Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que a través de los organismos que corresponda informe a esta Cámara sobre las siguientes cuestiones:

- En qué etapa de implementación se encuentra el Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio (PRAMU) de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

- Cuándo se realizó el último informe ambiental de la planta de uranio Dioxitek S.A., del barrio Alta Córdoba, y el sitio Los Gigantes, ambos ubicados en la Provincia de Córdoba, y cuáles fueron sus resultados.

- Cuáles son los estudios técnicos pendientes de realización sobre los residuos de uranio depositados en la planta de Alta Córdoba y el sitio de Los Gigantes.

- En qué condiciones, por qué monto total y con qué plazos el Banco Mundial, a través del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), otorgó un crédito a la CNEA para financiar el PRAMU.

- Si es cierto que una de las condiciones para el otorgamiento de dicho crédito fue la conformación de un Foro Social, el cual hasta el día de hoy no ha avalado ninguna de las propuestas de la CNEA para la mitigación de los residuos de uranio depositados en la planta de Alta Córdoba.

- Si efectivamente se ha tomado alguna decisión sobre las tres alternativas de mitigación de los residuos de uranio que propuso la CNEA para la planta de Alta Córdoba. En caso afirmativo, explique las razones por las cuales se ha optado por esa alternativa.

- Cuál ha sido la respuesta de la CNEA a la carta que le enviaron los intendentes de la región sur del Valle de Punilla, el 31 de agosto de 2006, donde expresan su preocupación y rechazo ante un eventual traslado de los residuos de uranio desde la planta de Alta Córdoba hasta la mina de uranio de Los Gigantes.

- Si se ha considerado la posibilidad de convocar a un organismo no estatal para realizar un estudio ambiental imparcial de los sitios de Alta Córdoba y Los Gigantes, como lo reclaman las Organizaciones de la Sociedad Civil que integran el Foro Social.

Señor presidente:

En coincidencia con la mayor crisis política de la democratización argentina, el año 2001 para América Latina significó, al amparo de la resolución 1819 de la OEA, la inauguración institucional del reconocimiento de una dupla que nunca debió separarse: derechos humanos y medio ambiente. No podremos hablar de dignidad humana si las personas están sometidas a un enemigo oculto, que bajo el ropaje de la tecnología y la riqueza va minando sus vidas y disipando sus recursos. Menos aún cuando se las extorsiona bajo la amenaza de que perderán sus trabajos si reclaman contra las industrias que contaminan. Derechos humanos y medio ambiente son como el aire para respirar. Sin libertad democrática no hay derechos, y sin conciencia de esos derechos no se puede exigir una vida limpia y sana. De modo que la conciencia ambiental está también indisolublemente unida a la conciencia ciudadana, o sea, al desarrollo democrático. En la Argentina, por haber llegado tarde a la democratización, como una cultura tardía se viven fenómenos del mundo industrializado, como el de los desechos tóxicos, sin la conciencia de su gravedad y sin que el Estado cumpla con su función ineludible de control.

Un caso paradigmático es el del Complejo Fabril Córdoba (CFC), que desde 1952 ocupa un predio que pertenece a Fabricaciones Militares en el populoso barrio de Alta Córdoba en la capital de esa provincia. Aún cuando las normativas municipales son claras en relación a la utilización urbana de esas tierras, ese complejo fabril ha funcionado desde 1952 hasta 1982 como una fábrica de diacromatos, y desde esa última fecha produce dióxido de uranio. En la actualidad opera esa planta la empresa Dioxitek S.A., cuyo principal accionista es la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

El uranio es radioactivo y químicamente tóxico. Si es ingerido o inhalado su radioactividad representa un riesgo alto de cáncer de pulmón o de huesos.

Según datos de la CNEA, como producto de las actividades de concentración, se encuentran depositadas - no enterradas- en el lugar 57.600 toneladas de colas de uranio. Estos residuos contienen materiales radioactivos como el Radio 226, el Plomo 210 y el Radón 222.

Los estudios realizados en 1998 por el centro de investigación y desarrollo CEPROCOR, que depende de la Agencia Córdoba Ciencia, obrantes en la Universidad de Navarra, demostraron que en "El Chichón" -la zona donde están depositados los residuos radiactivos de baja actividad- la presencia de Radio 226 supera en 257 veces los valores normales (se encontró un máximo de 9500 Becquerelios por kilogramo [Bq/kg], cuando el nivel de referencia es de 37 Bq/kg). En cuanto al Radón 222 se encontró a valores 7 veces más altos que lo normal (se halló hasta 28,9 picocuries por litro [pCi/L], cuando el valor de referencia para la EPA es de 4 pCi/L).

La CNEA registró además un aumento de las concentraciones de sulfatos (So4), Sodio (Na) y Ácido nítrico (No3) en el muestreo de las aguas subterráneas. Esta situación, sostiene el organismo, "justifica su gestión".

De hecho, existe riesgo cierto de que la concentración de iones que fue detectada en el agua subterránea provenga de forma directa de los residuos minerales depositados en el suelo.

Por otra parte, durante el muestreo de colas de mineral que realizó la misma CNEA, se encontraron en el suelo del predio contenidos "elevados" de algunos contaminantes convencionales, como Vanadio, Cobre, Zinc y Cromo, entre otros. Esto demuestra que los depósitos de minerales no se encuentran bien protegidos ni aislados (con membrana y sistema de contención), y que también queda justificada su "gestión".

Para mitigar estos inconvenientes, por recomendación de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la CNEA diseñó tres propuestas, incluidas en el Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería de Uranio (PRAMU):

- La relocalización del Complejo Fabril en un lugar alejado del barrio Alta Córdoba, lo que implicaría, según advierte la Comisión, una amenaza para la continuidad del empleo de los trabajadores.

- La remoción de las colas hasta un lugar de residuos peligrosos a kilómetros de distancia de la ciudad y el estudio de eventuales relaciones causales entre el elevado contenido iónico de las aguas subterráneas y la movilización del lixiviado de las colas. De comprobarse que no existe relación causal, (la CNEA recomienda) el cubrimiento de las colas in situ, "para prevenir el impacto de las partículas suspendidas en el aire durante la remoción de las colas".

- La relocalización de 36.000 m3 de colas de uranio (el equivalente a 57.600 toneladas) en el Complejo Minero Los Gigantes, ubicado en el Valle de Tanti. Para esta última opción, será necesario realizar 27 viajes diarios durante 7-8 meses, con camiones de 15 toneladas de capacidad, a lo largo de 100 km, en un camino de una sola mano, sin pavimentar, transitando además por distintas comunidades, como la ciudad de Villa Carlos Paz. En total, se trataría de 4320 viajes transportando residuos peligrosos a lo largo del Valle de Punilla.

El Complejo Minero Fabril Los Gigantes se encuentra en la Sierra Grande, a 30 km. de la ciudad de Villa Carlos Paz. Los materiales depositados en el sitio, como producto de la explotación, son 2.400.000 toneladas de colas, 1.000.000 de toneladas de estériles y 600.000 de marginales. Si bien no hay poblaciones en las cercanías, la existencia de los materiales descriptos aguas arriba de zonas turísticas, otorga al problema un carácter particular. El colector principal de la zona de Sierra Grande es el río San Antonio, principal afluente del lago San Roque, que provee de agua potable a la ciudad de Córdoba.

La CNEA solicitó un crédito al Banco Mundial, para la ejecución del Proyecto de Restitución Ambiental de los Minerales de Uranio (PRAMU). Parte de ese crédito - U$S 8.600.000- ya fue otorgado para la restitución ambiental del sitio de Malargüe, en la provincia de Mendoza.

El 16 de noviembre de 2005 quedó constituido el Foro Social de Organizaciones No Gubernamentales, que tiene a su cargo el monitoreo y la función de contralor -no vinculante- del PRAMU. Los integrantes del Foro Social aseguraron que la CNEA no proporcionó información escrita sobre las condiciones ambientales de los dos sitios a remediar en la provincia de Córdoba, que no conocen en qué estado se encuentra el crédito pedido al BM para el caso puntual de Alta Córdoba y Los Gigantes; ni cuál de las propuestas de la CNEA para restituir el ambiente de los dos lugares es la que cuenta con mayor aval de los técnicos del organismo. Tampoco fueron informados acerca de bajo qué condiciones de seguridad se realizaría el proyecto de restitución.

Los intendentes de las distintas ciudades y localidades del Valle de Punilla rechazaron "el ingreso de residuos radioactivos y tóxicos a Los Gigantes", en una reunión que se realizó el jueves 31 de agosto de 2006, en la localidad de Tanti, provincia de Córdoba.

También expresaron su preocupación por la eventual realización de 4320 viajes con los residuos de uranio por las rutas y caminos del lugar, con los riesgos que eso implica. Y ratificaron la plena vigencia de normativa municipal que prohíbe el ingreso y circulación de transportes con residuos radioactivos por las jurisdicciones del valle, como la ordenanza de Zona No Nuclear vigente en la Municipalidad de Tanti.

Además, las ONG's que integran el Foro Social reclaman que parte del crédito del BM se destine a la realización de un estudio imparcial de impacto ambiental de los dos predios, y del eventual traslado de residuos entre los mismos.

Como bien advierte el Informe del Centro de Derechos Humanos y Ambiente, presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2002, "el problema de los productos y desechos tóxicos ha sido uno de los que más preocupaciones ha creado en la comunidad internacional, habiéndose generado una profusa red de documentos, procedimientos e instituciones que regulan la producción, el movimiento y la disposición final de los productos y desechos tóxicos y peligrosos, pero, pese a todos estos valiosos esfuerzos, las personas que ven su salud y sus vidas afectadas por los productos y desechos tóxicos se cuentan por millares. La no percepción de estas víctimas como víctimas de abusos de derechos humanos, ha privado a las mismas del acceso a los foros internacionales de protección de derechos humanos como esta Comisión. Esto ha provocado la absoluta indefensión de las víctimas, ha agudizado su vulnerabilidad y la impunidad de los responsables de estos abusos."

La ignorancia sobre las nuevas tecnologías y la falta de leyes que garanticen a la ciudadanía el acceso a la información pública fortalecen esa desprotección, como lo demuestra la paradoja de que la CNEA, a instancias de los organismos internacionales de crédito, promueve la creación de un Foro Social para poder acceder al financiamiento externo, pero una vez constituido se le retacea la información. De modo que no hay diálogo con la sociedad civil ni se ha procurado el consenso con los intendentes de la zona afectada.

Como muestra patética de la inoperancia de las instituciones públicas, en esta Cámara se han presentado pedidos de informes sobre la situación de la planta de Dioxitek S.A. desde hace más de diez años, mientras los residuos de uranio siguen depositados en el lugar, como una amenaza letal sobre las miles de personas que habitan en ese populoso barrio de la capital cordobesa.

Por estas razones, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.-