancia también le llega a usted.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
La Presidencia desea saber si los señores diputados Ostropolsky, Peláez y Llano, que han presentado objeciones, desean formular alguna propuesta.
Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
SR. OSTROPOLSKY, ALDO HECTOR (MENDOZA):
Señor presidente: si se aceptan las modificaciones vamos a votar afirmativamente.
Con respecto al artículo 14, inciso q) -que exime, reduce y atenúa los cargos-, planteamos su eliminación.
En cuanto al inciso e), que habla de la remisión al Honorable Senado para la aprobación, obviamente se impone una modificación, dado que ello fue planteado por todos los bloques. Nosotros no podemos aprobar que sea únicamente al Senado, por lo que proponemos la modificación que corresponde, es decir, incluyendo a la Cámara de Diputados o al Honorable Congreso de la Nación.
Con respecto al artículo 15, que sustituye al artículo 20 de la Carta Orgánica, tratándose de un tema de fundamental importancia en el que no debe existir ninguna duda en cuanto a su interpretación, hice el siguiente ejercicio. Le di este artículo a tres personas para que lo leyeran y me lo explicaran y recibí tres versiones diferentes. Es un artículo confuso y el tema es importante, por lo cual proponemos que tenga una redacción clara.
Con respecto al artículo 14, inciso q) -que exime, reduce y atenúa los cargos-, planteamos su eliminación.
En cuanto al inciso e), que habla de la remisión al Honorable Senado para la aprobación, obviamente se impone una modificación, dado que ello fue planteado por todos los bloques. Nosotros no podemos aprobar que sea únicamente al Senado, por lo que proponemos la modificación que corresponde, es decir, incluyendo a la Cámara de Diputados o al Honorable Congreso de la Nación.
Con respecto al artículo 15, que sustituye al artículo 20 de la Carta Orgánica, tratándose de un tema de fundamental importancia en el que no debe existir ninguna duda en cuanto a su interpretación, hice el siguiente ejercicio. Le di este artículo a tres personas para que lo leyeran y me lo explicaran y recibí tres versiones diferentes. Es un artículo confuso y el tema es importante, por lo cual proponemos que tenga una redacción clara.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. GUTIERREZ, FRANCISCO VIRGILIO (BUENOS AIRES):
Señor presidente: propongo que se voten nuevamente los artículos 1° a 12, pero esta vez en forma nominal.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
La Presidencia advierte al señor diputado que eso no es posible.
SR. GUTIERREZ, FRANCISCO VIRGILIO (BUENOS AIRES):
Yo también he observado que puede haber un resultado muy ajustado en lo que usted sometió a votación.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
La Presidencia sugiere al señor diputado que haga la propuesta con respecto a los artículos que estamos tratando.
SR. GUTIERREZ, FRANCISCO VIRGILIO (BUENOS AIRES):
Déjeme terminar...
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
La Presidencia advierte que no se va a modificar la votación.
SR. GUTIERREZ, FRANCISCO VIRGILIO (BUENOS AIRES):
Entonces, voy a cuestionar la forma en que usted hizo votar esto, señor presidente.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
La Presidencia advierte al señor diputado que eso no corresponde desde ningún punto de vista.
SR. GUTIERREZ, FRANCISCO VIRGILIO (BUENOS AIRES):
Estoy acostumbrado a asambleas de fábricas y sindicatos, donde uno puede hacer ese tipo de maniobra...
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
La Presidencia no entiende de qué maniobra habla el señor diputado. Usted estará acostumbrado a maniobras, señor diputado, la Presidencia a ninguna.
SR. GUTIERREZ, FRANCISCO VIRGILIO (BUENOS AIRES):
A la que usted hizo recién. Sométalo a votación nominal.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Dado que el señor diputado lo pide, se va a votar si se efectúa la reconsideración de la votación. Se requieren los dos tercios de los votos que se emitan.
- Resulta negativa.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Como habrá podido apreciar el señor diputado, no se reunieron los dos tercios. Por lo tanto, la Presidencia pregunta dónde estuvo el error.
SR. GUTIERREZ, FRANCISCO VIRGILIO (BUENOS AIRES):
No se votó así...
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. MACALUSE, EDUARDO GABRIEL (BUENOS AIRES):
Señor presidente: tenemos la mayor de las voluntades para que las cosas salgan adelante. La idea de esta intervención es tratar de colaborar para que el debate se pueda encarrilar de la mejor forma posible.
A mi juicio, algunas de las posturas expuestas por el oficialismo no ayudan a que el proyecto sea sancionado como él necesita. Creo que de nuestra parte hay bastante comprensión, aun cuando no estamos de acuerdo con la iniciativa en consideración.
Como entiendo que no ha sido clara la votación en particular de los primeros artículos, solicito encarecidamente al señor presidente que se vote en forma nominal. Además, si no se lo hace, quedarán la votación en general y de algunos capítulos en particular practicadas nominalmente, y la de otros capítulos a mano alzada, sin saber claramente cuál ha sido su resultado.
Sabemos que el oficialismo tiene la primera minoría y que está en condiciones de dar sanción al proyecto en consideración, pero sería mucho más claro dejar asentado cuál ha sido el resultado de la votación de un proyecto que no nos parece adecuado. Estamos pidiendo que se introduzcan algunas modificaciones y nos dicen que no harán lugar a ninguna de ellas. Si a eso sumamos que los resultados de algunas votaciones no quedan claros, lo que nos están diciendo es que tienen la posibilidad de sancionar solos el proyecto de ley.
Creo que mi solicitud no es desmedida -somos conscientes de la responsabilidad que nos cabe- y nos ayudará a saber con claridad en qué sentido votó cada uno.
A mi juicio, algunas de las posturas expuestas por el oficialismo no ayudan a que el proyecto sea sancionado como él necesita. Creo que de nuestra parte hay bastante comprensión, aun cuando no estamos de acuerdo con la iniciativa en consideración.
Como entiendo que no ha sido clara la votación en particular de los primeros artículos, solicito encarecidamente al señor presidente que se vote en forma nominal. Además, si no se lo hace, quedarán la votación en general y de algunos capítulos en particular practicadas nominalmente, y la de otros capítulos a mano alzada, sin saber claramente cuál ha sido su resultado.
Sabemos que el oficialismo tiene la primera minoría y que está en condiciones de dar sanción al proyecto en consideración, pero sería mucho más claro dejar asentado cuál ha sido el resultado de la votación de un proyecto que no nos parece adecuado. Estamos pidiendo que se introduzcan algunas modificaciones y nos dicen que no harán lugar a ninguna de ellas. Si a eso sumamos que los resultados de algunas votaciones no quedan claros, lo que nos están diciendo es que tienen la posibilidad de sancionar solos el proyecto de ley.
Creo que mi solicitud no es desmedida -somos conscientes de la responsabilidad que nos cabe- y nos ayudará a saber con claridad en qué sentido votó cada uno.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
La Presidencia aclara que cuando se iba a votar en general, la señora diputada Rodríguez se acercó al estrado y expresó que los integrantes de su bloque querían hacerlo en forma nominal, pero esa solicitud no iba a resultar suficientemente apoyada. A pesar de ello, la Presidencia pidió que se habilitara el tablero electrónico para votar en forma nominal. Hizo lo que correspondía; entonces, la Presidencia pide por favor que así como ella respeta a los señores diputados, el señor diputado respete a la Presidencia.
En la siguiente votación nadie se acercó a la Presidencia para pedir absolutamente nada. Entonces, como correspondía, se procedió a efectuar la votación a mano alzada.
Ahora usted, señor diputado, pide que se vote nominalmente. Si bien la Presidencia accederá a su solicitud, quiere aclararle que lo que no puede es pedir una reconsideración, porque ello puede obedecer a dos situaciones: que hubo una equivocación en el planteo o que existió una falta de interpretación por parte de los señores diputados acerca de la manera en que debían votar.
Si es su deseo que el proyecto de ley sea votado en forma nominal, así se hará de aquí en más, pero lo que no se puede es volver hacia atrás en la votación, porque ni siquiera resultó afirmativa la votación de la moción de reconsideración.
En la siguiente votación nadie se acercó a la Presidencia para pedir absolutamente nada. Entonces, como correspondía, se procedió a efectuar la votación a mano alzada.
Ahora usted, señor diputado, pide que se vote nominalmente. Si bien la Presidencia accederá a su solicitud, quiere aclararle que lo que no puede es pedir una reconsideración, porque ello puede obedecer a dos situaciones: que hubo una equivocación en el planteo o que existió una falta de interpretación por parte de los señores diputados acerca de la manera en que debían votar.
Si es su deseo que el proyecto de ley sea votado en forma nominal, así se hará de aquí en más, pero lo que no se puede es volver hacia atrás en la votación, porque ni siquiera resultó afirmativa la votación de la moción de reconsideración.
SR. MACALUSE, EDUARDO GABRIEL (BUENOS AIRES):
No he pedido una reconsideración. Simplemente, he dicho que no me quedó claro el resultado de la votación en particular.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
A la Presidencia le ha quedado en claro. No busquemos excusas, señor diputado.
¿La comisión acepta las modificaciones propuestas a los artículos 13, 14 y 15?
¿La comisión acepta las modificaciones propuestas a los artículos 13, 14 y 15?
SR. FRIGERI, RODOLFO ANIBAL (BUENOS AIRES):
La comisión no acepta ninguna modificación, señor presidente.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
SR. ALESSANDRO, DARIO PEDRO (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: quiero formular una pregunta al presidente de la Comisión de Finanzas. Si el proyecto se vota íntegramente sin ninguna modificación, ¿qué va a pasar con el artículo 14...
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Luego esta Presidencia lo va a aclarar, señor diputado.
SR. ALESSANDRO, DARIO PEDRO (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Pero me gustaría saberlo antes de que se vote, porque eso tiene mucho que ver con el sentido de la votación. ¿Por qué no lo explican ahora?
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
La Presidencia lo explicará en seguida, señor diputado.
Se va a votar nominalmente el Capítulo II.
Se va a votar nominalmente el Capítulo II.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 151 señores diputados presentes, 92 han votado por la afirmativa y 54 por la negativa, registrándose además 4 abstenciones.
SR.(SECRETARIO (ROLLANO))
Sobre 151 señores diputados presentes han votado 92 por la afirmativa y 54 por la negativa, registrándose además 4 abstenciones.
Aquí votación nominal
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Con respecto a la inquietud planteada por el señor diputado Alessandro, la Presidencia hace saber a los señores diputados que hace unos instantes se comunicó con el señor ministro de Economía de la Nación quien le expresó que ese artículo va a ser vetado. No obstante, debemos votarlo en su actual redacción a fin de que el proyecto no tenga que volver al Senado. Entonces, la Presidencia pide que se proceda a la votación del capítulo sabiendo que existe un compromiso por parte del Poder Ejecutivo de vetar ese artículo.
SR. MINGUEZ, JUAN JESUS (SAN JUAN):
Señor presidente: quiero aclarar que voté por la negativa, ya que justamente en el momento de la votación me levanté y mi voto no quedó consignado.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
De acuerdo, señor diputado.
En consideración el Capítulo III, que comprende los artículos 16 a 21.
Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
En consideración el Capítulo III, que comprende los artículos 16 a 21.
Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
SR. OSTROPOLSKY, ALDO HECTOR (MENDOZA):
Señor presidente: tal como lo expresáramos durante el tratamiento en general, pretendemos que el artículo 16 sea eliminado, ya que no estamos de acuerdo con lo establecido en sus tres incisos, referidos a reservas, asistencia crediticia por insolvencia y renuncia a privilegios por parte del Banco Central.
Con respecto al artículo 17, sostuvimos que era conveniente -y hasta me permití una ironía- mantener a un Cavallo y no retrotraer al Cavallo del 95, porque esto tiene que ver con la relación que hay entre el Ministerio de Economía y el Banco Central: si el Banco Central se lleva bien con el presidente, se mantiene una situación, y si no, se bajan las decisiones al directorio. Entendemos que era mejor como estaba.
Con respecto al artículo 17, sostuvimos que era conveniente -y hasta me permití una ironía- mantener a un Cavallo y no retrotraer al Cavallo del 95, porque esto tiene que ver con la relación que hay entre el Ministerio de Economía y el Banco Central: si el Banco Central se lleva bien con el presidente, se mantiene una situación, y si no, se bajan las decisiones al directorio. Entendemos que era mejor como estaba.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
SR. ESAIN, DANIEL (MENDOZA):
Señor presidente: solicito la eliminación del artículo 16.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
SR. BOSSA, MAURICIO (CORDOBA):
Señor presidente: en realidad, pedí la palabra para ser coherente con lo que dije anteriormente. Si bien voté afirmativamente el Capítulo II, quiero dejar constancia de que no lo hice con respecto al artículo 15.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Se dejará constancia, señor diputado.
¿El señor presidente de la comisión desea hacer algún comentario?
¿El señor presidente de la comisión desea hacer algún comentario?
SR. FRIGERI, RODOLFO ANIBAL (BUENOS AIRES):
Señor presidente: en el artículo 16 se contempla la alternativa de la asistencia financiera a entidades con problemas, que como todos sabemos ya estaba prevista en el 214. La posibilidad de entregar efectivos mínimos con títulos públicos valuados a valor de mercado se incorpora durante la gestión de Cavallo, cuando se sacan los préstamos garantizados. Esta es una facultad que caduca con la ley de emergencia económica, el día 10 de diciembre. En ese momento se tiene que integrar con lo que dice la Carta Orgánica sin este artículo transitorio, y la institución que no pueda hacerlo tendrá serios problemas. Si el día 10 de diciembre se amplía o se posterga la emergencia económica, ahí se puede derogar esta facultad, porque es necesario que el sistema financiero funcione normalmente.
Por eso, no aceptamos modificaciones en este capítulo, porque entendemos que tal como está planteado no se trata de normas que compliquen o pretendan otra cosa más que tratar la situación de emergencia que está viviendo hoy el sistema financiero, en forma transitoria, con la ley de emergencia que rige hasta el 10 de diciembre.
Por eso, no aceptamos modificaciones en este capítulo, porque entendemos que tal como está planteado no se trata de normas que compliquen o pretendan otra cosa más que tratar la situación de emergencia que está viviendo hoy el sistema financiero, en forma transitoria, con la ley de emergencia que rige hasta el 10 de diciembre.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.
SR. PERNASETTI, HORACIO FRANCISCO (CATAMARCA):
Señor presidente: al establecer la forma de votación por capítulos, prácticamente nos están obligando a votar negativamente todo el capítulo, cuando en realidad nosotros manifestamos -como bien lo señaló el señor diputado Ostropolsky- un pedido de eliminación del artículo 17.
Lo referido a cuasimonedas y a la autoridad de control -artículos 18 y 19- constituye una de las razones por las que votamos en general por la afirmativa; no hay ninguna contradicción, como se pretendió señalar.
Lo referido a cuasimonedas y a la autoridad de control -artículos 18 y 19- constituye una de las razones por las que votamos en general por la afirmativa; no hay ninguna contradicción, como se pretendió señalar.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
A efectos de posibilitar que el bloque radical pueda expresarse en forma favorable respecto de los artículos 18 y 19, la Presidencia sugiere que en primer término se voten esas dos disposiciones y luego el resto de los artículos del Capítulo III.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Se van a votar nominalmente los artículos 18 y 19.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 148 señores diputados presentes, 92 votaron por la afirmativa y 43 por la negativa, registrándose además 11 abstenciones.
AQUÍ VOTACION NOMINAL
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
En razón de que hay un pedido especial, que está planteando una expresión política, la Presidencia sugiere anular la votación y votar nuevamente.
SR. MACALUSE, EDUARDO GABRIEL (BUENOS AIRES):
¡No es posible, señor presidente!
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
En atención a lo indicado por el señor diputado por Buenos Aires, la Presidencia sugiere reconsiderar la votación que se acaba de realizar.
Se va a votar. Se requieren los dos tercios de los votos que se emitan.
Se va a votar. Se requieren los dos tercios de los votos que se emitan.
- Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Queda aprobada la moción.
Corresponde votar nuevamente el Capítulo III, que comprende los artículos 16 a 21.
Se va a votar nominalmente.
Corresponde votar nuevamente el Capítulo III, que comprende los artículos 16 a 21.
Se va a votar nominalmente.
- Se practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 148 señores diputados presentes, 93 votaron por la afirmativa y 51 por la negativa, registrándose además 3 abstenciones.
SR.(SECRETARIO (ROLLANO))
Sobre 148 señores diputados presentes han votado 93 por la afirmativa y 51 por la negativa, registrándose además 3 abstenciones.
Aquí votacion nominal
- El artículo 22 es de forma.
SR. PRESIDENTE(CAMAÑO)
Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley.
Se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado.
Se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado.
Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina | Congreso de la Nación Argentina | Av. Rivadavia 1864 - Ciudad Autónoma de Bs. As. (C.P.C1033AAV) | + 54 11 6075-0000
Nota: La información contenida en este sitio es de dominio público y puede ser utilizada libremente. Se solicita citar la fuente.