principal
»
Discursos
Período:119 Reunion:21 Fecha:15/08/2001 MOCIONES DE PREFERENCIA Y DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS Y PETICIONES DE HOMENAJE
SR. PRESIDENTE(PASCUAL)
Corresponde pasar al término previsto por el artículo 168 del reglamento, destinado a mociones de preferencia y de sobre tablas y peticiones de homenaje.
SR. PRESIDENTE(PASCUAL)
La Presidencia hace saber que el señor diputado Baladrón ha hecho llegar una solicitud de inserción de su discursos de homenaje con motivo del 50° aniversario de la promulgación de la ley de provincialización de La Pampa.
Se va a votar si se autoriza la inserción solicitada.
Se va a votar si se autoriza la inserción solicitada.
- Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE(PASCUAL)
Queda autorizada la inserción solicitada.
SR. PRESIDENTE(PASCUAL)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. DUMON, JOSE GABRIEL (BUENOS AIRES):
Señor presidente: solicito preferencia para la próxima sesión, con despacho de comisión, respecto del proyecto de ley del que soy autor contenido en el expediente 4048-d-2001 . Tengo a la vista los proyectos contenidos en los expedientes 4183-d-2001 , del señor diputado Frigeri y otros; 4525-d-2000 , de la señora diputada Ocaña y otros; 5077-d-2000 , del señor diputado Alessandro y otros, y 4362-d-2001 , del señor diputado Peláez y otros.
Todos ellos tratan sobre la factura de crédito, y el mencionado en primer lugar se refiere específicamente a la cobranza de la factura de crédito.
Quiero señalar que hemos mantenido una reunión conjunta con las entidades representativas de las pequeñas y medianas empresas, seguimos trabajando sobre el tema en la comisión y en los bloques y acordamos un texto para ser considerado la próxima semana.
Por todo ello solicito preferencia para la próxima sesión para el proyecto contenido en el expediente mencionado en primer término.
Todos ellos tratan sobre la factura de crédito, y el mencionado en primer lugar se refiere específicamente a la cobranza de la factura de crédito.
Quiero señalar que hemos mantenido una reunión conjunta con las entidades representativas de las pequeñas y medianas empresas, seguimos trabajando sobre el tema en la comisión y en los bloques y acordamos un texto para ser considerado la próxima semana.
Por todo ello solicito preferencia para la próxima sesión para el proyecto contenido en el expediente mencionado en primer término.
SR. PRESIDENTE(PASCUAL)
En consideración la moción de preferencia, con despacho de comisión, formulada por el señor diputado Dumón.
Se va a votar.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE(PASCUAL)
Queda acordada la preferencia solicitada.
SR. PRESIDENTE(PASCUAL)
Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.
SR. PICHETTO, MIGUEL ANGEL (RIO NEGRO):
Señor presidente: nuestro bloque solicita el tratamiento sobre tablas de los proyectos contenidos en los siguientes expedientes: 4957-d-2001 , del señor diputado Peláez y otros, sobre intangibilidad de los depósitos, que fuera girado a la Comisión de Finanzas; 4863-d-2001 , de los señores diputados Lamberto y Toma, sobre suspensión por 180 días hábiles de los plazos de la ejecución de sentencias y trámites procesales correspondientes a concursos preventivos, quiebras, obligaciones bancarias; 5049-d-2001 , de los señores diputados Lamberto y Toma, referido al régimen de recálculo de créditos bancarios; 4788-d-2001 , del señor diputado Obeid, sobre restitución de las reducciones que afecten créditos destinados al pago de haberes en el sector público; 0139-s-2001 , por el que se deroga el decreto 804/01, y 4940-d-2001 , del señor diputado Busti y otros, por el que se solicita la modificación del convenio de competitividad suscripto con el sector agropecuario.
SR. PRESIDENTE(PASCUAL)
En consideración.
Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
SR. NEGRI, MARIO RAUL (CORDOBA):
Quisiera saber si todas las iniciativas se refieren a proyectos de ley.
SR. PRESIDENTE(PASCUAL)
Entiendo que sí, señor diputado.
SR. NEGRI, MARIO RAUL (CORDOBA):
En ese caso, solicitaría que se pusiera en consideración el tratamiento sobre tablas de cada una de ellas en forma independiente.
SR. PRESIDENTE(PASCUAL)
Antes de definir el procedimiento a seguir, hará uso de la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
SR. BUSTI, JORGE PEDRO (ENTRE RIOS):
Señor presidente: quiero aclarar que el proyecto contenido en el expediente 4940-d-2001 es de resolución. Se trata de una iniciativa que no es sólo del bloque Justicialista porque también está suscripta por los señores diputados Etchevehere y Zacarías.
El sector citrícola nacional firmó el plan de competitividad con el Poder Ejecutivo, pero no lo hicieron ni la Federación de Citrus de Entre Ríos ni la Cámara de Exportadores del NEA.
Hemos agotado todas las instancias para que una serie de propuestas de este sector, que en nuestra provincia es creador nada menos que de 120 mil puestos de trabajo directos y 10 mil indirectos, sea tomada en consideración por el Ministerio de Economía. El 3 de agosto solicitamos una audiencia urgente con el ministro de esa cartera, pero no la obtuvimos.
Más que pertenecer a los diputados, esta propuesta corresponde a los productores, fundamentalmente aquellos que a pesar de tener escasa rentabilidad apuestan al país, crean puestos de trabajo, exportan y envían su fruta al mercado interno. Por ello necesitan estas modificaciones para seguir produciendo.
Quise aclarar que este no es un proyecto de ley sino de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo que por medio del Ministerio de Economía tome en consideración estos importantes temas.
En la zona de Chajarí, en la ruta nacional 14, se ha instalado una carpa permanente de productores que manifiestan su protesta en forma pacífica desde hace veinte días, y nosotros nos hemos comprometido con ellos a plantear la cuestión en el Congreso.
Desgraciadamente no pudimos efectuar esa solicitud el miércoles pasado porque no se consiguió el quórum. Por ello en el marco de lo dispuesto por el artículo 134 del reglamento, hoy pedimos el tratamiento sobre tablas de este proyecto de resolución.
Estos productores merecen el debido respeto, y aclaro que no tienen divisa política, por lo que esta iniciativa excede la propuesta de un bloque partidario.
El sector citrícola nacional firmó el plan de competitividad con el Poder Ejecutivo, pero no lo hicieron ni la Federación de Citrus de Entre Ríos ni la Cámara de Exportadores del NEA.
Hemos agotado todas las instancias para que una serie de propuestas de este sector, que en nuestra provincia es creador nada menos que de 120 mil puestos de trabajo directos y 10 mil indirectos, sea tomada en consideración por el Ministerio de Economía. El 3 de agosto solicitamos una audiencia urgente con el ministro de esa cartera, pero no la obtuvimos.
Más que pertenecer a los diputados, esta propuesta corresponde a los productores, fundamentalmente aquellos que a pesar de tener escasa rentabilidad apuestan al país, crean puestos de trabajo, exportan y envían su fruta al mercado interno. Por ello necesitan estas modificaciones para seguir produciendo.
Quise aclarar que este no es un proyecto de ley sino de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo que por medio del Ministerio de Economía tome en consideración estos importantes temas.
En la zona de Chajarí, en la ruta nacional 14, se ha instalado una carpa permanente de productores que manifiestan su protesta en forma pacífica desde hace veinte días, y nosotros nos hemos comprometido con ellos a plantear la cuestión en el Congreso.
Desgraciadamente no pudimos efectuar esa solicitud el miércoles pasado porque no se consiguió el quórum. Por ello en el marco de lo dispuesto por el artículo 134 del reglamento, hoy pedimos el tratamiento sobre tablas de este proyecto de resolución.
Estos productores merecen el debido respeto, y aclaro que no tienen divisa política, por lo que esta iniciativa excede la propuesta de un bloque partidario.
SR. PRESIDENTE(PASCUAL)
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
SR. OBEID, JORGE ALBERTO (SANTA FE):
Señor presidente: quiero fundamentar brevemente el pedido de tratamiento sobre tablas del proyecto contenido en el expediente 4788-d-2001 .
En la sesión del 20 de julio pasado fue tratado y aprobado el proyecto de ley conocido como de déficit cero, que días después fue sancionado por el Senado de la Nación. El artículo 3° de esa norma legal establece una reducción del crédito correspondiente al sector público nacional destinado al pago de haberes, sueldos, adicionales, asignaciones familiares, jubilaciones y pensiones.
Mientras este Congreso sancionaba ese proyecto de ley, que contó con el voto negativo de gran parte de mi bancada, circunspectos hombres de negocios de nuestro país, banqueros y directores o presidentes de directorios de importantes empresas de servicios del país anunciaban con solemnidad un empréstito patriótico para colaborar con el país en la búsqueda de la solución de la grave crisis económica, como un aporte para el déficit cero.
Pocos días después nos venimos a enterar de boca de algunos de estos circunspectos señores y por noticias periodísticas que analizaban la cuestión con mayor profundidad, que en realidad se trataba de un adelanto del impuesto a las ganancias que sería reconocido en los períodos 2003 y 2004.
Posteriormente se completó la primera noticia del empréstito patriótico con la aclaración de que los adelantos que se harían a cuenta del impuesto a las ganancias percibirían un interés. En un primer momento se habló de un 9 por ciento y más tarde se dijo que sería del 7,5 por ciento.
Lo concreto es que en la búsqueda de objetivos perfectamente reconocidos y apoyados por el conjunto de la sociedad argentina -equilibrio presupuestario y déficit cero-, resulta afectado el sector más débil, al que en forma unilateral se le aplica un descuento en sus salarios y jubilaciones.
Por otro lado está el sector de los poderosos, de los grandes banqueros y empresarios que con bombos y platillos anuncia un empréstito patriótico, que no es otra cosa que un préstamo con intereses al Estado nacional.
En síntesis, lo que nosotros estamos solicitando a través de este proyecto es un criterio de justicia entre todos los sectores que deben aportar a la búsqueda del equilibrio y el déficit cero. De este modo pretendemos que sean tratados en igualdad de condiciones tanto los débiles como los poderosos; pretensión que, por otro lado, se vincula con lo que implica el verdadero espíritu del sistema democrático.
Esta iniciativa que ponemos en consideración del cuerpo para que sea tratada sobre tablas establece en un solo artículo que toda reducción que afecte a los créditos destinados al pago de sueldos, haberes, adicionales, asignaciones, jubilaciones y pensiones del sector público nacional será restituida en los mismos términos, plazos y condiciones que se pacten con los bancos y empresas que suscriban el llamado "empréstito patriótico". Se reintegrará a los comprendidos en la presente la totalidad del monto descontado con igual interés que el pactado con dichas empresas.
Tal vez se podría argumentar que la restitución del descuento que se está efectuando a los empleados y jubilados del sector público iría en contra de la búsqueda del déficit cero. Sin embargo, con esta iniciativa estamos propiciando la igualdad de condiciones sobre líneas de crédito que también ha abierto el sector privado y que se pretende plantear como anticipo del impuesto a las ganancias para los años 2003 y 2004. Se supone que la panacea por todos compartida de llegar al déficit cero se habrá alcanzado en ese momento y, por lo tanto, se podrá tratar con absoluta igualdad tanto a los que menos tienen y viven de un sueldo como a aquellos que están lanzando un supuesto empréstito patriótico, que no es otra cosa que un préstamo cuya finalidad es cobrar intereses.
Por todo lo expuesto, solicito que la iniciativa a que he hecho referencia sea tratada sobre tablas.
En la sesión del 20 de julio pasado fue tratado y aprobado el proyecto de ley conocido como de déficit cero, que días después fue sancionado por el Senado de la Nación. El artículo 3° de esa norma legal establece una reducción del crédito correspondiente al sector público nacional destinado al pago de haberes, sueldos, adicionales, asignaciones familiares, jubilaciones y pensiones.
Mientras este Congreso sancionaba ese proyecto de ley, que contó con el voto negativo de gran parte de mi bancada, circunspectos hombres de negocios de nuestro país, banqueros y directores o presidentes de directorios de importantes empresas de servicios del país anunciaban con solemnidad un empréstito patriótico para colaborar con el país en la búsqueda de la solución de la grave crisis económica, como un aporte para el déficit cero.
Pocos días después nos venimos a enterar de boca de algunos de estos circunspectos señores y por noticias periodísticas que analizaban la cuestión con mayor profundidad, que en realidad se trataba de un adelanto del impuesto a las ganancias que sería reconocido en los períodos 2003 y 2004.
Posteriormente se completó la primera noticia del empréstito patriótico con la aclaración de que los adelantos que se harían a cuenta del impuesto a las ganancias percibirían un interés. En un primer momento se habló de un 9 por ciento y más tarde se dijo que sería del 7,5 por ciento.
Lo concreto es que en la búsqueda de objetivos perfectamente reconocidos y apoyados por el conjunto de la sociedad argentina -equilibrio presupuestario y déficit cero-, resulta afectado el sector más débil, al que en forma unilateral se le aplica un descuento en sus salarios y jubilaciones.
Por otro lado está el sector de los poderosos, de los grandes banqueros y empresarios que con bombos y platillos anuncia un empréstito patriótico, que no es otra cosa que un préstamo con intereses al Estado nacional.
En síntesis, lo que nosotros estamos solicitando a través de este proyecto es un criterio de justicia entre todos los sectores que deben aportar a la búsqueda del equilibrio y el déficit cero. De este modo pretendemos que sean tratados en igualdad de condiciones tanto los débiles como los poderosos; pretensión que, por otro lado, se vincula con lo que implica el verdadero espíritu del sistema democrático.
Esta iniciativa que ponemos en consideración del cuerpo para que sea tratada sobre tablas establece en un solo artículo que toda reducción que afecte a los créditos destinados al pago de sueldos, haberes, adicionales, asignaciones, jubilaciones y pensiones del sector público nacional será restituida en los mismos términos, plazos y condiciones que se pacten con los bancos y empresas que suscriban el llamado "empréstito patriótico". Se reintegrará a los comprendidos en la presente la totalidad del monto descontado con igual interés que el pactado con dichas empresas.
Tal vez se podría argumentar que la restitución del descuento que se está efectuando a los empleados y jubilados del sector público iría en contra de la búsqueda del déficit cero. Sin embargo, con esta iniciativa estamos propiciando la igualdad de condiciones sobre líneas de crédito que también ha abierto el sector privado y que se pretende plantear como anticipo del impuesto a las ganancias para los años 2003 y 2004. Se supone que la panacea por todos compartida de llegar al déficit cero se habrá alcanzado en ese momento y, por lo tanto, se podrá tratar con absoluta igualdad tanto a los que menos tienen y viven de un sueldo como a aquellos que están lanzando un supuesto empréstito patriótico, que no es otra cosa que un préstamo cuya finalidad es cobrar intereses.
Por todo lo expuesto, solicito que la iniciativa a que he hecho referencia sea tratada sobre tablas.
SR. PRESIDENTE(PASCUAL)
Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
SR. LAFALLA, ARTURO PEDRO (MENDOZA):
Señor presidente: la moción de tratamiento sobre tablas que se ha planteado también se vincula con el proyecto de ley por el que se deroga el decreto 804/01 del Poder Ejecutivo, que se refiere al marco regulatorio eléctrico. Según el Poder Ejecutivo esta norma fue dictada en virtud de la delegación de facultades que este Congreso aprobó a principios de año.
Concretamente, estamos solicitando -como lo adelantó el presidente a cargo de mi bancada- el tratamiento sobre tablas de una iniciativa que ya tiene sanción del Senado. Sin entrar al fondo de la cuestión, quiero aclarar que el mencionado proyecto cuenta con despacho favorable de la Comisión de Energía y Combustibles. En este sentido, cabe destacar que hay diversas iniciativas de los señores diputados Daher, López Arias, Fayad, Gutiérrez, Graciela Camaño, Corchuelo Blasco, Nicolás Fernández, Fernández de Kirchner, Curletti de Wajsfeld y Stolbizer. En consecuencia, estimo que existe un amplio consenso respecto de la necesidad y urgencia de tratar este tema.
Hoy se ha producido un hecho nuevo en torno de esta cuestión: el dictado de la resolución 259 del Ministerio de Infraestructura y Vivienda y Minería. Como los señores diputados saben, el decreto 804/01, invocando facultades legislativas, modifica la ley 24.065 que rige el sistema eléctrico. De acuerdo con las enmiendas introducidas a la ley por esa disposición, la Secretaría de Energía y Minería dictó este año la resolución 135 que hace uso de las facultades que le delega la ley para modificar el sistema de fijación de tarifas y precios de la energía. De ese modo se suprime la ejecución del pacto federal eléctrico celebrado recientemente entre la Nación y las provincias y una serie de trascendentes innovaciones en el sistema.
La resolución 259 posterga la puesta en vigencia del régimen desde el 1° de septiembre hasta el 1° de febrero de 2002. Evidentemente esto demuestra que no hay urgencia, porque cómo podría si no postergarse por medio de una simple resolución la puesta en vigencia de un régimen desde el 1° de septiembre del corriente año al 1° de febrero de 2002.
Si se aprobara esta moción de tratamiento sobre tablas, tanto yo como muchos otros colegas de diferentes bancadas tendríamos oportunidad de argumentar respecto de la inconstitucionalidad del decreto 804/01, que avanza sobre facultades de las provincias y origina en ellas conflictos prácticamente insolubles.
Instamos al bloque oficialista y al resto de las bancadas que integran esta Honorable Cámara a aprobar el tratamiento sobre tablas de este asunto. Sería un acto de responsabilidad de este cuerpo abocarse ya a debatir esta cuestión que desde hace tres semanas discutimos las comisiones de Energía y Combustibles, Obras Públicas, Presupuesto y Hacienda, Defensa del Consumidor, Transportes y Especial para el Análisis del Sistema de Concesionamiento por Peaje y Financiamiento de Obras Viales con el ministro del área. Hay sustancia, gravedad y urgencia suficientes para adoptar esta decisión porque esto es una especie de aspirina. En mi opinión, equivale a decirnos: "quédense tranquilos pues aun sin las facultades pertinentes seguiremos haciendo lo que creamos mejor". Pienso que el Poder Ejecutivo proseguirá haciendo lo que crea mejor, pero lo cierto es que no es así como deben funcionar las instituciones.
Insisto, estimados colegas, en que sería un acto de responsabilidad aprobar el tratamiento sobre tablas de este asunto y abocarnos a su análisis con toda la profundidad y la urgencia que amerita. Este acto dilatorio no hace sino confirmar la gravedad de la cuestión, esto es, que teníamos razón, porque si desde cada una de las bancadas no hubiéramos hecho el escándalo que hicimos -permítanme llamarlo así-, con la energía que pusimos, esa resolución -hoy postergada- fundada en un decreto que no es ley, aunque así se lo quiera considerar, entraría en vigencia dentro de quince días.
Esto demuestra que teníamos razón. Entonces, ejerzamos la razón que los hechos nos dan y hagámoslo con la responsabilidad con la que estamos obligados a actuar.
Solicito que llegado el momento de votar habilitemos la discusión...
Concretamente, estamos solicitando -como lo adelantó el presidente a cargo de mi bancada- el tratamiento sobre tablas de una iniciativa que ya tiene sanción del Senado. Sin entrar al fondo de la cuestión, quiero aclarar que el mencionado proyecto cuenta con despacho favorable de la Comisión de Energía y Combustibles. En este sentido, cabe destacar que hay diversas iniciativas de los señores diputados Daher, López Arias, Fayad, Gutiérrez, Graciela Camaño, Corchuelo Blasco, Nicolás Fernández, Fernández de Kirchner, Curletti de Wajsfeld y Stolbizer. En consecuencia, estimo que existe un amplio consenso respecto de la necesidad y urgencia de tratar este tema.
Hoy se ha producido un hecho nuevo en torno de esta cuestión: el dictado de la resolución 259 del Ministerio de Infraestructura y Vivienda y Minería. Como los señores diputados saben, el decreto 804/01, invocando facultades legislativas, modifica la ley 24.065 que rige el sistema eléctrico. De acuerdo con las enmiendas introducidas a la ley por esa disposición, la Secretaría de Energía y Minería dictó este año la resolución 135 que hace uso de las facultades que le delega la ley para modificar el sistema de fijación de tarifas y precios de la energía. De ese modo se suprime la ejecución del pacto federal eléctrico celebrado recientemente entre la Nación y las provincias y una serie de trascendentes innovaciones en el sistema.
La resolución 259 posterga la puesta en vigencia del régimen desde el 1° de septiembre hasta el 1° de febrero de 2002. Evidentemente esto demuestra que no hay urgencia, porque cómo podría si no postergarse por medio de una simple resolución la puesta en vigencia de un régimen desde el 1° de septiembre del corriente año al 1° de febrero de 2002.
Si se aprobara esta moción de tratamiento sobre tablas, tanto yo como muchos otros colegas de diferentes bancadas tendríamos oportunidad de argumentar respecto de la inconstitucionalidad del decreto 804/01, que avanza sobre facultades de las provincias y origina en ellas conflictos prácticamente insolubles.
Instamos al bloque oficialista y al resto de las bancadas que integran esta Honorable Cámara a aprobar el tratamiento sobre tablas de este asunto. Sería un acto de responsabilidad de este cuerpo abocarse ya a debatir esta cuestión que desde hace tres semanas discutimos las comisiones de Energía y Combustibles, Obras Públicas, Presupuesto y Hacienda, Defensa del Consumidor, Transportes y Especial para el Análisis del Sistema de Concesionamiento por Peaje y Financiamiento de Obras Viales con el ministro del área. Hay sustancia, gravedad y urgencia suficientes para adoptar esta decisión porque esto es una especie de aspirina. En mi opinión, equivale a decirnos: "quédense tranquilos pues aun sin las facultades pertinentes seguiremos haciendo lo que creamos mejor". Pienso que el Poder Ejecutivo proseguirá haciendo lo que crea mejor, pero lo cierto es que no es así como deben funcionar las instituciones.
Insisto, estimados colegas, en que sería un acto de responsabilidad aprobar el tratamiento sobre tablas de este asunto y abocarnos a su análisis con toda la profundidad y la urgencia que amerita. Este acto dilatorio no hace sino confirmar la gravedad de la cuestión, esto es, que teníamos razón, porque si desde cada una de las bancadas no hubiéramos hecho el escándalo que hicimos -permítanme llamarlo así-, con la energía que pusimos, esa resolución -hoy postergada- fundada en un decreto que no es ley, aunque así se lo quiera considerar, entraría en vigencia dentro de quince días.
Esto demuestra que teníamos razón. Entonces, ejerzamos la razón que los hechos nos dan y hagámoslo con la responsabilidad con la que estamos obligados a actuar.
Solicito que llegado el momento de votar habilitemos la discusión...
SR. CAMAÑO, EDUARDO OSCAR (BUENOS AIRES):
¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?
SR. LAFALLA, ARTURO PEDRO (MENDOZA):
Sí, señor diputado.
SR. PRESIDENTE(PASCUAL)
Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. CAMAÑO, EDUARDO OSCAR (BUENOS AIRES):
Señor presidente: la denuncia que está haciendo el señor diputado Lafalla es de tal gravedad que pienso que merecería la presencia en el recinto del señor ministro de Infraestructura y Vivienda para darnos las explicaciones del caso respecto de los hechos comentados por el señor diputado Lafalla, ya que hasta el momento sólo las ha brindado en una comisión.
Por ello solicito que en la sesión del próximo miércoles se lleve a cabo la citada interpelación al señor ministro Bastos.
Por ello solicito que en la sesión del próximo miércoles se lleve a cabo la citada interpelación al señor ministro Bastos.
SR. PRESIDENTE(PASCUAL)
Señor diputado: la votación de la moción que usted acaba de formular se practicará posteriormente dado que ahora está en discusión la moción formulada por el señor diputado Pichetto.
Tiene la palabra el señor diputado por Salta.
Tiene la palabra el señor diputado por Salta.
SR. LOPEZ ARIAS, MARCELO EDUARDO (SALTA):
Señor presidente: sólo quiero aclarar que el pedido de interpelación no excluye la votación de la moción referida al proyecto de ley por el que se deroga el decreto 804/01 ya que son dos cuestiones complementarias.
SR. PRESIDENTE(PASCUAL)
La Presidencia expresó simplemente que primero se considerarán la moción formulada por el señor diputado Pichetto y luego la que acaba de plantear el señor diputado Camaño.
Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
SR. FAYAD, VICTOR MANUEL FEDERICO (MENDOZA):
Señor presidente: he pedido la palabra para referirme a lo planteado por los señores diputados Lafalla y Camaño.
El Congreso, y especialmente quienes integramos las comisiones en las que se tratan los problemas relacionados con la energía, al igual que el Poder Ejecutivo estamos preocupados por la evolución del mercado eléctrico en la Argentina. Como en cualquier otro país del mundo, este aspecto no se puede descontextualizar respecto de lo que es el crecimiento económico, el desarrollo armónico del país y, desde luego, la preocupación en este ámbito respecto de una actividad cuya planificación, desarrollo y concreción requieren plazos bastante prolongados.
Debe tenerse en cuenta no sólo la crisis que vivió la Argentina en materia de provisión de energía sino también lo que ocurrió en Brasil, y que afectó fuertemente su economía, disminuyendo los cálculos de probabilidad de crecimiento de su producto bruto interno del 7 por ciento proyectado a un escaso 3,5 por ciento, hecho que sumergió al país en una crisis de provisión de energía. Así como no quisiéramos que esta situación se dé en nuestro país, mucho menos querríamos que suceda algo similar a lo que ocurrió en California, Estados Unidos, donde por dejar todo absolutamente al arbitrio de las reglas del mercado y, por ejemplo, a una regulación en cuanto a normas ambientales, se dispararon los precios de la provisión de energía. G. Calafell
Se han presentado varias iniciativas sobre este tema que cuentan con dictamen de las comisiones a las que fueron giradas, y la de quien habla se halla en avanzado estudio. Sin embargo, a partir del planteo efectuado por los señores diputados Lafalla y Camaño corresponde efectuar algunas consideraciones.
En el decreto 804/01 -como lo indicaron los señores diputados preopinantes- se justifica la procedencia de sus disposiciones con la normativa que en su oportunidad sancionó el Parlamento en uso de las atribuciones contenidas en el artículo 76 de la Constitución Nacional, referido a la delegación legislativa.
Más allá de la opinión jurídica que pueda tener quien habla en relación con la inconstitucionalidad de la norma, existen al respecto dos instrumentos -así lo planteamos durante la discusión de la delegación legislativa- que custodian la sujeción de las normas que se dicten al marco que impuso el Congreso Nacional en la delegación legislativa sancionada.
Con esto quiero significar que existe una comisión que revisa los decretos que se dictan como consecuencia de la delegación legislativa. Además, los diarios anuncian hoy que se han efectuado planteos judiciales relacionados con la inconstitucionalidad del decreto 804/01.
Lo que quiero destacar es que no podemos hacer un cuestionamiento de la norma señalada, porque existe jurisprudencia que indica que no corresponde al Congreso declarar la inconstitucionalidad de los actos emanados tanto del Poder Ejecutivo nacional como del mismo Parlamento. Son muchas las oportunidades en que los organismos judiciales pertinentes han declarado la inconstitucionalidad de leyes dictadas por el Congreso Nacional, y esto tiene que ver con la división de los poderes propia de la democracia y de la República.
Por lo tanto, desde ese punto de vista queda a salvo la observación vinculada al enmarcamiento del decreto 804/01 dentro de la delegación legislativa dictada oportunamente.
El Congreso, y especialmente quienes integramos las comisiones en las que se tratan los problemas relacionados con la energía, al igual que el Poder Ejecutivo estamos preocupados por la evolución del mercado eléctrico en la Argentina. Como en cualquier otro país del mundo, este aspecto no se puede descontextualizar respecto de lo que es el crecimiento económico, el desarrollo armónico del país y, desde luego, la preocupación en este ámbito respecto de una actividad cuya planificación, desarrollo y concreción requieren plazos bastante prolongados.
Debe tenerse en cuenta no sólo la crisis que vivió la Argentina en materia de provisión de energía sino también lo que ocurrió en Brasil, y que afectó fuertemente su economía, disminuyendo los cálculos de probabilidad de crecimiento de su producto bruto interno del 7 por ciento proyectado a un escaso 3,5 por ciento, hecho que sumergió al país en una crisis de provisión de energía. Así como no quisiéramos que esta situación se dé en nuestro país, mucho menos querríamos que suceda algo similar a lo que ocurrió en California, Estados Unidos, donde por dejar todo absolutamente al arbitrio de las reglas del mercado y, por ejemplo, a una regulación en cuanto a normas ambientales, se dispararon los precios de la provisión de energía. G. Calafell
Se han presentado varias iniciativas sobre este tema que cuentan con dictamen de las comisiones a las que fueron giradas, y la de quien habla se halla en avanzado estudio. Sin embargo, a partir del planteo efectuado por los señores diputados Lafalla y Camaño corresponde efectuar algunas consideraciones.
En el decreto 804/01 -como lo indicaron los señores diputados preopinantes- se justifica la procedencia de sus disposiciones con la normativa que en su oportunidad sancionó el Parlamento en uso de las atribuciones contenidas en el artículo 76 de la Constitución Nacional, referido a la delegación legislativa.
Más allá de la opinión jurídica que pueda tener quien habla en relación con la inconstitucionalidad de la norma, existen al respecto dos instrumentos -así lo planteamos durante la discusión de la delegación legislativa- que custodian la sujeción de las normas que se dicten al marco que impuso el Congreso Nacional en la delegación legislativa sancionada.
Con esto quiero significar que existe una comisión que revisa los decretos que se dictan como consecuencia de la delegación legislativa. Además, los diarios anuncian hoy que se han efectuado planteos judiciales relacionados con la inconstitucionalidad del decreto 804/01.
Lo que quiero destacar es que no podemos hacer un cuestionamiento de la norma señalada, porque existe jurisprudencia que indica que no corresponde al Congreso declarar la inconstitucionalidad de los actos emanados tanto del Poder Ejecutivo nacional como del mismo Parlamento. Son muchas las oportunidades en que los organismos judiciales pertinentes han declarado la inconstitucionalidad de leyes dictadas por el Congreso Nacional, y esto tiene que ver con la división de los poderes propia de la democracia y de la República.
Por lo tanto, desde ese punto de vista queda a salvo la observación vinculada al enmarcamiento del decreto 804/01 dentro de la delegación legislativa dictada oportunamente.
SR. PRESIDENTE(PASCUAL)
El señor diputado Lafalla le solicita una interrupción, ¿se la concede?
SR. FAYAD, VICTOR MANUEL FEDERICO (MENDOZA):
Sí, señor presidente.
SR. PRESIDENTE(PASCUAL)
Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
SR. LAFALLA, ARTURO PEDRO (MENDOZA):
Señor presidente: quiero aclarar que lo que se está planteando no es la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad del decreto 804/01, porque es indudable que eso sólo lo puede hacer un juez.
Lo que estamos remarcando es la urgencia, conveniencia y coincidencia a la que hemos arribado en el sentido de que lo que corresponde es derogar el decreto 804/01. Echandi
El primer argumento por el cual habría que derogarlo consiste en que el Congreso de la Nación -y por ende quien invoca la delegación de su poder-, no tiene facultades para modificar por sí solo la ley 24.065, que para entrar en vigencia requirió acuerdos legislativos de cada provincia. Estamos ante una ley acuerdo.
En torno a los aspectos tarifarios que las provincias no han delegado se dicta una ley -la 24.065- por acuerdo de partes. Pero ocurre que ahora quien invoca las facultades delegadas por el Congreso por sí mismo pretende modificar la ley, para lo cual no tiene facultades. Por ello solicitamos la derogación del decreto 804/01.
La primera razón para proceder de tal manera -tenemos muchas más- reside en la inconstitucionalidad de dicho decreto. Es un reclamo de todas las provincias. El Consejo Energético Federal, integrado por veintidós jurisdicciones, nos lo reclama por escrito.
Hay catorce provincias que han privatizado el sistema y dos lo están haciendo. Si unilateralmente se modifican las reglas de juego se produciría una interferencia que generará un caos en el sistema, cuya cuantificación es inimaginable. Por ello es necesario tratar hoy esta cuestión, sin postergaciones.
Queda claro -coincido con el señor diputado Fayad- que no estamos haciendo una declaración de inconstitucionalidad, sino disponiendo la derogación del decreto 804/01 porque le hace mal al país, a las provincias y al sistema energético nacional.
Si algo necesita la Argentina de hoy es que dejemos de improvisar y de agregar incertidumbres a las que lamentablemente ya tenemos.
Lo que estamos remarcando es la urgencia, conveniencia y coincidencia a la que hemos arribado en el sentido de que lo que corresponde es derogar el decreto 804/01. Echandi
El primer argumento por el cual habría que derogarlo consiste en que el Congreso de la Nación -y por ende quien invoca la delegación de su poder-, no tiene facultades para modificar por sí solo la ley 24.065, que para entrar en vigencia requirió acuerdos legislativos de cada provincia. Estamos ante una ley acuerdo.
En torno a los aspectos tarifarios que las provincias no han delegado se dicta una ley -la 24.065- por acuerdo de partes. Pero ocurre que ahora quien invoca las facultades delegadas por el Congreso por sí mismo pretende modificar la ley, para lo cual no tiene facultades. Por ello solicitamos la derogación del decreto 804/01.
La primera razón para proceder de tal manera -tenemos muchas más- reside en la inconstitucionalidad de dicho decreto. Es un reclamo de todas las provincias. El Consejo Energético Federal, integrado por veintidós jurisdicciones, nos lo reclama por escrito.
Hay catorce provincias que han privatizado el sistema y dos lo están haciendo. Si unilateralmente se modifican las reglas de juego se produciría una interferencia que generará un caos en el sistema, cuya cuantificación es inimaginable. Por ello es necesario tratar hoy esta cuestión, sin postergaciones.
Queda claro -coincido con el señor diputado Fayad- que no estamos haciendo una declaración de inconstitucionalidad, sino disponiendo la derogación del decreto 804/01 porque le hace mal al país, a las provincias y al sistema energético nacional.
Si algo necesita la Argentina de hoy es que dejemos de improvisar y de agregar incertidumbres a las que lamentablemente ya tenemos.
SR. PRESIDENTE(PASCUAL)
Comunico a la Honorable Cámara que ha finalizado el tiempo destinado a este término reglamentario. Debemos concluir este debate y luego la Honorable Cámara deberá pronunciarse sobre las mociones formuladas por el señor diputado Pichetto.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Mendoza.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Mendoza.
SR. FAYAD, VICTOR MANUEL FEDERICO (MENDOZA):
Señor presidente: si este Congreso pretende derogar un decreto porque lo considera inconstitucional, para no ser reiterativo sólo diré que quien declara la inconstitucionalidad de una norma es el Poder Judicial y no este Congreso. Digo esto independientemente de las opiniones que podamos llegar a tener los diputados que nos expresamos en estos términos.
Por otra parte, el tema planteado por el señor diputado Lafalla me obliga a postergar consideraciones acerca de lo peticionado por el señor diputado Camaño.
Yo mismo he presentado un proyecto tendiente a conseguir este objetivo. Aquí no se trata de los decretos de necesidad y urgencia que habitualmente se dictaban en algún momento en nuestro país. Este decreto tiene una jerarquía constitucional y jurídica superior a los decretos de necesidad y urgencia, precisamente por haber sido dictado no solo en uso de las facultades derivadas de una oportuna delegación legislativa, sino también en virtud de otra normativa coincidente a la que no hice referencia -lo hago ahora- que dictamos en su oportunidad sobre competitividad.
Si esta norma ya estuviera en vigencia operativa desde luego que estaríamos acompañando su derogación. El ministro de Infraestructura y Vivienda ha dictado una resolución por la cual suspende la entrada en vigencia, que se iba a producir a partir del 1° de septiembre. Tenemos en cuenta lo que informara el señor diputado Lafalla en cuanto a la existencia de leyes convenio o marco sancionadas por distintas provincias. Desde nuestra bancada -desde siempre y no sólo ahora- hemos defendido, protegido y jerarquizado el organismo federal de la energía eléctrica. Reconocemos los marcos regulatorios que han establecido algunas provincias y somos conscientes del impacto que podría producir la modificación de las reglas de juego que el sector necesitó en su oportunidad para realizar inversiones sumamente considerables.
Los argumentos que aquí se han vertido deben ser introducidos en el debate sobre la base del real significado del decreto 804/01, que si bien podemos criticar en algunos de sus aspectos -lo hemos hecho- sin lugar a dudas -más allá de las situaciones circunstanciales o coyunturales- apunta con muchísima claridad hacia el desarrollo energético futuro. Es decir que en definitiva estamos hablando de las posibilidades de crecimiento de la Argentina.
Por otro lado, ya han sido señaladas las diferencias entre los decretos de necesidad y urgencia y el tipo de norma a la que nos estamos refiriendo, cuya operatividad no se produjo solamente con el dictado del decreto y su publicación en el Boletín Oficial. Además debemos tener en cuenta la resolución 259 dictada en el día de hoy por el señor ministro de Infraestructura y Vivienda.
Oportunamente se acordó la concurrencia del ministro a las comisiones pertinentes, cuyos integrantes tienen la misión de considerar y emitir dictamen respecto de los diferentes proyectos que a ellas son girados. Durante tres semanas consecutivas cinco comisiones contaron con la presencia del señor ministro de Infraestructura y Vivienda, quien nuevamente asistirá el próximo martes.
En esas ocasiones el señor diputado Lafalla tuvo una activa participación y formuló sólidas argumentaciones, con las que algunos diputados hemos coincidido.
Por otra parte, el tema planteado por el señor diputado Lafalla me obliga a postergar consideraciones acerca de lo peticionado por el señor diputado Camaño.
Yo mismo he presentado un proyecto tendiente a conseguir este objetivo. Aquí no se trata de los decretos de necesidad y urgencia que habitualmente se dictaban en algún momento en nuestro país. Este decreto tiene una jerarquía constitucional y jurídica superior a los decretos de necesidad y urgencia, precisamente por haber sido dictado no solo en uso de las facultades derivadas de una oportuna delegación legislativa, sino también en virtud de otra normativa coincidente a la que no hice referencia -lo hago ahora- que dictamos en su oportunidad sobre competitividad.
Si esta norma ya estuviera en vigencia operativa desde luego que estaríamos acompañando su derogación. El ministro de Infraestructura y Vivienda ha dictado una resolución por la cual suspende la entrada en vigencia, que se iba a producir a partir del 1° de septiembre. Tenemos en cuenta lo que informara el señor diputado Lafalla en cuanto a la existencia de leyes convenio o marco sancionadas por distintas provincias. Desde nuestra bancada -desde siempre y no sólo ahora- hemos defendido, protegido y jerarquizado el organismo federal de la energía eléctrica. Reconocemos los marcos regulatorios que han establecido algunas provincias y somos conscientes del impacto que podría producir la modificación de las reglas de juego que el sector necesitó en su oportunidad para realizar inversiones sumamente considerables.
Los argumentos que aquí se han vertido deben ser introducidos en el debate sobre la base del real significado del decreto 804/01, que si bien podemos criticar en algunos de sus aspectos -lo hemos hecho- sin lugar a dudas -más allá de las situaciones circunstanciales o coyunturales- apunta con muchísima claridad hacia el desarrollo energético futuro. Es decir que en definitiva estamos hablando de las posibilidades de crecimiento de la Argentina.
Por otro lado, ya han sido señaladas las diferencias entre los decretos de necesidad y urgencia y el tipo de norma a la que nos estamos refiriendo, cuya operatividad no se produjo solamente con el dictado del decreto y su publicación en el Boletín Oficial. Además debemos tener en cuenta la resolución 259 dictada en el día de hoy por el señor ministro de Infraestructura y Vivienda.
Oportunamente se acordó la concurrencia del ministro a las comisiones pertinentes, cuyos integrantes tienen la misión de considerar y emitir dictamen respecto de los diferentes proyectos que a ellas son girados. Durante tres semanas consecutivas cinco comisiones contaron con la presencia del señor ministro de Infraestructura y Vivienda, quien nuevamente asistirá el próximo martes.
En esas ocasiones el señor diputado Lafalla tuvo una activa participación y formuló sólidas argumentaciones, con las que algunos diputados hemos coincidido.
SR. PRESIDENTE(PASCUAL)
Si me permite, el señor diputado Valdovinos está solicitándole una interrupción por intermedio de la Presidencia, señor diputado.
SR. FAYAD, VICTOR MANUEL FEDERICO (MENDOZA):
La concedo.
SR. PRESIDENTE(PASCUAL)
La Presidencia advierte a los señores diputados que se está entrando en la cuestión de fondo, lo cual reglamentariamente no corresponde. Si bien, dada la importancia del tema, ha consentido que los señores diputados hagan uso de la palabra, ruega que sean breves.
Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Misiones.
Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Misiones.
SR. VALDOVINOS, ARNALDO PASTOR (MISIONES):
Señor presidente: ¿una resolución tiene jerarquía suficiente para modificar la fecha de entrada en vigencia establecida en el decreto? A mi juicio, no la tiene.
SR. PRESIDENTE(PASCUAL)
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Mendoza.
SR. FAYAD, VICTOR MANUEL FEDERICO (MENDOZA):
Señor presidente: sin pretender polemizar en cuanto a las jerarquías normativas, en relación con la fecha de inicio de vigencia de las nuevas disposiciones -que es el 1° de septiembre- entiendo que el señor ministro de Infraestructura y Vivienda está perfectamente facultado para emitir una resolución, aunque bien podría haberlo hecho la Secretaría de Energía y Minería.
El decreto 804/01 por ahora no tendrá operatividad. El Poder Ejecutivo nacional ha sido permeable a las recomendaciones formuladas por diferentes diputados. Incluso los organismos del sector energético -como acertadamente indicara el señor diputado Lafalla- han advertido acerca del impacto que habrían de provocar determinadas medidas. Sin embargo, más allá de lo formal o instrumental -donde hay un buen nivel de coincidencias- quiero destacar que la preocupación del Poder Ejecutivo
y de esta Honorable Cámara es que la norma -que también será analizada en el ámbito judicial y que probablemente será cuestionada en algunos de sus aspectos por los representantes de las provincias- logre el objetivo del crecimiento energético en un país que tiene que incrementar la generación de energía en no menos de 700 u 800 megavatios al año y que tiene que generar inversiones no inferiores a los 500 u 800 millones de dólares al año. Incluso esto se tiene que dar en este marco recesivo que todos advertimos, porque el consumo de energía igualmente ha ido en aumento.
Por lo tanto, tenemos que crear un marco que dé seguridad, y en esto doy la razón a quienes sostienen que se pueden quebrar reglas de juego establecidas para el desarrollo energético del país.
Para terminar, deseo señalar que existe la intención por parte del Poder Ejecutivo nacional -así lo expresó en distintos encuentros el señor presidente de la República- ...
El decreto 804/01 por ahora no tendrá operatividad. El Poder Ejecutivo nacional ha sido permeable a las recomendaciones formuladas por diferentes diputados. Incluso los organismos del sector energético -como acertadamente indicara el señor diputado Lafalla- han advertido acerca del impacto que habrían de provocar determinadas medidas. Sin embargo, más allá de lo formal o instrumental -donde hay un buen nivel de coincidencias- quiero destacar que la preocupación del Poder Ejecutivo
y de esta Honorable Cámara es que la norma -que también será analizada en el ámbito judicial y que probablemente será cuestionada en algunos de sus aspectos por los representantes de las provincias- logre el objetivo del crecimiento energético en un país que tiene que incrementar la generación de energía en no menos de 700 u 800 megavatios al año y que tiene que generar inversiones no inferiores a los 500 u 800 millones de dólares al año. Incluso esto se tiene que dar en este marco recesivo que todos advertimos, porque el consumo de energía igualmente ha ido en aumento.
Por lo tanto, tenemos que crear un marco que dé seguridad, y en esto doy la razón a quienes sostienen que se pueden quebrar reglas de juego establecidas para el desarrollo energético del país.
Para terminar, deseo señalar que existe la intención por parte del Poder Ejecutivo nacional -así lo expresó en distintos encuentros el señor presidente de la República- ...
SR. RIAL, OSVALDO HUGO (BUENOS AIRES):
¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?
SR. FAYAD, VICTOR MANUEL FEDERICO (MENDOZA):
Señor presidente: seguramente la Honorable Cámara pudo advertir mi generosidad para otorgar todas las interrupciones que me han solicitado, pero como estoy apremiado por el tiempo adelanto que esta es la última que voy a conceder.
SR. PRESIDENTE(PASCUAL)
Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. RIAL, OSVALDO HUGO (BUENOS AIRES):
Señor presidente: no quiero dejar pasar por alto algunos conceptos que se han vertido, porque creo que se está viendo sólo una cara del problema. Más allá de la inconstitucionalidad de la norma que estamos analizando -en la que coincido-, creo que debemos tener en cuenta qué es lo que se busca con este decreto.
En ese sentido, cabe aclarar que más allá de las inversiones en el sector energético, que mencionó el señor diputado, debemos tener en cuenta el incremento en el precio de la energía eléctrica, que se trasladará a las industrias en un porcentaje que va del 20 por ciento a un techo que hoy no se puede predecir. Este aumento iría en contra del objetivo que se persigue con la implementación de los planes de competitividad que está impulsando el gobierno nacional.
Entonces, teniendo en cuenta la difícil situación por la que está atravesando el sector productivo de nuestro país, no cabe duda de que esto significará una mayor pérdida de competitividad, que de por sí ya es elevada. No se pueden privilegiar las exportaciones de commodities en desmedro de cualquier política que tienda a dar valor agregado a nuestros productos.
Esto responde a una situación que ya hemos debatido. El déficit energético de Brasil le abrió a la Argentina la posibilidad de una nueva exportación, y por eso los generadores quieren hacer sus grandes negocios exportando estos commodities, pero subsidiando al mismo tiempo la producción del país vecino. Sin duda esto va a perjudicar a la producción nacional, no sólo por el aumento de los costos sino también por el incremento de las importaciones de distintos productos desde Brasil.
En ese sentido, cabe aclarar que más allá de las inversiones en el sector energético, que mencionó el señor diputado, debemos tener en cuenta el incremento en el precio de la energía eléctrica, que se trasladará a las industrias en un porcentaje que va del 20 por ciento a un techo que hoy no se puede predecir. Este aumento iría en contra del objetivo que se persigue con la implementación de los planes de competitividad que está impulsando el gobierno nacional.
Entonces, teniendo en cuenta la difícil situación por la que está atravesando el sector productivo de nuestro país, no cabe duda de que esto significará una mayor pérdida de competitividad, que de por sí ya es elevada. No se pueden privilegiar las exportaciones de commodities en desmedro de cualquier política que tienda a dar valor agregado a nuestros productos.
Esto responde a una situación que ya hemos debatido. El déficit energético de Brasil le abrió a la Argentina la posibilidad de una nueva exportación, y por eso los generadores quieren hacer sus grandes negocios exportando estos commodities, pero subsidiando al mismo tiempo la producción del país vecino. Sin duda esto va a perjudicar a la producción nacional, no sólo por el aumento de los costos sino también por el incremento de las importaciones de distintos productos desde Brasil.
SR. PRESIDENTE(PASCUAL)
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Mendoza.
SR. FAYAD, VICTOR MANUEL FEDERICO (MENDOZA):
Señor presidente: creo que esta no es la oportunidad para llevar adelante una discusión de fondo sobre el tema del desarrollo energético no sólo en nuestro país sino también en Latinoamérica y el resto del mundo. De todos modos, el diputado preopinante ha vertido algunos conceptos que son correctos, mientras que otros son opinables.
- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1° de la Honorable Cámara, don Rodolfo Rodil.
SR. FAYAD, VICTOR MANUEL FEDERICO (MENDOZA):
Además, debemos tener en cuenta que la resolución que se ha dictado no altera las reglas del actual marco normativo en la materia. Obviamente, la inquietud que expresó el señor diputado con respecto al impacto que esto puede tener en las tarifas también es algo que preocupa al gobierno y a esta Honorable Cámara. Nadie puede pensar que en las actuales circunstancias el Poder Ejecutivo nacional
esté deseoso de que se produzcan incrementos en las tarifas eléctricas. ¡Por favor! ¡Esto no es así!
No hay ningún problema porque los ajustes tarifarios se seguirán dando como consecuencia de la normativa ya dictada, al estar suspendido este decreto; pero si se aplicara, no necesariamente se producirían. Algunos pensamos que puede llegar a incrementarse sustancialmente el valor de la energía eléctrica, pero evidentemente no lo deseamos.
Sobre la base de estas consideraciones que he formulado, y teniendo en cuenta que el señor ministro de Infraestructura y Vivienda está asistiendo a las reuniones de comisión de esta Honorable Cámara, desarrollando no solamente este polémico aspecto contenido en el decreto 804/01 sino también las cuestiones derivadas del decreto 802/01 y de otras normas que preocupan a este cuerpo, me parece hasta razonable que nos tomemos una semana más para resolver esta cuestión. De esta forma permitiremos que el señor ministro de Infraestructura culmine su exposición ante las comisiones, que han trazado un cronograma de tareas.
Con esta resolución se suspenden los efectos del decreto 804/01, que por otra parte -insisto- recién iba a comenzar a regir el 1° de septiembre. Los diputados que estamos trabajando en las comisiones abocadas a este tema lo hacemos con seriedad y responsabilidad, escuchando atentamente las razones del señor ministro de Infraestructura, para avanzar en la sanción de normas que cambien las regulaciones vigentes.
esté deseoso de que se produzcan incrementos en las tarifas eléctricas. ¡Por favor! ¡Esto no es así!
No hay ningún problema porque los ajustes tarifarios se seguirán dando como consecuencia de la normativa ya dictada, al estar suspendido este decreto; pero si se aplicara, no necesariamente se producirían. Algunos pensamos que puede llegar a incrementarse sustancialmente el valor de la energía eléctrica, pero evidentemente no lo deseamos.
Sobre la base de estas consideraciones que he formulado, y teniendo en cuenta que el señor ministro de Infraestructura y Vivienda está asistiendo a las reuniones de comisión de esta Honorable Cámara, desarrollando no solamente este polémico aspecto contenido en el decreto 804/01 sino también las cuestiones derivadas del decreto 802/01 y de otras normas que preocupan a este cuerpo, me parece hasta razonable que nos tomemos una semana más para resolver esta cuestión. De esta forma permitiremos que el señor ministro de Infraestructura culmine su exposición ante las comisiones, que han trazado un cronograma de tareas.
Con esta resolución se suspenden los efectos del decreto 804/01, que por otra parte -insisto- recién iba a comenzar a regir el 1° de septiembre. Los diputados que estamos trabajando en las comisiones abocadas a este tema lo hacemos con seriedad y responsabilidad, escuchando atentamente las razones del señor ministro de Infraestructura, para avanzar en la sanción de normas que cambien las regulaciones vigentes.
SR. PRESIDENTE(RODIL)
Señor diputado Fayad: el señor diputado Conca le solicita una interrupción. ¿La concede?
SR. FAYAD, VICTOR MANUEL FEDERICO (MENDOZA):
Lamentablemente no puedo conceder más interrupciones.
Propongo que posterguemos la decisión de este asunto para que el señor ministro de Infraestructura pueda terminar su exposición ante las cinco comisiones abocadas al tema. Debemos analizar en profundidad la resolución dictada. No es operativo el decreto 804/01, ni absolutamente ninguna modificación, en los aspectos tarifarios ni regulatorios. Tampoco afecta al federalismo en cuanto a la normativa que se dicte.
Por lo tanto, corresponde rechazar el tratamiento sobre tablas planteado y también la propuesta de que se interpele al señor ministro de Infraestructura y Vivienda porque ya lo estamos haciendo, quizás no en forma de interpelación sino de requerimiento de información en las comisiones. La semana que viene podremos abocarnos a la consideración y resolución de este tema.
Propongo que posterguemos la decisión de este asunto para que el señor ministro de Infraestructura pueda terminar su exposición ante las cinco comisiones abocadas al tema. Debemos analizar en profundidad la resolución dictada. No es operativo el decreto 804/01, ni absolutamente ninguna modificación, en los aspectos tarifarios ni regulatorios. Tampoco afecta al federalismo en cuanto a la normativa que se dicte.
Por lo tanto, corresponde rechazar el tratamiento sobre tablas planteado y también la propuesta de que se interpele al señor ministro de Infraestructura y Vivienda porque ya lo estamos haciendo, quizás no en forma de interpelación sino de requerimiento de información en las comisiones. La semana que viene podremos abocarnos a la consideración y resolución de este tema.
SR. PRESIDENTE(RODIL)
Solicito a los señores diputados anotados en la lista de oradores que por favor respeten su plazo de cinco minutos.
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
SRA. CAMAÑO, GRACIELA (BUENOS AIRES):
Señor presidente: la larga y monótona disertación del señor diputado preopinante -si se hubiera escuchado cabalmente- daría motivos más que suficientes para que todos votáramos afirmativamente la derogación del decreto 804/01. El señor diputado Fayad ha sido el mejor argumentador de la necesidad de derogar tal decreto. Ha dicho todo lo que había que decir desde su conocimiento profundo del tema energético con respecto a los inconvenientes que nos va a traer esa norma.
Es más, el propio diputado del oficialismo ha sido quien ha reconocido -como lo ha manifestado el señor ministro de Infraestructura en las reuniones de comisión- que el decreto cambia las reglas de juego establecidas por la ley, reglas que los inversores aceptaron a la
hora de venir a hablar de energía eléctrica en el país. Además, tanto el señor diputado preopinante como el señor ministro de Infraestructura han aceptado en la comisión que lo que presentaron como el famoso decreto 804/01 producirá no sólo un cambio de reglas, sino también un aumento en las tarifas.
Me parece que lo más importante que podemos hacer esta tarde no es sólo reafirmar nuestra condición de legisladores, sino también de políticos, que es algo que se nos reclama permanentemente en las calles en los últimos tiempos. Para ello debemos derogar el decreto 804/01.
Voy a leer los considerandos banales que ha incluido el señor ministro de Infraestructura y Vivienda en el dictado de una norma de menor jerarquía, como lo ha manifestado el señor diputado Valdovinos.
Solicito que presten atención, porque la banalidad de los considerandos que se utilizaron para fundar la postergación de los plazos es lo que nos va a permitir analizar conscientemente si vamos a seguir delegando facultades para que se sigan dictando normas y contranormas, con las que este país se está convirtiendo en un caos normativo.
Así dice el ministro de Infraestructura y Vivienda: "Que la profundidad de las observaciones realizadas y las divergencias de algunos de los puntos de vista manifestados requieren que la Secretaría de Energía y Minería realice estudios complementarios y eventuales, consultas adicionales, no vinculantes, a los agentes del sector eléctrico." Aquí se reconoce que no estudiaron nada.
Luego continúa: "Que la ejecución de dichos estudios amerita disponer de un plazo mayor al estipulado en el artículo 4° de la Resolución MIV N° 135/2001.
"Que, asimismo, se han recibido numerosas observaciones relativas a la derogación del Decreto N° 1135 de fecha 29 de noviembre de 2000 y sus normas complementarias y reglamentarias, sobre la financiación de Ampliaciones del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica de Alta Tensión, lo que exige la realización de estudios complementarios tendientes a implementar mecanismos que verifiquen la satisfacción de los objetivos fijados en el régimen jurídico dejado sin efecto.
"Que, por otra parte, resulta conveniente ahondar en el análisis sobre los eventuales costos y beneficios que la figura del comercializador, en su carácter de agente del mercado, puede acarrear respecto a su funcionamiento."
Vuelvo a repetir esta última parte, porque no lo dice una diputada de la oposición, sino el ministro: "Que, por otra parte, resulta conveniente ahondar en el análisis sobre los eventuales costos y beneficios que la figura del comercializador, en su carácter de agente del mercado, puede acarrear respecto a su funcionamiento."
Luego continúa: "Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Infraestructura y Vivienda ha tomado la intervención que le compete." Esto ha sido reiterado durante los tres días en los que el ministro nos ha visitado en la comisión.
En función de ello, mediante en una norma de menor jerarquía, se prorrogan los plazos del decreto 804/01. Aquí estamos los hombres y mujeres de la democracia, que venimos de convalidar y revalidar títulos en las elecciones internas, que han tenido lugar en casi todos los partidos políticos. No podemos aceptar mansamente no sólo convertir al país en un caos legislativo, sino además meter la mano -esto lo ha señalado el señor diputado preopinante- en una de las privatizaciones -también lo ha dicho el señor ministro de Infraestructura y Vivienda- que mayor confiabilidad mereció en nuestro país en función de los instrumentos jurídicos que se utilizaron.
Entonces, creo que si votamos a conciencia, deberíamos derogar el decreto 804/01 a fin de que el ministro de Infraestructura y Vivienda deje de realizar experimentos legislativos que no le competen. Creo que debemos derogar ese decreto esta tarde por la dignidad que les debemos a estas bancas que ocupamos. (Aplausos.)
Es más, el propio diputado del oficialismo ha sido quien ha reconocido -como lo ha manifestado el señor ministro de Infraestructura en las reuniones de comisión- que el decreto cambia las reglas de juego establecidas por la ley, reglas que los inversores aceptaron a la
hora de venir a hablar de energía eléctrica en el país. Además, tanto el señor diputado preopinante como el señor ministro de Infraestructura han aceptado en la comisión que lo que presentaron como el famoso decreto 804/01 producirá no sólo un cambio de reglas, sino también un aumento en las tarifas.
Me parece que lo más importante que podemos hacer esta tarde no es sólo reafirmar nuestra condición de legisladores, sino también de políticos, que es algo que se nos reclama permanentemente en las calles en los últimos tiempos. Para ello debemos derogar el decreto 804/01.
Voy a leer los considerandos banales que ha incluido el señor ministro de Infraestructura y Vivienda en el dictado de una norma de menor jerarquía, como lo ha manifestado el señor diputado Valdovinos.
Solicito que presten atención, porque la banalidad de los considerandos que se utilizaron para fundar la postergación de los plazos es lo que nos va a permitir analizar conscientemente si vamos a seguir delegando facultades para que se sigan dictando normas y contranormas, con las que este país se está convirtiendo en un caos normativo.
Así dice el ministro de Infraestructura y Vivienda: "Que la profundidad de las observaciones realizadas y las divergencias de algunos de los puntos de vista manifestados requieren que la Secretaría de Energía y Minería realice estudios complementarios y eventuales, consultas adicionales, no vinculantes, a los agentes del sector eléctrico." Aquí se reconoce que no estudiaron nada.
Luego continúa: "Que la ejecución de dichos estudios amerita disponer de un plazo mayor al estipulado en el artículo 4° de la Resolución MIV N° 135/2001.
"Que, asimismo, se han recibido numerosas observaciones relativas a la derogación del Decreto N° 1135 de fecha 29 de noviembre de 2000 y sus normas complementarias y reglamentarias, sobre la financiación de Ampliaciones del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica de Alta Tensión, lo que exige la realización de estudios complementarios tendientes a implementar mecanismos que verifiquen la satisfacción de los objetivos fijados en el régimen jurídico dejado sin efecto.
"Que, por otra parte, resulta conveniente ahondar en el análisis sobre los eventuales costos y beneficios que la figura del comercializador, en su carácter de agente del mercado, puede acarrear respecto a su funcionamiento."
Vuelvo a repetir esta última parte, porque no lo dice una diputada de la oposición, sino el ministro: "Que, por otra parte, resulta conveniente ahondar en el análisis sobre los eventuales costos y beneficios que la figura del comercializador, en su carácter de agente del mercado, puede acarrear respecto a su funcionamiento."
Luego continúa: "Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Infraestructura y Vivienda ha tomado la intervención que le compete." Esto ha sido reiterado durante los tres días en los que el ministro nos ha visitado en la comisión.
En función de ello, mediante en una norma de menor jerarquía, se prorrogan los plazos del decreto 804/01. Aquí estamos los hombres y mujeres de la democracia, que venimos de convalidar y revalidar títulos en las elecciones internas, que han tenido lugar en casi todos los partidos políticos. No podemos aceptar mansamente no sólo convertir al país en un caos legislativo, sino además meter la mano -esto lo ha señalado el señor diputado preopinante- en una de las privatizaciones -también lo ha dicho el señor ministro de Infraestructura y Vivienda- que mayor confiabilidad mereció en nuestro país en función de los instrumentos jurídicos que se utilizaron.
Entonces, creo que si votamos a conciencia, deberíamos derogar el decreto 804/01 a fin de que el ministro de Infraestructura y Vivienda deje de realizar experimentos legislativos que no le competen. Creo que debemos derogar ese decreto esta tarde por la dignidad que les debemos a estas bancas que ocupamos. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(RODIL)
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.
SR. FLORES, RAFAEL HORACIO (SANTA CRUZ):
Señor presidente: sólo voy a pedirle que mis cinco minutos los compute con el mismo reloj con que computó el tiempo del señor diputado Fayad.
Creo que hay que dejar de lado la discusión acerca de las facultades que tiene este Congreso de la Nación para declarar la inconstitucionalidad del decreto, porque no creo que haya un solo diputado que piense que esta Cámara puede hacerlo. El Congreso de la Nación no está facultado para ello; el único que puede declarar la inconstitucionalidad de los decretos del Poder Ejecutivo es el Poder Judicial.
Ese no es un asunto que esté en discusión, como tampoco puede estarlo que es el Congreso de la Nación el que aprueba o rechaza los decretos de necesidad y urgencia, que son verdaderas leyes dictadas por el Poder Ejecutivo en uso de facultades delegadas de acuerdo con lo establecido por la Constitución Nacional.
Por lo tanto, se puede derogar perfectamente el decreto 804/01, como lo hizo el Senado de la Nación hace pocos días con el voto de los representantes de todos los partidos políticos que lo integran.
Lo que sucede es que el Poder Ejecutivo, que por la ley 25.414, de delegación de facultades, tiene prohibido alterar los marcos regulatorios, utilizó como fundamento para justificar este decreto 804/01 el argumento de dar mayor competitividad al sistema.
El problema es que ha quedado perfectamente claro, a partir de la exposición del propio ministro Bastos y de las opiniones altamente autorizadas de especialistas en la materia, que las reformas que introduce el decreto no aumentan la competitividad del sistema.
En primer lugar, de acuerdo con lo que dispone la ley 25.414 en relación con el tema de la competitividad, se trata de un concepto que tiene que ver con la gestión económica y administrativa que permite a cualquier producto o servicio insertarse en los mercados, sean éstos internos o internacionales. Dicha competitividad se mide en el corto plazo a través del efecto en el precio. Es decir, se procura la competitividad en lo inmediato y la disminución del precio final de un producto. Y también es sabido que en el largo plazo se consideran además otros aspectos, como el grado de inversión, la eficiencia de los procesos productivos, etcétera.
El problema reside en que las reformas introducidas por el decreto 804/01 podrían llevar a un aumento de precios en el corto plazo. Es decir que el concepto de competitividad se vería desnaturalizado precisamente si se aplicase este decreto.
Coincidimos plenamente con el ministro Bastos en que, en el largo plazo, el precio de la electricidad en la Argentina depende de un programa de inversiones adecuado que permita que haya un crecimiento de la demanda aún en años de recesión y que ese crecimiento de la demanda sea sostenido.
Pero hoy la realidad nos dice que el mercado eléctrico tiene problemas de sustentabilidad a mediano y largo plazo en la generación y en el transporte. Es cierto que hay desinversión en la generación, porque la remuneración total no alienta las inversiones; además, las restricciones del mercado impiden la contractualización parcial. Y hay falta de transparencia regulatoria en el manejo de lo que podría denominarse señales anticipativas. No hay ninguna señal técnica económica que refleje la reserva de capacidad en el mediano y largo plazo.
La generación no va a invertir si no tiene asegurado un retorno de la inversión de modo medianamente razonable. Y con el decreto 804/01 la situación empeora.
Esta es una sesión un poco irregular, ya que observo que el bloque Justicialista está llevando a cabo paralelamente una asamblea en las bancas. Solicito a la Presidencia que exhorte a los señores diputados a que pongan término a dicha reunión.
Creo que hay que dejar de lado la discusión acerca de las facultades que tiene este Congreso de la Nación para declarar la inconstitucionalidad del decreto, porque no creo que haya un solo diputado que piense que esta Cámara puede hacerlo. El Congreso de la Nación no está facultado para ello; el único que puede declarar la inconstitucionalidad de los decretos del Poder Ejecutivo es el Poder Judicial.
Ese no es un asunto que esté en discusión, como tampoco puede estarlo que es el Congreso de la Nación el que aprueba o rechaza los decretos de necesidad y urgencia, que son verdaderas leyes dictadas por el Poder Ejecutivo en uso de facultades delegadas de acuerdo con lo establecido por la Constitución Nacional.
Por lo tanto, se puede derogar perfectamente el decreto 804/01, como lo hizo el Senado de la Nación hace pocos días con el voto de los representantes de todos los partidos políticos que lo integran.
Lo que sucede es que el Poder Ejecutivo, que por la ley 25.414, de delegación de facultades, tiene prohibido alterar los marcos regulatorios, utilizó como fundamento para justificar este decreto 804/01 el argumento de dar mayor competitividad al sistema.
El problema es que ha quedado perfectamente claro, a partir de la exposición del propio ministro Bastos y de las opiniones altamente autorizadas de especialistas en la materia, que las reformas que introduce el decreto no aumentan la competitividad del sistema.
En primer lugar, de acuerdo con lo que dispone la ley 25.414 en relación con el tema de la competitividad, se trata de un concepto que tiene que ver con la gestión económica y administrativa que permite a cualquier producto o servicio insertarse en los mercados, sean éstos internos o internacionales. Dicha competitividad se mide en el corto plazo a través del efecto en el precio. Es decir, se procura la competitividad en lo inmediato y la disminución del precio final de un producto. Y también es sabido que en el largo plazo se consideran además otros aspectos, como el grado de inversión, la eficiencia de los procesos productivos, etcétera.
El problema reside en que las reformas introducidas por el decreto 804/01 podrían llevar a un aumento de precios en el corto plazo. Es decir que el concepto de competitividad se vería desnaturalizado precisamente si se aplicase este decreto.
Coincidimos plenamente con el ministro Bastos en que, en el largo plazo, el precio de la electricidad en la Argentina depende de un programa de inversiones adecuado que permita que haya un crecimiento de la demanda aún en años de recesión y que ese crecimiento de la demanda sea sostenido.
Pero hoy la realidad nos dice que el mercado eléctrico tiene problemas de sustentabilidad a mediano y largo plazo en la generación y en el transporte. Es cierto que hay desinversión en la generación, porque la remuneración total no alienta las inversiones; además, las restricciones del mercado impiden la contractualización parcial. Y hay falta de transparencia regulatoria en el manejo de lo que podría denominarse señales anticipativas. No hay ninguna señal técnica económica que refleje la reserva de capacidad en el mediano y largo plazo.
La generación no va a invertir si no tiene asegurado un retorno de la inversión de modo medianamente razonable. Y con el decreto 804/01 la situación empeora.
Esta es una sesión un poco irregular, ya que observo que el bloque Justicialista está llevando a cabo paralelamente una asamblea en las bancas. Solicito a la Presidencia que exhorte a los señores diputados a que pongan término a dicha reunión.
SR. PRESIDENTE(RODIL)
La Presidencia ruega a los señores diputados que deseen conversar sobre algún tema en particular que lo hagan fuera del ámbito del recinto, a fin de que podamos escuchar al orador.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Santa Cruz.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Santa Cruz.
SR. FLORES, RAFAEL HORACIO (SANTA CRUZ):
Señor presidente: decía que el tema del no pago de la potencia establecido por el decreto 804/01 va a generar una desactivación de unidades ineficientes que atienden los picos de demanda en los años extrasecos, y entonces habrá una gran volatilidad en el pico de energía y falta del producto.
Además, la falta de remuneración de potencia retarda inversiones. El decreto 804/01 solamente habilita inversiones una vez estabilizado el piso del precio de la energía entre un 60 y un 80 por ciento del actual.
En el caso del transporte, el mencionado decreto traslada a la iniciativa privada y a propio riesgo del que lo realice la posibilidad de la concreción de obras de transporte cuando no tengan como objetivo principal la mejora o el mantenimiento de la confiabilidad. Además, deroga el Plan Federal de Transporte establecido en el decreto 1.135/00, con el fundamento de que las convocatorias a la realización de ampliaciones al amparo de ese régimen demostraron que se requiere un desproporcionado nivel de participación estatal en la financiación y en la realización de inversiones que no se justifican a la luz de los objetivos fijados como política nacional en el sector.
El problema que se presenta es que el decreto se basa en la creencia de que el capital privado solo alcanza para desarrollar las líneas de transporte que en el largo plazo el sistema requiere para su seguridad y desarrollo. Sin embargo, las líneas que se desarrollen con fondos de congestión -que establece este decreto- serían solamente las que resultaran más viables desde el punto de vista económico para los inversores privados, previéndose el desarrollo de tramos que refuercen la exportación.
Las líneas que no aporten confiabilidad al sistema y que no tengan mucho tráfico, aunque sean necesarias para el desarrollo de distintas regiones, como es el caso de la Patagonia sur, quedarían libradas a la suerte de las inversiones privadas o de las provincias interesadas en el desarrollo; lo cual es materialmente imposible.
Para concluir, quiero señalar que todo esto se podría haber discutido con anterioridad al dictado del decreto 804/01. Me refiero a la necesidad de generar o alentar inversiones que sean posibles y discutir si, efectivamente, los inversores sienten que determinados emprendimientos no son convenientes al amparo de la legislación actual. Todos estos aspectos podrían haberse analizado en el Congreso con la presencia de todos los actores, como se hizo en su momento cuando se dictó el marco regulatorio eléctrico, sin haber recurrido a la solución penosa que implica este decreto 804/01.
Por último, quiero hacer referencia a esta resolución sacada de apuro en el día de la fecha. No es cierto que se suspenda la puesta en vigencia del decreto 804/01. Aquí también se hace una suerte de cosmética, porque se dice que van a entrar en vigor las disposiciones que se tomen en febrero de 2002 y que mientras tanto se podrán dictar absolutamente todas las resoluciones que se deseen en el marco del decreto 804/01. De manera que lo que está haciendo el señor ministro Bastos es insistir con su idea de que el mencionado decreto debe mantenerse como está y anuncia que va a dictar todas las resoluciones que sean necesarias -estableciendo incluso una fecha para una resolución que puede ser modificada perfectamente por otra-
sin que el Congreso tenga arte ni parte.
Creo que estos gestos poco serios de un funcionario del nivel del señor ministro de Infraestructura y Vivienda deben ser observados con una mirada muy severa por parte de las Cámaras de Diputados y de Senadores de la
Nación. Ni siquiera a un escolar escaparía que una simple resolución que establece un plazo para la entrada en vigencia de un sistema puede ser modificada la próxima semana por otra resolución, luego que el ministro Bastos dicte todas las disposiciones que se le ocurran.
En el mismo sentido que muchos legisladores que con energía e indignación plantearon la necesidad de derogar el decreto 804/01, considero que no se puede esperar ni un minuto más para debatir este tema que ya ha sido suficientemente discutido en comisión. No ha habido una sola voz que defendiera esta disposición; por el contrario, voces muy enérgicas -algunas hoy parecen no serlo tanto- se elevaron para solicitar su derogación. Además, del mismo modo se han expedido todas las expresiones políticas representadas en el Senado de la Nación.
Por lo expuesto, considero que la Cámara de Diputados debe derogar este decreto a fin de que se abra un debate que posibilite encontrar una solución para los problemas del sector energético.
Además, la falta de remuneración de potencia retarda inversiones. El decreto 804/01 solamente habilita inversiones una vez estabilizado el piso del precio de la energía entre un 60 y un 80 por ciento del actual.
En el caso del transporte, el mencionado decreto traslada a la iniciativa privada y a propio riesgo del que lo realice la posibilidad de la concreción de obras de transporte cuando no tengan como objetivo principal la mejora o el mantenimiento de la confiabilidad. Además, deroga el Plan Federal de Transporte establecido en el decreto 1.135/00, con el fundamento de que las convocatorias a la realización de ampliaciones al amparo de ese régimen demostraron que se requiere un desproporcionado nivel de participación estatal en la financiación y en la realización de inversiones que no se justifican a la luz de los objetivos fijados como política nacional en el sector.
El problema que se presenta es que el decreto se basa en la creencia de que el capital privado solo alcanza para desarrollar las líneas de transporte que en el largo plazo el sistema requiere para su seguridad y desarrollo. Sin embargo, las líneas que se desarrollen con fondos de congestión -que establece este decreto- serían solamente las que resultaran más viables desde el punto de vista económico para los inversores privados, previéndose el desarrollo de tramos que refuercen la exportación.
Las líneas que no aporten confiabilidad al sistema y que no tengan mucho tráfico, aunque sean necesarias para el desarrollo de distintas regiones, como es el caso de la Patagonia sur, quedarían libradas a la suerte de las inversiones privadas o de las provincias interesadas en el desarrollo; lo cual es materialmente imposible.
Para concluir, quiero señalar que todo esto se podría haber discutido con anterioridad al dictado del decreto 804/01. Me refiero a la necesidad de generar o alentar inversiones que sean posibles y discutir si, efectivamente, los inversores sienten que determinados emprendimientos no son convenientes al amparo de la legislación actual. Todos estos aspectos podrían haberse analizado en el Congreso con la presencia de todos los actores, como se hizo en su momento cuando se dictó el marco regulatorio eléctrico, sin haber recurrido a la solución penosa que implica este decreto 804/01.
Por último, quiero hacer referencia a esta resolución sacada de apuro en el día de la fecha. No es cierto que se suspenda la puesta en vigencia del decreto 804/01. Aquí también se hace una suerte de cosmética, porque se dice que van a entrar en vigor las disposiciones que se tomen en febrero de 2002 y que mientras tanto se podrán dictar absolutamente todas las resoluciones que se deseen en el marco del decreto 804/01. De manera que lo que está haciendo el señor ministro Bastos es insistir con su idea de que el mencionado decreto debe mantenerse como está y anuncia que va a dictar todas las resoluciones que sean necesarias -estableciendo incluso una fecha para una resolución que puede ser modificada perfectamente por otra-
sin que el Congreso tenga arte ni parte.
Creo que estos gestos poco serios de un funcionario del nivel del señor ministro de Infraestructura y Vivienda deben ser observados con una mirada muy severa por parte de las Cámaras de Diputados y de Senadores de la
Nación. Ni siquiera a un escolar escaparía que una simple resolución que establece un plazo para la entrada en vigencia de un sistema puede ser modificada la próxima semana por otra resolución, luego que el ministro Bastos dicte todas las disposiciones que se le ocurran.
En el mismo sentido que muchos legisladores que con energía e indignación plantearon la necesidad de derogar el decreto 804/01, considero que no se puede esperar ni un minuto más para debatir este tema que ya ha sido suficientemente discutido en comisión. No ha habido una sola voz que defendiera esta disposición; por el contrario, voces muy enérgicas -algunas hoy parecen no serlo tanto- se elevaron para solicitar su derogación. Además, del mismo modo se han expedido todas las expresiones políticas representadas en el Senado de la Nación.
Por lo expuesto, considero que la Cámara de Diputados debe derogar este decreto a fin de que se abra un debate que posibilite encontrar una solución para los problemas del sector energético.
SR. PRESIDENTE(RODIL)
Tiene la palabra el señor diputado por San Juan.
SR. CONCA, JULIO CESAR (SAN JUAN):
Señor presidente: avalo la posición asumida por el señor diputado Lafalla en el sentido de solicitar la derogación del decreto 804/01, en consonancia con diversas iniciativas presentadas por otros legisladores.
Asimismo considero pertinente mencionar la resolución 11 del Comité Ejecutivo del Consejo Interprovincial de Ministros de Obras Públicas, por la que se solicita la derogación de los decretos 804 y 802 del corriente año.
Asimismo considero pertinente mencionar la resolución 11 del Comité Ejecutivo del Consejo Interprovincial de Ministros de Obras Públicas, por la que se solicita la derogación de los decretos 804 y 802 del corriente año.
SR. PRESIDENTE(RODIL)
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
SR. POLINO, HECTOR TEODORO (CAP FEDERAL):
Señor presidente: el bloque ARI apoya la moción de tratamiento sobre tablas y la solicitud de derogación del decreto 804/01.
Tal como lo expresé días pasados en la reunión conjunta de las comisiones y en presencia del señor ministro Bastos, el Poder Ejecutivo se está extralimitando en el ejercicio de las facultades que el Congreso de la Nación le delegó -con el voto negativo de nuestra bancada- a fin de sacar al país de la emergencia económica y financiera. Esa delegación de facultades no lo habilitaba para dictar normas de fondo sobre las más diversas cuestiones en reemplazo y sustitución del Parlamento.
Reiteraré algo que ya manifesté en el seno de las comisiones: si toleráramos en silencio este avance sistemático del Poder Ejecutivo sólo nos quedarían reservadas las facultades para aprobar proyectos de resolución y de declaración.
Tiempo atrás en las comisiones de Obras Públicas y de Defensa del Consumidor se comenzaron a tratar diversas iniciativas, originadas en distintos sectores, vinculadas al marco regulatorio para todos los servicios públicos, con inclusión de las formas de elección, funcionamiento y financiamiento de los entes de control, las audiencias públicas y la representación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 42 de la Constitución Nacional.
He aquí que abruptamente y sin ninguna explicación se suspendieron esas reuniones, y recientemente recibí la copia de un proyecto de decreto del Poder Ejecutivo nacional de sesenta páginas que reemplazaría esa labor que estábamos llevando a cabo, ya que establece normas generales vinculadas a los marcos regulatorios y entes de control.
Este avance es arrollador. El Congreso debe reasumir de una buena vez las facultades constitucionales de que dispone.
Aquí se ha dicho que el decreto 804/01 modifica la ley 24.065, que estableció un nuevo marco regulatorio para el sector eléctrico, y la ley 15.336. Dicho decreto modifica el sistema de formación de precios mayoristas, introduce cambios en el sistema de transporte, deroga el plan federal de energía eléctrica y crea un nuevo actor del mercado mayorista: el comercializador, un nuevo intermediario. Debo recordar a la Honorable Cámara que en 1991 el Congreso rechazó por unanimidad la pretensión de crear la figura del comercializador, que ahora el Poder Ejecutivo introduce por vía del decreto 804/01.
El señor diputado Lafalla dijo al fundar su posición -que comparto- que este decreto hace mal al país y a las provincias; yo agrego que también les hace mal a las cooperativas eléctricas porque establece normas discriminatorias, ya que dichas cooperativas son distribuidoras de la energía que compran en bloque. Si se autoriza la participación de sociedades comercializadoras, igual criterio debería adoptarse para con las cooperativas. En cambio, ellas quedan limitadas a ser entidades distribuidoras de la energía eléctrica, y esto es injusto. En todo caso, debería establecerse un marco jurídico igual para todas las formas legales.
Tengo sobre mi banca el resumen de una presentación que hizo hace pocas horas la Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica (Agueera) ante la Justicia federal en lo contencioso administrativo. Agueera, que agrupa a las principales industrias del país y algunas empresas de servicios, argumenta que el nuevo marco regulatorio, que entrará en vigencia el 1° de septiembre, introduce una alta volatilidad en el precio de la energía. Agueera sostiene que "eleva el costo sin asegurar que haya nuevas inversiones en generación".
Otra de las razones que esgrimió Agueera es la supuesta transferencia de recursos de los clientes a los generadores. Esta asociación de noventa miembros también se quejó de que se crea un mercado cautivo para el comercializador, arguyendo que el decreto
804/01 eleva al comercializador a la categoría de actor y miembro de Cammesa.
Agueera alertó acerca de que, de esa manera, el gobierno de Fernando de la Rúa quiere crear por decreto lo que el Congreso rechazó en 1991 gracias a la presión de los entonces legisladores radicales. Es decir que en aquel momento los mismos radicales -siguiendo un buen criterio- se opusieron a la creación de la figura que ahora consagra el decreto 804/01.
Como bien lo señaló la señora diputada Camaño, si algún argumento faltaba para disponer la derogación de este decreto son los fundamentos de la recién dictada resolución 259, donde se explicita que se mantuvieron reuniones con todas las asociaciones representativas de los agentes del mercado eléctrico mayorista, entes reguladores y su respectiva asociación, federaciones de cooperativas prestadoras de servicios públicos, autoridades nacionales y provinciales representativas de los distintos poderes del Estado nacional, asociaciones de usuarios y consumidores, y con el Consejo Federal de la Energía Eléctrica, a través de las cuales se explicaron las reformas introducidas en el marco regulatorio eléctrico y se los invitó a que formularan las observaciones que ameritaran pertinentes.
Por razones de brevedad no voy a citar las observaciones que formularon todas estas entidades y asociaciones sobre el particular.
En consecuencia, el decreto 804/01 no cuenta con el aval de absolutamente ninguna entidad relacionada con el sector eléctrico y por ello lo que corresponde es su derogación y que el asunto sea discutido en las comisiones respectivas de esta Honorable Cámara, porque en definitiva es el Parlamento el que debe dictar las nuevas normas que regirán regir en ese ámbito y no el Poder Ejecutivo nacional, que más bien debería dedicarse de una vez por todas a resolver la emergencia económica por la que atraviesa el país, utilizando para ello los poderes especiales que le otorgó el Congreso Nacional, dado que en el último año sólo en la Capital Federal la desocupación aumentó un 2,2 por ciento y existen 220 mil nuevos pobres.
Sería más conveniente que los ministros y secretarios de Estado se dediquen a resolver estos problemas y no que se entrometan en facultades propias del Congreso Nacional. (Aplausos.)
Tal como lo expresé días pasados en la reunión conjunta de las comisiones y en presencia del señor ministro Bastos, el Poder Ejecutivo se está extralimitando en el ejercicio de las facultades que el Congreso de la Nación le delegó -con el voto negativo de nuestra bancada- a fin de sacar al país de la emergencia económica y financiera. Esa delegación de facultades no lo habilitaba para dictar normas de fondo sobre las más diversas cuestiones en reemplazo y sustitución del Parlamento.
Reiteraré algo que ya manifesté en el seno de las comisiones: si toleráramos en silencio este avance sistemático del Poder Ejecutivo sólo nos quedarían reservadas las facultades para aprobar proyectos de resolución y de declaración.
Tiempo atrás en las comisiones de Obras Públicas y de Defensa del Consumidor se comenzaron a tratar diversas iniciativas, originadas en distintos sectores, vinculadas al marco regulatorio para todos los servicios públicos, con inclusión de las formas de elección, funcionamiento y financiamiento de los entes de control, las audiencias públicas y la representación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 42 de la Constitución Nacional.
He aquí que abruptamente y sin ninguna explicación se suspendieron esas reuniones, y recientemente recibí la copia de un proyecto de decreto del Poder Ejecutivo nacional de sesenta páginas que reemplazaría esa labor que estábamos llevando a cabo, ya que establece normas generales vinculadas a los marcos regulatorios y entes de control.
Este avance es arrollador. El Congreso debe reasumir de una buena vez las facultades constitucionales de que dispone.
Aquí se ha dicho que el decreto 804/01 modifica la ley 24.065, que estableció un nuevo marco regulatorio para el sector eléctrico, y la ley 15.336. Dicho decreto modifica el sistema de formación de precios mayoristas, introduce cambios en el sistema de transporte, deroga el plan federal de energía eléctrica y crea un nuevo actor del mercado mayorista: el comercializador, un nuevo intermediario. Debo recordar a la Honorable Cámara que en 1991 el Congreso rechazó por unanimidad la pretensión de crear la figura del comercializador, que ahora el Poder Ejecutivo introduce por vía del decreto 804/01.
El señor diputado Lafalla dijo al fundar su posición -que comparto- que este decreto hace mal al país y a las provincias; yo agrego que también les hace mal a las cooperativas eléctricas porque establece normas discriminatorias, ya que dichas cooperativas son distribuidoras de la energía que compran en bloque. Si se autoriza la participación de sociedades comercializadoras, igual criterio debería adoptarse para con las cooperativas. En cambio, ellas quedan limitadas a ser entidades distribuidoras de la energía eléctrica, y esto es injusto. En todo caso, debería establecerse un marco jurídico igual para todas las formas legales.
Tengo sobre mi banca el resumen de una presentación que hizo hace pocas horas la Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica (Agueera) ante la Justicia federal en lo contencioso administrativo. Agueera, que agrupa a las principales industrias del país y algunas empresas de servicios, argumenta que el nuevo marco regulatorio, que entrará en vigencia el 1° de septiembre, introduce una alta volatilidad en el precio de la energía. Agueera sostiene que "eleva el costo sin asegurar que haya nuevas inversiones en generación".
Otra de las razones que esgrimió Agueera es la supuesta transferencia de recursos de los clientes a los generadores. Esta asociación de noventa miembros también se quejó de que se crea un mercado cautivo para el comercializador, arguyendo que el decreto
804/01 eleva al comercializador a la categoría de actor y miembro de Cammesa.
Agueera alertó acerca de que, de esa manera, el gobierno de Fernando de la Rúa quiere crear por decreto lo que el Congreso rechazó en 1991 gracias a la presión de los entonces legisladores radicales. Es decir que en aquel momento los mismos radicales -siguiendo un buen criterio- se opusieron a la creación de la figura que ahora consagra el decreto 804/01.
Como bien lo señaló la señora diputada Camaño, si algún argumento faltaba para disponer la derogación de este decreto son los fundamentos de la recién dictada resolución 259, donde se explicita que se mantuvieron reuniones con todas las asociaciones representativas de los agentes del mercado eléctrico mayorista, entes reguladores y su respectiva asociación, federaciones de cooperativas prestadoras de servicios públicos, autoridades nacionales y provinciales representativas de los distintos poderes del Estado nacional, asociaciones de usuarios y consumidores, y con el Consejo Federal de la Energía Eléctrica, a través de las cuales se explicaron las reformas introducidas en el marco regulatorio eléctrico y se los invitó a que formularan las observaciones que ameritaran pertinentes.
Por razones de brevedad no voy a citar las observaciones que formularon todas estas entidades y asociaciones sobre el particular.
En consecuencia, el decreto 804/01 no cuenta con el aval de absolutamente ninguna entidad relacionada con el sector eléctrico y por ello lo que corresponde es su derogación y que el asunto sea discutido en las comisiones respectivas de esta Honorable Cámara, porque en definitiva es el Parlamento el que debe dictar las nuevas normas que regirán regir en ese ámbito y no el Poder Ejecutivo nacional, que más bien debería dedicarse de una vez por todas a resolver la emergencia económica por la que atraviesa el país, utilizando para ello los poderes especiales que le otorgó el Congreso Nacional, dado que en el último año sólo en la Capital Federal la desocupación aumentó un 2,2 por ciento y existen 220 mil nuevos pobres.
Sería más conveniente que los ministros y secretarios de Estado se dediquen a resolver estos problemas y no que se entrometan en facultades propias del Congreso Nacional. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE(RODIL)
Tiene la palabra la señora diputada por Salta.
SRA. DAHER, ZULEMA BEATRIZ (SALTA):
Señor presidente: quiero manifestar que acompaño la posición del bloque Justicialista en el sentido de la necesidad de derogar el decreto 804/01.
Tal como lo han manifestado diversos señores diputados preopinantes, este decreto traerá conflictos en las provincias. Me pregunto si es posible sostener hoy el argumento referido a un aumento de la tarifa eléctrica y si es posible dejar de lado el plan federal de transporte, que cuenta con el acuerdo de todas las provincias y significa respetar el país federal que queremos construir.
La provincia de Salta se verá especialmente afectada, ya que la línea NEA-NOA, que tenía oferentes concretos, no será ejecutada. ¿Cómo se van a concretar las diferentes obras si se desarma el fondo especial que se creó al efecto?
Por otro lado, la aparición de estos personajes denominados comercializadores también generará un incremento en las tarifas.
Esta discusión acerca de la derogación o no de un decreto se vincula fundamentalmente con la necesidad de nuestro país de no sufrir más atropellos. Por ello es que esta bancada Justicialista aprueba la derogación del decreto 804/01.
Tal como lo han manifestado diversos señores diputados preopinantes, este decreto traerá conflictos en las provincias. Me pregunto si es posible sostener hoy el argumento referido a un aumento de la tarifa eléctrica y si es posible dejar de lado el plan federal de transporte, que cuenta con el acuerdo de todas las provincias y significa respetar el país federal que queremos construir.
La provincia de Salta se verá especialmente afectada, ya que la línea NEA-NOA, que tenía oferentes concretos, no será ejecutada. ¿Cómo se van a concretar las diferentes obras si se desarma el fondo especial que se creó al efecto?
Por otro lado, la aparición de estos personajes denominados comercializadores también generará un incremento en las tarifas.
Esta discusión acerca de la derogación o no de un decreto se vincula fundamentalmente con la necesidad de nuestro país de no sufrir más atropellos. Por ello es que esta bancada Justicialista aprueba la derogación del decreto 804/01.
SR. PRESIDENTE(RODIL)
Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
SR. ALBRISI, CESAR ALFREDO (CORDOBA):
Señor presidente: se han hecho dos clases de reflexiones en torno del decreto 804/01.
La primera de ellas se relaciona con la legalidad de la norma. Se dice que el decreto no es legal porque es inconstitucional y porque con él se hace abuso de las facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo mediante la ley 25.414.
Por otro lado a este decreto se le adjudica una cantidad de defectos de carácter técnico que hacen necesaria su revisión.
Aquí se ha dicho que el ministro concurrió durante las tres últimas semanas a un plenario de cinco comisiones de este Congreso en el que se analizó la legalidad de la medida. Esta norma cuenta con el dictamen favorable de todos los organismos jurídicos del Ministerio y de la propia Presidencia de la Nación. En el seno del plenario de la comisión ha quedado en claro que el decreto ha sido dictado en forma legal.
Por otra parte, sería bueno que los señores diputados reflexionemos acerca de lo que hicimos al sancionar la ley 25.414, sobre delegación de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo nacional. Con esa norma entregamos al Poder Ejecutivo, en medio de la emergencia pública, una cantidad de atribuciones a fin de que incrementara su actitud organizacional en el marco del manejo de la economía. Procedimos de tal forma siendo plenamente conscientes de nuestros actos.
Sin embargo, sería bueno que apeláramos a la garantía prevista en la misma ley. Me refiero a la creación de la Comisión Bicameral prevista en su artículo 5°, que precisamente revisa los decretos dictados en uso de tales atribuciones, dando al Congreso la posibilidad de observarlos, rechazarlos o corregirlos.
Tenemos que asumir que hemos hecho una delegación extraordinaria, lo cual no es una novedad. ¿Hasta cuándo vamos a seguir protestando y arrepintiéndonos por ello?
Si verdaderamente llevamos una pesada carga política por haber cedido estas atribuciones del Congreso de la Nación al Poder Ejecutivo, tomemos otra medida, pero no argumentemos en torno de un decreto dictado...
La primera de ellas se relaciona con la legalidad de la norma. Se dice que el decreto no es legal porque es inconstitucional y porque con él se hace abuso de las facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo mediante la ley 25.414.
Por otro lado a este decreto se le adjudica una cantidad de defectos de carácter técnico que hacen necesaria su revisión.
Aquí se ha dicho que el ministro concurrió durante las tres últimas semanas a un plenario de cinco comisiones de este Congreso en el que se analizó la legalidad de la medida. Esta norma cuenta con el dictamen favorable de todos los organismos jurídicos del Ministerio y de la propia Presidencia de la Nación. En el seno del plenario de la comisión ha quedado en claro que el decreto ha sido dictado en forma legal.
Por otra parte, sería bueno que los señores diputados reflexionemos acerca de lo que hicimos al sancionar la ley 25.414, sobre delegación de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo nacional. Con esa norma entregamos al Poder Ejecutivo, en medio de la emergencia pública, una cantidad de atribuciones a fin de que incrementara su actitud organizacional en el marco del manejo de la economía. Procedimos de tal forma siendo plenamente conscientes de nuestros actos.
Sin embargo, sería bueno que apeláramos a la garantía prevista en la misma ley. Me refiero a la creación de la Comisión Bicameral prevista en su artículo 5°, que precisamente revisa los decretos dictados en uso de tales atribuciones, dando al Congreso la posibilidad de observarlos, rechazarlos o corregirlos.
Tenemos que asumir que hemos hecho una delegación extraordinaria, lo cual no es una novedad. ¿Hasta cuándo vamos a seguir protestando y arrepintiéndonos por ello?
Si verdaderamente llevamos una pesada carga política por haber cedido estas atribuciones del Congreso de la Nación al Poder Ejecutivo, tomemos otra medida, pero no argumentemos en torno de un decreto dictado...
SR. LAFALLA, ARTURO PEDRO (MENDOZA):
¿Me permite una interrupción, señor diputado, con autorización de la Presidencia?
SR. ALBRISI, CESAR ALFREDO (CORDOBA):
Sí, señor diputado.
SR. PRESIDENTE(RODIL)
Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
SR. LAFALLA, ARTURO PEDRO (MENDOZA):
Señor presidente: para que nuestro silencio no sea interpretado como consentimiento, deseo aclarar al señor diputado Albrisi que no estamos quejándonos de nada y que no discutimos formalidades.
Hemos sido claros: pretendemos debatir el tema de fondo del decreto 804/01. No queremos abundar ahora sobre esta cuestión porque nuestra intención es hacerlo cuando la Cámara habilite la consideración del asunto. Aquí los señores diputados piden la palabra y en cualquier momento hablan de lo que quieren; esto no parece la Cámara de Diputados.
Por lo tanto, en el momento que reglamentariamente corresponda estamos dispuestos a votar por la derogación de este decreto. Tenemos sobrados fundamentos para hacerlo: es malo para el país, para las provincias, para la gente, para la competitividad y para la seguridad jurídica. Este es el fondo de la cuestión.
Repito: no me quejo de nada. Pretendo que ejerzamos nuestra responsabilidad, y estamos dispuestos a hacerlo con razones y argumentos.
Hemos sido claros: pretendemos debatir el tema de fondo del decreto 804/01. No queremos abundar ahora sobre esta cuestión porque nuestra intención es hacerlo cuando la Cámara habilite la consideración del asunto. Aquí los señores diputados piden la palabra y en cualquier momento hablan de lo que quieren; esto no parece la Cámara de Diputados.
Por lo tanto, en el momento que reglamentariamente corresponda estamos dispuestos a votar por la derogación de este decreto. Tenemos sobrados fundamentos para hacerlo: es malo para el país, para las provincias, para la gente, para la competitividad y para la seguridad jurídica. Este es el fondo de la cuestión.
Repito: no me quejo de nada. Pretendo que ejerzamos nuestra responsabilidad, y estamos dispuestos a hacerlo con razones y argumentos.
SR. PRESIDENTE(RODIL)
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Córdoba.
SR. ALBRISI, CESAR ALFREDO (CORDOBA):
Señor presidente: en el marco de la discusión de la moción de tratamiento sobre tablas oportunamente formulada -gracias a la generosidad de la Presidencia este debate se ha extendido- no caben dudas de que hemos dado un gran paso hacia adelante, pues estamos reconociendo que el decreto 804/01 es legal. En este sentido han dictaminado los organismos del Poder Ejecutivo que evalúan la legalidad de normas de este tipo.
En relación con el fondo de la cuestión debemos tener en cuenta que el Congreso ha delegado facultades para que el Poder Ejecutivo y su gabinete organicen la economía de acuerdo con la emergencia pública que nosotros mismos declaramos en marzo de 2001. Entonces, es absolutamente necesario que entendamos que hemos delegado dichas facultades para que los ministros actúen y ejecuten.
Si luego de haber concedido esas facultades el señor presidente de la Nación y los ministros se hubiesen dedicado sólo a observarlas y adorarlas, muy triste habría sido su papel. ¿Qué habríamos dicho de este gobierno, de este Poder Ejecutivo, si solamente se hubiera limitado a mirar esas facultades con prudencia y cuidado extremos?
El señor ministro de Infraestructura y Vivienda ha concurrido en tres oportunidades al plenario de las comisiones. Durante extensas jornadas dedicó todo su tiempo a escuchar las expresiones de los señores diputados que hicieron uso de la palabra; incluso reconoció que el enjundioso conocimiento de los señores legisladores sobre el tema en discusión lo había conmovido. En los considerandos de la resolución dictada por el Ministerio quedaron reflejadas las dudas planteadas por los señores diputados.
En relación con el fondo de la cuestión debemos tener en cuenta que el Congreso ha delegado facultades para que el Poder Ejecutivo y su gabinete organicen la economía de acuerdo con la emergencia pública que nosotros mismos declaramos en marzo de 2001. Entonces, es absolutamente necesario que entendamos que hemos delegado dichas facultades para que los ministros actúen y ejecuten.
Si luego de haber concedido esas facultades el señor presidente de la Nación y los ministros se hubiesen dedicado sólo a observarlas y adorarlas, muy triste habría sido su papel. ¿Qué habríamos dicho de este gobierno, de este Poder Ejecutivo, si solamente se hubiera limitado a mirar esas facultades con prudencia y cuidado extremos?
El señor ministro de Infraestructura y Vivienda ha concurrido en tres oportunidades al plenario de las comisiones. Durante extensas jornadas dedicó todo su tiempo a escuchar las expresiones de los señores diputados que hicieron uso de la palabra; incluso reconoció que el enjundioso conocimiento de los señores legisladores sobre el tema en discusión lo había conmovido. En los considerandos de la resolución dictada por el Ministerio quedaron reflejadas las dudas planteadas por los señores diputados.
SRA. CAMAÑO, GRACIELA (BUENOS AIRES):
¿Me permite una interrupción, señor diputado?
SR. ALBRISI, CESAR ALFREDO (CORDOBA):
Sí, señora diputada.
SR. PRESIDENTE(RODIL)
Para una interrupción tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
SRA. CAMAÑO, GRACIELA (BUENOS AIRES):
Señor presidente: como legisladora me siento profundamente afectada por lo que acabo de escuchar. Sinceramente, si el pueblo de la Nación Argentina gasta el presupuesto que insume este Congreso para que un ministro sólo se conmueva con lo que nosotros expresamos, entonces tienen razón quienes dicen que no servimos para nada. No es posible pensar que la única misión de la Cámara de Diputados es conmover a un ministro.
SR. PRESIDENTE(RODIL)
Señor diputado Albrisi: el señor diputado Lanza le solicita una interrupción. ¿La concede?
SR. ALBRISI, CESAR ALFREDO (CORDOBA):
Señor presidente: primero voy a contestarle a la señora diputada Camaño y luego le concederé la interrupción al señor diputado Lanza.
Acá hay palos porque bogas y palos porque no bogas. La figura del comercializador no es obligatoria. Quien no quiera ceder su despacho al comercializador no tiene por qué hacerlo. El señor ministro ya lo explicó hasta el cansancio. El decreto 804/01 necesita de la ley 25.414 sólo para una pequeña parte de su implementación.
Por otro lado, hago notar a la señora diputada Camaño que para derogar el decreto 1.135/00 no hace falta una delegación expresa de facultades, ya que puede ser derogado mediante otro decreto. Quiero que esto también lo tengan en cuenta los diputados que se refirieron al despacho de carga de alta tensión.
La suspensión prevista en la resolución 259 permite que el sistema reclamado por el señor diputado Flores se pueda dar en esas circunstancias, que para el señor ministro es de absoluta seguridad.
A esta altura del debate quizá convenga que la cosa merezca ser juzgada como la necesidad de este Congreso de hacer una muesca en su revólver, para de ese modo señalar que finalmente vamos a ejercer la voluntad de torcer una facultad delegada.
En ese sentido, tomemos como ejemplo el decreto 804/01. Creo que el señor ministro de Infraestructura y Vivienda no pudo haber tenido mayor flexibilidad para escuchar a los señores diputados y para dictar la resolución 259, mediante la cual se establece un plazo de seis meses para analizar todos los aspectos que atañen a este tema. Creo que no se puede pedir mayor respeto hacia todos los diputados que integran esta Honorable Cámara.
Ahora sí le concedo la interrupción al señor diputado Lanza.
Acá hay palos porque bogas y palos porque no bogas. La figura del comercializador no es obligatoria. Quien no quiera ceder su despacho al comercializador no tiene por qué hacerlo. El señor ministro ya lo explicó hasta el cansancio. El decreto 804/01 necesita de la ley 25.414 sólo para una pequeña parte de su implementación.
Por otro lado, hago notar a la señora diputada Camaño que para derogar el decreto 1.135/00 no hace falta una delegación expresa de facultades, ya que puede ser derogado mediante otro decreto. Quiero que esto también lo tengan en cuenta los diputados que se refirieron al despacho de carga de alta tensión.
La suspensión prevista en la resolución 259 permite que el sistema reclamado por el señor diputado Flores se pueda dar en esas circunstancias, que para el señor ministro es de absoluta seguridad.
A esta altura del debate quizá convenga que la cosa merezca ser juzgada como la necesidad de este Congreso de hacer una muesca en su revólver, para de ese modo señalar que finalmente vamos a ejercer la voluntad de torcer una facultad delegada.
En ese sentido, tomemos como ejemplo el decreto 804/01. Creo que el señor ministro de Infraestructura y Vivienda no pudo haber tenido mayor flexibilidad para escuchar a los señores diputados y para dictar la resolución 259, mediante la cual se establece un plazo de seis meses para analizar todos los aspectos que atañen a este tema. Creo que no se puede pedir mayor respeto hacia todos los diputados que integran esta Honorable Cámara.
Ahora sí le concedo la interrupción al señor diputado Lanza.
SR. PRESIDENTE(RODIL)
Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
SR. LANZA, JOSE LUIS (CAP FEDERAL):
Señor presidente: es cierto que ante la crisis económica en el mes de marzo delegamos una serie de facultades al Poder Ejecutivo. Pero esa delegación la otorgamos para salir de esta crisis, que sin embargo en los últimos meses se ha agudizado. Así fue como llegamos al tembladeral que tuvimos que soportar hace pocos días.
Considero que todo lo que tiene que ver con el marco regulatorio energético ha funcionado bastante bien gracias al trabajo que en su momento llevamos adelante en esta Honorable Cámara. Pero resulta que lo que anda bien ahora lo queremos tocar.
Reitero que cuando se aprobó la delegación de facultades -personalmente voté en contra- se aclaró que era para salir de la crisis económica y no para empeorar las cosas que andan más o menos bien en el país. Ya han pasado cuatro meses y todavía no pudimos salir de esa crisis; por el contrario, se ha agudizado.
Entonces, le pido al ministro de Economía y a todo su equipo -porque este hombre pertenece a un equipo y le hemos delegado poderes especiales- que trabajen denodadamente en los temas de la pobreza, la marginación y el desajuste total que hoy tenemos en el país, y que deje a la Honorable Cámara de Diputados el trabajo de mejorar lo que anda bien en la Argentina.
Considero que todo lo que tiene que ver con el marco regulatorio energético ha funcionado bastante bien gracias al trabajo que en su momento llevamos adelante en esta Honorable Cámara. Pero resulta que lo que anda bien ahora lo queremos tocar.
Reitero que cuando se aprobó la delegación de facultades -personalmente voté en contra- se aclaró que era para salir de la crisis económica y no para empeorar las cosas que andan más o menos bien en el país. Ya han pasado cuatro meses y todavía no pudimos salir de esa crisis; por el contrario, se ha agudizado.
Entonces, le pido al ministro de Economía y a todo su equipo -porque este hombre pertenece a un equipo y le hemos delegado poderes especiales- que trabajen denodadamente en los temas de la pobreza, la marginación y el desajuste total que hoy tenemos en el país, y que deje a la Honorable Cámara de Diputados el trabajo de mejorar lo que anda bien en la Argentina.
SR. PRESIDENTE(RODIL)
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
SR. ALESSANDRO, DARIO PEDRO (CAP FEDERAL):
Señor presidente: quiero ver si podemos avanzar con este tema a efectos de continuar con el curso de la sesión.
Voy a hacer una propuesta que creo que recoge las inquietudes de gran cantidad de legisladores sobre las críticas al contenido del decreto 804/01, que habría que derogar si fuera necesario.
Respecto de la propuesta del señor diputado Lafalla de dar tratamiento sobre tablas a una iniciativa sobre el decreto 804/01, voy a formular a continuación una propuesta que espero satisfaga las expectativas del conjunto de los señores diputados que tienen cuestionamientos.
Solicito preferencia, con o sin despacho de comisión, para el tratamiento de este tema en la próxima sesión. Es decir, no intentamos ninguna dilación girando el tema a comisión, porque la gran mayoría de nosotros tenemos las mismas preocupaciones y cuestionamientos sobre el contenido del decreto.
Hace un rato hemos conocido una resolución que modifica en parte el decreto aunque no todo lo que queremos. Pretendemos analizarla con un poco más de detenimiento, y para que no se sospeche que detrás de esta propuesta del bloque de la Alianza hay algún afán dilatorio, alguna intención de que nunca se produzca el tratamiento de este tema, planteo esta moción de preferencia para la próxima sesión.
Por otra parte, desde la bancada Justicialista el señor diputado Camaño ha propuesto que se haga presente en el recinto el señor ministro de Infraestructura y Vivienda. Nosotros estamos de acuerdo con que venga el señor ministro, exponga sus razones y escuche a los señores diputados.
Nos parece que si unimos estas dos ideas, la preferencia para la próxima sesión -que es la propuesta concreta del bloque de la Alianza- y la invitación al señor ministro de Infraestructura y Vivienda para que concurra al recinto, desde el bloque de la Alianza estaremos de acuerdo en avanzar con la resolución del tema. Ello posibilitará continuar con el resto del orden del día, que incluye otros asuntos tan importantes como éste. Creo que la señal que se ha enviado en el día de hoy es importante teniendo en cuenta que todavía hay cuestionamientos.
Resumiendo, quedan pendientes la moción de preferencia de la bancada oficialista y la del señor diputado Lafalla.
Voy a hacer una propuesta que creo que recoge las inquietudes de gran cantidad de legisladores sobre las críticas al contenido del decreto 804/01, que habría que derogar si fuera necesario.
Respecto de la propuesta del señor diputado Lafalla de dar tratamiento sobre tablas a una iniciativa sobre el decreto 804/01, voy a formular a continuación una propuesta que espero satisfaga las expectativas del conjunto de los señores diputados que tienen cuestionamientos.
Solicito preferencia, con o sin despacho de comisión, para el tratamiento de este tema en la próxima sesión. Es decir, no intentamos ninguna dilación girando el tema a comisión, porque la gran mayoría de nosotros tenemos las mismas preocupaciones y cuestionamientos sobre el contenido del decreto.
Hace un rato hemos conocido una resolución que modifica en parte el decreto aunque no todo lo que queremos. Pretendemos analizarla con un poco más de detenimiento, y para que no se sospeche que detrás de esta propuesta del bloque de la Alianza hay algún afán dilatorio, alguna intención de que nunca se produzca el tratamiento de este tema, planteo esta moción de preferencia para la próxima sesión.
Por otra parte, desde la bancada Justicialista el señor diputado Camaño ha propuesto que se haga presente en el recinto el señor ministro de Infraestructura y Vivienda. Nosotros estamos de acuerdo con que venga el señor ministro, exponga sus razones y escuche a los señores diputados.
Nos parece que si unimos estas dos ideas, la preferencia para la próxima sesión -que es la propuesta concreta del bloque de la Alianza- y la invitación al señor ministro de Infraestructura y Vivienda para que concurra al recinto, desde el bloque de la Alianza estaremos de acuerdo en avanzar con la resolución del tema. Ello posibilitará continuar con el resto del orden del día, que incluye otros asuntos tan importantes como éste. Creo que la señal que se ha enviado en el día de hoy es importante teniendo en cuenta que todavía hay cuestionamientos.
Resumiendo, quedan pendientes la moción de preferencia de la bancada oficialista y la del señor diputado Lafalla.
SR. PRESIDENTE(RODIL)
Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
SR. LAFALLA, ARTURO PEDRO (MENDOZA):
Señor presidente: nuestra bancada entiende razonable la propuesta del señor diputado Alessandro -y consecuentemente la va a votar en forma favorable- en el sentido de tratar el tema de la derogación del decreto 804/01 en la próxima sesión y efectuar la interpelación al señor ministro de Infraestructura y Vivienda dentro de quince días.
Agradecemos al bloque de la Alianza y pedimos a la Presidencia que se pase a la votación.
Agradecemos al bloque de la Alianza y pedimos a la Presidencia que se pase a la votación.
SR. PRESIDENTE(RODIL)
La primera aclaración que quiere hacer esta Presidencia es que en este momento no podemos votar porque no hay quórum. La segunda consiste en que, en caso de que el cuerpo decida proceder a la votación, en la lista de oradores se encuentran anotados los señores diputados Natale, Nicolás Fernández, Nofal, Corchuelo Blasco y Moreno Ramírez.
Tiene la palabra el señor diputado por Salta.
Tiene la palabra el señor diputado por Salta.
SR. LOPEZ ARIAS, MARCELO EDUARDO (SALTA):
Señor presidente: la moción que acaba de formularse significa trasladar la discusión de fondo de este tema al próximo miércoles.
Yo también estaba anotado en la lista de oradores, pero creo que corresponde que la discusión de fondo se haga el próximo miércoles, ya que el objetivo de hoy, que era resolver sobre el ingreso de este tema, ha sido alcanzado en virtud de los acuerdos celebrados por los distintos bloques.
Por ello solicitaría a los diputados que guarden toda la artillería para la próxima semana, cuando tengamos la discusión de fondo y hagamos todos los planteos que correspondan sobre este tema.
Yo también estaba anotado en la lista de oradores, pero creo que corresponde que la discusión de fondo se haga el próximo miércoles, ya que el objetivo de hoy, que era resolver sobre el ingreso de este tema, ha sido alcanzado en virtud de los acuerdos celebrados por los distintos bloques.
Por ello solicitaría a los diputados que guarden toda la artillería para la próxima semana, cuando tengamos la discusión de fondo y hagamos todos los planteos que correspondan sobre este tema.
SR. PRESIDENTE(RODIL)
Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
SR. ALBRISI, CESAR ALFREDO (CORDOBA):
Señor presidente: no me queda claro cómo juegan la consideración del proyecto que tiene sanción del Senado, cuyo autor es el senador Arnold y que deroga al decreto 804/01, y la presencia del ministro de Infraestructura y Vivienda en el recinto para una interpelación, que no sé si estará vinculada con el decreto 804/01, con el decreto 802/01...
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. ALBRISI, CESAR ALFREDO (CORDOBA):
Sólo estoy pidiendo una aclaración, porque no se puede decir que el señor ministro debe concurrir para una interpelación. El señor ministro ha estado viniendo permanentemente a las comisiones en función de un temario específico, perfectamente organizado por el señor diputado Courel, quien ha presidido las reuniones.
Por lo tanto, me parece importante aclarar cómo juegan en la próxima sesión el tratamiento de la derogación y la presencia del señor ministro.
Por lo tanto, me parece importante aclarar cómo juegan en la próxima sesión el tratamiento de la derogación y la presencia del señor ministro.
SR. PRESIDENTE(RODIL)
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
SR. ALESSANDRO, DARIO PEDRO (CAP FEDERAL):
Señor presidente: proponemos, tal como lo ha planteado recién el señor diputado López Arias, que se habilite para la próxima sesión el tratamiento del proyecto venido en revisión del Senado respecto de la derogación del decreto 804/01.
Luego se pondrá a votación la cuestión de la presencia del señor ministro de Infraestructura y Vivienda -lo que nosotros aceptamos- para ser requerido sobre otros temas relacionados con la energía, que nuestro bloque quiere hacer conocer al señor ministro.
Luego se pondrá a votación la cuestión de la presencia del señor ministro de Infraestructura y Vivienda -lo que nosotros aceptamos- para ser requerido sobre otros temas relacionados con la energía, que nuestro bloque quiere hacer conocer al señor ministro.
SR. PRESIDENTE(RODIL)
Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
SR. LAFALLA, ARTURO PEDRO (MENDOZA):
Señor presidente: a nuestro entender el señor ministro vendría para continuar la discusión sobre el tema energético, sea cual fuere la decisión que tomemos en la próxima sesión.
Incluso, existen otras dos cuestiones que están en estudio y que por su magnitud merecen que se continúe el debate con la presencia del ministro en la Cámara. Me refiero al decreto 676, modificatorio de la ley de infraestructura, y al decreto 802/01, que introduce modificaciones en todo el sistema de Vialidad Nacional y de construcción y administración de obras viales en la República Argentina.
Es decir que hay temas suficientes y resulta razonable la secuencia propuesta.
Incluso, existen otras dos cuestiones que están en estudio y que por su magnitud merecen que se continúe el debate con la presencia del ministro en la Cámara. Me refiero al decreto 676, modificatorio de la ley de infraestructura, y al decreto 802/01, que introduce modificaciones en todo el sistema de Vialidad Nacional y de construcción y administración de obras viales en la República Argentina.
Es decir que hay temas suficientes y resulta razonable la secuencia propuesta.
SR. PRESIDENTE(RODIL)
Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
SR. FAYAD, VICTOR MANUEL FEDERICO (MENDOZA):
Señor presidente: vamos a votar por la afirmativa, en función del acuerdo establecido recién con respecto al proyecto que tuvo sanción en el Senado.
Quiero advertir que esa iniciativa sólo deroga el decreto 804/01. Otros proyectos que se han presentado en la Cámara de Diputados y que cuentan con dictamen de sendas comisiones, incluso el contenido en el expediente3917-d-2001
, van más allá, porque no sólo derogan el decreto 804/01, sino que ratifican el decreto de necesidad y urgencia 1.135 del año pasado. Además ratifican el interés público de plan federal de transporte eléctrico.
Creo que esta iniciativa es mucho más abarcativa -no lo digo por un celo intelectual o de autor-, porque tiene la apoyatura necesaria y el consenso para aprobar este plan, que ha sido preocupación de la mayoría de los señores diputados sin distinción de partidos.
Por eso solicito que se dé preferencia a ambos tratamientos y después resolvamos en el seno de la Cámara qué redacción definitiva le damos. Tengamos en cuenta que podemos avalar la sanción del Senado o aprobar la iniciativa que surja de esta Honorable Cámara, a partir del proyecto contenido en el expediente3917-d-2001 , que es más abarcativo ya que incluye específicamente al plan federal de transporte eléctrico.
Quiero advertir que esa iniciativa sólo deroga el decreto 804/01. Otros proyectos que se han presentado en la Cámara de Diputados y que cuentan con dictamen de sendas comisiones, incluso el contenido en el expediente
, van más allá, porque no sólo derogan el decreto 804/01, sino que ratifican el decreto de necesidad y urgencia 1.135 del año pasado. Además ratifican el interés público de plan federal de transporte eléctrico.
Creo que esta iniciativa es mucho más abarcativa -no lo digo por un celo intelectual o de autor-, porque tiene la apoyatura necesaria y el consenso para aprobar este plan, que ha sido preocupación de la mayoría de los señores diputados sin distinción de partidos.
Por eso solicito que se dé preferencia a ambos tratamientos y después resolvamos en el seno de la Cámara qué redacción definitiva le damos. Tengamos en cuenta que podemos avalar la sanción del Senado o aprobar la iniciativa que surja de esta Honorable Cámara, a partir del proyecto contenido en el expediente
SR. PRESIDENTE(RODIL)
Tiene la palabra el señor diputado por San Juan.
SR. MORENO RAMIREZ, ARTURO (SAN JUAN):
Señor presidente: lamento que se haya dilatado tanto esta sesión para llegar a un cierto consenso, porque aparentemente habíamos ingresado ya en el tratamiento en general del tema en cuestión, es decir, del proyecto que cuenta con la correspondiente sanción del Senado, sobre derogación del decreto 804/01 del Poder Ejecutivo.
De todas maneras, voy a pedir que se me excluya de la lista de oradores, aunque reitero lo señalado por el señor diputado Fayad en cuanto al pedido de preferencia para la próxima sesión, con o sin despacho de comisión. En ese sentido, solicito que no sólo se tenga en cuenta la sanción del Senado, sino también los proyectos que obran en este cuerpo.
De todas maneras, voy a pedir que se me excluya de la lista de oradores, aunque reitero lo señalado por el señor diputado Fayad en cuanto al pedido de preferencia para la próxima sesión, con o sin despacho de comisión. En ese sentido, solicito que no sólo se tenga en cuenta la sanción del Senado, sino también los proyectos que obran en este cuerpo.
SR. PRESIDENTE(RODIL)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. DUMON, JOSE GABRIEL (BUENOS AIRES):
Señor presidente: simplemente deseo aclarar la moción del señor diputado Alessandro. Nosotros vamos a otorgar la preferencia para la próxima sesión, se celebre o no el miércoles que viene, para tratar el tema referido al decreto 804/01 y todos los proyectos vinculados con él, porque entendemos que de lo contrario no se agota la cuestión. De manera que es correcto lo que dice el señor diputado Fayad: hay que tener en cuenta la totalidad de las iniciativas, porque en caso contrario la visión del tema sería parcial.
En cuanto al pedido de interpelación al señor ministro de Infraestructura y Vivienda, está orientado a tratar el tema de la energía, que no se agota en el decreto 804/01, como bien lo han señalado los señores diputados Fayad y Lafalla. Después, si debemos interpelar al señor ministro por otras cuestiones, lo haremos. Pero la moción que formuló el señor diputado Alessandro está referida a la elaboración por parte de esta Honorable Cámara de normas vinculadas con el sistema de energía, la crisis en materia de inversión, etcétera.
Si hay que interpelar al señor ministro por otros temas lo solicitaremos para otra sesión.
En cuanto al pedido de interpelación al señor ministro de Infraestructura y Vivienda, está orientado a tratar el tema de la energía, que no se agota en el decreto 804/01, como bien lo han señalado los señores diputados Fayad y Lafalla. Después, si debemos interpelar al señor ministro por otras cuestiones, lo haremos. Pero la moción que formuló el señor diputado Alessandro está referida a la elaboración por parte de esta Honorable Cámara de normas vinculadas con el sistema de energía, la crisis en materia de inversión, etcétera.
Si hay que interpelar al señor ministro por otros temas lo solicitaremos para otra sesión.
SR. PRESIDENTE(RODIL)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. CAMAÑO, EDUARDO OSCAR (BUENOS AIRES):
Señor presidente: no quiero confundir el tema que estamos tratando en la presente sesión. El señor diputado Pichetto, al iniciarse la sesión, se refirió a la iniciativa que ha sancionado el Senado. Lo demás está en boca de los señores diputados y no es el planteo que efectuó el presidente de nuestra bancada. El acuerdo al que hemos arribado se refiere a la derogación del decreto 804/01 o a cualquier alternativa de la que podamos conversar, pero siempre partiendo de la sanción del Senado.
No podemos confundir las cosas incluyendo los demás proyectos existentes en este cuerpo, porque aquí se trata de analizar la sanción del Senado referida a la derogación del decreto 804/01. Esa es la iniciativa cuya preferencia se pide para la próxima sesión, con o sin despacho de comisión.
No podemos confundir las cosas incluyendo los demás proyectos existentes en este cuerpo, porque aquí se trata de analizar la sanción del Senado referida a la derogación del decreto 804/01. Esa es la iniciativa cuya preferencia se pide para la próxima sesión, con o sin despacho de comisión.
SR. PRESIDENTE(RODIL)
Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
SR. BUSTI, JORGE PEDRO (ENTRE RIOS):
Señor presidente: quiero recordar que, dentro del plazo estipulado por el artículo 168 del reglamento de este cuerpo, se formuló una moción de tratamiento sobre tablas que incluye el proyecto de resolución contenido en el expediente 4940-d-2001 , referido a la problemática de la citricultura. En ese sentido, solicito que cuando la Presidencia ponga en consideración la moción de preferencia referida a la derogación del decreto 804/01 incluya la
petición referida al proyecto que acabo de mencionar.
petición referida al proyecto que acabo de mencionar.
SR. PRESIDENTE(RODIL)
Así se hará, señor diputado. La Presidencia aclara que se ha tomado debida nota de todas las mociones formuladas para que el cuerpo se pronuncie sobre ellas oportunamente. Lo que sucede es que en este momento no podemos someter a consideración del cuerpo ninguna de estas solicitudes porque no hay quórum.
De manera que vamos a llamar para votar y si luego de cinco minutos no se reúne quórum, la Presidencia invitará a la Cámara a pasar a cuarto intermedio hasta el próximo miércoles.
Se llama para votar.
De manera que vamos a llamar para votar y si luego de cinco minutos no se reúne quórum, la Presidencia invitará a la Cámara a pasar a cuarto intermedio hasta el próximo miércoles.
Se llama para votar.
- Mientras se llama para votar:
SR. NATALE, ALBERTO A. (SANTA FE):
Pido la palabra.
SR. PRESIDENTE(RODIL)
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
SR. NATALE, ALBERTO A. (SANTA FE):
Señor presidente: iba a plantear una proposición pero no tuve oportunidad de hacerlo porque no se me concedió el uso de la palabra. En nombre del Interbloque Federal pensaba expresar nuestra adhesión a la propuesta formulada por el señor diputado Alessandro. Tenía la intención de plantear algunas razones por las que entendía que este tema debía ser considerado con mucha profundidad y seriedad.
También deseaba señalar que en el día de mañana la comisión bicameral creada por la ley 25.414 se va a abocar al tratamiento de las competencias del Poder Ejecutivo en relación con el dictado del decreto 804/01.
Por otra parte, deseaba manifestar que la resolución que se acaba de dictar está dentro de la competencia que tiene el Poder Ejecutivo -en virtud del decreto 804/01- para delegar en el Ministerio de Infraestructura y Vivienda y en la Secretaría de Energía y Minería la fijación del plazo de entrada en vigencia de la norma.
Además, deseaba subrayar la necesidad de actuar preventivamente en esta materia, porque hoy tenemos una de las energías más baratas del mundo en superabundancia, pero no sabemos lo que puede suceder mañana.
Como no tenemos tiempo para hablar ni tampoco quórum para votar, simplemente quiero dejar sentado que este bloque se ha quedado sin la oportunidad de hacer uso de la palabra.
También deseaba señalar que en el día de mañana la comisión bicameral creada por la ley 25.414 se va a abocar al tratamiento de las competencias del Poder Ejecutivo en relación con el dictado del decreto 804/01.
Por otra parte, deseaba manifestar que la resolución que se acaba de dictar está dentro de la competencia que tiene el Poder Ejecutivo -en virtud del decreto 804/01- para delegar en el Ministerio de Infraestructura y Vivienda y en la Secretaría de Energía y Minería la fijación del plazo de entrada en vigencia de la norma.
Además, deseaba subrayar la necesidad de actuar preventivamente en esta materia, porque hoy tenemos una de las energías más baratas del mundo en superabundancia, pero no sabemos lo que puede suceder mañana.
Como no tenemos tiempo para hablar ni tampoco quórum para votar, simplemente quiero dejar sentado que este bloque se ha quedado sin la oportunidad de hacer uso de la palabra.
SR. PRESIDENTE(RODIL)
Cuando se planteó la moción por parte del bloque Justicialista, la nómina de los señores diputados que figuraban en la lista de oradores incluía al señor diputado Natale, pero posteriormente se decidió que dicha moción se pasara a votar.
La Presidencia cedió el uso de la palabra al señor diputado Natale en este momento para que pudiera expresarse. De modo que dentro de las limitaciones y de cierto desorden con el que se ha venido desarrollando esta sesión, la Presidencia entiende que ha actuado de acuerdo con lo que establece el reglamento.
Solicito a los señores diputados que tomen asiento a fin de verificar el quórum.
La Presidencia cedió el uso de la palabra al señor diputado Natale en este momento para que pudiera expresarse. De modo que dentro de las limitaciones y de cierto desorden con el que se ha venido desarrollando esta sesión, la Presidencia entiende que ha actuado de acuerdo con lo que establece el reglamento.
Solicito a los señores diputados que tomen asiento a fin de verificar el quórum.
SR. POLINO, HECTOR TEODORO (CAP FEDERAL):
Pido la palabra.
SR. PRESIDENTE(RODIL)
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
SR. POLINO, HECTOR TEODORO (CAP FEDERAL):
Señor presidente: teniendo en cuenta que existe consenso de todos los sectores políticos para que el señor ministro de Infraestructura y Vivienda concurra al recinto, aunque no hay número para someter a votación esa solicitud, para no desaprovechar esta oportunidad, propongo que de todas maneras se lo invite.
SR. PRESIDENTE(RODIL)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. CAMAÑO, EDUARDO OSCAR (BUENOS AIRES):
Señor presidente: el señor diputado preopinante se adelantó a lo que iba a plantear. Esto no surge sólo del bloque Justicialista sino que la propia bancada de la Alianza lo aceptó. Por ello, considero que a pesar de que las mociones no pueden ser sometidas a votación, se debería dar por asumido el compromiso de que el señor ministro Bastos asistirá a este recinto en catorce días y que la próxima semana se tratará el proyecto en revisión por el que se deroga el decreto 804/01. Tal como lo expresó el señor diputado Polino, más allá de la imposibilidad de votar, existe un acuerdo parlamentario.
SR. PRESIDENTE(RODIL)
Habida cuenta de que existe consenso, la Presidencia realizará las gestiones pertinentes para que el señor ministro concurra a la Honorable Cámara.
No habiendo quórum para votar, en uso de las atribuciones que el reglamento confiere a la Presidencia invito a la Honorable Cámara a pasar a cuarto intermedio hasta el próximo miércoles a la hora 9.
No habiendo quórum para votar, en uso de las atribuciones que el reglamento confiere a la Presidencia invito a la Honorable Cámara a pasar a cuarto intermedio hasta el próximo miércoles a la hora 9.
Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina | Congreso de la Nación Argentina | Av. Rivadavia 1864 - Ciudad Autónoma de Bs. As. (C.P.C1033AAV) | + 54 11 6075-0000
Nota: La información contenida en este sitio es de dominio público y puede ser utilizada libremente. Se solicita citar la fuente.