Art. 1: Se anula el Decreto 794/17 del Poder Ejecutivo Nacional, que crea la empresa Corredores Viales S. A con idénticas funciones que Vialidad Nacional.

Art. 2: Creáse en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), creada por la ley 11.658, comúnmente conocida como Vialidad Nacional, el Organismo de Fiscalización de Fondos y Obras, con plenos derechos a intervenir y revisar los libros de contabilidad de dicha Dirección, y de las empresas con que se realicen acuerdos de obras, fiscalizando el conjunto de los pliegos licitatorios y sus procedimientos. Este Organismo de Fiscalización de Fondos y Obras estará integrado por una dirección elegida por el voto proporcional, sistema D’hont, de la totalidad de los trabajadores de Vialidad Nacional.

Art. 3: De forma.

Señor presidente:

El Decreto 794/17 -firmado por el presidente Mauricio Macri, el Jefe de Gabinete Marcos Peña y el Ministro de Transporte Guillermo Dietrich- que crea la empresa Corredores Viales S.A. bajo la órbita del Ministerio de Transporte con idénticas funciones que Vialidad Nacional, es una medida de carácter privatista, que lesiona los intereses nacionales en beneficio de lo que se denomina la “patria contratista”.

La DNV, más conocida como Vialidad Nacional, es un organismo autárquico, formalmente a cargo del mantenimiento y ampliación de la red vial argentina. La lucha por el control político de este organismo ha implicado una parte importante de la corrupción existente en materia de obras públicas.

Durante la dictadura militar se desmanteló parte de Vialidad Nacional para traspasarla a las Provincias. Pero fue el gobierno de la presidencia de Alfonsín el que comenzó con las concesiones viales a grupos privados. El gobierno menemista, directamente, con las llamadas leyes de Reforma del Estado pasó a concesiones privadas las rutas con mayor tránsito de vehículos y enseñoreo el peaje. Todos estos contratos fueron repartidos entre un grupo de grandes empresarios de la construcción. Los grupos empresariales Roggio, Macri y Techint, figuran entre los que más beneficiados por estos negocios, que fueron popularmente cuestionados por los evidentes sobreprecios, por las obras que no se cumplían o calidad que no correspondía a la que había sido contratada, aumento de tarifas indexada directa o indirectamente al dólar, etc.

En más de una oportunidad hubo denuncias y hay procesos que se desarrollan por décadas y nunca acaban, tapando a los capitalistas constructores así como a los funcionarios a su servicio. Las direcciones de Vialidad Nacional no jugaban el papel de contralor que debían jugar. Esto con los gobiernos kirchneristas también se incrementó: llueven las denuncias sobre los contratos con Odebrecht y otros consorcios hundidos en la corrupción. Para empezar el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento que es parte, también, de grandes emprendimientos de especulación inmobiliaria sobre sus terrenos. Bajo el gobierno Macri, la Dirección…. ¡decretó un aumento cercano al 500% en los peajes de rutas y autopistas nacionales!

Pero el paso que se da ahora es un paso hacia la privatización de la DNV. Aunque formal y corrupto, Vialidad Nacional era siempre una espada de Damocles para los negociados de la “patria contratista”. Ya en el pasado, en el gobierno de De la Rua, se intentó transformar a Vialidad Nacional en una empresa y, igual que ahora, por decreto. Esto fue rechazado oportunamente.

La nueva empresa Corredores Viales S. A. estará integrada por un 51% del Ministerio de Transportes (Dietrich) y un 49% remanente por Vialidad. Pero autoriza a incorporar dirección privada. Es el primer paso para transformarla en una empresa ‘mixta’ bajo dirección privada, al estilo de la “reestatización de YPF” del gobierno kirchnerista.

Por de pronto con esta nueva empresa no sería necesario pasar por las normas estatales de licitación de obras públicas, podría contratarse en forma directa. La idea es utilizar la nueva empresa como puente para los proyectos de Propiedad Público Privada (PPP) que aprobó el Congreso, con nuestra denuncia y oposición. Se trata de sacarse de encima todo tipo de control directo del Estado, aunque fuera formal. La transparencia y moralidad de la que quisieron hacer gala con la maniobra anti democrática de expulsión por inhabilidad moral de Julio de Vido, fue una cortina de humo para blindarse ante la sociedad para avanzar con nuevos y mayores negociados con la obra pública.

La incertidumbre de los trabajadores de Vialidad Nacional, alrededor de 6000 en todo el país, ha generado numerosas movilizaciones en todo el territorio. Es que el art. 5 y 8 del decreto establecen la transferencia del personal de Vialidad Nacional a la nueva empresa y esto será con un vínculo laboral de Derecho Privado, lo que significa la pérdida de conquistas laborales y ataque a su convenio colectivo de trabajo.

El mismo día que salió el decreto, la policía federal de la ministra Bullrich, rodeó el edificio central de Vialidad Nacional, con varias camionetas estacionadas sobre las veredas, para amedrentar a los más de 400 trabajadores que allí se desempeñan. Es que antes de que se seque la tinta del decreto, dejan latente la posibilidad de venta de dicho edificio que es un patrimonio del Estado, gracias a la rezonificación impulsada para favorecer la especulación inmobiliaria en la capital del país (llevada adelante por el macrismo en alianza con los K y otras bancadas en la legislatura porteña). Y como un símbolo del vaciamiento criminal en marcha de esta Dirección.

Por estos motivos y otros que plantearan los miembros informantes en las sesiones correspondientes, llamamos a los señores Diputados a acompañar este Proyecto de Ley.