ARTICULO 1º.- A los efectos del cumplimiento de lo dispuesto por el inciso 8 del artículo 75 de la Constitución Nacional, durante el mes anterior a la presentación del proyecto de presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional y del plan de inversiones públicas y la cuenta de inversión ante la H. Cámara de Diputados de la Nación, el Jefe de Gabinete de Ministros y cada uno de los demás ministros deberán concurrir a sesiones plenarias especiales de la Cámara, a los efectos de exponer el programa de gobierno en la materia de sus respectivos departamentos y el grado de cumplimiento del programa de gobierno y de ejecución del presupuesto vigente.

ARTICULO 2º.- El procedimiento a seguir para los informes del artículo 1°, será el mismo utilizado para los informes del artículo 101 de la Constitución Nacional.

ARTICULO 3º.- Las sesiones del artículo 1º serán difundidas en directo por un medio radial y uno televisivo del sistema nacional de medios públicos.

ARTICULO 4º.- De forma

Señor presidente:

La fijación anual del presupuesto nacional es tal vez una de las primeras y más fundamentales atribuciones y deberes del Congreso Nacional. Sin embargo, el tratamiento de esta norma tan relevante se hace en muy poco tiempo, algo más de un mes, durante el cual sólo se reúnen algunos funcionarios de diversa jerarquía con sólo una de las comisiones asesoras de la Cámara. La participación de los bloques y de los diputados en la discusión de las partidas es prácticamente irrelevante.

Con tan escasa preparación y estudio, el plenario de los representantes del pueblo de la Nación se reúne pocos días después de emitido el dictamen respectivo y procede en una sesión a tratar y aprobar la ley por la que se dispone de todos los recursos que el gobierno nacional extrae a nuestros representados por medio de los impuestos. Los gastos así decididos ascienden en este ejercicio del año 2005 a más de un quinto de la producción total de los argentinos, esto es, 77.000 millones de pesos.

Los diputados no conocemos los programas del gobierno en cada área, pues los ministros no los exponen en sesiones plenarias y públicas, y el pueblo, por cierto, tampoco puede opinar al respecto. Es difícil votar responsablemente en esas condiciones.

La metodología utilizada para tratar los presupuestos ensancha notablemente la brecha, ya amplia, entre representados y representantes, lo que perjudica una auténtica representación que, de conformidad con los principios republicanos de idoneidad y publicidad de los actos de gobierno, debiera permitir una participación pública en el debate, en un marco de transparencia.

Por eso considerarnos indispensable que tal debate tenga lugar en el recinto de las leyes, que es además el recinto de la representación popular. Allí debería informarse el estado de cumplimiento de los programas de gobierno en curso y el grado de ejecución del presupuesto aprobado el año anterior y debería informarse el programa de cada cartera para el año entrante, de modo que cada diputado sepa lo que está votando al aprobar el presupuesto.

Estamos proponiendo que tales debates tengan lugar en la Cámara de Diputados, pues de conformidad con el artículo 52 de la Constitución es esta Cámara la que tiene la iniciativa exclusiva, en materia de leyes sobre contribuciones.

Esta iniciativa se complementaría perfectamente con la creación de una oficina bicameral de presupuesto del Congreso de la Nación, que mantenga en línea información sobre los niveles de ejecución de todos los programas nacionales y que pueda asesorar a los legisladores sobre proyecciones económicas y efectos de las medidas que éstos propongan y tengan afectación presupuestaria. La creación de este ente fue propuesta por el ex diputado nacional Carlos Balter y su proyecto fue ampliado en otro presentado en el Senado nacional por los ex senadores Raúl Baglini y Oscar Lamberto, que aún tiene estado parlamentario.