Instar a la Organización de Estados Americanos y a nuestro país en su carácter de estado parte de dicha organización, a formular propuestas concretas que aseguren un flujo de fondos para sostener la estructura permanente de funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), proveyendo los aportes económicos necesarios para garantizar el pleno cumplimiento de su cometido, en el marco de lo dispuesto en el sistema interamericano de derechos humanos.

Señor presidente:

El sistema interamericano de derechos humanos constituye uno de los logros que la región de América Latina y el Caribe ha alcanzado, después de décadas de dictaduras y golpes de estado. Ha sido una de las regiones del mundo donde las violaciones sistemáticas de los derechos humanos condujeron a la comisión de gravísimos crímenes de lesa humanidad, especialmente en la segunda mitad del pasado siglo.

Por ello, la red de tratados de derechos humanos que incluso tienen rango constitucional, ha sido uno de los aportes más importantes para la investigación y sanción de los delitos cometidos y para la reparación de los daños causados.

Uno de los ejes de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) es la creación de medios de protección, entre los cuales se encuentra además de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyo papel ha sido y es de suma trascendencia para el respeto y la plena vigencia de los derechos humanos en nuestras sociedades democráticas, donde las violaciones cometidas por los estados siguen siendo un factor de preocupación para una convivencia en paz en un estado democrático de derecho.

Basta analizar los informes y dictámenes de la CIDH, para advertir su rol esencial en la promoción, monitoreo y defensa de los derechos humanos en la región, instando a los estados a respetar los compromisos asumidos al suscribir los pactos internacionales de derechos humanos. Nuestro propio país ha sido objeto de numerosas gestiones de la CIDH que han posibilitado un mayor respeto a los derechos humanos en nuestro país.

Consideramos que para el cumplimiento de estos fines, la CIDH debe tener asegurada la provisión de recursos económicos que le permita tener una estructura funcional permanente, lo que no puede quedar sujeto a la benevolencia económica de los estados, quienes están precisamente sujetos a su control y monitoreo.

La propia OEA debe garantizar el flujo de fondos para el funcionamiento regular y asegurar que no dependa de los vaivenes de donaciones o aportes discrecionales de los gobiernos u organizaciones, pues ello puede conducir, como acontece hoy, a un ahogo financiero que debilita el funcionamiento del organismo y menoscaba por consiguiente, el desarrollo eficaz e independiente de su cometido en aras a preservar y promover el respeto a los derechos humanos en la región.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de resolución.