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RECURSOS NATURALES Y CONSERVACION DEL AMBIENTE HUMANO
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P01 Oficina 149
Secretario Administrativo DR. SAADE MARTIN OMAR
Jefe SR. OTTONE IGNACIO
Martes 14.30hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2132 Internos 2132/2133
crnaturales@hcdn.gov.ar
- RECURSOS NATURALES Y CONSERVACION DEL AMBIENTE HUMANO
Reunión del día 26/08/2020
- INFORMATIVA
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de agosto de 2020, a la hora 18 y 10, comienza la reunión virtual de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, llevada a cabo bajo el formato de videoconferencia.
SR. PRESIDENTE GROSSO Hola a todos y a todas. Buenas tardes.
Damos comienzo de esta manera a la tercera reunión informativa de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano para considerar los expedientes sobre humedales.
El 5 de agosto, cuando iniciamos estas reuniones, teníamos cinco expedientes a la vista; hoy ya hay nueve proyectos que han sido presentados por distintos diputados y diputadas y que tienen a esta comisión como cabecera. Los diputados y las diputadas pueden acceder a todas estas iniciativas, que también socializaremos con los invitados, las invitadas y todas las organizaciones que nos las soliciten.
Antes de dar comienzo a la reunión, haré unos breves avisos parroquiales.
Hoy consideraremos el tema de los humedales y la urbanidad, el vivir en los humedales. Como siempre, contamos con la presencia de distintas organizaciones y especialistas, por lo que podremos escuchar las voces de todos los sectores involucrados en la materia.
Les hemos enviado por correo electrónico las exposiciones de los dos encuentros anteriores a todos los diputados y diputadas de la comisión y a los asesores. Todo aquel que también desee tener esa información, nos la puede solicitar y se la haremos llegar.
Quería contarles que empezamos a trabajar en una comisión de asesores y asesoras junto a los diputados y diputadas que han presentado distintos proyectos para comenzar a aunar criterios y unificar proyectos, miradas y perspectivas y avanzar en el tratamiento de esta iniciativa.
En primer lugar, harán uso de la palabra los representantes de los sectores inmobiliarios y productivos y luego los especialistas. Son un total de trece expositores y expositoras, que tendrán 5 minutos cada uno para hacer su presentación. Les voy a avisar un minuto antes de que termine el tiempo asignado y luego les pediré que redondeen. Les solicito a todos que sean muy respetuosos del tiempo, ya que es el tiempo de todos y todas.
Los diputados y diputadas que quieran hacer uso de la palabra me avisan por el chat y yo los anoto.
Les doy a todos la bienvenida.
El primer expositor es Santiago Boló Bolaño, licenciado en Sociología. Administra la estancia "Reserva Natural El Cachapé" en la zona de humedales de Chaco, dedicada a la ganadería en pastizales naturales, al turismo y a la forestación con algarrobo.
Damos comienzo de esta manera a la tercera reunión informativa de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano para considerar los expedientes sobre humedales.
El 5 de agosto, cuando iniciamos estas reuniones, teníamos cinco expedientes a la vista; hoy ya hay nueve proyectos que han sido presentados por distintos diputados y diputadas y que tienen a esta comisión como cabecera. Los diputados y las diputadas pueden acceder a todas estas iniciativas, que también socializaremos con los invitados, las invitadas y todas las organizaciones que nos las soliciten.
Antes de dar comienzo a la reunión, haré unos breves avisos parroquiales.
Hoy consideraremos el tema de los humedales y la urbanidad, el vivir en los humedales. Como siempre, contamos con la presencia de distintas organizaciones y especialistas, por lo que podremos escuchar las voces de todos los sectores involucrados en la materia.
Les hemos enviado por correo electrónico las exposiciones de los dos encuentros anteriores a todos los diputados y diputadas de la comisión y a los asesores. Todo aquel que también desee tener esa información, nos la puede solicitar y se la haremos llegar.
Quería contarles que empezamos a trabajar en una comisión de asesores y asesoras junto a los diputados y diputadas que han presentado distintos proyectos para comenzar a aunar criterios y unificar proyectos, miradas y perspectivas y avanzar en el tratamiento de esta iniciativa.
En primer lugar, harán uso de la palabra los representantes de los sectores inmobiliarios y productivos y luego los especialistas. Son un total de trece expositores y expositoras, que tendrán 5 minutos cada uno para hacer su presentación. Les voy a avisar un minuto antes de que termine el tiempo asignado y luego les pediré que redondeen. Les solicito a todos que sean muy respetuosos del tiempo, ya que es el tiempo de todos y todas.
Los diputados y diputadas que quieran hacer uso de la palabra me avisan por el chat y yo los anoto.
Les doy a todos la bienvenida.
El primer expositor es Santiago Boló Bolaño, licenciado en Sociología. Administra la estancia "Reserva Natural El Cachapé" en la zona de humedales de Chaco, dedicada a la ganadería en pastizales naturales, al turismo y a la forestación con algarrobo.
SR. BOLÓ BOLAÑO Buenas tardes.
En la parte que me compete, que me toca a mí en particular sobre la producción que hacemos en esta zona del chaco húmedo -que, como todos sabrán bien, es de humedales-, tenemos un ambiente compuesto por bosques, pastizales y esteros.
Me empecé a involucrar en la estancia familiar ayudando en la administración hace diez años, principalmente, con un proyecto de criadero de yacarés que había comenzado mi papá hace ya más de veinte años junto a la Fundación Vida Silvestre con la idea de buscar alternativas productivas amigables con el ambiente.
Probablemente algunos se pregunten cómo un criadero de yacarés puede ser amigable con el ambiente. Si bien sería extenso explicarlo acá, básicamente, nosotros lo hacíamos con el objetivo principal de preservar la especie y las especies asociadas y su ambiente -los esteros, los ríos. Si bien se trata de ambientes marginales en términos económicos, como todos sabemos, son riquísimos en materia de servicios ecosistémicos, lo que es fundamental para la vida del resto de las especies.
El proyecto de cría de yacarés no llegó a buen puerto. Hoy pensaba que, si hubiéramos contado con una ley de humedales en ese entonces, tal vez habríamos tenido un poco más de apoyo por parte del Estado -del que no obtuvimos casi nada- y hoy quizá el proyecto seguiría existiendo.
La estancia es una reserva natural. Recibe a distintos investigadores que estudian todo tipo de animales, la fauna y flora y el ambiente geográfico, y se sustenta con la ganadería en pastizales naturales.
He sido invitado a esta reunión por la Fundación Vida Silvestre porque formamos parte de una red de refugios que incluye a productores de ganadería en pastizales naturales. Esto se relaciona mucho con los humedales, ya que necesitamos de ellos y del ambiente en general tal como está hoy en día.
En la región en la que estamos, la mayoría de los productores hacen ganadería de forma extensiva -es decir, con un bajo impacto sobre el ambiente-, por lo que necesitan que los ambientes permanezcan tal cual están. Los distintos ambientes cuentan con los recursos disponibles para los animales que los habitan; por eso protegen el monte, los pastizales y los esteros.
Creo que la ley de humedales debiera visibilizar los servicios que todos esos ambientes brindan, no solo a las personas que detentan de manera privada las propiedades, sino la vida en general. Sería importante que se visibilicen todos esos servicios ecosistémicos, ya que muchas veces miramos para otro lado.
A nosotros siempre nos atravesó una filosofía conservacionista; no podríamos estar en un proyecto que tuviera una fecha de vencimiento. Es una forma de producir de manera sustentable y, en el corto y mediano plazo, somos premiados por las cosas que podemos vivir al estar ahí, como salir a recorrer a caballo y ver a un yetapá de collar.
El yetapá de collar es un ave en vías de extinción que, de hecho, ya está extinta en otras provincias en las que no se cuidaron los recursos por otras variables -obviamente, por acción del hombre. En nuestra zona del este chaqueño, todavía están esas aves porque existe este tipo de producción; sin embargo, no sabemos por cuánto tiempo más, y esto, no solo por las secas que estamos teniendo ahora o por los cambios climáticos que sufrimos. Actualmente no hay ningún estero con agua; de hecho, se están quemando, a veces porque algún vecino prende intencionalmente el fuego. Estas son algunas de las cosas que se deberían controlar.
En la parte que me compete, que me toca a mí en particular sobre la producción que hacemos en esta zona del chaco húmedo -que, como todos sabrán bien, es de humedales-, tenemos un ambiente compuesto por bosques, pastizales y esteros.
Me empecé a involucrar en la estancia familiar ayudando en la administración hace diez años, principalmente, con un proyecto de criadero de yacarés que había comenzado mi papá hace ya más de veinte años junto a la Fundación Vida Silvestre con la idea de buscar alternativas productivas amigables con el ambiente.
Probablemente algunos se pregunten cómo un criadero de yacarés puede ser amigable con el ambiente. Si bien sería extenso explicarlo acá, básicamente, nosotros lo hacíamos con el objetivo principal de preservar la especie y las especies asociadas y su ambiente -los esteros, los ríos. Si bien se trata de ambientes marginales en términos económicos, como todos sabemos, son riquísimos en materia de servicios ecosistémicos, lo que es fundamental para la vida del resto de las especies.
El proyecto de cría de yacarés no llegó a buen puerto. Hoy pensaba que, si hubiéramos contado con una ley de humedales en ese entonces, tal vez habríamos tenido un poco más de apoyo por parte del Estado -del que no obtuvimos casi nada- y hoy quizá el proyecto seguiría existiendo.
La estancia es una reserva natural. Recibe a distintos investigadores que estudian todo tipo de animales, la fauna y flora y el ambiente geográfico, y se sustenta con la ganadería en pastizales naturales.
He sido invitado a esta reunión por la Fundación Vida Silvestre porque formamos parte de una red de refugios que incluye a productores de ganadería en pastizales naturales. Esto se relaciona mucho con los humedales, ya que necesitamos de ellos y del ambiente en general tal como está hoy en día.
En la región en la que estamos, la mayoría de los productores hacen ganadería de forma extensiva -es decir, con un bajo impacto sobre el ambiente-, por lo que necesitan que los ambientes permanezcan tal cual están. Los distintos ambientes cuentan con los recursos disponibles para los animales que los habitan; por eso protegen el monte, los pastizales y los esteros.
Creo que la ley de humedales debiera visibilizar los servicios que todos esos ambientes brindan, no solo a las personas que detentan de manera privada las propiedades, sino la vida en general. Sería importante que se visibilicen todos esos servicios ecosistémicos, ya que muchas veces miramos para otro lado.
A nosotros siempre nos atravesó una filosofía conservacionista; no podríamos estar en un proyecto que tuviera una fecha de vencimiento. Es una forma de producir de manera sustentable y, en el corto y mediano plazo, somos premiados por las cosas que podemos vivir al estar ahí, como salir a recorrer a caballo y ver a un yetapá de collar.
El yetapá de collar es un ave en vías de extinción que, de hecho, ya está extinta en otras provincias en las que no se cuidaron los recursos por otras variables -obviamente, por acción del hombre. En nuestra zona del este chaqueño, todavía están esas aves porque existe este tipo de producción; sin embargo, no sabemos por cuánto tiempo más, y esto, no solo por las secas que estamos teniendo ahora o por los cambios climáticos que sufrimos. Actualmente no hay ningún estero con agua; de hecho, se están quemando, a veces porque algún vecino prende intencionalmente el fuego. Estas son algunas de las cosas que se deberían controlar.
-Se interrumpe el audio.
SR. BOLÓ BOLAÑO ¿Se escucha bien?
Bueno, hablaba de los beneficios personales que brinda tener una producción sustentable.
Creo que también hacemos todo esto un poco por instinto de supervivencia como especie, con el conocimiento de que es necesario cuidar el lugar donde trabajamos, donde vivimos porque, de lo contrario, tarde o temprano todo se acaba.
Creo que una ley de humedales debiera focalizarse en penar a quienes anteponen los beneficios personales en detrimento de los beneficios comunes; en este caso puntual, la posibilidad de vivir, ya que, sin un ambiente limpio y sano, no es posible la vida.
En estos momentos, se está desatando un debate debido a que el humo está llegando a la ciudad. Como la mayor parte de la gente que puede presionar sobre las leyes, los medios y demás vive en las ciudades, es necesario que surja una catástrofe natural de este tipo para que se retome el tema. Si, en una seca como la que venimos atravesando este año, los bienes de consumo siguen llegando a las ciudades, a poca gente le importa; solo afectan las catástrofes naturales bien llamativas, como las inundaciones, por ejemplo.
Para finalizar, quiero decir que también soy habitante del Tigre, en el Delta del Paraná -veo por ahí a algún vecino-; que he sufrido en carne propia los incendios pasados y todos los vecinos sufrimos la contaminación del río, que debería estar protegido.
Lo más llamativo que yo he visto en el Delta es que la gente se adapta al ambiente haciendo sus casas palafitadas, en altura; no adapta el ambiente a sí mismo.
Entonces, si bien ya se hizo mucho daño en esta región, la ley de humedales tendría que llegar de manera oportuna para frenar el avance de los proyectos inmobiliarios sobre los humedales, como se está dando fuertemente en Escobar, Zárate y Campana, donde están destrozando los bajos, que son áreas de inundación de todo el sistema hídrico del Paraná.
Lamentablemente, ya se hizo Nordelta, que fue un desastre para nuestro partido de Tigre, pero todavía estamos a tiempo de salvar mucho. Vamos por eso. Gracias a todos.
Bueno, hablaba de los beneficios personales que brinda tener una producción sustentable.
Creo que también hacemos todo esto un poco por instinto de supervivencia como especie, con el conocimiento de que es necesario cuidar el lugar donde trabajamos, donde vivimos porque, de lo contrario, tarde o temprano todo se acaba.
Creo que una ley de humedales debiera focalizarse en penar a quienes anteponen los beneficios personales en detrimento de los beneficios comunes; en este caso puntual, la posibilidad de vivir, ya que, sin un ambiente limpio y sano, no es posible la vida.
En estos momentos, se está desatando un debate debido a que el humo está llegando a la ciudad. Como la mayor parte de la gente que puede presionar sobre las leyes, los medios y demás vive en las ciudades, es necesario que surja una catástrofe natural de este tipo para que se retome el tema. Si, en una seca como la que venimos atravesando este año, los bienes de consumo siguen llegando a las ciudades, a poca gente le importa; solo afectan las catástrofes naturales bien llamativas, como las inundaciones, por ejemplo.
Para finalizar, quiero decir que también soy habitante del Tigre, en el Delta del Paraná -veo por ahí a algún vecino-; que he sufrido en carne propia los incendios pasados y todos los vecinos sufrimos la contaminación del río, que debería estar protegido.
Lo más llamativo que yo he visto en el Delta es que la gente se adapta al ambiente haciendo sus casas palafitadas, en altura; no adapta el ambiente a sí mismo.
Entonces, si bien ya se hizo mucho daño en esta región, la ley de humedales tendría que llegar de manera oportuna para frenar el avance de los proyectos inmobiliarios sobre los humedales, como se está dando fuertemente en Escobar, Zárate y Campana, donde están destrozando los bajos, que son áreas de inundación de todo el sistema hídrico del Paraná.
Lamentablemente, ya se hizo Nordelta, que fue un desastre para nuestro partido de Tigre, pero todavía estamos a tiempo de salvar mucho. Vamos por eso. Gracias a todos.
SR. PRESIDENTE GROSSO Muchas gracias a vos, Santiago Boló Bolaño.
A continuación, tiene la palabra la señora Gracia Jaroslavsky, actual diputada provincial de Entre Ríos y diputada nacional mandato cumplido. Es autora de un proyecto de ley de humedales e integró la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.
A continuación, tiene la palabra la señora Gracia Jaroslavsky, actual diputada provincial de Entre Ríos y diputada nacional mandato cumplido. Es autora de un proyecto de ley de humedales e integró la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.
SRA. JAROSLAVSKY En primer lugar, quiero agradecer al señor presidente y a todos los integrantes de la comisión la posibilidad que nos dan a todos y a todas de participar con la visión que cada uno tiene de sus territorios.
Trataré de ser lo más sintética posible. Vengo trabajando en estos temas desde el año 95, en mi primer mandato como concejal de la ciudad de Victoria. Empecé en los años 90 con estos temas. Hay muchísimo para hablar y para decir, obviamente; pero, fundamentalmente celebro que hoy estén en discusión tantos proyectos sobre una ley nacional de humedales. Me parece fundamental que la Nación, finalmente, después de tanto tiempo y de tantas idas y vueltas, se dé la oportunidad de tener una ley de humedales.
Con respecto a eso, me parece esencial que, en el espíritu de esa ley que ustedes logren armar o en la que logren coincidir, quede plasmado un cambio de cultura. A ver si empezamos a abandonar el antropocentrismo y nos ubicamos en un mundo donde el equilibrio entre el hombre y la naturaleza es esencial, donde la predominancia del hombre sobre la naturaleza nos ha traído situaciones como la que estamos atravesando hoy, con todos los incendios y las quemas, y donde la naturaleza nos está gritando claramente que no estamos haciendo las cosas bien.
Entonces, esta es la primera cuestión que me parece que tiene que aparecer en el espíritu de la ley, además de que debería instar y fomentar la educación ambiental real en la Argentina -cosa que no se hace- desde los primeros grados de la escuela primaria, como cuestiones centrales que tiene que transmitir el espíritu de la ley.
Amén de eso, por supuesto, tiene que obligar al Estado, finalmente, a concretar los inventarios en todos sus niveles y a que existan los recursos para hacerlo. Además, una vez que estos se hayan realizado, que exista la posibilidad de actualizarlos en forma permanente, porque un inventario no sirve para nada si lo dejamos anquilosar en el tiempo. De manera que eso me parece sustancial como líneas generales.
La otra cuestión que creo que hay que tener muy en cuenta son las jurisdicciones que intervienen en los humedales a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Cada jurisdicción tiene su propia impronta y su realidad. Dentro de las mismas jurisdicciones hay realidades diferentes.
Si vamos a hablar, por ejemplo, de los humedales del río Paraná, tenemos una diversidad enorme de situaciones en toda su extensión. No son lo mismo los humedales del Paraná medio que los del inferior. La realidad es completamente distinta. Las posibilidades de actividades sustentables son completamente distintas. La idiosincrasia de la gente que vive allí es diferente. Los mandatos ancestrales aborígenes que hay en cada región son diferentes. De manera que debemos entender que, fundamentalmente, tenemos que respetar la proximidad que tiene cada territorio en relación con su propia región para disponer especialmente de los usos de los humedales, porque estos son territorios vivos. El humedal es un ser que está vivo, cambia, se mueve y genera permanentemente energías diferentes. Esa situación es cambiante todo el tiempo. Entonces, no puede definirse hoy, desde una ley nacional, un compartimento estanco.
Por eso, me parece muy importante que ustedes logren la federalización de este tema: que se cree una agencia, una mesa o lo que sea, donde todas las jurisdicciones puedan -dentro del paraguas que les brinde una ley marco de humedales- avanzar sobre sus propias leyes en materia de uso del suelo y de actividades productivas dentro de los humedales.
Trataré de ser lo más sintética posible. Vengo trabajando en estos temas desde el año 95, en mi primer mandato como concejal de la ciudad de Victoria. Empecé en los años 90 con estos temas. Hay muchísimo para hablar y para decir, obviamente; pero, fundamentalmente celebro que hoy estén en discusión tantos proyectos sobre una ley nacional de humedales. Me parece fundamental que la Nación, finalmente, después de tanto tiempo y de tantas idas y vueltas, se dé la oportunidad de tener una ley de humedales.
Con respecto a eso, me parece esencial que, en el espíritu de esa ley que ustedes logren armar o en la que logren coincidir, quede plasmado un cambio de cultura. A ver si empezamos a abandonar el antropocentrismo y nos ubicamos en un mundo donde el equilibrio entre el hombre y la naturaleza es esencial, donde la predominancia del hombre sobre la naturaleza nos ha traído situaciones como la que estamos atravesando hoy, con todos los incendios y las quemas, y donde la naturaleza nos está gritando claramente que no estamos haciendo las cosas bien.
Entonces, esta es la primera cuestión que me parece que tiene que aparecer en el espíritu de la ley, además de que debería instar y fomentar la educación ambiental real en la Argentina -cosa que no se hace- desde los primeros grados de la escuela primaria, como cuestiones centrales que tiene que transmitir el espíritu de la ley.
Amén de eso, por supuesto, tiene que obligar al Estado, finalmente, a concretar los inventarios en todos sus niveles y a que existan los recursos para hacerlo. Además, una vez que estos se hayan realizado, que exista la posibilidad de actualizarlos en forma permanente, porque un inventario no sirve para nada si lo dejamos anquilosar en el tiempo. De manera que eso me parece sustancial como líneas generales.
La otra cuestión que creo que hay que tener muy en cuenta son las jurisdicciones que intervienen en los humedales a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Cada jurisdicción tiene su propia impronta y su realidad. Dentro de las mismas jurisdicciones hay realidades diferentes.
Si vamos a hablar, por ejemplo, de los humedales del río Paraná, tenemos una diversidad enorme de situaciones en toda su extensión. No son lo mismo los humedales del Paraná medio que los del inferior. La realidad es completamente distinta. Las posibilidades de actividades sustentables son completamente distintas. La idiosincrasia de la gente que vive allí es diferente. Los mandatos ancestrales aborígenes que hay en cada región son diferentes. De manera que debemos entender que, fundamentalmente, tenemos que respetar la proximidad que tiene cada territorio en relación con su propia región para disponer especialmente de los usos de los humedales, porque estos son territorios vivos. El humedal es un ser que está vivo, cambia, se mueve y genera permanentemente energías diferentes. Esa situación es cambiante todo el tiempo. Entonces, no puede definirse hoy, desde una ley nacional, un compartimento estanco.
Por eso, me parece muy importante que ustedes logren la federalización de este tema: que se cree una agencia, una mesa o lo que sea, donde todas las jurisdicciones puedan -dentro del paraguas que les brinde una ley marco de humedales- avanzar sobre sus propias leyes en materia de uso del suelo y de actividades productivas dentro de los humedales.
Expresiones incomprensibles por dificultades en el audio.
SRA. JAROSLAVSKY Continúo. No recuerdo exactamente dónde estaba, pero creo que estaba haciendo referencia a la definición de los usos.
Los humedales, en general, en el 80 por ciento de los casos, son zonas definidas desde las categorías de usos múltiples, de manera que todas las actividades que allí se desarrollen deben ser sustentables y amigables con el medio ambiente.
¿Qué tiene que hacer el Estado, a mi juicio? Favorecer los grandes temas, hacia dónde queremos ir, y eso significa identificar el camino, pero ¿para qué? Para que el Estado se obligue a generar todas las políticas que tienen que ver con favorecer esa situación. Por ejemplo, si nosotros decimos que nuestra intención es trabajar todas las actividades orgánicas, el humedal del Paraná es el mejor territorio para favorecer esas actividades. Pero, entonces, el Estado tiene que hacer posible que eso pase.
El Estado debe encontrar los mecanismos de promoción en todas sus áreas -en educación, en comunicación interjurisdiccional, en cuestiones impositivas y en cuestiones vinculantes con otras actividades-, de manera que esa producción que se realice sirva y sea óptima, porque si encuentro en el Estado obstáculos, no hay actividad sustentable posible. Entonces, aspiro a que esta ley de humedales contemple todas estas cuestiones.
Para terminar, agrego una sola cosa, y se la digo especialmente al señor presidente porque me interesa que estudien el tema, ya que hay alarmas con respecto a los humedales. Particularmente en nuestra zona existen consecuencias ambientales por los trabajos que se están realizando sobre la hidrovía Paraná-Paraguay.
He hablado con el diputado nacional Atilio Benedetti, de mi provincia, y con la diputada Brenda Austin. Ahora que tengo la oportunidad de ver cara a cara al señor presidente, le pido que se ocupen de estudiar el tema porque puede existir la posibilidad de que, si no estamos atentos, los daños que se provoquen sean irrecuperables. Gracias y disculpen que me excedí en el uso tiempo.
Los humedales, en general, en el 80 por ciento de los casos, son zonas definidas desde las categorías de usos múltiples, de manera que todas las actividades que allí se desarrollen deben ser sustentables y amigables con el medio ambiente.
¿Qué tiene que hacer el Estado, a mi juicio? Favorecer los grandes temas, hacia dónde queremos ir, y eso significa identificar el camino, pero ¿para qué? Para que el Estado se obligue a generar todas las políticas que tienen que ver con favorecer esa situación. Por ejemplo, si nosotros decimos que nuestra intención es trabajar todas las actividades orgánicas, el humedal del Paraná es el mejor territorio para favorecer esas actividades. Pero, entonces, el Estado tiene que hacer posible que eso pase.
El Estado debe encontrar los mecanismos de promoción en todas sus áreas -en educación, en comunicación interjurisdiccional, en cuestiones impositivas y en cuestiones vinculantes con otras actividades-, de manera que esa producción que se realice sirva y sea óptima, porque si encuentro en el Estado obstáculos, no hay actividad sustentable posible. Entonces, aspiro a que esta ley de humedales contemple todas estas cuestiones.
Para terminar, agrego una sola cosa, y se la digo especialmente al señor presidente porque me interesa que estudien el tema, ya que hay alarmas con respecto a los humedales. Particularmente en nuestra zona existen consecuencias ambientales por los trabajos que se están realizando sobre la hidrovía Paraná-Paraguay.
He hablado con el diputado nacional Atilio Benedetti, de mi provincia, y con la diputada Brenda Austin. Ahora que tengo la oportunidad de ver cara a cara al señor presidente, le pido que se ocupen de estudiar el tema porque puede existir la posibilidad de que, si no estamos atentos, los daños que se provoquen sean irrecuperables. Gracias y disculpen que me excedí en el uso tiempo.
SR. PRESIDENTE GROSSO Tiene la palabra el señor Jerónimo Valle, licenciado en Ciencias Ambientales de la UBA, investigador independiente del Grupo de Investigación en Ecología de Humedales de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la misma universidad, especialista en gestión sustentable y ecología de humedales, coordinador de Diálogos Hídricos, y primer intendente del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, que es un lugar muy bello.
SR. VALLE Buenas tardes, señor presidente de la comisión, señoras y señores diputados.
Me resulta muy grato participar de esta reunión. Además, agradezco la invitación y la oportunidad de compartir este espacio de debate tan fundamental para lograr la mejor ley posible.
En primer lugar, destaco que hablaré no solamente como ambientólogo y científico especialista en ecología de humedales, sino también como participante de la militante ambiental junto a comunidades inundadas y a comunidades desplazadas del territorio, producto del avance urbano sobre los ecosistemas que hoy son fundamentales y están en boca de todos y todas.
Quiero empezar de una manera distinta, con la frase final de mi tesis sobre un barrio cerrado, un megaemprendimiento inmobiliario en el frente de avance llamado en su momento Colony Park, que además de desplazar a más de treinta familias isleñas, rellenó y sepultó humedales en un área de 300 hectáreas. Dice así: "Qué tiempos serán los que vivimos, que hay que defender lo obvio." Esto es en honor a un gran maestro de ecología de humedales, que hoy no está más, llamado Fabio Kalesnik, que aprendió y nos trasladó todos los conocimientos de Inés Malvárez.
Digo todo esto a colación de que hay innumerables instituciones académicas y científicas en las que podemos sostenernos para lograr la mejor ley posible y de que hoy, en 2020, después de varios intentos, nuevamente estamos hablando de este tema, sobre todo teniendo en cuenta que en estas épocas de sequía hay una cantidad exponencial de incendios. Aclaro que también hemos hablado de los humedales en las inundaciones de 2014, cuando el agua entraba a la Basílica de Luján. Ese año, a partir del programa Diálogo Cívico en el Municipio de Pilar -que tiene una superficie que se equipara a la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, donde 210 barrios cerrados ocupan el 24 por ciento de la superficie total, comencé a trabajar con comunidades y barrios inundados que vivían situaciones desesperantes. Entonces, más allá de ser científico y brindar datos de mi propia investigación, es importante ponernos en la carne de quienes sufren las inundaciones provocadas por estos megaemprendimientos inmobiliarios.
El tema que hoy nos convoca es la urbanidad y me parece fundamental tener en cuenta cuál es el sistema predominante de avance urbano sobre los humedales. Muchas veces los humedales fueron vistos como tierras improductivas, tierras pobres y baldíos donde acumular basura; o directamente pasaron a manos de una especulación inmobiliaria expandida exponencialmente durante los 90. Así, en 2000, una gran parte del territorio del área metropolitana de Buenos Aires ya estaba cubierta por estos megaemprendimientos inmobiliarios. No se trata más que de un relleno y una sepultación de esos humedales con todos sus servicios ecosistémicos; no los voy a repetir porque esta es la tercera reunión y creo que ya se ha hablado mucho.
Hablando coloquialmente, se sepultaron todos esos ecosistemas y se trataron de emular las condiciones urbanas predominantes, sin procederse a la inversa, es decir, como debería haberse hecho para lograr una ley lo más progresista posible y pensada en un sentido más ecocéntrico: adaptándonos nosotres a las condiciones ambientales, y no ellas a nuestras preferencias y comodidades.
Volviendo al estudio de mi tesis en el caso de frente de avance, he investigado en laboratorio y en campo cómo fueron llevados los restos del principio del holoceno a la superficie. Se encontró conchillar marino, el material necesario para rellenar 300 hectáreas en una zona donde no abunda la tierra, sino el humedal que filtra el agua y que permite a los aproximadamente 15 millones de habitantes seguir tomando agua de las dos cuencas principales del área metropolitana, que tienen el premio de ser las cuencas casi más contaminadas el mundo. Específicamente, el Riachuelo es la octava cuenca más contaminada de todo el planeta tierra. Se puede seguir tomando agua sin tantos insumos. AYSA sigue distribuyendo agua dulce a toda la población del área metropolitana. Entonces, tenemos que destacar que esos servicios ecosistémicos, que básicamente proveen agua después de filtrarla en ese macro sistema de humedales, están siendo sometidos al asedio de una especulación inmobiliaria sin precedentes.
Otra cosa muy importante a tener en cuenta en el proyecto de ley de humedales -y no me quiero extender en estos siete minutos, sino solamente dejar disparadores para seguir profundizando el tema en otro momento- es el impacto acumulativo en las cuencas, identificadas por los comités de cuencas, los que también podrán ser creados oportunamente, y la moratoria, el freno inminente de todos los barrios cerrados, lo que ya intentó la jueza Arroyo Salgado, pero el lobby inmobiliario hizo que caducara la orden. Entonces, tenemos que frenar eso y hacer que, ante todo, rija el sentido precautorio.
Las generaciones presentes y futuras, integradas sobre todo por mujeres y jóvenes que tienen alta sensibilidad y sentido del ecocentrismo, nos están permitiendo un cambio de rumbo. No podemos seguir pensando en la involución de este abismo o en la dicotomía entre progreso y conservación; hoy eso no existe más. Durante las dos o tres reuniones anteriores se habló de que no podemos seguir más pensando en esta dicotomía. Hoy los casos de agroecología y de turismo ecológico muestran que se puede convivir en el territorio.
Seguramente luego los compañeros y compañeras con quienes he compartido, por ejemplo, el Observatorio Humedales, contarán a continuación cómo se puede convivir con los ecosistemas de humedales.
Para redondear, me parece fundamental tomar las palabras de Ana Di Pangracio y de Patricia Kandus sobre de armar un programa nacional de conservación, así como también las de Roberto Bo, relativas a que no debemos creer que tenemos que modificar el ambiente para que se adapte a nosotros. Asimismo, como dijo Ana Di Pangracio en otras ocasiones y en el Senado, debemos pensar en la mejor ley posible y en la más progresista para que no tengamos que esperar más sequías e innovaciones a futuro. Debemos entender que los humedales son sistemas complejos que no se restauran de un día para el otro, como han planteado varios representantes de barrios cerrados, arrepintiéndose -entre comillas- de poder continuar con sus megaemprendimientos inmobiliarios.
Quiero agregar que fue comparado científicamente que los impactos ambientales de los megaemprendimientos inmobiliarios son de carácter irreversible y no se pueden restaurar a partir de lagunas artificiales con 30 metros de profundidad o lo que sea. Se trata de ecosistemas complejos que son equiparados a las selvas en los mejores bosques del mundo gracias a la fijación de dióxido de carbono.
Muchas gracias.
Me resulta muy grato participar de esta reunión. Además, agradezco la invitación y la oportunidad de compartir este espacio de debate tan fundamental para lograr la mejor ley posible.
En primer lugar, destaco que hablaré no solamente como ambientólogo y científico especialista en ecología de humedales, sino también como participante de la militante ambiental junto a comunidades inundadas y a comunidades desplazadas del territorio, producto del avance urbano sobre los ecosistemas que hoy son fundamentales y están en boca de todos y todas.
Quiero empezar de una manera distinta, con la frase final de mi tesis sobre un barrio cerrado, un megaemprendimiento inmobiliario en el frente de avance llamado en su momento Colony Park, que además de desplazar a más de treinta familias isleñas, rellenó y sepultó humedales en un área de 300 hectáreas. Dice así: "Qué tiempos serán los que vivimos, que hay que defender lo obvio." Esto es en honor a un gran maestro de ecología de humedales, que hoy no está más, llamado Fabio Kalesnik, que aprendió y nos trasladó todos los conocimientos de Inés Malvárez.
Digo todo esto a colación de que hay innumerables instituciones académicas y científicas en las que podemos sostenernos para lograr la mejor ley posible y de que hoy, en 2020, después de varios intentos, nuevamente estamos hablando de este tema, sobre todo teniendo en cuenta que en estas épocas de sequía hay una cantidad exponencial de incendios. Aclaro que también hemos hablado de los humedales en las inundaciones de 2014, cuando el agua entraba a la Basílica de Luján. Ese año, a partir del programa Diálogo Cívico en el Municipio de Pilar -que tiene una superficie que se equipara a la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, donde 210 barrios cerrados ocupan el 24 por ciento de la superficie total, comencé a trabajar con comunidades y barrios inundados que vivían situaciones desesperantes. Entonces, más allá de ser científico y brindar datos de mi propia investigación, es importante ponernos en la carne de quienes sufren las inundaciones provocadas por estos megaemprendimientos inmobiliarios.
El tema que hoy nos convoca es la urbanidad y me parece fundamental tener en cuenta cuál es el sistema predominante de avance urbano sobre los humedales. Muchas veces los humedales fueron vistos como tierras improductivas, tierras pobres y baldíos donde acumular basura; o directamente pasaron a manos de una especulación inmobiliaria expandida exponencialmente durante los 90. Así, en 2000, una gran parte del territorio del área metropolitana de Buenos Aires ya estaba cubierta por estos megaemprendimientos inmobiliarios. No se trata más que de un relleno y una sepultación de esos humedales con todos sus servicios ecosistémicos; no los voy a repetir porque esta es la tercera reunión y creo que ya se ha hablado mucho.
Hablando coloquialmente, se sepultaron todos esos ecosistemas y se trataron de emular las condiciones urbanas predominantes, sin procederse a la inversa, es decir, como debería haberse hecho para lograr una ley lo más progresista posible y pensada en un sentido más ecocéntrico: adaptándonos nosotres a las condiciones ambientales, y no ellas a nuestras preferencias y comodidades.
Volviendo al estudio de mi tesis en el caso de frente de avance, he investigado en laboratorio y en campo cómo fueron llevados los restos del principio del holoceno a la superficie. Se encontró conchillar marino, el material necesario para rellenar 300 hectáreas en una zona donde no abunda la tierra, sino el humedal que filtra el agua y que permite a los aproximadamente 15 millones de habitantes seguir tomando agua de las dos cuencas principales del área metropolitana, que tienen el premio de ser las cuencas casi más contaminadas el mundo. Específicamente, el Riachuelo es la octava cuenca más contaminada de todo el planeta tierra. Se puede seguir tomando agua sin tantos insumos. AYSA sigue distribuyendo agua dulce a toda la población del área metropolitana. Entonces, tenemos que destacar que esos servicios ecosistémicos, que básicamente proveen agua después de filtrarla en ese macro sistema de humedales, están siendo sometidos al asedio de una especulación inmobiliaria sin precedentes.
Otra cosa muy importante a tener en cuenta en el proyecto de ley de humedales -y no me quiero extender en estos siete minutos, sino solamente dejar disparadores para seguir profundizando el tema en otro momento- es el impacto acumulativo en las cuencas, identificadas por los comités de cuencas, los que también podrán ser creados oportunamente, y la moratoria, el freno inminente de todos los barrios cerrados, lo que ya intentó la jueza Arroyo Salgado, pero el lobby inmobiliario hizo que caducara la orden. Entonces, tenemos que frenar eso y hacer que, ante todo, rija el sentido precautorio.
Las generaciones presentes y futuras, integradas sobre todo por mujeres y jóvenes que tienen alta sensibilidad y sentido del ecocentrismo, nos están permitiendo un cambio de rumbo. No podemos seguir pensando en la involución de este abismo o en la dicotomía entre progreso y conservación; hoy eso no existe más. Durante las dos o tres reuniones anteriores se habló de que no podemos seguir más pensando en esta dicotomía. Hoy los casos de agroecología y de turismo ecológico muestran que se puede convivir en el territorio.
Seguramente luego los compañeros y compañeras con quienes he compartido, por ejemplo, el Observatorio Humedales, contarán a continuación cómo se puede convivir con los ecosistemas de humedales.
Para redondear, me parece fundamental tomar las palabras de Ana Di Pangracio y de Patricia Kandus sobre de armar un programa nacional de conservación, así como también las de Roberto Bo, relativas a que no debemos creer que tenemos que modificar el ambiente para que se adapte a nosotros. Asimismo, como dijo Ana Di Pangracio en otras ocasiones y en el Senado, debemos pensar en la mejor ley posible y en la más progresista para que no tengamos que esperar más sequías e innovaciones a futuro. Debemos entender que los humedales son sistemas complejos que no se restauran de un día para el otro, como han planteado varios representantes de barrios cerrados, arrepintiéndose -entre comillas- de poder continuar con sus megaemprendimientos inmobiliarios.
Quiero agregar que fue comparado científicamente que los impactos ambientales de los megaemprendimientos inmobiliarios son de carácter irreversible y no se pueden restaurar a partir de lagunas artificiales con 30 metros de profundidad o lo que sea. Se trata de ecosistemas complejos que son equiparados a las selvas en los mejores bosques del mundo gracias a la fijación de dióxido de carbono.
Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE GROSSO Tiene la palabra el presidente de la Cámara de Desarrolladores Urbanos, Damián Tabakman.
SR. TABAKMAN Señor presidente: esta invitación y el hecho de escuchar distintas visiones refleja una gran apertura mental y una gran generosidad. Represento a los desarrolladores inmobiliarios a nivel nacional, mencionados sin ser ponderados, o negativamente varios de ellos. Igualmente, algunos no pertenecen a la cámara. Además, no sé si sigue habiendo alguien a cargo del proyecto Colony Park, pero por supuesto no tiene nada que ver con nosotros. Aclaro que sí son miembros de la Cámara, por ejemplo, los desarrolladores de Nordelta.
Aunque presido la cámara, personalmente no soy estrictamente un desarrollador, sino un profesor universitario que enseña desarrollos inmobiliarios sustentables. Eso es lo que procuro y pregono en la cámara que presido.
Paso a leer lo que preparé para ser más concreto y sintético: "Los desarrolladores argentinos que represento hoy en día estamos firmemente comprometidos con la inversión sustentable, que además es lo que el país necesita, empezando por la construcción de viviendas para todos los estratos socioeconómicos, promoviendo la integración sociourbana.
"Los humedales son, en nuestro entendimiento, biomas esenciales del ecosistema que deben respetarse e incluso ponerse en valor. Pero, tal como lo vemos, es clave que ello no implique impedir la inversión.
"En muchos casos, sobre estos espacios ya existen asentamientos humanos y, en otros, es necesario que a futuro se los disponga para igual fin a partir de una necesidad básica emergente del crecimiento demográfico, social y económico.
Por eso, es fundamental que los criterios de clasificación de los humedales sean lo más razonables posible.
"Como Cámara, lo que pedimos a los señores legisladores y legisladoras -agradeciendo que nos den, por supuesto, la posibilidad de expresarnos- es que generen un marco normativo propositivo para la inversión, que la aliente e incluso que la incentive responsablemente, en la medida que sea, por supuesto, sustentable y amigable con el medio ambiente.
"En este sentido, la gestión que luego se haga del nuevo marco normativo jugará un rol clave, pero es imprescindible que ello surja del propio espíritu de la ley y que sea lo más claro posible para evitar grises que luego generan litigios judiciales innecesarios.
"Cabe señalar que, en muchos casos, la litigiosidad a evitar, en nuestra visión, podría surgir, por ejemplo, a consecuencia de pretender implementar medidas de muy difícil aplicación sobre hechos consumados tiempo atrás.
"En síntesis, como desarrolladores hoy buscamos seguir invirtiendo en el país en obras esenciales, como es la vivienda y, naturalmente, queremos hacerlo del modo más amigable posible con el medioambiente. Para que ello sea posible, en nuestro entendimiento hace falta que la futura ley de humedales sea auténticamente propositiva y que nos aliente a seguir construyendo sustentablemente, creando empleos, invirtiendo y, al mismo tiempo, a seguir generando viviendas que tanto se necesitan en nuestro país." He sido sintético.
Aunque presido la cámara, personalmente no soy estrictamente un desarrollador, sino un profesor universitario que enseña desarrollos inmobiliarios sustentables. Eso es lo que procuro y pregono en la cámara que presido.
Paso a leer lo que preparé para ser más concreto y sintético: "Los desarrolladores argentinos que represento hoy en día estamos firmemente comprometidos con la inversión sustentable, que además es lo que el país necesita, empezando por la construcción de viviendas para todos los estratos socioeconómicos, promoviendo la integración sociourbana.
"Los humedales son, en nuestro entendimiento, biomas esenciales del ecosistema que deben respetarse e incluso ponerse en valor. Pero, tal como lo vemos, es clave que ello no implique impedir la inversión.
"En muchos casos, sobre estos espacios ya existen asentamientos humanos y, en otros, es necesario que a futuro se los disponga para igual fin a partir de una necesidad básica emergente del crecimiento demográfico, social y económico.
Por eso, es fundamental que los criterios de clasificación de los humedales sean lo más razonables posible.
"Como Cámara, lo que pedimos a los señores legisladores y legisladoras -agradeciendo que nos den, por supuesto, la posibilidad de expresarnos- es que generen un marco normativo propositivo para la inversión, que la aliente e incluso que la incentive responsablemente, en la medida que sea, por supuesto, sustentable y amigable con el medio ambiente.
"En este sentido, la gestión que luego se haga del nuevo marco normativo jugará un rol clave, pero es imprescindible que ello surja del propio espíritu de la ley y que sea lo más claro posible para evitar grises que luego generan litigios judiciales innecesarios.
"Cabe señalar que, en muchos casos, la litigiosidad a evitar, en nuestra visión, podría surgir, por ejemplo, a consecuencia de pretender implementar medidas de muy difícil aplicación sobre hechos consumados tiempo atrás.
"En síntesis, como desarrolladores hoy buscamos seguir invirtiendo en el país en obras esenciales, como es la vivienda y, naturalmente, queremos hacerlo del modo más amigable posible con el medioambiente. Para que ello sea posible, en nuestro entendimiento hace falta que la futura ley de humedales sea auténticamente propositiva y que nos aliente a seguir construyendo sustentablemente, creando empleos, invirtiendo y, al mismo tiempo, a seguir generando viviendas que tanto se necesitan en nuestro país." He sido sintético.
SR. PRESIDENTE GROSSO ¿Finalizó su exposición?
SR. TABAKMAN Sí, ya concluí, señor presidente. Finalicé con todo lo que tenía para decir. Quedo abierto a responder cualquier pregunta.
SR. PRESIDENTE GROSSO Muchas gracias, seguimos con la reunión. Si luego algún diputado o diputada quiere, podrá formularle alguna pregunta.
A continuación compartirán el tiempo Celia Leonor Martínez, de la Cooperativa de los Junqueros de Isla Esperanza y María Tania Giuliani, de la Cooperativa Las Dulceras del Río. Ambas pertenecen al Movimiento Nacional Campesino Indígena de la provincia de Buenos Aires.
Tiene la palabra la señora Martínez.
A continuación compartirán el tiempo Celia Leonor Martínez, de la Cooperativa de los Junqueros de Isla Esperanza y María Tania Giuliani, de la Cooperativa Las Dulceras del Río. Ambas pertenecen al Movimiento Nacional Campesino Indígena de la provincia de Buenos Aires.
Tiene la palabra la señora Martínez.
SRA. MARTÍNEZ Señor presidente: buenas tardes a todos. Quiero agradecer por el espacio que nos brindan. Soy isleña y vivo en el Delta. Represento a la Cooperativa Isla Esperanza, formada por familias isleñas que vivimos aquí durante muchos años. Aquí han vivido nuestros ancestros, nuestros padres y nuestros abuelos.
Desde hace unos años, vivimos luchando frente a un emprendimiento denominado Colony Park. Estos, en una palabra, han venido a invadirnos y arrasar con nuestra forma de vida isleña. Para nosotros los humedales son todo, son algo simbólico y creo que nos representan. Los isleños que vivimos en el Delta sabemos lo que significan los humedales para su ecosistema y su biodiversidad.
Estamos luchando hace más de diez años con este emprendimiento. Todas las familias que vivimos en el Arroyo Anguila y La Paloma -que estamos enfrente del río Tigre y de San Fernando, cerca del Río de la Plata- fuimos avasallados violentamente.
Estamos en una cooperativa organizada en una institución que nació hace diez años, como decía, y que resistimos frente a todo. Fuimos arrasados violentamente y hasta han destruido nuestra cooperativa junquera, donde trabajábamos y teníamos nuestra primera materia prima. Ese era nuestro sostén de vida.
Las personas hablan de los humedales, pero nosotros realmente los vivimos. Todo esto nos toca muy de cerca, porque somos las personas que vivimos allí. Hoy por hoy, vemos la destrucción que llevó adelante el emprendimiento Colony Park haciendo terraplenes, profundidades de agua, o sea, terminando con toda la flora y la fauna, con aquello con lo cual el isleño vivió toda su vida.
También había anotado algunas cosas para decir, para que no quede nada fuera de contexto. Las familias que habitamos en las islas dependemos de nuestro Delta del Paraná.
Luego quiero dar espacio a mi compañera para que se exprese. Estamos todos en el Delta, enfrente al río Tigre y San Fernando, en el Anguila y La Paloma, a la altura de las casi últimas islas. Hemos tenido el apoyo del INTI.
Esta empresa ha destruido con sus máquinas topadoras y excavadoras las viviendas de la gente, las ha despojado de los pocos bienes que tenían. Todas las familias afectadas por esta situación hemos iniciado un juicio.
Queremos pedir por estos humedales. Además, no somos solamente nosotros los afectados. Somos conscientes de que esto sucede en un gran espacio de islas, que es un fenómeno extendido en gran parte de los humedales en el territorio de todos los países.
Hace tiempo que los humedales están en disputa entre modelos económicos y culturales, sociales o modelos de desarrollo. Existe una competencia en los humedales; de un lado, las poblaciones locales que lo habitan -familias, comunidades, sectores urbanos, científicos sensibles y muy conscientes que entienden su importancia- y, por otro lado, los intereses corporativistas aliados con sectores estatales, que los usan como mercancía, como recurso para extraer o generar ganancias; intereses muy poderosos que consumen los humedales y los destruyen en provecho propio con afán de lucro.
Estas empresas compran y son beneficiadas con adjudicaciones o apropiaciones directas de los humedales frente a poblaciones locales que los habitan. En estos humedales, como les digo, primero está su gente, la gente que los vive y la gente que nació en las islas del Delta.
También quiero ceder la palabra a Tania, mi compañera del Movimiento Campesino Indígena.
Agradezco por esta oportunidad. Es lamentable que se haya llegado a esta instancia y que se tenga que llegar aprobar una ley de humedales cuando son tan importantes para la sociedad y para el país.
Desde hace unos años, vivimos luchando frente a un emprendimiento denominado Colony Park. Estos, en una palabra, han venido a invadirnos y arrasar con nuestra forma de vida isleña. Para nosotros los humedales son todo, son algo simbólico y creo que nos representan. Los isleños que vivimos en el Delta sabemos lo que significan los humedales para su ecosistema y su biodiversidad.
Estamos luchando hace más de diez años con este emprendimiento. Todas las familias que vivimos en el Arroyo Anguila y La Paloma -que estamos enfrente del río Tigre y de San Fernando, cerca del Río de la Plata- fuimos avasallados violentamente.
Estamos en una cooperativa organizada en una institución que nació hace diez años, como decía, y que resistimos frente a todo. Fuimos arrasados violentamente y hasta han destruido nuestra cooperativa junquera, donde trabajábamos y teníamos nuestra primera materia prima. Ese era nuestro sostén de vida.
Las personas hablan de los humedales, pero nosotros realmente los vivimos. Todo esto nos toca muy de cerca, porque somos las personas que vivimos allí. Hoy por hoy, vemos la destrucción que llevó adelante el emprendimiento Colony Park haciendo terraplenes, profundidades de agua, o sea, terminando con toda la flora y la fauna, con aquello con lo cual el isleño vivió toda su vida.
También había anotado algunas cosas para decir, para que no quede nada fuera de contexto. Las familias que habitamos en las islas dependemos de nuestro Delta del Paraná.
Luego quiero dar espacio a mi compañera para que se exprese. Estamos todos en el Delta, enfrente al río Tigre y San Fernando, en el Anguila y La Paloma, a la altura de las casi últimas islas. Hemos tenido el apoyo del INTI.
Esta empresa ha destruido con sus máquinas topadoras y excavadoras las viviendas de la gente, las ha despojado de los pocos bienes que tenían. Todas las familias afectadas por esta situación hemos iniciado un juicio.
Queremos pedir por estos humedales. Además, no somos solamente nosotros los afectados. Somos conscientes de que esto sucede en un gran espacio de islas, que es un fenómeno extendido en gran parte de los humedales en el territorio de todos los países.
Hace tiempo que los humedales están en disputa entre modelos económicos y culturales, sociales o modelos de desarrollo. Existe una competencia en los humedales; de un lado, las poblaciones locales que lo habitan -familias, comunidades, sectores urbanos, científicos sensibles y muy conscientes que entienden su importancia- y, por otro lado, los intereses corporativistas aliados con sectores estatales, que los usan como mercancía, como recurso para extraer o generar ganancias; intereses muy poderosos que consumen los humedales y los destruyen en provecho propio con afán de lucro.
Estas empresas compran y son beneficiadas con adjudicaciones o apropiaciones directas de los humedales frente a poblaciones locales que los habitan. En estos humedales, como les digo, primero está su gente, la gente que los vive y la gente que nació en las islas del Delta.
También quiero ceder la palabra a Tania, mi compañera del Movimiento Campesino Indígena.
Agradezco por esta oportunidad. Es lamentable que se haya llegado a esta instancia y que se tenga que llegar aprobar una ley de humedales cuando son tan importantes para la sociedad y para el país.
SR. PRESIDENTE GROSSO Gracias, Celia.
Tiene la palabra la palabra la señora Giuliani, de la Cooperativa Dulceras del Río.
Tiene la palabra la palabra la señora Giuliani, de la Cooperativa Dulceras del Río.
SRA. GIULIANI Señor presidente: trabajo y vivo en el humedal.
Por un lado, soy parte de una asociación civil que se conformó hace diez años con el objetivo de promover el desarrollo sustentable en el Delta del Tigre. Por otro lado, también trabajo como parte de la Cooperativa de las Dulceras del Río. Es una cooperativa de mujeres que promueve el desarrollo local sustentable, se ocupa de buscar productores que tienen sus frutas prácticamente abandonadas por la falta de conectividad que tenemos en cuanto al desarrollo local.
La cooperativa se ocupa de revalorizar a todos los productores que quedaron abandonados y darle un valor agregado en la zona, generando cooperativismo y asociativismo. También la cooperativa distribuye alimentos en la zona.
Trabaja en articulación con el Movimiento Nacional Campesino Indígena, y las dulceras son distribuidoras de bolsones de verdura agroecológica. En un futuro, deseamos que esa verdura vuelva a ser producida -al menos la mayor parte- acá, en este territorio.
También, desde la Asociación Civil I-tekoa trabajamos en articulación con una radio comunitaria isleña, que pertenece a la red de radios rurales, la cual busca fortalecer la vuelta al campo, la ruralidad. El vínculo entre productores locales es muy difícil acá, en la isla, debido al aislamiento, y hay una necesidad de comunicación muy fuerte.
También trabajamos con el aserradero comunitario y buscamos evitar traer la madera de Misiones, de deforestación de montes nativos, y tratamos de producir nuestra propia madera, acompañándonos de profesionales que están especializados en plantas nativas.
Como decía uno de los compañeros anteriormente, creo que la ley de humedales debería apoyar fuertemente la producción local sustentable. Eso significa enfocarnos, en lo posible, en los productos locales nativos para evitar la diseminación de plagas.
Esta ley debería promover la integración a la vida del humedal desde la educación, la construcción, la conectividad del territorio, y desde todos los ámbitos. La conectividad del territorio debe ser para los isleños y las isleñas y no puesta en pos del extractivismo y del turismo depredador, como lo es hasta el momento.
Pedimos una ley por una promoción del desarrollo sustentable en la región que permita continuar organizándonos de la manera en que lo venimos haciendo los isleños y las isleñas fuertemente, con el apoyo de otras redes nacionales, como decíamos, que le ponga un freno a los desarrollos inmobiliarios depredadores y que brinde un acceso digno a la vivienda, a la seguridad y a la soberanía alimentaria de la región, y viviendas saludables para todos los isleños.
Por un lado, soy parte de una asociación civil que se conformó hace diez años con el objetivo de promover el desarrollo sustentable en el Delta del Tigre. Por otro lado, también trabajo como parte de la Cooperativa de las Dulceras del Río. Es una cooperativa de mujeres que promueve el desarrollo local sustentable, se ocupa de buscar productores que tienen sus frutas prácticamente abandonadas por la falta de conectividad que tenemos en cuanto al desarrollo local.
La cooperativa se ocupa de revalorizar a todos los productores que quedaron abandonados y darle un valor agregado en la zona, generando cooperativismo y asociativismo. También la cooperativa distribuye alimentos en la zona.
Trabaja en articulación con el Movimiento Nacional Campesino Indígena, y las dulceras son distribuidoras de bolsones de verdura agroecológica. En un futuro, deseamos que esa verdura vuelva a ser producida -al menos la mayor parte- acá, en este territorio.
También, desde la Asociación Civil I-tekoa trabajamos en articulación con una radio comunitaria isleña, que pertenece a la red de radios rurales, la cual busca fortalecer la vuelta al campo, la ruralidad. El vínculo entre productores locales es muy difícil acá, en la isla, debido al aislamiento, y hay una necesidad de comunicación muy fuerte.
También trabajamos con el aserradero comunitario y buscamos evitar traer la madera de Misiones, de deforestación de montes nativos, y tratamos de producir nuestra propia madera, acompañándonos de profesionales que están especializados en plantas nativas.
Como decía uno de los compañeros anteriormente, creo que la ley de humedales debería apoyar fuertemente la producción local sustentable. Eso significa enfocarnos, en lo posible, en los productos locales nativos para evitar la diseminación de plagas.
Esta ley debería promover la integración a la vida del humedal desde la educación, la construcción, la conectividad del territorio, y desde todos los ámbitos. La conectividad del territorio debe ser para los isleños y las isleñas y no puesta en pos del extractivismo y del turismo depredador, como lo es hasta el momento.
Pedimos una ley por una promoción del desarrollo sustentable en la región que permita continuar organizándonos de la manera en que lo venimos haciendo los isleños y las isleñas fuertemente, con el apoyo de otras redes nacionales, como decíamos, que le ponga un freno a los desarrollos inmobiliarios depredadores y que brinde un acceso digno a la vivienda, a la seguridad y a la soberanía alimentaria de la región, y viviendas saludables para todos los isleños.
SR. PRESIDENTE GROSSO Gracias María Tania. Un saludo para todos y todas allá.
Es el turno de Martín Nunziata, de la Asamblea del Delta y Río de la Plata, integrante del Consejo Asesor Permanente Isleño.
Es el turno de Martín Nunziata, de la Asamblea del Delta y Río de la Plata, integrante del Consejo Asesor Permanente Isleño.
SR. NUNZIATA Señor presidente: una vez más, estamos acá por la ley de humedales. No es la primera vez. Espero que la tercera sea la vencida. Me latía fuerte el corazón cuando escuchaba al representante de los desarrolladores.
Quien ha padecido, como nos ha tocado a nosotros...
Quien ha padecido, como nos ha tocado a nosotros...
SR. PRESIDENTE GROSSO Martín, disculpame, no se te ve.
SR. NUNZIATA Acá yo estoy viendo la imagen.
SR. PRESIDENTE GROSSO Nosotros no te vemos a vos. No importa, seguí. No hay problema. Lo importante es que te podamos escuchar.
SR. NUNZIATA Unos cuantos de los que están ahí me conocen. Tengo todo un trabajo desarrollado acerca de aportes míos para la ley de humedales.
Cuando escuchaba hablar al representante de los desarrolladores, me empezó a latir fuerte el corazón porque son cosas que uno pensaba que ya estaban superadas.
Pareciera que los que estamos defendiendo los humedales un día nos despertamos para molestar a los desarrolladores y a los productores, y la verdad es que nosotros fuimos las víctimas de estos desarrollos.
Entonces, esto me hizo cambiar una parte del discurso que iba a ser leído, porque me lleva bastante más de 7 minutos. Por lo tanto, solamente voy a mencionar algunos tópicos.
He enviado el escrito con las propuestas para anexarlas, ya que no voy a poder abordarlas a todas y decir, como dijo Galeano, "Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos".
Un virus terrible para la humanidad realizó la mejor gestión ambiental permitiendo que, mientras enfermaba la humanidad, sanaba la naturaleza. Esta percepción la tuvimos a partir de la aparición de la pandemia durante tres meses.
La calidad del agua, para nosotros, es vital. Yo vivo en la isla y tengo el río a 15 metros, lo estoy viendo desde acá, y padecemos la contaminación y tenemos muchos casos de cáncer por el río Reconquista, el otro Riachuelo, que nos impacta fuertemente.
Este es uno de los grandes problemas con los que nos iniciamos hace 42 años, nada más ni nada menos, para que tengas una idea de la trayectoria. Desde hace 30 años vengo luchando por los humedales, y la verdad es que este discurso que acabo de escuchar, donde se habla de sustentabilidad a partir de destrozar primero los humedales y después construir cosas muy exóticas, que nada tienen que ver con el humedal, anulando todos los servicios ecosistémicos del humedal, me puso un tanto nervioso porque me desvió por completo de lo que eran las propuestas.
Entonces, decía que un virus nos hizo ver de repente que la calidad del agua, los animales y la calidad del aire habían mejorado. Y ¿qué pasó? ¿Qué notamos? -Recomiendo un libro de Alan Weisman, El mundo sin nosotros-. Había mejorado porque el hombre, por una cosa que afectó a todo el mundo, dejó de producir, y eso hizo que mejorara todo. Por eso digo que el virus hizo la mejor gestión ambiental, una gran vergüenza.
Ahora bien, para entrar en la cuestión de los humedales, a la definición de humedales ya establecida, es fundamental que sean reconocidos y valorados, más que por la propia definición, por los servicios que brinda la humanidad. En consecuencia, es prioritario establecer conceptos de conservación efectivos; y cuando digo efectivos es que sean operativos.
Voy a contar una experiencia breve de acá. En Tigre, logramos tener un Consejo Asesor Permanente Isleño. Ese consejo asesor reúne una cantidad de organizaciones del Delta, y allí se establece una opinión nuestra que vincule las políticas públicas a lo que, en este caso, se llama el Plan de Manejo del Delta del Tigre, que establece cinco puntos fundamentales, que serían para imitar. Por supuesto, no estoy hablando de humedales endorreicos sino de humedales, como en el caso nuestro, con insularidad.
El primer punto era mantener la insularidad. A expensas de los años noventa, cuando vino toda una etapa neoliberal con un excedente de dinero, bajo el protectorado de un intendente que fue el padre de esta modalidad, en Tigre comenzó la era de los barrios privados que hoy ocupan el 50 por ciento del territorio continental, con el agravante no solamente de que son elitistas y que dejan a la gente afuera -por eso para nada es creíble que hacen viviendas o que contribuyen con la vivienda-, sino que vamos a decir que, por exclusivos, son excluyentes.
El segundo punto es que la insularidad sería una protección máxima para el humedal. Los servicios ecosistémicos y la diversidad biológica del Delta están inexorablemente ligados al agua, que, en forma permanente o circunstancial, inunda estas regiones. La riqueza de los humedales se debe a esta condición.
Luego tenemos la transparencia hidráulica, que tiene que ver con que el agua pase libremente. Por eso, quienes vivimos en el Delta, en vez de modificar la altura del suelo, construimos nuestras casas como palafitos, sobre patas, en altura. Ustedes las habrán visto.
Entonces, la conservación de fondo de islas es donde se realizan los...
Cuando escuchaba hablar al representante de los desarrolladores, me empezó a latir fuerte el corazón porque son cosas que uno pensaba que ya estaban superadas.
Pareciera que los que estamos defendiendo los humedales un día nos despertamos para molestar a los desarrolladores y a los productores, y la verdad es que nosotros fuimos las víctimas de estos desarrollos.
Entonces, esto me hizo cambiar una parte del discurso que iba a ser leído, porque me lleva bastante más de 7 minutos. Por lo tanto, solamente voy a mencionar algunos tópicos.
He enviado el escrito con las propuestas para anexarlas, ya que no voy a poder abordarlas a todas y decir, como dijo Galeano, "Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos".
Un virus terrible para la humanidad realizó la mejor gestión ambiental permitiendo que, mientras enfermaba la humanidad, sanaba la naturaleza. Esta percepción la tuvimos a partir de la aparición de la pandemia durante tres meses.
La calidad del agua, para nosotros, es vital. Yo vivo en la isla y tengo el río a 15 metros, lo estoy viendo desde acá, y padecemos la contaminación y tenemos muchos casos de cáncer por el río Reconquista, el otro Riachuelo, que nos impacta fuertemente.
Este es uno de los grandes problemas con los que nos iniciamos hace 42 años, nada más ni nada menos, para que tengas una idea de la trayectoria. Desde hace 30 años vengo luchando por los humedales, y la verdad es que este discurso que acabo de escuchar, donde se habla de sustentabilidad a partir de destrozar primero los humedales y después construir cosas muy exóticas, que nada tienen que ver con el humedal, anulando todos los servicios ecosistémicos del humedal, me puso un tanto nervioso porque me desvió por completo de lo que eran las propuestas.
Entonces, decía que un virus nos hizo ver de repente que la calidad del agua, los animales y la calidad del aire habían mejorado. Y ¿qué pasó? ¿Qué notamos? -Recomiendo un libro de Alan Weisman, El mundo sin nosotros-. Había mejorado porque el hombre, por una cosa que afectó a todo el mundo, dejó de producir, y eso hizo que mejorara todo. Por eso digo que el virus hizo la mejor gestión ambiental, una gran vergüenza.
Ahora bien, para entrar en la cuestión de los humedales, a la definición de humedales ya establecida, es fundamental que sean reconocidos y valorados, más que por la propia definición, por los servicios que brinda la humanidad. En consecuencia, es prioritario establecer conceptos de conservación efectivos; y cuando digo efectivos es que sean operativos.
Voy a contar una experiencia breve de acá. En Tigre, logramos tener un Consejo Asesor Permanente Isleño. Ese consejo asesor reúne una cantidad de organizaciones del Delta, y allí se establece una opinión nuestra que vincule las políticas públicas a lo que, en este caso, se llama el Plan de Manejo del Delta del Tigre, que establece cinco puntos fundamentales, que serían para imitar. Por supuesto, no estoy hablando de humedales endorreicos sino de humedales, como en el caso nuestro, con insularidad.
El primer punto era mantener la insularidad. A expensas de los años noventa, cuando vino toda una etapa neoliberal con un excedente de dinero, bajo el protectorado de un intendente que fue el padre de esta modalidad, en Tigre comenzó la era de los barrios privados que hoy ocupan el 50 por ciento del territorio continental, con el agravante no solamente de que son elitistas y que dejan a la gente afuera -por eso para nada es creíble que hacen viviendas o que contribuyen con la vivienda-, sino que vamos a decir que, por exclusivos, son excluyentes.
El segundo punto es que la insularidad sería una protección máxima para el humedal. Los servicios ecosistémicos y la diversidad biológica del Delta están inexorablemente ligados al agua, que, en forma permanente o circunstancial, inunda estas regiones. La riqueza de los humedales se debe a esta condición.
Luego tenemos la transparencia hidráulica, que tiene que ver con que el agua pase libremente. Por eso, quienes vivimos en el Delta, en vez de modificar la altura del suelo, construimos nuestras casas como palafitos, sobre patas, en altura. Ustedes las habrán visto.
Entonces, la conservación de fondo de islas es donde se realizan los...
Se interrumpe el audio.
SR. NUNZIATA ...y es lo que hay que conservar.
Y, en quinto lugar, esto para que vean lo que logramos aquí, en el Delta de Tigre: "Prohibición para el desarrollo de barrios privados. No estará permitido elevar el suelo modificando así la hidrología el lugar". Este fue un logro de la zona de Tigre, y sería bueno que de una buena vez por todas se hable de qué cosas hay que hacer para evitar que los humedales se sequen o que dejen de prestar los servicios ecosistémicos.
Hay que decir que no se pueden hacer endicamientos, terraplenados, alteos transitables ni desvío de cursos de agua. Todo eso es lo que hay que decir, porque si no, estamos hablando de una entelequia. Adaptación al medio es que nosotros vivimos sobre patitas, sobre la capacidad de carga del humedal.
De ninguna manera la densidad del humedal se calculará con la mirada de la planificación urbana. El Delta no se urbaniza, se puebla según una mirada ecocéntrica.
El tema de la autoridad de aplicación es importante porque es un criterio distinto que abarca a la autoridad de aplicación nacional, a la autoridad local, más un control de gestión social. Quiere decir que la autoridad nacional de aplicación será integrada.
Me voy a saltear varios puntos, pero deberían incluir los salares de altura, que los habían sacado en el último intento.
Con respecto a las sanciones, planteamos que los delitos ecológicos, si son de menor cuantía serán con multa, pero si son más graves serán con prisión de cumplimiento efectivo sin excarcelación, y los delitos ecológicos gravísimos a los bienes comunes serán homologados como crímenes de lesa humanidad.
Quiero pedir al presidente de la comisión si puede hablar con el presidente de la Cámara -que fue dos veces intendente de Tigre y conoce muy bien el tema porque tuvo que trabajar en el plan de manejo- para que habilite la posibilidad de exponer en el plenario de las comisiones para que nuestras propuestas lleguen a todos los diputados y senadores. Queremos que nos hagan preguntas a partir de sus dudas, pero que esta vez realmente nos tengan en cuenta porque la ley de humedales tiene que salir este año.
Y, en quinto lugar, esto para que vean lo que logramos aquí, en el Delta de Tigre: "Prohibición para el desarrollo de barrios privados. No estará permitido elevar el suelo modificando así la hidrología el lugar". Este fue un logro de la zona de Tigre, y sería bueno que de una buena vez por todas se hable de qué cosas hay que hacer para evitar que los humedales se sequen o que dejen de prestar los servicios ecosistémicos.
Hay que decir que no se pueden hacer endicamientos, terraplenados, alteos transitables ni desvío de cursos de agua. Todo eso es lo que hay que decir, porque si no, estamos hablando de una entelequia. Adaptación al medio es que nosotros vivimos sobre patitas, sobre la capacidad de carga del humedal.
De ninguna manera la densidad del humedal se calculará con la mirada de la planificación urbana. El Delta no se urbaniza, se puebla según una mirada ecocéntrica.
El tema de la autoridad de aplicación es importante porque es un criterio distinto que abarca a la autoridad de aplicación nacional, a la autoridad local, más un control de gestión social. Quiere decir que la autoridad nacional de aplicación será integrada.
Me voy a saltear varios puntos, pero deberían incluir los salares de altura, que los habían sacado en el último intento.
Con respecto a las sanciones, planteamos que los delitos ecológicos, si son de menor cuantía serán con multa, pero si son más graves serán con prisión de cumplimiento efectivo sin excarcelación, y los delitos ecológicos gravísimos a los bienes comunes serán homologados como crímenes de lesa humanidad.
Quiero pedir al presidente de la comisión si puede hablar con el presidente de la Cámara -que fue dos veces intendente de Tigre y conoce muy bien el tema porque tuvo que trabajar en el plan de manejo- para que habilite la posibilidad de exponer en el plenario de las comisiones para que nuestras propuestas lleguen a todos los diputados y senadores. Queremos que nos hagan preguntas a partir de sus dudas, pero que esta vez realmente nos tengan en cuenta porque la ley de humedales tiene que salir este año.
SR. PRESIDENTE GROSSO Podés quedarte tranquilo que todo lo que se diga acá, más la información que envíes, será reenviada a todos los diputados y diputadas de esta comisión, y también a las comisiones a las que se giren los proyectos.
Para terminar este bloque, tiene la palabra Eduardo Martínez, secretario de la Cooperativa Apícola Apinoc, de la provincia de Córdoba.
Eduardo iba a hablar en primer lugar, pero nos pidió hacerlo después porque está afectado por los incendios en su provincia. De hecho, estaba en las tareas de mitigación de los incendios.
Para terminar este bloque, tiene la palabra Eduardo Martínez, secretario de la Cooperativa Apícola Apinoc, de la provincia de Córdoba.
Eduardo iba a hablar en primer lugar, pero nos pidió hacerlo después porque está afectado por los incendios en su provincia. De hecho, estaba en las tareas de mitigación de los incendios.
SR. MARTÍNEZ En nombre de los socios de la Cooperativa Apinoc, quiero agradecer a la Presidencia de esta comisión y a todos los diputados y diputadas que participan en esta discusión sobre el proyecto de ley de humedales.
Nuestra cooperativa se encuentra en el noroeste de Córdoba. Se compone de pequeños productores que, principalmente, producen mieles de monte nativo. Lo hacen en un contexto que está ligado a las pequeñas economías regionales. Conviven en el monte entre ellas con la ganadería criolla -cabras- y haciendo actividades de artesanías.
Cuando hablo del noroeste de Córdoba, me refiero a la zona norte de los departamentos de Punilla, de Cruz del Eje y de Minas. También tenemos socios en el departamento de San Javier, en Traslasierra.
Nuestra cooperativa tiene un gran compromiso en cuanto a la conservación de la biodiversidad. Muchos de los socios poseen pequeñas propiedades, pero están dentro del contexto de la Ley de Bosques, tema que hay que seguir discutiendo porque, si bien el presupuesto de esta ley está bastante bien, creemos que podemos hacer muchos aportes para ayudar a que salga de la mejor manera.
En la cooperativa, junto con otras instituciones del Estado, venimos desarrollando el manejo, la conservación y el estudio de las abejas nativas sin aguijón. Quizás escucharon hablar de esta especie que estamos tratando de conservar, junto con otras organizaciones. También participamos de la MANSA -Mesa de Abejas Nativas Sin Aguijón- con otras jurisdicciones, especialmente del Norte, que es dónde están presentes.
Además, conformamos la Mesa Apícola del Noroeste de Córdoba, que es una organización que nuclea a siete asociaciones de productores. Allí, el sector privado se une y trabaja mancomunadamente con el Estado. Hay referentes del INTA, del INTI y de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Tenemos el objetivo de poner como uno de los ejes modelo para el noroeste de Córdoba a la apicultura de monte nativo, que está ligada a las mieles y a la producción de polen y propóleo. Son alimentos de gran valor nutritivo y, a la vez, generan fuentes de trabajo para toda esta red.
Quiero contarles que aparte de ser apicultor y secretario de esta cooperativa, soy guardaparque y trabajo para áreas naturales protegidas de la provincia de Córdoba. En 2016 participé representando a la provincia en un taller sobre prioridades de conservación para los humedales del Noroeste y Centro-Oeste de la Argentina. Allí llevé una propuesta para que se considere lo que tenemos en el sector noroeste de Córdoba. Ese trabajo, junto con todo el material, lo haré llegar por mail para no usar tiempo de esta exposición. Haré lo mismo con el trabajo de la zona este y sur de la provincia.
Para los que no sepan, tenemos los bañados del Río Dulce y la laguna de Mar Chiquita, que es lo más conocido en cuanto a ambientes húmedos o humedales. Tienen una categoría a nivel de conservación de biodiversidad, dentro de la ley de áreas naturales protegidas, como reservas de usos múltiples. También tenemos otros sitios, como los bañados del Arroyo Chucul, donde está la Reserva Natural de Fauna Laguna La Felipa, dentro del sistema provincial, y también los bañados del Río Saladillo.
Estas zonas son altamente productivas, han avanzado de manera intensiva y han modificado gravemente el tema de los sitios estratégicos de los humedales, como la biodiversidad, especialmente con el avance de la soja en las últimas décadas. También existen los bañados de la Laguna del Suroeste y los relictos del Caldén.
En Córdoba tenemos dos corredores biológicos dentro de las áreas naturales protegidas. Uno de ellos es la región del Caldén. El otro, donde yo me encuentro, es la región del Parque Chaqueño que es el corredor biogeográfico del noroeste de Córdoba.
No sé si todos saben que venimos pasando por una temporada de incendios bastante grave. Precisamente, vengo de los incendios de la zona del cerro Uritorco, donde hay una reserva forestal. Puntualmente, estos incendios se están dando en parte por el desarrollo inmobiliario. Aquí la gente le dice "el negocio inmobiliario" porque se ven afectados especialmente recursos que son estratégicos para la vida, como el agua.
En el nordeste de Córdoba, una de las características climáticas de la región es tener poca agua. Por eso los sitios como la zona de vegas o de mallines que se encuentran en las zonas altas de la Sierra de Punilla -en este caso-, son estratégicos.
Por ello quería manifestar la necesidad y pedir el apoyo de esta comisión para los proyectos que están ligados a la conservación de la biodiversidad, la ampliación de una zona a la reserva natural Uritorco, y un proyecto que se viene trabajando desde hace mucho tiempo sobre uno de los ríos estratégicos. Estoy hablando de la Cuenca endorreica que baña las Salinas Norte y que compartimos con otras provincias. Son dos proyectos de declaración, uno sobre el río Quilpo y otro para el Uritorco.
Todo lo que se pueda desarrollar en este proyecto de ley en cuanto a presupuestos mínimos para áreas naturales protegidas federales y apoyo para los guardaparques provinciales, obviamente, consideramos que es estratégico para la conservación de los humedales.
Nuestra cooperativa se encuentra en el noroeste de Córdoba. Se compone de pequeños productores que, principalmente, producen mieles de monte nativo. Lo hacen en un contexto que está ligado a las pequeñas economías regionales. Conviven en el monte entre ellas con la ganadería criolla -cabras- y haciendo actividades de artesanías.
Cuando hablo del noroeste de Córdoba, me refiero a la zona norte de los departamentos de Punilla, de Cruz del Eje y de Minas. También tenemos socios en el departamento de San Javier, en Traslasierra.
Nuestra cooperativa tiene un gran compromiso en cuanto a la conservación de la biodiversidad. Muchos de los socios poseen pequeñas propiedades, pero están dentro del contexto de la Ley de Bosques, tema que hay que seguir discutiendo porque, si bien el presupuesto de esta ley está bastante bien, creemos que podemos hacer muchos aportes para ayudar a que salga de la mejor manera.
En la cooperativa, junto con otras instituciones del Estado, venimos desarrollando el manejo, la conservación y el estudio de las abejas nativas sin aguijón. Quizás escucharon hablar de esta especie que estamos tratando de conservar, junto con otras organizaciones. También participamos de la MANSA -Mesa de Abejas Nativas Sin Aguijón- con otras jurisdicciones, especialmente del Norte, que es dónde están presentes.
Además, conformamos la Mesa Apícola del Noroeste de Córdoba, que es una organización que nuclea a siete asociaciones de productores. Allí, el sector privado se une y trabaja mancomunadamente con el Estado. Hay referentes del INTA, del INTI y de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Tenemos el objetivo de poner como uno de los ejes modelo para el noroeste de Córdoba a la apicultura de monte nativo, que está ligada a las mieles y a la producción de polen y propóleo. Son alimentos de gran valor nutritivo y, a la vez, generan fuentes de trabajo para toda esta red.
Quiero contarles que aparte de ser apicultor y secretario de esta cooperativa, soy guardaparque y trabajo para áreas naturales protegidas de la provincia de Córdoba. En 2016 participé representando a la provincia en un taller sobre prioridades de conservación para los humedales del Noroeste y Centro-Oeste de la Argentina. Allí llevé una propuesta para que se considere lo que tenemos en el sector noroeste de Córdoba. Ese trabajo, junto con todo el material, lo haré llegar por mail para no usar tiempo de esta exposición. Haré lo mismo con el trabajo de la zona este y sur de la provincia.
Para los que no sepan, tenemos los bañados del Río Dulce y la laguna de Mar Chiquita, que es lo más conocido en cuanto a ambientes húmedos o humedales. Tienen una categoría a nivel de conservación de biodiversidad, dentro de la ley de áreas naturales protegidas, como reservas de usos múltiples. También tenemos otros sitios, como los bañados del Arroyo Chucul, donde está la Reserva Natural de Fauna Laguna La Felipa, dentro del sistema provincial, y también los bañados del Río Saladillo.
Estas zonas son altamente productivas, han avanzado de manera intensiva y han modificado gravemente el tema de los sitios estratégicos de los humedales, como la biodiversidad, especialmente con el avance de la soja en las últimas décadas. También existen los bañados de la Laguna del Suroeste y los relictos del Caldén.
En Córdoba tenemos dos corredores biológicos dentro de las áreas naturales protegidas. Uno de ellos es la región del Caldén. El otro, donde yo me encuentro, es la región del Parque Chaqueño que es el corredor biogeográfico del noroeste de Córdoba.
No sé si todos saben que venimos pasando por una temporada de incendios bastante grave. Precisamente, vengo de los incendios de la zona del cerro Uritorco, donde hay una reserva forestal. Puntualmente, estos incendios se están dando en parte por el desarrollo inmobiliario. Aquí la gente le dice "el negocio inmobiliario" porque se ven afectados especialmente recursos que son estratégicos para la vida, como el agua.
En el nordeste de Córdoba, una de las características climáticas de la región es tener poca agua. Por eso los sitios como la zona de vegas o de mallines que se encuentran en las zonas altas de la Sierra de Punilla -en este caso-, son estratégicos.
Por ello quería manifestar la necesidad y pedir el apoyo de esta comisión para los proyectos que están ligados a la conservación de la biodiversidad, la ampliación de una zona a la reserva natural Uritorco, y un proyecto que se viene trabajando desde hace mucho tiempo sobre uno de los ríos estratégicos. Estoy hablando de la Cuenca endorreica que baña las Salinas Norte y que compartimos con otras provincias. Son dos proyectos de declaración, uno sobre el río Quilpo y otro para el Uritorco.
Todo lo que se pueda desarrollar en este proyecto de ley en cuanto a presupuestos mínimos para áreas naturales protegidas federales y apoyo para los guardaparques provinciales, obviamente, consideramos que es estratégico para la conservación de los humedales.
SR. PRESIDENTE GROSSO Pasamos al bloque de las y los especialistas.
A continuación, damos comienzo a la ronda de exposiciones de los y las especialistas. Voy a pedir a Lucía Figueroa que me ayude presentándolos y presentándolas.
A continuación, damos comienzo a la ronda de exposiciones de los y las especialistas. Voy a pedir a Lucía Figueroa que me ayude presentándolos y presentándolas.
SRA. MODERADORA (FIGUEROA) Presentaré al primer expositor. Se trata de Antonio Luis Traba. Es ingeniero en Recursos Hídricos, especialista en Gestión de Calidad de la Universidad Nacional del Litoral, magíster en Gestión Pública de la Universidad Nacional de Rosario y doctorando en el programa de Ciencia y Tecnología Ambiental con especialidad en Gestión Integrada y Uso Sostenible de los Recursos Hídricos de la Universidad de La Coruña, España.
Tiene la palabra el ingeniero Traba.
Tiene la palabra el ingeniero Traba.
SR. TRABA Buenas tardes. Agradezco esta oportunidad. Voy a leer un texto que preparé.
He escuchado que ya han tratado las demás dimensiones centrales de este tema, tanto en esta reunión como en las anteriores, por lo que quiero hacer hincapié en un aspecto que, entiendo, no ha sido debidamente destacado, mencionado o invocado las suficientes veces y que, por otro lado, en muy pocas ocasiones se lleva a la práctica. Me refiero a la gobernanza en el territorio.
Quiero comenzar diciendo que asistimos a un cambio de paradigma en las cuestiones ambientales, ya que está dejando de ser un tema de unos pocos rebeldes para posicionarse como una política de Estado transversal. O sea que está dejando de ser una responsabilidad asumida por unas pocas personas o una organización no gubernamental -actuando el Estado por reacción y llegando tarde-, puesto que hay una sociedad comprometida y un Estado proactivo.
Por ello, desde la Fundación Alem sostenemos una mirada socioambiental para el desarrollo biosostenible, en la que buscamos la triple condición de todo emprendimiento: social, ambiental y económica.
Entendemos que hoy existe una mirada global sobre el problema -la legislación y las políticas centrales son una muestra de ello- y que no se destaca lo local, pese a que en todo este asunto es central la importancia de los actores de la propia zona del humedal en la planificación y gestión del mismo.
En cualquiera de los casos que uno observe naturalmente hay innumerables miradas, necesidades y expectativas, así como una presencia e injerencia multijurisdiccional. Por lo tanto, su complejidad impone el conocimiento interdisciplinario aplicado al territorio y sus ocupantes.
Es decir, es un escenario en el que se impone la gobernanza como filosofía y metodología, no sólo en términos de principios democráticos, sino también de efectividad de políticas. O sea, la gobernanza no sólo es buena, sino mejor.
Para significar la importancia de este tema, voy a leer un párrafo del documento en el que constan los principios sostenidos por la Comisión de Políticas Socioambientales de la Fundación Alem. Dice así: "Lo expuesto hasta aquí en términos de procesos de toma de decisiones y formulación de políticas, habla de la necesidad de coordinación de esfuerzos y de participación de actores. Esto implica la instalación de escenarios de gobernanza en los niveles donde estos procesos se den, ya que en cada uno de ellos se debe asegurar un conjunto de métodos, mecanismos y organizaciones a través de los cuales los actores políticos y sociales influyen en las acciones y resultados socioambientales esperados. Esto incluye a actores como el Estado, comunidades, empresas y organizaciones de la sociedad civil.
"Se conoce como 'buena gobernanza' al conjunto de estructuras y procesos a través de los cuales se ejerce la autoridad. Comprende la estructura organizativa y los mecanismos de coordinación interjurisdiccional y los mecanismos de seguimiento y evolución de la gestión.
"Específicamente, la 'buena gobernanza ambiental' puede ser descripta como el medio a través del cual la sociedad define sus metas y prioridades y avanza hacia la cooperación, ya sea global, regional, nacional o local. Los sistemas de gobernanza pueden expresarse a través de marcos políticos y jurídicos, instituciones, estrategias y planes de acción, entre otros, pero fundamentalmente deben constituirse en un escenario de participación horizontal de la más amplia expresión de actores sociales e institucionales, públicos y privados, que representen en su conjunto a una trilogía sinérgica de los sectores del Estado, la sociedad y el conocimiento.
"Ligado a esto se inscribe el concepto de 'democracia socioambiental', sostenido en distintos marcos normativos, donde la información, educación y participación pública socioambiental son los tres sustentos básicos sobre los que se construye por lo general, basado en los principios de acceso a la información, participación en la adopción de decisiones, además de la garantía del acceso a la justicia ambiental". Aquí termina la cita.
Por todo lo expuesto, mi intención es reforzar la necesidad de que para gestionar estos sistemas se deben promover ámbitos -ya sea un consorcio de manejo o la ampliación de los conocidos comités de cuencas- que favorezcan la participación socioinstitucional. De esta forma, se concreta la gobernanza en el territorio y deja de ser solo declamativa. Se acercan un poco a esta idea las audiencias públicas y los comités de asesores, pero no son condicionantes en su injerencia en la toma de decisiones, o sea, para la gobernanza real.
He escuchado que ya han tratado las demás dimensiones centrales de este tema, tanto en esta reunión como en las anteriores, por lo que quiero hacer hincapié en un aspecto que, entiendo, no ha sido debidamente destacado, mencionado o invocado las suficientes veces y que, por otro lado, en muy pocas ocasiones se lleva a la práctica. Me refiero a la gobernanza en el territorio.
Quiero comenzar diciendo que asistimos a un cambio de paradigma en las cuestiones ambientales, ya que está dejando de ser un tema de unos pocos rebeldes para posicionarse como una política de Estado transversal. O sea que está dejando de ser una responsabilidad asumida por unas pocas personas o una organización no gubernamental -actuando el Estado por reacción y llegando tarde-, puesto que hay una sociedad comprometida y un Estado proactivo.
Por ello, desde la Fundación Alem sostenemos una mirada socioambiental para el desarrollo biosostenible, en la que buscamos la triple condición de todo emprendimiento: social, ambiental y económica.
Entendemos que hoy existe una mirada global sobre el problema -la legislación y las políticas centrales son una muestra de ello- y que no se destaca lo local, pese a que en todo este asunto es central la importancia de los actores de la propia zona del humedal en la planificación y gestión del mismo.
En cualquiera de los casos que uno observe naturalmente hay innumerables miradas, necesidades y expectativas, así como una presencia e injerencia multijurisdiccional. Por lo tanto, su complejidad impone el conocimiento interdisciplinario aplicado al territorio y sus ocupantes.
Es decir, es un escenario en el que se impone la gobernanza como filosofía y metodología, no sólo en términos de principios democráticos, sino también de efectividad de políticas. O sea, la gobernanza no sólo es buena, sino mejor.
Para significar la importancia de este tema, voy a leer un párrafo del documento en el que constan los principios sostenidos por la Comisión de Políticas Socioambientales de la Fundación Alem. Dice así: "Lo expuesto hasta aquí en términos de procesos de toma de decisiones y formulación de políticas, habla de la necesidad de coordinación de esfuerzos y de participación de actores. Esto implica la instalación de escenarios de gobernanza en los niveles donde estos procesos se den, ya que en cada uno de ellos se debe asegurar un conjunto de métodos, mecanismos y organizaciones a través de los cuales los actores políticos y sociales influyen en las acciones y resultados socioambientales esperados. Esto incluye a actores como el Estado, comunidades, empresas y organizaciones de la sociedad civil.
"Se conoce como 'buena gobernanza' al conjunto de estructuras y procesos a través de los cuales se ejerce la autoridad. Comprende la estructura organizativa y los mecanismos de coordinación interjurisdiccional y los mecanismos de seguimiento y evolución de la gestión.
"Específicamente, la 'buena gobernanza ambiental' puede ser descripta como el medio a través del cual la sociedad define sus metas y prioridades y avanza hacia la cooperación, ya sea global, regional, nacional o local. Los sistemas de gobernanza pueden expresarse a través de marcos políticos y jurídicos, instituciones, estrategias y planes de acción, entre otros, pero fundamentalmente deben constituirse en un escenario de participación horizontal de la más amplia expresión de actores sociales e institucionales, públicos y privados, que representen en su conjunto a una trilogía sinérgica de los sectores del Estado, la sociedad y el conocimiento.
"Ligado a esto se inscribe el concepto de 'democracia socioambiental', sostenido en distintos marcos normativos, donde la información, educación y participación pública socioambiental son los tres sustentos básicos sobre los que se construye por lo general, basado en los principios de acceso a la información, participación en la adopción de decisiones, además de la garantía del acceso a la justicia ambiental". Aquí termina la cita.
Por todo lo expuesto, mi intención es reforzar la necesidad de que para gestionar estos sistemas se deben promover ámbitos -ya sea un consorcio de manejo o la ampliación de los conocidos comités de cuencas- que favorezcan la participación socioinstitucional. De esta forma, se concreta la gobernanza en el territorio y deja de ser solo declamativa. Se acercan un poco a esta idea las audiencias públicas y los comités de asesores, pero no son condicionantes en su injerencia en la toma de decisiones, o sea, para la gobernanza real.
SRA. MODERADORA (FIGUEROA) Le resta un minuto, ingeniero.
SR. TRABA Enseguida termino.
En estos espacios horizontales es donde se debe formular y gestionar -o sea, concretar en la realidad; no controlar, sino hacer- los planes de manejo de cada humedal para así poder conjurar las múltiples jurisdicciones y los niveles del Estado -especialmente el local-, todas las necesidades de cada uno de los actores y todas las dimensiones de la complejidad de estos ecosociosistemas.
Asimismo, en este proceso, al resaltar la dimensión local del desarrollo, se deber dar cabida a la existencia o al crecimiento en comunidades resilientes. Es decir que aquellos grupos afectados por la degradación ambiental deben verse favorecidos o integrados en los procesos de remediación.
En definitiva, debe quedar claro que en el texto de la ley debe haber un plan de manejo para cada caso, los que se deben formular y gestionar en concreto con los actores locales en conjunción con los Estados a nivel nacional y provincial. Estos actores, por otro lado, no dan abasto ni tienen muchas veces la expertise necesaria; es por ello que también deben entrar los sectores de la ciencia y de la tecnología a través de alguna institución significativa.
Es decir, hay que garantizar en cada caso las tres patas necesarias en todo buen escenario de gobernanza multinivel, que como dije, son la sociedad, el Estado y el conocimiento.
Muchas gracias por su atención.
En estos espacios horizontales es donde se debe formular y gestionar -o sea, concretar en la realidad; no controlar, sino hacer- los planes de manejo de cada humedal para así poder conjurar las múltiples jurisdicciones y los niveles del Estado -especialmente el local-, todas las necesidades de cada uno de los actores y todas las dimensiones de la complejidad de estos ecosociosistemas.
Asimismo, en este proceso, al resaltar la dimensión local del desarrollo, se deber dar cabida a la existencia o al crecimiento en comunidades resilientes. Es decir que aquellos grupos afectados por la degradación ambiental deben verse favorecidos o integrados en los procesos de remediación.
En definitiva, debe quedar claro que en el texto de la ley debe haber un plan de manejo para cada caso, los que se deben formular y gestionar en concreto con los actores locales en conjunción con los Estados a nivel nacional y provincial. Estos actores, por otro lado, no dan abasto ni tienen muchas veces la expertise necesaria; es por ello que también deben entrar los sectores de la ciencia y de la tecnología a través de alguna institución significativa.
Es decir, hay que garantizar en cada caso las tres patas necesarias en todo buen escenario de gobernanza multinivel, que como dije, son la sociedad, el Estado y el conocimiento.
Muchas gracias por su atención.
SRA. MODERADORA (FIGUEROA) Tiene la palabra la señora Adriana Anzolín, coordinadora de la Plataforma de OSC del Delta del Paraná y del Río Luján, programa Corredor Azul de la Fundación Humedales.
SRA. ANZOLÍN Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación y la posibilidad de expresar nuestras ideas.
Las organizaciones que estamos en la cuenca baja del río Luján, en el Delta bajo, tenemos una larga y dolorosa experiencia en cuanto a los desarrollos inmobiliarios. Estos han rellenado alrededor de 10.000 hectáreas de humedales, produciendo impactos ambientales y sociales enormes, por lo que no tienen absolutamente nada de sustentables.
No voy a detenerme en una larga historia de impacto, pero sí voy a referirme a dos temas que considero fundamentales no solamente para hacer un diagnóstico, sino también para aportar al articulado del proyecto de ley.
En ese sentido, creo que hay algunas cuestiones que no se han abordado en las jornadas anteriores o en los proyectos que se han presentado. Una de ellas tiene que ver con el agua subterránea.
En general, se ha hablado de no alterar la circulación del agua superficial de los humedales por endicamientos, pulverizaciones, canalizaciones, etcétera. Pero también es muy importante considerar que el agua subterránea está íntimamente relacionada con los humedales, ya sea porque los recargan o porque son zonas donde vuelven a reabastecerse los acuíferos.
En el caso de los desarrollos inmobiliarios, la operatoria ha sido extraer tierra de los propios humedales, ponerla en tierras contiguas y levantar la cota para poder construir. En esa extracción de tierra se produce la decapitación de la protección natural que tienen los acuíferos, porque pueden tener entre 20 y 25 metros de profundidad. No solamente ocurre esto, sino que además se produce la interconexión de los acuíferos, que en estas zonas están muy cercanos unos de otros.
De manera que el acuífero Puelches -que es el último reducto de agua potable que tiene el noroeste de la provincia de Buenos Aires y del cual se abastecen millones de personas- se interconecta con el Pampeano -que está por encima y contaminado por acciones antrópicas- y se conecta también con el Paraná, qué está debajo y tiene aguas salubres.
La posibilidad de que el acuífero Puelches sea contaminado -teniendo en cuenta el valor estratégico que posee y que es el último que nos queda- es una verdadera catástrofe ambiental. Interconectar y arruinar un acuífero -que realmente es un bien de valor incalculable- constituye un delito ecológico porque conculca algo básico, que es el derecho del acceso al agua.
Ante la gravedad de este delito, debería ser contemplado en el articulado del proyecto de ley, ya sea por actividades de perforaciones directas, o como derivación de actividades que ya están contempladas en algunos proyectos, como las polderizaciones, endicamientos, etcétera.
Además, no solamente por su gravedad, sino también por su irreversibilidad, este daño debería ser considerado no prescriptible, porque no se resuelve. Considero que esto es muy importante porque la mayoría de los humedales de la Argentina se encuentran ubicados en la cuenca del Plata, que tiene ya sus aguas superficiales altamente contaminadas por agrotóxicos y contaminantes. Por lo tanto, la posibilidad de que ocurra este disturbio ambiental impresionante es muy alta.
Por otro lado, en relación con lo que hemos visto sobre los procesos de evaluación ambiental, quiero comentar algunas deficiencias. La única posibilidad que tiene la comunidad de interiorizarse sobre un proyecto y dar su opinión es mediante una audiencia o consulta pública, es decir, al final de un largo proceso donde el proponente de una empresa no escucha a la comunidad mientras elabora el proyecto. ¿Podría alguien pensar que después de estar elaborando un proyecto -que puede llevar meses o años y que incluso muchas veces hasta tiene aprobaciones parciales de organismos del Estado- alguien va a cambiar demasiado la iniciativa en la instancia final, que es la de una audiencia pública? La realidad nos demuestra que esto no sucede. Hemos asistido a un gran número de audiencias donde la comunidad entera estuvo en contra de determinados barrios o emprendimientos y el proyecto se aprobó de todas maneras.
Lo que estamos proponiendo es que se incorpore al articulado del proyecto de ley la participación temprana e informada para que la comunidad pueda acceder a la información y pueda dar su opinión en las etapas de prefactibilidad de los proyectos. Esta es la única manera donde todavía hay posibilidades de modificar un proyecto. Lo que estoy diciendo está consagrado en el Acuerdo de Escazú -el correspondiente proyecto de ratificación de dicho acuerdo ya cuenta con la sanción del Senado-, que es vinculante y al que seguramente la Argentina terminará adhiriendo.
A este principio de participación informada y temprana se debe sumar -como han comentado otros oradores- el hecho de hacer una evaluación ambiental estratégica que considere los impactos globales que han producido estos y otros emprendimientos.
Para finalizar quiero decir que existe una Guía de Participación Ciudadana elaborada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación que puede servir como antecedente. También hay guías que en este momento están desarrollando dicho ministerio y la Fundación Humedales, a fin de mejorar los procesos de evaluación de impacto ambiental en humedales. Ambas guías, a través de resoluciones, podrían incorporarse como una reglamentación para mejorar todos estos procesos, que tienen serias deficiencias.
Las organizaciones que estamos en la cuenca baja del río Luján, en el Delta bajo, tenemos una larga y dolorosa experiencia en cuanto a los desarrollos inmobiliarios. Estos han rellenado alrededor de 10.000 hectáreas de humedales, produciendo impactos ambientales y sociales enormes, por lo que no tienen absolutamente nada de sustentables.
No voy a detenerme en una larga historia de impacto, pero sí voy a referirme a dos temas que considero fundamentales no solamente para hacer un diagnóstico, sino también para aportar al articulado del proyecto de ley.
En ese sentido, creo que hay algunas cuestiones que no se han abordado en las jornadas anteriores o en los proyectos que se han presentado. Una de ellas tiene que ver con el agua subterránea.
En general, se ha hablado de no alterar la circulación del agua superficial de los humedales por endicamientos, pulverizaciones, canalizaciones, etcétera. Pero también es muy importante considerar que el agua subterránea está íntimamente relacionada con los humedales, ya sea porque los recargan o porque son zonas donde vuelven a reabastecerse los acuíferos.
En el caso de los desarrollos inmobiliarios, la operatoria ha sido extraer tierra de los propios humedales, ponerla en tierras contiguas y levantar la cota para poder construir. En esa extracción de tierra se produce la decapitación de la protección natural que tienen los acuíferos, porque pueden tener entre 20 y 25 metros de profundidad. No solamente ocurre esto, sino que además se produce la interconexión de los acuíferos, que en estas zonas están muy cercanos unos de otros.
De manera que el acuífero Puelches -que es el último reducto de agua potable que tiene el noroeste de la provincia de Buenos Aires y del cual se abastecen millones de personas- se interconecta con el Pampeano -que está por encima y contaminado por acciones antrópicas- y se conecta también con el Paraná, qué está debajo y tiene aguas salubres.
La posibilidad de que el acuífero Puelches sea contaminado -teniendo en cuenta el valor estratégico que posee y que es el último que nos queda- es una verdadera catástrofe ambiental. Interconectar y arruinar un acuífero -que realmente es un bien de valor incalculable- constituye un delito ecológico porque conculca algo básico, que es el derecho del acceso al agua.
Ante la gravedad de este delito, debería ser contemplado en el articulado del proyecto de ley, ya sea por actividades de perforaciones directas, o como derivación de actividades que ya están contempladas en algunos proyectos, como las polderizaciones, endicamientos, etcétera.
Además, no solamente por su gravedad, sino también por su irreversibilidad, este daño debería ser considerado no prescriptible, porque no se resuelve. Considero que esto es muy importante porque la mayoría de los humedales de la Argentina se encuentran ubicados en la cuenca del Plata, que tiene ya sus aguas superficiales altamente contaminadas por agrotóxicos y contaminantes. Por lo tanto, la posibilidad de que ocurra este disturbio ambiental impresionante es muy alta.
Por otro lado, en relación con lo que hemos visto sobre los procesos de evaluación ambiental, quiero comentar algunas deficiencias. La única posibilidad que tiene la comunidad de interiorizarse sobre un proyecto y dar su opinión es mediante una audiencia o consulta pública, es decir, al final de un largo proceso donde el proponente de una empresa no escucha a la comunidad mientras elabora el proyecto. ¿Podría alguien pensar que después de estar elaborando un proyecto -que puede llevar meses o años y que incluso muchas veces hasta tiene aprobaciones parciales de organismos del Estado- alguien va a cambiar demasiado la iniciativa en la instancia final, que es la de una audiencia pública? La realidad nos demuestra que esto no sucede. Hemos asistido a un gran número de audiencias donde la comunidad entera estuvo en contra de determinados barrios o emprendimientos y el proyecto se aprobó de todas maneras.
Lo que estamos proponiendo es que se incorpore al articulado del proyecto de ley la participación temprana e informada para que la comunidad pueda acceder a la información y pueda dar su opinión en las etapas de prefactibilidad de los proyectos. Esta es la única manera donde todavía hay posibilidades de modificar un proyecto. Lo que estoy diciendo está consagrado en el Acuerdo de Escazú -el correspondiente proyecto de ratificación de dicho acuerdo ya cuenta con la sanción del Senado-, que es vinculante y al que seguramente la Argentina terminará adhiriendo.
A este principio de participación informada y temprana se debe sumar -como han comentado otros oradores- el hecho de hacer una evaluación ambiental estratégica que considere los impactos globales que han producido estos y otros emprendimientos.
Para finalizar quiero decir que existe una Guía de Participación Ciudadana elaborada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación que puede servir como antecedente. También hay guías que en este momento están desarrollando dicho ministerio y la Fundación Humedales, a fin de mejorar los procesos de evaluación de impacto ambiental en humedales. Ambas guías, a través de resoluciones, podrían incorporarse como una reglamentación para mejorar todos estos procesos, que tienen serias deficiencias.
SRA. MODERADORA (FIGUEROA) Tiene la palabra la doctora Sofía Astelarra, del Observatorio de Humedales Delta, Grupo de Estudios Ambientales, del Instituto de Investigación Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires.
SRA. ASTELARRA Muchas gracias. Hablo en representación del Observatorio de Humedales Delta.
Nosotres venimos registrando e investigando la expansión urbana sobre áreas de humedales deltaicos. En los últimos treinta años se ha instalado un modelo de urbanismo privado asociado a barrios cerrados y turismo de élite, entre otros. Este proceso tiene varias modalidades que se observan en otros casos y en un nuevo emprendedurismo de mediana y pequeña escala. Para arraigarse, requieren transformar la estructura del ecosistema: se procede al desmonte para su relleno o entierro y al endicamiento, y se realizan lagunas artificiales y canalizaciones en áreas frágiles como los pajonales y juncales. Además de la muerte de especies no humanas, se altera drásticamente el flujo hídrico, su dinamismo y variabilidad espaciotemporal, se reduce la diversidad e integridad socioecológica a la unicidad terrestre o acuática, afectando -a veces irreversiblemente- los procesos vitales y ecosistémicos fundamentales para el planeta.
Esta fragmentación ecosistémica destructiva es el paso inicial para el cambio de uso y de estatus jurídico, ya que se privatiza el uso de juncales, costas, canales y ríos que eran de uso común de las comunidades locales preexistentes. Se consolida una privatización de bienes comunes naturales de la humanidad, concebidos ahora como bienes privados y mercantilizados para grupos privilegiados. Esta modalidad del urbanismo privado, ligado también al uso turístico y recreativo, es concomitante con el incremento de lanchas rápidas de gran porte que navegan los ríos sin respetar los usos y costumbres locales. En el verano son noticia frecuente los accidentes fatales y la inseguridad fluvial torna inhabitable los ríos para la población preexistente, lo que incrementa el riesgo social.
Otro efecto de este oleaje náutico es la aceleración de la erosión de las riberas y la consecuente degradación ecosistémica, con un costo económico para la población local que tiene que invertir en la protección de costas, además de producir una degradación prácticamente irreversible del paisaje.
Esta degradación severa del ecosistema se combina con la desvalorización e inferiorización de la población local. Por eso, en términos socioculturales denominamos metafóricamente "miamización" del Delta a este modo de habitar y vivir las islas por parte del urbanismo privado.
Los sectores inmobiliarios en sus eslóganes publicitarios venden escenarios naturales ideales para escapar de la ciudad, lograr tranquilidad, seguridad y contacto con la naturaleza. Justamente esta artificialización está destruyendo la tranquilidad, la seguridad y el contacto con el humedal de las poblaciones que los habitan histórica y permanentemente.
En fin, estas prácticas van en contra de los derechos humanos, del acceso a la tierra, al trabajo digno y al agua de los ríos, arroyos y canales. Esto atenta contra el ambiente sano, el esparcimiento y el ocio seguro, y el mantenimiento del patrimonio cultural y el paisaje de las comunidades preexistentes, es decir, en contra del derecho a decidir sobre su territorio.
La población local se ve obligada a reconvertirse al sector de servicios, migrar o desplazarse por la presión de la mercantilización de la tierra, la pérdida de sus fuentes de trabajo tradicionales, la transformación del humedal y el hostigamiento que vivencian. De esta manera, empeora su calidad de vida, lo que implica costos afectivos y económicos inconmensurables.
Además, se inician procesos de pérdidas de saberes locales asociados al funcionamiento del ecosistema, a otras prácticas productivas y a los modos de vida local en contacto directo. De ahí que esta "miamización" del Delta y el encierro de los humedales no solo constituye la consumación de un ecocidio, sino también de un epistemicidio de la memoria del Paraná y su gente.
Estamos frente a la posibilidad de seguir perdiendo no solo extensos sectores de humedales, sino también sus poblaciones ancestrales y preexistentes, y con ello sus saberes ambientales.
¿Cómo habitar los humedales sustentablemente? Desde el Observatorio de Humedales venimos acompañando y trabajando en torno a los múltiples procesos que se abren a partir de un conflicto ambiental en el que se observan los daños y estragos mencionados. Nos referimos, como ya mencionaron otras compañeras, al caso Colony Park, que todavía aguarda una resolución jurídica definitiva, que esperamos sea favorable a las familias isleñas afectadas.
Este caso nos dejó muchos aprendizajes. El primero es que el incumplimiento de leyes ambientales y sociales garantizó el inicio de obras y provocó daños ambientales y sociales. Todo esto hubiera sido evitable si se hubiesen aplicado las leyes existentes.
El segundo es que gracias a la resistencia de la comunidad afectada a las organizaciones ambientales y científicas, el impacto de los daños y estragos de estos emprendimientos fueron visibilizados y los sectores gubernamentales finalmente actuaron.
El tercero es que al pasar diez años del freno de las obras observamos que en el área impactada comenzó la recomposición de la vida humana y no humana. Esto sucede porque se recupera la temporalidad acorde al flujo de materias y energías ecosistémicas y porque la comunidad local colabora con ese proceso vital del humedal.
En nuestro afán académico por realizar acciones para la recomposición, dialogamos con las familias históricas que viven en el lugar y en ese proceso aprendimos que el funcionamiento del ecosistema adquiere singularidades conocidas solo por quienes lo habitan.
Nosotres venimos registrando e investigando la expansión urbana sobre áreas de humedales deltaicos. En los últimos treinta años se ha instalado un modelo de urbanismo privado asociado a barrios cerrados y turismo de élite, entre otros. Este proceso tiene varias modalidades que se observan en otros casos y en un nuevo emprendedurismo de mediana y pequeña escala. Para arraigarse, requieren transformar la estructura del ecosistema: se procede al desmonte para su relleno o entierro y al endicamiento, y se realizan lagunas artificiales y canalizaciones en áreas frágiles como los pajonales y juncales. Además de la muerte de especies no humanas, se altera drásticamente el flujo hídrico, su dinamismo y variabilidad espaciotemporal, se reduce la diversidad e integridad socioecológica a la unicidad terrestre o acuática, afectando -a veces irreversiblemente- los procesos vitales y ecosistémicos fundamentales para el planeta.
Esta fragmentación ecosistémica destructiva es el paso inicial para el cambio de uso y de estatus jurídico, ya que se privatiza el uso de juncales, costas, canales y ríos que eran de uso común de las comunidades locales preexistentes. Se consolida una privatización de bienes comunes naturales de la humanidad, concebidos ahora como bienes privados y mercantilizados para grupos privilegiados. Esta modalidad del urbanismo privado, ligado también al uso turístico y recreativo, es concomitante con el incremento de lanchas rápidas de gran porte que navegan los ríos sin respetar los usos y costumbres locales. En el verano son noticia frecuente los accidentes fatales y la inseguridad fluvial torna inhabitable los ríos para la población preexistente, lo que incrementa el riesgo social.
Otro efecto de este oleaje náutico es la aceleración de la erosión de las riberas y la consecuente degradación ecosistémica, con un costo económico para la población local que tiene que invertir en la protección de costas, además de producir una degradación prácticamente irreversible del paisaje.
Esta degradación severa del ecosistema se combina con la desvalorización e inferiorización de la población local. Por eso, en términos socioculturales denominamos metafóricamente "miamización" del Delta a este modo de habitar y vivir las islas por parte del urbanismo privado.
Los sectores inmobiliarios en sus eslóganes publicitarios venden escenarios naturales ideales para escapar de la ciudad, lograr tranquilidad, seguridad y contacto con la naturaleza. Justamente esta artificialización está destruyendo la tranquilidad, la seguridad y el contacto con el humedal de las poblaciones que los habitan histórica y permanentemente.
En fin, estas prácticas van en contra de los derechos humanos, del acceso a la tierra, al trabajo digno y al agua de los ríos, arroyos y canales. Esto atenta contra el ambiente sano, el esparcimiento y el ocio seguro, y el mantenimiento del patrimonio cultural y el paisaje de las comunidades preexistentes, es decir, en contra del derecho a decidir sobre su territorio.
La población local se ve obligada a reconvertirse al sector de servicios, migrar o desplazarse por la presión de la mercantilización de la tierra, la pérdida de sus fuentes de trabajo tradicionales, la transformación del humedal y el hostigamiento que vivencian. De esta manera, empeora su calidad de vida, lo que implica costos afectivos y económicos inconmensurables.
Además, se inician procesos de pérdidas de saberes locales asociados al funcionamiento del ecosistema, a otras prácticas productivas y a los modos de vida local en contacto directo. De ahí que esta "miamización" del Delta y el encierro de los humedales no solo constituye la consumación de un ecocidio, sino también de un epistemicidio de la memoria del Paraná y su gente.
Estamos frente a la posibilidad de seguir perdiendo no solo extensos sectores de humedales, sino también sus poblaciones ancestrales y preexistentes, y con ello sus saberes ambientales.
¿Cómo habitar los humedales sustentablemente? Desde el Observatorio de Humedales venimos acompañando y trabajando en torno a los múltiples procesos que se abren a partir de un conflicto ambiental en el que se observan los daños y estragos mencionados. Nos referimos, como ya mencionaron otras compañeras, al caso Colony Park, que todavía aguarda una resolución jurídica definitiva, que esperamos sea favorable a las familias isleñas afectadas.
Este caso nos dejó muchos aprendizajes. El primero es que el incumplimiento de leyes ambientales y sociales garantizó el inicio de obras y provocó daños ambientales y sociales. Todo esto hubiera sido evitable si se hubiesen aplicado las leyes existentes.
El segundo es que gracias a la resistencia de la comunidad afectada a las organizaciones ambientales y científicas, el impacto de los daños y estragos de estos emprendimientos fueron visibilizados y los sectores gubernamentales finalmente actuaron.
El tercero es que al pasar diez años del freno de las obras observamos que en el área impactada comenzó la recomposición de la vida humana y no humana. Esto sucede porque se recupera la temporalidad acorde al flujo de materias y energías ecosistémicas y porque la comunidad local colabora con ese proceso vital del humedal.
En nuestro afán académico por realizar acciones para la recomposición, dialogamos con las familias históricas que viven en el lugar y en ese proceso aprendimos que el funcionamiento del ecosistema adquiere singularidades conocidas solo por quienes lo habitan.
SRA. MODERADORA (FIGUEROA) Le queda un minuto, doctora.
SRA. ASTELARRA Es justamente en la experiencia y memoria de estas comunidades locales que pervive y se sigue construyendo. De ahí que el diálogo de saberes sea fundamental para una ley de humedales.
Es posible una relación sinérgica y de retroalimentación entre saberes científicos y locales para la preservación ecosocial de los humedales y la recomposición de aquellos que han sido dañados.
Una vez realizado este diagnóstico, debemos comprender que la remediación de un daño socioambiental no es una solución técnico-científica, se logra con tecnologías que alteran justamente ese flujo vital del ecosistema y debe quedar en manos de las universidades, las organizaciones y las comunidades locales para que colaboren con el monitoreo de los humedales en su recomposición.
Durante treinta años el sector público ha facilitado el urbanismo privado. Estos sectores económicos ya han tenido rentabilidades extraordinarias y generado daños sociales que pagamos los humanos y los no humanos.
Es momento de generar políticas públicas que garanticen la sustentabilidad presente y futura. Necesitamos habitar los humedales como territorio de vida humana y no humana, y no como territorios privados exclusivos y excluyentes.
Los conocimientos y experiencias de vida sustentable ya existen y es momento de valorarlas y generar los mecanismos de participación correspondientes, que sean vinculantes y tengan financiamiento específico, para lo cual la moratoria de usos es clave. Asimismo, se deben consolidar órganos de aplicación, regulación y gestión interjurisdiccionales nacionales, regionales y locales donde dicha participación sea la protagonista.
Los conocimientos de las poblaciones y los humedales son bienes comunes que no pueden perder su integridad. (Inaudible.) Muchas gracias.
Es posible una relación sinérgica y de retroalimentación entre saberes científicos y locales para la preservación ecosocial de los humedales y la recomposición de aquellos que han sido dañados.
Una vez realizado este diagnóstico, debemos comprender que la remediación de un daño socioambiental no es una solución técnico-científica, se logra con tecnologías que alteran justamente ese flujo vital del ecosistema y debe quedar en manos de las universidades, las organizaciones y las comunidades locales para que colaboren con el monitoreo de los humedales en su recomposición.
Durante treinta años el sector público ha facilitado el urbanismo privado. Estos sectores económicos ya han tenido rentabilidades extraordinarias y generado daños sociales que pagamos los humanos y los no humanos.
Es momento de generar políticas públicas que garanticen la sustentabilidad presente y futura. Necesitamos habitar los humedales como territorio de vida humana y no humana, y no como territorios privados exclusivos y excluyentes.
Los conocimientos y experiencias de vida sustentable ya existen y es momento de valorarlas y generar los mecanismos de participación correspondientes, que sean vinculantes y tengan financiamiento específico, para lo cual la moratoria de usos es clave. Asimismo, se deben consolidar órganos de aplicación, regulación y gestión interjurisdiccionales nacionales, regionales y locales donde dicha participación sea la protagonista.
Los conocimientos de las poblaciones y los humedales son bienes comunes que no pueden perder su integridad. (Inaudible.) Muchas gracias.
SRA. MODERADORA (FIGUEROA) Tiene la palabra el doctor Juan David Castello, abogado y magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Austral, profesor adjunto de Teoría y Derechos Constitucionales, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste.
SR. CASTELLO Buenas tardes. Gracias por la invitación cursada. Destaco esta iniciativa del Congreso de la Nación y de esta comisión, pues fortalece la democracia.
El aporte de esta exposición en relación con el objeto de estas reuniones, que es comenzar a delinear una ley de humedales, estará centrado en los aspectos federales que entrañará esa futura norma legal.
El modelo legislativo de regulación ambiental establecido en la Constitución Nacional a partir de la reforma de 1994 es claramente federal, con una acentuada protección de las autonomías provinciales. Esto es así, pues sin perder de vista que el constituyente ha visto como una necesidad la legislación ambiental uniforme para todo el territorio nacional, también efectuó en el artículo 41 de nuestra Carta Magna un reconocimiento a las provincias de la facultad legislativa ambiental de carácter sustancial, permitiéndoles la complementación de la ley que vaya a sancionar el Congreso de la Nación.
Asimismo, este carácter autónomo, paralelo a la atribución nacional de establecer los presupuestos mínimos, se ve en el artículo 124 de la Constitución Nacional, donde se reconoce a las provincias el dominio sobre sus recursos naturales.
De manera tal que el artículo 41 de la Constitución Nacional impone una verdadera articulación interjurisdiccional de carácter legislativo, de naturaleza sustancial, a favor de ambos niveles estaduales. Por un lado, el Estado nacional podrá emitir leyes ambientales aplicables a todo el territorio. Pero por el otro, dichas leyes no pueden ocupar el ámbito normativo, sustancial y complementario que tienen las provincias.
Del mismo modo, las provincias podrán dictar normas complementarias, pero partiendo de la base fijada por los presupuestos mínimos de la legislación nacional.
¿Cuál es el alcance de ambas facultades legislativas? En primer término, tenemos que comprender que estamos en presencia de un tipo de facultad especial, de facultad colegislativa. La ley ambiental de que se trate tendrá un comienzo con la fijación de los presupuestos mínimos en el Congreso de la Nación y quedará concluida en las legislaturas provinciales al sancionarse las leyes complementarias.
En este sentido, el ejercicio colegislativo tiene bases y limitaciones para ambos órdenes estaduales. La Nación solamente puede legislar en materia de presupuestos mínimos, como ya fue mencionado. Es una potestad, pero al mismo tiempo una limitación. Las provincias, posteriormente, ya no podrán ejercer plenamente su autonomía sobre la materia ambiental seleccionada por el Congreso de la Nación para imponer presupuestos mínimos. Pero partiendo de la base de los presupuestos mínimos fijados por el Congreso de la Nación dictará las leyes sustantivas complementarias.
En esta relación interjurisdiccional, el equilibrio en el ejercicio de estas facultades asignadas a cada nivel estadual es fundamental y los peligros de exceso deben cuidarse en todo el trayecto de esta función colegislativa interjurisdiccional.
En lo que corresponde al Congreso de la Nación, que es quien inicia este camino legislativo fijado en el artículo 41 de nuestra Carta Magna, debe atender a que sus atribuciones no significan que pueda centralizar toda la materia ambiental en la ley de presupuestos mínimos, toda vez que debe respetar el margen que tienen las provincias en base a su potestad y facultad de legislar en materia de recursos naturales de materia ambiental.
Como conclusión, el artículo 41 de la Constitución Nacional supone una tarea legislativa conjunta. En dicha labor legislativa ambos actores tienen limitaciones. Los presupuestos mínimos, como elementos legislativos, suponen una limitación para el Congreso y las legislaturas provinciales.
Si bien las provincias no pueden perforar los presupuestos mínimos fijados por el Congreso de la Nación, éste no puede vaciar de contenido la potestad legislativa provincial so pretexto de establecer aquellos. Los presupuestos mínimos son aquellas cuestiones definidas en el artículo 6º de la Ley General del Ambiente, lo que supone el establecimiento ya de una restricción expresa.
La naturaleza colegislativa impuesta en el artículo 41 de la Constitución Nacional es diferente de la labor legislativa prevista en el artículo 75, inciso 12, de nuestra Carta Magna. Este último artículo establece la atribución del Estado de dictar la legislación de fondo, reservándose a las provincias la facultad adjetiva o de dictar leyes procesales.
En cambio, en la materia legislativa prevista en el artículo 41 de la Constitución Nacional el deslinde de competencias es distinto. La Nación dicta los presupuestos mínimos a través de leyes de naturaleza sustancial y las provincias, posteriormente y también con carácter sustancial, dictan las leyes complementarias.
El aporte de esta exposición en relación con el objeto de estas reuniones, que es comenzar a delinear una ley de humedales, estará centrado en los aspectos federales que entrañará esa futura norma legal.
El modelo legislativo de regulación ambiental establecido en la Constitución Nacional a partir de la reforma de 1994 es claramente federal, con una acentuada protección de las autonomías provinciales. Esto es así, pues sin perder de vista que el constituyente ha visto como una necesidad la legislación ambiental uniforme para todo el territorio nacional, también efectuó en el artículo 41 de nuestra Carta Magna un reconocimiento a las provincias de la facultad legislativa ambiental de carácter sustancial, permitiéndoles la complementación de la ley que vaya a sancionar el Congreso de la Nación.
Asimismo, este carácter autónomo, paralelo a la atribución nacional de establecer los presupuestos mínimos, se ve en el artículo 124 de la Constitución Nacional, donde se reconoce a las provincias el dominio sobre sus recursos naturales.
De manera tal que el artículo 41 de la Constitución Nacional impone una verdadera articulación interjurisdiccional de carácter legislativo, de naturaleza sustancial, a favor de ambos niveles estaduales. Por un lado, el Estado nacional podrá emitir leyes ambientales aplicables a todo el territorio. Pero por el otro, dichas leyes no pueden ocupar el ámbito normativo, sustancial y complementario que tienen las provincias.
Del mismo modo, las provincias podrán dictar normas complementarias, pero partiendo de la base fijada por los presupuestos mínimos de la legislación nacional.
¿Cuál es el alcance de ambas facultades legislativas? En primer término, tenemos que comprender que estamos en presencia de un tipo de facultad especial, de facultad colegislativa. La ley ambiental de que se trate tendrá un comienzo con la fijación de los presupuestos mínimos en el Congreso de la Nación y quedará concluida en las legislaturas provinciales al sancionarse las leyes complementarias.
En este sentido, el ejercicio colegislativo tiene bases y limitaciones para ambos órdenes estaduales. La Nación solamente puede legislar en materia de presupuestos mínimos, como ya fue mencionado. Es una potestad, pero al mismo tiempo una limitación. Las provincias, posteriormente, ya no podrán ejercer plenamente su autonomía sobre la materia ambiental seleccionada por el Congreso de la Nación para imponer presupuestos mínimos. Pero partiendo de la base de los presupuestos mínimos fijados por el Congreso de la Nación dictará las leyes sustantivas complementarias.
En esta relación interjurisdiccional, el equilibrio en el ejercicio de estas facultades asignadas a cada nivel estadual es fundamental y los peligros de exceso deben cuidarse en todo el trayecto de esta función colegislativa interjurisdiccional.
En lo que corresponde al Congreso de la Nación, que es quien inicia este camino legislativo fijado en el artículo 41 de nuestra Carta Magna, debe atender a que sus atribuciones no significan que pueda centralizar toda la materia ambiental en la ley de presupuestos mínimos, toda vez que debe respetar el margen que tienen las provincias en base a su potestad y facultad de legislar en materia de recursos naturales de materia ambiental.
Como conclusión, el artículo 41 de la Constitución Nacional supone una tarea legislativa conjunta. En dicha labor legislativa ambos actores tienen limitaciones. Los presupuestos mínimos, como elementos legislativos, suponen una limitación para el Congreso y las legislaturas provinciales.
Si bien las provincias no pueden perforar los presupuestos mínimos fijados por el Congreso de la Nación, éste no puede vaciar de contenido la potestad legislativa provincial so pretexto de establecer aquellos. Los presupuestos mínimos son aquellas cuestiones definidas en el artículo 6º de la Ley General del Ambiente, lo que supone el establecimiento ya de una restricción expresa.
La naturaleza colegislativa impuesta en el artículo 41 de la Constitución Nacional es diferente de la labor legislativa prevista en el artículo 75, inciso 12, de nuestra Carta Magna. Este último artículo establece la atribución del Estado de dictar la legislación de fondo, reservándose a las provincias la facultad adjetiva o de dictar leyes procesales.
En cambio, en la materia legislativa prevista en el artículo 41 de la Constitución Nacional el deslinde de competencias es distinto. La Nación dicta los presupuestos mínimos a través de leyes de naturaleza sustancial y las provincias, posteriormente y también con carácter sustancial, dictan las leyes complementarias.
SRA. MODERADORA (FIGUEROA) Le resta un minuto, doctor.
SR. CASTELLO El contenido de las leyes complementarias locales provinciales del que se nutrirán estas leyes se conformará con todos aquellos aspectos que permitan contemplar la geografía y el clima locales, las costumbres, las técnicas productivas sustentables y las tradiciones de cada lugar, que como patrimonio cultural hallan también protección en el mismo artículo 41 de la Constitución Nacional.
Muchas gracias. Quedo a disposición de ustedes para responder las preguntas que me quieran formular.
Muchas gracias. Quedo a disposición de ustedes para responder las preguntas que me quieran formular.
SRA. MODERADORA (FIGUEROA) Muchas gracias, doctor.
Tiene la palabra la señora Carla Deiana, socióloga y luchadora ambiental de Santa Fe.
Tiene la palabra la señora Carla Deiana, socióloga y luchadora ambiental de Santa Fe.
SRA. DEIANA Buenas tardes, diputadas y diputados. Agradezco la invitación a participar de esta reunión informativa sobre el proyecto de ley de humedales. En especial, agradezco a la señora diputada Romina del Pla, quien me invitó.
Como activista de la lucha ambiental que venimos dando por el fin de las quemas en las islas del Delta del Paraná, tengo la responsabilidad de transmitir la enorme bronca popular por los incendios y por el agravamiento de una catástrofe ambiental, que lleva cinco meses sin que ningún gobierno tome medidas reales para apagar el fuego.
El lunes pasado cortamos por quinta vez el puente Rosario-Victoria para apoyar el pedido de ayuda de las voluntarias y los voluntarios que cruzaron a las islas para socorrer a los isleños pobres, quienes veían con impotencia y dolor cómo se prendían fuego sus ranchos, sin que apareciera ninguna fuerza ni recurso estatal genuino para apagar los incendios.
Ese mismo día también cayeron cenizas sobre Rosario, y fue una muestra muy expresiva de lo que la población está denominando ecocidio, que es, ni más ni menos, la destrucción de un ambiente natural que, además de tener un valor intrínseco, presta enormes servicios ecosistémicos como, por ejemplo, la limpieza del aire, la provisión de agua para la población y, entre otras cosas, oficia de barrera natural frente a las inundaciones.
Esta situación perjudica a las poblaciones de Rosario, de Villa Constitución y de Reconquista, que viven y trabajan debajo de una densa nube tóxica que agrava la crisis sanitaria sufrida por la pandemia.
En tal sentido, el humo que invade los hogares de todos los barrios tendrá consecuencias de largo alcance sobre la salud. Un prestigioso médico de la Universidad de Rosario señala que respirar aire con los actuales niveles de toxicidad traerá consecuencias genéticas hereditarias. Es decir, afectará a "les hijes" de quienes respiran hoy este aire venenoso.
Por eso, teniendo en cuenta que esta comisión está conformada por bloques políticos que gobiernan en Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y concretamente en las ciudades de Rosario y Victoria -entre otras afectadas-, quiero transmitir una resolución de la Asamblea del Puente. Reclamamos que aparezcan ya los recursos para apagar el fuego, y hacemos responsables a los gobiernos por la integridad física de la población asediada por los incendios y de los socorristas voluntarios.
En dicha asamblea también rechazamos las maniobras dilatorias, ya sean burocráticas, judiciales o parlamentarias. Queremos que sepan que la población se moviliza porque está harta del humo ambiental, pero también del humo político.
En relación con el proyecto de ley de humedales, que es un reclamo central del movimiento de lucha ambiental contra las quemas, quiero referirme a tres aspectos que hemos debatido con mis compañeras y compañeros de Tribuna Ambiental para que, al sancionarse dicho proyecto, no fracase como la Ley de Bosques. Esto último se evidenció, entre otras cosas, por los incendios en el Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba, que avanzaron sobre la reserva del monte nativo, o por la desforestación que avanza en las provincias de Chaco, Salta y Formosa.
Los distintos proyectos a los que hemos podido acceder tienen en común tres conceptos que consideramos errados. En primer término, no establecen una moratoria que prohíba las quemas ya, de inmediato; en segundo lugar, dejan en manos de los gobiernos la resolución del inventario y el ordenamiento territorial; y, por último, contemplan niveles de financiación bajísimos, ya que algunos se refieren al 0,8 por ciento del presupuesto en contraste con el 8,8 por ciento destinado al pago de la deuda externa.
Por lo tanto, planteamos que el punto de partida para revertir la catástrofe actual debe ser una prohibición inmediata de las quemas durante, por lo menos, dos años, que es el período que se indica como base para dar tiempo al ecosistema para recuperarse. Luego de ello, se deben establecer los niveles de protección de los distintos tipos de humedales, sobre la base de lo elaborado por las organizaciones que luchan contra la depredación ambiental capitalista.
Además, las asambleas ambientales deben participar de estos procesos, ya que son la única garantía de preservación de estos ambientes. Por ello, proponemos que tanto el inventario como el ordenamiento territorial estén en manos de un consejo autónomo -independiente de los gobiernos- conformado por científicos, grupos ambientales y asambleas populares comprometidos con la defensa del ambiente y de la vida de la población trabajadora, que cuente con poder de veto.
Asimismo, proponemos que sea dicho consejo autónomo el que elabore un presupuesto para que sea votado en el Congreso y luego ejecutado con independencia de los poderes estatales.
Para finalizar, en cuanto a nuestra posición respecto de la zona de los humedales que corresponden estrictamente al Delta, proponemos que se nacionalicen los aproximadamente 17.000 kilómetros cuadrados correspondientes a las islas. En el mismo sentido, planteamos que esas tierras nacionalizadas pasen a formar un único parque nacional, patrimonio de todo el pueblo trabajador, en el que esté prohibida la explotación ganadera de los capitalistas o los proyectos inmobiliarios que acaparan el suelo en forma especulativa, en oposición a la necesidad de vivienda popular -como recién escuchamos de boca de un "lobbista" de estos proyectos-, o como el que en estos momentos se está discutiendo en el Concejo Deliberante de Victoria, en beneficio de la sociedad anónima La Carolina.
La nacionalización resolverá las disputas interjurisdiccionales que han estado al servicio de que los gobiernos deslinden sus responsabilidades, pero mientras tanto las quemas siguen.
Un parque nacional puede y debe albergar a los pobladores autóctonos que practican de forma artesanal actividades productivas. Además, debe incluir el derecho al deporte, al ocio y al ambiente sano de la juventud y de la clase obrera -tradición popular de Rosario y de toda la zona del Paraná-, a la que de forma pérfida se intenta responsabilizar por las quemas para eximir a los pulpos agroexportadores que explotan el suelo y son apañados porque constituyen una fuente de divisas.
El verdadero responsable de las quemas es este régimen depredador de dependencia y de atraso económico, que se verá reforzado por el proyecto del gobierno nacional con China para hacer de la Argentina una gran factoría de chanchos para el mundo. Dicha iniciativa es mirada con buenos ojos por el gobernador Omar Perotti, mientras deja correr las quemas en las islas. No sabemos si su idea es colocar allí las granjas industriales de cerdos.
Tal como dijimos en la marcha del día de ayer, desde este movimiento de lucha ambiental reclamamos: basta de falsas soluciones, basta de desforestación y basta de quemar los humedales. Muchas gracias.
Como activista de la lucha ambiental que venimos dando por el fin de las quemas en las islas del Delta del Paraná, tengo la responsabilidad de transmitir la enorme bronca popular por los incendios y por el agravamiento de una catástrofe ambiental, que lleva cinco meses sin que ningún gobierno tome medidas reales para apagar el fuego.
El lunes pasado cortamos por quinta vez el puente Rosario-Victoria para apoyar el pedido de ayuda de las voluntarias y los voluntarios que cruzaron a las islas para socorrer a los isleños pobres, quienes veían con impotencia y dolor cómo se prendían fuego sus ranchos, sin que apareciera ninguna fuerza ni recurso estatal genuino para apagar los incendios.
Ese mismo día también cayeron cenizas sobre Rosario, y fue una muestra muy expresiva de lo que la población está denominando ecocidio, que es, ni más ni menos, la destrucción de un ambiente natural que, además de tener un valor intrínseco, presta enormes servicios ecosistémicos como, por ejemplo, la limpieza del aire, la provisión de agua para la población y, entre otras cosas, oficia de barrera natural frente a las inundaciones.
Esta situación perjudica a las poblaciones de Rosario, de Villa Constitución y de Reconquista, que viven y trabajan debajo de una densa nube tóxica que agrava la crisis sanitaria sufrida por la pandemia.
En tal sentido, el humo que invade los hogares de todos los barrios tendrá consecuencias de largo alcance sobre la salud. Un prestigioso médico de la Universidad de Rosario señala que respirar aire con los actuales niveles de toxicidad traerá consecuencias genéticas hereditarias. Es decir, afectará a "les hijes" de quienes respiran hoy este aire venenoso.
Por eso, teniendo en cuenta que esta comisión está conformada por bloques políticos que gobiernan en Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y concretamente en las ciudades de Rosario y Victoria -entre otras afectadas-, quiero transmitir una resolución de la Asamblea del Puente. Reclamamos que aparezcan ya los recursos para apagar el fuego, y hacemos responsables a los gobiernos por la integridad física de la población asediada por los incendios y de los socorristas voluntarios.
En dicha asamblea también rechazamos las maniobras dilatorias, ya sean burocráticas, judiciales o parlamentarias. Queremos que sepan que la población se moviliza porque está harta del humo ambiental, pero también del humo político.
En relación con el proyecto de ley de humedales, que es un reclamo central del movimiento de lucha ambiental contra las quemas, quiero referirme a tres aspectos que hemos debatido con mis compañeras y compañeros de Tribuna Ambiental para que, al sancionarse dicho proyecto, no fracase como la Ley de Bosques. Esto último se evidenció, entre otras cosas, por los incendios en el Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba, que avanzaron sobre la reserva del monte nativo, o por la desforestación que avanza en las provincias de Chaco, Salta y Formosa.
Los distintos proyectos a los que hemos podido acceder tienen en común tres conceptos que consideramos errados. En primer término, no establecen una moratoria que prohíba las quemas ya, de inmediato; en segundo lugar, dejan en manos de los gobiernos la resolución del inventario y el ordenamiento territorial; y, por último, contemplan niveles de financiación bajísimos, ya que algunos se refieren al 0,8 por ciento del presupuesto en contraste con el 8,8 por ciento destinado al pago de la deuda externa.
Por lo tanto, planteamos que el punto de partida para revertir la catástrofe actual debe ser una prohibición inmediata de las quemas durante, por lo menos, dos años, que es el período que se indica como base para dar tiempo al ecosistema para recuperarse. Luego de ello, se deben establecer los niveles de protección de los distintos tipos de humedales, sobre la base de lo elaborado por las organizaciones que luchan contra la depredación ambiental capitalista.
Además, las asambleas ambientales deben participar de estos procesos, ya que son la única garantía de preservación de estos ambientes. Por ello, proponemos que tanto el inventario como el ordenamiento territorial estén en manos de un consejo autónomo -independiente de los gobiernos- conformado por científicos, grupos ambientales y asambleas populares comprometidos con la defensa del ambiente y de la vida de la población trabajadora, que cuente con poder de veto.
Asimismo, proponemos que sea dicho consejo autónomo el que elabore un presupuesto para que sea votado en el Congreso y luego ejecutado con independencia de los poderes estatales.
Para finalizar, en cuanto a nuestra posición respecto de la zona de los humedales que corresponden estrictamente al Delta, proponemos que se nacionalicen los aproximadamente 17.000 kilómetros cuadrados correspondientes a las islas. En el mismo sentido, planteamos que esas tierras nacionalizadas pasen a formar un único parque nacional, patrimonio de todo el pueblo trabajador, en el que esté prohibida la explotación ganadera de los capitalistas o los proyectos inmobiliarios que acaparan el suelo en forma especulativa, en oposición a la necesidad de vivienda popular -como recién escuchamos de boca de un "lobbista" de estos proyectos-, o como el que en estos momentos se está discutiendo en el Concejo Deliberante de Victoria, en beneficio de la sociedad anónima La Carolina.
La nacionalización resolverá las disputas interjurisdiccionales que han estado al servicio de que los gobiernos deslinden sus responsabilidades, pero mientras tanto las quemas siguen.
Un parque nacional puede y debe albergar a los pobladores autóctonos que practican de forma artesanal actividades productivas. Además, debe incluir el derecho al deporte, al ocio y al ambiente sano de la juventud y de la clase obrera -tradición popular de Rosario y de toda la zona del Paraná-, a la que de forma pérfida se intenta responsabilizar por las quemas para eximir a los pulpos agroexportadores que explotan el suelo y son apañados porque constituyen una fuente de divisas.
El verdadero responsable de las quemas es este régimen depredador de dependencia y de atraso económico, que se verá reforzado por el proyecto del gobierno nacional con China para hacer de la Argentina una gran factoría de chanchos para el mundo. Dicha iniciativa es mirada con buenos ojos por el gobernador Omar Perotti, mientras deja correr las quemas en las islas. No sabemos si su idea es colocar allí las granjas industriales de cerdos.
Tal como dijimos en la marcha del día de ayer, desde este movimiento de lucha ambiental reclamamos: basta de falsas soluciones, basta de desforestación y basta de quemar los humedales. Muchas gracias.
SRA. FIGUEROA Tiene la palabra la última expositora, Patricia Pintos, quien es profesora titular y subdirectora del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional de La Plata.
SR. PRESIDENTE GROSSO Me acaba de enviar un mensaje avisándome que se desconectó y que tratará de conectarse nuevamente. Ella era la última especialista de la lista de oradores.
Agradezco la participación de todos y todas. Resta que hagan uso de la palabra tres legisladores.
Tiene la palabra el señor diputado Zamarbide.
Agradezco la participación de todos y todas. Resta que hagan uso de la palabra tres legisladores.
Tiene la palabra el señor diputado Zamarbide.
SR. ZAMARBIDE Señor presidente: soy diputado por la provincia de Mendoza y reconozco que tengo mis limitaciones para hablar, como habitante del desierto. El mendocino no tiene una interacción cotidiana con los humedales, pero sí es consciente de la importancia que tienen junto con las vegas en la cordillera porque, en definitiva, los oasis viven de esos humedales. En la provincia de Mendoza tenemos sitios muy importantes como, por ejemplo, la laguna de Llancanelo.
En primer término, si bien respeto la opinión de la última expositora, no estoy de acuerdo con que la Ley de Bosques haya fracasado, ya que, aun con todos los problemas que tuvimos en su aplicación -sobre los que hablamos en esta comisión-, la situación es mejor que la que se vivía antes de su sanción.
En todo caso, el problema surge cuando esta y otras normas de presupuestos mínimos ambientales que resultan ser muy buenas a nivel federal, luego presentan inconvenientes al ser ejecutadas a nivel provincial. Creo que debemos tomar esta experiencia de la Ley de Bosques y aprender de los errores cometidos para no repetirlos con los humedales.
En segundo lugar, también debemos aprender de la experiencia de la Ley de Glaciares, que fue resistida y cuestionada en su momento; en buena hora que haya generado un debate similar a este, porque lo cierto es que fue fundamental para que pudiéramos trabajar en materia de pronósticos níveos y de retroceso de los glaciares en el contexto del cambio climático. Su aporte para el mantenimiento de los glaciares ha sido importantísimo a pesar de todas las limitaciones existentes.
Hago un llamado de atención porque, más allá de la cuestión legal y de la elaboración normativa que nos compete, hay una falencia en la gestión. En mi opinión, no estaría mal llamar a Gildo Insfrán, quien hace treinta años gobierna en Formosa y sigue permitiendo que se desforeste la provincia, sin brindar explicaciones al respecto.
Considero que en esos temas de gestión también debemos formular solicitudes al Poder Ejecutivo nacional, para que haga los reclamos pertinentes a los gobernadores y ministros de ambiente de las distintas provincias.
Quisiera formular una pregunta a Antonio Traba -me gustó mucho lo que dijo respecto a la gobernanza multinivel-, porque creo que vamos a tener una dificultad en la aplicación de la ley de humedales y quisiera saber su visión.
En la provincia de Mendoza, por ejemplo, por la ley 5.961, la ampliación de barrios existentes o la construcción de nuevos barrios está sujeta al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Quiere decir que las competencias provinciales podrían estar haciendo algo, aun en este momento, sin la sanción de una ley de humedales. Esto me parece muy importante, sobre todo, para los colegas de Buenos Aires, quienes pueden interactuar con el gobierno para exigir avances y controles a partir de lo que ocurre en la zona norte de la provincia.
De este modo, dejo planteada mi inquietud y me gustaría escuchar la opinión del ingeniero Traba.
En primer término, si bien respeto la opinión de la última expositora, no estoy de acuerdo con que la Ley de Bosques haya fracasado, ya que, aun con todos los problemas que tuvimos en su aplicación -sobre los que hablamos en esta comisión-, la situación es mejor que la que se vivía antes de su sanción.
En todo caso, el problema surge cuando esta y otras normas de presupuestos mínimos ambientales que resultan ser muy buenas a nivel federal, luego presentan inconvenientes al ser ejecutadas a nivel provincial. Creo que debemos tomar esta experiencia de la Ley de Bosques y aprender de los errores cometidos para no repetirlos con los humedales.
En segundo lugar, también debemos aprender de la experiencia de la Ley de Glaciares, que fue resistida y cuestionada en su momento; en buena hora que haya generado un debate similar a este, porque lo cierto es que fue fundamental para que pudiéramos trabajar en materia de pronósticos níveos y de retroceso de los glaciares en el contexto del cambio climático. Su aporte para el mantenimiento de los glaciares ha sido importantísimo a pesar de todas las limitaciones existentes.
Hago un llamado de atención porque, más allá de la cuestión legal y de la elaboración normativa que nos compete, hay una falencia en la gestión. En mi opinión, no estaría mal llamar a Gildo Insfrán, quien hace treinta años gobierna en Formosa y sigue permitiendo que se desforeste la provincia, sin brindar explicaciones al respecto.
Considero que en esos temas de gestión también debemos formular solicitudes al Poder Ejecutivo nacional, para que haga los reclamos pertinentes a los gobernadores y ministros de ambiente de las distintas provincias.
Quisiera formular una pregunta a Antonio Traba -me gustó mucho lo que dijo respecto a la gobernanza multinivel-, porque creo que vamos a tener una dificultad en la aplicación de la ley de humedales y quisiera saber su visión.
En la provincia de Mendoza, por ejemplo, por la ley 5.961, la ampliación de barrios existentes o la construcción de nuevos barrios está sujeta al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Quiere decir que las competencias provinciales podrían estar haciendo algo, aun en este momento, sin la sanción de una ley de humedales. Esto me parece muy importante, sobre todo, para los colegas de Buenos Aires, quienes pueden interactuar con el gobierno para exigir avances y controles a partir de lo que ocurre en la zona norte de la provincia.
De este modo, dejo planteada mi inquietud y me gustaría escuchar la opinión del ingeniero Traba.
SR. TRABA En realidad, debemos decir que la gobernanza no necesita un marco legislativo. En este momento, se puede ejercer en el espacio que uno quiera. Personalmente, he trabajado en varios espacios donde hemos constituido escenarios de gobernanza concretos -parques, paseos, barrios enteros-, y las decisiones se tomaron en forma horizontal.
El caso sobre el que me pregunta Federico tiene que ver con lo que mencioné al final de mi exposición respecto de la gobernanza multinivel.
La gobernanza se puede ejercer en distintos niveles de gobierno, de Estado y de ámbito territorial. Por ejemplo, en el caso que estaba planteando recién -respecto a la definición más global del uso del suelo-, se puede establecer un escenario de gobernanza a nivel de cámara inmobiliaria, gobierno provincial, gobierno municipal y algunas asociaciones de vecinos. En Santa Fe se encuentran las asociaciones vecinales barriales, que pueden tener representación, etcétera. Es decir que, haciendo un esquema muy fuerte, diría que es un escenario de segundo nivel en un territorio más amplio.
Entonces, considero que es bueno discutir en ese espacio porque ahí es donde se contrapesan los intereses de las cámaras, los económicos y los sociales. Es en ese esquema de gobernanza donde las jurisdicciones se superponen y, en definitiva, se consolidan; no va el Estado provincial por un lado y el nacional, por el otro.
El caso sobre el que me pregunta Federico tiene que ver con lo que mencioné al final de mi exposición respecto de la gobernanza multinivel.
La gobernanza se puede ejercer en distintos niveles de gobierno, de Estado y de ámbito territorial. Por ejemplo, en el caso que estaba planteando recién -respecto a la definición más global del uso del suelo-, se puede establecer un escenario de gobernanza a nivel de cámara inmobiliaria, gobierno provincial, gobierno municipal y algunas asociaciones de vecinos. En Santa Fe se encuentran las asociaciones vecinales barriales, que pueden tener representación, etcétera. Es decir que, haciendo un esquema muy fuerte, diría que es un escenario de segundo nivel en un territorio más amplio.
Entonces, considero que es bueno discutir en ese espacio porque ahí es donde se contrapesan los intereses de las cámaras, los económicos y los sociales. Es en ese esquema de gobernanza donde las jurisdicciones se superponen y, en definitiva, se consolidan; no va el Estado provincial por un lado y el nacional, por el otro.
SR. PRESIDENTE GROSSO Tiene la palabra la señora diputada Del Plá.
SRA. DEL PLÁ Señor presidente: estoy muy preocupada. Ayer estuve en la marcha ambiental que, aunque se realizó en la ciudad de Buenos Aires, tuvo carácter nacional. Estuvimos acompañando a diversas organizaciones ambientales que están planteando su preocupación por los desmontes, las quemas, los incendios, pues todo indica que no tienen control a pesar del esfuerzo de la población y de todos los destacamentos voluntarios para intentar frenarlos, con las consecuencias que aquí ya se denunciaron.
También se alertó sobre este acuerdo de la Cancillería con la República Popular China en relación con las factorías para cerdos, que es un elemento más que contribuye a una contaminación ambiental profunda.
La movilización se realizó, lógicamente, con todos los cuidados sanitarios; pero, sin embargo, vivimos una situación derivada de una provocación organizada por la Policía de la Ciudad que intentó detener a dos jóvenes manifestantes quienes, en forma completamente pacífica, estaban desarrollando el reclamo. Esta situación se extendió por un rato hasta que los tuvieron que liberar; de todas maneras, he querido mencionarlo porque me parece un tema muy serio.
Efectivamente, en todo el país tenemos una conclusión: si la población y los movimientos ambientales no se organizan e intervienen -tal como ocurre en muchos lugares donde se vienen desarrollando estas asambleas y movilizaciones-, muy difícilmente se logre frenar este proceso de depredación.
Tal como lo hemos analizado en el caso de los desmontes, considero que efectivamente existe un sometimiento del cuadro ambiental y de la situación de la población a un conjunto de negocios que tiene que ver con el avance de la frontera de la soja, el avance de la ganadería -como está pasando hoy en las en las islas de todo el Delta- y los grandes negocios inmobiliarios.
En ese sentido, tomo integralmente las propuestas que puntualizó Carla Deiana sobre los temas que hay que tener en cuenta en relación con la iniciativa que se está discutiendo, pero también quiero llamar la atención sobre otra cuestión.
Hemos presentado un proyecto por el que se solicita la suspensión de desmontes por dos años, teniendo en cuenta esta misma situación. Consideramos que hay que debatir y resolver este tema. Asimismo, tenemos un problema muy serio en tanto se permita luego la rezonificación. Entonces, esto también hay que tomarlo en cuenta en la elaboración de la ley de humedales.
Se necesita no solo la participación y la decisión de las organizaciones que están en los territorios y defienden los humedales y los espacios en cada región, sino también que luego no haya una rezonificación por parte de los gobiernos provinciales que termine borrando con el codo lo que se resolvió originalmente para la protección de esos ambientes. Me parece que es un tema clave.
Considero fundamental que no haya demoras a la hora de avanzar en estas resoluciones que, obviamente, tienen que ver con decisiones políticas que tendrán que resolverse entre la defensa del conjunto de la población y el ambiente, o el sometimiento y la defensa de los negociados a costillas de la enorme mayoría de la población.
Estas son las preocupaciones que tenemos, y nos parece importante avanzar rápidamente para que tanto esta iniciativa sobre humedales como el proyecto de suspensión de desmontes puedan lograr un dictamen a fin de que la Cámara tome una resolución.
También se alertó sobre este acuerdo de la Cancillería con la República Popular China en relación con las factorías para cerdos, que es un elemento más que contribuye a una contaminación ambiental profunda.
La movilización se realizó, lógicamente, con todos los cuidados sanitarios; pero, sin embargo, vivimos una situación derivada de una provocación organizada por la Policía de la Ciudad que intentó detener a dos jóvenes manifestantes quienes, en forma completamente pacífica, estaban desarrollando el reclamo. Esta situación se extendió por un rato hasta que los tuvieron que liberar; de todas maneras, he querido mencionarlo porque me parece un tema muy serio.
Efectivamente, en todo el país tenemos una conclusión: si la población y los movimientos ambientales no se organizan e intervienen -tal como ocurre en muchos lugares donde se vienen desarrollando estas asambleas y movilizaciones-, muy difícilmente se logre frenar este proceso de depredación.
Tal como lo hemos analizado en el caso de los desmontes, considero que efectivamente existe un sometimiento del cuadro ambiental y de la situación de la población a un conjunto de negocios que tiene que ver con el avance de la frontera de la soja, el avance de la ganadería -como está pasando hoy en las en las islas de todo el Delta- y los grandes negocios inmobiliarios.
En ese sentido, tomo integralmente las propuestas que puntualizó Carla Deiana sobre los temas que hay que tener en cuenta en relación con la iniciativa que se está discutiendo, pero también quiero llamar la atención sobre otra cuestión.
Hemos presentado un proyecto por el que se solicita la suspensión de desmontes por dos años, teniendo en cuenta esta misma situación. Consideramos que hay que debatir y resolver este tema. Asimismo, tenemos un problema muy serio en tanto se permita luego la rezonificación. Entonces, esto también hay que tomarlo en cuenta en la elaboración de la ley de humedales.
Se necesita no solo la participación y la decisión de las organizaciones que están en los territorios y defienden los humedales y los espacios en cada región, sino también que luego no haya una rezonificación por parte de los gobiernos provinciales que termine borrando con el codo lo que se resolvió originalmente para la protección de esos ambientes. Me parece que es un tema clave.
Considero fundamental que no haya demoras a la hora de avanzar en estas resoluciones que, obviamente, tienen que ver con decisiones políticas que tendrán que resolverse entre la defensa del conjunto de la población y el ambiente, o el sometimiento y la defensa de los negociados a costillas de la enorme mayoría de la población.
Estas son las preocupaciones que tenemos, y nos parece importante avanzar rápidamente para que tanto esta iniciativa sobre humedales como el proyecto de suspensión de desmontes puedan lograr un dictamen a fin de que la Cámara tome una resolución.
SR. PRESIDENTE GROSSO Tiene la palabra el señor diputado Eduardo Fernández.
SR. FERNÁNDEZ (E.) Señor presidente: buenas tardes a todas y a todos.
Quiero agradecer, como han hecho mis colegas, la presencia y los aportes que se vienen realizando en estas reuniones informativas que -como bien ha señalado usted, señor presidente- ayudan en el proceso de elaboración de esta norma. Se trata de una iniciativa que, por su importancia y también por los defectos o las faltas existentes en otras leyes que estamos analizando, puede servir como un quiebre en la legislación ambiental.
Me parece muy interesante el aporte que realizó el doctor Juan Castello acerca de las cuestiones jurisdiccionales que establece la Constitución en cuanto al rol del Estado nacional, pero también de las facultades que tienen las provincias. Ese vacío que a veces queda -y que nosotros conocemos-, tiene que ver con los humedales, pero también con la salud.
En ese sentido, en esta comisión también se ha explicado el efecto que tiene la cuestión ambiental en relación con la transmisión de enfermedades virósicas, dada la pérdida del ambiente natural de los animales. Todo esto nos hace dimensionar la importancia de la sanción de esta ley.
Quizás por la pandemia y por los incendios registrados volvió a la palestra esta cuestión. En el Congreso ya hubo iniciativas vinculadas con los humedales, pero quedaron trabadas, tanto en 2013 como en 2016. Los otros días, la señora diputada Brenda Austin recordó la trayectoria de esos proyectos.
Me parece que los diputados de todos los bloques, que tenemos la firme voluntad de avanzar en esta iniciativa, no debemos pensar en una ruptura ni en que la sanción de la ley de humedales podría anteponerse a la productividad y al trabajo. Pertenezco a los sectores de la producción y el trabajo, y creo que, en este sentido, podemos hacer una ley inteligente. Pero hay preocupación.
Como diputado cordobés, estoy sumamente preocupado por lo que sucede en mi provincia en relación con los incendios, pero también por toda la política ambiental.
Hoy el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, estuvo recorriendo zonas afectadas y creo que quedó impresionado. Además, ante el reclamo de muchos productores, como Eduardo Martínez, a quien escuchamos hace un rato, un productor apicultor que estuvo combatiendo el incendio -aclaro que la mayoría de quienes combaten los incendios en Córdoba son bomberos voluntarios-, dijo: la deforestación ilegal tiene que ser un delito penal. Eso es lo que lo dijo hoy Cabandié en Córdoba.
Nosotros también hemos empezado a ver este tema; por eso, agradecemos sus testimonios y aportes. En el caso concreto de Córdoba, tenemos la Ley de Bosques.
Más allá de cualquier opinión, basta con ver el mapa de Córdoba y observar dónde se producen los incendios. Si no, recordemos que en Falda del Carmen y en Falda del Cañete hubo incendios durante cinco años seguidos. Hoy esas superficies se convirtieron en barrios privados y countries. Creo que queda claro lo que está sucediendo.
En La Calera, zona de pretendidas áreas verdes, se producen incendios. En mi provincia hubo cuarenta focos ígneos al mismo tiempo. Por eso, he presentado un proyecto de resolución -y pido a los miembros de esta comisión que lo acompañen-, por el que se expresa preocupación por los incendios ocurridos en diversas localidades de la provincia de Córdoba.
Por otra parte, si bien nuestra iniciativa sobre humedales contempla la remediación, también es necesario aplicarla junto con la Ley de Bosques, porque a veces se implantan especies exóticas que, por cuestiones climáticas o territoriales, agigantan la posibilidad de incendios. Entonces creo que esta norma, al igual que este escenario, significan una oportunidad para resolver esta cuestión. Les agradecemos la posibilidad de hacerlo.
Por último, quiero decir algo al doctor Juan Castello en relación con una pregunta referida al límite entre la facultad de las provincias y el deber de la Nación de legislar para todos los argentinos. Aquí se trata de preservar el patrimonio de todos los argentinos -ya sean productores, personas del sector inmobiliario o lo que fuera-, porque sin naturaleza, sin humedales y sin bosques, no hay vida ni economía posible. Muchas gracias.
Quiero agradecer, como han hecho mis colegas, la presencia y los aportes que se vienen realizando en estas reuniones informativas que -como bien ha señalado usted, señor presidente- ayudan en el proceso de elaboración de esta norma. Se trata de una iniciativa que, por su importancia y también por los defectos o las faltas existentes en otras leyes que estamos analizando, puede servir como un quiebre en la legislación ambiental.
Me parece muy interesante el aporte que realizó el doctor Juan Castello acerca de las cuestiones jurisdiccionales que establece la Constitución en cuanto al rol del Estado nacional, pero también de las facultades que tienen las provincias. Ese vacío que a veces queda -y que nosotros conocemos-, tiene que ver con los humedales, pero también con la salud.
En ese sentido, en esta comisión también se ha explicado el efecto que tiene la cuestión ambiental en relación con la transmisión de enfermedades virósicas, dada la pérdida del ambiente natural de los animales. Todo esto nos hace dimensionar la importancia de la sanción de esta ley.
Quizás por la pandemia y por los incendios registrados volvió a la palestra esta cuestión. En el Congreso ya hubo iniciativas vinculadas con los humedales, pero quedaron trabadas, tanto en 2013 como en 2016. Los otros días, la señora diputada Brenda Austin recordó la trayectoria de esos proyectos.
Me parece que los diputados de todos los bloques, que tenemos la firme voluntad de avanzar en esta iniciativa, no debemos pensar en una ruptura ni en que la sanción de la ley de humedales podría anteponerse a la productividad y al trabajo. Pertenezco a los sectores de la producción y el trabajo, y creo que, en este sentido, podemos hacer una ley inteligente. Pero hay preocupación.
Como diputado cordobés, estoy sumamente preocupado por lo que sucede en mi provincia en relación con los incendios, pero también por toda la política ambiental.
Hoy el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, estuvo recorriendo zonas afectadas y creo que quedó impresionado. Además, ante el reclamo de muchos productores, como Eduardo Martínez, a quien escuchamos hace un rato, un productor apicultor que estuvo combatiendo el incendio -aclaro que la mayoría de quienes combaten los incendios en Córdoba son bomberos voluntarios-, dijo: la deforestación ilegal tiene que ser un delito penal. Eso es lo que lo dijo hoy Cabandié en Córdoba.
Nosotros también hemos empezado a ver este tema; por eso, agradecemos sus testimonios y aportes. En el caso concreto de Córdoba, tenemos la Ley de Bosques.
Más allá de cualquier opinión, basta con ver el mapa de Córdoba y observar dónde se producen los incendios. Si no, recordemos que en Falda del Carmen y en Falda del Cañete hubo incendios durante cinco años seguidos. Hoy esas superficies se convirtieron en barrios privados y countries. Creo que queda claro lo que está sucediendo.
En La Calera, zona de pretendidas áreas verdes, se producen incendios. En mi provincia hubo cuarenta focos ígneos al mismo tiempo. Por eso, he presentado un proyecto de resolución -y pido a los miembros de esta comisión que lo acompañen-, por el que se expresa preocupación por los incendios ocurridos en diversas localidades de la provincia de Córdoba.
Por otra parte, si bien nuestra iniciativa sobre humedales contempla la remediación, también es necesario aplicarla junto con la Ley de Bosques, porque a veces se implantan especies exóticas que, por cuestiones climáticas o territoriales, agigantan la posibilidad de incendios. Entonces creo que esta norma, al igual que este escenario, significan una oportunidad para resolver esta cuestión. Les agradecemos la posibilidad de hacerlo.
Por último, quiero decir algo al doctor Juan Castello en relación con una pregunta referida al límite entre la facultad de las provincias y el deber de la Nación de legislar para todos los argentinos. Aquí se trata de preservar el patrimonio de todos los argentinos -ya sean productores, personas del sector inmobiliario o lo que fuera-, porque sin naturaleza, sin humedales y sin bosques, no hay vida ni economía posible. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE GROSSO Muchas gracias, señor diputado Eduardo Fernández.
Acaban de avisarme que pudo conectarse Patricia Pintos, subdirectora del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional de La Plata, quien estuvo pendiente de toda la reunión.
En consecuencia, le concedo el uso de la palabra.
Acaban de avisarme que pudo conectarse Patricia Pintos, subdirectora del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional de La Plata, quien estuvo pendiente de toda la reunión.
En consecuencia, le concedo el uso de la palabra.
SRA. PINTOS Pido disculpas porque tuve un inconveniente técnico.
Buenas noches a todos y a todas. Gracias por permitirme compartir mi punto de vista acerca de la ocupación de los humedales con propósitos urbanísticos.
El extractivismo en general ha ido configurando innumerables zonas de sacrificio al solo efecto de capitalizar beneficio empresario, capturando renta de ambientes naturales sin medir los costos que esto tiene sobre dichos ambientes y las poblaciones allí afincadas.
En las últimas tres décadas, el urbanismo inmobiliario en humedales ha avanzado sobre estos ecosistemas, transformándolos de manera definitiva.
A nadie escapa que cambiar la cota de nivel en ambientes de humedales mediante actividades de relleno por medios mecánicos o refulado hidráulico, la construcción de lagunas artificiales, las polderizaciones perimetrales de protección, las canalizaciones y todo un conjunto de operaciones de ingeniería hidráulica, como si estos territorios fueran arcilla en las manos de un ceramista, son acciones que desnaturalizan al humedal, modifican sus condiciones de escurrimiento e infiltración, eliminan de plano su oferta de bienes y servicios ecosistémicos y afectan la calidad de los acuíferos subterráneos.
Todo ello produce un encadenamiento de perjuicios socioambientales, como la pérdida definitiva de paisajes identitarios, la desaparición de comunidades bióticas propias y su reemplazo por otras exóticas, y el dramático efecto sobre el agravamiento de las inundaciones.
La ocupación en forma continua de las planicies de inundación por parte de emprendimientos inmobiliarios, supera por mucho las 10.000 hectáreas de superficie solo en la cuenca baja del río Luján.
La provincia de Buenos Aires está invirtiendo enormes sumas de dinero, vía endeudamiento externo, para realizar las obras de alivio a las inundaciones, lo que se debe en gran parte al festival inmobiliario que viene teniendo lugar en los humedales de la cuenca.
Si no se pone freno a la enorme destrucción de estos ecosistemas, pronto serán necesarias nuevas obras para solucionar nuevos y mayores desastres, situación que será semejante a la de un perro que se muerde la cola una y otra vez.
Basta recordar las inundaciones que asolaron la cuenca del río Luján en 2014 y 2015. Por primera vez en la historia, el agua ingresó a la cripta de la Basílica de Luján. En algunos barrios de esa ciudad, el excedente hídrico permaneció por varios días, afectando la vida de las familias residentes.
Esto ocurrió porque la construcción masiva de urbanizaciones cerradas sobre humedales localizados aguas abajo en los municipios de Pilar, Escobar y Tigre actuaron como diques de contención e impidieron el normal escurrimiento e infiltración de las aguas.
Los fabulosos beneficios obtenidos por las empresas desarrolladoras, que compran suelo en humedales a precios marginales para venderlo luego a valores extraordinarios rodeados de marketing ampuloso, en torno a imaginarios de naturaleza prístina -que no es tal-, nunca podrán enmascarar la estela de devastación que producen.
Los bienes comunes de la naturaleza no pueden ser considerados una mercancía sujeta a un uso irrestricto. Las oportunidades de negocio para los actores del sector inmobiliario no pueden ni deben vulnerar la existencia de bienes comunes de la naturaleza, ni tampoco prescindir de los derechos que asisten a las comunidades locales y a los habitantes todos a beneficiarse de su existencia.
La cuenca del río Luján, con el modelo de Nordelta a la cabeza, ha sido la destinataria principal de este tipo de proyectos inmobiliarios.
La búsqueda de rédito económico ha hecho que este modelo de negocio se difundiera rápidamente hacia muchísimos otros sitios. Esto podemos verificarlo en la creciente ocupación del valle de Río Negro; en Resistencia, Chaco; en la ciudad de Corrientes, con el proyecto de construcción de un shopping sobre la playa pública Arazaty; en la provincia de Entre Ríos, donde se dan emprendimientos inmobiliarios en pueblos como General Belgrano, Concepción del Uruguay y Villa Paranacito; en la pretensión de consolidar la primera isla cerrada en el Delta de Tigre -la antes citada Colony Park-; en el litoral metropolitano sur bonaerense, en la costa de los municipios de Avellaneda, Quilmes y Berazategui; en Esteban Echeverría, con el avance de Racing Club sobre Laguna de Rocha; en la infinidad de urbanizaciones sobre formaciones dunarias de la costa bonaerense, y en el avance sobre la única albufera que existe en el país: la de Mar Chiquita. Todos ellos, humedales muy amenazados por esta barbarie urbanizadora.
En todo este tiempo, y ante la ausencia de una ley de presupuestos mínimos de humedales, han sido los colectivos y movimientos socioambientales, junto con la Justicia, quienes han enfrentado la sinrazón de esta compulsión urbanizadora sobre ecosistemas de extrema fragilidad y valor ecológico.
No voy a enunciar los numerosos fallos judiciales que han dado la razón a quienes vienen denunciando estos atropellos ambientales. Basta solo la mención de un fallo ejemplar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de julio de 2019 que, ante el conflicto por el caso Amarras del Gualeguaychú, le recordó a la provincia que era la responsable de la gestión y el uso sustentable de las cuencas hídricas y los sistemas de humedales. Ese fallo también señaló que para este caso debían ser aplicados no solo los principios de política ambiental, sino muy especialmente el principio precautorio que tiene jerarquía constitucional en Entre Ríos y dos principios novedosos del derecho ambiental internacional: in dubio pro aqua e in dubio pro natura.
A partir de este fallo, la Justicia entrerriana ordenó la demolición y el desmantelamiento del barrio náutico Amarras del Gualeguaychú.
Para finalizar, en virtud de lo expuesto quiero hacerles un requerimiento legislativo muy concreto acerca de los desarrollos urbanísticos sobre los humedales: la letra de la futura ley de presupuestos mínimos no puede ser dubitativa a este respecto. Debería excluirse la radicación de emprendimientos urbanísticos sobre estos ecosistemas.
A diferencia de lo que ocurre en otros países con limitada disponibilidad de suelo urbanizable -como Holanda, que debe ganar tierras al mar para garantizar esta condición-, nuestro país posee abundante oferta de suelo afectable a proyectos inmobiliarios, lo que hace absolutamente innecesaria la ocupación de humedales. Esto no excluye, por supuesto, las formas tradicionales de ocupación residencial de las comunidades locales, muy conscientes de su valoración ambiental y respetuosas de las dinámicas naturales de estos socioecosistemas. Solo me refiero a emprendimientos inmobiliarios que para poder llevar a cabo sus propuestas urbanísticas desnaturalizan por completo estos ambientes.
Para el caso de proyectos actualmente en tramitación que posean factibilidades técnicas preliminares pero que no hubieran alcanzado las factibilidades técnicas definitivas, debería preverse la incorporación de la figura de evaluación ambiental estratégica como instrumento preventivo que considere la incidencia acumulada del conjunto de desarrollos inmobiliarios que ya existen, recuperando, por un lado, el abordaje integral de cuenca que siempre debieron tener y, por el otro, evitando la evaluación de casos aislados.
En definitiva, se trata de volver a legitimar el rol planificador del Estado, haciendo que en las decisiones que se tomen en los territorios siempre prime el interés público por sobre el privado y no el acompañamiento acrítico y colaborativo a los intereses de las empresas.
Los humedales han sido reivindicados semánticamente. En tiempos pasados llegaron a ser considerados despectivamente como zonas bajas e inundables sin valor y sometidos desde un discurso desarrollista y vacío de significados como áreas improductivas que debían ser saneadas o recuperadas, pero ya no es así. En los últimos años fueron reivindicados a partir de una creciente defensa colectiva. Son bienes comunes de la naturaleza cuya existencia es determinante para las sociedades que los poseen, por su rica oferta de bienes y servicios, por su valor cultural que liga con la identidad de los lugares y cada vez más, por su potencial delegado para las generaciones futuras. Muchas gracias.
Buenas noches a todos y a todas. Gracias por permitirme compartir mi punto de vista acerca de la ocupación de los humedales con propósitos urbanísticos.
El extractivismo en general ha ido configurando innumerables zonas de sacrificio al solo efecto de capitalizar beneficio empresario, capturando renta de ambientes naturales sin medir los costos que esto tiene sobre dichos ambientes y las poblaciones allí afincadas.
En las últimas tres décadas, el urbanismo inmobiliario en humedales ha avanzado sobre estos ecosistemas, transformándolos de manera definitiva.
A nadie escapa que cambiar la cota de nivel en ambientes de humedales mediante actividades de relleno por medios mecánicos o refulado hidráulico, la construcción de lagunas artificiales, las polderizaciones perimetrales de protección, las canalizaciones y todo un conjunto de operaciones de ingeniería hidráulica, como si estos territorios fueran arcilla en las manos de un ceramista, son acciones que desnaturalizan al humedal, modifican sus condiciones de escurrimiento e infiltración, eliminan de plano su oferta de bienes y servicios ecosistémicos y afectan la calidad de los acuíferos subterráneos.
Todo ello produce un encadenamiento de perjuicios socioambientales, como la pérdida definitiva de paisajes identitarios, la desaparición de comunidades bióticas propias y su reemplazo por otras exóticas, y el dramático efecto sobre el agravamiento de las inundaciones.
La ocupación en forma continua de las planicies de inundación por parte de emprendimientos inmobiliarios, supera por mucho las 10.000 hectáreas de superficie solo en la cuenca baja del río Luján.
La provincia de Buenos Aires está invirtiendo enormes sumas de dinero, vía endeudamiento externo, para realizar las obras de alivio a las inundaciones, lo que se debe en gran parte al festival inmobiliario que viene teniendo lugar en los humedales de la cuenca.
Si no se pone freno a la enorme destrucción de estos ecosistemas, pronto serán necesarias nuevas obras para solucionar nuevos y mayores desastres, situación que será semejante a la de un perro que se muerde la cola una y otra vez.
Basta recordar las inundaciones que asolaron la cuenca del río Luján en 2014 y 2015. Por primera vez en la historia, el agua ingresó a la cripta de la Basílica de Luján. En algunos barrios de esa ciudad, el excedente hídrico permaneció por varios días, afectando la vida de las familias residentes.
Esto ocurrió porque la construcción masiva de urbanizaciones cerradas sobre humedales localizados aguas abajo en los municipios de Pilar, Escobar y Tigre actuaron como diques de contención e impidieron el normal escurrimiento e infiltración de las aguas.
Los fabulosos beneficios obtenidos por las empresas desarrolladoras, que compran suelo en humedales a precios marginales para venderlo luego a valores extraordinarios rodeados de marketing ampuloso, en torno a imaginarios de naturaleza prístina -que no es tal-, nunca podrán enmascarar la estela de devastación que producen.
Los bienes comunes de la naturaleza no pueden ser considerados una mercancía sujeta a un uso irrestricto. Las oportunidades de negocio para los actores del sector inmobiliario no pueden ni deben vulnerar la existencia de bienes comunes de la naturaleza, ni tampoco prescindir de los derechos que asisten a las comunidades locales y a los habitantes todos a beneficiarse de su existencia.
La cuenca del río Luján, con el modelo de Nordelta a la cabeza, ha sido la destinataria principal de este tipo de proyectos inmobiliarios.
La búsqueda de rédito económico ha hecho que este modelo de negocio se difundiera rápidamente hacia muchísimos otros sitios. Esto podemos verificarlo en la creciente ocupación del valle de Río Negro; en Resistencia, Chaco; en la ciudad de Corrientes, con el proyecto de construcción de un shopping sobre la playa pública Arazaty; en la provincia de Entre Ríos, donde se dan emprendimientos inmobiliarios en pueblos como General Belgrano, Concepción del Uruguay y Villa Paranacito; en la pretensión de consolidar la primera isla cerrada en el Delta de Tigre -la antes citada Colony Park-; en el litoral metropolitano sur bonaerense, en la costa de los municipios de Avellaneda, Quilmes y Berazategui; en Esteban Echeverría, con el avance de Racing Club sobre Laguna de Rocha; en la infinidad de urbanizaciones sobre formaciones dunarias de la costa bonaerense, y en el avance sobre la única albufera que existe en el país: la de Mar Chiquita. Todos ellos, humedales muy amenazados por esta barbarie urbanizadora.
En todo este tiempo, y ante la ausencia de una ley de presupuestos mínimos de humedales, han sido los colectivos y movimientos socioambientales, junto con la Justicia, quienes han enfrentado la sinrazón de esta compulsión urbanizadora sobre ecosistemas de extrema fragilidad y valor ecológico.
No voy a enunciar los numerosos fallos judiciales que han dado la razón a quienes vienen denunciando estos atropellos ambientales. Basta solo la mención de un fallo ejemplar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de julio de 2019 que, ante el conflicto por el caso Amarras del Gualeguaychú, le recordó a la provincia que era la responsable de la gestión y el uso sustentable de las cuencas hídricas y los sistemas de humedales. Ese fallo también señaló que para este caso debían ser aplicados no solo los principios de política ambiental, sino muy especialmente el principio precautorio que tiene jerarquía constitucional en Entre Ríos y dos principios novedosos del derecho ambiental internacional: in dubio pro aqua e in dubio pro natura.
A partir de este fallo, la Justicia entrerriana ordenó la demolición y el desmantelamiento del barrio náutico Amarras del Gualeguaychú.
Para finalizar, en virtud de lo expuesto quiero hacerles un requerimiento legislativo muy concreto acerca de los desarrollos urbanísticos sobre los humedales: la letra de la futura ley de presupuestos mínimos no puede ser dubitativa a este respecto. Debería excluirse la radicación de emprendimientos urbanísticos sobre estos ecosistemas.
A diferencia de lo que ocurre en otros países con limitada disponibilidad de suelo urbanizable -como Holanda, que debe ganar tierras al mar para garantizar esta condición-, nuestro país posee abundante oferta de suelo afectable a proyectos inmobiliarios, lo que hace absolutamente innecesaria la ocupación de humedales. Esto no excluye, por supuesto, las formas tradicionales de ocupación residencial de las comunidades locales, muy conscientes de su valoración ambiental y respetuosas de las dinámicas naturales de estos socioecosistemas. Solo me refiero a emprendimientos inmobiliarios que para poder llevar a cabo sus propuestas urbanísticas desnaturalizan por completo estos ambientes.
Para el caso de proyectos actualmente en tramitación que posean factibilidades técnicas preliminares pero que no hubieran alcanzado las factibilidades técnicas definitivas, debería preverse la incorporación de la figura de evaluación ambiental estratégica como instrumento preventivo que considere la incidencia acumulada del conjunto de desarrollos inmobiliarios que ya existen, recuperando, por un lado, el abordaje integral de cuenca que siempre debieron tener y, por el otro, evitando la evaluación de casos aislados.
En definitiva, se trata de volver a legitimar el rol planificador del Estado, haciendo que en las decisiones que se tomen en los territorios siempre prime el interés público por sobre el privado y no el acompañamiento acrítico y colaborativo a los intereses de las empresas.
Los humedales han sido reivindicados semánticamente. En tiempos pasados llegaron a ser considerados despectivamente como zonas bajas e inundables sin valor y sometidos desde un discurso desarrollista y vacío de significados como áreas improductivas que debían ser saneadas o recuperadas, pero ya no es así. En los últimos años fueron reivindicados a partir de una creciente defensa colectiva. Son bienes comunes de la naturaleza cuya existencia es determinante para las sociedades que los poseen, por su rica oferta de bienes y servicios, por su valor cultural que liga con la identidad de los lugares y cada vez más, por su potencial delegado para las generaciones futuras. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE GROSSO Muchas gracias, Patricia.
Hemos llegado al final. Solo voy a hacer una brevísima reflexión.
Venimos haciendo un esfuerzo grande los diputados y diputadas miembros de esta comisión, organizaciones, expositores, expositoras y especialistas para poner todas las voces, todas las perspectivas y pensar cómo podemos construir la mejor ley posible, en el marco de un debate público cada vez más álgido por los incendios que acechan grandes zonas de nuestro territorio.
Tenemos la decisión política de avanzar en este debate y sabemos que son muchas las resistencias. Sin embargo, de a poquito, me parece que con este mecanismo de participación y escucha hemos ido desarmando algunos de los argumentos centrales que se oponen a esta ley.
Después de analizar el proceso de debate que se ha dado en la ley de humedales a lo largo del tiempo en el Congreso hago la lectura de que intereses muy poderosos -pequeños en cantidad de gente pero muy poderosos- han impedido que el Estado logre regular la práctica y la vida sobre los humedales. Mientras ellos impiden eso, lo que el Estado no regula, hasta acá, el mercado lo ha destruido.
Necesitamos avanzar. Tenemos que asumir la responsabilidad de regular la protección de nuestros humedales.
Está claro que la ley que estamos promoviendo tiene puntos que han sido de amplio consenso. Por ejemplo, la definición de humedales, que en la mayoría de los proyectos es casi la misma, o la moratoria, que tiene muchísimas más flexibilidades que en anteriores discusiones en el Parlamento.
Por el discurso de muchos sectores que se oponen a esto, también hay que decir que no es una ley antiproductiva. Es una norma que lo que pretende es que el Estado regule las actividades sobre estos humedales para que no se quemen 90.000 hectáreas de pastizales en el Delta del Paraná, para que no destruyamos la capacidad ecosistémica de los humedales de evitar las inundaciones de las que recién hablaba Patricia, por ejemplo, en la Basílica de Luján. En definitiva, para que no sea tarde.
En este momento tenemos un sistema de reunión remoto en el Congreso de la Nación y en el mundo entero porque, como todos sabemos, un virus acecha a la Humanidad y no hay posibilidad de resolverlo de otra manera que no sea con las mismas herramientas que se usaban en el Medioevo: el aislamiento entre nosotros, lavarse las manos y la distancia.
Ese virus -lo vimos en este Congreso- es de origen zoonótico. Es decir, es resultado de la depredación de nuestro planeta que venimos haciendo como Humanidad. Si no aprovechamos esta oportunidad para resolver estos temas y para incorporar la perspectiva ecológica al desarrollo de nuestras sociedades y a la organización de nuestras sociedades, no la aprovechamos más.
Nosotros tenemos toda la voluntad de poder avanzar. La semana que viene queremos construir un espacio con los asesores y las asesoras para ir aunando criterios y tener, si es posible, con esa voluntad, un dictamen, un proyecto, un texto unificado. Para construir la mejor ley posible, queremos que ese texto se ponga en diálogo con todos los sectores que por aquí pasaron y por los sectores que no llegaron a pasar.
También recojo el guante planteado por muchos expositores, expositoras y algunas diputadas y diputados, acerca de poder pensar también la ley de bosques. Es decir, poder pensar esto que, por ejemplo, en Córdoba, está trayendo muchísimos problemas.
Tenemos que trabajar y hacernos cargo de a poquito, entre todos y todas, de transformar todo lo que tenga que ser transformado e incorporar esta perspectiva a la política pública y a la organización de nuestro país.
Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima.
Hemos llegado al final. Solo voy a hacer una brevísima reflexión.
Venimos haciendo un esfuerzo grande los diputados y diputadas miembros de esta comisión, organizaciones, expositores, expositoras y especialistas para poner todas las voces, todas las perspectivas y pensar cómo podemos construir la mejor ley posible, en el marco de un debate público cada vez más álgido por los incendios que acechan grandes zonas de nuestro territorio.
Tenemos la decisión política de avanzar en este debate y sabemos que son muchas las resistencias. Sin embargo, de a poquito, me parece que con este mecanismo de participación y escucha hemos ido desarmando algunos de los argumentos centrales que se oponen a esta ley.
Después de analizar el proceso de debate que se ha dado en la ley de humedales a lo largo del tiempo en el Congreso hago la lectura de que intereses muy poderosos -pequeños en cantidad de gente pero muy poderosos- han impedido que el Estado logre regular la práctica y la vida sobre los humedales. Mientras ellos impiden eso, lo que el Estado no regula, hasta acá, el mercado lo ha destruido.
Necesitamos avanzar. Tenemos que asumir la responsabilidad de regular la protección de nuestros humedales.
Está claro que la ley que estamos promoviendo tiene puntos que han sido de amplio consenso. Por ejemplo, la definición de humedales, que en la mayoría de los proyectos es casi la misma, o la moratoria, que tiene muchísimas más flexibilidades que en anteriores discusiones en el Parlamento.
Por el discurso de muchos sectores que se oponen a esto, también hay que decir que no es una ley antiproductiva. Es una norma que lo que pretende es que el Estado regule las actividades sobre estos humedales para que no se quemen 90.000 hectáreas de pastizales en el Delta del Paraná, para que no destruyamos la capacidad ecosistémica de los humedales de evitar las inundaciones de las que recién hablaba Patricia, por ejemplo, en la Basílica de Luján. En definitiva, para que no sea tarde.
En este momento tenemos un sistema de reunión remoto en el Congreso de la Nación y en el mundo entero porque, como todos sabemos, un virus acecha a la Humanidad y no hay posibilidad de resolverlo de otra manera que no sea con las mismas herramientas que se usaban en el Medioevo: el aislamiento entre nosotros, lavarse las manos y la distancia.
Ese virus -lo vimos en este Congreso- es de origen zoonótico. Es decir, es resultado de la depredación de nuestro planeta que venimos haciendo como Humanidad. Si no aprovechamos esta oportunidad para resolver estos temas y para incorporar la perspectiva ecológica al desarrollo de nuestras sociedades y a la organización de nuestras sociedades, no la aprovechamos más.
Nosotros tenemos toda la voluntad de poder avanzar. La semana que viene queremos construir un espacio con los asesores y las asesoras para ir aunando criterios y tener, si es posible, con esa voluntad, un dictamen, un proyecto, un texto unificado. Para construir la mejor ley posible, queremos que ese texto se ponga en diálogo con todos los sectores que por aquí pasaron y por los sectores que no llegaron a pasar.
También recojo el guante planteado por muchos expositores, expositoras y algunas diputadas y diputados, acerca de poder pensar también la ley de bosques. Es decir, poder pensar esto que, por ejemplo, en Córdoba, está trayendo muchísimos problemas.
Tenemos que trabajar y hacernos cargo de a poquito, entre todos y todas, de transformar todo lo que tenga que ser transformado e incorporar esta perspectiva a la política pública y a la organización de nuestro país.
Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima.
- Es la hora 20 y 16.