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Período:119 Reunion:42 Fecha:27/11/2001 LIMITACION DE AFECTACIONES SOBRE RECURSOS TRIBUTARIOS COPARTICIPABLES
SR. PRESIDENTE(RODIL)
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.
Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.
SR. PERNASETTI, HORACIO FRANCISCO (CATAMARCA):
Señor presidente: esta iniciativa fue sancionada por unanimidad en el Senado, y su objeto es limitar las afectaciones de los recursos tributarios coparticipables que perciben las provincias en forma diaria y automática a través del Banco de la Nación Argentina y que fueran cedidos como medio de pago y garantía de títulos, bonos, letras de Tesorería o préstamos con entidades financieras, bancarias y no financieras.
Todos somos conscientes de las dificultades que padecen las provincias argentinas a raíz de la afectación de sus recursos coparticipables como garantía de mutuos financieros. Es sabido que la gran mayoría de ellas se vieron obligadas a tomar créditos en el sistema financiero y que para ello debieron afectar gran parte de la coparticipación. Muchas de esas provincias hoy ven disminuidos sus recursos libres disponibles en virtud de esa afectación.
Si tal afectación fue mal o bien contraída será una situación a analizar en cada uno de los distritos, pero lo cierto es que con los recursos coparticipables las provincias deben atender los gastos necesarios para la atención de los servicios públicos esenciales que requiere la población, tales como la educación, la salud, la seguridad e incluso algunas obras públicas. En consecuencia, cuando se afectan los recursos coparticipables se resiente la calidad de los servicios públicos.
Por las razones expuestas, cuando presentamos en esta Cámara un proyecto similar al que ahora se está considerando, tuvimos en cuenta algunos fallos de la Corte que específicamente sostienen que los recursos coparticipables son para las provincias lo que el salario es para un trabajador, y que debe haber un límite de embargabilidad.
Las circunstancias del funcionamiento parlamentario motivaron que nuestra iniciativa fuese reproducida casi en su totalidad por los señores senadores Verna y Gioja. El texto que estamos analizando es idéntico al de mi autoría, salvo en el artículo 3°.
En el proyecto sancionado por el Honorable Senado dicho artículo prácticamente deroga la resolución 1.075 dictada por el ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, que obligaba a las provincias a obtener su previa autorización para contratar un empréstito o un crédito. Es decir que el Senado tomó textualmente los dos primeros artículos de mi proyecto, agregó el tercero esta iniciativa.
En relación con el artículo 2° quiero aclarar que fue una redacción consensuada con la mayoría de los ministros de Economía de las provincias mientras se discutía el último pacto firmado entre la Nación y las provincias y que se refiere a la deuda pública provincial. Dicho artículo dice así: "La deuda pública provincial podrá convertirse por Préstamos Garantizados o Bonos Nacionales Garantizados de acuerdo a lo establecido en los Títulos II y III del decreto del Poder Ejecutivo nacional N° 1.387/01, con el consentimiento de la provincia deudora y del Ministerio de Economía y siempre que las mismas asuman la deuda resultante de la conversión y la garanticen con recursos provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos conforme a la ley 23.548 o el régimen que en el futuro la reemplace." La redacción de este artículo -insisto- fue acordada con los ministros de Economía de casi todas las provincias argentinas.
Por lo tanto, siendo esta ley un instrumento importante para el proceso de renegociación de las deudas provinciales y nacional que en este momento se está llevando a cabo, pido que, así como lo hizo el Senado de la Nación, nosotros también aprobemos la iniciativa remitida por esa Cámara sin ninguna modificación a fin de que sea promulgada de inmediato por el Poder Ejecutivo y los gobiernos de provincia queden en mejor situación para negociar la deuda que tienen con cada una de las entidades financieras.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación de este proyecto de ley.
Todos somos conscientes de las dificultades que padecen las provincias argentinas a raíz de la afectación de sus recursos coparticipables como garantía de mutuos financieros. Es sabido que la gran mayoría de ellas se vieron obligadas a tomar créditos en el sistema financiero y que para ello debieron afectar gran parte de la coparticipación. Muchas de esas provincias hoy ven disminuidos sus recursos libres disponibles en virtud de esa afectación.
Si tal afectación fue mal o bien contraída será una situación a analizar en cada uno de los distritos, pero lo cierto es que con los recursos coparticipables las provincias deben atender los gastos necesarios para la atención de los servicios públicos esenciales que requiere la población, tales como la educación, la salud, la seguridad e incluso algunas obras públicas. En consecuencia, cuando se afectan los recursos coparticipables se resiente la calidad de los servicios públicos.
Por las razones expuestas, cuando presentamos en esta Cámara un proyecto similar al que ahora se está considerando, tuvimos en cuenta algunos fallos de la Corte que específicamente sostienen que los recursos coparticipables son para las provincias lo que el salario es para un trabajador, y que debe haber un límite de embargabilidad.
Las circunstancias del funcionamiento parlamentario motivaron que nuestra iniciativa fuese reproducida casi en su totalidad por los señores senadores Verna y Gioja. El texto que estamos analizando es idéntico al de mi autoría, salvo en el artículo 3°.
En el proyecto sancionado por el Honorable Senado dicho artículo prácticamente deroga la resolución 1.075 dictada por el ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, que obligaba a las provincias a obtener su previa autorización para contratar un empréstito o un crédito. Es decir que el Senado tomó textualmente los dos primeros artículos de mi proyecto, agregó el tercero esta iniciativa.
En relación con el artículo 2° quiero aclarar que fue una redacción consensuada con la mayoría de los ministros de Economía de las provincias mientras se discutía el último pacto firmado entre la Nación y las provincias y que se refiere a la deuda pública provincial. Dicho artículo dice así: "La deuda pública provincial podrá convertirse por Préstamos Garantizados o Bonos Nacionales Garantizados de acuerdo a lo establecido en los Títulos II y III del decreto del Poder Ejecutivo nacional N° 1.387/01, con el consentimiento de la provincia deudora y del Ministerio de Economía y siempre que las mismas asuman la deuda resultante de la conversión y la garanticen con recursos provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos conforme a la ley 23.548 o el régimen que en el futuro la reemplace." La redacción de este artículo -insisto- fue acordada con los ministros de Economía de casi todas las provincias argentinas.
Por lo tanto, siendo esta ley un instrumento importante para el proceso de renegociación de las deudas provinciales y nacional que en este momento se está llevando a cabo, pido que, así como lo hizo el Senado de la Nación, nosotros también aprobemos la iniciativa remitida por esa Cámara sin ninguna modificación a fin de que sea promulgada de inmediato por el Poder Ejecutivo y los gobiernos de provincia queden en mejor situación para negociar la deuda que tienen con cada una de las entidades financieras.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación de este proyecto de ley.
SR. PRESIDENTE(RODIL)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. CAFIERO, MARIO ALEJANDRO (BUENOS AIRES):
Señor presidente: he escuchado con atención al señor miembro informante, el diputado Pernasetti, y ya no tengo ninguna duda de que lo que estamos tratando aquí no es un proyecto de ley sobre limitación de afectaciones sino que, de alguna manera, estamos dando por sentado que esta Cámara va a convalidar un decreto de necesidad y urgencia al que yo llamaría el "megadecreto" 1.387.
También escuché en el debate de hoy cómo muchos diputados se rasgaban las vestiduras horrorizados porque esta Cámara iba a tratar una modificación al Código Penal y no podía ser que discutiéramos un código de fondo en una sesión tan agitada. Ahora bien, este megadecreto no modifica una cláusula de un código de fondo sino que introduce veinticuatro modificaciones, afectando a los códigos Civil, Comercial y de Procedimientos de la Argentina, y lo hace de un plumazo. Quienes redactaron este decreto no son dos legisladores sino el señor Liendo y el primo del presidente de la Nación, dos hombres vinculados a las finanzas y a los bancos. Ellos son los que emitieron este megadecreto.
Quisiera preguntar a los colegas que me están escuchando qué es lo que van a votar. Voy a tratar de explicarlo, pero no será sencillo, porque este decreto es sumamente maquiavélico y enrevesado. Quiero que sepan cómo con él se hipoteca en serio el futuro de la Argentina.
Este megadecreto modifica el artículo 823 del Código Civil -después volveré sobre este tema clave- y la ley de administración financiera en un sentido absolutamente contrario al interés nacional, cuando autoriza al Poder Ejecutivo a disponer garantías de terceros, contratar avales, fianzas y garantías reales o de cualquier otro modo mejorar las condiciones de cumplimiento de las obligaciones contraídas o a contraerse.
Este decreto modifica la ley de las AFJP prácticamente destruyendo su espíritu -con el que se podrá estar de acuerdo o no-, porque al permitir el ciento por ciento de préstamo de las AFJP al Estado estamos en camino a desvirtuar ese régimen, como sucede también con la baja de los aportes de los activos.
Este megadecreto está totalmente en contra de lo que aquí se ha dicho. Recuerdo al señor diputado Lamberto, cuando en una madrugada se votaban los superpoderes, diciendo que jamás este Parlamento admitiría que los banqueros garantizaran sus préstamos con la recaudación. No sé si recuerdan esto, señores diputados. Este decreto es exactamente lo contrario y no tiene ninguna explicación.
Aquí hemos escuchado al ministro Cavallo -que ha hecho de esto una obra maestra de su espíritu déspotico- diciendo que nadie se enteró de la existencia de este decreto. Claro, porque los asuntos públicos se manejan como cuando se está bajo una tiranía, y por eso nadie se enteró de que en la Argentina la tasa de interés -no sé en virtud de qué esquema-, que antes era del 14 por ciento, ahora es del 7 por ciento. Hizo el "megacanje", se le acabó el crédito, se lo cortaron y tuvo que salir a hacer esta renegociación, pero ahora la Argentina paga el 7 por ciento.
¿Por qué aceptamos pagar tres veces y medio más que lo que pagan los otros países? ¿No saben que la tasa de interés a nivel internacional asciende en este momento al 2 por ciento? Por supuesto, todos los bancos están exentos de impuestos en sus operaciones. A pesar del secreto con que se manejó este megadecreto, hubo alguien que soltó información y habló con los medios anticipando algunos detalles. Por eso a este megadecreto lo llamaría "Franco Macri", porque él pidió la estatización de la deuda de los grupos económicos privados y aquí está estatizada muy buena parte de la ganancia fugada al exterior que han tenido esos grupos económicos, pero ahora resulta que el Estado es socio de estas empresas.
Señores diputados: ¿ustedes realmente van a aprobar esto? No sé si lo han leído, pero la estatización de la deuda se produjo en la dictadura, y ahora vuelve a producirse en la democracia. ¡Qué vergüenza nos produce esto frente a la historia! Somos la Cámara que aceptó la estatización de la deuda, y nuevamente el Estado está al servicio de los grandes grupos económicos y no del pueblo. Con razón hay crisis en la política, y no tengan dudas de que ella seguirá en crisis durante muchos años. Este decreto consagra el per saltum; es inapelable y se viola todo principio constitucional. Esto es lo que estamos discutiendo.
Quiero ir al fondo de la cuestión porque tenemos que entender cómo estas mentes diabólicas y enfermizas traman este tipo de operaciones complejas, tan difíciles de explicar a la gente, relacionadas con bonos consolidados, préstamos garantizados y toda una serie de complejidades técnicas. De todos modos, esto es fácil si uno trata de simplificar la explicación.
¿Qué hace este decreto? Está planteado como el decreto de renegociación de la deuda al 7 por ciento con bonos garantizados, y esto es lo que supuestamente sería su sustancia. La República Argentina va a canjear los bonos que hoy están circulando, que emitiera alegremente en estos últimos años; por ejemplo, con el "megacanje", cuando se incrementó en 50 mil millones de dólares la cantidad de bonos emitidos, o con los bonos Brady que tramitaron Machinea y Marx, que canjearon bonos garantizados por bonos basura llevando la tasa del 6 por ciento al 12; Cavallo la llevó al 14 y ahora la queremos bajar al 7.
Esto, que parece ser una solución, de ninguna manera lo es cuando se incorpora la modificación del artículo 823 del Código Civil que, precisamente, permite la compensación de deudas.
No quiero leerlo para no aburrir a los señores diputados, pero les pido que por favor lo hagan porque pareciera que está exactamente redactado para el momento en que la Argentina no pueda pagar los bonos garantizados; en esa instancia podrá compensar esa deuda con cualquier otra y también con los impuestos.
También escuché en el debate de hoy cómo muchos diputados se rasgaban las vestiduras horrorizados porque esta Cámara iba a tratar una modificación al Código Penal y no podía ser que discutiéramos un código de fondo en una sesión tan agitada. Ahora bien, este megadecreto no modifica una cláusula de un código de fondo sino que introduce veinticuatro modificaciones, afectando a los códigos Civil, Comercial y de Procedimientos de la Argentina, y lo hace de un plumazo. Quienes redactaron este decreto no son dos legisladores sino el señor Liendo y el primo del presidente de la Nación, dos hombres vinculados a las finanzas y a los bancos. Ellos son los que emitieron este megadecreto.
Quisiera preguntar a los colegas que me están escuchando qué es lo que van a votar. Voy a tratar de explicarlo, pero no será sencillo, porque este decreto es sumamente maquiavélico y enrevesado. Quiero que sepan cómo con él se hipoteca en serio el futuro de la Argentina.
Este megadecreto modifica el artículo 823 del Código Civil -después volveré sobre este tema clave- y la ley de administración financiera en un sentido absolutamente contrario al interés nacional, cuando autoriza al Poder Ejecutivo a disponer garantías de terceros, contratar avales, fianzas y garantías reales o de cualquier otro modo mejorar las condiciones de cumplimiento de las obligaciones contraídas o a contraerse.
Este decreto modifica la ley de las AFJP prácticamente destruyendo su espíritu -con el que se podrá estar de acuerdo o no-, porque al permitir el ciento por ciento de préstamo de las AFJP al Estado estamos en camino a desvirtuar ese régimen, como sucede también con la baja de los aportes de los activos.
Este megadecreto está totalmente en contra de lo que aquí se ha dicho. Recuerdo al señor diputado Lamberto, cuando en una madrugada se votaban los superpoderes, diciendo que jamás este Parlamento admitiría que los banqueros garantizaran sus préstamos con la recaudación. No sé si recuerdan esto, señores diputados. Este decreto es exactamente lo contrario y no tiene ninguna explicación.
Aquí hemos escuchado al ministro Cavallo -que ha hecho de esto una obra maestra de su espíritu déspotico- diciendo que nadie se enteró de la existencia de este decreto. Claro, porque los asuntos públicos se manejan como cuando se está bajo una tiranía, y por eso nadie se enteró de que en la Argentina la tasa de interés -no sé en virtud de qué esquema-, que antes era del 14 por ciento, ahora es del 7 por ciento. Hizo el "megacanje", se le acabó el crédito, se lo cortaron y tuvo que salir a hacer esta renegociación, pero ahora la Argentina paga el 7 por ciento.
¿Por qué aceptamos pagar tres veces y medio más que lo que pagan los otros países? ¿No saben que la tasa de interés a nivel internacional asciende en este momento al 2 por ciento? Por supuesto, todos los bancos están exentos de impuestos en sus operaciones. A pesar del secreto con que se manejó este megadecreto, hubo alguien que soltó información y habló con los medios anticipando algunos detalles. Por eso a este megadecreto lo llamaría "Franco Macri", porque él pidió la estatización de la deuda de los grupos económicos privados y aquí está estatizada muy buena parte de la ganancia fugada al exterior que han tenido esos grupos económicos, pero ahora resulta que el Estado es socio de estas empresas.
Señores diputados: ¿ustedes realmente van a aprobar esto? No sé si lo han leído, pero la estatización de la deuda se produjo en la dictadura, y ahora vuelve a producirse en la democracia. ¡Qué vergüenza nos produce esto frente a la historia! Somos la Cámara que aceptó la estatización de la deuda, y nuevamente el Estado está al servicio de los grandes grupos económicos y no del pueblo. Con razón hay crisis en la política, y no tengan dudas de que ella seguirá en crisis durante muchos años. Este decreto consagra el per saltum; es inapelable y se viola todo principio constitucional. Esto es lo que estamos discutiendo.
Quiero ir al fondo de la cuestión porque tenemos que entender cómo estas mentes diabólicas y enfermizas traman este tipo de operaciones complejas, tan difíciles de explicar a la gente, relacionadas con bonos consolidados, préstamos garantizados y toda una serie de complejidades técnicas. De todos modos, esto es fácil si uno trata de simplificar la explicación.
¿Qué hace este decreto? Está planteado como el decreto de renegociación de la deuda al 7 por ciento con bonos garantizados, y esto es lo que supuestamente sería su sustancia. La República Argentina va a canjear los bonos que hoy están circulando, que emitiera alegremente en estos últimos años; por ejemplo, con el "megacanje", cuando se incrementó en 50 mil millones de dólares la cantidad de bonos emitidos, o con los bonos Brady que tramitaron Machinea y Marx, que canjearon bonos garantizados por bonos basura llevando la tasa del 6 por ciento al 12; Cavallo la llevó al 14 y ahora la queremos bajar al 7.
Esto, que parece ser una solución, de ninguna manera lo es cuando se incorpora la modificación del artículo 823 del Código Civil que, precisamente, permite la compensación de deudas.
No quiero leerlo para no aburrir a los señores diputados, pero les pido que por favor lo hagan porque pareciera que está exactamente redactado para el momento en que la Argentina no pueda pagar los bonos garantizados; en esa instancia podrá compensar esa deuda con cualquier otra y también con los impuestos.
SR. PERNASETTI, HORACIO FRANCISCO (CATAMARCA):
¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?
SR. CAFIERO, MARIO ALEJANDRO (BUENOS AIRES):
Sí, señor diputado.
SR. PRESIDENTE(RODIL)
Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.
SR. PERNASETTI, HORACIO FRANCISCO (CATAMARCA):
Señor presidente: en mi exposición hice referencia claramente a cuál fue el origen de la redacción del artículo 2°, y no me referí al señor Liendo sino a los ministros de Economía de las distintas provincias. Cuando dicho artículo hace referencia al decreto, señala expresamente los títulos II y III del decreto 1.387: uno vinculado con la reducción del costo de la deuda pública nacional y el otro relativo a la reducción del costo de la deuda pública provincial.
No creo que por medio de este proyecto de ley estemos ratificando todo el decreto 1.387, sino que estamos aludiendo a dos situaciones planteadas concretamente en el decreto y que sirven para que las provincias puedan renegociar sus deudas.
No creo que por medio de este proyecto de ley estemos ratificando todo el decreto 1.387, sino que estamos aludiendo a dos situaciones planteadas concretamente en el decreto y que sirven para que las provincias puedan renegociar sus deudas.
SRA. CARRIO, ELISA MARIA AVELINA (CHACO):
¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?
SR. CAFIERO, MARIO ALEJANDRO (BUENOS AIRES):
Sí, señora diputada.
SR. PRESIDENTE(RODIL)
Para una interrupción tiene la palabra la señora diputada por el Chaco.
SRA. CARRIO, ELISA MARIA AVELINA (CHACO):
Señor presidente: no tiene razón el señor diputado Pernasetti. En oportunidad de la aplicación del Plan Austral, lanzado por decreto, la sola mención del decreto en una ley habilitó a la Corte a que dijera que la cita de ese decreto en la ley implicaba la ratificación del Parlamento. No nos engañemos: aquí estamos ratificando el decreto 1.387 -que es la entrega final de la Nación- con el cuento del artículo 1°.
El artículo 2° significa, sencillamente, ratificar todo el decreto 1.387, y esto implica una entrega que es inadmisible.
Nadie está en contra del goteo a las provincias, pero no se puede hacer creer a este Parlamento que se trata de un beneficio a las provincias cuando éstas quedarán sin recursos porque no va a haber recaudación. Esta es la estatización por capitalización del año 1982, que se nos quiere hacer aceptar nuevamente por medio del artículo 2° del proyecto en discusión.
Considero que en esta iniciativa no se tiene que hacer ni una sola mención al decreto 1.387, insanablemente nulo.
El artículo 2° significa, sencillamente, ratificar todo el decreto 1.387, y esto implica una entrega que es inadmisible.
Nadie está en contra del goteo a las provincias, pero no se puede hacer creer a este Parlamento que se trata de un beneficio a las provincias cuando éstas quedarán sin recursos porque no va a haber recaudación. Esta es la estatización por capitalización del año 1982, que se nos quiere hacer aceptar nuevamente por medio del artículo 2° del proyecto en discusión.
Considero que en esta iniciativa no se tiene que hacer ni una sola mención al decreto 1.387, insanablemente nulo.
SR. PRESIDENTE(RODIL)
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. CAFIERO, MARIO ALEJANDRO (BUENOS AIRES):
Señor presidente: lo lamento pero no puedo creer lo que expresa el señor diputado Pernasetti, porque esto avanza, todos los días se producen movimientos respecto de este tema. Por ejemplo, puede consultar la página web del Ministerio de Economía y observar el modelo de contrato que está por firmar la República Argentina, yo diría la "Republiqueta Argentina". ¿Se sabe lo que dicen esos contratos? En los considerandos hay una falacia muy grande: allí se dice que la República no tiene pendiente litigio o procedimiento judicial alguno ante ningún tribunal nacional, provincial o municipal, del país o del extranjero, que pudiera afectar su posibilidad de cumplir con sus obligaciones de pago bajo el presente contrato. ¿Se sabe qué significa esto? Esto equivale a decir que la causa del "megacanje" no existe, y ello es mentira. Hay un proceso judicial que cuestiona la legalidad del "megacanje" y aquí la Argentina está afirmando que no existe ningún proceso judicial, lo cual es falaz.
No quiero aburrir a los señores diputados con estos contratos, pero les pido que por favor los lean. ¿Saben qué les dan a los bancos? Los préstamos ya garantizados desde el momento de la percepción del impuesto por parte de los contribuyentes. ¿Saben que las causales de incumplimiento son todas para la República Argentina y ninguna para los bancos? ¿Saben que entre las causales de incumplimiento está cualquier cambio en las leyes aplicables, sus reglamentaciones o interpretaciones? Esto significa poner a todos los poderes del Estado absolutamente prisioneros de esta renegociación.
La pregunta que uno se podría formular a esta altura es si con esto vamos a salir de la crisis, si con esto se va a resolver el problema de la deuda. Lamentablemente, no. Es más, se empeora, y lo voy a demostrar. ¿Por qué se empeora? Porque por un lado se impone la idea de renegociación con bonos garantizados y por otro lado se modifica el artículo 823 del Código Civil en relación con la compensación de deudas.
Hay acreedores que quizás puedan entrar en la renegociación con bonos garantizados, pero habrá otros que no lo harán y querrán valerse del artículo 823 para ir contra la recaudación de impuestos o cualquier otro activo.
Quiero mencionar claramente la cifra de las obligaciones y pagos forzosos que tendrá que afrontar el Estado.
Supongamos que el 66 por ciento de los acreedores -eso sería lo alcanzable- entrara en esta renegociación. ¿Saben cuánto representan los 42 mil millones de dólares sobre los que podrían accionar los acreedores? Representan el 31 por ciento del presupuesto para 2002, el 28 por ciento para 2003 y el 26 por ciento para 2004. Después, a partir de 2005, el 37 por ciento del presupuesto nacional se tiene que destinar al pago de los intereses de la deuda y el capital, porque ya no habrá posibilidad de acceder a nuevo capital. Además, si no se paga una sola de esas cuotas, renace la obligación anterior.
Para que quede claro, quiero señalar que no sólo renegociamos la deuda sino que además dejamos abierta la puerta para que los acreedores condicionen absolutamente al Estado nacional.
Imaginemos que la Argentina no pueda cumplir con una cuota, o que un juez de paz de algún pueblo establezca que no puede renegociar de esa manera hasta dentro de tres años y los acreedores decidan volver a las viejas deudas.
¿Saben cuánto se acumularía para 2005 en concepto de compromisos financieros? Si se canjeara el ciento por ciento de los títulos para el 2005 se acumularían, en concepto de compromisos financieros, 55.460 millones de dólares.
Queda absolutamente claro que este es un mecanismo perverso cuyo único objetivo es salir de una coyuntura cortoplacista y dejarle al próximo gobierno las manos absolutamente atadas, ya que no va a poder hacer nada que los banqueros y los acreedores no le permitan. Creo que tenemos una enorme responsabilidad.
El señor Cavallo ha fracasado rotundamente. Por otra parte, no sé si el señor Liendo está loco o ebrio. No sé quién es; quizás sea un Mefistófeles de la abogacía. No sé quién es, pero les puedo asegurar que tengo ganas de insultarlo y decirle, entre muchas otras cosas, que no puede agraviar a este Parlamento de esta manera. Debemos ser muy serios para encontrar la salida.
Sin embargo, hay señales muy claras que indican que se puede salir de esta situación. Hay sectores financieros, académicos y políticos que no sólo proponen una salida sino que hacen ejercicios concretos. Se reúnen en las universidades para plantear un país que tenga que reformular 90 mil millones de dólares de deuda y quiera mantener la convertibilidad, la estabilidad y lograr el déficit cero y a partir de allí analizan una salida.
Se podrá salir si cada uno hace su aporte, pero no si todo se hace en función de darles más privilegios a quienes nos tienen hoy absolutamente dominados.
Para terminar, quiero señalar que esto significa comprometer la fortuna de los argentinos y darle prevalencia a un sector; esto es traición a la patria, en los términos del artículo 29 de la Constitución Nacional.
Pido que reflexionemos y votemos en contra del artículo 2° y de este proyecto de ley, que avala este camino de traición y de entrega del cual va a ser mucho más difícil salir. (Aplausos.)
No quiero aburrir a los señores diputados con estos contratos, pero les pido que por favor los lean. ¿Saben qué les dan a los bancos? Los préstamos ya garantizados desde el momento de la percepción del impuesto por parte de los contribuyentes. ¿Saben que las causales de incumplimiento son todas para la República Argentina y ninguna para los bancos? ¿Saben que entre las causales de incumplimiento está cualquier cambio en las leyes aplicables, sus reglamentaciones o interpretaciones? Esto significa poner a todos los poderes del Estado absolutamente prisioneros de esta renegociación.
La pregunta que uno se podría formular a esta altura es si con esto vamos a salir de la crisis, si con esto se va a resolver el problema de la deuda. Lamentablemente, no. Es más, se empeora, y lo voy a demostrar. ¿Por qué se empeora? Porque por un lado se impone la idea de renegociación con bonos garantizados y por otro lado se modifica el artículo 823 del Código Civil en relación con la compensación de deudas.
Hay acreedores que quizás puedan entrar en la renegociación con bonos garantizados, pero habrá otros que no lo harán y querrán valerse del artículo 823 para ir contra la recaudación de impuestos o cualquier otro activo.
Quiero mencionar claramente la cifra de las obligaciones y pagos forzosos que tendrá que afrontar el Estado.
Supongamos que el 66 por ciento de los acreedores -eso sería lo alcanzable- entrara en esta renegociación. ¿Saben cuánto representan los 42 mil millones de dólares sobre los que podrían accionar los acreedores? Representan el 31 por ciento del presupuesto para 2002, el 28 por ciento para 2003 y el 26 por ciento para 2004. Después, a partir de 2005, el 37 por ciento del presupuesto nacional se tiene que destinar al pago de los intereses de la deuda y el capital, porque ya no habrá posibilidad de acceder a nuevo capital. Además, si no se paga una sola de esas cuotas, renace la obligación anterior.
Para que quede claro, quiero señalar que no sólo renegociamos la deuda sino que además dejamos abierta la puerta para que los acreedores condicionen absolutamente al Estado nacional.
Imaginemos que la Argentina no pueda cumplir con una cuota, o que un juez de paz de algún pueblo establezca que no puede renegociar de esa manera hasta dentro de tres años y los acreedores decidan volver a las viejas deudas.
¿Saben cuánto se acumularía para 2005 en concepto de compromisos financieros? Si se canjeara el ciento por ciento de los títulos para el 2005 se acumularían, en concepto de compromisos financieros, 55.460 millones de dólares.
Queda absolutamente claro que este es un mecanismo perverso cuyo único objetivo es salir de una coyuntura cortoplacista y dejarle al próximo gobierno las manos absolutamente atadas, ya que no va a poder hacer nada que los banqueros y los acreedores no le permitan. Creo que tenemos una enorme responsabilidad.
El señor Cavallo ha fracasado rotundamente. Por otra parte, no sé si el señor Liendo está loco o ebrio. No sé quién es; quizás sea un Mefistófeles de la abogacía. No sé quién es, pero les puedo asegurar que tengo ganas de insultarlo y decirle, entre muchas otras cosas, que no puede agraviar a este Parlamento de esta manera. Debemos ser muy serios para encontrar la salida.
Sin embargo, hay señales muy claras que indican que se puede salir de esta situación. Hay sectores financieros, académicos y políticos que no sólo proponen una salida sino que hacen ejercicios concretos. Se reúnen en las universidades para plantear un país que tenga que reformular 90 mil millones de dólares de deuda y quiera mantener la convertibilidad, la estabilidad y lograr el déficit cero y a partir de allí analizan una salida.
Se podrá salir si cada uno hace su aporte, pero no si todo se hace en función de darles más privilegios a quienes nos tienen hoy absolutamente dominados.
Para terminar, quiero señalar que esto significa comprometer la fortuna de los argentinos y darle prevalencia a un sector; esto es traición a la patria, en los términos del artículo 29 de la Constitución Nacional.
Pido que reflexionemos y votemos en contra del artículo 2° y de este proyecto de ley, que avala este camino de traición y de entrega del cual va a ser mucho más difícil salir. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(RODIL)
Tiene la palabra la señora diputada por el Chaco.
SRA. CARRIO, ELISA MARIA AVELINA (CHACO):
Señor presidente: además de lo que tan claramente señaló el señor diputado Cafiero, entiendo que el artículo 823 del Código Civil también es una garantía frente al default.
Así como en la década del 90 hubo quienes se quedaron con los activos públicos, ahora podrán dejar de pagar impuestos. La medida adoptada beneficia los intereses concentrados del país; en realidad, quedará condicionada la capacidad del Estado en materia de recaudación, lo cual impedirá hacer política en la Argentina, aunque ahora ya no se puede.
Creo que el señor Liendo es un delincuente -lo he dicho muchas veces-, y considero que no está ebrio sino perfectamente cuerdo. Todos sabemos a qué intereses representa. Del estudio Caride Fite-Liendo surgieron la reforma laboral y otras leyes sancionadas en la época del menemismo y en la actualidad. Todos sabemos a quiénes representan.
Ni nosotros conocemos claramente lo que dice el decreto porque hay un régimen de silencio en la Argentina; pero se está beneficiando a los intereses más concentrados del país. Si después el bono tiene un valor de 2 pesos o del 20 por ciento, se podrá capitalizar mediante el pago de impuestos al ciento por ciento. Así, las deudas de Macri, de Eurnekian y de las privatizaciones podrán ser canjeadas por estos bonos negociados al ciento por ciento de su valor nominal. Antes compraron así las empresas públicas y ahora se podrán liberar de la carga impositiva.
Ya nadie puede negar dónde estamos en la Argentina. Sólo algunos siguen engañando a la Nación, pero afuera de nuestro territorio se sabe que mañana o pasado estaremos en default. Este decreto tiende a condicionarnos aun más en el futuro. Esa no es la forma de salir de la situación en la que nos encontramos; como legisladores, no podemos hacerlo.
Ruego que dejemos de lado la sustitución de este artículo. En todo caso, este tema será objeto de un debate racional en el Parlamento. No se trata de Liendo sino del presidente de la Rúa, que es quien ha firmado el decreto. Ni Yoma ni Liendo son funcionarios; son lobbistas. El Congreso no puede otorgar la suma del poder público ni al presidente de la Nación ni a sus ministros; no podemos permitirlo ni los radicales ni los peronistas ni quienes conformamos otras fuerzas; no pueden permitirlo las instituciones democráticas de la Nación. Ya estamos en la locura; evitemos que el Congreso también sancione la locura. (Aplausos.)
Así como en la década del 90 hubo quienes se quedaron con los activos públicos, ahora podrán dejar de pagar impuestos. La medida adoptada beneficia los intereses concentrados del país; en realidad, quedará condicionada la capacidad del Estado en materia de recaudación, lo cual impedirá hacer política en la Argentina, aunque ahora ya no se puede.
Creo que el señor Liendo es un delincuente -lo he dicho muchas veces-, y considero que no está ebrio sino perfectamente cuerdo. Todos sabemos a qué intereses representa. Del estudio Caride Fite-Liendo surgieron la reforma laboral y otras leyes sancionadas en la época del menemismo y en la actualidad. Todos sabemos a quiénes representan.
Ni nosotros conocemos claramente lo que dice el decreto porque hay un régimen de silencio en la Argentina; pero se está beneficiando a los intereses más concentrados del país. Si después el bono tiene un valor de 2 pesos o del 20 por ciento, se podrá capitalizar mediante el pago de impuestos al ciento por ciento. Así, las deudas de Macri, de Eurnekian y de las privatizaciones podrán ser canjeadas por estos bonos negociados al ciento por ciento de su valor nominal. Antes compraron así las empresas públicas y ahora se podrán liberar de la carga impositiva.
Ya nadie puede negar dónde estamos en la Argentina. Sólo algunos siguen engañando a la Nación, pero afuera de nuestro territorio se sabe que mañana o pasado estaremos en default. Este decreto tiende a condicionarnos aun más en el futuro. Esa no es la forma de salir de la situación en la que nos encontramos; como legisladores, no podemos hacerlo.
Ruego que dejemos de lado la sustitución de este artículo. En todo caso, este tema será objeto de un debate racional en el Parlamento. No se trata de Liendo sino del presidente de la Rúa, que es quien ha firmado el decreto. Ni Yoma ni Liendo son funcionarios; son lobbistas. El Congreso no puede otorgar la suma del poder público ni al presidente de la Nación ni a sus ministros; no podemos permitirlo ni los radicales ni los peronistas ni quienes conformamos otras fuerzas; no pueden permitirlo las instituciones democráticas de la Nación. Ya estamos en la locura; evitemos que el Congreso también sancione la locura. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(RODIL)
Tiene la palabra el señor diputado por Salta.
SR. LOPEZ ARIAS, MARCELO EDUARDO (SALTA):
Señor presidente: es evidente que el bloque Justicialista comparte la mayoría de las consideraciones que ha hecho el señor diputado Cafiero en relación con el decreto 1.387/01. También estamos de acuerdo con las inquietudes formuladas por la señora diputada Carrió.
Nuestra bancada ha venido impulsando la derogación de ese decreto por el que se modifica una serie de disposiciones muy complejas.
Nuestra bancada ha venido impulsando la derogación de ese decreto por el que se modifica una serie de disposiciones muy complejas.
SR. PRESIDENTE(RODIL)
Si me permite, el señor diputado Baglini le está solicitando una interrupción.
SR. LOPEZ ARIAS, MARCELO EDUARDO (SALTA):
Voy a redondear mi pensamiento porque en esta cuestión existen dos debates
que se deben dar.
En el cuerpo legal existen un artículo 1º y uno 3º, en los que claramente se está tratando de poner coto a una carga que tienen las provincias argentinas por la presión financiera y esta usura que se está ejerciendo en contra de ellas. Sin duda que hasta se está poniendo en riesgo la función esencial de los estados provinciales.
Evidentemente, esta ley es requerida por las provincias argentinas en la medida en que se pone una limitación en este aspecto. Sin ninguna duda nuestro bloque va a acompañar la sanción en general de este proyecto, así como también la de los artículos 1º y 3º.
Pero corresponde aclarar que el artículo 2º contiene la ratificación total del decreto 1.387 que, obviamente, nosotros no compartimos.
Si en última instancia lo que se va a discutir es el manejo del endeudamiento provincial, o la forma de mejorar las condiciones de la deuda, todo esto tiene que ser motivo del acuerdo fiscal que se está discutiendo. Tendrá que ser una normativa independiente que contemple claramente los objetivos y la forma de llegar a algo que sea beneficioso, tanto para el Estado nacional como para los estados provinciales.
Introducir una ratificación total de ese decreto es algo contradictorio con la posición que ha venido sosteniendo nuestro bloque desde un primer momento.
Ahora sí, si usted lo autoriza, señor presidente, concedo la interrupción que me ha solicitado el señor diputado Baglini, para luego concluir mi exposición.
que se deben dar.
En el cuerpo legal existen un artículo 1º y uno 3º, en los que claramente se está tratando de poner coto a una carga que tienen las provincias argentinas por la presión financiera y esta usura que se está ejerciendo en contra de ellas. Sin duda que hasta se está poniendo en riesgo la función esencial de los estados provinciales.
Evidentemente, esta ley es requerida por las provincias argentinas en la medida en que se pone una limitación en este aspecto. Sin ninguna duda nuestro bloque va a acompañar la sanción en general de este proyecto, así como también la de los artículos 1º y 3º.
Pero corresponde aclarar que el artículo 2º contiene la ratificación total del decreto 1.387 que, obviamente, nosotros no compartimos.
Si en última instancia lo que se va a discutir es el manejo del endeudamiento provincial, o la forma de mejorar las condiciones de la deuda, todo esto tiene que ser motivo del acuerdo fiscal que se está discutiendo. Tendrá que ser una normativa independiente que contemple claramente los objetivos y la forma de llegar a algo que sea beneficioso, tanto para el Estado nacional como para los estados provinciales.
Introducir una ratificación total de ese decreto es algo contradictorio con la posición que ha venido sosteniendo nuestro bloque desde un primer momento.
Ahora sí, si usted lo autoriza, señor presidente, concedo la interrupción que me ha solicitado el señor diputado Baglini, para luego concluir mi exposición.
SR. PRESIDENTE(RODIL)
Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
SR. BAGLINI, RAUL EDUARDO (MENDOZA):
Señor presidente: he escuchado silenciosamente muchas de las expresiones que aquí se han vertido. Me parece que a las 12 y 10 de la noche no vale la pena entrar en la disquisición de si una denuncia penal es un proceso judicial en términos del contrato que ha exhibido el señor diputado Cafiero.
Este artículo 823 reformado -el de la compensación- lo que permite es que un tenedor al que se le ha incumplido la obligación de atender el bono, pueda imputarlo contra otra obligación del Estado. No estamos hablando de lo que se le ocurra en cualquier situación, sino en el caso de que exista algún incumplimiento.
Ninguna de estas cosas creo que merecían ingresar en una discusión que excede absolutamente el marco de lo que estamos tratando.
Desde luego que existen señores diputados que tienen una melodía de fondo que es algo así como el leit motiv de grandes obras: aparecen en el rondó, en el allegro, en el largo, en el finale, incluso en la obertura.
De lo que aquí estamos hablando es de un texto que yo conozco, porque fui partícipe de su escritura, como algunos otros legisladores que conforman esta Cámara. Hubo largas discusiones en el seno de la Comisión Federal de Impuestos con los señores ministros de Hacienda de las distintas provincias, que en su gigantesca mayoría pertenecen al justicialismo.
Por esa casualidad es que esta iniciativa no forma parte de un proyecto del Poder Ejecutivo, sino que pertenece a los señores senadores Gioja y Verna. Ellos no pertenecen al Frente Para Todos ni a ninguna otra agrupación que intente disimular su filiación política. Son, nada más y nada menos, que el presidente del bloque del justicialismo en la Cámara de Senadores y el presidente de la Comisión de Hacienda de la misma Cámara.
Estando todo tan claro, no hace falta agregar más palabras. Me parece una afrenta a la capacidad parlamentaria de ambos senadores el hecho de pensar que han abierto una generosa ratificación de un megadecreto. Esos dos títulos están con la misma redacción que han tenido en su origen, cuando los ministros propusieron el texto con el que al final plasmaron el acuerdo. Esto lo vamos a ver nuevamente cuando el acuerdo vuelva a esta Cámara. En ese acuerdo se utilizan las mismas expresiones. Es decir que se trata de un procedimiento de reducción de deuda pública nacional y provincial que combina con una discusión que quedó plasmada en el acuerdo.
Entonces, no seamos más papistas que el Papa ni pretendamos ver sombras donde no las hay. Es imprescindible que lleguemos a un acuerdo sobre este tema, porque mientras nosotros discutimos si se produce un acotamiento del goteo, esta mañana los bancos que participan del proceso de negociación, en vez de verse acotados por una norma que les imponga el 7 por ciento pidieron el 12 y hasta el 14 por ciento. Es decir que cuanto más demoremos en tomar una decisión estaremos colaborando a la extorsión -lo digo con todas las letras- que se realiza sobre provincias que están exánimes y que vienen sufriendo una extracción de fondos no sólo por la vía de los intereses sino también por la del monto del capital que tienen que pagar.
Por ello, no veo la razón de este planteo, máxime después de que una de las cámaras del Parlamento intervino en la cuestión y de que este proyecto fuera impulsado por el presidente del bloque Justicialista y por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Este artículo 823 reformado -el de la compensación- lo que permite es que un tenedor al que se le ha incumplido la obligación de atender el bono, pueda imputarlo contra otra obligación del Estado. No estamos hablando de lo que se le ocurra en cualquier situación, sino en el caso de que exista algún incumplimiento.
Ninguna de estas cosas creo que merecían ingresar en una discusión que excede absolutamente el marco de lo que estamos tratando.
Desde luego que existen señores diputados que tienen una melodía de fondo que es algo así como el leit motiv de grandes obras: aparecen en el rondó, en el allegro, en el largo, en el finale, incluso en la obertura.
De lo que aquí estamos hablando es de un texto que yo conozco, porque fui partícipe de su escritura, como algunos otros legisladores que conforman esta Cámara. Hubo largas discusiones en el seno de la Comisión Federal de Impuestos con los señores ministros de Hacienda de las distintas provincias, que en su gigantesca mayoría pertenecen al justicialismo.
Por esa casualidad es que esta iniciativa no forma parte de un proyecto del Poder Ejecutivo, sino que pertenece a los señores senadores Gioja y Verna. Ellos no pertenecen al Frente Para Todos ni a ninguna otra agrupación que intente disimular su filiación política. Son, nada más y nada menos, que el presidente del bloque del justicialismo en la Cámara de Senadores y el presidente de la Comisión de Hacienda de la misma Cámara.
Estando todo tan claro, no hace falta agregar más palabras. Me parece una afrenta a la capacidad parlamentaria de ambos senadores el hecho de pensar que han abierto una generosa ratificación de un megadecreto. Esos dos títulos están con la misma redacción que han tenido en su origen, cuando los ministros propusieron el texto con el que al final plasmaron el acuerdo. Esto lo vamos a ver nuevamente cuando el acuerdo vuelva a esta Cámara. En ese acuerdo se utilizan las mismas expresiones. Es decir que se trata de un procedimiento de reducción de deuda pública nacional y provincial que combina con una discusión que quedó plasmada en el acuerdo.
Entonces, no seamos más papistas que el Papa ni pretendamos ver sombras donde no las hay. Es imprescindible que lleguemos a un acuerdo sobre este tema, porque mientras nosotros discutimos si se produce un acotamiento del goteo, esta mañana los bancos que participan del proceso de negociación, en vez de verse acotados por una norma que les imponga el 7 por ciento pidieron el 12 y hasta el 14 por ciento. Es decir que cuanto más demoremos en tomar una decisión estaremos colaborando a la extorsión -lo digo con todas las letras- que se realiza sobre provincias que están exánimes y que vienen sufriendo una extracción de fondos no sólo por la vía de los intereses sino también por la del monto del capital que tienen que pagar.
Por ello, no veo la razón de este planteo, máxime después de que una de las cámaras del Parlamento intervino en la cuestión y de que este proyecto fuera impulsado por el presidente del bloque Justicialista y por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
SR. PRESIDENTE(RODIL)
La Presidencia hace saber al señor diputado por Salta que el señor diputado Cafiero le solicita otra interrupción. ¿La concede?
SR. LOPEZ ARIAS, MARCELO EDUARDO (SALTA):
Señor presidente: creo que el señor diputado Cafiero quiere pedir una interrupción para responder a la interrupción del señor diputado Baglini. En mi opinión esto va a desordenar el debate y por eso pido a los señores legisladores que me permitan redondear la exposición.
SR. PRESIDENTE(RODIL)
El señor diputado Stubrin también le solicita una interrupción, ¿la concede?
SR. LOPEZ ARIAS, MARCELO EDUARDO (SALTA):
No, señor presidente.
La posición de nuestro bloque en torno de esta cuestión es muy clara. Entendemos que las normas que contienen los artículos 1° y 3° son fundamentales para dar sustentabilidad a nuestras provincias. Por eso adelanto que vamos a votar estos artículos en forma afirmativa. También coincidimos con la necesidad de racionalizar el manejo de la deuda provincial, pero en nuestra opinión esto no fue correctamente plasmado en el artículo 2°, porque tal como está redactado -creo que tiene razón la señora diputada Carrió- estamos haciendo una ratificación global de un tren que tiene vagones de todo tipo. De aprobar este artículo nos estaríamos haciendo corresponsables de un plan que en su mayoría no compartimos.
Entonces, reitero que nuestro bloque va a votar afirmativamente en general este proyecto, porque queremos avanzar en la discusión. También votaremos favorablemente los artículos 1° y 3°, pero no vamos a acompañar la aprobación del artículo 2° en su actual redacción. Insisto en que esto no tiene que ver únicamente con los intereses que están pagando las provincias; la ratificación de este decreto comprende una serie de materias que no se vinculan sólo con los intereses federales sino también con distintas normas que son cuestionables desde todo punto de vista.
Por lo tanto, estamos dispuestos a avanzar en la discusión en general, y durante el tratamiento en particular haremos todas las consideraciones que sean necesarias respecto del artículo 2°, porque con la actual redacción no lo vamos a acompañar.
La posición de nuestro bloque en torno de esta cuestión es muy clara. Entendemos que las normas que contienen los artículos 1° y 3° son fundamentales para dar sustentabilidad a nuestras provincias. Por eso adelanto que vamos a votar estos artículos en forma afirmativa. También coincidimos con la necesidad de racionalizar el manejo de la deuda provincial, pero en nuestra opinión esto no fue correctamente plasmado en el artículo 2°, porque tal como está redactado -creo que tiene razón la señora diputada Carrió- estamos haciendo una ratificación global de un tren que tiene vagones de todo tipo. De aprobar este artículo nos estaríamos haciendo corresponsables de un plan que en su mayoría no compartimos.
Entonces, reitero que nuestro bloque va a votar afirmativamente en general este proyecto, porque queremos avanzar en la discusión. También votaremos favorablemente los artículos 1° y 3°, pero no vamos a acompañar la aprobación del artículo 2° en su actual redacción. Insisto en que esto no tiene que ver únicamente con los intereses que están pagando las provincias; la ratificación de este decreto comprende una serie de materias que no se vinculan sólo con los intereses federales sino también con distintas normas que son cuestionables desde todo punto de vista.
Por lo tanto, estamos dispuestos a avanzar en la discusión en general, y durante el tratamiento en particular haremos todas las consideraciones que sean necesarias respecto del artículo 2°, porque con la actual redacción no lo vamos a acompañar.
SR. PRESIDENTE(RODIL)
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
SR. NATALE, ALBERTO A. (SANTA FE):
Señor presidente: si este proyecto fuera sancionado podría figurar en la antología de las insólitas proposiciones legislativas del Congreso argentino.
Nuestra línea argumental difiere sustancialmente de algunos criterios que aquí se han expuesto, aunque también coincidimos con otras apreciaciones. Digo esto porque el artículo 3° del proyecto original -que ya ha desaparecido- prorrogaba hasta el año 2031 un impuesto que surgió como de emergencia, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2002. Como todos sabemos los impuestos son para siempre -hasta que no se modifiquen- o de emergencia. Sin embargo, en la Argentina de la emergencia de décadas fueron reproducidos año tras año, aunque nunca los habíamos visto de este modo, es decir, a treinta años vista. Esta era una verdadera perla, que ahora desapareció.
Por otra parte, el meollo de la cuestión que tanto preocupa a los señores legisladores, que deviene del decreto del Poder Ejecutivo 1.387 en lo que hace a la afectación en garantía del producido del impuesto, merece una consideración especial.
Cuando esto se debatió en marzo, con motivo de la ley de delegación de poderes, nos opusimos a esa posibilidad. Recuerdo que fue un debate muy encendido que se extendió más allá de la medianoche. En ese momento expusimos las razones que fundamentaban nuestra postura. Las cosas siguieron avanzando, pero detengámonos a pensar en el alcance de esta garantía que el decreto 1.387 parece brindar a los acreedores, a quienes se les cambian los títulos en virtud de la afectación del producido del impuesto al cheque.
Sabemos que en el sistema previsto por nuestro derecho existen garantías reales y personales. Las primeras están conformadas por la hipoteca, la prenda y la anticresis, mientras que las personales se dan cuando un tercero se compromete por el deudor. Por supuesto, después están otras instituciones que provienen del viejo derecho romano, el pacto de fiducia, y por eso ahora están de moda los contratos fiduciarios en virtud de los cuales se deposita dinero en una entidad de solvencia con un fin determinado.
Por este mecanismo se introduce una afectación por imposición de una ley, un decreto sancionado en virtud de la delegación de poderes o un decreto de necesidad y urgencia. Si mañana concurre a la comisión a la que fue citado el jefe de Gabinete de Ministros, según se comprometió, vamos a ver cuánto hay de delegación o de necesidad y urgencia en ese decreto 1.387, que además parece un popurrí de normas.
Esta afectación, ¿a quién garantiza qué? Si se hizo una afectación por un acto de soberanía unilateral y se dispone desafectar lo que se creó, no hay fuerza en el mundo que pueda hacer cumplir esa afectación que un día se comprometió. ¿No se advierte que con esta garantía unilateral que presta el Estado argentino se está asumiendo en definitiva un compromiso moral que no va más allá que aquel compromiso moral que se asumió cuando se emitieron los títulos que ahora fuerzan esta renegociación? ¿Se cree por ventura que los acreedores van a canjear títulos por la mayor tranquilidad que les da la afectación de un recurso, cuando lo que hoy se afecta por ley o por decreto mañana se desafecta del mismo modo? Proceden de esa manera porque no les queda otro camino, dado que saben que la otra alternativa es no cobrar nada.
Por eso estamos atravesando esta realidad que hemos advertido hace cuatro o cinco años. No nos engañemos; el decreto 1.387, con todos los defectos que contiene, no compromete más de lo que dice, y ese compromiso es revocable unilateralmente de la misma manera en que se creó.
¿Acaso no estamos dando un ejemplo con el contenido del artículo 1°? La Nación Argentina, que se comprometió ante terceros a retener a sus provincias determinados porcentajes de la coparticipación, ante la emergencia decide no retener aquello a lo que se comprometió. Es más, los autores del proyecto están convencidos de que su sanción va a ser jurídicamente indestructible, a no ser que estemos pensando en la sanción del artículo 1° como un instrumento de presión en una negociación abierta. Pero guay si el Congreso Nacional se transforma en un instrumento de presión para el ejercicio de negociaciones del Poder Ejecutivo.
Veamos el contenido de este artículo 1°. No sé si se ha cometido un error gramatical o tipográfico, o si se trata de una palabra puesta para engañar, porque cuando dispone que las afectaciones sobre recursos tributarios coparticipables que perciben las provincias en formadiaria y automática a través del Banco de la Nación Argentina, que fueran cedidos como medio de pago... No dice "que fueron cedidos", es decir en tiempo pasado; lo dice en tiempo potencial y futuro.
¿A qué nos estamos refiriendo? ¿A las cesiones que se hicieron antes de la sanción de la ley, o a las que se harán a partir de la sanción de la ley?
Por supuesto que si nos referimos a las que se hagan a partir de la sanción de la ley, sería una buena norma de disciplina fiscal para las irresponsables provincias que se endeudaron a tasas del 15, del 20 o del 25 por ciento sin pensar en lo que vendría.
Si por el contrario nos estamos refiriendo al pasado, el tiempo de verbo usado sería otro. Estas cosas no son meras disquisiciones semánticas, más cuando cunde la sospecha de que la sanción no es más que un instrumento de negociación y no una determinación normativa permanente.
¿Quién va a creer en la garantía unilateral que declara un decreto o una ley del Congreso de la Nación cuando todos sabemos que para estos días se han buscado sutiles mecanismos contables para disponer transitoriamente de las reservas que la ley de convertibilidad impone obligatoriamente como garantía de la circulación del peso nacional?
Si hemos llegado a hacer estas cosas, si por este artículo 1° estamos desnaturalizando los pactos que firmaron las provincias y que firmó la Nación con su convalidación, ¿quién puede creer que la rigurosa disposición de garantías del decreto 1387 sea certeza alguna para los acreedores?
Creo que no se está buscando la buena vía para resolver los problemas de las provincias y de la Nación. Me parece que seguimos legislando a empujones y ha llegado la hora de decir basta a esto de legislar así, porque hace ya muchos meses que en la desesperación por el estado en que vive el país hemos asentido para que se legisle a empujones, pero de una vez por todas hay que empezar a parar las cosas, porque si no, el remedio termina siendo mucho peor que la enfermedad.
Nuestra línea argumental difiere sustancialmente de algunos criterios que aquí se han expuesto, aunque también coincidimos con otras apreciaciones. Digo esto porque el artículo 3° del proyecto original -que ya ha desaparecido- prorrogaba hasta el año 2031 un impuesto que surgió como de emergencia, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2002. Como todos sabemos los impuestos son para siempre -hasta que no se modifiquen- o de emergencia. Sin embargo, en la Argentina de la emergencia de décadas fueron reproducidos año tras año, aunque nunca los habíamos visto de este modo, es decir, a treinta años vista. Esta era una verdadera perla, que ahora desapareció.
Por otra parte, el meollo de la cuestión que tanto preocupa a los señores legisladores, que deviene del decreto del Poder Ejecutivo 1.387 en lo que hace a la afectación en garantía del producido del impuesto, merece una consideración especial.
Cuando esto se debatió en marzo, con motivo de la ley de delegación de poderes, nos opusimos a esa posibilidad. Recuerdo que fue un debate muy encendido que se extendió más allá de la medianoche. En ese momento expusimos las razones que fundamentaban nuestra postura. Las cosas siguieron avanzando, pero detengámonos a pensar en el alcance de esta garantía que el decreto 1.387 parece brindar a los acreedores, a quienes se les cambian los títulos en virtud de la afectación del producido del impuesto al cheque.
Sabemos que en el sistema previsto por nuestro derecho existen garantías reales y personales. Las primeras están conformadas por la hipoteca, la prenda y la anticresis, mientras que las personales se dan cuando un tercero se compromete por el deudor. Por supuesto, después están otras instituciones que provienen del viejo derecho romano, el pacto de fiducia, y por eso ahora están de moda los contratos fiduciarios en virtud de los cuales se deposita dinero en una entidad de solvencia con un fin determinado.
Por este mecanismo se introduce una afectación por imposición de una ley, un decreto sancionado en virtud de la delegación de poderes o un decreto de necesidad y urgencia. Si mañana concurre a la comisión a la que fue citado el jefe de Gabinete de Ministros, según se comprometió, vamos a ver cuánto hay de delegación o de necesidad y urgencia en ese decreto 1.387, que además parece un popurrí de normas.
Esta afectación, ¿a quién garantiza qué? Si se hizo una afectación por un acto de soberanía unilateral y se dispone desafectar lo que se creó, no hay fuerza en el mundo que pueda hacer cumplir esa afectación que un día se comprometió. ¿No se advierte que con esta garantía unilateral que presta el Estado argentino se está asumiendo en definitiva un compromiso moral que no va más allá que aquel compromiso moral que se asumió cuando se emitieron los títulos que ahora fuerzan esta renegociación? ¿Se cree por ventura que los acreedores van a canjear títulos por la mayor tranquilidad que les da la afectación de un recurso, cuando lo que hoy se afecta por ley o por decreto mañana se desafecta del mismo modo? Proceden de esa manera porque no les queda otro camino, dado que saben que la otra alternativa es no cobrar nada.
Por eso estamos atravesando esta realidad que hemos advertido hace cuatro o cinco años. No nos engañemos; el decreto 1.387, con todos los defectos que contiene, no compromete más de lo que dice, y ese compromiso es revocable unilateralmente de la misma manera en que se creó.
¿Acaso no estamos dando un ejemplo con el contenido del artículo 1°? La Nación Argentina, que se comprometió ante terceros a retener a sus provincias determinados porcentajes de la coparticipación, ante la emergencia decide no retener aquello a lo que se comprometió. Es más, los autores del proyecto están convencidos de que su sanción va a ser jurídicamente indestructible, a no ser que estemos pensando en la sanción del artículo 1° como un instrumento de presión en una negociación abierta. Pero guay si el Congreso Nacional se transforma en un instrumento de presión para el ejercicio de negociaciones del Poder Ejecutivo.
Veamos el contenido de este artículo 1°. No sé si se ha cometido un error gramatical o tipográfico, o si se trata de una palabra puesta para engañar, porque cuando dispone que las afectaciones sobre recursos tributarios coparticipables que perciben las provincias en formadiaria y automática a través del Banco de la Nación Argentina, que fueran cedidos como medio de pago... No dice "que fueron cedidos", es decir en tiempo pasado; lo dice en tiempo potencial y futuro.
¿A qué nos estamos refiriendo? ¿A las cesiones que se hicieron antes de la sanción de la ley, o a las que se harán a partir de la sanción de la ley?
Por supuesto que si nos referimos a las que se hagan a partir de la sanción de la ley, sería una buena norma de disciplina fiscal para las irresponsables provincias que se endeudaron a tasas del 15, del 20 o del 25 por ciento sin pensar en lo que vendría.
Si por el contrario nos estamos refiriendo al pasado, el tiempo de verbo usado sería otro. Estas cosas no son meras disquisiciones semánticas, más cuando cunde la sospecha de que la sanción no es más que un instrumento de negociación y no una determinación normativa permanente.
¿Quién va a creer en la garantía unilateral que declara un decreto o una ley del Congreso de la Nación cuando todos sabemos que para estos días se han buscado sutiles mecanismos contables para disponer transitoriamente de las reservas que la ley de convertibilidad impone obligatoriamente como garantía de la circulación del peso nacional?
Si hemos llegado a hacer estas cosas, si por este artículo 1° estamos desnaturalizando los pactos que firmaron las provincias y que firmó la Nación con su convalidación, ¿quién puede creer que la rigurosa disposición de garantías del decreto 1387 sea certeza alguna para los acreedores?
Creo que no se está buscando la buena vía para resolver los problemas de las provincias y de la Nación. Me parece que seguimos legislando a empujones y ha llegado la hora de decir basta a esto de legislar así, porque hace ya muchos meses que en la desesperación por el estado en que vive el país hemos asentido para que se legisle a empujones, pero de una vez por todas hay que empezar a parar las cosas, porque si no, el remedio termina siendo mucho peor que la enfermedad.
SR. PRESIDENTE(RODIL)
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
SR. CASTELLANI, CARLOS ALBERTO (SANTA FE):
Señor presidente: el debate que se está produciendo esta noche parece no tener en cuenta la situación de emergencia que vive el país.
He escuchado al señor diputado Cafiero con versiones apocalípticas de lo que puede sucederle a la República Argentina si hacemos tal o cual cosa y si sancionamos esta ley, sin tener en cuenta que ya estamos viviendo situaciones dramáticas, que realmente todos estamos inmersos en esto y todos deberíamos apostar a la salida.
Por eso, aunque no estemos de acuerdo con muchas de estas cuestiones, vamos a dar el apoyo tratando de que el gobierno nacional pueda encontrar el camino que nos hace falta a todos para poder reencauzarnos.
Además de expresar esto, quería señalar mi tristeza por los términos con que de alguna manera se han manifestado estas reflexiones. No lo esperaba del señor diputado Cafiero, por quien siento una gran estima, pero viene tomando el camino de las ofensas a los funcionarios que hoy están tratando de llevar adelante las cuestiones económicas del país.
Pero sí he visto esto, en repetidas oportunidades, en la señora diputada Carrió, a quien he escuchado decir palabras injuriosas con nombre y apellido de funcionarios que han sido colocados por este gobierno, al que yo no voté -seguramente muchos otros diputadoslo habrán votado-, pero al que quisiera ayudar a gobernar. Hasta el año 2003 el presidente de la Nación tiene la potestad y el legítimo derecho de designar y remover a los ministros y funcionarios.
Se infieren ofensas injuriosas que muchas veces no se comprueban. Estamos acostumbrados a las denuncias cuya falsedad se demuestra más tarde y que se realizan con afanes de crecimiento político. Esto no es bueno para un Parlamento que pareciera no ver los problemas que padece nuestro país, lo cual conduciría a destruirnos.
En diversas ocasiones he escuchado al señor diputado Cafiero referirse a la deuda externa como si su propuesta fuera que no debemos pagarla. En mi opinión la solución no es esa sino que pasa por volver a tener un país competitivo, por ser confiables y creíbles y por apostar a la producción. Me refiero a esa producción que según han expresado los dos diputados que he mencionado también está defenestrada.
A pesar de que no está avanzando, la Argentina está intentando instrumentar planes de reactivación de la producción. Por eso, entiendo que cuando se menciona a algunos grandes empresarios pareciera que se tiene miedo de que en la Argentina se gane dinero. Creo que esa es la mentalidad que debemos cambiar porque nada se solucionará mientras las empresas estén condenadas a que desde la función pública y el Parlamento se cuestione su rentabilidad.
Pero lo que es peor, aunque escucho muchas voces de protesta, es que no se formula una propuesta concreta. Se hacen cuestionamientos y se habla de los problemas y la destrucción, pero no hay propuestas, como si todo pudiera seguir igual. Este es el gran drama.
Me parece que no es necesario injuriar a las personas, que hoy pueden ser unas y mañana otras; es un estilo que no me gusta, pero de todas maneras nosotros estamos a favor de la producción.
En relación con la estatización de la deuda, se ha nombrado a grandes empresarios. Es posible que muchos de ellos sean malos, como hay muchos malos políticos, abogados y futbolistas. Pero así como hay malos empresarios también hay muchos otros que hoy pueden sentirse atraídos por el hecho de que sus deudas podrán ser abonadas en la Dirección General Impositiva con un sistema de capitalización. Observémoslo también del lado positivo, sin pensar que no se va a cobrar lo que es incobrable sino que realmente se está dando una oportunidad al aparato productivo, y que ojalá sea un éxito. Del mismo modo intentaron serlo los planes de competitividad, aunque por supuesto sin éxito, en una Argentina que ya lleva muchos años de recesión, lo que resulta difícil modificar. Pero sin lugar a dudas esa ha sido la dirección.
Como no hay magia, yo preguntaría qué medidas se podrían adoptar en lugar de éstas que estamos debatiendo -sin injuriar- porque seguramente las apoyaríamos.
He escuchado al señor diputado Cafiero con versiones apocalípticas de lo que puede sucederle a la República Argentina si hacemos tal o cual cosa y si sancionamos esta ley, sin tener en cuenta que ya estamos viviendo situaciones dramáticas, que realmente todos estamos inmersos en esto y todos deberíamos apostar a la salida.
Por eso, aunque no estemos de acuerdo con muchas de estas cuestiones, vamos a dar el apoyo tratando de que el gobierno nacional pueda encontrar el camino que nos hace falta a todos para poder reencauzarnos.
Además de expresar esto, quería señalar mi tristeza por los términos con que de alguna manera se han manifestado estas reflexiones. No lo esperaba del señor diputado Cafiero, por quien siento una gran estima, pero viene tomando el camino de las ofensas a los funcionarios que hoy están tratando de llevar adelante las cuestiones económicas del país.
Pero sí he visto esto, en repetidas oportunidades, en la señora diputada Carrió, a quien he escuchado decir palabras injuriosas con nombre y apellido de funcionarios que han sido colocados por este gobierno, al que yo no voté -seguramente muchos otros diputadoslo habrán votado-, pero al que quisiera ayudar a gobernar. Hasta el año 2003 el presidente de la Nación tiene la potestad y el legítimo derecho de designar y remover a los ministros y funcionarios.
Se infieren ofensas injuriosas que muchas veces no se comprueban. Estamos acostumbrados a las denuncias cuya falsedad se demuestra más tarde y que se realizan con afanes de crecimiento político. Esto no es bueno para un Parlamento que pareciera no ver los problemas que padece nuestro país, lo cual conduciría a destruirnos.
En diversas ocasiones he escuchado al señor diputado Cafiero referirse a la deuda externa como si su propuesta fuera que no debemos pagarla. En mi opinión la solución no es esa sino que pasa por volver a tener un país competitivo, por ser confiables y creíbles y por apostar a la producción. Me refiero a esa producción que según han expresado los dos diputados que he mencionado también está defenestrada.
A pesar de que no está avanzando, la Argentina está intentando instrumentar planes de reactivación de la producción. Por eso, entiendo que cuando se menciona a algunos grandes empresarios pareciera que se tiene miedo de que en la Argentina se gane dinero. Creo que esa es la mentalidad que debemos cambiar porque nada se solucionará mientras las empresas estén condenadas a que desde la función pública y el Parlamento se cuestione su rentabilidad.
Pero lo que es peor, aunque escucho muchas voces de protesta, es que no se formula una propuesta concreta. Se hacen cuestionamientos y se habla de los problemas y la destrucción, pero no hay propuestas, como si todo pudiera seguir igual. Este es el gran drama.
Me parece que no es necesario injuriar a las personas, que hoy pueden ser unas y mañana otras; es un estilo que no me gusta, pero de todas maneras nosotros estamos a favor de la producción.
En relación con la estatización de la deuda, se ha nombrado a grandes empresarios. Es posible que muchos de ellos sean malos, como hay muchos malos políticos, abogados y futbolistas. Pero así como hay malos empresarios también hay muchos otros que hoy pueden sentirse atraídos por el hecho de que sus deudas podrán ser abonadas en la Dirección General Impositiva con un sistema de capitalización. Observémoslo también del lado positivo, sin pensar que no se va a cobrar lo que es incobrable sino que realmente se está dando una oportunidad al aparato productivo, y que ojalá sea un éxito. Del mismo modo intentaron serlo los planes de competitividad, aunque por supuesto sin éxito, en una Argentina que ya lleva muchos años de recesión, lo que resulta difícil modificar. Pero sin lugar a dudas esa ha sido la dirección.
Como no hay magia, yo preguntaría qué medidas se podrían adoptar en lugar de éstas que estamos debatiendo -sin injuriar- porque seguramente las apoyaríamos.
SR. PRESIDENTE(RODIL)
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
SR. STUBRIN, MARCELO JUAN A. (CAP FEDERAL):
Señor presidente: sólo deseo formular en voz alta la pregunta que quise hacer al señor diputado López Arias...
SR. CAFIERO, MARIO ALEJANDRO (BUENOS AIRES):
Pido la palabra por haber sido aludido.
SR. PRESIDENTE(RODIL)
Disculpe, señor diputado Stubrin. El señor diputado Cafiero tiene razón: fue aludido en la intervención del señor diputado preopinante, de modo que le voy a conceder primero a él el uso de la palabra. Así usted no será objeto de interrupciones y podrá hilar su intervención.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. CAFIERO, MARIO ALEJANDRO (BUENOS AIRES):
Señor presidente: en primer lugar quiero decir que tengo un gran aprecio por el señor diputado Castellani en lo personal y en lo humano y que sus palabras realmente me han hecho reflexionar.
Creo que alguien que somete al pueblo argentino a este proceso tan salvaje de ajuste, de "dolorización", es un gran hijo de p... Esto es lo que creo y no es un agravio: es una realidad, es lo que dice la gente. Y alguien que hace las leyes con trampa -porque aquí se dijo "hecha la ley, hecha la trampa"- es un traidor a la patria.
Con respecto a que no hay propuestas quiero decir que sí las hay; lo que falta es poder para que se lleven a la práctica. Las propuestas son muy simples, y voy a pedir al señor diputado Castellani que lea, por ejemplo, cuál es el tratamiento que da una democracia pujante como la de la primera potencia del mundo, que son los Estados Unidos, a los casos de insolvencia, porque la Argentina es uno de ellos. Me gustaría que viera cómo trata la Constitución de los Estados Unidos la insolvencia de los municipios: aplica un criterio o principio que es exactamente opuesto al déficit cero que se impone en la Argentina. ¿Por qué? Porque está prohibido -incluso hay casos de la Corte Suprema de los Estados Unidos en tal sentido- que un municipio que cayó en insolvencia o default afecte los servicios que se están prestando a los ciudadanos en detrimento de los acreedores financieros. La ley prohíbe expresamente que los deudores, por ejemplo, aumenten los impuestos para pagar este tipo de desvío financiero que puede haber. Entonces, ¿qué se impone? Se impone desde el punto de vista jurídico la corresponsabilidad, porque es tan responsable quien tomó una deuda como el que prestó a tasas usurarias.
Por eso, no me rectifico; y ratifico lo que dije. Creo que las propuestas están a la vista. Lo que pasa es que tenemos tremendos hijos de p... que están llevando el país a la catástrofe.
Creo que alguien que somete al pueblo argentino a este proceso tan salvaje de ajuste, de "dolorización", es un gran hijo de p... Esto es lo que creo y no es un agravio: es una realidad, es lo que dice la gente. Y alguien que hace las leyes con trampa -porque aquí se dijo "hecha la ley, hecha la trampa"- es un traidor a la patria.
Con respecto a que no hay propuestas quiero decir que sí las hay; lo que falta es poder para que se lleven a la práctica. Las propuestas son muy simples, y voy a pedir al señor diputado Castellani que lea, por ejemplo, cuál es el tratamiento que da una democracia pujante como la de la primera potencia del mundo, que son los Estados Unidos, a los casos de insolvencia, porque la Argentina es uno de ellos. Me gustaría que viera cómo trata la Constitución de los Estados Unidos la insolvencia de los municipios: aplica un criterio o principio que es exactamente opuesto al déficit cero que se impone en la Argentina. ¿Por qué? Porque está prohibido -incluso hay casos de la Corte Suprema de los Estados Unidos en tal sentido- que un municipio que cayó en insolvencia o default afecte los servicios que se están prestando a los ciudadanos en detrimento de los acreedores financieros. La ley prohíbe expresamente que los deudores, por ejemplo, aumenten los impuestos para pagar este tipo de desvío financiero que puede haber. Entonces, ¿qué se impone? Se impone desde el punto de vista jurídico la corresponsabilidad, porque es tan responsable quien tomó una deuda como el que prestó a tasas usurarias.
Por eso, no me rectifico; y ratifico lo que dije. Creo que las propuestas están a la vista. Lo que pasa es que tenemos tremendos hijos de p... que están llevando el país a la catástrofe.
SR. PRESIDENTE(RODIL)
Está en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.
SR. STUBRIN, MARCELO JUAN A. (CAP FEDERAL):
Seré breve, señor presidente.
Esta discusión se ha convertido en un debate interesante y rico, pero quiero destacar dos o tres cuestiones que no me parecen consistentes.
En primer lugar, convoco con fraternidad a la bancada Justicialista a la reflexión. El artículo 1° no sirve para nada si no tiene al lado el artículo 2°. Se dice a los gobernadores que no deben más del 7 por ciento pero no se les da la herramienta que luego les permite hacer el canje de las obligaciones que tienen a esa tasa. No me parece una posición sustentable.
En segundo término, quiero decir que la objeción del señor diputado Natale -cuyo razonamiento y profundidad de análisis respeto- parece formulada desde el lado del mundo acreedor de la Argentina. ¡Cómo va a decir que se ha afectado la convertibilidad! La Argentina es un país al que se le produjo el default porque los bonos ya valen casi el 30 por ciento. Esta es la realidad: valen el 35 o 40 por ciento. ¿Acaso quieren precipitar una situación más gravosa para el país con esa vieja lógica trotskista de que todo empeore para que se haga la luz?
Considero que este es un momento para convocar a la responsabilidad y asumir la difícil situación que vivimos. No me estoy refiriendo a la bancada Justicialista pero me pregunto cómo se puede dejar a los gobernadores y ministros de Economía de las provincias sin el artículo 2° de esta norma. Esto me parece impensable y, en ese sentido, el Senado ha sido más coherente.
Esta discusión se ha convertido en un debate interesante y rico, pero quiero destacar dos o tres cuestiones que no me parecen consistentes.
En primer lugar, convoco con fraternidad a la bancada Justicialista a la reflexión. El artículo 1° no sirve para nada si no tiene al lado el artículo 2°. Se dice a los gobernadores que no deben más del 7 por ciento pero no se les da la herramienta que luego les permite hacer el canje de las obligaciones que tienen a esa tasa. No me parece una posición sustentable.
En segundo término, quiero decir que la objeción del señor diputado Natale -cuyo razonamiento y profundidad de análisis respeto- parece formulada desde el lado del mundo acreedor de la Argentina. ¡Cómo va a decir que se ha afectado la convertibilidad! La Argentina es un país al que se le produjo el default porque los bonos ya valen casi el 30 por ciento. Esta es la realidad: valen el 35 o 40 por ciento. ¿Acaso quieren precipitar una situación más gravosa para el país con esa vieja lógica trotskista de que todo empeore para que se haga la luz?
Considero que este es un momento para convocar a la responsabilidad y asumir la difícil situación que vivimos. No me estoy refiriendo a la bancada Justicialista pero me pregunto cómo se puede dejar a los gobernadores y ministros de Economía de las provincias sin el artículo 2° de esta norma. Esto me parece impensable y, en ese sentido, el Senado ha sido más coherente.
SR. PRESIDENTE(RODIL)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. ALCHOURON, GUILLERMO EDUARDO (BUENOS AIRES):
Señor presidente: en primer lugar, quiero expresar que lamento los términos que algunos señores diputados están utilizando para referirse a funcionarios y a personas que están dando todo de sí para que el país pueda salir de una situación excepcionalmente dramática como la que se vive.
Francamente, no me voy a acostumbrar a las insolencias y guarangadas que se puedan decir acá, aunque es muy fácil plantarse y decir lo que a cada uno le da la gana. No he caído en eso con ninguna persona en estos dos años, más allá de que me parezca que esté haciendo bien o mal las cosas, y pienso que es hora de que este Congreso asuma que puede discutir todo lo que quiera, pero no se puede baratear su prestigio insultando a personas que, les guste o no, están dejando el alma para tratar de resolver los problemas. Nuestro país no está de fiesta ni en una situación cómoda...
Francamente, no me voy a acostumbrar a las insolencias y guarangadas que se puedan decir acá, aunque es muy fácil plantarse y decir lo que a cada uno le da la gana. No he caído en eso con ninguna persona en estos dos años, más allá de que me parezca que esté haciendo bien o mal las cosas, y pienso que es hora de que este Congreso asuma que puede discutir todo lo que quiera, pero no se puede baratear su prestigio insultando a personas que, les guste o no, están dejando el alma para tratar de resolver los problemas. Nuestro país no está de fiesta ni en una situación cómoda...
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. PRESIDENTE(RODIL)
La Presidencia ruega a los señores diputados que no interrumpan al orador.
SR. ALCHOURON, GUILLERMO EDUARDO (BUENOS AIRES):
No quiero molestar a nadie en particular sino que estoy diciendo cómo deberían ser las cosas y cómo deberíamos manejarnos en las distintas exposiciones.
No estamos en el mejor de los mundos: en marzo nuestro país estaba quebrado y el gobierno está trabajando para tratar de salir de un apriete excepcional. Creo que este proyecto que se ha planteado no es descolgado sino que tiene como origen, tal como lo señaló el señor diputado Baglini, un profundo estudio por parte de los ministros de Economía de las provincias sin excepción.
No creo que esos señores ministros estén embelesados en ser traidores a la patria o en ser dignos de las malas palabras que ha dicho el diputado Cafiero, a quien no voy a dar el gusto de repetirlas.
Debemos tomar conciencia de que no estamos en un lecho de rosas sino en una situación realmente gravísima y todo esto forma parte de una articulación necesaria para poder salir de ella. Si lo que queremos es patear la salida, hagamos lo que nos parece, démonos el gusto, bajemos todo lo que hay que bajar y vivamos el default teniendo en cuenta que hay muchos diputados que piensan que esto no tiene ninguna importancia.
Por lo tanto, anticipo que voy a votar por la afirmativa íntegramente este proyecto que ha sido traído a nuestro conocimiento en este momento, y además reitero que lamento muchísimo la forma en que algunos señores diputados están manejándose respecto de algunas personas que no están presentes.
No estamos en el mejor de los mundos: en marzo nuestro país estaba quebrado y el gobierno está trabajando para tratar de salir de un apriete excepcional. Creo que este proyecto que se ha planteado no es descolgado sino que tiene como origen, tal como lo señaló el señor diputado Baglini, un profundo estudio por parte de los ministros de Economía de las provincias sin excepción.
No creo que esos señores ministros estén embelesados en ser traidores a la patria o en ser dignos de las malas palabras que ha dicho el diputado Cafiero, a quien no voy a dar el gusto de repetirlas.
Debemos tomar conciencia de que no estamos en un lecho de rosas sino en una situación realmente gravísima y todo esto forma parte de una articulación necesaria para poder salir de ella. Si lo que queremos es patear la salida, hagamos lo que nos parece, démonos el gusto, bajemos todo lo que hay que bajar y vivamos el default teniendo en cuenta que hay muchos diputados que piensan que esto no tiene ninguna importancia.
Por lo tanto, anticipo que voy a votar por la afirmativa íntegramente este proyecto que ha sido traído a nuestro conocimiento en este momento, y además reitero que lamento muchísimo la forma en que algunos señores diputados están manejándose respecto de algunas personas que no están presentes.
SR. PRESIDENTE(RODIL)
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
SR. ALESSANDRO, DARIO PEDRO (CAP FEDERAL):
Señor presidente: quiero hacer una sugerencia para ver si podemos resolver esta situación, pero antes deseo formular dos comentarios porque las argumentaciones que se han vertido para oponerse a la propuesta planteada incurren en una contradicción flagrante.
Por un lado, un grupo de diputados se opone al proyecto planteado porque aducen que lo que se pretende como solución definitiva y duradera no es tal sino que constituye un nuevo compromiso de excesivas garantías que se van a otorgar a los acreedores, con lo cual dentro de cuatro o seis años las provincias estarán todavía más sujetas a los compromisos que hoy día tienen. Ese fue el sentido de las argumentaciones brindadas por un grupo de diputados para oponerse a este proyecto. Otros, como el señor diputado Natale, cuestionan esta iniciativa con la misma virulencia y fuerza pero desde un lugar absolutamente opuesto. Según lo he anotado textualmente, el señor diputado Natale dijo: "¿Quién va a creer en la garantía unilateral que declara un decreto o una ley del Congreso de la Nación" como la que nosotros estamos tratando? Lo que quería decir era cómo pretendemos engañar a nuestros acreedores cambiando una garantía que tienen ahora por una obligación moral que seguramente la Argentina no cumplirá. No se van a creer esto.
Me parece que es muy poco sustentable oponerse a una norma como la que estamos considerando desde dos lugares que constituyen pura subjetividad. No se está analizando con objetividad la norma que estamos tratando. Quienes la han analizado objetivamente son aquellos que están sufriendo la actual situación. Me refiero a los gobernadores de las provincias, que instaron a los senadores para que se vote una norma, de tal manera que lo único que estamos haciendo nosotros ahora es recoger ese deseo. No entiendo cómo desde un lado, pretendiendo defender una cosa y desde otro lado, con una argumentación absolutamente opuesta a la primera, se coincide en oponerse a la norma. En mi opinión vuelve a suceder lo que muchas veces ocurre en la Argentina, es decir, que se analizan las cuestiones desde la pura ideología, desde el puro lugar político que uno está ocupando y no desde un lugar objetivo.
Por un lado, un grupo de diputados se opone al proyecto planteado porque aducen que lo que se pretende como solución definitiva y duradera no es tal sino que constituye un nuevo compromiso de excesivas garantías que se van a otorgar a los acreedores, con lo cual dentro de cuatro o seis años las provincias estarán todavía más sujetas a los compromisos que hoy día tienen. Ese fue el sentido de las argumentaciones brindadas por un grupo de diputados para oponerse a este proyecto. Otros, como el señor diputado Natale, cuestionan esta iniciativa con la misma virulencia y fuerza pero desde un lugar absolutamente opuesto. Según lo he anotado textualmente, el señor diputado Natale dijo: "¿Quién va a creer en la garantía unilateral que declara un decreto o una ley del Congreso de la Nación" como la que nosotros estamos tratando? Lo que quería decir era cómo pretendemos engañar a nuestros acreedores cambiando una garantía que tienen ahora por una obligación moral que seguramente la Argentina no cumplirá. No se van a creer esto.
Me parece que es muy poco sustentable oponerse a una norma como la que estamos considerando desde dos lugares que constituyen pura subjetividad. No se está analizando con objetividad la norma que estamos tratando. Quienes la han analizado objetivamente son aquellos que están sufriendo la actual situación. Me refiero a los gobernadores de las provincias, que instaron a los senadores para que se vote una norma, de tal manera que lo único que estamos haciendo nosotros ahora es recoger ese deseo. No entiendo cómo desde un lado, pretendiendo defender una cosa y desde otro lado, con una argumentación absolutamente opuesta a la primera, se coincide en oponerse a la norma. En mi opinión vuelve a suceder lo que muchas veces ocurre en la Argentina, es decir, que se analizan las cuestiones desde la pura ideología, desde el puro lugar político que uno está ocupando y no desde un lugar objetivo.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. PRESIDENTE(RODIL)
La Presidencia advierte a los señores diputados que deben respetar al orador.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.
SR. ALESSANDRO, DARIO PEDRO (CAP FEDERAL):
Señor presidente: ya voy a hacer la propuesta, pero creo que tengo derecho al uso de la palabra.
La segunda reflexión, que creo que también tendría que hacer reflexionar a los opositores a esta norma, consiste en determinar a quién le estamos haciendo el juego al dilatar una solución a esta situación planteada. Como bien lo expresó el señor diputado Baglini hace un rato, basta leer los diarios del día de hoy. Parece que el canje interno de la deuda de la Nación está funcionando bastante bien, pero los bancos están diciendo: "¿Cómo vamos a cambiar una deuda provincial que está garantizada al 25, 26 o 30 por ciento por una pretensión inaudita del 7 por ciento?" Mientras más se dilata esta situación más se perjudican las provincias y más ganan los bancos. Me parece que esto es incontrastable.
Por ello no entiendo la postura que esta noche tiene el bloque Justicialista, y como no me quiero quedar con una simple contraargumentación deseo proponer algo: que votemos en general, ya que parece que en tal sentido hay un acuerdo de la mayoría de los diputados en este recinto. Existe una diferencia notoria en cuanto al artículo 2°, que nosotros creemos que está bien planteado y que otros consideran que no lo está.
Lo peor que podríamos hacer sería no avanzar en este sentido porque no tendríamos norma ni hoy ni mañana. Terminarán las sesiones ordinarias y evidentemente, en vez de pagar un interés del 7 por ciento, las provincias van a tener que seguir pagando un interés del 26 por ciento.
Entonces, concretamente mi propuesta consiste en votar ahora esta norma en general y pasar a cuarto intermedio hasta mañana a las 14 para comenzar entonces la votación en particular. De este modo, si coincidimos en lo sustancial, al menos daremos la sanción en general.
La segunda reflexión, que creo que también tendría que hacer reflexionar a los opositores a esta norma, consiste en determinar a quién le estamos haciendo el juego al dilatar una solución a esta situación planteada. Como bien lo expresó el señor diputado Baglini hace un rato, basta leer los diarios del día de hoy. Parece que el canje interno de la deuda de la Nación está funcionando bastante bien, pero los bancos están diciendo: "¿Cómo vamos a cambiar una deuda provincial que está garantizada al 25, 26 o 30 por ciento por una pretensión inaudita del 7 por ciento?" Mientras más se dilata esta situación más se perjudican las provincias y más ganan los bancos. Me parece que esto es incontrastable.
Por ello no entiendo la postura que esta noche tiene el bloque Justicialista, y como no me quiero quedar con una simple contraargumentación deseo proponer algo: que votemos en general, ya que parece que en tal sentido hay un acuerdo de la mayoría de los diputados en este recinto. Existe una diferencia notoria en cuanto al artículo 2°, que nosotros creemos que está bien planteado y que otros consideran que no lo está.
Lo peor que podríamos hacer sería no avanzar en este sentido porque no tendríamos norma ni hoy ni mañana. Terminarán las sesiones ordinarias y evidentemente, en vez de pagar un interés del 7 por ciento, las provincias van a tener que seguir pagando un interés del 26 por ciento.
Entonces, concretamente mi propuesta consiste en votar ahora esta norma en general y pasar a cuarto intermedio hasta mañana a las 14 para comenzar entonces la votación en particular. De este modo, si coincidimos en lo sustancial, al menos daremos la sanción en general.
SR. PRESIDENTE(RODIL)
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
SRA. CASTRO, ALICIA AMALIA (BUENOS AIRES):
Señor presidente: simplemente quiero señalar algunas cuestiones. Aquí se ha dicho que no hay alternativas, y esto hace quedar muy mal a este cuerpo. Diputados de todas las bancadas hemos propuesto un centenar de proyectos para sanear las finanzas públicas y para evitar la ley de déficit cero, que metió la mano en los bolsillos de los jubilados y de los trabajadores agudizando la recesión y la depresión de nuestra economía.
Además, existen propuestas en círculos académicos, intelectuales y económicos muy prestigiosos, como por ejemplo el Plan Fénix, el Plan de la FIDE y tantos otros. No estoy de acuerdo con que se puede salir de la crisis con déficit cero; creo que representa una medida realmente espantosa en una economía en depresión y recesión. Pero hay en este Parlamento muchas propuestas para sanear las finanzas públicas que no tienen que ver con el proyecto que está hoy en tratamiento.
Independientemente de las consideraciones subjetivas hay un dato objetivo en torno del ministro Cavallo y de lo que ha venido haciendo durante los últimos veinticinco años. Domingo Felipe Cavallo es el personaje más estable de la política y la economía argentina. Desde hace veinticinco años -desde el golpe cívico militar hasta el presente- se está encargando de que se lleve adelante el plan de la dictadura militar y el de Martínez de Hoz. Ambos repiten: "un Estado chico para una Nación grande", y desde 1976 se están ocupando de estatizar la deuda privada.
Efectivamente, el decreto 1.387 es un engendro de inconstitucionalidad que afecta los códigos, un importantísimo número de leyes y hasta la Constitución Nacional. Se trata de una escandalosa licuación de pasivos con la que se procura hacer al Estado socio o accionista de empresas privadas ruinosas; se trata nuevamente de una estatización de deuda.
Hay un dato relacionado con lo que dijo mi estimada colega, la diputada Carrió. Ni siquiera Eurnekian lo va a necesitar porque como es amigo del presidente de la Nación obtendrá una renegociación del contrato de privatización del aeropuerto, que también es ilegal e inconstitucional y va a privar al Estado de 200 millones de pesos que podría destinar a fines más generales vinculados con el bien común.
Estamos tratando con mucha preocupación -no puede ser de otro modo porque la Argentina está en default- el modo y el interés con que percibirán sus créditos nuestros acreedores internos y externos. Mientras tanto, nos hallamos rodeados de un grupo de jubilados que no saben cómo van a comprar sus remedios mañana.
Deseo señalar finalmente que el bloque del Frente para el Cambio va a votar en forma negativa este proyecto de ley.
Además, existen propuestas en círculos académicos, intelectuales y económicos muy prestigiosos, como por ejemplo el Plan Fénix, el Plan de la FIDE y tantos otros. No estoy de acuerdo con que se puede salir de la crisis con déficit cero; creo que representa una medida realmente espantosa en una economía en depresión y recesión. Pero hay en este Parlamento muchas propuestas para sanear las finanzas públicas que no tienen que ver con el proyecto que está hoy en tratamiento.
Independientemente de las consideraciones subjetivas hay un dato objetivo en torno del ministro Cavallo y de lo que ha venido haciendo durante los últimos veinticinco años. Domingo Felipe Cavallo es el personaje más estable de la política y la economía argentina. Desde hace veinticinco años -desde el golpe cívico militar hasta el presente- se está encargando de que se lleve adelante el plan de la dictadura militar y el de Martínez de Hoz. Ambos repiten: "un Estado chico para una Nación grande", y desde 1976 se están ocupando de estatizar la deuda privada.
Efectivamente, el decreto 1.387 es un engendro de inconstitucionalidad que afecta los códigos, un importantísimo número de leyes y hasta la Constitución Nacional. Se trata de una escandalosa licuación de pasivos con la que se procura hacer al Estado socio o accionista de empresas privadas ruinosas; se trata nuevamente de una estatización de deuda.
Hay un dato relacionado con lo que dijo mi estimada colega, la diputada Carrió. Ni siquiera Eurnekian lo va a necesitar porque como es amigo del presidente de la Nación obtendrá una renegociación del contrato de privatización del aeropuerto, que también es ilegal e inconstitucional y va a privar al Estado de 200 millones de pesos que podría destinar a fines más generales vinculados con el bien común.
Estamos tratando con mucha preocupación -no puede ser de otro modo porque la Argentina está en default- el modo y el interés con que percibirán sus créditos nuestros acreedores internos y externos. Mientras tanto, nos hallamos rodeados de un grupo de jubilados que no saben cómo van a comprar sus remedios mañana.
Deseo señalar finalmente que el bloque del Frente para el Cambio va a votar en forma negativa este proyecto de ley.
SR. PRESIDENTE(RODIL)
Corresponde votar en general el proyecto de ley contenido en el Orden del Día N° 3522, sobre limitación de afectaciones a los recursos tributarios coparticipables.
SRA. MOSSO, ANA MARIA (MENDOZA):
Solicito que la votación se realice en forma nominal.
SR. PRESIDENTE(RODIL)
La Presidencia desea saber si el pedido de votación nominal está suficientemente apoyado.
- Resulta suficientemente apoyado.
SR. PRESIDENTE(RODIL)
Cuando se conforme el quórum se va a votar nominalmente.
Se va a llamar para votar.
Se va a llamar para votar.
- Mientras se llama para votar:
SR. IPARRAGUIRRE, CARLOS RAUL (SANTA FE):
Si me permite, señor presidente, deseo adelantar nuestro voto favorable en general, haciendo la salvedad de que en ocasión del debate en particular solicitaré la modificación del artículo 2° a fin de que no se incluya la mención expresa del decreto 1.387.
SR. PRESIDENTE(RODIL)
Tiene la palabra el señor diputado por el Chubut.
SR. CORCHUELO BLASCO, JOSE MANUEL (CHUBUT):
Señor presidente: dado que con posterioridad a la votación de la iniciativa en discusión es nuestra intención solicitar el tratamiento del proyecto por el que se reforma la ley 19.032, apelo a la responsabilidad de los señores diputados para avanzar en la solución de un problema que está generando una grave tensión social.
SR. PRESIDENTE(RODIL)
Habiendo quórum, se va a votar nominalmente en general el proyecto de ley en revisión por el que se limitan las afectaciones a los recursos tributarios coparticipables.
- Se practica la votación nominal.
SR.(SECRETARIO (ARAMBURU))
Conforme a los resultados que exhibe el tablero electrónico, sobre 146 señores diputados presentes han votado 122 por la afirmativa y 15 por la negativa, registrándose además 3 abstenciones. No han sido identificados por el sistema electrónico 5 señores diputados.
SR. PRESIDENTE(RODIL)
La Presidencia aclara que oportunamente por Secretaría se procederá a determinar el sentido del voto de los señores diputados que no han sido identificados por el sistema electrónico.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 146 señores diputados presentes, 122 han votado por la afirmativa y 15 por la negativa, registrándose además 3 abstenciones. No se han computado los votos de 5 señores diputados.
SR. PRESIDENTE(RODIL)
La votación ha resultado afirmativa. En consecuencia, queda aprobado el proyecto en general.
En uso de las atribuciones que el reglamento concede a la Presidencia, invito a la Honorable Cámara a pasar a cuarto intermedio hasta luego a la hora 14.
En uso de las atribuciones que el reglamento concede a la Presidencia, invito a la Honorable Cámara a pasar a cuarto intermedio hasta luego a la hora 14.
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