Expresar su más enérgico repudio y preocupación por el asesinato de Diego Bonefoi, muerto por las fuerzas de seguridad el pasado jueves 17 de Junio del corriente año, en la ciudad de San Carlos de Bariloche, constituyendo un nuevo caso de gatillo fácil; y la represión posterior a los ciudadanos y ciudadanas que se manifestaran pacíficamente, que dejara como saldo la muerte de Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas.

Señor presidente:

Una situación típica de regímenes dictatoriales ha sucedido recientemente en la ciudad de Bariloche. Hechos que nos alejan peligrosamente de la verdadera democracia por la cual este país tanto ha luchado (y evidentemente aún no ha conseguido) vuelven a manifestarse mereciendo, de esta manera, nuestra rápida respuesta y compromiso para con nuestros representados y las instituciones de la república que defendemos.

El homicidio de público conocimiento del joven de quince años Diego Bonefoi, asesinado de un tiro en la nuca por un efectivo policial de la ya citada ciudad, es un hecho que no podemos permitir que suceda bajo ningún punto de vista si verdaderamente anhelamos disfrutar de una democracia sólida y respetuosa de los DDHH.

Señor presidente, nuestro repudio y máxima preocupación radica en que nos encontramos ante hechos de violencia institucional propios de dictaduras militares que muy lejos se hallan de una verdadera democracia. Un virtual estado de sitio ha sido puesto en vigencia en una de nuestras más queridas ciudades patagónicas.

Si bien las autoridades que responden por el funcionario policial que posiblemente ha utilizado el arma asesina, han manifestado hace horas que dicho "agente disparó su arma sin intención", lo cierto es que un representante de la justicia que investiga el caso, ha asegurado que "el policía hizo uso de su arma reglamentaria para disparar el proyectil que impactó en la cabeza del joven", desechando en forma automática la hipótesis del disparo accidental que causara la cruel muerte del joven quinceañero.

Desde luego, como era de esperar en una sociedad hastiada de abusos estatales, la bronca no se hizo esperar. La ciudad de Bariloche no es ajena a las desigualdades y a las miserias que se encuentran esparcidas por todos los rincones de nuestra Argentina. Al contrario, aunque muchos sectores tradicionales en complicidad con los grandes medios de comunicación, se esfuercen en mostrar la "Bariloche de la postal", desde hace años, en este rincón de la Patagonia, las más elementales necesidades se encuentran insatisfechas para bastos sectores de la sociedad sin que nadie responda por ello.

En el anterior párrafo, entonces, debemos hallar las causas de la ira y la "furia vecinal". Son los olvidados y marginados de siempre los que deben convivir a diario con el abuso y atropello de sus derechos básicos. Porque para un joven la falta de empleo, estudios y de perspectivas es tan grave como el abuso policial e institucional en general. Creemos que no se solucionan con balas policiales las carencias recién citadas.

La bronca vecinal, de los amigos y familiares del joven ultimado era, entonces, de esperar. Pero esta bronca no es sólo de unos pocos. La presión de toda una ciudad que pide respuestas a la brutal represión policial es la que se ha visto reflejada en numerosas coberturas periodísticas de estos últimos días.

Además del niño fallecido, Diego Bonefoi, dos jóvenes más, uno de diecisiete años y otro de veintinueve, han muerto como consecuencia de los desmanes producidos en torno al crimen del primero de ellos. En el caso de la víctima de diecisiete años, su cuerpo presentaba una herida en la zona toráxico abdominal de gravedad producto de una bala de plomo, en tanto la tercera víctima fatal también presentaba balas en su cuerpo. Tan lamentable y alarmante cuadro de situación no ha finalizado con esta descripción, ya que además se ha constatado la presencia de una veintena de heridos, algunos de ellos de absoluta gravedad, todos como el resultado de una indiscriminada represión policial.

Cuando en anteriores párrafos aludíamos a la instauración de un virtual estado de sitio, éste ha quedado perfectamente demostrado en todas las denuncias que se han radicado en las fiscalías de turno, en las cuales constan las violaciones a los DDHH y los apremios ilegales a los cuales han sido sometidos algunos barilochenses arbitrariamente detenidos por las mismas fuerzas de seguridad que hace algunas horas acabaron con la vida del joven de quince años.

En todas las denuncias figura claramente la criminalización de determinados segmentos de la sociedad, solamente por portación de rostro. Según los relatos de los detenidos, los agentes policiales, de manera salvaje los llevaban a dependencias, por tener "caras de malandras", mientras les aplicaban salvajes golpizas y torturas verbales y psicológicas. El robo de las pertenencias de los detenidos por parte de los mismos agentes policiales, es sólo un dato minúsculo si se lo compara con lo que han vivido muchos jóvenes durante sus horas de cautiverio.

El caso más estremecedor, quizás lo ofrezca la terrible y desesperante experiencia atravesada por M.C., un joven de poco más de veinte años, que ha declarado hace algunas horas en la fiscalía, y según la denuncia que radicó ha contado que en una tarde de un día de la anterior semana, se encontraba en un conocido centro comercial de la ciudad, cuando fue sorprendido por un uniformado del grupo BORA con el rostro semi cubierto quien apuntándole con su arma reglamentaria directamente a la cabeza, lo obligó a tirarse al suelo y a guardar silencio. Luego de sufrir salvajes golpizas y amenazas verbales, fue cruelmente llevado a la comisaría 2da de esa ciudad y allí continuó siendo golpeado y ultrajado, aún con uno de sus brazos fracturados y deformado como producto de los golpes recibidos.

En el caso relatado por J.S., un joven de menos de veinte años, quien luego de ser salvaje e injustificadamente detenido por un móvil policial, fue llevado también a la comisaría 2da, y lo obligaron a firmar una causa por Daños, en la que él no tenía absolutamente nada que ver. Pero lo tétrico de la situación, probablemente por lo simbólico del hecho en un país como la Argentina, es que el joven apresado relató que fue obligado a estampar su firma en una causa armada mientras fue introducido en una sala de la dependencia policial que estaba llena de "policías con sus rostros cubiertos", generándole al desorientado joven "una situación intimidatoria con gran tensión" que lo obligó a firmar la causa.

Compañeros/as diputados/as, por si lo anterior no alcanzara para comparar lo sucedido en Bariloche con las páginas más siniestras de nuestra historia nacional, acaso el relato de M.O.C., termine de conformar este siniestro cuadro de situación. En el caso de esta señora, madre de hijos menores, uno de los cuales ha sido amenazado de muerte por un efectivo policial ("la yerba mala hay que cortarla de raíz", le habría dicho un agente), se ha puesto de manifiesto una práctica que muchos creían sepultada con el fin de las dictaduras militares. Pero lo denunciado por esta testigo lo desmiente acabadamente. Estamos haciendo alusión al hecho de que esta señora ha sufrido en estas horas el ataque de su vivienda por parte de la mismísima policía barilochense. Según consta en su denuncia, "siendo las tres de la madrugada, un grupo de policías se acercó a su vivienda y comenzó a arrojar piedras contra la puerta y dispararon con las armas contra las ventanas". Además, "en momentos en los que se producían los enfrentamientos, un policía invitó a pelear a uno de sus hijos".

Señor presidente, ha quedado demostrado con las líneas arriba plasmadas que nos encontramos ante un hecho gravísimo de violación de DDHH en territorio nacional, en este caso en la provincia de Río Negro. En base a lo expuesto y al resto de las denuncias, que por cuestiones de forma y tiempo, no podemos reproducir con totalidad, ha quedado fervientemente demostrado que se han violado los siguiente Tratados Internacionales de DDHH (todos ellos parte de nuestra Constitución Nacional), a saber:

1- Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos (Arts. 7, 9, 10, 12, 14, 17);

2- Convención contra la tortura y otos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Arts. 2, 4, 12, 13, 15);

3- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Arts. 1, 2, 4, 26);

4- Declaración Universal de los Derechos Humanos (Arts. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 17);

5- Convención Americana sobre DDHH (Pacto de San José de Costa Rica) (Arts. 4, 5, 7, 21);

6- Artículo 18 de la Constitución Nacional.

Con lo expresado hasta aquí, lejos de haberse tratado de una simple "muerte de un menor de 15 años durante un procedimiento policial", tal como reza la prensa hegemónica, nos encontramos ante una situación de tal magnitud como no se había registrado desde hace años.

Aunque las mezquindades políticas, tan habituales en situaciones como la actual, salgan a la luz de manera rápida, (ejemplo de esto es que el intendente barilochense se escudó destacando que él "ya había pedido el envío de gendarmes porque había que cambiar el color del uniforme para bajar tensiones, --pero que no tuvo-- respuestas del Gobierno, lo que de por sí es una respuesta"), debemos como representantes del pueblo de nuestras provincias velar por los intereses y por los derechos salvajemente pisoteados en tierras sureñas.

Por más que algunos vecinos autoconvocados hayan marchado por las calles del Centro Cívico de Bariloche para exigir "Queremos seguridad" y "Policías sí, chorros no", o que en algunos cartas de lectores de medios locales se hayan leído lastimosas declaraciones de vecinos afirmando que "los famosos DDHH nos destruyen como sociedad", desde esta Comisión creemos, más que nunca, que resulta imprescindible avanzar hacia un modelo de seguridad social que postule la intervención en los espacios sociales atacando los factores de riesgo reales y abordando pacíficamente los conflictos a través de mecanismos alternativos a los represivos y enfocando los mayores recursos con profesionalidad a la lucha contra la criminalidad organizada y no victimizando a los ciudadanos en el disfrute debido de sus derechos.

Por último, y tal como afirmaran organismos de DDHH rionegrinos, la "ignominiosa reiteración de casos de abuso de autoridad de parte de las fuerzas policiales amerita una urgente toma de posición de las autoridades responsables para terminar con estos hechos de violencia institucional propios de gobiernos dictatoriales y muy lejos de una verdadera democracia". Por esto exigimos justicia y un debate a fondo.

Señores/as Diputados/as, hechos de la importancia y gravedad como los que aquí repudiamos, no pueden ser soslayados por esta Honorable Cámara, razón por la cual solicitamos la aprobación urgente del presente Proyecto.