Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que a través de los organismos correspondientes, informe:

Sobre la implementación de la Resolución 926/2008, mediante la cual se establece que los operadores de los servicios de transporte público urbano y suburbano de pasajeros, de Jurisdicción Nacional, deben incorporar un Sistema de Protección Antivandálico para el Conductor.

Asimismo se solicita si se ha dado cumplimiento con la conformación de la Comisión Ad Hoc que menciona dicha resolución en su Art.3.-

Señor presidente:

Mediante la Resolución 926/2008 se estableció que las empresas de transporte público urbano y suburbano de pasajeros, de jurisdicción nacional, deben incorporar un Sistema de Protección Antivandálico para el conductor en sus flotas.

La medida adoptada en el año 2008, daba respuesta a un viejo reclamo del sector, canalizado a través de la Unión Tranviarios Automotor Argentina (UTA).

Diversos estudios y denuncias radicadas hacen visible una dura realidad que aqueja día a día a muchos trabajadores del transporte. Los niveles de violencia se incrementan año a año, y van de 50 a 70 incidentes en promedio diario contra conductores y usuarios; promedio que se da sólo si tomamos como universo de análisis la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano.

Como surge en las noticias de los últimos meses, debido a los múltiples hechos de violencia que han sufrido los choferes de diferentes líneas de transporte público urbano e interurbano, han estado en más de una ocasión adoptando medidas de fuerza, tales como paro, cortes de ruta, entre otras, que se vieron obligados a tomar para que se los escuche y se les dé una solución a un problema que vienen padeciendo los choferes desde hace muchos años.

Los referentes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) aseguraron que los delitos son cotidianos en cada recorrido de las unidades. En razón de la lamentable muerte de un chofer en Claypole, ocurrida en el 2017, se implementó en varias unidades de transporte un sistema de videovigilancia, a pedido del sector, pero en razón de los hechos que siguen ocurriendo, resulta insuficiente.

Resulta insostenible la realidad que viven los choferes que, por los tipos de recorridos, falta de protección por parte de las empresas, y de la seguridad pública, se exponen a un gran riesgo cada vez que concurren a cumplir con su labor.

Las cabinas antivandalicas no suponen una solución de raíz, sin embargo, resulta positiva su implementación a los fines de poder reducir en el corto plazo, el riesgo en la salud y cuidado integral de los trabajadores del sector. Este sistema supone una medida de seguridad pasiva, disuasiva y de prevención.

En el sector empresario, según algunas expresiones mediáticas, se observa cierta resistencia aduciendo que la implementación supone una inversión muy alta. Sin embargo, se debe destacar que la medida debe ser entendida como una inversión y no como un costo. Los servicios que se ven afectados por casos de violencia recaen en una pérdida económica producto de la interrupción del servicio. Los diferentes Sistemas de Cabinas anti vandálicas pueden ser removidas de una unidad a otra sin ningún tipo de inconveniente, pudiendo reutilizarse, siempre y cuando la misma se encuentren en condiciones de asegurar su función. En mismo sentido, el deber del empresario es garantizar, razonable y eficazmente, la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. La prevención de riesgos laborales es un instrumento para incrementar la eficacia y el rendimiento de la empresa. El estado debe acompañar el proceso, buscando asegurar la seguridad pública.

La norma citada, también establece la conformación de una comisión cuya misión es fijar un cronograma de trabajo entre los diferentes actores del sector. Es perentorio que se conforme una mesa de diálogo que pueda dar respuesta a un reclamo que lleva mucho tiempo.

Por todo lo expuesto, es que solicito el acompañamiento y aprobación del presente proyecto.