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PRESUPUESTO Y HACIENDA
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P04 Oficina 418
Secretario Administrativo Dr. Seguí Ariel
Martes 17.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2444 Internos 2416/2310
cpyhacienda@hcdn.gob.ar
- PRESUPUESTO Y HACIENDA
Reunión del día 11/07/2017
- FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los once días del mes de julio, a la hora 11 y 48:
SR. PRESIDENTE LASPINA Damos inicio a la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en la que vamos a considerar dos proyectos: el contenido en el expediente
1341-d-2017, de la diputada Soria y otros, y el del expediente
2108-d-2017, de la diputada Soledad Carrizo -aquí presente- y otros, relativo a la intangibilidad del Fondo Nacional de la Vivienda.
Para tal fin contamos con la presencia del subsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, doctor Iván Kerr, quien nos va a ilustrar respecto a su visión de lo que está pasando en materia de asignación de fondos para vivienda y la posición del Poder Ejecutivo nacional en relación con los dos proyectos que hoy tenemos en tratamiento.
Tiene la palabra el doctor Kerr.
Para tal fin contamos con la presencia del subsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, doctor Iván Kerr, quien nos va a ilustrar respecto a su visión de lo que está pasando en materia de asignación de fondos para vivienda y la posición del Poder Ejecutivo nacional en relación con los dos proyectos que hoy tenemos en tratamiento.
Tiene la palabra el doctor Kerr.
SR. KERR el tema de la libre disponibilidad del FONAVI es algo que venimos empujando desde el inicio de la gestión.
Voy a apoyar mi exposición con un PowerPoint, en el que podemos observar que hay un déficit habitacional creciente en la Argentina, que en los últimos treinta años no ha parado de crecer.
Lo curioso es que originalmente el déficit habitacional en la Argentina era más cuantitativo que cualitativo. ¿Qué quiere decir esto? Que se necesitaba que se construyan más viviendas, que la gente se procuraba su propia solución en materia de vivienda y lo que necesitaban en todo caso del Estado era un mejoramiento de esas condiciones para que las viviendas reunieran condiciones dignas.
A lo largo de estos años no solo ha crecido el déficit sino que también se ha convertido más en cualitativo que cuantitativo. En números: el 25 por ciento de la población de Argentina presenta algún problema habitacional. Esto equivale a tres millones y medio de hogares; son 12 millones de personas. Hoy dos tercios de ese déficit es cualitativo.
Es muy importante todo lo que podamos hacer desde el Estado para todo lo que implique una mejora de los barrios: llevar servicio de agua potable, cloacas, infraestructura, luminaria y pavimento. Ese es el tipo de solución que el Estado debiera dar para atender el déficit cualitativo.
Claramente la razón obedece a prácticamente los veinte años en los que la Argentina no tuvo acceso al crédito hipotecario, ante lo cual la gente se tuvo que generar su propia solución. El impacto que tuvo esa situación lo vemos en el crecimiento de villas.
Lógicamente que el Estado construye viviendas con sus propio presupuesto. Esa cantidad de viviendas nunca ha superado las 30.000 o 40.000 viviendas al año, y por eso el déficit es estructural.
La población crece 1 por ciento al año, las familias crecen 2 por ciento al año y el Estado aporta menos soluciones de viviendas de las que se necesitan. Además las que aportan, a través de la construcción de viviendas propiamente dichas, no atienden el déficit. Como decíamos, gran parte de ese déficit es cualitativo.
Voy a apoyar mi exposición con un PowerPoint, en el que podemos observar que hay un déficit habitacional creciente en la Argentina, que en los últimos treinta años no ha parado de crecer.
Lo curioso es que originalmente el déficit habitacional en la Argentina era más cuantitativo que cualitativo. ¿Qué quiere decir esto? Que se necesitaba que se construyan más viviendas, que la gente se procuraba su propia solución en materia de vivienda y lo que necesitaban en todo caso del Estado era un mejoramiento de esas condiciones para que las viviendas reunieran condiciones dignas.
A lo largo de estos años no solo ha crecido el déficit sino que también se ha convertido más en cualitativo que cuantitativo. En números: el 25 por ciento de la población de Argentina presenta algún problema habitacional. Esto equivale a tres millones y medio de hogares; son 12 millones de personas. Hoy dos tercios de ese déficit es cualitativo.
Es muy importante todo lo que podamos hacer desde el Estado para todo lo que implique una mejora de los barrios: llevar servicio de agua potable, cloacas, infraestructura, luminaria y pavimento. Ese es el tipo de solución que el Estado debiera dar para atender el déficit cualitativo.
Claramente la razón obedece a prácticamente los veinte años en los que la Argentina no tuvo acceso al crédito hipotecario, ante lo cual la gente se tuvo que generar su propia solución. El impacto que tuvo esa situación lo vemos en el crecimiento de villas.
Lógicamente que el Estado construye viviendas con sus propio presupuesto. Esa cantidad de viviendas nunca ha superado las 30.000 o 40.000 viviendas al año, y por eso el déficit es estructural.
La población crece 1 por ciento al año, las familias crecen 2 por ciento al año y el Estado aporta menos soluciones de viviendas de las que se necesitan. Además las que aportan, a través de la construcción de viviendas propiamente dichas, no atienden el déficit. Como decíamos, gran parte de ese déficit es cualitativo.
SR. AMADEO ¿Creció 160.000 por año?
SR. KERR Sí, más o menos esa es la cifra que arroja el censo 2010. Claramente, está desactualizado.
¿Cómo se financió la política habitacional a lo largo de todos estos años? Tenemos esta famosa ley del FONAVI que construyó viviendas sociales. Todos ustedes saben que donde vemos un complejo de viviendas, pertenece a las viviendas FONAVI.
Fíjense que en los últimos años fue perdiendo su razón de ser y fue perdiendo el impacto que tenía sobre la política pública. El Estado nacional a través de la creación de los planes federales fue arrogándose esa competencia de distribuir el dinero a las provincias y cada vez tuvo menos representación en el presupuesto.
Ahí tienen una serie de los últimos cinco años. Este año para el 2016, el presupuesto que tuvimos fue de 21.000 millones de pesos para los planes federales, lo que votan ustedes en el Congreso. La transferencia a las provincias del FONAVI fue de 11.500 millones de pesos. Para 2017 el presupuesto para vivienda votado por ustedes -donde ya hicimos la diferencia-, es de 25.000 millones de pesos, de los cuales 16.000 millones fueron para la construcción de viviendas sociales.
Hoy construir una vivienda social sale 15.000 pesos, más o menos, el metro cuadrado; a 55 metros, gastamos aproximadamente un millón de pesos por vivienda. Por primera vez, tuvimos 9.000 millones de pesos para las políticas de hábitat. Las estimaciones del FONAVI para este año están cerca de los 13.500 millones de pesos.
¿Cómo se financió la política habitacional a lo largo de todos estos años? Tenemos esta famosa ley del FONAVI que construyó viviendas sociales. Todos ustedes saben que donde vemos un complejo de viviendas, pertenece a las viviendas FONAVI.
Fíjense que en los últimos años fue perdiendo su razón de ser y fue perdiendo el impacto que tenía sobre la política pública. El Estado nacional a través de la creación de los planes federales fue arrogándose esa competencia de distribuir el dinero a las provincias y cada vez tuvo menos representación en el presupuesto.
Ahí tienen una serie de los últimos cinco años. Este año para el 2016, el presupuesto que tuvimos fue de 21.000 millones de pesos para los planes federales, lo que votan ustedes en el Congreso. La transferencia a las provincias del FONAVI fue de 11.500 millones de pesos. Para 2017 el presupuesto para vivienda votado por ustedes -donde ya hicimos la diferencia-, es de 25.000 millones de pesos, de los cuales 16.000 millones fueron para la construcción de viviendas sociales.
Hoy construir una vivienda social sale 15.000 pesos, más o menos, el metro cuadrado; a 55 metros, gastamos aproximadamente un millón de pesos por vivienda. Por primera vez, tuvimos 9.000 millones de pesos para las políticas de hábitat. Las estimaciones del FONAVI para este año están cerca de los 13.500 millones de pesos.
SR. SÁNCHEZ ¿Mil dólares el metro cuadrado?
SR. KERR Eso es lo que vale.
La última resolución es que financiamos 15.700 pesos el metro cuadrado, multiplique un indicador por provincia. En la provincia de Buenos Aires, se construye por esa cifra; en Santa Fe o en Tierra del Fuego se construye por 20.000 pesos el metro cuadrado.
Con lo cual si el esquema es que el Estado financie todas las construcciones de vivienda con ese presupuesto, en números lineales podríamos hacer solo 25.000 viviendas y necesitamos hacer más de 150.000.
El FONAVI desde la emergencia económica, pacto federal que hicieron las provincias, tienen libre disponibilidad. Las provincias reciben ese fondo en transferencia directa del Estado nacional a las provincias pero por la emergencia económica tienen amparada la posibilidad de utilizarlo libremente.
Fíjense -esto es muy ilustrativo y creo que ahí vamos a poder coincidir todos- que las transferencias que se hicieron a través del porcentaje que fija la alícuota que establece el FONAVI, entre el 2001 y el 2014 tuvieron cero dispersión. El Congreso decía que la ley debía revisar esos porcentajes de asignación de acuerdo a cómo se reducía el déficit y el crecimiento de población y en todo caso efectuar modificaciones a cómo se repartía el FONAVI entre las provincias; nunca se hizo, nunca el Congreso modificó los porcentajes de asignación del FONAVI desde la ley. De hecho, la Ciudad de Buenos Aires entró después, una vez que se creó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y claramente el porcentaje por el cual coparticipa del FONAVI no se condice con su déficit ni con su población.
Sin embargo, fíjense que muy por el contrario, la política de vivienda, la política habitacional, a través de los planes federales donde el Estado se arrogó esa competencia y dijo "yo te distribuyo el dinero para que vos construyas" tiene esa dispersión. Lo azul que vemos en pantalla corresponde a cómo está fijada la alícuota de lo que le corresponde a cada provincia de acuerdo al FONAVI y lo rojo -que son dos tercios del total de lo que los argentinos invierten en política de vivienda- muestra cómo se distribuyeron y destinaron los fondos, donde claramente hay un sesgo de acuerdo con color político de la provincia o del gobierno de turno. Si no, no tendría ninguna lógica que, por ejemplo, Corrientes haya recibido el 1.1 cuando tanto en población como en déficit tiene números similares a Chaco o a Entre Ríos.
Entonces es una buena herramienta, no hay nada mejor para la política de vivienda que existan fondos exclusivos para financiarla o el recaudo sobre el impuesto a los combustibles. Eso garantizaría la autonomía propia de las provincias, que puedan recibir estos fondos y destinarlos exclusivamente a financiar su política de vivienda.
Además la ley establecía la creación de un fondo provincial; o sea, respecto de aquellas provincias que adhirieron a esta ley -todas, porque todas reciben los fondos- la norma indicaba que tenían que crear un fondo provincial propio en el cual integrar el FONAVI -lo que reciben del Estado nacional- sus fondos provinciales, la recaudación de las cuotas de las viviendas que entregaran y, eventualmente, inclusive ya la ley preveía que otorgaran hipotecas, securitizaran esas hipotecas y generaran un fondo cuyo objeto era conformar un capital semilla que pudiera ir apalancando y generando escala en la política habitacional.
Nada de eso ocurrió. Diría que prácticamente ninguna provincia generó este fondo exclusivo. Reciben por un lado el aporte del FONAVI y los planes federales por el otro, pero no hay un aporte, como marca la ley, de las provincias para integrarlo al FONAVI. Además, la ley señala que la Subsecretaría de Desarrollo Urbano tiene la auditoría de esos fondos y lo que vemos es que las provincias recaudan las cuotas de las viviendas sociales que construyen con el dinero del Estado para financiar su propio gasto corriente; recaudan las cuotas que paga la gente por su vivienda que no se reinvierten en nuevas viviendas sino en el gasto administrativo propio de pagar los sueldos de su estructura.
Aunque algunas provincias, que al haber adherido a la ley conforman el Consejo Nacional de la Vivienda, debieran tener para recibir estos fondos institutos autárquicos provinciales que no se confundieran con el dinero o las arcas de la provincia y, sin embargo, hay provincias que ni siquiera tienen un instituto autárquico provincial: reciben el dinero y lo integran a los fondos provinciales.
Inclusive, algunas provincias directamente ponen que los fondos los destinan a financiar otras políticas. Es decir, reciben los fondos para la vivienda, pero los incluye en el financiamiento de otras políticas. También está el caso de otras provincias que lo colocan en garantía para tomar deuda. La ley establece expresamente que los fondos del FONAVI se pueden poner en garantía siempre que se utilicen para el objeto de la norma que es el de la construcción de viviendas. No se puede tomar deuda para el gasto corriente de las provincias y colocar el fondo del FONAVI en garantía de esa deuda.
Claramente, si tiene libre disponibilidad -eso obedeció a la emergencia económica de 2001- todo el control que se haga desde el Estado nacional del uso de esos fondos no tiene ningún sentido, porque las provincias pueden aducir que tienen esa facultad y la pueden utilizar para lo que quieran.
Concretamente, proponemos que los fondos vuelvan a ser autárquicos e independientes. Además, solicitamos que esos fondos vayan a financiar la política de vivienda. El Estado nacional debe tener la menor discrecionalidad posible en la distribución de estos recursos. En las anotaciones de color rojo que figuran en la filmina, se muestra cómo se distribuyó y notarán que no tuvo ninguna lógica objetiva sobre parámetros de déficit y población. La idea es que el Congreso busque un mecanismo. La ley fijaba, hace veinte años, los porcentajes de coparticipación y se establecía que cada dos años el Congreso los iba a revisar. La idea es que se revisen y se distribuya el FONAVI de acuerdo con la necesidad de población y déficit que tiene cada provincia.
A grandes rasgos podemos visualizar toda la normativa. Puntualmente, la ley se sancionó en el año 1972 y sufrió varias modificaciones. La última y más importante es la de la ley 24.464, que crea el Sistema Nacional de la Vivienda, dispone la financiación de un porcentaje de los impuestos al combustible y establece el porcentaje por reparto automático entre provincias. Aclaro que éste es el que nunca se modificó pues el mismo artículo fija la revisión por parte del Congreso.
Asimismo, establece distintos destinos admisibles de los recursos. O sea, pueden utilizarse para la compra, construcción, urbanización, infraestructura, servicios, equipamiento comunitario y garantías de préstamos vinculados a los fines de la ley. No es el caso de aquellas provincias que, como lo dije antes, lo utilizan para otras cuestiones.
Además, respecto de la infraestructura establece que el monto máximo que se puede utilizar es del 20 por ciento. O sea, el 80 por ciento se utiliza para la construcción de viviendas y solamente el 20 por ciento se puede destinar a infraestructura. De las auditorías surge que se financia otro tipo de infraestructura, por mayor monto, que no necesariamente obedece al destino de la norma.
También se establece que cada provincia debe crear un fondo provincial de la vivienda que se compone del FONAVI, el recupero de inversiones y los aportes provinciales. Dichos fondos se deben destinar a los fines específicos de la ley. Si esos fondos se hubieran constituido y las provincias recibieran los fondos del FONAVI o hubieran aportado su propio dinero, recolectara las cuotas y lo destinaran correctamente, hoy les permitiría titularizar, tomar más deuda, hacer que ese recupero fuera más escalonado y generar mayor inversión que es lo que necesitamos todos los argentinos para poder reducir el déficit habitacional.
Por otra parte, establece que aquellas provincias que adhieran tienen que crear una entidad autárquica para administrar estos fondos provinciales. El objeto es que no vuelvan a las propias arcas de las provincias y se confundieran con el resto de los ingresos. Además, se menciona la incorporación del financiamiento para la compra y venta como nuevo destino posible y establecer un 20 por ciento para infraestructura y servicio.
Posteriormente, mediante la ley 25.570, dictada en el año 2002, el Congreso ratifica el acuerdo nacional y provincial que establece la libre disponibilidad, amparado en la emergencia económica. Todos saben que la emergencia nunca más fue prorrogada, pero desde entonces siguen teniendo esa libre disponibilidad.
En otro de los gráficos se muestra la dispersión. Pueden apreciar allí a las provincias que menos utilizan el FONAVI para lo que corresponde. Las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Salta y Tierra del Fuego destinan gran parte del dinero que reciben del FONAVI para algo distinto a lo que significa la política de vivienda. En este sentido, hicimos un cálculo de los últimos cuatro años -2012 a 2015- en base a los fondos que el Estado nacional transfirió. En ese momento tomamos nota de la cantidad de viviendas que cada provincia pudo haber construido si hubieran destinado estos fondos a la política respectiva. Por lo tanto, tenemos que salir de la lógica de que la única política de vivienda es construir viviendas. El FONAVI podría haber hecho caja con los bancos provinciales y otorgar créditos hipotecarios o podría haber subsidiado tasas, capital, lo que fuere; la propia ley lo prevé al señalar que las viviendas se tienen que otorgar con créditos hipotecarios y que hay que regularizar dominialmente. A pesar de ello hoy tenemos millones de viviendas fue fueron entregadas en todo el país, cuyos beneficiarios o propietarios siguen sin tener el título de propiedad, cuando es una obligación del FONAVI otorgar dichos títulos.
Para ir terminando quiero señalar que el objetivo es disponer la derogación de esa libre disponibilidad; que los fondos vuelvan a ser intangibles; promover una distribución menos discrecional del gasto entre provincias; una mejor cobertura del déficit habitacional por provincia; mayor transparencia en la información referida al cumplimiento de la ley a través de un régimen de información y de rendición de cuentas por el cual las provincias indiquen anualmente el destino de estos fondos; que el Congreso lo pueda revisar y pueda decir para el año que viene la distribución tiene que ser esta otra y, claramente, facilitar la transferencia automática estableciendo una cuenta especial, cuya titularidad sea de cada organismo provincial. O sea, una cuenta única a la que vayan los fondos que no pueden destinarse a una cuestión distinta a la de las viviendas. Si hoy los fondos del FONAVI entran en la cuenta de recaudación de la provincia, a nosotros -que tenemos la obligación legal de auditarlos- se nos hace imposible verificar cuál fue el destino de esos recursos.
Esto es lo que queríamos presentar y quedamos a disposición de las preguntas que quieran formular.
La última resolución es que financiamos 15.700 pesos el metro cuadrado, multiplique un indicador por provincia. En la provincia de Buenos Aires, se construye por esa cifra; en Santa Fe o en Tierra del Fuego se construye por 20.000 pesos el metro cuadrado.
Con lo cual si el esquema es que el Estado financie todas las construcciones de vivienda con ese presupuesto, en números lineales podríamos hacer solo 25.000 viviendas y necesitamos hacer más de 150.000.
El FONAVI desde la emergencia económica, pacto federal que hicieron las provincias, tienen libre disponibilidad. Las provincias reciben ese fondo en transferencia directa del Estado nacional a las provincias pero por la emergencia económica tienen amparada la posibilidad de utilizarlo libremente.
Fíjense -esto es muy ilustrativo y creo que ahí vamos a poder coincidir todos- que las transferencias que se hicieron a través del porcentaje que fija la alícuota que establece el FONAVI, entre el 2001 y el 2014 tuvieron cero dispersión. El Congreso decía que la ley debía revisar esos porcentajes de asignación de acuerdo a cómo se reducía el déficit y el crecimiento de población y en todo caso efectuar modificaciones a cómo se repartía el FONAVI entre las provincias; nunca se hizo, nunca el Congreso modificó los porcentajes de asignación del FONAVI desde la ley. De hecho, la Ciudad de Buenos Aires entró después, una vez que se creó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y claramente el porcentaje por el cual coparticipa del FONAVI no se condice con su déficit ni con su población.
Sin embargo, fíjense que muy por el contrario, la política de vivienda, la política habitacional, a través de los planes federales donde el Estado se arrogó esa competencia y dijo "yo te distribuyo el dinero para que vos construyas" tiene esa dispersión. Lo azul que vemos en pantalla corresponde a cómo está fijada la alícuota de lo que le corresponde a cada provincia de acuerdo al FONAVI y lo rojo -que son dos tercios del total de lo que los argentinos invierten en política de vivienda- muestra cómo se distribuyeron y destinaron los fondos, donde claramente hay un sesgo de acuerdo con color político de la provincia o del gobierno de turno. Si no, no tendría ninguna lógica que, por ejemplo, Corrientes haya recibido el 1.1 cuando tanto en población como en déficit tiene números similares a Chaco o a Entre Ríos.
Entonces es una buena herramienta, no hay nada mejor para la política de vivienda que existan fondos exclusivos para financiarla o el recaudo sobre el impuesto a los combustibles. Eso garantizaría la autonomía propia de las provincias, que puedan recibir estos fondos y destinarlos exclusivamente a financiar su política de vivienda.
Además la ley establecía la creación de un fondo provincial; o sea, respecto de aquellas provincias que adhirieron a esta ley -todas, porque todas reciben los fondos- la norma indicaba que tenían que crear un fondo provincial propio en el cual integrar el FONAVI -lo que reciben del Estado nacional- sus fondos provinciales, la recaudación de las cuotas de las viviendas que entregaran y, eventualmente, inclusive ya la ley preveía que otorgaran hipotecas, securitizaran esas hipotecas y generaran un fondo cuyo objeto era conformar un capital semilla que pudiera ir apalancando y generando escala en la política habitacional.
Nada de eso ocurrió. Diría que prácticamente ninguna provincia generó este fondo exclusivo. Reciben por un lado el aporte del FONAVI y los planes federales por el otro, pero no hay un aporte, como marca la ley, de las provincias para integrarlo al FONAVI. Además, la ley señala que la Subsecretaría de Desarrollo Urbano tiene la auditoría de esos fondos y lo que vemos es que las provincias recaudan las cuotas de las viviendas sociales que construyen con el dinero del Estado para financiar su propio gasto corriente; recaudan las cuotas que paga la gente por su vivienda que no se reinvierten en nuevas viviendas sino en el gasto administrativo propio de pagar los sueldos de su estructura.
Aunque algunas provincias, que al haber adherido a la ley conforman el Consejo Nacional de la Vivienda, debieran tener para recibir estos fondos institutos autárquicos provinciales que no se confundieran con el dinero o las arcas de la provincia y, sin embargo, hay provincias que ni siquiera tienen un instituto autárquico provincial: reciben el dinero y lo integran a los fondos provinciales.
Inclusive, algunas provincias directamente ponen que los fondos los destinan a financiar otras políticas. Es decir, reciben los fondos para la vivienda, pero los incluye en el financiamiento de otras políticas. También está el caso de otras provincias que lo colocan en garantía para tomar deuda. La ley establece expresamente que los fondos del FONAVI se pueden poner en garantía siempre que se utilicen para el objeto de la norma que es el de la construcción de viviendas. No se puede tomar deuda para el gasto corriente de las provincias y colocar el fondo del FONAVI en garantía de esa deuda.
Claramente, si tiene libre disponibilidad -eso obedeció a la emergencia económica de 2001- todo el control que se haga desde el Estado nacional del uso de esos fondos no tiene ningún sentido, porque las provincias pueden aducir que tienen esa facultad y la pueden utilizar para lo que quieran.
Concretamente, proponemos que los fondos vuelvan a ser autárquicos e independientes. Además, solicitamos que esos fondos vayan a financiar la política de vivienda. El Estado nacional debe tener la menor discrecionalidad posible en la distribución de estos recursos. En las anotaciones de color rojo que figuran en la filmina, se muestra cómo se distribuyó y notarán que no tuvo ninguna lógica objetiva sobre parámetros de déficit y población. La idea es que el Congreso busque un mecanismo. La ley fijaba, hace veinte años, los porcentajes de coparticipación y se establecía que cada dos años el Congreso los iba a revisar. La idea es que se revisen y se distribuya el FONAVI de acuerdo con la necesidad de población y déficit que tiene cada provincia.
A grandes rasgos podemos visualizar toda la normativa. Puntualmente, la ley se sancionó en el año 1972 y sufrió varias modificaciones. La última y más importante es la de la ley 24.464, que crea el Sistema Nacional de la Vivienda, dispone la financiación de un porcentaje de los impuestos al combustible y establece el porcentaje por reparto automático entre provincias. Aclaro que éste es el que nunca se modificó pues el mismo artículo fija la revisión por parte del Congreso.
Asimismo, establece distintos destinos admisibles de los recursos. O sea, pueden utilizarse para la compra, construcción, urbanización, infraestructura, servicios, equipamiento comunitario y garantías de préstamos vinculados a los fines de la ley. No es el caso de aquellas provincias que, como lo dije antes, lo utilizan para otras cuestiones.
Además, respecto de la infraestructura establece que el monto máximo que se puede utilizar es del 20 por ciento. O sea, el 80 por ciento se utiliza para la construcción de viviendas y solamente el 20 por ciento se puede destinar a infraestructura. De las auditorías surge que se financia otro tipo de infraestructura, por mayor monto, que no necesariamente obedece al destino de la norma.
También se establece que cada provincia debe crear un fondo provincial de la vivienda que se compone del FONAVI, el recupero de inversiones y los aportes provinciales. Dichos fondos se deben destinar a los fines específicos de la ley. Si esos fondos se hubieran constituido y las provincias recibieran los fondos del FONAVI o hubieran aportado su propio dinero, recolectara las cuotas y lo destinaran correctamente, hoy les permitiría titularizar, tomar más deuda, hacer que ese recupero fuera más escalonado y generar mayor inversión que es lo que necesitamos todos los argentinos para poder reducir el déficit habitacional.
Por otra parte, establece que aquellas provincias que adhieran tienen que crear una entidad autárquica para administrar estos fondos provinciales. El objeto es que no vuelvan a las propias arcas de las provincias y se confundieran con el resto de los ingresos. Además, se menciona la incorporación del financiamiento para la compra y venta como nuevo destino posible y establecer un 20 por ciento para infraestructura y servicio.
Posteriormente, mediante la ley 25.570, dictada en el año 2002, el Congreso ratifica el acuerdo nacional y provincial que establece la libre disponibilidad, amparado en la emergencia económica. Todos saben que la emergencia nunca más fue prorrogada, pero desde entonces siguen teniendo esa libre disponibilidad.
En otro de los gráficos se muestra la dispersión. Pueden apreciar allí a las provincias que menos utilizan el FONAVI para lo que corresponde. Las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Salta y Tierra del Fuego destinan gran parte del dinero que reciben del FONAVI para algo distinto a lo que significa la política de vivienda. En este sentido, hicimos un cálculo de los últimos cuatro años -2012 a 2015- en base a los fondos que el Estado nacional transfirió. En ese momento tomamos nota de la cantidad de viviendas que cada provincia pudo haber construido si hubieran destinado estos fondos a la política respectiva. Por lo tanto, tenemos que salir de la lógica de que la única política de vivienda es construir viviendas. El FONAVI podría haber hecho caja con los bancos provinciales y otorgar créditos hipotecarios o podría haber subsidiado tasas, capital, lo que fuere; la propia ley lo prevé al señalar que las viviendas se tienen que otorgar con créditos hipotecarios y que hay que regularizar dominialmente. A pesar de ello hoy tenemos millones de viviendas fue fueron entregadas en todo el país, cuyos beneficiarios o propietarios siguen sin tener el título de propiedad, cuando es una obligación del FONAVI otorgar dichos títulos.
Para ir terminando quiero señalar que el objetivo es disponer la derogación de esa libre disponibilidad; que los fondos vuelvan a ser intangibles; promover una distribución menos discrecional del gasto entre provincias; una mejor cobertura del déficit habitacional por provincia; mayor transparencia en la información referida al cumplimiento de la ley a través de un régimen de información y de rendición de cuentas por el cual las provincias indiquen anualmente el destino de estos fondos; que el Congreso lo pueda revisar y pueda decir para el año que viene la distribución tiene que ser esta otra y, claramente, facilitar la transferencia automática estableciendo una cuenta especial, cuya titularidad sea de cada organismo provincial. O sea, una cuenta única a la que vayan los fondos que no pueden destinarse a una cuestión distinta a la de las viviendas. Si hoy los fondos del FONAVI entran en la cuenta de recaudación de la provincia, a nosotros -que tenemos la obligación legal de auditarlos- se nos hace imposible verificar cuál fue el destino de esos recursos.
Esto es lo que queríamos presentar y quedamos a disposición de las preguntas que quieran formular.
SR. PRESIDENTE LASPINA Ha sido muy clara su presentación.
Creo que en este tema -como en otras iniciativas en la Argentina-, la emergencia ha ido desviando el origen y el sentido de las políticas para tapar emergencias, circunstancias o problemas fiscales de corto plazo.
Me parece que estos proyectos apuntan a volver al espíritu original de lo que fue el FONAVI, que en su época marcó una diferencia importante en política habitacional. Como bien se ha señalado, esa política se ha distorsionado y diluido en los últimos años como consecuencia de varias filtraciones respecto al destino de los recursos que se fueron agregando a lo largo de los años.
Creo que es un debate interesante que debemos empezar a dar y por supuesto que también tendremos que escuchar la opinión de las provincias y del resto de los actores involucrados. El objetivo es muy claro y debemos avanzar.
Creo que en este tema -como en otras iniciativas en la Argentina-, la emergencia ha ido desviando el origen y el sentido de las políticas para tapar emergencias, circunstancias o problemas fiscales de corto plazo.
Me parece que estos proyectos apuntan a volver al espíritu original de lo que fue el FONAVI, que en su época marcó una diferencia importante en política habitacional. Como bien se ha señalado, esa política se ha distorsionado y diluido en los últimos años como consecuencia de varias filtraciones respecto al destino de los recursos que se fueron agregando a lo largo de los años.
Creo que es un debate interesante que debemos empezar a dar y por supuesto que también tendremos que escuchar la opinión de las provincias y del resto de los actores involucrados. El objetivo es muy claro y debemos avanzar.
SR. KERR Agrego un punto más que es importante para ver el tema en contexto.
La semana pasada, en una reunión de comisión -en la que también estuvo el diputado Eduardo Amadeo- presentamos el proyecto de que los certificados de viviendas se ajusten en UVI, o sea que al cierre del mes se pague por el índice de precios de la construcción.
Las provincias nos reunimos con el Consejo Nacional de la Vivienda, el jueves y viernes de la semana pasada en Corrientes. Allí argumentaron que como las redeterminaciones se cobran tarde y la inflación lima el precio de los contratos que tienen en ejecución, utilizan parte del FONAVI para pagar esa diferencia.
Viendo el tema en contexto, si nosotros también pagáramos los certificados de vivienda en función de lo que indica esta norma, es decir, al valor del precio del cierre -la ley prevé que si no avanzó en la curva no se puede ajustar por UVI, lo que premiaría la eficiencia de lo que
se certifique- las provincias no debieran tener la necesidad de utilizar el FONAVI -como lo hacen hoy- para pagar esa diferencia de precio entre el contrato y el valor real del mismo y podrían destinarlo a más soluciones de vivienda.
Sr. Presidente (Laspina).- Tiene la palabra el señor diputado Amadeo.
La semana pasada, en una reunión de comisión -en la que también estuvo el diputado Eduardo Amadeo- presentamos el proyecto de que los certificados de viviendas se ajusten en UVI, o sea que al cierre del mes se pague por el índice de precios de la construcción.
Las provincias nos reunimos con el Consejo Nacional de la Vivienda, el jueves y viernes de la semana pasada en Corrientes. Allí argumentaron que como las redeterminaciones se cobran tarde y la inflación lima el precio de los contratos que tienen en ejecución, utilizan parte del FONAVI para pagar esa diferencia.
Viendo el tema en contexto, si nosotros también pagáramos los certificados de vivienda en función de lo que indica esta norma, es decir, al valor del precio del cierre -la ley prevé que si no avanzó en la curva no se puede ajustar por UVI, lo que premiaría la eficiencia de lo que
se certifique- las provincias no debieran tener la necesidad de utilizar el FONAVI -como lo hacen hoy- para pagar esa diferencia de precio entre el contrato y el valor real del mismo y podrían destinarlo a más soluciones de vivienda.
Sr. Presidente (Laspina).- Tiene la palabra el señor diputado Amadeo.
SR. AMADEO En lo personal siento mucha simpatía por este tema, ya que cuando se sancionó la ley en 1995, siendo secretario de Desarrollo Social me tocó introducir una cantidad de temas interesantes y avanzados para ese tiempo.
Para ahorrarnos trabajo voy directamente a la pregunta: ¿cuál es el argumento por el cual las provincias deberían aceptar esta ley? Esta es la discusión política, aquí y en el Senado.
¿Es bueno para el sistema? ¿Es bueno para la solución del déficit? ¿No es bueno para el secretario de Hacienda de algunas provincias? ¿Cuál es la razón? Esto se lo pregunto para que nosotros podamos convencer a los diputados y luego a los senadores de que esto es bueno para todos.
Para ahorrarnos trabajo voy directamente a la pregunta: ¿cuál es el argumento por el cual las provincias deberían aceptar esta ley? Esta es la discusión política, aquí y en el Senado.
¿Es bueno para el sistema? ¿Es bueno para la solución del déficit? ¿No es bueno para el secretario de Hacienda de algunas provincias? ¿Cuál es la razón? Esto se lo pregunto para que nosotros podamos convencer a los diputados y luego a los senadores de que esto es bueno para todos.
SR. KERR Es correcto lo que señala el diputado Amadeo. Los presidentes de los institutos de viviendas están todos a favor de que estos fondos vuelvan a ser intangibles para sus institutos. El problema es que lo que recaudan va al ministro de Hacienda que lo utiliza para otra cosa.
El argumento sería que el Estado nacional no deba tener -hablando de un federalismo real y de la autonomía propia de las provincias- esa discrecionalidad de distribuir los fondos de acuerdo con su antojo sino que debiera tener parámetros bien objetivos o que los fijara la ley. De esta manera ellos tendrían previsibilidad, porque una vez aprobado el presupuesto recibirían directamente los fondos. De esta forma, de acuerdo con la alícuota que le corresponde cada provincia sabría cuánto va a recibir del Estado nacional. Son intangibles, no depende del poder de turno y puede planificar mejor su política de vivienda.
El Estado nacional también hace lo propio. Nosotros tenemos programas como Procrear donde vamos bien directo con créditos hipotecarios, ponemos el financiamiento nosotros y vamos directo al individuo. Ellos en su administración local y siendo que ponen tierra y son los que generan en cada provincia su mano de obra y su actividad económica, tienen acá una herramienta y la certeza de poder contar con previsibilidad de cuánto es lo que le corresponde y no tienen que andar haciendo cola en las oficinas de la Secretaría de Vivienda para ver cuántas viviendas le toca al gobierno de turno.
Los funcionarios nacionales debemos tener las manos atadas y que la ley indique cuánto tenemos que destinar y no tener la libertad que tenemos hoy de otorgarle financiamiento a uno u a otro.
El argumento sería que el Estado nacional no deba tener -hablando de un federalismo real y de la autonomía propia de las provincias- esa discrecionalidad de distribuir los fondos de acuerdo con su antojo sino que debiera tener parámetros bien objetivos o que los fijara la ley. De esta manera ellos tendrían previsibilidad, porque una vez aprobado el presupuesto recibirían directamente los fondos. De esta forma, de acuerdo con la alícuota que le corresponde cada provincia sabría cuánto va a recibir del Estado nacional. Son intangibles, no depende del poder de turno y puede planificar mejor su política de vivienda.
El Estado nacional también hace lo propio. Nosotros tenemos programas como Procrear donde vamos bien directo con créditos hipotecarios, ponemos el financiamiento nosotros y vamos directo al individuo. Ellos en su administración local y siendo que ponen tierra y son los que generan en cada provincia su mano de obra y su actividad económica, tienen acá una herramienta y la certeza de poder contar con previsibilidad de cuánto es lo que le corresponde y no tienen que andar haciendo cola en las oficinas de la Secretaría de Vivienda para ver cuántas viviendas le toca al gobierno de turno.
Los funcionarios nacionales debemos tener las manos atadas y que la ley indique cuánto tenemos que destinar y no tener la libertad que tenemos hoy de otorgarle financiamiento a uno u a otro.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Lavagna.
SR. LAVAGNA Creo que el tema de las soluciones habitacionales es uno de los de mayor relevancia que debemos considerar.
Tomo un dato muy reciente del Instituto Social de la Universidad Católica que habla sobre el 56 por ciento de los niños con problemas. Cuando uno mira la pobreza multidimencionalmente, se llega a un 56 por ciento. Se estima que si dentro de esa problemática uno da respuesta a los problemas habitacionales, ese porcentaje bajaría al 44 por ciento. No lo soluciona pero claramente tiene un impacto más que relevante, con lo cual la importancia de esta discusión es muy grande.
Aprovechado la visita para hacer algunas preguntas específicas sobre el tema del FONAVI y después algunas otras, si nos le molesta, más generales sobre el problema.
La pregunta más importante la puedo resumir de la siguiente manera: cuando uno mira los recursos que se destinaron a FONAVI vemos que en 2015 fueron 8.400 millones; en 2016, de 10.660 millones. Esto es lo que se destinó por FONAVI e imagino que ustedes tendrán los mismos números.
Sin embargo, cuando uno mira el gasto en vivienda, en la finalidad "función vivienda", vemos que el gasto asciende a 30.000 millones en 2015 y 36.000 millones en 2016.
Entonces, la pregunta es cómo aseguramos que votando esta propuesta, con la que teóricamente vamos a tener más automaticidad o más destino específico de los recursos, no los terminemos sacando de un lado y poniendo en otro, y que después tengamos una reducción por parte de un montón de gastos que se hacen en vivienda.
Si gasto 30.000 y con este programa voy a destinar de un poquito más, no sea cosa que en vez de ser 32.000, lo terminen dejando en 30.000 porque me ahorraron 2.000 por otro lado.
Si uno aplica este tipo de programas es porque estamos suponiendo que vamos a destinar una mayor cantidad de plata en términos de viviendas y no que me signifique poner una restricción a las provincias para que la Nación pueda ahorrar por otro lado; es una primera consideración de que el gasto en viviendas fue mucho más amplio. Entonces, la pregunta sería qué garantiza que, sacándoles esta libertad de disponibilidad, los recursos efectivamente van a ir a viviendas, esto como primer y central punto.
Sobre el tema del FONAVI coincido con el diputado Amadeo acerca de las restricciones políticas que esto pueda llevar cuando el proyecto se trate, sobre todo si llega al Senado, donde las provincias tienen su representación, con lo cual quizás una de las formas sería lograr una garantía efectiva de que esto va a significar un aumento de recursos y no simplemente una reasignación o un ahorro de partidas.
Esto lo uno con tratar de entender cuáles son las metas y objetivos que -ahora sí ya me voy del FONAVI, pero está todo relacionado- se están planteando en términos de construcción de viviendas o soluciones habitacionales, porque durante las campañas se habla mucho, pero cuando después se va a la realidad los números son muy distintos. Por eso creo que deberíamos tener certidumbre de cuál es el camino que se quiere recorrer o los objetivos concretos de los que estamos hablando. En su momento se hablaba de 400.000 viviendas, se terminaron otras 200 y, sin embargo, cuando vemos efectivamente el presupuesto estamos hablando de 120.000 de aquí al 2019. Entonces me interesaría tener alguna apreciación al respecto.
Con el tema de Procrear y con el resto de los créditos hipotecarios, que también es un punto importante que se ha tratado -principalmente en relación con los créditos que ajustan por UVA-, mi preocupación es que en momentos de alta inflación, como el que estamos atravesando, generalmente estos mecanismos tardan mucho en llegar por cierta desconfianza por parte del tomador del crédito hacia este tipo de mecanismos. Entonces lo que termina pasando es que los que acceden a estos créditos terminan siendo clase media más cómoda, que tiene por lo menos entre tres y cuatro salarios mínimos de ingreso, que es donde hoy se está concentrando la mayor cantidad de créditos hipotecarios que se han dado. No estoy diciendo que no sea importante desarrollar ese sector, pero como acá se está hablando de viviendas sociales tenemos un problema en el otorgamiento de este tipo de créditos y deberíamos incentivar más estos sectores para el acceso a los créditos, o por lo menos al crédito hipotecario.
Si vemos la experiencia de Chile, que es uno de los lugares donde el crédito ajustado se ha tomado como referencia en la discusión, estos mecanismos tienen un impacto a medida que la inflación se va controlando. Entonces, mantengo una expectativa positiva pero me parece que todavía le falta desarrollo, y que en el medio -esta es la cuestión- se pueden buscar otros mecanismos, lo que me lleva precisamente a la pregunta de si se está estudiando algún tipo de mecanismo alternativo de sobretasa o de seguro de tasa, justamente para este período de transición entre el ahora, cuando necesitamos soluciones inmediatas, y el momento en que efectivamente esté controlada la inflación. Obviamente, estos créditos muy apuntados particularmente a todo lo que es la economía social.
Respecto de la regularización dominial -fue otro de los puntos que se trataron- coincido cien por ciento en que es uno de los temas a los que más atención hay que prestar cuando se quiere hacer un desarrollo de vivienda social por todo lo que implica en términos de desarrollo de la economía personal y de la familia.
En este sentido, deseo saber cuántas soluciones de regularización dominial se han otorgado en 2017, dónde están focalizadas geográficamente y cuál es el impacto que tiene en villas de emergencia o asentamientos a lo largo del país.
Además, desearía saber si existe algún otro mecanismo que se esté analizando en términos de inversión pública o privada en lo relativo al desarrollo de viviendas sociales. Hay mucha experiencia a nivel mundial donde los capitales privados son los que han hecho desarrollo de viviendas sociales y después puede haber algún tipo de mecanismo por el cual el Estado asegura un alquiler por debajo del costo de mercado o una compra por debajo del costo. Entonces, desearía saber si hay algo en estudio respecto de lo que he preguntado.
Tomo un dato muy reciente del Instituto Social de la Universidad Católica que habla sobre el 56 por ciento de los niños con problemas. Cuando uno mira la pobreza multidimencionalmente, se llega a un 56 por ciento. Se estima que si dentro de esa problemática uno da respuesta a los problemas habitacionales, ese porcentaje bajaría al 44 por ciento. No lo soluciona pero claramente tiene un impacto más que relevante, con lo cual la importancia de esta discusión es muy grande.
Aprovechado la visita para hacer algunas preguntas específicas sobre el tema del FONAVI y después algunas otras, si nos le molesta, más generales sobre el problema.
La pregunta más importante la puedo resumir de la siguiente manera: cuando uno mira los recursos que se destinaron a FONAVI vemos que en 2015 fueron 8.400 millones; en 2016, de 10.660 millones. Esto es lo que se destinó por FONAVI e imagino que ustedes tendrán los mismos números.
Sin embargo, cuando uno mira el gasto en vivienda, en la finalidad "función vivienda", vemos que el gasto asciende a 30.000 millones en 2015 y 36.000 millones en 2016.
Entonces, la pregunta es cómo aseguramos que votando esta propuesta, con la que teóricamente vamos a tener más automaticidad o más destino específico de los recursos, no los terminemos sacando de un lado y poniendo en otro, y que después tengamos una reducción por parte de un montón de gastos que se hacen en vivienda.
Si gasto 30.000 y con este programa voy a destinar de un poquito más, no sea cosa que en vez de ser 32.000, lo terminen dejando en 30.000 porque me ahorraron 2.000 por otro lado.
Si uno aplica este tipo de programas es porque estamos suponiendo que vamos a destinar una mayor cantidad de plata en términos de viviendas y no que me signifique poner una restricción a las provincias para que la Nación pueda ahorrar por otro lado; es una primera consideración de que el gasto en viviendas fue mucho más amplio. Entonces, la pregunta sería qué garantiza que, sacándoles esta libertad de disponibilidad, los recursos efectivamente van a ir a viviendas, esto como primer y central punto.
Sobre el tema del FONAVI coincido con el diputado Amadeo acerca de las restricciones políticas que esto pueda llevar cuando el proyecto se trate, sobre todo si llega al Senado, donde las provincias tienen su representación, con lo cual quizás una de las formas sería lograr una garantía efectiva de que esto va a significar un aumento de recursos y no simplemente una reasignación o un ahorro de partidas.
Esto lo uno con tratar de entender cuáles son las metas y objetivos que -ahora sí ya me voy del FONAVI, pero está todo relacionado- se están planteando en términos de construcción de viviendas o soluciones habitacionales, porque durante las campañas se habla mucho, pero cuando después se va a la realidad los números son muy distintos. Por eso creo que deberíamos tener certidumbre de cuál es el camino que se quiere recorrer o los objetivos concretos de los que estamos hablando. En su momento se hablaba de 400.000 viviendas, se terminaron otras 200 y, sin embargo, cuando vemos efectivamente el presupuesto estamos hablando de 120.000 de aquí al 2019. Entonces me interesaría tener alguna apreciación al respecto.
Con el tema de Procrear y con el resto de los créditos hipotecarios, que también es un punto importante que se ha tratado -principalmente en relación con los créditos que ajustan por UVA-, mi preocupación es que en momentos de alta inflación, como el que estamos atravesando, generalmente estos mecanismos tardan mucho en llegar por cierta desconfianza por parte del tomador del crédito hacia este tipo de mecanismos. Entonces lo que termina pasando es que los que acceden a estos créditos terminan siendo clase media más cómoda, que tiene por lo menos entre tres y cuatro salarios mínimos de ingreso, que es donde hoy se está concentrando la mayor cantidad de créditos hipotecarios que se han dado. No estoy diciendo que no sea importante desarrollar ese sector, pero como acá se está hablando de viviendas sociales tenemos un problema en el otorgamiento de este tipo de créditos y deberíamos incentivar más estos sectores para el acceso a los créditos, o por lo menos al crédito hipotecario.
Si vemos la experiencia de Chile, que es uno de los lugares donde el crédito ajustado se ha tomado como referencia en la discusión, estos mecanismos tienen un impacto a medida que la inflación se va controlando. Entonces, mantengo una expectativa positiva pero me parece que todavía le falta desarrollo, y que en el medio -esta es la cuestión- se pueden buscar otros mecanismos, lo que me lleva precisamente a la pregunta de si se está estudiando algún tipo de mecanismo alternativo de sobretasa o de seguro de tasa, justamente para este período de transición entre el ahora, cuando necesitamos soluciones inmediatas, y el momento en que efectivamente esté controlada la inflación. Obviamente, estos créditos muy apuntados particularmente a todo lo que es la economía social.
Respecto de la regularización dominial -fue otro de los puntos que se trataron- coincido cien por ciento en que es uno de los temas a los que más atención hay que prestar cuando se quiere hacer un desarrollo de vivienda social por todo lo que implica en términos de desarrollo de la economía personal y de la familia.
En este sentido, deseo saber cuántas soluciones de regularización dominial se han otorgado en 2017, dónde están focalizadas geográficamente y cuál es el impacto que tiene en villas de emergencia o asentamientos a lo largo del país.
Además, desearía saber si existe algún otro mecanismo que se esté analizando en términos de inversión pública o privada en lo relativo al desarrollo de viviendas sociales. Hay mucha experiencia a nivel mundial donde los capitales privados son los que han hecho desarrollo de viviendas sociales y después puede haber algún tipo de mecanismo por el cual el Estado asegura un alquiler por debajo del costo de mercado o una compra por debajo del costo. Entonces, desearía saber si hay algo en estudio respecto de lo que he preguntado.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor Subsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, doctor Iván Kerr.
SR. KERR Con respecto al problema del gasto, de acuerdo con el presupuesto oportunamente votado el Estado hoy invierte en viviendas -en números redondos- unos 25.000 millones -Programas 38 y 37; 15.000 millones en uno y 9.000 millones en el otro- y, además, de lo que recauda del FONAVI se lo transfiere directamente a las provincias. El tema es que eso se escurre a raíz de la libre disponibilidad y no se reinvierte en bienes. Si garantizamos que los fondos sean destinados a las viviendas y además el Estado mantiene un presupuesto creciente, seguramente tendremos una mejor eficiencia en el uso de los recursos que se destinan para financiar la política de vivienda.
Nosotros estamos finalizando la planificación presupuestaria del año 2018 que implica un crecimiento en la inversión del Estado en materia de financiamiento a la política de vivienda, sin contar el FONAVI. Dado que es transferencia directa a las provincias, recauda el Estado y Hacienda lo gira directamente a las provincias. No hay problema para garantizar que sea destinado a las viviendas; la idea es que las provincias cuenten con una norma que las obligue a utilizarlo para viviendas. De hecho, todas adhirieron a la ley, reciben los fondos, pero no integran nunca ese fondo provincial con aportes propios. Hay una gran cantidad de provincias que no aportan nada de sus fondos propios para financiar la política de vivienda: reciben el FONAVI, por un lado, y los planes federales, por el otro. Ni hablar de la eficiencia que se podría generar si la recaudación de las cuotas de las viviendas que han otorgado a lo largo de estos años se utilizara para reinvertir en nuevas viviendas.
Nosotros estamos finalizando la planificación presupuestaria del año 2018 que implica un crecimiento en la inversión del Estado en materia de financiamiento a la política de vivienda, sin contar el FONAVI. Dado que es transferencia directa a las provincias, recauda el Estado y Hacienda lo gira directamente a las provincias. No hay problema para garantizar que sea destinado a las viviendas; la idea es que las provincias cuenten con una norma que las obligue a utilizarlo para viviendas. De hecho, todas adhirieron a la ley, reciben los fondos, pero no integran nunca ese fondo provincial con aportes propios. Hay una gran cantidad de provincias que no aportan nada de sus fondos propios para financiar la política de vivienda: reciben el FONAVI, por un lado, y los planes federales, por el otro. Ni hablar de la eficiencia que se podría generar si la recaudación de las cuotas de las viviendas que han otorgado a lo largo de estos años se utilizara para reinvertir en nuevas viviendas.
SR. LAVAGNA Disculpe que lo interrumpa, pero quiero aclarar que las provincias y los municipios también hacen uso de recursos propios para algún tipo de solución habitacional. Mi pregunta era combinada: el Estado nacional eventualmente debe garantizar que eso no se ahorre, pero también que las provincias no bajen los recursos.
SR. PRESIDENTE LASPINA Continúa en el uso de la palabra el señor Iván Kerr.
SR. KERR A nuestro entender el gasto del Estado se va a incrementar el año que viene en el presupuesto que vamos a presentar y que ustedes van a conocer en su oportunidad para realizar el debido tratamiento. Si a eso le sumamos la utilización del FONAVI, entonces aumentará la inversión del Estado nacional. A eso le debemos agregar lo relativo a las provincias. Aclaro que en mi opinión no todas las provincias invierten fondos propios en políticas de vivienda; por ejemplo, algunas cuentan con leyes provinciales de obra pública que establecen que los beneficiarios de las viviendas tienen que tener ingresos formales en blanco. Allí difícilmente podremos llegar a quienes más lo necesitan, porque el 60 por ciento del déficit habitacional se concentra entre quienes ganan menos del equivalente a dos salarios mínimos. En otras provincias se exige que las empresas sean provinciales y que se vendan los pliegos. Entonces, difícilmente llegaremos a la eficiencia de una real compulsa de sistemas no tradicionales que sean más baratos y rápidos para dar respuesta a la política habitacional. También hay provincias en las que lo que recaudan por este concepto lo utilizan para financiar el gasto corriente. Me parece que con toda esa reingeniería, junto con la del Estado, vamos a lograr una mayor inversión.
Por otra parte, hemos tratado de segmentar la política de vivienda para darles distintas soluciones a cada sector. Vuelvo al principio: si hay un déficit cualitativo, si solo construimos vivienda no vamos a mejorar ese déficit cualitativo. Por lo tanto, necesitamos otro tipo de programas.
El 60 por ciento del total del déficit se registra entre quienes ganan menos de dos salarios mínimos, pero además esas personas -que ganan menos de 16.000 pesos- en muchos casos tienen ingresos no formales y no son sujetos de créditos, y aun cuando lo fueran -tenemos el caso del Banco Ciudad y el del Banco Provincia de Buenos Aires que sin recibo de sueldo igual les otorga créditos-, seguramente no pueden destinar el 30 por ciento de sus ingresos a pagar la cuota de un crédito hipotecario porque lo necesitan para vivir, y aunque lo hicieran no logran comprarse nada.
Por ello entendemos que las viviendas sociales deben que ir a ese sector social. Por eso dictamen la resolución 122/17 del Ministerio Interior, donde establecimos que los planes federales que financie el Estado nacional deben ir a quienes ganan menos de dos salarios mínimo, vital y móvil. Queremos que nos crucen sus bases de datos con sus beneficiarios para ver que vayan a quienes no tienen vivienda y a quienes ganan menos de dos salarios. Les puedo asegurar que esto ha generado bastante convulsión dentro de las propias provincias, porque muchas de ellas construyen para el sector medio.
Entendemos que para el sector medio la solución tiene que darse a través de créditos subsidiados, como por ejemplo el del Procrear que está orientado a quienes ganan entre dos a cuatro salarios mínimo, vital y móvil.
En lo que respecta al problema que puede presentarse con los créditos UVA por su eventual descalce con la inflación, en cada contrato hemos previsto la posibilidad de refinanciar el crédito hipotecario si el aumento de la inflación fuera mayor en un 10 por ciento al incremento del CVS.
La semana pasada salió la información de que el CVS creció por arriba de lo que aumentó la UVA en este último año. Aun cuando eso no fuera suficiente, desde Procrear estamos trabajando para que como fondo fiduciario genere un swap, un seguro, que justamente cubra la diferencia que pueda haber entre la UVA y el CVS. Esto se lo hemos presentado al Ministerio de Finanzas -que está de acuerdo- y al Banco Mundial. Muchos países lo han utilizado, como en el caso de Méjico, donde ese swap lo terminaron securitizando en el mercado y obtuvo mucha rentabilidad para financiar su política de vivienda.
El Banco Mundial está dispuesto a financiar y dar el capital semilla para que desde Procrear generemos ese seguro para el eventual descalce.
Lo que no vemos es que la UVA genere desconfianza en la demanda, porque junio ha sido el mes record. Venimos en crecimiento todos los meses: 3.700 millones de pesos otorgados en crédito hipotecario de los cuales 2.900 fueron créditos en UVA. Recordemos que muchos bancos -por ejemplo el Nación- mantienen las dos opciones, es decir, los créditos a tasa fija y los créditos a UVA.
Por otra parte, hemos tratado de segmentar la política de vivienda para darles distintas soluciones a cada sector. Vuelvo al principio: si hay un déficit cualitativo, si solo construimos vivienda no vamos a mejorar ese déficit cualitativo. Por lo tanto, necesitamos otro tipo de programas.
El 60 por ciento del total del déficit se registra entre quienes ganan menos de dos salarios mínimos, pero además esas personas -que ganan menos de 16.000 pesos- en muchos casos tienen ingresos no formales y no son sujetos de créditos, y aun cuando lo fueran -tenemos el caso del Banco Ciudad y el del Banco Provincia de Buenos Aires que sin recibo de sueldo igual les otorga créditos-, seguramente no pueden destinar el 30 por ciento de sus ingresos a pagar la cuota de un crédito hipotecario porque lo necesitan para vivir, y aunque lo hicieran no logran comprarse nada.
Por ello entendemos que las viviendas sociales deben que ir a ese sector social. Por eso dictamen la resolución 122/17 del Ministerio Interior, donde establecimos que los planes federales que financie el Estado nacional deben ir a quienes ganan menos de dos salarios mínimo, vital y móvil. Queremos que nos crucen sus bases de datos con sus beneficiarios para ver que vayan a quienes no tienen vivienda y a quienes ganan menos de dos salarios. Les puedo asegurar que esto ha generado bastante convulsión dentro de las propias provincias, porque muchas de ellas construyen para el sector medio.
Entendemos que para el sector medio la solución tiene que darse a través de créditos subsidiados, como por ejemplo el del Procrear que está orientado a quienes ganan entre dos a cuatro salarios mínimo, vital y móvil.
En lo que respecta al problema que puede presentarse con los créditos UVA por su eventual descalce con la inflación, en cada contrato hemos previsto la posibilidad de refinanciar el crédito hipotecario si el aumento de la inflación fuera mayor en un 10 por ciento al incremento del CVS.
La semana pasada salió la información de que el CVS creció por arriba de lo que aumentó la UVA en este último año. Aun cuando eso no fuera suficiente, desde Procrear estamos trabajando para que como fondo fiduciario genere un swap, un seguro, que justamente cubra la diferencia que pueda haber entre la UVA y el CVS. Esto se lo hemos presentado al Ministerio de Finanzas -que está de acuerdo- y al Banco Mundial. Muchos países lo han utilizado, como en el caso de Méjico, donde ese swap lo terminaron securitizando en el mercado y obtuvo mucha rentabilidad para financiar su política de vivienda.
El Banco Mundial está dispuesto a financiar y dar el capital semilla para que desde Procrear generemos ese seguro para el eventual descalce.
Lo que no vemos es que la UVA genere desconfianza en la demanda, porque junio ha sido el mes record. Venimos en crecimiento todos los meses: 3.700 millones de pesos otorgados en crédito hipotecario de los cuales 2.900 fueron créditos en UVA. Recordemos que muchos bancos -por ejemplo el Nación- mantienen las dos opciones, es decir, los créditos a tasa fija y los créditos a UVA.
SR. LAVAGNA Pero no los promueve.
SR. KERR No sé si no los promueve. Lo que sé es que en un crédito a tasa fija la cuota es de 12.000 pesos, mientras que en un crédito UVA la cuota es de 4.500 pesos; La gente prioriza pagar menos.
De esos 3.700 millones que se otorgaron en créditos, Procrear representó el 61 por ciento en junio, el 53 por ciento en mayo y el 51 por ciento en abril. Es un crédito menor, ya que el crédito promedio de Procrear está en el rango de los 800.000 pesos y la cuota promedio en los 3.000 pesos, mientras que las operaciones están en el rango de 1.400.000 pesos, teniendo en cuenta el crédito que le da el banco, más el subsidio que les damos nosotros, más el ahorro que tenga la persona.
Ahora está abierta la inscripción para la construcción en su propio lote. Fíjense qué curioso: el Procrear anterior daba créditos solamente para construir en lote propio, pero nosotros dijimos que también había que dar para la compra de viviendas. Algunos señalaban que eso no generaba actividad ni empleo. Nosotros abrimos las dos opciones. Así, se anotaron 16.500 personas en créditos para la construcción -o sea que tomaron un crédito para construir su vivienda en lote propio- y 165.000 para comparar vivienda.
La gente prefiere que le den el dinero del crédito para comprarse la vivienda. La medida que adoptamos es muy importante para esos sectores, ya que de lo contrario la persona tenía que tener un terreno, que representa aproximadamente el 30 por ciento de la operación. Además, mientras esa persona recibe el crédito y construye, debe vivir en otro lugar, con lo cual mientras construye tiene que ir pagando el crédito y un alquiler a la vez. Por eso, muchos prefieren recibir el dinero, buscar la vivienda y comprarla.
Frente a una operación de compraventa, hoy transferimos el subsidio al banco para que se concrete la operación.
Por supuesto que hay que atender el eventual problema de la UVA. En este sentido, es correcto lo que dijo el diputado Lavagna acerca de que Chile tiene el 20 por ciento de su producto bruto en créditos hipotecarios y un 8 por ciento de déficit habitacional, mientras que nosotros tenemos menos del 1 por ciento en créditos -cifra que cayó en 2001 y nunca se recuperó- y el 25 por ciento de déficit poblacional.
En la década del 60 -época de alta inflación- Chile puso en marcha este sistema mediante el dictado de un decreto-ley que se mantuvo en el tiempo. Hoy el 95 por ciento de las operaciones de compraventa que se hacen en ese país se realizan con créditos hipotecarios, mientras que en nuestro país ese porcentaje es de solamente el 4 o 5 por ciento. Por suerte este porcentaje ha crecido en los últimos meses, tal como surge de la información que registra el Colegios de Escribanos.
De esos 3.700 millones que se otorgaron en créditos, Procrear representó el 61 por ciento en junio, el 53 por ciento en mayo y el 51 por ciento en abril. Es un crédito menor, ya que el crédito promedio de Procrear está en el rango de los 800.000 pesos y la cuota promedio en los 3.000 pesos, mientras que las operaciones están en el rango de 1.400.000 pesos, teniendo en cuenta el crédito que le da el banco, más el subsidio que les damos nosotros, más el ahorro que tenga la persona.
Ahora está abierta la inscripción para la construcción en su propio lote. Fíjense qué curioso: el Procrear anterior daba créditos solamente para construir en lote propio, pero nosotros dijimos que también había que dar para la compra de viviendas. Algunos señalaban que eso no generaba actividad ni empleo. Nosotros abrimos las dos opciones. Así, se anotaron 16.500 personas en créditos para la construcción -o sea que tomaron un crédito para construir su vivienda en lote propio- y 165.000 para comparar vivienda.
La gente prefiere que le den el dinero del crédito para comprarse la vivienda. La medida que adoptamos es muy importante para esos sectores, ya que de lo contrario la persona tenía que tener un terreno, que representa aproximadamente el 30 por ciento de la operación. Además, mientras esa persona recibe el crédito y construye, debe vivir en otro lugar, con lo cual mientras construye tiene que ir pagando el crédito y un alquiler a la vez. Por eso, muchos prefieren recibir el dinero, buscar la vivienda y comprarla.
Frente a una operación de compraventa, hoy transferimos el subsidio al banco para que se concrete la operación.
Por supuesto que hay que atender el eventual problema de la UVA. En este sentido, es correcto lo que dijo el diputado Lavagna acerca de que Chile tiene el 20 por ciento de su producto bruto en créditos hipotecarios y un 8 por ciento de déficit habitacional, mientras que nosotros tenemos menos del 1 por ciento en créditos -cifra que cayó en 2001 y nunca se recuperó- y el 25 por ciento de déficit poblacional.
En la década del 60 -época de alta inflación- Chile puso en marcha este sistema mediante el dictado de un decreto-ley que se mantuvo en el tiempo. Hoy el 95 por ciento de las operaciones de compraventa que se hacen en ese país se realizan con créditos hipotecarios, mientras que en nuestro país ese porcentaje es de solamente el 4 o 5 por ciento. Por suerte este porcentaje ha crecido en los últimos meses, tal como surge de la información que registra el Colegios de Escribanos.
SR. AMADEO ¿Cómo evolucionó el Procrear durante el año?
SR. KERR Esa información se las puedo pasar después.
SR. AMADEO ¿Esos porcentajes en qué valores se ubicaban cuando iniciaron la gestión?
SR. KERR Era ínfimo.
¿Cómo funcionaba antes el Procrear? Los bancos no intervenían ni prestaban plata. Era dinero del Estado, financiado a través del FGS de la ANSES, que se daba a los bancos para su colocación; el financiamiento era del Estado.
Hoy los bancos dan crédito. Son quince bancos que toman nuestro subsidio y otorgan los créditos. La cuota más baja es la del Banco Nación a un 3,5 por ciento más UVA a 30 años. Luego lo siguen los bancos Galicia, Macro, Santander e Hipotecario con tasas que rondan entre el 5 y 6 por ciento.
Además, a partir de la decisión que adoptaron la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires en materia de reducción del impuesto a los Ingresos Brutos -fueron las dos primeras jurisdicciones en dictar normas de esa característica-, los bancos privados -con los que nos reunimos semanalmente- están bajando un punto sus tasas de interés. Obviamente que esta reducción de tasa opera en aquellas jurisdicciones en las que ya no van a tributar Ingresos Brutos.
Respondiendo la pregunta del diputado Lavagna sobre cómo asegurar que los créditos se destinen a quienes más los necesitan, les comento que cambiamos la metodología del sorteo debido a que el azar no lo garantizaba. Hoy, a partir de la información de la ANSES, se aplica un sistema de puntajes ponderando ingresos familiares, condición de la familia -si tiene muchos hijos, alguien discapacitado o sus padres- y condición de la vivienda, es decir si viven hacinados y si tienen o no acceso a los servicios públicos. A medida que se va registrando alguna de esas condiciones el puntaje que se otorga es mayor.
Tengo el listado de los inscriptos seleccionados en las distintas tandas y puedo entregárselo al presidente de la comisión. En el transcurso del año hemos seleccionado 90.000 inscriptos para Procrear; primero 40.000 y luego 50.000, quienes están tratando de concretar sus operaciones de crédito en los bancos.
El sistema de puntaje justamente lo implementamos para que el crédito se destine a quienes tienen menores ingresos. Podríamos decir que es un sistema cruzado al de los bancos, donde los de mayores ingresos son los que se llevan más crédito. Incluso, tal como se publicó en algunos sitios, estamos dispuestos a financiar los gastos que le ocasiona a los bancos originar estos créditos. La idea es que los bancos otorguen créditos a las personas que no son sus clientes naturales.
Pasando a la segmentación, entendemos que el déficit habitacional abarca al 25 por ciento de población. De ellos, el 60 por ciento recibe menos de dos salarios mínimos; el 35 por ciento recibe entre dos y cuatro y solamente el 5 por ciento registra ingresos por encima de esos montos.
En el caso de la vivienda social, se considera a quienes cobren menos de dos salarios mínimos. En este caso toda la inversión es del Estado; es un subsidio entero. Como ocurre en la mayoría de los países del mundo, es una política ABC: ahorro, bono y crédito, que se segmentan de acuerdo con el ingreso y las necesidades.
Los créditos hipotecarios con subsidio se pueden destinar a compra y construcción. Se trata de una oferta creada por el Estado a través del Procrear. En el caso de utilizar el crédito para construcción, los lotes deben contar con servicios.
Por último, los créditos UVA -son créditos sin subsidio a 30 años- son otorgados por los bancos públicos a quienes ganan más.
Durante los últimos días también hemos lanzado un programa llamado "Mejor hogar". Se trata de microcréditos para la conexión de servicios públicos.
Justamente ayer estuve en Pilar con Nicolás Ducoté entregando 300 microcréditos. Hemos identificado a 150.000 bonaerenses en treinta municipios que tienen la red de gas en la puerta de sus casas, pero no están conectados porque no pudieron pagarla. Entonces, a través del Procrear les otorgamos un crédito de 20.000 pesos. Las personas nunca tocan el dinero. El gasista matriculado hace la conexión y después la empresa distribuidora de gas, en este caso Gas Natural Fenosa, cobra la tarifa social en caso de que corresponda y 250 o 300 pesos en concepto de cuota del microcrédito por la conexión.
También financiamos los materiales para atender el déficit cualitativo. Esto último lo va a anunciar Presidencia mediante una campaña, pero ya está disponible: damos pequeños empréstitos para que retiren materiales. Firmamos acuerdos con quinientos corralones de todo el país, Sodimac, Easy y las cadenas conocidas. La persona aplica, ya que no tiene que tener ingresos formales; recibe el crédito, puede ir al corralón, retirar los materiales para mejorarse un baño, retirar cerámicos para el piso de su casa o comprar chapas y nosotros después pagamos la cuenta en el corralón y él lo devuelve en cuotas a través de una caja de ahorro que le abrimos previamente, que lógicamente es gratuita.
En la regularización dominial hay que diferenciar: una cosa es regularización dominial que implica las viviendas construidas por el Estado sobre las que no se entregó el título de propiedad. La famosa FONAVI. Ahí hemos identificado cerca de 700.000 y por primer vez la Secretaría de Vivienda financia a las provincias -se trata de un programa nuevo, antes no existía- el costo de la regularización dominial. Financiamos el costo de la agrimensura, de la escribanía y demás para que puedan alcanzar la regularización dominial.
Para adelante, lo que hacemos es cumplir la norma: que los convenios que se presenten para financiamiento y que requieran la no objeción técnica y financiera por parte de la Secretaría presenten los certificados de dominio, los servicios públicos y toda la documentación que garantice que las viviendas van a ser eventualmente escriturables y tendrán abastecimiento de infraestructura y demás.
Tenemos millones de convenios en ejecución, 80.000 viviendas, donde nos encontramos que el Estado está financiando viviendas en lugares donde no hay factibilidad de servicios, donde no existe servicio de agua potable y cloacas, por lo que el título en realidad no está saneado, es de un privado, inundable o por abajo de cota. Todo lo que hemos visto en estas últimas inundaciones que hemos tenido, donde muchas de las viviendas que se perdieron eran viviendas sociales que estaban aprobadas en lugares donde no se debieron construir. Ni que hablar, yendo al urbanismo, de dejar de construir guetos en la periferia de las ciudades. Queremos limitar tal como lo establecía el FONAVI, en el sentido de que no vamos a financiar más que el veinte por ciento en infraestructura, para dejar de financiar -como sucede en algunas provincias- viviendas donde el costo de la infraestructura es mayor que el costo de la vivienda que estamos financiando.
Luego en esas zonas hay que llevar servicio de salud, educación, recolección de residuos, transporte. Hoy las ciudades tienen que mantener sus densidades. La población crece uno por ciento y la mancha urbana, sobre todo en el conurbano bonaerense, crece cuatro veces más, porque crecemos mal, porque no planificamos y porque extendemos la mancha urbana.
También estamos haciendo un ajuste en los programas que financiemos de aquí en adelante en la Secretaría de Vivienda, que pasarán por ciertos lineamientos urbanísticos para no financiar aquello que no corresponde.
Ramiro Masjuan, director nacional de Vivienda Social, me apunta que hay 11.000 escrituras este año.
Con respecto a lo que preguntaba el señor diputado Lavagna referente a la urbanización de villas, aclaro que eso no es regularización dominial propiamente dicho. Ahí claramente no hay título de propiedad. La Subsecretaría de Hábitat también está avanzando en la regularización de villas y asentamientos, donde se impone una modificación del marco normativo y regulatorio en muchos casos. Por ejemplo, los servicios públicos no entran a estos lugares porque no hay ciudad formal ni hay una calle pública. AySA no puede entrar a las diferentes villas porque, justamente, ahí no hay prestación de servicio.
Estamos trabajando en eso y creo que una iniciativa concreta de este gobierno en línea hacia la urbanización es la creación del Registro Nacional de Barrios Populares que creó por decreto el presidente Macri, donde ahora sí podemos darle un certificado a los más de cuatro mil asentamientos que hemos identificado con diferentes organizaciones sociales en este año y medio. Ayer estuve con una persona, Juana, que se conectó al servicio de gas en su casa y que ahora va a solicitar del ANSES el Renavap, el registro que le va a permitir que le presten servicios públicos y que pueda hacer valer también la regularización dominial.
También hay que impulsar la ley Pierri. La provincia de Buenos Aires es la única en la que realmente ha tenido efectos en la ley Pierri. No sé si me equivoco, señor diputado Amadeo. Es una ley que cuenta con más de veinte años de antigüedad y solamente siete provincias han adherido a ella. Le aclaro que hay una ley de regularización dominial que presentó la gestión anterior en este Congreso que obtuvo sanción de una de las Cámaras en 2015. Frente a ese proyecto hicimos varias modificaciones, presentamos una propuesta, pero no fue tratada durante el año 2016. Creemos que el lugar del Estado no tiene que ser el de tomar la vivienda y garantizarle la propiedad, sino el de flexibilizar todo lo que hace a las normas de regularización dominial que hoy son por demás engorrosas. Además, dificultan la posibilidad de que la gente acceda al título de propiedad. Aquí a mi derecha se encuentra la señora diputada María Soledad Carrizo, de Córdoba, que sabe que en su provincia tardan entre tres y cuatro años en subdividir y escriturar. Además, hay que trabajar sobre los catastros a fin de que sean gratuitos y que la gente no tenga que pagar por las mensuras o gastos de escribanía. Concretamente, el proyecto que hemos presentado el año pasado -modificatorio del relativo a la regularización dominial- no tuvo tratamiento.
Respecto a la última pregunta, coincido con su apreciación, señor diputado. El Estado no puede ser el único generador de oferta de vivienda social. Nuestro presupuesto es de 25.000 millones de pesos este año y seguramente ustedes van a votar uno mayor para el año próxmo. Si solamente el Estado es el que construye viviendas, seguramente tendremos un déficit estructural por los siglos de los siglos y siempre correremos de atrás. Al contrario, tenemos que generar acceso al crédito. Los países que han tenido éxito en la reducción del déficit han solucionado el tema de esa forma. Si en vez de gastar -como lo sorprendía al señor diputado Sánchez- un millón de pesos por vivienda, damos 300 mil o 400 mil pesos de subsidio, lo multiplicamos por tres o cuatro y los bancos dan la diferencia. Entonces, tendremos que bajar para que presten a personas que tengan menos ingresos. En el ínterin hay que seguir construyendo viviendas sociales, pero debemos asegurarnos de que se destinen a quienes más lo necesitan.
Ustedes han sancionado una ley que regula el régimen de asociación pública y privada. Nosotros ya lo hemos puesto en práctica. Entre proyecto y ejecución, contamos con quince mil viviendas con diferentes regímenes que hemos establecido de participación público privada. Una de ellas es a través del Procrear. Asimismo, las tierras del AABE que están incluidas en el fideicomiso de Procrear, las hemos puesto en licitación para que nos den viviendas por el valor de tierra del Estado. El privado construirá viviendas que luego puedan ser apto crédito hipotecario. En Rosario hemos licitado 500 viviendas de esa manera; en Santa Fe lo hicimos también; en Bariloche, estamos licitando 280 viviendas en estos días.
Además, hemos generado un programa con gremios y sindicatos que se llama "Trabajo=Vivienda", por medio del cual no queremos que las viviendas sociales que financia el Estado luego sean tomadas por las provincias y se las distribuyan a sus diferentes gremios. La idea es que los gremios pongan la tierra. A lo largo de los años muchos gremios han ido comprando tierra. Luego, sacamos dos líneas de crédito intermedio con el Banco Nación -la 518 y 519-, y le damos financiamiento intermedio al gremio: 70 por ciento de financiamiento y el Estado -a través de la Secretaría de Vivienda- subsidia el 30 por ciento restante.
Hoy, en Chile, la cámara de la construcción lleva a cabo las viviendas sociales con su propio presupuesto. El Estado no les da el dinero para que, mediante la obra pública, lo terminen haciendo.
Asimismo, estamos promoviendo los conjuntos urbanos integrales. Se trata de proyectos sobre los cuales un porcentaje se destina a la vivienda social -20 por ciento- y es financiado por el Estado. Un 60 por ciento es apto crédito Procrear y el 20 por ciento restante debería ser de libre disponibilidad. De esta manera generaríamos mixtura social y los barrios estarían integrados con personas de diferentes ingresos. Además, no promoveríamos lo que significó un fracaso en las últimas décadas, basado en expulsar a la gente a la periferia y construir conjuntos habitacionales para aglutinar a los pobres, porque hoy nos encontramos con que los NBI siguen siendo los mismos que cuando estaban en sus asentamientos. Por ello, hay que desarrollar un sector que no ha invertido en vivienda social ni mucho menos en vivienda del sector medio en los últimos años. Hemos dictado varias normativas en ese sentido. Por ejemplo, la comunicación del Banco Central que permite que los bancos puedan otorgar créditos a los desarrolladores desde pozo sin necesidad de tener una garantía real atrás. Solamente con la garantía del boleto de compraventa puede erogarse el crédito.
Nosotros estaríamos dispuestos a adelantar el subsidio del beneficiario que el desarrollador podría tomar para financiar su obra. Luego el banco otorgaría el crédito una vez entregada la posesión.
¿Cómo funcionaba antes el Procrear? Los bancos no intervenían ni prestaban plata. Era dinero del Estado, financiado a través del FGS de la ANSES, que se daba a los bancos para su colocación; el financiamiento era del Estado.
Hoy los bancos dan crédito. Son quince bancos que toman nuestro subsidio y otorgan los créditos. La cuota más baja es la del Banco Nación a un 3,5 por ciento más UVA a 30 años. Luego lo siguen los bancos Galicia, Macro, Santander e Hipotecario con tasas que rondan entre el 5 y 6 por ciento.
Además, a partir de la decisión que adoptaron la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires en materia de reducción del impuesto a los Ingresos Brutos -fueron las dos primeras jurisdicciones en dictar normas de esa característica-, los bancos privados -con los que nos reunimos semanalmente- están bajando un punto sus tasas de interés. Obviamente que esta reducción de tasa opera en aquellas jurisdicciones en las que ya no van a tributar Ingresos Brutos.
Respondiendo la pregunta del diputado Lavagna sobre cómo asegurar que los créditos se destinen a quienes más los necesitan, les comento que cambiamos la metodología del sorteo debido a que el azar no lo garantizaba. Hoy, a partir de la información de la ANSES, se aplica un sistema de puntajes ponderando ingresos familiares, condición de la familia -si tiene muchos hijos, alguien discapacitado o sus padres- y condición de la vivienda, es decir si viven hacinados y si tienen o no acceso a los servicios públicos. A medida que se va registrando alguna de esas condiciones el puntaje que se otorga es mayor.
Tengo el listado de los inscriptos seleccionados en las distintas tandas y puedo entregárselo al presidente de la comisión. En el transcurso del año hemos seleccionado 90.000 inscriptos para Procrear; primero 40.000 y luego 50.000, quienes están tratando de concretar sus operaciones de crédito en los bancos.
El sistema de puntaje justamente lo implementamos para que el crédito se destine a quienes tienen menores ingresos. Podríamos decir que es un sistema cruzado al de los bancos, donde los de mayores ingresos son los que se llevan más crédito. Incluso, tal como se publicó en algunos sitios, estamos dispuestos a financiar los gastos que le ocasiona a los bancos originar estos créditos. La idea es que los bancos otorguen créditos a las personas que no son sus clientes naturales.
Pasando a la segmentación, entendemos que el déficit habitacional abarca al 25 por ciento de población. De ellos, el 60 por ciento recibe menos de dos salarios mínimos; el 35 por ciento recibe entre dos y cuatro y solamente el 5 por ciento registra ingresos por encima de esos montos.
En el caso de la vivienda social, se considera a quienes cobren menos de dos salarios mínimos. En este caso toda la inversión es del Estado; es un subsidio entero. Como ocurre en la mayoría de los países del mundo, es una política ABC: ahorro, bono y crédito, que se segmentan de acuerdo con el ingreso y las necesidades.
Los créditos hipotecarios con subsidio se pueden destinar a compra y construcción. Se trata de una oferta creada por el Estado a través del Procrear. En el caso de utilizar el crédito para construcción, los lotes deben contar con servicios.
Por último, los créditos UVA -son créditos sin subsidio a 30 años- son otorgados por los bancos públicos a quienes ganan más.
Durante los últimos días también hemos lanzado un programa llamado "Mejor hogar". Se trata de microcréditos para la conexión de servicios públicos.
Justamente ayer estuve en Pilar con Nicolás Ducoté entregando 300 microcréditos. Hemos identificado a 150.000 bonaerenses en treinta municipios que tienen la red de gas en la puerta de sus casas, pero no están conectados porque no pudieron pagarla. Entonces, a través del Procrear les otorgamos un crédito de 20.000 pesos. Las personas nunca tocan el dinero. El gasista matriculado hace la conexión y después la empresa distribuidora de gas, en este caso Gas Natural Fenosa, cobra la tarifa social en caso de que corresponda y 250 o 300 pesos en concepto de cuota del microcrédito por la conexión.
También financiamos los materiales para atender el déficit cualitativo. Esto último lo va a anunciar Presidencia mediante una campaña, pero ya está disponible: damos pequeños empréstitos para que retiren materiales. Firmamos acuerdos con quinientos corralones de todo el país, Sodimac, Easy y las cadenas conocidas. La persona aplica, ya que no tiene que tener ingresos formales; recibe el crédito, puede ir al corralón, retirar los materiales para mejorarse un baño, retirar cerámicos para el piso de su casa o comprar chapas y nosotros después pagamos la cuenta en el corralón y él lo devuelve en cuotas a través de una caja de ahorro que le abrimos previamente, que lógicamente es gratuita.
En la regularización dominial hay que diferenciar: una cosa es regularización dominial que implica las viviendas construidas por el Estado sobre las que no se entregó el título de propiedad. La famosa FONAVI. Ahí hemos identificado cerca de 700.000 y por primer vez la Secretaría de Vivienda financia a las provincias -se trata de un programa nuevo, antes no existía- el costo de la regularización dominial. Financiamos el costo de la agrimensura, de la escribanía y demás para que puedan alcanzar la regularización dominial.
Para adelante, lo que hacemos es cumplir la norma: que los convenios que se presenten para financiamiento y que requieran la no objeción técnica y financiera por parte de la Secretaría presenten los certificados de dominio, los servicios públicos y toda la documentación que garantice que las viviendas van a ser eventualmente escriturables y tendrán abastecimiento de infraestructura y demás.
Tenemos millones de convenios en ejecución, 80.000 viviendas, donde nos encontramos que el Estado está financiando viviendas en lugares donde no hay factibilidad de servicios, donde no existe servicio de agua potable y cloacas, por lo que el título en realidad no está saneado, es de un privado, inundable o por abajo de cota. Todo lo que hemos visto en estas últimas inundaciones que hemos tenido, donde muchas de las viviendas que se perdieron eran viviendas sociales que estaban aprobadas en lugares donde no se debieron construir. Ni que hablar, yendo al urbanismo, de dejar de construir guetos en la periferia de las ciudades. Queremos limitar tal como lo establecía el FONAVI, en el sentido de que no vamos a financiar más que el veinte por ciento en infraestructura, para dejar de financiar -como sucede en algunas provincias- viviendas donde el costo de la infraestructura es mayor que el costo de la vivienda que estamos financiando.
Luego en esas zonas hay que llevar servicio de salud, educación, recolección de residuos, transporte. Hoy las ciudades tienen que mantener sus densidades. La población crece uno por ciento y la mancha urbana, sobre todo en el conurbano bonaerense, crece cuatro veces más, porque crecemos mal, porque no planificamos y porque extendemos la mancha urbana.
También estamos haciendo un ajuste en los programas que financiemos de aquí en adelante en la Secretaría de Vivienda, que pasarán por ciertos lineamientos urbanísticos para no financiar aquello que no corresponde.
Ramiro Masjuan, director nacional de Vivienda Social, me apunta que hay 11.000 escrituras este año.
Con respecto a lo que preguntaba el señor diputado Lavagna referente a la urbanización de villas, aclaro que eso no es regularización dominial propiamente dicho. Ahí claramente no hay título de propiedad. La Subsecretaría de Hábitat también está avanzando en la regularización de villas y asentamientos, donde se impone una modificación del marco normativo y regulatorio en muchos casos. Por ejemplo, los servicios públicos no entran a estos lugares porque no hay ciudad formal ni hay una calle pública. AySA no puede entrar a las diferentes villas porque, justamente, ahí no hay prestación de servicio.
Estamos trabajando en eso y creo que una iniciativa concreta de este gobierno en línea hacia la urbanización es la creación del Registro Nacional de Barrios Populares que creó por decreto el presidente Macri, donde ahora sí podemos darle un certificado a los más de cuatro mil asentamientos que hemos identificado con diferentes organizaciones sociales en este año y medio. Ayer estuve con una persona, Juana, que se conectó al servicio de gas en su casa y que ahora va a solicitar del ANSES el Renavap, el registro que le va a permitir que le presten servicios públicos y que pueda hacer valer también la regularización dominial.
También hay que impulsar la ley Pierri. La provincia de Buenos Aires es la única en la que realmente ha tenido efectos en la ley Pierri. No sé si me equivoco, señor diputado Amadeo. Es una ley que cuenta con más de veinte años de antigüedad y solamente siete provincias han adherido a ella. Le aclaro que hay una ley de regularización dominial que presentó la gestión anterior en este Congreso que obtuvo sanción de una de las Cámaras en 2015. Frente a ese proyecto hicimos varias modificaciones, presentamos una propuesta, pero no fue tratada durante el año 2016. Creemos que el lugar del Estado no tiene que ser el de tomar la vivienda y garantizarle la propiedad, sino el de flexibilizar todo lo que hace a las normas de regularización dominial que hoy son por demás engorrosas. Además, dificultan la posibilidad de que la gente acceda al título de propiedad. Aquí a mi derecha se encuentra la señora diputada María Soledad Carrizo, de Córdoba, que sabe que en su provincia tardan entre tres y cuatro años en subdividir y escriturar. Además, hay que trabajar sobre los catastros a fin de que sean gratuitos y que la gente no tenga que pagar por las mensuras o gastos de escribanía. Concretamente, el proyecto que hemos presentado el año pasado -modificatorio del relativo a la regularización dominial- no tuvo tratamiento.
Respecto a la última pregunta, coincido con su apreciación, señor diputado. El Estado no puede ser el único generador de oferta de vivienda social. Nuestro presupuesto es de 25.000 millones de pesos este año y seguramente ustedes van a votar uno mayor para el año próxmo. Si solamente el Estado es el que construye viviendas, seguramente tendremos un déficit estructural por los siglos de los siglos y siempre correremos de atrás. Al contrario, tenemos que generar acceso al crédito. Los países que han tenido éxito en la reducción del déficit han solucionado el tema de esa forma. Si en vez de gastar -como lo sorprendía al señor diputado Sánchez- un millón de pesos por vivienda, damos 300 mil o 400 mil pesos de subsidio, lo multiplicamos por tres o cuatro y los bancos dan la diferencia. Entonces, tendremos que bajar para que presten a personas que tengan menos ingresos. En el ínterin hay que seguir construyendo viviendas sociales, pero debemos asegurarnos de que se destinen a quienes más lo necesitan.
Ustedes han sancionado una ley que regula el régimen de asociación pública y privada. Nosotros ya lo hemos puesto en práctica. Entre proyecto y ejecución, contamos con quince mil viviendas con diferentes regímenes que hemos establecido de participación público privada. Una de ellas es a través del Procrear. Asimismo, las tierras del AABE que están incluidas en el fideicomiso de Procrear, las hemos puesto en licitación para que nos den viviendas por el valor de tierra del Estado. El privado construirá viviendas que luego puedan ser apto crédito hipotecario. En Rosario hemos licitado 500 viviendas de esa manera; en Santa Fe lo hicimos también; en Bariloche, estamos licitando 280 viviendas en estos días.
Además, hemos generado un programa con gremios y sindicatos que se llama "Trabajo=Vivienda", por medio del cual no queremos que las viviendas sociales que financia el Estado luego sean tomadas por las provincias y se las distribuyan a sus diferentes gremios. La idea es que los gremios pongan la tierra. A lo largo de los años muchos gremios han ido comprando tierra. Luego, sacamos dos líneas de crédito intermedio con el Banco Nación -la 518 y 519-, y le damos financiamiento intermedio al gremio: 70 por ciento de financiamiento y el Estado -a través de la Secretaría de Vivienda- subsidia el 30 por ciento restante.
Hoy, en Chile, la cámara de la construcción lleva a cabo las viviendas sociales con su propio presupuesto. El Estado no les da el dinero para que, mediante la obra pública, lo terminen haciendo.
Asimismo, estamos promoviendo los conjuntos urbanos integrales. Se trata de proyectos sobre los cuales un porcentaje se destina a la vivienda social -20 por ciento- y es financiado por el Estado. Un 60 por ciento es apto crédito Procrear y el 20 por ciento restante debería ser de libre disponibilidad. De esta manera generaríamos mixtura social y los barrios estarían integrados con personas de diferentes ingresos. Además, no promoveríamos lo que significó un fracaso en las últimas décadas, basado en expulsar a la gente a la periferia y construir conjuntos habitacionales para aglutinar a los pobres, porque hoy nos encontramos con que los NBI siguen siendo los mismos que cuando estaban en sus asentamientos. Por ello, hay que desarrollar un sector que no ha invertido en vivienda social ni mucho menos en vivienda del sector medio en los últimos años. Hemos dictado varias normativas en ese sentido. Por ejemplo, la comunicación del Banco Central que permite que los bancos puedan otorgar créditos a los desarrolladores desde pozo sin necesidad de tener una garantía real atrás. Solamente con la garantía del boleto de compraventa puede erogarse el crédito.
Nosotros estaríamos dispuestos a adelantar el subsidio del beneficiario que el desarrollador podría tomar para financiar su obra. Luego el banco otorgaría el crédito una vez entregada la posesión.
SR. LAVAGNA ¿Eso es en tierras del Estado?
SR. KERR No, en cualquier lado.
SR. LAVAGNA Me refiero al esquema.
SR. KERR No, un desarrollador puede construir un proyecto de viviendas sociales. Si los beneficiarios eventualmente lo eligieran, sabemos que le deberemos erogar un subsidio. Es decir, lo pondríamos en una cuenta escrow o en el Banco Nación en garantía. Entonces, el banco da el financimiento y se construye. Como la TIR del negocio es salir rápido, una vez otorgada la posesión, el banco puede erogar el crédito al beneficiario y éste no tiene que esperar cuatro años -como ocurre en Córdoba, motivo por el cual los desarrolladores no invierten- hasta que catastro subdivide, para recién otorgar los créditos hipotecarios.
Por otro lado, el hecho de que más provincias eximan del pago de ingresos brutos a los créditos hipotecarios, aumenta un 15 por ciento la capacidad de pago. En este sentido, creo que ha sido clara la definición del presidente Macri relativa a que los bancos públicos sean los primeros en salir a financiar el crédito hipotecario. Tengamos en cuenta que de los 3.700 millones otorgados en concepto de crédito hipotecario en junio, dos tercios provinieron de bancos públicos, como Nación, Ciudad y Provincia de Buenos Aires.
Acerca de la oferta, hay dos líneas concretas. Una con el banco Nación por 5.000 millones de pesos para financiar el crédito intermedio de los desarrolladores; y otra con el banco Ciudad con quien firmamos un convenio por 500 millones de pesos para financiar a los desarrolladores.
Entendemos que estamos brindando todas las herramientas para que el sector privado también pueda comprometerse. Sabemos que hay un negocio genuino a atender a raíz de la demanda creciente de viviendas. Se necesitan créditos hipotecarios para la construcción de viviendas cuya adquisición sea apta mediante crédito.
Por otro lado, el hecho de que más provincias eximan del pago de ingresos brutos a los créditos hipotecarios, aumenta un 15 por ciento la capacidad de pago. En este sentido, creo que ha sido clara la definición del presidente Macri relativa a que los bancos públicos sean los primeros en salir a financiar el crédito hipotecario. Tengamos en cuenta que de los 3.700 millones otorgados en concepto de crédito hipotecario en junio, dos tercios provinieron de bancos públicos, como Nación, Ciudad y Provincia de Buenos Aires.
Acerca de la oferta, hay dos líneas concretas. Una con el banco Nación por 5.000 millones de pesos para financiar el crédito intermedio de los desarrolladores; y otra con el banco Ciudad con quien firmamos un convenio por 500 millones de pesos para financiar a los desarrolladores.
Entendemos que estamos brindando todas las herramientas para que el sector privado también pueda comprometerse. Sabemos que hay un negocio genuino a atender a raíz de la demanda creciente de viviendas. Se necesitan créditos hipotecarios para la construcción de viviendas cuya adquisición sea apta mediante crédito.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Sánchez.
SR. SÁNCHEZ Señor presidente: la verdad es que hay muchos cambios en términos de política habitacional y su complementariedad. Es decir que se tomó lo que venía siendo bueno y se potenció mucho una solución básica como es el crédito hipotecario que no existía en el país. Se está tratando de revisar una vieja buena política que terminó siendo mala, como el FONAVI, para que vuelva a tener su lugar.
Cuando uno iba a cualquier provincia, un barrio FONAVI era considerado un buen barrio. Después no sabemos dónde terminó el FONAVI porque incluso estuvo opacado por otras políticas.
En esta discusión estamos tratando de saber qué relevancia damos a ese instrumento específico que seguramente es complementario a todos los demás.
Pasando a las preguntas, en primer término quisiera saber cuál es la importancia que queremos darle al FONAVI como solución a las políticas habitacionales. Poniendo FONAVI versus Procrear, me imagino que no son lo mismo, de hecho no lo son, pero a qué apostamos: ¿hasta dónde queremos que llegue el FONAVI?
En segundo lugar, me parece que tenemos que empezar a poner en orden varias cosas, porque el FONAVI es una solución que tiene que ver con fondos nacionales que pasan a las provincias y se distribuyen de una determinada manera que no terminamos de entender muy bien. Esta es la discusión que estamos dando. Entonces la pregunta es: ¿cuál es el actual criterio de distribución del FONAVI?
Tercero, disiento un poco con el diputado Lavagna aunque es cierto lo que dice.
Cuando uno iba a cualquier provincia, un barrio FONAVI era considerado un buen barrio. Después no sabemos dónde terminó el FONAVI porque incluso estuvo opacado por otras políticas.
En esta discusión estamos tratando de saber qué relevancia damos a ese instrumento específico que seguramente es complementario a todos los demás.
Pasando a las preguntas, en primer término quisiera saber cuál es la importancia que queremos darle al FONAVI como solución a las políticas habitacionales. Poniendo FONAVI versus Procrear, me imagino que no son lo mismo, de hecho no lo son, pero a qué apostamos: ¿hasta dónde queremos que llegue el FONAVI?
En segundo lugar, me parece que tenemos que empezar a poner en orden varias cosas, porque el FONAVI es una solución que tiene que ver con fondos nacionales que pasan a las provincias y se distribuyen de una determinada manera que no terminamos de entender muy bien. Esta es la discusión que estamos dando. Entonces la pregunta es: ¿cuál es el actual criterio de distribución del FONAVI?
Tercero, disiento un poco con el diputado Lavagna aunque es cierto lo que dice.
SR. LAVAGNA Entonces no disiente.
SR. SÁNCHEZ Cuando hace su reflexión respecto de los fondos específicos tiene algo de razón. Cuando decimos que los fondos no se pueden desviar, porque por ley se estableció que son específicos para el Fondo Nacional de la Vivienda -esto quiere decir que los gobernadores no los pueden utilizar para otros fines-, no es del todo cierto que se descompense la inversión para viviendas con fondos provinciales porque a partir de esta discusión uno se compromete a mantener la obligatoriedad del uso de esos fondos nacionales para políticas habitacionales en las provincias. Creo que hay que darle prioridad a ese debate.
¿Cuántas viviendas hacemos con la plata que tenemos? Es decir, ¿cuánto eficientizamos el gasto o la inversión en vivienda? Me parece que esa es una discusión prioritaria o primaria que parte de la forma de contratación. Creo que esto se tiene que revisar en el Consejo Federal; quizás lo hagan, pero nosotros lo desconocemos.
Considero que hay que hacer hincapié en modernizar los sistemas de contratación por dos motivos. Primero, para que tengan un mayor impacto en el resultado; segundo, para transparentar las contrataciones. Los valores de contratación de obra pública, y en este caso particular de vivienda, son imposibles de justificar.
Entiendo que los mecanismos puestos en práctica por el Estado nacional, entre ellos, no vender los pliegos de licitación, abrir más el concurso y revisar las políticas de incentivo local, en realidad van en detrimento de la optimización del gasto porque terminan incrementando el costo de contratación. Consecuentemente, pregunto cuánto se ha logrado avanzar en el Consejo Federal aplicando esta política combinada en la que participa más de una jurisdicción. Además, tenemos que empezar a dejar bien en claro quién es responsable de qué.
Me imagino que hay provincias con un nivel de recupero razonable y otras a las que no les importa. Seguramente hay provincias que fijan ciertos criterios de calificación para otorgar créditos y otras que aplican otros que efectivamente dejan afuera a la población a la cual se destinan estos proyectos o programas. Me refiero específicamente a la formalización de salario y demás.
Estoy muy contento por la forma en que se están discutiendo estos asuntos y llevando adelante la política de vivienda. De todas maneras, me interesa saber más.
En la Argentina hay un déficit por la no medición del impacto de las políticas. Y a partir de ella, por la asignación de responsabilidades y de los resultados positivos o negativos.
Reitero que no todas las provincias son iguales. Este es un país federal y tenemos que acostumbrarnos como Estado nacional. Es por ello que estamos discutiendo esta iniciativa en el Congreso de la Nación.
Asimismo, tenemos que hacer un seguimiento a las provincias más allá del gráfico relativo a quién le debería tocar cada cosa. Esto se debe a que no todas las provincias tienen el mismo déficit, ni las mismas necesidades, ni administran de igual manera. La verdad es que también necesitamos una devolución de eso.
Por lo expuesto, quisiera que el señor subsecretario nos comentara algo más.
Creo que tiene razón el diputado Lavagna cuando señala que estas discusiones nos sirven para hacer preguntas sobre las otras puntas de la política de soluciones habitacionales. No es lo mismo tener un 7 por ciento de impuesto a los ingresos brutos con inexistencia de crédito hipotecario, que un 7 por ciento de impuesto a los ingresos brutos con un crédito hipotecario despegándose y convirtiéndose en la clave de la solución habitacional, tal como ocurre en cualquier país del mundo. Por ello, quisiera saber qué provincias fueron reaccionando y nunca tuvieron el 7 por ciento.
Siempre critiqué a la provincia de Buenos Aires gobernada por el PJ y a la ciudad de Buenos Aires gobernada por Cambiemos. Me preguntaba: ¿Siete por ciento de la nada para qué?
Ahora tenemos un universo mucho más grande y me gustaría saber qué provincias son reacias a reducir el costo de los impuestos ante la solución que todos consideramos que es la mejor.
¿Cuántas viviendas hacemos con la plata que tenemos? Es decir, ¿cuánto eficientizamos el gasto o la inversión en vivienda? Me parece que esa es una discusión prioritaria o primaria que parte de la forma de contratación. Creo que esto se tiene que revisar en el Consejo Federal; quizás lo hagan, pero nosotros lo desconocemos.
Considero que hay que hacer hincapié en modernizar los sistemas de contratación por dos motivos. Primero, para que tengan un mayor impacto en el resultado; segundo, para transparentar las contrataciones. Los valores de contratación de obra pública, y en este caso particular de vivienda, son imposibles de justificar.
Entiendo que los mecanismos puestos en práctica por el Estado nacional, entre ellos, no vender los pliegos de licitación, abrir más el concurso y revisar las políticas de incentivo local, en realidad van en detrimento de la optimización del gasto porque terminan incrementando el costo de contratación. Consecuentemente, pregunto cuánto se ha logrado avanzar en el Consejo Federal aplicando esta política combinada en la que participa más de una jurisdicción. Además, tenemos que empezar a dejar bien en claro quién es responsable de qué.
Me imagino que hay provincias con un nivel de recupero razonable y otras a las que no les importa. Seguramente hay provincias que fijan ciertos criterios de calificación para otorgar créditos y otras que aplican otros que efectivamente dejan afuera a la población a la cual se destinan estos proyectos o programas. Me refiero específicamente a la formalización de salario y demás.
Estoy muy contento por la forma en que se están discutiendo estos asuntos y llevando adelante la política de vivienda. De todas maneras, me interesa saber más.
En la Argentina hay un déficit por la no medición del impacto de las políticas. Y a partir de ella, por la asignación de responsabilidades y de los resultados positivos o negativos.
Reitero que no todas las provincias son iguales. Este es un país federal y tenemos que acostumbrarnos como Estado nacional. Es por ello que estamos discutiendo esta iniciativa en el Congreso de la Nación.
Asimismo, tenemos que hacer un seguimiento a las provincias más allá del gráfico relativo a quién le debería tocar cada cosa. Esto se debe a que no todas las provincias tienen el mismo déficit, ni las mismas necesidades, ni administran de igual manera. La verdad es que también necesitamos una devolución de eso.
Por lo expuesto, quisiera que el señor subsecretario nos comentara algo más.
Creo que tiene razón el diputado Lavagna cuando señala que estas discusiones nos sirven para hacer preguntas sobre las otras puntas de la política de soluciones habitacionales. No es lo mismo tener un 7 por ciento de impuesto a los ingresos brutos con inexistencia de crédito hipotecario, que un 7 por ciento de impuesto a los ingresos brutos con un crédito hipotecario despegándose y convirtiéndose en la clave de la solución habitacional, tal como ocurre en cualquier país del mundo. Por ello, quisiera saber qué provincias fueron reaccionando y nunca tuvieron el 7 por ciento.
Siempre critiqué a la provincia de Buenos Aires gobernada por el PJ y a la ciudad de Buenos Aires gobernada por Cambiemos. Me preguntaba: ¿Siete por ciento de la nada para qué?
Ahora tenemos un universo mucho más grande y me gustaría saber qué provincias son reacias a reducir el costo de los impuestos ante la solución que todos consideramos que es la mejor.
SR. KERR En primer término, acerca de cuál es la importancia del FONAVI, reitero que el objetivo es que las provincias a partir de sus autonomías fijadas por la Constitución, puedan elaborar sus propias políticas de vivienda. Es decir que no tengan que venir a la Ciudad de Buenos Aires a pedir financiación. Si tuvieran este fondo exclusivo intangible y lo apalancaran con dineros propios y el recupero, podrían desarrollar políticas de vivienda propias.
Es curioso que aquellas provincias más castigadas durante los últimos quince años sean las que más elaboraron su propia política de vivienda; al no recibir los fondos del Estado, desarrollaron sus propios planes de vivienda. Es el caso de la provincia de Córdoba o de Santa Fe. Esta última desarrolló un programa propio, que es el plan Lo Tengo, mientras que el resto de las provincias no tiene su propio programa. Podemos discutir si el de Santa Fe es bueno o no, pero la gente paga por su terreno y el Estado provincial otorga terrenos con infraestructura. Es decir, en Santa Fe hay una Secretaría de Vivienda y Hábitat y tienen un programa propio de vivienda; en la Ciudad de Buenos Aires sucede lo mismo. En cambio, otras provincias se manejan con el FONAVI y con los planes federales.
¿Cuál es el criterio de distribución? Está fijado en la ley, en el artículo 5°, en el que se precisan las distintas alícuotas. Además la norma señala cada dos años el Congreso deberá aprobar una ley fijando una nueva distribución, teniendo en cuenta la correcta utilización que se haga de los fondos, el nivel de recupero, el nivel de inversión realizada específicamente en obra por medio del crédito y la variación del déficit habitacional, de acuerdo a las cifras del INDEC y del dictamen del Consejo Nacional de la Vivienda.
Eso nunca se hizo. Sí se crearon los Institutos de Vivienda y el Consejo Nacional de la Vivienda.
Asimismo, la ley establece que tiene que haber cuatro reuniones anuales del Consejo de la Vivienda y las venimos cumpliendo. El año pasado hicimos cuatro en Salta, Mendoza, Santa Cruz y Chubut. Recientemente venimos de Corrientes, que fue la última de las dos reuniones que ya hicimos este año. Corrientes no hospedaba ni organizaba el Consejo Nacional de la Vivienda desde hace 25 años. Hoy estamos tratando de que ese Consejo no sea un lugar de turismo adonde van los funcionarios a pasar dos días en un hotel para recorrer las bellezas de nuestro país, sino que sea un lugar de trabajo. La semana pasada fuimos con el director del Banco Nación para explicar las líneas de crédito intermedio. Hemos llevado a la Ministra de Vivienda de Chile para que explique el caso de su país. Hemos llevado el resultado de las auditorías. Hemos presentado un nuevo programa, la resolución 122, que se publicó el jueves pasado. Se trata de nuevos estándares constructivos que elevan la sustentabilidad de lo que construyamos para que ahorremos en consumo de energías no renovables; esto lo presentamos el jueves pasado. La ley de UVIs para que se ajusten los precios por UVIs surgió como fruto del debate entre las diferentes provincias. Hemos debatido jueves y viernes de la semana pasada el uso del FONAVI.
Por ley, entre muchas funciones, el Consejo Nacional de Vivienda tenía justamente la de evaluar el desarrollo de los objetivos del Sistema Federal de Viviendas, en particular el avance de la reducción del déficit y el estricto cumplimiento de lo establecido por la presente ley. No sé si se le ha exigido a lo largo de estos años que el Consejo presente su informe de la evaluación que debiera formular sobre el desarrollo de la norma, y creo que ha propuesto muy pocos anteproyectos, normas legales, técnicas y administrativas para el mejor cumplimiento de los objetivos del Sistema Federal de Vivienda, entre otras facultades. Nosotros estamos promoviendo es que tenga ese lugar de consejero de la política habitacional.
La ley también fija que tiene que haber un Comité Ejecutivo y lo hemos constituido. Cada una de las cinco regiones elige un presidente y éste tiene que tener una reunión mensual con las autoridades nacionales; la vienen manteniendo conmigo desde que iniciamos la gestión, de forma ininterrumpida, todos los meses.
El objetivo claramente es que la ley se modernice. Fíjense que no era una mala norma porque entre las otras cuestiones que dice, establece en su artículo 14: "Los recursos del FONAVI en el porcentaje que fije esta ley se destinarán a la financiación de créditos con garantía hipotecaria para la construcción y compra, refacción o ampliación o complementando viviendas económicas para familias de recursos insuficientes."
A lo largo de estos veinte años, ¿qué provincias que han recibido FONAVI han utilizado estos recursos para otorgar créditos hipotecarios, han generado una agencia provincial de créditos hipotecarios o han destinado sus bancos provinciales para que tomaran en garantía estos fondos y pudieran colocar crédito hipotecario?
La realidad es que no otorgan crédito hipotecario, construyen viviendas y no las entregan con el título de propiedad que también hace a la dignidad de las personas.
Finalmente, quiero hacer un comentario -no recuerdo si está incluido dentro del proyecto de la señora diputada Carrizo- vinculado con el cambio climático. Concretamente, hay un cambio climático en el mundo y Argentina se ha visto afectada. En este año y medio de gestión hemos tenido que atender la emergencia en Comodoro Rivadavia. Allí llevamos viviendas modulares transitorias, pero tenemos que reconstruir la ciudad y construir nuevas viviendas sociales. Hemos llevado módulos transitorios a raíz de lo sucedido con el alud en la localidad de Volcán, en la provincia de Jujuy, pero hoy hay que hacerles viviendas definitivas. Lo mismo ocurrió en Santa Fe, en la localidad de Arroyo Seco, en la localidad de Lamadrid, en la provincia de Tucumán y en Concordia, provincia de Entre Ríos. No hay un presupuesto previsto para atender la emergencia. Cuando a las provincias les decimos que les vamos a retirar parte del dinero que estamos financiando para la construcción de sus viviendas sociales a fin de atender la emergencia, nos dicen que no quieren. Dentro del FONAVI debería existir la posibilidad de que se fije un porcentaje de ese dinero para ir a un fondo nacional que pueda utilizarse para atender la emergencia ambiental, hídrica o la que fuere.
Hoy hay que salir a construir 200 viviendas en la localidad de Lamadrid, provincia de Tucumán, debido a que han sido arrasados por la inundación. El presupuesto es el mismo y cuando le decimos al Instituto de Vivienda de esa provincia -no es algo en contra de Tucumán sino que pasa lo mismo en cualquier otro lugar- que no vamos a poder financiarle las 1.500 o 2.500 viviendas, les tenemos que restar 200 porque salen de la misma partida presupuestaria, nos terminan diciendo que no.
Les voy a dar otro ejemplo. La provincia de Entre Ríos fija que las viviendas sociales que construyen se otorgan solamente a familias que tengan ingresos formales en blanco, con lo cual no apunta al déficit. Las de emergencia -hemos tenido que entregar 350 en Concordia, 80 en Colón, 100 en Feliciano, 70 en San José, 300 en La Paz- salen del mismo presupuesto de vivienda que había sido votado por ustedes. La provincia de Entre Ríos nos termina diciendo que no quieren que les reduzcamos de ese presupuesto para la construcción de 1.500 viviendas sociales por la emergencia. Sin embargo, nos piden que se las financiemos.
Es curioso que aquellas provincias más castigadas durante los últimos quince años sean las que más elaboraron su propia política de vivienda; al no recibir los fondos del Estado, desarrollaron sus propios planes de vivienda. Es el caso de la provincia de Córdoba o de Santa Fe. Esta última desarrolló un programa propio, que es el plan Lo Tengo, mientras que el resto de las provincias no tiene su propio programa. Podemos discutir si el de Santa Fe es bueno o no, pero la gente paga por su terreno y el Estado provincial otorga terrenos con infraestructura. Es decir, en Santa Fe hay una Secretaría de Vivienda y Hábitat y tienen un programa propio de vivienda; en la Ciudad de Buenos Aires sucede lo mismo. En cambio, otras provincias se manejan con el FONAVI y con los planes federales.
¿Cuál es el criterio de distribución? Está fijado en la ley, en el artículo 5°, en el que se precisan las distintas alícuotas. Además la norma señala cada dos años el Congreso deberá aprobar una ley fijando una nueva distribución, teniendo en cuenta la correcta utilización que se haga de los fondos, el nivel de recupero, el nivel de inversión realizada específicamente en obra por medio del crédito y la variación del déficit habitacional, de acuerdo a las cifras del INDEC y del dictamen del Consejo Nacional de la Vivienda.
Eso nunca se hizo. Sí se crearon los Institutos de Vivienda y el Consejo Nacional de la Vivienda.
Asimismo, la ley establece que tiene que haber cuatro reuniones anuales del Consejo de la Vivienda y las venimos cumpliendo. El año pasado hicimos cuatro en Salta, Mendoza, Santa Cruz y Chubut. Recientemente venimos de Corrientes, que fue la última de las dos reuniones que ya hicimos este año. Corrientes no hospedaba ni organizaba el Consejo Nacional de la Vivienda desde hace 25 años. Hoy estamos tratando de que ese Consejo no sea un lugar de turismo adonde van los funcionarios a pasar dos días en un hotel para recorrer las bellezas de nuestro país, sino que sea un lugar de trabajo. La semana pasada fuimos con el director del Banco Nación para explicar las líneas de crédito intermedio. Hemos llevado a la Ministra de Vivienda de Chile para que explique el caso de su país. Hemos llevado el resultado de las auditorías. Hemos presentado un nuevo programa, la resolución 122, que se publicó el jueves pasado. Se trata de nuevos estándares constructivos que elevan la sustentabilidad de lo que construyamos para que ahorremos en consumo de energías no renovables; esto lo presentamos el jueves pasado. La ley de UVIs para que se ajusten los precios por UVIs surgió como fruto del debate entre las diferentes provincias. Hemos debatido jueves y viernes de la semana pasada el uso del FONAVI.
Por ley, entre muchas funciones, el Consejo Nacional de Vivienda tenía justamente la de evaluar el desarrollo de los objetivos del Sistema Federal de Viviendas, en particular el avance de la reducción del déficit y el estricto cumplimiento de lo establecido por la presente ley. No sé si se le ha exigido a lo largo de estos años que el Consejo presente su informe de la evaluación que debiera formular sobre el desarrollo de la norma, y creo que ha propuesto muy pocos anteproyectos, normas legales, técnicas y administrativas para el mejor cumplimiento de los objetivos del Sistema Federal de Vivienda, entre otras facultades. Nosotros estamos promoviendo es que tenga ese lugar de consejero de la política habitacional.
La ley también fija que tiene que haber un Comité Ejecutivo y lo hemos constituido. Cada una de las cinco regiones elige un presidente y éste tiene que tener una reunión mensual con las autoridades nacionales; la vienen manteniendo conmigo desde que iniciamos la gestión, de forma ininterrumpida, todos los meses.
El objetivo claramente es que la ley se modernice. Fíjense que no era una mala norma porque entre las otras cuestiones que dice, establece en su artículo 14: "Los recursos del FONAVI en el porcentaje que fije esta ley se destinarán a la financiación de créditos con garantía hipotecaria para la construcción y compra, refacción o ampliación o complementando viviendas económicas para familias de recursos insuficientes."
A lo largo de estos veinte años, ¿qué provincias que han recibido FONAVI han utilizado estos recursos para otorgar créditos hipotecarios, han generado una agencia provincial de créditos hipotecarios o han destinado sus bancos provinciales para que tomaran en garantía estos fondos y pudieran colocar crédito hipotecario?
La realidad es que no otorgan crédito hipotecario, construyen viviendas y no las entregan con el título de propiedad que también hace a la dignidad de las personas.
Finalmente, quiero hacer un comentario -no recuerdo si está incluido dentro del proyecto de la señora diputada Carrizo- vinculado con el cambio climático. Concretamente, hay un cambio climático en el mundo y Argentina se ha visto afectada. En este año y medio de gestión hemos tenido que atender la emergencia en Comodoro Rivadavia. Allí llevamos viviendas modulares transitorias, pero tenemos que reconstruir la ciudad y construir nuevas viviendas sociales. Hemos llevado módulos transitorios a raíz de lo sucedido con el alud en la localidad de Volcán, en la provincia de Jujuy, pero hoy hay que hacerles viviendas definitivas. Lo mismo ocurrió en Santa Fe, en la localidad de Arroyo Seco, en la localidad de Lamadrid, en la provincia de Tucumán y en Concordia, provincia de Entre Ríos. No hay un presupuesto previsto para atender la emergencia. Cuando a las provincias les decimos que les vamos a retirar parte del dinero que estamos financiando para la construcción de sus viviendas sociales a fin de atender la emergencia, nos dicen que no quieren. Dentro del FONAVI debería existir la posibilidad de que se fije un porcentaje de ese dinero para ir a un fondo nacional que pueda utilizarse para atender la emergencia ambiental, hídrica o la que fuere.
Hoy hay que salir a construir 200 viviendas en la localidad de Lamadrid, provincia de Tucumán, debido a que han sido arrasados por la inundación. El presupuesto es el mismo y cuando le decimos al Instituto de Vivienda de esa provincia -no es algo en contra de Tucumán sino que pasa lo mismo en cualquier otro lugar- que no vamos a poder financiarle las 1.500 o 2.500 viviendas, les tenemos que restar 200 porque salen de la misma partida presupuestaria, nos terminan diciendo que no.
Les voy a dar otro ejemplo. La provincia de Entre Ríos fija que las viviendas sociales que construyen se otorgan solamente a familias que tengan ingresos formales en blanco, con lo cual no apunta al déficit. Las de emergencia -hemos tenido que entregar 350 en Concordia, 80 en Colón, 100 en Feliciano, 70 en San José, 300 en La Paz- salen del mismo presupuesto de vivienda que había sido votado por ustedes. La provincia de Entre Ríos nos termina diciendo que no quieren que les reduzcamos de ese presupuesto para la construcción de 1.500 viviendas sociales por la emergencia. Sin embargo, nos piden que se las financiemos.
SR. LAVAGNA Son dos objetivos distintos.
SR. KERR Pero salen del mismo presupuesto. Las 350 viviendas que estamos construyendo en Concordia serán sustentables y van a ser de madera. Esto lo hemos promovido junto con la Cámara de la Madera para poder desarrollar esa industria. Salen del mismo presupuesto y sería bueno que exista un fondo nacional. Así como hay un porcentaje para atender a la discapacidad y para ocuparnos del adulto mayor, también debería existir un porcentaje destinado a la atención de la emergencia.
En la provincia de Entre Ríos, más precisamente en la localidad de Concordia, hay 300 viviendas financiadas por la gestión anterior que están incluidas en los planes federales. Cuando se produjo la inundación -diciembre de 2015- acordamos con el presidente y el gobernador que iban a ir 350 para la emergencia. Pero las que están en construcción -320- no son para los inundados. De hecho, ahora se han terminado con financiamiento del Estado nacional y abren la inscripción con ingresos formales para que se anoten entrerrianos -a través de un sorteo- a fin de recibir estas viviendas. Además, la cuota que paguen va a ir a gastos corrientes de la provincia. Coincido con el diputado Sánchez que hay mucho por hacer respecto de este tema.
En la provincia de Entre Ríos, más precisamente en la localidad de Concordia, hay 300 viviendas financiadas por la gestión anterior que están incluidas en los planes federales. Cuando se produjo la inundación -diciembre de 2015- acordamos con el presidente y el gobernador que iban a ir 350 para la emergencia. Pero las que están en construcción -320- no son para los inundados. De hecho, ahora se han terminado con financiamiento del Estado nacional y abren la inscripción con ingresos formales para que se anoten entrerrianos -a través de un sorteo- a fin de recibir estas viviendas. Además, la cuota que paguen va a ir a gastos corrientes de la provincia. Coincido con el diputado Sánchez que hay mucho por hacer respecto de este tema.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Pastori.
SR. PASTORI Tengo una única pregunta para el doctor Kerr que está vinculada con lo que acaba de manifestar respecto de las viviendas de madera.
En la provincia de Misiones -a la cual pertenezco- se ha desarrollado una industria en base a la madera, una economía regional tan importante que tiene una significativa proporción en lo relativo al producto bruto geográfico. Puedo sumar a la provincia de Corrientes, en lo atinente a la industria forestal, y a alguna otra provincia más.
Quiero preguntar al señor subsecretario acerca de la construcción de viviendas de madera cuyo costo promedio por metro cuadrado es sustancialmente inferior a los 15.000 y pico de pesos mencionados.
Existiendo algunas industrias con un alto know how pero en las que faltaba la mano del Estado, vimos con gran interés el anuncio de la construcción de viviendas. Me gustaría que ampliaran la información y comentaran si se ha determinado algún porcentaje mínimo no solamente para la construcción de viviendas sino también para el uso de madera en las mismas. Me refiero a viviendas construidas con otro material pero que utilizan madera en el cielorraso y en las aberturas. De este modo, también se incentivaría la economía regional que está atravesando un momento delicado. Específicamente en el caso de la madera, esta situación se vive desde la crisis de Estados Unidos en 2008 y 2009.
Si bien nos fuimos un poco del tema que originó la convocatoria a la reunión, creo que todos estamos de acuerdo con que la intangibilidad de los recursos debería ser ley. Por eso hemos derivado las preguntas a la problemática habitacional.
Centrándome en el uso de la madera, había aparecido el fantasma de que los chinos venían a invadirnos y llenarían Misiones con sus casas. El señor subsecretario debe saber que ese asunto generó mucha preocupación en el sector empresarial maderero y por ello le solicito si puede ampliarnos la información.
En la provincia de Misiones -a la cual pertenezco- se ha desarrollado una industria en base a la madera, una economía regional tan importante que tiene una significativa proporción en lo relativo al producto bruto geográfico. Puedo sumar a la provincia de Corrientes, en lo atinente a la industria forestal, y a alguna otra provincia más.
Quiero preguntar al señor subsecretario acerca de la construcción de viviendas de madera cuyo costo promedio por metro cuadrado es sustancialmente inferior a los 15.000 y pico de pesos mencionados.
Existiendo algunas industrias con un alto know how pero en las que faltaba la mano del Estado, vimos con gran interés el anuncio de la construcción de viviendas. Me gustaría que ampliaran la información y comentaran si se ha determinado algún porcentaje mínimo no solamente para la construcción de viviendas sino también para el uso de madera en las mismas. Me refiero a viviendas construidas con otro material pero que utilizan madera en el cielorraso y en las aberturas. De este modo, también se incentivaría la economía regional que está atravesando un momento delicado. Específicamente en el caso de la madera, esta situación se vive desde la crisis de Estados Unidos en 2008 y 2009.
Si bien nos fuimos un poco del tema que originó la convocatoria a la reunión, creo que todos estamos de acuerdo con que la intangibilidad de los recursos debería ser ley. Por eso hemos derivado las preguntas a la problemática habitacional.
Centrándome en el uso de la madera, había aparecido el fantasma de que los chinos venían a invadirnos y llenarían Misiones con sus casas. El señor subsecretario debe saber que ese asunto generó mucha preocupación en el sector empresarial maderero y por ello le solicito si puede ampliarnos la información.
SR. KERR En primer término, hemos firmado un acuerdo comprometiéndonos a que al menos el 10 por ciento de las viviendas construidas por el Estado nacional sean de madera. Ese convenio lo firmamos con los ministros Frigerio y Buryaile.
Asimismo, hemos convocado a la mesa sectorial de la madera y hace una o dos semanas tuvimos varias reuniones en la Casa Rosada de las que participaron el secretario Negri por el Ministerio de Agroindustria, gente del INTI por el Ministerio de Producción, el ministro Frigerio y la Secretaría de Vivienda. Finalmente hemos firmado un convenio para impulsar el desarrollo del sector, el que fue distribuido entre todos los participantes de la mesa. Tal como hicimos con otros sectores, la idea es llegar a un acuerdo para impulsar la construcción de viviendas de madera. Para eso también necesitamos que el sector homologue los procesos, cumpla la normativa adecuada y posea los certificados de sus sistemas constructivos con el objeto de que sean avalados.
En lo relativo a la Secretaría de Vivienda, estamos trabajando para liberar al sistema de construcción en madera, entendido por muchas provincias como un sistema no tradicional. La idea es que no sea necesario un certificado de aptitud técnica. No sé si los señores diputados saben, pero la Secretaría otorga certificados de aptitud técnica a los diferentes sistemas constructivos. El objetivo es que la construcción en madera sea considerada un sistema tradicional propiamente dicho. Esto se debe a que los pliegos que elaboran las mismas provincias solamente comprenden sistemas tradicionales, entonces la construcción en madera no pueden ofertar. De todos modos, este no es el caso de Misiones, aunque sí de otras provincias.
Una noticia positiva es que el Directorio del banco Nación, que otorga el mayor impulso para el acceso al crédito hipotecario, aprobó los destinados a las casas construidas en madera homologadas por la Secretaría de Vivienda.
Como ustedes saben, anteriormente cuando se trataba de viviendas construidas en madera, el banco no otorgaba créditos hipotecarios porque las viviendas de madera, al no estar adheridas al suelo, pueden ser retiradas.
Los nuevos estándares constructivos aprobados y publicados en el Boletín Oficial el jueves pasado, justamente incluyen la madera en la construcción. Entendemos que es mucho más sustentable, reduce el consumo de energía y conforma viviendas más térmicas. Por ello, somos fervientes impulsores de que la industria de la madera pueda desarrollarse y estar a la misma altura generando ofertas de construcción.
Como siempre propuso el presidente Macri, abrimos el diálogo y convocamos a todos los sectores. A la Casa de Gobierno pueden asistir todos los que quieren y estamos llevando adelante distintas mesas sectoriales. Dentro de los próximos días esperemos firmar el acuerdo sectorial del que hemos entregado un borrador hace una o dos semanas.
Muy rápidamente me referiré a las famosas casas chinas. Lo único que puedo decir es que en 2014 el gobierno nacional de la administración anterior firmó un convenio de colaboración con la República Popular China para el financiamiento de obras de infraestructura en la Argentina, que fue ratificado por ley del Congreso el mismo año. Fruto de esos convenios de colaboración se financiaron las represas Néstor Kirchner, Cepernic y varias obras más. Reitero que está ratificado por ley que el Estado debía definir en qué obras tenía planeado financiar la infraestructura.
Los señores diputados vieron los números pertinentes a aumentar la oferta y financiar a tasas blandas para construir más viviendas en la Argentina. Me refiero a las construidas por el sector, las de madera y muchísimas más ya que necesitamos generar entre 150.000 y 200.000 soluciones de vivienda anuales. La construcción de viviendas no se incluye en el acuerdo que permitía la contratación directa de empresas chinas.
Junto con el Ministerio de Hacienda estamos buscando la posibilidad de tener presupuesto para llamar a licitaciones con financiamiento en el marco del Procrear, que nos permitan tomar crédito bilateral para ampliar la cantidad de viviendas. Puede tratarse de fondos chinos, alemanes, españoles, holandeses o americanos, ya que también están dispuestos a financiarnos. Al respecto, en los pliegos de bases y condiciones y dentro de los aspectos particulares y generales, estamos especificando bien que las empresas tienen que radicarse en la Argentina, montar sus plantas, contratar mano de obra nacional y también usar componente argentino para no desplazar a ninguna industria. Me parece que la mirada amplia del tema es contar con la posibilidad de generar mayor cantidad de viviendas y tomar financiamiento.
Señor diputado Pastori, podríamos tomar el crédito y pedir un período de gracia de dos o tres años, otorgado por la mayoría de los fondos. Entonces, las viviendas construidas se entregarían con créditos hipotecarios. Los beneficiarios pagarían las cuotas de los créditos que tomó la Argentina para construir las viviendas y de ese modo no incrementaríamos el déficit fiscal del país.
No existe eso de que vamos a pasar por arriba al sector de la construcción y del empleo argentino con casas chinas. En cualquier caso, siempre los certificados de aptitud técnica y los sistemas constructivos que utilicen los chinos o quienes inviertan en la Argentina tienen que estar avalados por la Secretaría de Vivienda. Justamente estamos buscando que los proyectos sean sustentables y los sistemas constructivos de la mejor calidad posible.
Asimismo, queremos que la vivienda social no sea equiparable a vivienda de mala calidad. Se puede construir barato y de buena calidad.
No existe el miedo que reinó en Misiones de que vamos a llenar la Argentina de obreros chinos que construyan casas chinas.
Asimismo, hemos convocado a la mesa sectorial de la madera y hace una o dos semanas tuvimos varias reuniones en la Casa Rosada de las que participaron el secretario Negri por el Ministerio de Agroindustria, gente del INTI por el Ministerio de Producción, el ministro Frigerio y la Secretaría de Vivienda. Finalmente hemos firmado un convenio para impulsar el desarrollo del sector, el que fue distribuido entre todos los participantes de la mesa. Tal como hicimos con otros sectores, la idea es llegar a un acuerdo para impulsar la construcción de viviendas de madera. Para eso también necesitamos que el sector homologue los procesos, cumpla la normativa adecuada y posea los certificados de sus sistemas constructivos con el objeto de que sean avalados.
En lo relativo a la Secretaría de Vivienda, estamos trabajando para liberar al sistema de construcción en madera, entendido por muchas provincias como un sistema no tradicional. La idea es que no sea necesario un certificado de aptitud técnica. No sé si los señores diputados saben, pero la Secretaría otorga certificados de aptitud técnica a los diferentes sistemas constructivos. El objetivo es que la construcción en madera sea considerada un sistema tradicional propiamente dicho. Esto se debe a que los pliegos que elaboran las mismas provincias solamente comprenden sistemas tradicionales, entonces la construcción en madera no pueden ofertar. De todos modos, este no es el caso de Misiones, aunque sí de otras provincias.
Una noticia positiva es que el Directorio del banco Nación, que otorga el mayor impulso para el acceso al crédito hipotecario, aprobó los destinados a las casas construidas en madera homologadas por la Secretaría de Vivienda.
Como ustedes saben, anteriormente cuando se trataba de viviendas construidas en madera, el banco no otorgaba créditos hipotecarios porque las viviendas de madera, al no estar adheridas al suelo, pueden ser retiradas.
Los nuevos estándares constructivos aprobados y publicados en el Boletín Oficial el jueves pasado, justamente incluyen la madera en la construcción. Entendemos que es mucho más sustentable, reduce el consumo de energía y conforma viviendas más térmicas. Por ello, somos fervientes impulsores de que la industria de la madera pueda desarrollarse y estar a la misma altura generando ofertas de construcción.
Como siempre propuso el presidente Macri, abrimos el diálogo y convocamos a todos los sectores. A la Casa de Gobierno pueden asistir todos los que quieren y estamos llevando adelante distintas mesas sectoriales. Dentro de los próximos días esperemos firmar el acuerdo sectorial del que hemos entregado un borrador hace una o dos semanas.
Muy rápidamente me referiré a las famosas casas chinas. Lo único que puedo decir es que en 2014 el gobierno nacional de la administración anterior firmó un convenio de colaboración con la República Popular China para el financiamiento de obras de infraestructura en la Argentina, que fue ratificado por ley del Congreso el mismo año. Fruto de esos convenios de colaboración se financiaron las represas Néstor Kirchner, Cepernic y varias obras más. Reitero que está ratificado por ley que el Estado debía definir en qué obras tenía planeado financiar la infraestructura.
Los señores diputados vieron los números pertinentes a aumentar la oferta y financiar a tasas blandas para construir más viviendas en la Argentina. Me refiero a las construidas por el sector, las de madera y muchísimas más ya que necesitamos generar entre 150.000 y 200.000 soluciones de vivienda anuales. La construcción de viviendas no se incluye en el acuerdo que permitía la contratación directa de empresas chinas.
Junto con el Ministerio de Hacienda estamos buscando la posibilidad de tener presupuesto para llamar a licitaciones con financiamiento en el marco del Procrear, que nos permitan tomar crédito bilateral para ampliar la cantidad de viviendas. Puede tratarse de fondos chinos, alemanes, españoles, holandeses o americanos, ya que también están dispuestos a financiarnos. Al respecto, en los pliegos de bases y condiciones y dentro de los aspectos particulares y generales, estamos especificando bien que las empresas tienen que radicarse en la Argentina, montar sus plantas, contratar mano de obra nacional y también usar componente argentino para no desplazar a ninguna industria. Me parece que la mirada amplia del tema es contar con la posibilidad de generar mayor cantidad de viviendas y tomar financiamiento.
Señor diputado Pastori, podríamos tomar el crédito y pedir un período de gracia de dos o tres años, otorgado por la mayoría de los fondos. Entonces, las viviendas construidas se entregarían con créditos hipotecarios. Los beneficiarios pagarían las cuotas de los créditos que tomó la Argentina para construir las viviendas y de ese modo no incrementaríamos el déficit fiscal del país.
No existe eso de que vamos a pasar por arriba al sector de la construcción y del empleo argentino con casas chinas. En cualquier caso, siempre los certificados de aptitud técnica y los sistemas constructivos que utilicen los chinos o quienes inviertan en la Argentina tienen que estar avalados por la Secretaría de Vivienda. Justamente estamos buscando que los proyectos sean sustentables y los sistemas constructivos de la mejor calidad posible.
Asimismo, queremos que la vivienda social no sea equiparable a vivienda de mala calidad. Se puede construir barato y de buena calidad.
No existe el miedo que reinó en Misiones de que vamos a llenar la Argentina de obreros chinos que construyan casas chinas.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra la señora diputada Frana.
SRA. FRANA Señor presidente: en primer lugar quiero agradecer al funcionario porque su explicación fue muy clarificadora. Creo que el objetivo es unificar los proyectos que tenemos para que de verdad el fondo sea intangible.
Quiero hacer una pregunta muy concreta, y pido disculpas si ya fue respondida, pero he llegado una vez comenzada la reunión. ¿Una iniciativa como esta no requiere primero de un acuerdo entre Nación y provincias para realizar una adenda al convenio firmado en 2002, que redefina los destinos de los fondos en función de una emergencia?
Por otra parte, haré una pequeña aclaración dado que el resto de mis inquietudes ya las preguntaron diputados de otros bloques. Le pido disculpas al señor subsecretario si lo contradije al hacer mención a la provincia de Santa Fe, pero ocurre que soy de esa provincia y vengo de una gestión que en su momento construía con el FONAVI casi seis mil viviendas por año sin importar si la Nación cumplía o no con el envío de los fondos. Fui crítica de lo que ocurría en mi provincia por el impacto en el déficit habitacional. Esta es la aclaración que quería hacer.
Quiero hacer una pregunta muy concreta, y pido disculpas si ya fue respondida, pero he llegado una vez comenzada la reunión. ¿Una iniciativa como esta no requiere primero de un acuerdo entre Nación y provincias para realizar una adenda al convenio firmado en 2002, que redefina los destinos de los fondos en función de una emergencia?
Por otra parte, haré una pequeña aclaración dado que el resto de mis inquietudes ya las preguntaron diputados de otros bloques. Le pido disculpas al señor subsecretario si lo contradije al hacer mención a la provincia de Santa Fe, pero ocurre que soy de esa provincia y vengo de una gestión que en su momento construía con el FONAVI casi seis mil viviendas por año sin importar si la Nación cumplía o no con el envío de los fondos. Fui crítica de lo que ocurría en mi provincia por el impacto en el déficit habitacional. Esta es la aclaración que quería hacer.
SR. KERR La técnica legislativa es algo que deben definir en esta casa. Claramente hay un pacto federal ratificado por ley.
Nosotros no nos metemos en el proyecto presentado por la señora diputada, pero trabajamos en conjunto. No se trata de derogar todo el pacto federal, sino exclusivamente lo que hace a los fondos del FONAVI. El pacto incluía todos esos fondos. Ustedes sabrán cuál es la mejor técnica legislativa para volver a la intangibilidad de esos fondos.
Quiero indicar a la señora diputada que en los últimos años la provincia de Santa Fe recibió muy pocos fondos del Estado nacional para la construcción de viviendas. El déficit habitacional, en términos relativos, está concentrado en las provincias del Norte, donde Formosa y Chaco tienen un déficit cercano al 50 por ciento de la totalidad de sus habitantes. Pero en términos absolutos, el 50 por ciento del déficit está concentrado en los grandes conglomerados urbanos, como el Gran Rosario, el Gran Córdoba y la provincia de Buenos Aires.
No tiene ninguna lógica la forma en que se distribuyeron los fondos del Estado nacional a las provincias, porque en 2015 Entre Ríos recibió 1.500 millones de pesos; Misiones, 1.100 millones de pesos, y Chaco, 1.600 millones de pesos, mientras que Santa Fe recibió 300 millones de pesos, y Corrientes, 150 millones de pesos. Este es otro argumento para quitarle discrecionalidad al Poder Ejecutivo y fijar parámetros bien objetivos dentro de la ley a fin de que los fondos se distribuyan de acuerdo con el déficit habitacional y la población de cada provincia.
Nosotros no nos metemos en el proyecto presentado por la señora diputada, pero trabajamos en conjunto. No se trata de derogar todo el pacto federal, sino exclusivamente lo que hace a los fondos del FONAVI. El pacto incluía todos esos fondos. Ustedes sabrán cuál es la mejor técnica legislativa para volver a la intangibilidad de esos fondos.
Quiero indicar a la señora diputada que en los últimos años la provincia de Santa Fe recibió muy pocos fondos del Estado nacional para la construcción de viviendas. El déficit habitacional, en términos relativos, está concentrado en las provincias del Norte, donde Formosa y Chaco tienen un déficit cercano al 50 por ciento de la totalidad de sus habitantes. Pero en términos absolutos, el 50 por ciento del déficit está concentrado en los grandes conglomerados urbanos, como el Gran Rosario, el Gran Córdoba y la provincia de Buenos Aires.
No tiene ninguna lógica la forma en que se distribuyeron los fondos del Estado nacional a las provincias, porque en 2015 Entre Ríos recibió 1.500 millones de pesos; Misiones, 1.100 millones de pesos, y Chaco, 1.600 millones de pesos, mientras que Santa Fe recibió 300 millones de pesos, y Corrientes, 150 millones de pesos. Este es otro argumento para quitarle discrecionalidad al Poder Ejecutivo y fijar parámetros bien objetivos dentro de la ley a fin de que los fondos se distribuyan de acuerdo con el déficit habitacional y la población de cada provincia.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Ziliotto.
SR. ZILIOTTO Señor presidente: lamentablemente, por razones de vuelo nos hemos perdido la exposición del subsecretario.
Claramente estamos de acuerdo con que la política habitacional en la República Argentina requiere de un sistema de complementariedad.
Desde la provincia de La Pampa vamos a acompañar este proceso de mejoramiento de las leyes a fin de lograr la intangibilidad de los recursos y que sean invertidos en lo fue su diseño original. Nuestra provincia siempre ha tenido una política de reinversión del dinero de la operatoria del FONAVI, pero también ha hecho un aporte de recursos propios.
Nosotros en su momento tuvimos un programa provincial, el OAFI -similar al Procrear-, pero por una cuestión de financiamiento hubo que dejarlo de lado. El desfinanciamiento se debió principalmente a la demora en recibir fondos nacionales, siendo que se trataba de operatorias ya aprobadas, que contaban tanto con el apto técnico como el financiero. Esto nos produjo un costo financiero bastante importante. El hecho de tener que mantener en cierta manera un nivel de empleo, y teniendo en cuenta que el ciento por ciento de las empresas constructoras de la provincia son pymes -por lo que no tienen tanta facilidad para conseguir financiamiento-, fuimos adelantando fondos provinciales para construir viviendas a fin de no perder la línea de inversión que veníamos llevando adelante. Esto lo hicimos con recursos propios y siempre con la autorización de la Legislatura por medio de una ley provincial.
Puntualmente me quiero enfocar en el sistema de redeterminación de precios que tenemos a nivel provincial, que adelanta mayores costos a las empresas para que tengan la posibilidad de financiarse sin caer en el sistema bancario.
Hay un proyecto de ley que viene en revisión del Senado -creo que usted lo mencionó- por el que se establece que la redeterminación de precios en los contratos de vivienda sea a partir de la UVI. Casualmente ese proyecto está en tratamiento en la Comisión de Obras Públicas, que yo presido, mientras que la Comisión de Finanzas ya dictaminó. Es una lástima que no nos hayamos reunido las tres comisiones intervinientes para dictaminar en conjunto. En ese sentido, vamos a abordar el tema con algún miembro del oficialismo. Ese proyecto también fue girado a la Comisión de Legislación General, que preside el diputado Lipovetzky y, según me han comunicado, ni bien termine el receso podremos hacer una reunión conjunta de ambas comisiones para dictaminar.
Desde el punto de vista de las provincias, en cierta manera esta iniciativa nos permitirá eliminar esa diferencia de financiamiento que existe, como para tener el mismo sistema de redeterminación. Es por ello que este proyecto de ley nos interesa como administración provincial, porque permitirá que se optimicen los recursos y que entonces se pueda reinvertir el dinero de La Pampa en una operatoria provincial.
Como puede verse, la política de vivienda es un trabajo en el que debe haber un ida y vuelta con el gobierno nacional.
Claramente estamos de acuerdo con que la política habitacional en la República Argentina requiere de un sistema de complementariedad.
Desde la provincia de La Pampa vamos a acompañar este proceso de mejoramiento de las leyes a fin de lograr la intangibilidad de los recursos y que sean invertidos en lo fue su diseño original. Nuestra provincia siempre ha tenido una política de reinversión del dinero de la operatoria del FONAVI, pero también ha hecho un aporte de recursos propios.
Nosotros en su momento tuvimos un programa provincial, el OAFI -similar al Procrear-, pero por una cuestión de financiamiento hubo que dejarlo de lado. El desfinanciamiento se debió principalmente a la demora en recibir fondos nacionales, siendo que se trataba de operatorias ya aprobadas, que contaban tanto con el apto técnico como el financiero. Esto nos produjo un costo financiero bastante importante. El hecho de tener que mantener en cierta manera un nivel de empleo, y teniendo en cuenta que el ciento por ciento de las empresas constructoras de la provincia son pymes -por lo que no tienen tanta facilidad para conseguir financiamiento-, fuimos adelantando fondos provinciales para construir viviendas a fin de no perder la línea de inversión que veníamos llevando adelante. Esto lo hicimos con recursos propios y siempre con la autorización de la Legislatura por medio de una ley provincial.
Puntualmente me quiero enfocar en el sistema de redeterminación de precios que tenemos a nivel provincial, que adelanta mayores costos a las empresas para que tengan la posibilidad de financiarse sin caer en el sistema bancario.
Hay un proyecto de ley que viene en revisión del Senado -creo que usted lo mencionó- por el que se establece que la redeterminación de precios en los contratos de vivienda sea a partir de la UVI. Casualmente ese proyecto está en tratamiento en la Comisión de Obras Públicas, que yo presido, mientras que la Comisión de Finanzas ya dictaminó. Es una lástima que no nos hayamos reunido las tres comisiones intervinientes para dictaminar en conjunto. En ese sentido, vamos a abordar el tema con algún miembro del oficialismo. Ese proyecto también fue girado a la Comisión de Legislación General, que preside el diputado Lipovetzky y, según me han comunicado, ni bien termine el receso podremos hacer una reunión conjunta de ambas comisiones para dictaminar.
Desde el punto de vista de las provincias, en cierta manera esta iniciativa nos permitirá eliminar esa diferencia de financiamiento que existe, como para tener el mismo sistema de redeterminación. Es por ello que este proyecto de ley nos interesa como administración provincial, porque permitirá que se optimicen los recursos y que entonces se pueda reinvertir el dinero de La Pampa en una operatoria provincial.
Como puede verse, la política de vivienda es un trabajo en el que debe haber un ida y vuelta con el gobierno nacional.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Grandinetti.
SR. GRANDINETTI Señor presidente: estaba siguiendo la exposición con mucha atención y cuando uno ve los números claros que el señor subsecretario entrega, resulta evidente que hubo una discrecionalidad muy marcada.
No alcanzo a ver con claridad la diapositiva, pero creo que dice que el déficit en Santa Fe es del 22 por ciento.
No alcanzo a ver con claridad la diapositiva, pero creo que dice que el déficit en Santa Fe es del 22 por ciento.
SR. LAVAGNA Es el 22,1 por ciento.
SR. KERR Pero casi el 28 por ciento en Rosario.
SR. GRANDINETTI Correcto. Soy de allí.
Siguiendo tu exposición, decías que incluso se han repartido recursos que ni siquiera seguían la lógica de los términos absolutos. Obviamente que el 22 o el 28 por ciento de una población de un millón de habitantes no es lo mismo que el 40 por ciento de una población de 300.000 personas. Eso está claro.
Entonces, ¿esta norma tiende a corregir precisamente esto que estás comentando? ¿Con esta norma nosotros garantizamos que efectivamente no va a haber discrecionalidad de aquí hacia el futuro en cuanto a la asignación de recursos que van a recibir las provincias y los grandes conglomerados urbanos? Y si no es esta norma la que complete esa proyección, ¿cuáles necesitaríamos también? Obviamente tenemos que corregir ese error de fondo o esa manipulación que se utilizó políticamente.
El segundo punto es de cara hacia adelante. Recién comentabas que Chile tenía un 8 por ciento de déficit de vivienda contra un 25 por ciento de la República Argentina. No vamos a apuntar al déficit cero en materia de vivienda para no volver a hablar de "pobreza cero" y para que sea una promesa, pero quisiera saber en qué plazo creen que vamos a ir reduciendo el déficit que tenemos.
Se hablaba de 25.000 viviendas por año. ¿De cuánto es el déficit? ¿De un millón y medio de viviendas? ¿Tres millones y medio de hogares?
Siguiendo tu exposición, decías que incluso se han repartido recursos que ni siquiera seguían la lógica de los términos absolutos. Obviamente que el 22 o el 28 por ciento de una población de un millón de habitantes no es lo mismo que el 40 por ciento de una población de 300.000 personas. Eso está claro.
Entonces, ¿esta norma tiende a corregir precisamente esto que estás comentando? ¿Con esta norma nosotros garantizamos que efectivamente no va a haber discrecionalidad de aquí hacia el futuro en cuanto a la asignación de recursos que van a recibir las provincias y los grandes conglomerados urbanos? Y si no es esta norma la que complete esa proyección, ¿cuáles necesitaríamos también? Obviamente tenemos que corregir ese error de fondo o esa manipulación que se utilizó políticamente.
El segundo punto es de cara hacia adelante. Recién comentabas que Chile tenía un 8 por ciento de déficit de vivienda contra un 25 por ciento de la República Argentina. No vamos a apuntar al déficit cero en materia de vivienda para no volver a hablar de "pobreza cero" y para que sea una promesa, pero quisiera saber en qué plazo creen que vamos a ir reduciendo el déficit que tenemos.
Se hablaba de 25.000 viviendas por año. ¿De cuánto es el déficit? ¿De un millón y medio de viviendas? ¿Tres millones y medio de hogares?
SR. KERR Pero solo un 43 por ciento es cuantitativo, o sea, nueva vivienda. El otro 57 por ciento es mejoramiento.
SR. GRANDINETTI Obviamente tenemos por delante una reasignación de recursos y un esfuerzo fiscal muy importantes. Por eso, de nuevo consulto cómo proyectan, a partir de los próximos presupuestos de 2018 y 2019 -por lo menos hasta que termine la gestión-, la asignación de recursos y cómo impacta esto en la reducción del déficit de aquí en adelante.
A su vez, reitero la primera pregunta, en cuanto a si efectivamente esto corrige la discrecionalidad con la cual se asignaron los recursos hasta ahora, más allá de lo que hizo la provincia. Fue muy claro lo que usted dijo, y no cabe ninguna duda -al menos yo estoy absolutamente de acuerdo- de que eso no puede ser mantenido en el tiempo.
A su vez, reitero la primera pregunta, en cuanto a si efectivamente esto corrige la discrecionalidad con la cual se asignaron los recursos hasta ahora, más allá de lo que hizo la provincia. Fue muy claro lo que usted dijo, y no cabe ninguna duda -al menos yo estoy absolutamente de acuerdo- de que eso no puede ser mantenido en el tiempo.
SR. KERR Claramente el hecho de que se vuelva a fomentar ese tipo de fondo exclusivo para la vivienda, como en su momento lo fue el FONAVI, va a corregir esa discrecionalidad.
Por eso, aunque en veinte años el Congreso no modificó las alícuotas de asignación -porque el déficit creció y se mantuvo constante-, fíjense que la dispersión del FONAVI no registra variación; sí la asignación de los dos tercios que el Estado utilizó a través de los programas federales.
Contestando su pregunta, creo que efectivamente tenemos que establecer los mecanismos legales -a los que se refirió el diputado Sánchez- para que esto no vuelva a ocurrir. En Internet puede leerse un informe muy bueno de las diputadas Carrió y Fernanda Reyes sobre el uso de los planes federales, que revela a quiénes fueron destinadas las viviendas sociales. Si volvemos al fondo nacional exclusivo, lo distribuimos mediante alícuotas, establecemos cuáles son los fondos al comienzo del año y las provincias los utilizan para lo que tienen que utilizarlos, vamos a salir de esa lógica por la cual el Estado decide a quién le da y a quién no le da.
Con respecto al ejemplo de Chile, y a la pregunta sobre cómo vamos a solucionar este problema y en cuántos años vamos a reducir el déficit habitacional, es complicado responder. No puedo decir que vamos a hacerlo en tres, cinco o los años que fueren. La UF de Chile, que fue mencionada por el diputado Lavagna, existe desde 1966. Lleva cincuenta años en un contexto de economía estable, baja inflación y acceso al crédito. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile no construye viviendas sociales desde hace ya veinte años. Da subsidios para el crédito, que publicita el 1º de enero de cada año. Esos subsidios son distribuidos por región. Los desarrolladores saben cuál es la demanda que va a haber y construyen la oferta correspondiente. Van a los bancos y piden crédito.
En nuestro caso es difícil saber cuándo vamos a salir de esta situación, pero claramente hay que empezar a intentarlo. Para eso necesitamos apalancar la inversión del Estado, como bien decía el diputado Amadeo, y generar acceso al crédito hipotecario. A tales efectos, hemos trazado un plan que va hasta 2023 y fija un valor constante de inversión del Estado. El objetivo es ir mutando del modelo de Estado constructor y financiador de la totalidad de las viviendas al modelo de Estado facilitador, que mediante sistemas de inversión público-privados pueda subsidiar la demanda con acceso al crédito, multiplicando así las soluciones.
Tenemos que lograr que el Estado genere y articule el crédito con mecanismos público-privados. Las viviendas sociales deben ser construidas por el Estado para los sectores más bajos, incluyendo la urbanización de villas. Para los sectores medios debe haber acceso al crédito subsidiado.
En suma, para poder impactar en el déficit, la idea es que existan cerca de 200.000 soluciones habitacionales al año. De lo contrario, va a suceder lo que informamos al principio de nuestra gestión: sea en este gobierno o en el que venga después, el déficit va a crecer porque nunca habremos impactado sobre él.
Va de suyo que todo lo tenemos que hacer con transparencia. Tenemos que adjudicar en forma objetiva, mejorar los sistemas constructivos y promover la madera, pero principalmente tenemos que aumentar la cantidad de soluciones. No hay manera de hacerlo si no buscamos apalancamiento en el sector privado, si no reinvertimos los fondos de manera que se pueda volver a prestar lo que se pague y si no buscamos mecanismos de crédito. Nosotros prevemos que, con el actual presupuesto, recién en 2023 podremos generar 200.000 soluciones de vivienda al año, y entonces sí vamos a estar impactando en el déficit.
Es difícil, entonces, que yo pueda decir cuándo vamos a reducir el déficit. Como decía el diputado Lavagna, esto también depende de la macroeconomía. Depende de que baje la inflación, por ejemplo, lo que generaría mayor acceso al crédito. Hay distintas variables que hacen a la política habitacional.
Permítame corregirle una cosa, señor diputado. Yo pienso que sí estamos apuntando a "pobreza cero", no como una promesa de campaña sino como un ideal a seguir. Nuestras políticas públicas apuntan a eso, y así lo quiso expresar el presidente de la Nación. Si construimos viviendas sociales pero no van a los sectores vulnerables sino a otro tipo de personas, entonces nunca avanzaremos hacia esa meta.
La política de vivienda entra en nuestros tres ejes de campaña. Apuntar a reducir el déficit de viviendas significará reducir la pobreza. Al mismo tiempo, apuntar a solucionar el problema de la vivienda, urbanizar villas, etcétera, forma parte de la pelea contra el narcotráfico. Ustedes saben que en las villas es donde mayor penetración tiene el narcotráfico. Además, todo lo que hagamos para generar acceso a la vivienda digna, que es una garantía constitucional, permitirá igualar las condiciones de los argentinos, porque hoy hay una gran cantidad de compatriotas sin acceso a la vivienda.
Reitero que la "pobreza cero" no es una promesa de campaña sino un ideal a seguir, hacia donde debemos apuntar las políticas públicas. Lo que nos ha pedido el presidente es que la política habitacional apunte justamente a atender estas cuestiones. Entendemos que por primera vez hay un plan nacional de viviendas que contempla todo, y que con esta planificación podremos ir alcanzando el resultado deseado.
Por eso, aunque en veinte años el Congreso no modificó las alícuotas de asignación -porque el déficit creció y se mantuvo constante-, fíjense que la dispersión del FONAVI no registra variación; sí la asignación de los dos tercios que el Estado utilizó a través de los programas federales.
Contestando su pregunta, creo que efectivamente tenemos que establecer los mecanismos legales -a los que se refirió el diputado Sánchez- para que esto no vuelva a ocurrir. En Internet puede leerse un informe muy bueno de las diputadas Carrió y Fernanda Reyes sobre el uso de los planes federales, que revela a quiénes fueron destinadas las viviendas sociales. Si volvemos al fondo nacional exclusivo, lo distribuimos mediante alícuotas, establecemos cuáles son los fondos al comienzo del año y las provincias los utilizan para lo que tienen que utilizarlos, vamos a salir de esa lógica por la cual el Estado decide a quién le da y a quién no le da.
Con respecto al ejemplo de Chile, y a la pregunta sobre cómo vamos a solucionar este problema y en cuántos años vamos a reducir el déficit habitacional, es complicado responder. No puedo decir que vamos a hacerlo en tres, cinco o los años que fueren. La UF de Chile, que fue mencionada por el diputado Lavagna, existe desde 1966. Lleva cincuenta años en un contexto de economía estable, baja inflación y acceso al crédito. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile no construye viviendas sociales desde hace ya veinte años. Da subsidios para el crédito, que publicita el 1º de enero de cada año. Esos subsidios son distribuidos por región. Los desarrolladores saben cuál es la demanda que va a haber y construyen la oferta correspondiente. Van a los bancos y piden crédito.
En nuestro caso es difícil saber cuándo vamos a salir de esta situación, pero claramente hay que empezar a intentarlo. Para eso necesitamos apalancar la inversión del Estado, como bien decía el diputado Amadeo, y generar acceso al crédito hipotecario. A tales efectos, hemos trazado un plan que va hasta 2023 y fija un valor constante de inversión del Estado. El objetivo es ir mutando del modelo de Estado constructor y financiador de la totalidad de las viviendas al modelo de Estado facilitador, que mediante sistemas de inversión público-privados pueda subsidiar la demanda con acceso al crédito, multiplicando así las soluciones.
Tenemos que lograr que el Estado genere y articule el crédito con mecanismos público-privados. Las viviendas sociales deben ser construidas por el Estado para los sectores más bajos, incluyendo la urbanización de villas. Para los sectores medios debe haber acceso al crédito subsidiado.
En suma, para poder impactar en el déficit, la idea es que existan cerca de 200.000 soluciones habitacionales al año. De lo contrario, va a suceder lo que informamos al principio de nuestra gestión: sea en este gobierno o en el que venga después, el déficit va a crecer porque nunca habremos impactado sobre él.
Va de suyo que todo lo tenemos que hacer con transparencia. Tenemos que adjudicar en forma objetiva, mejorar los sistemas constructivos y promover la madera, pero principalmente tenemos que aumentar la cantidad de soluciones. No hay manera de hacerlo si no buscamos apalancamiento en el sector privado, si no reinvertimos los fondos de manera que se pueda volver a prestar lo que se pague y si no buscamos mecanismos de crédito. Nosotros prevemos que, con el actual presupuesto, recién en 2023 podremos generar 200.000 soluciones de vivienda al año, y entonces sí vamos a estar impactando en el déficit.
Es difícil, entonces, que yo pueda decir cuándo vamos a reducir el déficit. Como decía el diputado Lavagna, esto también depende de la macroeconomía. Depende de que baje la inflación, por ejemplo, lo que generaría mayor acceso al crédito. Hay distintas variables que hacen a la política habitacional.
Permítame corregirle una cosa, señor diputado. Yo pienso que sí estamos apuntando a "pobreza cero", no como una promesa de campaña sino como un ideal a seguir. Nuestras políticas públicas apuntan a eso, y así lo quiso expresar el presidente de la Nación. Si construimos viviendas sociales pero no van a los sectores vulnerables sino a otro tipo de personas, entonces nunca avanzaremos hacia esa meta.
La política de vivienda entra en nuestros tres ejes de campaña. Apuntar a reducir el déficit de viviendas significará reducir la pobreza. Al mismo tiempo, apuntar a solucionar el problema de la vivienda, urbanizar villas, etcétera, forma parte de la pelea contra el narcotráfico. Ustedes saben que en las villas es donde mayor penetración tiene el narcotráfico. Además, todo lo que hagamos para generar acceso a la vivienda digna, que es una garantía constitucional, permitirá igualar las condiciones de los argentinos, porque hoy hay una gran cantidad de compatriotas sin acceso a la vivienda.
Reitero que la "pobreza cero" no es una promesa de campaña sino un ideal a seguir, hacia donde debemos apuntar las políticas públicas. Lo que nos ha pedido el presidente es que la política habitacional apunte justamente a atender estas cuestiones. Entendemos que por primera vez hay un plan nacional de viviendas que contempla todo, y que con esta planificación podremos ir alcanzando el resultado deseado.
SR. PRESIDENTE LASPINA Agradecemos la presencia del señor subsecretario y damos por finalizada esta reunión informativa.