Su más enérgico repudio al vaciamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar, a los despidos de los trabajadores de la misma y al desmantelamiento sistemático del Estado, en detrimento de las unidades económicas básicas.

Señor presidente:

Señor presidente:

La resoluciones que han dado de baja, sistemáticamente, a los trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar, son un ejemplo del desprecio que el Poder Ejecutivo Nacional tiene, y demuestra, por los estratos sociales con menos recursos.

El vaciamiento, y desmantelamiento, de este organismo estratégico para la recuperación de los núcleos productivos básicos, significa la diferencia entre la dignidad y el hambre en la vida de miles de argentinos del interior de nuestro país. Ese interior nuevamente invisibilizado por las decisiones de un estado central cada vez más unitario y menos federal.

Las políticas nacionales han centrado sus esfuerzos en los grandes productores y en la optimización de la rentabilidad de ellos. Como contracara, el desprecio por los núcleos productivos familiares, los pequeños productores y las economías regionales relegadas a la sumisión de los grandes pooles, quienes imponen condiciones leoninas de contratación y esclavistas de la mano de obra.

Particularmente, no llama la atención el despido, más allá de las promesas del Secretario a cargo de la cartera, de técnicos y especialistas que eran los encargados de las capacitaciones y profesionalización de pequeños e incipientes productores, esto en el marco de potenciar los rendimientos de los grandes productores administrando la demanda de mano de obra, con una oferta de bajo costo basada en la especulación del peón sin posibilidad de crecer y con necesidades básicas insatisfechas. Esto es, generar un ámbito de desempleo y hambruna propicio para el retorno del trabajo esclavo rural.

Queda claro que esto forma parte de un gran planeamiento que también incluye al Partido Judicial y sus decisiones obedientes a los grandes intereses. No es casualidad que la Corte Suprema de Justicia de la Nación haya fallado por la disolución del RENATEA, devolviéndole el control del empleo rural al sindicato que fue funcional a las patronales y más hizo por la precarización del trabajo rural.

La actual política de desempleo y desprotección a los productores agropecuarios de menor escala ya se ha cobrado la primera víctima fatal. Melisa Bogarín falleció en Chaco cuando exponía su situación laboral en una asamblea de ATE en el Pro Huerta de Chaco.

Acababa de enterarse de que su contrato se vencía en 3 meses y no sería renovado. Llevaba 8 años en el programa a cargo de la comunicación. Su marido, también comunicador, había sido despedido por el actual gobierno de la Secretaría de Agricultura Familiar. Tenía una beba de 1 año.

Sin dudas estamos ante el extremo de la banalización del Estado, la involución de los derechos y el fortalecimiento de las clases dominantes.

Por todo lo expuesto solicitamos a los señores diputados y diputadas de la Nación acompañar este proyecto.