Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional en los términos del artículo 100, inciso 11 de la Constitución Nacional para que, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, brinde información precisa y detallada a esta Honorable Cámara de Diputados acerca del anuncio de la compañía finlandesa UPM sobre la posible instalación de una nueva mega fábrica productora de pasta celulosa en la República Oriental del Uruguay y las consecuencias medioambientales que podría ocasionar.

Señor presidente:

Mayúscula ha sido la sorpresa para muchos argentinos, y particularmente para gran parte del pueblo entrerriano comprometido con la defensa del medio ambiente, al enterarnos del anuncio que realizó -el pasado miércoles 13 de julio- la compañía de origen finlandés UPM asegurando que la República Oriental del Uruguay avanza en el objetivo concreto de que se construya una nueva planta de celulosa en su territorio.

Al respecto, el grupo empresario europeo aseguró que comenzará las conversaciones con el gobierno uruguayo para afrontar el desarrollo de la infraestructura logística necesaria para darle viabilidad al proyecto en cuestión.

Jaakko Sarantola, vicepresidente senior de Desarrollo de Negocios en el país vecino, afirmó: "Uruguay podría albergar una tercera planta de celulosa de tecnología de vanguardia y con probado desempeño ambiental, si se adecuara la infraestructura logística que permita el desarrollo de emprendimientos de gran escala orientados a la exportación. Si estos desafíos pueden ser resueltos en los próximos años, Uruguay podría ser una alternativa competitiva para atender las oportunidades del mercado de la celulosa de UPM en la década del 2020".

Más preocupantes aún fueron las declaraciones del presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, quien directamente descartó de plano efectuar cualquier tipo de consultas con los países limítrofes, Argentina y Brasil, alegando que "la pastera se instalará en el corazón del país, lo suficientemente alejada de cualquiera de las dos fronteras".

No obstante, según todas las informaciones, esta tercera planta estaría ubicada sobre el río Negro, que nace en territorio brasileño y desemboca en el río Uruguay, lo cual redundaría en una afectación directa nuevamente del ambiente y la salud de los vecinos argentinos, como sucede en la actualidad con la ex Botnia.

El integrante de la Asamblea Ciudadana Ambiental, Martín Alazard manifestó que el anuncio "es una novedad que nos causa muchísima preocupación, es como que Tabaré Vázquez, con un sadismo tremendo gozara de anunciar e inaugurar una pastera nueva en cada presidencia que desempeña. Lo terrible de esta noticia es que piensan instalarla en el río Negro, cerca de la desembocadura, en la zona del Yaguarí, con lo cual todos los efluentes que produzca la futura planta van a verterse frente a la zona de la pesquería, es decir Costa Uruguay sur, que ya está seriamente afectada por las emanaciones procedentes de Fray Bentos".

Como entrerrianos y como argentinos que hemos padecido las consecuencias nocivas de la planta que está ubicada en Fray Bentos, frente a la ciudad de Gualeguychú, consideramos que tenemos derecho a conocer cómo afectará medioambientalmente (la contaminación del aire, la tierra y el río que compartimos con la República Oriental del Uruguay) la radicación de una tercera planta en dicho territorio.

Retomando las palabras del integrante de la Asamble Ambiental de Gualeguychú, estimamos como fundamental que "nuestra Cancillería tome cartas en el asunto de forma urgentísima y no se despierten cuando los hechos ya estén consumados permitiéndole al Uruguay seguir actuando de mala fe y un paso adelante nuestro".

La República Oriental del Uruguay debería tener presente que, en el fallo sobre Botnia, la Corte Internacional de Justicia, dictaminó que Montevideo violó el Tratado del Río Uruguay por no realizar las consultas previas con la Argentina para la autorización de la construcción de las plantas. En ese marco, el tribunal evaluó que Uruguay también desconoció los mecanismos de cooperación previstos por el Tratado del Río Uruguay y señaló incluso que no debería haber avanzado con la construcción de las papeleras una vez que la Argentina había aceptado la creación de la Comisión de evaluación.

En síntesis, bregamos para que este pedido de informes y tantos otros reclamos de diferentes organizaciones no gubernamentales, municipios, secretarías, legisladores y vecinos, sirva como voz de alerta, y al mismo tiempo funcionen como puntapié para que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto brinde información precisa y detallada sobre la instalación de esta nueva pastera y garantice el cumplimiento del fallo de la Corte Internacional de Justicia al respecto.

Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares el acompañamiento en este proyecto de resolución.