Manifestar su preocupación por la sistemática política persecutoria, antisindical y de violación a los derechos humanos y laborales que ejerce la empresa Coca Cola FEMSA de Buenos Aires contra sus trabajadores.

Solidarizarse con el reclamo de los empleados de la multinacional, que denuncian el plan de ajuste de la empresa y el clima de amedrentamiento contra todos los trabajadores, a la vez que exigen el cese de estas prácticas persecutorias hacia sus compañeros reinstalados por orden judicial, así como la inmediata reincorporación a su puesto de trabajo de José Luis Gómez, quien fuera despedido de manera discriminatoria el pasado 29 de marzo de 2016.

Señor presidente:

El presente proyecto de resolución tiene por objeto manifestar la preocupación de esta Cámara por la sistemática política persecutoria, antisindical y de violación a los derechos humanos que ejerce la empresa Coca Cola FEMSA de Buenos Aires contra sus trabajadores.

Al respecto, destacamos particularmente que, como denuncian sus trabajadores, esta multinacional comenzó a implementar un plan que tiene como principal objetivo aumentar la productividad, política que desde fines del año 2015 incluyó entre otras cosas el despido de alrededor de 100 trabajadores de las plantas de Pompeya, Monte Grande y Villa Celina.

Tanto en los casos de Pompeya como Monte Grande, la mayoría de estos despidos tuvieron un claro carácter persecutorio y antisindical, ya que fueron despedidos decenas de activistas que se organizan en la empresa por mejores condiciones salariales y de trabajo.

Un importante sector de esos trabajadores continúa organizándose en reclamo de su reincorporación y la justicia, a través de distintas medidas cautelares, reconoció el carácter persecutorio de estos despidos y resolvió la reinstalación de los trabajadores que iniciaron juicio para volver a su puesto de trabajo, siete de ellos reinstalados en los últimos meses.

A pesar de las medidas judiciales, la empresa Coca Cola FEMSA mantuvo y profundizó su política persecutoria, hostigando, sancionando y suspendiendo a los trabajadores, particularmente a aquellos que fueron reinstalados -con el objeto de volver a despedirlos- y a quienes defienden sus derechos dentro de la empresa. No conformes con esto, la multinacional está despidiendo trabajadores inventando causas, sin presentar prueba alguna y sin siquiera pagar sus indemnizaciones.

Este el caso del trabajador José Luis Gómez, un trabajador de 55 años y activista de esta fábrica, que fuera fiscal de una lista opositora a la conducción gremial actual y que en sus 13 años de trabajo en esta empresa jamás tuvo una sola sanción ni apercibimiento que afecte su legajo. La empresa acusa a este trabajador de “dañar intencionalmente un cono de seguridad vial”, en una causa que tiene lugar tras la difusión por redes sociales de fotografías que lo muestran participando del acto que tuvo lugar el pasado 24 de marzo, por el 40 aniversario del último golpe cívico militar, junto a sus compañeros de agrupación.

En su denuncia, los trabajadores destacan que el señor Marcelo Chamorro, un ex militar de la Marina, viene siendo uno de los responsables de efectuar los despidos discriminatorios de la mayoría de los trabajadores de las plantas de Monte Grande y de Pompeya arriba referidos.

En la coyuntura política actual, marcada por los despidos en el sector público y privado, esta situación se vuelve aún más preocupante.

En este sentido, los trabajadores también subrayan que la multinacional Coca Cola, que se reunió recientemente con el gobierno de Cambiemos en el foro de Davos, tras lo cual confirmó nuevas inversiones en el país por un monto de mil millones de dólares, mantiene a muchos de sus trabajadores de Argentina con contratos precarios y tercerización laboral.

Para expresar nuestra preocupación por esta situación y prestar la solidaridad de esta Cámara con los justos reclamos de los trabajadores, solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.