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LEGISLACION PENAL
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P04 Oficina 404
Jefe DR. TINTO JUAN ENRIQUE
Martes 15.30hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-7493/94 Internos 2403/01
clpenal@hcdn.gob.ar
- LEGISLACION PENAL
- MUJERES Y DIVERSIDAD
Reunión del día 18/06/2020
- REUNIÓN CONJUNTA
- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de junio de 2020, a la hora 15 y 07, comienza la reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal y de Mujeres y Diversidad, llevada a cabo bajo el formato de videoconferencia.
SRA. PRESIDENTA GAILLARD Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda reunión conjunta informativa de las comisiones de Legislación Penal y de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados de la Nación.
Quiero agradecer especialmente a los diputados que nos acompañan en este segundo encuentro y también a las invitadas que participan hoy de esta reunión para abordar todos los proyectos vinculados a violencia de género que tienen estado parlamentario en las comisiones de Legislación Penal y de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados.
Cuando planeamos esta reunión con la diputada Macha pensamos en trabajar de manera de tener un abordaje integral de los proyectos que estuvieran en la Comisión de Legislación Penal. Si bien siempre se asocia la legislación penal al aumento de penas, nosotros entendíamos que era importante pensar, junto con los legisladores que integran la Comisión de Legislación Penal pero también con las compañeras que conforman la Comisión de Mujer y Diversidad, todos los proyectos que estaban en la Comisión de Legislación Penal que tienen que ver no solamente con el tema penas sino también con distintos institutos del Código Penal, con nuevas figuras, dispositivos nuevos o con los procedimientos. Es decir que consideramos importante pensar con los legisladores y con invitadas que estuvieran en el territorio, en la academia o litigando en materia de violencia de género, para poder enriquecer nuestro punto de vista y trabajar en esos proyectos con una mirada integral.
¿Por qué digo con una mirada integral? Porque generalmente se abordan los proyectos de manera individual, y con la diputada Macha entendíamos que debíamos tener una mirada integral de todo lo que hay. Algunas de las expositoras que estuvieron en la reunión anterior decían que la modificación del Código Penal tiene que ser integral y teniendo en cuenta una perspectiva de género.
Todos vamos a estar acuerdo en eso, pero una de las expositoras -la fiscal Labozzetta- hablaba de la importancia de modificar algunas cuestiones del Código Penal que harían una diferencia respecto al funcionamiento de algunos dispositivos. Del mismo modo, surgieron otros aportes, como la necesidad de la mirada integral del ordenamiento jurídico de la perspectiva de género, la implementación del nuevo sistema acusatorio en el ámbito federal, la especificidad de los órganos de persecución de delitos donde medie la violencia de género, nuevas formas de reparación que sean integrales, una reparación para las mujeres y el colectivo LGBT que atraviesan múltiples violencias, el efectivo control de las medidas procesales, alternativas relativas al sistema de justicia, como también espacios de escucha y acompañamiento para quienes atraviesen estas situaciones.
Esas fueron algunas de las cuestiones que surgieron de la primera reunión con las expositoras y que hoy tienen continuidad con estas invitadas que van a participar, a las cuales Laura Caniggia, nuestra moderadora, hoy va a presentar con su currículum.
Vuelvo a agradecer a todos los que nos acompañan para que juntos podamos trabajar en los distintos proyectos que existen en la comisión para ver cuáles podrían ser útiles, cuáles no son viables y en qué podemos contribuir al mejor funcionamiento del sistema.
Cada vez que ocurre un femicidio en nuestro país nos preguntamos todos -creo- en qué estamos fallando, por qué no llegamos a tiempo, qué fue lo que no funcionó. Creo que a veces se debe a la falta de una buena articulación entre los distintos poderes del Estado pero también a la falta de compromiso de los operadores del sistema. Cuando hablamos operadores del sistema me refiero a trabajadores del Estado, de la Justicia, que lo toman como un caso y no como una persona que está padeciendo violencia de género.
Entonces, en ese sentido, nos parecía que hacer conjunta la reunión entre la Comisión de Legislación Penal y la de Mujer y Diversidad iba a dar un carácter de humanidad a lo que tenemos que tratar y abordar para mejorar los dispositivos del sistema. Por sobre todo, es importante tener en cuenta la articulación entre las legislaciones civil y penal, ver en qué podemos mejorar ese funcionamiento y, en la medida de nuestras posibilidades como legisladores, contribuir a que el sistema funcione un poco mejor o visibilizar las fallas para aportar entre todos una mejor solución.
Les agradezco a todos por participar y ahora les va a dar sus palabras de bienvenida la compañera Mónica Macha, que es la diputada que preside la Comisión de Mujeres y Diversidad.
Quiero agradecer especialmente a los diputados que nos acompañan en este segundo encuentro y también a las invitadas que participan hoy de esta reunión para abordar todos los proyectos vinculados a violencia de género que tienen estado parlamentario en las comisiones de Legislación Penal y de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados.
Cuando planeamos esta reunión con la diputada Macha pensamos en trabajar de manera de tener un abordaje integral de los proyectos que estuvieran en la Comisión de Legislación Penal. Si bien siempre se asocia la legislación penal al aumento de penas, nosotros entendíamos que era importante pensar, junto con los legisladores que integran la Comisión de Legislación Penal pero también con las compañeras que conforman la Comisión de Mujer y Diversidad, todos los proyectos que estaban en la Comisión de Legislación Penal que tienen que ver no solamente con el tema penas sino también con distintos institutos del Código Penal, con nuevas figuras, dispositivos nuevos o con los procedimientos. Es decir que consideramos importante pensar con los legisladores y con invitadas que estuvieran en el territorio, en la academia o litigando en materia de violencia de género, para poder enriquecer nuestro punto de vista y trabajar en esos proyectos con una mirada integral.
¿Por qué digo con una mirada integral? Porque generalmente se abordan los proyectos de manera individual, y con la diputada Macha entendíamos que debíamos tener una mirada integral de todo lo que hay. Algunas de las expositoras que estuvieron en la reunión anterior decían que la modificación del Código Penal tiene que ser integral y teniendo en cuenta una perspectiva de género.
Todos vamos a estar acuerdo en eso, pero una de las expositoras -la fiscal Labozzetta- hablaba de la importancia de modificar algunas cuestiones del Código Penal que harían una diferencia respecto al funcionamiento de algunos dispositivos. Del mismo modo, surgieron otros aportes, como la necesidad de la mirada integral del ordenamiento jurídico de la perspectiva de género, la implementación del nuevo sistema acusatorio en el ámbito federal, la especificidad de los órganos de persecución de delitos donde medie la violencia de género, nuevas formas de reparación que sean integrales, una reparación para las mujeres y el colectivo LGBT que atraviesan múltiples violencias, el efectivo control de las medidas procesales, alternativas relativas al sistema de justicia, como también espacios de escucha y acompañamiento para quienes atraviesen estas situaciones.
Esas fueron algunas de las cuestiones que surgieron de la primera reunión con las expositoras y que hoy tienen continuidad con estas invitadas que van a participar, a las cuales Laura Caniggia, nuestra moderadora, hoy va a presentar con su currículum.
Vuelvo a agradecer a todos los que nos acompañan para que juntos podamos trabajar en los distintos proyectos que existen en la comisión para ver cuáles podrían ser útiles, cuáles no son viables y en qué podemos contribuir al mejor funcionamiento del sistema.
Cada vez que ocurre un femicidio en nuestro país nos preguntamos todos -creo- en qué estamos fallando, por qué no llegamos a tiempo, qué fue lo que no funcionó. Creo que a veces se debe a la falta de una buena articulación entre los distintos poderes del Estado pero también a la falta de compromiso de los operadores del sistema. Cuando hablamos operadores del sistema me refiero a trabajadores del Estado, de la Justicia, que lo toman como un caso y no como una persona que está padeciendo violencia de género.
Entonces, en ese sentido, nos parecía que hacer conjunta la reunión entre la Comisión de Legislación Penal y la de Mujer y Diversidad iba a dar un carácter de humanidad a lo que tenemos que tratar y abordar para mejorar los dispositivos del sistema. Por sobre todo, es importante tener en cuenta la articulación entre las legislaciones civil y penal, ver en qué podemos mejorar ese funcionamiento y, en la medida de nuestras posibilidades como legisladores, contribuir a que el sistema funcione un poco mejor o visibilizar las fallas para aportar entre todos una mejor solución.
Les agradezco a todos por participar y ahora les va a dar sus palabras de bienvenida la compañera Mónica Macha, que es la diputada que preside la Comisión de Mujeres y Diversidad.
SRA. MACHA Buenas tardes. Coincido con las palabras de la diputada Gaillard. Cuando pensamos en hacer estas reuniones de modo conjunto justamente lo hicimos para poder, de algún modo, anticiparnos a que estos proyectos realmente conllevasen la perspectiva de género en su diseño, en su modo de presentación, en su modo de pensarlos; esto es, que no fuera una acción a posteriori sino que desde el vamos pudiéramos ubicarla en ese lugar.
Creo que la continuidad de este trabajo que nos planteamos en principio como de cuatro semanas, con distintos ejes temáticos, también permite ir consolidando, concibiendo y pensando estos problemas. Es un acompañamiento también para los diputados, diputadas y diputades de la Comisión de Legislación Penal y una alimentación constante, que va y viene con la Comisión de Mujeres y Diversidad, porque son temas que permanentemente tenemos que estar repensando y cuestionando. Debemos tener una mirada crítica sobre esto porque es una problemática social, es una problemática cultural, es una problemática que atraviesa distintas violencias y que, a veces, con la mejor intención, se cometen situaciones que perjudican a las mujeres y a las distintas identidades de género.
También quiero nombrar a las distintas identidades, lesbianas, travestis, trans, no binarios, intersex. Es necesario poder salirnos de ese paradigma binario, heterosexual, para poder también hacer lugar en esta idea de inclusión a todas las identidades de género que sufren distintos modos de violencia.
Nuestra apuesta es, como siempre, por la inclusión; también, como decía Carolina, se trata de tener proyectos donde esa dimensión de lo humano, de lo humano bien visto, de lo humano que tiene que ver con poder generar mejores condiciones de vida para las compañeras y compañeres, esté presente permanentemente.
Creo que también es interesante destacar los efectos que ha tenido la primera reunión no solamente para quienes estamos en esta circunstancia en este momento siendo parte de la Cámara sino también para otras personas, para otros espacios que nos han preguntado y que se han interesado por estas reuniones. Me parece que eso también es un efecto social que se va construyendo y es el modo que encontramos con Carolina de poder pensar también cómo es una legislación distinta, una legislación que nos permita trabajar de manera conjunta, de manera más abarcativa en pos de las mejores condiciones para todas las identidades de género.
Espero que tengamos una buena jornada. Sé que así va a ser y damos comienzo entonces a la actividad de hoy.
Creo que la continuidad de este trabajo que nos planteamos en principio como de cuatro semanas, con distintos ejes temáticos, también permite ir consolidando, concibiendo y pensando estos problemas. Es un acompañamiento también para los diputados, diputadas y diputades de la Comisión de Legislación Penal y una alimentación constante, que va y viene con la Comisión de Mujeres y Diversidad, porque son temas que permanentemente tenemos que estar repensando y cuestionando. Debemos tener una mirada crítica sobre esto porque es una problemática social, es una problemática cultural, es una problemática que atraviesa distintas violencias y que, a veces, con la mejor intención, se cometen situaciones que perjudican a las mujeres y a las distintas identidades de género.
También quiero nombrar a las distintas identidades, lesbianas, travestis, trans, no binarios, intersex. Es necesario poder salirnos de ese paradigma binario, heterosexual, para poder también hacer lugar en esta idea de inclusión a todas las identidades de género que sufren distintos modos de violencia.
Nuestra apuesta es, como siempre, por la inclusión; también, como decía Carolina, se trata de tener proyectos donde esa dimensión de lo humano, de lo humano bien visto, de lo humano que tiene que ver con poder generar mejores condiciones de vida para las compañeras y compañeres, esté presente permanentemente.
Creo que también es interesante destacar los efectos que ha tenido la primera reunión no solamente para quienes estamos en esta circunstancia en este momento siendo parte de la Cámara sino también para otras personas, para otros espacios que nos han preguntado y que se han interesado por estas reuniones. Me parece que eso también es un efecto social que se va construyendo y es el modo que encontramos con Carolina de poder pensar también cómo es una legislación distinta, una legislación que nos permita trabajar de manera conjunta, de manera más abarcativa en pos de las mejores condiciones para todas las identidades de género.
Espero que tengamos una buena jornada. Sé que así va a ser y damos comienzo entonces a la actividad de hoy.
SRA. PRESIDENTA GAILLARD Tiene la palabra Laura Caniggia, que va a presentar a nuestras invitadas.
SRA. CANIGGIA Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Gracias a Carolina y a Mónica por invitarme a participar en estas instancias que, como decía Mónica, son históricas.
Primero vamos a escuchar a Silvina Perugino, que es abogada, directora provincial de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, especialista en comunicación social y género, coordinadora del seminario Aborto en Argentina, Disrupciones en el Sistema Legal Hegemónico por la Universidad Nacional de la Plata.
Primero vamos a escuchar a Silvina Perugino, que es abogada, directora provincial de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, especialista en comunicación social y género, coordinadora del seminario Aborto en Argentina, Disrupciones en el Sistema Legal Hegemónico por la Universidad Nacional de la Plata.
SRA. PERUGINO En principio quiero agradecer a Carolina y a Mónica por la invitación a participar por parte nuestro ministerio. Estaba invitada personalmente Estela Díaz, quien ha manifestado las disculpas, pero cuestiones de agenda y de fuerza mayor le impiden estar hoy acá con ustedes. Es así que vengo -aunque es un poco imposible por todo lo que implica Estela para nosotras- a hablar en nombre de ella. Haré lo mejor que pueda en ese sentido.
En principio, quiero agradecerles la invitación. En lo personal, muchos años trabajé en la Cámara Diputados de la provincia de Buenos Aires, y cada vez que teníamos reuniones de comisión era importante para los legisladores, las legisladoras y los asesores y asesoras poder escuchar otras voces e interactuar con el Ejecutivo o con personas de la academia o militantes territoriales. Así que agradezco esta invitación y esta apertura. Creo que es la mejor forma de poder trabajar las leyes.
En principio, quiero decirles que estuvimos viendo el extenso temario que ustedes tienen para trabajar en la comisión. No obstante, antes de hacer algún abordaje de algunos temas, desde el ministerio queríamos comentarles algunas cuestiones para que ustedes también conozcan la realidad en la que estamos trabajando desde el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual.
Ustedes saben que la provincia de Buenos Aires tiene aproximadamente 17 millones de habitantes, lo que implica un gran impacto de la política de género y de la política general por la cantidad de habitantes que tiene.
Con respecto a la especificidad -a la que hizo referencia la señora presidenta Gaillard al principio- de la cuestión de género en el Poder Judicial, que es uno de los temas que nos preocupan, quiero contarles que de los diecinueve departamentos judiciales con los que cuenta la provincia de Buenos Aires, seis de ellos tienen alguna unidad relacionada a la cuestión de género. Entiendo que eso es parte de la legislación provincial, pero nos interesa que ustedes sepan por lo menos cuál es la situación dentro de la provincia de Buenos Aires.
Cuando arrancamos con el ministerio, nos encontramos con que a un tercio de los municipios todavía le faltaba algún área específica con respecto a la cuestión de género. Hoy, de los 135 municipios, ochenta tienen un área específica. Nosotras estamos haciendo un trabajo para la jerarquización de estas áreas, porque muchas de ellas son direcciones o áreas y no secretarías.
Con respecto a las cuestiones de las áreas de género -esto también tiene relación con lo que ustedes van a trabajar sobre el acompañamiento de las víctimas-, nosotras trabajamos articuladamente con las áreas de género en cuanto a acompañar a las víctimas en situaciones de violencia. Entonces, para nosotras es fundamental el fortalecimiento de esas áreas para que pueda haber equipos técnicos y personal acorde para poder acompañar a las víctimas, a las personas o a las mujeres, travestis y trans en situación de violencia en todo lo que es el proceso y lo que llamamos "ruta crítica", aunque también hay otras formas de denominarla.
A su vez, quiero contarles que, en esta tarea de trabajar con las áreas de género, estamos empezando a relevar los dispositivos para trabajar la masculinidad. Nos parece también que es un tema al que hay que ponerle un acento: trabajar la cuestión de la masculinidad. Incluso, desde el feminismo, muchas veces yo me enrolaba en esa tarea de las que pensábamos que teníamos que dialogar con las personas en situación de violencia y, en este transitar, hemos dejado un poco de lado poner la mirada en los victimarios.
Los dispositivos para trabajar la cuestión de la violencia con los victimarios empiezan también a ser fundamentales en esta avanzada. Nosotras, como feministas, estuvimos mucho tiempo solicitando que la víctima se acerque y haga la denuncia, que empiece a transitar por la institucionalidad de esa denuncia y buscar cuáles podían ser las soluciones. Pero dejamos de lado la cuestión de quien ejerce violencia. Y muchas veces, cuando nos encontramos con causas que no son de tal gravedad o magnitud, esos dispositivos para el trabajo de las masculinidades pueden dar un buen resultado. Estamos generando un relevamiento de esos dispositivos y nos parece interesante también pensar en algunas prácticas judiciales que tengan que ver con el abordaje de los violentos.
Justamente hoy hablaba con Gabriel Vitale, que es un juez de garantías de Lomas de Zamora que tiene un sistema de prácticas y de sustanciaciones presenciales en los procesos donde la violencia de género corresponde a delitos de no gran magnitud ni gravedad, donde sustancian encuentros con los violentos y van generando algunos diálogos que ayudan a que se pueda repensar la cuestión de la masculinidad. Estamos trabajando y vamos a reunirnos prontamente con él para trabajar acerca de algunas recomendaciones al Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires con respecto a este tema.
También quiero contarles sobre el Programa de Tobilleras -que se conoce bastante- para impedir el acercamiento cuando ya son delitos más graves. Nosotras también estamos trabajando en este dispositivo con la idea de que sea un dispositivo que impida el acercamiento del violento hacia la víctima o a la persona en situación de violencia para evitar delitos más graves, pero con la necesidad del acompañamiento del dispositivo de masculinidades porque la idea es, con el tiempo, dejar de utilizar ese dispositivo que es de control.
Por otro lado, desde la provincia de Buenos Aires, también se está empezando a implementar el fondo de asistencia a víctimas de violencia. Llevamos dieciocho convenios ya firmados con municipios; nos encontramos en proceso de firma de 41 convenios y tenemos iniciados 91 expedientes para la firma de estos convenios.
Por otra parte, les quería contar esto para que tuvieran un panorama de la provincia de Buenos Aires. Ya llevamos realizadas ochenta reuniones con mesas locales de los municipios. Estas mesas también tienen que ver con lo que ustedes planteaban sobre la coordinación de la justicia penal y la de familia. Ustedes saben que, en las mesas locales municipales, además de participar las áreas de género municipales, participan los jueces, las juezas y los fiscales tanto del fuero de familia como del penal y también los juzgados de paz.
La idea es que de esas mesas locales puedan surgir propuestas para la política pública. Y ahí sí, al estar en esas mesas tanto los fueros de familia como los penales o, en su defecto, los de paz, se empieza a articular esta cuestión -que era uno de los temas que estaban en el temario- acerca de las articulaciones, que hoy están muy dificultosas en la provincia de Buenos Aires, sobre los dos fueros. Tenemos, a lo mejor, casos que van por el fuero de familia en una dirección y hay un desconocimiento total de lo que puede pasar con esa misma persona en situación de violencia o ese victimario con respecto al fuero penal.
La mesa local sirve para articular ese tipo de política pública o, por lo menos, para llevar proyectos. Nosotras estamos participando. Les contaba que ya tuvimos ochenta reuniones con los municipios a fin de impulsar las mesas locales, para que puedan seguir trabajando a pesar del contexto de la pandemia.
Luego, ustedes saben que la Línea 144 es nacional, pero nosotras tenemos nuestra base operacional en provincia de Buenos Aires para lo que corresponde a esta área. A partir del contexto del COVID, hemos puesto a disposición también una línea de WhatsApp y de Telegram para víctimas de violencia.
Desde el surgimiento del COVID hasta los primeros días de junio, hemos recibido 8.000 llamadas, de las cuales 3.200 fueron por casos de violencia de género. A partir de esas llamadas, 620 casos fueron derivados a la dirección que está a mi cargo, que es la Dirección Provincial de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos de las Violencias por Razones de Género, y fueron tomados como casos de alto riesgo y casos críticos. Este dato es hasta el 16 de junio. En nuestra dirección, nosotras articulamos con el Poder Judicial fuertemente, tanto con el fuero de familia como con el penal.
Después, con respecto a otras cuestiones, también hemos trabajado en permisos para traslados de personas víctimas de violencia en el territorio de la provincia y también en otras provincias, además del fortalecimiento de la red de hogares.
La idea es contarles lo que estamos haciendo. No quiero olvidarme de las capacitaciones sobre la Ley Micaela. El gobernador fue el primero en capacitarse en nuestra provincia. Y, a pesar de que con la aparición del COVID se dificultaron las cosas, ya arrancamos con nuestra capacitación. Además, en la Mesa Interpoderes estamos trabajando en la implementación de la Ley Micaela porque notamos cierto déficit de parte de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Respecto a la dirección, nos comunicamos directamente con las personas en situación de violencia. Hablo especialmente de mujeres porque representan el 99 por ciento de los llamados que recibimos en la línea 144 de la provincia de Buenos Aires.
Como señaló Mónica al principio de la reunión, la idea es que la sociedad sepa que esa línea está a disposición no solamente de las mujeres, sino también de toda la diversidad. Estamos en ese camino porque nuestra tarea es primero comunicarnos directamente con la víctima y luego articular con los dispositivos territoriales. Aclaro que tenemos un fuerte apoyo de las direcciones de políticas de género de los municipios y que también articulamos con el Poder Judicial del fuero interviniente según el caso.
A medida que vamos avanzando, aparecen algunas dificultades, por ejemplo, en la presentación de las querellas en el fuero penal por parte de los familiares de las víctimas de femicidios, travesticidios o delitos graves. La mayoría de las personas que atendemos, ya sean mujeres, travestis o trans, no tienen recursos para pagar la presentación de la querella a la abogada o al abogado defensor particular. Esta dificultad la vemos reflejada en algunos proyectos que fueron presentados.
Por otro lado, desde la política pública creemos que es necesario articular los mecanismos existentes en el territorio. De todos modos, no quiero dejar de señalar que estamos trabajando junto a los Ministerios de Justicia nacional y provincial para articular los centros de asistencia a la víctima CAVAJ y CAJ con las direcciones de política de género.
Aunque en los centros de asistencia a la víctima muchas veces hay equipos de abogados y abogadas que pueden articular con las direcciones de políticas de género, tal vez haga falta algún remedio para atender el problema de la necesidad de contar con un patrocinio letrado particular para las querellas en este tipo de delitos.
Por otro lado, sé que también hay proyectos sobre las querellas presentadas por las organizaciones que trabajan en cuestiones relativas a violencia de género. Tenemos el ejemplo de un travesticidio en La Plata, donde la familia es de otro país y realmente quienes están abocadas al seguimiento del caso son las organizaciones sociales territoriales que acompañan la lucha por la identidad. Por ello, también nos parece interesante pensar en estos casos.
Pasando al caso específico de los feminicidios o femicidios y travesticidos, vemos dispar el avance con respecto a enmarcar estos tipos de crímenes como violencia de género.
Acerca de los feminicidios o femicidios, notamos cierta disparidad en el fuero penal del Poder Judicial, porque algunas fiscalías avanzan en la necesidad de la tipificación y otras todavía no logran comprender de qué hablamos. Esta disparidad se acentúa a la hora de tratar los travesticidios. Nos ha pasado que hemos interactuado con fiscales que directamente no conocían el término travesticidio. Entonces, es muy difícil que puedan avanzar en esa tipificación. Digo esto más allá de que entiendo el planteo de Carolina.
Obviamente hay muchas respuestas que no las dará la Justicia Penal ya que tienen que ver con soluciones más sociales, más políticas y más ideológicas. Tal vez si el Código Penal mencionara este tipo de delitos como femicidio y travesticidio, que son los nombres adecuados, serviría para darle el tono de especificidad a esos delitos cometidos a partir del crimen. Quiero agregar que, como les comentaba, son pocas las fiscalías especializadas en violencia de género.
Por otro lado, a partir de todos los tratados internacionales en derechos de las mujeres suscriptos por la Argentina, entendemos que es una obligación del Estado el fortalecimiento de la especificidad en cuanto a la cuestión de género.
La idea de la Fiscalía especializada no solamente tiene que pensarse para acentuar la persecución penal. Aclaro que no me quiero meter en un debate mucho más profundo sobre el feminismo y el punitivismo. No debemos pensar como feministas que el feminismo por definición no puede ser punitivista, sino que tenemos que apuntar a otras soluciones. Esa es una tarea muy compleja y tal vez la idea de la especificidad tenga que ver con dar relevancia y brindar más acompañamiento a la víctima. También tenemos que pensar en algún tratamiento especial de protección a la víctima de estos delitos, que muchas veces no es respetada. Sobre esta cuestión también se presentaron algunos proyectos.
Entiendo que es necesario pensar a la víctima de este tipo de delitos como una víctima especial. No es lo mismo la víctima de un delito penal común, como ser un hurto, un robo, incluso un homicidio en el contexto de un robo, que una víctima de violencia. Pensemos que en el caso de la persona que avanza sobre los bienes de otra o que comete un delito, la víctima muchas veces es casual. Entonces, la relación entre la víctima y el victimario termina en ese hecho.
En cambio, en el caso de la víctima de los delitos de género, más aún cuando hablamos de delitos en el ámbito de la pareja o de la ex pareja, quien comete el delito tiene una identidad muy determinada y específica. Vemos constantemente cómo muchos violentos, incluso a partir de la privación de la libertad, continúan amenazando y hostigando a la víctima. Por ello, considero importante pensar en la especificidad de la víctima en situaciones de violencia de género.
No sé si me queda alguna cuestión en el tintero, pero no me quiero extender porque fijamos un tiempo para que la reunión no sea tan extensa.
En resumen, les comenté en qué asuntos estamos trabajando en la provincia de Buenos Aires.
Por último, si bien desde la aparición del COVID la provincia de Buenos Aires cuenta con una aplicación y algunos departamentos judiciales están ratificando las denuncias vía telefónica, con la Procuración y la Suprema Corte de Justicia estamos desarrollando una aplicación que permita la centralización de las denuncias y la realización vía telefónica, sin necesidad de contar con una ratificación presencial, que sea aplicada a todo el ámbito de la provincia. Estamos trabajando en esa aplicación, que todavía no salió, pero nosotras creemos que se podrá llevar adelante.
Esto es lo que quería compartirles. Agradezco la invitación y me quedo con ustedes por si luego hacemos algún intercambio de opiniones. Muchas gracias.
En principio, quiero agradecerles la invitación. En lo personal, muchos años trabajé en la Cámara Diputados de la provincia de Buenos Aires, y cada vez que teníamos reuniones de comisión era importante para los legisladores, las legisladoras y los asesores y asesoras poder escuchar otras voces e interactuar con el Ejecutivo o con personas de la academia o militantes territoriales. Así que agradezco esta invitación y esta apertura. Creo que es la mejor forma de poder trabajar las leyes.
En principio, quiero decirles que estuvimos viendo el extenso temario que ustedes tienen para trabajar en la comisión. No obstante, antes de hacer algún abordaje de algunos temas, desde el ministerio queríamos comentarles algunas cuestiones para que ustedes también conozcan la realidad en la que estamos trabajando desde el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual.
Ustedes saben que la provincia de Buenos Aires tiene aproximadamente 17 millones de habitantes, lo que implica un gran impacto de la política de género y de la política general por la cantidad de habitantes que tiene.
Con respecto a la especificidad -a la que hizo referencia la señora presidenta Gaillard al principio- de la cuestión de género en el Poder Judicial, que es uno de los temas que nos preocupan, quiero contarles que de los diecinueve departamentos judiciales con los que cuenta la provincia de Buenos Aires, seis de ellos tienen alguna unidad relacionada a la cuestión de género. Entiendo que eso es parte de la legislación provincial, pero nos interesa que ustedes sepan por lo menos cuál es la situación dentro de la provincia de Buenos Aires.
Cuando arrancamos con el ministerio, nos encontramos con que a un tercio de los municipios todavía le faltaba algún área específica con respecto a la cuestión de género. Hoy, de los 135 municipios, ochenta tienen un área específica. Nosotras estamos haciendo un trabajo para la jerarquización de estas áreas, porque muchas de ellas son direcciones o áreas y no secretarías.
Con respecto a las cuestiones de las áreas de género -esto también tiene relación con lo que ustedes van a trabajar sobre el acompañamiento de las víctimas-, nosotras trabajamos articuladamente con las áreas de género en cuanto a acompañar a las víctimas en situaciones de violencia. Entonces, para nosotras es fundamental el fortalecimiento de esas áreas para que pueda haber equipos técnicos y personal acorde para poder acompañar a las víctimas, a las personas o a las mujeres, travestis y trans en situación de violencia en todo lo que es el proceso y lo que llamamos "ruta crítica", aunque también hay otras formas de denominarla.
A su vez, quiero contarles que, en esta tarea de trabajar con las áreas de género, estamos empezando a relevar los dispositivos para trabajar la masculinidad. Nos parece también que es un tema al que hay que ponerle un acento: trabajar la cuestión de la masculinidad. Incluso, desde el feminismo, muchas veces yo me enrolaba en esa tarea de las que pensábamos que teníamos que dialogar con las personas en situación de violencia y, en este transitar, hemos dejado un poco de lado poner la mirada en los victimarios.
Los dispositivos para trabajar la cuestión de la violencia con los victimarios empiezan también a ser fundamentales en esta avanzada. Nosotras, como feministas, estuvimos mucho tiempo solicitando que la víctima se acerque y haga la denuncia, que empiece a transitar por la institucionalidad de esa denuncia y buscar cuáles podían ser las soluciones. Pero dejamos de lado la cuestión de quien ejerce violencia. Y muchas veces, cuando nos encontramos con causas que no son de tal gravedad o magnitud, esos dispositivos para el trabajo de las masculinidades pueden dar un buen resultado. Estamos generando un relevamiento de esos dispositivos y nos parece interesante también pensar en algunas prácticas judiciales que tengan que ver con el abordaje de los violentos.
Justamente hoy hablaba con Gabriel Vitale, que es un juez de garantías de Lomas de Zamora que tiene un sistema de prácticas y de sustanciaciones presenciales en los procesos donde la violencia de género corresponde a delitos de no gran magnitud ni gravedad, donde sustancian encuentros con los violentos y van generando algunos diálogos que ayudan a que se pueda repensar la cuestión de la masculinidad. Estamos trabajando y vamos a reunirnos prontamente con él para trabajar acerca de algunas recomendaciones al Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires con respecto a este tema.
También quiero contarles sobre el Programa de Tobilleras -que se conoce bastante- para impedir el acercamiento cuando ya son delitos más graves. Nosotras también estamos trabajando en este dispositivo con la idea de que sea un dispositivo que impida el acercamiento del violento hacia la víctima o a la persona en situación de violencia para evitar delitos más graves, pero con la necesidad del acompañamiento del dispositivo de masculinidades porque la idea es, con el tiempo, dejar de utilizar ese dispositivo que es de control.
Por otro lado, desde la provincia de Buenos Aires, también se está empezando a implementar el fondo de asistencia a víctimas de violencia. Llevamos dieciocho convenios ya firmados con municipios; nos encontramos en proceso de firma de 41 convenios y tenemos iniciados 91 expedientes para la firma de estos convenios.
Por otra parte, les quería contar esto para que tuvieran un panorama de la provincia de Buenos Aires. Ya llevamos realizadas ochenta reuniones con mesas locales de los municipios. Estas mesas también tienen que ver con lo que ustedes planteaban sobre la coordinación de la justicia penal y la de familia. Ustedes saben que, en las mesas locales municipales, además de participar las áreas de género municipales, participan los jueces, las juezas y los fiscales tanto del fuero de familia como del penal y también los juzgados de paz.
La idea es que de esas mesas locales puedan surgir propuestas para la política pública. Y ahí sí, al estar en esas mesas tanto los fueros de familia como los penales o, en su defecto, los de paz, se empieza a articular esta cuestión -que era uno de los temas que estaban en el temario- acerca de las articulaciones, que hoy están muy dificultosas en la provincia de Buenos Aires, sobre los dos fueros. Tenemos, a lo mejor, casos que van por el fuero de familia en una dirección y hay un desconocimiento total de lo que puede pasar con esa misma persona en situación de violencia o ese victimario con respecto al fuero penal.
La mesa local sirve para articular ese tipo de política pública o, por lo menos, para llevar proyectos. Nosotras estamos participando. Les contaba que ya tuvimos ochenta reuniones con los municipios a fin de impulsar las mesas locales, para que puedan seguir trabajando a pesar del contexto de la pandemia.
Luego, ustedes saben que la Línea 144 es nacional, pero nosotras tenemos nuestra base operacional en provincia de Buenos Aires para lo que corresponde a esta área. A partir del contexto del COVID, hemos puesto a disposición también una línea de WhatsApp y de Telegram para víctimas de violencia.
Desde el surgimiento del COVID hasta los primeros días de junio, hemos recibido 8.000 llamadas, de las cuales 3.200 fueron por casos de violencia de género. A partir de esas llamadas, 620 casos fueron derivados a la dirección que está a mi cargo, que es la Dirección Provincial de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos de las Violencias por Razones de Género, y fueron tomados como casos de alto riesgo y casos críticos. Este dato es hasta el 16 de junio. En nuestra dirección, nosotras articulamos con el Poder Judicial fuertemente, tanto con el fuero de familia como con el penal.
Después, con respecto a otras cuestiones, también hemos trabajado en permisos para traslados de personas víctimas de violencia en el territorio de la provincia y también en otras provincias, además del fortalecimiento de la red de hogares.
La idea es contarles lo que estamos haciendo. No quiero olvidarme de las capacitaciones sobre la Ley Micaela. El gobernador fue el primero en capacitarse en nuestra provincia. Y, a pesar de que con la aparición del COVID se dificultaron las cosas, ya arrancamos con nuestra capacitación. Además, en la Mesa Interpoderes estamos trabajando en la implementación de la Ley Micaela porque notamos cierto déficit de parte de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Respecto a la dirección, nos comunicamos directamente con las personas en situación de violencia. Hablo especialmente de mujeres porque representan el 99 por ciento de los llamados que recibimos en la línea 144 de la provincia de Buenos Aires.
Como señaló Mónica al principio de la reunión, la idea es que la sociedad sepa que esa línea está a disposición no solamente de las mujeres, sino también de toda la diversidad. Estamos en ese camino porque nuestra tarea es primero comunicarnos directamente con la víctima y luego articular con los dispositivos territoriales. Aclaro que tenemos un fuerte apoyo de las direcciones de políticas de género de los municipios y que también articulamos con el Poder Judicial del fuero interviniente según el caso.
A medida que vamos avanzando, aparecen algunas dificultades, por ejemplo, en la presentación de las querellas en el fuero penal por parte de los familiares de las víctimas de femicidios, travesticidios o delitos graves. La mayoría de las personas que atendemos, ya sean mujeres, travestis o trans, no tienen recursos para pagar la presentación de la querella a la abogada o al abogado defensor particular. Esta dificultad la vemos reflejada en algunos proyectos que fueron presentados.
Por otro lado, desde la política pública creemos que es necesario articular los mecanismos existentes en el territorio. De todos modos, no quiero dejar de señalar que estamos trabajando junto a los Ministerios de Justicia nacional y provincial para articular los centros de asistencia a la víctima CAVAJ y CAJ con las direcciones de política de género.
Aunque en los centros de asistencia a la víctima muchas veces hay equipos de abogados y abogadas que pueden articular con las direcciones de políticas de género, tal vez haga falta algún remedio para atender el problema de la necesidad de contar con un patrocinio letrado particular para las querellas en este tipo de delitos.
Por otro lado, sé que también hay proyectos sobre las querellas presentadas por las organizaciones que trabajan en cuestiones relativas a violencia de género. Tenemos el ejemplo de un travesticidio en La Plata, donde la familia es de otro país y realmente quienes están abocadas al seguimiento del caso son las organizaciones sociales territoriales que acompañan la lucha por la identidad. Por ello, también nos parece interesante pensar en estos casos.
Pasando al caso específico de los feminicidios o femicidios y travesticidos, vemos dispar el avance con respecto a enmarcar estos tipos de crímenes como violencia de género.
Acerca de los feminicidios o femicidios, notamos cierta disparidad en el fuero penal del Poder Judicial, porque algunas fiscalías avanzan en la necesidad de la tipificación y otras todavía no logran comprender de qué hablamos. Esta disparidad se acentúa a la hora de tratar los travesticidios. Nos ha pasado que hemos interactuado con fiscales que directamente no conocían el término travesticidio. Entonces, es muy difícil que puedan avanzar en esa tipificación. Digo esto más allá de que entiendo el planteo de Carolina.
Obviamente hay muchas respuestas que no las dará la Justicia Penal ya que tienen que ver con soluciones más sociales, más políticas y más ideológicas. Tal vez si el Código Penal mencionara este tipo de delitos como femicidio y travesticidio, que son los nombres adecuados, serviría para darle el tono de especificidad a esos delitos cometidos a partir del crimen. Quiero agregar que, como les comentaba, son pocas las fiscalías especializadas en violencia de género.
Por otro lado, a partir de todos los tratados internacionales en derechos de las mujeres suscriptos por la Argentina, entendemos que es una obligación del Estado el fortalecimiento de la especificidad en cuanto a la cuestión de género.
La idea de la Fiscalía especializada no solamente tiene que pensarse para acentuar la persecución penal. Aclaro que no me quiero meter en un debate mucho más profundo sobre el feminismo y el punitivismo. No debemos pensar como feministas que el feminismo por definición no puede ser punitivista, sino que tenemos que apuntar a otras soluciones. Esa es una tarea muy compleja y tal vez la idea de la especificidad tenga que ver con dar relevancia y brindar más acompañamiento a la víctima. También tenemos que pensar en algún tratamiento especial de protección a la víctima de estos delitos, que muchas veces no es respetada. Sobre esta cuestión también se presentaron algunos proyectos.
Entiendo que es necesario pensar a la víctima de este tipo de delitos como una víctima especial. No es lo mismo la víctima de un delito penal común, como ser un hurto, un robo, incluso un homicidio en el contexto de un robo, que una víctima de violencia. Pensemos que en el caso de la persona que avanza sobre los bienes de otra o que comete un delito, la víctima muchas veces es casual. Entonces, la relación entre la víctima y el victimario termina en ese hecho.
En cambio, en el caso de la víctima de los delitos de género, más aún cuando hablamos de delitos en el ámbito de la pareja o de la ex pareja, quien comete el delito tiene una identidad muy determinada y específica. Vemos constantemente cómo muchos violentos, incluso a partir de la privación de la libertad, continúan amenazando y hostigando a la víctima. Por ello, considero importante pensar en la especificidad de la víctima en situaciones de violencia de género.
No sé si me queda alguna cuestión en el tintero, pero no me quiero extender porque fijamos un tiempo para que la reunión no sea tan extensa.
En resumen, les comenté en qué asuntos estamos trabajando en la provincia de Buenos Aires.
Por último, si bien desde la aparición del COVID la provincia de Buenos Aires cuenta con una aplicación y algunos departamentos judiciales están ratificando las denuncias vía telefónica, con la Procuración y la Suprema Corte de Justicia estamos desarrollando una aplicación que permita la centralización de las denuncias y la realización vía telefónica, sin necesidad de contar con una ratificación presencial, que sea aplicada a todo el ámbito de la provincia. Estamos trabajando en esa aplicación, que todavía no salió, pero nosotras creemos que se podrá llevar adelante.
Esto es lo que quería compartirles. Agradezco la invitación y me quedo con ustedes por si luego hacemos algún intercambio de opiniones. Muchas gracias.
SRA. PRESIDENTA GAILLARD Muchas gracias, Silvina. La verdad es que el aporte desde el territorio es muy valioso para saber cuáles son las articulaciones que faltan y las necesidades concretas que existen.
A continuación, Laura presentará a la próxima invitada.
A continuación, Laura presentará a la próxima invitada.
SRA. MODERADORA (CANIGGIA) Gracias, Carolina. La próxima invitada es la doctora Julieta Di Corleto, abogada por la Universidad de Buenos Aires, con maestría en derecho de la Universidad de Harvard y doctorado en Historia de la Universidad de San Andrés. Es docente de la carrera de posgrado de las materias Derecho Penal II y Derecho Penal y Género, de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Torcuato Di Tella. Es directora del equipo de investigación de Doctrina Penal Feminista. A su vez, investiga los temas de historia, criminología, derecho penal y género; cuenta con publicaciones especializadas en estas temáticas y actualmente es responsable de la Secretaría de Capacitación y Jurisprudencia de la Defensoría General de la Nación. Tiene un libro espectacular para leer durante la cuarentena, titulado Malas Madres.
SRA. DI CORLETO Señora presidenta: muchas gracias. La información sobre el libro yo no se las había enviado. (Risas.) Agradezco la presentación que me han formulado, especialmente a las diputadas Gaillard y Macha por haberme convocado a participar en este espacio.
Celebro la iniciativa de pensar los problemas de violencia de género de manera conjunta. En general, quienes trabajamos en el ámbito del derecho penal tendemos a pensar que si no hay derecho penal, no hay nada más. Justamente para intervenir en los espacios de derecho penal tenemos que revisar si no hay otras dimensiones de análisis previo que nos permitan incursionar en el derecho penal para que este pueda cubrir o cumplir su función de última ratio.
Actualmente soy responsable de la Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia del Ministerio Público de la Defensa. Este es un espacio integrado por funcionarias y magistrados que litigan a lo largo de todo el país brindando asistencia legal y recursos. Dentro de esta institución también se encuentra inserta la Comisión de Temáticas de Género, cuya responsable, Raquel Asencio, también está aquí presente y seguramente podrá explicar su trabajo en ese espacio.
Como una institución señera en temas de capacitación de género, la defensora General de la Nación, la doctora Stella Maris Martínez, estableció que todos los agentes empleados, funcionarios y magistrados deben cumplir anualmente con cursos con perspectiva de género. En este sentido, más allá de la Ley Micaela, sobre la que estamos trabajando, es una institución que tiene un compromiso fuerte con la temática y que se ha desarrollado durante todos estos años.
Eso nos da una perspectiva interesante para pensar y comentar algunos de los proyectos a los que tuvimos acceso, porque de un lado conocemos la posición de las víctimas y, de otro, lo que sucede en el marco de los procesos desde la perspectiva de los agresores.
Una de las cuestiones que nosotras marcamos en torno a los proyectos que leímos es que podríamos dividirlos. Unos, tienen que ver con una mayor intervención del derecho penal; otros, podría pensarse que buscan una menor intervención del derecho penal para mujeres en contexto de violencia de género. Esa dimensión tal vez no está tan presente en los proyectos y nos gustaría eventualmente que estuviera incluida dentro de una posible agenda legislativa.
Los proyectos de ley que tienen prevista alguna mayor intervención del derecho penal -por citar, la prohibición de la suspensión del juicio a prueba en caso de violencia de género o el agravante para la violación en el marco de una relación matrimonial están dirigidos quizás a realzar la gravedad de estas conductas, pero lo cierto es que no avanzan sobre espacios vacíos o que no tienen intervención del derecho penal. En ese sentido, pensamos que en lugar de abordar el problema del acceso a la Justicia de las mujeres, están focalizados en la elevación de la pena. En algún sentido el desafío en este tiempo es lograr que la administración de Justicia como organización, con todos los poderes -el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa , incorpore un enfoque de género, de forma tal de contrarrestar los sesgos de género que tienen los operadores judiciales.
Desde 1998 a la fecha hemos tenido numerosas reformas, algunas de ellas fueron muy valiosas para mostrar la problemática de género, pero en este momento creo que las normas con las que contamos no requerirían un refuerzo. En particular, por ejemplo, incluir en el Código Penal la problemática del acoso sexual en el ámbito de trabajo puede ser especialmente contraproducente para los derechos de las mujeres. Lo mismo puede ocurrir cuando pensamos en disponer la intervención del derecho penal obligatorio en casos de delitos contra la integridad sexual.
Entendemos cuáles son las paradojas que tiene una mayor criminalización y una mayor o menor intervención en términos de cómo se reconoce esto como un problema público, pero lo cierto es que en este estadío fortalecer la autonomía de la mujer y la decisión de si concurrir o no a la Justicia, en los términos en los que hoy representa atravesar un proceso penal, es un espacio que sería interesante poder mantener y en todo caso fortalecer con un acompañamiento que asegure que están dadas las condiciones para que su presentación ante el Poder Judicial sea beneficiosa.
En relación con los proyectos que apuntan a aumentar la intervención del derecho penal, hay uno que personalmente me parece que es muy interesante, que viene a llenar un vacío y que tiene que ver con la incorporación de la prohibición o de la penalización de la violencia sexual digital. Todo lo que tenga que ver con la publicación no consentida de imágenes y videos íntimos por medios electrónicos es un tipo de violencia de género. Aquí hay un espacio estrecho de no consideración. La legislación comparada de países de nuestra región, como México, Perú o Chile, entre otros, contemplan la prohibición de la captura y la difusión de material íntimo de manera no consentida.
Nuestro Código Penal, en cambio, está específicamente centrado en la tenencia de material pornográfico para menores de edad y la difusión del material. Pero para el caso de las personas mayores de edad, solo está criminalizado el supuesto en el que se utilice un mecanismo extorsivo para bajar las imágenes. O sea, la sola distribución de imágenes sin el consentimiento de una persona mayor de 18 años, por el momento no está incluido en nuestro Código Penal; esta podría ser una línea interesante para pensar un espacio de vacío en lo que tiene que ver con la violencia contra las mujeres.
En cuanto a pensar en cómo la violencia contra las mujeres debería tener una previsión en nuestra legislación, consideramos que hay otros espacios que podrían tener una articulación en derecho civil y derecho penal, que tienen que ver con la parte general del Código Penal. En este caso, se podría pensar en una legítima defensa privilegiada, en una causal de inculpabilidad por el contexto coactivo.
XXXXXXX
Incluso, se podría pensar en incorporar como estaba en alguno de los proyectos de Código Penal algún principio de interpretación que incluya la igualdad y la no discriminación. Pueden ser pautas que funcionen como marco interpretativo, quizás con un alcance más efectivo a otras lecturas que se puedan hacer del Código Penal.
Finamente, quizá retomando la agenda de menor intervención, quiero mencionar tres puntos que también están marcados por contextos coactivos y situaciones de violencia y que pueden llegar a ser interesantes para pensar en estas comisiones. Aquí nosotras pensamos en la posibilidad de evaluar en qué medida se puede incluir un tratamiento sobre la legislación en materia de narcotráfico y analizar las penas elevadas que tienen las mujeres incursas en situaciones de narcomenudeo en contextos de violencia de género.
Por supuesto, la problemática del aborto no se nos escapa como situación grave y a tener en cuenta. Obviamente, sabemos que es un tema que es más amplio y requiere otro tipo de articulación, pero simplemente quiero poner sobre la mesa que en la actualidad hay muchos procesos en trámite por casos de mujeres imputadas como autoras de homicidio agravado por el fallecimiento de un feto de cinco meses. Es decir, hay casos en donde una situación de aborto termina en un castigo por el delito de homicidio agravado.
Hay algunas investigaciones en curso sobre esta temática que son sumamente interesantes y muestran cómo se oculta con otras carátulas la criminalización de mujeres por supuestos de aborto; en algunos casos, incluso cuando los embarazos fueron producto de agresiones sexuales.
Finalmente, la otra cuestión que quiero mencionar, y a la que se referirá Raquel Asencio, tiene que ver con la normativa vinculada al impedimento de contacto, otro artículo del Código Penal que toca de lleno a las mujeres en situaciones de violencia de género y que se articula especialmente con los espacios de derecho civil.
Hice un punteo de la presentación. Les agradezco muchísimo y, obviamente, estoy aquí para responder preguntas y continuar el diálogo.
Celebro la iniciativa de pensar los problemas de violencia de género de manera conjunta. En general, quienes trabajamos en el ámbito del derecho penal tendemos a pensar que si no hay derecho penal, no hay nada más. Justamente para intervenir en los espacios de derecho penal tenemos que revisar si no hay otras dimensiones de análisis previo que nos permitan incursionar en el derecho penal para que este pueda cubrir o cumplir su función de última ratio.
Actualmente soy responsable de la Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia del Ministerio Público de la Defensa. Este es un espacio integrado por funcionarias y magistrados que litigan a lo largo de todo el país brindando asistencia legal y recursos. Dentro de esta institución también se encuentra inserta la Comisión de Temáticas de Género, cuya responsable, Raquel Asencio, también está aquí presente y seguramente podrá explicar su trabajo en ese espacio.
Como una institución señera en temas de capacitación de género, la defensora General de la Nación, la doctora Stella Maris Martínez, estableció que todos los agentes empleados, funcionarios y magistrados deben cumplir anualmente con cursos con perspectiva de género. En este sentido, más allá de la Ley Micaela, sobre la que estamos trabajando, es una institución que tiene un compromiso fuerte con la temática y que se ha desarrollado durante todos estos años.
Eso nos da una perspectiva interesante para pensar y comentar algunos de los proyectos a los que tuvimos acceso, porque de un lado conocemos la posición de las víctimas y, de otro, lo que sucede en el marco de los procesos desde la perspectiva de los agresores.
Una de las cuestiones que nosotras marcamos en torno a los proyectos que leímos es que podríamos dividirlos. Unos, tienen que ver con una mayor intervención del derecho penal; otros, podría pensarse que buscan una menor intervención del derecho penal para mujeres en contexto de violencia de género. Esa dimensión tal vez no está tan presente en los proyectos y nos gustaría eventualmente que estuviera incluida dentro de una posible agenda legislativa.
Los proyectos de ley que tienen prevista alguna mayor intervención del derecho penal -por citar, la prohibición de la suspensión del juicio a prueba en caso de violencia de género o el agravante para la violación en el marco de una relación matrimonial están dirigidos quizás a realzar la gravedad de estas conductas, pero lo cierto es que no avanzan sobre espacios vacíos o que no tienen intervención del derecho penal. En ese sentido, pensamos que en lugar de abordar el problema del acceso a la Justicia de las mujeres, están focalizados en la elevación de la pena. En algún sentido el desafío en este tiempo es lograr que la administración de Justicia como organización, con todos los poderes -el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa , incorpore un enfoque de género, de forma tal de contrarrestar los sesgos de género que tienen los operadores judiciales.
Desde 1998 a la fecha hemos tenido numerosas reformas, algunas de ellas fueron muy valiosas para mostrar la problemática de género, pero en este momento creo que las normas con las que contamos no requerirían un refuerzo. En particular, por ejemplo, incluir en el Código Penal la problemática del acoso sexual en el ámbito de trabajo puede ser especialmente contraproducente para los derechos de las mujeres. Lo mismo puede ocurrir cuando pensamos en disponer la intervención del derecho penal obligatorio en casos de delitos contra la integridad sexual.
Entendemos cuáles son las paradojas que tiene una mayor criminalización y una mayor o menor intervención en términos de cómo se reconoce esto como un problema público, pero lo cierto es que en este estadío fortalecer la autonomía de la mujer y la decisión de si concurrir o no a la Justicia, en los términos en los que hoy representa atravesar un proceso penal, es un espacio que sería interesante poder mantener y en todo caso fortalecer con un acompañamiento que asegure que están dadas las condiciones para que su presentación ante el Poder Judicial sea beneficiosa.
En relación con los proyectos que apuntan a aumentar la intervención del derecho penal, hay uno que personalmente me parece que es muy interesante, que viene a llenar un vacío y que tiene que ver con la incorporación de la prohibición o de la penalización de la violencia sexual digital. Todo lo que tenga que ver con la publicación no consentida de imágenes y videos íntimos por medios electrónicos es un tipo de violencia de género. Aquí hay un espacio estrecho de no consideración. La legislación comparada de países de nuestra región, como México, Perú o Chile, entre otros, contemplan la prohibición de la captura y la difusión de material íntimo de manera no consentida.
Nuestro Código Penal, en cambio, está específicamente centrado en la tenencia de material pornográfico para menores de edad y la difusión del material. Pero para el caso de las personas mayores de edad, solo está criminalizado el supuesto en el que se utilice un mecanismo extorsivo para bajar las imágenes. O sea, la sola distribución de imágenes sin el consentimiento de una persona mayor de 18 años, por el momento no está incluido en nuestro Código Penal; esta podría ser una línea interesante para pensar un espacio de vacío en lo que tiene que ver con la violencia contra las mujeres.
En cuanto a pensar en cómo la violencia contra las mujeres debería tener una previsión en nuestra legislación, consideramos que hay otros espacios que podrían tener una articulación en derecho civil y derecho penal, que tienen que ver con la parte general del Código Penal. En este caso, se podría pensar en una legítima defensa privilegiada, en una causal de inculpabilidad por el contexto coactivo.
XXXXXXX
Incluso, se podría pensar en incorporar como estaba en alguno de los proyectos de Código Penal algún principio de interpretación que incluya la igualdad y la no discriminación. Pueden ser pautas que funcionen como marco interpretativo, quizás con un alcance más efectivo a otras lecturas que se puedan hacer del Código Penal.
Finamente, quizá retomando la agenda de menor intervención, quiero mencionar tres puntos que también están marcados por contextos coactivos y situaciones de violencia y que pueden llegar a ser interesantes para pensar en estas comisiones. Aquí nosotras pensamos en la posibilidad de evaluar en qué medida se puede incluir un tratamiento sobre la legislación en materia de narcotráfico y analizar las penas elevadas que tienen las mujeres incursas en situaciones de narcomenudeo en contextos de violencia de género.
Por supuesto, la problemática del aborto no se nos escapa como situación grave y a tener en cuenta. Obviamente, sabemos que es un tema que es más amplio y requiere otro tipo de articulación, pero simplemente quiero poner sobre la mesa que en la actualidad hay muchos procesos en trámite por casos de mujeres imputadas como autoras de homicidio agravado por el fallecimiento de un feto de cinco meses. Es decir, hay casos en donde una situación de aborto termina en un castigo por el delito de homicidio agravado.
Hay algunas investigaciones en curso sobre esta temática que son sumamente interesantes y muestran cómo se oculta con otras carátulas la criminalización de mujeres por supuestos de aborto; en algunos casos, incluso cuando los embarazos fueron producto de agresiones sexuales.
Finalmente, la otra cuestión que quiero mencionar, y a la que se referirá Raquel Asencio, tiene que ver con la normativa vinculada al impedimento de contacto, otro artículo del Código Penal que toca de lleno a las mujeres en situaciones de violencia de género y que se articula especialmente con los espacios de derecho civil.
Hice un punteo de la presentación. Les agradezco muchísimo y, obviamente, estoy aquí para responder preguntas y continuar el diálogo.
SRA. PRESIDENTA GAILLARD Muy interesantes los aportes que nos has hecho. Muchas gracias.
Laura va a presentar a la próxima invitada. Le pedí a Gabriela Estévez que después nos dé detalles de su proyecto sobre la penalización de imágenes de contenido sexual sin consentimiento.
Laura va a presentar a la próxima invitada. Le pedí a Gabriela Estévez que después nos dé detalles de su proyecto sobre la penalización de imágenes de contenido sexual sin consentimiento.
SRA. MODERADORA (CANIGGIA) Va a tomar la palabra la titular de la Comisión de Temáticas de Género del Ministerio Público de Defensa, doctora Raquel Asencio.
SRA. ASENCIO En primer lugar, agradezco a las diputadas Gaillard y Macha por la invitación y la generación de este espacio.
Celebro este intercambio tan interesante donde, desde un primer momento, se hace un abordaje conjunto, ya que muchas veces el paso sucesivo por las comisiones hace perder la riqueza de un intercambio con un enfoque de género, tan necesario en estas iniciativas.
Un poco con Julieta habíamos coordinado la presentación; ella viene del derecho penal, yo del público. Dentro de la Comisión de Género trabajamos con distintas líneas de intervención -no les voy a contar todas, no se preocupen y quiero aprovechar esta oportunidad para mencionar cuáles son los principales obstáculos que encontramos en lo que se refiere al acceso a la Justicia de mujeres que sufren violencia de género de distinto tipo.
Desde la Comisión de Género intervenimos, por un lado, con el acompañamiento de víctimas de violencia de género que necesitan medidas de protección en el fuero civil en forma preponderante, aunque no exclusivamente; de víctimas en el rol de querellantes junto a otra área de la Defensoría General dedicada a estas tareas , a quienes también acompañamos en los procesos penales por lo que sabemos de primera mano cómo son estas incursiones ; y a defensoras y defensores públicos que deben defender a mujeres acusadas de delitos cuando la situación de violencia de género en la que están inmersas tiene un grado determinante en esa imputación penal.
A raíz de esta experiencia, de cómo pesa la violencia de género y qué obstáculos se encuentran en estos procesos, vengo a complementar las propuestas que había presentado anteriormente Julieta.
Para cerrar con el tema penal, ya por fuera del Código Penal, pero vinculado a las normas procesales, quiero mencionar una cuestión que nos parece importante.
Muchas veces, la dificultad para denunciar la violencia sexual o la sensación de discriminación que queda en el abordaje de estos casos no tiene que ver tanto con el monto de la pena son escalas penales que tienen previstas penas altas sino con la impunidad o con el trato revictimizante que reciben las mujeres. Consideramos que, si se facilita el acceso de las mujeres a la Justicia, se pueden mejorar estas respuestas judiciales.
En este sentido, la propuesta que queríamos someter a consideración para que puedan evaluar su pertinencia tiene que ver con incluir lo que se conoce como leyes de escudo. Esto lo tienen varios países; lo tiene el Estatuto de Roma en las reglas 70 y 71 de las Reglas de Procedimiento y Prueba, donde se prevén algunas restricciones respecto a las pruebas que se pueden introducir, aportar y valorar en los procesos en que se investiga violencia sexual. Dichas reglas refieren a la prohibición de inferir el consentimiento cuando existe un contexto coactivo o silencio de la mujer ante el hecho de violencia sexual; también se prohíbe indagar acerca de su conducta sexual previa o posterior.
Vi que Luciana Sánchez también está hoy con nosotros. Me acordé de que hace más de una década veníamos trabajando en esta propuesta, precisamente a propósito de una reforma del Código Procesal Penal. Lamentablemente, creemos que todavía tiene actualidad.
Por su parte, otra de las leyes especiales con algún tipo penal que suele tener un impacto discriminatorio por motivos de género es la ley de Impedimento de contacto. El problema que se genera básicamente no está dado en la formulación de la ley, que es neutral, sino en cómo es aplicada. Su sujeto normativo es neutral, pero se deja de lado que, en general, quienes detentan el cuidado de los hijos y las hijas menores de edad son las madres y el padre no conviviente es el varón; entonces, es una ley que se usa para denunciar a las mujeres, que normalmente son el progenitor conviviente.
Esta ley tiene muchos problemas -en los que no voy a ahondar ahora porque agotaríamos el tiempo de esta reunión, pero básicamente tiene un resultado discriminatorio en esa falsa neutralidad y en cómo ha sido interpretada, porque solamente aplica en perjuicio del padre conviviente junto con la interpretación que se hace del delito de sustracción de menores, donde una corriente importante de interpretación sostiene que los padres no pueden ser sujetos del delito de sustracción de menores. Esto hace que, en la práctica, la conducta de la mujer que no deja ir a los chicos una, dos, tres veces a ver a su padre sin que quede claro si tiene que haber un régimen de visitas o no que haya que incumplir, porque no está claro en el tipo penal y el procedimiento es sumamente deficiente pueda ser denunciada penalmente; sin embargo, el padre no conviviente que tal vez no deja a la mujer ver a sus hijos por años muchas veces no es sujeto de la conducta típica prevista, ni de la sustracción de menores ni del impedimento de contacto. Esto tiene un claro impacto discriminatorio.
El análisis es más técnico. En su momento, hemos hecho un análisis que les podemos hacer llegar, si les interesa sobre las deficiencias que presenta la ley en la práctica.
Dejando de lado las reformas penales y aceptando esta invitación, también queríamos acercar una mirada sobre los obstáculos en el acceso a la Justicia que tenga que ver con la legislación no penal. Más allá de que esta es una reunión de la Comisión de Legislación Penal, queremos ofrecer la perspectiva que tenemos desde el acompañamiento a estas mujeres en procesos civiles o penales, acerca de dónde están las falencias en el acceso a la Justicia que lo hacen discriminatorio y desalentador cuando las mujeres tienen que ir a denunciar.
En primer lugar, creemos que las respuestas que da la ley 26.485 son sumamente importantes -la ley ha significado un cambio de paradigma-, pero no alcanzan a cubrir la proclamada integralidad de la protección de esta legislación. Al ser sancionada con esta pretensión de integralidad, lo que la norma hizo en algunas situaciones fue obturar la discusión de otras reformas legales que se podían realizar o que, de hecho, se estaban analizando en ese momento.
En particular, creemos que la primera parte de dicha legislación sobre definiciones y políticas es más integral, pero a la hora de ver cuál es el procedimiento para poder reaccionar y hacer cesar la situación de afectación de derechos que generan las distintas formas de violencia, el mecanismo previsto no es suficiente o no es el adecuado para todas las formas de violencia.
Había algunos proyectos que hacían referencia a la necesidad de regular el acoso sexual, pero nosotros creemos que no es tanto un tipo penal lo que se necesita, por las dificultades que implica probar la situación de acoso cuando, en general, no hay testigos o cuando hay algunas normas penales que califican.
Según la experiencia que tenemos por las consultas que nos llegan, creemos que sería útil que hubiera mecanismos preventivos para establecer con claridad cuáles son las responsabilidades del empleador, cuáles son las responsabilidades de las autoridades intermedias, cuál es el mecanismo interno, y si tienen que generar protocolos internos, en qué instituciones y en qué condiciones. Es decir, nos parece que hace falta pensar respuestas más atinadas a ciertas formas de violencia.
Lo mismo sucede con la violencia obstétrica. Está definida en la ley, pero cuando ocurre un caso, en general no hay muchas respuestas para reaccionar ante esas situaciones y la alternativa que queda es la de llevar adelante una acción resarcitoria. Tal vez se podría pensar algunos mecanismos para identificar y saber cuáles son, en qué forma se manifiestan, etcétera. De esta manera, se podría empezar con las distintas formas de violencia.
Otro de los problemas que encontramos que tiene la ley, en lo que hace al aspecto procesal, es la falta de un proceso de fondo y la fragmentación del conflicto. Hace unos años, desde la comisión hicimos un análisis sobre los obstáculos en el acceso a la Justicia. Este material lo envié a una de las asesoras que nos contactó para invitarnos aquí y la publicación está disponible para compartirla con quien tenga interés. No desconocemos la dificultad que existe en modificar un procedimiento...
- Se interrumpe el audio.
Celebro este intercambio tan interesante donde, desde un primer momento, se hace un abordaje conjunto, ya que muchas veces el paso sucesivo por las comisiones hace perder la riqueza de un intercambio con un enfoque de género, tan necesario en estas iniciativas.
Un poco con Julieta habíamos coordinado la presentación; ella viene del derecho penal, yo del público. Dentro de la Comisión de Género trabajamos con distintas líneas de intervención -no les voy a contar todas, no se preocupen y quiero aprovechar esta oportunidad para mencionar cuáles son los principales obstáculos que encontramos en lo que se refiere al acceso a la Justicia de mujeres que sufren violencia de género de distinto tipo.
Desde la Comisión de Género intervenimos, por un lado, con el acompañamiento de víctimas de violencia de género que necesitan medidas de protección en el fuero civil en forma preponderante, aunque no exclusivamente; de víctimas en el rol de querellantes junto a otra área de la Defensoría General dedicada a estas tareas , a quienes también acompañamos en los procesos penales por lo que sabemos de primera mano cómo son estas incursiones ; y a defensoras y defensores públicos que deben defender a mujeres acusadas de delitos cuando la situación de violencia de género en la que están inmersas tiene un grado determinante en esa imputación penal.
A raíz de esta experiencia, de cómo pesa la violencia de género y qué obstáculos se encuentran en estos procesos, vengo a complementar las propuestas que había presentado anteriormente Julieta.
Para cerrar con el tema penal, ya por fuera del Código Penal, pero vinculado a las normas procesales, quiero mencionar una cuestión que nos parece importante.
Muchas veces, la dificultad para denunciar la violencia sexual o la sensación de discriminación que queda en el abordaje de estos casos no tiene que ver tanto con el monto de la pena son escalas penales que tienen previstas penas altas sino con la impunidad o con el trato revictimizante que reciben las mujeres. Consideramos que, si se facilita el acceso de las mujeres a la Justicia, se pueden mejorar estas respuestas judiciales.
En este sentido, la propuesta que queríamos someter a consideración para que puedan evaluar su pertinencia tiene que ver con incluir lo que se conoce como leyes de escudo. Esto lo tienen varios países; lo tiene el Estatuto de Roma en las reglas 70 y 71 de las Reglas de Procedimiento y Prueba, donde se prevén algunas restricciones respecto a las pruebas que se pueden introducir, aportar y valorar en los procesos en que se investiga violencia sexual. Dichas reglas refieren a la prohibición de inferir el consentimiento cuando existe un contexto coactivo o silencio de la mujer ante el hecho de violencia sexual; también se prohíbe indagar acerca de su conducta sexual previa o posterior.
Vi que Luciana Sánchez también está hoy con nosotros. Me acordé de que hace más de una década veníamos trabajando en esta propuesta, precisamente a propósito de una reforma del Código Procesal Penal. Lamentablemente, creemos que todavía tiene actualidad.
Por su parte, otra de las leyes especiales con algún tipo penal que suele tener un impacto discriminatorio por motivos de género es la ley de Impedimento de contacto. El problema que se genera básicamente no está dado en la formulación de la ley, que es neutral, sino en cómo es aplicada. Su sujeto normativo es neutral, pero se deja de lado que, en general, quienes detentan el cuidado de los hijos y las hijas menores de edad son las madres y el padre no conviviente es el varón; entonces, es una ley que se usa para denunciar a las mujeres, que normalmente son el progenitor conviviente.
Esta ley tiene muchos problemas -en los que no voy a ahondar ahora porque agotaríamos el tiempo de esta reunión, pero básicamente tiene un resultado discriminatorio en esa falsa neutralidad y en cómo ha sido interpretada, porque solamente aplica en perjuicio del padre conviviente junto con la interpretación que se hace del delito de sustracción de menores, donde una corriente importante de interpretación sostiene que los padres no pueden ser sujetos del delito de sustracción de menores. Esto hace que, en la práctica, la conducta de la mujer que no deja ir a los chicos una, dos, tres veces a ver a su padre sin que quede claro si tiene que haber un régimen de visitas o no que haya que incumplir, porque no está claro en el tipo penal y el procedimiento es sumamente deficiente pueda ser denunciada penalmente; sin embargo, el padre no conviviente que tal vez no deja a la mujer ver a sus hijos por años muchas veces no es sujeto de la conducta típica prevista, ni de la sustracción de menores ni del impedimento de contacto. Esto tiene un claro impacto discriminatorio.
El análisis es más técnico. En su momento, hemos hecho un análisis que les podemos hacer llegar, si les interesa sobre las deficiencias que presenta la ley en la práctica.
Dejando de lado las reformas penales y aceptando esta invitación, también queríamos acercar una mirada sobre los obstáculos en el acceso a la Justicia que tenga que ver con la legislación no penal. Más allá de que esta es una reunión de la Comisión de Legislación Penal, queremos ofrecer la perspectiva que tenemos desde el acompañamiento a estas mujeres en procesos civiles o penales, acerca de dónde están las falencias en el acceso a la Justicia que lo hacen discriminatorio y desalentador cuando las mujeres tienen que ir a denunciar.
En primer lugar, creemos que las respuestas que da la ley 26.485 son sumamente importantes -la ley ha significado un cambio de paradigma-, pero no alcanzan a cubrir la proclamada integralidad de la protección de esta legislación. Al ser sancionada con esta pretensión de integralidad, lo que la norma hizo en algunas situaciones fue obturar la discusión de otras reformas legales que se podían realizar o que, de hecho, se estaban analizando en ese momento.
En particular, creemos que la primera parte de dicha legislación sobre definiciones y políticas es más integral, pero a la hora de ver cuál es el procedimiento para poder reaccionar y hacer cesar la situación de afectación de derechos que generan las distintas formas de violencia, el mecanismo previsto no es suficiente o no es el adecuado para todas las formas de violencia.
Había algunos proyectos que hacían referencia a la necesidad de regular el acoso sexual, pero nosotros creemos que no es tanto un tipo penal lo que se necesita, por las dificultades que implica probar la situación de acoso cuando, en general, no hay testigos o cuando hay algunas normas penales que califican.
Según la experiencia que tenemos por las consultas que nos llegan, creemos que sería útil que hubiera mecanismos preventivos para establecer con claridad cuáles son las responsabilidades del empleador, cuáles son las responsabilidades de las autoridades intermedias, cuál es el mecanismo interno, y si tienen que generar protocolos internos, en qué instituciones y en qué condiciones. Es decir, nos parece que hace falta pensar respuestas más atinadas a ciertas formas de violencia.
Lo mismo sucede con la violencia obstétrica. Está definida en la ley, pero cuando ocurre un caso, en general no hay muchas respuestas para reaccionar ante esas situaciones y la alternativa que queda es la de llevar adelante una acción resarcitoria. Tal vez se podría pensar algunos mecanismos para identificar y saber cuáles son, en qué forma se manifiestan, etcétera. De esta manera, se podría empezar con las distintas formas de violencia.
Otro de los problemas que encontramos que tiene la ley, en lo que hace al aspecto procesal, es la falta de un proceso de fondo y la fragmentación del conflicto. Hace unos años, desde la comisión hicimos un análisis sobre los obstáculos en el acceso a la Justicia. Este material lo envié a una de las asesoras que nos contactó para invitarnos aquí y la publicación está disponible para compartirla con quien tenga interés. No desconocemos la dificultad que existe en modificar un procedimiento...
- Se interrumpe el audio.
SRA. ASENCIO Lo cierto es que las mujeres que quieren acceder a la Justicia en la Ciudad Buenos Aires están en este estado de situación, presas de este conflicto de competencias donde no se les garantiza un proceso adecuado.
Las respuestas del sistema de administración de justicia, por un lado, obedecen al reparto de competencias por materias pensadas para supuestos que no son los de violencia de género. Cuando se organizó nuestro sistema de justicia y las competencias en los distintos juzgados, no estaban pensando cuál es la mejor forma de responder a las necesidades de las mujeres; éstas ni siquiera eran consideradas. Entonces, lo que hay son intentos para tratar de acomodar lo que había a una demanda cada vez más exigente de mujeres que necesitan respuestas en estas situaciones.
Ese acomodar significa que cuando se denuncia una situación única de violencia se abre un proceso por violencia en el ámbito civil. Después hay que abrir un proceso de fondo por alimentos, por custodia, por divorcio o por lo que fuere. Si hay una denuncia penal, también va a un juzgado penal y, según el tipo de delito, será contravencional o nacional. Si hay un problema habitacional se abre otro tipo de proceso en otra competencia. De esta manera, un conflicto único, una situación única generadora de vulneración de múltiples derechos, es desmembrada en numerosos procesos. Todo esto lo tenemos analizado en la publicación que les comenté, así que no voy a ahondar en el tema.
Que no haya un proceso de fondo también implica un obstáculo. La ley 26.485 tiene previsto un trámite de tipo cautelar, donde se pueden tomar medidas de protección que van a caer por el solo paso del tiempo. Las medidas se toman inaudita parte y no hace falta sustanciar un proceso. Esto funciona en gran cantidad de casos. Con las medidas de protección se puede incluir una herramienta para que la mujer pueda salir de la situación de violencia y así poner fin al vínculo.
En muchos casos esto aparece como insuficiente, sobre todo en supuestos de violencia donde se reiteran los incumplimientos, hay nuevas agresiones o en casos de violencia crónica, donde tal vez se toma una medida de protección por 60 días y no se produce una nueva agresión o una nueva violencia. Pero si la mujer viene de sufrir 15 años de violencia con amenazas de muerte, con abusos sexuales, con violencia física, con tentativa de femicidio, esa mujer no va a estar tranquila de que haya cesado la violencia porque en 60 o 90 días no hubo incumplimientos.
Dependiendo de los casos, creemos que sería interesante habilitar la posibilidad de que el proceso se abra a fondo cuando lo pide alguna de las partes y poder llegar, luego de un contradictorio que asegure el derecho defensa de todas las partes, a una decisión judicial que pueda hacer referencia a la responsabilidad con respecto a la violencia.
En la misma publicación presentamos distintas legislaciones con distintos sentidos. En algunos casos, estas leyes permiten dar más durabilidad o permanencia a las medidas de protección. En otras ocasiones pueden resolver cuestiones vinculadas al cuidado de los hijos, por ejemplo, porque ahora, cuando hay una circunstancia de violencia en ese grupo familiar, tienen que tramitar por distintos incidentes o en distintos expedientes, pero impacta en distintos aspectos. La violencia no puede ser fragmentada en un incidente que no tenga en cuenta luego lo que se defina con lo referido al cuidado de los hijos, a los alimentos, disposición de bienes, etcétera.
Por último, otro de los problemas que encontramos en lo que hace al proceso civil se vincula no tanto con una carencia legislativa, sino con la creatividad judicial, por llamarlo de algún modo. Hay cierta moda en los juzgados de familia de la Ciudad de Buenos Aires, pero lamentablemente también en otras partes del país, que tiene que ver con imponer a la mujer que va a denunciar violencia, las mismas medidas que le imponen al denunciado. En efecto, las medidas de protección que pide la mujer se imponen en forma recíproca. Esta práctica -no quiero extenderme, porque llevo mucho tiempo hablando- lo que hace es invisibilizar la violencia. Al dar un trato idéntico al denunciante y al denunciado, se borra el límite entre quien ejerce y quien sufre la violencia. Esto genera una serie de agravios que no siempre son identificados como tales.
Sobre esto también podemos ahondar eventualmente, pero es una práctica que ha sido criticada, por ejemplo, por organizaciones como CLADEM. La ley de Uruguay tiene expresamente en su texto la prohibición de dictar medidas de protección de forma recíproca porque esto atenta contra la dignidad de las mujeres y contra sus derechos y libertades fundamentales.
Para finalizar, un último comentario que tiene que ver con la importancia de dar seguimiento a la aprobación de estas leyes. Muchas veces, las leyes no son implementadas o no se cumplen y hay un rol de control que me parece importante tomar. Por ejemplo, sería muy interesante poder tener una mirada acerca de en qué se avanzó en todo lo referido a las políticas de autovalimiento incluidas la ley 26.485. Es cierto que se han implementado subsidios transitorios o temporarios para la urgencia, pero la apuesta es a que las mujeres puedan autovalerse por sí mismas, para tener un salario digno para ellas, para sus hijos y quiénes dependan de sus cuidados.
Otro tanto sucede con la ley de patrocinio gratuito. O sea, la ley 26.485 ya fijó la gratuidad del patrocinio gratuito, pero no salió acompañada de los recursos necesarios. Fue necesaria una ley más -que creo que fue aprobada hace más de cinco años-, pero al día de hoy está previsto en algo así como la mitad del país, a razón de una abogada por jurisdicción.
Entonces, tal vez sea importante poder hacer este seguimiento para saber a dónde hay que ajustar, qué hay que cambiar y cuál es el presupuesto que hay que fortalecer para poder colaborar en estas dificultades que se encuentran en el acceso a la Justicia.
Las respuestas del sistema de administración de justicia, por un lado, obedecen al reparto de competencias por materias pensadas para supuestos que no son los de violencia de género. Cuando se organizó nuestro sistema de justicia y las competencias en los distintos juzgados, no estaban pensando cuál es la mejor forma de responder a las necesidades de las mujeres; éstas ni siquiera eran consideradas. Entonces, lo que hay son intentos para tratar de acomodar lo que había a una demanda cada vez más exigente de mujeres que necesitan respuestas en estas situaciones.
Ese acomodar significa que cuando se denuncia una situación única de violencia se abre un proceso por violencia en el ámbito civil. Después hay que abrir un proceso de fondo por alimentos, por custodia, por divorcio o por lo que fuere. Si hay una denuncia penal, también va a un juzgado penal y, según el tipo de delito, será contravencional o nacional. Si hay un problema habitacional se abre otro tipo de proceso en otra competencia. De esta manera, un conflicto único, una situación única generadora de vulneración de múltiples derechos, es desmembrada en numerosos procesos. Todo esto lo tenemos analizado en la publicación que les comenté, así que no voy a ahondar en el tema.
Que no haya un proceso de fondo también implica un obstáculo. La ley 26.485 tiene previsto un trámite de tipo cautelar, donde se pueden tomar medidas de protección que van a caer por el solo paso del tiempo. Las medidas se toman inaudita parte y no hace falta sustanciar un proceso. Esto funciona en gran cantidad de casos. Con las medidas de protección se puede incluir una herramienta para que la mujer pueda salir de la situación de violencia y así poner fin al vínculo.
En muchos casos esto aparece como insuficiente, sobre todo en supuestos de violencia donde se reiteran los incumplimientos, hay nuevas agresiones o en casos de violencia crónica, donde tal vez se toma una medida de protección por 60 días y no se produce una nueva agresión o una nueva violencia. Pero si la mujer viene de sufrir 15 años de violencia con amenazas de muerte, con abusos sexuales, con violencia física, con tentativa de femicidio, esa mujer no va a estar tranquila de que haya cesado la violencia porque en 60 o 90 días no hubo incumplimientos.
Dependiendo de los casos, creemos que sería interesante habilitar la posibilidad de que el proceso se abra a fondo cuando lo pide alguna de las partes y poder llegar, luego de un contradictorio que asegure el derecho defensa de todas las partes, a una decisión judicial que pueda hacer referencia a la responsabilidad con respecto a la violencia.
En la misma publicación presentamos distintas legislaciones con distintos sentidos. En algunos casos, estas leyes permiten dar más durabilidad o permanencia a las medidas de protección. En otras ocasiones pueden resolver cuestiones vinculadas al cuidado de los hijos, por ejemplo, porque ahora, cuando hay una circunstancia de violencia en ese grupo familiar, tienen que tramitar por distintos incidentes o en distintos expedientes, pero impacta en distintos aspectos. La violencia no puede ser fragmentada en un incidente que no tenga en cuenta luego lo que se defina con lo referido al cuidado de los hijos, a los alimentos, disposición de bienes, etcétera.
Por último, otro de los problemas que encontramos en lo que hace al proceso civil se vincula no tanto con una carencia legislativa, sino con la creatividad judicial, por llamarlo de algún modo. Hay cierta moda en los juzgados de familia de la Ciudad de Buenos Aires, pero lamentablemente también en otras partes del país, que tiene que ver con imponer a la mujer que va a denunciar violencia, las mismas medidas que le imponen al denunciado. En efecto, las medidas de protección que pide la mujer se imponen en forma recíproca. Esta práctica -no quiero extenderme, porque llevo mucho tiempo hablando- lo que hace es invisibilizar la violencia. Al dar un trato idéntico al denunciante y al denunciado, se borra el límite entre quien ejerce y quien sufre la violencia. Esto genera una serie de agravios que no siempre son identificados como tales.
Sobre esto también podemos ahondar eventualmente, pero es una práctica que ha sido criticada, por ejemplo, por organizaciones como CLADEM. La ley de Uruguay tiene expresamente en su texto la prohibición de dictar medidas de protección de forma recíproca porque esto atenta contra la dignidad de las mujeres y contra sus derechos y libertades fundamentales.
Para finalizar, un último comentario que tiene que ver con la importancia de dar seguimiento a la aprobación de estas leyes. Muchas veces, las leyes no son implementadas o no se cumplen y hay un rol de control que me parece importante tomar. Por ejemplo, sería muy interesante poder tener una mirada acerca de en qué se avanzó en todo lo referido a las políticas de autovalimiento incluidas la ley 26.485. Es cierto que se han implementado subsidios transitorios o temporarios para la urgencia, pero la apuesta es a que las mujeres puedan autovalerse por sí mismas, para tener un salario digno para ellas, para sus hijos y quiénes dependan de sus cuidados.
Otro tanto sucede con la ley de patrocinio gratuito. O sea, la ley 26.485 ya fijó la gratuidad del patrocinio gratuito, pero no salió acompañada de los recursos necesarios. Fue necesaria una ley más -que creo que fue aprobada hace más de cinco años-, pero al día de hoy está previsto en algo así como la mitad del país, a razón de una abogada por jurisdicción.
Entonces, tal vez sea importante poder hacer este seguimiento para saber a dónde hay que ajustar, qué hay que cambiar y cuál es el presupuesto que hay que fortalecer para poder colaborar en estas dificultades que se encuentran en el acceso a la Justicia.
SRA. PRESIDENTA GAILLARD Muy interesante la exposición. La verdad es que están surgiendo cosas muy interesantes y los legisladores tenemos mucho trabajo por delante para armar nuevos proyectos. Estas cuestiones que ustedes pueden visibilizar desde la práctica y nos trasladan son lo que hacen ricos estos debates con los invitados.
Le cedo la palabra a Laura Caniggia para que presente al siguiente orador. Luego van a hablar los autores del proyecto de la Comisión de Mujer y Género; luego, miembros de las distintas comisiones y con eso terminamos la reunión.
Las versiones taquigráficas de esta reunión y de la anterior serán enviadas a los integrantes de las dos comisiones por mail en estos días.
Le cedo la palabra a Laura Caniggia para que presente al siguiente orador. Luego van a hablar los autores del proyecto de la Comisión de Mujer y Género; luego, miembros de las distintas comisiones y con eso terminamos la reunión.
Las versiones taquigráficas de esta reunión y de la anterior serán enviadas a los integrantes de las dos comisiones por mail en estos días.
SRA. MODERADORA (CANIGGIA) Seguidamente hará uso de la palabra Marisa Herrera, doctora en Derecho de la Universidad de Buenos Aires e investigadora independiente del Conicet, propuesta por el Estado argentino como experta independiente para integrar el comité de la CEDAW. Es integrante del Consejo Asesor Ad Honórem del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. Es directora de la carrera de especialización en Derecho de Familia de la Universidad Nacional del Sur y directora de la carrera de especialización en Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Facultad de Derecho de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Es integrante del equipo de redacción del Código Civil y Comercial de la Nación en las áreas de familia, infancia y adolescencia. Es autora, coautora, directora y coordinadora de más de treinta libros y artículos sobre la especialidad.
Muchas gracias, Marisa. Te escuchamos.
- Se exhibe en pantalla una presentación.
Muchas gracias, Marisa. Te escuchamos.
- Se exhibe en pantalla una presentación.
SRA. HERRERA Muchísimas gracias por la invitación. Agradezco mucho a Carolina Gaillard y a Mónica Macha por la confianza.
Como bien se ha dicho, soy civilista y eso también tiene que ver con una mirada que amplía o, por lo menos, permite profundizar estas cuestiones que tienen que ver con las violencias en plural.
En este aspecto, mi idea es que básicamente se entienda un poco el rol que ocupa la ley a la hora de poner estos temas en debate. Si hacemos un pantallazo enorme, veremos la cantidad de leyes que se han sancionado en los últimos tiempos y nos daremos cuenta de por qué hoy estamos donde estamos. Hemos recorrido un camino no tan largo pero interesante.
Como pueden ver en la imagen que se exhibe, el camino es civil. La gran mayoría de las leyes que figuran en pantalla son de carácter civil, salvo la ley de femicidio. Eso justamente tiene que ver con una mirada no punitivista de la visión de género en profundidad.
Pero no se trata solamente de eso. Miren, por ejemplo, el debate sobre "despenalización-legalización" de la IVE. Justamente, esta mirada profunda nos ha hecho darnos cuenta de que la despenalización no es suficiente sino que hace falta la legalización porque justamente allí reside el verdadero reconocimiento de derechos y la verdadera amplitud en la mirada de las violencias de géneros en plural.
Es fundamental un debate abierto, sensible y clave. No hay que tener miedo. De hecho, por eso la Cámara de Diputados tiene una comisión, justamente, sobre géneros y mujeres. Debe animarse a dar el gran debate sobre autonomía y libertad, no sea cosa de que proclamemos aquello de que "la mujer es libre y autónoma mientras decida lo que a mí me gustaría que decidiera". Cuando decide algo que yo no elegiría o que yo no decidiría, entonces en ese aspecto no es libre.
¿Cómo deconstruimos la libertad? ¿Cómo realmente aceptamos lo que implica la libertad? Por eso mismo, la idea es no caer en tutelarismo sino hablar de un paternalismo justificado. Pero, ¿cuándo es justificado?
Esto implica, nada más y nada menos, este debate que se dio hace unos días a raíz del tema de Chubut. Justamente, la pregunta es si se acepta que las mujeres hagan acuerdos, que consientan no ir a un proceso o que puedan ir a un proceso abreviado. ¿Se acepta o no se acepta dependiendo de lo que ellas digan?
Esto también tiene que ver con el tutelarismo y se da en el fuero civil. Se dictan medidas, pero ¿alguien les pregunta a ellas qué medidas necesitan o creen que realmente deberían adoptarse para fortalecerlas? Si se invisibiliza a la otra persona, en el fondo también se está ejerciendo un acto de violencia y esto termina siendo violencia institucional.
Asimismo, está pendiente la discusión sobre trabajo sexual versus prostitución, cuyo centro también radica en el concepto de autonomía y libertad, que es justamente el debate que se dio la semana pasada a raíz del registro.
Por otro lado, tenemos que animarnos a debatir sobre gestación por sustitución versus alquiler de vientre.
Ya hay proyectos en la Cámara de Diputados sobre esta temática, en la que también está transversalizada la idea de autonomía y libertad. Si uno analiza en términos reales y justamente la ley busca dar respuestas a conflictivas sociales que tienen lugar en la sociedad , nos vamos dando cuenta de que esto sucede.
Pero la pregunta es si todos los casos de gestación son como lo que pasa en Ucrania. Claramente, desde el feminismo estaríamos en contra de cómo se regula esta cuestión en Ucrania o de lo que pasa allí; sin embargo, estos no son los únicos casos que tenemos.
En la Argentina vemos que incluso desde antes de la sanción del Código Civil y Comercial -y por eso se propuso regular esta cuestión- se dictó una gran cantidad de fallos en este sentido; por ejemplo, en Viedma, Mendoza, Córdoba, Rosario y distintos lugares del país. Hoy en día hay nada más y nada menos que 51 fallos. Tenemos 51 sentencias y 46 casos de gestación por sustitución en la Argentina.
Cuando preguntamos acerca de cuáles son los casos que están en la Corte federal, vemos que solamente hay tres que comprometen a dos hombres. Entonces, todavía hay algo de discriminación y debemos profundizar en las construcciones de familias en plural.
Además, la gran mayoría de los casos que tienen lugar en la Argentina el 76 por ciento- no involucran a una persona que vive en el interior y no conozco. No se trata de una persona pobre sino de mi hermana, mi prima o mi cuñada. El 76 por ciento de los casos son así. Por lo cual, me parece importante animarnos a debatir en serio el tema de la autonomía, hasta qué punto realmente se la respeta y qué es. Por eso, es importante el rol del Estado en la construcción de autonomía y libertad.
La gran mayoría de los proyectos que se han presentado en la Cámara buscan construir un proceso judicial previo para que haya autonomía a la hora de decidir si realmente la persona está preparada o no y si realmente quiere o no gestar el hijo de otra persona.
A nivel internacional, la Relatora Especial dijo lo siguiente sobre la venta y explotación de chicos -si bien se cita una parte, los documentos hay que leerlos enteros; no hay que citar solo lo que le interesa o conviene a uno-: "Gran parte de estos abusos tiene lugar en contextos no regulados, a menudo en casos en que aspirantes a progenitor de países occidentales emplean intermediarios con ánimo de lucro para contratar a madres de alquiler vulnerables de países en desarrollo."
No queremos que suceda lo de Ucrania. Por eso, hay que regular, prohibir los intermediarios y ubicar a la gestación en su justo lugar, que no es de carácter comercial.
Entre las recomendaciones que se hacen en este documento que cité de las Naciones Unidas, se invita a dirigir fundamentalmente a los intermediarios las multas penales o administrativas impuestas por contratos ilegales.
Me parece que hay que animarse a debatir de manera profunda estos temas que tienen que ver con la autonomía de la voluntad y cuál es su límite.
El Código Civil y Comercial cumple cinco años ahora, en agosto. Esto implica que ha pasado un tiempo más que prudencial para poder decir hasta qué punto habría que modificarlo, qué habría que modificar, cuáles han sido los grandes avances que ha tenido y cuáles son los cimientos sobre los que se han construido otros debates.
Una de las grandes claves que ha tenido este código es el sistema de coparentalidad. No por casualidad hoy estamos convencidas -y, de hecho, ya lo hablamos en el Consejo Asesor- de que la inequitativa organización del cuidado es la causa fuente de las desigualdades en todos los ámbitos de la vida de las mujeres.
Por lo tanto, lo que hicimos al regular las relaciones de familia y el principio de coparentalidad, fue decir que no hay una madre principal y un padre periférico, sino que ambos son importantes. Esta idea de corresponsabilidad profunda justamente también viene atada a esto y por eso hoy tenemos proyectos en ese sentido. Además, se encuentran en agenda cuestiones tales como las políticas de cuidado y las licencias, en donde también hay una cuenta pendiente ya que la ley es claramente vetusta.
Por eso, en el marco de la CEDAW y de esta elección que se va a dar en septiembre, una de las propuestas que tenemos desde la Argentina es impulsar la confección de una nueva recomendación general sobre no discriminación en razón del género en las relaciones de familia, porque justamente creemos que allí es donde está el germen de gran parte de la desigualdad social.
Dicho esto, me pregunto qué otros avances o propuestas legislativas se podrían dar en el Congreso, teniendo en cuenta la importancia que tienen las leyes de carácter más civilista -como vimos al principio de mi exposición-, que han sido las que han marcado un terreno o un camino mucho más profundo que hace que el movimiento de mujeres hoy tenga el lugar y la fortaleza que tiene.
En esta noción de prevención del daño que utiliza el propio Código Civil y Comercial, me parece que hay que tener una mirada compleja ya que pueden sancionarse muchas leyes, pero las preguntas son quiénes las miran, cómo las miran y desde dónde las miran.
En ese sentido, la selección de los magistrados y las magistradas, es decir, la selección del recurso humano, es sumamente importante. Por eso, una ley de paridad de género también debe coadyuvar a cambiar la forma en que se aplican las leyes.
También tenemos otras cuestiones del Código Civil, una se hace cargo de los errores que ha cometido, y lo digo porque formé parte del equipo que lo redactó. Cuando hablaba de la responsabilidad parental básicamente, las relaciones entre progenitores e hijos, nos faltó el tema de qué pasa con las mujeres privadas de la libertad. Porque el sistema automáticamente mediante el artículo 12 el Código Penal que la gran mayoría sostenemos que es inconstitucional, nada más ni nada menos, priva de la responsabilidad parental por un delito de tres años o más. No solo determina la inhabilitación sino la privación de la patria potestad, e incluso el Código Civil y Comercial habla de la suspensión.
La suspensión de la patria potestad también está mal, a las mujeres que están en las cárceles con sus hijos no debería suspendérsele porque son quienes están día a día con sus hijos. Por lo cual, acá también hay algo para repensar, justamente estas especialidades, y atravesar el Código Civil a raíz de estas situaciones especiales.
Hubo un pésimo fallo de la Corte del 11 de mayo de 2017 que confundió titularidad con ejercicio y por lo cual dijo que son constitucionales los artículos 12 y 702, cuando el artículo 12 del Código Penal es claramente inconstitucional porque le quita titularidad sobre sus hijos a una persona solamente por haber cometido un delito. Cuando no es contra sus hijos, por supuesto; eso ya está en el Código Civil.
Es importante volver a las fuentes, tomar el Código Civil y recordar que hay tres elementos o niveles: titularidad, ejercicio y cuidado personal. A raíz de eso hay que reconstruir del vínculo, el adentro y el afuera, sobre la base de esta nueva propuesta del Código Civil. ¿Esto qué implica? Nosotros pensamos que hay que elaborar un proyecto de ley especial que justamente regule todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el vínculo con el adentro y con el afuera. Sabemos la cantidad de casos de chicos que son dados en adopción, en especial de mujeres mulas que están en cárceles federales y que justamente como no tienen red en la Argentina sus hijos terminan siendo otorgados en adopción. No hay sanción más fuerte en el ámbito civil que den a tu hijo en adopción por ser pobre y además por haber caído en el delito federal del tráfico de drogas. Ahí también hay algo interesante para analizar a fin de poder empezar a ensamblar derecho penal con derecho civil y para hacer que el penal sea mucho más humano.
También tenemos otra cuestión que es cómo trabajar en la autonomía y este abordaje de la idea de reparación y empoderamiento, la construcción de autonomía. ¿La construcción de autonomía dónde se tiene que ver? En el proceso civil. La Argentina hace tiempo tiene una decisión en el sentido de que las cuestiones de violencia son en principio de carácter civil, salvo aquellos casos en los que también constituye un delito penal. Pero hay una mirada civilista y está bien que así se haga. Ahora, el tema es si el proceso civil está a la altura de las circunstancias. Este es realmente el problema. Se dictan medidas cautelares y de exclusión sin entender si son las medidas para ese caso. Me hace acordar a Tiempos Modernos, cuando van poniendo clavijas como diciendo "esto ya cumplí", y sin embargo no hay un trabajo atrás ni un abordaje.
¿Esto qué implica? ¿Habría que actualizar la ley 26.485? ¿Seguimos emparchándola? ¿O deberíamos darnos el lujo de tener una nueva ley contra violencia de géneros, en plural, atravesada por los colectivos de otras identidades y no solamente pensar en la idea de mujer?
Deberíamos también revisar nuestra ley contra la violencia familiar, porque acuérdense que nuestra norma es viejísima -la primera, de 1994- y que hablaba de Buenos Aires como Capital Federal. Hasta que se haga el traspaso, la pregunta es si vamos a seguir esperándolo o si en realidad deberíamos darle a la Capital Federal a sus Juzgados Nacionales una nueva herramienta de una ley contra la violencia familiar actual y superadora.
Además, la Justicia nacional no tiene Cámara especializada, por lo cual los casos más importantes o más complejos van a la Cámara, y la Cámara termina siendo civil, y sabemos que para los civilistas clásicos los temas de familia son un clavo. No tienen ese abordaje, esa especialidad y esa interdisciplina que implica la cuestión. De hecho, si uno apela ese caso, va a la Corte federal, con lo cual también sabemos que el acceso a la Justicia y los tiempos terminan siendo un elemento que viola derechos.
Uno se pregunta, a cinco años del Código, ¿cuáles han sido los mejores artículos en su aplicación práctica? Si los analizamos, uno de los mejores artículos ha sido el siguiente, que parece que no dice nada pero que dice mucho: "En materia del incumplimiento alimentario..." sabemos que el incumplimiento alimentario forma parte de una violencia de género, si analizamos en materia profunda este cruce entre alimento y violencia, "...el juez puede imponer al responsable del incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia...". Cuando hicimos este proyecto muchos decían que no se jugaban a decir las medidas. Al contrario: es a propósito, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato al otro. Así, por ejemplo, tuvimos un fallo de trabajo comunitario para un abogado que no pagaba la cuota alimentaria de hijos adolescentes. El juez se enteró por otro lado que el señor había pagado una técnica de reproducción asistida de 70.000 pesos en ese momento no tenía la cobertura de acceso integral , por lo cual como era abogado penalista lo mandó a dar clases tres veces por semana al COSE, el hogar penal juvenil en Mendoza, y además expidió un oficio al Colegio de Abogados de Mendoza para que ponga un cartelito que dijera que en el marco del expediente tal, por incumplimiento de alimentos, el doctor tal y tal tenía que cumplir con lo mencionado. Se imaginan que el tipo a las semanas pagó y la plata estuvo; además tuvo la prohibición de ingresar a las canchas de fútbol y de rugby y a las bailantas.
Pensemos en medidas reparadoras y creativas que les sirvan en serio a las mujeres. Dejemos de hacer medidas de exclusión. Hoy ya se hacen casi automáticamente, ¿pero con qué finalidad? ¿Forma parte de una intervención mucho más profunda, o en realidad hay también una desconexión entre la Justicia y lo que pasa en el territorio?
Por eso me parece importante preguntarse, para ir cerrando mi exposición, si están dadas las condiciones para pensar en una declaración de emergencia por violencia de género. No es una crítica y esto no habla mal de nosotros. Al contrario, habla muy bien poner esto sobre el escenario, porque tiene que ser un gran compromiso desde el Estado e incluso hay que darle herramientas al Ministerio para que ponga esto en la agenda real y con presupuesto.
A esta altura sabemos lo siguiente: "Dime dónde está el presupuesto y te diré dónde están las importancias." Esto es importante y la divergencia es también una gran decisión en este compromiso estatal real por la cuestión de la violencia. ¿Qué es esto? Nada más ni nada menos que volver a tomar el artículo 75, inciso 23, de la Constitución, sobre acciones positivas. Las mujeres, los niños, las personas con discapacidades y los adultos mayores tienen las acciones positivas, por lo cual una acción como esta implicaría receptar esta normativa constitucional.
Cito a mi amiga María López: "El camino de los feminismos populares cuando encaran la cuestión dramática de la violencia de género no suele ser punitivista, porque el punitivismo busca el castigo como atajo y culmina en el reclamo de la crueldad sobre otros." Insiste sobre la pregunta referida a la red que previene y contiene. Esta todavía sigue siendo la gran pata fundamental: no es todo de la ley. Leyes tenemos varias, se pueden mejorar y actualizar, pero cómo generamos esta red que previene y contiene. No se desconoce la violencia, pero se renuncia a la crueldad que busca a la fuerza común para no conservar lo existente, porque la conservación de la vida es punto de partida para su transformación.
Quiero recuperar el concepto de vida. El feminismo defiende la vida, una vida dignamente vivible. Es importante analizar la cuestión de la violencia desde un feminismo popular no punitivista que se atreva a repensar de manera profunda qué implica hablar de violencia de géneros, justamente en situaciones por contextos complejos cuando los derechos sociales son un elemento central.
Muchas gracias.
Como bien se ha dicho, soy civilista y eso también tiene que ver con una mirada que amplía o, por lo menos, permite profundizar estas cuestiones que tienen que ver con las violencias en plural.
En este aspecto, mi idea es que básicamente se entienda un poco el rol que ocupa la ley a la hora de poner estos temas en debate. Si hacemos un pantallazo enorme, veremos la cantidad de leyes que se han sancionado en los últimos tiempos y nos daremos cuenta de por qué hoy estamos donde estamos. Hemos recorrido un camino no tan largo pero interesante.
Como pueden ver en la imagen que se exhibe, el camino es civil. La gran mayoría de las leyes que figuran en pantalla son de carácter civil, salvo la ley de femicidio. Eso justamente tiene que ver con una mirada no punitivista de la visión de género en profundidad.
Pero no se trata solamente de eso. Miren, por ejemplo, el debate sobre "despenalización-legalización" de la IVE. Justamente, esta mirada profunda nos ha hecho darnos cuenta de que la despenalización no es suficiente sino que hace falta la legalización porque justamente allí reside el verdadero reconocimiento de derechos y la verdadera amplitud en la mirada de las violencias de géneros en plural.
Es fundamental un debate abierto, sensible y clave. No hay que tener miedo. De hecho, por eso la Cámara de Diputados tiene una comisión, justamente, sobre géneros y mujeres. Debe animarse a dar el gran debate sobre autonomía y libertad, no sea cosa de que proclamemos aquello de que "la mujer es libre y autónoma mientras decida lo que a mí me gustaría que decidiera". Cuando decide algo que yo no elegiría o que yo no decidiría, entonces en ese aspecto no es libre.
¿Cómo deconstruimos la libertad? ¿Cómo realmente aceptamos lo que implica la libertad? Por eso mismo, la idea es no caer en tutelarismo sino hablar de un paternalismo justificado. Pero, ¿cuándo es justificado?
Esto implica, nada más y nada menos, este debate que se dio hace unos días a raíz del tema de Chubut. Justamente, la pregunta es si se acepta que las mujeres hagan acuerdos, que consientan no ir a un proceso o que puedan ir a un proceso abreviado. ¿Se acepta o no se acepta dependiendo de lo que ellas digan?
Esto también tiene que ver con el tutelarismo y se da en el fuero civil. Se dictan medidas, pero ¿alguien les pregunta a ellas qué medidas necesitan o creen que realmente deberían adoptarse para fortalecerlas? Si se invisibiliza a la otra persona, en el fondo también se está ejerciendo un acto de violencia y esto termina siendo violencia institucional.
Asimismo, está pendiente la discusión sobre trabajo sexual versus prostitución, cuyo centro también radica en el concepto de autonomía y libertad, que es justamente el debate que se dio la semana pasada a raíz del registro.
Por otro lado, tenemos que animarnos a debatir sobre gestación por sustitución versus alquiler de vientre.
Ya hay proyectos en la Cámara de Diputados sobre esta temática, en la que también está transversalizada la idea de autonomía y libertad. Si uno analiza en términos reales y justamente la ley busca dar respuestas a conflictivas sociales que tienen lugar en la sociedad , nos vamos dando cuenta de que esto sucede.
Pero la pregunta es si todos los casos de gestación son como lo que pasa en Ucrania. Claramente, desde el feminismo estaríamos en contra de cómo se regula esta cuestión en Ucrania o de lo que pasa allí; sin embargo, estos no son los únicos casos que tenemos.
En la Argentina vemos que incluso desde antes de la sanción del Código Civil y Comercial -y por eso se propuso regular esta cuestión- se dictó una gran cantidad de fallos en este sentido; por ejemplo, en Viedma, Mendoza, Córdoba, Rosario y distintos lugares del país. Hoy en día hay nada más y nada menos que 51 fallos. Tenemos 51 sentencias y 46 casos de gestación por sustitución en la Argentina.
Cuando preguntamos acerca de cuáles son los casos que están en la Corte federal, vemos que solamente hay tres que comprometen a dos hombres. Entonces, todavía hay algo de discriminación y debemos profundizar en las construcciones de familias en plural.
Además, la gran mayoría de los casos que tienen lugar en la Argentina el 76 por ciento- no involucran a una persona que vive en el interior y no conozco. No se trata de una persona pobre sino de mi hermana, mi prima o mi cuñada. El 76 por ciento de los casos son así. Por lo cual, me parece importante animarnos a debatir en serio el tema de la autonomía, hasta qué punto realmente se la respeta y qué es. Por eso, es importante el rol del Estado en la construcción de autonomía y libertad.
La gran mayoría de los proyectos que se han presentado en la Cámara buscan construir un proceso judicial previo para que haya autonomía a la hora de decidir si realmente la persona está preparada o no y si realmente quiere o no gestar el hijo de otra persona.
A nivel internacional, la Relatora Especial dijo lo siguiente sobre la venta y explotación de chicos -si bien se cita una parte, los documentos hay que leerlos enteros; no hay que citar solo lo que le interesa o conviene a uno-: "Gran parte de estos abusos tiene lugar en contextos no regulados, a menudo en casos en que aspirantes a progenitor de países occidentales emplean intermediarios con ánimo de lucro para contratar a madres de alquiler vulnerables de países en desarrollo."
No queremos que suceda lo de Ucrania. Por eso, hay que regular, prohibir los intermediarios y ubicar a la gestación en su justo lugar, que no es de carácter comercial.
Entre las recomendaciones que se hacen en este documento que cité de las Naciones Unidas, se invita a dirigir fundamentalmente a los intermediarios las multas penales o administrativas impuestas por contratos ilegales.
Me parece que hay que animarse a debatir de manera profunda estos temas que tienen que ver con la autonomía de la voluntad y cuál es su límite.
El Código Civil y Comercial cumple cinco años ahora, en agosto. Esto implica que ha pasado un tiempo más que prudencial para poder decir hasta qué punto habría que modificarlo, qué habría que modificar, cuáles han sido los grandes avances que ha tenido y cuáles son los cimientos sobre los que se han construido otros debates.
Una de las grandes claves que ha tenido este código es el sistema de coparentalidad. No por casualidad hoy estamos convencidas -y, de hecho, ya lo hablamos en el Consejo Asesor- de que la inequitativa organización del cuidado es la causa fuente de las desigualdades en todos los ámbitos de la vida de las mujeres.
Por lo tanto, lo que hicimos al regular las relaciones de familia y el principio de coparentalidad, fue decir que no hay una madre principal y un padre periférico, sino que ambos son importantes. Esta idea de corresponsabilidad profunda justamente también viene atada a esto y por eso hoy tenemos proyectos en ese sentido. Además, se encuentran en agenda cuestiones tales como las políticas de cuidado y las licencias, en donde también hay una cuenta pendiente ya que la ley es claramente vetusta.
Por eso, en el marco de la CEDAW y de esta elección que se va a dar en septiembre, una de las propuestas que tenemos desde la Argentina es impulsar la confección de una nueva recomendación general sobre no discriminación en razón del género en las relaciones de familia, porque justamente creemos que allí es donde está el germen de gran parte de la desigualdad social.
Dicho esto, me pregunto qué otros avances o propuestas legislativas se podrían dar en el Congreso, teniendo en cuenta la importancia que tienen las leyes de carácter más civilista -como vimos al principio de mi exposición-, que han sido las que han marcado un terreno o un camino mucho más profundo que hace que el movimiento de mujeres hoy tenga el lugar y la fortaleza que tiene.
En esta noción de prevención del daño que utiliza el propio Código Civil y Comercial, me parece que hay que tener una mirada compleja ya que pueden sancionarse muchas leyes, pero las preguntas son quiénes las miran, cómo las miran y desde dónde las miran.
En ese sentido, la selección de los magistrados y las magistradas, es decir, la selección del recurso humano, es sumamente importante. Por eso, una ley de paridad de género también debe coadyuvar a cambiar la forma en que se aplican las leyes.
También tenemos otras cuestiones del Código Civil, una se hace cargo de los errores que ha cometido, y lo digo porque formé parte del equipo que lo redactó. Cuando hablaba de la responsabilidad parental básicamente, las relaciones entre progenitores e hijos, nos faltó el tema de qué pasa con las mujeres privadas de la libertad. Porque el sistema automáticamente mediante el artículo 12 el Código Penal que la gran mayoría sostenemos que es inconstitucional, nada más ni nada menos, priva de la responsabilidad parental por un delito de tres años o más. No solo determina la inhabilitación sino la privación de la patria potestad, e incluso el Código Civil y Comercial habla de la suspensión.
La suspensión de la patria potestad también está mal, a las mujeres que están en las cárceles con sus hijos no debería suspendérsele porque son quienes están día a día con sus hijos. Por lo cual, acá también hay algo para repensar, justamente estas especialidades, y atravesar el Código Civil a raíz de estas situaciones especiales.
Hubo un pésimo fallo de la Corte del 11 de mayo de 2017 que confundió titularidad con ejercicio y por lo cual dijo que son constitucionales los artículos 12 y 702, cuando el artículo 12 del Código Penal es claramente inconstitucional porque le quita titularidad sobre sus hijos a una persona solamente por haber cometido un delito. Cuando no es contra sus hijos, por supuesto; eso ya está en el Código Civil.
Es importante volver a las fuentes, tomar el Código Civil y recordar que hay tres elementos o niveles: titularidad, ejercicio y cuidado personal. A raíz de eso hay que reconstruir del vínculo, el adentro y el afuera, sobre la base de esta nueva propuesta del Código Civil. ¿Esto qué implica? Nosotros pensamos que hay que elaborar un proyecto de ley especial que justamente regule todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el vínculo con el adentro y con el afuera. Sabemos la cantidad de casos de chicos que son dados en adopción, en especial de mujeres mulas que están en cárceles federales y que justamente como no tienen red en la Argentina sus hijos terminan siendo otorgados en adopción. No hay sanción más fuerte en el ámbito civil que den a tu hijo en adopción por ser pobre y además por haber caído en el delito federal del tráfico de drogas. Ahí también hay algo interesante para analizar a fin de poder empezar a ensamblar derecho penal con derecho civil y para hacer que el penal sea mucho más humano.
También tenemos otra cuestión que es cómo trabajar en la autonomía y este abordaje de la idea de reparación y empoderamiento, la construcción de autonomía. ¿La construcción de autonomía dónde se tiene que ver? En el proceso civil. La Argentina hace tiempo tiene una decisión en el sentido de que las cuestiones de violencia son en principio de carácter civil, salvo aquellos casos en los que también constituye un delito penal. Pero hay una mirada civilista y está bien que así se haga. Ahora, el tema es si el proceso civil está a la altura de las circunstancias. Este es realmente el problema. Se dictan medidas cautelares y de exclusión sin entender si son las medidas para ese caso. Me hace acordar a Tiempos Modernos, cuando van poniendo clavijas como diciendo "esto ya cumplí", y sin embargo no hay un trabajo atrás ni un abordaje.
¿Esto qué implica? ¿Habría que actualizar la ley 26.485? ¿Seguimos emparchándola? ¿O deberíamos darnos el lujo de tener una nueva ley contra violencia de géneros, en plural, atravesada por los colectivos de otras identidades y no solamente pensar en la idea de mujer?
Deberíamos también revisar nuestra ley contra la violencia familiar, porque acuérdense que nuestra norma es viejísima -la primera, de 1994- y que hablaba de Buenos Aires como Capital Federal. Hasta que se haga el traspaso, la pregunta es si vamos a seguir esperándolo o si en realidad deberíamos darle a la Capital Federal a sus Juzgados Nacionales una nueva herramienta de una ley contra la violencia familiar actual y superadora.
Además, la Justicia nacional no tiene Cámara especializada, por lo cual los casos más importantes o más complejos van a la Cámara, y la Cámara termina siendo civil, y sabemos que para los civilistas clásicos los temas de familia son un clavo. No tienen ese abordaje, esa especialidad y esa interdisciplina que implica la cuestión. De hecho, si uno apela ese caso, va a la Corte federal, con lo cual también sabemos que el acceso a la Justicia y los tiempos terminan siendo un elemento que viola derechos.
Uno se pregunta, a cinco años del Código, ¿cuáles han sido los mejores artículos en su aplicación práctica? Si los analizamos, uno de los mejores artículos ha sido el siguiente, que parece que no dice nada pero que dice mucho: "En materia del incumplimiento alimentario..." sabemos que el incumplimiento alimentario forma parte de una violencia de género, si analizamos en materia profunda este cruce entre alimento y violencia, "...el juez puede imponer al responsable del incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia...". Cuando hicimos este proyecto muchos decían que no se jugaban a decir las medidas. Al contrario: es a propósito, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato al otro. Así, por ejemplo, tuvimos un fallo de trabajo comunitario para un abogado que no pagaba la cuota alimentaria de hijos adolescentes. El juez se enteró por otro lado que el señor había pagado una técnica de reproducción asistida de 70.000 pesos en ese momento no tenía la cobertura de acceso integral , por lo cual como era abogado penalista lo mandó a dar clases tres veces por semana al COSE, el hogar penal juvenil en Mendoza, y además expidió un oficio al Colegio de Abogados de Mendoza para que ponga un cartelito que dijera que en el marco del expediente tal, por incumplimiento de alimentos, el doctor tal y tal tenía que cumplir con lo mencionado. Se imaginan que el tipo a las semanas pagó y la plata estuvo; además tuvo la prohibición de ingresar a las canchas de fútbol y de rugby y a las bailantas.
Pensemos en medidas reparadoras y creativas que les sirvan en serio a las mujeres. Dejemos de hacer medidas de exclusión. Hoy ya se hacen casi automáticamente, ¿pero con qué finalidad? ¿Forma parte de una intervención mucho más profunda, o en realidad hay también una desconexión entre la Justicia y lo que pasa en el territorio?
Por eso me parece importante preguntarse, para ir cerrando mi exposición, si están dadas las condiciones para pensar en una declaración de emergencia por violencia de género. No es una crítica y esto no habla mal de nosotros. Al contrario, habla muy bien poner esto sobre el escenario, porque tiene que ser un gran compromiso desde el Estado e incluso hay que darle herramientas al Ministerio para que ponga esto en la agenda real y con presupuesto.
A esta altura sabemos lo siguiente: "Dime dónde está el presupuesto y te diré dónde están las importancias." Esto es importante y la divergencia es también una gran decisión en este compromiso estatal real por la cuestión de la violencia. ¿Qué es esto? Nada más ni nada menos que volver a tomar el artículo 75, inciso 23, de la Constitución, sobre acciones positivas. Las mujeres, los niños, las personas con discapacidades y los adultos mayores tienen las acciones positivas, por lo cual una acción como esta implicaría receptar esta normativa constitucional.
Cito a mi amiga María López: "El camino de los feminismos populares cuando encaran la cuestión dramática de la violencia de género no suele ser punitivista, porque el punitivismo busca el castigo como atajo y culmina en el reclamo de la crueldad sobre otros." Insiste sobre la pregunta referida a la red que previene y contiene. Esta todavía sigue siendo la gran pata fundamental: no es todo de la ley. Leyes tenemos varias, se pueden mejorar y actualizar, pero cómo generamos esta red que previene y contiene. No se desconoce la violencia, pero se renuncia a la crueldad que busca a la fuerza común para no conservar lo existente, porque la conservación de la vida es punto de partida para su transformación.
Quiero recuperar el concepto de vida. El feminismo defiende la vida, una vida dignamente vivible. Es importante analizar la cuestión de la violencia desde un feminismo popular no punitivista que se atreva a repensar de manera profunda qué implica hablar de violencia de géneros, justamente en situaciones por contextos complejos cuando los derechos sociales son un elemento central.
Muchas gracias.
SRA. PRESIDENTA GAILLARD Después enviaremos los trabajos de Raquel Asensio y de Marisa Herrera a los integrantes de ambas comisiones, si nos dan el permiso.
Tiene la palabra Luciana Sánchez, quien será presentada por Laura.
Tiene la palabra Luciana Sánchez, quien será presentada por Laura.
SRA. LAURA Vamos a escuchar a Luciana Sánchez. Hoy justamente se cumplen dos años de un día histórico en el que ella fue protagonista de un fallo fundante sobre travesticidios.
La doctora Luciana Sánchez es abogada, graduada en la Universidad de Buenos Aires; diplomada en Investigación Penal en el Sistema Acusatorio por la Universidad Diego Portales, de Chile, y Magister en Derecho de la Universidad de Harvard.
Además, coordinó el Programa de Reforma Judicial del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales y se desempeñó como subdirectora del Centro de Estudios de Justicia de las Américas.
Durante una década integró el colectivo para la diversidad desde el área de litigios imposibles, en especial con el Movimiento Afrocultural y la Asociación de Residentes Senegaleses en la lucha antirracista.
Integró la Organización Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto y la Red de Abogadas Feministas. Formó parte del Programa de Escuelas Populares de Formación en Género del ex Consejo Nacional de las Mujeres.
Actualmente, se desempeña como abogada penal en ciudad y provincia de Buenos Aires desde perspectivas lesbianas, trans y feministas y como abogada pro bono en casos penales con víctimas y acusades del LGBTQ+, sobre todo para el colectivo travesti.
Integra la cuarta Escuela Nacional de Defensores y Defensoras; es docente en la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional de Avellaneda; además, forma parte de la Comisión de Justicia por Diana Sacayán, desde donde representa legalmente a Say Sacayán -referente social y hermano de Diana- en la investigación por el asesinato y en el juicio donde fue condenado uno de los autores del crimen calificado como femicidio y travesticidio, en lo que es considerado por la comunidad jurídica un fallo histórico de reconocimiento de derechos de personas travestis y trans.
Colabora como asesora del Centro de Estudios Legales y Sociales y del grupo de Feminismo y Justicia Penal del INECIP, la colectiva de investigación y la acción contra las violencias y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
Para nosotros es un honor escucharla justamente en este día.
La doctora Luciana Sánchez es abogada, graduada en la Universidad de Buenos Aires; diplomada en Investigación Penal en el Sistema Acusatorio por la Universidad Diego Portales, de Chile, y Magister en Derecho de la Universidad de Harvard.
Además, coordinó el Programa de Reforma Judicial del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales y se desempeñó como subdirectora del Centro de Estudios de Justicia de las Américas.
Durante una década integró el colectivo para la diversidad desde el área de litigios imposibles, en especial con el Movimiento Afrocultural y la Asociación de Residentes Senegaleses en la lucha antirracista.
Integró la Organización Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto y la Red de Abogadas Feministas. Formó parte del Programa de Escuelas Populares de Formación en Género del ex Consejo Nacional de las Mujeres.
Actualmente, se desempeña como abogada penal en ciudad y provincia de Buenos Aires desde perspectivas lesbianas, trans y feministas y como abogada pro bono en casos penales con víctimas y acusades del LGBTQ+, sobre todo para el colectivo travesti.
Integra la cuarta Escuela Nacional de Defensores y Defensoras; es docente en la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional de Avellaneda; además, forma parte de la Comisión de Justicia por Diana Sacayán, desde donde representa legalmente a Say Sacayán -referente social y hermano de Diana- en la investigación por el asesinato y en el juicio donde fue condenado uno de los autores del crimen calificado como femicidio y travesticidio, en lo que es considerado por la comunidad jurídica un fallo histórico de reconocimiento de derechos de personas travestis y trans.
Colabora como asesora del Centro de Estudios Legales y Sociales y del grupo de Feminismo y Justicia Penal del INECIP, la colectiva de investigación y la acción contra las violencias y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
Para nosotros es un honor escucharla justamente en este día.
SRA. SÁNCHEZ Desde ya me sumo a las felicitaciones y agradecimientos por la importante iniciativa de las diputadas Gaillard y Macha. En este sentido, el peso de las exposiciones y el contenido que se viene volcando, tanto en la sesión anterior como en ésta, dan cuenta de lo productiva que es esta metodología de trabajo.
Además, agradezco la posibilidad de compartir este espacio con ustedes justamente hoy, en este día tan especial en el que se cumplen dos años de una sentencia fundante, la primera en la que se reconoció la identidad de género, del odio a la identidad de género travesti de Diana Sacayán como un travesticidio. Esto no es casual sino que está relacionado con la militancia de la propia Diana; volveré sobre este tema cuando aborde los proyectos de querella.
Quisiera aclarar que no voy a reiterar conceptos que ya han sido desarrollados muy bien por quienes me antecedieron en el uso de la palabra, sino que voy a aprovechar que ya nos conocemos, que hemos venido trabajando juntas y, por lo tanto, tenemos muchas coincidencias.
En principio, quiero decir que los tres proyectos me parecen muy interesantes y considero que sobre ellos se puede avanzar hoy en esta comisión. Creo que eso sería realmente muy importante, espero que no haya dificultades y que podamos emitir dictamen rápidamente para llevar adelante esta reforma.
Coincido con las propuestas que se hicieron en la reunión anterior y también hoy respecto de la necesidad de una reforma integral del Código Penal desde una perspectiva feminista y no solo de los delitos que, en principio, están relacionados con el género. En ese sentido, esperemos que esta mecánica pueda trasladarse a ese trabajo cuando efectivamente suceda.
Los tres proyectos son: el de legítima de defensa, el relacionado con calumnias e injurias y el vinculado con las querellas. Voy a comenzar con el de legítima defensa, expediente 0872-d-2020 de la señora diputada Silvia Lospennato que cuenta con antecedentes por haber sido presentado con anterioridad.
En el mismo sentido, se han presentado diversos proyectos en años anteriores. Recuerdo particularmente el de Sigrid Kunath, que planteaba la idea de incorporar en el artículo 34, punto 6), del Código Penal un supuesto de legítima defensa privilegiada para determinados casos de violencia de género.
El gran sí es avanzar en los elementos que nos provean de herramientas para darnos agencia. Justamente, como bien decía Marisa Herrera, una forma de empoderar a las personas víctimas de violencia de género y otro tipo de violencias selectivas -como la violencia por prejuicio- está relacionada con que desde la ley, desde el Estado y también desde el Código Penal, se aseguren, se pongan en valor o se legitimen esas agencias.
En el caso de la legítima defensa, existe una historia internacional muy rica de jurisprudencia feminista para ampliar los supuestos de su aplicación. Esa tradición jurisprudencial internacional ha sido recogida recientemente por la OEA, con la creación del Mesecvi para la Convención de Belém do Pará, que cuenta con una recomendación específica sobre legítima defensa y violencia contra las mujeres.
Me refiero a la recomendación general Nº 1 que básicamente propone recuperar el instituto de legítima defensa que -como decía Raquel Asensio-, en principio, no fue pensado para los casos de violencia de género.
Sin embargo, en la actualidad la jurisprudencia y el desarrollo doctrinario que existe -al que se refirió Julieta Di Corleto que me antecedió en el uso de la palabra- dan cuenta de la necesidad y, sobre todo, de la posibilidad de regular esto sin que sea una regulación jurisprudencial o un deseo doctrinario, sino que pueda inscribirse en el Código Penal.
Puntalmente, el Mesecvi se refiere a una situación particular, el caso en que la muerte de una persona se produzca como consecuencia de una violencia de género de larga data; es decir, la violencia de género es doméstica, es de pareja, íntima y de larga data. Justamente, por ser de larga data y por las características propias de la violencia de género, que esta normativa -esta recomendación o regulación- describe muy bien y sobre las que voy a profundizar, es que tiene un desenlace fatal.
La teoría fundamental es que ese desenlace fatal puede ser un femicidio íntimo o una muerte en ocasión de esta violencia doméstica. Particularmente me refiero a violencia doméstica y no a violencia de género porque la recomendación del Mesecvi hace hincapié específicamente en esto. En ese sentido, sigue la forma de focalizar en este tipo de violencia que también tiene el protocolo de femicidio de las Naciones Unidas, un protocolo modelo que ha tenido muchísimo impacto en nuestro país y en la región para investigaciones de femicidios.
En ese sentido, con ese modelo es que propone no dar el mismo tratamiento a todas las formas de violencia de género o a todas las formas de violencia letal sino hacer eje justamente en cómo funciona en el caso concreto de este contexto de violencia doméstica o familiar, y qué es lo que determina la ley.
El problema que este documento releva es que aun en estos casos -que son los más fáciles de resolver normativamente- tiene una alta prevalencia. Reitero que son casos que se relacionan con la ocurrencia de femicidio íntimo y se trabajan casi como que el resultado de quien es asesinado es prácticamente casual. Este es el enfoque.
La idea que propone el Mesecvi tiene que ver con el reconocimiento de determinados caracteres que son propios, no de toda la violencia de género sino en particular de la violencia doméstica. A su vez, no de cualquier violencia doméstica, no de cualquier violencia íntima ni de cualquier violencia de pareja sino específicamente de una violencia de pareja cisgénero, de una pareja heterosexual como es tradicionalmente concebida.
Me refiero a una relación que comienza con un cortejo o un noviazgo y luego se consolida con una convivencia, en un colecho, en una cohabitación. Después, en todo caso -con mayor o menor formalización del vínculo- tienen una desvinculación parecida a lo que se conoce como un divorcio. Es este modelo de relación heterosexual. Traigo esta cuestión a colación, tomando el planteo que realizó la doctora Marisa Herrera en cuanto a la reforma de la ley 26.485 y la incorporación de cuestiones de violencia de género que no tuvieran que ver solamente con los sujetos cisgénero y heterosexuales.
Considero que existe una gran tentación, que consiste en concretar esa inclusión para tranquilizar conciencias, pero eso puede ser muy dañino para el colectivo LGBT, porque la forma en que la violencia doméstica e íntima atraviesa a las personas heterosexuales y no heterosexuales muchas veces se considera que es diferente. Se considera, por ejemplo, que la homofobia solo afecta a las parejas gay y que la homofobia o lesbofobia no afecta a relaciones en parejas heterosexuales. Estas cuestiones son falsas y las demuestran los innumerables casos que existen todavía hoy.
Voy a mencionar un ejemplo del derecho civil que nos comentó el otro día una compañera del Chaco. Ella puntualizó que es tremenda todavía la cantidad de planteos que existe en relación con lo que marcaba la doctora Raquel Asensio. Me refiero a impedir el contacto, quitar la tenencia de los hijos y desvincular a les niñes de sus madres lesbianas cuando son personas bisexuales o han tenido una pareja heterosexual anteriormente.
Con esto quiero decir que no hay que tener una lectura lineal ni un enfoque de violencia de género cruzada y violencia intragénero. Creo que ninguno de estos enfoques se ajustaría a nuestra legislación en materia de identidad de género, que es nuestra pionera, importante y paradigmática ley de identidad de género.
Reitero que es muy importante tener en cuenta cuándo estamos regulando el sistema penal en función de la heterosexualidad o en función de relaciones que no necesariamente tienen que ser heterosexuales. Hace unos instantes se conversó sobre todos los costos que ha implicado el binarismo para la legislación. Entonces, se trata de no cometer esos mismos viejos errores binarios.
En el proyecto, concretamente, creo que el mayor desafío es la redacción. En este sentido, la iniciativa de la señora diputada Lospennato propone una redacción amplia, que básicamente señala que, en un contexto de violencia de género, cualquiera sea el daño ocasionado al agresor, se considera una legítima defensa privilegiada.
Creo que esa amplitud tendrá luego numerosos problemas constitucionales, fundamentalmente porque existen muchas formas de violencia de género y se está proponiendo que cualquiera de ellas pueda implicar que se considere legítima defensa, cualquiera sea el daño ocasionado al agresor.
Asimismo, me imagino determinadas dificultades de aplicación o mucha resistencia de jueces y juezas a aplicar esta normativa en esos términos. El mismo problema que se suscitó con el femicidio, donde se puntualiza contexto o cuando mediare violencia de género, se suscitará acá con las consecuentes dificultades. Por ello, quiero proponer una redacción vinculada con un modelo orientado a distinguir los distintos supuestos.
Considero que el supuesto genérico que propone la señora diputada Lospennato es similar al propuesto por la ex senadora Kunath, que agregaba específicamente la situación binaria. El proyecto de la doctora Kunath señalaba: "Igualmente respecto de aquella mujer que sufriere una agresión en un contexto de violencia de género." O sea que era más similar al tipo establecido en el inciso 11) del artículo 80 del Código Penal. Entonces, vemos que hay un espejo.
Considero que hay que cerrar esta situación aludiendo específicamente a la violencia doméstica o a una acción defensiva que se ejerza para, por ejemplo, repeler una agresión en una relación abusiva. Luego, y pensando concretamente en el litigio y en qué cosas hay que probar para sostener o no desde la acusación o desde la defensa una aplicación de una legítima defensa privilegiada, es muy importante que esto sea práctico y saque de prisión lo antes posible a las mujeres y a las diversidades sexuales.
Necesitamos que se entienda rápidamente qué es una relación abusiva, qué es una relación íntima o cuándo se trata de un contexto de violencia doméstica o familiar, más que un contexto de violencia de género. Nos parece importante especificar este supuesto. Reitero que el modelo, en ese sentido, parece ser la Recomendación General N° 1 del Mesecvi.
La recomendación mencionada es importante porque hace foco en el contexto argentino. De hecho, la mayor cantidad de jurisprudencia que toma en cuenta el Mesecvi para llevar adelante esta recomendación tiene que ver con jurisprudencia de nuestro país. Debo decir que es un contexto muy propicio porque no hay Corte Suprema ni Tribunal Superior de nuestro país que no tenga un fallo favorable que reconozca este supuesto, que es cuando una víctima de violencia de género íntima mata al agresor como un punto cúlmine de esta violencia. Esta es una situación a regular.
Además, las características de esta violencia tienen que ver con su continuidad y esto presenta una característica puntual que se enlaza con lo que el Mesecvi menciona como "inminencia permanente", uno de los requisitos necesarios para que se dé este supuesto de legítima defensa privilegiada.
La otra particularidad de este supuesto que queremos construir, de la legítima defensa privilegiada, tiene que ver con el peligro concreto. En el caso de la violencia íntima de este tipo de relaciones abusivas se trata de que se puede precisar el inicio de la agresión, pero no el fin de ella. Esa es la idea que debe encerrarse en este supuesto de legítima defensa privilegiada. Es decir, identificar qué es la inminencia permanente a través de un concepto que lo identifique y cuáles son los elementos que le aportarán el peligro concreto. Algo similar al escalamiento durante la noche. Es un primer sí, pero con estas salvedades.
En ese sentido, creo que otro escenario que se podría incorporar -y que no hay ningún proyecto que lo aborde de manera expresa y tampoco lo aborda el MESECVI-, es un supuesto de legítima defensa privilegiada, ya no para los casos donde la defensa se ejerza frente a la culminación de la violencia doméstica en una relación prolongada de pareja, sino justamente aquellos supuestos de violencia o de agresiones sexuales que pueden o no ocurrir en la pareja.
Sin embargo, vemos que uno de los supuestos, una de las grandes casuísticas de nuestro país, tiene que ver justamente, por un lado, con las esposas que matan a sus maridos luego de años de violencia; por otro, con las personas -en general mujeres, lesbianas, también travestis y varones trans, hay varios casos-, que se defienden de agresiones sexuales y también de otros tipos de hostigamientos.
Voy a referirme primero a las agresiones sexuales porque creo que es algo mucho más sencillo de encarar desde la dogmática penal. Me refiero a que la agresión sexual en sí misma como hecho no tiene ningún tipo de justificación. O sea, cuando una agresión sexual sucede o comienza a ser llevada a cabo, no hay ninguna duda de que se trata de una agresión ilegítima y de una conducta antijurídica. Es decir que nadie podría argumentar que agrede a otra persona sexualmente en legítima defensa. Una agresión sexual no puede estar justificada de ninguna manera.
En ese sentido, también llama la atención cómo este supuesto de legítima defensa privilegiada para casos de agresiones sexuales no existe tampoco en nuestro Código Penal. De hecho, vemos que hay muchas dificultades también en la jurisprudencia para considerar estos supuestos.
Hay un caso señero de la Cámara de Casación, que es el caso Guido Rodríguez, que describe una agresión en curso. Ahí hay varios elementos que se pueden utilizar para empezar a definir cuál sería un escenario que permita normativizar, crear un supuesto concreto de legítima defensa frente a agresiones sexuales.
Creo que este tipo de respuestas son mejores, por ejemplo, que criminalizar el acoso callejero. O sea, descriminalizar que una se pueda defender también permite empoderar a las víctimas, o justamente que no seamos víctimas o que no tengamos que llamarnos víctimas para ser reconocidas por el derecho.
En este caso, se trataría precisamente de reconocer la capacidad de no convertirnos en víctimas, y también de no necesariamente estar siempre recurriendo al sistema penal. Esto también es punitivismo: pretender expropiar de manera permanente a las personas sus conflictos e institucionalizarlos de manera obligatoria en un sistema. Este sería otro supuesto para incorporar.
Asimismo, creo que sería importante acompañar -el proyecto lamentablemente no lo hace- con algunas reglas de fondo que también pudieran ser consideradas en términos procesales.
En este sentido, en la legislación comparada son muy pocos los países que incorporaron supuestos de legítima defensa privilegiada para casos de violencia de género. De hecho, la experiencia cercana más concreta es el caso de Chile, que tiene unos supuestos de legítima defensa que son muy amplios y que vienen de una idea bastante colonial de protección de la propiedad. No obstante, considero interesante estudiarlos porque, justamente, proponen un modelo distinto de tipificación de la legítima defensa que puede servir para contrastar.
Chile admite la legítima defensa en todos aquellos casos en lo que haya delitos contra la vida, la integridad física, la integridad sexual. Pero aquí nuestro Código Penal admite que las defensas pueden ser legítimas, independientemente de si la agresión ilegítima es o no delito. Así que creo que incluso tenemos un contexto muchísimo mejor.
No quiero extenderme más, así que pasaré a referirme a otro punto que quería tomar. Me refiero al proyecto de la diputada Najul sobre querellas, contenido en el expediente 0104-d-2020, que propone incorporar -en el mismo sentido que decía Raquel Asencio-, con alguna normativa procesal de fondo, una regla -que me pareció muy interesante- para permitir que, en los procesos penales de femicidios, las organizaciones y fundaciones actúen como querellantes. En ese sentido, se nombraron una serie de problemas que surgen, a los que se pretende dar respuesta con esta figura.
La verdad es que acá se da mi trabajo cotidiano. Litigo sistemáticamente travesticidios, transfemicidios, lesbicidios, y puedo dar cuenta de varias de las problemáticas que ya fueron mencionadas, porque son varios los casos que conozco muy de cerca y sé que hay organizaciones que también están intentando llevar a cabo estas acciones.
En relación con la presentación que hizo Silvina Perugino al comienzo de la reunión, que me pareció muy importante, coincido con la necesidad de desplegar y de fortalecer las herramientas territoriales, sobre todo de intervención municipal, para acompañar a las víctimas y controlar las medidas que se adoptan.
Creo que este tema es clave, y que el caso de Diana Sacayán lo muestra claramente, sobre todo por el impacto que ha tenido. Por eso es importante el apoyo -y no solo por el caso que acabo de citar-, que se inscribe también -esto siempre lo hemos dicho públicamente- en lo que han sido las querellas por delitos de lesa humanidad. Entonces, conocemos muy bien de dónde viene lo que hoy es el artículo 82 bis del Código Procesal Penal de la Nación, que es en lo que se basa esta propuesta.
En el caso de Diana Sacayán, la querella fue quien propuso la utilización de la figura de travesticidio y su posterior inscripción. Es decir que eso fue una creación de la querella y que se instaló, por supuesto, con el trabajo en conjunto, con la buena disposición y con la sabiduría de toda la institucionalidad judicial. Pero, reitero, fue una propuesta de la querella.
Entonces, fortalecer a las querellas es en sí una muy buena idea, que no necesariamente tiene que ver con ser más punitivistas, sino justamente con todo lo contrario. Lo digo porque, en estos casos, las querellas cumplen un papel que, en general, no cumplen las fiscalías. Esto tiene que ver con, por ejemplo, evitar que se condene a cualquier persona; evitar que se condene a "perejiles" por estos casos.
Ante la total impunidad, se suelen plantar autores falsos, lo que no debe suceder. Este es un problema bastante común, tanto en los femicidios como en los travesticidios. Incluso era uno de los problemas más comunes que tenían en Ciudad Juárez cuando se empezó la investigación y el juzgamiento sistemático de estos crímenes.
Por otra parte, el problema de las querellas son los recursos. Las familias, las personas, no tienen abogado, a pesar de que tener un letrado, dentro de todo, es lo más fácil porque está la ley de patrocinio jurídico gratuito, y están los CAJ y los CAVAJ. Pero solo con un abogado no podemos encarar un caso; necesitamos peritos y distintos tipos de insumos para que justamente esa representación pueda ser llevada adelante. Entonces, la cuestión no se agota únicamente con el patrocinio jurídico gratuito ni tampoco con solo ampliar la legitimidad de querellar.
Quiero decir también que dar la capacidad de querellar a organizaciones sin fortalecer la capacidad de querellar de los familiares puede ser un error muy grave, porque puede tener justamente un efecto contrario.
También sé qué es lo que se intenta reparar porque participé en el caso del referente afro Massar Ba, en el que no fue aceptada la querella de la organización de compañeres senegaleses. Lo mismo pasó en otros casos, como en La Plata, donde en su momento litigamos con un trans en juicios de travesticidios con personas de otros países.
Nuevamente creo que ahí surge otro problema, que tampoco es particular de la comunidad LGBT, y es que no necesariamente la única solución posible es expropiar la posibilidad de querellar.
Digamos, si la dificultad está en que la familia vive en otro país, lo que hay que hacer es facilitar las herramientas para que haya un poder de representación a fin de que ese caso pueda ser llevado adelante aquí. Pero no existe ausencia de interés por parte de un familiar. Ese es un caso.
Hay otros casos en los que vemos que quienes están legitimados para actuar, o sea la familia biológica, hace muchísimos años perdieron contacto y no les interesa para nada descubrir la verdad. De ahí que la persona que fue asesinada tiene otros vínculos que funcionan como una familia. El parentesco LGBT es diferente del parentesco biológico heterosexual cisgénero tradicional. Entonces, esa es otra dimensión y es algo que lamentablemente no se va a saldar. Exigimos, tal cual lo remarca el proyecto, que sean organizaciones o fundaciones con personería jurídica que lo tengan en su objeto. Las familias travestis y las familias "tortas" no tenemos personería jurídica y ni siquiera nos casamos en muchos casos. Entonces, hay que ver estas cuestiones para poder ampliar derechos en función de lo que busca el proyecto.
En el mismo sentido, quiero decir que es necesario reformar el artículo y revisar el Código Civil. Recuerdo el caso específico de una lesbiana asesinada donde a su pareja no se le reconoció la posibilidad de ser querellante porque no convivían y ni siquiera se le propuso porque se lo tomó como si fuera un noviazgo. Esa causa quedó caratulada como homicidio simple, con una impunidad e injusticia que vamos a tener que ver qué se hace con eso. Este es otro sí, pero quería formular estos conceptos.
Finalmente, el otro gran sí tiene que ver con que ha sido una gran alegría encontrarnos con este proyecto. Se trata del expediente 5187-d-2019 cuyo autor es el diputado Daniel Di Stefano. Se refiere a la modificación de los artículos 109 y 110 sobre los delitos de calumnias e injurias. Propone que no se trata de calumnias e injurias cuando alguien hubiera realizado actos de violencia contra la mujer víctima. Me parece muy importante porque hay un fenómeno particular que es el de la violencia doméstica y sexual que no se presenta en otros delitos sino que se da específicamente en esto. Creo que de manera general nos tiene que llevar a pensar en identificar y erradicar aquellas herramientas legales que le dan a les agresores la posibilidad de seguir hostigando a la víctima. En ese sentido, este proyecto me parece maravilloso. Hay muchísima jurisprudencia desarrollada a nivel local. Lamentablemente esto no se da a nivel de cortes superiores.
También debo señalar que hay muchas situaciones que se resuelven de una manera revictimizante, terminan imponiendo una mordaza y generando un efecto negativo en lo que es la concientización y el cambio cultural respecto de la violencia de género. Me parece que ahí hay algo para trabajar.
Por otro lado, tengo alguna consideración sobre la redacción del proyecto que podría discutirse. En primer lugar, respecto de la cuestión binaria de la mujer víctima. No es una cuestión exclusiva ni fácil; ojalá fuera tan fácil. Lo que quiero es desbinarizar este aspecto.
Además, hay que tener en cuenta que las expresiones referidas a violencia de género son de interés público. Esto es lo que dice la jurisprudencia. No se trata de impedir denunciar a quien considera que ha sido calumniado. Se trata de decir si es o no es una calumnia. Queremos hablar de violencia de género y también de lo que nos ha sucedido, incluyendo lo que me ocurrió a mí. La idea es que lo podamos contar. Se trata de un discurso democrático que queremos que circule. Para eso hacemos las capacitaciones de la Ley Micaela.
Asimismo, entendiendo que este tipo de expresiones, en este entorno, no tienen que ver justamente con los escraches. Por ejemplo, el programa de femicidios que desarrolló el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Burllrich tenía incorporado un programa de escrache de Estado. Concretamente, decía que se podía acceder públicamente a la información de aquellas personas que hayan sido denunciadas por hechos de violencia de género. Eso es un escrache de Estado y no tenemos que hacerlo.
Hay que ampliar la capacidad y entender el efecto colectivo del discurso que se produce cuando todas podemos contar la violencia de género transfóbica, lesbofóbica y transodiante que nos atraviesa. Esto es muy democrático y fortalece al sistema. Si no hubiéramos hecho eso, no tendríamos ninguna de las leyes que tanto valoramos. Celebro este proyecto y ojalá se pueda avanzar en ese sentido.
Para ir cerrando mi discurso, quisiera hacer un resumen de algunas consideraciones sobre ciertas cuestiones que se han venido diciendo, fundamentalmente, en relación con el colectivo LGTB.
Lo primero que quiero marcar es que seguimos asimilando masculinidad con violencia y eso nos va llevar a cometer muchísimos errores. Son muy buenos los programas de masculinidad en los municipios. Sin embargo, una cosa son esos programas y otra cosa, aquellos destinados a personas que son agresoras en casos de violencia de género. Tenemos que empezar a distinguir lo que son las masculinidades y lo que son las violencias; no es lo mismo. Y tenemos que tener esto en cuenta en las políticas públicas.
En el mismo sentido, quiero señalar que el juez Gabriel Vitale de Lomas de Zamora es un gran ejemplo de por qué no hay que confundir masculinidades con victimarios. Lamento decirlo, pero a este juez le tuvimos que presentar un habeas corpus porque tenía presa a una persona trans en una comisaría de varones. Esto invisibiliza muchos aspectos que tienen que ver con violencia de género, más allá de la cuestión binaria y doméstica.
Entonces, les pido por favor que prestemos atención a los sesgos y límites de las herramientas teniendo en cuenta de dónde vienen estos alcances. Tengamos en cuenta los límites. Lo que es bueno en un escenario no necesariamente lo es en todos los demás.
Asimismo, debemos articular con las querellas en aquellos casos de litigios donde los hechos no están consumados. Hay una gran impunidad en las tentativas de travesticidio. Logramos visibilizar el travesticidio, pero no generalicemos pensando que todo va a ser lo mismo. Quiero pedir que se investigue y que haya mucha conciencia. Considero que es necesario -lo hablamos con Sasha Sacayán- una reforma del tipo penal y del Código Penal. Sin duda, se puede hacer mucho en esa figura para resolver problemas de aplicación que está teniendo la figura del travesticidio. Se trata de problemas que no son ajenos porque fue una figura sancionada por el Congreso en el año 2012 y recién pudo usarse por primera vez en 2018. Los problemas jurídicos existentes no nos son ajenos para implementar la figura. Pero creemos que esos problemas tienen menos que ver con la redacción que con las prácticas judiciales.
Nos interesa un tipo de redacción que no sea punitivista en el sentido de proponer visibilizar esa figura y pensar que con eso el problema ya se resuelve. Por el contrario, debe ser una figura que acompañe lo que el hecho de haberlo llevado a cabo ha producido en la sentencia.
Además, agradezco la posibilidad de compartir este espacio con ustedes justamente hoy, en este día tan especial en el que se cumplen dos años de una sentencia fundante, la primera en la que se reconoció la identidad de género, del odio a la identidad de género travesti de Diana Sacayán como un travesticidio. Esto no es casual sino que está relacionado con la militancia de la propia Diana; volveré sobre este tema cuando aborde los proyectos de querella.
Quisiera aclarar que no voy a reiterar conceptos que ya han sido desarrollados muy bien por quienes me antecedieron en el uso de la palabra, sino que voy a aprovechar que ya nos conocemos, que hemos venido trabajando juntas y, por lo tanto, tenemos muchas coincidencias.
En principio, quiero decir que los tres proyectos me parecen muy interesantes y considero que sobre ellos se puede avanzar hoy en esta comisión. Creo que eso sería realmente muy importante, espero que no haya dificultades y que podamos emitir dictamen rápidamente para llevar adelante esta reforma.
Coincido con las propuestas que se hicieron en la reunión anterior y también hoy respecto de la necesidad de una reforma integral del Código Penal desde una perspectiva feminista y no solo de los delitos que, en principio, están relacionados con el género. En ese sentido, esperemos que esta mecánica pueda trasladarse a ese trabajo cuando efectivamente suceda.
Los tres proyectos son: el de legítima de defensa, el relacionado con calumnias e injurias y el vinculado con las querellas. Voy a comenzar con el de legítima defensa, expediente 0872-d-2020 de la señora diputada Silvia Lospennato que cuenta con antecedentes por haber sido presentado con anterioridad.
En el mismo sentido, se han presentado diversos proyectos en años anteriores. Recuerdo particularmente el de Sigrid Kunath, que planteaba la idea de incorporar en el artículo 34, punto 6), del Código Penal un supuesto de legítima defensa privilegiada para determinados casos de violencia de género.
El gran sí es avanzar en los elementos que nos provean de herramientas para darnos agencia. Justamente, como bien decía Marisa Herrera, una forma de empoderar a las personas víctimas de violencia de género y otro tipo de violencias selectivas -como la violencia por prejuicio- está relacionada con que desde la ley, desde el Estado y también desde el Código Penal, se aseguren, se pongan en valor o se legitimen esas agencias.
En el caso de la legítima defensa, existe una historia internacional muy rica de jurisprudencia feminista para ampliar los supuestos de su aplicación. Esa tradición jurisprudencial internacional ha sido recogida recientemente por la OEA, con la creación del Mesecvi para la Convención de Belém do Pará, que cuenta con una recomendación específica sobre legítima defensa y violencia contra las mujeres.
Me refiero a la recomendación general Nº 1 que básicamente propone recuperar el instituto de legítima defensa que -como decía Raquel Asensio-, en principio, no fue pensado para los casos de violencia de género.
Sin embargo, en la actualidad la jurisprudencia y el desarrollo doctrinario que existe -al que se refirió Julieta Di Corleto que me antecedió en el uso de la palabra- dan cuenta de la necesidad y, sobre todo, de la posibilidad de regular esto sin que sea una regulación jurisprudencial o un deseo doctrinario, sino que pueda inscribirse en el Código Penal.
Puntalmente, el Mesecvi se refiere a una situación particular, el caso en que la muerte de una persona se produzca como consecuencia de una violencia de género de larga data; es decir, la violencia de género es doméstica, es de pareja, íntima y de larga data. Justamente, por ser de larga data y por las características propias de la violencia de género, que esta normativa -esta recomendación o regulación- describe muy bien y sobre las que voy a profundizar, es que tiene un desenlace fatal.
La teoría fundamental es que ese desenlace fatal puede ser un femicidio íntimo o una muerte en ocasión de esta violencia doméstica. Particularmente me refiero a violencia doméstica y no a violencia de género porque la recomendación del Mesecvi hace hincapié específicamente en esto. En ese sentido, sigue la forma de focalizar en este tipo de violencia que también tiene el protocolo de femicidio de las Naciones Unidas, un protocolo modelo que ha tenido muchísimo impacto en nuestro país y en la región para investigaciones de femicidios.
En ese sentido, con ese modelo es que propone no dar el mismo tratamiento a todas las formas de violencia de género o a todas las formas de violencia letal sino hacer eje justamente en cómo funciona en el caso concreto de este contexto de violencia doméstica o familiar, y qué es lo que determina la ley.
El problema que este documento releva es que aun en estos casos -que son los más fáciles de resolver normativamente- tiene una alta prevalencia. Reitero que son casos que se relacionan con la ocurrencia de femicidio íntimo y se trabajan casi como que el resultado de quien es asesinado es prácticamente casual. Este es el enfoque.
La idea que propone el Mesecvi tiene que ver con el reconocimiento de determinados caracteres que son propios, no de toda la violencia de género sino en particular de la violencia doméstica. A su vez, no de cualquier violencia doméstica, no de cualquier violencia íntima ni de cualquier violencia de pareja sino específicamente de una violencia de pareja cisgénero, de una pareja heterosexual como es tradicionalmente concebida.
Me refiero a una relación que comienza con un cortejo o un noviazgo y luego se consolida con una convivencia, en un colecho, en una cohabitación. Después, en todo caso -con mayor o menor formalización del vínculo- tienen una desvinculación parecida a lo que se conoce como un divorcio. Es este modelo de relación heterosexual. Traigo esta cuestión a colación, tomando el planteo que realizó la doctora Marisa Herrera en cuanto a la reforma de la ley 26.485 y la incorporación de cuestiones de violencia de género que no tuvieran que ver solamente con los sujetos cisgénero y heterosexuales.
Considero que existe una gran tentación, que consiste en concretar esa inclusión para tranquilizar conciencias, pero eso puede ser muy dañino para el colectivo LGBT, porque la forma en que la violencia doméstica e íntima atraviesa a las personas heterosexuales y no heterosexuales muchas veces se considera que es diferente. Se considera, por ejemplo, que la homofobia solo afecta a las parejas gay y que la homofobia o lesbofobia no afecta a relaciones en parejas heterosexuales. Estas cuestiones son falsas y las demuestran los innumerables casos que existen todavía hoy.
Voy a mencionar un ejemplo del derecho civil que nos comentó el otro día una compañera del Chaco. Ella puntualizó que es tremenda todavía la cantidad de planteos que existe en relación con lo que marcaba la doctora Raquel Asensio. Me refiero a impedir el contacto, quitar la tenencia de los hijos y desvincular a les niñes de sus madres lesbianas cuando son personas bisexuales o han tenido una pareja heterosexual anteriormente.
Con esto quiero decir que no hay que tener una lectura lineal ni un enfoque de violencia de género cruzada y violencia intragénero. Creo que ninguno de estos enfoques se ajustaría a nuestra legislación en materia de identidad de género, que es nuestra pionera, importante y paradigmática ley de identidad de género.
Reitero que es muy importante tener en cuenta cuándo estamos regulando el sistema penal en función de la heterosexualidad o en función de relaciones que no necesariamente tienen que ser heterosexuales. Hace unos instantes se conversó sobre todos los costos que ha implicado el binarismo para la legislación. Entonces, se trata de no cometer esos mismos viejos errores binarios.
En el proyecto, concretamente, creo que el mayor desafío es la redacción. En este sentido, la iniciativa de la señora diputada Lospennato propone una redacción amplia, que básicamente señala que, en un contexto de violencia de género, cualquiera sea el daño ocasionado al agresor, se considera una legítima defensa privilegiada.
Creo que esa amplitud tendrá luego numerosos problemas constitucionales, fundamentalmente porque existen muchas formas de violencia de género y se está proponiendo que cualquiera de ellas pueda implicar que se considere legítima defensa, cualquiera sea el daño ocasionado al agresor.
Asimismo, me imagino determinadas dificultades de aplicación o mucha resistencia de jueces y juezas a aplicar esta normativa en esos términos. El mismo problema que se suscitó con el femicidio, donde se puntualiza contexto o cuando mediare violencia de género, se suscitará acá con las consecuentes dificultades. Por ello, quiero proponer una redacción vinculada con un modelo orientado a distinguir los distintos supuestos.
Considero que el supuesto genérico que propone la señora diputada Lospennato es similar al propuesto por la ex senadora Kunath, que agregaba específicamente la situación binaria. El proyecto de la doctora Kunath señalaba: "Igualmente respecto de aquella mujer que sufriere una agresión en un contexto de violencia de género." O sea que era más similar al tipo establecido en el inciso 11) del artículo 80 del Código Penal. Entonces, vemos que hay un espejo.
Considero que hay que cerrar esta situación aludiendo específicamente a la violencia doméstica o a una acción defensiva que se ejerza para, por ejemplo, repeler una agresión en una relación abusiva. Luego, y pensando concretamente en el litigio y en qué cosas hay que probar para sostener o no desde la acusación o desde la defensa una aplicación de una legítima defensa privilegiada, es muy importante que esto sea práctico y saque de prisión lo antes posible a las mujeres y a las diversidades sexuales.
Necesitamos que se entienda rápidamente qué es una relación abusiva, qué es una relación íntima o cuándo se trata de un contexto de violencia doméstica o familiar, más que un contexto de violencia de género. Nos parece importante especificar este supuesto. Reitero que el modelo, en ese sentido, parece ser la Recomendación General N° 1 del Mesecvi.
La recomendación mencionada es importante porque hace foco en el contexto argentino. De hecho, la mayor cantidad de jurisprudencia que toma en cuenta el Mesecvi para llevar adelante esta recomendación tiene que ver con jurisprudencia de nuestro país. Debo decir que es un contexto muy propicio porque no hay Corte Suprema ni Tribunal Superior de nuestro país que no tenga un fallo favorable que reconozca este supuesto, que es cuando una víctima de violencia de género íntima mata al agresor como un punto cúlmine de esta violencia. Esta es una situación a regular.
Además, las características de esta violencia tienen que ver con su continuidad y esto presenta una característica puntual que se enlaza con lo que el Mesecvi menciona como "inminencia permanente", uno de los requisitos necesarios para que se dé este supuesto de legítima defensa privilegiada.
La otra particularidad de este supuesto que queremos construir, de la legítima defensa privilegiada, tiene que ver con el peligro concreto. En el caso de la violencia íntima de este tipo de relaciones abusivas se trata de que se puede precisar el inicio de la agresión, pero no el fin de ella. Esa es la idea que debe encerrarse en este supuesto de legítima defensa privilegiada. Es decir, identificar qué es la inminencia permanente a través de un concepto que lo identifique y cuáles son los elementos que le aportarán el peligro concreto. Algo similar al escalamiento durante la noche. Es un primer sí, pero con estas salvedades.
En ese sentido, creo que otro escenario que se podría incorporar -y que no hay ningún proyecto que lo aborde de manera expresa y tampoco lo aborda el MESECVI-, es un supuesto de legítima defensa privilegiada, ya no para los casos donde la defensa se ejerza frente a la culminación de la violencia doméstica en una relación prolongada de pareja, sino justamente aquellos supuestos de violencia o de agresiones sexuales que pueden o no ocurrir en la pareja.
Sin embargo, vemos que uno de los supuestos, una de las grandes casuísticas de nuestro país, tiene que ver justamente, por un lado, con las esposas que matan a sus maridos luego de años de violencia; por otro, con las personas -en general mujeres, lesbianas, también travestis y varones trans, hay varios casos-, que se defienden de agresiones sexuales y también de otros tipos de hostigamientos.
Voy a referirme primero a las agresiones sexuales porque creo que es algo mucho más sencillo de encarar desde la dogmática penal. Me refiero a que la agresión sexual en sí misma como hecho no tiene ningún tipo de justificación. O sea, cuando una agresión sexual sucede o comienza a ser llevada a cabo, no hay ninguna duda de que se trata de una agresión ilegítima y de una conducta antijurídica. Es decir que nadie podría argumentar que agrede a otra persona sexualmente en legítima defensa. Una agresión sexual no puede estar justificada de ninguna manera.
En ese sentido, también llama la atención cómo este supuesto de legítima defensa privilegiada para casos de agresiones sexuales no existe tampoco en nuestro Código Penal. De hecho, vemos que hay muchas dificultades también en la jurisprudencia para considerar estos supuestos.
Hay un caso señero de la Cámara de Casación, que es el caso Guido Rodríguez, que describe una agresión en curso. Ahí hay varios elementos que se pueden utilizar para empezar a definir cuál sería un escenario que permita normativizar, crear un supuesto concreto de legítima defensa frente a agresiones sexuales.
Creo que este tipo de respuestas son mejores, por ejemplo, que criminalizar el acoso callejero. O sea, descriminalizar que una se pueda defender también permite empoderar a las víctimas, o justamente que no seamos víctimas o que no tengamos que llamarnos víctimas para ser reconocidas por el derecho.
En este caso, se trataría precisamente de reconocer la capacidad de no convertirnos en víctimas, y también de no necesariamente estar siempre recurriendo al sistema penal. Esto también es punitivismo: pretender expropiar de manera permanente a las personas sus conflictos e institucionalizarlos de manera obligatoria en un sistema. Este sería otro supuesto para incorporar.
Asimismo, creo que sería importante acompañar -el proyecto lamentablemente no lo hace- con algunas reglas de fondo que también pudieran ser consideradas en términos procesales.
En este sentido, en la legislación comparada son muy pocos los países que incorporaron supuestos de legítima defensa privilegiada para casos de violencia de género. De hecho, la experiencia cercana más concreta es el caso de Chile, que tiene unos supuestos de legítima defensa que son muy amplios y que vienen de una idea bastante colonial de protección de la propiedad. No obstante, considero interesante estudiarlos porque, justamente, proponen un modelo distinto de tipificación de la legítima defensa que puede servir para contrastar.
Chile admite la legítima defensa en todos aquellos casos en lo que haya delitos contra la vida, la integridad física, la integridad sexual. Pero aquí nuestro Código Penal admite que las defensas pueden ser legítimas, independientemente de si la agresión ilegítima es o no delito. Así que creo que incluso tenemos un contexto muchísimo mejor.
No quiero extenderme más, así que pasaré a referirme a otro punto que quería tomar. Me refiero al proyecto de la diputada Najul sobre querellas, contenido en el expediente 0104-d-2020, que propone incorporar -en el mismo sentido que decía Raquel Asencio-, con alguna normativa procesal de fondo, una regla -que me pareció muy interesante- para permitir que, en los procesos penales de femicidios, las organizaciones y fundaciones actúen como querellantes. En ese sentido, se nombraron una serie de problemas que surgen, a los que se pretende dar respuesta con esta figura.
La verdad es que acá se da mi trabajo cotidiano. Litigo sistemáticamente travesticidios, transfemicidios, lesbicidios, y puedo dar cuenta de varias de las problemáticas que ya fueron mencionadas, porque son varios los casos que conozco muy de cerca y sé que hay organizaciones que también están intentando llevar a cabo estas acciones.
En relación con la presentación que hizo Silvina Perugino al comienzo de la reunión, que me pareció muy importante, coincido con la necesidad de desplegar y de fortalecer las herramientas territoriales, sobre todo de intervención municipal, para acompañar a las víctimas y controlar las medidas que se adoptan.
Creo que este tema es clave, y que el caso de Diana Sacayán lo muestra claramente, sobre todo por el impacto que ha tenido. Por eso es importante el apoyo -y no solo por el caso que acabo de citar-, que se inscribe también -esto siempre lo hemos dicho públicamente- en lo que han sido las querellas por delitos de lesa humanidad. Entonces, conocemos muy bien de dónde viene lo que hoy es el artículo 82 bis del Código Procesal Penal de la Nación, que es en lo que se basa esta propuesta.
En el caso de Diana Sacayán, la querella fue quien propuso la utilización de la figura de travesticidio y su posterior inscripción. Es decir que eso fue una creación de la querella y que se instaló, por supuesto, con el trabajo en conjunto, con la buena disposición y con la sabiduría de toda la institucionalidad judicial. Pero, reitero, fue una propuesta de la querella.
Entonces, fortalecer a las querellas es en sí una muy buena idea, que no necesariamente tiene que ver con ser más punitivistas, sino justamente con todo lo contrario. Lo digo porque, en estos casos, las querellas cumplen un papel que, en general, no cumplen las fiscalías. Esto tiene que ver con, por ejemplo, evitar que se condene a cualquier persona; evitar que se condene a "perejiles" por estos casos.
Ante la total impunidad, se suelen plantar autores falsos, lo que no debe suceder. Este es un problema bastante común, tanto en los femicidios como en los travesticidios. Incluso era uno de los problemas más comunes que tenían en Ciudad Juárez cuando se empezó la investigación y el juzgamiento sistemático de estos crímenes.
Por otra parte, el problema de las querellas son los recursos. Las familias, las personas, no tienen abogado, a pesar de que tener un letrado, dentro de todo, es lo más fácil porque está la ley de patrocinio jurídico gratuito, y están los CAJ y los CAVAJ. Pero solo con un abogado no podemos encarar un caso; necesitamos peritos y distintos tipos de insumos para que justamente esa representación pueda ser llevada adelante. Entonces, la cuestión no se agota únicamente con el patrocinio jurídico gratuito ni tampoco con solo ampliar la legitimidad de querellar.
Quiero decir también que dar la capacidad de querellar a organizaciones sin fortalecer la capacidad de querellar de los familiares puede ser un error muy grave, porque puede tener justamente un efecto contrario.
También sé qué es lo que se intenta reparar porque participé en el caso del referente afro Massar Ba, en el que no fue aceptada la querella de la organización de compañeres senegaleses. Lo mismo pasó en otros casos, como en La Plata, donde en su momento litigamos con un trans en juicios de travesticidios con personas de otros países.
Nuevamente creo que ahí surge otro problema, que tampoco es particular de la comunidad LGBT, y es que no necesariamente la única solución posible es expropiar la posibilidad de querellar.
Digamos, si la dificultad está en que la familia vive en otro país, lo que hay que hacer es facilitar las herramientas para que haya un poder de representación a fin de que ese caso pueda ser llevado adelante aquí. Pero no existe ausencia de interés por parte de un familiar. Ese es un caso.
Hay otros casos en los que vemos que quienes están legitimados para actuar, o sea la familia biológica, hace muchísimos años perdieron contacto y no les interesa para nada descubrir la verdad. De ahí que la persona que fue asesinada tiene otros vínculos que funcionan como una familia. El parentesco LGBT es diferente del parentesco biológico heterosexual cisgénero tradicional. Entonces, esa es otra dimensión y es algo que lamentablemente no se va a saldar. Exigimos, tal cual lo remarca el proyecto, que sean organizaciones o fundaciones con personería jurídica que lo tengan en su objeto. Las familias travestis y las familias "tortas" no tenemos personería jurídica y ni siquiera nos casamos en muchos casos. Entonces, hay que ver estas cuestiones para poder ampliar derechos en función de lo que busca el proyecto.
En el mismo sentido, quiero decir que es necesario reformar el artículo y revisar el Código Civil. Recuerdo el caso específico de una lesbiana asesinada donde a su pareja no se le reconoció la posibilidad de ser querellante porque no convivían y ni siquiera se le propuso porque se lo tomó como si fuera un noviazgo. Esa causa quedó caratulada como homicidio simple, con una impunidad e injusticia que vamos a tener que ver qué se hace con eso. Este es otro sí, pero quería formular estos conceptos.
Finalmente, el otro gran sí tiene que ver con que ha sido una gran alegría encontrarnos con este proyecto. Se trata del expediente 5187-d-2019 cuyo autor es el diputado Daniel Di Stefano. Se refiere a la modificación de los artículos 109 y 110 sobre los delitos de calumnias e injurias. Propone que no se trata de calumnias e injurias cuando alguien hubiera realizado actos de violencia contra la mujer víctima. Me parece muy importante porque hay un fenómeno particular que es el de la violencia doméstica y sexual que no se presenta en otros delitos sino que se da específicamente en esto. Creo que de manera general nos tiene que llevar a pensar en identificar y erradicar aquellas herramientas legales que le dan a les agresores la posibilidad de seguir hostigando a la víctima. En ese sentido, este proyecto me parece maravilloso. Hay muchísima jurisprudencia desarrollada a nivel local. Lamentablemente esto no se da a nivel de cortes superiores.
También debo señalar que hay muchas situaciones que se resuelven de una manera revictimizante, terminan imponiendo una mordaza y generando un efecto negativo en lo que es la concientización y el cambio cultural respecto de la violencia de género. Me parece que ahí hay algo para trabajar.
Por otro lado, tengo alguna consideración sobre la redacción del proyecto que podría discutirse. En primer lugar, respecto de la cuestión binaria de la mujer víctima. No es una cuestión exclusiva ni fácil; ojalá fuera tan fácil. Lo que quiero es desbinarizar este aspecto.
Además, hay que tener en cuenta que las expresiones referidas a violencia de género son de interés público. Esto es lo que dice la jurisprudencia. No se trata de impedir denunciar a quien considera que ha sido calumniado. Se trata de decir si es o no es una calumnia. Queremos hablar de violencia de género y también de lo que nos ha sucedido, incluyendo lo que me ocurrió a mí. La idea es que lo podamos contar. Se trata de un discurso democrático que queremos que circule. Para eso hacemos las capacitaciones de la Ley Micaela.
Asimismo, entendiendo que este tipo de expresiones, en este entorno, no tienen que ver justamente con los escraches. Por ejemplo, el programa de femicidios que desarrolló el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Burllrich tenía incorporado un programa de escrache de Estado. Concretamente, decía que se podía acceder públicamente a la información de aquellas personas que hayan sido denunciadas por hechos de violencia de género. Eso es un escrache de Estado y no tenemos que hacerlo.
Hay que ampliar la capacidad y entender el efecto colectivo del discurso que se produce cuando todas podemos contar la violencia de género transfóbica, lesbofóbica y transodiante que nos atraviesa. Esto es muy democrático y fortalece al sistema. Si no hubiéramos hecho eso, no tendríamos ninguna de las leyes que tanto valoramos. Celebro este proyecto y ojalá se pueda avanzar en ese sentido.
Para ir cerrando mi discurso, quisiera hacer un resumen de algunas consideraciones sobre ciertas cuestiones que se han venido diciendo, fundamentalmente, en relación con el colectivo LGTB.
Lo primero que quiero marcar es que seguimos asimilando masculinidad con violencia y eso nos va llevar a cometer muchísimos errores. Son muy buenos los programas de masculinidad en los municipios. Sin embargo, una cosa son esos programas y otra cosa, aquellos destinados a personas que son agresoras en casos de violencia de género. Tenemos que empezar a distinguir lo que son las masculinidades y lo que son las violencias; no es lo mismo. Y tenemos que tener esto en cuenta en las políticas públicas.
En el mismo sentido, quiero señalar que el juez Gabriel Vitale de Lomas de Zamora es un gran ejemplo de por qué no hay que confundir masculinidades con victimarios. Lamento decirlo, pero a este juez le tuvimos que presentar un habeas corpus porque tenía presa a una persona trans en una comisaría de varones. Esto invisibiliza muchos aspectos que tienen que ver con violencia de género, más allá de la cuestión binaria y doméstica.
Entonces, les pido por favor que prestemos atención a los sesgos y límites de las herramientas teniendo en cuenta de dónde vienen estos alcances. Tengamos en cuenta los límites. Lo que es bueno en un escenario no necesariamente lo es en todos los demás.
Asimismo, debemos articular con las querellas en aquellos casos de litigios donde los hechos no están consumados. Hay una gran impunidad en las tentativas de travesticidio. Logramos visibilizar el travesticidio, pero no generalicemos pensando que todo va a ser lo mismo. Quiero pedir que se investigue y que haya mucha conciencia. Considero que es necesario -lo hablamos con Sasha Sacayán- una reforma del tipo penal y del Código Penal. Sin duda, se puede hacer mucho en esa figura para resolver problemas de aplicación que está teniendo la figura del travesticidio. Se trata de problemas que no son ajenos porque fue una figura sancionada por el Congreso en el año 2012 y recién pudo usarse por primera vez en 2018. Los problemas jurídicos existentes no nos son ajenos para implementar la figura. Pero creemos que esos problemas tienen menos que ver con la redacción que con las prácticas judiciales.
Nos interesa un tipo de redacción que no sea punitivista en el sentido de proponer visibilizar esa figura y pensar que con eso el problema ya se resuelve. Por el contrario, debe ser una figura que acompañe lo que el hecho de haberlo llevado a cabo ha producido en la sentencia.
SRA. MODERADORA (CANIGGIA) Le pido si puede ir cerrando, señora Sánchez.
SRA. SÁNCHEZ Sí, ya termino.
Finalmente, creo que también hay que distinguir la prevención situacional de los femicidios y de esas violencias de lo que es la prevención primaria de esas violencias.
En ese sentido, ya que hablamos de punitivismo y de otras interacciones, quiero decir que la gran manera de evitar la violencia letal en las comunidades tiene que ver con generar empleo. Los travesticidios tienen que ver con que todavía no está sancionada y está mal implementada la ley de cupo laboral trans. De manera que, si queremos que no haya travesticidios, esa ley es prioritaria.
Finalmente, creo que también hay que distinguir la prevención situacional de los femicidios y de esas violencias de lo que es la prevención primaria de esas violencias.
En ese sentido, ya que hablamos de punitivismo y de otras interacciones, quiero decir que la gran manera de evitar la violencia letal en las comunidades tiene que ver con generar empleo. Los travesticidios tienen que ver con que todavía no está sancionada y está mal implementada la ley de cupo laboral trans. De manera que, si queremos que no haya travesticidios, esa ley es prioritaria.
SRA. MODERADORA (CANIGGIA) Tiene la palabra la señora Vanina Biasi, delegada no docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y dirigente del Plenario de Trabajadoras.
SRA. BIASI Quiero agradecer la invitación a las presidentas de ambas comisiones y a mi compañera Romina del Plá, que fue quien hizo la propuesta para que participara en la comisión.
Me quiero referir a algunas cuestiones y, obviamente, las intervenciones que hicieron quienes me precedieron realmente resultaron interesantes en varios aspectos.
No soy abogada y no voy a hablar específicamente de las reformas que necesitamos hacer al Código Penal, pero como militante del movimiento de mujeres detecto muchísimas cosas que acá se han planteado como necesarias para poder avanzar sobre los derechos de las mujeres y de las diversidades.
Quizás, algunos de los aspectos sobre los que quería hablar tienen puntos de encuentro con gran parte de lo que se ha mencionado acá. En ese sentido, quiero plantearles algo, particularmente a los diputados y no a quienes fueron invitadas a intervenir.
Empiezo por hacer una crítica del funcionamiento del Congreso en general y de la Comisión de Mujeres y Diversidad, en particular. Romina del Plá señaló esto en la última reunión y me parece importante hacer un señalamiento crítico, ya no como parte de la comisión sino desde afuera, en relación con lo que veo que está ocurriendo en las casas donde se está llevando adelante la cuarentena, en los lugares de trabajo donde están teniendo que llevar adelante actividades esenciales, en aquellos donde están teniendo que trabajar, independientemente de que no sean tareas esenciales, lo que está ocurriendo con las trabajadoras que se dedicaban a la venta ambulante o lo que está ocurriendo con las empleadas domésticas. En definitiva, con todo lo que está ocurriendo por fuera del Congreso.
En ese sentido, noto que hay una especie de asimetría entre lo que pasa en un lado y en el otro. De un lado, hay un Congreso -o una comisión, específicamente- que no está avanzando en el tratamiento de proyectos. Sé que me van a contestar que este es el formato que eligieron para trabajar, pero quiero decirles que estoy criticando este formato para trabajar. Mientras tanto, existe una urgencia en el país que no se nota en el Congreso de la Nación.
Señalo esto porque la intervención que voy a hacer tiene que ver con la necesidad de dar respuesta a quienes hoy están viviendo una situación de emergencia realmente importante.
Esa necesidad de dar respuesta les corresponde a varios ámbitos de la vida política e institucional de la Argentina y, en particular, al Congreso de la Nación.
¿Por qué digo esto? Porque ocurre lo siguiente. El Congreso, en un momento tan excepcional como el que estamos viviendo, tiene que distinguir entre aquello que forma parte de un ordenamiento estratégico a futuro, entre el ordenamiento que le quiere dar al país en materia de leyes de cualquier situación que se les pueda ocurrir y la emergencia y situación de excepcionalidad que estamos viviendo. Entonces, hay que pensar específicamente, en esta excepcionalidad, qué necesitamos para que las mujeres no la pasen tan mal como la están pasando. Esta distinción no se nota que se esté haciendo en el Congreso. Por el contrario, está muy lejos de hacerla.
La situación de excepcionalidad que estamos viviendo está sumergiendo a miles y miles de mujeres en una realidad verdaderamente muy límite.
¿A qué se debe que el Congreso no pueda distinguir, por ejemplo, entre una reforma de fondo del Código Penal -lo traigo porque es un tema que se trató hoy y está presente en diferentes proyectos- y una norma que determine que necesitamos tomar medidas inmediatamente para que las mujeres que eran pobres antes de entrar a esta cuarentena no terminen muriéndose de hambre o, para que aquellas que estaban teniendo que afrontar situaciones en la clandestinidad, porque el Estado argentino no les reconocía sus derechos, puedan hacerlo como corresponde? ¿Dónde está esa preocupación dentro del Congreso de la Nación? Realmente, no está presente.
En un punto, la ausencia tiene que ver también -obviamente, no lo desconozco- con la orientación política elegida por el gobierno nacional. Pero la oposición mayoritaria no está por fuera de este planteo que estoy haciendo, porque no está reclamando tomar medidas urgentes para que las mujeres no se mueran de hambre.
Nosotros nos queremos concentrar en esta emergencia y en esta urgencia que tenemos con respecto a la problemática de la mujer. Porque ingresamos a esta cuarentena con números que todos aquí conocemos: cifras escandalosas del 40 por ciento de pobreza, superando el 50 por ciento entre las niñas y los niños de este país. Hemos ingresado, casi con un 40 por ciento de trabajo informal. Toda esta realidad tiene que ser atacada para que estas mujeres no vivan las situaciones que están viviendo.
Pero a eso tenemos que agregar las circunstancias que se están creando como consecuencia de estar en cuarentena porque es la única forma de atacar la extensión de esta pandemia. Este es un aspecto importante al que me quiero referir.
Al calor de lo que se ha tenido que llevar adelante como fruto de la cuarentena, están ocurriendo cuestiones que realmente son preocupantes para las mujeres. Y los diputados y las diputadas de esta comisión tienen que prestar particular atención al respecto.
Tenemos situaciones muy complicadas en diferentes barrios -no necesariamente carenciados- en donde la aplicación del protocolo COVID-19 está generando, por ejemplo, que muchas mujeres que están solas a cargo de los hijos no denuncien cómo están porque realmente no saben qué va a ocurrir con sus hijos mientras ellas tengan que cumplir con ese protocolo.
Es decir, estoy hablando de situaciones mucho más puntuales hasta de situaciones generales de pobreza, de miseria y de desocupación que se están viviendo, que a este Congreso de la Nación no le parece necesario atender inmediatamente.
Respeto mucho las cuestiones de fondo, que muchos y muchas necesitan y quieren discutir, etcétera. Pero el conjunto de proyectos que se sometió acá a discusión no se corresponde con la realidad que estamos viviendo.
Digamos qué vamos a hacer ahora para que las mujeres dejen de morirse de hambre en este país. Y no solo las mujeres, sino, obviamente, el conjunto de la clase trabajadora. Estoy hablando del eslabón más débil del conjunto de la clase trabajadora de este país, que está padeciendo los embates de una crisis que no ha generado -en la que tuvo que ingresar en condiciones absolutamente paupérrimas- y sobre la que ahora, parece ser que el gobierno está tomando determinaciones para que recaiga en sus espaldas la solución a esa realidad.
O sea, este Congreso no está queriendo detectar que, en este mismo momento, el gobierno está preocupado por el rescate de empresarios que han cometido fraude contra instituciones de este país.
El gobierno está pensando, o está ejecutando, la disminución de las jubilaciones. La mayoría de quienes estamos cobrando esos ingresos somos mujeres -como fruto, entre otras cosas, de la jubilación a la ama de casa a la cual también me voy a referir-, y sin embargo, no se está llevando adelante.
Por ejemplo, el presidente ya convirtió el impuesto a las grandes fortunas en un aporte extraordinario ¡y por única vez! ¿Cómo? ¿Ellos tienen que hacer un aporte extraordinario por única vez y nosotros tenemos que cobrar el aguinaldo en cuotas?
Discúlpenme, a la vez que critico la metodología de la comisión, estoy señalando que realmente lo que está ocurriendo es que efectivamente hay una emergencia. Consiste en que las políticas que se están implementando están descargando sobre la clase trabajadora -y particularmente sobre las mujeres que pertenecen a los sectores laboriosos informales de este país- las consecuencias de una crisis que esos sectores sociales no han creado.
Ahora bien, en medio de esta realidad, se nos introducen cuestiones que son muy caras al movimiento de mujeres. ¿Y resulta ser que ahora ya no sería tan urgente tratar el problema del aborto legal en el Congreso de la Nación? ¿Y resulta ser que ahora el presidente tiene otras preocupaciones?
Señor presidente: usted no tiene que tratarlo, usted nada más tiene que mandarlo. ¡Son estas diputadas y estos diputados que están en esta comisión los que tienen que tratar el proyecto de aborto legal! ¿Qué ocurriría en el caso de aprobarse un proyecto de aborto legal en la Argentina?
Me quiero referir a algunas cuestiones y, obviamente, las intervenciones que hicieron quienes me precedieron realmente resultaron interesantes en varios aspectos.
No soy abogada y no voy a hablar específicamente de las reformas que necesitamos hacer al Código Penal, pero como militante del movimiento de mujeres detecto muchísimas cosas que acá se han planteado como necesarias para poder avanzar sobre los derechos de las mujeres y de las diversidades.
Quizás, algunos de los aspectos sobre los que quería hablar tienen puntos de encuentro con gran parte de lo que se ha mencionado acá. En ese sentido, quiero plantearles algo, particularmente a los diputados y no a quienes fueron invitadas a intervenir.
Empiezo por hacer una crítica del funcionamiento del Congreso en general y de la Comisión de Mujeres y Diversidad, en particular. Romina del Plá señaló esto en la última reunión y me parece importante hacer un señalamiento crítico, ya no como parte de la comisión sino desde afuera, en relación con lo que veo que está ocurriendo en las casas donde se está llevando adelante la cuarentena, en los lugares de trabajo donde están teniendo que llevar adelante actividades esenciales, en aquellos donde están teniendo que trabajar, independientemente de que no sean tareas esenciales, lo que está ocurriendo con las trabajadoras que se dedicaban a la venta ambulante o lo que está ocurriendo con las empleadas domésticas. En definitiva, con todo lo que está ocurriendo por fuera del Congreso.
En ese sentido, noto que hay una especie de asimetría entre lo que pasa en un lado y en el otro. De un lado, hay un Congreso -o una comisión, específicamente- que no está avanzando en el tratamiento de proyectos. Sé que me van a contestar que este es el formato que eligieron para trabajar, pero quiero decirles que estoy criticando este formato para trabajar. Mientras tanto, existe una urgencia en el país que no se nota en el Congreso de la Nación.
Señalo esto porque la intervención que voy a hacer tiene que ver con la necesidad de dar respuesta a quienes hoy están viviendo una situación de emergencia realmente importante.
Esa necesidad de dar respuesta les corresponde a varios ámbitos de la vida política e institucional de la Argentina y, en particular, al Congreso de la Nación.
¿Por qué digo esto? Porque ocurre lo siguiente. El Congreso, en un momento tan excepcional como el que estamos viviendo, tiene que distinguir entre aquello que forma parte de un ordenamiento estratégico a futuro, entre el ordenamiento que le quiere dar al país en materia de leyes de cualquier situación que se les pueda ocurrir y la emergencia y situación de excepcionalidad que estamos viviendo. Entonces, hay que pensar específicamente, en esta excepcionalidad, qué necesitamos para que las mujeres no la pasen tan mal como la están pasando. Esta distinción no se nota que se esté haciendo en el Congreso. Por el contrario, está muy lejos de hacerla.
La situación de excepcionalidad que estamos viviendo está sumergiendo a miles y miles de mujeres en una realidad verdaderamente muy límite.
¿A qué se debe que el Congreso no pueda distinguir, por ejemplo, entre una reforma de fondo del Código Penal -lo traigo porque es un tema que se trató hoy y está presente en diferentes proyectos- y una norma que determine que necesitamos tomar medidas inmediatamente para que las mujeres que eran pobres antes de entrar a esta cuarentena no terminen muriéndose de hambre o, para que aquellas que estaban teniendo que afrontar situaciones en la clandestinidad, porque el Estado argentino no les reconocía sus derechos, puedan hacerlo como corresponde? ¿Dónde está esa preocupación dentro del Congreso de la Nación? Realmente, no está presente.
En un punto, la ausencia tiene que ver también -obviamente, no lo desconozco- con la orientación política elegida por el gobierno nacional. Pero la oposición mayoritaria no está por fuera de este planteo que estoy haciendo, porque no está reclamando tomar medidas urgentes para que las mujeres no se mueran de hambre.
Nosotros nos queremos concentrar en esta emergencia y en esta urgencia que tenemos con respecto a la problemática de la mujer. Porque ingresamos a esta cuarentena con números que todos aquí conocemos: cifras escandalosas del 40 por ciento de pobreza, superando el 50 por ciento entre las niñas y los niños de este país. Hemos ingresado, casi con un 40 por ciento de trabajo informal. Toda esta realidad tiene que ser atacada para que estas mujeres no vivan las situaciones que están viviendo.
Pero a eso tenemos que agregar las circunstancias que se están creando como consecuencia de estar en cuarentena porque es la única forma de atacar la extensión de esta pandemia. Este es un aspecto importante al que me quiero referir.
Al calor de lo que se ha tenido que llevar adelante como fruto de la cuarentena, están ocurriendo cuestiones que realmente son preocupantes para las mujeres. Y los diputados y las diputadas de esta comisión tienen que prestar particular atención al respecto.
Tenemos situaciones muy complicadas en diferentes barrios -no necesariamente carenciados- en donde la aplicación del protocolo COVID-19 está generando, por ejemplo, que muchas mujeres que están solas a cargo de los hijos no denuncien cómo están porque realmente no saben qué va a ocurrir con sus hijos mientras ellas tengan que cumplir con ese protocolo.
Es decir, estoy hablando de situaciones mucho más puntuales hasta de situaciones generales de pobreza, de miseria y de desocupación que se están viviendo, que a este Congreso de la Nación no le parece necesario atender inmediatamente.
Respeto mucho las cuestiones de fondo, que muchos y muchas necesitan y quieren discutir, etcétera. Pero el conjunto de proyectos que se sometió acá a discusión no se corresponde con la realidad que estamos viviendo.
Digamos qué vamos a hacer ahora para que las mujeres dejen de morirse de hambre en este país. Y no solo las mujeres, sino, obviamente, el conjunto de la clase trabajadora. Estoy hablando del eslabón más débil del conjunto de la clase trabajadora de este país, que está padeciendo los embates de una crisis que no ha generado -en la que tuvo que ingresar en condiciones absolutamente paupérrimas- y sobre la que ahora, parece ser que el gobierno está tomando determinaciones para que recaiga en sus espaldas la solución a esa realidad.
O sea, este Congreso no está queriendo detectar que, en este mismo momento, el gobierno está preocupado por el rescate de empresarios que han cometido fraude contra instituciones de este país.
El gobierno está pensando, o está ejecutando, la disminución de las jubilaciones. La mayoría de quienes estamos cobrando esos ingresos somos mujeres -como fruto, entre otras cosas, de la jubilación a la ama de casa a la cual también me voy a referir-, y sin embargo, no se está llevando adelante.
Por ejemplo, el presidente ya convirtió el impuesto a las grandes fortunas en un aporte extraordinario ¡y por única vez! ¿Cómo? ¿Ellos tienen que hacer un aporte extraordinario por única vez y nosotros tenemos que cobrar el aguinaldo en cuotas?
Discúlpenme, a la vez que critico la metodología de la comisión, estoy señalando que realmente lo que está ocurriendo es que efectivamente hay una emergencia. Consiste en que las políticas que se están implementando están descargando sobre la clase trabajadora -y particularmente sobre las mujeres que pertenecen a los sectores laboriosos informales de este país- las consecuencias de una crisis que esos sectores sociales no han creado.
Ahora bien, en medio de esta realidad, se nos introducen cuestiones que son muy caras al movimiento de mujeres. ¿Y resulta ser que ahora ya no sería tan urgente tratar el problema del aborto legal en el Congreso de la Nación? ¿Y resulta ser que ahora el presidente tiene otras preocupaciones?
Señor presidente: usted no tiene que tratarlo, usted nada más tiene que mandarlo. ¡Son estas diputadas y estos diputados que están en esta comisión los que tienen que tratar el proyecto de aborto legal! ¿Qué ocurriría en el caso de aprobarse un proyecto de aborto legal en la Argentina?
SRA. PRESIDENTA GAILLARD Vanina, disculpame, estamos en la reunión conjunta de Legislación Penal con Mujeres y Diversidad y las invitadas se tienen que expedir acerca de los proyectos que están a la vista.
SRA. BIASI Ah, esto es de locos, Carolina, perdóname...
SRA. PRESIDENTA GAILLARD No, bueno...
SRA. BIASI Carolina, habló todo el mundo, la última expositora habló media hora y vos te dedicas solamente a interrumpirme a mí, Carolina...
SRA. PRESIDENTA GAILLARD No, por favor...
SRA. BIASI Por favor, dejame terminar de hablar y evitemos el bochorno de que yo sea la única a la que le limitás la palabra de todas las expositoras que hablaron, Carolina, te pido por favor. Te pido por favor, Carolina.
SRA. PRESIDENTA GAILLARD Te pido por favor que te expidas sobre los proyectos.
SRA. BRAWER Vinimos a escuchar posiciones en relación con los proyectos que tenemos a la vista. No a alguien que nos venga a señalar con el dedo qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer.
No estamos discutiendo el funcionamiento del Congreso, estamos discutiendo leyes.
No estamos discutiendo el funcionamiento del Congreso, estamos discutiendo leyes.
SRA. BIASI ¡No te hagas ningún problema! ¡Yo le gusto a la gente que le gusto y con eso me alcanza en la vida!
Yo vine acá a exponer una posición con respecto a un debate político.
Entonces, voy a dar continuidad a lo que estaba diciendo, y aprendan un poco a ejercer la tolerancia sobre aquello que no les gusta escuchar. Les digo nada más que eso porque tampoco me voy a calentar por una comisión.
Pero yo les planteo lo siguiente: entonces resulta que hay una orientación determinada respecto de cómo tratar la situación de cuarentena en la que estamos viviendo. Y habiendo proyectos relativos a cómo atender esta situación de emergencia, excepcional, que está dejando a las mujeres en una realidad que realmente va a ser terrible -lo es en el presente y lo va a ser en el futuro-, esos proyectos no se están tratando.
Romina del Plá presentó un proyecto específico para atender esta realidad, tiene que ver con destinar presupuesto. Lo dijo una de las expositoras previamente y me pareció muy agudo. Miren, si no hay presupuesto para atender la cuarentena ni para defender a las mujeres que, bajo la cuarentena, están viendo absolutamente incrementada la situación de violencia que viven cotidianamente, no hay política hacia las mujeres. Y no hay presupuesto.
Si no hay una política para que las tareas de asistencia a cargo del Estado -que debieran estar a cargo del Estado- se lleven adelante a través de la contratación de mujeres profesionales que se han dedicado a esas actividades -algunas de ellas no profesionales, y muchas han hablado acá-; si realmente el Estado no destina el presupuesto para incorporarlas en la planta permanente, cuidarlas para que ellas puedan cuidar a otras personas, y podamos asistir y atender las situaciones de emergencia, no hay posibilidades de llegar a la enormidad del universo de mujeres que tenemos que atender.
Si no se otorga un subsidio para poner plata en el bolsillo de cada una de las mujeres que hoy están padeciendo -nosotros en el proyecto proponemos que sea un subsidio de treinta mil pesos-, realmente, ¿cómo se hace para salir de las situaciones en las que están hoy las mujeres?
Entonces, estoy refiriéndome a un problema de emergencia. No les gusta a los diputados oficialistas, no les gustará, ¡pero no vine acá a gustarles a los diputados oficialistas! ¡Les estoy diciendo que hay un estado de desesperación en relación con lo que están viviendo las mujeres bajo la cuarentena!
Y nosotros combinamos dos aspectos, porque no es casual que no se estén implementando políticas. No es casual que el mismo día que hace un mes y medio atrás habíamos resuelto realizar un ruidazo -y expresar nuestra preocupación respecto a que las mujeres se están muriendo en la cuarentena porque la situación de encierro en sus casas las está sometiendo a una condición todavía peor que en el pasado-, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad nos contestó con la tontería del barbijo rojo. ¡Discúlpenme la expresión! Pero he escrito al respecto, he hablado en diferentes oportunidades y quiero repetirlo en esta reunión de comisiones del Congreso.
Fue una iniciativa para ver si con ella podían simplemente tapar un ruidazo que iba a haber porque había muchos femicidios. ¡Tomen iniciativas reales! ¡Tomen iniciativas reales para ir a salvar a las mujeres que mañana van a ser las próximas que se van a morir por un femicidio!
Entonces, necesitamos realmente que se discutan en el Congreso las políticas que hoy no están teniendo las mujeres para pagar la olla en su casa, y que se pueda mejorar su situación. Esta es la realidad que estamos reclamando al Congreso.
Y quiero referir a lo siguiente: de toda esta realidad no se puede hablar. Las expositoras aquí hablaron de cosas muy importantes. De toda esta realidad no se puede hablar sin que mencionemos cuál es el lugar que ocupa la Iglesia en toda esta situación. Porque incluso, aquellas personas que intervinieron en esta comisión para referir a temas centrales, que tienen que ver con la reforma del Código Penal, saben perfectamente que es el poder de la alianza que existe entre el Estado y la Iglesia Católica el que no ha permitido -entre otras cosas- que se avanzara en la reforma del Código Civil y Comercial con relación a ciertas cuestiones que se han tratado acá, como puede ser el problema de si se va a llevar adelante la gestación altruista por sustitución. Eso fue sacado directamente por la Iglesia Católica en la última reforma que se hizo del Código Civil y Comercial, antes de su aprobación.
Ahora, esa injerencia que tiene la Iglesia Católica también es un tema que tendríamos que hablar porque es una urgencia de la cuarentena.
Nosotras nos levantamos en el año 2018 para reclamar por el aborto legal, y lo único que hemos visto durante todo este período es un intento de lavarle la cara a instituciones que denodadamente hicieron todo lo que pudieron para que hoy siguiéramos en la clandestinidad con relación al problema del aborto legal.
Pero no solamente esto. No solamente para habilitar y lavarles la cara a las iglesias que militaron en nuestra contra. Particularmente, se le está lavando la cara -y ya el presidente de la Nación hizo tres reuniones- a ACIERA.
Yo les pido por favor, a quienes hoy les toca gobernar, que cuando en este país ingrese algún político tipo Bolsonaro, después no se quejen eh. Después no se quejen, viejo. Porque si hoy se está reforzando el lugar que ocupa ACIERA, que es lo más recalcitrante y reaccionario, el evangelismo en la Argentina tiene un montón de reagrupamientos, que incluso se han pronunciado con referencia al problema de la intervención política.
Particularmente, me ha tocado concurrir con el exdiputado nacional Pablo López a la audiencia pública que realizó la Corte Suprema de Justicia en relación con el problema de la religión en la educación pública de Salta. En esa reunión nos encontramos con que había una divisoria de aguas. El único partido político que estaba presente, obviamente, para pronunciarse en contra de la educación religiosa era el nuestro.
Pero en el campo de quienes estaban en contra de eso, por ejemplo, había varios reagrupamientos evangélicos. Podríamos discutir el problema de la relación entre las iglesias y el Estado con evangélicos, por supuesto. Con ACIERA...
Yo vine acá a exponer una posición con respecto a un debate político.
Entonces, voy a dar continuidad a lo que estaba diciendo, y aprendan un poco a ejercer la tolerancia sobre aquello que no les gusta escuchar. Les digo nada más que eso porque tampoco me voy a calentar por una comisión.
Pero yo les planteo lo siguiente: entonces resulta que hay una orientación determinada respecto de cómo tratar la situación de cuarentena en la que estamos viviendo. Y habiendo proyectos relativos a cómo atender esta situación de emergencia, excepcional, que está dejando a las mujeres en una realidad que realmente va a ser terrible -lo es en el presente y lo va a ser en el futuro-, esos proyectos no se están tratando.
Romina del Plá presentó un proyecto específico para atender esta realidad, tiene que ver con destinar presupuesto. Lo dijo una de las expositoras previamente y me pareció muy agudo. Miren, si no hay presupuesto para atender la cuarentena ni para defender a las mujeres que, bajo la cuarentena, están viendo absolutamente incrementada la situación de violencia que viven cotidianamente, no hay política hacia las mujeres. Y no hay presupuesto.
Si no hay una política para que las tareas de asistencia a cargo del Estado -que debieran estar a cargo del Estado- se lleven adelante a través de la contratación de mujeres profesionales que se han dedicado a esas actividades -algunas de ellas no profesionales, y muchas han hablado acá-; si realmente el Estado no destina el presupuesto para incorporarlas en la planta permanente, cuidarlas para que ellas puedan cuidar a otras personas, y podamos asistir y atender las situaciones de emergencia, no hay posibilidades de llegar a la enormidad del universo de mujeres que tenemos que atender.
Si no se otorga un subsidio para poner plata en el bolsillo de cada una de las mujeres que hoy están padeciendo -nosotros en el proyecto proponemos que sea un subsidio de treinta mil pesos-, realmente, ¿cómo se hace para salir de las situaciones en las que están hoy las mujeres?
Entonces, estoy refiriéndome a un problema de emergencia. No les gusta a los diputados oficialistas, no les gustará, ¡pero no vine acá a gustarles a los diputados oficialistas! ¡Les estoy diciendo que hay un estado de desesperación en relación con lo que están viviendo las mujeres bajo la cuarentena!
Y nosotros combinamos dos aspectos, porque no es casual que no se estén implementando políticas. No es casual que el mismo día que hace un mes y medio atrás habíamos resuelto realizar un ruidazo -y expresar nuestra preocupación respecto a que las mujeres se están muriendo en la cuarentena porque la situación de encierro en sus casas las está sometiendo a una condición todavía peor que en el pasado-, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad nos contestó con la tontería del barbijo rojo. ¡Discúlpenme la expresión! Pero he escrito al respecto, he hablado en diferentes oportunidades y quiero repetirlo en esta reunión de comisiones del Congreso.
Fue una iniciativa para ver si con ella podían simplemente tapar un ruidazo que iba a haber porque había muchos femicidios. ¡Tomen iniciativas reales! ¡Tomen iniciativas reales para ir a salvar a las mujeres que mañana van a ser las próximas que se van a morir por un femicidio!
Entonces, necesitamos realmente que se discutan en el Congreso las políticas que hoy no están teniendo las mujeres para pagar la olla en su casa, y que se pueda mejorar su situación. Esta es la realidad que estamos reclamando al Congreso.
Y quiero referir a lo siguiente: de toda esta realidad no se puede hablar. Las expositoras aquí hablaron de cosas muy importantes. De toda esta realidad no se puede hablar sin que mencionemos cuál es el lugar que ocupa la Iglesia en toda esta situación. Porque incluso, aquellas personas que intervinieron en esta comisión para referir a temas centrales, que tienen que ver con la reforma del Código Penal, saben perfectamente que es el poder de la alianza que existe entre el Estado y la Iglesia Católica el que no ha permitido -entre otras cosas- que se avanzara en la reforma del Código Civil y Comercial con relación a ciertas cuestiones que se han tratado acá, como puede ser el problema de si se va a llevar adelante la gestación altruista por sustitución. Eso fue sacado directamente por la Iglesia Católica en la última reforma que se hizo del Código Civil y Comercial, antes de su aprobación.
Ahora, esa injerencia que tiene la Iglesia Católica también es un tema que tendríamos que hablar porque es una urgencia de la cuarentena.
Nosotras nos levantamos en el año 2018 para reclamar por el aborto legal, y lo único que hemos visto durante todo este período es un intento de lavarle la cara a instituciones que denodadamente hicieron todo lo que pudieron para que hoy siguiéramos en la clandestinidad con relación al problema del aborto legal.
Pero no solamente esto. No solamente para habilitar y lavarles la cara a las iglesias que militaron en nuestra contra. Particularmente, se le está lavando la cara -y ya el presidente de la Nación hizo tres reuniones- a ACIERA.
Yo les pido por favor, a quienes hoy les toca gobernar, que cuando en este país ingrese algún político tipo Bolsonaro, después no se quejen eh. Después no se quejen, viejo. Porque si hoy se está reforzando el lugar que ocupa ACIERA, que es lo más recalcitrante y reaccionario, el evangelismo en la Argentina tiene un montón de reagrupamientos, que incluso se han pronunciado con referencia al problema de la intervención política.
Particularmente, me ha tocado concurrir con el exdiputado nacional Pablo López a la audiencia pública que realizó la Corte Suprema de Justicia en relación con el problema de la religión en la educación pública de Salta. En esa reunión nos encontramos con que había una divisoria de aguas. El único partido político que estaba presente, obviamente, para pronunciarse en contra de la educación religiosa era el nuestro.
Pero en el campo de quienes estaban en contra de eso, por ejemplo, había varios reagrupamientos evangélicos. Podríamos discutir el problema de la relación entre las iglesias y el Estado con evangélicos, por supuesto. Con ACIERA...
SRA. MARTÍNEZ (M.R.) Es una falta de respeto.
SRA. MACHA Perdón, Vanina. Ya pasaron tus...
SRA. BIASI Hay gente que habló más de 30 minutos. Es de locos lo que están diciendo.
SRA. MACHA Sí, pero sobre los proyectos. Ya pasaron tus 15 minutos.
SRA. BIASI Yo estoy hablando sobre los proyectos que ustedes no quieren tratar, si no los quieren ni leer, ya es otra cosa.
No sé quién me está hablando, perdón.
No sé quién me está hablando, perdón.
SRA. MACHA Mónica Macha.
SRA. BIASI Ah, Mónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
SRA. MACHA Muy bien, gracias.
SRA. BIASI Mónica, ¿vos también vas a intervenir solo para interrumpirme a mí? ¿Realmente no pueden tolerar lo que yo tengo para decirles?
SRA. MACHA No, solamente te digo que ya pasaron los 15 minutos.
SRA. BIASI El nivel de intolerancia que se está demostrando, Mónica...; es la segunda vez que soy interrumpida. Dejá de darme...
SRA. MACHA No, no tengo problema...
SRA. BIASI ¡Dejame terminar de hablar, te pido por favor! Es una falta de respeto. ¡Sos la presidenta de una comisión que estoy criticando, tené el decoro de no ser vos la que me interrumpe, Mónica, te pido por favor!
SRA. ORMACHEA Vanina, ¿vos podés escuchar a otra persona que habla? Yo no soy la presidenta...
SRA. BIASI Se te cortó, Claudia.
SRA. PRESIDENTA GAILLARD Vanina, acá hay un funcionamiento y un mecanismo que establecimos las presidentas...
SRA. BIASI Estaba hablando Claudia Ormachea.
SRA. PRESIDENTA GAILLARD Sí, pero nosotras como presidentas de la comisión, con Mónica Macha establecimos un mecanismo de funcionamiento. Vos vas a hablar, podés expedirte y por eso fuiste invitada, respetando...
SRA. BIASI Voy a seguir hablando sobre los proyectos que presentamos y los invito a que los lean.
Carolina, voy a seguir hablando del proyecto que presentamos e invito a todo el mundo a que lo lean, que es muy complejo y que refiere a todo esto. Voy a terminar de hablar de la Iglesia, si no les joroba, porque también creo que se puede sacar plata de ahí. ¿Dale?
Carolina, voy a seguir hablando del proyecto que presentamos e invito a todo el mundo a que lo lean, que es muy complejo y que refiere a todo esto. Voy a terminar de hablar de la Iglesia, si no les joroba, porque también creo que se puede sacar plata de ahí. ¿Dale?
SRA. PRESIDENTA GAILLARD Te pido brevedad, como te pidió Mónica con el mayor de los respetos...
SRA. BIASI No le pediste a nadie brevedad, me la pediste a mí y yo la voy a tratar de tener, Carolina. Lo que quiero marcar es la discriminación que estoy sufriendo en esta comisión en donde, de parte de la Presidencia de la Comisión de Legislación Penal me interrumpen permanentemente sin que yo pueda terminar de hablar, cuando no interrumpieron a nadie.
SRA. PRESIDENTA GAILLARD Vamos terminando porque a las seis tiene que cerrar...
SRA. BIASI Te olvidaste de ordenar bien el debate. Si querés después de corazón te puedo explicar cómo se ordena un debate para no discriminar a la gente y para que una comisión te funcione con las invitadas a las que les proponés que hablen. Eso se organiza al principio, se pone un tiempo, se hace cumplir el tiempo...
SRA. PRESIDENTA GAILLARD Vanina...
SRA. BIASI Si vos me seguís interrumpiendo, no puedo terminar, Carolina.
SRA. PRESIDENTA GAILLARD Te pido por favor que termines...
SRA. BIASI Bien, entonces, estaba hablando de la Iglesia.
El gobierno se reunió entre dos y tres veces con ACIERA, que es lo más recalcitrante que puede haber dentro de lo que es la pelea en contra de los derechos de las mujeres y del combate a la ideología de género que se lleva adelante en toda América Latina, y en vez de sustraerles, de separarlos porque ya se les ha dado puestos en el Estado, me imagino que todas estas comisiones lo saben aún más de los acercamientos que venían teniendo con el Estado, se los ha unido más, se les ha permitido llevar adelante el asistencialismo en medio de esta realidad que estamos viviendo con controversias muy grandes, les voy a decir.
Podría relatarles lo que está pasando en diferentes villas y barrios populares en los cuales ACIERA organiza la entrega de alimentos. Es una situación muy delicada que se está produciendo.
Creo que como bien señala el proyecto al cual me referí desde el principio de esta intervención en la que fui injustamente interrumpida en dos o tres oportunidades, el proyecto lo que propone es que haya una fuente de financiamiento de todo esto. Lo que pasa es que aquí no se han tocado ni los intereses de las grandes fortunas ni los intereses de las iglesias.
Los subsidios que recibe la Iglesia católica no fueron afectados para poder atender hoy la emergencia, por ejemplo. Y este Congreso ni siquiera se tomó el trabajo de tratar un proyecto del Frente de Izquierda que es muy sencillo: derogar los decretos de Videla en relación con cómo se suministra ingresos mensuales a la curia, a los curas de frontera y algunos otros pertenecientes a la curia.
Somos excepcionales en eso en América Latina. No es que somos todos iguales. Brasil no le paga a su curia. Nosotros le pagamos a nuestra curia de nuestros fondos que hoy están siendo requeridos para atender las urgencias que las mujeres están viviendo.
Me parece que ese es un aspecto también que tiene que ser tenido en cuenta a la hora de que estos diputados y diputadas establezcan la cuestión de qué van a tratar en estas comisiones.
Nosotros estamos reclamando que se trate también el proyecto de aborto legal y que se trate el de la campaña, si el gobierno no quiere bajar el proyecto propio que había anunciado, pero que de una vez por todas por lo menos le demos ese instrumento a las mujeres para que no tengan que seguir abortando en la clandestinidad.
También es muy importante que se traten los proyectos referidos a la producción de mifepristona y misoprostol porque realmente hoy tenemos que cuidar más que nunca las arcas del Estado, no para poder pagar la deuda externa, sino para asistir a las personas que más lo necesitan. Sería muy importante que dejemos de pagar a laboratorios que nos cobran cifras impresionantes y siderales cuando podemos tener una producción propia. Esto lo ha reclamado siempre el movimiento de mujeres.
Además, nuestro proyecto refiere a un problema que tiene que ver con las mujeres en general, y en particular con mujeres como, por ejemplo, las que están realizando las tareas domésticas.
Las trabajadoras de casas particulares están viviendo situaciones muy extremas y el Estado no está interviniendo. Esto lo planteamos el otro día cuando nos movilizamos al Ministerio de las Mujeres. Les dijimos que aquellos que han blanqueado en este país se están aprovechando de la situación y de los decretos presidenciales para cambiar compulsivamente de categoría a las empleadas domésticas. Esto se está denunciando en todo el país. No se tomó ninguna medida concreta para evitar eso. Se les está dejando de pagar el sueldo.
Es el gremio más grande de este país y el más grande de este país tiene el 90 por ciento de mujeres dentro de él. Sin embargo, tampoco se están tomando medidas legislativas ni medidas del Poder Ejecutivo para que esas mujeres no estén viviendo la situación de desesperación que viven hoy.
Entonces, este es el ángulo que tiene nuestro proyecto y es un ángulo que es incompatible con seguir gastando el presupuesto, el poco presupuesto que tiene la Argentina, en cumplir con lo que reclaman los bonistas o en pagar al Fondo Monetario Internacional.
Necesitamos que la plata se quede acá, necesitamos que la plata se convierta en producción y en asistencia a las mujeres, necesitamos que la plata se quede acá para que los trabajadores no tengan que pagar los costos de esta crisis.
Yo no estoy haciendo un discurso sé lo mal que los ponen, les estoy diciendo que necesitamos que el Congreso de la Nación trate un proyecto y lo apruebe para que avancemos rápidamente.
Muchas de estas cosas que estamos planteando las podría hacer el Ministerio por su cuenta, y lamentablemente tenemos que venir al Congreso porque tampoco toma la iniciativa particular el Ministerio de implementarlas.
Entonces, para cerrar esta intervención, lo que les estamos reclamando es que podamos distinguir en estas comisiones entre dos aspectos fundamentales. Ahora hay una emergencia que tratar y yo quiero que sepan algo: en nuestro proyecto, ustedes fíjense -léanlo, por favor, tómense por lo menos el trabajo y no se los digo a todos porque sería una falta de respeto, por lo menos a los que...
El gobierno se reunió entre dos y tres veces con ACIERA, que es lo más recalcitrante que puede haber dentro de lo que es la pelea en contra de los derechos de las mujeres y del combate a la ideología de género que se lleva adelante en toda América Latina, y en vez de sustraerles, de separarlos porque ya se les ha dado puestos en el Estado, me imagino que todas estas comisiones lo saben aún más de los acercamientos que venían teniendo con el Estado, se los ha unido más, se les ha permitido llevar adelante el asistencialismo en medio de esta realidad que estamos viviendo con controversias muy grandes, les voy a decir.
Podría relatarles lo que está pasando en diferentes villas y barrios populares en los cuales ACIERA organiza la entrega de alimentos. Es una situación muy delicada que se está produciendo.
Creo que como bien señala el proyecto al cual me referí desde el principio de esta intervención en la que fui injustamente interrumpida en dos o tres oportunidades, el proyecto lo que propone es que haya una fuente de financiamiento de todo esto. Lo que pasa es que aquí no se han tocado ni los intereses de las grandes fortunas ni los intereses de las iglesias.
Los subsidios que recibe la Iglesia católica no fueron afectados para poder atender hoy la emergencia, por ejemplo. Y este Congreso ni siquiera se tomó el trabajo de tratar un proyecto del Frente de Izquierda que es muy sencillo: derogar los decretos de Videla en relación con cómo se suministra ingresos mensuales a la curia, a los curas de frontera y algunos otros pertenecientes a la curia.
Somos excepcionales en eso en América Latina. No es que somos todos iguales. Brasil no le paga a su curia. Nosotros le pagamos a nuestra curia de nuestros fondos que hoy están siendo requeridos para atender las urgencias que las mujeres están viviendo.
Me parece que ese es un aspecto también que tiene que ser tenido en cuenta a la hora de que estos diputados y diputadas establezcan la cuestión de qué van a tratar en estas comisiones.
Nosotros estamos reclamando que se trate también el proyecto de aborto legal y que se trate el de la campaña, si el gobierno no quiere bajar el proyecto propio que había anunciado, pero que de una vez por todas por lo menos le demos ese instrumento a las mujeres para que no tengan que seguir abortando en la clandestinidad.
También es muy importante que se traten los proyectos referidos a la producción de mifepristona y misoprostol porque realmente hoy tenemos que cuidar más que nunca las arcas del Estado, no para poder pagar la deuda externa, sino para asistir a las personas que más lo necesitan. Sería muy importante que dejemos de pagar a laboratorios que nos cobran cifras impresionantes y siderales cuando podemos tener una producción propia. Esto lo ha reclamado siempre el movimiento de mujeres.
Además, nuestro proyecto refiere a un problema que tiene que ver con las mujeres en general, y en particular con mujeres como, por ejemplo, las que están realizando las tareas domésticas.
Las trabajadoras de casas particulares están viviendo situaciones muy extremas y el Estado no está interviniendo. Esto lo planteamos el otro día cuando nos movilizamos al Ministerio de las Mujeres. Les dijimos que aquellos que han blanqueado en este país se están aprovechando de la situación y de los decretos presidenciales para cambiar compulsivamente de categoría a las empleadas domésticas. Esto se está denunciando en todo el país. No se tomó ninguna medida concreta para evitar eso. Se les está dejando de pagar el sueldo.
Es el gremio más grande de este país y el más grande de este país tiene el 90 por ciento de mujeres dentro de él. Sin embargo, tampoco se están tomando medidas legislativas ni medidas del Poder Ejecutivo para que esas mujeres no estén viviendo la situación de desesperación que viven hoy.
Entonces, este es el ángulo que tiene nuestro proyecto y es un ángulo que es incompatible con seguir gastando el presupuesto, el poco presupuesto que tiene la Argentina, en cumplir con lo que reclaman los bonistas o en pagar al Fondo Monetario Internacional.
Necesitamos que la plata se quede acá, necesitamos que la plata se convierta en producción y en asistencia a las mujeres, necesitamos que la plata se quede acá para que los trabajadores no tengan que pagar los costos de esta crisis.
Yo no estoy haciendo un discurso sé lo mal que los ponen, les estoy diciendo que necesitamos que el Congreso de la Nación trate un proyecto y lo apruebe para que avancemos rápidamente.
Muchas de estas cosas que estamos planteando las podría hacer el Ministerio por su cuenta, y lamentablemente tenemos que venir al Congreso porque tampoco toma la iniciativa particular el Ministerio de implementarlas.
Entonces, para cerrar esta intervención, lo que les estamos reclamando es que podamos distinguir en estas comisiones entre dos aspectos fundamentales. Ahora hay una emergencia que tratar y yo quiero que sepan algo: en nuestro proyecto, ustedes fíjense -léanlo, por favor, tómense por lo menos el trabajo y no se los digo a todos porque sería una falta de respeto, por lo menos a los que...
SRA. BRAWER La verdad es que sos bastante maleducada.
SRA. BIASI Sí, Mara, me imagino.
Lo que ocurre acá, evidentemente, la diputada que me interrumpió por tercera vez, no tengo idea si lo leyó o no lo leyó, pero yo les voy a pedir que lo lean porque ocurre lo siguiente: nosotros no lo ponemos en el marco de una emergencia y sabemos que hay otros proyectos de emergencia. Y nosotros consideramos que el gobierno ya tiene muchas emergencias a su favor. Tiene las nueve que le votaron todos en diciembre. Así que ya tiene suficientes atributos como para disponer del presupuesto como se le canta, con las nueve emergencias votadas en el mes de diciembre.
Pero en el caso de la mujer, no necesitamos decretar emergencias, que sería como decretar una excepcionalidad para otorgar al Poder Ejecutivo la discrecionalidad a la hora de manejar presupuestos, etcétera. No se necesita eso. Se necesita solamente que se siga un curso de acción para asistir y atender a las mujeres. Y ustedes tienen que discutir efectivamente si van a adjudicar o no el presupuesto que corresponde a una acción de esas características.
Realmente creo que son temas claves e importantes. Lamento muchísimo que las diputadas del oficialismo no quieran tratar este tema, o por lo menos que no quieran dejarme hablar a mí, que sí quiero tratarlo.
Les voy a pedir que por favor miren y lean ese proyecto, y que las comisiones de Mujeres y Diversidad y de Legislación Penal, así como el Congreso de la Nación en su conjunto, atiendan inmediatamente la emergencia que se está viviendo en este país bajo la cuarentena, que se agrava en función de la extensión de la pandemia que se está produciendo en este momento. Y para eso reclamamos que efectivamente se destinen los fondos necesarios. Para que eso ocurra, el Poder Ejecutivo -al igual que el Congreso de la Nación no necesita de excepcionalidades de emergencia, sino poner en el primer lugar de la agenda a las mujeres. Esto es lo que estamos pidiendo a estas comisiones.
Quiero cerrar repitiendo lo que ya les dije. Lamento muchísimo que la expectativa de un sector de estas comisiones sea que mi intervención caiga bien a los oídos. No entiendo quién puede esperar eso de mí. Milito en el Partido Obrero desde hace veintisiete años. ¿Quién espera que mi intervención sea amable a sus oídos? Lo único que yo necesito es transmitirles la desesperación que se está viviendo en la población, ya que me parece que en estas comisiones no se está distinguiendo entre la situación de emergencia y la situación regular en la cual suelen legislar.
Lamento muchísimo que les moleste que alguien diga algo que no les gusta escuchar. Pero el ejercicio de la tolerancia con el cual se llenan la boca muchas veces muchos sectores acá no se aplica. Tampoco se aplica el ejercicio de la no discriminación, aspecto sobre el cual se ha hablado fuertemente en estas comisiones. La discriminación política también existe. Sépanlo. Es una forma de anular la voz de un sector de la población de manera muy fuerte.
Entonces, los invito y las invito a que no ejerzan la discriminación política y a que aprendan, con tolerancia, a escuchar lo que yo y mi organización política tenemos para decirles. Porque existimos en todo el país. Militamos, nos movilizamos y nos esforzamos para que los derechos de las mujeres realmente sean una realidad, y no solamente un discurso del sector político al que le toca gobernar.
Nada más. Gracias, Carolina. Mara: lamento mucho que no te guste que yo hable.
Lo que ocurre acá, evidentemente, la diputada que me interrumpió por tercera vez, no tengo idea si lo leyó o no lo leyó, pero yo les voy a pedir que lo lean porque ocurre lo siguiente: nosotros no lo ponemos en el marco de una emergencia y sabemos que hay otros proyectos de emergencia. Y nosotros consideramos que el gobierno ya tiene muchas emergencias a su favor. Tiene las nueve que le votaron todos en diciembre. Así que ya tiene suficientes atributos como para disponer del presupuesto como se le canta, con las nueve emergencias votadas en el mes de diciembre.
Pero en el caso de la mujer, no necesitamos decretar emergencias, que sería como decretar una excepcionalidad para otorgar al Poder Ejecutivo la discrecionalidad a la hora de manejar presupuestos, etcétera. No se necesita eso. Se necesita solamente que se siga un curso de acción para asistir y atender a las mujeres. Y ustedes tienen que discutir efectivamente si van a adjudicar o no el presupuesto que corresponde a una acción de esas características.
Realmente creo que son temas claves e importantes. Lamento muchísimo que las diputadas del oficialismo no quieran tratar este tema, o por lo menos que no quieran dejarme hablar a mí, que sí quiero tratarlo.
Les voy a pedir que por favor miren y lean ese proyecto, y que las comisiones de Mujeres y Diversidad y de Legislación Penal, así como el Congreso de la Nación en su conjunto, atiendan inmediatamente la emergencia que se está viviendo en este país bajo la cuarentena, que se agrava en función de la extensión de la pandemia que se está produciendo en este momento. Y para eso reclamamos que efectivamente se destinen los fondos necesarios. Para que eso ocurra, el Poder Ejecutivo -al igual que el Congreso de la Nación no necesita de excepcionalidades de emergencia, sino poner en el primer lugar de la agenda a las mujeres. Esto es lo que estamos pidiendo a estas comisiones.
Quiero cerrar repitiendo lo que ya les dije. Lamento muchísimo que la expectativa de un sector de estas comisiones sea que mi intervención caiga bien a los oídos. No entiendo quién puede esperar eso de mí. Milito en el Partido Obrero desde hace veintisiete años. ¿Quién espera que mi intervención sea amable a sus oídos? Lo único que yo necesito es transmitirles la desesperación que se está viviendo en la población, ya que me parece que en estas comisiones no se está distinguiendo entre la situación de emergencia y la situación regular en la cual suelen legislar.
Lamento muchísimo que les moleste que alguien diga algo que no les gusta escuchar. Pero el ejercicio de la tolerancia con el cual se llenan la boca muchas veces muchos sectores acá no se aplica. Tampoco se aplica el ejercicio de la no discriminación, aspecto sobre el cual se ha hablado fuertemente en estas comisiones. La discriminación política también existe. Sépanlo. Es una forma de anular la voz de un sector de la población de manera muy fuerte.
Entonces, los invito y las invito a que no ejerzan la discriminación política y a que aprendan, con tolerancia, a escuchar lo que yo y mi organización política tenemos para decirles. Porque existimos en todo el país. Militamos, nos movilizamos y nos esforzamos para que los derechos de las mujeres realmente sean una realidad, y no solamente un discurso del sector político al que le toca gobernar.
Nada más. Gracias, Carolina. Mara: lamento mucho que no te guste que yo hable.
SRA. PRESIDENTA GAILLARD Gracias, Vanina.
El respeto hacia vos es haberte invitado, a instancias de la compañera Romina del Plá, a participar de esta reunión. Se te invitó sabiendo de antemano cuál iba a ser tu posición, por lo cual nosotros fuimos profundamente respetuosos. Esperábamos lo mismo de tu parte...
El respeto hacia vos es haberte invitado, a instancias de la compañera Romina del Plá, a participar de esta reunión. Se te invitó sabiendo de antemano cuál iba a ser tu posición, por lo cual nosotros fuimos profundamente respetuosos. Esperábamos lo mismo de tu parte...
SRA. BIASI No puedo hablar, Carolina. Dame la palabra y te digo si eso es respeto.
SRA. PRESIDENTA GAILLARD ...en cuanto a respetar el tiempo y el mecanismo del que nosotras disponemos.
Agradecemos a todas las invitadas. Ha sido muy interesante lo que han expuesto acerca de los proyectos, incluyendo el que ha presentado Vanina.
A continuación, vamos a dar la palabra a la diputada Brawer, y luego la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha, dará la palabra a los autores de los proyectos, quienes contarán con dos minutos. Luego, para finalizar esta reunión, hablarán los integrantes de la comisión. En el chat vamos a poner el orden de los oradores.
Tiene la palabra la diputada Mara Brawer.
Agradecemos a todas las invitadas. Ha sido muy interesante lo que han expuesto acerca de los proyectos, incluyendo el que ha presentado Vanina.
A continuación, vamos a dar la palabra a la diputada Brawer, y luego la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha, dará la palabra a los autores de los proyectos, quienes contarán con dos minutos. Luego, para finalizar esta reunión, hablarán los integrantes de la comisión. En el chat vamos a poner el orden de los oradores.
Tiene la palabra la diputada Mara Brawer.
SRA. BRAWER Simplemente quiero decir que en estas cuatro reuniones teníamos un objetivo, que era el de escuchar a especialistas para que nos permitieran pensar las leyes que tenemos en debate. Estas no son reuniones para discutir el funcionamiento de la Cámara, de la comisión o del Congreso, ni ningún otro tema que no tenga que ver con lo que nos propusimos como agenda. Mucho menos son para que nos vengan a señalar con el dedo si leemos o no los proyectos, si nos reunimos de tal o cual manera.
A mí me encanta escuchar a Romina del Plá en el recinto. Si me voy a tomar un café y veo que va a hablar Romina, paro y la escucho. Pero escuchar fundamentos acerca de las leyes es otra cosa. Muchas veces no coincido con ella y algunas veces sí, pero reconozco el aporte que está haciendo la Izquierda y el PO. Podría ser interesantísimo en relación con las leyes que estamos debatiendo. Acá lo que pasó es que no se cumplió con un acuerdo básico, que es el de la pertinencia de lo que uno viene a decir. Si ese hubiera sido el debate, los invitados habrían sido otros. Lo que pasó acá no fue que la expositora pensaba distinto a lo que pienso yo. Generalmente, pasa eso, y me encanta que así sea. Eso es lo interesante del debate político. Pero lo que dijo no tuvo que ver con el eje de la discusión de esta reunión. Por eso interrumpí, y por eso me enojé. Si a mí me invitan para exponer sobre educación y termino hablando de otro tema, criticando a las personas y sus funcionamientos, sin fundamentar lo que opino sobre los proyectos en tratamiento, estoy faltándoles el respeto. Es nada más que eso.
Me hubiera encantado escuchar la posición de Vanina en relación con muchos de estos proyectos de ley. Me imaginé que venía, y me hubiera encantado escucharla.
A mí me encanta escuchar a Romina del Plá en el recinto. Si me voy a tomar un café y veo que va a hablar Romina, paro y la escucho. Pero escuchar fundamentos acerca de las leyes es otra cosa. Muchas veces no coincido con ella y algunas veces sí, pero reconozco el aporte que está haciendo la Izquierda y el PO. Podría ser interesantísimo en relación con las leyes que estamos debatiendo. Acá lo que pasó es que no se cumplió con un acuerdo básico, que es el de la pertinencia de lo que uno viene a decir. Si ese hubiera sido el debate, los invitados habrían sido otros. Lo que pasó acá no fue que la expositora pensaba distinto a lo que pienso yo. Generalmente, pasa eso, y me encanta que así sea. Eso es lo interesante del debate político. Pero lo que dijo no tuvo que ver con el eje de la discusión de esta reunión. Por eso interrumpí, y por eso me enojé. Si a mí me invitan para exponer sobre educación y termino hablando de otro tema, criticando a las personas y sus funcionamientos, sin fundamentar lo que opino sobre los proyectos en tratamiento, estoy faltándoles el respeto. Es nada más que eso.
Me hubiera encantado escuchar la posición de Vanina en relación con muchos de estos proyectos de ley. Me imaginé que venía, y me hubiera encantado escucharla.
SRA. PRESIDENTA GAILLARD Gracias, Mara.
A continuación, va a hacer uso de la palabra la diputada María Rosa Martínez, que empieza a hablar como autora de proyectos dictaminados en la Comisión de Mujeres y Diversidad.
A continuación, va a hacer uso de la palabra la diputada María Rosa Martínez, que empieza a hablar como autora de proyectos dictaminados en la Comisión de Mujeres y Diversidad.
SRA. MARTÍNEZ (M.R.) Muchas gracias, Caro y Mónica, por esta reunión. Es un placer enorme escuchar a las compañeras panelistas, porque seguimos avanzando en la certeza de que lo que planteaba la compañera sobre civilidad debería ser uno de los nortes a imponernos.
En relación con el proyecto de referencia, se dijeron muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, si debemos repensar la ley 26.485, si hay que ampliarla o actualizarla. Sin duda es un desafío, al menos tomarla porque tiene diez años de vigencia para ver en qué cuestiones podemos profundizar.
En este caso, nosotros tomamos el artículo 10, inciso 4), que habla de la figura del acompañante. Sin duda la pandemia ha puesto en evidencia una situación particular del patriarcado y de la violencia de género, que es que en las situaciones de encierro empeoran las condiciones de vida de las mujeres que padecen violencia. Hablo de las mujeres, pero también de la comunidad y de la diversidad.
La figura del acompañante ha recobrado un valor enorme. En el distrito donde yo vivo, durante cuatro años, estuvimos formando y fortaleciendo ese rol. Se trata de un rol de acción comunitaria que mapea las relaciones territoriales a partir de las cuales se pueden ampliar derechos. Porque nos parece que otra de las cuestiones centrales en la temática de violencia patriarcal tiene que ver con ampliar derechos.
Eso también permite conocer el sistema jurídico, el de seguridad, el de salud y el de educación, y a partir de ello generar las intersectorialidades necesarias para abordar esta temática, especialmente desde la prevención y la promoción de derechos, en un primer aspecto.
Luego, el acompañamiento sirve para volver a empoderar a las personas que padecen violencia, con el fin de reposicionarse y tomar decisiones con autonomía y libertad, como aquí se ha planteado. Permite recuperar ese lugar. También es útil para acompañar la etapa posterior a esa decisión, que a veces no es tan sencillo transitar, sino más bien traumático cuando se trata del acceso a derechos y a la Justicia, en particular.
Por un lado, pensamos que esta figura del acompañante amerita cercanía e identidad con la víctima. Hemos comprobado cómo en situación de pandemia la compañera que está instalada en un territorio como acompañante ha sido consultada y llamada. En algunas ocasiones ha evitado situaciones de mayor riesgo para las víctimas. Esto ocurrió solamente con llamados telefónicos o visitas al domicilio, o bien con el acercamiento a la hora de entrega de la mercadería en la escuela, en el comedor o en el merendero, con el fin de ver cómo está la víctima, qué pasa y qué decisiones hay que tomar. En algunos casos se da a la víctima la posibilidad de ir a un hospedaje, salir de su casa o visitar familiares. Por supuesto, hay situaciones que resultan más complejas en época de cuarentena por ejemplo, definir un traslado, para lo cual ha sido muy importante la presencia del Ministerio de las Mujeres, tanto del provincial como del nacional y aprovecho para saludar a Silvina, porque gracias a eso hemos generado rápidas soluciones en ese sentido.
Volviendo a la figura del acompañante, creemos que dentro de esta ampliación tiene que haber una acreditación de saberes. ¿Por qué decimos esto? Porque la formación no es una cuestión sencilla. Nosotros hemos trabajado mucho con la posibilidad de articular las áreas de derechos humanos con las de seguridad, de salud y de justicia. En nuestro caso, tuvimos la posibilidad de que la Universidad de Lanús y la Universidad de Quilmes nos acompañaran, junto con el instituto de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
Creemos que hay que acreditar la formación; tal vez, deberíamos estandarizarla en términos de qué no puede estar faltando en esta formación, qué debe ser casi imprescindible y cómo acompañar el ejercicio de esa práctica. No estamos pensando en la figura del acompañante como una figura suelta en el territorio. Creemos que debe estar articulada y coordinada con otras áreas, y también con los espacios de observatorio de género o de movimiento de mujeres, que generan una pertenencia o un colectivo que va tomando decisiones de manera conjunta.
Nosotras pensamos que cuando esa acreditación se da y la tarea es sistemática, es necesario empezar a entenderla como una tarea de cuidados y de promoción de derechos, y de acercamiento al acceso a derechos. Por lo tanto, debe ser una tarea remunerada en los términos de la ley de contrato de trabajo.
Dado que ayer estuvimos conversando con el ministro de Trabajo y con Lucía Cirmi Obón, del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, sobre el tema del cuidado, creemos que esta tarea de las acompañantes "les" acompañantes, en muchos casos debe ser remunerada.
Por algún lado hay que empezar a remunerar aquellas acciones comunitarias, sistemáticas, comprobadamente necesarias e imprescindibles en el proceso de justicia social que amerita desmontar el patriarcado para generar relaciones de mayor igualdad. Nosotros proponemos que esa remuneración tenga como piso un salario mínimo, pero puede ser más elevada. ¿Por qué decimos esto? Porque durante la pandemia, y más allá de la cuarentena, esta figura viene siendo central en el ejercicio de derechos y va a seguir siéndolo.
Este es el camino que proponemos. Es nuestro humilde aporte al reconocimiento de una tarea y a la posibilidad de remuneración. Muchísimas gracias.
En relación con el proyecto de referencia, se dijeron muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, si debemos repensar la ley 26.485, si hay que ampliarla o actualizarla. Sin duda es un desafío, al menos tomarla porque tiene diez años de vigencia para ver en qué cuestiones podemos profundizar.
En este caso, nosotros tomamos el artículo 10, inciso 4), que habla de la figura del acompañante. Sin duda la pandemia ha puesto en evidencia una situación particular del patriarcado y de la violencia de género, que es que en las situaciones de encierro empeoran las condiciones de vida de las mujeres que padecen violencia. Hablo de las mujeres, pero también de la comunidad y de la diversidad.
La figura del acompañante ha recobrado un valor enorme. En el distrito donde yo vivo, durante cuatro años, estuvimos formando y fortaleciendo ese rol. Se trata de un rol de acción comunitaria que mapea las relaciones territoriales a partir de las cuales se pueden ampliar derechos. Porque nos parece que otra de las cuestiones centrales en la temática de violencia patriarcal tiene que ver con ampliar derechos.
Eso también permite conocer el sistema jurídico, el de seguridad, el de salud y el de educación, y a partir de ello generar las intersectorialidades necesarias para abordar esta temática, especialmente desde la prevención y la promoción de derechos, en un primer aspecto.
Luego, el acompañamiento sirve para volver a empoderar a las personas que padecen violencia, con el fin de reposicionarse y tomar decisiones con autonomía y libertad, como aquí se ha planteado. Permite recuperar ese lugar. También es útil para acompañar la etapa posterior a esa decisión, que a veces no es tan sencillo transitar, sino más bien traumático cuando se trata del acceso a derechos y a la Justicia, en particular.
Por un lado, pensamos que esta figura del acompañante amerita cercanía e identidad con la víctima. Hemos comprobado cómo en situación de pandemia la compañera que está instalada en un territorio como acompañante ha sido consultada y llamada. En algunas ocasiones ha evitado situaciones de mayor riesgo para las víctimas. Esto ocurrió solamente con llamados telefónicos o visitas al domicilio, o bien con el acercamiento a la hora de entrega de la mercadería en la escuela, en el comedor o en el merendero, con el fin de ver cómo está la víctima, qué pasa y qué decisiones hay que tomar. En algunos casos se da a la víctima la posibilidad de ir a un hospedaje, salir de su casa o visitar familiares. Por supuesto, hay situaciones que resultan más complejas en época de cuarentena por ejemplo, definir un traslado, para lo cual ha sido muy importante la presencia del Ministerio de las Mujeres, tanto del provincial como del nacional y aprovecho para saludar a Silvina, porque gracias a eso hemos generado rápidas soluciones en ese sentido.
Volviendo a la figura del acompañante, creemos que dentro de esta ampliación tiene que haber una acreditación de saberes. ¿Por qué decimos esto? Porque la formación no es una cuestión sencilla. Nosotros hemos trabajado mucho con la posibilidad de articular las áreas de derechos humanos con las de seguridad, de salud y de justicia. En nuestro caso, tuvimos la posibilidad de que la Universidad de Lanús y la Universidad de Quilmes nos acompañaran, junto con el instituto de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
Creemos que hay que acreditar la formación; tal vez, deberíamos estandarizarla en términos de qué no puede estar faltando en esta formación, qué debe ser casi imprescindible y cómo acompañar el ejercicio de esa práctica. No estamos pensando en la figura del acompañante como una figura suelta en el territorio. Creemos que debe estar articulada y coordinada con otras áreas, y también con los espacios de observatorio de género o de movimiento de mujeres, que generan una pertenencia o un colectivo que va tomando decisiones de manera conjunta.
Nosotras pensamos que cuando esa acreditación se da y la tarea es sistemática, es necesario empezar a entenderla como una tarea de cuidados y de promoción de derechos, y de acercamiento al acceso a derechos. Por lo tanto, debe ser una tarea remunerada en los términos de la ley de contrato de trabajo.
Dado que ayer estuvimos conversando con el ministro de Trabajo y con Lucía Cirmi Obón, del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, sobre el tema del cuidado, creemos que esta tarea de las acompañantes "les" acompañantes, en muchos casos debe ser remunerada.
Por algún lado hay que empezar a remunerar aquellas acciones comunitarias, sistemáticas, comprobadamente necesarias e imprescindibles en el proceso de justicia social que amerita desmontar el patriarcado para generar relaciones de mayor igualdad. Nosotros proponemos que esa remuneración tenga como piso un salario mínimo, pero puede ser más elevada. ¿Por qué decimos esto? Porque durante la pandemia, y más allá de la cuarentena, esta figura viene siendo central en el ejercicio de derechos y va a seguir siéndolo.
Este es el camino que proponemos. Es nuestro humilde aporte al reconocimiento de una tarea y a la posibilidad de remuneración. Muchísimas gracias.
SRA. PRESIDENTA GAILLARD Tiene la palabra la señora diputada Claudia Najul.
SRA. NAJUL Señora presidenta: en mi caso, he presentado varios proyectos. Por eso, después de haber escuchado durante tres horas a las distintas expositoras, que los diputados tengamos solamente dos minutos para explayarnos me parece muy poco. Espero que las organizadoras puedan encontrar otra forma de trabajo.
Me parece perfecto que las comisiones de Legislación Penal y de Mujeres y Diversidad aborden estos proyectos en forma conjunta. Estoy totalmente de acuerdo porque la visión es integral y la compartimos. Pero el hecho de que las invitadas tengan tres horas para exponer y las legisladoras tengamos solo dos minutos para explayarnos no me parece que sea una metodología que corresponda.
Uno de los proyectos que he presentado se refiere a la modificación de la ley 26.485 a fin de regular la figura del querellante particular en los procesos penales tanto en los casos de femicidio como en el caso de otros delitos que constituyan violencia contra las mujeres , de modo de autorizar en esa instancia la participación de organizaciones que tengan dentro de su objeto social la defensa de los derechos humanos o la defensa de las mujeres.
Teniendo en cuenta que la violencia contra las mujeres constituye una violación de sus derechos humanos y libertades y que el femicidio es una ofensa contra su dignidad que tiene que ver con estas relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres , me parece importantísimo que esas instituciones tengan la posibilidad de presentarse como querellantes. Es una obligación del Estado facilitar la investigación en todas las etapas del proceso para que sea rápida y eficaz.
Nosotros tomamos como ejemplo lo que ocurrió en Mendoza, mi provincia, en el caso de la desaparición de una adolescente de 13 años en la zona rural. Las que primero se encargaron de denunciar su desaparición y de empezar una búsqueda terrible para conocer su paradero fueron su maestra y la directora de la escuela; si no, nadie se hubiera preocupado por su desaparición. Me refiero al caso de Johana Chacón, que después se hizo muy conocido.
Esa directora y esa maestra tuvieron el apoyo de una organización de derechos humanos a la que le aceptaron participar como querellante. A partir de la investigación judicial y de la participación de ese grupo tan especializado en derechos humanos y en todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, primero se descubrió que en la misma fiscalía donde se denunció la desaparición de Johana se había denunciado la desaparición de la ex pareja del cuñado de Johana, que finalmente resultó ser el asesino de las dos. Esa denuncia se había hecho un año atrás y el expediente estaba archivado. Esto es terrible. Me pregunto cuántos casos habrá en el país de mujeres que desaparecieron y nunca se investigó qué pasó con ellas.
Entonces, me parece muy importante avanzar en la posibilidad de que esas instituciones puedan presentarse como querellantes porque, en el caso de Johana, fue gracias a la ayuda de ese grupo de abogados y abogadas y también gracias a la valentía y al empuje de la directora de la escuela, Silvia Minoli, quien se convirtió en una referente de la lucha por los derechos de las mujeres en mi provincia que se pudo llegar a la verdad y a la condena después de muchos años de trabajo.
Ese es uno de los proyectos que he presentado; y por lo que he escuchado, entiendo que la mayoría de las expositoras está a favor. Ojalá podamos avanzar en esa posibilidad, sobre todo en los casos de víctimas que no tienen ningún tipo de recursos y en los que nadie reclama por ellas. La verdad es que si no hubiera sido por esa directora y esa maestra, nadie hubiera reclamado por Johana.
Me parece perfecto que las comisiones de Legislación Penal y de Mujeres y Diversidad aborden estos proyectos en forma conjunta. Estoy totalmente de acuerdo porque la visión es integral y la compartimos. Pero el hecho de que las invitadas tengan tres horas para exponer y las legisladoras tengamos solo dos minutos para explayarnos no me parece que sea una metodología que corresponda.
Uno de los proyectos que he presentado se refiere a la modificación de la ley 26.485 a fin de regular la figura del querellante particular en los procesos penales tanto en los casos de femicidio como en el caso de otros delitos que constituyan violencia contra las mujeres , de modo de autorizar en esa instancia la participación de organizaciones que tengan dentro de su objeto social la defensa de los derechos humanos o la defensa de las mujeres.
Teniendo en cuenta que la violencia contra las mujeres constituye una violación de sus derechos humanos y libertades y que el femicidio es una ofensa contra su dignidad que tiene que ver con estas relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres , me parece importantísimo que esas instituciones tengan la posibilidad de presentarse como querellantes. Es una obligación del Estado facilitar la investigación en todas las etapas del proceso para que sea rápida y eficaz.
Nosotros tomamos como ejemplo lo que ocurrió en Mendoza, mi provincia, en el caso de la desaparición de una adolescente de 13 años en la zona rural. Las que primero se encargaron de denunciar su desaparición y de empezar una búsqueda terrible para conocer su paradero fueron su maestra y la directora de la escuela; si no, nadie se hubiera preocupado por su desaparición. Me refiero al caso de Johana Chacón, que después se hizo muy conocido.
Esa directora y esa maestra tuvieron el apoyo de una organización de derechos humanos a la que le aceptaron participar como querellante. A partir de la investigación judicial y de la participación de ese grupo tan especializado en derechos humanos y en todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, primero se descubrió que en la misma fiscalía donde se denunció la desaparición de Johana se había denunciado la desaparición de la ex pareja del cuñado de Johana, que finalmente resultó ser el asesino de las dos. Esa denuncia se había hecho un año atrás y el expediente estaba archivado. Esto es terrible. Me pregunto cuántos casos habrá en el país de mujeres que desaparecieron y nunca se investigó qué pasó con ellas.
Entonces, me parece muy importante avanzar en la posibilidad de que esas instituciones puedan presentarse como querellantes porque, en el caso de Johana, fue gracias a la ayuda de ese grupo de abogados y abogadas y también gracias a la valentía y al empuje de la directora de la escuela, Silvia Minoli, quien se convirtió en una referente de la lucha por los derechos de las mujeres en mi provincia que se pudo llegar a la verdad y a la condena después de muchos años de trabajo.
Ese es uno de los proyectos que he presentado; y por lo que he escuchado, entiendo que la mayoría de las expositoras está a favor. Ojalá podamos avanzar en esa posibilidad, sobre todo en los casos de víctimas que no tienen ningún tipo de recursos y en los que nadie reclama por ellas. La verdad es que si no hubiera sido por esa directora y esa maestra, nadie hubiera reclamado por Johana.
SRA. PRESIDENTA GAILLARD Diputada Najul: estas reuniones fueron pensadas para escuchar a las invitadas y para que los diputados autores de los proyectos hagan una breve intervención, dado que después tendremos tiempo de discutir los proyectos de manera detallada y pormenorizada en las comisiones. Por eso se estableció ese tiempo para las intervenciones.
Sí tomo con la diputada Macha el comentario de que esta reunión se nos hizo muy larga por haber invitado a muchas expositoras para el mismo día; tal vez no es conveniente invitar a más de cuatro, para que no se nos extiendan tanto las reuniones. Así que les pedimos disculpas si se nos extendió mucho la reunión y por ahí las últimas invitadas tuvieron menos tiempo de exposición que las anteriores.
A continuación, hará uso de la palabra la diputada Del Plá, y luego, el diputado del Caño. Posteriormente, estaríamos cerrando esta reunión con las palabras de la diputada Macha.
Sí tomo con la diputada Macha el comentario de que esta reunión se nos hizo muy larga por haber invitado a muchas expositoras para el mismo día; tal vez no es conveniente invitar a más de cuatro, para que no se nos extiendan tanto las reuniones. Así que les pedimos disculpas si se nos extendió mucho la reunión y por ahí las últimas invitadas tuvieron menos tiempo de exposición que las anteriores.
A continuación, hará uso de la palabra la diputada Del Plá, y luego, el diputado del Caño. Posteriormente, estaríamos cerrando esta reunión con las palabras de la diputada Macha.
SRA. DEL PLÁ Buenas tardes. Por supuesto, no puedo dejar de decir que no comparto que se haya interrumpido la palabra de la invitada que yo propuse, Vanina Biasi; y no se trata de un problema de tiempo, porque justamente cada vez que se la interrumpió estaba haciendo algún planteo sobre temas que incomodan. Creo que a futuro no se debe interrumpir a ningún invitado; una cosa es marcar el cumplimiento de los tiempos y, otra, hacer interrupciones que no hacen más que demostrar que hay una incomodidad con su intervención.
Además, Vanina Biasi es una compañera que ha estado presente en todas las luchas por los derechos de las mujeres, incluso en aquellas luchas que a muchas de acuerdo al rol que les toque ocupar, si el de oficialismo o el de oposición les resulta incómodo llevar adelante. Por lo tanto, creo que hubiera sido muy interesante escuchar a Vanina sin interrupciones.
Ella estaba planteando un tema que voy a retomar ahora: ese concepto del movimiento de lucha de las mujeres, puesto muy en evidencia a partir del Ni Una Menos, que es la idea de que el Estado es responsable. Y cuando hablamos de que el Estado es responsable, el Congreso Nacional no está de un lado o del otro. No importa que ocasionalmente a cada una de nosotras nos toque ser parte de una bancada o de otra, o de una comisión o de otra. El Estado es responsable integralmente. También lo es cuando hay demora en el tratamiento de temas importantes o cuando en una situación de emergencia como la que estamos viviendo por la pandemia y la cuarentena creo que esto lo vamos a compartir todos se demora la adopción de medidas. Por eso hemos presentado dos proyectos.
Uno de ellos, justamente, tiene que ver con la adopción de medidas de emergencia por la pandemia. Por eso, nuestra preocupación es que se pueda avanzar en su tratamiento y dictaminar rápidamente. En ese proyecto hemos retomado temas que estaban en iniciativas que habíamos presentado en el pasado y a los que no se dio resolución. Allí planteamos una serie de medidas urgentes que nos parecen necesarias. Por ejemplo, crear en todos los barrios centros de asistencia gratuita a todas las mujeres en situación de violencia, crear casas refugio y otorgar un salario de cuarentena a las mujeres que viven en situación de violencia y no tienen ingresos.
Ante estas medidas que proponemos, alguno me podrá decir que en tal o cual localidad ya existe un refugio. Pero justamente a eso nos referimos, es decir, a que está faltando la implementación de una política de conjunto, global. Algunos podrán citar el ejemplo de un municipio, de un distrito o de una política puntual, pero nosotros estamos hablando de una política de conjunto del Estado.
Tal como lo hemos dicho en la reunión que tuvimos con la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, nos parece que no se ven los efectos de la aplicación de una política concreta. Por ejemplo, se estaba instando a reforzar las situaciones de denuncia, pero dicho sea de paso todos sabemos que en la línea 144 hay cantidad de trabajadoras en situación de precariedad, e incluso hubo denuncias de despidos y demás.
Quiere decir que los presupuestos o los recursos económicos para sostener las medidas de la emergencia, e incluso la adopción de las medidas de la emergencia, no se llevan adelante, ni cuando estamos en emergencia ni en situaciones de no emergencia. Esto es lo que nos lleva a plantear la necesidad de este proyecto.
En segundo lugar, hemos presentado un proyecto sobre la creación del consejo autónomo de mujeres, que nos parece muy importante. Este segundo proyecto tiene una particularidad. ¿Cuál es? Que justamente es la contracara de lo que nosotros entendemos que ocurre con los organismos que dependen del Poder Ejecutivo.
Yo sé que todas las integrantes de estas dos comisiones y muchas integrantes del movimiento de lucha de las mujeres celebran la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Pero nosotros tenemos una discrepancia en este sentido, y por eso la puesta en pie del consejo autónomo de mujeres. ¿Por qué? Porque entendemos que todo organismo que dependa directamente del Poder Ejecutivo va a responder a las políticas del Poder Ejecutivo de turno; no importa cuál sea. Así pasó en su momento con las distintas organizaciones, desde la presidencia de Menem a esta parte, que han representado entre comillas los intereses de las mujeres. Y el hecho de que las políticas para la protección de las mujeres y las diversidades se estaticen y se conviertan en políticas del Poder Ejecutivo de turno, o del oficialismo de turno, lleva justamente a que se lleven adelante o no, o a que se posterguen cuestiones en función de los intereses del Poder Ejecutivo.
Por eso, la creación del consejo autónomo de mujeres es un concepto distinto. Se trataría de un organismo no dependiente del Poder Ejecutivo, elegido por las mujeres e integrantes de todas las diversidades sexuales a partir de los 13 años, que se encargaría de monitorear, proponer y controlar que efectivamente se lleven adelante todas las leyes, las normativas y las medidas que se han adoptado en función de proteger derechos. Creemos que es un planteo innovador, importante de ser llevado adelante, por lo que entendemos que debe tratarse nuestro proyecto.
Por último, quiero preguntar a la representante del Ministerio de las Mujeres de la provincia Buenos Aires que fue la primera expositora si desde el gobierno de la provincia se ha tomado alguna medida sobre la línea 0 800 "celeste" o 0 800 de ayuda a la mujer con embarazo vulnerable. Seguramente muchas y muchos recuerdan que esa línea había aparecido de la mano de un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno anterior, es decir, durante la gestión presidencial de Mauricio Macri. Como quedó en evidencia que la organización Aciera que es la que estaba detrás de esto violentaba todas las normas vigentes sobre salud reproductiva, se anuló ese convenio y apareció, refugiado, ese 0-800 auspiciado por el gobierno de ese entonces, es decir, el de la gobernadora Vidal. Por eso, queremos saber si el nuevo Ministerio de la Mujer de la provincia de Buenos Aires ha intervenido o monitoreado si hay algún tipo de convenio u organismo estatal que auspicie ese 0 800 que sigue funcionando.
Además, Vanina Biasi es una compañera que ha estado presente en todas las luchas por los derechos de las mujeres, incluso en aquellas luchas que a muchas de acuerdo al rol que les toque ocupar, si el de oficialismo o el de oposición les resulta incómodo llevar adelante. Por lo tanto, creo que hubiera sido muy interesante escuchar a Vanina sin interrupciones.
Ella estaba planteando un tema que voy a retomar ahora: ese concepto del movimiento de lucha de las mujeres, puesto muy en evidencia a partir del Ni Una Menos, que es la idea de que el Estado es responsable. Y cuando hablamos de que el Estado es responsable, el Congreso Nacional no está de un lado o del otro. No importa que ocasionalmente a cada una de nosotras nos toque ser parte de una bancada o de otra, o de una comisión o de otra. El Estado es responsable integralmente. También lo es cuando hay demora en el tratamiento de temas importantes o cuando en una situación de emergencia como la que estamos viviendo por la pandemia y la cuarentena creo que esto lo vamos a compartir todos se demora la adopción de medidas. Por eso hemos presentado dos proyectos.
Uno de ellos, justamente, tiene que ver con la adopción de medidas de emergencia por la pandemia. Por eso, nuestra preocupación es que se pueda avanzar en su tratamiento y dictaminar rápidamente. En ese proyecto hemos retomado temas que estaban en iniciativas que habíamos presentado en el pasado y a los que no se dio resolución. Allí planteamos una serie de medidas urgentes que nos parecen necesarias. Por ejemplo, crear en todos los barrios centros de asistencia gratuita a todas las mujeres en situación de violencia, crear casas refugio y otorgar un salario de cuarentena a las mujeres que viven en situación de violencia y no tienen ingresos.
Ante estas medidas que proponemos, alguno me podrá decir que en tal o cual localidad ya existe un refugio. Pero justamente a eso nos referimos, es decir, a que está faltando la implementación de una política de conjunto, global. Algunos podrán citar el ejemplo de un municipio, de un distrito o de una política puntual, pero nosotros estamos hablando de una política de conjunto del Estado.
Tal como lo hemos dicho en la reunión que tuvimos con la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, nos parece que no se ven los efectos de la aplicación de una política concreta. Por ejemplo, se estaba instando a reforzar las situaciones de denuncia, pero dicho sea de paso todos sabemos que en la línea 144 hay cantidad de trabajadoras en situación de precariedad, e incluso hubo denuncias de despidos y demás.
Quiere decir que los presupuestos o los recursos económicos para sostener las medidas de la emergencia, e incluso la adopción de las medidas de la emergencia, no se llevan adelante, ni cuando estamos en emergencia ni en situaciones de no emergencia. Esto es lo que nos lleva a plantear la necesidad de este proyecto.
En segundo lugar, hemos presentado un proyecto sobre la creación del consejo autónomo de mujeres, que nos parece muy importante. Este segundo proyecto tiene una particularidad. ¿Cuál es? Que justamente es la contracara de lo que nosotros entendemos que ocurre con los organismos que dependen del Poder Ejecutivo.
Yo sé que todas las integrantes de estas dos comisiones y muchas integrantes del movimiento de lucha de las mujeres celebran la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Pero nosotros tenemos una discrepancia en este sentido, y por eso la puesta en pie del consejo autónomo de mujeres. ¿Por qué? Porque entendemos que todo organismo que dependa directamente del Poder Ejecutivo va a responder a las políticas del Poder Ejecutivo de turno; no importa cuál sea. Así pasó en su momento con las distintas organizaciones, desde la presidencia de Menem a esta parte, que han representado entre comillas los intereses de las mujeres. Y el hecho de que las políticas para la protección de las mujeres y las diversidades se estaticen y se conviertan en políticas del Poder Ejecutivo de turno, o del oficialismo de turno, lleva justamente a que se lleven adelante o no, o a que se posterguen cuestiones en función de los intereses del Poder Ejecutivo.
Por eso, la creación del consejo autónomo de mujeres es un concepto distinto. Se trataría de un organismo no dependiente del Poder Ejecutivo, elegido por las mujeres e integrantes de todas las diversidades sexuales a partir de los 13 años, que se encargaría de monitorear, proponer y controlar que efectivamente se lleven adelante todas las leyes, las normativas y las medidas que se han adoptado en función de proteger derechos. Creemos que es un planteo innovador, importante de ser llevado adelante, por lo que entendemos que debe tratarse nuestro proyecto.
Por último, quiero preguntar a la representante del Ministerio de las Mujeres de la provincia Buenos Aires que fue la primera expositora si desde el gobierno de la provincia se ha tomado alguna medida sobre la línea 0 800 "celeste" o 0 800 de ayuda a la mujer con embarazo vulnerable. Seguramente muchas y muchos recuerdan que esa línea había aparecido de la mano de un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno anterior, es decir, durante la gestión presidencial de Mauricio Macri. Como quedó en evidencia que la organización Aciera que es la que estaba detrás de esto violentaba todas las normas vigentes sobre salud reproductiva, se anuló ese convenio y apareció, refugiado, ese 0-800 auspiciado por el gobierno de ese entonces, es decir, el de la gobernadora Vidal. Por eso, queremos saber si el nuevo Ministerio de la Mujer de la provincia de Buenos Aires ha intervenido o monitoreado si hay algún tipo de convenio u organismo estatal que auspicie ese 0 800 que sigue funcionando.
SRA. PRESIDENTA GAILLARD Tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño, y luego hará uso de la palabra la diputada Gabriela Estévez.
SR. DEL CAÑO En primer lugar, quiero agradecer a las presidentas de las comisiones.
Nosotros presentamos dos proyectos. Uno de ellos es un proyecto de emergencia; lo habíamos presentado en 2015 con mi compañera Myriam Bregman y la agrupación de mujeres Pan y Rosas, y ahora lo hemos adecuado a esta realidad de la pandemia. Hemos consultado a trabajadoras de distintos sectores, particularmente a las compañeras que trabajan en las líneas de atención a las víctimas de violencia.
Es muy importante que este proyecto se trate en forma inmediata porque la violencia hacia las mujeres se ha incrementado en el marco del aislamiento social, preventivo obligatorio. Tal como sostuvo la propia ministra Elizabeth Gómez Alcorta, bajaron todos los delitos menos los femicidios, que no solo persisten sino que ascienden porque hoy miles de mujeres están cumpliendo la cuarentena bajo el mismo techo que su agresor.
Por eso, uno de los proyectos que hemos presentado responde a esa situación. Creemos que al menos puede paliar esta gravísima situación que sufren muchas mujeres.
No quiero abundar en muchos datos. Pero sí quiero decir que el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven y el Observatorio Social de Género de La Izquierda Diario señalaron que, si se compara el primer trimestre de 2019 con el primer trimestre de 2020, se observa un incremento de los casos: durante el primer trimestre de este año hubo al menos 116 femicidios, mientras que en el primer trimestre del año anterior la cifra fue menor. También señalan que en lo que va de este año hubo un femicidio cada 26 o 27 horas, mientras que en 2019 se registró uno cada 30 horas.
Además, señalan que en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio hubo semanas en las que se registró un femicidio cada 24 horas. Entonces, tomo estos datos. También hay muchísima información recabada por distintas organizaciones de mujeres.
Esos datos muestran que en los primeros 42 días de la cuarentena hubo 42 femicidios y que el 70 por ciento de ellos ocurrió en el domicilio de la víctima o en el que compartía con el agresor, que en la mayoría de los casos tenía un vínculo cercano. Si los comparamos con los datos de 2019, hay una diferencia: los femicidios ocurridos en el domicilio representaron el 58 por ciento.
Por eso este proyecto contempla una cuestión elemental, como es el acceso de esas mujeres a refugios, hoteles o viviendas ociosas, y los datos que acabo de mencionar nos muestran que se debe actuar en forma más que urgente, por supuesto garantizando todas las medidas sanitarias para la prevención del COVID-19.
El proyecto también apunta a una asistencia mensual no menor a 30.000 pesos para todas las mujeres víctimas de violencia; por supuesto, esa asistencia se debe brindar hasta que puedan reinsertarse o insertarse en el mercado laboral y lograr autonomía económica.
También planteamos el tema de las licencias laborales, porque es muy importante que quienes están siendo violentadas por su condición de género en el ámbito privado o público, en cualquier régimen de contrato de trabajo como planta permanente, como autónomas, etcétera-, tengan aseguradas todas las condiciones para tener licencia; por supuesto, con goce de sueldo. Es decir que también hemos presentado un proyecto específico sobre el tema de las licencias.
Además, como sabemos, en la cuestión laboral las mujeres y la diversidad sufren aún más que los varones la desocupación, la precarización laboral y los bajos salarios que afectan al conjunto de la clase trabajadora. Esto genera aún más dificultades para tener una real autonomía económica; y en los casos de aquellas mujeres que conviven con sus agresores, las expone brutalmente. Por eso proponemos que se garantice un salario para todas las mujeres.
El proyecto también plantea, entre otras cosas, la creación de equipos interdisciplinarios para la prevención, la atención y la asistencia de víctimas de violencia de género. Y hay otros aspectos. Como dije, este proyecto apunta a una emergencia que es integral y estas son medidas mínimas, pero sabemos que son muy importantes porque en el caso de muchas mujeres que sufren violencia es la diferencia que puede haber entre la vida y la muerte.
Para ir finalizando, quiero decir que el Congreso, no solo ahora sino desde hace mucho tiempo, se viene negando a tomar medidas, como esta emergencia ante la violencia de género. Y acá aparece el problema del presupuesto, que mencionó una de las expositoras. Acá es fundamental el tema presupuestario, y nosotros también tenemos proyectos en ese sentido.
Creo que el protagonismo que han tenido las mujeres -sobre todo en los últimos años con las movilizaciones masivas por el "Ni una menos"- tiene que ver con que hoy estemos en una situación distinta. Las mujeres han tomado un gran protagonismo y es urgente tratar este tema. Si no, resulta que muchos se sacan fotos en esas movilizaciones pero, a la hora de la voluntad política para discutir en el Congreso, realmente no se toma ninguna medida. Ya llevamos noventa días de aislamiento y en esta Cámara aún no se ha votado una ley que dé respuesta a esa situación. Realmente, esto me parece muy grave.
Por supuesto que consideramos importante que haya líneas de atención que orienten a las víctimas acerca de cómo proceder ante una situación de violencia, pero con las medidas que han tomado hasta ahora el gobierno nacional y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad realmente no alcanza.
Por eso, proponemos que se avance inmediatamente con los dictámenes y con la discusión y aprobación en el recinto de proyectos como el que hemos presentado, que propone tomar medidas de emergencia en el tema de la violencia contra las mujeres.
Por una cuestión de tiempo, no me voy a explayar en otros elementos y en otros aspectos estructurales.
También quiero decir que es importantísimo el tratamiento del proyecto sobre interrupción voluntaria del embarazo. Creo que está claro que, si no hay aborto legal, tampoco tenemos "Ni una menos", y esto lo han señalado las distintas organizaciones del movimiento de lucha de las mujeres. Creo que es urgente su tratamiento; no creo que no sea una prioridad y que no sea una urgencia. Esto también es muy importante.
Por último, quiero decir lo siguiente. Los problemas estructurales de las mujeres en lo que hace a una violencia económica también los vemos hoy en esta realidad de la pandemia. Los vemos en las mujeres de las organizaciones populares, como Ramona Medina, que perdió la vida por esos problemas estructurales que realmente sufren los sectores populares. Los vemos en muchas mujeres luchadoras que hoy están al frente de encarar esta situación sin recursos, porque vemos cómo el gobierno subsidia a los grandes empresarios mientras que a los sectores populares no les alcanza el IFE de 10.000 pesos. Los vemos en las mujeres trabajadoras de la salud, que están en la primera línea del combate contra el COVID-19, y en tantas otras trabajadoras que hoy sufren las consecuencias; las sufre el conjunto de la clase trabajadora, pero sabemos que las mujeres son las más perjudicadas.
En síntesis, el tratamiento de un proyecto de estas características es fundamental. Así como hemos planteado un proyecto sobre un impuesto a las grandes fortunas y otros temas para terminar con los despidos y las rebajas salariales, nos parece fundamental que este proyecto se discuta en forma inmediata, aunque sea de manera virtual, como se viene funcionando en la Cámara de Diputados. No hay motivo, más que la falta de voluntad política de los bloques mayoritarios, para que no se avance inmediatamente con este proyecto sin desmerecer el debate que se viene realizando sobre temas que quizás no tienen la misma urgencia , por el que se declara la emergencia en materia de violencia contra las mujeres.
Nosotros presentamos dos proyectos. Uno de ellos es un proyecto de emergencia; lo habíamos presentado en 2015 con mi compañera Myriam Bregman y la agrupación de mujeres Pan y Rosas, y ahora lo hemos adecuado a esta realidad de la pandemia. Hemos consultado a trabajadoras de distintos sectores, particularmente a las compañeras que trabajan en las líneas de atención a las víctimas de violencia.
Es muy importante que este proyecto se trate en forma inmediata porque la violencia hacia las mujeres se ha incrementado en el marco del aislamiento social, preventivo obligatorio. Tal como sostuvo la propia ministra Elizabeth Gómez Alcorta, bajaron todos los delitos menos los femicidios, que no solo persisten sino que ascienden porque hoy miles de mujeres están cumpliendo la cuarentena bajo el mismo techo que su agresor.
Por eso, uno de los proyectos que hemos presentado responde a esa situación. Creemos que al menos puede paliar esta gravísima situación que sufren muchas mujeres.
No quiero abundar en muchos datos. Pero sí quiero decir que el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven y el Observatorio Social de Género de La Izquierda Diario señalaron que, si se compara el primer trimestre de 2019 con el primer trimestre de 2020, se observa un incremento de los casos: durante el primer trimestre de este año hubo al menos 116 femicidios, mientras que en el primer trimestre del año anterior la cifra fue menor. También señalan que en lo que va de este año hubo un femicidio cada 26 o 27 horas, mientras que en 2019 se registró uno cada 30 horas.
Además, señalan que en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio hubo semanas en las que se registró un femicidio cada 24 horas. Entonces, tomo estos datos. También hay muchísima información recabada por distintas organizaciones de mujeres.
Esos datos muestran que en los primeros 42 días de la cuarentena hubo 42 femicidios y que el 70 por ciento de ellos ocurrió en el domicilio de la víctima o en el que compartía con el agresor, que en la mayoría de los casos tenía un vínculo cercano. Si los comparamos con los datos de 2019, hay una diferencia: los femicidios ocurridos en el domicilio representaron el 58 por ciento.
Por eso este proyecto contempla una cuestión elemental, como es el acceso de esas mujeres a refugios, hoteles o viviendas ociosas, y los datos que acabo de mencionar nos muestran que se debe actuar en forma más que urgente, por supuesto garantizando todas las medidas sanitarias para la prevención del COVID-19.
El proyecto también apunta a una asistencia mensual no menor a 30.000 pesos para todas las mujeres víctimas de violencia; por supuesto, esa asistencia se debe brindar hasta que puedan reinsertarse o insertarse en el mercado laboral y lograr autonomía económica.
También planteamos el tema de las licencias laborales, porque es muy importante que quienes están siendo violentadas por su condición de género en el ámbito privado o público, en cualquier régimen de contrato de trabajo como planta permanente, como autónomas, etcétera-, tengan aseguradas todas las condiciones para tener licencia; por supuesto, con goce de sueldo. Es decir que también hemos presentado un proyecto específico sobre el tema de las licencias.
Además, como sabemos, en la cuestión laboral las mujeres y la diversidad sufren aún más que los varones la desocupación, la precarización laboral y los bajos salarios que afectan al conjunto de la clase trabajadora. Esto genera aún más dificultades para tener una real autonomía económica; y en los casos de aquellas mujeres que conviven con sus agresores, las expone brutalmente. Por eso proponemos que se garantice un salario para todas las mujeres.
El proyecto también plantea, entre otras cosas, la creación de equipos interdisciplinarios para la prevención, la atención y la asistencia de víctimas de violencia de género. Y hay otros aspectos. Como dije, este proyecto apunta a una emergencia que es integral y estas son medidas mínimas, pero sabemos que son muy importantes porque en el caso de muchas mujeres que sufren violencia es la diferencia que puede haber entre la vida y la muerte.
Para ir finalizando, quiero decir que el Congreso, no solo ahora sino desde hace mucho tiempo, se viene negando a tomar medidas, como esta emergencia ante la violencia de género. Y acá aparece el problema del presupuesto, que mencionó una de las expositoras. Acá es fundamental el tema presupuestario, y nosotros también tenemos proyectos en ese sentido.
Creo que el protagonismo que han tenido las mujeres -sobre todo en los últimos años con las movilizaciones masivas por el "Ni una menos"- tiene que ver con que hoy estemos en una situación distinta. Las mujeres han tomado un gran protagonismo y es urgente tratar este tema. Si no, resulta que muchos se sacan fotos en esas movilizaciones pero, a la hora de la voluntad política para discutir en el Congreso, realmente no se toma ninguna medida. Ya llevamos noventa días de aislamiento y en esta Cámara aún no se ha votado una ley que dé respuesta a esa situación. Realmente, esto me parece muy grave.
Por supuesto que consideramos importante que haya líneas de atención que orienten a las víctimas acerca de cómo proceder ante una situación de violencia, pero con las medidas que han tomado hasta ahora el gobierno nacional y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad realmente no alcanza.
Por eso, proponemos que se avance inmediatamente con los dictámenes y con la discusión y aprobación en el recinto de proyectos como el que hemos presentado, que propone tomar medidas de emergencia en el tema de la violencia contra las mujeres.
Por una cuestión de tiempo, no me voy a explayar en otros elementos y en otros aspectos estructurales.
También quiero decir que es importantísimo el tratamiento del proyecto sobre interrupción voluntaria del embarazo. Creo que está claro que, si no hay aborto legal, tampoco tenemos "Ni una menos", y esto lo han señalado las distintas organizaciones del movimiento de lucha de las mujeres. Creo que es urgente su tratamiento; no creo que no sea una prioridad y que no sea una urgencia. Esto también es muy importante.
Por último, quiero decir lo siguiente. Los problemas estructurales de las mujeres en lo que hace a una violencia económica también los vemos hoy en esta realidad de la pandemia. Los vemos en las mujeres de las organizaciones populares, como Ramona Medina, que perdió la vida por esos problemas estructurales que realmente sufren los sectores populares. Los vemos en muchas mujeres luchadoras que hoy están al frente de encarar esta situación sin recursos, porque vemos cómo el gobierno subsidia a los grandes empresarios mientras que a los sectores populares no les alcanza el IFE de 10.000 pesos. Los vemos en las mujeres trabajadoras de la salud, que están en la primera línea del combate contra el COVID-19, y en tantas otras trabajadoras que hoy sufren las consecuencias; las sufre el conjunto de la clase trabajadora, pero sabemos que las mujeres son las más perjudicadas.
En síntesis, el tratamiento de un proyecto de estas características es fundamental. Así como hemos planteado un proyecto sobre un impuesto a las grandes fortunas y otros temas para terminar con los despidos y las rebajas salariales, nos parece fundamental que este proyecto se discuta en forma inmediata, aunque sea de manera virtual, como se viene funcionando en la Cámara de Diputados. No hay motivo, más que la falta de voluntad política de los bloques mayoritarios, para que no se avance inmediatamente con este proyecto sin desmerecer el debate que se viene realizando sobre temas que quizás no tienen la misma urgencia , por el que se declara la emergencia en materia de violencia contra las mujeres.
SRA. PRESIDENTA GAILLARD Tiene la palabra la señora diputada Gabriela Estévez.
El diputado Luis Petri avisó que tiene mala conectividad. De manera que después hará uso de la palabra la señora diputada Lía Verónica Caliva.
La señora diputada Romina del Plá había hecho una pregunta para que conteste Silvina, y con eso estaríamos terminando.
El diputado Luis Petri avisó que tiene mala conectividad. De manera que después hará uso de la palabra la señora diputada Lía Verónica Caliva.
La señora diputada Romina del Plá había hecho una pregunta para que conteste Silvina, y con eso estaríamos terminando.
SRA. ESTÉVEZ Buenas tardes a todes.
En primera instancia, quiero agradecer a las presidentas de las dos comisiones, Ana Carolina y Mónica, la posibilidad de participar en esta reunión. No estaba planificado que hoy hiciera uso de la palabra, pero como la doctora Julieta Di Corleto se refirió a la difusión de imágenes íntimas de manera no consentida y yo he presentado un proyecto sobre ese tema, la diputada Lucila Masin me cedió el espacio para que yo pudiese hacer uso de la palabra, y las dos presidentas de las comisiones estuvieron de acuerdo. Así que les agradezco esta instancia.
Valoro muy positivamente la participación de los especialistas que hoy estuvieron exponiendo en esta reunión de comisión. Trataré de ser muy breve teniendo en cuenta que ya llevamos varias horas de reunión y estamos todes muy cansades.
Retomando lo que planteó Julieta, quiero decir que un tipo de violencia hacia las mujeres que en los últimos tiempos se está utilizando muchísimo tiene que ver con la difusión de contenido íntimo de manera no consentida, fundamentalmente en las redes sociales, y principalmente tiene relación con un tipo de violencia que está vinculada, más que a la difusión de esas imágenes íntimas, al tipo de valoración que se hace por parte de las personas que observan ese tipo de imágenes, opinan al respecto y establecen un juicio moral sobre la mujer que está siendo expuesta en su intimidad.
De manera también violenta, se suele utilizar un eufemismo para este tipo de difusión de imágenes y se habla de "porno venganza". Yo digo que esto también es parte de la violencia porque, en primer término, no se trata de pornografía ya que esas imágenes se hicieron en el marco de una relación de intimidad, de confianza, y no para que se difundieran; y, en segundo término, tampoco se trata de una situación de venganza porque no es una reacción a un desagravio previo. En realidad, se trata de un acto de violencia ejercido contra una mujer para generar un perjuicio a su intimidad, a su valoración como mujer y a su moral. Esto es lo que principalmente queremos valorar en este proyecto de ley. Me refiero a la incorporación del artículo 155 bis al Código Penal, sobre penalización de la difusión no consentida de contenidos de desnudez total o parcial, o contenido sexual. Puntualmente se trata de penalizar a todo aquel que difunda contenidos de desnudez parcial, contenido sexual o erótico, obtenidos en el marco de una relación íntima, por medios de comunicación electrónica, telecomunicaciones o cualquier otro medio o tecnología de transmisión de datos, sin el expreso consentimiento de sus protagonistas.
Este tipo de violencia sexual ejercida contra las mujeres tiene que ver con un proceso de revictimización constante y el juicio sobre el libre ejercicio de la sexualidad de las mujeres. Por eso nos pareció muy importante tenerlo en cuenta.
Más allá de que no estemos de acuerdo con llevar adelante medidas punitivas, entendemos que tiene que constar en el Código Penal y considerarse como un tipo de violencia ejercida contra las mujeres dentro de la tipología de violencia sexual. Es muy pertinente exponerlo justamente hoy porque la doctora Julieta Di Corletto lo planteó específicamente.
Quiero tomar como referencia un caso que tomó notoriedad pública a nivel nacional, el de Paula Sánchez Frega, quien nos acompañó y fue parte de este proyecto, como así también la organización AGEIA, que trabaja en todo lo que tiene que ver con delitos informáticos.
En primera instancia, quiero agradecer a las presidentas de las dos comisiones, Ana Carolina y Mónica, la posibilidad de participar en esta reunión. No estaba planificado que hoy hiciera uso de la palabra, pero como la doctora Julieta Di Corleto se refirió a la difusión de imágenes íntimas de manera no consentida y yo he presentado un proyecto sobre ese tema, la diputada Lucila Masin me cedió el espacio para que yo pudiese hacer uso de la palabra, y las dos presidentas de las comisiones estuvieron de acuerdo. Así que les agradezco esta instancia.
Valoro muy positivamente la participación de los especialistas que hoy estuvieron exponiendo en esta reunión de comisión. Trataré de ser muy breve teniendo en cuenta que ya llevamos varias horas de reunión y estamos todes muy cansades.
Retomando lo que planteó Julieta, quiero decir que un tipo de violencia hacia las mujeres que en los últimos tiempos se está utilizando muchísimo tiene que ver con la difusión de contenido íntimo de manera no consentida, fundamentalmente en las redes sociales, y principalmente tiene relación con un tipo de violencia que está vinculada, más que a la difusión de esas imágenes íntimas, al tipo de valoración que se hace por parte de las personas que observan ese tipo de imágenes, opinan al respecto y establecen un juicio moral sobre la mujer que está siendo expuesta en su intimidad.
De manera también violenta, se suele utilizar un eufemismo para este tipo de difusión de imágenes y se habla de "porno venganza". Yo digo que esto también es parte de la violencia porque, en primer término, no se trata de pornografía ya que esas imágenes se hicieron en el marco de una relación de intimidad, de confianza, y no para que se difundieran; y, en segundo término, tampoco se trata de una situación de venganza porque no es una reacción a un desagravio previo. En realidad, se trata de un acto de violencia ejercido contra una mujer para generar un perjuicio a su intimidad, a su valoración como mujer y a su moral. Esto es lo que principalmente queremos valorar en este proyecto de ley. Me refiero a la incorporación del artículo 155 bis al Código Penal, sobre penalización de la difusión no consentida de contenidos de desnudez total o parcial, o contenido sexual. Puntualmente se trata de penalizar a todo aquel que difunda contenidos de desnudez parcial, contenido sexual o erótico, obtenidos en el marco de una relación íntima, por medios de comunicación electrónica, telecomunicaciones o cualquier otro medio o tecnología de transmisión de datos, sin el expreso consentimiento de sus protagonistas.
Este tipo de violencia sexual ejercida contra las mujeres tiene que ver con un proceso de revictimización constante y el juicio sobre el libre ejercicio de la sexualidad de las mujeres. Por eso nos pareció muy importante tenerlo en cuenta.
Más allá de que no estemos de acuerdo con llevar adelante medidas punitivas, entendemos que tiene que constar en el Código Penal y considerarse como un tipo de violencia ejercida contra las mujeres dentro de la tipología de violencia sexual. Es muy pertinente exponerlo justamente hoy porque la doctora Julieta Di Corletto lo planteó específicamente.
Quiero tomar como referencia un caso que tomó notoriedad pública a nivel nacional, el de Paula Sánchez Frega, quien nos acompañó y fue parte de este proyecto, como así también la organización AGEIA, que trabaja en todo lo que tiene que ver con delitos informáticos.
SRA. PRESIDENTA GAILLARD Tiene la palabra la señora diputada Caliva.
SRA. CALIVA Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Agradezco el trabajo que vienen realizando las presidentas de las comisiones de Legislación Penal y de Mujeres y Diversidad, diputadas Ana Carolina Gaillard y Mónica Macha, respectivamente.
Soy una diputada que llevo pocos meses ocupando una banca, vengo del interior y no soy abogada. Quiero señalar que me resultó sumamente importante escuchar a las compañeras especialistas. Agradezco la iniciativa de haberlas invitado y que ellas nos hayan explicado cómo se viene desarrollando esta lucha que damos las mujeres para ampliar nuestros derechos y acceder a la Justicia.
Fue realmente muy importante escuchar a las representantes que cotidianamente están vinculadas con las prácticas judiciales, conocen todos los intersticios para que las mujeres no accedan a la Justicia y todos los grises y claroscuros tan importantes que existen para que podamos legislar.
Durante estas tres horas de reunión se nos brindaron los insumos fundamentales para pensar en la legislación que tenemos que elaborar. Debemos trabajar para dar impulso a todos estos procesos políticos por los que venimos luchando desde hace décadas, por lo menos desde el inicio de la democracia.
Todos coincidimos en que no está en debate que las mujeres venimos impulsando la iniciativa con muchísima fuerza, a costa del sufrimiento y de la muerte de las compañeras más vulneradas.
Por otro lado, a pesar de que los avances en materia legislativa nacional y en políticas públicas han sido y son muy importantes, por supuesto no alcanzan y mucho menos en un contexto de pandemia.
Como dijo el diputado Del Caño, fue necesario reingresar algunos proyectos porque se agravaron ciertas condiciones. Asimismo, celebro estas jornadas porque en este contexto es mucho más importante permitirnos estos espacios para reflexionar, aprender y escuchar. Seguramente después discutiremos los proyectos en profundidad en cada una de las comisiones pertinentes.
A la vez felicito a las autoras y autores de los proyectos. A pesar de que no hay ninguno de mi autoría, quiero decir que venimos trabajando con las compañeras diputadas vinculadas con los movimientos sociales, las organizaciones sociales y el movimiento obrero, es decir, las mujeres trabajadoras de los sectores más empobrecidos y vulnerados históricamente del país que luchan para acceder o ampliar sus derechos.
Con las compañeras discutimos distintas iniciativas, entre ellas la emergencia. Además, las compañeras que se sienten representantes de lo que llamamos "feminismo popular" compartieron sus iniciativas y propuestas.
Esta jornada se suma a este proceso que viene dando el feminismo y el movimiento de mujeres de la Argentina. Estoy segura de que el resultado será la sanción de mejores leyes y modificaciones. También daremos un paso para conocer, interactuar y compartir todo lo que se produce desde la academia, gracias a los aportes de los especialistas y la articulación con otros poderes.
Dada la extensión de la jornada, solo me resta celebrar este proceso participativo y agradecer a las presidentas de las dos comisiones. Estoy segura de que con las señoras diputadas Gaillard y Macha seguiremos trabajando en esta línea. Celebro y reivindico que esto esté ocurriendo y creo que esta forma de trabajo se tiene que instalar en esta Honorable Cámara.
Nuevamente saludo y felicito a nuestras invitadas.
Soy una diputada que llevo pocos meses ocupando una banca, vengo del interior y no soy abogada. Quiero señalar que me resultó sumamente importante escuchar a las compañeras especialistas. Agradezco la iniciativa de haberlas invitado y que ellas nos hayan explicado cómo se viene desarrollando esta lucha que damos las mujeres para ampliar nuestros derechos y acceder a la Justicia.
Fue realmente muy importante escuchar a las representantes que cotidianamente están vinculadas con las prácticas judiciales, conocen todos los intersticios para que las mujeres no accedan a la Justicia y todos los grises y claroscuros tan importantes que existen para que podamos legislar.
Durante estas tres horas de reunión se nos brindaron los insumos fundamentales para pensar en la legislación que tenemos que elaborar. Debemos trabajar para dar impulso a todos estos procesos políticos por los que venimos luchando desde hace décadas, por lo menos desde el inicio de la democracia.
Todos coincidimos en que no está en debate que las mujeres venimos impulsando la iniciativa con muchísima fuerza, a costa del sufrimiento y de la muerte de las compañeras más vulneradas.
Por otro lado, a pesar de que los avances en materia legislativa nacional y en políticas públicas han sido y son muy importantes, por supuesto no alcanzan y mucho menos en un contexto de pandemia.
Como dijo el diputado Del Caño, fue necesario reingresar algunos proyectos porque se agravaron ciertas condiciones. Asimismo, celebro estas jornadas porque en este contexto es mucho más importante permitirnos estos espacios para reflexionar, aprender y escuchar. Seguramente después discutiremos los proyectos en profundidad en cada una de las comisiones pertinentes.
A la vez felicito a las autoras y autores de los proyectos. A pesar de que no hay ninguno de mi autoría, quiero decir que venimos trabajando con las compañeras diputadas vinculadas con los movimientos sociales, las organizaciones sociales y el movimiento obrero, es decir, las mujeres trabajadoras de los sectores más empobrecidos y vulnerados históricamente del país que luchan para acceder o ampliar sus derechos.
Con las compañeras discutimos distintas iniciativas, entre ellas la emergencia. Además, las compañeras que se sienten representantes de lo que llamamos "feminismo popular" compartieron sus iniciativas y propuestas.
Esta jornada se suma a este proceso que viene dando el feminismo y el movimiento de mujeres de la Argentina. Estoy segura de que el resultado será la sanción de mejores leyes y modificaciones. También daremos un paso para conocer, interactuar y compartir todo lo que se produce desde la academia, gracias a los aportes de los especialistas y la articulación con otros poderes.
Dada la extensión de la jornada, solo me resta celebrar este proceso participativo y agradecer a las presidentas de las dos comisiones. Estoy segura de que con las señoras diputadas Gaillard y Macha seguiremos trabajando en esta línea. Celebro y reivindico que esto esté ocurriendo y creo que esta forma de trabajo se tiene que instalar en esta Honorable Cámara.
Nuevamente saludo y felicito a nuestras invitadas.
SRA. PRESIDENTA GAILLARD Tiene la palabra la doctora Silvina Perugino, para responderle a la señora diputada Romina Del Plá.
SRA. PERUGINO Gracias de nuevo por la invitación. Todo el debate fue muy interesante.
Respecto del planteo de la señora diputada Del Plá, seguramente todos saben que esa fue una política del gobierno anterior. En su momento se dio marcha atrás en cuanto al presupuesto asignado, que creo que era algo superior a un millón de pesos.
Entendemos que en la provincia de Buenos Aires no hay ningún tipo de sustento económico en esa línea, ya que se trata de una ONG y no de una institución estatal.
Por otro lado, quiero señalar que la primera resolución del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires fue la adopción del protocolo de interrupción legal del embarazo. Además, la ministra Estela Díaz fue la precursora de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Asimismo, el Ministerio de Salud a través del programa ILE compró misoprostol para garantizar todas las interrupciones de embarazo. El particular detalle es que se trató de una compra a la producción pública.
Nuestra política es clara. Más allá de la apertura de los ministerios que nos permiten, por ejemplo, participar de reuniones como la que estamos llevando a cabo, hay una decisión del gobierno nacional, encabezado por el presidente Alberto Fernández, en el sentido de traer el debate del aborto al Congreso de la Nación. El doctor Fernández ya lo manifestó públicamente.
Permítanme decir que creo que nuestro proyecto político defiende las autonomías de las mujeres que quieren "maternar" y de las que no quieren "maternar", entre las que me incluyo. La autonomía sólo puede darse con justicia social y creo que este es el camino que estamos emprendiendo.
Muchas gracias por la invitación.
Respecto del planteo de la señora diputada Del Plá, seguramente todos saben que esa fue una política del gobierno anterior. En su momento se dio marcha atrás en cuanto al presupuesto asignado, que creo que era algo superior a un millón de pesos.
Entendemos que en la provincia de Buenos Aires no hay ningún tipo de sustento económico en esa línea, ya que se trata de una ONG y no de una institución estatal.
Por otro lado, quiero señalar que la primera resolución del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires fue la adopción del protocolo de interrupción legal del embarazo. Además, la ministra Estela Díaz fue la precursora de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Asimismo, el Ministerio de Salud a través del programa ILE compró misoprostol para garantizar todas las interrupciones de embarazo. El particular detalle es que se trató de una compra a la producción pública.
Nuestra política es clara. Más allá de la apertura de los ministerios que nos permiten, por ejemplo, participar de reuniones como la que estamos llevando a cabo, hay una decisión del gobierno nacional, encabezado por el presidente Alberto Fernández, en el sentido de traer el debate del aborto al Congreso de la Nación. El doctor Fernández ya lo manifestó públicamente.
Permítanme decir que creo que nuestro proyecto político defiende las autonomías de las mujeres que quieren "maternar" y de las que no quieren "maternar", entre las que me incluyo. La autonomía sólo puede darse con justicia social y creo que este es el camino que estamos emprendiendo.
Muchas gracias por la invitación.
SRA. PRESIDENTA GAILLARD Con las palabras de la señora diputada Mónica Macha, presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, cerraremos la reunión.
Previamente deseo señalar que la comisión de Legislación Penal pasará a estudio los distintos proyectos a los cuales hicieron referencia las invitadas participantes del encuentro anterior y de este, como los de prisión domiciliaria para las madres de hijos menores, de ampliación de la legitimación, de legítima defensa y otros más como el referido al tema de calumnias e injurias y el de la diputada señora Gabriela Estévez que hoy se mencionó en la reunión. De esta manera, empezaremos a estudiar los distintos proyectos de los cuales han hablado las invitadas de forma favorable.
Quiero agradecerles el tiempo, la dedicación y su presencia, como así también por aguantar durante toda la reunión. Lo rico es la mirada integral que podemos aplicar. Tampoco debemos caer en lógicas binarias como la manera de entender la cuestión del género. Debemos ser respetuosos y tener esa mirada amplia sobre la identidad de género porque si no también vamos a estar cayendo en la violencia de género.
Otro tema es la mirada integral de toda la legislación. Por supuesto, debemos revisar estos mecanismos o dispositivos. Creo que hoy nos dieron muchas herramientas en ese sentido. Fue interesantísimo lo que planteó Marisa sobre la legislación civil, la cantidad de procesos que se abren a la vez y la manera en que podemos unificarlos. También aportaron mucho desde el territorio. La idea era esa, es decir, que muestren cómo trabajan en la cotidianeidad, porque lo que queremos saber es qué herramienta tiene la mujer que sufre de violencia y si el sistema funciona. Me parece que en eso estamos trabajando y nos vamos nutriendo con distintas miradas.
Es muy interesante lo que mencionó Luciana sobre la perspectiva de quién litiga y cuáles son los escollos que se encuentran en el sistema, porque creo que hace a que quienes realmente estén interesados en el proceso, en buscar la verdad y en que no haya impunidad lo puedan hacer por medio de la Justicia. Debemos tener una Justicia más humana, más cercana y con procesos respetuosos de las víctimas.
Quiero agradecerles por el tiempo, por su paciencia y por haber contribuido con su palabra a este debate, a este trabajo que estamos haciendo en forma conjunta con la Comisión de Mujeres y Diversidad.
Tiene la palabra la señora diputada Mónica Macha.
Previamente deseo señalar que la comisión de Legislación Penal pasará a estudio los distintos proyectos a los cuales hicieron referencia las invitadas participantes del encuentro anterior y de este, como los de prisión domiciliaria para las madres de hijos menores, de ampliación de la legitimación, de legítima defensa y otros más como el referido al tema de calumnias e injurias y el de la diputada señora Gabriela Estévez que hoy se mencionó en la reunión. De esta manera, empezaremos a estudiar los distintos proyectos de los cuales han hablado las invitadas de forma favorable.
Quiero agradecerles el tiempo, la dedicación y su presencia, como así también por aguantar durante toda la reunión. Lo rico es la mirada integral que podemos aplicar. Tampoco debemos caer en lógicas binarias como la manera de entender la cuestión del género. Debemos ser respetuosos y tener esa mirada amplia sobre la identidad de género porque si no también vamos a estar cayendo en la violencia de género.
Otro tema es la mirada integral de toda la legislación. Por supuesto, debemos revisar estos mecanismos o dispositivos. Creo que hoy nos dieron muchas herramientas en ese sentido. Fue interesantísimo lo que planteó Marisa sobre la legislación civil, la cantidad de procesos que se abren a la vez y la manera en que podemos unificarlos. También aportaron mucho desde el territorio. La idea era esa, es decir, que muestren cómo trabajan en la cotidianeidad, porque lo que queremos saber es qué herramienta tiene la mujer que sufre de violencia y si el sistema funciona. Me parece que en eso estamos trabajando y nos vamos nutriendo con distintas miradas.
Es muy interesante lo que mencionó Luciana sobre la perspectiva de quién litiga y cuáles son los escollos que se encuentran en el sistema, porque creo que hace a que quienes realmente estén interesados en el proceso, en buscar la verdad y en que no haya impunidad lo puedan hacer por medio de la Justicia. Debemos tener una Justicia más humana, más cercana y con procesos respetuosos de las víctimas.
Quiero agradecerles por el tiempo, por su paciencia y por haber contribuido con su palabra a este debate, a este trabajo que estamos haciendo en forma conjunta con la Comisión de Mujeres y Diversidad.
Tiene la palabra la señora diputada Mónica Macha.
SRA. MACHA Señora presidenta: agradezco también a todas las invitadas que hoy estuvieron con nosotras, nosotros y nosotres y a Laura Caniggia por su moderación en este panel.
Coincido con lo expresado por usted, en el sentido de que muchas cuestiones que se plantearon hoy son interesantes para repensar los proyectos y nuestros modos de trabajo. Trayendo algunas de las líneas que se mencionaron aquí, el trato idéntico revictimiza a la mujer violentada. Estas cuestiones están vinculadas con el acceso a la Justicia.
También debemos pensar la manera en que el Poder Judicial trata a las mujeres que son víctimas y cómo acompañamos a ellas y sus familiares.
Por otro lado, debemos replantearnos que el acompañamiento no solamente es judicial, sino también social y material, y el lugar central que ocupan los territorios en las políticas de Justicia.
En relación con las violencias que están invisibilizadas y necesitan acciones específicas, se trajeron algunos ejemplos, como la violencia digital y obstétrica, el acoso sexual y la situación de las mujeres en contextos de encierro, muchas vinculadas con el narcomenudeo como estrategia de supervivencia. Considero que este dato es muy importante.
El concepto de autonomía me parece central en relación con los acuerdos que se pueden realizar en el Poder Judicial y el lugar de las mujeres y las distintas identidades de género. Aquí traigo a colación que hablamos de lesbianas, travestis, trans, intersex y no binaries, porque me parece que también aquí hay una línea fundamental a tener en cuenta, que es parte de esta idea de un feminismo popular que pueda nombrar todas las identidades o que encontremos conceptos donde estén todas las identidades de género incluidas.
Para la articulación de estas dos comisiones me parece fundamental poner en cuestión esto también sucedió la semana pasada la idea de si el punitivismo es el eje o si en realidad es cómo se llevan adelante las leyes que ya existen y cuál es el rol también del Poder Legislativo en esto, es decir, si es de...
- Se interrumpe el audio.
Coincido con lo expresado por usted, en el sentido de que muchas cuestiones que se plantearon hoy son interesantes para repensar los proyectos y nuestros modos de trabajo. Trayendo algunas de las líneas que se mencionaron aquí, el trato idéntico revictimiza a la mujer violentada. Estas cuestiones están vinculadas con el acceso a la Justicia.
También debemos pensar la manera en que el Poder Judicial trata a las mujeres que son víctimas y cómo acompañamos a ellas y sus familiares.
Por otro lado, debemos replantearnos que el acompañamiento no solamente es judicial, sino también social y material, y el lugar central que ocupan los territorios en las políticas de Justicia.
En relación con las violencias que están invisibilizadas y necesitan acciones específicas, se trajeron algunos ejemplos, como la violencia digital y obstétrica, el acoso sexual y la situación de las mujeres en contextos de encierro, muchas vinculadas con el narcomenudeo como estrategia de supervivencia. Considero que este dato es muy importante.
El concepto de autonomía me parece central en relación con los acuerdos que se pueden realizar en el Poder Judicial y el lugar de las mujeres y las distintas identidades de género. Aquí traigo a colación que hablamos de lesbianas, travestis, trans, intersex y no binaries, porque me parece que también aquí hay una línea fundamental a tener en cuenta, que es parte de esta idea de un feminismo popular que pueda nombrar todas las identidades o que encontremos conceptos donde estén todas las identidades de género incluidas.
Para la articulación de estas dos comisiones me parece fundamental poner en cuestión esto también sucedió la semana pasada la idea de si el punitivismo es el eje o si en realidad es cómo se llevan adelante las leyes que ya existen y cuál es el rol también del Poder Legislativo en esto, es decir, si es de...
- Se interrumpe el audio.
SRA. MACHA ...o de contralor frente a estas situaciones.
Finalmente, mientras escuchábamos con la señora diputada Gaillard las distintas ponencias nos planteábamos estudiar de manera conjunta y actualizar la ley de violencia de género. Me refiero a la necesidad de actualizarla a los tiempos y problemáticas actuales, a las experiencias que fuimos construyendo en estos años y fundamentalmente a quitar la perspectiva binaria, que a esta altura creo que ya es realmente un obstáculo. Necesitamos incluir a todos los géneros con las problemáticas y modos de violencia específicos que sufre cada identidad de género.
Gracias por la paciencia, por el trabajo y por habernos escuchado. Nos parece que es un modo de trabajo útil. Nosotros tenemos, por supuesto, la urgencia que implica estar en esta situación de cuarentena, de pandemia y de estar fuera de los espacios de trabajo, por lo que hemos perdido una serie de instancias laborales. Es decir, estamos en un contexto sumamente urgente. Ninguna de nosotros, nosotras y nosotres podría poner en discusión eso. Consideramos que esto es parte de nuestro trabajo.
Por supuesto que también coincidimos en que es muy urgente el tratamiento del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo en el mejor contexto posible para que podamos debatirlo y finalmente convertirlo en ley.
Muchas gracias. Nos vemos en la próxima reunión.
Finalmente, mientras escuchábamos con la señora diputada Gaillard las distintas ponencias nos planteábamos estudiar de manera conjunta y actualizar la ley de violencia de género. Me refiero a la necesidad de actualizarla a los tiempos y problemáticas actuales, a las experiencias que fuimos construyendo en estos años y fundamentalmente a quitar la perspectiva binaria, que a esta altura creo que ya es realmente un obstáculo. Necesitamos incluir a todos los géneros con las problemáticas y modos de violencia específicos que sufre cada identidad de género.
Gracias por la paciencia, por el trabajo y por habernos escuchado. Nos parece que es un modo de trabajo útil. Nosotros tenemos, por supuesto, la urgencia que implica estar en esta situación de cuarentena, de pandemia y de estar fuera de los espacios de trabajo, por lo que hemos perdido una serie de instancias laborales. Es decir, estamos en un contexto sumamente urgente. Ninguna de nosotros, nosotras y nosotres podría poner en discusión eso. Consideramos que esto es parte de nuestro trabajo.
Por supuesto que también coincidimos en que es muy urgente el tratamiento del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo en el mejor contexto posible para que podamos debatirlo y finalmente convertirlo en ley.
Muchas gracias. Nos vemos en la próxima reunión.
SRA. PRESIDENTA GAILLARD Muchas gracias a todos los presentes y a las invitadas.
No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la reunión.
- Es la hora 18 y 33.
No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la reunión.
- Es la hora 18 y 33.