Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional y 204 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, para que disponga la inmediata concurrencia del Ministro de Transporte de la Nación, Sr. Guillermo Dietrich, a fin de que personalmente brinde explicaciones e informes verbales sobre el Decreto 794/17 que crea la empresa “Corredores Viales S.A”. En particular, pero sin que agote la cuestión, se requiere que informe:

1- Plan de gestión para Corredores Viales SA para los próximos años.

2- Plan de gestión para la Dirección Nacional de Vialidad para los próximos años.

3- Política de personal de la Dirección Nacional de Vialidad y previsiones establecidas en función del artículo 8 del respectivo decreto.

Señor presidente:

El decreto 794/17 publicado en el boletín oficial el miércoles 4 de Octubre crea la empresa "Corredores Viales SA", con las funciones de construcción, mejora, reparación, conservación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, operación, financiación, administración, explotación y prestación de servicios al usuario, en trazas, rutas, autopistas, accesos, corredores y cualquier otra red vial de jurisdicción nacional; y el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones resultantes de toda concesión con cobro de peaje que se le confiera.

No es una privatización en sí como en los años 90, sino un mecanismo tendiente a una privatización indirecta o encubierta. El decreto crea una Sociedad Anónima cuyo capital accionario está dividido 51% el Ministerio de Transporte y 49% la Dirección Nacional de Vialidad. Dichos porcentajes no son definitivos ya que el decreto establece la posibilidad de incorporar socios privados en caso que el interés público lo requiera por sola decisión de la Asamblea de Socios.

La sociedad tiene funciones claves de la Dirección Nacional de Vialidad, en especial la contratación de obras, objetivo fundamental del decreto. Pero no estará sometida a las normas de contratación del sector público, pues así lo explicita el decreto al establecer que no serán aplicables las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, ni, en general, las normas o principios de derecho administrativo. Así las cosas, “Corredores Viales SA” no podrá evitar las licitaciones que tiene obligación de realizar Vialidad Nacional, y podrá hacer contrataciones directas y decidir discrecionalmente qué empresa hace cada obra.

Un tercer aspecto preocupante del decreto tiene que ver con las condiciones del personal de la la Dirección Nacional de Vialidad. La nueva sociedad anónima tendrá sus empleados bajo el régimen de contratación privada, por lo cual, de producirse la transferencia de personal que el decreto enuncia que será negociada con el Ministerio de Trabajo y con los representantes gremiales, el personal de la dirección perderá su condición de empleados del Estado Nacional.

El decreto sugiere un plan de vaciamiento de la Dirección de Vialidad, primero a partir de la superposición de competencias, y luego por la transferencia de su personal. La reducción de personal será una consecuencia directa de la delegación de facultades en la SA. Aunque no se explicite, resulta el camino evidente.

En consecuencia, es necesario que el Ministro explique los motivos del decreto, sus planes para ambos organismos y cuál será la situación del personal afectado.

Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares a fin de aprobar el presente proyecto de resolución.