Período:120 Reunion:11 Fecha:05/06/2002 INFORME DEL SEÑOR JEFE DE GABINETE DE MINISTROS


SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Oportunamente la Presidencia hizo llegar a los señores presidentes de los bloques políticos que componen esta Honorable Cámara copia del escrito remitido por el señor jefe de Gabinete de Ministros en el que informa acerca de los temas que expondrá en esta sesión.
La Presidencia informa que se encuentra en antesalas el señor jefe de Gabinete de Ministros, don Alfredo Néstor Atanasof. Si hay asentimiento, se lo invitará a ingresar al recinto.

Asentimiento.

Ingresa al recinto el señor jefe de Gabinete de Ministros, don Alfredo Néstor Atanasof, acompañado por el señor secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, licenciado Guillermo Emilio Nielsen; el señor secretario de Política Económica del Ministerio de Economía, licenciado Alberto Enrique Devoto; el señor secretario de Gabinete y Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete de Ministros, doctor Juan Pablo Cafiero; el señor secretario de Justicia y Asuntos Legislativos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, doctor Guillermo Horacio De Sanctis, y la señora secretaria de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, profesora Mirta Delia Ward.

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Antes de conceder el uso de la palabra al señor jefe de Gabinete de Ministros, por Secretaría se dará lectura de la primera parte del artículo 202 del reglamento, referida a la distribución de los términos para el uso de la palabra.

SR.(SECRETARIO (ROLLANO)) Dice así: "El jefe de Gabinete de Ministros dispondrá de una hora para exponer su informe.
"A continuación los bloques en su conjunto dispondrán de doscientos cuarenta minutos para solicitar aclaraciones o ampliaciones. El tiempo acordado a los distintos bloques será distribuido en proporción a la cantidad de sus integrantes, estableciéndose un mínimo de cinco minutos por bloque."

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Por Secretaría se informará acerca del término del que dispondrán los distintos bloques.

SR.(SECRETARIO (ROLLANO)) El bloque Justicialista dispondrá de cincuenta minutos; el bloque de la UCR, de cuarenta minutos; el bloque del ARI, de quince minutos; los bloques del Frente Grande y del Frepaso, de diez minutos, respectivamente, y el resto de las bancadas, de cinco minutos cada una.

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) A efectos de evitar inconvenientes durante el transcurso de la sesión, se va a votar si la Cámara acepta los términos acordados a los diferentes bloques a los fines de solicitar aclaraciones o ampliaciones.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Se procederá en consecuencia.
Para brindar el informe previsto en el artículo 101 de la Constitución Nacional, tiene la palabra el señor jefe de Gabinete de Ministros.

SR.(JEFE DE GABINETE DE MINISTROS) Señor presidente, señoras y señores diputados: en primer lugar, como legislador que soy -y así me considero- quiero decir que estoy muy contento de estar nuevamente en casa.
En segundo término, en cumplimiento de los deberes constitucionales que me caben como jefe de Gabinete de Ministros vengo a presentar ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación un informe sobre la situación económica, social y política y la evaluación de las políticas en curso del Poder Ejecutivo, para que esta etapa histórica de transición culmine exitosamente y se creen así las condiciones para mejorar la calidad de la democracia en nuestro país.
Estamos transitando por una crisis global; el imperativo es convertir esa crisis en oportunidades a fin de avanzar en el cumplimiento pleno de la Constitución Nacional. La lectura de la riqueza de preocupaciones que los bloques de esta Cámara han hecho llegar a la Jefatura de Gabinete es una demostración de voluntad política para alcanzar esa oportunidad.
Antes de introducirme en el informe desearía detenerme una vez más sobre el impacto y la reflexión que me produjo encontrarme frente a la diversidad de temas sobre los cuales se concentra el interés de esta Cámara por la acción del Poder Ejecutivo. Me refiero a que una de las condiciones políticas para transformar la crisis en oportunidad es profundizar aún más las fluidas relaciones de cooperación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
El presidente de la República y todo el Gabinete Nacional coinciden en que es prioritario para resolver los problemas que afectan a la economía, la política y la sociedad, restablecer las negociaciones con el FMI y otras instituciones multilaterales de crédito. Esta es la primera condición para poder salir del default, la depresión y la crisis del sistema financiero nacional. No se trata, obviamente, de contraponer falsamente las negociaciones con el FMI a las políticas activas necesarias para reactivar la economía. Ambas forman parte de un todo: poner en marcha un programa económico-social sustentable.
Durante las últimas dos semanas esta Cámara se ha abocado, junto con el Senado de la República, a la ardua tarea de tratar las leyes de quiebras y de subversión económica. Estos tratamientos eran imprescindibles para que nuestro gobierno, junto con el compromiso ya firmado con las provincias de disminuir el déficit presupuestario, pueda acordar con el FMI las precondiciones para empezar las negociaciones que nos permitan salir del default y recuperar dinámicamente nuestra participación en los mercados mundiales de bienes y capitales. Pero sería miope no entender que esas iniciativas tienen como meta estratégica mejorar la posición de nuestro país en el mundo globalizado para poder enfrentar dos enfermedades que afectan hoy a la economía y a la sociedad argentina.
Hablo de dos enfermedades porque, trágicamente, se han superpuesto: la vieja enfermedad que afectaba al modelo económico-social de sustitución de importaciones e intervencionismo estatal, moribundo desde la década de los 60, y la nueva enfermedad surgida durante la última dictadura militar, que se manifestó como preeminencia de capital financiero rentístico sobre todas las modalidades del capital, incluido el capital financiero no rentístico.
El resultado de esa doble enfermedad en la economía ha sido el gigantesco endeudamiento externo, junto con la destrucción del aparato productivo y el colapso del régimen impositivo. El Estado se degrada y pierde su función de garantizar la soberanía interior. En vez de una economía de mercado sana e incorporada a la segunda ola de mundialización de la economía, que es la globalización, se ha creado una economía rentística de libre mercado y una sociedad de mercado. Hemos desembocado en una crisis global de orden económico, social y político. El país está al borde de su disolución y de su rearticulación como un país segmentado y dualizado.
La Argentina experimenta hoy esa crisis global. Una crisis es global cuando concurren y se combinan simultáneamente tres crisis: económica, social y política. Esas tres crisis dan origen en la sociedad a una ruptura moral e intelectual con los valores e instituciones que han cohesionado en el pasado a la comunidad nacional. Esos valores e instituciones vigentes en el pasado, para ser recuperados en sus aspectos histórico-culturales positivos, deben ser reformulados y subsumidos en un nuevo orden político-institucional.
La base material estructural de la crisis moral e intelectual fue la agudización de la depresión económica, el desempleo masivo y el súbito desplazamiento hacia abajo del umbral de la pobreza del 50 por ciento de la población. Las movilizaciones sectoriales sólo confluyeron y dieron lugar a una crisis global cuando, con la rapidez de un rayo en las tinieblas, para dos terceras partes de la población se hizo evidente que la política había fallado y había conducido al país a una situación límite.
Localizar y eliminar los cuellos de botella que hacen permanente a una crisis global sólo es posible a través de un complejo proceso de implementación de políticas especiales para reformar a la economía, los mercados de trabajo y la política. Esas políticas no nacerán de cerebros privilegiados, sino de la articulación entre la formulación de políticas acertadas con las experiencias e iniciativas del pueblo. Se trata de revalorar nuevamente a la sana política para permitir que las transformaciones económicas y sociales que es necesario ejecutar en este período de transición sean exitosas.
Para este gobierno, la clave para resolver los problemas de la Argentina es reinstalarnos en el mundo de la globalización. Esta premisa es fundamental.
El capitalismo se ha desarrollado en estadios históricos pero siempre con la meta de ser mundial, esto es, construir un mercado mundial. Desde el comienzo -siglo XVI- el capitalismo mercantil se orientó a ser mundial, en la época del capitalismo. Ahora, destruida la Unión Soviética y desarticulado el Tercer Mundo, estamos en una nueva fase histórica del capital: se ha construido un "sistema mundo" único. Esto se denomina globalización. La época de los imperialismos clásicos ha terminado. En realidad, su decadencia había comenzado en 1945. Se ha constituido un "sistema mundo" único del capitalismo, articulado sobre la tercera revolución industrial, con eje en la informática, la robótica y las comunicaciones. Es un sistema en red del capitalismo en escala mundial; es el sinónimo de lo que se llama globalización; es la segunda ola de mundialización de la economía; es la sociedad de la información que está naciendo y que articulará a todas las formas de sociedad en el futuro.
Estados Unidos es el núcleo dominante, pero es sólo un núcleo dentro de un sistema de redes de empresas multinacionales y de instituciones que regulan los flujos de capitales e inversiones. La principal red es el G7. Ningún país puede quedar fuera del nuevo "sistema mundo" y sobrevivir. Las pruebas más evidentes son las transformaciones de Rusia y China, en las economías de mercado. Pero esos países, que preservan sus identidades político culturales, ahora son parte de los flujos mundiales del comercio e inversiones; son partes dentro de la globalización.
Entonces, ¿cómo necesitamos enfocar la salida del default y de la recesión en la Argentina? De lo que se trata -como plantea y ejecuta este gobierno en medio de terribles dificultades- es de reinsertar al país en el "sistema mundo". Por eso es central el acuerdo con los organismos internacionales. Sin acuerdo con ellos no se pueden realizar políticas a favor de restablecer el flujo de inversiones ni tampoco exigir la apertura a nuestras exportaciones; quedamos aislados en el Banco Mundial, en el BID y en la Organización Mundial de Comercio.
El problema es que tenemos que enfrentar el default y la depresión porque ese es el trágico precio de haber salido del plan de convertibilidad.
Con la línea del presidente Duhalde de priorizar la alianza entre el Estado, la producción y el trabajo estamos resolviendo los problemas económicos que nos llevaron en 1991 al plan de convertibilidad. La verdad, como en todos los aspectos de la vida, no se encuentra en los extremos polarizados que buscan explicar a través de las caricaturas de la realidad. La crisis argentina, por el contrario, está expresando la crisis del modo de conexión y/o inserción de un país periférico en el capitalismo globalizado a partir de la década del 90. En este marco, el núcleo duro del modo de articulación estuvo representado por el plan de convertibilidad. Dicho plan se implementa por la necesidad de superación de la hiperinflación. Esta coyuntura marca el inicio de una nueva era histórica que promoverá transformaciones estructurales irreversibles en el modelo económico y en el de la decisión política a nivel del Estado.
La estabilidad económica constituyó así el fundamento del proceso de desregulación y apertura de la economía, cambiando el perfil de las capacidades estructurales de la economía argentina. Se definirá un nuevo modelo de concentración de los recursos financieros y, por ende, de asignación de los mismos en función de las necesidades del mercado global.
De esta manera, la profundización del esquema de la convertibilidad monetaria determinó la quiebra de la estructura industrial de capital nacional. Este sector, conformado por la existencia de una red de pymes que representaba la dinámica más competitiva en el mercado interno y aun exportador, es expuesto a las condiciones de la competitividad global. En este contexto, la competitividad se dificulta debido al retraso cambiario y tecnológico y a las características del mercado laboral que rechaza la superexplotación de la clase trabajadora.
¿Qué cuellos de botella debemos superar para reconstruir las economías regionales y el aparato productivo nacional?
Que el sistema financiero continúe rígido en cuanto a las condiciones de otorgamiento de créditos al sector productivo a través de una política de restricción a los bancos. Ello significaría dificultades adicionales para las pymes en términos de garantías y tasas de interés que desalientan el crédito para ellas.
Que las pymes que hacen su operatoria diaria con el sistema financiero sigan posibilitando una masa de capitales que los bancos, a través de sucursales en el interior, vayan absorbiendo en la Capital Federal y en el Gran Buenos Aires para colocar en inversiones de mayor rentabilidad y menor riesgo, inversiones inmobiliarias, servicios y consumo.
Que se mantengan las condiciones que permitieron que durante la década del 90 las actividades productivas del interior fueran tributarias de los flujos de capital que financiaron la expansión del sector no productivo, con las consecuencias ya conocidas.
Los tres cuellos de botella mencionados deben ser superados.
En este marco, la estabilidad del sistema económico no sólo puede asegurarse por variables monetarias o extraeconómicas, léase control del gasto público. En una economía que recicla sus flujos de inversión por aporte externo y reduce sus posibilidades de capitalización y ahorro interno sólo puede pensarse en factores no económicos para garantizar ese equilibrio. Las reformas de segunda generación que no fueron realizadas, apelan a ello: reforma del Estado y reforma política, sobre las cuales hablaremos más adelante.
Cuando diseñamos en enero las políticas de subsidio al desempleo, alimentaria, y de medicamentos para la emergencia, no estábamos ni estamos pensando en medidas destinadas a subvencionar la pobreza, sino a crear mejores condiciones para que la población excluida pueda incorporarse progresivamente al mercado de trabajo. Por eso, en el marco del Diálogo Argentino establecimos claramente que los subsidios al desempleo tienen como meta para los próximos meses lograr que los dos millones de jefas y jefes de hogar que serán beneficiados en un futuro inmediato sean al mismo tiempo capacitados para incorporarse al trabajo productivo, para crear microempresas de producción y servicios, para mejorar los emprendimientos públicos, etcétera.
La filosofía del gobierno para enfrentar la emergencia está vinculada a nuestra estrategia de reestructurar y dinamizar la economía nacional, esto es, construir una economía sustentable.
No es fácil desarrollar un programa económico para la transición si no logramos cohesionarnos políticamente. Para eso es necesario establecer una línea divisoria en los estamentos superiores de la política, de las organizaciones empresarias, de trabajadores, etcétera, entre "los que entienden" y "los que no entienden". ¿Qué quiero decir con esto? A primera vista parece una fórmula superficial, pero no lo es, porque expresa el profundo, caótico y rico debate actual en la sociedad argentina sobre cómo salir de la crisis.
La gente está irritada por la alta desocupación, el aumento de la pobreza y el corralito. Pero no desea tampoco volver a un pasado que sabe no tiene futuro. Me refiero a la época del sistema económico semiautárquico, que de paso sea dicho, desembocó en dictaduras militares como "reequilibrio" entre la puja de intereses para distribuir la renta nacional.
No. La gente está irritada. Dice que el Fondo Monetario Internacional no sirve para mejorar la situación. Pero tampoco quiere quedar fuera de la globalización, de la sociedad de la información. Para eso hay que trazar una divisoria entre los que entienden y los que no entienden. Los que entienden son los que saben que debemos lograr que esta transición sea exitosa. Debemos aprovechar la crisis, y transformarla en oportunidad.
Lo que el pueblo reclama es que exista un gobierno decidido a iniciar la recuperación económica y resolver los problemas de la pobreza y el desempleo.
Esta demanda del pueblo es la que pretende encarnar nuestro gobierno. Aspiramos a rodear a este gobierno de un amplio consenso popular. De allí la importancia que hemos dado al Diálogo Argentino, convocado por el presidente Duhalde, con la participación de la Iglesia y las Naciones Unidas.
Por lo tanto, habremos perdido tiempo sin ninguna ganancia para la estabilidad política del país. Por el contrario, garantizando la transición garantizamos tanto la reforma política como la reforma institucional y, como ha dicho el presidente Duhalde, se deberá ir pensando en mecanismos de consulta popular para la legitimidad de estas reformas.
Por último, está claro que cualquier solución política no impedirá que esta crisis arrastre y probablemente haga desaparecer a una parte sustancial de la dirigencia política. La mezcla de prácticas políticas ineficientes será fuertemente erosionada por la profundidad de la crisis global y por las nuevas formas de pensar que se están generando a través de los movimientos sociales en curso.
Es cierto, como he señalado anteriormente, que se están desarrollando formas de pensar en el interior de la sociedad argentina favorables a la construcción de una nueva cultura del trabajo productivo, cultura que es la base para acelerar la convergencia de las fuerzas populares en un programa de reindustrialización integrada del país y de reconstrucción del tejido social; se necesita un poder político democrático que represente a estas nuevas formas de pensar la economía y el trabajo. Esta es la esperanza para preservar la democracia pluralista. Nuestro gobierno está empeñado en canalizar estas nuevas formas de pensar la política que están surgiendo como producto de la reflexión espontánea del pueblo, así como ocurrió en el pasado: en 1916 y en 1945.
Un capítulo aparte merece la problemática internacional de cara a la situación actual.
Es evidente que de prolongarse la crisis global peligra la integración regional.
Un aspecto importante de la situación es el esfuerzo del gobierno por fortalecer las relaciones entre la Argentina, los Estados Unidos y la Unión Europea. Se trata de una cuestión de vital importancia no sólo para nuestro país sino también para las relaciones económicas y el sistema político institucional internacional, dado que la crisis argentina potencialmente puede tener impacto sobre los mercados en los países periféricos, pero también en los propios países desarrollados, en tanto el país permanece en cesación de pagos.
Se observa en algunos círculos políticos argentinos una subestimación de la importancia que tiene normalizar nuestras relaciones económicas con los Estados Unidos y la Unión Europea. Es importante insistir en que nuestro país está comprometido con el pago de la deuda externa, pero asociando esta salida con la necesidad de reactivar la economía y enfrentar los pagos de deuda con recursos genuinos, y reclamando la apertura de mercados internacionales para nuestros productos.
La OCDE ha confirmado que los subsidios a los productores agrícolas en las naciones industrializadas han vuelto en 1999 a los altos niveles existentes antes de la finalización de la Ronda Uruguay.
La cuestión de los subsidios en la agricultura no puede minimizarse. En 1999 los subsidios en la OCDE alcanzaron la cifra de 362 mil millones de dólares, casi diez veces el total de fondos oficiales destinados a la asistencia al desarrollo, dos veces el monto de la inversión extranjera directa en estos países, y cerca de dos tercios del total del comercio agrícola mundial.
De otro lado, se observan considerables diferencias entre las condiciones de acceso a los mercados agrícolas y las aplicadas a otros productos: el promedio de las tarifas aduaneras de los productos agrícolas supera en más de ocho veces el de los productos industriales, con tasas que exceden en algunos productos el quinientos por ciento.
El acceso a los mercados es un elemento esencial del establecimiento de un sistema comercial agrícola de mercado justo. Para ejemplificar con nuestro país, se ha calculado que las exportaciones argentinas se incrementarían en cinco mil millones de dólares anuales en caso de liberalizarse el comercio internacional agrícola.
El tema de los subsidios agrícolas que afectan a nuestro país es prioritario para el gobierno nacional. Se plantean varios aspectos con relación a la postura que con cautela deberá adoptar nuestro país en este sentido, describiéndose: el escenario de comercio internacional actual, con avance en el proteccionismo por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y Japón; la participación argentina en el comunicado del Grupo Cairns con relación a la Farm Bill; la evaluación por parte de la Cancillería de la existencia de un caso concreto a plantear ante la OMC por el tema de los subsidios a la soja desde 1998 en adelante por parte de los Estados Unidos a través de sus "paquetes de emergencia", que se han establecido en forma simultánea a la Farm Act de 1996, y que se legitimarían con el dictado de la Farm Bill; la necesidad de respaldar técnicamente los fundamentos del planteo para el caso de la soja, habiéndose tanteado la colaboración económica y profesional del sector privado agrícola -CEARA y Bolsa de Cereales-, sin obtener respuesta afirmativa concreta.
Se ha determinado, a través de la posición del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, que si bien las medidas adoptadas por los Estados Unidos a través de la promulgación de la nueva ley agrícola vulneran el principio de libertad del comercio internacional y conforman una postura proteccionista que viola los acuerdos alcanzados en las rondas de Uruguay y Doha en el seno de la OMC, debería analizarse técnicamente el daño específico que estas medidas generan en perjuicio de la Argentina para entrever el curso de acción posible.
Habría violación del Acuerdo de Agricultura en el caso de la soja por los programas de emergencia agrícola de Estados Unidos de los años 1998,1999 y 2000, encontrándose vigente la Fair Act de 1996, que vence en septiembre de 2002. En este punto la Cancillería se encuentra evaluando la factibilidad de iniciar un caso ante los paneles del OSD de la OMC, ya que se ha observado que Argentina, junto con Brasil, se encuentran perjudicados.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, junto con la Jefatura de Gabinete de Ministros, está trabajando para completar un estudio técnico sobre el caso, con el apoyo del sector privado damnificado por estas medidas, representado por CEARA, la Bolsa de Cereales y entidades agrarias, quienes a su vez cuentan con el apoyo de estudios jurídicos internacionales, habida cuenta de su perfil comercial multinacional.
Sostenemos que aún falta, en la construcción de la aldea global, un contrato social internacional, para que todos estos esfuerzos sean dirigidos hacia el objetivo de internalizar en este nuevo esquema de convivencia internacional una nueva cultura de los derechos laborales y sociales.
Creo que el gran escenario mundial de la globalización, que se inicia y será de larga duración, incluirá el nuevo componente técnico-cultural de cooperación a nivel de las empresas. Será el camino específico para bloquear el efecto devastador sobre las empresas del impacto del capital financiero rentístico. Por el contrario, se deberán sentar las bases para un nuevo despliegue de la asociación entre el capital productivo en todas sus formas y la fuerza organizada del trabajo. Este gran desafío ha sido sintetizado por el señor presidente de la República, doctor Eduardo Duhalde, al señalar que en nuestro país hemos abandonado la alianza retardataria entre el capital financiero especulativo y el Estado para pasar a una alianza entre el Estado, la producción y el trabajo. Nos proponemos como meta -que hemos planteado en el marco de la Mesa del Diálogo Argentino- apoyar el fortalecimiento de las organizaciones empresarias y sindicales, como la garantía para mejorar la performance de la economía y las empresas dentro de un sistema de relaciones laborales que potencie la negociación colectiva y promueva la cohesión social.
Nuestro presidente ha planteado que la salida de la crisis debe ser productiva, con generación de empleo, con estímulo a la inversión y al crecimiento de la demanda internacional, tal como sucede en los países centrales. En otros términos, no puede ser que existan políticas recesivas para los países periféricos y expansivas para los centrales. Consideramos que todas estas políticas deben implementarse en el marco del diálogo social, como ámbito institucional necesario para la instrumentación de estos cambios.
En décadas pasadas la Argentina supo construir una legislación social aceptablemente armoniosa, sustentada en un contrato social y laboral, en cuya escala de valores la comunidad privilegiaba la igualdad de oportunidades para todos. Esa legislación social y laboral se correspondía con un país que cuatro décadas atrás se ubicaba entre los primeros países del mundo según el ingreso per capita, desconocía el desempleo y la pobreza masivos. Era un país en el cual la población había alcanzado la alfabetización generalizada y altos niveles de seguridad social. La República Argentina era un país de industrialización intermedia, con una clase trabajadora calificada y altos niveles de sindicalización.
La falta de consolidación de una relación armoniosa entre lo social, lo político y lo económico, explica en parte lo que hoy estamos viviendo. La particular combinación de estos elementos la encontramos patentizada en los últimos treinta años de nuestra vida política, a partir del golpe de Estado de 1976, con sus consecuencias y la instauración de un modelo inequitativo.
La realidad de la Argentina de hoy es bien conocida por todos ustedes, porque este Congreso es la caja de resonancia de los problemas económicos, sociales y políticos. Quisiera advertir que este es el resultado cuando se adoptan políticas que ven en lo social y en lo económico posiciones antitéticas, de prevalencia de unos sobre otros, más particularmente en sociedades donde la acumulación de capital no ha producido el efecto derrame prometido.
Queremos volver a la Argentina del crecimiento con movilidad social ascendente. Esto sólo será factible por medio de un programa sustentable de reindustrialización integrada con apertura. Para ello se requiere que las instituciones políticas se articulen con una base social amplia de apoyo, siendo esto sólo posible a través de la cooperación entre los componentes básicos del mundo del trabajo, esto es, las organizaciones de empresarios y de trabajadores. Por ello es que hemos constituido en forma tripartita la Mesa de la Concertación Sociolaboral y Productiva dentro de la Mesa del Diálogo Argentino. Sobre esta iniciativa, y en dos meses de gestión, la Argentina ya puede exhibir resultados concretos, acuerdos entre el capital y el trabajo que diseñarán una política futura armoniosa entre ambos factores productivos.
El gobierno ha anunciado acuerdos tripartitos sectoriales para impulsar proyectos industriales con alto impacto ocupacional; el avance en un acuerdo productivo social que permita mejorar la situación del empleo y de las empresas; la facilitación de acceso a mercados internacionales de las micro y pyme, tal como se informa a esta Honorable Cámara en los informes específicos que he adjuntado, elaborados por los ministerios de Economía y de Producción.
En el ámbito del empleo estamos desarrollando un Programa de Universalización del Seguro de Desempleo y de Creación del Empleo Productivo, como parte constitutiva de las políticas de emergencia social de nuestro gobierno. También estamos sumamente activos para preservar el empleo, aún en situaciones de crisis empresarial, con combinaciones de acciones de suspensión del personal con las de recapacitación y recalificación de los trabajadores, y la obligación del blanqueo integral y mantenimiento del nivel de empleo para aquellas empresas beneficiadas con el Estado.
Por último, no podemos dejar de considerar como corolario de esta actividad la próxima institucionalización del diálogo social a través del Consejo Económico y Social, que próximamente será propuesto por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional.
Hoy estamos aquí para testimoniar que la Argentina comienza a transitar un nuevo camino. Cambiar el enfoque político es el imperativo del momento en nuestro país para resolver la grave situación económica y social, que nos ha conducido al default y la depresión. La Argentina es un país que cuenta con un pueblo con suficientes reservas morales e intelectuales para enfrentar esta crisis.
El gobierno actual está demostrando que se marcha por el camino correcto. Al final del túnel que estamos recorriendo nos espera una Argentina que no sólo preservará sino que profundizará la democracia.
El 27 de abril se ha producido un hecho político importante en la Argentina: el presidente de la República ha firmado el ya mencionado documento de 14 puntos con los gobernadores. Este documento establece los grandes lineamientos de acción política y económica para la transición. Es cierto que el documento da satisfacción a demandas del Fondo Monetario Internacional. Como es sabido, el FMI hizo girar sus demandas en tres medidas, que ya hemos prácticamente resuelto: aprobación de la ley de quiebras de empresas, derogación de la llamada ley de subversión económica y, por último, el acuerdo fiscal y presupuestario definitivo entre las provincias y el gobierno nacional.
Sin embargo, el documento no se agota en estos temas, y como veremos avanza en medidas orientadas a favorecer la inversión en las actividades productivas, alentar la inversión, las políticas de empleo y las exportaciones. También reitera la urgencia de la reforma política. Los 14 puntos son un documento programático, pero seguramente serán seguidos de medidas concretas.
Como saben los señores diputados, este documento tiene varios puntos vinculados con la elaboración definitiva de un programa de recuperación económica sustentable, que será seguramente tema prioritario para esta Cámara de Diputados.
Desearía ahora detenerme en el proceso histórico concreto que va desde el 2 de enero hasta la fecha, es decir, en los principales hechos políticos, económicos y sociales que se han producido, y las acciones que el gobierno ha adoptado sobre temas puntuales para enfrentar los desafíos de este período de emergencia.
Vivimos un agudo proceso recesivo que lleva ya más de cuatro años de caída sistemática del producto bruto interno, lo cual ha provocado un significativo deterioro de las condiciones de vida de gran parte de la población. Esto se ha expresado en un aumento constante del desempleo y del subempleo, de la pobreza y de la indigencia. Esta crisis que asume ya características de depresión económica y social tiene efectos y consecuencias directas en una pérdida de credibilidad de la ciudadanía en el sistema político e institucional de nuestra República.
El presidente Duhalde estableció los siguientes objetivos prioritarios para su gestión. En primer lugar, recuperar la autoridad política como precondición esencial para asegurar la credibilidad en las instituciones de la República. El estado de anarquía que padecía el país imponía un amplio consenso con todas las fuerzas políticas mayoritarias para garantizar la gobernabilidad y la estabilidad de las instituciones, así como para generar condiciones mínimas que posibilitaran gobernar en un contexto de crisis inédita, propiciando al mismo tiempo una reforma política de carácter estructural que devuelva credibilidad a las instituciones.
Este primer objetivo de recuperar la autoridad política se ha ido cumpliendo satisfactoriamente y se refleja en la reducción creciente de los índices de conflictividad social que agobiaron a nuestra República en los últimos meses del año anterior y en los primeros meses del corriente. El gobierno nacional coloca entre sus prioridades la seguridad, y lo hace coordinando las instituciones de la seguridad del Estado con las instituciones políticas, especialmente los municipios, para atacar las manifestaciones de violencia desde las bases mismas de la sociedad.
La característica de esta crisis y la percepción de la necesidad de construir espacios de encuentro que permitan atender los reclamos y demandas de los diferentes sectores de la sociedad llevó al señor presidente de la Nación a promover la institucionalización del diálogo argentino, con la asistencia espiritual de la Iglesia Católica y el apoyo de las Naciones Unidas. A través del diálogo con todos los sectores empresarios, religiosos, sindicales, políticos, académicos y con las organizaciones no gubernamentales se logró identificar una serie de reformas y acciones que este gobierno ha traducido en iniciativas legislativas o en programas de gobierno, como lo fue la creación del derecho familiar de inclusión social o los vinculados con la emergencia alimentaria y la emergencia sanitaria.
Estamos enfrentando la crisis en un contexto de tremendas dificultades, en el que para muchos se ha perdido el sentido de Nación reclamando la solución de su problema, que aunque legítimo conspira en la emergencia con los intereses del conjunto social. En este clima de debilidad hemos logrado recuperar la autoridad política, apegándonos a la más estricta legalidad, respetando la plena vigencia de las normas de la Constitución. Ello está siendo posible gracias a la convergencia de fuerzas políticas heterogéneas y al concurso de los gobernadores y de los señores legisladores. Estamos seguros de que ésta es la forma de reconstruir niveles adecuados de confianza, lo cual es una de las metas a alcanzar por este gobierno de transición. Estamos convencidos de que la eficacia en la atención de la emergencia social de pobreza y desempleo ya iniciada, junto con otro conjunto de reformas -fiscal, impositiva, judiciales, del Estado-, es la solución al problema del sector financiero.
El segundo objetivo del presidente Duhalde ha sido promover una estrategia para garantizar la paz social, requisito indispensable para la gobernabilidad política. Para ello hemos realizado un gran esfuerzo con la aprobación por parte del Congreso de la Nación de la asignación de partidas presupuestarias que permitan atender la situación de extrema necesidad que afecta a millones de familias de nuestro país, quienes carecen, en razón de la falta de empleo, de ingresos para garantizar su supervivencia. Al igual que todos los sectores, es ésta una condición para asegurar la convivencia que la Argentina necesita.
En tal sentido, se están enviando las partidas presupuestarias comprometidas por este Congreso a las provincias para atender los programas alimentarios y las necesidades de insumos básicos y medicamentos para la atención de la salud. El programa para Jefes y Jefas de Hogar Desocupados con hijos menores de 18 años se ha convertido, por decisión del señor presidente de la Nación, en el derecho familiar de inclusión social. En estos momentos ya se están pagando un millón quinientas mil asignaciones de 150 pesos. En apenas tres meses y con el apoyo de los gobiernos municipales y provinciales se pudo efectuar la inscripción, validar los datos para evitar fraudes y preparar la documentación para concretar el pago. Ha sido un esfuerzo enorme multiplicar por 21 la administración previa de alrededor de 50 mil planes de empleo de emergencia mensuales, lo cual pudo concretarse gracias al apoyo de todos. A juicio de los expertos de los organismos internacionales se trata del programa de inclusión social más importante del mundo.
Ya hemos iniciado la inscripción en el Registro de Empleadores, fundamentalmente de empresas pequeñas y medianas, con el fin de comenzar un proceso de reconstrucción de empleo, financiando el Estado parte de los salarios y colaborando en esta nueva etapa promoviendo el reinicio o ampliación de actividades productivas, así como impulsando en ciertos lugares del país la realización de actividades de interés social.
El objetivo estratégico de garantizar en todo hogar un ingreso se concretará incorporando como titulares del derecho a los adultos mayores que no perciben jubilación ni pensión en las próximas semanas. Creemos que de este modo hemos sentado las bases de una nueva política social de carácter universal que asegura la mayor transparencia y la llegada de los recursos directamente a la población inscripta sin intermediación alguna. Además, la administración y el control están en manos de un comité que integran representantes empresarios, de las centrales sindicales, de las iglesias, de la Federación Argentina de Municipios, de organizaciones de desocupados y de organizaciones del sector social. También desde este ángulo el diseño es inédito en el país.
En este sentido, hemos garantizado el flujo de los recursos en la primera fase del plan de Jefas y Jefes de Hogar Desocupados. Se trata de la más fuerte transferencia de recursos de los más altos sectores de ingresos hacia los más bajos, equivalente al 1,5 por ciento de producto bruto interno. Estos recursos provienen de los grupos exportadores petroleros, agropecuarios y manufactureros. Pretendemos cumplir con regularidad las transferencias para garantizar transparencia en la identificación de los beneficiarios, la articulación en el padrón único de los beneficiarios y la idea precisa de que podamos fortalecer, juntamente con los comedores escolares e infantiles, la posibilidad de compensar adicionalmente a aquellos niños que hoy no reciben la ración alimentaria correspondiente, lo que obviamente impacta negativamente en los índices de concurrencia regular a las escuelas en muchas de nuestras provincias. La emergencia alimentaria equivale a 350 millones de pesos, con un sistema de distribución por jurisdicciones provinciales y municipales basado en un índice mixto del 60 por ciento del de coparticipación federal y del 40 por ciento del de necesidades básicas insatisfechas.
El programa de emergencia laboral será ampliado, contemplándose el derecho familiar de inclusión para ancianos.
En materia de emergencia sanitaria hemos destinado una partida de 50 millones de pesos para fortalecer los hospitales públicos, en un contexto en donde la crisis del sistema de seguridad social adquiere características estructurales por una caída sistemática del nivel de recursos, una acumulación de stock de endeudamiento con prestadores y, obviamente, donde el alto nivel de deuda, la caída estructural en el sistema de percepción de recursos y las obligaciones emergentes de carácter operativo del sistema de seguridad social, condicionan la eficacia en la prestación de servicios.
Pero, por supuesto, dado que quedan muchas cuestiones que seguramente serán motivo de análisis y debate en este cuerpo, quiero decirles también que esta reforma económica y social debe estar acompañada por otras vinculadas con el sistema de coparticipación federal de impuestos que estamos promoviendo en materia de distribución secundaria con las provincias argentinas.
Asimismo, estamos promoviendo una reforma tributaria de base estructural que pueda regir a partir del próximo 1º de enero que, con el apoyo de los distintos bloques partidarios, constituya un capítulo esencial de la agenda estratégica y también una reforma de base estructural del Estado, que defina principios, competencias y acciones en un marco mucho más amplio que el simple y mero criterio fiscalista.
El Estado es insustituible para garantizar un proceso de equidad social y debe estar al servicio de una agenda estratégica que permita lograr la credibilidad internacional de la Argentina pero, fundamentalmente, que devuelva a los argentinos la credibilidad acerca de un Estado que funcione, que sea posible la defensa de sus derechos y de las garantías constitucionales.
Otro objetivo central del presidente Duhalde ha sido sentar las bases para construir un modelo económico y social que permita garantizar la sustentabilidad económica de la Argentina en el largo plazo. Estos objetivos son los ejes de este gobierno.
La crisis de la Argentina no se inició a partir de la sanción de la ley 25.561, ni tampoco de la política económica que aplica el gobierno. El deterioro del país viene de arrastre. El aumento sistemático de nuestro nivel de endeudamiento público es producto, precisamente, del déficit fiscal de carácter recurrente, que se ha vuelto estructural, y que irremediablemente originó un creciente endeudamiento que, a su vez, se tradujo en tasas más altas de interés, generando un círculo vicioso de profunda perversidad que provocó la incapacidad efectiva y la suspensión transitoria del pago de los servicios de la deuda pública de la Argentina. Actualmente nuestro país es el único del mundo que se encuentra en esta seria y difícil situación de no disponer de recursos suficientes para cumplir con sus compromisos externos.
Estamos enfrentando e intentando construir una solución a los escenarios de depresión económica, de caída de la recaudación impositiva, de suspensión transitoria de pagos y de imposibilidad objetiva de obtener crédito externo e interno, que afecta la credibilidad en las instituciones políticas y económicas pero, fundamentalmente, la credibilidad social, provocando desesperanza, desencanto y desmoralización en nuestra sociedad.
Una de las razones que ha minado la confianza de la ciudadanía en su dirigencia es la existencia de privilegios, que en el actual contexto de crisis se convierten en una afrenta a uno de los valores esenciales de la democracia: la igualdad ante la ley. Por ello, y como también lo ha reclamado la Mesa del Diálogo Argentino, se encuentran para su tratamiento en este Honorable Congreso de la Nación sendos proyectos que eliminan las denominadas jubilaciones de privilegio, así como la de otros sistemas especiales de jubilación, asimilándolas a las condiciones que la ley respectiva otorga como derecho al conjunto de la ciudadanía. En igual sentido, se ha enviado un proyecto de ley que coloca a los jueces en iguales condiciones que el resto de la población con respecto al impuesto a las ganancias.
Pero también hemos promovido un acuerdo para la reforma del régimen de coparticipación federal de impuestos, que en los próximos meses deberá convertirse en ley, cumpliendo con la norma impuesta por la Constitución de 1994. En este sentido, los gobernadores de las provincias argentinas y el gobierno nacional hemos suscrito un acuerdo para avanzar rápidamente en su concreción. Como antecedente reciente, es importante recordar que se ha firmado ya un acuerdo federal por el que se modifican los mecanismos de distribución primaria. En virtud de él, ahora dicha distribución no se realiza sobre la base de un piso de garantía de 1.364 millones de pesos, con el descuento del 13 por ciento -con aspectos diferenciales en distintas jurisdicciones provinciales-, sino de acuerdo con lo que ingresa, con una coparticipación adicional equivalente al 30 por ciento de lo recaudado por el impuesto al cheque.
En ese sentido, pretendemos que efectivamente los acuerdos por la reforma política y del régimen de coparticipación federal de impuestos se transformen, en una primera fase, en dos ejemplos medulares del consenso del presidente de la Nación con los gobernadores de las provincias argentinas, pero también del Congreso de la Nación y de las respectivas legislaturas provinciales. Asimismo, pretendemos que ese ejemplo de articulación de consensos pueda ser ejecutable en términos políticos.
Sin embargo, también la Argentina tiene que trabajar, inexorablemente, en un objetivo esencial, como es la recuperación de la senda del crecimiento productivo del país. Estos cuatro años de recesión y baja sistemática del nivel de actividad han dejado un fuerte saldo de caída del producto bruto interno. Esta circunstancia, sumada a una caída superior producida en las tasas de inversión bruta y de consumo, obviamente ha afectado el flujo de la recaudación impositiva, lo cual ha agudizado invariablemente el problema estructural de financiamiento del sector público.
Estamos absolutamente convencidos de la necesidad de recuperar la capacidad productiva del país, redefinir la inserción de la economía en el contexto internacional y centrar la acción de gobierno en torno de dos objetivos que el presidente de la Nación ha repetido insistentemente: construir una alianza productiva entre el capital y el trabajo y, fundamentalmente, lograr una cooperación entre el sector público y el privado que permita garantizar condiciones para que la Argentina estimule sistemáticamente la producción nacional, la atracción de inversiones y la generación de exportaciones. Así podremos recuperar la capacidad de trabajo de los argentinos.
El objetivo esencial de este gobierno es retomar la senda del crecimiento. Para eso estamos trabajando en el diseño y la ejecución de un programa económico cuyos tres elementos sustanciales son las políticas fiscal, monetaria y cambiaria.
Definitivamente, la ley 25.561 ha introducido en el ámbito de la emergencia pública, cambiaria, económica y financiera, reformas de orden estructural en el funcionamiento de la economía argentina.
Pretendemos proteger a aquella porción de ingresos que se ve más desfavorecida, y en este contexto el 20 por ciento de las familias de menores ingresos del país sufren un mayor efecto respecto de la variación de los precios de la canasta básica de productos, algunos de los cuales se han incrementado por sobre la estimación razonable del comportamiento de los precios. El Poder Ejecutivo Nacional ha adoptado medidas que contribuyan a lograr una reducción en el nivel de precios de los bienes de la canasta básica.
Por consiguiente, hemos aplicado retenciones a las exportaciones, que indudablemente constituyen, por un lado, un mecanismo de percepción de recursos para el Estado nacional pero, por otro, son también un mecanismo de fijación de precios de referencia internos que inexorablemente deben trasladarse al consumidor final de bienes. También hemos promovido una amplia participación de los consumidores para que nos ayuden con su cooperación efectiva a visualizar desvíos en la estructura de precios y recientemente hemos convocado a estructuras federales para que los acuerdos que objetivamente pueda establecer el Poder Ejecutivo nacional también puedan extenderse al ámbito de las respectivas jurisdicciones provinciales, donde hemos identificado algún problema de desabastecimiento de determinado tipo de productos.
Hemos promovido una canasta básica de productos para abaratar el acceso a estos bienes por parte de los consumidores. Hemos logrado un acuerdo con proveedores y supermercados, que será anunciado próximamente, para que exista una canasta de productos básicos abierta, libre y competitiva, a elección del consumidor, que permita generar precios a niveles de enero y diciembre. Esta es una forma de proteger el ingreso de las familias de menores recursos.
También hemos promovido una acción decidida para articular una representación en los centros de abastecimiento, porque esta es una manera de generar una reducción de los gastos de transacción, de mejorar el acceso a los bienes más baratos por parte de las familias, y también constituye un mecanismo de promoción de la participación popular en la defensa de su ingreso familiar.
El presidente de la Nación reitera en forma sistemática y permanente que la defensa del consumidor es una bandera que tiene que ser defendida por cada uno de los argentinos y que la lucha por preservar el nivel de los precios de la canasta familiar es una acción que exige coordinación y esfuerzos concurrentes, pero también alta supervisión por parte de los consumidores, porque nada ni nadie puede especular con la desgracia de muchas familias que, si aumentan los precios, no podrán adquirir los bienes indispensables para alimentar a los suyos. Esta es una responsabilidad de todos y exige una fuerte participación social de todos los actores involucrados.
Pretendemos también que la economía argentina termine con esta fase de caída abrupta y sucesiva. Creemos y estimamos que el segundo semestre de este año va a constituir el punto de inflexión para que la economía argentina ingrese en el sendero del crecimiento, pero sabemos de las dificultades críticas que hoy padecemos.
Tenemos el objetivo de encauzar la economía argentina por el sendero del crecimiento y sabemos que un acuerdo de estas características nos va a posibilitar la recuperación de la credibilidad internacional.
Obviamente, deberemos iniciar acciones más profundas vinculadas con la reforma del sistema financiero, que ha sido asistido por el Banco Central para cubrir los problemas de liquidez emergente de un proceso de desconfianza masiva del público y de los ahorristas. Por supuesto, a partir de la compatibilidad de estos mecanismos de provisión de liquidez y del cumplimiento del programa monetario pretendemos producir una profunda reestructuración del sistema financiero. La idea es que esto permita la recuperación del sistema bancario en el contexto de banca transaccional -en una primera fase- a efectos de avanzar en un proceso de banca de inversión integrada con el mercado de capitales para vincular ahorro e inversión, y promover una fuerte interacción entre ahorristas e inversores tendiente a apuntalar un proceso productivo en un contexto de competitividad creciente de la economía argentina.
La política económica de las últimas cinco semanas ha estado dirigida centralmente a normalizar y estabilizar el funcionamiento del aparato económico. Para ello, desde fines de abril se tomaron las siguientes decisiones en el área de los ministerios de Economía y de la Producción.
Primero: se dispuso la apertura irrestricta de los mercados, esto es los bancos, los mercados de valores, los mercados de bienes y los mercados de futuro, que han funcionado sin interrupciones luego de largos períodos de reiterados cierres desde el colapso monetario y cambiario de fines de la administración anterior.
Segundo: se decidió la reapertura del mercado cambiario bajo un régimen de flotación con moderadas intervenciones en el mercado. Las intervenciones de las últimas semanas han sido inferiores a las de los primeros meses del año.
Tercero: el trabajo coordinado con otros ministerios y con este Congreso puso énfasis en resolver el tema de dos leyes que por sus características -reitero- operaban como elementos de diferenciación negativa respecto de patrones existentes en el mundo. Me refiero a las recientemente modificadas o derogadas leyes de quiebras y de subversión económica, respectivamente.
Cuarto: parte esencial del trabajo ha estado dirigido a firmar acuerdos con las provincias, en orden a conseguir un compromiso de reducir el déficit de cada provincia en un 50 por ciento respecto del año anterior para alcanzar el déficit cero en el año 2003. En torno a esta regla general ha habido alguna flexibilización. El conjunto de provincias que han acordado -un total de doce- representan el 80 por ciento del total de presupuestos provinciales.
Quinto: lo señalado en los puntos tercero y cuarto corresponde a las llamadas "condiciones previas" que fueron coordinadas con el FMI para el inicio de negociaciones destinadas a abrir fuentes de financiamiento externo.
Sexto: sobre este particular debe decirse que la Argentina ha cumplido con el pago de una cuota de 680 millones de dólares de vencimientos con el Banco Mundial. Como consecuencia de dicho pago, así como del grado avanzado de cumplimiento en las condiciones previas, la comunidad financiera internacional ha respondido con la firma de un crédito del BID por 690 millones de dólares, con el refinanciamiento de un crédito de 130 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional por un año, y un explícito comunicado del Banco Mundial sobre su rápida disponibilidad a desembolsar créditos para la Argentina en cuanto estuviera firmado el acuerdo con el FMI.
Séptimo: en materia de salarios y tarifas, se ha insistido en la necesidad de atender ciertos desajustes nominales sólo en el marco de una economía más normalizada y con apoyo internacional. Al mismo tiempo, se ha impedido la aplicación de medidas de intervención en los mercados, como precios máximos generalizados, que hubieran generado reacciones políticas empresariales negativas por estar fuera del contexto de políticas consideradas aceptables a nivel internacional, al tiempo de tener escasa utilidad dada la debilidad estructural del aparato de control del Estado.
Octavo: junto a este Congreso se ha trabajado en restaurar el abastecimiento de combustibles donde por razones económicas resultaba más rentable exportar que abastecer el mercado interno. A esos fines se redujo el ITC a la importación y se subieron al 20 por ciento las retenciones a la exportación.
Noveno: en materia de actividades productivas y considerando la importancia que tiene la exportación para ayudar a un nuevo arranque de la actividad económica, se dispuso mejorar el financiamiento de las empresas exportadoras con ventas de hasta 20 millones de dólares, permitiendo que el pago de las retenciones a la exportación se haga en el momento en que el exportador cobre su venta. Este factor financiero estaba limitando o lisa y llanamente impidiendo las exportaciones de doce mil empresas.
Décimo: el impacto del normal funcionamiento de los mercados sobre la actividad económica ha sido positivo, tal como lo registran ciertos indicadores, incluyendo un fuerte aumento de la recaudación, que ha permitido girar a las provincias la mayor cifra de coparticipación desde marzo del año 2001. De todas formas, el nivel global continua en bajos niveles de actividad. El ya mencionado programa de Jefas y Jefes de Hogar Desocupados y la posibilidad de cierta reaparición del crédito jugarán en el futuro próximo un papel central, junto a los efectos de exportación y sustitución de bienes importados, para salir de la más profunda y prolongada crisis desde 1930.
Undécimo: finalmente, con la decisión del viernes último se ha enfrentado el tema del sistema financiero sobre la base del principio de la máxima voluntariedad, dentro de las restricciones existentes. En tal sentido, se ha dispuesto la creación de un sistema financiero totalmente libre; se han creado instrumentos de ahorro y de absorción de liquidez excedente en el caso del llamado "corralito" -cuentas corrientes y de ahorro-, y se ha dispuesto una liberación programada del llamado "corralón" -cuentas de plazo fijo-, con diversas alternativas ligadas a la cancelación de créditos, de impuestos, y a la compra o inversión en actividades nuevas.
Claramente, se trata de relacionar esta salida con la recuperación de la actividad económica.
Ahora desearía hacer algunas reflexiones sobre la decisión del gobierno de impulsar la reforma política. Debemos avanzar rápidamente en este tema. Cuando se plantea el gran tema de la reforma política surge una variedad de asuntos a resolver. Cuando se aborda el gran tema de la reforma del Estado, también surge una variedad de temas a resolver. Al mismo tiempo, algunos asuntos se localizan en la frontera común entre los asuntos políticos y los asuntos estatal-institucionales. En realidad, varios de estos asuntos pertenecen simultáneamente a ambos grandes temas, y deben ser considerados dentro de un área común de problemas político-institucionales.
La necesidad de completar el actual período de transición tiene como una de las razones fundamentales realizar una reforma política ordenada para organizar un nuevo sistema de representación . Pero los tiempos apremian.
El 12 de febrero de 2002 el Poder Ejecutivo sometió a consideración del Honorable Congreso de la Nación un proyecto de ley tendiente a ratificar el Acuerdo Federal para la Reforma del Sistema Político Argentino, que fue suscrito entre el Poder Ejecutivo y los representantes de las provincias el 6 de febrero de este año en la ciudad de Buenos Aires.
Mediante ese acuerdo se plasma la intención del Estado federal y de las provincias que lo integran de propender a una profunda transformación del sistema político argentino en el marco de la crítica situación económica por la que atraviesa la República. Las provincias, junto con el gobierno federal, se han fijado determinadas metas tendientes al mejoramiento del sistema político, apuntando especialmente a lograr su mayor eficacia y transparencia.
Se destaca la intención de reducir considerablemente los costos de funcionamiento del sistema, sin que esto implique menoscabar el cumplimiento de aquellas actividades esenciales a cargo del Estado nacional, provincial y municipal. Constituye también un objetivo a cumplir el logro de una mayor y mejor participación ciudadana en el contralor del sistema.
Para la racionalización del gasto de la administración nacional y provincial se impulsa la reducción de las estructuras de gobierno -si es que no ha sido ya realizada- con una base del 25 por ciento, y del número de directores y demás funcionarios jerárquicos de organismos descentralizados, así como la adecuación de sus remuneraciones. Se propone además la supresión de los denominados gastos reservados en todos los poderes del Estado, exceptuándose aquellos destinados a defensa nacional y seguridad pública.
Por otro lado, se impulsa la profesionalización y capacitación de los planteles de personal del Estado mediante mecanismos de gestión por resultados y a través de procesos de evaluación permanente de los mismos.
En lo que se refiere a la función legislativa, tanto nacional como provincial, se promueve la limitación de gastos de las legislaturas, acotándose a un porcentaje determinado de los respectivos presupuestos.
En cuanto al ámbito municipal, se promueve la reducción de los integrantes de los órganos deliberativos comunales, como mínimo en idéntica proporción a la reducción propuesta para los legislativos, y el desempeño ad honorem de los ediles en aquellos municipios cuya población no alcance a los diez mil habitantes.
Por último, se propugna la modificación del sistema electoral mediante la apertura de las listas a la presentación de candidatos independientes, la adopción del sistema de preferencias y el desbloqueo de las denominadas "listas sábana", limitándose asimismo la duración de las campañas electorales para reducir sus costos y perfeccionar su contralor.
En este sentido conviene destacar el interés de las partes en implementar el sistema de elecciones internas abiertas y simultáneas para todos los partidos políticos, así como en establecer que las elecciones para cargos legislativos a todos los niveles se realicen cada cuatro años.
Algunas de estas propuestas ya han sido acogidas por el Congreso Nacional el 24 de mayo del corriente año, y abarcan el control estatal de los gastos de los fondos partidarios, el aporte del Estado según piso de electores, los límites a los aportes financieros de los partidos de personas jurídicas y físicas, y la creación de un fondo permanente público manejado por el Ministerio del Interior. Estamos en el buen camino, y el Poder Ejecutivo espera que el Congreso Nacional legisle a la brevedad sobre el conjunto de asuntos que incluye el proyecto de ley.
Dada la crisis global, es imprescindible repensar los partidos y establecer nuevas reglas para rediseñar un sistema de representación electoral que responda a la necesidad de repolitizar a una sociedad que genéricamente rechaza a los partidos políticos existentes. A su vez, la reforma de los partidos o la cristalización democrática de nuevas fuerzas políticas en desarrollo es la condición para incorporar la política a todos los sectores de la sociedad.
La crisis de legitimidad de los partidos y los peligros que ella genera a la democracia son tan fuertes que es necesario hablar descarnadamente sobre sus causas.
Los partidos con permanencia histórica han sido o son ideológicos, sea que la ideología se construya a partir de una corriente de pensamiento que se funde con las experiencias y demandas económicas y de calidad de vida de sectores sociales o con el trasfondo de grandes fundamentos políticos articulados sobre los derechos civiles, el liberalismo y la participación ciudadana en la política y la economía que ensamblen con cosmovisiones religiosas del mundo, como es el caso de los Estados Unidos. En muchos países esas grandes corrientes se construyeron para legitimar al Estado-nación, hoy categoría institucional en lenta y conflictiva disolución, pero subsisten adaptándose al "sistema mundo" de la globalización.
Cuando nos referimos a la necesidad de colocar las ideas políticas en el centro de la vida de los partidos no estamos pensando en introducir ideologías desde afuera, en colisión con las tradiciones culturales y políticas nacionales. Fuertes ideologías nacionales populares están instaladas y actúan como mundos simbólicos organizadores en las clases y capas sociales populares.
Esas culturas políticas populares siguen siendo -y lo serán por muchas décadas- valores de referencia para las diferentes generaciones. Pero en el momento actual, por el impacto de la crisis global y la desestructuración de los comportamientos políticos tradicionales, dan lugar a procesos de ruptura entre las bases y los dirigentes, ruptura que en condiciones de movilización popular introducen nuevas reflexiones espontáneas sobre la política, aunque éstas terminarán por ensamblarse con las tradiciones políticas, ahora sí reformuladas.
Si la importancia de restablecer o establecer los roles de las ideas y los programas es asumida por la parte más evolucionada políticamente de la sociedad -esto es, los dirigentes políticos y los intelectuales-, más ordenado y progresista será el proceso de repolitización de la sociedad. Caso contrario, en un clima de crisis global de larga duración la reconstrucción de los mundos de la política será más dolorosa. En un escenario como el actual, en el cual la política es reconstruida como autorreflexión espontánea de diferentes colectivos sociales, es seguro que la política será restablecida por la acción de nuevas elites políticas formadas por convergencia de políticos, líderes sociales, empresarios y sindicales. En este contexto se puede hablar de nuevas formaciones políticas que en el futuro se podrían hacer cargo del Estado para ejecutar programas, sean progresistas o no.
Todos valoramos la importancia histórica de la instauración de la democracia política plena instalada en 1983. Es el punto de partida para cualquier análisis de las funciones de los partidos políticos como fundadores de representación política del pueblo. Pero debemos ser críticos y autocríticos a fondo con un tipo de construcción de la política que desde 1983 hasta hoy fijó una frontera insalvable entre los partidos y el mundo del trabajo y la producción. Nos referimos a la formación de una sociedad de políticos -o también, "sociedad política"- casi sin vínculos con el mundo productivo.
Una clave para resolver la crisis de los partidos es restablecer la relación entre éstos y el mundo de la producción y el trabajo. La relación de los partidos con el mundo de la producción no es simétrica. Esto fue posible, hasta cierto punto, hacia la mitad del siglo XX, cuando el intervencionismo estatal operaba sobre una economía en expansión, pleno empleo y planificación. Desde esa fecha se han ido estructurando y superponiendo diversos mercados productivos, primero lenta y luego rápidamente. La coexistencia de estos diversos mercados también está vinculada a los crecientes desequilibrios y asimetrías entre provincias y grupos de provincias.
Lo único cierto es que es necesario e imperativo impulsar la reforma política prometida y sólo realizada en pequeña escala. Las propuestas de reforma política planteadas son para facilitar el debate sobre el tema y poder lograr a muy corto plazo contar con un sistema político funcional, para preservar la soberanía interior de la Nación y alcanzar el desarrollo sustentable, como medio indispensable para convertirnos en un actor activo -y no pasivo, como hasta ahora-, frente a los cambios y tensiones que se producen y producirán dentro del sistema-mundo en construcción, que se sintetiza en la palabra "globalización".
Para concluir mi intervención, desearía destacar que la crisis argentina es una crisis política y moral. La crisis económica que ocupa un primer plano es una consecuencia. Es una consecuencia grave -muy grave-, pero consecuencia al fin. No es la primera vez que la Argentina cae en semejante marasmo espiritual. Esto ha sucedido recurrentemente desde los inicios de nuestra vida como Nación independiente y, quizá, desde mucho antes. Cada cierto número de años parece perderse de vista definitivamente el rumbo. El desconcierto, la parálisis y el pesimismo se apoderan de las mentes y los corazones.
Hoy asistimos en el país al agotamiento de ese modelo, que dista de ser sólo una opción económica. Se generó entre nosotros la elección de una forma de vida regida por los cánones del primer mundo. Durante muchos años creímos fervientemente que mimetizándonos con usos y costumbres propios de las sociedades de consumo más desarrolladas estábamos en la senda apropiada. La fuerza de la ilusión nos cegó para ver las consecuencias críticas -cada vez más evidentes- del rumbo adoptado. La caída de la producción, la creciente desocupación con su estela de marginalidad, la pérdida de calidad de la educación pública, el aumento de la inseguridad, la pérdida de representatividad de las dirigencias, la fragmentación social, y tantas otras cosas, fueron sistemáticamente minimizadas como síntomas pasajeros o fenómenos de segundo orden.
Pero la realidad es la única verdad. Ante ella, la ilusión se rompió, y hoy pareciera que nos encontramos otra vez sin rumbo, desalentados, sin saber cómo seguir ni hacia dónde encaminarnos. Para colmo de males, la crisis nos invade en un momento en el cual la civilización occidental padece la declinación de sus valores más entrañables. Una profunda crisis axiológica mina la civilización occidental. La Justicia, el bien común, los derechos humanos, en fin, todo aquello que la justificaba antes sus propios ojos, está puesto en cuestión por la especulación desenfrenada, la lucha a muerte por los mercados, el ejercicio de la fuerza bruta, la banalización de la cultura y el individualismo inmoral y suicida.
En ese sentido, me parece sumamente importante citar una frase de su eminencia el cardenal Bergoglio, que en su mensaje a las comunidades educativas dijo: "La Argentina llegó al momento de una decisión crítica, global y fundante, que compete a cada uno de sus habitantes; la decisión de seguir siendo un país, aprender de la experiencia dolorosa de estos años e iniciar un camino nuevo, o hundirse en la miseria, el caos, la pérdida de valores y la descomposición como sociedad."
La crisis argentina tiene otros componentes. Se trata de ingredientes que le son propios. En nuestros recurrentes hundimientos espirituales operan otros factores que se relacionan con nuestra historia, y que dan por resultado una identidad cultural débil y vacilante, mal construida, siempre a punto de descomponerse, y predispuesta a fallar. Hoy es víctima propiciatoria de todo tipo de alienaciones.
Nuestro problema consiste en que pareciera que no sabemos quiénes somos, qué queremos, hacia dónde tenemos que apuntar. Durante algunos años nuestra incierta identidad cultural permitió que nos mimetizáramos con los europeos o con los estadounidenses. Éramos del primer mundo. Repudiábamos -como otras tantas veces lo hemos hecho- a nuestros hermanos iberoamericanos. Nuestros problemas no eran los de ellos. Hoy, una vez más, nuestra frágil identidad cultural, tan llena de imposturas, se ha quebrado.
El problema reside en el hecho de que sin una definida identidad cultural no hay destino alguno para un pueblo; o, mejor dicho, su destino es la disolución. Sólo una firme identidad cultural, producto de las experiencias históricas de un pueblo y de la reflexión sobre ellas, puede indicar cómo reorientarse en circunstancias críticas. Allí, en la identidad cultural, reside el reservorio al cual apelar en momentos difíciles.
Para empezar a resolver la crisis argentina es fundamental no equivocar el diagnóstico. La crisis argentina es económica, pero también es cultural y espiritual. Es producto de una identidad todavía no resuelta. Por eso es urgente corregir, enriquecer y robustecer esa identidad, cuestión que no se logra por decreto ni de un día para el otro. Es preciso comenzar ya, sin perder un minuto más.
Será necesario volver sobre nuestra historia para revisarla y ver qué ha pasado. Será indispensable ver cómo construimos el país durante el siglo XIX, donde se encuentran muchas claves de nuestro presente: ¿qué incidencia tuvo el aluvión inmigratorio y cómo impactó en la identidad?
Será necesario revisar seriamente cómo ha afectado al alma argentina la ruptura periódica del orden constitucional a partir de 1930. ¿Cuándo y por qué la educación perdió su papel integrador? ¿Cuál es la misión de nuestras fuerzas armadas? ¿Cómo preservar nuestro patrimonio cultural?
Debemos conocer cuál es la forma correcta de hacer política, qué estilo político se ha impuesto desde hace mucho tiempo en nuestro país y si es necesario cambiarlo.
Debemos conocer qué representa hoy el sindicalismo, como así también qué papel ha cumplido y cumple el empresariado. Por último, al servicio de qué queremos poner el orden económico y para qué. En síntesis, tenemos que utilizar la crisis como oportunidad para ser Nación.
Hoy por hoy tenemos que enfrentar la crisis global. Es necesario actuar, pero mucho más reflexionar. La sociedad argentina en su conjunto, cada sector, cada individuo, tiene que realizar un hondo examen de conciencia. No para adjudicar culpas propias o ajenas, sino para generar una profunda transformación existencial, sin la cual nada será posible. La reconstrucción de la identidad cultural es precondición de cualquier cambio. Todavía estamos a tiempo, si es que comprendemos el problema y tomamos la dirección correcta.
Es posible actuar al instante y sin cesar. Esta es la decisión de nuestro gobierno, y las ideas y políticas en ejecución que he comentado en esta intervención creo que lo confirman.
Yo soy uno de ustedes. He compartido durante muchos años las tareas legislativas. He aprendido en esta Cámara de Diputados que la elaboración de normas legales orientadas a promover el desarrollo económico, la democracia y la justicia social en nuestro país es un obra colectiva.
Por lo tanto, he venido a rendir este informe de las acciones del gobierno con la humildad propia del que sabe que habla entre pares, y que esos pares están haciendo grandes esfuerzos para lograr fortalecer las instituciones de la Nación frente a la sociedad argentina.
Por eso, se debe considerar este informe como un aporte del gobierno nacional para facilitar el debate y los consensos que son decisivos lograr en esta Cámara. Todos los que estamos aquí luchamos para defender esta democracia, y para transformarla en una verdadera democracia política, económica y social. (Aplausos.)

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

SR. PERNASETTI, HORACIO FRANCISCO (CATAMARCA): Señor presidente: en primer lugar debo celebrar que la Cámara reinicie el cumplimiento del mandato constitucional de recibir estos informes bimensuales del jefe de Gabinete, y me satisface que haya respondido a las preguntas formuladas por los distintos bloques.
De todos modos, debemos tomar algunas precauciones hacia el futuro, a fin de lograr que estas reuniones sean más fructíferas, en el sentido de que las respuestas que se brinden a los requerimientos de los señores diputados lleguen con el tiempo suficiente para un análisis más profundo. De ese modo, en oportunidad de la presencia del señor jefe de Gabinete podríamos repreguntar o solicitar las aclaraciones pertinentes.
La información que se nos ha brindado es muy amplia y está impresa. Hay otros aspectos que se refieren a anexos que no disponemos. Sin duda, todo será analizado por cada uno de los diputados y las comisiones especiales de la Cámara.
Manifestamos nuestro interés en profundizar algunos temas que han sido objeto de preguntas por parte de algunos bloques. Nos parece que las respuestas que hemos recibido deben ser analizadas con mayor intensidad. Por eso, por intermedio de las distintas comisiones, hemos solicitando la presencia de algunos funcionarios para buscar aclaraciones.
Particularmente, un tema de actualidad -que merece un análisis más exhaustivo, toda vez que la Cámara deberá expresarse sobre su contenido- está vinculado con el decreto 905, referente a la salida de los llamados "corralito" y "corralón" y al plan que se ha elaborado para ello.
Por intermedio de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas se ha invitado al secretario de Finanzas o al ministro de Economía para que suministren la información que todos deseamos conocer.
También nos parece importante la información brindada en cuanto al plan Jefes de Hogar, pero entendemos que a medida que se avance en su aplicación surgirán problemas que deberán ser analizados en forma más exhaustiva. Por lo tanto, vamos a pedir ampliaciones en ese sentido, al igual que con el resultado de la aplicación de las retenciones a las exportaciones. Los datos que se brindaron -al menos en una primera lectura- nos parecen todavía insuficientes en cuanto al monto, o quizá no guardan relación con las expectativas que todos teníamos cuando se pensó en esta solución para aumentar los recursos fiscales.
También nos preocupa -será objeto de un requerimiento especial en las comisiones respectivas- el abastecimiento y el precio de los combustibles, y en especial el problema del abastecimiento de combustibles y gas natural a la Patagonia durante este invierno.
Por último debo mencionar la reorganización del sistema financiero. Desde el gobierno varios funcionarios han anunciado su achicamiento, por lo cual desde ya debemos pensar en un marco que posibilite tal achicamiento, pero de forma que cause el menor perjuicio social posible.
Estos son algunos de los asuntos que preocupan a nuestro bloque, respecto de los cuales los señores diputados que siguen en la lista de oradores serán más precisos.
Para finalizar, reitero nuestro agradecimiento por la información brindada y nuestra petición de que los funcionarios mencionados concurran a las distintas comisiones para tratar en forma específica cada uno de estos temas.

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

SR. NERI, ALDO C. (CAP FEDERAL): Señor presidente: realizaré un breve comentario y formularé una pregunta al señor jefe de Gabinete de Ministros y los funcionarios que lo acompañan en relación con el programa Jefas y Jefes de Hogar.
Creo que en la información que se nos ha distribuido queda clara la respuesta a las denuncias que hicieron las autoridades de algunos gobiernos provinciales respecto de que podía haber claves de acceso adicionales a las de las provincias y los municipios para ingresar beneficiarios a la base de datos. Entiendo que si hubo alguna falla, fue corregida, pero en todo caso solicito una ratificación de que esto es así y que la clave de acceso es única en cada localidad.
Ciertamente, este es un programa muy bien concebido que presupone contraprestaciones a cargo de los beneficiarios. Esta es una diferencia, no intrascendente, con el mero refuerzo del ingreso familiar en efectivo, el puro subsidio. Se trata de una diferencia cualitativa importante en términos de las aspiraciones que plantea el señor jefe de Gabinete en el sentido de facilitar la inclusión social de estas personas.
La virtud del programa es que presupone contraprestaciones de carácter educativo o laboral, pero como sucede con muchas virtudes, en ella también está la gran dificultad. Al respecto quisiera saber si existe una dificultad de escala, porque una cosa es decir que el programa arranca con algunos miles de personas en determinados municipios que están más o menos dotados y preparados para ofrecer la base organizativa, incluso profesional, y con capacidad de gestión para administrar esas contraprestaciones, y otra muy diferente es sostener que en un plazo muy breve se llegará a una escala de más de un millón de personas.
Por eso, quisiera saber si el Poder Ejecutivo acepta que habrá un período un poco largo, quizá de unos cuantos meses, en el que se trabajará con el puro subsidio o refuerzo del ingreso familiar, para paulatinamente ir implementando la maquinaria indispensable a fin de que la contraprestación tenga una calidad mínima -sin la cual quedaría totalmente desvirtuado-, como podría ser, por ejemplo, el vínculo con el sector privado, con las pymes, a fin de que los trabajadores sean incorporados a una tarea.
Quizás el señor jefe de Gabinete de Ministros sea muy optimista y piense que esta situación puede darse en un plazo muy breve, cuestión sobre la que algunos dudamos. De todos modos, insisto en que partimos de una identificación completa con la base conceptual del programa, que es buena.

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Tiene la palabra el señor diputado por San Juan.

SR. CAPELLO, MARIO OSVALDO (SAN JUAN): Señor presidente: quisiera referirme al punto 131, que tiene que ver con la lamentable promoción de las agencias de seguridad privada por el Estado, devenida de la década del 90 en distintos lugares del mundo y también en la Argentina.
En este sentido tengo que señalar que desde el año 2000 hemos venido presentando proyectos de ley por los que se prohíbe al Estado la contratación de agencias de seguridad privada. Asimismo, hemos presentado dos pedidos de informes dirigidos a la Jefatura de Gabinete de Ministros, uno en el año 2001 y otro que hemos vuelto a presentar ahora.
El informe del año 2000 daba cuenta de que sólo en el Ministerio de Economía se gastaban en agencias de seguridad privada 43.500.000 dólares o pesos al tipo de cambio vigente en ese entonces. Lo que quiero preguntar al señor jefe de Gabinete de Ministros, teniendo en cuenta que en el informe no se hace la discriminación, es si el Estado aún gasta 47 millones de pesos en concepto de crédito inicial y 37 millones de la misma moneda por crédito vigente.
En virtud de que resulta difícil conseguir la información repartición por repartición, deseo saber si esas cifras son absolutamente confiables. Reitero que sólo en el Ministerio de Economía había un gasto de 43.500.000 pesos en 1999, y el informe actual referido a dicho ministerio habla de un gasto en policía privada de 7.621.000 pesos, que no es una cifra menor.
Lo que deseaba solicitar al señor jefe de Gabinete de Ministros es una constatación de estas cifras, porque la idea es insistir con mucha fuerza en la prohibición de la contratación por el Estado de agencias de seguridad privada, porque se trata de un pésimo mensaje hacia la sociedad, a la que le decimos que la propia policía -la policía estatal- no está en condiciones de prestar el servicio de seguridad.
Pienso que los servicios de vigilancia no tienen nada que hacer en los edificios públicos, porque para eso el Estado ya tiene -y creo que todos vamos a coincidir- no pocos empleados para realizar tareas de identificación de las personas que ingresan a ellos. Y en el caso de que se requiera un servicio de vigilancia de carácter extraordinario en el proyecto de ley planteamos que sean las fuerzas de seguridad del Estado las que implementen esta tarea mediante el sistema de adicionales.
Señor jefe de Gabinete de Ministros: vemos favorables diferencias entre el informe de los años 2000 y 2001 en relación con el actual, pero insistimos en la necesidad de terminar con esta especie de privatización de la seguridad, que significa un pésimo mensaje hacia la ciudadanía, además de constituir una pésima inversión de los recursos públicos, que tanta falta nos están haciendo en este momento.
Asimismo, es un muy mal mensaje hacia las sufridas fuerzas de seguridad estatales, porque a través de los adicionales tendrían la posibilidad de mejorar su situación salarial.
Solicito una constatación de las instituciones que utilizan estos servicios, y que se agreguen los entes autárquicos y las entidades estatales con participación mayoritaria del Estado que emplean dichos servicios de seguridad, a fin de que podamos contar con un informe acabado.

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) La Presidencia desea saber si esta pregunta está contemplada en el conjunto de inquietudes que se plantearon al señor jefe de Gabinete de Ministros.

SR. CAPELLO, MARIO OSVALDO (SAN JUAN): Si bien se ha formulado una pregunta al señor jefe de Gabinete de Ministros en relación con el gasto del Estado en materia de servicios de inteligencia, esa inquietud ha sido planteada en forma superficial. Por tal motivo, requiero ahora información adicional acerca de cuál es el gasto en servicios de vigilancia y seguridad privada, no sólo en las reparticiones públicas sino también en los entes autárquicos y empresas del Estado con participación mayoritaria de capitales.

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

SR. STORERO, HUGO GUILLERMO (SANTA FE): Respecto del fuerte retraso que tienen las remisiones de las partidas contempladas en el sistema de universidades públicas nacionales, si bien tangencialmente se esbozó una respuesta referida a cada una de ellas -la pregunta número 119 se refiere a la Universidad Nacional de Buenos Aires-, quisiera extender esta preocupación al conjunto de las universidades públicas nacionales.
Todos sabemos que la actual distribución presupuestaria lleva a que el 90 por ciento del grueso de cada uno de los presupuestos universitarios se destine a sueldos y sólo el 10 por ciento restante a gastos de funcionamiento. Esta partida es la que tiene un enorme retraso, que se retrotrae a varios meses. Por ello, sería útil contar con precisiones por parte del señor jefe de Gabinete de Ministros respecto de su regularización.
También deseo hacer referencia a lo que significa el retraso del incentivo de docentes investigadores. En varios párrafos del mensaje, el señor jefe de Gabinete de Ministros se refirió a los retrasos tecnológicos, al sistema industrial y a la necesidad de contar con el sistema de investigación nacional puesto al servicio de esta recuperación de tiempos perdidos. Evidentemente, este retraso afectará la propuesta estratégica que se relaciona con el desarrollo científico tecnológico nacional, habida cuenta de las actuales demandas.

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

SR. VITAR, JOSE ALBERTO (TUCUMAN): Señor presidente: en primer lugar, quiero hacerme eco de lo que ya han planteado algunos señores diputados preopinantes en relación con el mejor uso de esta figura constitucional que es el informe del señor jefe de Gabinete de Ministros. Desde hace años este procedimiento se utiliza en forma anómala, pues recibimos los informes con muy poco tiempo para poder analizarlos. Además, hace prácticamente dos años que la Cámara de Diputados no escuchaba al señor jefe de Gabinete de Ministros. Este es un tema importante que deseo dejar planteado dentro de la agenda de las quejas.
En segundo término, y entrando en la consideración del mensaje pronunciado por el señor jefe de Gabinete de Ministros, cuyo informe he seguido atentamente, debo señalar que luego de escucharlo me ha quedado una profunda sensación de perturbación, como si hubiésemos escuchado un mensaje absolutamente esquizofrénico.
Por un lado, desde una perspectiva -a mi criterio- totalmente reduccionista, el informe hace un análisis de la realidad del mundo globalizado en el que vivimos, saca conclusiones e infiere el rol y la actitud del país frente a dicho esquema de globalización. Termina con una conclusión que contiene reflexiones que merecerían el análisis de un psicólogo, en el sentido de la supuesta pérdida de identidad cultural de los argentinos. No obstante, se intercalan algunas observaciones sensatas sobre aspectos vinculados con la realidad que vivimos los argentinos todos los días, y que sería importante analizar.
En primer término, debo señalar que no creo en el reduccionismo del análisis ni tampoco en que hoy el país esté en condiciones de que los gobiernos de turno sigan planteándonos el esquema de "esto o el abismo"; es decir, de seguir desarrollando la partitura que se le viene indicando al país con los resultados que están a la vista, o que nos aislemos, nos segreguemos del mundo, etcétera, etcétera.
No es cierto que este sea el único camino posible. Hasta me parece de mal gusto la alusión a Rusia o a China. No hay que ir tan lejos ni hacer comparaciones con la realidad de esos países y las decisiones que adoptaron. Comparémonos con países con situaciones mucho más parecidas a la nuestra, como Malasia o Corea.
El señor Singh vino a nuestro país en una pose de delegado imperial para retarnos y decirnos lo que teníamos que hacer. Pero ni en Malasia ni en Corea aplicaron las recetas del Fondo Monetario Internacional, porque sabían que con ellas se iba a agudizar y agravar el proceso recesivo y se iba a dificultar aun más el escenario de un país con crisis social. Sin embargo, no rompieron relaciones con el Fondo Monetario ni quedaron aislados del mundo. No les pasó nada de lo que nos dicen que nos va a pasar si no aceptamos este papel casi histriónico y humillante que atenta contra nuestro orgullo nacional.
Los argentinos estamos para el cachetazo. Nos desgarramos las vestiduras por las declaraciones -por cierto imprudentes, desafortunadas e hirientes- del presidente de Uruguay, que dijo lo que dijo, y lo dijo mal.
Ya estamos acostumbrándonos a esto. ¿Acaso no escuchamos la filípica de la señora Krueger, del señor O'Neil o del propio señor Singh? ¿Acaso no soportamos una sesión completa del Consejo de las Américas, en la que absolutamente todos los oradores principales se refirieron a la crisis de la Argentina y se dieron el lujo de retarnos, darnos consejos y decirnos cosas que en otro momento de la historia las hubiésemos considerado absolutamente injuriosas?
La foto de esa reunión del Consejo de las Américas parece la caricatura grotesca y lacerante de la Argentina de hoy.
El coordinador de la reunión del Consejo de las Américas fue el señor Stoga, miembro de una de las tres consultoras que el gobierno argentino contrató -una consultora de imagen y dos estudios jurídicos- para, entre otras cosas, mejorar la imagen de la Argentina, el ánimo de inversores y acreedores y la relación entre la Argentina y los Estados Unidos.
Entonces, la primera pregunta para el señor jefe de Gabinete de Ministros es la siguiente: ¿cuál fue la evaluación que hizo el gobierno del rol de esta consultora, a la que se pagó una suma importante? Creo que esa foto de la reunión del Consejo de las Américas lo dice absolutamente todo.
Nadie puede decir -aquí tomo un párrafo del informe del señor jefe de Gabinete de Ministros- que el origen de la crisis, sobre todo de la económica, se produjo con el inicio de este gobierno. Sería absolutamente necio afirmar algo así. Lo que decimos es que las medidas que tomó este gobierno agravaron y profundizaron la crisis.
Se recibió un país con un número importante de problemas que desencadenaron un cuadro de crisis política, económica y social, como bien dice el informe del señor jefe de Gabinete de Ministros. Nunca antes en la historia argentina se vio una confluencia tal de todos los planos de la crisis. Pero a todos esos planos que se mencionan en el informe yo agregaría el institucional. En este sentido, hoy estamos también frente a una crisis de representación institucional, porque semejante confluencia de crisis ha minado fuertemente la confianza y la credibilidad de la sociedad argentina en el sistema político institucional. Este debe ser un tema prioritario en la agenda de preocupaciones de este Parlamento y, obviamente, en la del gobierno.
Entonces, nadie dice que el actual gobierno haya generado la crisis. Lo que decimos es que cuando asumió todavía no se había resuelto el problema de la crisis del sector financiero ni el de la salida del corralito. Pero esta es una verdadera paradoja de los tiempos que corren: la expropiación masiva de los dineros de centenares de miles de ahorristas argentinos de la clase media en nombre de la salvación del capitalismo financiero.
Tampoco se había resuelto el problema de la creciente pobreza en la Argentina y de la distribución cada vez más inequitativa, lacerante y regresiva de los ingresos. Asimismo, entrábamos en el cuarto año consecutivo de caída del producto bruto argentino; miren ustedes si será fuerte y grande nuestro país que hubo cuatro años seguidos de caída del producto bruto interno y todavía estamos sentados acá.
Sin embargo, mientras seguían pendientes todos esos problemas, el gobierno agregó una nueva camada de complicaciones con las medidas que tomó: la devaluación, la pesificación con licuación de pasivos, el proceso inflacionario que desató, fundamentalmente, el hecho de dejar flotar libremente el dólar y el especial freno que significa la pérdida de reservas del Banco Central, que tanta falta hacen al país en un momento como el que vivimos, de cierre de los mercados de créditos financieros y comerciales.
En medio de todo ese contexto se agregaron los nuevos problemas, y el cuadro de situación es el que hoy tenemos: la mitad de la población argentina en situación de pobreza. No quiero ni pensar lo estremecedor de los índices de desempleo cuando se conozcan las estadísticas de la Encuesta Permanente de Hogares del mes de mayo, ni lo que va a pasar en octubre. Pensemos en la imagen terrible, perturbadora y angustiante de esos chicos que aparecen en las pantallas de televisión -muchos de ellos de mi provincia-, a los que vemos desnutridos y raquíticos, mirando la cámara de televisión o la cámara de fotos desde esa pobreza y esa tristeza infinitas.
Aquí se siguió un rumbo equivocado. Se salió mal de la convertibilidad. Se creyó que era simplemente un sistema de tipo de cambio fijo, pero la convertibilidad era mucho más que eso: era un modelo de distribución del ingreso, un Estado que desertaba de la vida económica permitiendo la falta de regulaciones y de control; privatizaciones mal hechas; un modelo de transferencia permanente de ingresos desde los sectores más pobres y de la producción hacia el sector financiero. Así, las economías regionales comenzaron a desintegrarse.
Somos un país que se articuló con la globalización desde una situación de total indefensión. Nadie puede desconocer el mundo globalizado, pero no nos falten el respeto, no nos tomen el pelo a nosotros, los argentinos.
No es cierto que debamos seguir arrodillándonos, haciendo concesiones o tomando decisiones que comprometen cada vez más la soberanía jurídica del Estado. Prácticamente somos un Congreso títere; durante dos meses el Parlamento estuvo paralizado a raíz de la crisis política que generó la imposición de la sanción de la ley de quiebras -borrando con el codo lo que se había escrito con la mano en el mes de enero- y la derogación de la ley de subversión económica; encima, hoy nos enteramos de que esto no alcanza. Ya empezamos a escuchar que eso no fue suficiente. Sin dejar de reconocer la necesidad de que el país se articule en la modernidad del mundo globalizado, entiendo que la derogación de la ley de subversión económica es el verdadero símbolo de un país que resigna su capacidad de autodeterminación.
Por otro lado, considero que debemos discutir en profundidad lo manifestado por el señor jefe de Gabinete en su informe, en cuanto a la disolución de los Estados-nación, lo cual constituye un concepto muy polémico. A medida que uno lee dicho informe va advirtiendo cuál es el mecanismo seguido en la toma de decisiones autistas por parte del gobierno nacional.
No es posible leer la realidad desde un lugar tan estrecho, tan reducido, ni traducirla en fórmulas que se contradicen con lo que vemos todos los días; mucho menos se pueden decir barbaridades como aquella de que el país -en una visión maniqueísta- se divide entre los que entienden la política del gobierno y quienes no la comprenden. Si ese es realmente el pensamiento del gobierno, el señor jefe de Gabinete debería leer las encuestas que indican el grado de aprobación de la sociedad argentina en relación con el rumbo que se está siguiendo.
Si extremáramos ese razonamiento llegaríamos a la conclusión de que el país está compuesto por un 90 por ciento de tontos que no entienden y un 10 por ciento -por ser generoso con los que se están beneficiando en este estado de crisis- que sí entiende el camino de salida de la crisis; pero esto no es así.

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Si me permite, señor diputado, le ruego que redondee su exposición.

SR. VITAR, JOSE ALBERTO (TUCUMAN): Voy a redondear, señor presidente.
El único logro al que se ha hecho alusión que reconocemos -en esto debemos ser sinceros- se refiere a la instrumentación de un seguro de inclusión social que llevará algún alivio a mucha gente; ojalá comprenda a muchos millones de argentinos que hoy se hallan absolutamente fuera de las posibilidades de consumo y del sistema social y económico. Sin embargo, siempre llegamos tarde; hace un año ello era imprescindible en la Argentina, y muchas veces se discutió al respecto en este Parlamento.
Temo que hoy esa pequeña gota de bálsamo sobre una enorme y sufriente herida social será absolutamente insuficiente en términos de la valoración que aquí se le otorga como palanca para lograr la reactivación de la economía.
Quiero finalizar mi exposición con el siguiente concepto. Se siguen sumando temas a la agenda de las cosas que hay que resolver; pero estos no se resolverán y se acumularán.
Si el gobierno cree que está concretando sus objetivos y que dentro de los que ha alcanzado está la recuperación de la autoridad política en la Argentina, creo que no está viendo la realidad. Nunca hemos visto un gobierno más débil, más carente de autoridad y más sujeto a las presiones que el actual. Nunca hemos visto tanta falta de ideas para enfrentar y resolver la crisis.
Recuerdo cuando en este recinto se nos decía, a principios de la salida de la convertibilidad, que el país tenía que cruzar un desierto, que era el default, y que había dos maneras de hacerlo: en auto, mediante un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, o caminando. Obviamente se elegía cruzarlo en auto, con lo cual nadie podía estar en desacuerdo.
Ahora me da la sensación de que el auto se descompuso y que encima nos quedamos sin nafta, porque aquellos cuarenta mil millones de dólares de ayuda del Fondo que el entonces ministro de Economía pensaba que llegarían, nunca aparecieron.
Respecto de la refinanciación de los vencimientos con el Fondo, ya han pasado cinco meses y no se concretó. Lo que sí sabemos es que hace un par de semanas caímos en el caso humillante y penoso de pedir plata a los países hermanos, juntando moneditas para pagar el vencimiento de 890 millones de dólares que se debían al Fondo Monetario.
Entonces, en la agenda de los temas debemos poner la única consideración sensata y razonable que está planteando el Fondo, que no ha sido tenida en cuenta: establecer un plan de desarrollo sustentable en la Argentina. Eso lo tenemos que hacer los argentinos.
Ese plan de desarrollo sustentable tiene que tener como primer objetivo la reactivación y el crecimiento de la economía; en segundo lugar, la reducción de los niveles de pobreza y la respuesta a la crisis social, que van de la mano, y en tercer lugar, poner freno a los monopolios y comenzar a pensar en una negociación con ellos que preserve la dignidad de la Nación Argentina.
Hay que enfrentar temas muy graves, como el de la renegociación de las tarifas de los servicios públicos...

SR. POLINO, HECTOR TEODORO (CAP FEDERAL): ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

SR. VITAR, JOSE ALBERTO (TUCUMAN): Sí, señor diputado.

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Su tiempo se ha agotado, señor diputado.

SR. VITAR, JOSE ALBERTO (TUCUMAN): Tenemos veinticinco minutos.

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) No es así, señor diputado. Cuando la Presidencia puso en consideración el plan de labor, dio a conocer los minutos exactamente acordados a cada bloque. Con todo el respeto que cada uno de los señores diputados se merece, la Cámara no es un cine continuado; no es que cuando el señor diputado llega la película empieza.
La Cámara ha votado la resolución...

SR. VITAR, JOSE ALBERTO (TUCUMAN): ¿Cuál es el tiempo que tenemos?

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) ... sobre la base del artículo 202 del reglamento.
Usted tiene diez minutos, y le he concedido exactamente quince.

SR. VITAR, JOSE ALBERTO (TUCUMAN): Está equivocado, señor presidente.

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Le estoy dando diez minutos más.

SR. VITAR, JOSE ALBERTO (TUCUMAN): En la versión taquigráfica consta lo que leyó el señor secretario administrativo. Le corresponden quince minutos al bloque del ARI y diez minutos al bloque del Frente Grande. Recién voy usando veinte minutos.

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Corresponden cincuenta minutos al bloque Justicialista, cuarenta a la UCR, quince al ARI y diez al Frente Grande.

SR. VITAR, JOSE ALBERTO (TUCUMAN): Somos un interbloque, señor presidente.

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Si constituyen un interbloque, la Presidencia tachará de la lista de oradores a todos los señores diputados que están anotados a continuación.
Tiene diez minutos, señor diputado Vitar.

SR. VITAR, JOSE ALBERTO (TUCUMAN): Concedo la interrupción al señor diputado Polino.

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por la Capital, a cuenta del tiempo del señor diputado Vitar.

SR. POLINO, HECTOR TEODORO (CAP FEDERAL): Señor presidente: quiero hacer una denuncia que considero sumamente grave, que surge del propio informe del señor jefe de Gabinete, a fojas 90 y 91, donde figura la respuesta a una de las preguntas -la número 76- que he formulado por escrito.
Preguntaba por qué razón la comisión creada por el decreto 293/02 viene negando al representante de las asociaciones de usuarios y consumidores designado por la resolución número 58/02, el acceso a la información suministrada por las empresas de servicios públicos.
En primer lugar, hubo una demora injustificada en la designación de dicho representante, doctor Ariel Caplan. Una vez designado, la comisión renegociadora de las tarifas de servicios públicos le negó reiteradamente el acceso a la información suministrada por las empresas, por lo que se vio obligado a presentar una acción de amparo a la Justicia Federal en lo Contencioso Administrativo, que la jueza resolvió favorablemente, intimando a la comisión renegociadora a poner a disposición del representante de las asociaciones de usuarios y consumidores la documentación ofrecida por las empresas. Pero he aquí que en su informe el señor jefe de Gabinete dice que las empresas piden que parte de la información que suministran a la comisión tenga el carácter de confidencial.
Puesta esta cuestión a consideración de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía de la Nación, ésta dice -así lo expresa el señor jefe de Gabinete- que corresponde señalar que, conforme al dictamen de dicha dirección, "ninguno de los documentos entregados puede revestir el carácter de confidencial para los miembros que integran la Comisión, por lo que el representante de los usuarios y consumidores tiene total acceso a la totalidad de la documentación presentada."
Esto ocurrió hace un mes. ¿Qué está sucediendo hoy? Todavía el representante no tuvo acceso a esa información. Y la comisión renegociadora -según nos informa el señor jefe de Gabinete- dice que "sin perjuicio de ello..." -es decir, sin perjuicio del dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía- "...cabe destacar que hasta la fecha, la Comisión no se ha pronunciado en relación con el pedido de confidencialidad; de estimar la Comisión que corresponde acceder al pedido deberían declararse reservadas o secretas tales actuaciones, de conformidad con el procedimiento que establece el decreto N° 1.759/72, reglamentario de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Por ello, de disponerse tal reserva, únicamente los miembros de la Comisión tendrían derecho a acceder a la documentación en cuestión, no resultando factible la obtención de fotocopias de las mismas ante la posibilidad de su divulgación."
Y luego agrega que la jueza a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 8, Secretaría N° 15, dispuso la suspensión de los plazos establecidos en las normas que determinaron la renegociación, lo que motivó un pedido de aclaratoria por parte del ministerio, a fin de que se especificara si dicha suspensión alcanzaba a las reuniones de la comisión en las cuales debían resolverse los pedidos de confidencialidad. Finalmente, el ministro agrega que se hizo saber a la magistrada actuante sobre las peticiones formuladas por las empresas involucradas en relación con la confidencialidad de sus presentaciones.
La jueza respondió al ministerio que éste debía poner toda la documentación al alcance del representante de las asociaciones. Sin embargo, al día de hoy, esa información se mantiene en secreto. Esto es gravísimo porque se está vulnerando el artículo 42 de la Constitución Nacional, que establece que las asociaciones de consumidores tienen derecho a una información adecuada y veraz.
Se trata de un servicio público que se presta de manera monopólica. Constituye un hecho gravísimo que la comisión negociadora quiera acceder a las pretensiones de las empresas, esto es, mantener la confidencialidad de la información en cuanto a los costos de las tarifas. Se trata de un hecho grave, del que quiero que la Cámara tome conocimiento porque se está vulnerando la norma constitucional.

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) La Presidencia informa al señor diputado Vitar que la señora diputada Parentella también le solicita una interrupción, aunque su tiempo ya ha concluido.
Al mismo tiempo, la Presidencia desea aclarar una cuestión, teniendo en cuenta que el señor diputado Vitar ha dicho que esta Cámara no ha sesionado en los últimos dos meses. No es cierto, porque el 4 de abril se celebró una sesión especial; el 10 del mismo mes hubo una sesión de tablas; el 11 de abril se realizó una sesión especial; el 17 de abril hubo una sesión de tablas y, finalmente, en el mes de abril se efectuó una sesión de tablas el día 24. Además, los días 9, 22 y 23 de mayo se realizaron sesiones de tablas. La Presidencia quiere que quede debida constancia en la versión taquigráfica de esta situación, y que los periodistas adviertan que no fue acertado el comentario del señor diputado Vitar con respecto al funcionamiento de la Cámara.
Señor diputado: ¿le va a conceder la interrupción a la señora diputada Parentella?

SR. VITAR, JOSE ALBERTO (TUCUMAN): Sí, señor presidente, pero después le voy a solicitar unos minutos para redondear mi exposición.

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Para un interrupción tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

SRA. PARENTELLA, IRMA FIDELA (CAP FEDERAL): Señor presidente: quiero referirme a varias preguntas que formulé con respecto al sistema de los medios públicos y al Comité Nacional de Radiodifusión, aprovechando que está presente el interventor, señor Caterbetti. Estas preguntas no fueron contestadas, y tienen relación con algunas cuestiones que ha manifestado el señor jefe de Gabinete de ministros sobre cómo a este gobierno le interesa construir la institucionalidad, y cómo es necesaria la profesionalización y capacitación de los planteles del personal del Estado, mediante mecanismos de gestión, con procesos de evaluación permanentes.
Ni bien asumió el señor Caterbetti, dejó sin efecto una serie de concursos que se habían realizado en el área del COMFER, a pesar de que no constan irregularidades en ellos.
El señor Caterbetti argumentó que como consecuencia de la crisis económica y financiera había que anular esos concursos. Sin embargo, no se ajustó a lo que prescribe la legislación vigente, porque en el lugar de la gente que había ganado el respectivo concurso designó a otros agentes que no fueron evaluados ni sometidos a ningún análisis médico, como hubiera correspondido.
Nos parece que ayudar a la institucionalidad tiene que ver con respetar los mecanismos de concursos y de evaluación, con el único fin de evitar los juicios que va a tener que soportar el Estado, como los que han iniciado las personas que habían sido designadas en los cargos que habían ganado por concurso.
Quiero ser breve, pero sobre esto tendría que haber algunas respuestas, y lo que me dicen es que la información solicitada requiere un tiempo de procesamiento. Considero que no se necesita mucho tiempo de procesamiento y que no se responde porque efectivamente no se ha procedido como corresponde.

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Tucumán.

SR. VITAR, JOSE ALBERTO (TUCUMAN): Señor presidente: tengo que elegir si contesto a la Presidencia o termino mi exposición.

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Haga lo que quiera, señor diputado. Le resultaría más fácil si contestara a la Presidencia.

SR. VITAR, JOSE ALBERTO (TUCUMAN): Señor presidente: simplemente quiero decir que me preocupan los rumores que ya se han instalado, en el sentido de que todas las concesiones que ha hecho la Argentina al FMI no han sido suficientes y que se vetarán los artículos 2° y subsiguientes de la bochornosa norma QUE deroga la ley de subversión económica.
También se dice que ahora el Fondo Monetario Internacional está enojado porque en este recinto se aprobó una iniciativa que otorga el derecho de opción para los trabajadores que quieran retornar al sistema de reparto. También se habla de nuevos despidos en la administración pública. En definitiva, se comenta que la zanahoria se sigue corriendo y la plata no aparece.
Me preocupa que la Argentina se transforme finalmente en un campo de batalla de los lobbies económicos extranjeros, porque es muy grave la denuncia que hizo el periodista Verbitsky -que no fue desmentida-, en el sentido de que el documento secreto de la sección servicio de la Ronda DOHA está exigiendo la derogación de leyes nacionales que ponen límites a las propiedades de extranjeros en las áreas de frontera.
También se exige -ahora es el turno de los capitales europeos- que no se afecten las privatizaciones en la Argentina y que haya un compromiso de que no se modificará nada. Esto es muy grave. No queremos un país para el cachetazo, sino una nación que con dignidad se vincule con la globalización.
Este no es el camino para lograr ese objetivo, porque como decía el general Perón, la única verdad es la realidad, y la realidad es que no hay plata y la Argentina sigue retrocediendo.

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

SR. ALCHOURON, GUILLERMO EDUARDO (BUENOS AIRES): Señor presidente: trataré de ser lo más breve posible, ya que dispongo de cinco minutos.
El primer tema se refiere a un pedido que hizo el bloque de Acción por la República en abril del corriente año con motivo del conocimiento público -a partir de expresiones periodísticas- de la existencia de influencias por parte de la Secretaría de Inteligencia sobre jueces de la Nación en el sentido de que debían intentar detener a algunos banqueros y, en especial, al doctor Domingo Cavallo.
Ello dio lugar a que presentáramos un proyecto que solicita un pedido de informes al Poder Ejecutivo; la iniciativa ha tenido una lenta evolución a raíz de que ha pasado de una comisión a otra. Ahora, por ejemplo, se encuentra en una comisión bicameral que todavía no se ha constituido.
Como ya ha pasado mucho tiempo, la primera pregunta sería la siguiente: ¿cómo es posible que una información de esta naturaleza, que ha sido dada a conocer de manera realmente muy amplia por todo el periodismo y que implica una grave intromisión del Poder Ejecutivo en la administración de Justicia, no haya sido desmentida ni haya habido un comentario por parte del gobierno hacia la sociedad sobre esta cuestión?
La segunda pregunta es de orden económico. Quisiera saber si el gobierno nacional, luego de restablecer el sistema de derechos de exportación a los productos agropecuarios, realizó algún tipo de gestión ante la Organización Mundial del Comercio para explicar por qué la Argentina está dejando de lado el principal argumento que posee para luchar contra el proteccionismo. Esos países brindan protección y no podemos bajo ningún concepto afrontarla con este tipo de medidas.
Si mantenemos un alto porcentaje de retenciones a las exportaciones, me pregunto qué explicación vamos a dar al mundo y a nosotros mismos por esta absoluta y total incoherencia, que implica necesariamente una explicación del Poder Ejecutivo a la sociedad respecto de cómo actuará ante la Organización Mundial del Comercio en relación con este tema.
La tercera pregunta se vincula con algo que ya se ha mencionado en esta sesión: la salida de la convertibilidad a principios del corriente año. Deseamos saber si cuando propuso la salida de la convertibilidad el gobierno nacional tuvo en cuenta que la devaluación posterior a la adopción de esa decisión, en lugar de llevar el dólar a una paridad de 1,60 peso, como de modo reiterado se manifestó desde el Poder Ejecutivo, lo haría llegar a un guarismo que en verdad no sé cuál es hoy pero ayer fue de 3,70 pesos. Quisiera saber si el Poder Ejecutivo tiene alguna explicación de cómo se ha registrado ese salto en la paridad del dólar, con las gravísimas consecuencias que están a la vista, de hiperinflación, desocupación, etcétera.

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

SR. ALESSANDRO, DARIO PEDRO (CAP FEDERAL): Señor presidente: consideramos importante la presencia del señor jefe de Gabinete y destacados funcionarios del gobierno no sólo para volver a cumplir con aquello que la Constitución determina acerca de las visitas periódicas al Poder Legislativo. Creemos que si esto debe cumplirse en épocas de normalidad, más trascendencia aún tiene en momentos de profunda crisis y excepcionales como los que hoy vive la República Argentina.
Desde nuestro punto de vista la presencia del jefe de Gabinete no tiene que ser rutinaria, sólo para cumplir lo que marcan las disposiciones constitucionales. Pensamos que tanto el Poder Ejecutivo como las diferentes bancadas deberían interpretar esto como una instancia importante de un diálogo necesario para afrontar esta crisis.
En este punto cabe formular una acotación respecto de la actitud que corresponde adoptar para afrontar la crisis. En nuestra opinión, no puede ser otra que la de afrontarla desde una necesaria unidad nacional de objetivos e instrumentos.
Con frecuencia se escuchan discursos en este recinto, y en general en los medios, con críticas a la situación presente, pero difícilmente se escuchan de parte de los señores legisladores de las diferentes bancadas propuestas e ideas concretas para salir de la crisis. Tendríamos que comenzar a hablar de eso, de si hay ideas y propuestas concretas, más allá de los discursos denunciatorios de una crisis con tremendos resultados en lo económico y social, que todos conocemos y compartimos. Sin embargo, creemos que debemos empezar a hablar de objetivos e instrumentos.
Al respecto, a nuestro bloque le preocupan algunas cuestiones objetivas y concretas que planteamos en la requisitoria al señor jefe de Gabinete. Algunas se refieren a la cuestión social y, en ese sentido, queremos destacar que es un logro y un instrumento importante el que el gobierno ha empezado a implementar el mes pasado. Lo hemos vivido en carne propia porque hemos pertenecido a un gobierno que en un año y medio nada concretó. Además, cuando se critica desde determinados lugares políticos, también habría que visualizar que este gobierno ha comenzado a implementar en medio de un marasmo de dificultades un necesario plan social para aquellas familias argentinas que menos tienen. Pero no queremos quedarnos sólo en el elogio de la iniciativa, porque tenemos algunas dudas; después la señora diputada Zuccardi va a plantear algunas inquietudes que a nuestro entender no han sido suficientemente respondidas en las expresiones del señor jefe de Gabinete de Ministros.
Otro tema que nos preocupa, y que ha sido objeto de presentaciones de nuestro bloque, de diálogo con el Poder Ejecutivo y también de interrogantes que el señor jefe de Gabinete de Ministros ha respondido sólo parcialmente en este informe de hoy, tiene que ver con la situación, para nosotros sumamente grave, -que explica, en parte y no totalmente, algunas de las preguntas que plantearon los señores diputados que me antecedieron en el uso de la palabra- de la inestabilidad cambiaria que vive la Argentina.
Según datos del propio Banco Central y del Ministerio de Economía, en el primer cuatrimestre de este año hubo un desfase superior a tres mil millones de dólares entre las exportaciones efectivamente realizadas y la correspondiente liquidación de divisas. Sobre esta situación preguntamos concretamente y se nos responde con una serie de consideraciones. Si bien algunas son razonables no explican la totalidad de la diferencia en cuestión, que es superior a los tres mil millones de dólares. Queremos respuestas del gobierno y de la autoridad monetaria.
Entendemos que esto se está dando porque se ha ido avanzando mediante una batería de medidas durante los meses de enero y febrero, que a nuestro entender son muy parciales e insuficientes. También hubo otras, que fueron tomadas en las últimas semanas, por las que el Banco Central ha comenzado a tener un rol más relevante y directo en cuanto al control que tiene que efectuar en estas circunstancias.
Respecto de este tema hemos leído las respuestas del señor jefe de Gabinete de Ministros, pero todavía nos quedan algunas dudas que quisiéramos poner en consideración, si es posible para que sean contestadas hoy, y si no a la mayor brevedad.
Queremos saber si los bancos han demorado el seguimiento dispuesto por las resoluciones tomadas en los meses de enero y febrero. De acuerdo con disposiciones del propio Banco Central ese seguimiento debió ser realizado por las empresas exportadoras, informándose posteriormente al Banco Central.
Hemos leído comentarios en el sentido de que los bancos han demorado dos o tres meses en equipar informáticamente sus sistemas para cumplir con ese requerimiento. Concretamente, queremos saber si existe una mora de los bancos en cuanto al cumplimiento de las resoluciones tomadas por el Banco Central durante los meses de enero y febrero respecto de la información que debían suministrar a la autoridad monetaria argentina sobre el seguimiento de la liquidación de las divisas provenientes de las exportaciones de la Argentina.
También deseamos saber qué conclusiones ha arrojado el seguimiento de los bancos -por lo menos, el que tendrían que haber hecho- en relación con el ingreso de las divisas provenientes de las exportaciones en cumplimiento de lo establecido en materia de liquidaciones y plazos.
Estos dos temas nos parecen centrales, porque todos sabemos que existe una polémica sobre dónde está el faltante de más de tres mil millones de dólares que determinó la información oficial. Quisiéramos recibir las respuestas más concretas posibles.
Por otra parte, necesitamos una contestación que no hemos encontrado: en el caso de originarse diferencias no justificadas como las que se plantean en el informe del señor jefe de Gabinete de Ministros, ¿se han aplicado las sanciones previstas con toda rigurosidad en la ley penal cambiaria para los sectores que no cumplen con las disposiciones establecidas en esta norma legal?
Obviamente hay muchos temas centrales, pero nos parece que éste es uno de ellos, donde tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo y la autoridad monetaria deben poner el máximo de rigor en el seguimiento.
No es cuestión de apoderarse de un discurso político y de hacer confrontaciones entre sectores, sino de saber la verdad. Queremos conocer qué pasó en estos últimos cuatro meses, en los que se registró una diferencia notoria. Todos sabemos que si se cumplen las proyecciones de este año, la República Argentina va a tener un saldo considerable tanto en la balanza comercial como en la balanza de pagos, que no queremos que se esfume sino que se mantenga para que nuestro país pueda cumplir con el rol que los argentinos estamos precisando.
Antes de ceder el uso de la palabra a la señora diputada Zuccardi quiero formular un llamado de atención, a pesar de que es muy difícil hacerlo en estos momentos, ya que tenemos una mala experiencia en materia de visitas del señor jefe de Gabinete de Ministros en gobiernos anteriores, pues sólo han sido eventos rutinarios a los que desde mi punto de vista no se les ha dado la importancia que deberían tener.
La Argentina está afrontando una hora crucial. No debemos considerar la negociación con los organismos internacionales de crédito como una premisa ideológica, sino una imposición de la realidad que no podemos desconocer. Sin embargo, dentro de nuestras fronteras hay argentinos que están apostando al fracaso; y no me refiero a sectores políticos que pueden tener diferencias acerca de cómo se afronta esta situación crucial, sino a sectores económicos de la Argentina que están diciendo a los organismos internacionales que no acuerden con este gobierno porque es incapaz de resolver la crisis. En definitiva, no se están poniendo en contra del gobierno sino de las fuerzas políticas, a las que consideran incapaces para resolver la crisis. Cuando las fuerzas políticas no pueden resolver la crisis, las fuerzas del poder económico terminan imponiéndose.
Por eso, quienes pensamos distinto deseamos hacer un llamado de atención, y aclaro que no está dirigido a un gobierno, partido o coalición partidaria que apoye a un gobierno de transición. Estoy absolutamente seguro de que hay importantísimos intereses que están apostando al fracaso de todas las fuerzas políticas para resolver la crisis, porque todos sabemos cuál es el camino que sigue a esto.
Por eso, desde esta bancada, pequeña en número, vamos a seguir sosteniendo la importancia de una transición política para resolver los difíciles problemas que vive nuestro país en la actualidad, problemas que debería afrontar el presidente que nos gobierne, cualquiera que fuere.

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Tiene la palabra la señora diputada por Mendoza.

SRA. ZUCCARDI, CRISTINA (MENDOZA): Señor presidente: brevemente voy a referirme a la consulta formulada en relación con la implementación del programa para Jefas y Jefes de Hogar desocupados.
El informe del señor jefe de Gabinete de Ministros hace referencia a un anexo que obviamente no está en poder de los señores diputados. Por lo tanto, algunas preguntas pueden estar respondidas en ese anexo que desconocemos.
Voy a tratar de resumir lo que considero absolutamente sustantivo. Al enunciarse el programa de Jefas y Jefes de Hogar desocupados, que tuvo amplia difusión por el gobierno nacional, se lo hizo como un derecho universal. ¿Qué significa esto en materia de políticas sociales? Que todos los jefes y jefas de hogar que estén en las condiciones que describe dicho programa, serán sujetos de derecho del beneficio.
Todos sabemos las limitaciones de recursos que hoy tiene nuestro país, y a esto apuntaban muchas de las preguntas que se formularon en el pedido de informes al jefe de Gabinete de Ministros en cuanto a qué porcentaje de la demanda se satisfizo en el país, es decir, cuál fue la lista de demandantes y qué porcentaje tuvo satisfacción.
Ante la falta de información solamente quiero referirme a dos o tres datos puntuales, que no sé si son o no la media del país -lo desconozco-, pero corresponden a la provincia de Mendoza.
Frente a un total de inscriptos de -según informan los municipios- 30 a 40 mil personas, solamente accedieron al programa 5.520 jefas y jefes de hogar.
La distribución fue absolutamente arbitraria. Hubo departamentos que representaban el 10 por ciento de la población y recibieron el 40 por ciento de los beneficios, en tanto otros departamentos que significaban el 11 por ciento de la población sólo recibieron el 3 por ciento, con lo cual no se entiende cuáles fueron los criterios utilizados.
El problema fundamental -este es el centro de la cuestión- reside en que si no existen los recursos para la satisfacción total de la demanda o la capacidad administrativa para la carga de los datos de todo el país, un programa anunciado como derecho universal se convierte en uno de aplicación arbitraria y discrecional en torno de los cupos.
Esto es comprensible en la etapa de puesta en marcha del programa; por eso las inquietudes apuntan en el sentido de conocer cuál es la corrección.
La reglamentación estipuló muy claramente que los municipios eran quienes iban a inscribir. Con posterioridad al otorgamiento de los beneficios fue motivo de discusión pública -por ejemplo en mi provincia- el hecho de que había sindicatos y sectores políticos que habían inscripto en virtud de acuerdos preexistentes. Es muy importante que esto se corrija en aras de la transparencia de los programas. Si los sindicatos y otras instituciones van a anotar, es necesaria la divulgación para que la información sea absolutamente masiva de modo tal de garantizar la transparencia, lo que no ocurrió en este caso.
Debido al sistema de anotación de los municipios accedieron al programa 5.520 jefas y jefes de hogares mendocinos, pero además accedieron tres mil beneficiarios en virtud del sistema de anotación que llevó a cabo el sindicato de la construcción.
No estoy en contra de que el sindicato de la construcción anote beneficiarios. Cuanto más puntos de anotación existan en un programa de derecho universal es mejor, pero esto debió saberse para que la gente pudiera acceder a todos los lugares donde se hacía la inscripción en el programa.
Si bien hay muchas preguntas, para resumir -en honor al manejo que usted hace de la sesión, señor presidente-, es indispensable que estas inquietudes sean muy rápidamente respondidas y que el Poder Ejecutivo nacional adopte los recaudos necesarios para concertar debidamente este programa con los municipios y con las provincias de modo tal de no dejar bases de datos ociosas, hacer realmente más eficiente su instrumentación y tomar distancia del posible riesgo de victimización de quienes formulan las demandas. Las colas infinitas y el no saber si figuran o no en los registros implica que hoy jefas y jefes de hogares en estado de necesidad extrema terminen victimizados por un programa de gobierno que lejos de victimizar quiere colaborar con la población.

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Es necesario aclarar -me paso el día haciendo aclaraciones- que no hago ningún manejo de la sesión; simplemente cumplo con lo que marca el reglamento.
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

SR. NATALE, ALBERTO A. (SANTA FE): Señor presidente: quiero remarcar -y enaltecer- una frase del mensaje del señor jefe de Gabinete de Ministros que compartimos plenamente.

Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, doctor Juan Manuel Urtubey.

SR. NATALE, ALBERTO A. (SANTA FE): Recién nos ha dicho textualmente -está impreso en el texto que tenemos en nuestro poder- lo siguiente: "El problema es que tenemos que enfrentar el default y la depresión porque ese es el trágico precio de haber salido del plan de convertibilidad." Estamos totalmente de acuerdo y nos alegramos mucho de que el representante del Poder Ejecutivo reconozca que este es el precio que estamos pagando por salir de la convertibilidad.
El sector que represento se opuso a esa decisión. En enero dijimos que sería terrible, pero la mayoría de la Cámara y el Poder Ejecutivo tenían otro criterio y salimos de la convertibilidad, del 1 a 1, y estamos en el 1 a 3,70. Pero lo importante es que lo reconozca el jefe de Gabinete de Ministros, porque me imagino que esto debe estar anticipando algún criterio novedoso sobre la materia.
Hemos dicho que la flotación del tipo de cambio, que es muy buena para la mayor parte de los países del mundo, no sirve para la Argentina, que lleva sobre sus espaldas cincuenta años de historia inflacionaria. Al Fondo Monetario Internacional le podrá parecer bien porque sigue un cartabón universal; inclusive es la opinión dominante entre el staff y la membresía del Fondo, pero no es la exclusiva. Ellos admiten que si los países elaboran políticas macroeconómicas acordes pueden llevar con sustento programas económicos de otra índole. La Argentina lo demostró, ya que pudimos tener una paridad cambiaria con tipo de cambio fijo y convertibilidad durante once años.
La primera pregunta que quiero hacer es la siguiente. Dado que el jefe de Gabinete de Ministros reconoce que el problema es el trágico precio de haber salido del plan de convertibilidad, quiero saber si desde el Poder Ejecutivo se está pensando en algún tipo de anclaje o de vuelta a un sistema de conversión, con otras características que las que vivimos hasta enero de este año, que nos permita por lo menos dar certidumbre y evitar esta loca escalada de los precios, el deterioro de los ingresos y el aumento de la desocupación. Estos son los males que desgraciadamente pronosticamos desde esta banca el 5 de enero ante los oídos sordos del Poder Ejecutivo y de la mayoría de los legisladores, que votaron alegremente la ley que disponía salir de la convertibilidad.
La segunda pregunta que quiero hacer es a cuánto ha ascendido la deuda pública y a cuánto ascenderán sus servicios una vez que se la renegocie -como suponemos que se ha de hacer-, en pesos, que son los que recauda el Estado nacional, los que forman nuestro presupuesto y los que destinamos a atender las erogaciones del Estado. Aunque no se sepa si se podrá renegociar a otra tasa de interés más benigna de la que últimamente estábamos pagando, es obvio que si recaudábamos un peso y con él pagábamos un dólar de deuda o de interés, ahora tendremos que recaudar 3,70 pesos -o los que sean, a medida que pase el tiempo- para pagar un dólar. Por eso, me gustaría saber cuánto estiman que ha aumentado en pesos la deuda y sus servicios a causa de la devaluación.
La tercera pregunta es cuánto costará al Estado nacional resarcir al sistema financiero de los efectos de la pesificación asimétrica que se dispuso en su momento, en virtud de la cual unos créditos se perciben con una paridad 1 a 1 y otros -los créditos pasivos- se atienden a la paridad 1 a 1,40 peso. Esto tiene un costo fiscal muy importante para el Estado nacional y queremos saber en cuánto lo está estimando el Poder Ejecutivo.
La cuarta y última pregunta es a cuánto asciende la emisión de pesos operada desde los primeros días de enero del corriente año hasta la actualidad. Entendemos que el circulante monetario ha aumentado en un 50 por ciento, y queremos saber qué destino ha tenido, cuánto se ha orientado hacia la Tesorería para financiar el presupuesto y cuánto se ha destinado al sistema financiero para cubrir con redescuentos el funcionamiento de los mismos.
En definitiva, señor presidente, queremos conocer las grandes cuentas y saber si el gobierno va a seguir aferrado a la flotación cambiaria, que como dije en una nota periodística, más que una flotación fue una explosión del tipo de cambio, o si por el contrario -a tenor de las sabias palabras del señor jefe de Gabinete de Ministros que cité al principio de mi exposición- está pensando en algún tipo de anclaje o en alguna medida monetaria que nos permita volver a una equilibrada relación en la paridad de nuestra moneda.

SR. PRESIDENTE(URTUBEY) Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

SR. GUTIERREZ, GUSTAVO EDUARDO (MENDOZA): Señor presidente: en primer lugar deseo decir al señor jefe de Gabinete -que además es un conspicuo dirigente político de la provincia de Buenos Aires-, que como buen bonaerense confunde el país con esa provincia; la crisis del país es la de la provincia más grande de la Argentina, y la crisis del sistema financiero es la del banco más antiguo de nuestra República. Me estoy refiriendo a la provincia de Buenos Aires y al Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Por otro lado, hay una gran falta de coherencia en cuanto a la definición conceptual del gobierno acerca de la salida de la convertibilidad. Al respecto me permito enlazar mis argumentos con los que acaba de manifestar el señor diputado Natale.
Hace cuarenta días, cuando el Interbloque de partidos provinciales estuvo conversando durante cuatro horas con el presidente de la Nación, con el entonces ministro de Economía, doctor Remes Lenicov, con el entonces jefe de Gabinete de Ministros, doctor Capitanich, y con el entonces ministro del Interior, licenciado Gabrielli, el doctor Remes Lenicov dijo: gracias al déficit fiscal hemos tenido ingresos de capitales y gracias a los ingresos de capitales hemos podido mantener la convertibilidad.
En su informe el señor jefe de Gabinete de Ministros señala que el aumento sistemático de nuestro nivel de endeudamiento público es producto, precisamente, del déficit fiscal de carácter recurrente, que se ha vuelto estructural y que irremediablemente originó un creciente endeudamiento, que a su vez se tradujo en tasas más altas de interés, todo lo cual rompió la convertibilidad. Es decir que no se ponen de acuerdo.

Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 3° de la Honorable Cámara, doctor Alberto Adolfo Natale.

SR. GUTIERREZ, GUSTAVO EDUARDO (MENDOZA): La provincia de Buenos Aires tiene un problema que es trasladado al resto del país, y aun dentro de este gobierno funcionarios de esa provincia no se ponen de acuerdo sobre el motivo de la salida de la convertibilidad. Este es el problema.
En ninguna parte del informe se señala -en lo relativo a la salida de la convertibilidad- que en diez años de convertibilidad el PBI creció aproximadamente en un 50 por ciento y que el gasto público nacional, provincial y municipal aumentó en alrededor del 150 por ciento. Tampoco se ha dicho que el primer presupuesto de la provincia de Buenos Aires durante la gobernación del señor Duhalde fue de 3.300 millones de pesos, y que el último presupuesto de esa provincia, durante la gestión del señor Ruckauf -actual canciller-, fue de 10.000 millones de pesos.
En consecuencia, debo decir al señor jefe de Gabinete que, lamentablemente, los señores diputados nacionales -de todos los partidos políticos, de todas las expresiones ideológicas- en realidad debemos pedir explicaciones a quienes representan a la provincia más grande de la Argentina y al banco más antiguo de la República.
Pasando a las preguntas, quisiera saber por qué el portal del Banco Central o el del Ministerio de Economía no están informando detalladamente sobre los redescuentos que dicho banco está dando al sistema financiero. De acuerdo con la página del Banco Central, los redescuentos y pases activos otorgados al sistema financiero representan al 31 de mayo 19.415 millones de pesos. Paralelamente tengo que decir que esta información, que costó muchísimo conseguir -porque la guardan bajo cuatro candados; no hay publicidad de los actos de gobierno- indica que al 27 de febrero los redescuentos llegaban a los diez mil millones de pesos. Ahora estamos en el doble. El Banco de la Provincia de Buenos Aires ya lleva casi dos mil millones de pesos de redescuentos. El Banco de Galicia había sido asistido con 2.300 millones; el Banco de Córdoba, con 306 millones; el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, con 198 millones; el Banco General de Negocios, suspendido, controlante del Banco de Santa Fe, con 93 millones; el Banco de Chubut, con 23 millones; el Banco de Corrientes, con 22 millones; el Banco de Chaco, con 20 millones; el Banco del Suquía, suspendido, con 20 millones; el Banco Municipal de La Plata, con 10 millones; el Banco Municipal de Rosario, con 5 millones; el Banco de La Rioja, con 3,8 millones, y el Banco de Tierra del Fuego, con 2 millones. Pero además habíamos dado al Scotiabank 76 millones, y al Banco Bisel, también suspendido, 11 millones, entre otros.
Me gustaría alguna reflexión del señor jefe de Gabinete de Ministros, orgulloso bonaerense, sobre la pesada herencia que ha dejado su provincia y su banco con respecto al resto de los argentinos, y cómo se está manejando la política de redescuentos del Banco Central de la República Argentina con respecto a los bancos manejados por los Estados provinciales y algunos bancos privados nacionales y extranjeros suspendidos.
Además, me gustaría saber qué opina sobre lo que están pidiendo un conjunto de provincias argentinas: que el Estado se haga cargo de aproximadamente la mitad de lo que se ha dado a los bancos de provincia, que son deudas asumidas por las provincias y que en su momento debieron transferir sus bancos estatales al sector privado.

SR. PRESIDENTE(NATALE) Tiene la palabra el señor diputado por Salta.

SR. LOUTAIF, JULIO CESAR (SALTA): Señor presidente: cuando quien ocupa la Presidencia hizo uso de la palabra se refirió a expresiones del señor jefe de Gabinete de Ministros vinculadas con el trágico precio de haber salido del plan de convertibilidad. Luego, el señor diputado Gutiérrez, también en representación de nuestro sector político, aludió a sus manifestaciones relacionadas con el problema fiscal de la Argentina, que terminó con la convertibilidad.
Es de hacer notar que después de referirse al trágico precio pagado por haber salido de la convertibilidad el señor jefe de Gabinete dijo que con la línea del presidente Duhalde de priorizar la alianza entre el Estado, la producción y el trabajo se estarían resolviendo los problemas económicos que nos llevaron en 1991 al plan de convertibilidad.
La verdad es que no advierto -salvo algunos de los que aquí están presentes-, que haya una alianza entre el Estado, la producción y el trabajo. Justamente esto es lo que se nos vendió en este recinto cuando en la trágica jornada del 5 de enero se derogó la convertibilidad. No notamos esa alianza por lo siguiente.
Se hizo mención al problema del gasoil, que no está resuelto. Hoy nuestros productores están sufriendo no sólo el aumento del precio del gasoil sino el desabastecimiento de este combustible, y no creo que la legislación que se aprobó hace muy pocos días vaya a resolver estos problemas.
Están dolarizados todos los insumos vinculados al sector productivo. En algunos casos hay productos químicos que subieron sus precios de acuerdo con el valor del dólar. No tenemos sistema financiero, se cobran tasas de interés de más del ciento por ciento y hay retenciones a las exportaciones.
De manera que con estas medidas económicas puedo asegurar que si alguna vez se pensó en una alianza entre el Estado, el trabajo y la producción, esa alianza está rota.
Si queremos poner en marcha una alianza con los sectores productivos hay que tomar otras medidas. De lo contrario, la otra medida facilista es la que se está poniendo en práctica hoy, que es un paliativo -al cual se hizo mención aquí-: el programa de Jefes y Jefas de Hogar, que puede funcionar y que debo admitir que está empezando a hacerlo, aunque solamente como un paliativo. Esto habría que completarlo con medidas económicas tendientes a poner en marcha la Argentina, que no creo que sean aplicadas dadas las variables que acabo de mencionar.
Quiero ahora hacer mención a preguntas que no han sido contestadas -que me preocupan sobremanera-, a las cuales quisiera que el señor jefe de Gabinete de Ministros preste atención.
El bloque del Partido Renovador de Salta solicitó que se le informara cuál es el monto de la emisión monetaria desde la salida de la convertibilidad hasta el día de presentación de las preguntas. La respuesta que recibimos dice textualmente: "La información requiere un tiempo de procesamiento que excede el plazo de presentación de este informe. La jefatura de Gabinete de Ministros se compromete a hacerla llegar al diputado."
La verdad es que si el Banco Central no conoce en forma clara y diariamente cuál es el monto de la emisión monetaria creo que vamos mal. Aquí el señor diputado Gutiérrez me acota que respondiendo a la pregunta de otro diputado el señor jefe de Gabinete ha contestado que la emisión es de cuatro mil millones de pesos. No creo que esta sea la cifra, pero de todas maneras nosotros queremos que el señor Jefe de Gabinete nos haga llegar esa información, tal como se ha comprometido a hacerlo.
Por último quiero señalar que el señor diputado Tanoni -también de mi provincia- presentó un interesante pedido de informes al Banco Central, que fue aprobado en la Comisión de Finanzas, con respecto a más de veinte puntos que conforman un conjunto de información indispensable para esta Cámara. Este pedido de informes fue presentado hace aproximadamente setenta días y aún no ha sido contestado. Quisiera que el señor jefe de Gabinete interceda ante el Banco Central para que responda.
En cuanto a la alianza con los sectores de la producción, solicito al señor jefe de Gabinete de Ministros que se pague al sector tabacalero argentino lo que le deben.

SR. PRESIDENTE(NATALE) Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

SR. GUTIERREZ, FRANCISCO VIRGILIO (BUENOS AIRES): Señor presidente: en primer lugar quiero manifestar el rechazo del Bloque del Polo Social al planteo filosófico, político e ideológico del informe del señor jefe de Gabinete de Ministros sobre la idea del pensamiento único o mundo único económico, lo que nos lleva a tener que subordinarnos y aceptar, como lo venimos haciendo desde hace veinticinco años, gobierno tras gobierno, las sugerencias, recomendaciones, imposiciones y extorsiones del Fondo Monetario Internacional.

- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Eduardo Oscar Camaño.

SR. GUTIERREZ, FRANCISCO VIRGILIO (BUENOS AIRES): Como bien señaló en su informe el señor jefe de Gabinete, tanto la ley de quiebras como la de subversión económica -que generaron un amplio debate en este recinto- se sancionaron para satisfacer esas demandas. Agregó que el gobierno considera que ha hecho todos los deberes. Por lo tanto, ahora vamos a esperar muy ansiosos lo anunciados créditos y financiamientos para que se recupere la actividad productiva del país.
Esperemos que dentro de un mes esté solucionado este problema, porque ese es el plazo del que nos ha hablado el señor presidente de la República. Quisiéramos que se cumpla con ese deseo, y que dentro de treinta días no tengamos que estar pensando qué cosa nueva tendremos que dar al Fondo Monetario Internacional para arribar a un acuerdo.
Las presiones del Fondo Monetario Internacional, desde la devaluación hasta ahora, han generado mayor concentración de la riqueza, mayor desigualdad social y han paralizado la actividad productiva del país, generando una devaluación de los productos de la canasta familiar y los remedios. Todo esto ha provocado un impacto alarmante sobre el salario de los trabajadores. De esta situación no han escapado los jubilados ni aquellas familias que hoy esperan la inclusión en este plan social para recibir 150 pesos mensuales.
En los primeros cinco meses de gobierno se han producido 400 mil despidos de la actividad productiva. O sea que, por un lado, tratamos de dar a la gente 150 pesos, pero al mismo tiempo existen 400 mil nuevos desempleados. Mes a mes se anuncian más despidos y suspensiones según los registros provinciales y del Ministerio de Trabajo de la Nación.
Deseaba que el señor jefe de Gabinete de Ministros me informara sobre cuál es el índice de desocupación y de subocupación.
También quiero saber cuándo se va a convocar al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, para que por lo menos el gobierno tome la responsabilidad de generar un aumento de sueldos, de la misma manera que lo hizo cuando provocó la devaluación y los redescuentos en el sistema financiero: cinco mil millones de pesos a los bancos y diez mil millones de dólares de pérdidas de reservas para mantener el precio del dólar.
Por último, solicito al señor jefe de Gabinete de Ministros que informe acerca del costo fiscal de la salida del corralito. ¿Cuál va a ser la pérdida que van a tener los ahorristas como consecuencia de esta pesificación que ha establecido el Estado para atenuar las pérdidas del sector financiero?

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

SR. VILLALBA, ALFREDO HORACIO (BUENOS AIRES): Señor presidente: el bloque del Frente para el Cambio no va a efectuar un discurso político porque el señor jefe de Gabinete de Ministros conoce nuestra posición en el sentido de que no existirá un proyecto de Nación mientras no se pueda superar este modelo. Es necesario contar con una política que no sea de sometimiento, sino que implique una toma de decisiones totalmente independientes y soberanas.
Queremos aprovechar estos pocos minutos para formular preguntas sobre cuestiones concretas. Se trata de interrogantes que hemos formulado a gobiernos anteriores sobre cuestiones que necesitan soluciones inmediatas.
En estos momentos el PAMI prácticamente no presta ningún servicio médico o social a la tercera edad. Existen muchas deficiencias y, sin embargo, no hay ningún plan de gobierno para normalizarlo, pese a que los funcionarios de la intervención, que antes eran colegas nuestros, anunciaron esa necesidad.
Se podría decir que no se pueden realizar prestaciones médicas y sociales porque la recaudación ha disminuido con motivo del aumento de la desocupación y el trabajo en negro, pero creemos que hay otras medidas que permitirían aportar divisas y capitales distintos a los que se espera del Fondo Monetario Internacional.
En este sentido, queríamos preguntar puntualmente por qué no se acelera la aprobación de la iniciativa que facilitaría volver al sistema de reparto, tema que fue aprobado por unanimidad por la Cámara de Diputados.
Ello haría que en el primer trimestre de la opción el gobierno dispusiera de más de mil millones de pesos. Además, se dispondría de los ocho mil millones de dólares que ya se llevan abonados en concepto de comisiones a las administradoras previsionales.
Todo ello ayudaría a financiar el PAMI, a atender el derecho a la salud que prevé la Constitución Nacional y a tomar decisiones de otra índole, sin necesidad de esperar los fondos provenientes de los organismos internacionales.
También pensamos que el gobierno debería exigir el pago del canon a las empresas Aeropuertos Argentina 2000 y al Correo Argentino. En este momento la primera debe 356 millones de dólares. El gobierno tendría que contestar...

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) La Presidencia no advierte que las preguntas que está formulando el señor diputado las haya presentado por escrito.

SR. VILLALBA, ALFREDO HORACIO (BUENOS AIRES): No, señor presidente.

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) La Presidencia comenta al señor diputado que el artículo 202 del reglamento señala: "Cuando la naturaleza y complejidad del asunto lo requieran el jefe de Gabinete de Ministros podrá responder por escrito dentro de los cinco días hábiles posteriores a la sesión."
Estoy señalando el mecanismo para que el señor jefe de Gabinete de Ministros responda las preguntas realizadas y cuente con los días necesarios para contestar las inquietudes sobre las que no dispone de todos los elementos.

SR. VILLALBA, ALFREDO HORACIO (BUENOS AIRES): El reglamento es sabio, señor presidente. Sabemos que el señor jefe de Gabinete de Ministros no cuenta en este momento con todos los elementos necesarios para responder a las preguntas que no habíamos formulado por escrito.

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Simplemente era una aclaración, señor diputado.

SR. VILLALBA, ALFREDO HORACIO (BUENOS AIRES): Además del problema de la opción para volver al sistema de reparto y la exigencia del cobro de los cánones de las empresas mencionadas, queremos saber si el gobierno está pensando en la rescisión del contrato en caso de que dichas empresas no cumplan con el pago correspondiente, que traería un alivio financiero al Estado.
Finalmente, queremos saber -seguramente se contestará por escrito- si hay algún plan para terminar con el aumento indiscriminado de los combustibles, que a muy corto plazo podría paralizar el transporte de carga y de pasajeros del país.
Las empresas prestatarias anuncian que esto traería un grave perjuicio a los usuarios de los servicios públicos de transporte, que son los más débiles del sistema, ya que se anuncia una paralización total debido al aumento indiscriminado del gasoil.

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

SR. CASTELLANI, CARLOS ALBERTO (SANTA FE): Señor presidente: agradeciendo la presencia del señor jefe de Gabinete de Ministros, hecho que aceita los mecanismos de la democracia, quería referirme a la parte de su informe donde señaló que hay una clase política que está divorciada de la producción, y justamente creo que debemos estar cerca de la producción. Siempre he defendido a la actividad privada como sustento para los organismos del Estado. En ese sentido, mi pregunta se refiere a la salida de los dineros reprogramados para comprar bienes de producción, pues sólo están comprendidos los bienes registrables.
Formulo esta pregunta teniendo en cuenta que se halla presente el señor secretario de Finanzas, licenciado Nielsen, con quien me he entrevistado y a quien también he presentado un anteproyecto de ley por el que la posibilidad de compra se extiende a los bienes no registrables. Un boleto de compraventa certificado por escribano público o los bienes de capital registrados en la Secretaría de Industria y Comercio aportan el beneficio de que pueden ser controlados, y se me respondió que les parecía bien la alternativa menos discriminatoria que sugerí.
No sólo deben ser beneficiados los sectores de la construcción y automotriz sino también otros sectores del trabajo con fábricas ubicadas en el interior del país. Esto no se concretó, y en la actualidad se están emitiendo bonos que, con un costo mayor, podrán comprar nuevamente bienes registrables. Considero que sería conveniente analizar la posibilidad de que no se produzca esta discriminación a fin de que otros sectores puedan ser incluidos, y no sólo el automotriz. Ojalá se compren muchos automotores -ello beneficia a la actividad- y propiedades, pero también otros sectores tienen derecho a que se compren sus productos. Por otra parte, como propietario de un bono alguien quizá necesite comprar otro bien.
Esta mañana asistió a la Comisión de Industria el señor secretario de Industria y Comercio, ingeniero Leone, y se le formuló el mismo planteo. Respondió que cuando la ley se reglamente seguramente los bienes registrados en la secretaría a su cargo estarán comprendidos y podrán ser canjeados por estos bonos, lo que me parece muy importante.
El licenciado Nielsen conoce este tema y estuvo muy de acuerdo con él, pero lamentablemente no se pudo implementar antes del 15 de abril. Por eso quiero saber si estos bienes estarán comprendidos en esta reprogramación de bonos.

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

SR. SEJAS, LISANDRO MAURICIO (BUENOS AIRES): Señor presidente: en el mismo sentido que el señor diputado preopinante, quiero formular un comentario a favor de la producción y de lo que significa poner en marcha actividades beneficiosas para el país.
Un matutino de alcance nacional ha destacado hoy la actividad de dos empresas argentinas, una de las cuales está produciendo tres veces más que antes, y otra que está implementando tres y hasta cuatro turnos para seguir fabricando. Esas empresas producen algo que se vincula con la riqueza de nuestro suelo: máquinas agrícolas.
El señor jefe de Gabinete ha manifestado que el Estado es insustituible para garantizar un proceso de equidad social, y que debe estar al servicio de una agenda estratégica que permita lograr la credibilidad internacional del país, pero fundamentalmente devolver a los argentinos la confiabilidad en un Estado que funciona. Creo que esta es una premisa de los argentinos: queremos que el Estado funcione.
Como lo han expresado algunos señores diputados preopinantes, no sólo nos tenemos que basar en las críticas, sino que también debemos hacer aportes. En ese sentido, acabamos de aportar un rubro fundamental, como es la construcción de máquinas agrícolas.
Asimismo, quiero señalar al señor jefe de Gabinete de Ministros que este país tiene un gran logro: somos uno de los mayores productores de miel en el mundo, y más allá de ello tenemos otro logro extraordinario, ya que somos el primer país exportador de miel en el mundo.
Simplemente deseo rescatar este hecho, a través del señor jefe de Gabinete de Ministros, para que esos padres y madres de familia con chicos menores de 18 años que producen miel en sus casas y se nuclean a través de cooperativas, se acerquen al Estado, a fin de que la producción de miel sea mayor, con lo cual también será mayor el rédito que tendrá la República Argentina. No olvidemos que en esta materia existe un prestigio ganado legítimamente, debiéndose tener en cuenta que la miel orgánica va a permitir que nuestro país sea líder en el mundo.

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

SR. GIUSTINIANI, RUBEN HECTOR (SANTA FE): Señor presidente: hemos escuchado el informe del señor jefe de Gabinete de Ministros y rescatamos la preservación de la institucionalidad que significa que se brinden estos informes periódicamente.
Antes de efectuar dos preguntas no podemos dejar de manifestar que queda muy claro en esta exposición y en las acciones del gobierno nacional que todo ha quedado absolutamente atado a la suerte de la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Varias veces en este recinto ha sido citado el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz. En los últimos días han sido publicados en reiteradas oportunidades distintos artículos en diferentes diarios del territorio nacional. En ellos el Premio Nobel de Economía, que es profesor de una universidad de los Estados Unidos, ha dicho que el caso argentino es paradigmático, en el sentido de que la profundidad, extensión y complejidad de la crisis se deben precisamente al hecho de haber seguido en exceso los consejos y las imposiciones del FMI.
Cuando hoy advertimos que nuestra suerte está atada a la firma del acuerdo con el FMI, observamos que el futuro de la República es absolutamente negativo. Seguimos interpretando ese futuro como negativo cuando vemos que ya en el texto se rescatan dos hechos escandalosos, que son la modificación de la ley de quiebras y la derogación de la denominada ley de subversión económica. El tratamiento de estas leyes ha sido escandaloso porque el Fondo Monetario Internacional ya condiciona la política interna de los estados exigiendo la modificación o derogación de determinadas leyes, lo que nos parece una pérdida de soberanía absolutamente inaceptable.
Por eso rescato la frase expresada por el señor jefe de Gabinete de Ministros: nos encontramos sin rumbo y desorientados. Y creo que fuera de distintos disparates conceptuales -que estoy seguro que no son de la pluma del señor jefe de Gabinete de Ministros, ya que conozco su trayectoria referida al sistema capitalista mundial y la globalización-, no nos extraña que siendo canciller Ruckauf no haya habido un solo párrafo destinado al Mercosur.
Es lamentable que en la política de Estado que contempla este informe del señor jefe de Gabinete de Ministros no se mencione ni siquiera en un párrafo al Mercosur.
Voy a las preguntas concretas que demuestran la inexistencia de la continuidad institucional. No tenemos Secretaría de Obras Públicas en el gobierno nacional, y fíjense que las empresas concesionarias de peaje en este momento siguen siendo las verdaderas privilegiadas, como lo han sido en los doce años de concesión. La pregunta que deseo formular al señor jefe de Gabinete de Ministros está contemplada en un pedido de informes de fecha 23 de mayo de 2002, y se refiere a cuáles son los criterios utilizados para el cálculo de las compensaciones indemnizatorias de las empresas concesionarias de las rutas nacionales, que según resolución de la Secretaría de Obras Públicas del año 2001 -anterior a este gobierno- asciende a 922.454.000 pesos durante el período septiembre 2001-octubre 2003. Es decir que en dos años vamos a pagar casi la totalidad del Fondo Vial al que todos los argentinos estamos aportando con cinco centavos por cada litro de gasoil, dinero que está engrosando las arcas de estas empresas que cobran en las cabinas de peaje. Por lo tanto, nos parece importante que esta pregunta sea respondida, porque el "club del peaje" sigue haciendo los grandes negocios en la República Argentina.

SRA. GONZALEZ, MARIA AMERICA (CAP FEDERAL): ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

SR. GIUSTINIANI, RUBEN HECTOR (SANTA FE): Sí, señora diputada.

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Para una interrupción tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

SRA. GONZALEZ, MARIA AMERICA (CAP FEDERAL): Señor presidente: quiero plantear brevemente una duda existencial que tengo. En el mensaje del señor jefe de Gabinete de Ministros se hizo alusión a las jubilaciones de privilegio, y en tal sentido se manifestó que se han enviado sendos proyectos para eliminar las denominadas jubilaciones de privilegio así como las de otros sistemas especiales de jubilación, asimilando esa situación a las condiciones de la ley que otorga tal derecho al conjunto de la ciudadanía.
Como conozco la trayectoria del ex diputado Atanasof, deseo saber si el Poder Ejecutivo estima que las jubilaciones de los docentes y de los investigadores científicos pueden ser consideradas como un régimen de privilegio. Digo esto porque en el ámbito de la Comisión de Previsión y Seguridad Social tenemos un serio problema que impide que nos pongamos de acuerdo en cuanto a excluir de la derogación de las jubilaciones de privilegio o no a las de los docentes e investigadores científicos, independientemente de que podamos propiciar alguna modificación o encarar un estudio concienzudo dedicado a ese sector.
De esta manera, dentro de la Comisión de Previsión y Seguridad Social habilitaríamos el consenso necesario para elaborar un dictamen único que podría ser aprobado sobre tablas en la Cámara, acompañando así la decisión del señor jefe de Gabinete de Ministros y del Poder Ejecutivo de derogar las jubilaciones de privilegio.

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Santa Fe.

SR. GIUSTINIANI, RUBEN HECTOR (SANTA FE): Señor presidente: quiero referirme ahora al tema del PAMI. En este sentido, el ex diputado Corchuelo Blasco habló del proyecto de provincialización de ese organismo. Hay que tener en cuenta que el PAMI es una obra social, y si bien corresponde su descentralización, la gestión en la administración de los recursos debe mantenerse centralizada desde el gobierno.
La provincialización implicaría otorgar el manejo de los recursos a los gobernadores. Entonces, correríamos el riesgo de que esos recursos terminen en Rentas Generales en lugar de destinarse al PAMI. La pregunta concreta al señor jefe de Gabinete de Ministros es si se está avanzando en este proyecto de provincialización del PAMI.

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

SR. ESAIN, DANIEL (MENDOZA): Señor presidente: ahora que la banca internacional, a través de sus filiales, se llevó el ahorro de los argentinos, ahora que parece que el Estado nacional ha comenzado con una política de nacionalización de las sucursales de los bancos extranjeros que estafaron a los ahorristas argentinos, queremos preguntar al señor jefe de Gabinete de Ministros si el gobierno nacional va a hacer reclamos a las filiales de los bancos que ya se han retirado; es el caso del grupo francés del banco Suquía y otros bancos, y de algunos sectores canadienses.
La segunda pregunta que queremos formular es la siguiente: ¿cuál fue el criterio político que se utilizó para nacionalizar estas sucursales de bancos extranjeros mediante la absorción por el Banco Nación?
En tercer lugar, ¿cuánto le cuesta al Estado nacionalizar la quiebra de las sucursales de los bancos extranjeros?
En cuanto a los planes sociales, queremos saber por qué motivo la provincia de Mendoza -que tanto en términos de población como de producto bruto interno participa en un 4 ó 5 por ciento a nivel nacional- solamente recibió 5.520 planes de Jefas y Jefes de Hogar y 1.017 que vienen por planilla suplementaria. Por su parte, a la provincia de Buenos Aires le han tocado 550.000 planes.
Conocemos las dificultades del manejo inicial de estos grandes volúmenes y podemos entender que se haya producido un error administrativo; lo que no comprendemos es que esta situación continúe, porque la provincia de Mendoza es parte del territorio nacional, al igual que el resto de las jurisdicciones, y tiene 410 mil habitantes y compatriotas por debajo de la línea de pobreza.
Con 5.500 planes no hemos solucionado absolutamente nada, y estamos hablando de la entrega de prácticamente un millón de planes en todo el país.
Con referencia a los fondos de los comedores escolares, queremos saber por qué algunas provincias han recibido los recursos y otras todavía no. Más allá de conocer los motivos de lo ocurrido, es necesario agilizar la entrega de estos fondos a la provincia de Mendoza.
Por otra parte, es importante que por el órgano correspondiente se envíen los registros de empleadores, ya que por lo menos a la provincia de Mendoza todavía no han llegado.
En cuanto a la emergencia alimentaria, a nuestra provincia le están adeudando 2,5 millones de pesos. En este sentido, solicitamos respetuosamente al señor jefe de Gabinete de Ministros que se agilice esta entrega de fondos que son vitales para nuestra provincia.
Por último, queremos señalar que aquellos que sostienen que la panacea de la Argentina fue la convertibilidad, están defendiendo la destrucción de la industria nacional que provocó ese plan de doce años -que hoy todavía continúa-, nacido del Consenso de Washington, y la pérdida de los cincuenta y dos niños que mueren por desnutrición infantil. A la convertibilidad la terminaron rompiendo cuando armaron una tercera moneda como rueda de auxilio y el gobierno anterior, de la mano de Cavallo, obligó a las provincias a recibir la coparticipación federal en Lecops. Ahí mataron la convertibilidad, y dejaron el cadáver de la actividad económica del país en la puerta del Congreso, con el corralito. Esa es la verdad histórica, señor presidente.

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

SRA. MONTEAGUDO, LUCRECIA (BUENOS AIRES): Señor presidente: voy a dividir mi exposición en tres partes: el marco ideológico de este trabajo, la opinión que nos merecen las respuestas que nos dieron y, por último, las repreguntas.
En cuanto al mensaje, nos parece que el marco ideológico utilizado por la Jefatura de Gabinete de Ministros tiene que ver con un sinceramiento acerca de cómo conciben a la Argentina, es decir, esto del sistema mundo único. Esta definición no es única; es de ustedes, y nosotros no solamente disentimos sino que estamos totalmente en contra de esa definición, porque entendemos que es errática y sumisa y sostenemos que hay otra forma de ser y estar en el mundo como argentinos.
En su informe el señor jefe de Gabinete propone una divisoria de aguas entre los que entienden y los que no entienden. Le pregunto, entre otras cosas, dónde pone a Joseph Stiglitz y a una enorme cantidad de economistas argentinos prestigiosos en todo el mundo que, entre otros muchos, se manifestaron con respecto a la crisis de la Argentina.
También sostiene la categoría Estado-nación, cuando lo que en realidad hacen es sustituirla por la de sistema-mundo. Esa sustitución implica exclusivamente volver a errar el diagnóstico.
Más adelante aludió a "fuertes ideologías nacional-populares" y las redujo a la categoría de valores de referencia para las diferentes generaciones.
Por último, planteó que la crisis argentina es económica, cultural y espiritual, pero no dijo que es profundamente política porque falta la decisión política de "transformar" en este espacio de transición.
Finalizando con el marco ideológico, ha dicho que la lucha consiste en proteger esta democracia para transformarla en una verdadera democracia política, económica y social. Nosotros decimos que esta protección no la podemos sostener, porque la transformación de la democracia es para que sea cada vez más participativa, para que deje de ser raquítica, deforme y desvitalizada, y para que posibilite la permanente transfusión de poder real al pueblo.
Por último -y discúlpenme los miembros de la Jefatura de Gabinete de Ministros-, creo que este marco ideológico que dan al mensaje es muy digno del criadero de neoliberales, uno de los más "prestigiados" de nuestro país, como es el CEMA. Esto es lo que verdaderamente pensamos.
Por otra parte, agradecemos a los miembros de la Jefatura de Gabinete de Ministros que hayan contestado las preguntas que hicimos, aunque no coincidimos con las respuestas. En la primera de ellas hay una distorsión del eje de la pregunta, al igual que en la tercera. En la cuarta respuesta hay un sinceramiento, porque señalan que realmente termina obedeciéndose a los requerimientos del FMI.
En el caso de la quinta pregunta, piden más tiempo para responder, así como en el caso de la novena y la décima. Agradecemos que nos digan que no han tenido tiempo suficiente para elaborar las respuestas. Asimismo, dada la fuerte disidencia que tenemos con respecto a las respuestas que sí nos dieron, adelantamos a la Jefatura de Gabinete de Ministros que vamos a plantearlas por escrito. De lo contrario, este mensaje quedaría reducido a una mera expresión de confesión de la derrota, sin que exista un plan alternativo para un país periférico como la Argentina, en un momento de emergencia en situación de transición.

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Tiene la palabra el señor jefe de Gabinete de Ministros.

SR.(JEFE DE GABINETE DE MINISTROS) Señor presidente: en razón de que se han formulado numerosas preguntas, respecto de algunas de ellas haremos uso de la facultad reglamentaria de responder por escrito dentro de los cinco días hábiles posteriores a esta sesión. Sin perjuicio de ello, debemos aclarar algunas cuestiones.
En lo que se refiere al tiempo en que se envían las respuestas, trataremos de remitirlas con mayor celeridad.
Se ha aludido al decreto 905 y a las cuestiones relativas al "corralito", el "corralón", las retenciones, etcétera. Al respecto debo señalar que el señor secretario de Finanzas ha sido invitado a participar de una reunión en la Comisión de Presupuesto y Hacienda; en consecuencia, en ese ámbito se podrá profundizar en detalle esta problemática. Más allá de eso, aquellas inquietudes que los señores diputados consideren necesario aclarar serán canalizadas a través del presidente de la Cámara, a fin de que los ministros y secretarios de Estado cuya presencia sea requerida por el cuerpo puedan concurrir a las respectivas comisiones para ampliar y debatir los distintos temas que hemos considerado.
Por otro lado, se hizo alusión al programa Jefes y Jefas de Hogar. Varias de las preguntas formuladas al respecto se encuentran contempladas en el informe, no obstante lo cual debo reiterar que no existen planes adicionales. Asimismo, el decreto y la reglamentación son muy claros en cuanto a que quienes tienen capacidad de carga son los municipios; y el Ministerio de Trabajo tiene la posibilidad de habilitar otros puntos de carga cuando el nivel de la demanda así lo requiera.
En lo que se refiere a la contraprestación de ese programa, efectivamente hay un problema de escala porque sin duda se trata del programa de inclusión social más importante del mundo. Al día de hoy existen un millón seiscientos mil beneficiarios, y estamos frente a la posibilidad de que el número continúe creciendo; por supuesto, la cantidad es un limitante para avanzar firmemente en el tema de la contraprestación.
De todas formas, es intención del Poder Ejecutivo que haya tres tipos de contraprestaciones: productiva, comunitaria y social. En relación con las contraprestaciones productivas -que son muy importantes para que las pequeñas y medianas empresas puedan contar con capital de trabajo- se ha creado un registro de empleadores, que está funcionando.
Por otra parte, se ha formulado una consulta en cuanto a la confiabilidad de los datos relacionados con el tema de la seguridad privada. Al respecto debo señalar que se trata de datos del presupuesto que vamos a corroborar; en todo caso, en cinco días haremos la confirmación pertinente. De cualquier manera, nosotros somos partidarios de la seguridad pública.
Por otro lado, reiteradamente distintos señores diputados hicieron alusión al párrafo del informe referido a la salida de la convertibilidad. Debo manifestar que la intención fue aclarar que la salida de la convertibilidad no se produjo en el momento oportuno, ya que quizá debimos haberlo hecho antes; cuando salimos de la convertibilidad lo hicimos porque el mercado así lo había determinado y ese efecto ya se había producido.
En cuanto a la pregunta formulada por el señor diputado Polino en relación con las entidades de consumidores, me remito a lo que establece el informe. De todas maneras, quiero agregar que en el Ministerio de Economía se está reorganizando la comisión respectiva, dado que varios de sus miembros renunciaron en forma indeclinable. Efectivamente, se encontró el recurso a que alude el señor diputado Polino, y a raíz de ello el último viernes el ministro de Economía recibió a las asociaciones de usuarios y consumidores acreditadas, incluidos los representantes de esa comisión: se aseguró el suministro de la información y se hizo saber que la primera tarea de la comisión sería aprobar su reglamento de funcionamiento.
Respecto a las preguntas vinculadas al tema de radiodifusión -cuyos números eran 30, 31 y 32- y que la señora diputada Parentella decía que no figuraban en el informe, debo decir que efectivamente es así, y en este momento vamos a hacer entrega al señor presidente de la Cámara de las respectivas respuestas, que los señores diputados podrán consultar como corresponde.
Con respecto al Farm Bill, sobre subsidios agrícolas, debo decir que en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros funciona una comisión integrada por representantes de los ministerios de Economía y de la Producción, de Trabajo y de Cancillería, que está analizando detalladamente el tema. En mi alocución anterior hice varias referencias acerca de cuáles son las políticas en ese sentido.
La señora diputada Zuccardi hizo algunas referencias respecto del programa Jefes y Jefas de Hogar, y en relación con esto debo decir algo acerca de un aspecto que se repitió con mucha insistencia: no hay cupos. Se trata de un derecho familiar de inclusión social. En consecuencia, todos aquellos que cumplan con los requisitos, es decir, que sean jefas o jefes de hogar, desocupados y con hijos menores de 18 años, van a poder ingresar al programa con un trámite muy simple, que todos conocen.
Dos señores diputados dijeron que la provincia de Mendoza tenía solamente cinco mil inscriptos. Debo decir que los que hasta este momento han cobrado los 150 pesos -no los inscriptos- en la provincia de Mendoza son treinta mil.
La posibilidad de que aparezcan personas cobrando por otros programas es efectivamente real. Se ha pagado el programa Jefes I, el programa Jefes II, derecho familiar de inclusión social, algunos planes Trabajar que quedaban del año anterior, y también se pagaron algunos otros programas, de acuerdo con el anuncio efectuado en su momento por el ex presidente Rodríguez Saá. Esos programas fueron implementados sobre la base de acuerdos realizados en algunos casos entre organizaciones de la comunidad y el Estado nacional y por el decreto 165, de creación del programa Jefes y Jefas de Hogar, se reconoció la existencia de esos convenios.
Respecto del resultado de la pesificación asimétrica, debo informar que fue de 9.350 millones de dólares, que se pagarán en diez años.
En cuanto al monto de la emisión monetaria entre el 31 de enero y el 31 de mayo, ella es de 3.355 millones de pesos.
Hay otras preguntas respecto de las cuales entendemos que las respuestas se encuentran en los anexos.
En relación con el índice actual de desempleo, en pocos días el Instituto Nacional de Estadística y Censos va a tener los resultados, y ese será el momento apropiado para poder opinar con cierta precisión. Se podrían dar datos al azar, pero no tendrían el rigor científico necesario.
En cuanto al PAMI, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete -más allá de la respuesta a la pregunta 63- se convocó a un grupo de trabajo especial integrado por representantes de dicha Jefatura, el Ministerio de Salud, el PAMI y el Ministerio de Economía para tratar específicamente el tema relacionado con ese instituto.
Con referencia al tema de las jubilaciones de privilegio, debo decir que el Poder Ejecutivo nacional ya ha hecho conocer su posición con el proyecto que ha enviado, más allá de que es absolutamente respetuoso del Poder Legislativo. Naturalmente, vamos a atender las inquietudes que surjan sobre cada uno de los temas.
Otro punto que se planteó con mucha recurrencia es el referido al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Acerca de esto quiero decir que para nosotros dicho acuerdo es una herramienta. Utilizando términos de la jerga futbolística diría que el acuerdo corresponde a lo táctico y que la estrategia de juego de nuestro equipo es la salida por la vía del trabajo y la producción. La estrategia es refundar la República, es integrarnos regional y globalmente y construir un proyecto integrado de desarrollo social.
La fortaleza del gobierno que integro reside en su capacidad de diálogo. Este diálogo es un entendimiento entre pares, entre quienes forman parte de una misma comunidad y un mismo destino.
Algunos ven en esta actitud inédita del poder en la Argentina un rasgo de debilidad o de falta de autoridad. Es una visión vieja y conspirativa, una visión que niega la crisis y su naturaleza destructiva. Quienes provocaron la caída de la Argentina no tienen más remedio que negar la crisis para volver a postularse como salvadores de la patria. Me refiero a los profetas del Apocalipsis de la economía, la política, la inteligencia y el periodismo.
Preferimos mil veces este diálogo imperfecto que llevamos adelante que la perfección del autoritarismo del pensamiento único que hirió gravemente los sueños argentinos. Primero fue con la dictadura, el pensamiento político único que llevó a la desaparición, la muerte, el exilio y la persecución de toda una generación militante e intelectual y, a la par, el pensamiento económico único que sumergió al país en la indigencia, la pobreza, la desocupación y la quiebra del aparato productivo.
En 1976 comenzó esa larga noche en la que todos nos sumergimos. Como sociedad nos ha costado y nos sigue costando asumir esos fracasos. Nos cuesta admitir las tres derrotas que sufrimos: la derrota popular con el golpe criminal de 1976, la derrota nacional con Malvinas y la derrota cultural al sucumbir a las ideas del pensamiento neoliberal. Pero hoy la Argentina ha comenzado a despojarse de tamaño agobio. Todas las expresiones de protesta son manifestaciones de una sociedad que busca crear las condiciones para un nuevo proyecto nacional.
La salida de la patria no está escrita en ningún manual. No será tampoco obra de aventureros ni de improvisados, y menos aún de quienes piensan que hay que destruir la política para construir el poder.
Como dice un viejo refrán celta, "el futuro no es lo que ha sido". Nadie puede creer que habrá futuro apelando a un pasado de derrotas y fracasos. Al contrario, marchamos hacia un nuevo futuro, si se me permite la expresión.
Este gobierno sólo aspira, con humildad y modestia, a dejar una Argentina de pie y en paz. De pie y en paz significa para nosotros dejar de andar mendigando un trabajo o un pedazo de pan, delinquiendo o lo que fuere. De pie y en paz significa -para decirlo con las palabras de un movimiento de compañeros trabajadores de los años 80- paz, pan y trabajo. Esa es nuestra aspiración, porque es la aspiración del pueblo argentino.
Tenemos la gran oportunidad de enderezar un rumbo nuevo para los argentinos. El orden global seguramente es injusto, intrínsecamente injusto, pero es el campo de batalla en el que debemos desenvolvernos. No podemos evitar esta batalla; tenemos que darla, y debe ser con un plan. No podemos ir a la batalla creyendo que no vamos a tener que pelear. Debemos marchar sabiendo qué queremos y cómo lo queremos. Elaborar la estrategia no es tarea de una mente iluminada, ni siquiera de un grupo de iluminados.
Parafraseando a quienes los señores diputados conocen, podemos decir que la salida de la Argentina será obra de los argentinos mismos.
Volviendo al primer concepto, el diálogo y la consulta son la fortaleza de este gobierno. Por eso su programa y su labor se basan en los consensos.
El programa de este primer tramo de transición es el plan de los catorce puntos suscripto por el presidente de la Nación, los gobernadores y los líderes parlamentarios de los partidos.
Muchas propuestas y acciones de gobierno son el fruto de la labor de la Mesa del Diálogo Argentino, que encuentra su guía en la palabra de la Iglesia y reúne a las fuerzas políticas, empresariales, laborales y del tercer sector.
Se somete cada decisión trascendente a la consideración y resolución de este Congreso, puesto que es, como gobierno de transición, respetuoso de su origen parlamentario.
Por esa razón espero haber contribuido con mi presencia a fortalecer este fundamento actual de la institucionalidad que es el diálogo.
La Argentina va a salir adelante, y este cuarto de siglo oscuro y decadente quedará atrás.
Somos una comunidad con historia que no debe temer los nuevos tiempos. Sepamos que la Argentina necesita refundarse.
Debemos volver a construir una fuerte capacidad de decisión nacional. Debemos renegociar nuestra situación regional y mundial a la luz de los intereses permanentes de la Nación.
Es necesario volver a creer en nosotros mismos, para volver a ser una gran Nación.
La ilusión nos llevó a la crisis. La esperanza nos sacará de ella. Para eso hay que transitar el camino largo, difícil y hasta penoso de la realidad. Hay que olvidarse para siempre del facilismo de la magia, que va en sentido contrario.
Para terminar, deseo expresar que este gobierno quiere salir de la crisis por el camino de la producción y el trabajo, porque es la única garantía que tenemos de que los 37 millones de argentinos tendrán un porvenir, ya que estarán integrados en un proyecto de Nación.
Las otras recetas pueden ser exitosas para un pequeño puñado de argentinos, poderosos y viajeros, rodeados de la miseria y el hambre de las grandes mayorías. Ese no será jamás nuestro destino. (Aplausos.)

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Agradeciendo la presencia del señor jefe de Gabinete de Ministros y de sus colaboradores, damos por cumplido el informe previsto en el artículo 101 de la Constitución Nacional.
No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.

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