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LEGISLACION DEL TRABAJO
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P04 Oficina 427
Secretario Administrativo DR. PANCELLI ANTONIO NICOLÁS
Jefe SR. AURENSANZ EMANUEL ALBERTO
Miércoles 10.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2420 Internos 2420/21
cltrabajo@hcdn.gob.ar
- LEGISLACION DEL TRABAJO
Reunión del día 09/11/2010
- .
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los nueve días del mes de noviembre de 2010, a la hora 10 y 30:
SR. PRESIDENTE RECALDE Damos comienzo a la reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo del día de la fecha.
Voy a hacer una breve síntesis de las razones por las que estamos aquí reunidos. Esto comenzó cuando se anunció que había un anteproyecto de ley sobre consagración del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza a los trabajadores el derecho a participar de las ganancias de las empresas. Hubo entidades empresarias que reclamaron ser consultadas, lo que a nosotros nos pareció absolutamente correcto.
Quiero aclarar que no hay ningún convenio ni recomendación de la OIT que obligue a un legislador a consultar o consensuar antes de elaborar un proyecto. Sí hay una recomendación -no un convenio- de esa organización por la que se solicita a los gobiernos que antes de sancionar un decreto o reglamentación en materia laboral consulten a las empresas y los trabajadores. Esto es así porque cuando un gobierno decide y dicta un decreto sobre un tema de esta naturaleza a lo mejor ya es tarde para analizarlo.
En el caso de los legisladores es distinto. Nosotros presentamos proyectos que se debaten en comisiones. Cada vez que alguien quiere participar de una reunión de esta comisión puede hacerlo. Muchas veces han venido representantes de sindicatos o de cámaras empresarias a plantear distintas cuestiones en el seno de esta comisión. Las hemos debatido y siempre procuramos arribar a un consenso. Es más: toda la mecánica procedimental para hacer posible estas reuniones fue resuelta por unanimidad por los bloques que componen la Comisión de Legislación del Trabajo. Hubo una primera convocatoria. Nosotros sabíamos que los tiempos parlamentarios eran difíciles para que esto se convirtiera en dictámenes de comisión porque hay tres comisiones que están interviniendo en este tema. Ellas son la Comisión de Legislación de Trabajo, que actúa como cabecera, y las de Legislación Penal y de Presupuesto y Hacienda.
Incluso dijimos que para propiciar los acuerdos y consensos, en el supuesto de que se sancionara una ley el año próximo seguramente no sería una copia textual de ningún proyecto en discusión. ¿Por qué? Porque estamos buscando acuerdos y consensos. Por ejemplo, hay proyectos que proponen una participación del 10 por ciento. Algunos pensarán que es mejor el 11 por ciento y otros que es mejor el 7 por ciento. Pero eso será producto de un acuerdo y de ver cuál es el porcentaje que concita mayor consenso.
Algunas cámaras -no sé bien si son seis, siete u ocho- agrupadas en un núcleo me manifestaron que necesitaban quince días más para analizar el proyecto. Nos pareció oportuno darles ese plazo para que lo estudien mejor y lo podamos debatir con más información. La primera reunión tendría que haber sido el 2 de noviembre.
Lamentablemente los diputados del oficialismo sufrimos la pérdida irreparable -tal vez la más terrible- de la muerte de Néstor Kirchner. El doctor Kirchner falleció el miércoles anterior al 2 de noviembre y el jueves hubo una reunión entre el presidente de la Unión Industrial Argentina y el secretario General de la CGT. Fue así como el señor Moyano me llamó por teléfono y me dijo que el señor Méndez quería hablar conmigo. Concretamente, el señor Méndez me pidió postergar la reunión del 2 de noviembre. La verdad es que si él no me lo hubiera pedido tal vez lo hubiese hecho yo, porque en ese momento -estamos hablando de las 24 horas posteriores a la muerte del ex presidente- yo, personalmente, no tenía ánimo de discutir con nadie. Ese fue el motivo por el que no se hizo esa reunión.
Esto nos obliga a los diputados a trabajar horas extras. Vamos a trabajar mañana y tarde este martes y el próximo. Este martes por la mañana lo haremos con los representantes de las entidades empresarias que están aquí presentes. Por la tarde recibiremos a los representantes de las entidades especialistas en el tema y a otros expertos que están invitados.
El martes 16 de noviembre concurrirán los representantes de las cámaras que no pudieron acudir hoy -algunos porque están de viaje; ahora voy a explicar los casos de dos que iban a venir pero enviaron notas explicativas diciendo que no iban a poder hacerlo-, mientras que por la tarde lo harán los del movimiento obrero.
Van a ser citados los representantes de la CTA. Todo lo resolvimos por unanimidad. Como todavía no ha sido resuelta la elección que se llevó a cabo en esa organización, nos pareció prudente citar tanto a Hugo Yaski como a Pablo Miceli, que son los dos posibles futuros secretarios generales de la CTA. Y luego vendrá Hugo Moyano en representación de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina.
Los que se excusaron de venir son los representantes de ADEBA. Jorge Horacio Brito explicó que hay unas jornadas de FELABAN, razón por la cual no iban a poder concurrir.
También hay un llamado telefónico de la gente de ASU, que confirma la asistencia del doctor Juan Vasco Martínez porque no podía venir Alfredo Coto. No sé si vino el doctor Vasco Martínez. Yo no había visto las notas. Lo explico ahora porque le dije a la prensa que no conocía los motivos debido a que no había leído las notas.
Por lo tanto, vamos a iniciar el debate con los invitados presentes. En cuanto a la mecánica de trabajo para el desarrollo de la reunión, nosotros podemos ir diciendo quiénes están presentes, o bien, ustedes pueden elegir quién quiere hablar primero. Vamos a actuar con todo el tiempo necesario y sin rigideces formales, a fin de que todo el mundo pueda explayarse y formular todos los comentarios que desee sobre los proyectos.
También quiero aclarar que hay otra resolución de la comisión en el sentido de que los asesores no estudien los proyectos hasta no escuchar a todos los invitados, tanto este martes como el siguiente, para que tengan el mayor nivel de información. Para eso van a estar presentes los asesores.
En primer término hará uso de la palabra el representante de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), doctor Demetrio Bravo Aguilar.
Voy a hacer una breve síntesis de las razones por las que estamos aquí reunidos. Esto comenzó cuando se anunció que había un anteproyecto de ley sobre consagración del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza a los trabajadores el derecho a participar de las ganancias de las empresas. Hubo entidades empresarias que reclamaron ser consultadas, lo que a nosotros nos pareció absolutamente correcto.
Quiero aclarar que no hay ningún convenio ni recomendación de la OIT que obligue a un legislador a consultar o consensuar antes de elaborar un proyecto. Sí hay una recomendación -no un convenio- de esa organización por la que se solicita a los gobiernos que antes de sancionar un decreto o reglamentación en materia laboral consulten a las empresas y los trabajadores. Esto es así porque cuando un gobierno decide y dicta un decreto sobre un tema de esta naturaleza a lo mejor ya es tarde para analizarlo.
En el caso de los legisladores es distinto. Nosotros presentamos proyectos que se debaten en comisiones. Cada vez que alguien quiere participar de una reunión de esta comisión puede hacerlo. Muchas veces han venido representantes de sindicatos o de cámaras empresarias a plantear distintas cuestiones en el seno de esta comisión. Las hemos debatido y siempre procuramos arribar a un consenso. Es más: toda la mecánica procedimental para hacer posible estas reuniones fue resuelta por unanimidad por los bloques que componen la Comisión de Legislación del Trabajo. Hubo una primera convocatoria. Nosotros sabíamos que los tiempos parlamentarios eran difíciles para que esto se convirtiera en dictámenes de comisión porque hay tres comisiones que están interviniendo en este tema. Ellas son la Comisión de Legislación de Trabajo, que actúa como cabecera, y las de Legislación Penal y de Presupuesto y Hacienda.
Incluso dijimos que para propiciar los acuerdos y consensos, en el supuesto de que se sancionara una ley el año próximo seguramente no sería una copia textual de ningún proyecto en discusión. ¿Por qué? Porque estamos buscando acuerdos y consensos. Por ejemplo, hay proyectos que proponen una participación del 10 por ciento. Algunos pensarán que es mejor el 11 por ciento y otros que es mejor el 7 por ciento. Pero eso será producto de un acuerdo y de ver cuál es el porcentaje que concita mayor consenso.
Algunas cámaras -no sé bien si son seis, siete u ocho- agrupadas en un núcleo me manifestaron que necesitaban quince días más para analizar el proyecto. Nos pareció oportuno darles ese plazo para que lo estudien mejor y lo podamos debatir con más información. La primera reunión tendría que haber sido el 2 de noviembre.
Lamentablemente los diputados del oficialismo sufrimos la pérdida irreparable -tal vez la más terrible- de la muerte de Néstor Kirchner. El doctor Kirchner falleció el miércoles anterior al 2 de noviembre y el jueves hubo una reunión entre el presidente de la Unión Industrial Argentina y el secretario General de la CGT. Fue así como el señor Moyano me llamó por teléfono y me dijo que el señor Méndez quería hablar conmigo. Concretamente, el señor Méndez me pidió postergar la reunión del 2 de noviembre. La verdad es que si él no me lo hubiera pedido tal vez lo hubiese hecho yo, porque en ese momento -estamos hablando de las 24 horas posteriores a la muerte del ex presidente- yo, personalmente, no tenía ánimo de discutir con nadie. Ese fue el motivo por el que no se hizo esa reunión.
Esto nos obliga a los diputados a trabajar horas extras. Vamos a trabajar mañana y tarde este martes y el próximo. Este martes por la mañana lo haremos con los representantes de las entidades empresarias que están aquí presentes. Por la tarde recibiremos a los representantes de las entidades especialistas en el tema y a otros expertos que están invitados.
El martes 16 de noviembre concurrirán los representantes de las cámaras que no pudieron acudir hoy -algunos porque están de viaje; ahora voy a explicar los casos de dos que iban a venir pero enviaron notas explicativas diciendo que no iban a poder hacerlo-, mientras que por la tarde lo harán los del movimiento obrero.
Van a ser citados los representantes de la CTA. Todo lo resolvimos por unanimidad. Como todavía no ha sido resuelta la elección que se llevó a cabo en esa organización, nos pareció prudente citar tanto a Hugo Yaski como a Pablo Miceli, que son los dos posibles futuros secretarios generales de la CTA. Y luego vendrá Hugo Moyano en representación de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina.
Los que se excusaron de venir son los representantes de ADEBA. Jorge Horacio Brito explicó que hay unas jornadas de FELABAN, razón por la cual no iban a poder concurrir.
También hay un llamado telefónico de la gente de ASU, que confirma la asistencia del doctor Juan Vasco Martínez porque no podía venir Alfredo Coto. No sé si vino el doctor Vasco Martínez. Yo no había visto las notas. Lo explico ahora porque le dije a la prensa que no conocía los motivos debido a que no había leído las notas.
Por lo tanto, vamos a iniciar el debate con los invitados presentes. En cuanto a la mecánica de trabajo para el desarrollo de la reunión, nosotros podemos ir diciendo quiénes están presentes, o bien, ustedes pueden elegir quién quiere hablar primero. Vamos a actuar con todo el tiempo necesario y sin rigideces formales, a fin de que todo el mundo pueda explayarse y formular todos los comentarios que desee sobre los proyectos.
También quiero aclarar que hay otra resolución de la comisión en el sentido de que los asesores no estudien los proyectos hasta no escuchar a todos los invitados, tanto este martes como el siguiente, para que tengan el mayor nivel de información. Para eso van a estar presentes los asesores.
En primer término hará uso de la palabra el representante de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), doctor Demetrio Bravo Aguilar.
SR. BRAVO AGUILAR Señor presidente: en primer término queremos agradecer la invitación que nos han hecho. El señor presidente de nuestra asociación, doctor Juan Carlos Fábrega, se encuentra en este momento participando de la Asamblea Anual de FELABAN. Por eso no pudo venir y nos envió a nosotros.
Hemos solicitado a nuestros bancos su opinión sobre este tema, pero todavía no hemos podido recabarla en su totalidad. Por lo tanto, en este momento no podemos emitir un juicio al respecto. Tenemos distintos bancos que son públicos -tanto nacionales, como provinciales, municipales y cooperativos- y que están consultando a sus accionistas y demás. Cuando tengamos su opinión la vamos a hacer llegar. Pero no queríamos dejar de estar presentes en esta reunión.
Hemos solicitado a nuestros bancos su opinión sobre este tema, pero todavía no hemos podido recabarla en su totalidad. Por lo tanto, en este momento no podemos emitir un juicio al respecto. Tenemos distintos bancos que son públicos -tanto nacionales, como provinciales, municipales y cooperativos- y que están consultando a sus accionistas y demás. Cuando tengamos su opinión la vamos a hacer llegar. Pero no queríamos dejar de estar presentes en esta reunión.
SR. PRESIDENTE RECALDE Le agradezco su presencia. Esto vale para todos aquellos que no tengan una posición y que después quieran presentar un escrito sustentándola. Con mucho gusto lo vamos a recibir, ya que lo importante es conocer la opinión. Lamentablemente el hecho de no presentar una posición impide un debate y un intercambio, pero es lo posible.
Tiene la palabra el representante de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), licenciado Ricardo Güell.
Tiene la palabra el representante de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), licenciado Ricardo Güell.
SR. GÜELL Señor presidente: en primer término yo también quiero expresarle mi agradecimiento, como así también a los demás señores diputados que integran esta comisión, por la oportunidad que nos dan a los empresarios de hacer conocer nuestra opinión. Y muy especialmente quiero hacerlo porque si bien ustedes no tienen la obligación de consultarnos nos están brindando la posibilidad de ejercer el derecho a opinar, lo que constituye algo que los empresarios siempre solicitamos.
También quiero hacer llegar el saludo del señor presidente de ADIMRA, doctor Juan Carlos Lascurain, y de su Comité de Presidencia, quienes no han podido acercarse en el día de la fecha. Por eso han enviado como representantes al director Ejecutivo de la entidad y a sus especialistas en derecho laboral y en impuestos, que son los doctores Núñez y Gayá.
En primer término, supongo que vamos a tener que tratar de ser muy expeditivos y dejar sentados básicamente conceptos. Vamos a expresar por escrito nuestra opinión respecto de los tres proyectos que se nos han hecho llegar.
Me refiero a los proyectos de ley registrados bajo los expedientes 6837-d-2010, del señor diputado Recalde y otros; 2757-d-2010, del señor diputado González y otros, y 4625-d-2010, del señor diputado Macaluse y otros señores diputados.
La propuesta que dejaremos por escrito refleja una posición conceptual, básica. Pretendemos, en la medida de lo posible, tener la oportunidad de ampliarla, ya sea por escrito o personalmente, incluso con la participación de los dirigentes políticos de la entidad.
Saludamos la posibilidad de que el Congreso de la Nación sancione una ley a efectos de implementar la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas. No coincidimos con la idea de que la regulación sea plena a partir de una ley nacional. Preferimos que se sancione una norma que remita la regulación plena al libre intercambio de opiniones en el marco de las paritarias nacionales; en nuestro caso, del sector metalúrgico. En otras palabras, preferimos que sean las paritarias del sector metalúrgico el ámbito donde se pueda concretar la plena regulación de esta disposición constitucional.
En cuanto a las observaciones que queremos formular, no sé si el señor presidente prefiere que expongamos ahora el análisis que hemos hecho de los artículos del proyecto.
También quiero hacer llegar el saludo del señor presidente de ADIMRA, doctor Juan Carlos Lascurain, y de su Comité de Presidencia, quienes no han podido acercarse en el día de la fecha. Por eso han enviado como representantes al director Ejecutivo de la entidad y a sus especialistas en derecho laboral y en impuestos, que son los doctores Núñez y Gayá.
En primer término, supongo que vamos a tener que tratar de ser muy expeditivos y dejar sentados básicamente conceptos. Vamos a expresar por escrito nuestra opinión respecto de los tres proyectos que se nos han hecho llegar.
Me refiero a los proyectos de ley registrados bajo los expedientes 6837-d-2010, del señor diputado Recalde y otros; 2757-d-2010, del señor diputado González y otros, y 4625-d-2010, del señor diputado Macaluse y otros señores diputados.
La propuesta que dejaremos por escrito refleja una posición conceptual, básica. Pretendemos, en la medida de lo posible, tener la oportunidad de ampliarla, ya sea por escrito o personalmente, incluso con la participación de los dirigentes políticos de la entidad.
Saludamos la posibilidad de que el Congreso de la Nación sancione una ley a efectos de implementar la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas. No coincidimos con la idea de que la regulación sea plena a partir de una ley nacional. Preferimos que se sancione una norma que remita la regulación plena al libre intercambio de opiniones en el marco de las paritarias nacionales; en nuestro caso, del sector metalúrgico. En otras palabras, preferimos que sean las paritarias del sector metalúrgico el ámbito donde se pueda concretar la plena regulación de esta disposición constitucional.
En cuanto a las observaciones que queremos formular, no sé si el señor presidente prefiere que expongamos ahora el análisis que hemos hecho de los artículos del proyecto.
SR. PRESIDENTE RECALDE Sí; de todas maneras, entiendo que estaríamos hablando de un solo artículo -el primero- si la idea es que la norma remita a los convenios colectivos la disposición tal de la Constitución Nacional. Además, con ello se estaría violando la Carta Magna. Igualmente, es una opinión respetable y tienen toda la libertad para pormenorizar sobre el tema.
Continúa en el uso de la palabra el señor Güell.
Continúa en el uso de la palabra el señor Güell.
SR. GÜELL Señor presidente: en lo que se refiere a los proyectos de ley en tratamiento, no quiero dejar de hacer algunos comentarios.
Hemos dividido el análisis en dos aspectos: el laboral y el impositivo. Si el señor presidente me permite, cederé el uso de la palabra al doctor Nuñez para que explique la parte laboral, y luego al doctor Gayá para que aclare el aspecto impositivo.
Hemos dividido el análisis en dos aspectos: el laboral y el impositivo. Si el señor presidente me permite, cederé el uso de la palabra al doctor Nuñez para que explique la parte laboral, y luego al doctor Gayá para que aclare el aspecto impositivo.
SR. PRESIDENTE RECALDE Tiene la palabra el señor Núñez.
SR. NÚÑEZ Señor presidente: agradezco la posibilidad de participar en el debate sobre este tema.
Desde el punto de vista laboral, las observaciones que queremos formular a las iniciativas en estudio son las siguientes.
Respecto de los artículo 1° y 2°, objetamos la imposibilidad de compensar los beneficios que las empresas vienen otorgando adicionalmente a quienes se encuentran enmarcados en la legislación o en los convenios colectivos de trabajo, ya que una disposición de ese tipo generaría un perjuicio a las empresas que tuvieron la iniciativa de compensar a sus empleados.
Por otra parte, también observamos el carácter no remuneratorio...
Desde el punto de vista laboral, las observaciones que queremos formular a las iniciativas en estudio son las siguientes.
Respecto de los artículo 1° y 2°, objetamos la imposibilidad de compensar los beneficios que las empresas vienen otorgando adicionalmente a quienes se encuentran enmarcados en la legislación o en los convenios colectivos de trabajo, ya que una disposición de ese tipo generaría un perjuicio a las empresas que tuvieron la iniciativa de compensar a sus empleados.
Por otra parte, también observamos el carácter no remuneratorio...
SR. PRESIDENTE RECALDE Si me permite, el proyecto no dice que no tiene carácter remuneratorio; dice que no incide, lo cual es diferente a decir que no tiene carácter remuneratorio. Pido disculpas por la interrupción, pero me parece importante ir aclarando algunos puntos.
Sí se puede afirmar, por ejemplo, que el sector empresario quiere que incida en el aguinaldo, en las vacaciones, en las horas extras, en los aportes y contribuciones, etcétera. Pero el carácter remuneratorio, lo tiene.
Sí se puede afirmar, por ejemplo, que el sector empresario quiere que incida en el aguinaldo, en las vacaciones, en las horas extras, en los aportes y contribuciones, etcétera. Pero el carácter remuneratorio, lo tiene.
SR. NÚÑEZ Estoy tratando de reducir al máximo mi exposición en beneficio del tiempo de que disponemos.
Evidentemente, el carácter remuneratorio está dado por los últimos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por lo tanto, coincidimos si el proyecto lo contempla porque de esa manera se da cumplimiento a los fallos dictados en los últimos tiempos.
Luego, hemos efectuado algunas observaciones vinculadas con la base tomada para determinar la ganancia. Al establecerse que estará alcanzado el rédito neto, parecería que no está incluido el impuesto a las ganancias en ejercicio. El artículo en cuestión hace referencia a la ganancia obtenida para fines fiscales; no a la que surge del balance comercial.
El segundo párrafo del artículo 3° admite la deducción de las reinversiones de utilidades hasta un máximo del 50 por ciento, cuya base de determinación no está definida en la norma.
Finalmente, también observamos que se incluya como condición que existan quebrantos durante tres ejercicios consecutivos para que sea admisible la reducción en un 50 por ciento de la base tomada para calcular la participación.
Por otro lado, advertimos que en virtud del artículo 4° del proyecto se permite el control, por parte de los trabajadores, de la determinación de las ganancias impositivas. No estamos de acuerdo con esta disposición, de la misma manera que tampoco coincidimos con la idea de otorgar amplias facultades al Consejo Nacional de Participación Laboral en las Ganancias.
Sería ocioso reiterar todas las atribuciones del mencionado organismo. Como acabo de decir, nos parecen realmente muy amplias; tanto que se convertiría en un organismo con facultades fiscales tales que entraría en colisión de competencias con otras entidades.
Por otra parte, entendemos que el derecho que se otorga a los trabajadores de temporada en virtud del artículo 12 del proyecto, resulta desigual en relación con el de aquellos que cumplen tareas permanentes. Creemos que debería contemplarse una proporcionalidad.
En cuanto a la distribución de las ganancias, si bien se establece un corte cuando se produce la finalización del contrato laboral, no se aclara si dicha distribución será proporcional al tiempo trabajado o si se utilizará otro mecanismo para el cálculo.
Respecto del artículo 16, resulta injustificado que el ajuste tendiente a incrementar el monto a distribuir implique para los empleadores una multa del 50 por ciento y el devengamiento de intereses.
En cuanto al artículo 18, objetamos la amplitud de las facultades que se otorgan para facilitar el acceso a la información y a la documentación que obra en las empresas. Por la manera como está redactado el artículo, no se estaría poniendo límites a la facultad de control; tanto es así que incluso podría existir la obligación de suministrar información confidencial.
En suma, podríamos decir que las observaciones se vinculan en general con el régimen de fiscalización.
También objetamos el artículo 24, donde se determina la estabilidad absoluta del trabajador por el término de un año. Entendemos que en el caso de aquel trabajador que denuncia no estar registrado, esta disposición se cruza con normas legales vigentes que le otorgan libertad de acción para ejercer sus derechos.
Evidentemente, el carácter remuneratorio está dado por los últimos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por lo tanto, coincidimos si el proyecto lo contempla porque de esa manera se da cumplimiento a los fallos dictados en los últimos tiempos.
Luego, hemos efectuado algunas observaciones vinculadas con la base tomada para determinar la ganancia. Al establecerse que estará alcanzado el rédito neto, parecería que no está incluido el impuesto a las ganancias en ejercicio. El artículo en cuestión hace referencia a la ganancia obtenida para fines fiscales; no a la que surge del balance comercial.
El segundo párrafo del artículo 3° admite la deducción de las reinversiones de utilidades hasta un máximo del 50 por ciento, cuya base de determinación no está definida en la norma.
Finalmente, también observamos que se incluya como condición que existan quebrantos durante tres ejercicios consecutivos para que sea admisible la reducción en un 50 por ciento de la base tomada para calcular la participación.
Por otro lado, advertimos que en virtud del artículo 4° del proyecto se permite el control, por parte de los trabajadores, de la determinación de las ganancias impositivas. No estamos de acuerdo con esta disposición, de la misma manera que tampoco coincidimos con la idea de otorgar amplias facultades al Consejo Nacional de Participación Laboral en las Ganancias.
Sería ocioso reiterar todas las atribuciones del mencionado organismo. Como acabo de decir, nos parecen realmente muy amplias; tanto que se convertiría en un organismo con facultades fiscales tales que entraría en colisión de competencias con otras entidades.
Por otra parte, entendemos que el derecho que se otorga a los trabajadores de temporada en virtud del artículo 12 del proyecto, resulta desigual en relación con el de aquellos que cumplen tareas permanentes. Creemos que debería contemplarse una proporcionalidad.
En cuanto a la distribución de las ganancias, si bien se establece un corte cuando se produce la finalización del contrato laboral, no se aclara si dicha distribución será proporcional al tiempo trabajado o si se utilizará otro mecanismo para el cálculo.
Respecto del artículo 16, resulta injustificado que el ajuste tendiente a incrementar el monto a distribuir implique para los empleadores una multa del 50 por ciento y el devengamiento de intereses.
En cuanto al artículo 18, objetamos la amplitud de las facultades que se otorgan para facilitar el acceso a la información y a la documentación que obra en las empresas. Por la manera como está redactado el artículo, no se estaría poniendo límites a la facultad de control; tanto es así que incluso podría existir la obligación de suministrar información confidencial.
En suma, podríamos decir que las observaciones se vinculan en general con el régimen de fiscalización.
También objetamos el artículo 24, donde se determina la estabilidad absoluta del trabajador por el término de un año. Entendemos que en el caso de aquel trabajador que denuncia no estar registrado, esta disposición se cruza con normas legales vigentes que le otorgan libertad de acción para ejercer sus derechos.
SR. PRESIDENTE RECALDE Si me disculpa, quisiera que profundice sobre lo que acaba de decir acerca de los trabajadores no registrados, para entender claramente el aporte que desean realizar en ese punto.
SR. NÚÑEZ Creemos que el artículo 24 genera un mecanismo de estabilidad absoluta por el término de un año para impedir que el empleador denunciado despida al trabajador que, mediante declaración jurada, manifestó no estar registrado.
Según el proyecto de ley, el trabajador despedido podrá optar por solicitar ser reinstalado en su tarea o bien por gozar de estabilidad por el plazo de un año.
Frente a ello nosotros decimos que en el país rige la estabilidad relativa o impropia. Este régimen, a partir del cual los empleadores tienen la posibilidad de realizar un despido arbitrario, presenta dos excepciones: una de ellas respecto de los empleados públicos, en virtud del régimen de estabilidad absoluta y el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y otra por la ley 24.013, donde se fijan las multas que deben pagar los empleadores que tienen trabajadores no registrados.
Entendemos que la nueva norma agravaría la situación, sin perjuicio de que obviamente no queremos que haya trabajadores no registrados.
Según el proyecto de ley, el trabajador despedido podrá optar por solicitar ser reinstalado en su tarea o bien por gozar de estabilidad por el plazo de un año.
Frente a ello nosotros decimos que en el país rige la estabilidad relativa o impropia. Este régimen, a partir del cual los empleadores tienen la posibilidad de realizar un despido arbitrario, presenta dos excepciones: una de ellas respecto de los empleados públicos, en virtud del régimen de estabilidad absoluta y el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y otra por la ley 24.013, donde se fijan las multas que deben pagar los empleadores que tienen trabajadores no registrados.
Entendemos que la nueva norma agravaría la situación, sin perjuicio de que obviamente no queremos que haya trabajadores no registrados.
SR. PRESIDENTE RECALDE ¿Cuál sería la propuesta?
SR. NÚÑEZ Nuestra propuesta es que no se haga lugar al artículo 24 del proyecto. Creemos que existe suficiente cobertura legal...
SR. PRESIDENTE RECALDE La disposición se enmarca dentro del Fondo Solidario, no de la cobertura legal en caso de despido.
SR. NÚÑEZ Hablo de la estabilidad a la que hace referencia el artículo 24.
SR. PRESIDENTE RECALDE Pero está comprendida en el Fondo Solidario -cuyo monto proviene de la deducción realizada a los trabajadores y no a los empresarios-, creado para brindar una cobertura a aquellos trabajadores que al no encontrarse registrados, evidentemente están en situación de indefensión y precarización.
Lo que estamos procurando es el blanqueo de ese trabajador.
Lo que estamos procurando es el blanqueo de ese trabajador.
SR. NÚÑEZ Esta es una explicación que se recibe ahora, cuando uno lee el proyecto.
SR. PRESIDENTE RECALDE Por eso el sentido del debate es aclarar.
SR. NÚÑEZ Por eso creo que si he sido poco explícito fue para facilitar el debate.
SR. PRESIDENTE RECALDE Nosotros queremos que esta sea una ley a favor de las empresas. Por eso vale el intercambio. Hay empresas que cumplen con la ley.
SR. NÚÑEZ A lo mejor estoy abusando un poco del tiempo, pero creo que con esto podemos empezar a construir el debate.
Después está el tema de la prescripción. Nos parece que modificar la prescripción general de los dos años llevaría por analogía, a lo mejor, a que se traslade o contagie a otros institutos del derecho. Esto es en cuanto a la parte laboral.
Después está el tema de la prescripción. Nos parece que modificar la prescripción general de los dos años llevaría por analogía, a lo mejor, a que se traslade o contagie a otros institutos del derecho. Esto es en cuanto a la parte laboral.
SR. PRESIDENTE RECALDE Tiene la palabra el doctor Gayá.
SR. GAYÁ Señor presidente: gracias por la invitación. El licenciado Güell y el doctor Núñez anticiparon un comentario de la norma. En mi función de asesor impositivo de la entidad quiero referirme específicamente a los aspectos tributarios de la norma -que tienen carácter general y que seguramente serán abordados por todas las entidades empresarias que asistan- y también a algunos aspectos particulares que relativas a cuestiones tributarias del sector metalúrgico.
Concretamente, en lo que se refiere al tema de lo remunerativo y lo no remunerativo, deseo señalar que no soy abogado ni quiero hacer un ejercicio ilegal de la abogacía, pero el artículo 2° del proyecto que obra en nuestro poder establece que en ningún caso la participación en las ganancias se computará para la liquidación de las cargas sociales. De allí que ADIMRA entendió que tenía carácter no remunerativo.
Concretamente, en lo que se refiere al tema de lo remunerativo y lo no remunerativo, deseo señalar que no soy abogado ni quiero hacer un ejercicio ilegal de la abogacía, pero el artículo 2° del proyecto que obra en nuestro poder establece que en ningún caso la participación en las ganancias se computará para la liquidación de las cargas sociales. De allí que ADIMRA entendió que tenía carácter no remunerativo.
SR. PRESIDENTE RECALDE Por eso aclaramos técnicamente que no es negarle el carácter de no remunerativo, sino disponer por una ley disponer que no se afecta a las cargas sociales.
De todas maneras repito lo que dije antes: si a los sectores empresarios les parece que es oportuno que tengan aportes y contribuciones, se dará el debate. Y si quieren que incida en el aguinaldo ...
De todas maneras repito lo que dije antes: si a los sectores empresarios les parece que es oportuno que tengan aportes y contribuciones, se dará el debate. Y si quieren que incida en el aguinaldo ...
SR. NÚÑEZ ¿Sabe qué pasa, señor presidente?
SR. PRESIDENTE RECALDE Veo sonrisas, como si no estuviéramos de acuerdo.
SR. NÚÑEZ Lo que pasa es que esto genera una contingencia muy significativa en los balances de las empresas porque no sabemos qué puede pasar después con la AFIP en lo que respecta a las cargas sociales, más allá de que la ley lo indique o no. Tenemos sobradas experiencias de los excesos que cometen los organismos de control fiscal respecto de recaudaciones que a veces no tienen sustento o legitimidad legal.
Entonces, decir que no tienen cargas sociales, para nosotros -y por eso lo manifestaron los oradores que me precedieron en representación de ADIMRA- implica decir que no tiene carácter remunerativo. Solamente porque en este artículo se establece que no lleva cargas sociales. Después, si forma parte del aguinaldo es otra cosa. Pero sabemos que esto genera contingencias en los balances de las empresas que en todo caso habría que aceptarlas para contabilizarlas y determinar la verdadera utilidad.
Recién lo escuchaba a usted, señor presidente, decir que puede ser del 7 o del 10 por ciento pero que en definitiva ese es un número de corte. Lo que creo que debe ser perfectamente aclarado es que esta participación está calculada antes del impuesto a las ganancias, sobre una renta impositiva y no sobre una renta comercial.
Entonces, todas las decisiones empresarias en materia de honorarios, dividendos y demás se toman sobre los balances comerciales. ¿Por qué digo esto? Porque todos los que estamos acá sabemos sobradamente que en los balances comerciales se incluyen gastos necesarios para desarrollar la actividad que no son deducibles por la ley de impuesto a las ganancias. Parecería que al tomarse la renta gravable, como dice el artículo, y establecerse todo lo que es deducible desde el punto de vista impositivo, el impuesto a las ganancias propiamente no es deducible y además es otro concepto.
Por otra parte, desde hace mucho tiempo venimos bregando por la reposición del ajuste por inflación en la determinación de las utilidades impositivas, algo respecto de lo cual hasta ahora no hemos tenido suerte a pesar del recrudecimiento del proceso inflacionario, por lo menos a nivel de las empresas.
También establece la posibilidad de deducir la reinversión del capital hasta el 50 por ciento. A mi juicio no establece con claridad sobre qué debe calcularse ese 50 por ciento. Pero nos parece que el proceso de reinversión es algo pedido día a día por el Poder Ejecutivo para generar empleo. Consecuentemente, el hecho de no poder deducirse el ciento por ciento de la inversión es un tema del que no participamos. Creo que la voluntad de las empresas de invertir y generar más capacidad de producción y empleo debe ser atendida.
Otro elemento que quiero observar respecto de esta situación es que se establece la no computabilidad de los quebrantos impositivos. La ley tiene la particularidad de determinar que solamente cuando haya tres quebrantos impositivos consecutivos se podrá reducir la distribución de la participación al 50 por ciento. Nos parece que esto genera una tremenda inequidad en una empresa que a lo mejor tiene dos quebrantos impositivos y en el tercero una ganancia muy pequeña. Esto haría que no se pueda justificar, cuando la propia ley de impuesto a las ganancias prohibe computar los quebrantos impositivos durante períodos mucho más largos que este, aunque sea un solo año, y en los próximos años absorberlos con utilidades impositivas.
Después, yendo al tema del Consejo Nacional de la Participación Laboral, creo que hay una norma que establece atribuciones fiscales que están emparentadas con aquellas del mismo carácter que tiene el Tribunal Fiscal de la Nación. Creo que las entidades empresarias estamos siendo suficientemente controladas por los organismos de recaudación impositiva nacionales, provinciales y municipales.
Frente a eso tenemos recursos determinados por la ley. Uno de ellos es el Tribunal Fiscal de la Nación. Me parece que este organismo estaría terciando en esa materia porque estaría atribuyendo características de decisión y de controversias de tipo impositivo.
Por último, en lo relativo al control de la contabilidad de la empresa por parte de los trabajadores que se pretende lograr, nos parece que las empresas están suficientemente controladas por los organismos de fiscalización como para poder determinar el quantum de la utilidad y, en todo caso, la base de esta participación.
En lo que respecta específicamente al sector metalúrgico...
Entonces, decir que no tienen cargas sociales, para nosotros -y por eso lo manifestaron los oradores que me precedieron en representación de ADIMRA- implica decir que no tiene carácter remunerativo. Solamente porque en este artículo se establece que no lleva cargas sociales. Después, si forma parte del aguinaldo es otra cosa. Pero sabemos que esto genera contingencias en los balances de las empresas que en todo caso habría que aceptarlas para contabilizarlas y determinar la verdadera utilidad.
Recién lo escuchaba a usted, señor presidente, decir que puede ser del 7 o del 10 por ciento pero que en definitiva ese es un número de corte. Lo que creo que debe ser perfectamente aclarado es que esta participación está calculada antes del impuesto a las ganancias, sobre una renta impositiva y no sobre una renta comercial.
Entonces, todas las decisiones empresarias en materia de honorarios, dividendos y demás se toman sobre los balances comerciales. ¿Por qué digo esto? Porque todos los que estamos acá sabemos sobradamente que en los balances comerciales se incluyen gastos necesarios para desarrollar la actividad que no son deducibles por la ley de impuesto a las ganancias. Parecería que al tomarse la renta gravable, como dice el artículo, y establecerse todo lo que es deducible desde el punto de vista impositivo, el impuesto a las ganancias propiamente no es deducible y además es otro concepto.
Por otra parte, desde hace mucho tiempo venimos bregando por la reposición del ajuste por inflación en la determinación de las utilidades impositivas, algo respecto de lo cual hasta ahora no hemos tenido suerte a pesar del recrudecimiento del proceso inflacionario, por lo menos a nivel de las empresas.
También establece la posibilidad de deducir la reinversión del capital hasta el 50 por ciento. A mi juicio no establece con claridad sobre qué debe calcularse ese 50 por ciento. Pero nos parece que el proceso de reinversión es algo pedido día a día por el Poder Ejecutivo para generar empleo. Consecuentemente, el hecho de no poder deducirse el ciento por ciento de la inversión es un tema del que no participamos. Creo que la voluntad de las empresas de invertir y generar más capacidad de producción y empleo debe ser atendida.
Otro elemento que quiero observar respecto de esta situación es que se establece la no computabilidad de los quebrantos impositivos. La ley tiene la particularidad de determinar que solamente cuando haya tres quebrantos impositivos consecutivos se podrá reducir la distribución de la participación al 50 por ciento. Nos parece que esto genera una tremenda inequidad en una empresa que a lo mejor tiene dos quebrantos impositivos y en el tercero una ganancia muy pequeña. Esto haría que no se pueda justificar, cuando la propia ley de impuesto a las ganancias prohibe computar los quebrantos impositivos durante períodos mucho más largos que este, aunque sea un solo año, y en los próximos años absorberlos con utilidades impositivas.
Después, yendo al tema del Consejo Nacional de la Participación Laboral, creo que hay una norma que establece atribuciones fiscales que están emparentadas con aquellas del mismo carácter que tiene el Tribunal Fiscal de la Nación. Creo que las entidades empresarias estamos siendo suficientemente controladas por los organismos de recaudación impositiva nacionales, provinciales y municipales.
Frente a eso tenemos recursos determinados por la ley. Uno de ellos es el Tribunal Fiscal de la Nación. Me parece que este organismo estaría terciando en esa materia porque estaría atribuyendo características de decisión y de controversias de tipo impositivo.
Por último, en lo relativo al control de la contabilidad de la empresa por parte de los trabajadores que se pretende lograr, nos parece que las empresas están suficientemente controladas por los organismos de fiscalización como para poder determinar el quantum de la utilidad y, en todo caso, la base de esta participación.
En lo que respecta específicamente al sector metalúrgico...
SR. PRESIDENTE RECALDE De todas maneras eso para ustedes no implicaría una congestión, ¿no?
SR. GAYÁ No quiero adjetivarlo, señor presidente. Simplemente estoy diciendo que no nos parece que sea lógico el control de los balances contables por parte de los trabajadores. En todo caso están los organismos de fiscalización, que son los que tienen atribuciones determinadas por la ley de procedimiento para fiscalizar y, en todo caso, hacer los ajustes que nosotros discutiríamos, si corresponde, en el Tribunal Fiscal de la Nación.
SR. PRESIDENTE RECALDE O sea que para ustedes bastaría con la legislación vigente o el derecho a la información que tienen los trabajadores.
SR. GAYÁ No entiendo.
SR. PRESIDENTE RECALDE La ley 25.877 prevé todo un proceso de información al que están obligadas. También la ley de contrato de trabajo. Hay leyes vigentes.
SR. GAYÁ Digamos que nosotros no podemos ir en contra de una ley que está sancionada y promulgada.
SR. PRESIDENTE RECALDE Pregunto si sería suficiente.
SR. GAYÁ En todo caso habría que discutir los términos de esa ley, que es un hecho consumado. Aquí estamos discutiendo otra cosa.
SR. PRESIDENTE RECALDE La ley hay que cumplirla.
SR. GAYÁ Exacto.
En lo que respecta específicamente a nuestro sector, quiero señalar que presenta algunas particularidades. Por ser un amplio sector de bienes de capital tiene un quiebre de alícuota determinado a partir de la modificación de la ley de impuesto al valor agregado. Esto genera importantes saldos a favor de los contribuyentes y de casi imposible recupero. ¿Por qué digo que son de casi imposible recupero?
Hay un régimen de recupero de los saldos a favor de los contribuyentes establecido por la resolución 1168/01 de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Además, la propia ley fue modificada en virtud del decreto 493/01 -dictado en uso de facultades delegadas por el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo-, que determina que sólo pueden recuperarse los créditos fiscales fuera del proceso de producción.
Esta disposición trae como consecuencia que, por ejemplo, una empresa que fabrica solamente bienes de capital tenga recupero por los créditos fiscales del proceso de producción nada más que a través de este artículo; el resto, no.
En principio, esos créditos fiscales deberían computarse en el futuro contra débito; pero sabemos que mientras la alícuota del IVA se mantenga en 10,5 por ciento para las ventas y en 21 por ciento para las compras -27 por ciento en el caso de los servicios-, lo que ocurrirá es que cuanto más vendan las empresas, más saldo a favor tendrán.
Por supuesto, como se trata de un crédito contra el Estado, no es un crédito que pueda ser deducible como gasto. En cambio, si fuese un crédito comercial y existiera una situación de incobrabilidad, la deducción sería posible.
Por eso pensamos que esta situación coloca a las empresas ante una problemática económica y financiera, ya que el trámite lleva su tiempo y también debe transcurrir determinado lapso antes de que el Estado disponga, a través del manejo de la caja, el reintegro específico de los importes. Evidentemente, ello afectaría los balances si hubiera que hacer distribuciones en efectivo -como plantea la ley- dentro de determinado plazo, ya que muchas veces las ganancias de las empresas están concentradas en ese crédito fiscal dentro del activo de los fabricantes de bienes de capital.
A esto debemos agregar el incentivo creado en virtud del decreto 379/05 para los fabricantes de bienes de capital. Como contrapartida de la reducción de aranceles en el mercado de importación extrazona producida en 2001 en virtud de la resolución 8 de ese año, las empresas fueron beneficiadas con el incentivo dispuesto por el decreto 379/01 -modificado por el decreto 502/01, entre otros-, gestionado a través de la Secretaría de Industria de la Nación.
Para información de los señores diputados, diré que por la venta de bienes incluidos en determinadas partidas arancelarias, las empresas perciben un incentivo del 14 por ciento. Para acceder a él es necesario hacer un trámite; por ejemplo, antes de recibir el correspondiente bono -luego de lo cual se abre el plazo de un año para aplicarlo al pago de impuestos-, la empresa debe demostrar que existe.
Ahora bien; si la parte impositiva se puede pagar con los bonos y la participación debe ser abonada en efectivo dentro del plazo exiguo que fija la ley, evidentemente se genera una importante afectación en el capital de trabajo de las empresas metalúrgicas.
Como el licenciado Güell abrió la posibilidad de ampliar la información en algún momento, no avanzaré en la explicación a fin de que otros participantes puedan expresarse.
En lo que respecta específicamente a nuestro sector, quiero señalar que presenta algunas particularidades. Por ser un amplio sector de bienes de capital tiene un quiebre de alícuota determinado a partir de la modificación de la ley de impuesto al valor agregado. Esto genera importantes saldos a favor de los contribuyentes y de casi imposible recupero. ¿Por qué digo que son de casi imposible recupero?
Hay un régimen de recupero de los saldos a favor de los contribuyentes establecido por la resolución 1168/01 de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Además, la propia ley fue modificada en virtud del decreto 493/01 -dictado en uso de facultades delegadas por el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo-, que determina que sólo pueden recuperarse los créditos fiscales fuera del proceso de producción.
Esta disposición trae como consecuencia que, por ejemplo, una empresa que fabrica solamente bienes de capital tenga recupero por los créditos fiscales del proceso de producción nada más que a través de este artículo; el resto, no.
En principio, esos créditos fiscales deberían computarse en el futuro contra débito; pero sabemos que mientras la alícuota del IVA se mantenga en 10,5 por ciento para las ventas y en 21 por ciento para las compras -27 por ciento en el caso de los servicios-, lo que ocurrirá es que cuanto más vendan las empresas, más saldo a favor tendrán.
Por supuesto, como se trata de un crédito contra el Estado, no es un crédito que pueda ser deducible como gasto. En cambio, si fuese un crédito comercial y existiera una situación de incobrabilidad, la deducción sería posible.
Por eso pensamos que esta situación coloca a las empresas ante una problemática económica y financiera, ya que el trámite lleva su tiempo y también debe transcurrir determinado lapso antes de que el Estado disponga, a través del manejo de la caja, el reintegro específico de los importes. Evidentemente, ello afectaría los balances si hubiera que hacer distribuciones en efectivo -como plantea la ley- dentro de determinado plazo, ya que muchas veces las ganancias de las empresas están concentradas en ese crédito fiscal dentro del activo de los fabricantes de bienes de capital.
A esto debemos agregar el incentivo creado en virtud del decreto 379/05 para los fabricantes de bienes de capital. Como contrapartida de la reducción de aranceles en el mercado de importación extrazona producida en 2001 en virtud de la resolución 8 de ese año, las empresas fueron beneficiadas con el incentivo dispuesto por el decreto 379/01 -modificado por el decreto 502/01, entre otros-, gestionado a través de la Secretaría de Industria de la Nación.
Para información de los señores diputados, diré que por la venta de bienes incluidos en determinadas partidas arancelarias, las empresas perciben un incentivo del 14 por ciento. Para acceder a él es necesario hacer un trámite; por ejemplo, antes de recibir el correspondiente bono -luego de lo cual se abre el plazo de un año para aplicarlo al pago de impuestos-, la empresa debe demostrar que existe.
Ahora bien; si la parte impositiva se puede pagar con los bonos y la participación debe ser abonada en efectivo dentro del plazo exiguo que fija la ley, evidentemente se genera una importante afectación en el capital de trabajo de las empresas metalúrgicas.
Como el licenciado Güell abrió la posibilidad de ampliar la información en algún momento, no avanzaré en la explicación a fin de que otros participantes puedan expresarse.
SR. PRESIDENTE RECALDE Antes de conceder el uso de la palabra al próximo orador, la Presidencia informa a los señores diputados que pueden efectuar comentarios o solicitar aclaraciones siempre que lo estimen pertinente.
Tiene la palabra el señor diputado Pais.
Tiene la palabra el señor diputado Pais.
SR. PAIS Señor presidente: simplemente quiero saber cuántas empresas con más de trescientos empleados tiene el sector.
SR. PRESIDENTE RECALDE Tiene la palabra el señor Güell.
SR. GÜELL Señor presidente: en el sector metalúrgico hay 27.000 empresas distribuidas en todo el país. El 98 por ciento son pequeñas y medianas empresas.
No sé si con esto respondo a su pregunta, señor diputado.
No sé si con esto respondo a su pregunta, señor diputado.
SR. PAIS Me gustaría saber cuántas son aproximadamente las empresas con más de trescientos empleados.
SR. GÜELL El 50 por ciento son empresas con menos de diez trabajadores.
SR. PRESIDENTE RECALDE Hablemos del 2 por ciento; si el sector metalúrgico posee en total 27.000 empresas, el 2 por ciento son 540. ¿Cuántas de ellas presentaron el informe de balance social?
SR. GÜELL No sabría decirle.
SR. PRESIDENTE RECALDE Yo lo puedo decir. Sólo veinte empresas de todas las que están obligadas por ley a hacerlo, presentaron el informe de balance social. Entonces, sería bueno que la asociación analice por qué no se cumple con la legislación.
SR. GÜELL No es nuestra misión, pero veremos.
SR. PRESIDENTE RECALDE A continuación hará uso de la palabra el señor Francisco dos Reis, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios de la República Argentina (APYME).
SR. DOS REIS Señor presidente: en realidad, hemos venido a escuchar el debate para ver cómo nos paramos frente a esta realidad. De todas maneras, creo que vale la pena reflexionar sobre algunas situaciones que están atravesando las pymes.
Lo que ocurre por lo general con el sector de las pequeñas y medianas empresas, y fundamentalmente con el que nuclea a las micro y pequeñas empresas, es que no alcanzan el rango para entrar en la categoría de la que se está hablando. De todas formas, tenemos una historia donde se puede advertir que APYME ha planteado permanentemente un modelo de justicia distributiva en la Argentina.
Vivimos del mercado interno y sabemos que el crecimiento de la demanda impacta muy fuertemente en el sector productivo. Entonces, para alcanzar aquel objetivo tiene que haber ciertas variables vinculadas con la distribución del ingreso. Por eso nos parece bien que se discuta acerca de una norma constitucional que, por lo menos hasta ahora, no ha sido aplicada.
Lo primero que observa el sector de las pymes -que no cuentan con asesores ni con nadie que las ayude a interpretar este fenómeno- es que hay una mala interpretación de la ley. Por eso vinimos a ver cuál es el costo-beneficio de la aplicación de la norma; no sólo su costo.
Para las pequeñas y medianas empresas, el costo-beneficio es el crecimiento de la demanda, la mejora del nivel de vida promedio de los sectores del trabajo y el impacto que sobre el conjunto de la sociedad genera la inversión permanente en el área de consumo. Pero hay un factor fundamental, vinculado con una gran deuda que tiene la sociedad y que debemos saldar entre todos. En nuestro caso afrontamos una responsabilidad fundamental: todavía tenemos una cantidad enorme de pobres, de gente que vive en la marginalidad, de asalariados que no alcanzar un estándar que les permita vivir con dignidad. Los recursos tienen que salir de algún lado.
Cualquier empresario pequeño o mediano que escuche lo que estoy diciendo y no entienda la particularidad de la ley dirá: yo quiero invertir pero no puedo. Es verdad que las pymes, al no generar ganancias sustanciales, tienen muchas dificultades para invertir y también para acceder al crédito.
Tenemos dos inquietudes que surgen de lo que observamos en la calle, en la vida cotidiana, y no tanto del plano legal.
La primera es qué pasa con quienes no cumplen con los requisitos establecidos en la norma. Me refiero a quienes no trabajan en empresas medianas o grandes, que alcanzan determinado nivel de facturación y cuentan con determinado número de empleados. ¿Qué pasa con los que están fuera del sistema laboral, con los que trabajan en negro, con los que se encuentran en el medio -una sociedad de tres o cuatro pisos-, con los que se desempeñan en grandes empresas y con aquellos que están en las pequeñas empresas?
La segunda se vincula con la formación de mano de obra. Si esta norma realmente impacta, como nosotros pretendemos, en el mejoramiento de las condiciones de vida del conjunto de la sociedad y la economía sigue creciendo, nos preguntamos qué pasará con el serio cuello de botella que tenemos hace dos o tres años. Cuando la economía comenzó a crecer entre un 7 y un 8 por ciento, nos dimos cuenta de que no había mano de obra calificada.
Las pymes son las únicas formadoras de mano de obra calificada en la Argentina, porque toman de las barriadas y de los pueblos a gente por lo general joven e invierten en su formación. Naturalmente, después esos trabajadores migran hacia las grandes empresas porque allí ganan más que en una pyme. Esto hay que reconocerlo porque es natural y lógico que así sea.
Esa inversión efectuada por las pymes no se ve porque no figura en los balances ni en ninguna otra parte; pero existe, y como esa gente que fue formada en las pequeñas y medianas empresas migra permanentemente nunca podemos completar la plantilla de personal.
Es un problema que a futuro no tiene solución, porque hay millones de trabajadores que en los últimos treinta años no trabajaron, vivieron en la marginalidad o no poseen la cultura del trabajo. Hay una serie de factores que concurre y hacen que esto tenga un impacto muy grande.
Como dije antes, las pymes hacen una inversión en formación que no figura en los balances ni en ninguna otra parte. Creo que la migración de trabajadores desde las pymes hacia las grandes empresas es un hecho que merece ser analizado en el modo de distribución de ese fenómeno.
Sabemos que más tarde o más temprano -la mayoría de las pymes que estamos aquí representadas no estamos contempladas en la ley en cuanto a esta etapa; podríamos mirar para otro lado- sería justo y correcto que nosotros también fuéramos parte y tuviéramos ganancias para distribuir.
De todas maneras, sería saludable que las pymes tuvieran ganancias para distribuir y que lo hicieran. Primero, porque históricamente tenemos una posición tomada que tiene que ver con la cultura de la organización empresaria a la que pertenecemos. Y segundo, porque además de empresarios somos ciudadanos y aspiramos a tener un país eficiente. Cuando los teóricos de la economía de mercado hablan de un país eficiente se refieren a productos eficientes. Nosotros hablamos de una sociedad eficiente, es decir, que el conjunto de la sociedad coma, se cure y se eduque porque eso es apostar al futuro en serio.
Si acá, en este debate, estamos discutiendo eso que todavía no tenemos muy en claro, nosotros no queremos discutir la forma, sino el contenido, o sea, el efecto que sobre el conjunto de la sociedad tiene esta discusión. No pensamos solamente como empresarios porque no somos empresarios las 24 horas, sino ocho, diez o doce horas. Por consiguiente tenemos que pensar con variables que van desde el ciudadano que quiere vivir en una sociedad más protegida, justa y seria y con otros valores, hasta el empresario que a veces se mira el ombligo y piensa nada más que en la rentabilidad de su empresa. Esto está en la categoría del análisis del capitalismo; no hay que discutirlo mucho. Está en la naturaleza nuestra; es así.
Pero no importa, veamos cómo somos un país eficiente y cómo esta inversión de la renta de las empresas va en función de los intereses del conjunto de la sociedad para invertir a diez años en otra sociedad.
Lo que ocurre por lo general con el sector de las pequeñas y medianas empresas, y fundamentalmente con el que nuclea a las micro y pequeñas empresas, es que no alcanzan el rango para entrar en la categoría de la que se está hablando. De todas formas, tenemos una historia donde se puede advertir que APYME ha planteado permanentemente un modelo de justicia distributiva en la Argentina.
Vivimos del mercado interno y sabemos que el crecimiento de la demanda impacta muy fuertemente en el sector productivo. Entonces, para alcanzar aquel objetivo tiene que haber ciertas variables vinculadas con la distribución del ingreso. Por eso nos parece bien que se discuta acerca de una norma constitucional que, por lo menos hasta ahora, no ha sido aplicada.
Lo primero que observa el sector de las pymes -que no cuentan con asesores ni con nadie que las ayude a interpretar este fenómeno- es que hay una mala interpretación de la ley. Por eso vinimos a ver cuál es el costo-beneficio de la aplicación de la norma; no sólo su costo.
Para las pequeñas y medianas empresas, el costo-beneficio es el crecimiento de la demanda, la mejora del nivel de vida promedio de los sectores del trabajo y el impacto que sobre el conjunto de la sociedad genera la inversión permanente en el área de consumo. Pero hay un factor fundamental, vinculado con una gran deuda que tiene la sociedad y que debemos saldar entre todos. En nuestro caso afrontamos una responsabilidad fundamental: todavía tenemos una cantidad enorme de pobres, de gente que vive en la marginalidad, de asalariados que no alcanzar un estándar que les permita vivir con dignidad. Los recursos tienen que salir de algún lado.
Cualquier empresario pequeño o mediano que escuche lo que estoy diciendo y no entienda la particularidad de la ley dirá: yo quiero invertir pero no puedo. Es verdad que las pymes, al no generar ganancias sustanciales, tienen muchas dificultades para invertir y también para acceder al crédito.
Tenemos dos inquietudes que surgen de lo que observamos en la calle, en la vida cotidiana, y no tanto del plano legal.
La primera es qué pasa con quienes no cumplen con los requisitos establecidos en la norma. Me refiero a quienes no trabajan en empresas medianas o grandes, que alcanzan determinado nivel de facturación y cuentan con determinado número de empleados. ¿Qué pasa con los que están fuera del sistema laboral, con los que trabajan en negro, con los que se encuentran en el medio -una sociedad de tres o cuatro pisos-, con los que se desempeñan en grandes empresas y con aquellos que están en las pequeñas empresas?
La segunda se vincula con la formación de mano de obra. Si esta norma realmente impacta, como nosotros pretendemos, en el mejoramiento de las condiciones de vida del conjunto de la sociedad y la economía sigue creciendo, nos preguntamos qué pasará con el serio cuello de botella que tenemos hace dos o tres años. Cuando la economía comenzó a crecer entre un 7 y un 8 por ciento, nos dimos cuenta de que no había mano de obra calificada.
Las pymes son las únicas formadoras de mano de obra calificada en la Argentina, porque toman de las barriadas y de los pueblos a gente por lo general joven e invierten en su formación. Naturalmente, después esos trabajadores migran hacia las grandes empresas porque allí ganan más que en una pyme. Esto hay que reconocerlo porque es natural y lógico que así sea.
Esa inversión efectuada por las pymes no se ve porque no figura en los balances ni en ninguna otra parte; pero existe, y como esa gente que fue formada en las pequeñas y medianas empresas migra permanentemente nunca podemos completar la plantilla de personal.
Es un problema que a futuro no tiene solución, porque hay millones de trabajadores que en los últimos treinta años no trabajaron, vivieron en la marginalidad o no poseen la cultura del trabajo. Hay una serie de factores que concurre y hacen que esto tenga un impacto muy grande.
Como dije antes, las pymes hacen una inversión en formación que no figura en los balances ni en ninguna otra parte. Creo que la migración de trabajadores desde las pymes hacia las grandes empresas es un hecho que merece ser analizado en el modo de distribución de ese fenómeno.
Sabemos que más tarde o más temprano -la mayoría de las pymes que estamos aquí representadas no estamos contempladas en la ley en cuanto a esta etapa; podríamos mirar para otro lado- sería justo y correcto que nosotros también fuéramos parte y tuviéramos ganancias para distribuir.
De todas maneras, sería saludable que las pymes tuvieran ganancias para distribuir y que lo hicieran. Primero, porque históricamente tenemos una posición tomada que tiene que ver con la cultura de la organización empresaria a la que pertenecemos. Y segundo, porque además de empresarios somos ciudadanos y aspiramos a tener un país eficiente. Cuando los teóricos de la economía de mercado hablan de un país eficiente se refieren a productos eficientes. Nosotros hablamos de una sociedad eficiente, es decir, que el conjunto de la sociedad coma, se cure y se eduque porque eso es apostar al futuro en serio.
Si acá, en este debate, estamos discutiendo eso que todavía no tenemos muy en claro, nosotros no queremos discutir la forma, sino el contenido, o sea, el efecto que sobre el conjunto de la sociedad tiene esta discusión. No pensamos solamente como empresarios porque no somos empresarios las 24 horas, sino ocho, diez o doce horas. Por consiguiente tenemos que pensar con variables que van desde el ciudadano que quiere vivir en una sociedad más protegida, justa y seria y con otros valores, hasta el empresario que a veces se mira el ombligo y piensa nada más que en la rentabilidad de su empresa. Esto está en la categoría del análisis del capitalismo; no hay que discutirlo mucho. Está en la naturaleza nuestra; es así.
Pero no importa, veamos cómo somos un país eficiente y cómo esta inversión de la renta de las empresas va en función de los intereses del conjunto de la sociedad para invertir a diez años en otra sociedad.
SR. PRESIDENTE RECALDE Tiene la palabra el representante de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHTRA), señor Ricardo Muiño.
SR. MUIÑO Señor presidente: quiero expresarle mi agradecimiento por esta invitación y solicitarle que lo haga extensivo a la totalidad de los miembros de la comisión. Nuestra entidad, que agrupa a todos los hoteles de alta gama, ha evaluado a través de sus asesores el proyecto que ustedes nos hicieron llegar y que en este momento tienen todas las filiales del país. Les recuerdo que tenemos filiales desde Ushuaia hasta Jujuy. La semana próxima celebraremos nuestra asamblea anual, en la que será prioritario analizar y debatir este tema.
A partir de allí, señor presidente, le haremos llegar por escrito a través de nuestro asesor, el doctor Iñíguez, nuestra posición respecto de este proyecto, de acuerdo con nuestro leal saber y entender. Pero no queríamos faltar a esta cita.
Reitero nuestro agradecimiento por la invitación que nos han hecho.
A partir de allí, señor presidente, le haremos llegar por escrito a través de nuestro asesor, el doctor Iñíguez, nuestra posición respecto de este proyecto, de acuerdo con nuestro leal saber y entender. Pero no queríamos faltar a esta cita.
Reitero nuestro agradecimiento por la invitación que nos han hecho.
SR. PRESIDENTE RECALDE Tiene la palabra el representante de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AMCHAM), doctor Alejandro Díaz.
SR. DÍAZ Señor presidente: quiero expresar mi agradecimiento a todos los señores diputados que integran esta comisión por la posibilidad de permitirnos participar de esta reunión.
Para ser breves y de alguna manera eficientes quiero decir que en realidad nuestra entidad es multisectorial, con lo cual el análisis que queremos plantear es general y no específico de acuerdo con el impacto sobre un sector, dado que participan de ella 23 sectores. Por lo tanto, la diferenciación de cada uno de ellos es circunstancialmente relevante como para entender que el impacto de una normativa puede ser distinto independientemente del tamaño de la empresa, siendo particularmente afectada por la tipología del sector en el cual se desenvuelve.
La segunda reflexión general que quiero hacer es que nosotros creemos que si hay un derecho -en este caso es de los trabajadores y se encuentra establecido en la Constitución Nacional- que de alguna manera no ha sido debidamente implementado debería serlo. La discusión no pasa por si debe o no ser implementado; ese debate ya ha sido dado a partir de lo que determina la Constitución Nacional.
Nuestra reflexión, de acuerdo con nuestra visión, que no pretende ser integral, pasa por si esta normativa o marco regulatorio -en este caso a través de los tres anteproyectos que nos han enviado- reúne los requisitos que nosotros pensamos que son los adecuados para cumplir con esa normativa establecida. Consecuentemente, en modo alguno objetamos la intencionalidad respecto de la regulación.
En tercer termino y sin entrar en detalle respecto de los tres anteproyectos porque cada uno tiene sus particularidades y diferencias, me gustaría mencionar seis o siete aspectos por los cuales objetamos genéricamente la metodología por la cual esto ha sido implementado y no el espíritu por el cual ha sido creado.
El primer punto es que creemos que incrementa los costos laborales sin establecer una correlación con elementos que son vitales para el desarrollo, básicamente de la eficacia, la productividad y la correlación entre la contribución que pueda hacer ese factor humano. ¿Qué queremos decir con esto? Que el hecho de que no haya una fijación de una metodología por la cual los objetivos son establecidos hace que de alguna manera, a su vez, desmotive la generación de empleo genuino a partir de que no hay una correlación entre el costo incremental generado por la norma y la eficiencia que él puede generar en la productividad de las organizaciones.
El segundo elemento relacionado es el incremento sustancial del costo fiscal, dado que el hecho de prever un 10 por ciento adicional en la carga impositiva hace que la alícuota del impuesto a las ganancias pase de manera directa del 35 al 45 por ciento, con lo cual se puede correr el riesgo de que sea altamente confiscatorio desde el punto de vista del impacto que lo pueda generar.
Por otra parte, en materia de recursos humanos creemos que equipara hacia abajo. ¿Qué queremos decir con esto? Que de alguna manera distingue un tratamiento diferencial de acuerdo con la performance individual del trabajador. En otras palabras, el impacto por el cual se genera una remuneración adicional no está basado en su performance, sino en una mecánica general que luego tiene algunas otras particularidades, como por ejemplo el hecho de ser aplicado a un determinado sector y no al ciento por ciento de la relación laboral, lo que genera una diferenciación o distorsión respecto del puesto o jerarquía que tenga el empleado dentro de la propia organización.
Para ser breves y de alguna manera eficientes quiero decir que en realidad nuestra entidad es multisectorial, con lo cual el análisis que queremos plantear es general y no específico de acuerdo con el impacto sobre un sector, dado que participan de ella 23 sectores. Por lo tanto, la diferenciación de cada uno de ellos es circunstancialmente relevante como para entender que el impacto de una normativa puede ser distinto independientemente del tamaño de la empresa, siendo particularmente afectada por la tipología del sector en el cual se desenvuelve.
La segunda reflexión general que quiero hacer es que nosotros creemos que si hay un derecho -en este caso es de los trabajadores y se encuentra establecido en la Constitución Nacional- que de alguna manera no ha sido debidamente implementado debería serlo. La discusión no pasa por si debe o no ser implementado; ese debate ya ha sido dado a partir de lo que determina la Constitución Nacional.
Nuestra reflexión, de acuerdo con nuestra visión, que no pretende ser integral, pasa por si esta normativa o marco regulatorio -en este caso a través de los tres anteproyectos que nos han enviado- reúne los requisitos que nosotros pensamos que son los adecuados para cumplir con esa normativa establecida. Consecuentemente, en modo alguno objetamos la intencionalidad respecto de la regulación.
En tercer termino y sin entrar en detalle respecto de los tres anteproyectos porque cada uno tiene sus particularidades y diferencias, me gustaría mencionar seis o siete aspectos por los cuales objetamos genéricamente la metodología por la cual esto ha sido implementado y no el espíritu por el cual ha sido creado.
El primer punto es que creemos que incrementa los costos laborales sin establecer una correlación con elementos que son vitales para el desarrollo, básicamente de la eficacia, la productividad y la correlación entre la contribución que pueda hacer ese factor humano. ¿Qué queremos decir con esto? Que el hecho de que no haya una fijación de una metodología por la cual los objetivos son establecidos hace que de alguna manera, a su vez, desmotive la generación de empleo genuino a partir de que no hay una correlación entre el costo incremental generado por la norma y la eficiencia que él puede generar en la productividad de las organizaciones.
El segundo elemento relacionado es el incremento sustancial del costo fiscal, dado que el hecho de prever un 10 por ciento adicional en la carga impositiva hace que la alícuota del impuesto a las ganancias pase de manera directa del 35 al 45 por ciento, con lo cual se puede correr el riesgo de que sea altamente confiscatorio desde el punto de vista del impacto que lo pueda generar.
Por otra parte, en materia de recursos humanos creemos que equipara hacia abajo. ¿Qué queremos decir con esto? Que de alguna manera distingue un tratamiento diferencial de acuerdo con la performance individual del trabajador. En otras palabras, el impacto por el cual se genera una remuneración adicional no está basado en su performance, sino en una mecánica general que luego tiene algunas otras particularidades, como por ejemplo el hecho de ser aplicado a un determinado sector y no al ciento por ciento de la relación laboral, lo que genera una diferenciación o distorsión respecto del puesto o jerarquía que tenga el empleado dentro de la propia organización.
SR. PRESIDENTE RECALDE ¿Me permite una interrupción?
SR. DÍAZ Sí, señor presidente.
SR. PRESIDENTE RECALDE Lo que usted dice está contemplado en la forma de distribución. Hay un 50 por ciento en relación con los días trabajados y un 50 por ciento en proporción con las remuneraciones percibidas. Obviamente, a mayor remuneración corresponde una mayor jerarquía. Es decir que hay una diferenciación. Solamente quiero puntualizar esto. Tal vez a usted no lo satisfaga, pero hay una diferenciación.
SR. DÍAZ Correcto. El punto puede estar en mi nivel de grado de satisfacción respecto de la metodología.
Como he mencionado, discrimina al personal jerárquico generando algunas de las situaciones que hoy se están dando en el manejo de los recursos humanos dentro de las organizaciones que podemos llamar un poco más sofisticadas, en las que existen dificultades para generar un sistema de remuneraciones. Consecuentemente, esto produciría una diferenciación adicional, dependiendo de la jerarquía que tenga el empleado dentro de la organización.
También introduce un nuevo organismo no gubernamental con un rol directo de fiscalización fiscal. En realidad creemos que ese rol, como se ha mencionado, debe ser ejercido por las autoridades fiscales, que de alguna manera tienen la normativa adecuada para hacer cumplir. Consecuentemente, consideramos que esto puede derivar en incongruencias y contradicciones entre el criterio de esa autoridad impositiva y el de este Consejo Especial creado por esta ley. esto generaría un grado de dificultad para definir los parámetros sobre los cuales uno podría regular ese comportamiento.
Otro aspecto es que creemos que puede afectar el derecho de propiedad de los accionistas y básicamente de los socios de las sociedades ya constituidas, dado que aparece un elemento que al momento de su ingreso a las sociedades no era contemplado y que tiene una relevancia no menor. Esto puede plantear algunas discusiones judiciales respecto de la constitucionalidad de la norma.
Plantea un tratamiento inequitativo en relación con la utilización de las pérdidas acumuladas, dado que de alguna manera, sumado a otros efectos de la ley, puede llegar a calificar nuevamente como confiscatoria al no contemplar ese efecto retroactivo de la generación de pérdidas anteriores que no son contempladas a la hora de distribuir las ganancias de los ejercicios. Y especialmente en las empresas de capital intensivo, donde la correlación entre la renta y el sistema de asignación de esa participación puede hacer inequitativo el retorno de la inversión originalmente previsto por los accionistas.
Este es un resumen de nuestra posición. Después le haré llegar con más detalle los comentarios respecto de este proyecto. Esto partiendo de la base de que cada iniciativa tiene sus características particulares que ameritan un análisis un poco más detallado.
Pero para no limitarnos simplemente a objetar o tratar de no contemplar, dado que de alguna manera compartimos la necesidad de la existencia de una regulación relacionada con los derechos de los trabajadores que debe ser ubicada en un marco regulatorio, queremos efectuar una propuesta.
En ese sentido pensamos en una alternativa que estuvimos elaborando, determinada por un sistema que hoy existe y que se llama "de bonos de participación al personal". Esto se encuentra contemplado en los artículos 229 y 230 de la ley de sociedades comerciales. Creemos que por dificultades en su reglamentación -de hecho no fue reglamentada y hay problemas propios en cuanto a la manera en que esto está previsto en la ley, dado que es una regulación de 1972 y obviamente las relaciones laborales han cambiado sustancialmente en los últimos cuarenta años- ...
Como he mencionado, discrimina al personal jerárquico generando algunas de las situaciones que hoy se están dando en el manejo de los recursos humanos dentro de las organizaciones que podemos llamar un poco más sofisticadas, en las que existen dificultades para generar un sistema de remuneraciones. Consecuentemente, esto produciría una diferenciación adicional, dependiendo de la jerarquía que tenga el empleado dentro de la organización.
También introduce un nuevo organismo no gubernamental con un rol directo de fiscalización fiscal. En realidad creemos que ese rol, como se ha mencionado, debe ser ejercido por las autoridades fiscales, que de alguna manera tienen la normativa adecuada para hacer cumplir. Consecuentemente, consideramos que esto puede derivar en incongruencias y contradicciones entre el criterio de esa autoridad impositiva y el de este Consejo Especial creado por esta ley. esto generaría un grado de dificultad para definir los parámetros sobre los cuales uno podría regular ese comportamiento.
Otro aspecto es que creemos que puede afectar el derecho de propiedad de los accionistas y básicamente de los socios de las sociedades ya constituidas, dado que aparece un elemento que al momento de su ingreso a las sociedades no era contemplado y que tiene una relevancia no menor. Esto puede plantear algunas discusiones judiciales respecto de la constitucionalidad de la norma.
Plantea un tratamiento inequitativo en relación con la utilización de las pérdidas acumuladas, dado que de alguna manera, sumado a otros efectos de la ley, puede llegar a calificar nuevamente como confiscatoria al no contemplar ese efecto retroactivo de la generación de pérdidas anteriores que no son contempladas a la hora de distribuir las ganancias de los ejercicios. Y especialmente en las empresas de capital intensivo, donde la correlación entre la renta y el sistema de asignación de esa participación puede hacer inequitativo el retorno de la inversión originalmente previsto por los accionistas.
Este es un resumen de nuestra posición. Después le haré llegar con más detalle los comentarios respecto de este proyecto. Esto partiendo de la base de que cada iniciativa tiene sus características particulares que ameritan un análisis un poco más detallado.
Pero para no limitarnos simplemente a objetar o tratar de no contemplar, dado que de alguna manera compartimos la necesidad de la existencia de una regulación relacionada con los derechos de los trabajadores que debe ser ubicada en un marco regulatorio, queremos efectuar una propuesta.
En ese sentido pensamos en una alternativa que estuvimos elaborando, determinada por un sistema que hoy existe y que se llama "de bonos de participación al personal". Esto se encuentra contemplado en los artículos 229 y 230 de la ley de sociedades comerciales. Creemos que por dificultades en su reglamentación -de hecho no fue reglamentada y hay problemas propios en cuanto a la manera en que esto está previsto en la ley, dado que es una regulación de 1972 y obviamente las relaciones laborales han cambiado sustancialmente en los últimos cuarenta años- ...
SR. PRESIDENTE RECALDE Y el Estado de derecho.
SR. DÍAZ Tampoco ese es un tema menor y por eso lo valoramos profundamente.
Como decía, hablamos de un instrumento que utiliza una estructura vigente y que bien reglamentado, si contempla algunos principios que me gustaría mencionar -ya sea en el marco de esta metodología o de otra similar-, puede ser claramente un elemento útil para justificar esa falta de regulación defendida por la Constitución. De esa manera, no se generarían las situaciones u objeciones que he planteado.
En otras palabras, independientemente de si la opción es instrumentar de forma adecuada un elemento que hoy no está vigente -como es el bono de participación de las utilidades- u otro, entendemos que deben contemplarse algunos aspectos que si los señores diputados me permiten, me gustaría comentar.
Se ha dicho que el régimen que se implemente, si bien tiene que ser obligatorio para la empresa porque debería forzar -entre comillas- a aquellas organizaciones que no cuentan con un sistema a implementarlo, debe surgir de un acuerdo entre las partes. Difícilmente pueda ponerse en práctica un régimen que no contemple las particularidades de los distintos sectores y empresas en cuestión, más allá de que en términos de cálculo se trate -en última instancia- de un porcentaje sobre las utilidades. Es necesario que surja de un acuerdo más específico, y en este sentido entendemos que las paritarias pueden ser perfectamente un instrumento para lograr ese objetivo.
Como decía, hablamos de un instrumento que utiliza una estructura vigente y que bien reglamentado, si contempla algunos principios que me gustaría mencionar -ya sea en el marco de esta metodología o de otra similar-, puede ser claramente un elemento útil para justificar esa falta de regulación defendida por la Constitución. De esa manera, no se generarían las situaciones u objeciones que he planteado.
En otras palabras, independientemente de si la opción es instrumentar de forma adecuada un elemento que hoy no está vigente -como es el bono de participación de las utilidades- u otro, entendemos que deben contemplarse algunos aspectos que si los señores diputados me permiten, me gustaría comentar.
Se ha dicho que el régimen que se implemente, si bien tiene que ser obligatorio para la empresa porque debería forzar -entre comillas- a aquellas organizaciones que no cuentan con un sistema a implementarlo, debe surgir de un acuerdo entre las partes. Difícilmente pueda ponerse en práctica un régimen que no contemple las particularidades de los distintos sectores y empresas en cuestión, más allá de que en términos de cálculo se trate -en última instancia- de un porcentaje sobre las utilidades. Es necesario que surja de un acuerdo más específico, y en este sentido entendemos que las paritarias pueden ser perfectamente un instrumento para lograr ese objetivo.
SR. PRESIDENTE RECALDE Si me permite, quiero hacer un comentario.
Me parecen interesantes sus planteos y aportes, pero quisiera saber de qué manera podemos compatibilizar el hecho de que el régimen sea obligatorio con que dependa de un acuerdo entre las partes.
Me parecen interesantes sus planteos y aportes, pero quisiera saber de qué manera podemos compatibilizar el hecho de que el régimen sea obligatorio con que dependa de un acuerdo entre las partes.
SR. PAIS Podría haber un estándar mínimo.
SR. PRESIDENTE RECALDE Justamente, a eso iba. El señor diputado Pais, por su ímpetu juvenil, se me ha adelantado. (Risas.)
Quisiera saber cómo se podría compatibilizar el carácter obligatorio con la realización de un acuerdo entre las partes. Tal vez, como decía el señor diputado Pais, la ley podría establecer estándares mínimos. Otra opción, según una de las propuestas que hemos escuchado, son los convenios colectivos de trabajo. En verdad, no serían necesarias la Constitución ni la ley para que un convenio colectivo disponga algo semejante; ambas serían letra muerta en este aspecto.
Supongamos que se remita a los convenios colectivos de trabajo. ¿Qué pasaría si no hay un acuerdo entre las partes? ¿Habría un laudo arbitral? ¿Quizás estándares mínimos?
Estamos buscando un consenso, pero queremos conocer propuestas atendibles. Por eso pregunto al señor Díaz si tienen alguna idea al respecto. Si no es en este momento, no importa; no vamos a exigir respuestas ahora, pero sería bueno que la comisión las reciba porque después comenzará el trabajo de los asesores. Hoy escuchamos a todos con la mayor amplitud, pero luego la tarea continúa.
Quisiera saber cómo se podría compatibilizar el carácter obligatorio con la realización de un acuerdo entre las partes. Tal vez, como decía el señor diputado Pais, la ley podría establecer estándares mínimos. Otra opción, según una de las propuestas que hemos escuchado, son los convenios colectivos de trabajo. En verdad, no serían necesarias la Constitución ni la ley para que un convenio colectivo disponga algo semejante; ambas serían letra muerta en este aspecto.
Supongamos que se remita a los convenios colectivos de trabajo. ¿Qué pasaría si no hay un acuerdo entre las partes? ¿Habría un laudo arbitral? ¿Quizás estándares mínimos?
Estamos buscando un consenso, pero queremos conocer propuestas atendibles. Por eso pregunto al señor Díaz si tienen alguna idea al respecto. Si no es en este momento, no importa; no vamos a exigir respuestas ahora, pero sería bueno que la comisión las reciba porque después comenzará el trabajo de los asesores. Hoy escuchamos a todos con la mayor amplitud, pero luego la tarea continúa.
SR. DÍAZ Agradezco al señor presidente por las posibilidades que nos ofrece, porque de lo contrario me sentiría en la universidad dando el último examen que rendí hace veinticinco años.
SR. PRESIDENTE RECALDE He participado en diferentes debates en la entidad que usted dirige con la participación de más de setenta empresas. Ello demuestra la amplitud de criterios.
SR. DÍAZ Por eso valoramos este tipo de reuniones.
En cuanto a los estándares mínimos, me gustaría hacer dos comentarios genéricos para no entrar en detalles, porque en realidad el tema merece una respuesta técnica.
Primero, respecto de la obligatoriedad, entiendo que la ley debería fijar la existencia de la metodología, algo que hoy no existe. El bono de participación de las utilidades, por ejemplo, no es obligatorio. Esto debería traducirse en que cualquiera sea el importe, la instancia de acuerdo entre las partes es obligatorio. En todo caso, la discusión puede darse respecto de su magnitud, pero no en cuanto a su implementación. Para la empresa no tendría que ser optativa esta metodología; en todo caso, lo que podría discutir con el trabajador es si se llega o no a un acuerdo.
La segunda cuestión es qué pasa si no se llega a ese acuerdo.
En cuanto a los estándares mínimos, me gustaría hacer dos comentarios genéricos para no entrar en detalles, porque en realidad el tema merece una respuesta técnica.
Primero, respecto de la obligatoriedad, entiendo que la ley debería fijar la existencia de la metodología, algo que hoy no existe. El bono de participación de las utilidades, por ejemplo, no es obligatorio. Esto debería traducirse en que cualquiera sea el importe, la instancia de acuerdo entre las partes es obligatorio. En todo caso, la discusión puede darse respecto de su magnitud, pero no en cuanto a su implementación. Para la empresa no tendría que ser optativa esta metodología; en todo caso, lo que podría discutir con el trabajador es si se llega o no a un acuerdo.
La segunda cuestión es qué pasa si no se llega a ese acuerdo.
SR. PRESIDENTE RECALDE Si me permite, quiero aclarar que no estamos de acuerdo con que la negociación sea con el trabajador porque ello contraría todo el espíritu del derecho del trabajo. No hay paridad entre un trabajador y la empresa.
SR. DÍAZ Me refería al trabajador como figura, no en forma individual.
SR. PRESIDENTE RECALDE Puede ser con la representación del trabajador.
SR. DÍAZ No soy abogado, razón por la cual puedo tener algunas falencias desde el punto de vista terminológico.
SR. PRESIDENTE RECALDE El silencio tiene un valor jurídico, por eso la aclaración.
SR. DÍAZ Nosotros hablamos mucho del factor humano, pero no queremos introducirlo como concepto en el debate.
La discusión puede ser a nivel de persona, de delegado o de sindicato. Entiendo que la flexibilidad debe estar determinada de acuerdo con las características propias de cada empresa. ¿Por qué no entablarla con el trabajador, por ejemplo, en una empresa con dos trabajadores que se ponen de acuerdo y son suficientemente representativos de la voluntad de los empleados de la organización? De todas maneras, quizás esto forme parte de una discusión diferente y más profunda.
Como decía, el primer aspecto tiene que ver con el acuerdo entre las partes y con buscar una mecánica que lo haga posible. En la actualidad existen sistemas que permiten monitorear las discrepancias entre trabajadores y empleadores; de la misma manera que se discute un porcentaje de aumento salarial, tendrían que poder discutirse aquellas discrepancias en caso de que no se pueda llegar a un acuerdo.
La discusión puede ser a nivel de persona, de delegado o de sindicato. Entiendo que la flexibilidad debe estar determinada de acuerdo con las características propias de cada empresa. ¿Por qué no entablarla con el trabajador, por ejemplo, en una empresa con dos trabajadores que se ponen de acuerdo y son suficientemente representativos de la voluntad de los empleados de la organización? De todas maneras, quizás esto forme parte de una discusión diferente y más profunda.
Como decía, el primer aspecto tiene que ver con el acuerdo entre las partes y con buscar una mecánica que lo haga posible. En la actualidad existen sistemas que permiten monitorear las discrepancias entre trabajadores y empleadores; de la misma manera que se discute un porcentaje de aumento salarial, tendrían que poder discutirse aquellas discrepancias en caso de que no se pueda llegar a un acuerdo.
SR. PRESIDENTE RECALDE El tema es que la ley prevé la obligación de negociar; no la obligación de acordar.
SR. DÍAZ Correcto.
La segunda cuestión que consideramos importante es que resulta necesario incentivar la productividad y el rendimiento de la fuerza laboral. De alguna manera, el acuerdo debería centrarse en aquellos objetivos mutuamente consensuados entre trabajadores y empleadores; luego, cumplido ese objetivo, quedaría garantizada la acreencia de esa remuneración basada en determinada metodología. En este caso, sería un porcentaje sobre la utilidad de la organización.
Además, tendría que ser un mecanismo de estabilidad en el empleo en el sentido de que debería ser devengado por la persona que detente la relación laboral al momento de la discusión. O sea que no podría ser retroactivo ni hacia futuro sino que, en el momento de efectivizarse el pago de la remuneración especial a través del bono, la persona debería tener relación laboral. De esta manera se genera un mecanismo de estabilidad y un factor de incentivo para que la persona perdure; en otras palabras, un elemento tendiente no sólo a que el empleado pretenda permanecer sino también para que la empresa lo mantenga en su posición.
Otro tema que nos parece fundamental es la fijación de objetivos mensurables. El sistema de acuerdos debería estar basado no sólo en la discusión de un porcentaje sobre la participación sino también en el cumplimiento de objetivos mensurables vinculados con la productividad y la eficiencia. Incluso, con la posibilidad de que dentro de la misma organización haya objetivos independientes. El Departamento de Producción, por ejemplo, podría estar relacionado con la productividad en la línea; el de Contabilidad, con la eficiencia de costos; el de Ventas, con objetivos vinculados con las ventas. También puede haber objetivos generales.
En la actualidad las empresas implementan gran variedad de sistemas, y esto -de alguna manera- los obligaría a regularizarlos o a formalizarlos mediante un esquema donde haya fuerte vinculación entre el objetivo mensurable y el sistema de remuneración que luego se fija a través de un porcentaje de la utilidad.
Por supuesto, es preciso contemplar las distintas particularidades de los sectores de la empresa y no deben verse afectados los derechos adquiridos de los trabajadores y tampoco aquellos que los empresarios, como accionistas de la empresa, puedan tener.
Asimismo, no debe gravarse la tasa efectiva y positiva; tienen que contemplarse los mismos requisitos de cualquier otra remuneración variable que el trabajador reciba, de manera que desde el punto de vista fiscal y laboral se dé tratamiento. El hecho de que exista una metodología de cálculo basada en la entrega de un bono de participación, no tiene que afectar la estructura de cualquier remuneración variable.
Entendemos que debería implementarse un mecanismo adaptable y dinámico, capaz de contemplar la particularidad de cada empresa. Al hablar de "dinámico" queremos decir que un año puede haber determinado objetivo y equis porcentaje, y al año siguiente otros diferentes. Dada la dinámica de los ciclos económicos, una empresa puede presentar un año resultados excelentes a partir de determinado objetivo; pero al siguiente, situaciones externas o internas pueden condicionar adaptaciones que no deberían generar preconceptos a la hora de fijar aquellos objetivos.
Por supuesto, además tiene que existir la posibilidad de reconocer pérdidas económicas pasadas. De lo contrario, a una organización con pérdidas acumuladas importantes le resultaría dificultoso, por el sólo hecho de haber tenido una utilidad aislada determinado año, verse obligada a no considerar el efecto de esas pérdidas anteriores.
Luego, es preciso evitar la disparidad y el eventual conflicto con el balance fiscal o impositivo. Si hablamos de un sistema de remuneración que puede considerarse variable pero tiene un tratamiento igualitario, estamos diciendo que se regirá por las mismas pautas que cualquier otra remuneración, en la medida que se asigne a renta gravada con el correspondiente tratamiento fiscal. Por ende también será incluido en el balance contable a partir de lo que las normas contables establecen, sin que se discuta si la utilidad generada es fiscal o contable.
Por supuesto que no se debe discriminar entre los distintos tipos de organizaciones. Creemos que si el derecho es constitucional y abarca a todos los empleados no interesa la tipología de la organización, ya que deberían estar todas contempladas. Tampoco debería influir la cantidad de empleados ni la tipología de empleo de que se trate. Asimismo, obviamente, no debería hacerlo la categoría de los empleados. Y justamente como la fijación de objetivos se ha acordado entre las partes es claramente identificable que no debería haber discrepancias a posteriori respecto de los mecanismos establecidos.
Esta es, resumidamente, nuestra posición. Hay muchos representantes de otras organizaciones que desean hacer uso de la palabra. Estamos dispuestos a brindar cualquier aclaración posterior que nos sea requerida. Ya hemos enviado una nota al señor diputado Recalde exponiendo en forma resumida nuestra postura. Consideramos adecuado que la tuviera antes de la reunión. Y obviamente estamos abiertos a profundizar nuestra propuesta respecto de la implementación del modo de participación establecido en la ley 19.550 o en cualquier otro mecanismo, siempre y cuando consideremos que tengan los criterios que en parte han sido mencionados aquí.
La segunda cuestión que consideramos importante es que resulta necesario incentivar la productividad y el rendimiento de la fuerza laboral. De alguna manera, el acuerdo debería centrarse en aquellos objetivos mutuamente consensuados entre trabajadores y empleadores; luego, cumplido ese objetivo, quedaría garantizada la acreencia de esa remuneración basada en determinada metodología. En este caso, sería un porcentaje sobre la utilidad de la organización.
Además, tendría que ser un mecanismo de estabilidad en el empleo en el sentido de que debería ser devengado por la persona que detente la relación laboral al momento de la discusión. O sea que no podría ser retroactivo ni hacia futuro sino que, en el momento de efectivizarse el pago de la remuneración especial a través del bono, la persona debería tener relación laboral. De esta manera se genera un mecanismo de estabilidad y un factor de incentivo para que la persona perdure; en otras palabras, un elemento tendiente no sólo a que el empleado pretenda permanecer sino también para que la empresa lo mantenga en su posición.
Otro tema que nos parece fundamental es la fijación de objetivos mensurables. El sistema de acuerdos debería estar basado no sólo en la discusión de un porcentaje sobre la participación sino también en el cumplimiento de objetivos mensurables vinculados con la productividad y la eficiencia. Incluso, con la posibilidad de que dentro de la misma organización haya objetivos independientes. El Departamento de Producción, por ejemplo, podría estar relacionado con la productividad en la línea; el de Contabilidad, con la eficiencia de costos; el de Ventas, con objetivos vinculados con las ventas. También puede haber objetivos generales.
En la actualidad las empresas implementan gran variedad de sistemas, y esto -de alguna manera- los obligaría a regularizarlos o a formalizarlos mediante un esquema donde haya fuerte vinculación entre el objetivo mensurable y el sistema de remuneración que luego se fija a través de un porcentaje de la utilidad.
Por supuesto, es preciso contemplar las distintas particularidades de los sectores de la empresa y no deben verse afectados los derechos adquiridos de los trabajadores y tampoco aquellos que los empresarios, como accionistas de la empresa, puedan tener.
Asimismo, no debe gravarse la tasa efectiva y positiva; tienen que contemplarse los mismos requisitos de cualquier otra remuneración variable que el trabajador reciba, de manera que desde el punto de vista fiscal y laboral se dé tratamiento. El hecho de que exista una metodología de cálculo basada en la entrega de un bono de participación, no tiene que afectar la estructura de cualquier remuneración variable.
Entendemos que debería implementarse un mecanismo adaptable y dinámico, capaz de contemplar la particularidad de cada empresa. Al hablar de "dinámico" queremos decir que un año puede haber determinado objetivo y equis porcentaje, y al año siguiente otros diferentes. Dada la dinámica de los ciclos económicos, una empresa puede presentar un año resultados excelentes a partir de determinado objetivo; pero al siguiente, situaciones externas o internas pueden condicionar adaptaciones que no deberían generar preconceptos a la hora de fijar aquellos objetivos.
Por supuesto, además tiene que existir la posibilidad de reconocer pérdidas económicas pasadas. De lo contrario, a una organización con pérdidas acumuladas importantes le resultaría dificultoso, por el sólo hecho de haber tenido una utilidad aislada determinado año, verse obligada a no considerar el efecto de esas pérdidas anteriores.
Luego, es preciso evitar la disparidad y el eventual conflicto con el balance fiscal o impositivo. Si hablamos de un sistema de remuneración que puede considerarse variable pero tiene un tratamiento igualitario, estamos diciendo que se regirá por las mismas pautas que cualquier otra remuneración, en la medida que se asigne a renta gravada con el correspondiente tratamiento fiscal. Por ende también será incluido en el balance contable a partir de lo que las normas contables establecen, sin que se discuta si la utilidad generada es fiscal o contable.
Por supuesto que no se debe discriminar entre los distintos tipos de organizaciones. Creemos que si el derecho es constitucional y abarca a todos los empleados no interesa la tipología de la organización, ya que deberían estar todas contempladas. Tampoco debería influir la cantidad de empleados ni la tipología de empleo de que se trate. Asimismo, obviamente, no debería hacerlo la categoría de los empleados. Y justamente como la fijación de objetivos se ha acordado entre las partes es claramente identificable que no debería haber discrepancias a posteriori respecto de los mecanismos establecidos.
Esta es, resumidamente, nuestra posición. Hay muchos representantes de otras organizaciones que desean hacer uso de la palabra. Estamos dispuestos a brindar cualquier aclaración posterior que nos sea requerida. Ya hemos enviado una nota al señor diputado Recalde exponiendo en forma resumida nuestra postura. Consideramos adecuado que la tuviera antes de la reunión. Y obviamente estamos abiertos a profundizar nuestra propuesta respecto de la implementación del modo de participación establecido en la ley 19.550 o en cualquier otro mecanismo, siempre y cuando consideremos que tengan los criterios que en parte han sido mencionados aquí.
SR. PRESIDENTE RECALDE Tiene la palabra el representante de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), señor José Bereciartúa.
SR. BERECIARTÚA Señor presidente: coincido con el agradecimiento y reconocimiento que los señores representantes de otras entidades efectuaron en relación con esta reunión.
Quiero recordar algo que usted recién mencionó en cuanto a las fechas de las reuniones previas y los acontecimientos institucionales que alteraron ese ciclo. Pero también deseo señalar que antes de esos momentos que vivió nuestro país hubo otra reunión convocada donde estos proyectos generaron tal repercusión en el ámbito de CAME que rápidamente habíamos confirmado nuestra presencia. Inclusive, unos días antes también el presidente de nuestra entidad, el señor Osvaldo Cornide, en unas declaraciones muy difundidas por los medios de comunicaciones manifestó a grandes rasgos la opinión institucional de CAME respecto de los tres proyectos presentados.
Entonces, claramente nos parece que eso vale como resumen acerca de la opinión institucional de nuestra entidad en relación con esos proyectos.
CAME es una entidad que nuclea a 1.371 cámaras cuya ubicación se extiende desde Ushuaia hasta el norte de nuestro país. Observo que se encuentran presentes diputados de las provincias de Santa Fe, de Entre Ríos, de Buenos Aires y de Chubut; no sé si me estoy olvidando de alguna que no alcancé a detectar. Puntualmente, tomando como ejemplo esas provincias, el conocimiento que seguramente tienen esos legisladores acerca de las cámaras de cada lugar demuestra cuál es el perfil empresario que conforma nuestra entidad.
Consideramos que se es empresario las 24 horas del día durante los 365 días del año. Es una tarea apasionante en la que nuestra relación con los trabajadores resulta fundamental para llevar adelante estos emprendimientos. Esto no es ninguna novedad.
La postura ideológica de CAME cada vez que se discute una cuestión de esta índole o cada vez que nuestra entidad participa de la negociación paritaria nacional está demostrada a través de su vocación de contener y entender la relación con los trabajadores como algo fundamental en la vida del empresariado. Yo diría que más que fundamental es algo vital, o sea, no existe el desarrollo de la empresa desde el punto de vista que analiza CAME si no es con los trabajadores de nuestro lado y conduciendo juntos a nuestras empresas.
Por eso, a partir de la postura institucional de CAME respecto de este proyecto, hemos tomado definitivamente en serio el tema y trabajado largamente. Vamos a entregar a los señores diputados copias -quienes conformamos la representación de CAME vamos a ser muy breves- de una presentación que en el día de hoy haremos en la Mesa de Entradas de esta Cámara respecto de un proyecto de nuestra entidad referido a la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas. Esta iniciativa no ha sido presentada, sino que lo vamos a hacer luego de esta reunión. Por respeto a los miembros de la comisión hemos decidido hacerlo de esa manera.
En nuestro proyecto rescatamos algunos elementos esenciales que, si me permiten, voy a compartir brevemente con ustedes. En primer término queremos destacar lo fundamental de las iniciativas enunciadas y presentadas respecto de lo establecido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, muy conocido por todos.
Pero a partir del impacto institucional y de la repercusión que esta iniciativa genero en diferentes ámbitos en CAME nos dedicamos a estudiar cuál es la realidad de otros países de América latina. Seguramente muchos señores diputados y representantes de otras entidades ya lo han hecho. No obstante, nos vamos a permitir compartir con ustedes algunos conceptos.
En ese sentido revisamos cómo es la realidad en México, Chile, Perú y Venezuela. Todo esto está indicado en el proyecto que estamos entregando. Hasta que encontramos el sistema que rige en Brasil, que a nuestro juicio, respetando el espíritu de la iniciativa, es el que más podríamos adaptar a nuestra realidad.
Quiero recordar algo que usted recién mencionó en cuanto a las fechas de las reuniones previas y los acontecimientos institucionales que alteraron ese ciclo. Pero también deseo señalar que antes de esos momentos que vivió nuestro país hubo otra reunión convocada donde estos proyectos generaron tal repercusión en el ámbito de CAME que rápidamente habíamos confirmado nuestra presencia. Inclusive, unos días antes también el presidente de nuestra entidad, el señor Osvaldo Cornide, en unas declaraciones muy difundidas por los medios de comunicaciones manifestó a grandes rasgos la opinión institucional de CAME respecto de los tres proyectos presentados.
Entonces, claramente nos parece que eso vale como resumen acerca de la opinión institucional de nuestra entidad en relación con esos proyectos.
CAME es una entidad que nuclea a 1.371 cámaras cuya ubicación se extiende desde Ushuaia hasta el norte de nuestro país. Observo que se encuentran presentes diputados de las provincias de Santa Fe, de Entre Ríos, de Buenos Aires y de Chubut; no sé si me estoy olvidando de alguna que no alcancé a detectar. Puntualmente, tomando como ejemplo esas provincias, el conocimiento que seguramente tienen esos legisladores acerca de las cámaras de cada lugar demuestra cuál es el perfil empresario que conforma nuestra entidad.
Consideramos que se es empresario las 24 horas del día durante los 365 días del año. Es una tarea apasionante en la que nuestra relación con los trabajadores resulta fundamental para llevar adelante estos emprendimientos. Esto no es ninguna novedad.
La postura ideológica de CAME cada vez que se discute una cuestión de esta índole o cada vez que nuestra entidad participa de la negociación paritaria nacional está demostrada a través de su vocación de contener y entender la relación con los trabajadores como algo fundamental en la vida del empresariado. Yo diría que más que fundamental es algo vital, o sea, no existe el desarrollo de la empresa desde el punto de vista que analiza CAME si no es con los trabajadores de nuestro lado y conduciendo juntos a nuestras empresas.
Por eso, a partir de la postura institucional de CAME respecto de este proyecto, hemos tomado definitivamente en serio el tema y trabajado largamente. Vamos a entregar a los señores diputados copias -quienes conformamos la representación de CAME vamos a ser muy breves- de una presentación que en el día de hoy haremos en la Mesa de Entradas de esta Cámara respecto de un proyecto de nuestra entidad referido a la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas. Esta iniciativa no ha sido presentada, sino que lo vamos a hacer luego de esta reunión. Por respeto a los miembros de la comisión hemos decidido hacerlo de esa manera.
En nuestro proyecto rescatamos algunos elementos esenciales que, si me permiten, voy a compartir brevemente con ustedes. En primer término queremos destacar lo fundamental de las iniciativas enunciadas y presentadas respecto de lo establecido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, muy conocido por todos.
Pero a partir del impacto institucional y de la repercusión que esta iniciativa genero en diferentes ámbitos en CAME nos dedicamos a estudiar cuál es la realidad de otros países de América latina. Seguramente muchos señores diputados y representantes de otras entidades ya lo han hecho. No obstante, nos vamos a permitir compartir con ustedes algunos conceptos.
En ese sentido revisamos cómo es la realidad en México, Chile, Perú y Venezuela. Todo esto está indicado en el proyecto que estamos entregando. Hasta que encontramos el sistema que rige en Brasil, que a nuestro juicio, respetando el espíritu de la iniciativa, es el que más podríamos adaptar a nuestra realidad.
SR. PRESIDENTE RECALDE Veo que en el artículo 9° ustedes consideran sumas no remunerativas.
SR. BERECIARTÚA Exactamente. Nos pareció importante enmarcar dicho artículo -que surgió bastante en la presentación de hoy, más allá de todas las preocupaciones o repercusiones que genera ese tipo de menciones- en ese sentido.
Cuando ahondamos en la realidad de Brasil encontramos que se hacía en el marco de la negociación colectiva por actividad y por empresa, donde nos parece que la Argentina tiene mucho para ofrecer y defender en ese sentido. Usted, señor presidente, fue recién muy firme, cada vez que se tocó el tema de la negociación colectiva, en plantear una postura dura al respecto, diciendo que a lo mejor no hacía falta y que con un sólo artículo se podía resolver.
Cuando ahondamos en la realidad de Brasil encontramos que se hacía en el marco de la negociación colectiva por actividad y por empresa, donde nos parece que la Argentina tiene mucho para ofrecer y defender en ese sentido. Usted, señor presidente, fue recién muy firme, cada vez que se tocó el tema de la negociación colectiva, en plantear una postura dura al respecto, diciendo que a lo mejor no hacía falta y que con un sólo artículo se podía resolver.
SR. PRESIDENTE RECALDE No es dura, es distinta.
SR. BERECIARTÚA Aquí nosotros tenemos una serie de explicaciones acerca de que nos parece defendible que este tema se lleve a la paritaria.
SR. PRESIDENTE RECALDE ¿Hicieron un análisis de cuántos convenios colectivos, de los 1.500 que hay, tienen previsto el sistema de participación en las ganancias de las empresas que nació en 1957?
SR. BERECIARTÚA No, porque estamos hablando de una situación...
SR. PRESIDENTE RECALDE Yo creo que son tres. Pero bueno, basta ver un poco el mapa de la realidad.
SR. BERECIARTÚA Nosotros proponemos, a partir de la obligatoriedad que se generaría con esta legislación, que se incorpore a los convenios colectivos.
Decíamos que revisamos la realidad latinoamericana. Y luego abundamos también en información acerca de cómo el Consejo de Comunidades Europeas sobre Participación de los Trabajadores en los Resultados de las Empresas enunció, a partir de julio de 1992, una serie de recomendaciones respecto de las cuales quiero destacar dos en forma especial.
El punto "A" de las recomendaciones dice que determinados estudios y ejemplos concretos demuestran que la participación financiera de los trabajadores, si se aplica correctamente, no sólo incrementa la productividad, la competitividad y la rentabilidad de las empresas, sino que al mismo tiempo puede alentar la participación de los trabajadores, mejorar la calidad del empleo y contribuir a la mayor cohesión social.
Decíamos que revisamos la realidad latinoamericana. Y luego abundamos también en información acerca de cómo el Consejo de Comunidades Europeas sobre Participación de los Trabajadores en los Resultados de las Empresas enunció, a partir de julio de 1992, una serie de recomendaciones respecto de las cuales quiero destacar dos en forma especial.
El punto "A" de las recomendaciones dice que determinados estudios y ejemplos concretos demuestran que la participación financiera de los trabajadores, si se aplica correctamente, no sólo incrementa la productividad, la competitividad y la rentabilidad de las empresas, sino que al mismo tiempo puede alentar la participación de los trabajadores, mejorar la calidad del empleo y contribuir a la mayor cohesión social.
SR. PRESIDENTE RECALDE Ahí tendríamos un proyecto a favor de las empresas.
SR. BERECIARTÚA Exactamente. Pero las mismas recomendaciones también subrayan que la pymes se enfrentan a especiales dificultades para aplicar el sistema de participación de los trabajadores.
SR. PRESIDENTE RECALDE Claro, por eso distinguimos a las pymes en el proyecto.
SR. BERECIARTÚA Lo que pasa, señor presidente, es que la distinción de las pymes, tiene algunas consideraciones que a los miembros de CAME nos generan algunas preocupaciones que vamos a ampliar.
También, resumiendo, nos parece muy importante no solamente la negociación colectiva entre los empresarios y los trabajadores como un eje fundamental en el debate a partir de una obligatoriedad en la discusión de la distribución de las ganancias, sino también algunas excepciones puntuales que también estamos enunciando en el proyecto. En primer término, es importante que esté especialmente exceptuado todo aquello que consideramos ligado a los monotributistas y las microempresas.
También coincidimos en algunos puntos -y lo estamos enunciando en nuestro proyecto- acerca de las empresas de nueva creación en los primeros tres años de funcionamiento, de las que generan la fabricación de un nuevo producto o la prestación de un nuevo servicio y también de algunas organizaciones civiles, suministrando una lista de excepciones en ese sentido.
Es aquí cuando aparece el artículo 9°, donde planteamos que deben ser consideradas sumas no remunerativas.
Finalmente, para cerrar esta presentación -que luego será ampliada por la delegación de CAME que me acompaña-, reitero que el espíritu fundamental de los tres proyectos en tratamiento coincide plenamente con la mirada mercadointernista de las pymes en la Argentina. En este sentido, no hay discusión alguna. De todas maneras, entendemos que deberían incorporar algunas de las correcciones que propone nuestro proyecto.
También, resumiendo, nos parece muy importante no solamente la negociación colectiva entre los empresarios y los trabajadores como un eje fundamental en el debate a partir de una obligatoriedad en la discusión de la distribución de las ganancias, sino también algunas excepciones puntuales que también estamos enunciando en el proyecto. En primer término, es importante que esté especialmente exceptuado todo aquello que consideramos ligado a los monotributistas y las microempresas.
También coincidimos en algunos puntos -y lo estamos enunciando en nuestro proyecto- acerca de las empresas de nueva creación en los primeros tres años de funcionamiento, de las que generan la fabricación de un nuevo producto o la prestación de un nuevo servicio y también de algunas organizaciones civiles, suministrando una lista de excepciones en ese sentido.
Es aquí cuando aparece el artículo 9°, donde planteamos que deben ser consideradas sumas no remunerativas.
Finalmente, para cerrar esta presentación -que luego será ampliada por la delegación de CAME que me acompaña-, reitero que el espíritu fundamental de los tres proyectos en tratamiento coincide plenamente con la mirada mercadointernista de las pymes en la Argentina. En este sentido, no hay discusión alguna. De todas maneras, entendemos que deberían incorporar algunas de las correcciones que propone nuestro proyecto.
SR. PRESIDENTE RECALDE Tiene la palabra el señor diputado Pais.
SR. PAIS Señor presidente: como se está labrando versión taquigráfica, es importante que seamos precisos en la terminología utilizada. Por eso pido su anuencia, señor presidente, para hacer una corrección.
La representación de CAME ha hecho un aporte y así lo tomamos, porque definitivamente no es un proyecto de ley y paso a explicar por qué.
Conforme con la Constitución Nacional, sólo pueden presentar proyectos de ley los 257 diputados, los 72 senadores y el presidente de la Nación. Ni siquiera el vicepresidente de la Nación o los ministros pueden hacerlo. Además, existe el mecanismo de la iniciativa popular.
Tomamos la propuesta de CAME como un verdadero aporte que incorporaremos al estudio de los asesores; entonces, sería bueno que en la versión taquigráfica quede registrada esa precisión.
La representación de CAME ha hecho un aporte y así lo tomamos, porque definitivamente no es un proyecto de ley y paso a explicar por qué.
Conforme con la Constitución Nacional, sólo pueden presentar proyectos de ley los 257 diputados, los 72 senadores y el presidente de la Nación. Ni siquiera el vicepresidente de la Nación o los ministros pueden hacerlo. Además, existe el mecanismo de la iniciativa popular.
Tomamos la propuesta de CAME como un verdadero aporte que incorporaremos al estudio de los asesores; entonces, sería bueno que en la versión taquigráfica quede registrada esa precisión.
SR. PRESIDENTE RECALDE Tiene la palabra el señor Lourenzo.
SR. LOURENZO Señor presidente: en el transcurso de la reunión se ha reiterado el concepto de los trescientos empleados, que surge del artículo 31 del proyecto.
En nuestro aporte que hemos presentado, colocamos claramente dentro de las exenciones a la micro y pequeña empresa, tal como las define la ley 25.300. El concepto de los trescientos empleados rige para el primer año; luego, la propia ley dispone una reducción a cien empleados. Finalmente a partir del tercer año de vigencia de la norma, se faculta al Consejo a determinar la cantidad mínima.
Entre otras apreciaciones que después harán mis colegas, se encuentra nuestra pretensión de que la exención a la micro y pequeña empresa esté dentro del texto de la ley, es decir, que no sea una facultad del Consejo.
En nuestro aporte que hemos presentado, colocamos claramente dentro de las exenciones a la micro y pequeña empresa, tal como las define la ley 25.300. El concepto de los trescientos empleados rige para el primer año; luego, la propia ley dispone una reducción a cien empleados. Finalmente a partir del tercer año de vigencia de la norma, se faculta al Consejo a determinar la cantidad mínima.
Entre otras apreciaciones que después harán mis colegas, se encuentra nuestra pretensión de que la exención a la micro y pequeña empresa esté dentro del texto de la ley, es decir, que no sea una facultad del Consejo.
SR. PRESIDENTE RECALDE Disculpe mi interrupción, pero eso sería contradictorio con el eje que están manejando, porque el convenio colectivo no hace distinciones; es válido para una rama de actividad, para una empresa, un oficio o una profesión.
El aporte es útil en el esquema de nuestro proyecto. Me parece importante dejarlo en claro porque, como dijo el señor diputado Pais, se está labrando versión taquigráfica.
El aporte es útil en el esquema de nuestro proyecto. Me parece importante dejarlo en claro porque, como dijo el señor diputado Pais, se está labrando versión taquigráfica.
SR. LOURENZO Nosotros nos basamos en la obligatoriedad.
Otra cuestión, ya mencionada por los colegas de ADIMRA, se refiere a basar el sistema de cálculo para la distribución de las ganancias en la forma como se liquida el impuesto.
La legislación tributaria, por las distintas deformaciones que tuvo, se transformó en altamente inequitativa. Incluso, en algunos casos hasta la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación está poniendo en orden las cosas. Por ejemplo, hay un fallo reciente respecto del ajuste por inflación...
Otra cuestión, ya mencionada por los colegas de ADIMRA, se refiere a basar el sistema de cálculo para la distribución de las ganancias en la forma como se liquida el impuesto.
La legislación tributaria, por las distintas deformaciones que tuvo, se transformó en altamente inequitativa. Incluso, en algunos casos hasta la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación está poniendo en orden las cosas. Por ejemplo, hay un fallo reciente respecto del ajuste por inflación...
SR. PRESIDENTE RECALDE Hay dos fallos.
SR. LOURENZO Así es.
Creo que entre todos -legisladores, empresarios y trabajadores- debemos trabajar en un modelo de distribución; pero no en el del impuesto a las ganancias, que muchas veces resulta ser claramente inequitativo no sólo para los trabajadores sino también para los empresarios.
La solicitud de CAME, según la propuesta que hemos presentado, es que no nos basemos en algo que de por sí es tan inequitativo. Trabajemos en una nueva concepción respecto de la forma de distribución.
Creo que entre todos -legisladores, empresarios y trabajadores- debemos trabajar en un modelo de distribución; pero no en el del impuesto a las ganancias, que muchas veces resulta ser claramente inequitativo no sólo para los trabajadores sino también para los empresarios.
La solicitud de CAME, según la propuesta que hemos presentado, es que no nos basemos en algo que de por sí es tan inequitativo. Trabajemos en una nueva concepción respecto de la forma de distribución.
SR. PRESIDENTE RECALDE Tiene la palabra el señor Matilla.
SR. MATILLA Señor presidente: trataré de ser muy breve y exponer en qué consiste básicamente nuestro proyecto.
En primer lugar, genera la obligación de negociar sobre el tema. Luego, para el caso de que la negociación no arroje un resultado, se establece un mecanismo de laudo arbitral con una autoridad de aplicación, que determinará en cada sector -es decir, en cada ámbito de convenio colectivo- de qué forma tendrá lugar la participación en las ganancias o en el resultado de la empresa.
Hay dos posibilidades: que haya participación en las ganancias, lo que se determinaría en virtud de la legislación impositiva vigente, o que haya participación en los resultados, lo que sería producto de la aplicación de ciertos criterios a fin de que se pueda lograr el objetivo preestablecido.
La norma establece qué elementos debe contemplar el acuerdo para que la participación sea realmente efectiva y existan mecanismos de control. Asimismo, fija una serie de excepciones. Además, lo que para nosotros es más importante, como bien dijo el señor presidente, diputado Recalde, solamente tres proyectos contemplan la participación en las ganancias. Estamos convencidos de que es el sistema más adecuado para que los trabajadores puedan participar en las ganancias de las empresas, puesto que considera las particularidades, necesidades y diferentes alternativas de cada sector. Incluso el momento en que debería efectuarse la distribución, ya que cada sector tiene su propio círculo productivo. Esto es importante, porque tal vez puede redundar en una mayor participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas.
Como dije antes, establecemos la obligatoriedad de que haya solución, ya sea en la misma negociación, en el mismo convenio colectivo o bien en el marco de un laudo arbitral por la autoridad de aplicación.
En primer lugar, genera la obligación de negociar sobre el tema. Luego, para el caso de que la negociación no arroje un resultado, se establece un mecanismo de laudo arbitral con una autoridad de aplicación, que determinará en cada sector -es decir, en cada ámbito de convenio colectivo- de qué forma tendrá lugar la participación en las ganancias o en el resultado de la empresa.
Hay dos posibilidades: que haya participación en las ganancias, lo que se determinaría en virtud de la legislación impositiva vigente, o que haya participación en los resultados, lo que sería producto de la aplicación de ciertos criterios a fin de que se pueda lograr el objetivo preestablecido.
La norma establece qué elementos debe contemplar el acuerdo para que la participación sea realmente efectiva y existan mecanismos de control. Asimismo, fija una serie de excepciones. Además, lo que para nosotros es más importante, como bien dijo el señor presidente, diputado Recalde, solamente tres proyectos contemplan la participación en las ganancias. Estamos convencidos de que es el sistema más adecuado para que los trabajadores puedan participar en las ganancias de las empresas, puesto que considera las particularidades, necesidades y diferentes alternativas de cada sector. Incluso el momento en que debería efectuarse la distribución, ya que cada sector tiene su propio círculo productivo. Esto es importante, porque tal vez puede redundar en una mayor participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas.
Como dije antes, establecemos la obligatoriedad de que haya solución, ya sea en la misma negociación, en el mismo convenio colectivo o bien en el marco de un laudo arbitral por la autoridad de aplicación.
SR. PRESIDENTE RECALDE Antes de conceder el uso de la palabra el señor diputado Macaluse, coautor de unos de los proyectos de ley, quiero decir que hay iniciativas que perdieron estado parlamentario. Una de ellas fue elaborada, por ejemplo, por el bloque del Partido Socialista.
Otra, a mi entender muy importante, fue presentada en 1987 por el senador -mandato cumplido- Hipólito Solari Yrigoyen, quien luego la reprodujo en 1994. He querido mencionarlo por respeto intelectual hacia otros proyectos.
Tiene la palabra el señor diputado Macaluse.
Otra, a mi entender muy importante, fue presentada en 1987 por el senador -mandato cumplido- Hipólito Solari Yrigoyen, quien luego la reprodujo en 1994. He querido mencionarlo por respeto intelectual hacia otros proyectos.
Tiene la palabra el señor diputado Macaluse.
SR. MACALUSE Señor presidente: quiero hacer algunas aclaraciones.
En primer lugar, que el martes es un día difícil para los diputados porque las reuniones de comisión se superponen. Por eso verán que a veces salimos de la sala y luego volvemos a entrar. No es desinterés; lo que ocurre es que vamos a otras reuniones, donde también recibimos invitados. Debido a esa situación y porque el tema nos interesa mucho, nuestros asesores toman nota.
Hace instantes escuché decir al representante de una de las organizaciones que se sentía como si le estuviésemos tomando examen. Para nosotros es muy importante todo el aporte que puedan hacer; estamos convencidos de la necesidad de sancionar una ley, pero queremos que sea una buena ley.
Todos los proyectos son perfectibles. Por eso nos parece importante trabajar con las organizaciones que hoy nos visitan y también con los representantes de los trabajadores, que vendrán la semana próxima.
La idea es generar una legislación de Estado, es decir, que más allá de las fronteras partidarias los diputados podamos llegar a un acuerdo luego de haber conversado mucho con los distintos sectores.
Por otro lado, quiero aclarar que en nuestro proyecto todavía no incluimos a las pymes porque entendemos que merecen un análisis aparte. Muchas de ellas comenzaron a asomar la cabeza en los últimos años; entonces, debemos estudiar pormenorizadamente si tienen o no suficiente espalda.
De todas formas, si bien en algún momento -como bien dijeron algunos oradores, entre ellos el señor dos Reis, con quien concuerdo- este derecho constitucional tendrá que hacerse extensivo al conjunto de los trabajadores, pienso que el tema de las pymes merece un análisis pormenorizado y cuidadoso.
Estaremos atentos, junto con los asesores, al desarrollo de este debate. Como podrán ver, nos están llamando para asistir a otras reuniones; tendremos que entrar y salir de esta sala de reunión, pero continuamos atentos a los aportes que puedan realizar.
Agradezco a todos por haber venido a esta reunión.
En primer lugar, que el martes es un día difícil para los diputados porque las reuniones de comisión se superponen. Por eso verán que a veces salimos de la sala y luego volvemos a entrar. No es desinterés; lo que ocurre es que vamos a otras reuniones, donde también recibimos invitados. Debido a esa situación y porque el tema nos interesa mucho, nuestros asesores toman nota.
Hace instantes escuché decir al representante de una de las organizaciones que se sentía como si le estuviésemos tomando examen. Para nosotros es muy importante todo el aporte que puedan hacer; estamos convencidos de la necesidad de sancionar una ley, pero queremos que sea una buena ley.
Todos los proyectos son perfectibles. Por eso nos parece importante trabajar con las organizaciones que hoy nos visitan y también con los representantes de los trabajadores, que vendrán la semana próxima.
La idea es generar una legislación de Estado, es decir, que más allá de las fronteras partidarias los diputados podamos llegar a un acuerdo luego de haber conversado mucho con los distintos sectores.
Por otro lado, quiero aclarar que en nuestro proyecto todavía no incluimos a las pymes porque entendemos que merecen un análisis aparte. Muchas de ellas comenzaron a asomar la cabeza en los últimos años; entonces, debemos estudiar pormenorizadamente si tienen o no suficiente espalda.
De todas formas, si bien en algún momento -como bien dijeron algunos oradores, entre ellos el señor dos Reis, con quien concuerdo- este derecho constitucional tendrá que hacerse extensivo al conjunto de los trabajadores, pienso que el tema de las pymes merece un análisis pormenorizado y cuidadoso.
Estaremos atentos, junto con los asesores, al desarrollo de este debate. Como podrán ver, nos están llamando para asistir a otras reuniones; tendremos que entrar y salir de esta sala de reunión, pero continuamos atentos a los aportes que puedan realizar.
Agradezco a todos por haber venido a esta reunión.
SR. PRESIDENTE RECALDE Tiene la palabra el señor representante de la Cámara Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa (CAPYME), doctor Rubén Mainardi.
SR. MAINARDI Señor presidente: en mi carácter de asesor de CAPYME y en nombre del presidente de nuestra entidad, contador Alberto Brunatti, que no ha podido asistir a esta reunión, quiero agradecer la invitación que nos ha hecho esta comisión.
En general estamos de acuerdo con lo que establece el proyecto en consideración. Posteriormente nos gustaría saber algunas cosas respecto de algunos temas puntuales. Si bien nuestra cámara representa a un universo de empresas que son pequeñas, ya sea monotributistas, emprendedores o empresas familiares que en esta primera etapa no están alcanzadas, nos gustaría después profundizar un poco cuál va a ser el punto a partir del cual lo estarían. Tenemos claro que en el país hoy en día hay muchos emprendimientos o pequeñas empresas que luego de un determinado tiempo tienen una explosión en sus ventas, es decir, una explosión comercial, que inclusive pueden llegar a ser exportadoras. A partir de ese momento se puede llegar a producir la inclusión como empresa que está sujeta al régimen de distribución de las ganancias entre los empleados.
De manera tal que esta es la inquietud que queremos dejar planteada. Y en general estamos de acuerdo con los puntos previstos en el proyecto.
En general estamos de acuerdo con lo que establece el proyecto en consideración. Posteriormente nos gustaría saber algunas cosas respecto de algunos temas puntuales. Si bien nuestra cámara representa a un universo de empresas que son pequeñas, ya sea monotributistas, emprendedores o empresas familiares que en esta primera etapa no están alcanzadas, nos gustaría después profundizar un poco cuál va a ser el punto a partir del cual lo estarían. Tenemos claro que en el país hoy en día hay muchos emprendimientos o pequeñas empresas que luego de un determinado tiempo tienen una explosión en sus ventas, es decir, una explosión comercial, que inclusive pueden llegar a ser exportadoras. A partir de ese momento se puede llegar a producir la inclusión como empresa que está sujeta al régimen de distribución de las ganancias entre los empleados.
De manera tal que esta es la inquietud que queremos dejar planteada. Y en general estamos de acuerdo con los puntos previstos en el proyecto.
SR. PRESIDENTE RECALDE Tiene la palabra el representante de la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN), señor Edgardo Caracotche.
SR. CARACOTCHE Señor presidente: deseo expresar mi agradecimiento a la comisión por la invitación que nos han hecho.
Queremos hacer algunas apreciaciones de carácter general que nos parecen atinadas, aunque quizás sean redundantes porque seguramente ya fueron expresadas por los representantes de otras entidades. Pero todo lo que está establecido en la Constitución Nacional es para ser aplicado. De hecho, estamos hablando del año 1957, es decir, de un tiempo en el que había proscripciones políticas. Así que me parece que el hecho de que hoy los proscriptos, entre otros, estén proponiendo la puesta en práctica de esto es algo muy saludable. Pero han pasado prácticamente 50 años y esperemos que no pasen otros tantos para que la Argentina empiece a retomar el camino que debió haber tenido siempre. Hoy tenemos una plataforma gracias a los hechos ocurridos en los últimos años, a las políticas fijadas y a la gran convicción para que podamos estar tratando este problema.
La experiencia internacional, a partir de la lectura que uno hace como empresario y no como abogado, jurista o economista, es lo que podemos estar expresando, más allá de algunas diferencias jurídicas que seguramente serán planteadas oportunamente por quienes son responsables de esto. Confiamos en que no va a ir en contra del capital nacional, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la Argentina necesita la instrumentación de un proceso de industrialización del capital nacional, que ha sido devastado durante muchos años y que hoy está en una condición posible de reconstitución a través de un proceso de industrialización, que es el único que puede determinar y hacer factible la inclusión social. Si así no fuera, vamos a seguir con los índices que, si bien han mejorado desde 2003 hasta hoy, deben hacerlo aún más.
Este es el desafío dentro del cual está este proyecto, que de acuerdo con lo que indican las experiencias de los distintos países ha dado beneficios a las empresas. Pero evidentemente todas las legislaciones tienen que ser adecuadas in situ a las particularidades de cada sociedad. Esto es así porque somos diferentes, es decir, tenemos una diversidad que merece ser tenida en cuenta. Por eso los conceptos pueden ser tomados en consideración y quizás la copia no sea algo bueno.
El hecho de ir hacia la universalización de los derechos en todos los órdenes es un indicador importante en el inicio de una sociedad que quiere ser más justa.
Entonces, me parece que no solamente se involucra el tema de las ganancias, sino también todos aquellos que hasta hoy, a partir de la cuestión de los derechos humanos, ha significado este criterio de universalización y reconocimiento de los derechos a partir de una plataforma que se ha logrado en estos últimos años. Si no imaginemos -esto no lo debemos olvidar- lo que ocurrió en la Argentina. Con una foto alcanza, pero si ponemos la película del año 1998, cuando se inició la tremenda recesión que sufrimos en la Argentina -que fue producto de todo ese desbarajuste neoliberal de desindustrializacion y desempleo, entre otras cosas-, transitamos los años 1999 y 2000 y llegamos hasta 2003 veremos toda la secuencia que hemos atravesado entre neoliberalismo y catástrofe nacional.
Hay una tenaz decisión política de seguir en un rumbo determinado que creemos que es el correcto y que por supuesto merece correcciones, ser profundizado, ser participativo y todo este tipo de cuestiones que debemos llevar adelante para que en conjunto los sectores empresario y de los trabajadores constituyan un modelo o formato participativo. Así lo entendemos nosotros en la CEEN y en todas las entidades que la conforman. De hecho, lo venimos haciendo de esta manera desde fines del año pasado, en una mesa en la que nos reunimos los trabajadores, los empresarios y las centrales de trabajadores, es decir, la CGT Y LA CTA. Nos parece que esa ese es el ámbito normal o habitual de discusión de este y de cualquier otro proyecto a los efectos de que haya beneficios de partes y no una puja indiscriminada entre los sectores partícipes.
Esto nos lleva a pensar que la ley debe abordar el marco sobre el cual trabajar en la participación en las ganancias y/o en los resultados que hubiere como decisión conceptual. Y dejar en manos de la reglamentación aspectos respecto de los cuales seguramente el paso del tiempo irá determinando la necesidad de ir introduciendo modificaciones para su consolidación.
Entonces, nos parece muy importante delimitar esos dos espacios, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas -me estoy refiriendo estrictamente al capital nacional en cuanto al ciento por ciento de las pequeñas empresas con una clara participación de capital transnacional-, a fin de que podamos encontrar el rumbo y también considerar temas que van de la mano de la participación en las ganancias. Cuando hablamos de esto nos referimos a la fijación de políticas mucho más severas aún en favor del mercado interno, dado que la crisis internacional todavía no está resuelta y van a pasar unos cuantos años hasta que ello ocurra.
Pero lo que ya está resuelto -y seguramente uno prejuiciosamente dirá que ya lo estaba antes de la propia crisis- es cómo trasladar la deuda de los países centrales a los países emergentes. En ese sentido Latinoamérica, el Cono Sur, visto desde los países centrales, está en condiciones excepcionales para apropiarse de la renta que van generando a través de sus propias políticas, esfuerzo y acción comunitaria entre las distintas naciones, integrándose en la producción, el intercambio comercial, el desarrollo político, las coberturas y demás, que han sido una buena muestra de una nueva forma en este tiempo.
En cuanto a las observaciones, creemos que las normas impositivas -como se planteó anteriormente- son las que hay que cuidar. Debemos trabajar sobre las buenas prácticas vinculadas con la manufactura, las relaciones laborales, el sentido común, la convivencia, la modernización y el ascenso social de los partícipes de todo esto: los trabajadores y los empresarios.
Por otro lado, no puedo dejar de hablar del trabajo informal ni de las delaciones vinculadas con él. Si en todos estos años se bajó de un 40 por ciento a un 36 por ciento, significa -esto es para algunos que hablan de perversidad empresaria- que hay un serio problema estructural que debe ser resuelto. No miremos los resultados sino la génesis de la cuestión y entendamos que el tema merece ser analizado en profundidad.
El hecho de que la norma prevea la presentación de denuncias sobre trabajo no registrado, nos da la pauta de que hay que tratar esta situación de manera muy particular para evitar que se transforme en litigiosa. Es preciso que siga un camino viable, posible, no invasivo y no litigioso, para que redunde en beneficio de las partes.
Reitero que el tema del trabajo informal es muy importante fundamentalmente en el sector de las pymes, no porque en las grandes empresas no lo haya sino porque en ellas el trabajo en negro está tercerizado.
Es aquí donde entramos a otra cuestión que incluso se ha instalado en el propio Estado.
Queremos hacer algunas apreciaciones de carácter general que nos parecen atinadas, aunque quizás sean redundantes porque seguramente ya fueron expresadas por los representantes de otras entidades. Pero todo lo que está establecido en la Constitución Nacional es para ser aplicado. De hecho, estamos hablando del año 1957, es decir, de un tiempo en el que había proscripciones políticas. Así que me parece que el hecho de que hoy los proscriptos, entre otros, estén proponiendo la puesta en práctica de esto es algo muy saludable. Pero han pasado prácticamente 50 años y esperemos que no pasen otros tantos para que la Argentina empiece a retomar el camino que debió haber tenido siempre. Hoy tenemos una plataforma gracias a los hechos ocurridos en los últimos años, a las políticas fijadas y a la gran convicción para que podamos estar tratando este problema.
La experiencia internacional, a partir de la lectura que uno hace como empresario y no como abogado, jurista o economista, es lo que podemos estar expresando, más allá de algunas diferencias jurídicas que seguramente serán planteadas oportunamente por quienes son responsables de esto. Confiamos en que no va a ir en contra del capital nacional, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la Argentina necesita la instrumentación de un proceso de industrialización del capital nacional, que ha sido devastado durante muchos años y que hoy está en una condición posible de reconstitución a través de un proceso de industrialización, que es el único que puede determinar y hacer factible la inclusión social. Si así no fuera, vamos a seguir con los índices que, si bien han mejorado desde 2003 hasta hoy, deben hacerlo aún más.
Este es el desafío dentro del cual está este proyecto, que de acuerdo con lo que indican las experiencias de los distintos países ha dado beneficios a las empresas. Pero evidentemente todas las legislaciones tienen que ser adecuadas in situ a las particularidades de cada sociedad. Esto es así porque somos diferentes, es decir, tenemos una diversidad que merece ser tenida en cuenta. Por eso los conceptos pueden ser tomados en consideración y quizás la copia no sea algo bueno.
El hecho de ir hacia la universalización de los derechos en todos los órdenes es un indicador importante en el inicio de una sociedad que quiere ser más justa.
Entonces, me parece que no solamente se involucra el tema de las ganancias, sino también todos aquellos que hasta hoy, a partir de la cuestión de los derechos humanos, ha significado este criterio de universalización y reconocimiento de los derechos a partir de una plataforma que se ha logrado en estos últimos años. Si no imaginemos -esto no lo debemos olvidar- lo que ocurrió en la Argentina. Con una foto alcanza, pero si ponemos la película del año 1998, cuando se inició la tremenda recesión que sufrimos en la Argentina -que fue producto de todo ese desbarajuste neoliberal de desindustrializacion y desempleo, entre otras cosas-, transitamos los años 1999 y 2000 y llegamos hasta 2003 veremos toda la secuencia que hemos atravesado entre neoliberalismo y catástrofe nacional.
Hay una tenaz decisión política de seguir en un rumbo determinado que creemos que es el correcto y que por supuesto merece correcciones, ser profundizado, ser participativo y todo este tipo de cuestiones que debemos llevar adelante para que en conjunto los sectores empresario y de los trabajadores constituyan un modelo o formato participativo. Así lo entendemos nosotros en la CEEN y en todas las entidades que la conforman. De hecho, lo venimos haciendo de esta manera desde fines del año pasado, en una mesa en la que nos reunimos los trabajadores, los empresarios y las centrales de trabajadores, es decir, la CGT Y LA CTA. Nos parece que esa ese es el ámbito normal o habitual de discusión de este y de cualquier otro proyecto a los efectos de que haya beneficios de partes y no una puja indiscriminada entre los sectores partícipes.
Esto nos lleva a pensar que la ley debe abordar el marco sobre el cual trabajar en la participación en las ganancias y/o en los resultados que hubiere como decisión conceptual. Y dejar en manos de la reglamentación aspectos respecto de los cuales seguramente el paso del tiempo irá determinando la necesidad de ir introduciendo modificaciones para su consolidación.
Entonces, nos parece muy importante delimitar esos dos espacios, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas -me estoy refiriendo estrictamente al capital nacional en cuanto al ciento por ciento de las pequeñas empresas con una clara participación de capital transnacional-, a fin de que podamos encontrar el rumbo y también considerar temas que van de la mano de la participación en las ganancias. Cuando hablamos de esto nos referimos a la fijación de políticas mucho más severas aún en favor del mercado interno, dado que la crisis internacional todavía no está resuelta y van a pasar unos cuantos años hasta que ello ocurra.
Pero lo que ya está resuelto -y seguramente uno prejuiciosamente dirá que ya lo estaba antes de la propia crisis- es cómo trasladar la deuda de los países centrales a los países emergentes. En ese sentido Latinoamérica, el Cono Sur, visto desde los países centrales, está en condiciones excepcionales para apropiarse de la renta que van generando a través de sus propias políticas, esfuerzo y acción comunitaria entre las distintas naciones, integrándose en la producción, el intercambio comercial, el desarrollo político, las coberturas y demás, que han sido una buena muestra de una nueva forma en este tiempo.
En cuanto a las observaciones, creemos que las normas impositivas -como se planteó anteriormente- son las que hay que cuidar. Debemos trabajar sobre las buenas prácticas vinculadas con la manufactura, las relaciones laborales, el sentido común, la convivencia, la modernización y el ascenso social de los partícipes de todo esto: los trabajadores y los empresarios.
Por otro lado, no puedo dejar de hablar del trabajo informal ni de las delaciones vinculadas con él. Si en todos estos años se bajó de un 40 por ciento a un 36 por ciento, significa -esto es para algunos que hablan de perversidad empresaria- que hay un serio problema estructural que debe ser resuelto. No miremos los resultados sino la génesis de la cuestión y entendamos que el tema merece ser analizado en profundidad.
El hecho de que la norma prevea la presentación de denuncias sobre trabajo no registrado, nos da la pauta de que hay que tratar esta situación de manera muy particular para evitar que se transforme en litigiosa. Es preciso que siga un camino viable, posible, no invasivo y no litigioso, para que redunde en beneficio de las partes.
Reitero que el tema del trabajo informal es muy importante fundamentalmente en el sector de las pymes, no porque en las grandes empresas no lo haya sino porque en ellas el trabajo en negro está tercerizado.
Es aquí donde entramos a otra cuestión que incluso se ha instalado en el propio Estado.
SR. PRESIDENTE RECALDE Continúa en el próximo episodio la tercerización.
SR. CARACOTCHE Como decía, la participación de las empresas viene con un lastre de déficit fiscal -resultado de años de arrastre en algunos casos, o de las dificultades experimentadas durante los años 2008 y 2009, en otros- que debe ser resuelto. Sin financiamiento, hay un problema con el capital de trabajo tanto en la pequeña como en la mediana empresa.
Si bien esto es muy obvio, no quiero dejar de repetirlo. A nuestro juicio, es imperioso poner en práctica el proyecto estratégico de industrialización al que hacemos referencia, por supuesto con participación regional.
En lo que respecta al mercado interno, en un marco de crisis y considerando aquellas que habrá en el futuro como producto de la transferencia de las pérdidas de los países centrales, debemos abordarlo y multiplicar sus posibilidades para el desarrollo de la propia sociedad. Las nuevas vías de comercialización y los formadores de precios forman parte de este proceso y son de gran importancia. Aparentemente estamos hablando de la distribución de las ganancias, pero esas cuestiones también deben ser resueltas en forma simultánea. De lo contrario, estaremos fallando en la concepción y en la visión que debemos tener de nuestro país.
En cuanto a las grandes superficies comerciales, no cabe duda de que también forman parte. Cuando entre enero y febrero se registró un aumento de precios del 20 o 30 por ciento, no hubo paritarias ni un tipo de cambio que justificara esa situación. Pero sí algo muy importante: 800 millones de pesos mensuales para la asignación universal por hijo.
Hablo, en definitiva, del despiadado comportamiento de determinados sectores empresarios. Alguna vez, también tendrá que ser puesta en caja esta situación que, de alguna manera, también se vincula con el tema de las ganancias. Si ese problema se resuelve, la participación de las pymes en las ganancias, la redistribución podría ser mucho mejor.
El Consejo Nacional de Participación Laboral en las Ganancias, evidentemente va a cumplir un rol central en este tipo de cuestiones. Es necesario que vayamos viendo el avance del proyecto, proceso en el cual sería importante unificar criterios ya existentes y analizar el límite que se incorpora como marco; concretamente cuáles son sus alcances y cuánto queda librado a la reglamentación, que será resuelta entre trabajadores, empresarios y Estado. No habrá ningún tipo de chicana política, ni a favor ni en contra, porque todos trabajaremos en pro de la consecución de esos fines.
Por otra parte quiero recordar que como no prosperó el proyecto de capitalización de las pymes, el 50 por ciento del que se habla para inversión será difícil de lograr. Es una iniciativa que debe ser puesta nuevamente sobre la mesa, para que tenga tratamiento parlamentario y sea aprobada.
En cuanto al tema de los quebrantos y el ajuste por inflación, también va de la mano con los anteriormente expuestos. Es decir que hasta tanto no sea resuelto, seguirá habiendo dificultades. No es que esta medida no deba aplicarse, pero presenta serias dificultades y generará inequidades que no queremos que existan. Por eso queremos resolver estas cuestiones junto con los legisladores.
Por otro lado, el fuerte impulso del capital nacional y del mercado interno es un reaseguro para el mantenimiento del empleo ante la crisis no resuelta. Además, es importante generar un fondo de protección propio por parte de las empresas.
A esto debemos agregar, en materia de políticas laborales, las relaciones de trabajo. Como bien decía el señor presidente, diputado Recalde, actualmente quien cuenta con diez empleados está en igual situación que quien tiene cincuenta o cien, y seguimos tratando temas que vienen del año 1975.
Este punto también merece una revisión; merece no que las pymes se incorporen a este régimen al tercer año sino que en el tiempo que sea necesario se encuentre una solución que haga posible alcanzar ese objetivo. No se trata de predeterminar sino de ver, a partir del tercer año, qué condiciones existen para que efectivamente se pueda llevar adelante este tipo de políticas. No hay otra forma. Las pymes perdemos competitividad cada día más ante las grandes empresas y el capital intensivo, y sabemos que la participación de la mano de obra en una estructura de costos de una gran empresas no supera el 5 por ciento. Nosotros, en cambio, en algunos sectores de servicios tenemos valores que van del 25 al 65 por ciento.
Hay una diferenciación y una inequidad tan grandes, que es necesario tratar el tema sobre la base de una grilla para que se hagan las compensaciones correspondientes.
Finalmente quiero decir, sobre todo a quienes son creyentes -aunque algunos se rasgan las vestiduras en un ámbito y después, en otro, actúan de manera totalmente contraria- que la Iglesia también ha opinado sobre esto. Recordemos a Juan XXIII, quien en el Concilio Vaticano II se expresa muy claramente respecto del tema, y a Juan Pablo II. No es mi intención aparecer como un católico a ultranza; soy una persona creyente, no voy a misa, pero tengo fe y además confío en mi país.
Si bien esto es muy obvio, no quiero dejar de repetirlo. A nuestro juicio, es imperioso poner en práctica el proyecto estratégico de industrialización al que hacemos referencia, por supuesto con participación regional.
En lo que respecta al mercado interno, en un marco de crisis y considerando aquellas que habrá en el futuro como producto de la transferencia de las pérdidas de los países centrales, debemos abordarlo y multiplicar sus posibilidades para el desarrollo de la propia sociedad. Las nuevas vías de comercialización y los formadores de precios forman parte de este proceso y son de gran importancia. Aparentemente estamos hablando de la distribución de las ganancias, pero esas cuestiones también deben ser resueltas en forma simultánea. De lo contrario, estaremos fallando en la concepción y en la visión que debemos tener de nuestro país.
En cuanto a las grandes superficies comerciales, no cabe duda de que también forman parte. Cuando entre enero y febrero se registró un aumento de precios del 20 o 30 por ciento, no hubo paritarias ni un tipo de cambio que justificara esa situación. Pero sí algo muy importante: 800 millones de pesos mensuales para la asignación universal por hijo.
Hablo, en definitiva, del despiadado comportamiento de determinados sectores empresarios. Alguna vez, también tendrá que ser puesta en caja esta situación que, de alguna manera, también se vincula con el tema de las ganancias. Si ese problema se resuelve, la participación de las pymes en las ganancias, la redistribución podría ser mucho mejor.
El Consejo Nacional de Participación Laboral en las Ganancias, evidentemente va a cumplir un rol central en este tipo de cuestiones. Es necesario que vayamos viendo el avance del proyecto, proceso en el cual sería importante unificar criterios ya existentes y analizar el límite que se incorpora como marco; concretamente cuáles son sus alcances y cuánto queda librado a la reglamentación, que será resuelta entre trabajadores, empresarios y Estado. No habrá ningún tipo de chicana política, ni a favor ni en contra, porque todos trabajaremos en pro de la consecución de esos fines.
Por otra parte quiero recordar que como no prosperó el proyecto de capitalización de las pymes, el 50 por ciento del que se habla para inversión será difícil de lograr. Es una iniciativa que debe ser puesta nuevamente sobre la mesa, para que tenga tratamiento parlamentario y sea aprobada.
En cuanto al tema de los quebrantos y el ajuste por inflación, también va de la mano con los anteriormente expuestos. Es decir que hasta tanto no sea resuelto, seguirá habiendo dificultades. No es que esta medida no deba aplicarse, pero presenta serias dificultades y generará inequidades que no queremos que existan. Por eso queremos resolver estas cuestiones junto con los legisladores.
Por otro lado, el fuerte impulso del capital nacional y del mercado interno es un reaseguro para el mantenimiento del empleo ante la crisis no resuelta. Además, es importante generar un fondo de protección propio por parte de las empresas.
A esto debemos agregar, en materia de políticas laborales, las relaciones de trabajo. Como bien decía el señor presidente, diputado Recalde, actualmente quien cuenta con diez empleados está en igual situación que quien tiene cincuenta o cien, y seguimos tratando temas que vienen del año 1975.
Este punto también merece una revisión; merece no que las pymes se incorporen a este régimen al tercer año sino que en el tiempo que sea necesario se encuentre una solución que haga posible alcanzar ese objetivo. No se trata de predeterminar sino de ver, a partir del tercer año, qué condiciones existen para que efectivamente se pueda llevar adelante este tipo de políticas. No hay otra forma. Las pymes perdemos competitividad cada día más ante las grandes empresas y el capital intensivo, y sabemos que la participación de la mano de obra en una estructura de costos de una gran empresas no supera el 5 por ciento. Nosotros, en cambio, en algunos sectores de servicios tenemos valores que van del 25 al 65 por ciento.
Hay una diferenciación y una inequidad tan grandes, que es necesario tratar el tema sobre la base de una grilla para que se hagan las compensaciones correspondientes.
Finalmente quiero decir, sobre todo a quienes son creyentes -aunque algunos se rasgan las vestiduras en un ámbito y después, en otro, actúan de manera totalmente contraria- que la Iglesia también ha opinado sobre esto. Recordemos a Juan XXIII, quien en el Concilio Vaticano II se expresa muy claramente respecto del tema, y a Juan Pablo II. No es mi intención aparecer como un católico a ultranza; soy una persona creyente, no voy a misa, pero tengo fe y además confío en mi país.
SR. PRESIDENTE RECALDE Tiene la palabra el señor Marcelo Fernández, presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA).
SR. FERNÁNDEZ Señor presidente: en primer lugar, agradezco a la Comisión de Legislación del Trabajo por dar a nuestra entidad la posibilidad de participar en este debate.
SR. PRESIDENTE RECALDE Gracias a usted, señor diputado con mandato cumplido.
SR. FERNÁNDEZ Ya que comienza de esa manera, señor presidente, deseo expresar nuestro reconocimiento al doctor Kirchner, quien falleciera el pasado 27 de octubre, porque siempre se preocupó y ocupó de que las pequeñas y medianas empresas tuviésemos la posibilidad de desarrollarnos, de crecer, de opinar. Además, en el año 2005 tuvo la deferencia de incluirme en la lista de diputados nacionales para que acompañara al Frente para la Victoria, hecho que luego se repitió para el período 2009-2013. Aunque parezca mentira, también tuvo el gesto de brindar un espacio más para que podamos acercarnos, y es por ello que estamos a dos escaños de acompañar nuevamente a los señores diputados.
He dicho esto y efectuado este reconocimiento porque quiero certificar lo que ha dicho el señor diputado Macaluse. Justamente, como usted decía, es verdad lo que el señor diputado ha expresado, pues muchas veces a uno se le superponían reuniones de comisiones y nos debíamos retirar de alguna de ellas para participar en otras. Eso hacía que los días martes anduviéramos a las corridas.
Quiero decir en forma breve, ya que también me acompañan los señores Raúl Zylberzstein y Guillermo Siro y el doctor Spivak, quienes también harán uso de la palabra, que cuando este proyecto salió a la luz rápidamente se escuchaban voces de oposición, a veces sin haberse debatido la iniciativa. La oposición respecto de lo que establece la Constitución Nacional es algo muy duro, es decir, nosotros no podemos oponernos -y mucho menos como integrantes de la CEGERA- a lo que determina el artículo 14 bis de nuestra Carta Magna en cuanto a la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas. Bajo ningún concepto nos oponemos a debatir este tema y tampoco a la posibilidad de que se sancione una ley -bienvenido que así sea- que reglamente lo que establece el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Nos interesa discutir esto porque realmente somos dependientes del mercado interno, a pesar de que algunos hemos conseguido tener nichos de mercado gracias a la política de los últimos años en materia de exportaciones y de comercio exterior. Pero fundamentalmente vivimos del mercado interno, que se basa en el poder adquisitivo de los trabajadores. Esto es lo que venimos haciendo desde hace muchos años en la discusión de las paritarias. Muchos de nosotros somos paritarios, tenemos convenios colectivos de trabajo y venimos discutiendo la distribución de la riqueza de nuestros sectores.
Ahora se va a dar un marco de distribución de la riqueza en conjunto. esto es lo que queremos, es decir, debatir la distribución de la riqueza mucho más que la de las ganancias. Al respecto quiero recordar a los señores diputados que en 1974, cuando se dio la mayor distribución de riqueza en el país, con un 50 por ciento para los trabajadores y un 50 por ciento para el empresariado, no era casualidad que un hombre del sector empresario estuviera al frente del Ministerio de Economía.
Por lo tanto, históricamente el empresariado nacional, la burguesía nacional y el empresariado pyme comparten esta cuestión, porque el hecho de que nuestro máximo referente, don José Ber Gelbard, haya organizado el pacto social entre trabajadores y empresarios y permitido que se llevara a cabo esa distribución de la riqueza significa que a los empresarios que tenemos ese pensamiento nos importa mucho el poder adquisitivo de los trabajadores, siempre y cuando vuelva hacia las pymes a través del consumo interno.
Esta es otra de las discusiones que nos encantaría tener y que también nos importaría mucho que se pudiera dar, porque lamentablemente hemos visto cómo en otros tiempos esta distribución de la riqueza se destinó a los productos importados y no a nosotros, es decir, a los productores nacionales.
Por supuesto que esto debe hacerse, como se dijo aquí, con una responsabilidad que debemos tener los empresarios en cuanto al tema de los precios, de los que muchas veces no somos formadores. Nosotros queremos una activa participación en el mercado interno y creemos que justamente la mayor asignación que tenga un trabajador va a ser volcado a estos efectos.
Por eso agradezco muchísimo que nos hayan otorgado la posibilidad de hacer una contribución. Posteriormente el doctor Spivak hará otros aportes y los entregará por escrito. Esperamos que pronto el empresariado nacional pueda tener un representante en la Cámara de Diputados, como ya lo tuvo en 2007 y 2009, aunque tal vez sin poder aprovecharlo. Si esto vuelve a ocurrir podrá acompañar desde la gestión a estos diputados, haciendo su aporte desde adentro para que el sector empresario se sienta representado de esa manera.
He dicho esto y efectuado este reconocimiento porque quiero certificar lo que ha dicho el señor diputado Macaluse. Justamente, como usted decía, es verdad lo que el señor diputado ha expresado, pues muchas veces a uno se le superponían reuniones de comisiones y nos debíamos retirar de alguna de ellas para participar en otras. Eso hacía que los días martes anduviéramos a las corridas.
Quiero decir en forma breve, ya que también me acompañan los señores Raúl Zylberzstein y Guillermo Siro y el doctor Spivak, quienes también harán uso de la palabra, que cuando este proyecto salió a la luz rápidamente se escuchaban voces de oposición, a veces sin haberse debatido la iniciativa. La oposición respecto de lo que establece la Constitución Nacional es algo muy duro, es decir, nosotros no podemos oponernos -y mucho menos como integrantes de la CEGERA- a lo que determina el artículo 14 bis de nuestra Carta Magna en cuanto a la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas. Bajo ningún concepto nos oponemos a debatir este tema y tampoco a la posibilidad de que se sancione una ley -bienvenido que así sea- que reglamente lo que establece el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Nos interesa discutir esto porque realmente somos dependientes del mercado interno, a pesar de que algunos hemos conseguido tener nichos de mercado gracias a la política de los últimos años en materia de exportaciones y de comercio exterior. Pero fundamentalmente vivimos del mercado interno, que se basa en el poder adquisitivo de los trabajadores. Esto es lo que venimos haciendo desde hace muchos años en la discusión de las paritarias. Muchos de nosotros somos paritarios, tenemos convenios colectivos de trabajo y venimos discutiendo la distribución de la riqueza de nuestros sectores.
Ahora se va a dar un marco de distribución de la riqueza en conjunto. esto es lo que queremos, es decir, debatir la distribución de la riqueza mucho más que la de las ganancias. Al respecto quiero recordar a los señores diputados que en 1974, cuando se dio la mayor distribución de riqueza en el país, con un 50 por ciento para los trabajadores y un 50 por ciento para el empresariado, no era casualidad que un hombre del sector empresario estuviera al frente del Ministerio de Economía.
Por lo tanto, históricamente el empresariado nacional, la burguesía nacional y el empresariado pyme comparten esta cuestión, porque el hecho de que nuestro máximo referente, don José Ber Gelbard, haya organizado el pacto social entre trabajadores y empresarios y permitido que se llevara a cabo esa distribución de la riqueza significa que a los empresarios que tenemos ese pensamiento nos importa mucho el poder adquisitivo de los trabajadores, siempre y cuando vuelva hacia las pymes a través del consumo interno.
Esta es otra de las discusiones que nos encantaría tener y que también nos importaría mucho que se pudiera dar, porque lamentablemente hemos visto cómo en otros tiempos esta distribución de la riqueza se destinó a los productos importados y no a nosotros, es decir, a los productores nacionales.
Por supuesto que esto debe hacerse, como se dijo aquí, con una responsabilidad que debemos tener los empresarios en cuanto al tema de los precios, de los que muchas veces no somos formadores. Nosotros queremos una activa participación en el mercado interno y creemos que justamente la mayor asignación que tenga un trabajador va a ser volcado a estos efectos.
Por eso agradezco muchísimo que nos hayan otorgado la posibilidad de hacer una contribución. Posteriormente el doctor Spivak hará otros aportes y los entregará por escrito. Esperamos que pronto el empresariado nacional pueda tener un representante en la Cámara de Diputados, como ya lo tuvo en 2007 y 2009, aunque tal vez sin poder aprovecharlo. Si esto vuelve a ocurrir podrá acompañar desde la gestión a estos diputados, haciendo su aporte desde adentro para que el sector empresario se sienta representado de esa manera.
SR. PRESIDENTE RECALDE Tiene la palabra el señor Raúl Zylberzstein.
SR. ZYLBERZSTEIN Señor presidente: me toca a mí decir aquellas cosas en las que tal vez no estamos tan de acuerdo. En primer término queremos diferenciar lo que es la participación en las ganancias y lo que es la distribución de la riqueza. Parecería que son lo mismo, pero no es así.
Nosotros creemos que el objetivo debe ser la distribución de la riqueza y no la participación en las ganancias de las empresas que están obteniendo utilidades. Esto reside en algunas cosas que ya se dijeron, como por ejemplo el hecho de que estadísticamente una pyme necesita 54 personas para facturar lo mismo que una gran empresa realiza solamente con una. Naturalmente, las pymes distribuyen lo generado entre 54 personas, mientras que una gran empresa lo hace en una sola.
Esta diferenciación hace que debamos pensar que para distribuir lo que tenemos que hacer es fomentar el desarrollo de las cadenas de valor de los bienes terminados. Tal vez una medida que castigue a las utilidades pueda llegar a ir en sentido contrario si no es que se toman otras decisiones que permitan a las pymes acceder a la posibilidad de pagar esos incrementos.
Lo que nosotros no queremos es que en el capítulo correspondiente a las pymes seamos exceptuados, sino todo lo contrario. En otras palabras, queremos ser incluidos, ya que generamos el 75 por ciento de los puestos de trabajo en blanco. Si dividimos la cantidad de trabajadores que existen por el número de empleadores veremos que hay aproximadamente diez trabajadores por cada empleador. Esto significa que el 50 por ciento de los trabajadores registrados trabaja en empresas de menos de diez personas. Esto no es un capítulo que deba ser dejado de lado para ser estudiado más adelante.
Nosotros queremos competir pagando buenos salarios, pero deseamos disponer de las herramientas para hacerlo. Si pensamos solamente en las empresas de más de 300 personas lo que estamos haciendo es ser sumamente inequitativos. Y si vamos a hacer un promedio sobre lo que se puede pagar de acuerdo con lo que cada empresa pueda abonar, dejamos al 50 por ciento pagando por debajo de sus posibilidades y al 50 por ciento pagando por encima de sus posibilidades.
Creemos que en este proyecto de ley y en todas las leyes impositivas y laborales tiene que existir la diferenciación entre lo que es una pyme y lo que es una gran empresa. En realidad me gustaría diferenciar entre empresas de mano de obra intensiva y empresas de capital intensivo. Las pymes somos empresas de mano de obra intensiva simplemente porque políticas contrarias no nos han permitido lograr un desarrollo. El término "pyme" se relaciona con una cuestión de tamaño. Si pudiésemos ser grandes empresas seguramente la distribución de la riqueza en el país sería mucho más equitativa.
Dicho esto me gustaría disentir con algunos de mis colegas respecto de la propuesta de que esto forme parte de los convenios colectivos. Lo digo como signatario de siete convenios colectivos. En otras palabras, en forma directa me "hamaco" con siete convenios colectivos en mi sector, que es el de las manufacturas de cuero. Y además, por la Confederación General Empresaria, lo hago en el convenio de los viajantes de comercio.
Creo que sería conveniente legislar sobre este tema y todos los otros que estaba planteando y no incluirlos en los convenios colectivos porque cada vez que se haga una paritaria sería un factor más de discusión y negociación. Esto es lo que tenemos que tratar de dejar afuera. Debemos ser suficientemente inteligentes para hacer las normas y que ellas sean de tratamiento universal, sin que exista la necesidad de tratar un punto específico cada vez que nos reunimos.
Nosotros creemos que el objetivo debe ser la distribución de la riqueza y no la participación en las ganancias de las empresas que están obteniendo utilidades. Esto reside en algunas cosas que ya se dijeron, como por ejemplo el hecho de que estadísticamente una pyme necesita 54 personas para facturar lo mismo que una gran empresa realiza solamente con una. Naturalmente, las pymes distribuyen lo generado entre 54 personas, mientras que una gran empresa lo hace en una sola.
Esta diferenciación hace que debamos pensar que para distribuir lo que tenemos que hacer es fomentar el desarrollo de las cadenas de valor de los bienes terminados. Tal vez una medida que castigue a las utilidades pueda llegar a ir en sentido contrario si no es que se toman otras decisiones que permitan a las pymes acceder a la posibilidad de pagar esos incrementos.
Lo que nosotros no queremos es que en el capítulo correspondiente a las pymes seamos exceptuados, sino todo lo contrario. En otras palabras, queremos ser incluidos, ya que generamos el 75 por ciento de los puestos de trabajo en blanco. Si dividimos la cantidad de trabajadores que existen por el número de empleadores veremos que hay aproximadamente diez trabajadores por cada empleador. Esto significa que el 50 por ciento de los trabajadores registrados trabaja en empresas de menos de diez personas. Esto no es un capítulo que deba ser dejado de lado para ser estudiado más adelante.
Nosotros queremos competir pagando buenos salarios, pero deseamos disponer de las herramientas para hacerlo. Si pensamos solamente en las empresas de más de 300 personas lo que estamos haciendo es ser sumamente inequitativos. Y si vamos a hacer un promedio sobre lo que se puede pagar de acuerdo con lo que cada empresa pueda abonar, dejamos al 50 por ciento pagando por debajo de sus posibilidades y al 50 por ciento pagando por encima de sus posibilidades.
Creemos que en este proyecto de ley y en todas las leyes impositivas y laborales tiene que existir la diferenciación entre lo que es una pyme y lo que es una gran empresa. En realidad me gustaría diferenciar entre empresas de mano de obra intensiva y empresas de capital intensivo. Las pymes somos empresas de mano de obra intensiva simplemente porque políticas contrarias no nos han permitido lograr un desarrollo. El término "pyme" se relaciona con una cuestión de tamaño. Si pudiésemos ser grandes empresas seguramente la distribución de la riqueza en el país sería mucho más equitativa.
Dicho esto me gustaría disentir con algunos de mis colegas respecto de la propuesta de que esto forme parte de los convenios colectivos. Lo digo como signatario de siete convenios colectivos. En otras palabras, en forma directa me "hamaco" con siete convenios colectivos en mi sector, que es el de las manufacturas de cuero. Y además, por la Confederación General Empresaria, lo hago en el convenio de los viajantes de comercio.
Creo que sería conveniente legislar sobre este tema y todos los otros que estaba planteando y no incluirlos en los convenios colectivos porque cada vez que se haga una paritaria sería un factor más de discusión y negociación. Esto es lo que tenemos que tratar de dejar afuera. Debemos ser suficientemente inteligentes para hacer las normas y que ellas sean de tratamiento universal, sin que exista la necesidad de tratar un punto específico cada vez que nos reunimos.
SR. PRESIDENTE RECALDE Tiene la palabra el doctor Alberto Sivak.
SR. SIVAK Señor presidente: en la misma línea expuesta por el señor Zylberzstein, pedimos a los señores diputados que en el análisis y tratamiento de este proyecto de ley no partan de la base de la gran empresa, sino de la pequeña empresa, porque en materia legislativa si la ley se aplica a todos lo que se debe hacer es no poner un límite tan alto que impida a las pequeñas empresas cumplir con la norma legal y quedar fuera del sistema, como suele ocurrir con muchas otras leyes vigentes y que quizás han sido pensadas para las empresas que tienen posibilidades, presentan balances y poseen sistemas de fiscalización.
Pero realmente tenemos una gran incógnita acerca de qué va a suceder dentro de dos o tres años cuando esto se generalice y se aplique a las unipersonales, es decir, cómo se van a medir sus posibilidades de ganancia, cómo se van a alterar las relaciones laborales en ámbitos pequeños en donde la representación sindical no existe o es muy lejana, cómo se va dirimir la situación entre un trabajador que no está conforme y el resto de sus compañeros que sí lo está, etcétera.
Hay muchos aspectos vinculados con la vida cotidiana de las pymes. Creemos que tal como está redactado, el proyecto abrirá varios flancos y en lugar de ser una norma positiva, como aspiramos que sea, tal vez se transforme en una fuente de conflictos.
Además, creemos que a partir de esa iniciativa se está legislando sobre el artículo 14 bis, que ya fue reglamentando en muchos aspectos mediante la sanción de distintas leyes. Nuestra sensación, luego de los proyectos que hemos leído, es que se afectan otras normas: la Ley de Impuesto a las Ganancias, la 24.013, la 18.345, la Ley de Contrato de Trabajo, etcétera. Es decir que tendrán la misma entidad constitucional.
En consecuencia, considero importante que los señores diputados analicen el impacto que esta iniciativa puede tener en otras normas de igual jerarquía pero mayor antigüedad.
Quienes asesoramos a las pequeñas empresas advertimos que son tratadas de manera injusta. Advertimos que se ponen parches legislativos porque quizás resulta difícil dictar una legislación completa, que tenga en cuenta la universalidad de las normas que afectan el derecho del trabajo. Por eso entendemos que quizás éste sea un buen momento para dictar una norma que contemple todos los aspectos.
No es lo que ocurre en este caso. Seguramente esta iniciativa fue elaborada con una loable intención, pero existe una superposición con la Ley de Empleo desde el momento en que contempla no sólo aspectos vinculados con la distribución de las utilidades sino también con el blanqueo del trabajo. Nos parece bien que se quiera lograr ese objetivo, pero creemos que no debe hacerse con una superposición con la Ley de Empleo.
Uno de los expositores, que es contador, se refirió muy claramente a los aspectos impositivos y a los efectos colaterales que conllevará el levantamiento del secreto fiscal tal como ha sido pensado. Pensamos que debería actuarse de otra manera a fin de garantizar todos los derechos constitucionales; es decir, no sólo el previsto en el artículo 14 bis sino también el del artículo 14, vinculado con los derechos de los empresarios, el secreto fiscal, etcétera.
En lo que respecta al Fondo Solidario, se explicó que derivaría de los propios trabajadores, ya que se conformaría con el dinero que ellos aportan. No entiendo -aclaro que estoy opinando exclusivamente como abogado- qué relación puede existir con el destino que se podría dar a ese aporte. En el caso de un trabajador no registrado que cobra un sueldo -quienes estamos en el derecho laboral sabemos que la responsabilidad de registrar es del empleador-, no existiría justificación para premiarlo con un monto equivalente a diez veces la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social.
No le encuentro explicación. Me parecería loable que ese dinero vaya a la ANSES, pero no justamente a quien contribuye a una situación de ilegalidad.
Lo mismo ocurre con las indemnizaciones previstas en la Ley de Empleo. No entiendo cuál es la lógica que se ha tenido para determinar que quien participa de ese sistema se beneficie con el agravamiento de la indemnización. Me parecería bien que esos montos sean destinados a la seguridad social, ya que éste se ve mucho más afectado que el trabajador de manera individual.
Es incorrecto no registrar al empleado, pero no entiendo por qué el beneficiario de un acto ilegal es quien de alguna manera participa de él. Tendría que ser la sociedad quien recibe la compensación.
Como lo que tienen en mente los legisladores acerca del destino de esos fondos tendría una lógica similar a esos casos, personalmente me permito disentir. Es una opinión con ánimo de sumar.
Pero realmente tenemos una gran incógnita acerca de qué va a suceder dentro de dos o tres años cuando esto se generalice y se aplique a las unipersonales, es decir, cómo se van a medir sus posibilidades de ganancia, cómo se van a alterar las relaciones laborales en ámbitos pequeños en donde la representación sindical no existe o es muy lejana, cómo se va dirimir la situación entre un trabajador que no está conforme y el resto de sus compañeros que sí lo está, etcétera.
Hay muchos aspectos vinculados con la vida cotidiana de las pymes. Creemos que tal como está redactado, el proyecto abrirá varios flancos y en lugar de ser una norma positiva, como aspiramos que sea, tal vez se transforme en una fuente de conflictos.
Además, creemos que a partir de esa iniciativa se está legislando sobre el artículo 14 bis, que ya fue reglamentando en muchos aspectos mediante la sanción de distintas leyes. Nuestra sensación, luego de los proyectos que hemos leído, es que se afectan otras normas: la Ley de Impuesto a las Ganancias, la 24.013, la 18.345, la Ley de Contrato de Trabajo, etcétera. Es decir que tendrán la misma entidad constitucional.
En consecuencia, considero importante que los señores diputados analicen el impacto que esta iniciativa puede tener en otras normas de igual jerarquía pero mayor antigüedad.
Quienes asesoramos a las pequeñas empresas advertimos que son tratadas de manera injusta. Advertimos que se ponen parches legislativos porque quizás resulta difícil dictar una legislación completa, que tenga en cuenta la universalidad de las normas que afectan el derecho del trabajo. Por eso entendemos que quizás éste sea un buen momento para dictar una norma que contemple todos los aspectos.
No es lo que ocurre en este caso. Seguramente esta iniciativa fue elaborada con una loable intención, pero existe una superposición con la Ley de Empleo desde el momento en que contempla no sólo aspectos vinculados con la distribución de las utilidades sino también con el blanqueo del trabajo. Nos parece bien que se quiera lograr ese objetivo, pero creemos que no debe hacerse con una superposición con la Ley de Empleo.
Uno de los expositores, que es contador, se refirió muy claramente a los aspectos impositivos y a los efectos colaterales que conllevará el levantamiento del secreto fiscal tal como ha sido pensado. Pensamos que debería actuarse de otra manera a fin de garantizar todos los derechos constitucionales; es decir, no sólo el previsto en el artículo 14 bis sino también el del artículo 14, vinculado con los derechos de los empresarios, el secreto fiscal, etcétera.
En lo que respecta al Fondo Solidario, se explicó que derivaría de los propios trabajadores, ya que se conformaría con el dinero que ellos aportan. No entiendo -aclaro que estoy opinando exclusivamente como abogado- qué relación puede existir con el destino que se podría dar a ese aporte. En el caso de un trabajador no registrado que cobra un sueldo -quienes estamos en el derecho laboral sabemos que la responsabilidad de registrar es del empleador-, no existiría justificación para premiarlo con un monto equivalente a diez veces la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social.
No le encuentro explicación. Me parecería loable que ese dinero vaya a la ANSES, pero no justamente a quien contribuye a una situación de ilegalidad.
Lo mismo ocurre con las indemnizaciones previstas en la Ley de Empleo. No entiendo cuál es la lógica que se ha tenido para determinar que quien participa de ese sistema se beneficie con el agravamiento de la indemnización. Me parecería bien que esos montos sean destinados a la seguridad social, ya que éste se ve mucho más afectado que el trabajador de manera individual.
Es incorrecto no registrar al empleado, pero no entiendo por qué el beneficiario de un acto ilegal es quien de alguna manera participa de él. Tendría que ser la sociedad quien recibe la compensación.
Como lo que tienen en mente los legisladores acerca del destino de esos fondos tendría una lógica similar a esos casos, personalmente me permito disentir. Es una opinión con ánimo de sumar.
SR. PRESIDENTE RECALDE Respeto su lógica. La nuestra consiste en que no hay paridad o complicidad entre el trabajador no registrado y el empleador. Por el contrario, pensamos que hay un estado de necesidad por parte del trabajador de contar con un empleo.
Por otra parte, no hay superposición de normas sino un agravamiento. Además, tengamos en cuenta que ley posterior modifica a ley anterior.
Esta es nuestra lógica aunque, obviamente, respetamos la suya.
Tiene la palabra el señor Guillermo Siro, de CGERA.
Por otra parte, no hay superposición de normas sino un agravamiento. Además, tengamos en cuenta que ley posterior modifica a ley anterior.
Esta es nuestra lógica aunque, obviamente, respetamos la suya.
Tiene la palabra el señor Guillermo Siro, de CGERA.
SR. SIRO Señor presidente: simplemente quiero decir que la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, dependiente del Ministerio de Industria de la Nación, establece claramente los parámetros que definen una microempresa, una pequeña empresa, una mediana empresa y una gran empresa.
Aquí se habla solamente de cantidad de empleados, cuando en realidad la clasificación contenida en el decreto reglamentario se basa en el monto de facturación, ya que hay producciones agropecuarias o mineras con muy pocos empleados que superan los límites...
Aquí se habla solamente de cantidad de empleados, cuando en realidad la clasificación contenida en el decreto reglamentario se basa en el monto de facturación, ya que hay producciones agropecuarias o mineras con muy pocos empleados que superan los límites...
SR. PRESIDENTE RECALDE Si me permite una interrupción, el proyecto contempla ese aspecto. Le pido que lo lea con mayor profundidad, porque toma en cuenta la situación de las empresas con gran facturación y pocos trabajadores.
Además, especifica al Consejo tripartito que para establecer la base a partir de la cual se transferirán las ganancias debe tener en cuenta una serie de factores: tipo de actividad, asimetrías regionales, estructura de costos y, fundamentalmente, si se trata de una micro, pequeña o mediana empresa.
Tiene la palabra el señor Mario Derch, presidente de la Confederación General de la Industria de la República Argentina (CGI).
Además, especifica al Consejo tripartito que para establecer la base a partir de la cual se transferirán las ganancias debe tener en cuenta una serie de factores: tipo de actividad, asimetrías regionales, estructura de costos y, fundamentalmente, si se trata de una micro, pequeña o mediana empresa.
Tiene la palabra el señor Mario Derch, presidente de la Confederación General de la Industria de la República Argentina (CGI).
SR. DERCH Señor presidente: agradezco a la Comisión de Legislación del Trabajo y especialmente a usted por esta invitación.
Luego de escuchar las palabras del presidente de APYME, señor dos Reis, la fortaleza conceptual del doctor Caracotche -quien habló en nombre de la CEEN, de la CGE e incluso de la CGI, pese a que me dijo que se tomaría un año sabático- y la postura de CGERA, todas ellas tan cercanas a la realidad cotidiana, es decir, tan próximas a la vida de todos nosotros, no redundaré en la preocupación que cualquier representante de la micro, pequeña y mediana empresa tiene respecto de la necesidad de fomentar el mercado interno.
El hecho de ser nuevos en esta etapa que nos toca vivir como representantes de una institución que tiene ya sesenta años, no significa que hayamos perdido el foco o no sepamos lo que ocurrió durante la militancia pragmática-fenicia de los años 90, que terminó en lo que todos sabemos. No se necesita ser un analista para entender a qué lleva cierta clase de políticas taxativas y, sobre todo, sectarias.
Vivimos en este país y conocemos, no sólo como seres humanos sino también como ciudadanos y empresarios, cuál es la realidad. Entonces nadie, salvo que tenga una visión muy acotada o fragmentada por pequeños intereses que sólo llevan a cíclicamente grandes derrotas, puede abstraerse de la situación que viven trabajadores y empresarios. No soy tan ingenuo como para pensar que sólo se trata de incapacidad, sino que también hay una militancia tendiente a esmerilar el bienestar de todos.
Esa es mi preocupación.
En cuanto a nuestra postura, quiero señalar que por cuestiones de protocolo nos llegó tarde el trabajo realizado por la comisión y lo hemos remitido a las delegaciones que nos representan en el interior. Estando en fecha muy cercana a nuestra asamblea anual nacional no quiero meterme con la letra chica que hubieran hecho las tres inclusiones que acabo de nombrar.
Pero sí quiero aprovechar lo que uno aprende en cine y fotografía, que es el gran angular, que implica alejar un poco el árbol, volver a ver el bosque y darme cuenta de que es bueno e importante que hayamos llegado a esta etapa de tener un marco de discusión donde el trabajador tenga la participación justa de lo que es la ganancia de un esfuerzo colectivo. Porque una empresa, mal que les pese a otras visiones pragmáticas, es una familia productiva, con mayores y menores responsabilidades y beneficios.
Pero sobre todo quería dejar sentada nuestra posición de la siguiente manera: estamos de acuerdo en que se discuta y en la movilización que ha generado esta suerte de planteo previo por parte de la comisión en el sentido de que estemos discutiendo la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas más allá de lo establecido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, porque si no sería recurrir a sitios a los que ya se han referido con otra fluidez otras instituciones.
Concretamente, estamos de acuerdo en que esto se haya empezado a discutir. En breve, dentro de un par de semanas, estaríamos acercando nuestra propuesta -no nuestro proyecto- a la comisión para que sea interpretado de la mejor manera posible como nuestro pequeño grano de arena para que llegue a buen término. Pero creo que es importante que todos discutamos la participación de los trabajadores en relación con esa maquinaria tan importante y ese engranaje fundamental que significa -sobre todo para la producción nacional con intereses concretos- el fomento de una cuestión de círculo virtuoso: el mercado interno. Porque esta primera etapa del desarrollo que estamos transcurriendo corresponde a la generación de un robusto mercado interno. Y después sí seguiremos pensando en el mercado externo.
Luego de escuchar las palabras del presidente de APYME, señor dos Reis, la fortaleza conceptual del doctor Caracotche -quien habló en nombre de la CEEN, de la CGE e incluso de la CGI, pese a que me dijo que se tomaría un año sabático- y la postura de CGERA, todas ellas tan cercanas a la realidad cotidiana, es decir, tan próximas a la vida de todos nosotros, no redundaré en la preocupación que cualquier representante de la micro, pequeña y mediana empresa tiene respecto de la necesidad de fomentar el mercado interno.
El hecho de ser nuevos en esta etapa que nos toca vivir como representantes de una institución que tiene ya sesenta años, no significa que hayamos perdido el foco o no sepamos lo que ocurrió durante la militancia pragmática-fenicia de los años 90, que terminó en lo que todos sabemos. No se necesita ser un analista para entender a qué lleva cierta clase de políticas taxativas y, sobre todo, sectarias.
Vivimos en este país y conocemos, no sólo como seres humanos sino también como ciudadanos y empresarios, cuál es la realidad. Entonces nadie, salvo que tenga una visión muy acotada o fragmentada por pequeños intereses que sólo llevan a cíclicamente grandes derrotas, puede abstraerse de la situación que viven trabajadores y empresarios. No soy tan ingenuo como para pensar que sólo se trata de incapacidad, sino que también hay una militancia tendiente a esmerilar el bienestar de todos.
Esa es mi preocupación.
En cuanto a nuestra postura, quiero señalar que por cuestiones de protocolo nos llegó tarde el trabajo realizado por la comisión y lo hemos remitido a las delegaciones que nos representan en el interior. Estando en fecha muy cercana a nuestra asamblea anual nacional no quiero meterme con la letra chica que hubieran hecho las tres inclusiones que acabo de nombrar.
Pero sí quiero aprovechar lo que uno aprende en cine y fotografía, que es el gran angular, que implica alejar un poco el árbol, volver a ver el bosque y darme cuenta de que es bueno e importante que hayamos llegado a esta etapa de tener un marco de discusión donde el trabajador tenga la participación justa de lo que es la ganancia de un esfuerzo colectivo. Porque una empresa, mal que les pese a otras visiones pragmáticas, es una familia productiva, con mayores y menores responsabilidades y beneficios.
Pero sobre todo quería dejar sentada nuestra posición de la siguiente manera: estamos de acuerdo en que se discuta y en la movilización que ha generado esta suerte de planteo previo por parte de la comisión en el sentido de que estemos discutiendo la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas más allá de lo establecido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, porque si no sería recurrir a sitios a los que ya se han referido con otra fluidez otras instituciones.
Concretamente, estamos de acuerdo en que esto se haya empezado a discutir. En breve, dentro de un par de semanas, estaríamos acercando nuestra propuesta -no nuestro proyecto- a la comisión para que sea interpretado de la mejor manera posible como nuestro pequeño grano de arena para que llegue a buen término. Pero creo que es importante que todos discutamos la participación de los trabajadores en relación con esa maquinaria tan importante y ese engranaje fundamental que significa -sobre todo para la producción nacional con intereses concretos- el fomento de una cuestión de círculo virtuoso: el mercado interno. Porque esta primera etapa del desarrollo que estamos transcurriendo corresponde a la generación de un robusto mercado interno. Y después sí seguiremos pensando en el mercado externo.
SR. PRESIDENTE RECALDE Quiero aclarar que omití señalar que el señor presidente de CONINAGRO, Carlos Galetto, nos envió una nota diciendo que están celebrando unas jornadas en Bahía Blanca, razón por la cual no iban a poder venir.
Tiene la palabra el representante de la Federación Agraria Argentina (FAA), señor Guillermo Giannasi.
Tiene la palabra el representante de la Federación Agraria Argentina (FAA), señor Guillermo Giannasi.
SR. GIANNASI Señor presidente: quiero agradecer a la totalidad de los miembros de esta comisión la posibilidad que han otorgado a la entidad a la que represento, la Federación Agraria Argentina, que nuclea a los pequeños productores del país, de expresar nuestra opinión sobre este tema.
Esta es una cuestión que hemos abordado en el Comité Ejecutivo de nuestra organización. Dentro de pocos días tendremos una reunión de nuestro Consejo Directivo. Allí, los directores que vienen de distintos lugares de la Argentina y que ya tienen copias de estos proyectos, van a evaluarlos y dar su opinión, la que después haremos llegar por escrito a los miembros de esta comisión.
En primer término quiero decir que desde nuestra organización valoramos que esta cuestión se este debatiendo en el Congreso de la Nación. La Constitución Nacional debe ser respetada, y si hay derechos que ella consagra deben instrumentarse o ponerse en práctica. Este es un camino que va a fortalecer y apuntalar la institucionalidad de la República.
Para nosotros, los pequeños productores, el salario o la participación que los trabajadores puedan tener en la utilidad que pueda obtener una empresa es una cuestión lógica y necesaria. Los pequeños productores tenemos hoy muchísimos problemas, pero ninguno de ellos es motivado por la cuestión salarial. En primer lugar porque tenemos muy pocos trabajadores. Hace algunos días el titular de la AFIP, doctor Echegaray, estuvo ocupando el mismo lugar en el que hoy se encuentra usted, señor presidente. Cuando le reclamamos la devolución de las retenciones a los productores de trigo prometida por la señora presidenta de la Nación en septiembre del año pasado y le dijimos que de 9 mil productores que habían presentado sus solicitudes a 7.300 se las habían rechazado, el doctor Echegaray nos dijo los siguiente: "Miren, a 3 mil de ellos no se las podemos pagar porque no tienen ningún trabajador". Nosotros le señalamos que no tienen ningún trabajador porque son empresas familiares en las que trabajan los padres y los hijos. Y los que tenemos la posibilidad de tener un trabajador compartimos con ellos todo lo que podemos.
Por eso aún en esa instancia y en el futuro que la ley vaya previendo, y compartiendo lo que acá han expresado organizaciones empresarias pequeñas, nosotros también queremos que nuestros trabajadores tengan derecho y puedan una participación de la misma manera en que la van a tener aquellos que prestan tareas en las grandes empresas.
También deseamos compartir lo que han expresado aquí los representantes de la Confederación General Empresaria de la República Argentina sobre la necesidad que tenemos en el sentido de que las distintas normativas que se vayan sancionando en el Congreso de la Nación establezcan políticas públicas o normas diferenciadas. Una cosa somos los pequeños productores, las pymes, y otra los grandes grupos económicos, que tienen otra potencialidad y otra posibilidad económica.
Por eso, más allá de mantener el principio de igualdad entre los trabajadores procurando que cada uno perciba un porcentaje similar en función de una pequeña o gran empresa, los fondos solidarios que seguramente la ley prevé tiene que nutrirse del aporte de los que más tienen. Este es un principio insoslayable para nuestra entidad, que tiene casi cien años. El que más tiene más debe pagar, más debe tributar. Es un principio de absoluta justicia y equidad.
Por eso queremos compartir lo expresado por los representantes de la Confederación General Empresaria de la República Argentina en cuanto a las políticas públicas diferenciadas. Nosotros, en nuestra organización, estamos pidiendo a gritos la diferenciación o segmentación, porque reitero que una cosa somos los pequeños productores y otra los grandes grupos económicos, que tienen hoy otra posibilidad y potencialidad.
En ese sentido también quiero decir que el ámbito específico de discusión, análisis y debate de esos problemas está dado, en el caso del sector rural, por ejemplo, por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, que es un órgano paritario en el que están representados los trabajadores a través del sindicato y también las entidades empresarias y el Estado. Este último se encuentra representado por los ministerios de Trabajo, de Economía y de Agricultura.
En ese ámbito en el que tenemos reuniones mensuales se analizan y discuten las condiciones de trabajo, los salarios y los esquemas de participación que el sector rural ya tiene. Lo que la Constitución Nacional exige y que aquí se está debatiendo y tratando de reglamentar e impulsar ya lo tenemos instrumentado y legislado -a lo mejor no con la envergadura de una ley, pero sí en la práctica mediante resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario- en muchas actividades del campo. Se trata de la participación de los trabajadores en función de la calidad y la utilidad que tiene el empresario, por ejemplo, en la cosecha de un determinado cultivo. Lo mismo ocurre en el caso puntual de la actividad tambera, donde la persona que hace el trabajo tiene una participación en función del ingreso que percibe el productor.
En la Argentina ahora se está sembrando la soja, de la que tanto se habla y que tanto preocupa a la Federación Agraria Argentina. Respecto de este cultivo y hablando también de la distribución de la riqueza les tengo que decir que de 30 millones de hectáreas cultivables que tiene nuestro país, en más de 20 millones ya se siembra soja. Un pequeño porcentaje de los productores sojeros que tiene la Argentina -5 mil sobre un total de 60 mil- tiene más del 70 por ciento del cultivo de soja. Los 55 mil productores restantes producimos el resto.
Es un claro ejemplo de cómo la renta de este cultivo, que hoy tiene precios internacionales tan altos, va a un puñado de personas que no son productores ni chacareros que viven del campo sino fideicomisos o pools de siembra. En otras palabras, gente con otras posibilidades que invierte sus recursos en actividades que terminan desplazándonos a los pequeños productores. Por eso luchamos y hablamos de una agricultura con agricultores.
Para la Federación Agraria Argentina, éste es un tema muy importante. Valoramos el hecho de que se avance en la tarea de reforzar mediante la sanción de una ley ciertos principios constitucionales; por eso, cuando en pocos días más se reúna nuestro Consejo Directivo, haremos llegar nuestra opinión, que básicamente va a girar alrededor de los ejes que acabo de plantear.
Esta es una cuestión que hemos abordado en el Comité Ejecutivo de nuestra organización. Dentro de pocos días tendremos una reunión de nuestro Consejo Directivo. Allí, los directores que vienen de distintos lugares de la Argentina y que ya tienen copias de estos proyectos, van a evaluarlos y dar su opinión, la que después haremos llegar por escrito a los miembros de esta comisión.
En primer término quiero decir que desde nuestra organización valoramos que esta cuestión se este debatiendo en el Congreso de la Nación. La Constitución Nacional debe ser respetada, y si hay derechos que ella consagra deben instrumentarse o ponerse en práctica. Este es un camino que va a fortalecer y apuntalar la institucionalidad de la República.
Para nosotros, los pequeños productores, el salario o la participación que los trabajadores puedan tener en la utilidad que pueda obtener una empresa es una cuestión lógica y necesaria. Los pequeños productores tenemos hoy muchísimos problemas, pero ninguno de ellos es motivado por la cuestión salarial. En primer lugar porque tenemos muy pocos trabajadores. Hace algunos días el titular de la AFIP, doctor Echegaray, estuvo ocupando el mismo lugar en el que hoy se encuentra usted, señor presidente. Cuando le reclamamos la devolución de las retenciones a los productores de trigo prometida por la señora presidenta de la Nación en septiembre del año pasado y le dijimos que de 9 mil productores que habían presentado sus solicitudes a 7.300 se las habían rechazado, el doctor Echegaray nos dijo los siguiente: "Miren, a 3 mil de ellos no se las podemos pagar porque no tienen ningún trabajador". Nosotros le señalamos que no tienen ningún trabajador porque son empresas familiares en las que trabajan los padres y los hijos. Y los que tenemos la posibilidad de tener un trabajador compartimos con ellos todo lo que podemos.
Por eso aún en esa instancia y en el futuro que la ley vaya previendo, y compartiendo lo que acá han expresado organizaciones empresarias pequeñas, nosotros también queremos que nuestros trabajadores tengan derecho y puedan una participación de la misma manera en que la van a tener aquellos que prestan tareas en las grandes empresas.
También deseamos compartir lo que han expresado aquí los representantes de la Confederación General Empresaria de la República Argentina sobre la necesidad que tenemos en el sentido de que las distintas normativas que se vayan sancionando en el Congreso de la Nación establezcan políticas públicas o normas diferenciadas. Una cosa somos los pequeños productores, las pymes, y otra los grandes grupos económicos, que tienen otra potencialidad y otra posibilidad económica.
Por eso, más allá de mantener el principio de igualdad entre los trabajadores procurando que cada uno perciba un porcentaje similar en función de una pequeña o gran empresa, los fondos solidarios que seguramente la ley prevé tiene que nutrirse del aporte de los que más tienen. Este es un principio insoslayable para nuestra entidad, que tiene casi cien años. El que más tiene más debe pagar, más debe tributar. Es un principio de absoluta justicia y equidad.
Por eso queremos compartir lo expresado por los representantes de la Confederación General Empresaria de la República Argentina en cuanto a las políticas públicas diferenciadas. Nosotros, en nuestra organización, estamos pidiendo a gritos la diferenciación o segmentación, porque reitero que una cosa somos los pequeños productores y otra los grandes grupos económicos, que tienen hoy otra posibilidad y potencialidad.
En ese sentido también quiero decir que el ámbito específico de discusión, análisis y debate de esos problemas está dado, en el caso del sector rural, por ejemplo, por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, que es un órgano paritario en el que están representados los trabajadores a través del sindicato y también las entidades empresarias y el Estado. Este último se encuentra representado por los ministerios de Trabajo, de Economía y de Agricultura.
En ese ámbito en el que tenemos reuniones mensuales se analizan y discuten las condiciones de trabajo, los salarios y los esquemas de participación que el sector rural ya tiene. Lo que la Constitución Nacional exige y que aquí se está debatiendo y tratando de reglamentar e impulsar ya lo tenemos instrumentado y legislado -a lo mejor no con la envergadura de una ley, pero sí en la práctica mediante resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario- en muchas actividades del campo. Se trata de la participación de los trabajadores en función de la calidad y la utilidad que tiene el empresario, por ejemplo, en la cosecha de un determinado cultivo. Lo mismo ocurre en el caso puntual de la actividad tambera, donde la persona que hace el trabajo tiene una participación en función del ingreso que percibe el productor.
En la Argentina ahora se está sembrando la soja, de la que tanto se habla y que tanto preocupa a la Federación Agraria Argentina. Respecto de este cultivo y hablando también de la distribución de la riqueza les tengo que decir que de 30 millones de hectáreas cultivables que tiene nuestro país, en más de 20 millones ya se siembra soja. Un pequeño porcentaje de los productores sojeros que tiene la Argentina -5 mil sobre un total de 60 mil- tiene más del 70 por ciento del cultivo de soja. Los 55 mil productores restantes producimos el resto.
Es un claro ejemplo de cómo la renta de este cultivo, que hoy tiene precios internacionales tan altos, va a un puñado de personas que no son productores ni chacareros que viven del campo sino fideicomisos o pools de siembra. En otras palabras, gente con otras posibilidades que invierte sus recursos en actividades que terminan desplazándonos a los pequeños productores. Por eso luchamos y hablamos de una agricultura con agricultores.
Para la Federación Agraria Argentina, éste es un tema muy importante. Valoramos el hecho de que se avance en la tarea de reforzar mediante la sanción de una ley ciertos principios constitucionales; por eso, cuando en pocos días más se reúna nuestro Consejo Directivo, haremos llegar nuestra opinión, que básicamente va a girar alrededor de los ejes que acabo de plantear.
SR. PRESIDENTE RECALDE Quiero hacer una pequeña acotación en la línea de lo planteado por el señor Gianassi.
Coincidimos absolutamente, y por eso la criticamos, en que la legislación de los años 90 distinguía entre iguales; no entre diferentes. La ley sobre pymes, en un capítulo referido al aspecto laboral, quitaba derechos a los trabajadores por el solo hecho de pertenecer a una pequeña empresa; aunque lo de "pequeña" es relativo, porque si hablamos de empresas con hasta setenta y nueve trabajadores, no lo son tanto.
Independientemente de eso, creemos que no hay trabajadores pequeños, medianos o grandes sino que todos tienen los mismos derechos. Sí hay que distinguir entre las pequeñas y medianas empresas a fin de favorecer fiscalmente, de alguna manera, a las más pequeñas. El proyecto de ley que hemos presentado va en esa dirección.
Tiene la palabra el doctor Lucio Zemborain, director del Departamento de Asuntos Laborales de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC).
Coincidimos absolutamente, y por eso la criticamos, en que la legislación de los años 90 distinguía entre iguales; no entre diferentes. La ley sobre pymes, en un capítulo referido al aspecto laboral, quitaba derechos a los trabajadores por el solo hecho de pertenecer a una pequeña empresa; aunque lo de "pequeña" es relativo, porque si hablamos de empresas con hasta setenta y nueve trabajadores, no lo son tanto.
Independientemente de eso, creemos que no hay trabajadores pequeños, medianos o grandes sino que todos tienen los mismos derechos. Sí hay que distinguir entre las pequeñas y medianas empresas a fin de favorecer fiscalmente, de alguna manera, a las más pequeñas. El proyecto de ley que hemos presentado va en esa dirección.
Tiene la palabra el doctor Lucio Zemborain, director del Departamento de Asuntos Laborales de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC).
SR. ZEMBORAIN Señor presidente: en primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento por esta invitación y comunicar las disculpas del presidente de nuestra federación, quien no ha podido concurrir debido a que está retornando al país luego de haber participado de una reunión sobre transporte internacional.
SR. PRESIDENTE RECALDE ¿Fue con Moyano?
SR. ZEMBORAIN Coincidieron en la reunión; pero no fueron juntos.
Como usted bien sabe, señor presidente, FADEEAC nuclea en su seno a empresas de transporte de cargas de todo el país, desde La Quiaca hasta Ushuaia. En la reunión que el Consejo Federal celebró durante la última semana de octubre en Ushuaia, tuvimos la oportunidad de analizar su proyecto. No los otros dos porque no los conocíamos; de todas maneras, adelanto que serán sometidos a la mesa ejecutiva que se reunirá mañana. Una vez que hayamos analizado las tres iniciativas, haremos la presentación correspondiente por Mesa de Entradas para su consideración.
No obstante, me gustaría plantear algunas observaciones respecto del proyecto, aunque reconocemos -sería necio no hacerlo- su carácter y fundamento constitucional.
Para FADEEAC, el actual contexto económico impide analizar una propuesta como la que ahora se encuentra en consideración. En primer lugar, porque con una presión impositiva del 35 por ciento como la actual, sumar una alícuota del 10 por ciento además del ajuste por inflación, transformaría a la tasa que grava la renta empresaria no sólo en la más alta de la región sino en una de las más elevadas del mundo.
Ello conspiraría contra la inversión, tan necesaria en nuestro país y de vital importancia para las empresas de transporte de cargas. Dichas empresas son de capital intensivo y requieren de una permanente renovación de sus unidades. Quien no invierte en el mediano plazo, deja de operar o se funde. Seguramente esto lo sabe muy bien el señor diputado Alizegui, porque es un hombre de nuestro sector y conoce muy bien la situación en que se encuentra la mayoría de las empresas, cuyas flotas presentan un estado de obsolescencia importante.
De acuerdo con los datos del Registro Unico del Transporte Automotor, hay 80.000 unidades de más de treinta años que están circulando por las rutas. Esto demuestra claramente que al empresario transportista no le resulta nada fácil reinvertir utilidades. Entonces, si a eso agregamos una medida como la propuesta por este proyecto de ley, nos daremos cuenta de que le resultará más complicado todavía.
En consecuencia, entendemos que estas circunstancias deben ser atendidas de modo especial cuando se quiere legislar sobre un derecho constitucional. Pensamos que, de alguna manera, debería modificarse el impuesto a la renta antes -o durante- el tratamiento de este proyecto sobre participación de las ganancias.
A nuestro juicio, es vital que la autoridad impositiva reconozca aquello que se niega tenazmente a reconocer: el ajuste por inflación.
Se podrá decir que estos temas no se correlacionan con la participación en las ganancias, pero como todo grava la renta empresaria hay que hacer un análisis conjunto. De lo contrario, se consagrará una grosera injusticia.
También es necesario considerar la situación de las pymes. El proyecto en consideración la aborda temporalmente, en el muy corto plazo. Como es sabido, en la vida de una empresa dos años es mañana; todas las empresas del país, incluso aquellas con dos empleados, tendrían que ingresar en este régimen de participación de las ganancias más allá de que el Consejo contaría con facultades para establecer de qué manera lo harían. De acuerdo con lo que pude ver, es el proyecto de ley del señor diputado Macaluse el que por el momento estaría dejando afuera a las pymes.
En cuanto a la iniciativa del señor diputado Recalde, advierto que pretende igualar situaciones disímiles entre las empresas de capital y las pymes, lo cual estaría generando una injusticia. En las pymes, el dueño de la empresa y su núcleo familiar primario obtienen ganancia de su remuneración. Es decir que la ganancia del dueño de la empresa es lo que queda luego de pagar todos los costos que conlleva la actividad comercial. Por lo tanto, es absolutamente imposible determinar cuánto de esa ganancia es renta de capital y cuánto corresponde al trabajo personal del dueño de la empresa y de su familia.
Por las razones expuestas entiendo que el proyecto, de ser sancionado, debería ser aplicable exclusivamente a sociedades de capital que presenten balance contable. En nuestra actividad, la mayoría de las pymes son gestionadas por familias; es decir que trabaja no sólo el dueño sino también sus hijos y su esposa, además de los empleados que, obviamente, tienen sus derechos.
En nuestras actividad, la negociación colectiva es materia de todos los días. Nuestro gremio es muy activo; por lo tanto, creo que algunas generalizaciones que se hicieron en el transcurso de la reunión sobre las negociaciones colectivas no son aplicables al transporte automotor de carga.
Por otra parte, consideramos necesario que se analicen algunos otros aspectos. Por ejemplo, es inadmisible que la participación se efectúe sobre ganancias que no son tales, ya que en realidad son ganancias contables surgidas de balances confeccionados erróneamente porque la autoridad impositiva, como dijimos antes, se niega a reconocer la realidad económica existente.
El proyecto se apoya en la determinación del impuesto a las ganancias, pero se aleja de ciertos aspectos vinculados con el modo como se liquida el tributo, causando así mayores perjuicios a las empresas.
Veamos lo que ocurre, por ejemplo, con la consideración de las pérdidas. En el impuesto a las ganancias, éstas se pueden trasladar durante cinco años. En cambio, en el proyecto en estudio, sólo en el caso de que haya pérdidas durante tres años consecutivos se podrá trasladar hasta el 50 por ciento.
En consecuencia, dudamos que la solución numérica aportada por esta iniciativa sea equitativa en cuanto a los montos de las pérdidas y de las ganancias de los años anteriores.
En síntesis, a fin de no ahondar en conceptos que fueron vertidos precedentemente, sólo voy a agregar que entendemos que la realidad económica actual y fundamentalmente el sistema de impuesto a las ganancias que se aplica a las empresas, hacen necesarios un estudio más detallado del proyecto y una adecuación de toda la normativa existente en la materia.
Como usted bien sabe, señor presidente, FADEEAC nuclea en su seno a empresas de transporte de cargas de todo el país, desde La Quiaca hasta Ushuaia. En la reunión que el Consejo Federal celebró durante la última semana de octubre en Ushuaia, tuvimos la oportunidad de analizar su proyecto. No los otros dos porque no los conocíamos; de todas maneras, adelanto que serán sometidos a la mesa ejecutiva que se reunirá mañana. Una vez que hayamos analizado las tres iniciativas, haremos la presentación correspondiente por Mesa de Entradas para su consideración.
No obstante, me gustaría plantear algunas observaciones respecto del proyecto, aunque reconocemos -sería necio no hacerlo- su carácter y fundamento constitucional.
Para FADEEAC, el actual contexto económico impide analizar una propuesta como la que ahora se encuentra en consideración. En primer lugar, porque con una presión impositiva del 35 por ciento como la actual, sumar una alícuota del 10 por ciento además del ajuste por inflación, transformaría a la tasa que grava la renta empresaria no sólo en la más alta de la región sino en una de las más elevadas del mundo.
Ello conspiraría contra la inversión, tan necesaria en nuestro país y de vital importancia para las empresas de transporte de cargas. Dichas empresas son de capital intensivo y requieren de una permanente renovación de sus unidades. Quien no invierte en el mediano plazo, deja de operar o se funde. Seguramente esto lo sabe muy bien el señor diputado Alizegui, porque es un hombre de nuestro sector y conoce muy bien la situación en que se encuentra la mayoría de las empresas, cuyas flotas presentan un estado de obsolescencia importante.
De acuerdo con los datos del Registro Unico del Transporte Automotor, hay 80.000 unidades de más de treinta años que están circulando por las rutas. Esto demuestra claramente que al empresario transportista no le resulta nada fácil reinvertir utilidades. Entonces, si a eso agregamos una medida como la propuesta por este proyecto de ley, nos daremos cuenta de que le resultará más complicado todavía.
En consecuencia, entendemos que estas circunstancias deben ser atendidas de modo especial cuando se quiere legislar sobre un derecho constitucional. Pensamos que, de alguna manera, debería modificarse el impuesto a la renta antes -o durante- el tratamiento de este proyecto sobre participación de las ganancias.
A nuestro juicio, es vital que la autoridad impositiva reconozca aquello que se niega tenazmente a reconocer: el ajuste por inflación.
Se podrá decir que estos temas no se correlacionan con la participación en las ganancias, pero como todo grava la renta empresaria hay que hacer un análisis conjunto. De lo contrario, se consagrará una grosera injusticia.
También es necesario considerar la situación de las pymes. El proyecto en consideración la aborda temporalmente, en el muy corto plazo. Como es sabido, en la vida de una empresa dos años es mañana; todas las empresas del país, incluso aquellas con dos empleados, tendrían que ingresar en este régimen de participación de las ganancias más allá de que el Consejo contaría con facultades para establecer de qué manera lo harían. De acuerdo con lo que pude ver, es el proyecto de ley del señor diputado Macaluse el que por el momento estaría dejando afuera a las pymes.
En cuanto a la iniciativa del señor diputado Recalde, advierto que pretende igualar situaciones disímiles entre las empresas de capital y las pymes, lo cual estaría generando una injusticia. En las pymes, el dueño de la empresa y su núcleo familiar primario obtienen ganancia de su remuneración. Es decir que la ganancia del dueño de la empresa es lo que queda luego de pagar todos los costos que conlleva la actividad comercial. Por lo tanto, es absolutamente imposible determinar cuánto de esa ganancia es renta de capital y cuánto corresponde al trabajo personal del dueño de la empresa y de su familia.
Por las razones expuestas entiendo que el proyecto, de ser sancionado, debería ser aplicable exclusivamente a sociedades de capital que presenten balance contable. En nuestra actividad, la mayoría de las pymes son gestionadas por familias; es decir que trabaja no sólo el dueño sino también sus hijos y su esposa, además de los empleados que, obviamente, tienen sus derechos.
En nuestras actividad, la negociación colectiva es materia de todos los días. Nuestro gremio es muy activo; por lo tanto, creo que algunas generalizaciones que se hicieron en el transcurso de la reunión sobre las negociaciones colectivas no son aplicables al transporte automotor de carga.
Por otra parte, consideramos necesario que se analicen algunos otros aspectos. Por ejemplo, es inadmisible que la participación se efectúe sobre ganancias que no son tales, ya que en realidad son ganancias contables surgidas de balances confeccionados erróneamente porque la autoridad impositiva, como dijimos antes, se niega a reconocer la realidad económica existente.
El proyecto se apoya en la determinación del impuesto a las ganancias, pero se aleja de ciertos aspectos vinculados con el modo como se liquida el tributo, causando así mayores perjuicios a las empresas.
Veamos lo que ocurre, por ejemplo, con la consideración de las pérdidas. En el impuesto a las ganancias, éstas se pueden trasladar durante cinco años. En cambio, en el proyecto en estudio, sólo en el caso de que haya pérdidas durante tres años consecutivos se podrá trasladar hasta el 50 por ciento.
En consecuencia, dudamos que la solución numérica aportada por esta iniciativa sea equitativa en cuanto a los montos de las pérdidas y de las ganancias de los años anteriores.
En síntesis, a fin de no ahondar en conceptos que fueron vertidos precedentemente, sólo voy a agregar que entendemos que la realidad económica actual y fundamentalmente el sistema de impuesto a las ganancias que se aplica a las empresas, hacen necesarios un estudio más detallado del proyecto y una adecuación de toda la normativa existente en la materia.
SR. PRESIDENTE RECALDE Tiene la palabra el señor diputado Alizegui.
SR. ALIZEGUI Señor presidente: me siento aludido por el señor Zemborain, con quien tenemos una relación desde hace mucho tiempo.
Quiero decir que la realidad que vive mi provincia no es la que se ha descripto.
Me voy a poner la anteojera de dirigente gremial. Les pido que me disculpen, pero esta es mi situación. Hace poco que aterricé aquí, en la parte horizontal. Así que más allá de todo eso, en nuestra provincia el 80 por ciento del transporte está representado por los pequeños y medianos camioneros.
Pero también ocurre un contrasentido. Justamente ahora tenemos en Colón un conflicto a raíz de un empresario que hace el transporte por diversión. Tiene hoteles, pools de siembra y se divierte con el transporte. Y no pagándole los kilómetros, porque usted, Lucio, que también es empresario, sabe bien que el convenio de los camioneros existe de acuerdo con la productividad. Nosotros tenemos nuestro convenio por la productividad. Los camioneros no trabajan ocho horas y se van a dormir a la casa. Es decir que siguen produciendo y cobrando sus horas extras. Y somos partidarios de que la empresa crezca de acuerdo con el esfuerzo personal de cada uno.
Entonces, hay empresarios que dibujando recibos de sueldo en una empresa importante, de treinta trabajadores, por ejemplo, sacándole mil pesos a cada uno de ellos juntan 30 mil pesos por mes, con lo cual a fin de año compran un chasis nuevo. Realmente conozco muchos de esos empresarios, y tengo la nómina ahí.
Estamos trabajando para eso. Pero no creo que ninguna empresa se haya fundido en Entre Ríos. Por el contrario, no haciendo a los trabajadores los aportes correspondientes han ido creciendo. Hay empresas que tienen muchísimos camiones, y son vehículos nuevos.
Es cierto que los cerealeros son los que tienen el parque automotor más viejo y que no disponen de la posibilidad de cambiarlo, pero no estoy de acuerdo con eso que dicen en cuanto a la empresa de transporte. Si no, no tendríamos un gremio. Está el "antivirus", es decir, el camionero no sería lo que es si no tendríamos estos empresarios que son así. Está el antídoto, representado por Moyano y su patota sindical -como dicen algunos- y los camioneros que vamos a discutir por nuestros salarios.
De manera tal que disiento con algunas cosas que ha expresado el doctor Zemboráin, pero considero que siempre se forma el antídoto. Nosotros realmente creemos que tenemos la participación en la ganancia porque los camioneros, pasando el arroyo Verde, en zona desfavorable, con nieve y demás, tenemos que estar trabajando. Y debemos ser solidarios, porque algunos trabajan ocho horas en los depósitos y después se van a sus casas, mientras que los camioneros de larga distancia tienen que seguir haciendo sus kilómetros.
Por lo expuesto, realmente creo que el gremio del transporte de carga es aquel en el que más se tiene que aplicar el tema de la participación en las ganancias de las empresas.
Quiero decir que la realidad que vive mi provincia no es la que se ha descripto.
Me voy a poner la anteojera de dirigente gremial. Les pido que me disculpen, pero esta es mi situación. Hace poco que aterricé aquí, en la parte horizontal. Así que más allá de todo eso, en nuestra provincia el 80 por ciento del transporte está representado por los pequeños y medianos camioneros.
Pero también ocurre un contrasentido. Justamente ahora tenemos en Colón un conflicto a raíz de un empresario que hace el transporte por diversión. Tiene hoteles, pools de siembra y se divierte con el transporte. Y no pagándole los kilómetros, porque usted, Lucio, que también es empresario, sabe bien que el convenio de los camioneros existe de acuerdo con la productividad. Nosotros tenemos nuestro convenio por la productividad. Los camioneros no trabajan ocho horas y se van a dormir a la casa. Es decir que siguen produciendo y cobrando sus horas extras. Y somos partidarios de que la empresa crezca de acuerdo con el esfuerzo personal de cada uno.
Entonces, hay empresarios que dibujando recibos de sueldo en una empresa importante, de treinta trabajadores, por ejemplo, sacándole mil pesos a cada uno de ellos juntan 30 mil pesos por mes, con lo cual a fin de año compran un chasis nuevo. Realmente conozco muchos de esos empresarios, y tengo la nómina ahí.
Estamos trabajando para eso. Pero no creo que ninguna empresa se haya fundido en Entre Ríos. Por el contrario, no haciendo a los trabajadores los aportes correspondientes han ido creciendo. Hay empresas que tienen muchísimos camiones, y son vehículos nuevos.
Es cierto que los cerealeros son los que tienen el parque automotor más viejo y que no disponen de la posibilidad de cambiarlo, pero no estoy de acuerdo con eso que dicen en cuanto a la empresa de transporte. Si no, no tendríamos un gremio. Está el "antivirus", es decir, el camionero no sería lo que es si no tendríamos estos empresarios que son así. Está el antídoto, representado por Moyano y su patota sindical -como dicen algunos- y los camioneros que vamos a discutir por nuestros salarios.
De manera tal que disiento con algunas cosas que ha expresado el doctor Zemboráin, pero considero que siempre se forma el antídoto. Nosotros realmente creemos que tenemos la participación en la ganancia porque los camioneros, pasando el arroyo Verde, en zona desfavorable, con nieve y demás, tenemos que estar trabajando. Y debemos ser solidarios, porque algunos trabajan ocho horas en los depósitos y después se van a sus casas, mientras que los camioneros de larga distancia tienen que seguir haciendo sus kilómetros.
Por lo expuesto, realmente creo que el gremio del transporte de carga es aquel en el que más se tiene que aplicar el tema de la participación en las ganancias de las empresas.
SR. PRESIDENTE RECALDE Vamos a otorgar el derecho a réplica al doctor Zemboráin.
SR. ZEMBORÁIN Señor presidente: simplemente quiero señalar que el "antivirus" ha hecho que en los últimos siete años la participación del salario dentro del costo total haya pasado del 25 por ciento a casi el 43 por ciento. Esto demuestra que de algún modo la paritaria ha sido un instrumento más que eficaz para la participación en las ganancias.
SR. PRESIDENTE RECALDE Sería bueno que fuera contagioso.
Tiene la palabra el representante de la Unión Argentina de Entidades de Servicios (UDES), señor Jorge Alvarez.
Tiene la palabra el representante de la Unión Argentina de Entidades de Servicios (UDES), señor Jorge Alvarez.
SR. ALVAREZ Señor presidente: de la misma manera en que lo han hecho otras entidades, UDES agradece esta convocatoria, que como usted ha expresado la comisión no estaba obligada a hacer.
Después de haber escuchado a todos los colegas que me precedieron en el uso de la palabra, supongo que habrán aportado a los señores diputados elementos de juicio suficientes para proseguir este debate durante todo el tiempo que se necesario.
Como es sabido, UDES es una entidad que agrupa a más de 30 cámaras que tienen un funcionamiento autónomo. De manera tal que una vez que recibimos la convocatoria, en la primera semana en que se hizo enviamos una nota solicitando una prórroga. Agradecemos que así se haya hecho.
Lamentablemente, como cada empresa y cámara posee su propia burocracia -no sólo el Estado la tiene-, hemos recibido algunas observaciones que vamos a dejar en Mesa de Entradas respecto del proyecto en consideración. En realidad esto consta de dos ejes. El primero está referido al proyecto propuesto por el señor diputado Recalde y otros señores legisladores, sin analizar las iniciativas contenidas en los expedientes 4625-d-2010 y 2.757-D.2010. Respecto de estos dos proyectos quiero señalar que representan una deuda que todavía tenemos y que pronto haremos llegar nuestra opinión respecto de ellas a la comisión y a cada uno de los señores diputados que corresponda a través de Mesa de Entradas. Esto en cuanto a cada uno de los aspectos técnicos que acá se han discutido, algunos de los cuales ya fueron expuestos por los representantes de las distintas cámaras, que compartimos a grandes rasgos -por supuesto que hay otras cuestiones respecto de las cuales no coincidimos- y que vamos a seguir debatiéndolos porque han enriquecido esta discusión.
El segundo eje de nuestra presentación está dirigido hacia lo que también ha explicado el doctor Zemboráin, que es la oportunidad de esta reglamentación de un precepto constitucional que, por supuesto, tenemos que respetar y estamos totalmente de acuerdo en que así sea.
Lo que vemos desde el punto de vista de nuestras empresas, que son de mano de obra intensiva, es que en estos momentos se está produciendo una traslación del producto bruto interno hacia el sector laboral, lo que entendemos que es muy positivo. Eso se da a través de instituciones tales como el Consejo del Salario, que lo ha elevado a niveles históricamente importantes y además constituye todo un ejemplo en América latina.
También se da por medio de las convenciones colectivas de trabajo, que verdaderamente han dado al trabajador condiciones salariales y laborales muy importantes.
Por último, dentro de este contexto vemos que la gran amenaza para el ingreso del trabajador es la inflación. Todos sabemos que ella se combate con una mayor producción. En otras palabras, cuando hay una demanda y, como se ha dicho acá, se quiere favorecer el mercado interno, lo que se vuelca al consumo necesita por otro lado una producción cada vez mayor.
¿Cómo se logra esa producción? Con inversión. Nosotros creemos que en realidad este proyecto va a abrir un interrogante sobre la inversión. Es una opinión que quizás no sea compartida por los señores diputados, pero vemos que hay una presión impositiva muy grande para aquellas empresas que sí pagan. Todos sabemos que hay una informalidad laboral que está acompañada por una informalidad tributaria. En el país hay una gran evasión. Las estadísticas oficiales hablan de un 36 por ciento de trabajo informal. Consideramos que ese porcentaje es mayor porque en la Argentina, además del trabajo en negro, hay mucho trabajo "en gris". Hay trabajo de cooperativas "truchas" y una competencia desleal para todas aquellas empresas de servicios. Posteriormente el señor Norberto Peluso, que me acompaña, brindará una mayor explicación sobre este tema.
Entonces, dentro de ese contexto entendemos que este proyecto, cuya esencia y objetivo compartimos, en este momento no es beneficioso para la economía en general porque todavía va a acentuar la presión impositiva, al tiempo que planteará interrogantes a aquellas empresas que están decididas a invertir en la Argentina para lograr una mayor producción.
Después de haber escuchado a todos los colegas que me precedieron en el uso de la palabra, supongo que habrán aportado a los señores diputados elementos de juicio suficientes para proseguir este debate durante todo el tiempo que se necesario.
Como es sabido, UDES es una entidad que agrupa a más de 30 cámaras que tienen un funcionamiento autónomo. De manera tal que una vez que recibimos la convocatoria, en la primera semana en que se hizo enviamos una nota solicitando una prórroga. Agradecemos que así se haya hecho.
Lamentablemente, como cada empresa y cámara posee su propia burocracia -no sólo el Estado la tiene-, hemos recibido algunas observaciones que vamos a dejar en Mesa de Entradas respecto del proyecto en consideración. En realidad esto consta de dos ejes. El primero está referido al proyecto propuesto por el señor diputado Recalde y otros señores legisladores, sin analizar las iniciativas contenidas en los expedientes 4625-d-2010 y 2.757-D.2010. Respecto de estos dos proyectos quiero señalar que representan una deuda que todavía tenemos y que pronto haremos llegar nuestra opinión respecto de ellas a la comisión y a cada uno de los señores diputados que corresponda a través de Mesa de Entradas. Esto en cuanto a cada uno de los aspectos técnicos que acá se han discutido, algunos de los cuales ya fueron expuestos por los representantes de las distintas cámaras, que compartimos a grandes rasgos -por supuesto que hay otras cuestiones respecto de las cuales no coincidimos- y que vamos a seguir debatiéndolos porque han enriquecido esta discusión.
El segundo eje de nuestra presentación está dirigido hacia lo que también ha explicado el doctor Zemboráin, que es la oportunidad de esta reglamentación de un precepto constitucional que, por supuesto, tenemos que respetar y estamos totalmente de acuerdo en que así sea.
Lo que vemos desde el punto de vista de nuestras empresas, que son de mano de obra intensiva, es que en estos momentos se está produciendo una traslación del producto bruto interno hacia el sector laboral, lo que entendemos que es muy positivo. Eso se da a través de instituciones tales como el Consejo del Salario, que lo ha elevado a niveles históricamente importantes y además constituye todo un ejemplo en América latina.
También se da por medio de las convenciones colectivas de trabajo, que verdaderamente han dado al trabajador condiciones salariales y laborales muy importantes.
Por último, dentro de este contexto vemos que la gran amenaza para el ingreso del trabajador es la inflación. Todos sabemos que ella se combate con una mayor producción. En otras palabras, cuando hay una demanda y, como se ha dicho acá, se quiere favorecer el mercado interno, lo que se vuelca al consumo necesita por otro lado una producción cada vez mayor.
¿Cómo se logra esa producción? Con inversión. Nosotros creemos que en realidad este proyecto va a abrir un interrogante sobre la inversión. Es una opinión que quizás no sea compartida por los señores diputados, pero vemos que hay una presión impositiva muy grande para aquellas empresas que sí pagan. Todos sabemos que hay una informalidad laboral que está acompañada por una informalidad tributaria. En el país hay una gran evasión. Las estadísticas oficiales hablan de un 36 por ciento de trabajo informal. Consideramos que ese porcentaje es mayor porque en la Argentina, además del trabajo en negro, hay mucho trabajo "en gris". Hay trabajo de cooperativas "truchas" y una competencia desleal para todas aquellas empresas de servicios. Posteriormente el señor Norberto Peluso, que me acompaña, brindará una mayor explicación sobre este tema.
Entonces, dentro de ese contexto entendemos que este proyecto, cuya esencia y objetivo compartimos, en este momento no es beneficioso para la economía en general porque todavía va a acentuar la presión impositiva, al tiempo que planteará interrogantes a aquellas empresas que están decididas a invertir en la Argentina para lograr una mayor producción.
SR. PRESIDENTE RECALDE Tiene la palabra el señor Norberto Peluso, de la Unión Argentina de Entidades de Servicios.
SR. PELUSO Señor presidente: en primer lugar, agradezco a usted y al resto de los diputados por habernos convocado.
Como soy el último orador, puedo hacer algunas reflexiones sobre los comentarios que se hicieron durante la reunión. Por supuesto, existe total derecho a réplica.
Hay algunas discrepancias con el proyecto de ley que pueden ser divididas en dos partes. Una se vincula con las empresas de capital intensivo, que han expresado sus observaciones, y otra con las empresas de mano de obra intensiva.
Por otro lado, encontramos cierto tipo de anuencia por parte de cámaras que, como nuclean a pymes, no están alcanzadas por el proyecto; es decir, como bien se explicó, no cuentan con la cantidad de trabajadores necesaria como para ser alcanzadas por la norma.
En algún momento escuché expresiones en defensa del capital nacional. Creo que es un aspecto importantísimo, pero es preciso resaltar que hay empresas internacionales con balances internacionales; por ende, el peso de este nuevo gravamen -por llamarlo así- para las empresas, va a incidir de otra manera.
Finalmente, quiero hacer un comentario sobre la disminución de la pobreza. Creo que está directamente ligada a un problema mundial que en la Argentina estamos soportando muchísimo. El problema que hoy día tiene el hombre, y que es una preocupación para todos nosotros, es la inseguridad. No me refiero a aquella vinculada con casos policiales sino a la falta de seguridad sobre lo que ocurrirá mañana. Esto pasa en todo el mundo; no se puede planificar de la manera como se lo hacía hace treinta, cuarenta o cincuenta años.
Pensemos en cuán mayor es la inseguridad, como decía el doctor Caracotche, del personal no registrado; de aquel que no sabe qué le pasará mañana, que no tiene acceso a la seguridad social ni una jubilación, sin duda una conquista muy importante del siglo pasado.
Por lo tanto, creo que los esfuerzos para comenzar a hablar de la participación de las ganancias deben concentrarse en tratar de superar el grave problema que tenemos en nuestro país con la informalidad, porque evidentemente es algo que resta recaudación al Estado. Genera una competencia desleal para los empresarios y coloca al trabajador en un estado de indefensión.
Desde todo punto de vista, sería mucho más justo apuntar a un sistema en el cual los trabajadores logren la registración. Respetuosamente creo que a pesar del gran avance que hubo en materia de seguridad social por parte de nuestro gobierno durante los últimos siete años, todavía hay un alto porcentaje de trabajadores no registrados.
Por eso no estoy totalmente seguro de que la inclusión en la ley de una penalidad, como ya existe, pueda provocar la disminución de ese índice que verdaderamente nos afecta y mucho.
Pienso que la pobreza se puede reducir creando trabajo decente, y para crear trabajo decente es necesario que existan las mismas reglas para todos; que los trabajadores y los empresarios puedan manejarse dentro del mismo sistema, adecuándose a él y compitiendo dignamente, y no a través de mecanismos desleales basados en la evasión.
Como soy el último orador, puedo hacer algunas reflexiones sobre los comentarios que se hicieron durante la reunión. Por supuesto, existe total derecho a réplica.
Hay algunas discrepancias con el proyecto de ley que pueden ser divididas en dos partes. Una se vincula con las empresas de capital intensivo, que han expresado sus observaciones, y otra con las empresas de mano de obra intensiva.
Por otro lado, encontramos cierto tipo de anuencia por parte de cámaras que, como nuclean a pymes, no están alcanzadas por el proyecto; es decir, como bien se explicó, no cuentan con la cantidad de trabajadores necesaria como para ser alcanzadas por la norma.
En algún momento escuché expresiones en defensa del capital nacional. Creo que es un aspecto importantísimo, pero es preciso resaltar que hay empresas internacionales con balances internacionales; por ende, el peso de este nuevo gravamen -por llamarlo así- para las empresas, va a incidir de otra manera.
Finalmente, quiero hacer un comentario sobre la disminución de la pobreza. Creo que está directamente ligada a un problema mundial que en la Argentina estamos soportando muchísimo. El problema que hoy día tiene el hombre, y que es una preocupación para todos nosotros, es la inseguridad. No me refiero a aquella vinculada con casos policiales sino a la falta de seguridad sobre lo que ocurrirá mañana. Esto pasa en todo el mundo; no se puede planificar de la manera como se lo hacía hace treinta, cuarenta o cincuenta años.
Pensemos en cuán mayor es la inseguridad, como decía el doctor Caracotche, del personal no registrado; de aquel que no sabe qué le pasará mañana, que no tiene acceso a la seguridad social ni una jubilación, sin duda una conquista muy importante del siglo pasado.
Por lo tanto, creo que los esfuerzos para comenzar a hablar de la participación de las ganancias deben concentrarse en tratar de superar el grave problema que tenemos en nuestro país con la informalidad, porque evidentemente es algo que resta recaudación al Estado. Genera una competencia desleal para los empresarios y coloca al trabajador en un estado de indefensión.
Desde todo punto de vista, sería mucho más justo apuntar a un sistema en el cual los trabajadores logren la registración. Respetuosamente creo que a pesar del gran avance que hubo en materia de seguridad social por parte de nuestro gobierno durante los últimos siete años, todavía hay un alto porcentaje de trabajadores no registrados.
Por eso no estoy totalmente seguro de que la inclusión en la ley de una penalidad, como ya existe, pueda provocar la disminución de ese índice que verdaderamente nos afecta y mucho.
Pienso que la pobreza se puede reducir creando trabajo decente, y para crear trabajo decente es necesario que existan las mismas reglas para todos; que los trabajadores y los empresarios puedan manejarse dentro del mismo sistema, adecuándose a él y compitiendo dignamente, y no a través de mecanismos desleales basados en la evasión.
SR. PRESIDENTE RECALDE Antes de conceder el uso de la palabra a los diputados que quieran hablar, haré algunos comentarios.
La Comisión de Legislación del Trabajo se caracteriza especialmente por la búsqueda de consensos. Normalmente, las fronteras partidarias no existen entre nosotros. Tratamos de ver qué es lo mejor para la sociedad, en especial para los trabajadores, e intentamos elaborar medidas de equilibrio.
Estas reuniones no son para la fotografía. Por el contrario, nuestra mayor satisfacción será lograr la sanción de una ley que no sea la copia de ninguno de los proyectos presentados. Si alcanzamos ese propósito, querrá decir que hubo consensos y acuerdos.
Por lo tanto, tendremos muy en cuenta la participación de todos. Como se habrá advertido, en algunos casos hubo un intercambio de opiniones, que tiene por objeto mejorar posiciones. Por supuesto, estamos absolutamente convencidos de la necesidad de sancionar una ley tendiente a efectivizar un derecho constitucional.
Tiene la palabra la señora diputada Ciciliani.
La Comisión de Legislación del Trabajo se caracteriza especialmente por la búsqueda de consensos. Normalmente, las fronteras partidarias no existen entre nosotros. Tratamos de ver qué es lo mejor para la sociedad, en especial para los trabajadores, e intentamos elaborar medidas de equilibrio.
Estas reuniones no son para la fotografía. Por el contrario, nuestra mayor satisfacción será lograr la sanción de una ley que no sea la copia de ninguno de los proyectos presentados. Si alcanzamos ese propósito, querrá decir que hubo consensos y acuerdos.
Por lo tanto, tendremos muy en cuenta la participación de todos. Como se habrá advertido, en algunos casos hubo un intercambio de opiniones, que tiene por objeto mejorar posiciones. Por supuesto, estamos absolutamente convencidos de la necesidad de sancionar una ley tendiente a efectivizar un derecho constitucional.
Tiene la palabra la señora diputada Ciciliani.
SRA. CICILIANI Señor presidente: agradezco profundamente a los representantes de las distintas entidades por su presencia en esta reunión. Ha sido muy valiosa.
La Comisión de Legislación del Trabajo, como bien decía el señor diputado Recalde, es una comisión en la que uno se siente satisfecho y valora enormemente la función legislativa.
Los aportes que se realicen serán evaluados y tomados muy en cuenta por nuestros asesores; así trabajamos en todos los temas. Estamos abiertos a recibirlos no sólo en el horario en que funciona la comisión; si consideran que podemos debatir en el marco de una charla más profunda, desde el bloque del Partido Socialista estamos dispuestos a escucharlos.
Estamos ante un tema muy trascendente, ya que tiene que ver con valores vinculados con un modelo de sociedad. Para nosotros, tanto los trabajadores desocupados como aquellos que están en negro o en actividad, son una prioridad. Por eso esperamos, a partir de este proyecto, enfocar la situación con una perspectiva amplia a fin de legislar en favor de todos ellos.
La Comisión de Legislación del Trabajo, como bien decía el señor diputado Recalde, es una comisión en la que uno se siente satisfecho y valora enormemente la función legislativa.
Los aportes que se realicen serán evaluados y tomados muy en cuenta por nuestros asesores; así trabajamos en todos los temas. Estamos abiertos a recibirlos no sólo en el horario en que funciona la comisión; si consideran que podemos debatir en el marco de una charla más profunda, desde el bloque del Partido Socialista estamos dispuestos a escucharlos.
Estamos ante un tema muy trascendente, ya que tiene que ver con valores vinculados con un modelo de sociedad. Para nosotros, tanto los trabajadores desocupados como aquellos que están en negro o en actividad, son una prioridad. Por eso esperamos, a partir de este proyecto, enfocar la situación con una perspectiva amplia a fin de legislar en favor de todos ellos.
SR. PRESIDENTE RECALDE Tiene la palabra el señor diputado Mouillerón.
SR. MOUILLERÓN Señor presidente: seré breve porque creo que tanto usted como la señora diputada Ciciliani sintetizaron nuestro pensamiento.
De todas maneras, me parece importante señalar que no todos compartimos los contenidos de los distintos proyectos. Existen disidencias y hemos tomado debida nota de todo, ya que existen nuevas iniciativas que también podrían ser incorporadas a la discusión. Esto nos parece muy valioso.
También quiero decir que hay ciertos aspectos en los que nos gustaría seguir profundizando. Por eso, ya sea de manera individual o a través de un bloque, evaluaremos la posibilidad de tomar contacto con algunas de las entidades a fin de evaluar determinadas cuestiones.
Agradezco a todos por su presencia en esta reunión. Verán que en la Cámara de Diputados se trabaja; hago la aclaración porque a veces se piensa que las leyes sólo son sancionadas por la voluntad de algunos. Doy fe de que en esta comisión se trabaja mucho, aunque no siempre coincidimos. Peleamos bastante, pero generalmente logramos suficiente consenso como para que el proyecto que llevamos al recinto sea aceptado unánimemente.
En ocasiones escucho decir que el proyecto de Fulano de Tal, lo único que hace es ponerle palos en la rueda a la producción. Creo que no hemos dado el visto bueno a ningún proyecto sin unanimidad. Es decir que la responsabilidad, si la tenemos, es compartida.
De todas maneras, me parece importante señalar que no todos compartimos los contenidos de los distintos proyectos. Existen disidencias y hemos tomado debida nota de todo, ya que existen nuevas iniciativas que también podrían ser incorporadas a la discusión. Esto nos parece muy valioso.
También quiero decir que hay ciertos aspectos en los que nos gustaría seguir profundizando. Por eso, ya sea de manera individual o a través de un bloque, evaluaremos la posibilidad de tomar contacto con algunas de las entidades a fin de evaluar determinadas cuestiones.
Agradezco a todos por su presencia en esta reunión. Verán que en la Cámara de Diputados se trabaja; hago la aclaración porque a veces se piensa que las leyes sólo son sancionadas por la voluntad de algunos. Doy fe de que en esta comisión se trabaja mucho, aunque no siempre coincidimos. Peleamos bastante, pero generalmente logramos suficiente consenso como para que el proyecto que llevamos al recinto sea aceptado unánimemente.
En ocasiones escucho decir que el proyecto de Fulano de Tal, lo único que hace es ponerle palos en la rueda a la producción. Creo que no hemos dado el visto bueno a ningún proyecto sin unanimidad. Es decir que la responsabilidad, si la tenemos, es compartida.
SR. PRESIDENTE RECALDE Es de Fuenteovejuna. (Risas.)
La Presidencia da por concluida la reunión. (Aplausos.)
La Presidencia da por concluida la reunión. (Aplausos.)
- Es la hora 13 y 10.