TRANSPORTES
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PROYECTO DE RESOLUCION
Expediente: 6370-D-2014
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONCESIONES Y SUBSIDIOS EN EL AMBITO DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS.
Fecha: 15/08/2014
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 103
Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional
en los términos del art. 100 inciso 11 de la C.N. para que por intermedio de la
Jefatura de Gabinete de Ministros; Ministerio del Interior y Transporte y demás
organismos competentes, informe a la H. Cámara de Diputados sobre los
siguientes puntos vinculados a presuntas irregularidades en concesiones y
subsidios en el ámbito del transporte automotor de pasajeros.
1.- Remitir copia fiel del expediente
relativo a la concesión de la Terminal de Ómnibus de Retiro.
2.- Consignar un prolijo detalle de
beneficiarios y montos percibidos en concepto de subsidios a operadores
ferroviarios y de transporte automotor de pasajeros desde junio 2003 a la
actualidad, adjuntando las respectivas rendiciones de cuentas. Especificar fórmula
de cálculo para el otorgamiento de los subsidios y los mecanismos de control
destinados a certificar la veracidad de la información insinuada por las empresas
beneficiarias.
3.- Enviar un listado actualizado
desde enero de 2010 a agosto de 2015 de operaciones de suministro de gasoil a
precio diferenciado para las empresas del Sistema Integrado de Transporte
Automotor (SISTAU), adjuntándose copias certificadas de las entregas efectuadas
a cada sociedad comercial o titular de unidad de transporte.
4.- Indicar las razones por las cuales
se suspendió en el año 2012 a las empresas San José S.A. y Nuevo Chevallier S.A.
como beneficiarias de los subsidios, que motivaron su salida forzada del régimen
de transporte automotor público de pasajeros de larga distancia.
5.- Establecer cuáles fueron las
empresas beneficiadas con la entrega de los subsidios que percibían hasta 2012
Nuevo Chevallier S.A. y San José S.A.
6.- Evaluar el dictamen de la Auditoría
General de la Nación que determinó que al menos el 82 por ciento de empresas a
nivel nacional y el 47,05 en el orden provincial y municipal recorrían un kilometraje
inferior al que habían declarado para el cálculo del subsidio que luego
recibían.
7.- Determinar el grado de
cumplimiento en la adopción e implementación del Sistema Único de Boleto
Electrónico (SUBE), cuáles son las empresas que aún no lo han incorporado y de
qué manera se controla el universo de pasajeros transportados en dicho
caso.
8.- Especificar cuál es el mecanismo
de análisis y contralor de los costos reales anuales de cada empresa de transporte
beneficiaria de subsidios del Estado nacional.
9.- Informar las razones por las
cuales el Plan de Mejoras del parque automotor no cuenta con la aprobación
expresa del Ministerio del Interior y Transporte.
10.- Indicar el estado del trámite de
los expedientes que investiguen el incumplimiento del Régimen de Gratuidad para
Personas Discapacitadas, con transcripción de las sanciones que se hubieren
dispuesto.
11.- Demostrar de qué modo el
Ministerio del Interior y Transporte ha dado cumplimiento a la observación de la
Auditoría General de la Nación acerca de la necesidad de implementar un plan de
auditoría, ya que su ausencia "debilita el control y pone el riesgo que enfrentan y
perciben las empresas subsidiadas de incurrir en incumplimientos".
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El juez federal Luis Rodríguez impulsó
una serie de medidas de prueba con el objeto de investigar supuestas
irregularidades en concesiones de la terminal de ómnibus de Retiro, otorgamientos
de subsidios a concesiones y operadores ferroviarios, "inconsistencias en
contrataciones públicas y el otorgamiento de subsidios ferroviarios en general,
como de gasoil para transporte, realizadas desde el Ministerio de Interior y
Transporte", a cargo del titular de la cartera, Florencio Randazzo.
La denuncia fue impulsada el
abogado Ricardo Monner Sans, presidente de la Asociación Civil Anticorrupción,
que tomó como sustento un informe elaborado por la Auditoría General de la
Nación donde se observaron "deficiencias y debilidades" en el sistema de control
efectuado por la Secretaría de Transporte y la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte, como en el otorgamiento de subsidios a través del sistema Integrado
de Transporte Automotor (SISTAU) y en el suministro de gasoil a precio diferencial
a favor de operadores de transporte automotor de pasajeros.
El primero es un beneficio a las
empresas que se nutre del impuesto al gasoil y del Tesoro Nacional; en tanto que
el subsidio al precio del gasoil que reciben las mismas se solventan por
compensaciones por derechos de exportación que deberían pagar las empresas
petroleras y por transferencias también del Tesoro Nacional.
Entre las irregularidades detectadas
hay un extenso listado. No se rinden cuentas sobre los subsidios que reciben las
empresas así como falta de control el cronograma de instalación del Sistema Único
de Boleto Electrónico (SUBE); no se fijó un sistema de seguimiento vehicular; no
existe un mecanismo para detectar la disminución de servicios en las empresas
prestadoras así como el subsidio percibido en exceso por las empresas en las que
la CNRT detectó menores servicios que los que vendían para el cálculo del
beneficio.
También la falta de detección de las
empresas que ya no prestan servicios y siguen percibiendo subsidios; la falta de
auditoría en la mayoría de las mismas; la ausencia de estudios o análisis de los
costos reales anuales de cada firma; que la base de datos de la CNRT para el
procesamiento de la información relacionada al otorgamiento de gasoil a precio
diferenciado "no brinda las garantías de seguridad y confiabilidad necesarias"; y los
planes de mejoras del parque automotor "no cuentan con la aprobación expresa
de la secretaría de transporte".
En el informe de la AGN también se
detectó la entrega de subsidios en forma extemporánea; la falta de sanciones por
el incumplimiento del Régimen de Gratuidad para Personas Discapacitadas; y la
ausencia de un plan de auditoría, "debilita el control y pone el riesgo que
enfrentan y perciben las empresas subsidiadas de incurrir en incumplimientos y el
criterio seguido en la actualidad no garantiza similar probabilidad de ocurrencia
como así tampoco aplique la revisión de la totalidad de los beneficios del
sistema".
El fiscal Federico Delgado requirió la
apertura de la investigación y el impulso de la acción penal con sustento además
en la "extracción de testimonios" de dos causa.
Una de ellas en la que se investigaba
al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime por el supuesto delito de "abuso de
autoridad" y otra en la que se investiga al ex secretario de Transporte Juan Pablo
Schiavi por "malversación de caudales públicos" en la que se intenta determinar el
destino otorgado a los subsidios al gasoil que recibían las empresas "San José S.A"
y "Nueva Chevallier S.A" por la quita realizada en 2012.
Para el abogado de las empresas,
Román Alberto Uez, existirían "maniobras tendientes a llevar a la quiebra a sus
representadas -prestatarias de un servicio público de transporte- y expulsadas
ilegítimamente del régimen de transporte automotor público de pasajeros de larga
distancia", según el texto de su denuncia.
Delgado advirtió en su requerimiento
que resultaría relevante "determinar cómo funciona el sistema de subsidios" y
destaca que "otorgar subsidios para favorecer ilegítimamente intereses privados,
es un delito".
En este contexto, el magistrado solicitó personal a la División Delitos Federales de
la Policía Federal Argentina para que requiriese al Ministerio de Interior y
Transporte como a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) la
entrega de varios expedientes y un informe detallado de la situación de Antonio
Eduardo Sícaro, ex interventor de la CNRT, imputado en el juicio por la "Tragedia
de Once".
Asimismo, solicitó la entrega de las
filmaciones del Restaurante Happenning de Puerto Madero, del día 14 de julio de
2014 para determinar una reunión "clave" que se concretó esa noche entre las 20
y las 24.
Por otro lado, Rodríguez pidió a la
Auditoría General de la Nación copias certificadas del informe realizado a la
Secretaría de Transporte y la Comisión Nacional de Regulación de Transporte,
respecto de los subsidios otorgados a través del Sistema Integrado de Transporte
Automotor (SIATAU) y del suministro de gasoil a precio diferencial, a favor de
operadores de transporte automotor de pasajeros.
El juez analizará las pruebas y podrá
decidir si impulsa pericias o testimoniales que colaboren en la "reconstrucción de
los hechos" para determinar "los delitos" y los "responsables" de la supuesta
"malversación de fondos", según fuentes con acceso a la pesquisa.
A efectos de conocer la política de
subsidios que digita el Ministerio del Interior y Transporte de la Nación, para
descartar que se favorezcan arbitrariamente intereses privados y controlar el modo
en que se gastan los dineros públicos, es que se eleva el presente pedido de
informes. Controlar las erogaciones, evitar tanto actos fraudulentos como
despilfarros, es siempre virtuoso. Cuando hay escasez y déficit, esa virtud deviene
en doblemente valiosa.
Pido el acompañamiento de mis pares
a fin de aprobar el proyecto de resolución.
Firmante | Distrito | Bloque |
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ASSEFF, ALBERTO | BUENOS AIRES | UNIR |
Giro a comisiones en Diputados
Comisión |
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TRANSPORTES (Primera Competencia) |