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LEGISLACION PENAL
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P04 Oficina 404
Jefe DR. TINTO JUAN ENRIQUE
Martes 15.30hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-7493/94 Internos 2403/01
clpenal@hcdn.gob.ar
- LEGISLACION PENAL
- FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
- LEGISLACION PENAL
- ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA
Reunión del día 10/05/2018
- IVE (CONJUNTA - TARDE)
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo de 2018, a la hora 15 y 5:
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Damos comienzo a la novena jornada de reuniones plenarias informativas de las comisiones de Legislación General, de Legislación Penal, de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y de Acción Social y Salud Pública para tratar diversos proyectos de ley sobre despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
A lo largo de estas reuniones, los expositores propuestos por cada uno de los miembros de esta Honorable Cámara de Diputados tienen la posibilidad de hablar en este debate histórico sobre un tema tan importante.
En primer lugar, quiero agradecer a las presidentas de las tres comisiones que integran este plenario junto a la de Legislación General: las diputadas Carmen Polledo, de Acción Social y Salud Pública; Gabriela Burgos, de Legislación Penal, y Alejandra Martínez, de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.
También agradezco a los demás diputados y diputadas presentes y, por supuesto, especialmente a los expositores.
Esta reunión plenaria es informativa. Por lo tanto, no requiere quórum para su celebración porque no está destinada a dictaminar. Por ello se puede celebrar con algunas de las autoridades de las cuatro comisiones encargadas del tratamiento del tema.
Por otro lado, quiero contar que en estas nueve jornadas hemos tenido la posibilidad de escuchar a más de trescientos expositores y de acceder a la información que cada uno fue brindando, lo cual ha sido muy importante para todos los diputados.
Esas exposiciones, no solamente fueron escuchadas en esta sala, sino que además han sido difundidas a través de los medios de comunicación digital de la Cámara de Diputados, como el canal Diputados TV, por YouTube y por streaming. Las entradas registradas marcaron un récord, lo que demuestra el interés que despierta este debate en la sociedad argentina.
Como venimos haciendo a lo largo de estas jornadas, las exposiciones tienen una duración de siete minutos y en el minuto seis se le avisa al orador que le resta uno. Además, las ponencias a favor y en contra de la despenalización se realizarán en forma alternada, de manera que si alguien quiere referirse a una exposición anterior puede hacerlo sin inconveniente. De esta manera, podemos enriquecer el debate en cuanto a la contraposición de distintas visiones sobre esta temática.
Tiene la palabra el señor legislador Oscar González, presidente provisorio del Poder Legislativo de la provincia de Córdoba en ejercicio de la presidencia.
A lo largo de estas reuniones, los expositores propuestos por cada uno de los miembros de esta Honorable Cámara de Diputados tienen la posibilidad de hablar en este debate histórico sobre un tema tan importante.
En primer lugar, quiero agradecer a las presidentas de las tres comisiones que integran este plenario junto a la de Legislación General: las diputadas Carmen Polledo, de Acción Social y Salud Pública; Gabriela Burgos, de Legislación Penal, y Alejandra Martínez, de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.
También agradezco a los demás diputados y diputadas presentes y, por supuesto, especialmente a los expositores.
Esta reunión plenaria es informativa. Por lo tanto, no requiere quórum para su celebración porque no está destinada a dictaminar. Por ello se puede celebrar con algunas de las autoridades de las cuatro comisiones encargadas del tratamiento del tema.
Por otro lado, quiero contar que en estas nueve jornadas hemos tenido la posibilidad de escuchar a más de trescientos expositores y de acceder a la información que cada uno fue brindando, lo cual ha sido muy importante para todos los diputados.
Esas exposiciones, no solamente fueron escuchadas en esta sala, sino que además han sido difundidas a través de los medios de comunicación digital de la Cámara de Diputados, como el canal Diputados TV, por YouTube y por streaming. Las entradas registradas marcaron un récord, lo que demuestra el interés que despierta este debate en la sociedad argentina.
Como venimos haciendo a lo largo de estas jornadas, las exposiciones tienen una duración de siete minutos y en el minuto seis se le avisa al orador que le resta uno. Además, las ponencias a favor y en contra de la despenalización se realizarán en forma alternada, de manera que si alguien quiere referirse a una exposición anterior puede hacerlo sin inconveniente. De esta manera, podemos enriquecer el debate en cuanto a la contraposición de distintas visiones sobre esta temática.
Tiene la palabra el señor legislador Oscar González, presidente provisorio del Poder Legislativo de la provincia de Córdoba en ejercicio de la presidencia.
SR. GONZÁLEZ Autoridades de las comisiones, señores legisladores: cuando nos conectamos para ordenar mi participación en este plenario de comisiones me preguntaron si iba a hablar a favor o en contra de la despenalización -o como se la quiera llamar- del aborto. Creo que en esa simplificación de posturas contrapuestas y aparentemente irreconciliables está la primera dificultad para abordar racionalmente este tema. Es más, creo que es una verdadera trampa porque la despenalización del aborto no puede ser abordada simplemente por si se está a favor o en contra.
Nuestra gente comentó cuál era mi posición y resolvieron que yo debía estar entre los que hablaban en contra, algo que, en definitiva, no es así.
Déjenme decir que, además de legislador, tengo muchos años de ejercicio de la medicina como médico de pueblo, es decir, en el interior del interior. He sido ministro de Salud de mi provincia durante seis años, diputado nacional y presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de esa Cámara.
Los años en los que más aprendí sobre la temática en debate son los que ejercí como médico. Por eso quisiera arrancar diciendo y recordando que ningún aborto es gratis. Generalmente, todo aborto implica un trauma en la vida de la mujer que lo realiza. Ninguna mujer aborta porque le gusta. Llega al aborto abrumada por una crisis, por un problema que la excede y no puede resolver. Entonces, opta por este camino que siempre indica que el sistema familiar, social o público falló y que, como consecuencia de ello, la mujer se ve obligada a tomar esa decisión.
¿Por qué digo que esta contradicción encierra una trampa? Porque el tema generalmente se plantea desde dos extremos.
Desde los sectores radicalizados se sublima el derecho de la mujer a disponer libremente de su cuerpo. Se dice que ningún derecho es más fuerte que el de la mujer de decidir sobre su reproducción, su sexo y, en definitiva, sobre la interrupción de una gestación.
Es más, cuando escucho determinadas posiciones sostenidas desde este extremo, pareciera ser que algunos creen que abortar es una epopeya y que definitivamente da a la mujer la patente de emancipada sexual.
El otro extremo no es menos irracional. Hay quienes sostienen con terquedad que el sexo solo es legítimo con fines reproductivos y que la única solución para evitar un embarazo es la abstinencia sexual. Esta posición, sostenida desde una terquedad cercana a la hipocresía, es un extremo al igual que el otro.
En definitiva, lo que tendríamos que preguntarnos es: ¿por qué estamos discutiendo este tema en la sociedad argentina?
Algunos dicen que es una cortina de humo puesta en un momento particular. Otros, con no menos razón, defienden la legitimidad de dar este debate; yo estoy entre ellos.
Pero me parece que hay cosas que no pueden perderse de vista en esta discusión. En primer lugar, he escuchado muchas veces que hay quinientos mil abortos por año en la República Argentina. No sé de dónde salen estos datos, salvo que los señores legisladores tengan en sus manos algún informe proporcionado por el ministro de Salud de nuestro país con cifras confiables y uno pueda saber cuáles son las fuentes que han permitido llegar a ese número. Que yo sepa, hace más de quince años que no hay registros ni estudios serios sobre la cantidad de abortos provocados, porque de esto estamos discutiendo aquí.
Lo que sí puedo dar con certeza son algunos números de mi provincia. En Córdoba, en 2017, hubo cero casos de mortalidad materna por aborto provocado. Lo mismo en 2016, mientras que en 2015 hubo una muerte. Es decir que, en los últimos tres años, en mi provincia se registró un solo caso de mortalidad materna por aborto provocado.
Permítaseme agregar algo más a mi exposición. En mi provincia nacen aproximadamente sesenta mil niños por año; es decir que sesenta mil mujeres tienen hijos anualmente. De ellas, treinta mil -es decir, más o menos la mitad- alumbran en maternidades privadas, mientras que el resto lo hace en maternidades públicas. En cuanto a los nacimientos en el sector público, voy a dar un dato que no es trucho: una de cada cuatro o cinco mujeres que alumbran en las maternidades públicas son adolescentes. Quiere decir que anualmente, cerca de seis mil mujeres tienen un hijo antes de los 18 años. O sea que, en estos tres años en los que hubo una muerte materna por aborto provocado, dieciocho mil criaturas tuvieron un hijo.
Finalmente, quiero señalar que el verdadero drama es el embarazo no deseado. Entonces, legalizar el aborto extendiendo el derecho de disponer del propio cuerpo sin que haya antes una intervención profunda del Estado en este tema, es una verdadera tragedia. Como país -es decir, Estado nacional, estados provinciales y gobiernos locales- debemos trabajar en un programa que realmente induzca a una educación sexual profunda, sin limitaciones de ningún tipo, sin presiones de credos o religiones y que vaya mucho más allá de lo que habitualmente existe. Necesitamos un programa de salud reproductiva, que hoy no tenemos. Esto generaría que equipos especializados se dediquen a asesorar, instruir y facilitar el acceso a la anticoncepción a todas las mujeres.
Asimismo, es preciso dictar programas de protección de la mujer embarazada cuando, a pesar de todas estas cuestiones, el embarazo sobreviene.
Se requiere de una ley que establezca un período de transición y fije la necesidad de trabajar en serio con financiamiento adecuado, porque esto cuesta mucho dinero. Es preciso elaborar un programa de educación sexual y de salud reproductiva en forma coordinada entre el Estado nacional, los estados provinciales y los gobiernos locales junto a la implementación de programas de protección del embarazo y de la mujer embarazada que se extiendan después del parto.
Desde mi punto de vista, despenalizar el aborto o legalizar la interrupción voluntaria del embarazo sin haber dado estos pasos previos en forma seria, representaría una verdadera tragedia sanitaria. Este proyecto de ley en discusión nada hace para evitar que haya menos abortos; simplemente los legaliza. Yo creo que esa es una mirada muy sesgada del tema y que este Congreso tiene un enorme desafío por delante: trabajar a fondo en una solución proactiva. Pienso que esto es lo que espera la sociedad, más allá de la contradicción simplista que mencioné al principio. (Aplausos.)
Nuestra gente comentó cuál era mi posición y resolvieron que yo debía estar entre los que hablaban en contra, algo que, en definitiva, no es así.
Déjenme decir que, además de legislador, tengo muchos años de ejercicio de la medicina como médico de pueblo, es decir, en el interior del interior. He sido ministro de Salud de mi provincia durante seis años, diputado nacional y presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de esa Cámara.
Los años en los que más aprendí sobre la temática en debate son los que ejercí como médico. Por eso quisiera arrancar diciendo y recordando que ningún aborto es gratis. Generalmente, todo aborto implica un trauma en la vida de la mujer que lo realiza. Ninguna mujer aborta porque le gusta. Llega al aborto abrumada por una crisis, por un problema que la excede y no puede resolver. Entonces, opta por este camino que siempre indica que el sistema familiar, social o público falló y que, como consecuencia de ello, la mujer se ve obligada a tomar esa decisión.
¿Por qué digo que esta contradicción encierra una trampa? Porque el tema generalmente se plantea desde dos extremos.
Desde los sectores radicalizados se sublima el derecho de la mujer a disponer libremente de su cuerpo. Se dice que ningún derecho es más fuerte que el de la mujer de decidir sobre su reproducción, su sexo y, en definitiva, sobre la interrupción de una gestación.
Es más, cuando escucho determinadas posiciones sostenidas desde este extremo, pareciera ser que algunos creen que abortar es una epopeya y que definitivamente da a la mujer la patente de emancipada sexual.
El otro extremo no es menos irracional. Hay quienes sostienen con terquedad que el sexo solo es legítimo con fines reproductivos y que la única solución para evitar un embarazo es la abstinencia sexual. Esta posición, sostenida desde una terquedad cercana a la hipocresía, es un extremo al igual que el otro.
En definitiva, lo que tendríamos que preguntarnos es: ¿por qué estamos discutiendo este tema en la sociedad argentina?
Algunos dicen que es una cortina de humo puesta en un momento particular. Otros, con no menos razón, defienden la legitimidad de dar este debate; yo estoy entre ellos.
Pero me parece que hay cosas que no pueden perderse de vista en esta discusión. En primer lugar, he escuchado muchas veces que hay quinientos mil abortos por año en la República Argentina. No sé de dónde salen estos datos, salvo que los señores legisladores tengan en sus manos algún informe proporcionado por el ministro de Salud de nuestro país con cifras confiables y uno pueda saber cuáles son las fuentes que han permitido llegar a ese número. Que yo sepa, hace más de quince años que no hay registros ni estudios serios sobre la cantidad de abortos provocados, porque de esto estamos discutiendo aquí.
Lo que sí puedo dar con certeza son algunos números de mi provincia. En Córdoba, en 2017, hubo cero casos de mortalidad materna por aborto provocado. Lo mismo en 2016, mientras que en 2015 hubo una muerte. Es decir que, en los últimos tres años, en mi provincia se registró un solo caso de mortalidad materna por aborto provocado.
Permítaseme agregar algo más a mi exposición. En mi provincia nacen aproximadamente sesenta mil niños por año; es decir que sesenta mil mujeres tienen hijos anualmente. De ellas, treinta mil -es decir, más o menos la mitad- alumbran en maternidades privadas, mientras que el resto lo hace en maternidades públicas. En cuanto a los nacimientos en el sector público, voy a dar un dato que no es trucho: una de cada cuatro o cinco mujeres que alumbran en las maternidades públicas son adolescentes. Quiere decir que anualmente, cerca de seis mil mujeres tienen un hijo antes de los 18 años. O sea que, en estos tres años en los que hubo una muerte materna por aborto provocado, dieciocho mil criaturas tuvieron un hijo.
Finalmente, quiero señalar que el verdadero drama es el embarazo no deseado. Entonces, legalizar el aborto extendiendo el derecho de disponer del propio cuerpo sin que haya antes una intervención profunda del Estado en este tema, es una verdadera tragedia. Como país -es decir, Estado nacional, estados provinciales y gobiernos locales- debemos trabajar en un programa que realmente induzca a una educación sexual profunda, sin limitaciones de ningún tipo, sin presiones de credos o religiones y que vaya mucho más allá de lo que habitualmente existe. Necesitamos un programa de salud reproductiva, que hoy no tenemos. Esto generaría que equipos especializados se dediquen a asesorar, instruir y facilitar el acceso a la anticoncepción a todas las mujeres.
Asimismo, es preciso dictar programas de protección de la mujer embarazada cuando, a pesar de todas estas cuestiones, el embarazo sobreviene.
Se requiere de una ley que establezca un período de transición y fije la necesidad de trabajar en serio con financiamiento adecuado, porque esto cuesta mucho dinero. Es preciso elaborar un programa de educación sexual y de salud reproductiva en forma coordinada entre el Estado nacional, los estados provinciales y los gobiernos locales junto a la implementación de programas de protección del embarazo y de la mujer embarazada que se extiendan después del parto.
Desde mi punto de vista, despenalizar el aborto o legalizar la interrupción voluntaria del embarazo sin haber dado estos pasos previos en forma seria, representaría una verdadera tragedia sanitaria. Este proyecto de ley en discusión nada hace para evitar que haya menos abortos; simplemente los legaliza. Yo creo que esa es una mirada muy sesgada del tema y que este Congreso tiene un enorme desafío por delante: trabajar a fondo en una solución proactiva. Pienso que esto es lo que espera la sociedad, más allá de la contradicción simplista que mencioné al principio. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Tiene la palabra la señora Amanda Alma. Es periodista parlamentaria, autora del libro Mujeres que se encuentran y presidenta de la Cooperativa de Comunicación Feminista "Manifiesta".
SRA. ALMA Señor presidente: en estas nueve jornadas se plantearon dos perspectivas: una a favor y otra en contra del aborto. Se vieron muchas imágenes: fetos desmembrados, quirófanos, sangre, ecografías, alguna que otra caja de misoprostol, fotos personales, marchas y manifestaciones. Todas ellas encierran un sentido y, entre otras cosas, generan representaciones sociales que se verán plasmadas en una ley.
Por eso, quiero intentar otra perspectiva y mostrar otras imágenes para que, sobre todo, se lleven en sus cabezas representaciones diferentes del aborto. Es decir, representaciones sin dramas, sin quirófanos y, además, sin morbo, algo necesario a esta altura del debate.
La sociedad construye sentido, ideas y representaciones a través de los mitos. Permítaseme mencionar al semiólogo francés Roland Barthes, quien definió al mito como un sistema de comunicación y un mensaje. Concretamente, sostuvo que no se trata de un objeto ni de un concepto sino más bien de un modo y una forma de significación que no tiene contexto ni historia.
Por su parte, la filósofa norteamericana Donna Haraway analizó que el mito del aborto se afirma con la aparición de la ecografía.
La imagen del feto en su representación clásica, en un sistema de imágenes similar al utilizado para mostrar el planeta Tierra, es definido socialmente -según esta autora- como el ícono de la persona, la familia, la nación, el origen, la vida y el futuro. Es decir que una misma matriz tecnológica visual permite asimilar esta idea de la Tierra flotando en medio del espacio con el feto en el líquido amniótico. Cobran significados idénticos porque son equiparados a lo sagrado, lo frágil y lo vulnerable debido a que son producidos de igual manera por la cultura visual tecnológica.
En este sentido, la primera imagen que quiero mostrar es la de una marcha que hicieron hace algunas semanas los sectores que no apoyan la despenalización del aborto. Es una imagen del feto mítico que está representado en un estilo clásico. Las redes sociales inmediatamente lo difundieron, y se volvió una imagen de circulación masiva y fortalecida.
La representación generalizada de este feto como portador y receptor de sentido, y la asociación con la idea de que quiere ser ingeniero, lo transforman en esa instancia en algo particular. Además, actualiza ese mito justamente como una idea de pureza.
Como soy comunicadora social y quiero hablar de la dinámica de las redes sociales, pues a eso me dedico además de ser periodista parlamentaria, me gustaría recordar que inmediatamente después se hizo viral un hashtag que tiene que ver con el "feto ingeniero". Así cambió radicalmente el sentido de lo que mostraba la anterior imagen, que tenía que ver con la idea de pureza.
Ese cambio radical de sentido respecto del cartel original generó la irreverencia que tiene el humor como dimensión posible para ir entendiendo cómo la sociedad va descriminalizando y desmitificando todos los sentidos. A veces, con esa idea del mito, estos quedan anquilosados en ideas históricas y en procesos que están descontextualizados con la actualización.
Entonces, se altera la idea del feto flotando en el líquido amniótico como un lugar sagrado y se lo transforma en algo vulgar y chabacano de lo que todos nos reímos porque ese es el sentido que tiene el humor.
Estas imágenes toman el humor y resignifican la solemnidad que se le intenta dar al aborto como algo vinculado con la cuestión sagrada.
La idea del "meme" en los tweets, lo que significó durante estos días fue una irreverencia del sentido. Ese feto inocente y vulnerable que sufre en el discurso tradicional conservador, se vuelve una tostada o flota en el marco de un café con leche.
Reírse de este proceso melodramático que se intenta imponer al aborto desde los discursos hegemónicos, viene a mostrarnos cómo la sociedad va descriminalizando muchos de los sentidos que aquí intentamos encorsetar en la idea de un marco legal o médico para definir de qué estamos hablando.
Por eso, en tiempos donde se debate sobre una ley de despenalización y legalización del aborto, me parece interesante que empecemos a pensar de qué manera se la va a concretar: si de una forma vinculada con las posiciones conservadores que aún intentan circunscribir este debate en el marco de lo sacrílego, lo dramático y lo legal o si, por el contrario, se escucharán las miles de voces que, desde las redes sociales -uno de los fenómenos de este tiempo-, han llevado a multiplicar la imagen del "feto ingeniero" como una manera de posicionarse en contra de estas perspectivas conservadoras.
En ese sentido, la idea de desdramatizarlo tiene que ver con que todos, como ejercicio colectivo, podamos ir transformando las imágenes que construimos sobre el aborto para sumar la perspectiva de la cultura popular, del humor y de la irreverencia, a fin de poder amplificar nuestra mirada y no quedarnos en la dicotomía "vida o muerte", sino en las decisiones que cada una va tomando a la hora de pensar sus proyectos personales.
A través de mi participación en esta jornada, mi expectativa es que puedan entender cómo la sociedad argentina ya logró descriminalizar y desdramatizar el aborto, sacándolo de ese corsé que aún persiste, y que el Congreso de la Nación, en el marco de los debates sobre estos proyectos de ley, pueda ir transformando su mirada y amplificando la participación popular.
Los dejo con las imágenes que se muestran en pantalla. A todos los que estuvieron replicando el "feto ingeniero" durante estos meses en las redes sociales, les agradezco por el gran aporte que han hecho a la cultura popular al transformar una mirada totalmente vinculada con concepciones tradicionales en algo propio de esta generación irreverente que, como dijeron algunas de mis compañeras en otra oportunidad, ya legalizaron el aborto. (Aplausos.)
Por eso, quiero intentar otra perspectiva y mostrar otras imágenes para que, sobre todo, se lleven en sus cabezas representaciones diferentes del aborto. Es decir, representaciones sin dramas, sin quirófanos y, además, sin morbo, algo necesario a esta altura del debate.
La sociedad construye sentido, ideas y representaciones a través de los mitos. Permítaseme mencionar al semiólogo francés Roland Barthes, quien definió al mito como un sistema de comunicación y un mensaje. Concretamente, sostuvo que no se trata de un objeto ni de un concepto sino más bien de un modo y una forma de significación que no tiene contexto ni historia.
Por su parte, la filósofa norteamericana Donna Haraway analizó que el mito del aborto se afirma con la aparición de la ecografía.
La imagen del feto en su representación clásica, en un sistema de imágenes similar al utilizado para mostrar el planeta Tierra, es definido socialmente -según esta autora- como el ícono de la persona, la familia, la nación, el origen, la vida y el futuro. Es decir que una misma matriz tecnológica visual permite asimilar esta idea de la Tierra flotando en medio del espacio con el feto en el líquido amniótico. Cobran significados idénticos porque son equiparados a lo sagrado, lo frágil y lo vulnerable debido a que son producidos de igual manera por la cultura visual tecnológica.
En este sentido, la primera imagen que quiero mostrar es la de una marcha que hicieron hace algunas semanas los sectores que no apoyan la despenalización del aborto. Es una imagen del feto mítico que está representado en un estilo clásico. Las redes sociales inmediatamente lo difundieron, y se volvió una imagen de circulación masiva y fortalecida.
La representación generalizada de este feto como portador y receptor de sentido, y la asociación con la idea de que quiere ser ingeniero, lo transforman en esa instancia en algo particular. Además, actualiza ese mito justamente como una idea de pureza.
Como soy comunicadora social y quiero hablar de la dinámica de las redes sociales, pues a eso me dedico además de ser periodista parlamentaria, me gustaría recordar que inmediatamente después se hizo viral un hashtag que tiene que ver con el "feto ingeniero". Así cambió radicalmente el sentido de lo que mostraba la anterior imagen, que tenía que ver con la idea de pureza.
Ese cambio radical de sentido respecto del cartel original generó la irreverencia que tiene el humor como dimensión posible para ir entendiendo cómo la sociedad va descriminalizando y desmitificando todos los sentidos. A veces, con esa idea del mito, estos quedan anquilosados en ideas históricas y en procesos que están descontextualizados con la actualización.
Entonces, se altera la idea del feto flotando en el líquido amniótico como un lugar sagrado y se lo transforma en algo vulgar y chabacano de lo que todos nos reímos porque ese es el sentido que tiene el humor.
Estas imágenes toman el humor y resignifican la solemnidad que se le intenta dar al aborto como algo vinculado con la cuestión sagrada.
La idea del "meme" en los tweets, lo que significó durante estos días fue una irreverencia del sentido. Ese feto inocente y vulnerable que sufre en el discurso tradicional conservador, se vuelve una tostada o flota en el marco de un café con leche.
Reírse de este proceso melodramático que se intenta imponer al aborto desde los discursos hegemónicos, viene a mostrarnos cómo la sociedad va descriminalizando muchos de los sentidos que aquí intentamos encorsetar en la idea de un marco legal o médico para definir de qué estamos hablando.
Por eso, en tiempos donde se debate sobre una ley de despenalización y legalización del aborto, me parece interesante que empecemos a pensar de qué manera se la va a concretar: si de una forma vinculada con las posiciones conservadores que aún intentan circunscribir este debate en el marco de lo sacrílego, lo dramático y lo legal o si, por el contrario, se escucharán las miles de voces que, desde las redes sociales -uno de los fenómenos de este tiempo-, han llevado a multiplicar la imagen del "feto ingeniero" como una manera de posicionarse en contra de estas perspectivas conservadoras.
En ese sentido, la idea de desdramatizarlo tiene que ver con que todos, como ejercicio colectivo, podamos ir transformando las imágenes que construimos sobre el aborto para sumar la perspectiva de la cultura popular, del humor y de la irreverencia, a fin de poder amplificar nuestra mirada y no quedarnos en la dicotomía "vida o muerte", sino en las decisiones que cada una va tomando a la hora de pensar sus proyectos personales.
A través de mi participación en esta jornada, mi expectativa es que puedan entender cómo la sociedad argentina ya logró descriminalizar y desdramatizar el aborto, sacándolo de ese corsé que aún persiste, y que el Congreso de la Nación, en el marco de los debates sobre estos proyectos de ley, pueda ir transformando su mirada y amplificando la participación popular.
Los dejo con las imágenes que se muestran en pantalla. A todos los que estuvieron replicando el "feto ingeniero" durante estos meses en las redes sociales, les agradezco por el gran aporte que han hecho a la cultura popular al transformar una mirada totalmente vinculada con concepciones tradicionales en algo propio de esta generación irreverente que, como dijeron algunas de mis compañeras en otra oportunidad, ya legalizaron el aborto. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Tiene la palabra el doctor Christian Hooft, quien es abogado, licenciado en Teología, Magíster en Administración y miembro del Consejo Directivo Nacional de ACIERA.
SR. HOOFT Señor presidente: trabajo con jóvenes desde hace treinta años en diferentes áreas sociales y del derecho.
Por mi mente también confluyen preguntas y reflexiones en torno a la razonabilidad y coherencia de la despenalización del aborto, las cuales tengo el honor de compartir con los legisladores de esta Honorable Cámara.
Gracias a la fuerte campaña mediática y de redes que -como acabamos de ver- logró instalar el tema en la agenda pública, hoy como sociedad podemos profundizar y sacar a luz muchos de los temas que no hemos discutido por años.
Sin embargo, reconocemos que se han usado frases estratégicamente diseñadas para confundir y sesgar la discusión a través de argumentos un tanto falaces, que tratan de resaltar ciertos aspectos y ocultar otros.
Se habla de respetar la decisión de la mujer sobre su propio cuerpo sabiendo que, en verdad, se trata de dos cuerpos humanos. Desde el momento de la concepción, el embrión envía señales moleculares a la madre para que ambos se coordinen como dos vidas distintas, en perfecta simbiosis durante toda la gestación. Un corazón que late no puede ser considerado parte del mismo cuerpo de la mujer, sino que es el regalo de la vida que está comenzando. Hoy lo podemos ver claramente con los ecógrafos de última generación.
Se minimiza la existencia del niño por nacer al considerarlo un simple conjunto de células o un cuerpo que todavía no siente, poniéndose en duda el comienzo de la existencia de la persona. No se toma en consideración el valor del cuerpo humano ni que todo cuerpo humano es personal. La dimensión corporal es un elemento constitutivo de la persona humana. Un ser humano no tiene su cuerpo; él es su cuerpo. Ese cuerpo humano tiene un titular con nombre propio, una titularidad inalienable.
Se cuestiona el comienzo del ser humano. La biología molecular, la embriología médica y la genética nos enseñan que con la fecundación del óvulo por el espermatozoide comienza a existir un nuevo ser humano. Ese pequeño ser vivo ya pertenece a la especie humana: es un cuerpo humano en desarrollo, un organismo con un programa de vida individual y con la capacidad de regular su propio desarrollo que, si no se interrumpe, irá alcanzando los estadios evolutivos del ser vivo hasta su muerte natural.
Se unió el tema del aborto al movimiento de defensa de la integridad de la mujer -a través del colectivo "Ni Una Menos"-, queriendo hacer creer que quienes están en contra del aborto, estarían a favor de la violencia de género; una absoluta y completa falacia. Estar a favor de la protección de la vida del niño por nacer no tiene nada que ver con apoyar la violencia contra la mujer. La violencia de género es un terrible flagelo que tenemos que atacar desde todos los ámbitos de la sociedad. No considerar los daños que provoca el aborto en la misma mujer también sería un acto de violencia en su contra. Está comprobado que la decisión de acabar con la vida de su hijo trae consecuencias psicológicas, depresión y angustia en un altísimo porcentaje de mujeres. Por lo tanto, proteger la vida del no es discriminar a la madre.
Se alega que las mujeres ricas abortan y las pobres, mueren. Lamentablemente, la pobreza causa muchos males en nuestro país y debemos luchar contra ella. La maternidad adolescente se da mayormente en contextos de desigualdad: siete de cada diez madres jóvenes pertenecen a hogares de bajos ingresos. Por lo tanto, nuestro enemigo es la pobreza y no los niños por nacer.
Debemos invertir seriamente recursos en programas de educación sexual para niños y adolescentes, y proveer de métodos anticonceptivos, enseñando el valor de la vida humana y los riesgos de conductas irresponsables para evitar embarazos no intencionales. El foco debe estar en las verdaderas causas del problema y no en las consecuencias.
Debemos ayudar a las madres embarazadas para que no pierdan oportunidades laborales ni educativas si deciden tener a sus hijos.
Tampoco podemos culpar al niño por nacer de la eventual mortalidad materna porque sería colocar a la víctima en el lugar de un victimario. Debemos proteger las dos vidas.
Es cierto que la protección de la vida del niño por nacer dispuesta en el Código Penal no ha logrado modificar la conducta que ha querido evitar. No resulta suficiente la mera existencia de la ley para disuadir la realización de determinadas conductas antijurídicas, pero también es cierto que el Estado no ha implementado seriamente planes de prevención. En los últimos años, se ha subejecutado el presupuesto de todos los programas de educación sexual y salud reproductiva. No es coherente decir que el aborto es una solución cuando ni siquiera hemos intentado prevenir de manera responsable los embarazos no deseados en poblaciones vulnerables, en especial entre los adolescentes. La sociedad toda se tiene que involucrar a través de las organizaciones no gubernamentales.
Se ha tratado de justificar jurídicamente el aborto basado en plazos -catorce semanas-, cuando, en realidad, se funda en la voluntad discrecional de la madre, lo cual carecería de sustento constitucional. Toda norma jurídica debe ser razonablemente justa, tanto en su aspecto formal como material, para tener fuerza ordenadora, ejemplificadora y ser cumplida por todos. Si se pretende reglamentar un derecho, se debe desarrollar sobre la base de un fin social, sin destruir ningún derecho amparado en nuestra Constitución.
El principio de razonabilidad debe cuidar especialmente que las normas legales mantengan coherencia con las reglas constitucionales. Este principio es una garantía innominada que deriva de los artículos 28 y 33 de la Constitución Nacional, en conjunción con sus artículos 16 Y 17, y con su Preámbulo. Sería irrazonable e inconstitucional para el derecho argentino una ley que legalice el aborto, producto de la mera resolución de la madre de practicarlo.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica- dispone en su artículo 1, inciso 2: "Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano." Asimismo, en su artículo 4, establece: "Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente."
La ley 23.849, por la que se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, dice en su artículo 2°: "Con relación al artículo 1° de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad." En su artículo 6°, inciso 1, la convención dispone: "Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida."
Por su parte, nuestro Código Civil y Comercial, en su artículo 19, establece: "La existencia de la persona humana comienza con la concepción." Luego, según el artículo 665, se le otorga a la persona por nacer el derecho de reclamar alimentos al progenitor, por medio de la madre embarazada. Entonces, sería incoherente que el Código Civil le reconozca al niño por nacer el derecho de reclamar alimentos al progenitor y el Código Penal no proteja el bien jurídico que implica su vida, y autorice a la misma madre a quitársela de manera discrecional.
Dejar de proteger el derecho a la vida de la persona por nacer no cumpliría con el principio de razonabilidad de las leyes; tampoco sería congruente con nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales que integran el bloque constitucional vigente en nuestro país en virtud de su artículo 75, inciso 22. Seria un hecho completamente arbitrario y de imposible justificación jurídica, además de inconstitucional, por donde quiera que se lo analice.
Por último, no es razonable teñir de solución a la práctica libre del aborto. Sería, por el contrario, una alternativa que iría en contra de nuestros valores y principios como Nación, de nuestros derechos fundamentales expresados en la Constitución Nacional, de nuestro más profundo sentido humano como especie, a la vez que iría en contra de la razón y sentido común al seguir un camino que no trae verdadera solución al problema.
Jamás la salida puede ser privar del derecho a la vida a seres humanos en formación. Tampoco es aceptable mirar para otro lado y no hacer nada frente a la realidad social. Se deben defender las dos vidas en toda su amplitud: física, social y espiritual.
¿Quién es el hombre como para decidir sobre la vida de otro hombre? ¿Qué es el ser humano como para ser capaz de dictaminar cuándo nacer y cuándo morir? Solo debemos tratar de ser coherentes entre lo que creemos, lo que somos y lo que hacemos como Nación. (Aplausos.)
Por mi mente también confluyen preguntas y reflexiones en torno a la razonabilidad y coherencia de la despenalización del aborto, las cuales tengo el honor de compartir con los legisladores de esta Honorable Cámara.
Gracias a la fuerte campaña mediática y de redes que -como acabamos de ver- logró instalar el tema en la agenda pública, hoy como sociedad podemos profundizar y sacar a luz muchos de los temas que no hemos discutido por años.
Sin embargo, reconocemos que se han usado frases estratégicamente diseñadas para confundir y sesgar la discusión a través de argumentos un tanto falaces, que tratan de resaltar ciertos aspectos y ocultar otros.
Se habla de respetar la decisión de la mujer sobre su propio cuerpo sabiendo que, en verdad, se trata de dos cuerpos humanos. Desde el momento de la concepción, el embrión envía señales moleculares a la madre para que ambos se coordinen como dos vidas distintas, en perfecta simbiosis durante toda la gestación. Un corazón que late no puede ser considerado parte del mismo cuerpo de la mujer, sino que es el regalo de la vida que está comenzando. Hoy lo podemos ver claramente con los ecógrafos de última generación.
Se minimiza la existencia del niño por nacer al considerarlo un simple conjunto de células o un cuerpo que todavía no siente, poniéndose en duda el comienzo de la existencia de la persona. No se toma en consideración el valor del cuerpo humano ni que todo cuerpo humano es personal. La dimensión corporal es un elemento constitutivo de la persona humana. Un ser humano no tiene su cuerpo; él es su cuerpo. Ese cuerpo humano tiene un titular con nombre propio, una titularidad inalienable.
Se cuestiona el comienzo del ser humano. La biología molecular, la embriología médica y la genética nos enseñan que con la fecundación del óvulo por el espermatozoide comienza a existir un nuevo ser humano. Ese pequeño ser vivo ya pertenece a la especie humana: es un cuerpo humano en desarrollo, un organismo con un programa de vida individual y con la capacidad de regular su propio desarrollo que, si no se interrumpe, irá alcanzando los estadios evolutivos del ser vivo hasta su muerte natural.
Se unió el tema del aborto al movimiento de defensa de la integridad de la mujer -a través del colectivo "Ni Una Menos"-, queriendo hacer creer que quienes están en contra del aborto, estarían a favor de la violencia de género; una absoluta y completa falacia. Estar a favor de la protección de la vida del niño por nacer no tiene nada que ver con apoyar la violencia contra la mujer. La violencia de género es un terrible flagelo que tenemos que atacar desde todos los ámbitos de la sociedad. No considerar los daños que provoca el aborto en la misma mujer también sería un acto de violencia en su contra. Está comprobado que la decisión de acabar con la vida de su hijo trae consecuencias psicológicas, depresión y angustia en un altísimo porcentaje de mujeres. Por lo tanto, proteger la vida del no es discriminar a la madre.
Se alega que las mujeres ricas abortan y las pobres, mueren. Lamentablemente, la pobreza causa muchos males en nuestro país y debemos luchar contra ella. La maternidad adolescente se da mayormente en contextos de desigualdad: siete de cada diez madres jóvenes pertenecen a hogares de bajos ingresos. Por lo tanto, nuestro enemigo es la pobreza y no los niños por nacer.
Debemos invertir seriamente recursos en programas de educación sexual para niños y adolescentes, y proveer de métodos anticonceptivos, enseñando el valor de la vida humana y los riesgos de conductas irresponsables para evitar embarazos no intencionales. El foco debe estar en las verdaderas causas del problema y no en las consecuencias.
Debemos ayudar a las madres embarazadas para que no pierdan oportunidades laborales ni educativas si deciden tener a sus hijos.
Tampoco podemos culpar al niño por nacer de la eventual mortalidad materna porque sería colocar a la víctima en el lugar de un victimario. Debemos proteger las dos vidas.
Es cierto que la protección de la vida del niño por nacer dispuesta en el Código Penal no ha logrado modificar la conducta que ha querido evitar. No resulta suficiente la mera existencia de la ley para disuadir la realización de determinadas conductas antijurídicas, pero también es cierto que el Estado no ha implementado seriamente planes de prevención. En los últimos años, se ha subejecutado el presupuesto de todos los programas de educación sexual y salud reproductiva. No es coherente decir que el aborto es una solución cuando ni siquiera hemos intentado prevenir de manera responsable los embarazos no deseados en poblaciones vulnerables, en especial entre los adolescentes. La sociedad toda se tiene que involucrar a través de las organizaciones no gubernamentales.
Se ha tratado de justificar jurídicamente el aborto basado en plazos -catorce semanas-, cuando, en realidad, se funda en la voluntad discrecional de la madre, lo cual carecería de sustento constitucional. Toda norma jurídica debe ser razonablemente justa, tanto en su aspecto formal como material, para tener fuerza ordenadora, ejemplificadora y ser cumplida por todos. Si se pretende reglamentar un derecho, se debe desarrollar sobre la base de un fin social, sin destruir ningún derecho amparado en nuestra Constitución.
El principio de razonabilidad debe cuidar especialmente que las normas legales mantengan coherencia con las reglas constitucionales. Este principio es una garantía innominada que deriva de los artículos 28 y 33 de la Constitución Nacional, en conjunción con sus artículos 16 Y 17, y con su Preámbulo. Sería irrazonable e inconstitucional para el derecho argentino una ley que legalice el aborto, producto de la mera resolución de la madre de practicarlo.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica- dispone en su artículo 1, inciso 2: "Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano." Asimismo, en su artículo 4, establece: "Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente."
La ley 23.849, por la que se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, dice en su artículo 2°: "Con relación al artículo 1° de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad." En su artículo 6°, inciso 1, la convención dispone: "Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida."
Por su parte, nuestro Código Civil y Comercial, en su artículo 19, establece: "La existencia de la persona humana comienza con la concepción." Luego, según el artículo 665, se le otorga a la persona por nacer el derecho de reclamar alimentos al progenitor, por medio de la madre embarazada. Entonces, sería incoherente que el Código Civil le reconozca al niño por nacer el derecho de reclamar alimentos al progenitor y el Código Penal no proteja el bien jurídico que implica su vida, y autorice a la misma madre a quitársela de manera discrecional.
Dejar de proteger el derecho a la vida de la persona por nacer no cumpliría con el principio de razonabilidad de las leyes; tampoco sería congruente con nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales que integran el bloque constitucional vigente en nuestro país en virtud de su artículo 75, inciso 22. Seria un hecho completamente arbitrario y de imposible justificación jurídica, además de inconstitucional, por donde quiera que se lo analice.
Por último, no es razonable teñir de solución a la práctica libre del aborto. Sería, por el contrario, una alternativa que iría en contra de nuestros valores y principios como Nación, de nuestros derechos fundamentales expresados en la Constitución Nacional, de nuestro más profundo sentido humano como especie, a la vez que iría en contra de la razón y sentido común al seguir un camino que no trae verdadera solución al problema.
Jamás la salida puede ser privar del derecho a la vida a seres humanos en formación. Tampoco es aceptable mirar para otro lado y no hacer nada frente a la realidad social. Se deben defender las dos vidas en toda su amplitud: física, social y espiritual.
¿Quién es el hombre como para decidir sobre la vida de otro hombre? ¿Qué es el ser humano como para ser capaz de dictaminar cuándo nacer y cuándo morir? Solo debemos tratar de ser coherentes entre lo que creemos, lo que somos y lo que hacemos como Nación. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Tiene la palabra la doctora Mónica Xavier, médica cardióloga y senadora del Frente Amplio en representación del Partido Socialista de Uruguay, quien ha viajado especialmente a Buenos Aires para exponer.
Conforme con la metodología establecida para el caso de los expositores extranjeros, dispondrá de veinte minutos.
Conforme con la metodología establecida para el caso de los expositores extranjeros, dispondrá de veinte minutos.
SRA. XAVIER Señor presidente, señora diputada Alejandra Martínez: muchas gracias por la invitación.
No es fácil condensar en estos minutos cien años de debate sobre el tema, por más generoso que se quiera ser con el tiempo de exposición, que espero no utilizar totalmente. Esto, porque la gran ventaja que tiene la cuestión es la controversia de diferentes enfoques y experiencias.
En forma previa quiero decir que nos inspiran dos principios básicos: estamos a favor de la vida y luchamos por la libertad. Aplicados a este tema, ambos principios nos llevan a reivindicar el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, es decir, su autonomía. El cuerpo de la mujer es un campo de batalla. Seguramente, las discusiones y las confrontaciones se vuelven más fuertes porque todos creen tener derecho a decidir sobre la situación, menos la propia mujer.
Tenemos el derecho de decidir y de asegurar una cobertura adecuada frente a un embarazo no deseado porque muchas veces somos víctimas de abuso. Tenemos derecho a decidir porque muchas veces fallan los métodos de anticoncepción. Tenemos derecho a decidir porque, si eventualmente quedamos embarazadas en una relación ocasional y no deseamos tener un hijo, debemos evaluarlo adecuadamente. Tenemos derecho a no traer al mundo un hijo con una malformación, eventualmente incompatible con la vida extrauterina. Tenemos derecho a decidir, como en la mayoría de los casos sucede, con responsable actitud sobre nuestro cuerpo y la decisión reproductiva que tomemos. No necesariamente la decisión tomada en ese momento sea la misma en otra etapa de la vida.
Por suerte, en Uruguay, hoy en día tenemos datos para evaluar el resultado de la legislación que venimos implementando. En definitiva, se trata de dos leyes; una de ellas, con la que se pretendía legislar sobre la integralidad de los temas sexuales y reproductivos a lo largo de la vida de hombres y mujeres, contenía un capítulo sobre despenalización del aborto que en su momento fue vetado.
En la siguiente legislatura, en ese marco de integralidad con el que siempre concebimos esta temática, se aprobó una ley de despenalización del aborto en forma complementaria y no en forma contradictoria.
Como decía, en general los datos nos ayudan a ver aquellas cosas que pensábamos cuando legislábamos, que a veces corroboran nuestras convicciones y otras nos generan sorpresas.
Nosotros tenemos el mandato de medir año a año las causas por la cuales las mujeres alegan no poder proseguir con su embarazo.
En ese sentido, si analizamos el período 2013 a 2017 -los datos están completos-, veremos que las causales de violación, riesgo de salud de la mujer y anomalías fetales incompatibles con la vida extrauterina, sumadas no llegan al 1 por ciento. Son el 0,16 por ciento o algo similar. En cambio, la sola voluntad de la mujer que prevé nuestra ley va del 93 por ciento, en el primer año medido, hasta el 99,84 por ciento, según el último año del que tenemos medición.
¿Qué supone esto? La ley no dice exclusivamente que la mujer tiene el derecho. Dice que lo tiene pero que debe alegar determinadas circunstancias. Entre ellas están, por ejemplo, la convicción de no poder seguir adelante con ese embarazo o de que, desde el punto de vista etario, no es la edad indicada para hacerlo.
En definitiva, se trata de llevar a la práctica aquello que nos dice la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo -que todos ratificamos porque creemos que sobre población no hay mejor background para referenciarnos después en aspectos particulares-, acerca de decidir sobre nuestra maternidad, cuándo tener nuestros hijos, con qué frecuencia y en qué cantidad.
Un tema fundamental al que hacemos referencia es la posición económica y cómo enfrentar la interrupción del embarazo.
Es tiempo de dar vuelta esta página porque es profundamente clasista, machista e hipócrita. Las sociedades nos tenemos que hacer cargo de que muchas veces -no es una acusación a quien tenga una u otra posición- caemos en no reconocer la práctica cuando otro pasa por esa situación y sí justificarla cuando la pasamos nosotros.
Existen muchas experiencias -que no podemos desarrollar ahora- de encuestas a profesionales médicos a los que se les preguntaba qué posicionamiento tenían en cuanto a la interrupción del embarazo. En términos generales, la respuesta era una; pero, cuando se trataba de su esposa o de su hija, era otra. Este quantum de hipocresía que existe en la sociedad en relación con este tema, tenemos que ponerlo arriba de la mesa para hacernos cargo.
Todos sabemos que quienes disponen de medios económicos toman la decisión con una libertad que las mujeres sin medios económicos no tienen. De todas formas, hay que ser justos. No es lo mismo tener los medios económicos para asegurar un aborto sin condiciones de riesgos, pero en la ilegalidad, que tomar esa decisión sabiendo que se van a tener las garantías de estar con el amparo legal y no cometiendo un delito, con el peso que ello supone.
Esto está muy estudiado en todos los países. Las mujeres que más complicaciones tienen al hacerse un aborto, que sufren una incapacidad definitiva en su aparato reproductivo e incluso la muerte, son aquellas que se ven sometidas a las mayores dificultades y a la falta de una accesibilidad económica que les dé garantías. Por eso es importante que los legisladores tengamos en cuenta que la accesibilidad con garantías es algo sobre lo que tenemos que avanzar en la legislación.
Algo que debemos tener en cuenta es la acumulación a lo largo del tiempo. Como decía, es un debate centenario en nuestro país, sobre el que se avanzó últimamente de manera sustancial.
Creo que es difícil tratar estos temas cuando encontramos en la política un espacio tan masculino, aunque es cierto que ustedes han avanzado sustantivamente en la cuota de representación de género. Nosotros estamos un poco más retrasados en ese sentido, pero venimos mejorando.
Cuando la resolución se toma en espacios muy masculinos, con parlamentos con una representación de hombres muy importante, hay dificultades para colocar en la agenda estos temas. Por eso es muy importante que lo trabajemos desde la alianza de mujeres transversales entre todos los partidos políticos, pero también con los aliados varones, que son quienes hacen posible después que, efectivamente, podamos reconocernos en la consagración de derechos tanto hombres como mujeres. Aunque esto afecte más a las mujeres, no se trata solo de un tema de ellas, sino que abarca a toda la sociedad. Debemos tener en claro que las mujeres somos las mayores responsables de colocar estas cuestiones en la agenda y de procurar que prosperen.
Esta larga batalla tiene múltiples instancias en las que, por ejemplo, ingresaban los proyectos, pero no eran debatidos ni pasaban el sistema bicameral.
¿Qué aspecto nos parece importante en el contexto de estas legislaciones? Por ejemplo, que incorporen servicios sanitarios multidisciplinarios que encaren integralmente la salud sexual y reproductiva desde la óptica de los derechos. De lo contrario, podríamos dar garantías sanitarias, pero no comprender la concepción de derechos que esto supone. En realidad, es un tema que la mujer debe resolver en el momento en que se enfrenta a ello.
Nosotros contamos con dichos servicios multidisciplinarios, además de legislación y decretos regulatorios, en el marco de un contexto donde se pueden efectivizar estas leyes de manera insustituible, monitoreable y auditable. Por ello, es muy importante el involucramiento en estos temas a fin de que todos tengamos garantías. Acá se podrán maquillar datos, pero imagínense que es muy difícil en un país como el nuestro -con 3.400.000 habitantes- que el ministerio no tenga auditado sus datos. También es difícil que la Justicia no registre datos controversiales o que el Ministerio del Interior no pueda brindar datos diferentes. El monitoreo se hace con una transparencia importante. Si nos hubiéramos equivocado en alguna de estas cosas, nuestra obligación habría sido rectificar el rumbo. En estas cuestiones están incluidos, nada más ni nada menos, que los derechos de las personas y su calidad de vida. Por eso tomamos el tema con responsabilidad.
La ley es un avance y el debate también lo es. Yo hubiera querido que no fracasáramos tantas veces en las iniciativas legislativas y supongo que a ustedes les pasó lo mismo en virtud de los proyectos que tenían para debatir. Seguramente, querían que prosperaran; pero estos debates enriquecen, involucran y ayudan a mejorar la legislación en muchas ocasiones.
En mi país no aprobamos el proyecto presentado originalmente, que creíamos era mejor que el que se terminó sancionando; pero fue el que resultó del consenso posible. Lo importante es avanzar, porque así se genera confianza no solo en el resto del sistema político parlamentario para eventualmente mejorar una ley cuando así se requiera, sino también en la sociedad. Aquí no hay promotoras del aborto ni son un dechado de virtudes los que quieren mantener la penalización. Existe la necesidad de avanzar en la regulación del tema basados en el hecho de que la cuestión sanitaria está en riesgo, cuestión que para muchos de nosotros no puede estar desdoblada de la existencia de un derecho.
Hemos hecho una medición de algunos años, pero quiero comentar cuál fue el punto de partida que utilizamos en Uruguay. Concretamente, en la década 1990-2000, en el mundo había un 13 por ciento de mortalidad materna por abortos inseguros, en Latinoamérica era del 21 por ciento y en Sudamérica del 24 por ciento. En Uruguay, la cifra llegaba al 29 por ciento y en el servicio de salud pública alcanzaba el 49 por ciento. Prácticamente, una de cada dos muertes maternas se debía a un aborto inseguro. Aclaro que estamos hablando de un país donde los números absolutos son siempre muy bajos, pues somos tan solo 3.400.000 habitantes. Además, en mi país la mortalidad materna siempre ha sido muy baja porque hemos tenido bastante accesibilidad y parto institucionalizado. Es decir, una serie de factores que contribuyen a esto. Porcentualmente, la mortalidad materna se daba de esa forma y se agudizó en los años 2001 y 2002, o sea, en el momento de mayor profundización de la crisis económica y social. Hoy no registramos muertes maternas y esto es incontrovertible.
A continuación, quisiera decir algunas palabras que caracterizaban al sacerdote Pérez Aguirre. Ustedes saben que Uruguay es un país laico, y yo sé de la importancia y la realidad que vive la Argentina. Concretamente, "Perico" Pérez Aguirre decía que la ley de 1938 -que nos regía hasta que pudimos sancionar la norma- era ineficaz, injusta y discriminatoria. Obviamente, las autoridades de la Iglesia Católica tuvieron una sanción para "Perico" Pérez Aguirre en su momento.
Efectivamente, muchas veces las leyes penales no se cumplen y eso las vuelve absolutamente ineficaces. No disminuyen las interrupciones de embarazo. En particular, en nuestro país, la interrupción del embarazo era un método de anticoncepción, aspecto sobre el cual ninguno de nosotros está de acuerdo con que así se conciba.
Cuando podemos contrastar solo en algunas décadas cómo evoluciona la disminución de la muerte materna, creo que son caminos por recorrer con todas las garantías, los consensos, yendo hacia la búsqueda de la consolidación de esos pasos.
Hoy Uruguay dispone de una política pública que tiene tres componentes esenciales que generan sinergia.
En primer lugar, hablamos de educación en materia de salud y de derechos sexuales y reproductivos. Esto siempre es algo controversial y se arman algunos líos, sobre todo cuando hay de por medio una guía. Algunos piensan que están hechas por activistas cuando, en realidad, están confeccionadas por personas que están preparadas para ello.
En segundo término, podemos mencionar la planificación familiar y la anticoncepción.
En tercer lugar, surgen los servicios integrales de salud. Son integrales desde el punto de vista de la concepción sexual y reproductiva, pero también desde la multiplicidad de enfoques que hay que tener en estos temas desde lo sanitario, la asistencia social y lo psicológico.
Voy a señalar algunos resultados. Con relación a la tasa de interrupción voluntaria del embarazo podemos dar los siguientes datos. Entre las mujeres cuyas edades van de 15 a 19 años, la tasa de interrupción del embarazo alcanza el 11,45 por mil y, entre 20 y 49 años, el 11,39 por mil. Esto marca que cayó el mito de que las chicas jóvenes -frívolamente hablando- se embarazan y abortan. Nunca es frívola una decisión de esta naturaleza; nunca la regulación o la legalización van a suponer que vayamos a interrumpir los embarazos como si nada hubiera pasado.
A continuación, me voy a referir a la objeción de conciencia. Se trata de un tema importante que ha dificultado la implementación de la propia ley. Hay un 30 por ciento de profesionales que alegan objeción de conciencia. Alguien puede decir que hay un 70 por ciento de profesionales disponibles, pero el problema se basa en la disposición territorial. Existen algunos departamentos -que en nuestra estructura equivalen a las provincias argentinas- en los que el ciento por ciento de los profesionales alegan objeción de conciencia. Esto supone que la autoridad sanitaria planifica de qué forma garantiza el derecho a las mujeres para que la ley sea una realidad. Esto supone un monitoreo permanente.
También se puede decir que estos resultados reflejan un avance aún mayor del que hubiéramos previsto. Pero, por otro lado, compañeras que han estado siempre en las organizaciones peleando por correr la barrera de lo posible hacia mejores condiciones dicen: podemos más. Creo que esa interacción -que en democracia es fantástica- es la manera en que debemos actuar para seguir avanzando.
En cuanto a la repetición, ustedes han escuchado al doctor Briozzo. A esto debemos sumar la iniciativa sanitaria, que es un protocolo de actuación que estuvo presente y sensibilizó a la academia aún antes de la ley. Llegó un momento en que actuábamos antes e incluso después de la interrupción del embarazo, pero quedaba muy disociado del hecho de que se pudiera actuar sanitariamente cuando la mujer decidía la interrupción. Sin embargo, facilitó la comprensión del tema y permitió capacitar profesionales en esa materia.
La repetición fue de un dígito: concretamente, de 5,6. En Holanda, Suecia y Estados Unidos se observan tasas de dos dígitos; en Holanda, por ejemplo, es de 36 y en Estados Unidos, de 59.
¿A qué se debe la repetición? A que la mayoría de las mujeres que repiten no pasan por la cuarta fase del protocolo sobre interrupción legal del embarazo, que comprende adoptar un método anticonceptivo adecuado y hacerse los controles. Por lo tanto, allí hay un mayor número de repetición.
Respecto a la selección, la ley no impacta en la fecundidad del país. Imagínense que uno de los argumentos era: si somos tan pocos, si nacen menos de cincuenta mil niños por año, ¿todavía vamos a impedir que nazcan y que otra madre los pueda adoptar? Este es un tema muy difícil y nosotros tenemos que dar realmente la posibilidad a esa mujer de que tome uno u otro camino: la interrupción del embarazo, la adopción, el apoyo del Estado, etcétera. Pero que tenga la posibilidad de decidir, porque solo ella puede hacerlo. ¿Acaso el poder médico puede decidir por ella? ¿O tal vez el Poder Judicial tiene más competencia para decidir? De ninguna manera esto es así; las mujeres no somos tutela. Tenemos autonomía y las decisiones las tomamos con responsabilidad.
Creo que, desde el punto de vista de algunas reflexiones finales, es importante comprender que el Estado debe brindar servicios multidisciplinarios, a través de una atención integral. Ese es un abordaje que no puede ser sustituido. No podemos enfrentar dicotómicamente, en blanco y negro, interrupción del embarazo sí o no. Tenemos que introducir el debate en un contexto que parece ser el más recomendable: los programas integrales de salud, el acceso universal a diferentes métodos anticonceptivos, seguros y confiables, y comportamientos sexuales responsables. Para esto hay que educar a la gente y no pensar en que se puede educar a un hijo solo en el seno de la familia. Los servicios públicos tienen la obligación de educar a cada uno en las condiciones que le permitan comprender.
Tenemos que controlar que las medidas que se tomen no nos generen una disparada de transmisiones sexuales, porque eso también es algo que debemos combatir, al igual que las enfermedades crónicas.
Tenemos que apoyar no solo a la mujer, sino también a sus parejas. Debemos tener maternidad y paternidad responsables, porque esto no ocurre solo porque la mujer decide embarazarse. Siempre hay dos involucrados en dicho proceso; de haber más de dos, estaríamos ante un embarazo deseado que ya fue asistido.
Creo que legislar en derechos nos da seguridad y garantías, y brinda una posibilidad a la mujer que decide retractarse de hacerlo. Esto está previsto en nuestra norma legal. Nos parece importante decirlo, porque muchas veces nos encontramos ante una joven en situación de indefensión, sin nadie que la asesore; por ella hay que poder hacerlo. Es un asunto de derechos; mejor dicho, de su vulneración.
Que quede bien claro: el proyecto debe respetar la convicción y las creencias de todos. No confundamos: lo que puede ser un pecado, no tiene por qué ser un delito.
A la hora de decidir sobre un tema de tanta importancia, el cual impacta en la vida y la libertad, deseo que cada uno de ustedes, que tienen la responsabilidad legislativa, considere y tenga presente al votar que las situaciones límites a las que lleva la clandestinidad de un aborto pueden presentársele a cualquier mujer, sin excepción. (Aplausos.)
No es fácil condensar en estos minutos cien años de debate sobre el tema, por más generoso que se quiera ser con el tiempo de exposición, que espero no utilizar totalmente. Esto, porque la gran ventaja que tiene la cuestión es la controversia de diferentes enfoques y experiencias.
En forma previa quiero decir que nos inspiran dos principios básicos: estamos a favor de la vida y luchamos por la libertad. Aplicados a este tema, ambos principios nos llevan a reivindicar el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, es decir, su autonomía. El cuerpo de la mujer es un campo de batalla. Seguramente, las discusiones y las confrontaciones se vuelven más fuertes porque todos creen tener derecho a decidir sobre la situación, menos la propia mujer.
Tenemos el derecho de decidir y de asegurar una cobertura adecuada frente a un embarazo no deseado porque muchas veces somos víctimas de abuso. Tenemos derecho a decidir porque muchas veces fallan los métodos de anticoncepción. Tenemos derecho a decidir porque, si eventualmente quedamos embarazadas en una relación ocasional y no deseamos tener un hijo, debemos evaluarlo adecuadamente. Tenemos derecho a no traer al mundo un hijo con una malformación, eventualmente incompatible con la vida extrauterina. Tenemos derecho a decidir, como en la mayoría de los casos sucede, con responsable actitud sobre nuestro cuerpo y la decisión reproductiva que tomemos. No necesariamente la decisión tomada en ese momento sea la misma en otra etapa de la vida.
Por suerte, en Uruguay, hoy en día tenemos datos para evaluar el resultado de la legislación que venimos implementando. En definitiva, se trata de dos leyes; una de ellas, con la que se pretendía legislar sobre la integralidad de los temas sexuales y reproductivos a lo largo de la vida de hombres y mujeres, contenía un capítulo sobre despenalización del aborto que en su momento fue vetado.
En la siguiente legislatura, en ese marco de integralidad con el que siempre concebimos esta temática, se aprobó una ley de despenalización del aborto en forma complementaria y no en forma contradictoria.
Como decía, en general los datos nos ayudan a ver aquellas cosas que pensábamos cuando legislábamos, que a veces corroboran nuestras convicciones y otras nos generan sorpresas.
Nosotros tenemos el mandato de medir año a año las causas por la cuales las mujeres alegan no poder proseguir con su embarazo.
En ese sentido, si analizamos el período 2013 a 2017 -los datos están completos-, veremos que las causales de violación, riesgo de salud de la mujer y anomalías fetales incompatibles con la vida extrauterina, sumadas no llegan al 1 por ciento. Son el 0,16 por ciento o algo similar. En cambio, la sola voluntad de la mujer que prevé nuestra ley va del 93 por ciento, en el primer año medido, hasta el 99,84 por ciento, según el último año del que tenemos medición.
¿Qué supone esto? La ley no dice exclusivamente que la mujer tiene el derecho. Dice que lo tiene pero que debe alegar determinadas circunstancias. Entre ellas están, por ejemplo, la convicción de no poder seguir adelante con ese embarazo o de que, desde el punto de vista etario, no es la edad indicada para hacerlo.
En definitiva, se trata de llevar a la práctica aquello que nos dice la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo -que todos ratificamos porque creemos que sobre población no hay mejor background para referenciarnos después en aspectos particulares-, acerca de decidir sobre nuestra maternidad, cuándo tener nuestros hijos, con qué frecuencia y en qué cantidad.
Un tema fundamental al que hacemos referencia es la posición económica y cómo enfrentar la interrupción del embarazo.
Es tiempo de dar vuelta esta página porque es profundamente clasista, machista e hipócrita. Las sociedades nos tenemos que hacer cargo de que muchas veces -no es una acusación a quien tenga una u otra posición- caemos en no reconocer la práctica cuando otro pasa por esa situación y sí justificarla cuando la pasamos nosotros.
Existen muchas experiencias -que no podemos desarrollar ahora- de encuestas a profesionales médicos a los que se les preguntaba qué posicionamiento tenían en cuanto a la interrupción del embarazo. En términos generales, la respuesta era una; pero, cuando se trataba de su esposa o de su hija, era otra. Este quantum de hipocresía que existe en la sociedad en relación con este tema, tenemos que ponerlo arriba de la mesa para hacernos cargo.
Todos sabemos que quienes disponen de medios económicos toman la decisión con una libertad que las mujeres sin medios económicos no tienen. De todas formas, hay que ser justos. No es lo mismo tener los medios económicos para asegurar un aborto sin condiciones de riesgos, pero en la ilegalidad, que tomar esa decisión sabiendo que se van a tener las garantías de estar con el amparo legal y no cometiendo un delito, con el peso que ello supone.
Esto está muy estudiado en todos los países. Las mujeres que más complicaciones tienen al hacerse un aborto, que sufren una incapacidad definitiva en su aparato reproductivo e incluso la muerte, son aquellas que se ven sometidas a las mayores dificultades y a la falta de una accesibilidad económica que les dé garantías. Por eso es importante que los legisladores tengamos en cuenta que la accesibilidad con garantías es algo sobre lo que tenemos que avanzar en la legislación.
Algo que debemos tener en cuenta es la acumulación a lo largo del tiempo. Como decía, es un debate centenario en nuestro país, sobre el que se avanzó últimamente de manera sustancial.
Creo que es difícil tratar estos temas cuando encontramos en la política un espacio tan masculino, aunque es cierto que ustedes han avanzado sustantivamente en la cuota de representación de género. Nosotros estamos un poco más retrasados en ese sentido, pero venimos mejorando.
Cuando la resolución se toma en espacios muy masculinos, con parlamentos con una representación de hombres muy importante, hay dificultades para colocar en la agenda estos temas. Por eso es muy importante que lo trabajemos desde la alianza de mujeres transversales entre todos los partidos políticos, pero también con los aliados varones, que son quienes hacen posible después que, efectivamente, podamos reconocernos en la consagración de derechos tanto hombres como mujeres. Aunque esto afecte más a las mujeres, no se trata solo de un tema de ellas, sino que abarca a toda la sociedad. Debemos tener en claro que las mujeres somos las mayores responsables de colocar estas cuestiones en la agenda y de procurar que prosperen.
Esta larga batalla tiene múltiples instancias en las que, por ejemplo, ingresaban los proyectos, pero no eran debatidos ni pasaban el sistema bicameral.
¿Qué aspecto nos parece importante en el contexto de estas legislaciones? Por ejemplo, que incorporen servicios sanitarios multidisciplinarios que encaren integralmente la salud sexual y reproductiva desde la óptica de los derechos. De lo contrario, podríamos dar garantías sanitarias, pero no comprender la concepción de derechos que esto supone. En realidad, es un tema que la mujer debe resolver en el momento en que se enfrenta a ello.
Nosotros contamos con dichos servicios multidisciplinarios, además de legislación y decretos regulatorios, en el marco de un contexto donde se pueden efectivizar estas leyes de manera insustituible, monitoreable y auditable. Por ello, es muy importante el involucramiento en estos temas a fin de que todos tengamos garantías. Acá se podrán maquillar datos, pero imagínense que es muy difícil en un país como el nuestro -con 3.400.000 habitantes- que el ministerio no tenga auditado sus datos. También es difícil que la Justicia no registre datos controversiales o que el Ministerio del Interior no pueda brindar datos diferentes. El monitoreo se hace con una transparencia importante. Si nos hubiéramos equivocado en alguna de estas cosas, nuestra obligación habría sido rectificar el rumbo. En estas cuestiones están incluidos, nada más ni nada menos, que los derechos de las personas y su calidad de vida. Por eso tomamos el tema con responsabilidad.
La ley es un avance y el debate también lo es. Yo hubiera querido que no fracasáramos tantas veces en las iniciativas legislativas y supongo que a ustedes les pasó lo mismo en virtud de los proyectos que tenían para debatir. Seguramente, querían que prosperaran; pero estos debates enriquecen, involucran y ayudan a mejorar la legislación en muchas ocasiones.
En mi país no aprobamos el proyecto presentado originalmente, que creíamos era mejor que el que se terminó sancionando; pero fue el que resultó del consenso posible. Lo importante es avanzar, porque así se genera confianza no solo en el resto del sistema político parlamentario para eventualmente mejorar una ley cuando así se requiera, sino también en la sociedad. Aquí no hay promotoras del aborto ni son un dechado de virtudes los que quieren mantener la penalización. Existe la necesidad de avanzar en la regulación del tema basados en el hecho de que la cuestión sanitaria está en riesgo, cuestión que para muchos de nosotros no puede estar desdoblada de la existencia de un derecho.
Hemos hecho una medición de algunos años, pero quiero comentar cuál fue el punto de partida que utilizamos en Uruguay. Concretamente, en la década 1990-2000, en el mundo había un 13 por ciento de mortalidad materna por abortos inseguros, en Latinoamérica era del 21 por ciento y en Sudamérica del 24 por ciento. En Uruguay, la cifra llegaba al 29 por ciento y en el servicio de salud pública alcanzaba el 49 por ciento. Prácticamente, una de cada dos muertes maternas se debía a un aborto inseguro. Aclaro que estamos hablando de un país donde los números absolutos son siempre muy bajos, pues somos tan solo 3.400.000 habitantes. Además, en mi país la mortalidad materna siempre ha sido muy baja porque hemos tenido bastante accesibilidad y parto institucionalizado. Es decir, una serie de factores que contribuyen a esto. Porcentualmente, la mortalidad materna se daba de esa forma y se agudizó en los años 2001 y 2002, o sea, en el momento de mayor profundización de la crisis económica y social. Hoy no registramos muertes maternas y esto es incontrovertible.
A continuación, quisiera decir algunas palabras que caracterizaban al sacerdote Pérez Aguirre. Ustedes saben que Uruguay es un país laico, y yo sé de la importancia y la realidad que vive la Argentina. Concretamente, "Perico" Pérez Aguirre decía que la ley de 1938 -que nos regía hasta que pudimos sancionar la norma- era ineficaz, injusta y discriminatoria. Obviamente, las autoridades de la Iglesia Católica tuvieron una sanción para "Perico" Pérez Aguirre en su momento.
Efectivamente, muchas veces las leyes penales no se cumplen y eso las vuelve absolutamente ineficaces. No disminuyen las interrupciones de embarazo. En particular, en nuestro país, la interrupción del embarazo era un método de anticoncepción, aspecto sobre el cual ninguno de nosotros está de acuerdo con que así se conciba.
Cuando podemos contrastar solo en algunas décadas cómo evoluciona la disminución de la muerte materna, creo que son caminos por recorrer con todas las garantías, los consensos, yendo hacia la búsqueda de la consolidación de esos pasos.
Hoy Uruguay dispone de una política pública que tiene tres componentes esenciales que generan sinergia.
En primer lugar, hablamos de educación en materia de salud y de derechos sexuales y reproductivos. Esto siempre es algo controversial y se arman algunos líos, sobre todo cuando hay de por medio una guía. Algunos piensan que están hechas por activistas cuando, en realidad, están confeccionadas por personas que están preparadas para ello.
En segundo término, podemos mencionar la planificación familiar y la anticoncepción.
En tercer lugar, surgen los servicios integrales de salud. Son integrales desde el punto de vista de la concepción sexual y reproductiva, pero también desde la multiplicidad de enfoques que hay que tener en estos temas desde lo sanitario, la asistencia social y lo psicológico.
Voy a señalar algunos resultados. Con relación a la tasa de interrupción voluntaria del embarazo podemos dar los siguientes datos. Entre las mujeres cuyas edades van de 15 a 19 años, la tasa de interrupción del embarazo alcanza el 11,45 por mil y, entre 20 y 49 años, el 11,39 por mil. Esto marca que cayó el mito de que las chicas jóvenes -frívolamente hablando- se embarazan y abortan. Nunca es frívola una decisión de esta naturaleza; nunca la regulación o la legalización van a suponer que vayamos a interrumpir los embarazos como si nada hubiera pasado.
A continuación, me voy a referir a la objeción de conciencia. Se trata de un tema importante que ha dificultado la implementación de la propia ley. Hay un 30 por ciento de profesionales que alegan objeción de conciencia. Alguien puede decir que hay un 70 por ciento de profesionales disponibles, pero el problema se basa en la disposición territorial. Existen algunos departamentos -que en nuestra estructura equivalen a las provincias argentinas- en los que el ciento por ciento de los profesionales alegan objeción de conciencia. Esto supone que la autoridad sanitaria planifica de qué forma garantiza el derecho a las mujeres para que la ley sea una realidad. Esto supone un monitoreo permanente.
También se puede decir que estos resultados reflejan un avance aún mayor del que hubiéramos previsto. Pero, por otro lado, compañeras que han estado siempre en las organizaciones peleando por correr la barrera de lo posible hacia mejores condiciones dicen: podemos más. Creo que esa interacción -que en democracia es fantástica- es la manera en que debemos actuar para seguir avanzando.
En cuanto a la repetición, ustedes han escuchado al doctor Briozzo. A esto debemos sumar la iniciativa sanitaria, que es un protocolo de actuación que estuvo presente y sensibilizó a la academia aún antes de la ley. Llegó un momento en que actuábamos antes e incluso después de la interrupción del embarazo, pero quedaba muy disociado del hecho de que se pudiera actuar sanitariamente cuando la mujer decidía la interrupción. Sin embargo, facilitó la comprensión del tema y permitió capacitar profesionales en esa materia.
La repetición fue de un dígito: concretamente, de 5,6. En Holanda, Suecia y Estados Unidos se observan tasas de dos dígitos; en Holanda, por ejemplo, es de 36 y en Estados Unidos, de 59.
¿A qué se debe la repetición? A que la mayoría de las mujeres que repiten no pasan por la cuarta fase del protocolo sobre interrupción legal del embarazo, que comprende adoptar un método anticonceptivo adecuado y hacerse los controles. Por lo tanto, allí hay un mayor número de repetición.
Respecto a la selección, la ley no impacta en la fecundidad del país. Imagínense que uno de los argumentos era: si somos tan pocos, si nacen menos de cincuenta mil niños por año, ¿todavía vamos a impedir que nazcan y que otra madre los pueda adoptar? Este es un tema muy difícil y nosotros tenemos que dar realmente la posibilidad a esa mujer de que tome uno u otro camino: la interrupción del embarazo, la adopción, el apoyo del Estado, etcétera. Pero que tenga la posibilidad de decidir, porque solo ella puede hacerlo. ¿Acaso el poder médico puede decidir por ella? ¿O tal vez el Poder Judicial tiene más competencia para decidir? De ninguna manera esto es así; las mujeres no somos tutela. Tenemos autonomía y las decisiones las tomamos con responsabilidad.
Creo que, desde el punto de vista de algunas reflexiones finales, es importante comprender que el Estado debe brindar servicios multidisciplinarios, a través de una atención integral. Ese es un abordaje que no puede ser sustituido. No podemos enfrentar dicotómicamente, en blanco y negro, interrupción del embarazo sí o no. Tenemos que introducir el debate en un contexto que parece ser el más recomendable: los programas integrales de salud, el acceso universal a diferentes métodos anticonceptivos, seguros y confiables, y comportamientos sexuales responsables. Para esto hay que educar a la gente y no pensar en que se puede educar a un hijo solo en el seno de la familia. Los servicios públicos tienen la obligación de educar a cada uno en las condiciones que le permitan comprender.
Tenemos que controlar que las medidas que se tomen no nos generen una disparada de transmisiones sexuales, porque eso también es algo que debemos combatir, al igual que las enfermedades crónicas.
Tenemos que apoyar no solo a la mujer, sino también a sus parejas. Debemos tener maternidad y paternidad responsables, porque esto no ocurre solo porque la mujer decide embarazarse. Siempre hay dos involucrados en dicho proceso; de haber más de dos, estaríamos ante un embarazo deseado que ya fue asistido.
Creo que legislar en derechos nos da seguridad y garantías, y brinda una posibilidad a la mujer que decide retractarse de hacerlo. Esto está previsto en nuestra norma legal. Nos parece importante decirlo, porque muchas veces nos encontramos ante una joven en situación de indefensión, sin nadie que la asesore; por ella hay que poder hacerlo. Es un asunto de derechos; mejor dicho, de su vulneración.
Que quede bien claro: el proyecto debe respetar la convicción y las creencias de todos. No confundamos: lo que puede ser un pecado, no tiene por qué ser un delito.
A la hora de decidir sobre un tema de tanta importancia, el cual impacta en la vida y la libertad, deseo que cada uno de ustedes, que tienen la responsabilidad legislativa, considere y tenga presente al votar que las situaciones límites a las que lleva la clandestinidad de un aborto pueden presentársele a cualquier mujer, sin excepción. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Tiene la palabra el doctor Mariano Carabajal Molina, fiscal de la Segunda Cámara del Crimen de San Martin, provincia de Mendoza, y máster en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad de Barcelona y de Pompeu Fabra.
SR. CARABAJAL MOLINA Señor presidente: muchas gracias por la invitación. Es realmente un honor estar aquí y tener la posibilidad de expresar mis ideas respecto del aborto.
El tema de penalizar o despenalizar el aborto ha suscitado controversias en todo el mundo. No es fácil, debido a que se mezclan la religión, la moral, lo jurídico y lo médico. Por tanto, entiendo que debe circunscribirse el debate al campo científico.
En este sentido, la ciencia jurídica señala que debe tenerse presente que la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre los Derecho del Niño establecen un limite infranqueable en la discusión. Así, el único sistema viable en materia de aborto es el sistema de indicaciones y no el de plazos, como algunos pretenden. Dichas convenciones integran lo que manifestaba Bidart Campos: el bloque de constitucionalidad federal. Es decir, tienen la misma jerarquía que nuestra Constitución Nacional y, por lo tanto, el derecho interno debe ajustarse a lo prescripto en dichas convenciones.
Al hablar de aborto, no debemos perder de vista que siempre hay un conflicto de intereses. Por un lado, el derecho a la vida del niño por nacer y, por el otro, el derecho de la madre a planificar su maternidad y gozar su sexualidad. En esta colisión de bienes jurídicos debe primar la vida, ya que tiene mayor jerarquía que los otros señalados. El carácter supremo del bien jurídico "vida" solo autoriza a su disposición en casos de estado de necesidad de la madre, es decir, cuando opere una causa de justificación. Dicha circunstancia se verifica en casos de peligro para la vida o daño en la salud física o psíquica de la madre.
Previo a adentrarme sobre la importancia de despenalizar o no el aborto, es preciso realizar una aclaración conceptual. A lo largo de este debate, he escuchado que se utiliza un concepto de persona como construcción cultural, histórica, social y/o normativa. Dicha concepción de persona se asemeja a la utilizada por Jakobs en su obra Derecho penal del enemigo. El catedrático alemán, influido por las ideas de Luhmann, considera que la persona es una creación del Estado; entonces, así como la otorga en determinadas situaciones, también la puede quitar.
Este tipo de construcciones dadas en la historia han provocado los más grandes horrores de la humanidad, como por ejemplo el Holocausto del pueblo judío.
Por ello, considero imprescindible sostener un concepto de persona acorde a la teoría de los derechos humanos, o sea, como una obligación que tiene el Estado de reconocer al ser humano como sujeto de derechos. Así, el ser humano es persona porque su dignidad lo exige y no porque es una construcción.
Realizadas estas aclaraciones conceptuales, me adentraré a tratar sobre la conveniencia de penalizar o despenalizar el aborto. Para ello, es necesario realizar un abordaje a la luz de la teoría de la pena, cuyas enseñanzas permiten tener un panorama claro del fenómeno penal y del rol que deben ocupar cada uno de los protagonistas.
En este sentido, cabe señalar que me enrolo en la teoría dialéctica de la unión, desarrollada por Roxin. Esta teoría ecléctica considera que la pena tiene un fin preventivo, fin que difiere en cada momento del fenómeno penal. El maestro alemán lo divide en tres grandes etapas: la conminación penal -etapa que actualmente transitamos-, la imposición de la pena y, por último, su ejecución.
Respecto de la etapa de la conminación penal -es decir, si es conveniente o no considerar al aborto como delito-, la tarea realizada por el legislador es efectuada teniendo en cuenta la prevención general negativa. ¿Qué ese esto? La amenaza que esgrime la ley penal, dirigida a todos los ciudadanos, de imponer una pena en caso de que se cometa un delito.
Esta idea fue desarrollada, entre otros autores, por Feuerbach, en su teoría de la coacción psicológica, que ha sido y es objeto de críticas por parte de los abolicionistas. Estos argumentos también son sostenidos por los partidarios de despenalizar el aborto en este debate. Los abolicionistas señalan que hay un fracaso de la pena debido al elevado número de abortos clandestinos, que no solo perjudican la salud de la madre abortante, sino que además, en muchos casos, terminan con su vida.
Este flagelo es una realidad que debe tenerse en cuenta, a la vez que debe ponderarse el elevado número de individuos que no cometen abortos porque es delito. Es difícil tener estadísticas ciertas al respecto. No debe perderse de vista que aquel que no abortó por miedo a ser atrapado y sancionado penalmente, hoy es padre o madre. Por lo tanto, reconocer dicha circunstancia implica sostener que no quiso traer al mundo a su hijo. Este develamiento supone un costo social y familiar elevado entre quienes han considerado la práctica del aborto.
No obstante dicho obstáculo para obtener estadísticas serias, la historia demuestra que, en casos donde se ha perdido el orden jurídico y existe o existió impunidad, aumentan los delitos en forma exponencial. Por ejemplo, a lo largo de la historia, las invasiones han traído consigo un aumento de violaciones, homicidios y saqueos, demostrando a todas luces la eficiencia del derecho penal para cometer el crimen.
La pena es una amarga necesidad. Imponer una pena supone una violencia contra el penado, pero es necesaria porque no se ha encontrado un sustituto de ella. No hay que olvidar que lo que busca el derecho penal es reducir la violencia en la sociedad a fin de que se pueda coexistir en forma pacífica.
Eliminar todo tipo de violencia en una sociedad es una quimera. Así lo sostienen autores como Schünemann o como Silva Sánchez en su libro Aproximación al derecho penal contemporáneo.
Con relación al segundo momento que Roxin plantea -es decir, la aplicación de la pena-, es practicado por el juez, quien debe buscar prevención general positiva, prevención especial y retribución.
Así, el juez, al dictar una sentencia condenatoria está afirmando la vigencia del ordenamiento jurídico vulnerado por una conducta humana, típica, antijurídica y culpable. Es decir, la prevención general positiva, integradora o estabilizadora, como algunos la llaman.
Así mismo, en dicha resolución subyace una idea de justicia, la cual es comunicada a la comunidad por el carácter público. La mencionada decisión encuentra también su asidero en la resociabilización. Dichos intereses confluyen en la cabeza del juez a la hora de imponer una sanción penal, adquiriendo mayor preponderancia uno u otro, según el caso. Ese momento, si bien no corresponde al legislador, debe tenerse presente ya que se materializa lo establecido por él.
Un punto que destacan los abolicionistas del aborto es todo lo relacionado con la punibilidad de la madre abortante. En ese sentido, hay que tener en cuenta que la madre ha sufrido una experiencia nefasta y se la somete al sistema penal. Entonces se pregunta qué necesidad de aplicarle una pena.
A lo largo y a lo ancho del país, a partir de los fallos jurisprudenciales como el de Natividad Frías, no se pune a la madre o es muy difícil hacerlo por muchas razones. En primer lugar, porque se protege el secreto profesional de quienes atienden a las madres abortantes luego de estos abortos clandestinos. Entonces, hay un límite en cuanto a iniciar un sumario y, en el caso de que lo haya, se produce una nulidad.
Por otra parte, la dogmática ha desarrollado un concepto que se llama de pena natural, que tiene que ver con el fin preventivo de la pena. Es decir, las huellas de aquella madre que sufrió lesiones físicas o psíquicas graves a causa del aborto actúan como inhibidoras de conductas abortivas futuras de manera mucho más fuerte que la pena. Por lo tanto, no es indispensable aplicar una pena en estos casos, porque ya se cumple el fin de la prevención.
Finalmente, entiendo que el grave problema que hoy nos acecha es la cantidad de abortos clandestinos, donde se pone en riesgo la salud y muchas veces se termina con la vida de la madre.
Este flagelo golpea con mayor firmeza a las mujeres de bajo recursos. Esta amarga realidad debe combatirse no con muerte sino con un mayor acceso a la información y a métodos anticonceptivos, poniendo el acento en la educación sexual y en la asistencia médica y psicológica de las madres abortantes.
Los organismos sanitarios y judiciales no deben burocratizar el acceso a abortos no punibles. No se requiere autorización judicial alguna para practicarlo, ya que la ley no lo prohíbe.
No debemos olvidar que un aborto, aunque sea legal, igualmente importa un riesgo para la salud de la mujer y deja secuelas psicológicas difíciles de superar. (Aplausos.)
El tema de penalizar o despenalizar el aborto ha suscitado controversias en todo el mundo. No es fácil, debido a que se mezclan la religión, la moral, lo jurídico y lo médico. Por tanto, entiendo que debe circunscribirse el debate al campo científico.
En este sentido, la ciencia jurídica señala que debe tenerse presente que la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre los Derecho del Niño establecen un limite infranqueable en la discusión. Así, el único sistema viable en materia de aborto es el sistema de indicaciones y no el de plazos, como algunos pretenden. Dichas convenciones integran lo que manifestaba Bidart Campos: el bloque de constitucionalidad federal. Es decir, tienen la misma jerarquía que nuestra Constitución Nacional y, por lo tanto, el derecho interno debe ajustarse a lo prescripto en dichas convenciones.
Al hablar de aborto, no debemos perder de vista que siempre hay un conflicto de intereses. Por un lado, el derecho a la vida del niño por nacer y, por el otro, el derecho de la madre a planificar su maternidad y gozar su sexualidad. En esta colisión de bienes jurídicos debe primar la vida, ya que tiene mayor jerarquía que los otros señalados. El carácter supremo del bien jurídico "vida" solo autoriza a su disposición en casos de estado de necesidad de la madre, es decir, cuando opere una causa de justificación. Dicha circunstancia se verifica en casos de peligro para la vida o daño en la salud física o psíquica de la madre.
Previo a adentrarme sobre la importancia de despenalizar o no el aborto, es preciso realizar una aclaración conceptual. A lo largo de este debate, he escuchado que se utiliza un concepto de persona como construcción cultural, histórica, social y/o normativa. Dicha concepción de persona se asemeja a la utilizada por Jakobs en su obra Derecho penal del enemigo. El catedrático alemán, influido por las ideas de Luhmann, considera que la persona es una creación del Estado; entonces, así como la otorga en determinadas situaciones, también la puede quitar.
Este tipo de construcciones dadas en la historia han provocado los más grandes horrores de la humanidad, como por ejemplo el Holocausto del pueblo judío.
Por ello, considero imprescindible sostener un concepto de persona acorde a la teoría de los derechos humanos, o sea, como una obligación que tiene el Estado de reconocer al ser humano como sujeto de derechos. Así, el ser humano es persona porque su dignidad lo exige y no porque es una construcción.
Realizadas estas aclaraciones conceptuales, me adentraré a tratar sobre la conveniencia de penalizar o despenalizar el aborto. Para ello, es necesario realizar un abordaje a la luz de la teoría de la pena, cuyas enseñanzas permiten tener un panorama claro del fenómeno penal y del rol que deben ocupar cada uno de los protagonistas.
En este sentido, cabe señalar que me enrolo en la teoría dialéctica de la unión, desarrollada por Roxin. Esta teoría ecléctica considera que la pena tiene un fin preventivo, fin que difiere en cada momento del fenómeno penal. El maestro alemán lo divide en tres grandes etapas: la conminación penal -etapa que actualmente transitamos-, la imposición de la pena y, por último, su ejecución.
Respecto de la etapa de la conminación penal -es decir, si es conveniente o no considerar al aborto como delito-, la tarea realizada por el legislador es efectuada teniendo en cuenta la prevención general negativa. ¿Qué ese esto? La amenaza que esgrime la ley penal, dirigida a todos los ciudadanos, de imponer una pena en caso de que se cometa un delito.
Esta idea fue desarrollada, entre otros autores, por Feuerbach, en su teoría de la coacción psicológica, que ha sido y es objeto de críticas por parte de los abolicionistas. Estos argumentos también son sostenidos por los partidarios de despenalizar el aborto en este debate. Los abolicionistas señalan que hay un fracaso de la pena debido al elevado número de abortos clandestinos, que no solo perjudican la salud de la madre abortante, sino que además, en muchos casos, terminan con su vida.
Este flagelo es una realidad que debe tenerse en cuenta, a la vez que debe ponderarse el elevado número de individuos que no cometen abortos porque es delito. Es difícil tener estadísticas ciertas al respecto. No debe perderse de vista que aquel que no abortó por miedo a ser atrapado y sancionado penalmente, hoy es padre o madre. Por lo tanto, reconocer dicha circunstancia implica sostener que no quiso traer al mundo a su hijo. Este develamiento supone un costo social y familiar elevado entre quienes han considerado la práctica del aborto.
No obstante dicho obstáculo para obtener estadísticas serias, la historia demuestra que, en casos donde se ha perdido el orden jurídico y existe o existió impunidad, aumentan los delitos en forma exponencial. Por ejemplo, a lo largo de la historia, las invasiones han traído consigo un aumento de violaciones, homicidios y saqueos, demostrando a todas luces la eficiencia del derecho penal para cometer el crimen.
La pena es una amarga necesidad. Imponer una pena supone una violencia contra el penado, pero es necesaria porque no se ha encontrado un sustituto de ella. No hay que olvidar que lo que busca el derecho penal es reducir la violencia en la sociedad a fin de que se pueda coexistir en forma pacífica.
Eliminar todo tipo de violencia en una sociedad es una quimera. Así lo sostienen autores como Schünemann o como Silva Sánchez en su libro Aproximación al derecho penal contemporáneo.
Con relación al segundo momento que Roxin plantea -es decir, la aplicación de la pena-, es practicado por el juez, quien debe buscar prevención general positiva, prevención especial y retribución.
Así, el juez, al dictar una sentencia condenatoria está afirmando la vigencia del ordenamiento jurídico vulnerado por una conducta humana, típica, antijurídica y culpable. Es decir, la prevención general positiva, integradora o estabilizadora, como algunos la llaman.
Así mismo, en dicha resolución subyace una idea de justicia, la cual es comunicada a la comunidad por el carácter público. La mencionada decisión encuentra también su asidero en la resociabilización. Dichos intereses confluyen en la cabeza del juez a la hora de imponer una sanción penal, adquiriendo mayor preponderancia uno u otro, según el caso. Ese momento, si bien no corresponde al legislador, debe tenerse presente ya que se materializa lo establecido por él.
Un punto que destacan los abolicionistas del aborto es todo lo relacionado con la punibilidad de la madre abortante. En ese sentido, hay que tener en cuenta que la madre ha sufrido una experiencia nefasta y se la somete al sistema penal. Entonces se pregunta qué necesidad de aplicarle una pena.
A lo largo y a lo ancho del país, a partir de los fallos jurisprudenciales como el de Natividad Frías, no se pune a la madre o es muy difícil hacerlo por muchas razones. En primer lugar, porque se protege el secreto profesional de quienes atienden a las madres abortantes luego de estos abortos clandestinos. Entonces, hay un límite en cuanto a iniciar un sumario y, en el caso de que lo haya, se produce una nulidad.
Por otra parte, la dogmática ha desarrollado un concepto que se llama de pena natural, que tiene que ver con el fin preventivo de la pena. Es decir, las huellas de aquella madre que sufrió lesiones físicas o psíquicas graves a causa del aborto actúan como inhibidoras de conductas abortivas futuras de manera mucho más fuerte que la pena. Por lo tanto, no es indispensable aplicar una pena en estos casos, porque ya se cumple el fin de la prevención.
Finalmente, entiendo que el grave problema que hoy nos acecha es la cantidad de abortos clandestinos, donde se pone en riesgo la salud y muchas veces se termina con la vida de la madre.
Este flagelo golpea con mayor firmeza a las mujeres de bajo recursos. Esta amarga realidad debe combatirse no con muerte sino con un mayor acceso a la información y a métodos anticonceptivos, poniendo el acento en la educación sexual y en la asistencia médica y psicológica de las madres abortantes.
Los organismos sanitarios y judiciales no deben burocratizar el acceso a abortos no punibles. No se requiere autorización judicial alguna para practicarlo, ya que la ley no lo prohíbe.
No debemos olvidar que un aborto, aunque sea legal, igualmente importa un riesgo para la salud de la mujer y deja secuelas psicológicas difíciles de superar. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Tiene la palabra la doctora Claudia Anzorena, doctora en Ciencias Sociales e investigadora del Conicet.
SRA. ANZORENA Señor presidente: quiero agradecer la oportunidad de estar acá, sobre todo a mis compañeras de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Mendoza y de todo el país.
Afortunadamente, ya han sido muchas quienes en estas audiencias presentaron argumentos y estudios científicos con los que han fundamentado seria y metódicamente por qué la legalización del aborto es un asunto de salud pública, de justicia social y de derechos humanos en una sociedad que busca avanzar hacia relaciones más democráticas.
Las palabras que quiero compartir son producto de años de reflexiones científicas y políticas, de un saber colectivo y comprometido con los derechos humanos.
Las mujeres y las personas con capacidad de gestar no venimos a pedir permiso. Siempre hemos abortado y lo vamos a seguir haciendo en las condiciones en las que podamos.
Sin embargo, a esta altura de las circunstancias estamos convencidas de que es injusto que las decisiones que tomamos sobre nuestra sexualidad, nuestra salud, nuestros deseos y nuestras capacidades reproductivas tengan que ser gestionadas en la clandestinidad y bajo preceptos morales ajenos.
A mí, como a otras ciento de miles, nadie me contó lo que es el temor a un embarazo no deseado o a la clandestinidad. Lo he vivido tanto en mi propio cuerpo como en el de una mujer querida o desconocida. El miedo a morir, a no encontrar ayuda, a la soledad y a estar dispuesta a hacer cualquier cosa frente a un proceso biológico vivido como invasivo es producto de la criminalización legal y social, y no de la práctica del aborto en sí misma como una opción más ante un embarazo inoportuno.
Después de treinta y cinco años de democracia, de reconocimiento de la salud sexual y reproductiva como parte fundamental de los derechos humanos de las humanas y donde la salud es definida como un estado general de bienestar físico, mental y social, y no como la mera ausencia de enfermedades, la legalización del aborto voluntario viene a ensanchar las dimensiones de la justicia.
La legitimidad del aborto está instalada en la sociedad. El hecho de que hoy estén siendo escuchados nuestros argumentos a favor del aborto legal, seguro y gratuito, así lo demuestra.
Durante estos años en que nos organizamos, aprendimos mucho sobre el aborto, la anticoncepción, la sexualidad y el deseo. Pero, sobre todo, aprendimos que saber y conocer es lo que nos permite tomar decisiones.
Piensen en el impulso que estas herramientas y este conocimiento nos dan; en cómo han cambiado los sentidos de los abortos propios y de otras, al punto de ver a las jóvenes y adolescentes abrazar la causa aun sin haber vivido todas las restricciones que vivimos nosotras, nuestras madres o nuestras abuelas. Para ellas, ya es un derecho adquirido.
A esta altura del desarrollo tecnológico consideramos injusto que tengamos que elegir entre la ley o nuestras vidas. Es injusto que, ante una práctica que puede ser poco riesgosa y nada invasiva, muchas pongamos en juego nuestra salud. Es aberrante que el aborto sea seguro para quienes tienen recursos económicos y socioculturales, y un riesgo para quienes no los poseen.
Nosotras no venimos para que ahora, los sectores "antiderechos" hablen de la necesidad de políticas de prevención de embarazos no deseados o de protección de las mujeres embarazadas. La integralidad de los derechos sexuales y reproductivos ha sido nuestra bandera desde hace décadas. Desde mediados de los 80 hemos sido nosotras las que nos hemos parado frente al Estado y exigimos que se garanticen nuestros derechos: patria potestad compartida, divorcio, salud sexual y reproductiva, parto respetado, educación sexual integral, prevención, sanción y erradicación de la violencia, matrimonio igualitario, identidad de género. Cada uno de estos tópicos fue fuertemente resistido por los mismos sectores que hoy resisten el presente proyecto de ley.
En contra de cada una de estas leyes esgrimieron argumentos falsos, manipuladores y hasta absurdos, despreciando a las mujeres y a las disidentes sexuales. Es una historia que hoy se está repitiendo, pero confío en que nuestras y nuestros representantes comprendan que, a la hora de trazar una política, no se trata de debatir sobre asuntos morales o creencias particulares. Se trata de que el Estado asuma de manera consciente y responsable las problemáticas que se presentan.
Las mujeres que abortamos tenemos plena conciencia de la responsabilidad, el compromiso y el valor de la vida humana porque somos nosotras las que gestamos, las que cuidamos, las que criamos. Por esto, no nos da lo mismo llevar a término un embarazo en cualquier condición y mucho menos "tenerlo y darlo" como si fuéramos solo incubadoras.
Si hasta como reconocen los opositores de estos derechos, legal o ilegal el aborto ocurre igual, ¿por qué seguir manteniendo la ilegalidad y continuar beneficiando a quienes lucran con leyes anacrónicas e ineficaces?
Este no es un problema que se pueda eliminar o tapar con legislaciones necias, sino que es una práctica concreta que muchas experimentan, viven y significan de diferentes modos. El Estado tiene que enfrentar el asunto. Desentenderse es no asumir la responsabilidad social e institucional de las fallas y la discriminación en el acceso a la salud y a la justicia en que vivimos la mitad de la población del país.
Tal como hemos dicho incansablemente, el aborto legal es la gran deuda que la democracia tiene con las mujeres en el camino emprendido de reconocernos como ciudadanas.
Voy a leer palabras de nuestra querida y siempre presente en todas nosotras, Dora Coledesky: "En esta lucha está en juego nuestra propia dignidad, (...) es no ser consideradas como cosas sino como seres humanos dispuestos a vivir una vida digna de ser vivida."
Señores diputados y señoras diputadas: ustedes tienen la responsabilidad histórica de reconocer la dignidad de las decisiones de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Voten a favor del proyecto de ley sobre Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. (Aplausos.)
Afortunadamente, ya han sido muchas quienes en estas audiencias presentaron argumentos y estudios científicos con los que han fundamentado seria y metódicamente por qué la legalización del aborto es un asunto de salud pública, de justicia social y de derechos humanos en una sociedad que busca avanzar hacia relaciones más democráticas.
Las palabras que quiero compartir son producto de años de reflexiones científicas y políticas, de un saber colectivo y comprometido con los derechos humanos.
Las mujeres y las personas con capacidad de gestar no venimos a pedir permiso. Siempre hemos abortado y lo vamos a seguir haciendo en las condiciones en las que podamos.
Sin embargo, a esta altura de las circunstancias estamos convencidas de que es injusto que las decisiones que tomamos sobre nuestra sexualidad, nuestra salud, nuestros deseos y nuestras capacidades reproductivas tengan que ser gestionadas en la clandestinidad y bajo preceptos morales ajenos.
A mí, como a otras ciento de miles, nadie me contó lo que es el temor a un embarazo no deseado o a la clandestinidad. Lo he vivido tanto en mi propio cuerpo como en el de una mujer querida o desconocida. El miedo a morir, a no encontrar ayuda, a la soledad y a estar dispuesta a hacer cualquier cosa frente a un proceso biológico vivido como invasivo es producto de la criminalización legal y social, y no de la práctica del aborto en sí misma como una opción más ante un embarazo inoportuno.
Después de treinta y cinco años de democracia, de reconocimiento de la salud sexual y reproductiva como parte fundamental de los derechos humanos de las humanas y donde la salud es definida como un estado general de bienestar físico, mental y social, y no como la mera ausencia de enfermedades, la legalización del aborto voluntario viene a ensanchar las dimensiones de la justicia.
La legitimidad del aborto está instalada en la sociedad. El hecho de que hoy estén siendo escuchados nuestros argumentos a favor del aborto legal, seguro y gratuito, así lo demuestra.
Durante estos años en que nos organizamos, aprendimos mucho sobre el aborto, la anticoncepción, la sexualidad y el deseo. Pero, sobre todo, aprendimos que saber y conocer es lo que nos permite tomar decisiones.
Piensen en el impulso que estas herramientas y este conocimiento nos dan; en cómo han cambiado los sentidos de los abortos propios y de otras, al punto de ver a las jóvenes y adolescentes abrazar la causa aun sin haber vivido todas las restricciones que vivimos nosotras, nuestras madres o nuestras abuelas. Para ellas, ya es un derecho adquirido.
A esta altura del desarrollo tecnológico consideramos injusto que tengamos que elegir entre la ley o nuestras vidas. Es injusto que, ante una práctica que puede ser poco riesgosa y nada invasiva, muchas pongamos en juego nuestra salud. Es aberrante que el aborto sea seguro para quienes tienen recursos económicos y socioculturales, y un riesgo para quienes no los poseen.
Nosotras no venimos para que ahora, los sectores "antiderechos" hablen de la necesidad de políticas de prevención de embarazos no deseados o de protección de las mujeres embarazadas. La integralidad de los derechos sexuales y reproductivos ha sido nuestra bandera desde hace décadas. Desde mediados de los 80 hemos sido nosotras las que nos hemos parado frente al Estado y exigimos que se garanticen nuestros derechos: patria potestad compartida, divorcio, salud sexual y reproductiva, parto respetado, educación sexual integral, prevención, sanción y erradicación de la violencia, matrimonio igualitario, identidad de género. Cada uno de estos tópicos fue fuertemente resistido por los mismos sectores que hoy resisten el presente proyecto de ley.
En contra de cada una de estas leyes esgrimieron argumentos falsos, manipuladores y hasta absurdos, despreciando a las mujeres y a las disidentes sexuales. Es una historia que hoy se está repitiendo, pero confío en que nuestras y nuestros representantes comprendan que, a la hora de trazar una política, no se trata de debatir sobre asuntos morales o creencias particulares. Se trata de que el Estado asuma de manera consciente y responsable las problemáticas que se presentan.
Las mujeres que abortamos tenemos plena conciencia de la responsabilidad, el compromiso y el valor de la vida humana porque somos nosotras las que gestamos, las que cuidamos, las que criamos. Por esto, no nos da lo mismo llevar a término un embarazo en cualquier condición y mucho menos "tenerlo y darlo" como si fuéramos solo incubadoras.
Si hasta como reconocen los opositores de estos derechos, legal o ilegal el aborto ocurre igual, ¿por qué seguir manteniendo la ilegalidad y continuar beneficiando a quienes lucran con leyes anacrónicas e ineficaces?
Este no es un problema que se pueda eliminar o tapar con legislaciones necias, sino que es una práctica concreta que muchas experimentan, viven y significan de diferentes modos. El Estado tiene que enfrentar el asunto. Desentenderse es no asumir la responsabilidad social e institucional de las fallas y la discriminación en el acceso a la salud y a la justicia en que vivimos la mitad de la población del país.
Tal como hemos dicho incansablemente, el aborto legal es la gran deuda que la democracia tiene con las mujeres en el camino emprendido de reconocernos como ciudadanas.
Voy a leer palabras de nuestra querida y siempre presente en todas nosotras, Dora Coledesky: "En esta lucha está en juego nuestra propia dignidad, (...) es no ser consideradas como cosas sino como seres humanos dispuestos a vivir una vida digna de ser vivida."
Señores diputados y señoras diputadas: ustedes tienen la responsabilidad histórica de reconocer la dignidad de las decisiones de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Voten a favor del proyecto de ley sobre Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Tiene la palabra la señora Luján Arbizu de Rossi. Es abogada y miembro de la Comisión sobre los Derechos de la Mujer del Colegio de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires. Dicta cursos, conferencias y talleres relacionados con los derechos de la mujer en el ámbito de la magistratura de la provincia de Buenos Aires.
SRA. ARBIZU DE ROSSI Señor presidente: muchas gracias por el espacio que nos brindan en un momento en el que es muy importante poder escucharnos y opinar sobre este proyecto de ley.
Pese a que ya algunos expositores han hecho referencia al tema, como estamos hablando en el marco de un estado de derecho me parece fundamental hacer hincapié en la imposibilidad del Congreso de la Nación de tratar una iniciativa que va en contra de las normas constitucionales. Como bien se dijo acá, en la reforma del año 1994 la Convención Constituyente adhirió y otorgó rango constitucional a tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención sobre los Derechos del Niño.
En un principio, iba a realizar una introducción respecto de la norma legal; pero, como ya lo hicieron, para no aburrirlos voy a hablar desde mi experiencia.
Llevo veinte años trabajando en todo el conurbano bonaerense, donde me vinculo con los jóvenes. Lo que noto es que el aborto no es la solución. Tampoco podemos decir que la gente pobre es la que debe abortar porque no tiene los medios para hacerlo. Ese no es el remedio. ¿Cuál es el remedio? Hay que brindar posibilidades a esas personas.
La expositora que hizo uso de la palabra hace unos instantes se refirió a la justicia social. Debemos bregar por una justicia social para todos.
¿Por qué mi postura es a favor de la vida? Porque estoy convencida -dado que la legislación y la ciencia así lo afirman- de que hay vida desde el momento de la concepción. Entonces, no puedo decidir arbitrariamente quién debe vivir y quién debe morir. Considero que los derechos humanos son para todos. Lo que ocurre es que, cuando hablamos de aborto, la persona que va a ser víctima de ese hecho no tiene voz y no puede expresarse. Por ende, me siento en la obligación moral de ser la voz de aquellos que no la tienen. Es decir, poder expresar que allí hay una vida, una persona con un ADN propio, que no es parte del cuerpo de la mujer sino un ser independiente, aunque por el momento esté en el seno de la madre.
Por otro lado, considero que la despenalización del aborto o la interrupción del embarazo -tal como se la menciona- es parte de una ideología. ¿Por qué? Porque la interrupción del embarazo es una mentira; no existe ese término. Interrumpir implica suspender momentáneamente. Eso, en el embarazo, es imposible, porque si se interrumpe se mata y no hay posibilidad de recuperar esa vida. Eso forma parte de la ideología que nos quieren implantar. A mí no me va a pasar porque ya soy grande, pero les puede suceder a los jóvenes. Los quieren convencer con ideologías y términos equívocos e irreales. Señores: acá no hay ninguna interrupción; aquí hay muerte de un ser. Eso no es lo mismo. Yo puedo interrumpir algo que luego se podría volver a realizar; acá no existe esa posibilidad. Entonces, es mentira que estemos hablando de interrupción del embarazo. Debemos llamar a las cosas por su nombre. Si realmente queremos legalizar el aborto, lo debemos decir con todas las letras: el aborto es matar a otro ser. Pero no disfracemos esto con términos equívocos.
Tengo hijos adolescentes y noto que ya desde jóvenes acceden a información y conceptos equivocados como alternativas a una solución, lo cual también es mentira. Todos los especialistas han demostrado que existe el síndrome posaborto y que la mujer nunca se lo podrá quitar. A raíz de ese síndrome encontramos una juventud sumida en la depresión, el fracaso y en una debilidad psíquica. Por eso creo que a las organizaciones mundiales y a los políticos de turno les conviene ver a los jóvenes de esa forma, pues es una población más fácil de manejar y dirigir.
Por otro lado, una expositora se refirió hoy al morbo que generan las imágenes que aquí se muestran relacionadas con las distintas formas de realizar abortos. Personalmente, creo que no es morbo sino una realidad. Si la realidad es morbo, entonces soy morbo. Si se muestran bebés despedazados, mutilados y quemados, debo decir que esa es la realidad de lo que significa un aborto.
Hablan de aborto legal y seguro, pero ¿seguro para quién, si a la primera persona que estamos matando es un bebé? Lo estamos privando del derecho a la vida, un derecho primordial porque sin él no hay derecho a la libertad ni a la dignidad humana.
Por lo tanto, no disfracemos términos con significados que no corresponden. No digamos, a través de imágenes manipuladas, una cosa por otra. Hagámonos cargo si queremos legislar con la cultura de la muerte y la violencia dando a las jóvenes la opción de decidir cuándo quieren interrumpir un embarazo y cuando no. Algunas dicen: yo decido cuándo quiero y cuando no; pero cuando se está frente a la consecuencia de esa decisión, hay que hacerse cargo y responsabilizarse por la vida de la persona que se encuentra en el seno de su madre, donde debe gozar de todos los derechos, como cualquier otra. (Aplausos.)
Pese a que ya algunos expositores han hecho referencia al tema, como estamos hablando en el marco de un estado de derecho me parece fundamental hacer hincapié en la imposibilidad del Congreso de la Nación de tratar una iniciativa que va en contra de las normas constitucionales. Como bien se dijo acá, en la reforma del año 1994 la Convención Constituyente adhirió y otorgó rango constitucional a tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención sobre los Derechos del Niño.
En un principio, iba a realizar una introducción respecto de la norma legal; pero, como ya lo hicieron, para no aburrirlos voy a hablar desde mi experiencia.
Llevo veinte años trabajando en todo el conurbano bonaerense, donde me vinculo con los jóvenes. Lo que noto es que el aborto no es la solución. Tampoco podemos decir que la gente pobre es la que debe abortar porque no tiene los medios para hacerlo. Ese no es el remedio. ¿Cuál es el remedio? Hay que brindar posibilidades a esas personas.
La expositora que hizo uso de la palabra hace unos instantes se refirió a la justicia social. Debemos bregar por una justicia social para todos.
¿Por qué mi postura es a favor de la vida? Porque estoy convencida -dado que la legislación y la ciencia así lo afirman- de que hay vida desde el momento de la concepción. Entonces, no puedo decidir arbitrariamente quién debe vivir y quién debe morir. Considero que los derechos humanos son para todos. Lo que ocurre es que, cuando hablamos de aborto, la persona que va a ser víctima de ese hecho no tiene voz y no puede expresarse. Por ende, me siento en la obligación moral de ser la voz de aquellos que no la tienen. Es decir, poder expresar que allí hay una vida, una persona con un ADN propio, que no es parte del cuerpo de la mujer sino un ser independiente, aunque por el momento esté en el seno de la madre.
Por otro lado, considero que la despenalización del aborto o la interrupción del embarazo -tal como se la menciona- es parte de una ideología. ¿Por qué? Porque la interrupción del embarazo es una mentira; no existe ese término. Interrumpir implica suspender momentáneamente. Eso, en el embarazo, es imposible, porque si se interrumpe se mata y no hay posibilidad de recuperar esa vida. Eso forma parte de la ideología que nos quieren implantar. A mí no me va a pasar porque ya soy grande, pero les puede suceder a los jóvenes. Los quieren convencer con ideologías y términos equívocos e irreales. Señores: acá no hay ninguna interrupción; aquí hay muerte de un ser. Eso no es lo mismo. Yo puedo interrumpir algo que luego se podría volver a realizar; acá no existe esa posibilidad. Entonces, es mentira que estemos hablando de interrupción del embarazo. Debemos llamar a las cosas por su nombre. Si realmente queremos legalizar el aborto, lo debemos decir con todas las letras: el aborto es matar a otro ser. Pero no disfracemos esto con términos equívocos.
Tengo hijos adolescentes y noto que ya desde jóvenes acceden a información y conceptos equivocados como alternativas a una solución, lo cual también es mentira. Todos los especialistas han demostrado que existe el síndrome posaborto y que la mujer nunca se lo podrá quitar. A raíz de ese síndrome encontramos una juventud sumida en la depresión, el fracaso y en una debilidad psíquica. Por eso creo que a las organizaciones mundiales y a los políticos de turno les conviene ver a los jóvenes de esa forma, pues es una población más fácil de manejar y dirigir.
Por otro lado, una expositora se refirió hoy al morbo que generan las imágenes que aquí se muestran relacionadas con las distintas formas de realizar abortos. Personalmente, creo que no es morbo sino una realidad. Si la realidad es morbo, entonces soy morbo. Si se muestran bebés despedazados, mutilados y quemados, debo decir que esa es la realidad de lo que significa un aborto.
Hablan de aborto legal y seguro, pero ¿seguro para quién, si a la primera persona que estamos matando es un bebé? Lo estamos privando del derecho a la vida, un derecho primordial porque sin él no hay derecho a la libertad ni a la dignidad humana.
Por lo tanto, no disfracemos términos con significados que no corresponden. No digamos, a través de imágenes manipuladas, una cosa por otra. Hagámonos cargo si queremos legislar con la cultura de la muerte y la violencia dando a las jóvenes la opción de decidir cuándo quieren interrumpir un embarazo y cuando no. Algunas dicen: yo decido cuándo quiero y cuando no; pero cuando se está frente a la consecuencia de esa decisión, hay que hacerse cargo y responsabilizarse por la vida de la persona que se encuentra en el seno de su madre, donde debe gozar de todos los derechos, como cualquier otra. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Tiene la palabra el licenciado Fabricio Matías Ballarini, biólogo e investigador del Conicet.
SR. BALLARINI Señor presidente: aclaro que soy doctor, no licenciado.
No vengo a convencer ni a vender absolutamente nada; ni siquiera vengo a emocionarlos con una historia de vida. Vengo simplemente a hablar un poco de evidencia científica, que es lo mejor que tiene la humanidad, al menos hasta el momento.
Por otra parte, vengo a comprometerlos como legisladores y como sociedad porque exponerse ante las evidencias científicas no es para cualquiera. Es solo para quienes creen que las vacunas curan enfermedades, para los que viajan en avión o en colectivo, para los que usan la gravedad para apoyarse en el piso, para los que usan Internet, para quienes creen que los remedios sirven para curar enfermedades y que sin ellos se podría llegar a la muerte, y para los que usan agua potable o teléfonos celulares. Pero, por sobre todas las cosas, es para las personas con deseos de tener o experimentar todo lo mencionado porque saben, aunque no puedan acceder a ellos, que la calidad de vida mejora gracias a esos objetos, conocimientos y evidencias.
En todos los instantes de la vida hay ciencia. Hay evidencias que nos permiten mejorar nuestra calidad de vida. Por este motivo, los Estados más inteligentes y eficientes del mundo invierten miles de millones de dólares en ciencia. Lamentablemente, esto no ocurre en el nuestro.
¿Por qué vengo a comprometerlos? Porque una vez que uno entiende las evidencias gracias a que alguien se las cuenta, tiene dos opciones: creer y actuar en consecuencia -en el caso de los legisladores, tienen en sus manos la salud del resto de la población- o ser negligentes en sus funciones o, lo que es aún peor, con la verdad.
Durante los últimos años y hasta hace unas pocas semanas, la revista The Lancet y la Organización Mundial de la Salud -no la revista Billiken o el diario de la semana pasada- expusieron varios trabajos científicos que me gustaría compartir con ustedes porque no tuvieron connotación alguna ni ocuparon las portadas de los diarios.
Para dimensionar el valor científico de estos resultados, cabe señalar que los conocimientos y avances sobre neurología, oncología, psiquiatría, hematología, HIV, medicina respiratoria y enfermedades infecciosas se publican en este tipo de revistas. Por lo tanto, no estoy aquí para contar mi opinión, sino para contar evidencia científica.
Por año, hay aproximadamente 227 millones de embarazos en el mundo, de los cuales el 44 por ciento son involuntarios. De esa totalidad, 56 millones terminan en aborto, lo que representa uno de cada cuatro embarazos. Ahora bien, si a esos millones de abortos los dividimos entre países desarrollados y no desarrollados, se observará que en los Estados más adinerados y con políticas destinadas a la anticoncepción, la tasa abortiva disminuyó significativamente en los últimos veinticinco años.
Respecto de la parte del mundo que nos interesa, la nuestra, la de los subdesarrollados o en vías de desarrollo o pobres, la tasa se mantuvo constante. Frente a esto podríamos decir: genial, si se mantiene constante es buenísimo. Pero no lo es, porque la población aumenta y, por lo tanto, hay más abortos.
¿Podríamos pensar que la diferencia con estos abortos está relacionada con la riqueza de las naciones? No, porque el dato más importante es que las recientes evidencias científicas indican que la penalización del aborto no impide que las mujeres aborten. Es decir, el número de abortos cada mil mujeres es similar en países donde está prohibido que en los países en los que no: 37 contra 34 abortos por cada mil embarazos.
En otras palabras, que se prohíba practicar abortos no cambia la realidad. Mejor dicho, sí cambia y mucho: en la calidad de vida de las mujeres. ¿Por qué? Porque se estima que los países en vías de desarrollo, como el nuestro, en donde las leyes restrictivas contra el aborto tienden a ser altamente polémicas, unas 6,7 millones de mujeres reciben tratamiento médico por complicaciones generadas por abortos inseguros. O sea, se mueren o la pasan muy mal por practicarse un aborto en condiciones nefastas de salubridad.
Dicho de otra manera, asegurarse que las mujeres y sus parejas tengan acceso a métodos y estrategias a través de las cuales se les dé la posibilidad de optar, además de, por supuesto, contar con una amplia gama de información disponible, es una manera consistente y correcta de mantener políticas adecuadas de salud pública.
Puede que no les sorprenda, pero para mí es bastante lógico pensar que, si no se hace nada para prevenir cierta situación, dicha situación seguirá existiendo y será cada vez peor.
Le podemos poner el nombre que quieran: desidia, pereza, incompetencia, negligencia, creencias, falta de voluntad política o que no es el tiempo necesario para la sociedad. Todas estas palabras son sinónimos de muchas personas que se mueren o la pasan muy mal por culpa de quienes intentan tapar el sol con la mano para no ver la verdad.
Los abortos inseguros causan entre un 8 y un 11 por ciento de las muertes maternales en el mundo. Ocurren, predominantemente, en países como el nuestro. Todas las evidencias indican que la carga de embarazos no deseados recae sobre las mujeres más vulnerables.
La reducción del estigma, la minimización de las consecuencias sociales y económicas de los embarazos no deseados, la mejora de acceso a la anticoncepción moderna -altamente eficaz- y la garantía de abortos legales, seguros y gratuitos generaría mejoras tangibles en la salud.
Como científico, para mí significa muchísimo que ustedes conozcan estos datos. Asimismo, que entiendan que la ciencia nos acerca a la verdad, significa aún más. Sería un logro para nuestra sociedad que comprendan que, a partir de este conocimiento, nosotros y ustedes podemos exigir políticas basadas en evidencias científicas. Lamentablemente, en la actualidad estas políticas son independientes a nuestro deseos y creencias.
Hoy, más que nunca, más ciencia, más salud y más educación significa más libertad. (Aplausos.)
No vengo a convencer ni a vender absolutamente nada; ni siquiera vengo a emocionarlos con una historia de vida. Vengo simplemente a hablar un poco de evidencia científica, que es lo mejor que tiene la humanidad, al menos hasta el momento.
Por otra parte, vengo a comprometerlos como legisladores y como sociedad porque exponerse ante las evidencias científicas no es para cualquiera. Es solo para quienes creen que las vacunas curan enfermedades, para los que viajan en avión o en colectivo, para los que usan la gravedad para apoyarse en el piso, para los que usan Internet, para quienes creen que los remedios sirven para curar enfermedades y que sin ellos se podría llegar a la muerte, y para los que usan agua potable o teléfonos celulares. Pero, por sobre todas las cosas, es para las personas con deseos de tener o experimentar todo lo mencionado porque saben, aunque no puedan acceder a ellos, que la calidad de vida mejora gracias a esos objetos, conocimientos y evidencias.
En todos los instantes de la vida hay ciencia. Hay evidencias que nos permiten mejorar nuestra calidad de vida. Por este motivo, los Estados más inteligentes y eficientes del mundo invierten miles de millones de dólares en ciencia. Lamentablemente, esto no ocurre en el nuestro.
¿Por qué vengo a comprometerlos? Porque una vez que uno entiende las evidencias gracias a que alguien se las cuenta, tiene dos opciones: creer y actuar en consecuencia -en el caso de los legisladores, tienen en sus manos la salud del resto de la población- o ser negligentes en sus funciones o, lo que es aún peor, con la verdad.
Durante los últimos años y hasta hace unas pocas semanas, la revista The Lancet y la Organización Mundial de la Salud -no la revista Billiken o el diario de la semana pasada- expusieron varios trabajos científicos que me gustaría compartir con ustedes porque no tuvieron connotación alguna ni ocuparon las portadas de los diarios.
Para dimensionar el valor científico de estos resultados, cabe señalar que los conocimientos y avances sobre neurología, oncología, psiquiatría, hematología, HIV, medicina respiratoria y enfermedades infecciosas se publican en este tipo de revistas. Por lo tanto, no estoy aquí para contar mi opinión, sino para contar evidencia científica.
Por año, hay aproximadamente 227 millones de embarazos en el mundo, de los cuales el 44 por ciento son involuntarios. De esa totalidad, 56 millones terminan en aborto, lo que representa uno de cada cuatro embarazos. Ahora bien, si a esos millones de abortos los dividimos entre países desarrollados y no desarrollados, se observará que en los Estados más adinerados y con políticas destinadas a la anticoncepción, la tasa abortiva disminuyó significativamente en los últimos veinticinco años.
Respecto de la parte del mundo que nos interesa, la nuestra, la de los subdesarrollados o en vías de desarrollo o pobres, la tasa se mantuvo constante. Frente a esto podríamos decir: genial, si se mantiene constante es buenísimo. Pero no lo es, porque la población aumenta y, por lo tanto, hay más abortos.
¿Podríamos pensar que la diferencia con estos abortos está relacionada con la riqueza de las naciones? No, porque el dato más importante es que las recientes evidencias científicas indican que la penalización del aborto no impide que las mujeres aborten. Es decir, el número de abortos cada mil mujeres es similar en países donde está prohibido que en los países en los que no: 37 contra 34 abortos por cada mil embarazos.
En otras palabras, que se prohíba practicar abortos no cambia la realidad. Mejor dicho, sí cambia y mucho: en la calidad de vida de las mujeres. ¿Por qué? Porque se estima que los países en vías de desarrollo, como el nuestro, en donde las leyes restrictivas contra el aborto tienden a ser altamente polémicas, unas 6,7 millones de mujeres reciben tratamiento médico por complicaciones generadas por abortos inseguros. O sea, se mueren o la pasan muy mal por practicarse un aborto en condiciones nefastas de salubridad.
Dicho de otra manera, asegurarse que las mujeres y sus parejas tengan acceso a métodos y estrategias a través de las cuales se les dé la posibilidad de optar, además de, por supuesto, contar con una amplia gama de información disponible, es una manera consistente y correcta de mantener políticas adecuadas de salud pública.
Puede que no les sorprenda, pero para mí es bastante lógico pensar que, si no se hace nada para prevenir cierta situación, dicha situación seguirá existiendo y será cada vez peor.
Le podemos poner el nombre que quieran: desidia, pereza, incompetencia, negligencia, creencias, falta de voluntad política o que no es el tiempo necesario para la sociedad. Todas estas palabras son sinónimos de muchas personas que se mueren o la pasan muy mal por culpa de quienes intentan tapar el sol con la mano para no ver la verdad.
Los abortos inseguros causan entre un 8 y un 11 por ciento de las muertes maternales en el mundo. Ocurren, predominantemente, en países como el nuestro. Todas las evidencias indican que la carga de embarazos no deseados recae sobre las mujeres más vulnerables.
La reducción del estigma, la minimización de las consecuencias sociales y económicas de los embarazos no deseados, la mejora de acceso a la anticoncepción moderna -altamente eficaz- y la garantía de abortos legales, seguros y gratuitos generaría mejoras tangibles en la salud.
Como científico, para mí significa muchísimo que ustedes conozcan estos datos. Asimismo, que entiendan que la ciencia nos acerca a la verdad, significa aún más. Sería un logro para nuestra sociedad que comprendan que, a partir de este conocimiento, nosotros y ustedes podemos exigir políticas basadas en evidencias científicas. Lamentablemente, en la actualidad estas políticas son independientes a nuestro deseos y creencias.
Hoy, más que nunca, más ciencia, más salud y más educación significa más libertad. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Tiene la palabra la señora Olga Isabel Ovando Muñoz, periodista especializada en Bioética y presidenta de Familias del Mundo Unidas para la Paz.
SRA. OVANDO MUÑOZ Señor presidente: gracias por haberme invitado y por permitirme exponer en el Honorable Congreso de la Nación. Desde el año 2006 vengo todos los meses a estas calles para participar de la Marcha de los Escarpines y dar voz a quienes no la tienen.
Me convocaron para hablar del artículo 97 del documento elaborado en Pekín en 1995. No sé si lo recuerdan, pero dicho artículo -que fue pensado para la Conferencia Mundial sobre la Mujer- establece que los abortos en condiciones peligrosas, que amenazan la vida de un gran número de mujeres y representa un grave problema de salud pública, ya que son principalmente las más pobres y jóvenes las que corren más riesgos, son algo que debemos tratar de impedir en los países subdesarrollados.
Veo que acá hay mucha gente joven, la que quizás no conoce cómo se mueven los grandes poderes internacionales. Precisamente, lo que dispone este documento del año 1995 hoy lo estoy escuchando acá, paso a paso.
Como es sabido, en ese trabajo se instaló la palabra "género" o gender, impuesta por las Naciones Unidas.
En aquella Conferencia Mundial sobre la Mujer hubo tres países que pidieron que se especificara el significado de la palabra "género", porque no se entendía bien: Guatemala, Honduras y la Argentina. Cuando la presidencia vio tanta insistencia por parte de estos tres países a los que había que subordinar, propuso aplazar la aclaración y la discusión para dentro de un mes.
Al cabo de ese mes, por presiones de los bancos y de las naciones industrializadas sobre los créditos que se dan a los países pobres -yo también las sufrí, no me la contaron-, solamente quedó Guatemala insistiendo en que le explicaran el significado de la palabra "género".
Muchos en esta sala deben tener hijos. Por lo tanto, saben qué quiere decir "género" y que ese término está en todos los colegios y en todos los currículos. Así trabajan los grandes poderes.
Por eso hoy vengo a hablar de la violencia contra la vida, ya que aborto no es más que violentar una vida que se inicia y que no nos pertenece en absoluto. Nadie es dueño de la vida; nadie dice cuándo naces y cuándo mueres. Lo único que podemos hacer frente a una vida es aceptarla con amor o interrumpirla, aunque ya vimos que en la vida eso no existe y que en verdad es matar, asesinar. Es violencia contra la vida misma y no tan solo contra la mujer. Hoy en día se está estudiando el síndrome posaborto en las grandes universidades. Sin embargo, seguimos insistiendo: pobre la mujer violada. Yo digo: pobre la mujer violada que es sometida a otra violación.
Aquí hablamos de opinión pública y opinión publicada. Hace unos días llegué a Buenos Aires desde Israel, donde vi el Santo Sepulcro y el Pretorio. Ahora veo que este Congreso de la Nación se va a transformar en un Pretorio. Soy católica, por eso lo digo.
Cuando venía en el avión vi que se iba a empezar a tratar el tema del aborto. Entonces llegué, tomé mi grabador y empecé a recorrer el barrio preguntando a los porteros: ¿qué opinan si les dan un bebito muy chiquitito, que apenas puede respirar y tiene su boquita abierta, junto con una bolsita de polietileno y les dicen: ciérrenla y tírenlo a la basura? Me contestaron: usted está loca, señora. ¡Cómo voy a hacer eso!
Hoy por televisión miraba cómo en un país importantísimo rescataban a un perrito y el locutor exaltaba el valor de la vida. Sin embargo, acá se quiere matar a seres humanos, a pobres.
Hablan de la pobreza. Yo recorro los barrios pobres desde hace muchísimos años, enseñando y ayudando. Los pobres necesitan comida, no aborto. ¿Saben por qué? Porque son más humanos que nosotros, que lo tenemos todo o casi todo. He visto cómo trata una mujer pobre a sus niños.
La opinión pública, la opinión de la calle, no piensa dos veces en salvar una vida. La opinión publicada, la de los grandes lobbies de los medios, sí necesita basarse en ideologías foráneas -porque ni siquiera son ideologías para el crecimiento de nuestro país- para hacer un control irrestricto de la natalidad.
¿De qué democracia hablamos si no se permite que la vida nazca en un país que históricamente siempre abrió los brazos al mundo y donde tantos inmigrantes como yo se refugiaron?
Señores legisladores: en sus manos está condenar al inocente o respetar la vida que solo pertenece al Creador y a la creación. Soy católica y no lo niego; estoy orgullosa porque Dios es el señor de la vida. Si permiten el aborto, abrirán la puerta a que no haya niños Down. Tengo una nieta con síndrome de Down, quien me dijo lo siguiente: abuelita, decí a los legisladores que, si aprueban el aborto, van a aprobar nuestra pena de muerte.
En España, desde que se legalizó el aborto, no nacen niños con síndrome de Down. En muchos países industrializados del mundo sucede esto, porque se elimina a los más débiles.
He visto médicos llorar en conferencias internacionales porque cuando se fueron de weekend mataron al viejito que estaba internado. ¿Saben por qué? Porque producía gastos. Si se aprueba esta ley, vamos hacia una sociedad más dura, que no perdona y que solo permite nacer y vivir bien a unos pocos para que mueran unos muchos. (Aplausos.)
Me convocaron para hablar del artículo 97 del documento elaborado en Pekín en 1995. No sé si lo recuerdan, pero dicho artículo -que fue pensado para la Conferencia Mundial sobre la Mujer- establece que los abortos en condiciones peligrosas, que amenazan la vida de un gran número de mujeres y representa un grave problema de salud pública, ya que son principalmente las más pobres y jóvenes las que corren más riesgos, son algo que debemos tratar de impedir en los países subdesarrollados.
Veo que acá hay mucha gente joven, la que quizás no conoce cómo se mueven los grandes poderes internacionales. Precisamente, lo que dispone este documento del año 1995 hoy lo estoy escuchando acá, paso a paso.
Como es sabido, en ese trabajo se instaló la palabra "género" o gender, impuesta por las Naciones Unidas.
En aquella Conferencia Mundial sobre la Mujer hubo tres países que pidieron que se especificara el significado de la palabra "género", porque no se entendía bien: Guatemala, Honduras y la Argentina. Cuando la presidencia vio tanta insistencia por parte de estos tres países a los que había que subordinar, propuso aplazar la aclaración y la discusión para dentro de un mes.
Al cabo de ese mes, por presiones de los bancos y de las naciones industrializadas sobre los créditos que se dan a los países pobres -yo también las sufrí, no me la contaron-, solamente quedó Guatemala insistiendo en que le explicaran el significado de la palabra "género".
Muchos en esta sala deben tener hijos. Por lo tanto, saben qué quiere decir "género" y que ese término está en todos los colegios y en todos los currículos. Así trabajan los grandes poderes.
Por eso hoy vengo a hablar de la violencia contra la vida, ya que aborto no es más que violentar una vida que se inicia y que no nos pertenece en absoluto. Nadie es dueño de la vida; nadie dice cuándo naces y cuándo mueres. Lo único que podemos hacer frente a una vida es aceptarla con amor o interrumpirla, aunque ya vimos que en la vida eso no existe y que en verdad es matar, asesinar. Es violencia contra la vida misma y no tan solo contra la mujer. Hoy en día se está estudiando el síndrome posaborto en las grandes universidades. Sin embargo, seguimos insistiendo: pobre la mujer violada. Yo digo: pobre la mujer violada que es sometida a otra violación.
Aquí hablamos de opinión pública y opinión publicada. Hace unos días llegué a Buenos Aires desde Israel, donde vi el Santo Sepulcro y el Pretorio. Ahora veo que este Congreso de la Nación se va a transformar en un Pretorio. Soy católica, por eso lo digo.
Cuando venía en el avión vi que se iba a empezar a tratar el tema del aborto. Entonces llegué, tomé mi grabador y empecé a recorrer el barrio preguntando a los porteros: ¿qué opinan si les dan un bebito muy chiquitito, que apenas puede respirar y tiene su boquita abierta, junto con una bolsita de polietileno y les dicen: ciérrenla y tírenlo a la basura? Me contestaron: usted está loca, señora. ¡Cómo voy a hacer eso!
Hoy por televisión miraba cómo en un país importantísimo rescataban a un perrito y el locutor exaltaba el valor de la vida. Sin embargo, acá se quiere matar a seres humanos, a pobres.
Hablan de la pobreza. Yo recorro los barrios pobres desde hace muchísimos años, enseñando y ayudando. Los pobres necesitan comida, no aborto. ¿Saben por qué? Porque son más humanos que nosotros, que lo tenemos todo o casi todo. He visto cómo trata una mujer pobre a sus niños.
La opinión pública, la opinión de la calle, no piensa dos veces en salvar una vida. La opinión publicada, la de los grandes lobbies de los medios, sí necesita basarse en ideologías foráneas -porque ni siquiera son ideologías para el crecimiento de nuestro país- para hacer un control irrestricto de la natalidad.
¿De qué democracia hablamos si no se permite que la vida nazca en un país que históricamente siempre abrió los brazos al mundo y donde tantos inmigrantes como yo se refugiaron?
Señores legisladores: en sus manos está condenar al inocente o respetar la vida que solo pertenece al Creador y a la creación. Soy católica y no lo niego; estoy orgullosa porque Dios es el señor de la vida. Si permiten el aborto, abrirán la puerta a que no haya niños Down. Tengo una nieta con síndrome de Down, quien me dijo lo siguiente: abuelita, decí a los legisladores que, si aprueban el aborto, van a aprobar nuestra pena de muerte.
En España, desde que se legalizó el aborto, no nacen niños con síndrome de Down. En muchos países industrializados del mundo sucede esto, porque se elimina a los más débiles.
He visto médicos llorar en conferencias internacionales porque cuando se fueron de weekend mataron al viejito que estaba internado. ¿Saben por qué? Porque producía gastos. Si se aprueba esta ley, vamos hacia una sociedad más dura, que no perdona y que solo permite nacer y vivir bien a unos pocos para que mueran unos muchos. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Tiene la palabra la doctora Fernanda Pinasco Vázquez, quien es abogada, feminista y miembro del movimiento Católicas por el Derecho a Decidir.
SRA. PINASCO VÁZQUEZ Señor presidente: quiero agradecer al diputado de mi provincia Juan Manuel Huss, quien me convocó a esta reunión, a mis compañeras de Católicas por el Derecho a Decidir, a mis "compañeres" de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y a la Alianza de Abogadas y Abogados por los Derechos Humanos de las Mujeres porque, mal que les pese a varias y varios, las mujeres somos humanas. Tuvimos que esperar a la convención mundial celebrada en Viena en 1993 para que nos incluyan en el pacto de Naciones Unidas firmado en 1945 luego de las dos grandes guerras, porque también somos humanas y debíamos estar contempladas.
Yo sí vengo a convencerlos de algo: de que tanto nuestro proyecto -el de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito- como los otros presentados sobre interrupción voluntaria del embarazo son plenamente convencionales y constitucionales. ¿Por qué digo esto? Voy a ser un poco técnica en mi vocabulario debido a que soy abogada. Me gustaría que "todes" sepan que los estados se obligan a cumplir de buena fe sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Tal como lo establece la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. En su artículo 27 expresa lo siguiente: "Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado."
Somos parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque pertenecemos a la Organización de Estados Americanos. Es decir, no solamente ratificamos el tratado, sino que somos parte. ¿Qué dice esta corte, a la que debemos escuchar y respetar pues sus decisiones son válidas en el territorio argentino? Señala que, frente al ordenamiento jurídico mundial, el Estado no puede alegar su estructura federal para dejar de cumplir con una obligación internacional. Entonces, los Estados tienen el deber de adoptar medidas de derecho interno para garantizar el goce y la protección de los derechos humanos vigentes en su territorio y abstenerse de adoptar medidas contrarias a la protección de estos derechos.
Con respecto a la Argentina, varios y varias colegas hablaron aquí sobre la Constitución Nacional reformada en 1994 y específicamente de su artículo 75, inciso 22, por el que se otorga jerarquía constitucional a diversos tratados sobre derechos humanos. Sin embargo, no todas y todos mencionaron la última parte del inciso 22, que se refiere a las condiciones de dichos tratados.
En este punto, me referiré al artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece: "Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general,..." -pido a los diputados y a las diputadas que tengan esto en cuenta- "...a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente." Esto se conjuga con los artículos 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Quiero detenerme en este punto y concatenarlo con lo mencionado acerca de las condiciones de los tratados mencionados en el artículo 75, inciso 22, de nuestra Constitución Nacional. En el caso "Baby Boy versus Estados Unidos", el Comité sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas zanjó esta cuestión suscitada por el término "en general" y determinó que dicha expresión se incluyó para garantizar los abortos en Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que ya en 1921, el Código Penal abrió una puerta al decir que no eran punibles los abortos por dos causales: salud y violación.
Entonces, tenemos que pensar por qué la Corte demoró tanto en la Argentina y recién en mayo del año 2012 dijo que no debe ser judicializada la decisión de la mujer, niña o adolescente cuando la causal es violación o salud.
Esto, junto con la posición del Comité de Expertas del Mesecvi, nos lleva a pedir que no se sigan poniendo barreras y prohibiciones absolutas o relativas a la interrupción del embarazo. Debemos contar con protocolos que permitan su aplicación efectiva, justamente recomendando despenalizar la interrupción del embarazo y garantizando la salud sexual y reproductiva de las mujeres, así como también su derecho a la vida a través de la eliminación del aborto inseguro, estableciendo leyes y políticas públicas que permitan la interrupción del embarazo.
No estamos pidiendo otra cosa más que el deber de legislar con perspectiva de género, y de visibilizar a las cuarenta y tres muertas por aborto clandestino en el año 2016, según cifras del Ministerio de Salud de la Nación.
Poner el foco en una discusión parlamentaria respecto de si hay vida o no es un error importantísimo en materia legislativa. Lo que estamos discutiendo es si despenalizamos en tanto legislamos, o legalizamos según el fallo "F.A.L.", el cual se sigue aplicando en el territorio de la Argentina, al igual que los tratados internacionales sobre derechos humanos de las mujeres.
No estoy diciendo una cosa distinta a lo que ya manifestó la Organización Mundial de la Salud: el acceso a un aborto seguro para las mujeres, niñas y adolescentes en este país es un derecho humano que no debe ser dejado de lado por cualquier pensamiento propio y particular que puedan tener los legisladores.
Por ello, y por todos los casos que acompañamos y a los que damos voz, estamos acá. Por ejemplo, por Ana María Acevedo, quien murió al igual que su feto porque los médicos y las médicas aplicaron erróneamente una mirada totalmente subjetiva y despoblada de otredad, negándole el acceso al aborto legal, seguro y gratuito.
¿Qué le decimos a ella? ¿Qué le decimos a todas, a todos y a "todes" con capacidad de gestar en este país? Por ellos estamos aquí. Es una obligación de todas y todos aceptar, de una vez por todas, que el aborto en la Argentina se va a seguir practicando. Entonces legislamos, despenalizamos y legalizamos el aborto o lo seguimos manteniendo clandestino y las mujeres mueren o son criminalizadas. (Aplausos.)
Yo sí vengo a convencerlos de algo: de que tanto nuestro proyecto -el de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito- como los otros presentados sobre interrupción voluntaria del embarazo son plenamente convencionales y constitucionales. ¿Por qué digo esto? Voy a ser un poco técnica en mi vocabulario debido a que soy abogada. Me gustaría que "todes" sepan que los estados se obligan a cumplir de buena fe sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Tal como lo establece la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. En su artículo 27 expresa lo siguiente: "Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado."
Somos parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque pertenecemos a la Organización de Estados Americanos. Es decir, no solamente ratificamos el tratado, sino que somos parte. ¿Qué dice esta corte, a la que debemos escuchar y respetar pues sus decisiones son válidas en el territorio argentino? Señala que, frente al ordenamiento jurídico mundial, el Estado no puede alegar su estructura federal para dejar de cumplir con una obligación internacional. Entonces, los Estados tienen el deber de adoptar medidas de derecho interno para garantizar el goce y la protección de los derechos humanos vigentes en su territorio y abstenerse de adoptar medidas contrarias a la protección de estos derechos.
Con respecto a la Argentina, varios y varias colegas hablaron aquí sobre la Constitución Nacional reformada en 1994 y específicamente de su artículo 75, inciso 22, por el que se otorga jerarquía constitucional a diversos tratados sobre derechos humanos. Sin embargo, no todas y todos mencionaron la última parte del inciso 22, que se refiere a las condiciones de dichos tratados.
En este punto, me referiré al artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece: "Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general,..." -pido a los diputados y a las diputadas que tengan esto en cuenta- "...a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente." Esto se conjuga con los artículos 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Quiero detenerme en este punto y concatenarlo con lo mencionado acerca de las condiciones de los tratados mencionados en el artículo 75, inciso 22, de nuestra Constitución Nacional. En el caso "Baby Boy versus Estados Unidos", el Comité sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas zanjó esta cuestión suscitada por el término "en general" y determinó que dicha expresión se incluyó para garantizar los abortos en Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que ya en 1921, el Código Penal abrió una puerta al decir que no eran punibles los abortos por dos causales: salud y violación.
Entonces, tenemos que pensar por qué la Corte demoró tanto en la Argentina y recién en mayo del año 2012 dijo que no debe ser judicializada la decisión de la mujer, niña o adolescente cuando la causal es violación o salud.
Esto, junto con la posición del Comité de Expertas del Mesecvi, nos lleva a pedir que no se sigan poniendo barreras y prohibiciones absolutas o relativas a la interrupción del embarazo. Debemos contar con protocolos que permitan su aplicación efectiva, justamente recomendando despenalizar la interrupción del embarazo y garantizando la salud sexual y reproductiva de las mujeres, así como también su derecho a la vida a través de la eliminación del aborto inseguro, estableciendo leyes y políticas públicas que permitan la interrupción del embarazo.
No estamos pidiendo otra cosa más que el deber de legislar con perspectiva de género, y de visibilizar a las cuarenta y tres muertas por aborto clandestino en el año 2016, según cifras del Ministerio de Salud de la Nación.
Poner el foco en una discusión parlamentaria respecto de si hay vida o no es un error importantísimo en materia legislativa. Lo que estamos discutiendo es si despenalizamos en tanto legislamos, o legalizamos según el fallo "F.A.L.", el cual se sigue aplicando en el territorio de la Argentina, al igual que los tratados internacionales sobre derechos humanos de las mujeres.
No estoy diciendo una cosa distinta a lo que ya manifestó la Organización Mundial de la Salud: el acceso a un aborto seguro para las mujeres, niñas y adolescentes en este país es un derecho humano que no debe ser dejado de lado por cualquier pensamiento propio y particular que puedan tener los legisladores.
Por ello, y por todos los casos que acompañamos y a los que damos voz, estamos acá. Por ejemplo, por Ana María Acevedo, quien murió al igual que su feto porque los médicos y las médicas aplicaron erróneamente una mirada totalmente subjetiva y despoblada de otredad, negándole el acceso al aborto legal, seguro y gratuito.
¿Qué le decimos a ella? ¿Qué le decimos a todas, a todos y a "todes" con capacidad de gestar en este país? Por ellos estamos aquí. Es una obligación de todas y todos aceptar, de una vez por todas, que el aborto en la Argentina se va a seguir practicando. Entonces legislamos, despenalizamos y legalizamos el aborto o lo seguimos manteniendo clandestino y las mujeres mueren o son criminalizadas. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Tiene la palabra la doctora Claudia Celerier, jueza de primera instancia en lo Civil y Comercial de Quilmes, abogada de la UBA, doctora en derecho y presidenta de la Asociación Mujeres para la Justicia.
SRA. CELERIER Buenas tardes, es un placer estar aquí y poder expresar mi opinión. Tengo muchas razones para estar a favor de la despenalización del aborto, pero voy a reducirlas a tres. Seré breve pero no original, porque muchas de estas razones seguramente ya se han mencionado y las han escuchado en estas audiencias.
La primera tiene que ver con lo jurídico, que es donde me he formado. Creo que una sociedad democrática, plural, inclusiva necesita respetar y garantizar el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas. Las mujeres, por nuestra condición física, biológica y reproductiva estamos especialmente afectadas por proyecto.
Por lo tanto, considero que las mujeres debemos tener la libertad absoluta de decidir transitar un embarazo o un parto. Por eso les pido, señores legisladores, que contemplen que este proyecto tiene en cuenta el derecho a la salud, el derecho a la vida, a la libre autodeterminación y que las mujeres podemos y debemos decidir. Obligar a una mujer a transitar un parto o un embarazo no deseado, es una forma de violencia. Además, este proyecto se enmarca en un contexto general de leyes de avanzada que hemos logrado en estos años, como la ley de matrimonio igualitario o la ley de fertilización asistida o el nuevo Código Civil y Comercial.
Quiero decir, en relación con algunos oradores que me precedieron en el uso de la palabra, que los derechos que estoy esgrimiendo a favor de las mujeres también son constitucionales y están contemplados por tratados internacionales.
Otra de las razones que quiero mencionar es la realidad que hay respecto de la cantidad de abortos que están sucediendo. La actual legislación no impide que los abortos se sigan realizando. No soy experta, pero tenemos cifras aproximadas y estimativas, porque al haber un negocio clandestino no hay forma de tener datos precisos. Sin embargo, estos datos nos ubican entre los cuatrocientos mil y quinientos mil abortos por año.
Esto es una tragedia. Acarrea una alta mortalidad materna, lo cual me lleva a la tercera razón que quiero esgrimir y que también se ha mencionado aquí -la cuestión sociológica-, que afecta a las mujeres que están en una situación desfavorable, no solo económica sino también educativa.
La senadora uruguaya dijo que hay un doble discurso y mucha hipocresía, porque todos sabemos que hay sectores más acomodados que realizan sus interrupciones de embarazos o sus abortos de una manera mucho más segura y mucho más fácil porque incluso lo hacen farmacológicamente.
Entonces, esto también genera una situación de inequidad y desigualdad entre las mujeres argentinas. Por eso, quiero pedir a los legisladores que al momento de votar este proyecto se despojen de sus propias concepciones personales, religiosas y valoraciones absolutamente individuales, y piensen que están legislando para todos los ciudadanos y ciudadanas, porque este proyecto es esencial para la constitución de una sociedad más libre y más democrática. (Aplausos.)
La primera tiene que ver con lo jurídico, que es donde me he formado. Creo que una sociedad democrática, plural, inclusiva necesita respetar y garantizar el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas. Las mujeres, por nuestra condición física, biológica y reproductiva estamos especialmente afectadas por proyecto.
Por lo tanto, considero que las mujeres debemos tener la libertad absoluta de decidir transitar un embarazo o un parto. Por eso les pido, señores legisladores, que contemplen que este proyecto tiene en cuenta el derecho a la salud, el derecho a la vida, a la libre autodeterminación y que las mujeres podemos y debemos decidir. Obligar a una mujer a transitar un parto o un embarazo no deseado, es una forma de violencia. Además, este proyecto se enmarca en un contexto general de leyes de avanzada que hemos logrado en estos años, como la ley de matrimonio igualitario o la ley de fertilización asistida o el nuevo Código Civil y Comercial.
Quiero decir, en relación con algunos oradores que me precedieron en el uso de la palabra, que los derechos que estoy esgrimiendo a favor de las mujeres también son constitucionales y están contemplados por tratados internacionales.
Otra de las razones que quiero mencionar es la realidad que hay respecto de la cantidad de abortos que están sucediendo. La actual legislación no impide que los abortos se sigan realizando. No soy experta, pero tenemos cifras aproximadas y estimativas, porque al haber un negocio clandestino no hay forma de tener datos precisos. Sin embargo, estos datos nos ubican entre los cuatrocientos mil y quinientos mil abortos por año.
Esto es una tragedia. Acarrea una alta mortalidad materna, lo cual me lleva a la tercera razón que quiero esgrimir y que también se ha mencionado aquí -la cuestión sociológica-, que afecta a las mujeres que están en una situación desfavorable, no solo económica sino también educativa.
La senadora uruguaya dijo que hay un doble discurso y mucha hipocresía, porque todos sabemos que hay sectores más acomodados que realizan sus interrupciones de embarazos o sus abortos de una manera mucho más segura y mucho más fácil porque incluso lo hacen farmacológicamente.
Entonces, esto también genera una situación de inequidad y desigualdad entre las mujeres argentinas. Por eso, quiero pedir a los legisladores que al momento de votar este proyecto se despojen de sus propias concepciones personales, religiosas y valoraciones absolutamente individuales, y piensen que están legislando para todos los ciudadanos y ciudadanas, porque este proyecto es esencial para la constitución de una sociedad más libre y más democrática. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Tiene la palabra Paula Almada, licenciada en economía, pertenece a la Asociación Civil Casa De Restauración y a la Comunidad Redentor.
SRA. ALMADA Buenas tardes, gracias por darme la oportunidad de estar acá. En primer lugar, quería responder a Fernanda Vázquez Pinasco, quien dijo que las mujeres somos humanas. Esto es cierto, y así como las mujeres somos humanas los niños por nacer también son humanos, y por eso tenemos que defenderlos y defender su vida.
Quiero mostrarles algunos datos de lo que sucede en países donde el aborto está legalizado hace años. En todos ellos, la cantidad de abortos aumenta exponencialmente durante los primeros años posteriores a la legalización o despenalización del aborto. Esto es para el caso de Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Uruguay y España.
Cuando estaba mirando los datos de España, vi que entre 1985 y 2013 se produjeron dos millones de abortos. Esta cifra me conmovió y se me caían las lágrimas. No es un simple número, son vidas; dos millones de vidas que fueron cortadas de este mundo. No solamente me conmovieron esos dos millones de vidas que no pudieron ver la luz del sol, sino también las madres, porque el aborto es violencia contra los niños por nacer y contra las mujeres.
A la par de que se produce este aumento exponencial en la cantidad de abortos -lo cual podemos ver en los gráficos que se muestran en pantalla-, también se produce una disminución en la tasa de natalidad y fecundidad. Esto conduce en el mediano y largo plazo al conocido envejecimiento poblacional del que son testigos los países que se hacen llamar "desarrollados". Me pregunto: ¿ese es el futuro que queremos para nuestro país?
Por otro lado, quiero mostrarles cuánto significaría para las finanzas del Estado que el aborto sea gratuito, entre comillas. Si tomamos el promedio de lo que cuesta realizar un aborto en Estados Unidos durante el primer trimestre de embarazo y lo calculamos para los supuestos quinientos mil abortos que dicen que se hacen en la Argentina -aclaro que esta cifra no es correcta, pero por un momento le voy a dar el beneficio de la duda-, esto representaría 5.000 millones de pesos solo para el primer año. Esto es el equivalente al 10 por ciento del actual presupuesto total del Ministerio de Salud de la Nación para el año 2018. A su vez, esto equivale a tres veces más lo que hoy en día el ministerio destina a atención de la madre y el niño. ¿Les parece lógico esto? Si encima llevamos un ritmo de aumento similar al que tuvo Uruguay en los primeros cuatro años, esta cifra podría ascender a los 7.000 millones de pesos, fácilmente.
No olvidemos los problemas que afronta nuestro sistema de salud hoy en día y que bien mencionó hace unos días el doctor Fernando Secin: largos tiempos de espera para hacer una consulta, falta de historias clínicas, problemas de higiene, falta de médicos e insumos, guardias desbordadas, malos salarios y violencia en los hospitales. Con todos estos problemas que tiene el sistema de salud actualmente, ¿podríamos acaso destinar 5.000 o 7.000 millones de pesos al aborto?
Entonces, me pregunto si sabemos que el sistema de salud en nuestro país no está en condiciones de hacer frente al aborto libre; si sabemos que el aborto libre va a perjudicar el desarrollo demográfico del país; si sabemos que la vida empieza en el mismo momento de la concepción -como la ciencia lo prueba- y que el derecho a la vida es el derecho supremo; si sabemos que el aborto, además de eliminar la vida de bebés inocentes, impacta terriblemente en las mujeres que lo realizan. Si sabemos todo esto, me pregunto: ¿qué hay detrás de este debate?
Una de las causas más importantes es la presión de organismos y poderes financieros internacionales. Los grandes grupos de poder internacional, además de promover una acumulación de riqueza en poquísimas manos, se propusieron controlar el crecimiento poblacional mundial. Este proceso fue ejecutado a partir de la década del 60 y ha producido este envejecimiento poblacional que mencioné antes. Un documento que abiertamente muestra estas intenciones es el Memorando de Estudio de Seguridad Nacional 200 o informe Kissinger, elaborado en 1974 por el entonces consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en el que se oficializa el control del crecimiento poblacional como estrategia para proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos.
Quiero mostrarles algunos datos de lo que sucede en países donde el aborto está legalizado hace años. En todos ellos, la cantidad de abortos aumenta exponencialmente durante los primeros años posteriores a la legalización o despenalización del aborto. Esto es para el caso de Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Uruguay y España.
Cuando estaba mirando los datos de España, vi que entre 1985 y 2013 se produjeron dos millones de abortos. Esta cifra me conmovió y se me caían las lágrimas. No es un simple número, son vidas; dos millones de vidas que fueron cortadas de este mundo. No solamente me conmovieron esos dos millones de vidas que no pudieron ver la luz del sol, sino también las madres, porque el aborto es violencia contra los niños por nacer y contra las mujeres.
A la par de que se produce este aumento exponencial en la cantidad de abortos -lo cual podemos ver en los gráficos que se muestran en pantalla-, también se produce una disminución en la tasa de natalidad y fecundidad. Esto conduce en el mediano y largo plazo al conocido envejecimiento poblacional del que son testigos los países que se hacen llamar "desarrollados". Me pregunto: ¿ese es el futuro que queremos para nuestro país?
Por otro lado, quiero mostrarles cuánto significaría para las finanzas del Estado que el aborto sea gratuito, entre comillas. Si tomamos el promedio de lo que cuesta realizar un aborto en Estados Unidos durante el primer trimestre de embarazo y lo calculamos para los supuestos quinientos mil abortos que dicen que se hacen en la Argentina -aclaro que esta cifra no es correcta, pero por un momento le voy a dar el beneficio de la duda-, esto representaría 5.000 millones de pesos solo para el primer año. Esto es el equivalente al 10 por ciento del actual presupuesto total del Ministerio de Salud de la Nación para el año 2018. A su vez, esto equivale a tres veces más lo que hoy en día el ministerio destina a atención de la madre y el niño. ¿Les parece lógico esto? Si encima llevamos un ritmo de aumento similar al que tuvo Uruguay en los primeros cuatro años, esta cifra podría ascender a los 7.000 millones de pesos, fácilmente.
No olvidemos los problemas que afronta nuestro sistema de salud hoy en día y que bien mencionó hace unos días el doctor Fernando Secin: largos tiempos de espera para hacer una consulta, falta de historias clínicas, problemas de higiene, falta de médicos e insumos, guardias desbordadas, malos salarios y violencia en los hospitales. Con todos estos problemas que tiene el sistema de salud actualmente, ¿podríamos acaso destinar 5.000 o 7.000 millones de pesos al aborto?
Entonces, me pregunto si sabemos que el sistema de salud en nuestro país no está en condiciones de hacer frente al aborto libre; si sabemos que el aborto libre va a perjudicar el desarrollo demográfico del país; si sabemos que la vida empieza en el mismo momento de la concepción -como la ciencia lo prueba- y que el derecho a la vida es el derecho supremo; si sabemos que el aborto, además de eliminar la vida de bebés inocentes, impacta terriblemente en las mujeres que lo realizan. Si sabemos todo esto, me pregunto: ¿qué hay detrás de este debate?
Una de las causas más importantes es la presión de organismos y poderes financieros internacionales. Los grandes grupos de poder internacional, además de promover una acumulación de riqueza en poquísimas manos, se propusieron controlar el crecimiento poblacional mundial. Este proceso fue ejecutado a partir de la década del 60 y ha producido este envejecimiento poblacional que mencioné antes. Un documento que abiertamente muestra estas intenciones es el Memorando de Estudio de Seguridad Nacional 200 o informe Kissinger, elaborado en 1974 por el entonces consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en el que se oficializa el control del crecimiento poblacional como estrategia para proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos.
Ocupa la Presidencia la presidenta de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, señora diputada Silvia Alejandra Martínez.
SRA. ALMADA Cito una frase de dicho informe: "Ningún país ha reducido su crecimiento poblacional sin recurrir al aborto." Cito otra parte: "El aborto se ha convertido en el método de control de fertilidad más generalizado usado en el mundo de hoy."
Este documento es solo uno de los tantos a los que hoy en día se puede acceder para leer y comprender que detrás de esta discusión hay intereses financieros internacionales que buscan despoblar nuestro país para quedarse con nuestros recursos.
Este documento es solo uno de los tantos a los que hoy en día se puede acceder para leer y comprender que detrás de esta discusión hay intereses financieros internacionales que buscan despoblar nuestro país para quedarse con nuestros recursos.
SRA. PRESIDENTA MARTÍNEZ S.A. Si me permite, debe culminar, pues se ha cumplido su término.
SRA. ALMADA No me avisaron un minuto antes; entonces, me resta un minuto.
SRA. ALMADA ¿En qué momento...?
SRA. DONDA PÉREZ No; no tiene un minuto.
SRA. ALMADA Discúlpeme; no me avisaron un minuto antes de que se cumpla mi tiempo, como dice el reglamento. Ya termino.
¿Desde cuándo es más importante crecer económicamente que el derecho a la vida? Mi corazón se duele por aquellas víctimas del aborto, mi corazón se duele por Juan, por Carla, por José, por Manuela, por Federico, por Cecilia, por esos millones de bebés que año a año son cortados de este mundo sin siquiera tener un nombre. Mi corazón se duele por esas mujeres que atraviesan la violencia del aborto, porque -repito- el aborto es violencia contra la mujer y contra la persona cerrada, no quiero eso para mi Argentina.
Señores diputados: ustedes deciden a qué intereses responder, si a los de la oligarquía financiera internacional o a los del pueblo argentino. El cielo y la tierra son testigos de que frente a ustedes están la vida y la muerte. Elijan la vida. (Aplausos.)
Sra. Presidenta (Martínez S.A.).- Tiene la palabra el señor Juan Cruz Esquivel, doctor en sociología, investigador del Conicet y profesor de la Universidad de Buenos Aires.
¿Desde cuándo es más importante crecer económicamente que el derecho a la vida? Mi corazón se duele por aquellas víctimas del aborto, mi corazón se duele por Juan, por Carla, por José, por Manuela, por Federico, por Cecilia, por esos millones de bebés que año a año son cortados de este mundo sin siquiera tener un nombre. Mi corazón se duele por esas mujeres que atraviesan la violencia del aborto, porque -repito- el aborto es violencia contra la mujer y contra la persona cerrada, no quiero eso para mi Argentina.
Señores diputados: ustedes deciden a qué intereses responder, si a los de la oligarquía financiera internacional o a los del pueblo argentino. El cielo y la tierra son testigos de que frente a ustedes están la vida y la muerte. Elijan la vida. (Aplausos.)
Sra. Presidenta (Martínez S.A.).- Tiene la palabra el señor Juan Cruz Esquivel, doctor en sociología, investigador del Conicet y profesor de la Universidad de Buenos Aires.
SR. ESQUIVEL Señora presidenta, señores diputados y diputadas, asesores de diferentes bloques: en primer lugar, quiero agradecer la posibilidad de compartir algunas reflexiones que apuntan a enmarcar en un contexto cultural, si se quiere un poco más amplio, el debate por la interrupción voluntaria del embarazo o, en otros términos, por la no criminalización de una mujer en situación de interrumpir su embarazo.
Si hacemos un rápido repaso en esta historia advertiremos que allá por el siglo XIX, momentos en que se definían los cimientos de nuestra Nación, los patrones de integración social estaban signados por una matriz identitaria uniforme. El llamado "crisol de razas" supuso que cada singularidad se fundiera en una totalidad monocolor. La consolidación del Estado-Nación estaba asociada a la idea de que las particularidades debían subsumirse en una amalgama cultural y social homogénea.
Ese paradigma prevaleció en buena parte del siglo XX -ya en el último tramo- y más claramente en este siglo XXI, pero nuestra sociedad se ha ido tornando cada vez más heterogénea. Luego, emergen múltiples diversidades en todos los segmentos de la vida social, por lo que vemos la variedad de formatos en la composición de las familias. Las identidades sexuales son también visiblemente diversas, las pertenecías religiosas se pluralizan y existen diversas modalidades de vivir la religión.
El mosaico que contorna nuestra sociedad ya no se compone de un bloque uniforme, sino de la singularidad de sus piezas que se distinguen de su color particular y que realizan aportes y enriquecen al conjunto. No se trata de esconder las diferencias sino de reconocer y legitimar esas diversas situaciones para enriquecernos como sociedad.
El desafío contemporáneo no solo de nuestro país sino de toda América Latina es cómo se gestiona y se legisla sobre la creciente diversidad familiar, cultural, religiosa y sexual. En otras palabras, qué políticas públicas y qué leyes deben implementarse para garantizar una sociedad incluyente y una convivencia plural para posibilitar que cada ser humano dé a su vida el sentido que más lo identifique.
Cómo garantizar el ejercicio de nuestra voluntad es el fondo de la cuestión. La defensa de la pluralidad hoy es una posición ideológica, una decisión política, una visión estratégica y, fundamentalmente, un compromiso ético.
Cuando hasta hace no tanto tiempo dos personas del mismo sexo deseaban registrar su unión ante el Estado y no podían hacerlo, cuando un culto se encuentra constitucionalmente en un lugar diferenciado con respecto a otro, cuando la justicia no es igual para todos, cuando una mujer generalmente de sectores populares pierde la vida por realizar un aborto inseguro, lo que se pone en evidencia es la autonomía restringida del Estado a la hora de garantizar derechos, lo que se manifiesta es el desfase entre las demandas y prácticas sociales y un sistema normativo que modera una sociedad que no existe más.
Esos episodios que ocurren cotidianamente nos remiten obligatoriamente al debate sobre la laicidad del Estado. Como principio, el Estado laico no está sujeto a una religión en particular, sino que el basamento de sus políticas públicas y su normativa está dado justamente por la ampliación de los derechos sociales y las libertades civiles. El Estado laico garantiza a todas las confesiones la libertad de culto y a toda la sociedad la libertad de conciencia. Vale aclarar que lo equívocos abundan cuando hablamos de laicidad, tal vez por experiencias históricas beligerantes en algunos países que han llevado a asociarla con la exclusión e la persecución de lo religioso.
Nada más erróneo que eso. El Estado laico, al no estar subordinado a ninguna religión particular, lejos de negar lo religioso permite respetar a todas las iglesias por igual y garantizar el más pleno ejercicio de la libertad religiosa y de conciencia, gracias a su autonomía.
La laicidad no implica el abandono del dogma religioso sino la posibilidad de que cada uno sea libre en la elección de sus creencias. Y de eso se trata, de que cada uno ejerza sus libertades en base al repertorio de creencias.
Para que el Estado sea garante de esas libertades no resulta posible, en sociedades democráticas y plurales, que se pretenda imponer a la sociedad en su conjunto una moral en particular. Es legítimo que desde las variadas perspectivas se participe del debate público; lo inaceptable es la imposición de esa moral particular a toda la sociedad. De la invocación a una mayoría religiosa o a un sustrato religioso en la identidad nacional no se desprende que una institución religiosa esté legitimada para decidir sobre los asuntos públicos, más aún si sabemos de la enorme brecha existente entre las prácticas cotidianas de los propios fieles y las prescripciones morales proclamadas desde las instituciones religiosas.
Si bien este Parlamento ha aprobado legislaciones que reconocieron nuevos derechos en los últimos tiempos, sin duda se trata de una carrera sin fin. Generalmente, los poderes públicos van a la retaguardia de las nuevas demandas y de las prácticas de la ciudadanía.
Está en ustedes, señores diputados y diputadas, generar las condiciones para que las políticas públicas y las disposiciones normativas se adecuen cada vez más a la configuración social, familiar, cultural y religiosa de nuestra sociedad.
Aquí se discute un proyecto de ley que, de ser aprobado -y esperemos que así ocurra-, no obligará a interrumpir su embarazo a quien no lo desee, por los motivos y convicciones íntimas que sean -y está en su derecho-; pero vehiculizará un nuevo marco normativo para dejar de criminalizar a quien sí desee -por el motivo que fuere- interrumpir su embarazo.
Los legisladores tienen la oportunidad de entrar en la historia de nuestro país como que aquel cuerpo legislativo que amplió los derechos de las mujeres y que contribuyó, mediante la aprobación de este proyecto de ley, a que miles de mujeres no mueran por causa de un aborto clandestino.
Un sociólogo francés dio que el Estado laico a nadie obliga a sacrificar sus principios, sino que tan solo propone un nuevo arte de vivir juntos. Ese es nuestro principal desafío. (Aplausos.)
Si hacemos un rápido repaso en esta historia advertiremos que allá por el siglo XIX, momentos en que se definían los cimientos de nuestra Nación, los patrones de integración social estaban signados por una matriz identitaria uniforme. El llamado "crisol de razas" supuso que cada singularidad se fundiera en una totalidad monocolor. La consolidación del Estado-Nación estaba asociada a la idea de que las particularidades debían subsumirse en una amalgama cultural y social homogénea.
Ese paradigma prevaleció en buena parte del siglo XX -ya en el último tramo- y más claramente en este siglo XXI, pero nuestra sociedad se ha ido tornando cada vez más heterogénea. Luego, emergen múltiples diversidades en todos los segmentos de la vida social, por lo que vemos la variedad de formatos en la composición de las familias. Las identidades sexuales son también visiblemente diversas, las pertenecías religiosas se pluralizan y existen diversas modalidades de vivir la religión.
El mosaico que contorna nuestra sociedad ya no se compone de un bloque uniforme, sino de la singularidad de sus piezas que se distinguen de su color particular y que realizan aportes y enriquecen al conjunto. No se trata de esconder las diferencias sino de reconocer y legitimar esas diversas situaciones para enriquecernos como sociedad.
El desafío contemporáneo no solo de nuestro país sino de toda América Latina es cómo se gestiona y se legisla sobre la creciente diversidad familiar, cultural, religiosa y sexual. En otras palabras, qué políticas públicas y qué leyes deben implementarse para garantizar una sociedad incluyente y una convivencia plural para posibilitar que cada ser humano dé a su vida el sentido que más lo identifique.
Cómo garantizar el ejercicio de nuestra voluntad es el fondo de la cuestión. La defensa de la pluralidad hoy es una posición ideológica, una decisión política, una visión estratégica y, fundamentalmente, un compromiso ético.
Cuando hasta hace no tanto tiempo dos personas del mismo sexo deseaban registrar su unión ante el Estado y no podían hacerlo, cuando un culto se encuentra constitucionalmente en un lugar diferenciado con respecto a otro, cuando la justicia no es igual para todos, cuando una mujer generalmente de sectores populares pierde la vida por realizar un aborto inseguro, lo que se pone en evidencia es la autonomía restringida del Estado a la hora de garantizar derechos, lo que se manifiesta es el desfase entre las demandas y prácticas sociales y un sistema normativo que modera una sociedad que no existe más.
Esos episodios que ocurren cotidianamente nos remiten obligatoriamente al debate sobre la laicidad del Estado. Como principio, el Estado laico no está sujeto a una religión en particular, sino que el basamento de sus políticas públicas y su normativa está dado justamente por la ampliación de los derechos sociales y las libertades civiles. El Estado laico garantiza a todas las confesiones la libertad de culto y a toda la sociedad la libertad de conciencia. Vale aclarar que lo equívocos abundan cuando hablamos de laicidad, tal vez por experiencias históricas beligerantes en algunos países que han llevado a asociarla con la exclusión e la persecución de lo religioso.
Nada más erróneo que eso. El Estado laico, al no estar subordinado a ninguna religión particular, lejos de negar lo religioso permite respetar a todas las iglesias por igual y garantizar el más pleno ejercicio de la libertad religiosa y de conciencia, gracias a su autonomía.
La laicidad no implica el abandono del dogma religioso sino la posibilidad de que cada uno sea libre en la elección de sus creencias. Y de eso se trata, de que cada uno ejerza sus libertades en base al repertorio de creencias.
Para que el Estado sea garante de esas libertades no resulta posible, en sociedades democráticas y plurales, que se pretenda imponer a la sociedad en su conjunto una moral en particular. Es legítimo que desde las variadas perspectivas se participe del debate público; lo inaceptable es la imposición de esa moral particular a toda la sociedad. De la invocación a una mayoría religiosa o a un sustrato religioso en la identidad nacional no se desprende que una institución religiosa esté legitimada para decidir sobre los asuntos públicos, más aún si sabemos de la enorme brecha existente entre las prácticas cotidianas de los propios fieles y las prescripciones morales proclamadas desde las instituciones religiosas.
Si bien este Parlamento ha aprobado legislaciones que reconocieron nuevos derechos en los últimos tiempos, sin duda se trata de una carrera sin fin. Generalmente, los poderes públicos van a la retaguardia de las nuevas demandas y de las prácticas de la ciudadanía.
Está en ustedes, señores diputados y diputadas, generar las condiciones para que las políticas públicas y las disposiciones normativas se adecuen cada vez más a la configuración social, familiar, cultural y religiosa de nuestra sociedad.
Aquí se discute un proyecto de ley que, de ser aprobado -y esperemos que así ocurra-, no obligará a interrumpir su embarazo a quien no lo desee, por los motivos y convicciones íntimas que sean -y está en su derecho-; pero vehiculizará un nuevo marco normativo para dejar de criminalizar a quien sí desee -por el motivo que fuere- interrumpir su embarazo.
Los legisladores tienen la oportunidad de entrar en la historia de nuestro país como que aquel cuerpo legislativo que amplió los derechos de las mujeres y que contribuyó, mediante la aprobación de este proyecto de ley, a que miles de mujeres no mueran por causa de un aborto clandestino.
Un sociólogo francés dio que el Estado laico a nadie obliga a sacrificar sus principios, sino que tan solo propone un nuevo arte de vivir juntos. Ese es nuestro principal desafío. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA MARTÍNEZ S.A. Tiene la palabra la señora Susana Chun de Saavedra, pediatra, directora de programas sanitarios de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Miguel.
SRA. CHUN DE SAAVEDRA Señora presidenta: muchas gracias por la invitación. También agradezco la presencia de todos los expositores.
Qué bueno que a pesar de todas las distintas miradas sobre este tema podamos escucharnos. Soy pediatra y hace más de veintisiete años hice mi Juramento Hipocrático. Hipócrates, 460 años antes de Cristo, hablaba de la defensa de la vida y estar en contra del aborto. Es increíble que hayan pasado tantos años y que sigamos con esta discusión sobre si hay vida o no hay vida, si se es persona o no se es persona, en función de la cantidad de semanas de gestación. Por suerte, la ciencia avanza de tal manera que hoy casi no hay dudas de que ese ser que llevamos en el vientre es una persona y que hay vida. No es un conjunto de células; ojalá así fuera, porque yo no tendría cuatro conjuntos de células que ustedes no se imaginan lo que consumen esos niños. La realidad, son personas que tenemos que cuidar, porque son vulnerables, no tienen voz ni voto, como han dicho muchos expositores aquí.
Cuando hablamos de la interrupción del embarazo, como dijo una expositora, no se trata de interrumpir un partido de fútbol; esto es liquidar. En este caso, interrumpir es matar a ese ser tan chico y vulnerable.
Cuando hablan de que quinientas mil mujeres abortan por año en la Argentina, ¿qué rigor de evidencia científica tienen estos datos? Si fuera cierto, ello sería gravísimo. Sería bueno saber de dónde sacan esos datos, porque trabajo en salud pública desde hace muchos años.
Nosotros tomamos esos indicadores para poder trabajar al respecto, pero debemos conocer si esos números no fueron inflados con alguna intencionalidad. Nos manejamos con estadísticas del Ministerio de Salud, y prontamente tendremos los datos correspondientes a 2017.
En 2016 hubo 171.000 muertes maternas. El 30 por ciento de esas muertes han obedecido a causas cardíacas; el 20 por ciento, a problemas respiratorios; el 18 por ciento, a tumores malignos, y así sucesivamente, entre HIV, suicidios, accidentes de tránsito, etcétera.
En lo que hace a causas vinculadas con el embarazo, parto y puerperio, han muerto 245 madres. De esas muertes, solamente el 43 por ciento puede ser adjudicado a abortos, que pueden haber sido espontáneos, terapéuticos o provocados.
Por supuesto que, sea el número que fuere, cualquier muerte es una tragedia. Aunque se trate de una sola muerte, para la familia que la padece, y también para nosotros, es el ciento por ciento. Los médicos hemos sido formados para cuidar la vida. Sabemos que si no hacemos un buen diagnóstico de situación vamos a tener los mismos magros resultados. Creo que todos debemos hacer una autocrítica. Por ejemplo, deberíamos mejorar la accesibilidad a la salud. Esto lo digo como una autocrítica, ya que estoy en la salud pública. Hay que mejorar la accesibilidad con calidad y calidez.
La educación es fundamental para poder hacer a las personas más libres e independientes, y para que puedan tomar decisiones acordes al momento en que una situación de este tipo les sucede.
No hay que juzgar. Hay que acompañar. A mí, que me ampara el secreto médico, en tantos años de experiencia he acompañado a madres en situaciones de extremadísima vulnerabilidad. Muchas de esas madres han afrontado y llevado adelante su embarazo con valentía. Otras no lo han podido hacer. Yo no juzgo a nadie porque realmente la madre que lleva a un ser en su vientre sufre las decisiones que toma, para un lado y para el otro. Pero sé que muchas de ellas, gracias a esa valentía, tienen a sus hijos, a quienes están cuidando. Y tienen la oportunidad de sentir ese amor madre-hijo que es incomparable con cualquier otro.
Aquellas que han decidido no continuar, sufren. Tengan la seguridad de que esas madres nunca olvidan, y a veces piensan qué podría haber sucedido si la decisión hubiera sido diferente.
Estimados congresistas: cuando tomen la decisión, ya que esto está en sus manos, piensen en la vida de todos: de la madre y del niño vulnerable que no puede decidir. Les pido por favor que, en nombre de nuestros hijos, piensen que la vida vale para todos por igual. No cabe ninguna duda de esto: legislemos a favor de la vida. (Aplausos.)
Qué bueno que a pesar de todas las distintas miradas sobre este tema podamos escucharnos. Soy pediatra y hace más de veintisiete años hice mi Juramento Hipocrático. Hipócrates, 460 años antes de Cristo, hablaba de la defensa de la vida y estar en contra del aborto. Es increíble que hayan pasado tantos años y que sigamos con esta discusión sobre si hay vida o no hay vida, si se es persona o no se es persona, en función de la cantidad de semanas de gestación. Por suerte, la ciencia avanza de tal manera que hoy casi no hay dudas de que ese ser que llevamos en el vientre es una persona y que hay vida. No es un conjunto de células; ojalá así fuera, porque yo no tendría cuatro conjuntos de células que ustedes no se imaginan lo que consumen esos niños. La realidad, son personas que tenemos que cuidar, porque son vulnerables, no tienen voz ni voto, como han dicho muchos expositores aquí.
Cuando hablamos de la interrupción del embarazo, como dijo una expositora, no se trata de interrumpir un partido de fútbol; esto es liquidar. En este caso, interrumpir es matar a ese ser tan chico y vulnerable.
Cuando hablan de que quinientas mil mujeres abortan por año en la Argentina, ¿qué rigor de evidencia científica tienen estos datos? Si fuera cierto, ello sería gravísimo. Sería bueno saber de dónde sacan esos datos, porque trabajo en salud pública desde hace muchos años.
Nosotros tomamos esos indicadores para poder trabajar al respecto, pero debemos conocer si esos números no fueron inflados con alguna intencionalidad. Nos manejamos con estadísticas del Ministerio de Salud, y prontamente tendremos los datos correspondientes a 2017.
En 2016 hubo 171.000 muertes maternas. El 30 por ciento de esas muertes han obedecido a causas cardíacas; el 20 por ciento, a problemas respiratorios; el 18 por ciento, a tumores malignos, y así sucesivamente, entre HIV, suicidios, accidentes de tránsito, etcétera.
En lo que hace a causas vinculadas con el embarazo, parto y puerperio, han muerto 245 madres. De esas muertes, solamente el 43 por ciento puede ser adjudicado a abortos, que pueden haber sido espontáneos, terapéuticos o provocados.
Por supuesto que, sea el número que fuere, cualquier muerte es una tragedia. Aunque se trate de una sola muerte, para la familia que la padece, y también para nosotros, es el ciento por ciento. Los médicos hemos sido formados para cuidar la vida. Sabemos que si no hacemos un buen diagnóstico de situación vamos a tener los mismos magros resultados. Creo que todos debemos hacer una autocrítica. Por ejemplo, deberíamos mejorar la accesibilidad a la salud. Esto lo digo como una autocrítica, ya que estoy en la salud pública. Hay que mejorar la accesibilidad con calidad y calidez.
La educación es fundamental para poder hacer a las personas más libres e independientes, y para que puedan tomar decisiones acordes al momento en que una situación de este tipo les sucede.
No hay que juzgar. Hay que acompañar. A mí, que me ampara el secreto médico, en tantos años de experiencia he acompañado a madres en situaciones de extremadísima vulnerabilidad. Muchas de esas madres han afrontado y llevado adelante su embarazo con valentía. Otras no lo han podido hacer. Yo no juzgo a nadie porque realmente la madre que lleva a un ser en su vientre sufre las decisiones que toma, para un lado y para el otro. Pero sé que muchas de ellas, gracias a esa valentía, tienen a sus hijos, a quienes están cuidando. Y tienen la oportunidad de sentir ese amor madre-hijo que es incomparable con cualquier otro.
Aquellas que han decidido no continuar, sufren. Tengan la seguridad de que esas madres nunca olvidan, y a veces piensan qué podría haber sucedido si la decisión hubiera sido diferente.
Estimados congresistas: cuando tomen la decisión, ya que esto está en sus manos, piensen en la vida de todos: de la madre y del niño vulnerable que no puede decidir. Les pido por favor que, en nombre de nuestros hijos, piensen que la vida vale para todos por igual. No cabe ninguna duda de esto: legislemos a favor de la vida. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA MARTÍNEZ S.A. Tiene la palabra la señora Lucía Figueroa, estudiante de Trabajo Social por la Universidad de Buenos Aires.
SRA. FIGUEROA Señora presidenta: por mandato popular, por comprensión histórica y por decisión política estamos hoy acá. Tenemos el objetivo de compartir el recorrido que hemos construido mujeres y lesbianas al encontrarnos juntas abortando con misoprostol.
Mientras el Estado prefiere mirar para otro lado y no garantizar el acceso a la salud, empujándonos a la marginación y la clandestinidad ocultando nuestras prácticas y deseos, las mujeres, lesbianas, trans y travestis nos hemos hecho de los recursos y las herramientas necesarias para garantizarnos el acceso a un derecho fundamental, pilar de la lucha feminista: la decisión sobre nuestros cuerpos.
Si bien durante las últimas dos décadas se han producido avances en la constitución de un paradigma de derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, promoviendo cambios normativos y programas orientados a su consolidación, en la Argentina la práctica del aborto sigue siendo penalizada. En este sentido, organizaciones de lesbianas y feministas nos hemos dado la tarea de fomentar estrategias para abortar a partir de líneas de acción directas mediante el acceso a abortos medicamentosos, generando espacios como las consejerías en Salud Sexual Integral destinadas a brindar información sobre cómo abortar con misoprostol, y orientando a las personas que requieran la práctica para que esta sea realizada de forma segura, domiciliaria y colectiva.
Sabiendo que cuando no hay voluntad hay mil excusas, pero cuando hay voluntad hay mil recursos, hemos construido las consejerías en Salud Sexual Integral, a través de las cuales podemos habitar y deconstruir nuestra sexualidad de manera libre y segura, permitiéndonos no solo acceder a derechos vulnerados por el Estado y sus instituciones, sino también repensando cómo habitamos nuestros cuerpos, goces y deseos. Se trata de dispositivos basados en la igualdad, en la heterogeneidad y en la integridad corporal, que construyen herramientas destinadas a la autonomía y el empoderamiento de las mujeres, lesbianas, trans y travestis, basadas sobre todo en el consentimiento y el disfrute.
Si vamos a discutir sobre el aborto en el hospital, queremos intervenir en su reglamentación. Nuestra participación en este debate no es meramente testimonial. Estamos acá para ejercer la vigilancia epistemológica feminista que el Estado no sabe o a elegido no ejercer sobre el sistema médico hegemónico, dando lugar a siglos de vulneración y violencia institucional. No queremos que el Estado nos diga cómo, cuándo y dónde abortar; lo que exigimos es que se respeten nuestras experiencias, y que se incorpore el conocimiento práctico y teórico que hemos construido colectivamente durante años.
Queremos una ley que garantice el acceso a un aborto seguro, legal y gratuito, pero hay que tener cuidado con la entrega de su instrumentación a un sistema médico como el que tenemos hoy en día, profundamente machista, misógino, discriminatorio, heteronormativo y patriarcal, que se ampara en la objeción de conciencia para negarse, entre otras cosas, a garantizar el aborto en casos ya contemplados en nuestro ordenamiento jurídico; que utiliza su autoridad y violencia epistémica para negarnos el derecho a la información, posicionándonos a les sujetas de derechos en una relación desigual de poder verticalista, jerárquica y abusiva, volviéndonos sujetas receptivas bajo la figura de pacientes, y negándonos de esta forma nuestra capacidad de decidir sobre nuestras vidas.
Por eso, es necesario no sólo la existencia de espacios comunitarios y feministas como las consejerías, sino que al mismo tiempo el sistema médico hegemónico y sus dispositivos descentralizados sean capaces de retomar dichas experiencias con el objetivo de comenzar a construir colectivamente un nuevo concepto de la salud que abandone el paradigma "patologizante", que es el que se sostiene hoy en día bajo la premisa de presencia o ausencia de enfermedades. En definitiva, la salud es una experiencia política, social, cultural y feminista.
Militar el derecho al aborto no es sólo construir justicia reproductiva, sino que supone la tarea de cuestionar la heterosexualidad como régimen político, la maternidad como un destino ineludible de las mujeres y personas gestantes y la feminización de las tareas de cuidado. No es casual que hayamos sido las lesbianas -que históricamente hemos sido marginadas de las lógicas institucionales e invisibilizadas por la sociedad y el sistema médico hegemónico- las que hemos tenido que construirnos espacios de circulación y colectivización de información, y las que hemos acompañado y defendido el aborto medicamentoso ambulatorio desde sus inicios.
Esta experiencia colectiva y feminista potencia el poder y la autonomía sobre nuestros cuerpos, reconfigurando los sentidos desde las prácticas. No sólo estamos desafiando las reglas formalizadas por el Estado, sino que también estamos conformando un entramado normativo alternativo. No son sólo actos de resistencia a la ilegalidad sino también momentos de construcción de una ética y de un derecho alternativo.
Hablar de misoprostol supone hablar de aborto sin el cuerpo médico, sin el aparato de la medicina hegemónica, históricamente dominada por varones. Supone la "desmedicalización" de una práctica que no precisa ni debe ser hospitalizada porque no se trata de un padecimiento. El aborto medicamentoso supone la participación activa y responsable de las mujeres y personas gestantes en torno de los procesos no reproductivos y el ejercicio pleno de nuestra sexualidad.
Teniendo en cuenta que desde 1998 existe una restricción a la venta libre de misoprostol que ha habilitado la comercialización clandestina y la especulación de los precios, sumado a la hegemonización de su producción por un solo laboratorio, vulnerando el derecho que tenemos las personas gestantes de acceder a la mejor tecnología para una interrupción legal del embarazo, creemos necesario que se incorporen a este debate dos proyectos de ley que actualmente tienen estado parlamentario. Uno es para incluir el misoprostol en el plan médico obligatorio, y el otro es para su fabricación pública.
Para terminar, consideramos que es necesario desarrollar un sistema integral de salud en pos de garantizar el derecho al aborto. No concebimos una ley de aborto seguro, legal y gratuito escindida de la actualización y efectiva implementación de la ley de educación sexual integral en todos los niveles educativos, y sin la incorporación y plena reglamentación de la ley de identidad de género en el sistema de salud. Tampoco aceptamos que no contemple el acceso a la información sobre salud sexual reproductiva y no reproductiva, y que soslaye la responsabilidad masculina. En este sentido, proponemos la plena aplicación de la anticoncepción quirúrgica centrada en los cuerpos de los varones. Tampoco concebimos la ley sin la completa aplicación del protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), y sin discutir la formación que reciben hoy los y las profesionales de la salud, esto es las médicas, parteras, enfermeras, psicólogas, trabajadoras sociales y antropólogas que persiguen el objetivo de "despatriarcalizar" el sistema de salud, apostando a uno que sea humano y comunitario.
Por la producción nacional y venta libre de misoprostol; por más interrupciones colectivas y domiciliarias; por un Estado que nos propicie los medios pero que no nos imponga las formas; por un sistema de salud que esté a disposición de las personas; por el pleno derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, la persona gestante decide, la sociedad respeta y el Estado garantiza.
Aborto legal ya, en cualquier lugar. (Aplausos.)
Mientras el Estado prefiere mirar para otro lado y no garantizar el acceso a la salud, empujándonos a la marginación y la clandestinidad ocultando nuestras prácticas y deseos, las mujeres, lesbianas, trans y travestis nos hemos hecho de los recursos y las herramientas necesarias para garantizarnos el acceso a un derecho fundamental, pilar de la lucha feminista: la decisión sobre nuestros cuerpos.
Si bien durante las últimas dos décadas se han producido avances en la constitución de un paradigma de derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, promoviendo cambios normativos y programas orientados a su consolidación, en la Argentina la práctica del aborto sigue siendo penalizada. En este sentido, organizaciones de lesbianas y feministas nos hemos dado la tarea de fomentar estrategias para abortar a partir de líneas de acción directas mediante el acceso a abortos medicamentosos, generando espacios como las consejerías en Salud Sexual Integral destinadas a brindar información sobre cómo abortar con misoprostol, y orientando a las personas que requieran la práctica para que esta sea realizada de forma segura, domiciliaria y colectiva.
Sabiendo que cuando no hay voluntad hay mil excusas, pero cuando hay voluntad hay mil recursos, hemos construido las consejerías en Salud Sexual Integral, a través de las cuales podemos habitar y deconstruir nuestra sexualidad de manera libre y segura, permitiéndonos no solo acceder a derechos vulnerados por el Estado y sus instituciones, sino también repensando cómo habitamos nuestros cuerpos, goces y deseos. Se trata de dispositivos basados en la igualdad, en la heterogeneidad y en la integridad corporal, que construyen herramientas destinadas a la autonomía y el empoderamiento de las mujeres, lesbianas, trans y travestis, basadas sobre todo en el consentimiento y el disfrute.
Si vamos a discutir sobre el aborto en el hospital, queremos intervenir en su reglamentación. Nuestra participación en este debate no es meramente testimonial. Estamos acá para ejercer la vigilancia epistemológica feminista que el Estado no sabe o a elegido no ejercer sobre el sistema médico hegemónico, dando lugar a siglos de vulneración y violencia institucional. No queremos que el Estado nos diga cómo, cuándo y dónde abortar; lo que exigimos es que se respeten nuestras experiencias, y que se incorpore el conocimiento práctico y teórico que hemos construido colectivamente durante años.
Queremos una ley que garantice el acceso a un aborto seguro, legal y gratuito, pero hay que tener cuidado con la entrega de su instrumentación a un sistema médico como el que tenemos hoy en día, profundamente machista, misógino, discriminatorio, heteronormativo y patriarcal, que se ampara en la objeción de conciencia para negarse, entre otras cosas, a garantizar el aborto en casos ya contemplados en nuestro ordenamiento jurídico; que utiliza su autoridad y violencia epistémica para negarnos el derecho a la información, posicionándonos a les sujetas de derechos en una relación desigual de poder verticalista, jerárquica y abusiva, volviéndonos sujetas receptivas bajo la figura de pacientes, y negándonos de esta forma nuestra capacidad de decidir sobre nuestras vidas.
Por eso, es necesario no sólo la existencia de espacios comunitarios y feministas como las consejerías, sino que al mismo tiempo el sistema médico hegemónico y sus dispositivos descentralizados sean capaces de retomar dichas experiencias con el objetivo de comenzar a construir colectivamente un nuevo concepto de la salud que abandone el paradigma "patologizante", que es el que se sostiene hoy en día bajo la premisa de presencia o ausencia de enfermedades. En definitiva, la salud es una experiencia política, social, cultural y feminista.
Militar el derecho al aborto no es sólo construir justicia reproductiva, sino que supone la tarea de cuestionar la heterosexualidad como régimen político, la maternidad como un destino ineludible de las mujeres y personas gestantes y la feminización de las tareas de cuidado. No es casual que hayamos sido las lesbianas -que históricamente hemos sido marginadas de las lógicas institucionales e invisibilizadas por la sociedad y el sistema médico hegemónico- las que hemos tenido que construirnos espacios de circulación y colectivización de información, y las que hemos acompañado y defendido el aborto medicamentoso ambulatorio desde sus inicios.
Esta experiencia colectiva y feminista potencia el poder y la autonomía sobre nuestros cuerpos, reconfigurando los sentidos desde las prácticas. No sólo estamos desafiando las reglas formalizadas por el Estado, sino que también estamos conformando un entramado normativo alternativo. No son sólo actos de resistencia a la ilegalidad sino también momentos de construcción de una ética y de un derecho alternativo.
Hablar de misoprostol supone hablar de aborto sin el cuerpo médico, sin el aparato de la medicina hegemónica, históricamente dominada por varones. Supone la "desmedicalización" de una práctica que no precisa ni debe ser hospitalizada porque no se trata de un padecimiento. El aborto medicamentoso supone la participación activa y responsable de las mujeres y personas gestantes en torno de los procesos no reproductivos y el ejercicio pleno de nuestra sexualidad.
Teniendo en cuenta que desde 1998 existe una restricción a la venta libre de misoprostol que ha habilitado la comercialización clandestina y la especulación de los precios, sumado a la hegemonización de su producción por un solo laboratorio, vulnerando el derecho que tenemos las personas gestantes de acceder a la mejor tecnología para una interrupción legal del embarazo, creemos necesario que se incorporen a este debate dos proyectos de ley que actualmente tienen estado parlamentario. Uno es para incluir el misoprostol en el plan médico obligatorio, y el otro es para su fabricación pública.
Para terminar, consideramos que es necesario desarrollar un sistema integral de salud en pos de garantizar el derecho al aborto. No concebimos una ley de aborto seguro, legal y gratuito escindida de la actualización y efectiva implementación de la ley de educación sexual integral en todos los niveles educativos, y sin la incorporación y plena reglamentación de la ley de identidad de género en el sistema de salud. Tampoco aceptamos que no contemple el acceso a la información sobre salud sexual reproductiva y no reproductiva, y que soslaye la responsabilidad masculina. En este sentido, proponemos la plena aplicación de la anticoncepción quirúrgica centrada en los cuerpos de los varones. Tampoco concebimos la ley sin la completa aplicación del protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), y sin discutir la formación que reciben hoy los y las profesionales de la salud, esto es las médicas, parteras, enfermeras, psicólogas, trabajadoras sociales y antropólogas que persiguen el objetivo de "despatriarcalizar" el sistema de salud, apostando a uno que sea humano y comunitario.
Por la producción nacional y venta libre de misoprostol; por más interrupciones colectivas y domiciliarias; por un Estado que nos propicie los medios pero que no nos imponga las formas; por un sistema de salud que esté a disposición de las personas; por el pleno derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, la persona gestante decide, la sociedad respeta y el Estado garantiza.
Aborto legal ya, en cualquier lugar. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA MARTÍNEZ S.A. Tiene la palabra el señor Alfonso Santiago, doctor en derecho, miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires.
SR. SANTIAGO Buenas tardes a cada uno de ustedes. Como abogado, doctor en derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesor de Derecho Constitucional, miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos y director de su Instituto de Derecho Constitucional, quiero expresar mi opinión acerca de los graves vicios constitucionales que tiene el proyecto de legalización del aborto que está a consideración de la Honorable Cámara de Diputados.
A la vez, quiero expresar la necesidad de que el Congreso cumpla con la manda constitucional que le impone el inciso 23 del artículo 75, y ponga en marcha el plan de seguridad social allí previsto para amparar tanto la vida de la madre como de la persona por nacer que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Considero que el proyecto de ley que se ha presentado para legalizar el aborto es gravemente inconstitucional, no puede ser aprobado por la Cámara de Diputados y debe ser rechazado.
Fundamento mi postura en los siguientes cuatro argumentos. El primero es el desconocimiento del principio de la igual e inviolable dignidad de la persona humana. Todo el sistema político y jurídico de una democracia constitucional se funda en el principio de la igualdad e inviolable dignidad de la persona humana. Cada una de ellas, incluidas las personas por nacer, son un fin en sí mismas: un sujeto, no un objeto; alguien, no meramente algo. Esta dignidad es originariamente igual y común a todos los seres humanos. Una democracia no admite ciudadanos de segunda categoría, cuya dignidad se considere de un grado inferior a la del resto y cuyos derechos esenciales no merezcan igual protección que el resto de las personas.
Nada hay más democrático y universal que este principio fundamental de la igual e inviolable dignidad de la persona humana. Esa dignidad y los derechos fundamentales que de ella emanan son inviolables. La persona humana, también el niño y la niña por nacer, no puede ser utilizada como mero medio, no es jurídicamente legítimo disponer como si fueran un mero objeto para cumplir la voluntad o los deseos de otra persona. Este es el error más grave y profundo del proyecto de ley: el desconocer la igual e inviolable dignidad de las personas por nacer, además de los fundamentos antropológicos, médicos, jurídicos y normativos que reconocen y fundamentan esa dignidad.
Si se sanciona este proyecto de ley, las personas por nacer pasarán a ser personas de segunda categoría, lo que desafía por completo el mismo concepto de persona humana y el principio de su eminente dignidad. Resulta absolutamente contradictorio el expreso reconocimiento de la existencia de una persona humana desde el momento mismo de la concepción, como se realiza en nuestra Constitución y recientemente en el nuevo Código Civil, con cualquier decisión legislativa que autorice su eliminación o exterminio intencional y directo.
El segundo punto es la pulverización del derecho a la vida de las personas por nacer. El artículo 28 de la Constitución establece que los derechos que reconoce el texto constitucional no pueden ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio. Todas y cada una de las leyes que dicta el Congreso deben respetar el contenido esencial de los derechos reconocidos en la Constitución.
El Poder Legislativo puede reglamentar los derechos respetando en todos los casos su contenido esencial. De ese modo, los derechos constitucionales se erigen, al decir de Dworkin, en vallas infranqueables para el logro de cualquier objetivo comunitario, de cualquier política pública que se quiera instrumentar. Conforman, en expresión de Ferrajoli, la esfera de lo indecidible por las mayorías, por los poderes constituidos.
El derecho a la vida de las personas por nacer es uno de los derechos más claros y se encuentra enfáticamente protegido por el texto constitucional. En efecto, la Convención sobre los Derechos del Niño que, de acuerdo con el artículo 75, inciso 22, tiene jerarquía constitucional, señala en su artículo 6: "Los Estados partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. Los Estados partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño." A su vez, la declaración interpretativa realizada por nuestro país, a la que el constituyente de 1994 otorgó jerarquía constitucional, señala que: "Niño es todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años." De la simple lectura e interpretación de ambos preceptos constitucionales surge que los poderes públicos deben proteger la vida de las personas por nacer en la máxima medida posible.
El proyecto de ley contraría abiertamente el principio pro homine y el interés superior del niño, que tienen jerarquía constitucional, para establecer un principio inhumano que pretende legitimar el ejercicio de la violencia sobre un ser humano inocente e indefenso hasta provocarle la muerte y privarlo de su existencia, desconociendo así su intrínseca dignidad.
El artículo 29 de la Constitución Nacional señala con particular énfasis que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos no puede quedar a merced de gobierno o persona alguna. Lo propuesto en este proyecto de ley deja la vida de las personas por nacer a merced de la voluntad de otras personas, desconociendo gravemente la manda constitucional que el artículo 29 impone al Congreso.
Julián Marías ha señalado que la mayor atrocidad del Siglo XX ha sido la permisión y legitimación social del aborto, más grave aún que las dos guerras mundiales, por el número de víctimas y por el oscurecimiento de la conciencia moral que lleva implícito. Estamos en presencia de lo que un destacado constitucionalista argentino ha señalado como ceguera axiológica o ceguera constitucional, enfermedad de la que tiene que estar a salvo el honorable Congreso.
El tercer punto es la negación del acceso a la Justicia y de la tutela judicial efectiva de las personas por nacer. El proyecto de ley priva por completo del derecho a la tutela judicial efectiva, a las personas por nacer. Sus derechos no pueden ser allí reclamados ni protegidos frente a los posibles abusos que con facilidad se cometan en esta materia, y pretende convertir el derecho a abortar en una suerte de superderecho exento y blindado de toda judicialización.
La desconsideración hacia la dignidad de la persona humana, la falta de protección del derecho a la vida de las personas por nacer, la negación de su derecho de acceso a la Justicia y la desatención del grupo tal vez más vulnerable de la sociedad, son gravísimos vicios constitucionales presentes en el proyecto de ley propuesto, que exigen su completo rechazo. Así, se hace imperativa la sanción de la ley prevista como manda constitucional en el artículo 75, inciso 23. (Aplausos.)
A la vez, quiero expresar la necesidad de que el Congreso cumpla con la manda constitucional que le impone el inciso 23 del artículo 75, y ponga en marcha el plan de seguridad social allí previsto para amparar tanto la vida de la madre como de la persona por nacer que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Considero que el proyecto de ley que se ha presentado para legalizar el aborto es gravemente inconstitucional, no puede ser aprobado por la Cámara de Diputados y debe ser rechazado.
Fundamento mi postura en los siguientes cuatro argumentos. El primero es el desconocimiento del principio de la igual e inviolable dignidad de la persona humana. Todo el sistema político y jurídico de una democracia constitucional se funda en el principio de la igualdad e inviolable dignidad de la persona humana. Cada una de ellas, incluidas las personas por nacer, son un fin en sí mismas: un sujeto, no un objeto; alguien, no meramente algo. Esta dignidad es originariamente igual y común a todos los seres humanos. Una democracia no admite ciudadanos de segunda categoría, cuya dignidad se considere de un grado inferior a la del resto y cuyos derechos esenciales no merezcan igual protección que el resto de las personas.
Nada hay más democrático y universal que este principio fundamental de la igual e inviolable dignidad de la persona humana. Esa dignidad y los derechos fundamentales que de ella emanan son inviolables. La persona humana, también el niño y la niña por nacer, no puede ser utilizada como mero medio, no es jurídicamente legítimo disponer como si fueran un mero objeto para cumplir la voluntad o los deseos de otra persona. Este es el error más grave y profundo del proyecto de ley: el desconocer la igual e inviolable dignidad de las personas por nacer, además de los fundamentos antropológicos, médicos, jurídicos y normativos que reconocen y fundamentan esa dignidad.
Si se sanciona este proyecto de ley, las personas por nacer pasarán a ser personas de segunda categoría, lo que desafía por completo el mismo concepto de persona humana y el principio de su eminente dignidad. Resulta absolutamente contradictorio el expreso reconocimiento de la existencia de una persona humana desde el momento mismo de la concepción, como se realiza en nuestra Constitución y recientemente en el nuevo Código Civil, con cualquier decisión legislativa que autorice su eliminación o exterminio intencional y directo.
El segundo punto es la pulverización del derecho a la vida de las personas por nacer. El artículo 28 de la Constitución establece que los derechos que reconoce el texto constitucional no pueden ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio. Todas y cada una de las leyes que dicta el Congreso deben respetar el contenido esencial de los derechos reconocidos en la Constitución.
El Poder Legislativo puede reglamentar los derechos respetando en todos los casos su contenido esencial. De ese modo, los derechos constitucionales se erigen, al decir de Dworkin, en vallas infranqueables para el logro de cualquier objetivo comunitario, de cualquier política pública que se quiera instrumentar. Conforman, en expresión de Ferrajoli, la esfera de lo indecidible por las mayorías, por los poderes constituidos.
El derecho a la vida de las personas por nacer es uno de los derechos más claros y se encuentra enfáticamente protegido por el texto constitucional. En efecto, la Convención sobre los Derechos del Niño que, de acuerdo con el artículo 75, inciso 22, tiene jerarquía constitucional, señala en su artículo 6: "Los Estados partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. Los Estados partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño." A su vez, la declaración interpretativa realizada por nuestro país, a la que el constituyente de 1994 otorgó jerarquía constitucional, señala que: "Niño es todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años." De la simple lectura e interpretación de ambos preceptos constitucionales surge que los poderes públicos deben proteger la vida de las personas por nacer en la máxima medida posible.
El proyecto de ley contraría abiertamente el principio pro homine y el interés superior del niño, que tienen jerarquía constitucional, para establecer un principio inhumano que pretende legitimar el ejercicio de la violencia sobre un ser humano inocente e indefenso hasta provocarle la muerte y privarlo de su existencia, desconociendo así su intrínseca dignidad.
El artículo 29 de la Constitución Nacional señala con particular énfasis que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos no puede quedar a merced de gobierno o persona alguna. Lo propuesto en este proyecto de ley deja la vida de las personas por nacer a merced de la voluntad de otras personas, desconociendo gravemente la manda constitucional que el artículo 29 impone al Congreso.
Julián Marías ha señalado que la mayor atrocidad del Siglo XX ha sido la permisión y legitimación social del aborto, más grave aún que las dos guerras mundiales, por el número de víctimas y por el oscurecimiento de la conciencia moral que lleva implícito. Estamos en presencia de lo que un destacado constitucionalista argentino ha señalado como ceguera axiológica o ceguera constitucional, enfermedad de la que tiene que estar a salvo el honorable Congreso.
El tercer punto es la negación del acceso a la Justicia y de la tutela judicial efectiva de las personas por nacer. El proyecto de ley priva por completo del derecho a la tutela judicial efectiva, a las personas por nacer. Sus derechos no pueden ser allí reclamados ni protegidos frente a los posibles abusos que con facilidad se cometan en esta materia, y pretende convertir el derecho a abortar en una suerte de superderecho exento y blindado de toda judicialización.
La desconsideración hacia la dignidad de la persona humana, la falta de protección del derecho a la vida de las personas por nacer, la negación de su derecho de acceso a la Justicia y la desatención del grupo tal vez más vulnerable de la sociedad, son gravísimos vicios constitucionales presentes en el proyecto de ley propuesto, que exigen su completo rechazo. Así, se hace imperativa la sanción de la ley prevista como manda constitucional en el artículo 75, inciso 23. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA MARTÍNEZ S.A. Tiene la palabra Victoria Freire, licenciada en sociología, pertenece al Observatorio de Género y Política Pública.
SRA. FREIRE Buenas tardes. Estoy muy emocionada por estar acá, no precisamente en este espacio hablándoles a todos ustedes, sino por el momento histórico que estamos viviendo en nuestro país; momento histórico que se siente en el aire, que nos pone la piel de gallina, transforma la manera en vemos el mundo en el que vivimos nuestras vidas.
Estamos viviendo un momento muy especial y la lucha por el derecho al aborto se inscribe en ese compromiso y convicción profunda a favor de la vida, de la justicia social y de los derechos humanos.
También es emocionante haber escuchado durante estas jornadas a un montón de compañeras especialistas y profesionales de todas las edades, que con distintos argumentos y diferentes razones teóricas, políticas, expusieron y defendieron el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo.
Todas ellas expresaron cuestiones, experiencias, deseos y pensamientos que están presentes y palpitan también en la calle, porque los sienten en los trabajos, en las escuelas, porque circulan en las casas, que están presentes en todos lados.
No es que el feminismo se ha puesto de moda de repente; no se puede tapar el sol con las manos para siempre. Estamos acá para expresar nuestro compromiso y esfuerzo a ser libres. Este es un deseo irreversible, por lo cual tarde o temprano vamos a ganar.
Venir hoy a contar lo que nos pasa o nos pasó en nuestra vida es también construir un hecho político; nos interpela, incluso, como una responsabilidad generacional. En un país que retrocede día a día, el feminismo irrumpe como una ola cargada de futuro, y empujar este movimiento es un compromiso que asumimos con las que vienen y con las que lo hicieron antes. Esto lo hacemos en un contexto de creciente ajuste económico. Recién decíamos con una compañera que estar debatiendo esto más allá del recinto -porque se lo palpita en las calles-, nos hace sentir que estamos en una burbuja, lo cual que nos alienta a seguir.
Estamos en un contexto de creciente ajuste económico que repercute directamente en la precariedad de la vida e impacta sobre todo en las mujeres lesbianas, travestis y trans, porque entre quienes trabajamos somos las más precarizadas, las más pobres entre los pobres.
Por eso, reclamamos políticas integrales, un presupuesto para que nos alcance a todas, la real implementación de la ley de educación sexual integral, la provisión gratuita y pública de anticonceptivos y la legalización del aborto en nuestro país.
Cuando decimos que lo personal es político nos referimos a poder comprender que muchas de las cosas que nos pasan nos suceden por motivos que nos pertenecen; nos pasan porque hay razones históricas y políticas que así nos construyeron. Entender cómo se escribe el machismo en nuestros cuerpos es una ardua tarea de autorreconocimiento.
Por eso, en este movimiento, en este despertar colectivo en distintas partes del mundo, estamos diciendo "me too", "yo también ", "yo sí te creo" y "ya no nos callamos más".
Les cuento que yo aborté, solo lo había planteado en mi entorno. En realidad, quiero decir que yo también aborté, porque hace tiempo que se realizan miles de abortos en nuestro país. Esto no es un secreto. Además, quiero contarles que mi experiencia no fue traumática; yo estaba segura de lo que estaba decidiendo, pude acceder a información, estaba convencida, fui acompañada hace muchos años y yo no quería ser madre en ese momento. Aborté con misoprostol y fui acompañada por una profesional médica de un hospital público.
Por supuesto, esta no es la realidad de todas porque no todas cuentan con la posibilidad de acceder a recursos. La clandestinidad nos puede matar.
En un informe que realizamos para el Observatorio de Género y Políticas Públicas citábamos que las muertes por aborto representan el 20 por ciento de la mortalidad en mujeres gestantes, siendo este un indicador fundamental de la salud sexual de las mujeres y del acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad.
En decir, no es el aborto ni la interrupción del embarazo lo que mata, sino la clandestinidad la que nos puede matar.
El hecho de que el aborto esté saliendo del clóset en este momento y el reconocimiento de que todas abortamos -en primera persona del singular o del plural- es también entender que hay diferentes formas de transitarlo y que esta no tiene por qué ser una experiencia insoportable o, como muchas veces es presentada, traumática.
Nosotras estamos batallando contra la idea que se construye en el imaginario, de que interrumpir un embarazo es un horror. En algún momento nos sucede a nosotras o a personas queridas. Entonces, ese imaginario empieza a transformarse y nos encontramos. Muchas tenemos el agrado de encontrarnos con manos amigas, con redes, con organización y también con una terapia feminista que nos saca la culpa -que no es nuestra-, que también nos insisten en inculcar.
Mi experiencia es la de una generación que está forjando herramientas para transformar la realidad de las mujeres. Es una generación que tiene historia pero que también está construyendo artesanal y orgullosamente una primera persona en plural que tiene plena consciencia de que somos un amplio y diverso "nosotras".
Estamos viviendo un momento muy especial y la lucha por el derecho al aborto se inscribe en ese compromiso y convicción profunda a favor de la vida, de la justicia social y de los derechos humanos.
También es emocionante haber escuchado durante estas jornadas a un montón de compañeras especialistas y profesionales de todas las edades, que con distintos argumentos y diferentes razones teóricas, políticas, expusieron y defendieron el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo.
Todas ellas expresaron cuestiones, experiencias, deseos y pensamientos que están presentes y palpitan también en la calle, porque los sienten en los trabajos, en las escuelas, porque circulan en las casas, que están presentes en todos lados.
No es que el feminismo se ha puesto de moda de repente; no se puede tapar el sol con las manos para siempre. Estamos acá para expresar nuestro compromiso y esfuerzo a ser libres. Este es un deseo irreversible, por lo cual tarde o temprano vamos a ganar.
Venir hoy a contar lo que nos pasa o nos pasó en nuestra vida es también construir un hecho político; nos interpela, incluso, como una responsabilidad generacional. En un país que retrocede día a día, el feminismo irrumpe como una ola cargada de futuro, y empujar este movimiento es un compromiso que asumimos con las que vienen y con las que lo hicieron antes. Esto lo hacemos en un contexto de creciente ajuste económico. Recién decíamos con una compañera que estar debatiendo esto más allá del recinto -porque se lo palpita en las calles-, nos hace sentir que estamos en una burbuja, lo cual que nos alienta a seguir.
Estamos en un contexto de creciente ajuste económico que repercute directamente en la precariedad de la vida e impacta sobre todo en las mujeres lesbianas, travestis y trans, porque entre quienes trabajamos somos las más precarizadas, las más pobres entre los pobres.
Por eso, reclamamos políticas integrales, un presupuesto para que nos alcance a todas, la real implementación de la ley de educación sexual integral, la provisión gratuita y pública de anticonceptivos y la legalización del aborto en nuestro país.
Cuando decimos que lo personal es político nos referimos a poder comprender que muchas de las cosas que nos pasan nos suceden por motivos que nos pertenecen; nos pasan porque hay razones históricas y políticas que así nos construyeron. Entender cómo se escribe el machismo en nuestros cuerpos es una ardua tarea de autorreconocimiento.
Por eso, en este movimiento, en este despertar colectivo en distintas partes del mundo, estamos diciendo "me too", "yo también ", "yo sí te creo" y "ya no nos callamos más".
Les cuento que yo aborté, solo lo había planteado en mi entorno. En realidad, quiero decir que yo también aborté, porque hace tiempo que se realizan miles de abortos en nuestro país. Esto no es un secreto. Además, quiero contarles que mi experiencia no fue traumática; yo estaba segura de lo que estaba decidiendo, pude acceder a información, estaba convencida, fui acompañada hace muchos años y yo no quería ser madre en ese momento. Aborté con misoprostol y fui acompañada por una profesional médica de un hospital público.
Por supuesto, esta no es la realidad de todas porque no todas cuentan con la posibilidad de acceder a recursos. La clandestinidad nos puede matar.
En un informe que realizamos para el Observatorio de Género y Políticas Públicas citábamos que las muertes por aborto representan el 20 por ciento de la mortalidad en mujeres gestantes, siendo este un indicador fundamental de la salud sexual de las mujeres y del acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad.
En decir, no es el aborto ni la interrupción del embarazo lo que mata, sino la clandestinidad la que nos puede matar.
El hecho de que el aborto esté saliendo del clóset en este momento y el reconocimiento de que todas abortamos -en primera persona del singular o del plural- es también entender que hay diferentes formas de transitarlo y que esta no tiene por qué ser una experiencia insoportable o, como muchas veces es presentada, traumática.
Nosotras estamos batallando contra la idea que se construye en el imaginario, de que interrumpir un embarazo es un horror. En algún momento nos sucede a nosotras o a personas queridas. Entonces, ese imaginario empieza a transformarse y nos encontramos. Muchas tenemos el agrado de encontrarnos con manos amigas, con redes, con organización y también con una terapia feminista que nos saca la culpa -que no es nuestra-, que también nos insisten en inculcar.
Mi experiencia es la de una generación que está forjando herramientas para transformar la realidad de las mujeres. Es una generación que tiene historia pero que también está construyendo artesanal y orgullosamente una primera persona en plural que tiene plena consciencia de que somos un amplio y diverso "nosotras".
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Legislación General, señor diputado Daniel Andrés Lipovetzky.
SRA. FREIRE Tal como expuso Dora Barrancos hace unos días aquí, se trata de ejercer nuestro derecho al disfrute separado de la reproducción, contra esa frase tan repetida de que tenemos que hacernos cargo -por supuesto, solo nosotras, por abrir las piernas- y aceptar las consecuencias, como si fuera un castigo.
Si el embarazo es una contingencia, el deseo -no el deseo de otros ni el dictamen de ningún juez- tiene que ser la norma para decidir si queremos o no ser madres.
Estar discutiendo esto, estar defendiendo el aborto en pleno siglo XXI, como se ha dicho en algunas intervenciones, es una batalla contra el medioevo, es una batalla contra la idea de que las políticas públicas tienen que estar regidas por creencias morales y religiosas; es también batallar contra la idea paranoica de que ahora vamos a abortar todas en masa, es ir contra una historia de silenciamientos, de violencias y de desigualdades. En definitiva, es ir contra las posiciones que anulan la capacidad que tenemos de elegir y de decidir sobre nosotras mismas, queramos o no continuar con el embarazo.
Nosotras no somos envases. Somos personas que estamos resueltas a ser libres y ejercer nuestra soberanía. Por eso, vamos a conquistar nuestro deseo de vivir una vida plena y digna, y de ser felices. (Aplausos.)
Si el embarazo es una contingencia, el deseo -no el deseo de otros ni el dictamen de ningún juez- tiene que ser la norma para decidir si queremos o no ser madres.
Estar discutiendo esto, estar defendiendo el aborto en pleno siglo XXI, como se ha dicho en algunas intervenciones, es una batalla contra el medioevo, es una batalla contra la idea de que las políticas públicas tienen que estar regidas por creencias morales y religiosas; es también batallar contra la idea paranoica de que ahora vamos a abortar todas en masa, es ir contra una historia de silenciamientos, de violencias y de desigualdades. En definitiva, es ir contra las posiciones que anulan la capacidad que tenemos de elegir y de decidir sobre nosotras mismas, queramos o no continuar con el embarazo.
Nosotras no somos envases. Somos personas que estamos resueltas a ser libres y ejercer nuestra soberanía. Por eso, vamos a conquistar nuestro deseo de vivir una vida plena y digna, y de ser felices. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Tiene la palabra la licenciada Violaine Fua Púppulo, psicoanalista, supervisora y docente con veinticinco años de experiencia en hospitales públicos y privados, directora de la Doctora Ignorancia y conductora de Café Freud.
SRA. PÚPPULO señor presidente, señores legisladores: muy buenas tardes. Agradezco la oportunidad de hablar aquí ante ustedes hoy a título personal como ciudadana y psicoanalista.
En cuanto tal, me interesa hacer foco en las consecuencias psíquicas que he escuchado en quienes han abortado y en quienes son hijos de madres que abortaron.
Dicho esto, quiero poner énfasis en tres elementos. En primer lugar, de conformidad al proyecto de ley que hoy se discute, las mujeres que decidan un aborto podrían hacerlo sin mediar relación alguna con el progenitor.
Quejándonos de la famosa frase "los hijos son de las madres", hoy este proyecto lo afirma rotundamente: la joven se hace cargo del ciento por ciento de la decisión. En la creencia de que "hago lo que quiero", en realidad, volvemos a quedar subsumidas en un nuevo y más sutil protagonismo masculino ya que, el hecho de que esos padres varones queden por fuera de sus responsabilidades es ahora una decisión asumida por las mujeres.
¿No habrá posibilidad de incluir al padre responsable en la toma de decisión? Si el precio que las mujeres estamos dispuestas a pagar por nuestra "libertad" es borrar de ese origen al semejante, cuando no ha sido una violación, como si ese hombre con el que estuvimos fuera un enemigo, eso es algo que una ley no puede avalar desde ningún punto de vista.
En segundo lugar, la idea de una madre todopoderosa -llamada "madre fálica" en nuestra especialidad- ha sido bien estudiada en psicoanálisis y en psiquiatría. Lo que inicialmente brinda seguridad y alimento es una función tranquilizadora, pero luego se vuelve angustiante y de enormes efectos perturbadores si esa madre carece de límites impuestos por la ley. Se ubica sobre las leyes de la naturaleza y eso tiene consecuencias clínicas.
Los pacientes se preguntan: ¿qué quisieron conmigo? ¿Por qué eligieron que no viviera ese otro niño que podría haber sido yo?
Quien elige abortar siembra en su aparato psíquico un sentimiento de culpa que es inconsciente, por más -y yo lo entiendo- que esté convencida de lo que hace. Esto es palpable en el consultorio. Pero me interesa poner énfasis no tanto en la culpa cuanto en el lugar de la Ley. La penalidad en el mundo exterior brinda alguna clase de equilibrio a esa mortificación.
El hecho de que el aborto esté penado por la ley resguarda psíquicamente al sujeto de la asunción entera de la culpa. Este concepto requeriría mucho más tiempo que siete minutos de exposición, pero me parece necesario incluirlo en el debate.
Si esa culpa encuentra una pena en el mundo exterior, por así decirlo, halla un dique contra el cual vérselas. El tema es: ¿ese dique es este proyecto?
Como mencionaron varios oradores en el día de hoy, se está proponiendo una oposición entre quienes votarían a favor de este proyecto de ley, debido a la necesidad y urgencia de poner límite a las muertes de jóvenes en lugares clandestinos, y aquellos que no lo harían, como si eso significara que no votarlo es estar en contra de salvarlas. Peleemos, discutamos, pero no del modo que nos divida como sociedad. La lucha por un objetivo nos mantiene vivos.
Al respecto, quiero hacer notar la bajísima difusión que tiene el protocolo ILE, dependiente de los ministerios de Salud de la provincia de Buenos Aires y de la Nación. Su existencia se debe al artículo 86 del Código Penal, en virtud del cual una joven puede acudir en forma gratuita al sistema de salud, sin necesidad de denuncia judicial previa, tan solo con su afirmación de que padece un embarazo indeseado y producto de un forzamiento. En esos casos se le debe practicar el aborto en forma legal, con atención interdisciplinaria -médicos, psicólogos, asistentes sociales-, incluyendo la entrega de medicación anticonceptiva posterior. Solicitemos que las provincias implementen en todo su territorio el protocolo ILE.
El deseo no es perfecto ni luminoso. A veces hay mujeres que odian su embarazo. Tal vez esto espante a quien lo escuche, pero es real. Muchas veces aquello que se cree odiar, luego vemos que en realidad refleja partes de nosotros que no hemos querido ver. Y sobre ese deseo se trabaja.
Creer que porque una mujer no quiera vérselas con su embrión tiene que desecharlo es creer que los seres humanos -en este caso, una mujer- siempre van a sostener lo mismo respecto de ese niño a lo largo del tiempo. Es necesario incluir la perspectiva de que el deseo es cambiante y fundamenta lo humano, a riesgo de que no se la comprenda o se la desprecie.
Reitero: el deseo de un hijo no es luminoso. El deseo de perder un embarazo, tampoco.
Llamado. Acompañen a sus hijas cuando ellas crean que el aborto sea el único camino para recuperar la dignidad, como tan llamativamente dice este proyecto en sus fundamentos. Esa idea no viene de la nada. Alguien les hizo creer que eran indignas por haber quedado embarazadas, y en la medida que tanta gente se siente representada por esa afirmación, esa es la responsabilidad de muchos adultos y de otra gente que ha mirado hacia otro lado.
En el consultorio se escucha mucho a padres que dicen que, como no están de acuerdo con lo que dice su hijo o hija, no tienen por qué acompañarlos. Eso es no distinguir la diferencia enorme que hay entre mi yo -Violaine Fua Púppulo- y mi función materna. Ya no se trata de lo que me gusta o no me gusta, sino de lo que se debe, lo que corresponde, que es acompañar cuando me gusta y cuando no me gusta, a la hora de tener que transmitir qué es ser un padre o una madre, aunque eso pueda tener costo psíquico para mí como persona.
Aquí podemos incluir a aquellos que creen que hablar de educación sexual en las escuelas es enseñar el aparato reproductor masculino y femenino, y no lo que en realidad deberían transmitir: la diferencia entre lo público y lo privado. El deseo no se toma sin un acuerdo de por medio. El respeto al otro no es solo decir "buen día", sino respetar que cuando el otro dice que no, es no, aunque se tenga muchas ganas. Tolerar el no y decir "no", eso nos hace humanos. No se trata tan solo de poner límites sino también del "no" que ordena el campo de intercambios, que frena el avance despiadado sobre los demás.
Hay muchos chicos diciendo que en este país no hay salida y que los adultos no nos ocupamos de que la haya. Los jóvenes tienen que poder contar a sus padres sus equivocaciones sin por eso ser castigados o humillados.
Les pido, señores legisladores, que no nos gane el cansancio. Freud, en su texto "El Malestar en la Cultura", dijo: "El hecho de que ocultamos a los jóvenes el papel que la sexualidad habrá de desempeñar en su vida no es el único reproche que se puede aducir contra la educación actual. Además, peca por no prepararlos para las agresiones cuyo objeto están destinados a ser. Al entrar la juventud a la vida con tan errónea orientación psicológica, la educación se conduce como si se enviara a una expedición polar a gente vestida con ropa de verano y equipada con mapas de los lagos italianos. Se deja creer al joven que todos los demás cumplen los preceptos éticos, es decir que todos son virtuosos, justificando así la exigencia de que también él habría de obedecerlos".
¿Qué es un niño en nuestra República Argentina? ¿Y qué es ser padres? Los límites que cada uno de nosotros imponga a su propia comodidad -seamos padres, docentes, legisladores o lo que fuere- en relación con lo que está sucediendo en nuestra sociedad, y la exigencia hacia el cumplimiento de la ley, de cara a las instituciones que ya deben cumplir la ley y no lo hacen, es lo único que producirá un cambio. (Aplausos.)
En cuanto tal, me interesa hacer foco en las consecuencias psíquicas que he escuchado en quienes han abortado y en quienes son hijos de madres que abortaron.
Dicho esto, quiero poner énfasis en tres elementos. En primer lugar, de conformidad al proyecto de ley que hoy se discute, las mujeres que decidan un aborto podrían hacerlo sin mediar relación alguna con el progenitor.
Quejándonos de la famosa frase "los hijos son de las madres", hoy este proyecto lo afirma rotundamente: la joven se hace cargo del ciento por ciento de la decisión. En la creencia de que "hago lo que quiero", en realidad, volvemos a quedar subsumidas en un nuevo y más sutil protagonismo masculino ya que, el hecho de que esos padres varones queden por fuera de sus responsabilidades es ahora una decisión asumida por las mujeres.
¿No habrá posibilidad de incluir al padre responsable en la toma de decisión? Si el precio que las mujeres estamos dispuestas a pagar por nuestra "libertad" es borrar de ese origen al semejante, cuando no ha sido una violación, como si ese hombre con el que estuvimos fuera un enemigo, eso es algo que una ley no puede avalar desde ningún punto de vista.
En segundo lugar, la idea de una madre todopoderosa -llamada "madre fálica" en nuestra especialidad- ha sido bien estudiada en psicoanálisis y en psiquiatría. Lo que inicialmente brinda seguridad y alimento es una función tranquilizadora, pero luego se vuelve angustiante y de enormes efectos perturbadores si esa madre carece de límites impuestos por la ley. Se ubica sobre las leyes de la naturaleza y eso tiene consecuencias clínicas.
Los pacientes se preguntan: ¿qué quisieron conmigo? ¿Por qué eligieron que no viviera ese otro niño que podría haber sido yo?
Quien elige abortar siembra en su aparato psíquico un sentimiento de culpa que es inconsciente, por más -y yo lo entiendo- que esté convencida de lo que hace. Esto es palpable en el consultorio. Pero me interesa poner énfasis no tanto en la culpa cuanto en el lugar de la Ley. La penalidad en el mundo exterior brinda alguna clase de equilibrio a esa mortificación.
El hecho de que el aborto esté penado por la ley resguarda psíquicamente al sujeto de la asunción entera de la culpa. Este concepto requeriría mucho más tiempo que siete minutos de exposición, pero me parece necesario incluirlo en el debate.
Si esa culpa encuentra una pena en el mundo exterior, por así decirlo, halla un dique contra el cual vérselas. El tema es: ¿ese dique es este proyecto?
Como mencionaron varios oradores en el día de hoy, se está proponiendo una oposición entre quienes votarían a favor de este proyecto de ley, debido a la necesidad y urgencia de poner límite a las muertes de jóvenes en lugares clandestinos, y aquellos que no lo harían, como si eso significara que no votarlo es estar en contra de salvarlas. Peleemos, discutamos, pero no del modo que nos divida como sociedad. La lucha por un objetivo nos mantiene vivos.
Al respecto, quiero hacer notar la bajísima difusión que tiene el protocolo ILE, dependiente de los ministerios de Salud de la provincia de Buenos Aires y de la Nación. Su existencia se debe al artículo 86 del Código Penal, en virtud del cual una joven puede acudir en forma gratuita al sistema de salud, sin necesidad de denuncia judicial previa, tan solo con su afirmación de que padece un embarazo indeseado y producto de un forzamiento. En esos casos se le debe practicar el aborto en forma legal, con atención interdisciplinaria -médicos, psicólogos, asistentes sociales-, incluyendo la entrega de medicación anticonceptiva posterior. Solicitemos que las provincias implementen en todo su territorio el protocolo ILE.
El deseo no es perfecto ni luminoso. A veces hay mujeres que odian su embarazo. Tal vez esto espante a quien lo escuche, pero es real. Muchas veces aquello que se cree odiar, luego vemos que en realidad refleja partes de nosotros que no hemos querido ver. Y sobre ese deseo se trabaja.
Creer que porque una mujer no quiera vérselas con su embrión tiene que desecharlo es creer que los seres humanos -en este caso, una mujer- siempre van a sostener lo mismo respecto de ese niño a lo largo del tiempo. Es necesario incluir la perspectiva de que el deseo es cambiante y fundamenta lo humano, a riesgo de que no se la comprenda o se la desprecie.
Reitero: el deseo de un hijo no es luminoso. El deseo de perder un embarazo, tampoco.
Llamado. Acompañen a sus hijas cuando ellas crean que el aborto sea el único camino para recuperar la dignidad, como tan llamativamente dice este proyecto en sus fundamentos. Esa idea no viene de la nada. Alguien les hizo creer que eran indignas por haber quedado embarazadas, y en la medida que tanta gente se siente representada por esa afirmación, esa es la responsabilidad de muchos adultos y de otra gente que ha mirado hacia otro lado.
En el consultorio se escucha mucho a padres que dicen que, como no están de acuerdo con lo que dice su hijo o hija, no tienen por qué acompañarlos. Eso es no distinguir la diferencia enorme que hay entre mi yo -Violaine Fua Púppulo- y mi función materna. Ya no se trata de lo que me gusta o no me gusta, sino de lo que se debe, lo que corresponde, que es acompañar cuando me gusta y cuando no me gusta, a la hora de tener que transmitir qué es ser un padre o una madre, aunque eso pueda tener costo psíquico para mí como persona.
Aquí podemos incluir a aquellos que creen que hablar de educación sexual en las escuelas es enseñar el aparato reproductor masculino y femenino, y no lo que en realidad deberían transmitir: la diferencia entre lo público y lo privado. El deseo no se toma sin un acuerdo de por medio. El respeto al otro no es solo decir "buen día", sino respetar que cuando el otro dice que no, es no, aunque se tenga muchas ganas. Tolerar el no y decir "no", eso nos hace humanos. No se trata tan solo de poner límites sino también del "no" que ordena el campo de intercambios, que frena el avance despiadado sobre los demás.
Hay muchos chicos diciendo que en este país no hay salida y que los adultos no nos ocupamos de que la haya. Los jóvenes tienen que poder contar a sus padres sus equivocaciones sin por eso ser castigados o humillados.
Les pido, señores legisladores, que no nos gane el cansancio. Freud, en su texto "El Malestar en la Cultura", dijo: "El hecho de que ocultamos a los jóvenes el papel que la sexualidad habrá de desempeñar en su vida no es el único reproche que se puede aducir contra la educación actual. Además, peca por no prepararlos para las agresiones cuyo objeto están destinados a ser. Al entrar la juventud a la vida con tan errónea orientación psicológica, la educación se conduce como si se enviara a una expedición polar a gente vestida con ropa de verano y equipada con mapas de los lagos italianos. Se deja creer al joven que todos los demás cumplen los preceptos éticos, es decir que todos son virtuosos, justificando así la exigencia de que también él habría de obedecerlos".
¿Qué es un niño en nuestra República Argentina? ¿Y qué es ser padres? Los límites que cada uno de nosotros imponga a su propia comodidad -seamos padres, docentes, legisladores o lo que fuere- en relación con lo que está sucediendo en nuestra sociedad, y la exigencia hacia el cumplimiento de la ley, de cara a las instituciones que ya deben cumplir la ley y no lo hacen, es lo único que producirá un cambio. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Tiene la palabra la doctora Greta Pena, abogada, periodista y representante de la organización 100% Diversidad y Derechos.
SRA. PENA Muchas gracias.
Desde el movimiento de lesbianas, gays, bisexuales y personas trans venimos a dar nuestro apoyo al proyecto de ley en debate para que se garantice el derecho humano al aborto legal. Nos sentimos parte de esto. Agradecemos al movimiento feminista en general y a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, así como a tantos otros espacios y militancias que con su lucha histórica hicieron posible que hoy se escuchen estas voces, sacando del clóset el debate sobre el aborto en el Congreso de la Nación.
Especialmente, desde 100% Diversidad y Derechos, queremos nombrar a las lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto. Una de ellas es la socióloga Cecilia Lypszyc, quien no pudo llegar a vivenciar este proceso, y la otra fue quien nos acercó los primeros pañuelos verdes, la líder travesti Lohana Berkins, y visibilizó la lucha por el aborto desde el colectivo trans. (Aplausos.)
Venimos acá porque este debate nos interpela profundamente. Las lesbianas, bisexuales y varones trans podemos gestar y, por lo tanto, decidir en determinadas circunstancias interrumpir un embarazo; pero más importante aún nos parece el aporte que, como colectivo de orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas, podemos transmitir respecto de lo que la regulación legislativa del aborto por parte del Estado pone en juego.
La decisión de interrumpir un embarazo, la voluntad, absolutamente personal, indelegable, por parte de quien gesta ese embarazo, de abortarlo o no, se vuelve un acto que, aun siendo personalísimo y de la esfera íntima, cobra toda su dimensión política. Tal es su impacto, ya que un acto personalísimo como el aborto se vuelve en contra de quien gesta, al punto de que determinados mandatos sociales, culturales, religiosos y morales le arrebatan el aspecto volitivo. Es el propio Estado el que hasta ahora viene legitimando que ello ocurra.
¿Por qué si nuestros cuerpos pueden gestar, y si están gestando, ya no son nuestros? Nuestros cuerpos se nos vuelven ajenos, son enajenados por el Estado, que asume como propios, en su regulación y prácticas, mandatos reñidos con un Estado constitucional de derecho. El propio Código Penal, respecto de los abortos ilegales, considera un agravante que se realice en contra de la voluntad de quien gesta. No hay debate respecto de este punto: todas y todos, incluso el Código Penal cuando lo prohíbe, entienden que el aborto es una práctica que requiere nuestro consentimiento.
¿Por qué, entonces, un acto personal viene siendo regulado de manera tutelar por el Estado? En este punto es donde queremos sumar nuestra experiencia como grupo disidente de los mandatos biologicistas y patriarcales. Las personas LGBT sabemos de la condena a la clandestinidad, de la falta de acceso a la salud, de la violencia institucional, del castigo de la Justicia, del desprecio social y de las violencias hacia nuestros cuerpos e identidades. En esta lucha se engloban todas nuestras luchas. Por ello, demandamos que el Estado respete la voluntad de quien gesta sobre sí mismo y, por lo tanto, sobre su cuerpo. Demandamos al Estado que reconozca nuestra capacidad indelegable de decidir. Ello significaría que las mujeres y demás cuerpos gestantes dejemos de ser objetos del Estado, de mandatos religiosos, de maternidades obligadas o de mandatos de reproductivos.
Venimos a decir que lo que está en juego aquí es quizá la dominación más profunda y el mayor disciplinamiento para nuestros cuerpos, naturalizando su apropiación.
Se ha explicado aquí, y seguramente se seguirá haciendo con extremada lucidez, acerca de las implicancias técnicas y jurídicas, de salud y de otras ciencias que afectan a las mujeres en su mayoría, pero también a otros cuerpos gestantes.
Por eso, queremos aportar una mirada desde el nuevo paradigma que viene construyendo el propio Congreso de la Nación al reconocer derechos demandados por luchas históricas. La aprobación de la legalización del aborto se consolidaría como piedra angular de la construcción de un país más democrático, más justo y más igualitario.
Esta ley se inscribiría en una cadena de leyes que produjeron una intensa ruptura con el discurso médico y biológico para dar paso a lo cultural, lo político y a otra lectura de los cuerpos, los deseos, afectividades e identidades.
Tanto es así, y aquí se nombró bastante, que la ley de matrimonio igualitario y de identidad de género, trascendió la posibilidad de acceder a los derechos concretos que allí se enumeran, como casarse, ser tratada o tratado y registrada o registrado según el género autopercibido, y se convirtió en campos de disputa de los sentidos que otorga el derecho a todos los cuerpos y voluntades, y no solo como privilegio de algunos.
También a las lesbianas se nos reconoció el derecho a conformar una familia en comaternidad, sin discriminaciones. Tengo dos hijas: una de 5 años y la más pequeña, de 10 meses. No las tuve en mi vientre, aun pudiendo hacerlo, porque el deseo con mi compañera y esposa fue que ella las gestara. Mi vínculo jurídico de filiación materna me fue reconocido con la sola expresión de mi voluntad; el Código Civil de la Nación la denomina "voluntad procreacional". Y así como reivindicamos esta voluntad, este derecho a otras maternidades, reivindicamos el derecho a no ser madre.
Por eso, estamos discutiendo acá de política y no del comienzo de la vida o de cuestiones médicas, psicológicas, biológicas. O en todo caso, de todas ellas, en tanto discursos de poder sin capacidad crítica, de una política que se esparce como control y dominación de nuestros cuerpos y nuestros deseos.
Esperamos que este debate se salde a favor de la libertad. La criminalización ya demostró su rotundo fracaso, porque ese es el resultado inevitable cuando se pretende arrebatar a las mujeres su autonomía y su libertad. Es trágico porque ese fracaso se lleva consigo, además, la vida y la salud de quienes no vamos a resignar esa libertad.
Desde el movimiento de lesbianas, gays, bisexuales y personas trans venimos a dar nuestro apoyo al proyecto de ley en debate para que se garantice el derecho humano al aborto legal. Nos sentimos parte de esto. Agradecemos al movimiento feminista en general y a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, así como a tantos otros espacios y militancias que con su lucha histórica hicieron posible que hoy se escuchen estas voces, sacando del clóset el debate sobre el aborto en el Congreso de la Nación.
Especialmente, desde 100% Diversidad y Derechos, queremos nombrar a las lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto. Una de ellas es la socióloga Cecilia Lypszyc, quien no pudo llegar a vivenciar este proceso, y la otra fue quien nos acercó los primeros pañuelos verdes, la líder travesti Lohana Berkins, y visibilizó la lucha por el aborto desde el colectivo trans. (Aplausos.)
Venimos acá porque este debate nos interpela profundamente. Las lesbianas, bisexuales y varones trans podemos gestar y, por lo tanto, decidir en determinadas circunstancias interrumpir un embarazo; pero más importante aún nos parece el aporte que, como colectivo de orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas, podemos transmitir respecto de lo que la regulación legislativa del aborto por parte del Estado pone en juego.
La decisión de interrumpir un embarazo, la voluntad, absolutamente personal, indelegable, por parte de quien gesta ese embarazo, de abortarlo o no, se vuelve un acto que, aun siendo personalísimo y de la esfera íntima, cobra toda su dimensión política. Tal es su impacto, ya que un acto personalísimo como el aborto se vuelve en contra de quien gesta, al punto de que determinados mandatos sociales, culturales, religiosos y morales le arrebatan el aspecto volitivo. Es el propio Estado el que hasta ahora viene legitimando que ello ocurra.
¿Por qué si nuestros cuerpos pueden gestar, y si están gestando, ya no son nuestros? Nuestros cuerpos se nos vuelven ajenos, son enajenados por el Estado, que asume como propios, en su regulación y prácticas, mandatos reñidos con un Estado constitucional de derecho. El propio Código Penal, respecto de los abortos ilegales, considera un agravante que se realice en contra de la voluntad de quien gesta. No hay debate respecto de este punto: todas y todos, incluso el Código Penal cuando lo prohíbe, entienden que el aborto es una práctica que requiere nuestro consentimiento.
¿Por qué, entonces, un acto personal viene siendo regulado de manera tutelar por el Estado? En este punto es donde queremos sumar nuestra experiencia como grupo disidente de los mandatos biologicistas y patriarcales. Las personas LGBT sabemos de la condena a la clandestinidad, de la falta de acceso a la salud, de la violencia institucional, del castigo de la Justicia, del desprecio social y de las violencias hacia nuestros cuerpos e identidades. En esta lucha se engloban todas nuestras luchas. Por ello, demandamos que el Estado respete la voluntad de quien gesta sobre sí mismo y, por lo tanto, sobre su cuerpo. Demandamos al Estado que reconozca nuestra capacidad indelegable de decidir. Ello significaría que las mujeres y demás cuerpos gestantes dejemos de ser objetos del Estado, de mandatos religiosos, de maternidades obligadas o de mandatos de reproductivos.
Venimos a decir que lo que está en juego aquí es quizá la dominación más profunda y el mayor disciplinamiento para nuestros cuerpos, naturalizando su apropiación.
Se ha explicado aquí, y seguramente se seguirá haciendo con extremada lucidez, acerca de las implicancias técnicas y jurídicas, de salud y de otras ciencias que afectan a las mujeres en su mayoría, pero también a otros cuerpos gestantes.
Por eso, queremos aportar una mirada desde el nuevo paradigma que viene construyendo el propio Congreso de la Nación al reconocer derechos demandados por luchas históricas. La aprobación de la legalización del aborto se consolidaría como piedra angular de la construcción de un país más democrático, más justo y más igualitario.
Esta ley se inscribiría en una cadena de leyes que produjeron una intensa ruptura con el discurso médico y biológico para dar paso a lo cultural, lo político y a otra lectura de los cuerpos, los deseos, afectividades e identidades.
Tanto es así, y aquí se nombró bastante, que la ley de matrimonio igualitario y de identidad de género, trascendió la posibilidad de acceder a los derechos concretos que allí se enumeran, como casarse, ser tratada o tratado y registrada o registrado según el género autopercibido, y se convirtió en campos de disputa de los sentidos que otorga el derecho a todos los cuerpos y voluntades, y no solo como privilegio de algunos.
También a las lesbianas se nos reconoció el derecho a conformar una familia en comaternidad, sin discriminaciones. Tengo dos hijas: una de 5 años y la más pequeña, de 10 meses. No las tuve en mi vientre, aun pudiendo hacerlo, porque el deseo con mi compañera y esposa fue que ella las gestara. Mi vínculo jurídico de filiación materna me fue reconocido con la sola expresión de mi voluntad; el Código Civil de la Nación la denomina "voluntad procreacional". Y así como reivindicamos esta voluntad, este derecho a otras maternidades, reivindicamos el derecho a no ser madre.
Por eso, estamos discutiendo acá de política y no del comienzo de la vida o de cuestiones médicas, psicológicas, biológicas. O en todo caso, de todas ellas, en tanto discursos de poder sin capacidad crítica, de una política que se esparce como control y dominación de nuestros cuerpos y nuestros deseos.
Esperamos que este debate se salde a favor de la libertad. La criminalización ya demostró su rotundo fracaso, porque ese es el resultado inevitable cuando se pretende arrebatar a las mujeres su autonomía y su libertad. Es trágico porque ese fracaso se lleva consigo, además, la vida y la salud de quienes no vamos a resignar esa libertad.
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Tiene la palabra el doctor Juan Marcos Rouges, abogado, vicepresidente de Crónica Blanca Argentina.
SR. ROUGES Señor presidente: nosotros vamos a hablar acerca de lo que consideramos los aspectos discriminatorios de los proyectos de legalización del aborto, porque creemos que uno de los grandes problemas que tienen es que suponen que el aborto se hace siempre por buenas razones. La experiencia nos indica que muchas veces esas motivaciones son caprichosas, arbitrarias y hasta discriminatorias. Se discrimina por razón de discapacidad, de género y hasta de clase social. Muchas veces, ni siquiera es una decisión libre.
En Francia hemos visto estadísticas que indican que una de las mayores motivaciones para abortar ha sido la presión que han recibido por parte de su pareja, de sus padres o hasta de sus propios jefes. No estoy diciendo nada nuevo acá. El aborto y la esterilización forzada han sido siempre instrumentos utilizados por ciertos gobiernos para este propósito de mejorar la raza, donde se evita el nacimiento de esa gente que se considera defectuosa o directamente no deseada.
Lo grave de esto es que no aprendemos. Actualmente, en el mundo desarrollado se sigue abortando a la gente discapacitada. La combinación de diagnóstico prenatal y aborto libre ha generado en Europa y Estados Unidos que entre el 70 y el 95 por ciento de los niños diagnosticados con síndrome de Down durante el embarazo, terminen abortados. En Islandia, nueve de cada diez embarazos con diagnóstico positivo de síndrome de Down terminan en aborto. En Dinamarca, durante todo el año 2016 solo nacieron seis niños con síndrome de Down. La lista sigue.
Estos países que nosotros consideramos avanzados, que son los que casualmente estaban tirando bombas en Siria hace una semana, están haciendo selección genética y disminuyendo dramáticamente la población de discapacitados. Es decir, están discriminando cobardemente a los más vulnerables de la sociedad.
¿A qué viene todo esto? El artículo 1° de uno de los proyectos extiende la posibilidad de realizar el aborto sin expresión de causa hasta la semana 14. Si uno ve todos los proyectos presentados hasta 2016, estos hablaban de la semana 12. ¿Por qué extendieron el término en dos semanas? Les comento el porqué: entre las semanas 12 y 14 se hacen los diagnósticos prenatales que permiten la detección del síndrome de Down, que es lo que pasa en Europa. Si a eso le sumamos que se contempla la causal de malformaciones fetales graves, que permite abortar a un niño discapacitado con ocho meses de gestación, podemos ver que estos proyectos suponen un grave peligro para el colectivo de gente discapacitada.
Lamentablemente, la discriminación no termina ahí. Amartya Sen, Premio Nobel, publicó un artículo muy comentado acerca de la existencia de cien millones de mujeres desaparecidas, haciendo referencia a la notable desproporción existente entre hombres y mujeres, especialmente en China e India, como consecuencia del aborto selectivo y el infanticidio de niñas.
En la India, son conocidas las publicidades que dicen: por 500 rupias se ahorra usted 50.000. Esto quiere decir que cuesta 500 rupias el aborto de una niña y con eso la familia se ahorra 50.000 rupias, que es lo que tiene que pagar por la dote.
¿Qué hizo el gobierno indio ante este fenómeno de discriminación? ¿Creen que prohibió el aborto? No prohibió el aborto, prohibió las ecografías que revelan el sexo. Así de absurdo fue y así de rotundo fue el fracaso.
Una ley absurda que lo único que hizo fue generar un nuevo negocio: el del aborto SD, un acrónimo en inglés que traducido significa: aborto para "solución de la dote".
Tenemos la certeza internacional de que el aborto es utilizado para discriminar. ¿Cuáles son las reacciones posibles? Una de ellas es prohibir el diagnóstico prenatal, pero este tiene una finalidad terapéutica. Entonces, podemos hacer como en la India y prohibir las ecografías, pero ya vimos que esto es absurdo.
Señores diputados: si ustedes quieren evitar una ola de discriminación prohíban el aborto, pero no como una política aislada, sino en el marco de políticas públicas serias de acompañamiento de la maternidad vulnerable y de un sistema más ágil y, fundamentalmente, más humano de adopciones. Ante la problemática de la maternidad vulnerable, ataquemos la vulnerabilidad, no eliminemos la maternidad.
Me podrán decir que estamos restringiendo arbitrariamente la libertad de la mujer. Entonces, les comento que en la Argentina no se puede ni alquilar libremente porque hay un plazo mínimo que establece la ley de alquileres. Esto se hace para proteger la parte débil, al laburante que no tiene casa y tiene que salir a alquilar.
Tampoco podemos disponer libremente de nuestro propio cuerpo, ya que, en materia de trasplante de órganos, hay una ley que establece limitaciones para donar los propios órganos, e inclusive, una prohibición absoluta para venderlos. Esto se hace para proteger al más débil, a la persona que espera un trasplante y no puede quedar sujeto a la especulación. De la misma manera, la prohibición del aborto busca proteger a la persona más débil, al niño por nacer, y dentro de esa categoría de vulnerable, especialmente, al niño por nacer discapacitado. No se trata de restringir arbitrariamente libertades, sino de armonizar derechos para hacer posible la convivencia armónica en sociedad.
En conclusión, los proyectos que se están tratando pretenden crear una nueva categoría jurídica de sujetos: los indeseables. La posibilidad de vida extrauterina del bebé depende del deseo de la madre. Y ya vimos que las motivaciones, algunas veces, son caprichosas o discriminatorias. La experiencia internacional demuestra que ese deseo, cuando se trata de bebés diagnosticados con síndrome de Down, termina en un aborto. La limitación y la vulnerabilidad no se protegen, se eliminan.
Les cuento un caso que conocí. Una pareja recibe el diagnóstico de que su hijo, todavía en la panza, tenía espina bífida. Ante esto, los padres dijeron que no importaban los costos, que iban a viajar y conseguir a los mejores médicos del mundo para tratar esta enfermedad. ¿Saben lo que les dijeron los médicos argentinos? No se preocupen, los mejores especialistas para este tipo de cosas están en la Argentina. En los países desarrollados estos chicos ya no nacen, se los aborta. No sé ustedes, pero yo no quiero vivir en un país en donde la debilidad o la discapacidad es sinónimo de descarte o eliminación.
Señores diputados: estamos ante una oportunidad histórica de reivindicar el carácter humanista e inclusivo de la Nación Argentina. No caigamos en la hipocresía europea de exaltar al discapacitado en la teoría para descartarlo en la práctica mediante el aborto.
No permitamos que la discriminación se lleve a niños cuya única falta es ser distintos, vulnerables o directamente no deseados. (Aplausos.)
En Francia hemos visto estadísticas que indican que una de las mayores motivaciones para abortar ha sido la presión que han recibido por parte de su pareja, de sus padres o hasta de sus propios jefes. No estoy diciendo nada nuevo acá. El aborto y la esterilización forzada han sido siempre instrumentos utilizados por ciertos gobiernos para este propósito de mejorar la raza, donde se evita el nacimiento de esa gente que se considera defectuosa o directamente no deseada.
Lo grave de esto es que no aprendemos. Actualmente, en el mundo desarrollado se sigue abortando a la gente discapacitada. La combinación de diagnóstico prenatal y aborto libre ha generado en Europa y Estados Unidos que entre el 70 y el 95 por ciento de los niños diagnosticados con síndrome de Down durante el embarazo, terminen abortados. En Islandia, nueve de cada diez embarazos con diagnóstico positivo de síndrome de Down terminan en aborto. En Dinamarca, durante todo el año 2016 solo nacieron seis niños con síndrome de Down. La lista sigue.
Estos países que nosotros consideramos avanzados, que son los que casualmente estaban tirando bombas en Siria hace una semana, están haciendo selección genética y disminuyendo dramáticamente la población de discapacitados. Es decir, están discriminando cobardemente a los más vulnerables de la sociedad.
¿A qué viene todo esto? El artículo 1° de uno de los proyectos extiende la posibilidad de realizar el aborto sin expresión de causa hasta la semana 14. Si uno ve todos los proyectos presentados hasta 2016, estos hablaban de la semana 12. ¿Por qué extendieron el término en dos semanas? Les comento el porqué: entre las semanas 12 y 14 se hacen los diagnósticos prenatales que permiten la detección del síndrome de Down, que es lo que pasa en Europa. Si a eso le sumamos que se contempla la causal de malformaciones fetales graves, que permite abortar a un niño discapacitado con ocho meses de gestación, podemos ver que estos proyectos suponen un grave peligro para el colectivo de gente discapacitada.
Lamentablemente, la discriminación no termina ahí. Amartya Sen, Premio Nobel, publicó un artículo muy comentado acerca de la existencia de cien millones de mujeres desaparecidas, haciendo referencia a la notable desproporción existente entre hombres y mujeres, especialmente en China e India, como consecuencia del aborto selectivo y el infanticidio de niñas.
En la India, son conocidas las publicidades que dicen: por 500 rupias se ahorra usted 50.000. Esto quiere decir que cuesta 500 rupias el aborto de una niña y con eso la familia se ahorra 50.000 rupias, que es lo que tiene que pagar por la dote.
¿Qué hizo el gobierno indio ante este fenómeno de discriminación? ¿Creen que prohibió el aborto? No prohibió el aborto, prohibió las ecografías que revelan el sexo. Así de absurdo fue y así de rotundo fue el fracaso.
Una ley absurda que lo único que hizo fue generar un nuevo negocio: el del aborto SD, un acrónimo en inglés que traducido significa: aborto para "solución de la dote".
Tenemos la certeza internacional de que el aborto es utilizado para discriminar. ¿Cuáles son las reacciones posibles? Una de ellas es prohibir el diagnóstico prenatal, pero este tiene una finalidad terapéutica. Entonces, podemos hacer como en la India y prohibir las ecografías, pero ya vimos que esto es absurdo.
Señores diputados: si ustedes quieren evitar una ola de discriminación prohíban el aborto, pero no como una política aislada, sino en el marco de políticas públicas serias de acompañamiento de la maternidad vulnerable y de un sistema más ágil y, fundamentalmente, más humano de adopciones. Ante la problemática de la maternidad vulnerable, ataquemos la vulnerabilidad, no eliminemos la maternidad.
Me podrán decir que estamos restringiendo arbitrariamente la libertad de la mujer. Entonces, les comento que en la Argentina no se puede ni alquilar libremente porque hay un plazo mínimo que establece la ley de alquileres. Esto se hace para proteger la parte débil, al laburante que no tiene casa y tiene que salir a alquilar.
Tampoco podemos disponer libremente de nuestro propio cuerpo, ya que, en materia de trasplante de órganos, hay una ley que establece limitaciones para donar los propios órganos, e inclusive, una prohibición absoluta para venderlos. Esto se hace para proteger al más débil, a la persona que espera un trasplante y no puede quedar sujeto a la especulación. De la misma manera, la prohibición del aborto busca proteger a la persona más débil, al niño por nacer, y dentro de esa categoría de vulnerable, especialmente, al niño por nacer discapacitado. No se trata de restringir arbitrariamente libertades, sino de armonizar derechos para hacer posible la convivencia armónica en sociedad.
En conclusión, los proyectos que se están tratando pretenden crear una nueva categoría jurídica de sujetos: los indeseables. La posibilidad de vida extrauterina del bebé depende del deseo de la madre. Y ya vimos que las motivaciones, algunas veces, son caprichosas o discriminatorias. La experiencia internacional demuestra que ese deseo, cuando se trata de bebés diagnosticados con síndrome de Down, termina en un aborto. La limitación y la vulnerabilidad no se protegen, se eliminan.
Les cuento un caso que conocí. Una pareja recibe el diagnóstico de que su hijo, todavía en la panza, tenía espina bífida. Ante esto, los padres dijeron que no importaban los costos, que iban a viajar y conseguir a los mejores médicos del mundo para tratar esta enfermedad. ¿Saben lo que les dijeron los médicos argentinos? No se preocupen, los mejores especialistas para este tipo de cosas están en la Argentina. En los países desarrollados estos chicos ya no nacen, se los aborta. No sé ustedes, pero yo no quiero vivir en un país en donde la debilidad o la discapacidad es sinónimo de descarte o eliminación.
Señores diputados: estamos ante una oportunidad histórica de reivindicar el carácter humanista e inclusivo de la Nación Argentina. No caigamos en la hipocresía europea de exaltar al discapacitado en la teoría para descartarlo en la práctica mediante el aborto.
No permitamos que la discriminación se lleve a niños cuya única falta es ser distintos, vulnerables o directamente no deseados. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Tiene la palabra la señora Marcela Frencia, licenciada en trabajo social, militante de la campaña nacional por el derecho al aborto de la provincia de Córdoba.
SRA. FRENCIA Señor presidente, señoras y señores diputados, asesores, colegas expositores: buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado a aportar con mis argumentos a este debate. Muchas gracias a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto porque gracias a sus argumentos y a los años de lucha ha logrado la despenalización social del aborto y permite que hoy estemos acá discutiendo sobre este tema.
Para ilustrar mi posición, pasaré un cortometraje que resume fragmentos de testimonios de entrevistas hechas a mujeres católicas que han abortado. Estos testimonios son fragmentos de una investigación que hemos realizado. Luego contaré los resultados de la investigación.
Se proyecta un cortometraje.
Para ilustrar mi posición, pasaré un cortometraje que resume fragmentos de testimonios de entrevistas hechas a mujeres católicas que han abortado. Estos testimonios son fragmentos de una investigación que hemos realizado. Luego contaré los resultados de la investigación.
Se proyecta un cortometraje.
SRA. FRENCIA El video que acabamos de ver resume fragmentos de entrevistas realizadas para una investigación de tipo exploratoria y cualitativa en la que se estudian los motivos y las situaciones por las cuales mujeres católicas deciden interrumpir un embarazo y las formas en que asumen esas experiencias.
El objetivo de la investigación fue comprender el sentido que esas mujeres católicas otorgan a esa decisión en el marco de sus prácticas religiosas. Las entrevistadas se autodefinen "católicas" y viven y se apropian de su religiosidad de diferentes maneras. El estudio se inicia poniendo foco en mujeres católicas porque es allí donde se representa con mayor claridad el modo en que opera el estigma sobre el aborto en nuestro país.
Estas mujeres católicas abortaron a pesar de la forma violenta que tiene la jerarquía católica de oponerse al aborto. Actualmente, la investigación continúa con mujeres de otros credos.
Por el corto tiempo del que dispongo solo les presentaré algunos de los resultados que arroja esta investigación, pero me interesa dejarles aquí, a su disposición, la investigación completa para que la puedan leer.
El primer punto para resaltar es que en las entrevistadas la religiosidad no se transforma en un escollo u obstáculo para tomar esta decisión. Ante un embarazo no deseado ellas deciden abortar y sus creencias no interfieren en ese momento. La religiosidad interfiere con posterioridad al hecho.
Algunas no logran escapar de las redes de la culpabilización, pero la culpa en estas mujeres se encuentra anclada fundamentalmente al estigma social de la práctica, al miedo al qué dirán.
Otro grupo de entrevistadas toma una posición disidente a la de la jerarquía, hacen un proceso crítico y asumen un discurso liberador. Ellas valoran y reafirman la decisión de no querer o no poder ser madres en ese momento. Estos son los testimonios que vieron en el video.
A su vez, la forma en que se realiza el aborto es también un factor que condiciona a las mujeres. La clandestinidad, las malas condiciones, las secuelas en su salud vuelven a ligar la práctica al pecado y/o a la transgresión, como un escarmiento o castigo por la decisión tomada.
En síntesis: la ecuación que sostiene el estigma sobre las mujeres y sobre el aborto está vinculado al pecado, el delito y la clandestinidad.
Ustedes nada pueden hacer respecto del pecado. Eso lo resuelven individualmente las mujeres y deciden negociarlo o no con su religiosidad, como vimos en el video; pero si aprueban una ley que elimina el delito y la clandestinidad, el pecado ya no podrá emparentarse con el delito y el estigma se romperá, permitiendo a las mujeres decidir en libertad procesando la experiencia de manera saludable y autónoma. (Aplausos.)
El objetivo de la investigación fue comprender el sentido que esas mujeres católicas otorgan a esa decisión en el marco de sus prácticas religiosas. Las entrevistadas se autodefinen "católicas" y viven y se apropian de su religiosidad de diferentes maneras. El estudio se inicia poniendo foco en mujeres católicas porque es allí donde se representa con mayor claridad el modo en que opera el estigma sobre el aborto en nuestro país.
Estas mujeres católicas abortaron a pesar de la forma violenta que tiene la jerarquía católica de oponerse al aborto. Actualmente, la investigación continúa con mujeres de otros credos.
Por el corto tiempo del que dispongo solo les presentaré algunos de los resultados que arroja esta investigación, pero me interesa dejarles aquí, a su disposición, la investigación completa para que la puedan leer.
El primer punto para resaltar es que en las entrevistadas la religiosidad no se transforma en un escollo u obstáculo para tomar esta decisión. Ante un embarazo no deseado ellas deciden abortar y sus creencias no interfieren en ese momento. La religiosidad interfiere con posterioridad al hecho.
Algunas no logran escapar de las redes de la culpabilización, pero la culpa en estas mujeres se encuentra anclada fundamentalmente al estigma social de la práctica, al miedo al qué dirán.
Otro grupo de entrevistadas toma una posición disidente a la de la jerarquía, hacen un proceso crítico y asumen un discurso liberador. Ellas valoran y reafirman la decisión de no querer o no poder ser madres en ese momento. Estos son los testimonios que vieron en el video.
A su vez, la forma en que se realiza el aborto es también un factor que condiciona a las mujeres. La clandestinidad, las malas condiciones, las secuelas en su salud vuelven a ligar la práctica al pecado y/o a la transgresión, como un escarmiento o castigo por la decisión tomada.
En síntesis: la ecuación que sostiene el estigma sobre las mujeres y sobre el aborto está vinculado al pecado, el delito y la clandestinidad.
Ustedes nada pueden hacer respecto del pecado. Eso lo resuelven individualmente las mujeres y deciden negociarlo o no con su religiosidad, como vimos en el video; pero si aprueban una ley que elimina el delito y la clandestinidad, el pecado ya no podrá emparentarse con el delito y el estigma se romperá, permitiendo a las mujeres decidir en libertad procesando la experiencia de manera saludable y autónoma. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Tiene la palabra la señora Florencia Montes Páez, licenciada en Ciencias Políticas, perteneciente a la Asociación No Tan Distintas.
SRA. MONTES PÁEZ Señor presidente: buenas tardes a todas y a todos. Formo parte de la organización social feminista No Tan Distintas, que acompaña y contiene a mujeres CIS, trans, lesbianas y travestis, jóvenes y adultas con o sin hijos o hijas a cargo, en situación de calle y en riesgo de situación de calle. Es decir, acompañamos a todas aquellas que en este momento se encuentran viviendo en el espacio público y a todas aquellas que tarde o temprano terminarán en esta situación, que se encuentran en instituciones de las cuales egresarán en un tiempo determinado, tales como hospitales de salud mental, cárceles o institutos de menores. Cuando eso ocurra, no tendrán dónde vivir. También hablo de las que están notificadas con orden de desalojo, las que se encuentran alquilando a través de subsidios habitacionales y cuando terminen de cobrar esas cuotas no podrán sostener más sus alquileres, y las que se encuentran viviendo situaciones de violencia dentro de sus casas y que, cuando decidan desvincularse finalmente del violento, quedarán en la calle por no contar con una red afectiva que las contenga.
Todas nosotras estamos enlazadas por una lucha en común: evitar que haya personas viviendo en la calle a la vista del resto de la sociedad que las discrimina y margina cotidianamente.
¿Por qué defendemos el derecho a interrumpir voluntariamente un embarazo? Si una mujer en situación de calle quisiera hacerse un aborto clandestino de modo seguro hoy, no podría hacerlo, porque no cuenta con recursos económicos para llevarlo adelante ni con una casa donde realizarlo. Sin embargo, al parir y maternar se las criminaliza por estar en situación de calle, y se les quita a sus hijos e hijas por no tener a dónde vivir.
En este sentido, sin esta ley, nuestras compañeras nada podrán decidir. Si hoy quieren interrumpir un embarazo no deseado arriesgan la vida al practicarse abortos clandestinos inseguros, dado que el Estado no se hace responsable. Por el contrario, si deciden ser madres afrontando la situación en la calle, el Estado las criminaliza y castiga quitándoles a sus hijos e hijas, produciendo así un círculo de violencia que nunca termina.
Las compañeras se encuentran en vulnerabilidad social extrema. La mayoría de las mujeres que viven en la calle de todas las ciudades de este país se ha escapado de sus casas debido a conflictos familiares. Estos conflictos incluyen violencia psíquica y física, abusos sexuales, violaciones, etcétera. Además, estas mujeres no tienen acceso a ningún tipo de vivienda, no reciben subsidios, e incluso muchas se encuentran aún indocumentadas. En el espacio público se hallan expuestas a múltiples violencias ejercidas por todo tipo de actores: parejas, vecinos del barrio, la policía y otras fuerzas de seguridad. Ninguno de sus derechos es respetado: educación, vivienda, salud integral, etcétera. Muchas son explotadas por redes informales que las obligan a participar de conductas delictivas o las someten a la explotación sexual. Otras están expuestas al consumo problemático de sustancias, y algunas quedan embarazadas contra su voluntad.
En la mayoría de los hospitales no las atienden por no tener DNI, o bien las discriminan por sus condiciones de higiene o vestimenta. Muchas veces, ellas mismas eligen no acercarse para no exponerse a este tipo de maltratos, por lo cual su acceso a métodos anticonceptivos y a controles médicos se ve muy restringido.
¿Cuál es el resultado de todo esto? Al encontrarse sin posibilidades de interrumpir un embarazo no deseado, nuestras compañeras se ven obligadas a profundizar su situación de pobreza. Tienen que sobrevivir en la calle con hijos e hijas a cargo, sin contar con asistencia pública de ningún tipo. Insistimos en que, si lo hacen, el Estado opta por desvincularlas de sus niños y niñas, responsabilizándolas de la precariedad en la que están obligadas a vivir. Además, tienen menos posibilidades de conseguir trabajo o de ser aceptadas en alquileres. Son, en definitiva, estigmatizadas bajo el rótulo de "malas madres", entre otras adversidades.
Al igual que muchas organizaciones sociales feministas conformadas por compañeras de los sectores populares, compartimos la idea de que el único modo de que el aborto seguro deje de ser un privilegio de clase es que se vuelva un derecho para todas las mujeres. Un derecho que permita a las mujeres cuidar de sus hijos existentes y un derecho a ordenar sus propias vidas para que elijan si desean ser madres y cuándo. Nadie puede obligar a una compañera a aceptar y a acentuar las condiciones de precariedad de su vida, ni tampoco a desear que sus hijos e hijas vivan en esas condiciones.
Para finalizar, queremos compartir un poema que escribieron las compañeras del Centro de Integración Frida, de cuya gestión participa nuestra organización. El Centro de Integración Frida es el único del país que está abierto las veinticuatro horas del día, todos los días del año. Allí viven cuarenta y cinco mujeres, cis, trans, lesbianas y travestis, con o sin hijos e hijas a cargo. En este momento hay más de ciento treinta compañeras en lista de espera, muchas de las cuales circulan de día hasta que se desocupa una cama.
El poema lo escribieron colectivamente las compañeras en situación de calle cuando nos enteramos de que este proyecto sería presentado nuevamente. Se llama "No", y dice así: "No sé si podría, porque no tengo un mango/ ni tengo dónde abortar./ Abortaría porque me discriminan./ Porque no podría mantener al pibe./ Porque el papá no se hace cargo./
No tengo familia./ No quiero traerlo/ a que viva en mi realidad./ No quiero que se repita la historia./ Porque después el Consejo me lo saca./ Porque no sé quién es el papá./ Nacería un nene desnutrido./ Porque sé que me voy a seguir drogando/ y todo lo que eso implica./ Porque en la calle no puedo,/ pierdo la noción del tiempo./ Porque no me siento apta para ser madre./ Porque en la calle/ en la vida/ estoy sola.". (Aplausos.)
Sr. Presidente (Lipovetzky).- Tiene la palabra el señor José Manuel Morán Faúndes, doctor en Estudios Sociales de América Latina por la Universidad Nacional de Córdoba, investigador del Conicet y docente de Sociología Jurídica de la Universidad Nacional de Córdoba.
Todas nosotras estamos enlazadas por una lucha en común: evitar que haya personas viviendo en la calle a la vista del resto de la sociedad que las discrimina y margina cotidianamente.
¿Por qué defendemos el derecho a interrumpir voluntariamente un embarazo? Si una mujer en situación de calle quisiera hacerse un aborto clandestino de modo seguro hoy, no podría hacerlo, porque no cuenta con recursos económicos para llevarlo adelante ni con una casa donde realizarlo. Sin embargo, al parir y maternar se las criminaliza por estar en situación de calle, y se les quita a sus hijos e hijas por no tener a dónde vivir.
En este sentido, sin esta ley, nuestras compañeras nada podrán decidir. Si hoy quieren interrumpir un embarazo no deseado arriesgan la vida al practicarse abortos clandestinos inseguros, dado que el Estado no se hace responsable. Por el contrario, si deciden ser madres afrontando la situación en la calle, el Estado las criminaliza y castiga quitándoles a sus hijos e hijas, produciendo así un círculo de violencia que nunca termina.
Las compañeras se encuentran en vulnerabilidad social extrema. La mayoría de las mujeres que viven en la calle de todas las ciudades de este país se ha escapado de sus casas debido a conflictos familiares. Estos conflictos incluyen violencia psíquica y física, abusos sexuales, violaciones, etcétera. Además, estas mujeres no tienen acceso a ningún tipo de vivienda, no reciben subsidios, e incluso muchas se encuentran aún indocumentadas. En el espacio público se hallan expuestas a múltiples violencias ejercidas por todo tipo de actores: parejas, vecinos del barrio, la policía y otras fuerzas de seguridad. Ninguno de sus derechos es respetado: educación, vivienda, salud integral, etcétera. Muchas son explotadas por redes informales que las obligan a participar de conductas delictivas o las someten a la explotación sexual. Otras están expuestas al consumo problemático de sustancias, y algunas quedan embarazadas contra su voluntad.
En la mayoría de los hospitales no las atienden por no tener DNI, o bien las discriminan por sus condiciones de higiene o vestimenta. Muchas veces, ellas mismas eligen no acercarse para no exponerse a este tipo de maltratos, por lo cual su acceso a métodos anticonceptivos y a controles médicos se ve muy restringido.
¿Cuál es el resultado de todo esto? Al encontrarse sin posibilidades de interrumpir un embarazo no deseado, nuestras compañeras se ven obligadas a profundizar su situación de pobreza. Tienen que sobrevivir en la calle con hijos e hijas a cargo, sin contar con asistencia pública de ningún tipo. Insistimos en que, si lo hacen, el Estado opta por desvincularlas de sus niños y niñas, responsabilizándolas de la precariedad en la que están obligadas a vivir. Además, tienen menos posibilidades de conseguir trabajo o de ser aceptadas en alquileres. Son, en definitiva, estigmatizadas bajo el rótulo de "malas madres", entre otras adversidades.
Al igual que muchas organizaciones sociales feministas conformadas por compañeras de los sectores populares, compartimos la idea de que el único modo de que el aborto seguro deje de ser un privilegio de clase es que se vuelva un derecho para todas las mujeres. Un derecho que permita a las mujeres cuidar de sus hijos existentes y un derecho a ordenar sus propias vidas para que elijan si desean ser madres y cuándo. Nadie puede obligar a una compañera a aceptar y a acentuar las condiciones de precariedad de su vida, ni tampoco a desear que sus hijos e hijas vivan en esas condiciones.
Para finalizar, queremos compartir un poema que escribieron las compañeras del Centro de Integración Frida, de cuya gestión participa nuestra organización. El Centro de Integración Frida es el único del país que está abierto las veinticuatro horas del día, todos los días del año. Allí viven cuarenta y cinco mujeres, cis, trans, lesbianas y travestis, con o sin hijos e hijas a cargo. En este momento hay más de ciento treinta compañeras en lista de espera, muchas de las cuales circulan de día hasta que se desocupa una cama.
El poema lo escribieron colectivamente las compañeras en situación de calle cuando nos enteramos de que este proyecto sería presentado nuevamente. Se llama "No", y dice así: "No sé si podría, porque no tengo un mango/ ni tengo dónde abortar./ Abortaría porque me discriminan./ Porque no podría mantener al pibe./ Porque el papá no se hace cargo./
No tengo familia./ No quiero traerlo/ a que viva en mi realidad./ No quiero que se repita la historia./ Porque después el Consejo me lo saca./ Porque no sé quién es el papá./ Nacería un nene desnutrido./ Porque sé que me voy a seguir drogando/ y todo lo que eso implica./ Porque en la calle no puedo,/ pierdo la noción del tiempo./ Porque no me siento apta para ser madre./ Porque en la calle/ en la vida/ estoy sola.". (Aplausos.)
Sr. Presidente (Lipovetzky).- Tiene la palabra el señor José Manuel Morán Faúndes, doctor en Estudios Sociales de América Latina por la Universidad Nacional de Córdoba, investigador del Conicet y docente de Sociología Jurídica de la Universidad Nacional de Córdoba.
SR. MORÁN FAÚNDES Buenas tardes y muchas gracias por brindarme este espacio. Es un gusto formar parte de este debate.
Uno de los lugares más comunes en donde el debate sobre el aborto suele quedar entrampado es aquel que lo sitúa como una disputa entre los derechos de la mujer o de los hombres trans a la vida, a la salud y al propio cuerpo, y el derecho a la vida del feto. Sin embargo, lo que quiero plantear acá es que para llegar a pensar el debate en estos términos ha sido necesario dar un paso anterior, el que generalmente es invisibilizado e incluso negado, desde mi punto de vista, por algunos sectores. Quiero decir: para pensar el aborto en términos de un conflicto de derechos ha sido necesario construir antes al feto como un sujeto, es decir, como un individuo susceptible de valoración social e incluso de protección jurídica.
Voy a explicarlo. Las ciencias sociales nos han mostrado largamente que cada sociedad negocia de manera distinta los umbrales que determinan el momento en que se comienza a considerar a una nueva vida como susceptible de valoración y de protección. En algunas culturas no occidentalizadas, por ejemplo, el momento en que la vida de un nuevo individuo empieza a ser valorada como parte de la comunidad puede ocurrir incluso en un momento posterior al parto. De hecho, la antropología nos ha mostrado que, en algunos lugares, por ejemplo, el ingreso simbólico de una nueva vida a la comunidad ocurre recién cuando la comunidad tiene certeza de que ese niño o niña va a sobrevivir luego del parto. Esto ocurre en lugares con altas tasas de mortalidad neonatal, o cuando se cumplen ritos como la perforación de una oreja, la circuncisión, etcétera. Estos sucesos pueden ocurrir a los pocos días, a las semanas o, como sucede en algunas culturas, algunos años después del parto.
En nuestras sociedades occidentalizadas, en cambio, desde hace unas pocas décadas venimos atravesamos un proceso inverso. Hemos tendido a adelantar, incluso hasta antes del parto, el momento simbólico en que valoramos y admitimos esa nueva vida como parte de la comunidad. En gran medida, y lo sabemos gracias a las ciencias sociales, esto se debe a las nuevas tecnologías de visualización, como la ecografía o las imágenes gestacionales generadas en laboratorios, que desde mediados del siglo XX nos han permitido observar los fetos antes del nacimiento y les han otorgado un cierto protagonismo dentro de nuestros imaginarios culturales.
Por supuesto, este fenómeno ha ocurrido con una relativa ambigüedad: pese a que valoramos la vida fetal, los registros de mortalidad oficiales solo cuentan las muertes de aquellos que murieron después del parto, y no antes. Paradójicamente, una mujer embarazada cuenta como una sola persona, y no como dos, etcétera.
Es decir que atravesamos actualmente un proceso ambiguo en donde hemos comenzado a valorar la vida fetal, pero sin desprendernos de la idea de que el nacimiento constituye un momento simbólico central que marca el ingreso a nuestra comunidad.
¿Qué quiero decir con todo esto? Que la valoración del feto como un sujeto, como un miembro de la comunidad, es una construcción social que nada tiene que ver con una verdad neutral, objetiva, irrefutable, sino con los procesos de negociación que cada sociedad realiza internamente. El problema es que en nuestras sociedades occidentalizadas hemos tendido a negar ese carácter construido que tiene la valoración subjetiva de la vida, disfrazándola bajo la apariencia de una verdad científica y objetiva. Pero ver un feto mediante una ecografía, o un embrión a través de un microscopio, es muy distinto a asignarle el estatus de una persona o de un sujeto de derechos. La asignación de la categoría de sujeto al feto es una imputación de sentido, una forma subjetiva de significar lo que se ve en una ecografía, y no un dato observable de manera objetiva en la imagen.
Sin embargo, quienes rechazan el derecho al aborto suelen negar esta operación política, y afirman que el feto es ya, objetiva e incuestionablemente, un sujeto moralmente valorable, susceptible de protección jurídica, incluso desde el momento de la fecundación. Para estos sectores, la fecundación se ha transformado en un instante que pareciera marcar de manera irrefutable la aparición de un sujeto, de una persona. Esta asignación de valor al óvulo fecundado se debe en parte a las nuevas tecnologías de visualización que han permitido ver el proceso de fecundación mediante imágenes producidas en laboratorios.
Pero también se alimenta de los imaginarios genetistas, que desde la mitad del siglo XX se han popularizado -se han vuelto parte de la cultura popular- y han tendido a producir la idea de que somos seres esencialmente genéticos. Así, el óvulo fecundado -llamado también cigoto- es la primera célula con un ADN distinto al de la madre y el padre, y se mantendrá inmutable durante todo el desarrollo biológico. Para algunos sectores esta sería una prueba suficiente de que el óvulo fecundado es ya una nueva vida, un individuo distinto de sus progenitores y valorable en sí misma, imputando así una cierta subjetividad.
No digo que no sea legítimo pensar que la vida es valorable desde la fecundación, pero hay que hacerse cargo de eso. Hay que hacerse cargo de que esa es una construcción política, que también tiene efectos políticos sobre los cuerpos de ciertas personas: las mujeres y hombres trans. Pensar que la vida individual comienza en la fecundación, dado que es ahí cuando se forma el genoma humano, implica asumir un reduccionismo que establece que los seres humanos somos esencialmente genes y que somos valorables en tanto seres genéticos. En otras palabras, es entender a los seres humanos bajo un prisma esencialista, como un simple conjunto de códigos -los genes-, y no como entidades complejas en cuyas formas de actuar, de pensar y de sentir se interconectan estructuras biológicas con estructuras sociales y culturales. Es negar que gran parte de nuestras acciones, sensaciones, sentimientos, decisiones, etcétera, están atravesadas por nuestra crianza, por nuestra interacción con el mundo y no por un simple código genético predeterminado.
Al ver en un microscopio el proceso de fecundación, la imagen no nos está mostrando a una persona o un sujeto moral jurídicamente valorable; solo nos está mostrando células que se unen. El carácter de personas, de sujetos de derecho, es una idea política y no científica.
Quienes se oponen al derecho al aborto suelen subjetivar al cigoto, al embrión, al feto, negando esta operación política que efectúan, produciendo un imaginario que separa a la mujer del producto de la fecundación, como si fueran dos sujetos objetivamente diferenciables. Al mismo tiempo construyen al cigoto, al embrión y al feto, como una potencial víctima, con lo cual convierten a las mujeres y a los hombres trans -las personas gestantes-, en potenciales victimarias.
Es gracias a la subjetivación del feto que logran volver sospechosa la autonomía de las mujeres, evocando al antiguo sistema patriarcal de distribución desigual de poder, que nos sitúa a los hombres en un lugar simbólico y materialmente privilegiado respecto de otros cuerpos cuya autonomía tornamos sospechosa.
Así, bajo la apariencia de objetividad científica, se instituye una forma de tutela sobre los cuerpos y la subjetividad de las mujeres y de los hombres trans.
Por esto, antes de debatir sobre el aborto en términos de un conflicto de derechos entre el feto y la autonomía reproductiva, me parece que debemos sincerar los modos en que hemos situado -a mi modo de ver, irresponsablemente- al debate en este terreno, haciendo uso de un lenguaje científico para esconder los modos arbitrarios en los que hemos construido al feto como un sujeto de derecho a costa de la autonomía de las mujeres y de los hombres trans. Muchas gracias. (Aplausos.)
Uno de los lugares más comunes en donde el debate sobre el aborto suele quedar entrampado es aquel que lo sitúa como una disputa entre los derechos de la mujer o de los hombres trans a la vida, a la salud y al propio cuerpo, y el derecho a la vida del feto. Sin embargo, lo que quiero plantear acá es que para llegar a pensar el debate en estos términos ha sido necesario dar un paso anterior, el que generalmente es invisibilizado e incluso negado, desde mi punto de vista, por algunos sectores. Quiero decir: para pensar el aborto en términos de un conflicto de derechos ha sido necesario construir antes al feto como un sujeto, es decir, como un individuo susceptible de valoración social e incluso de protección jurídica.
Voy a explicarlo. Las ciencias sociales nos han mostrado largamente que cada sociedad negocia de manera distinta los umbrales que determinan el momento en que se comienza a considerar a una nueva vida como susceptible de valoración y de protección. En algunas culturas no occidentalizadas, por ejemplo, el momento en que la vida de un nuevo individuo empieza a ser valorada como parte de la comunidad puede ocurrir incluso en un momento posterior al parto. De hecho, la antropología nos ha mostrado que, en algunos lugares, por ejemplo, el ingreso simbólico de una nueva vida a la comunidad ocurre recién cuando la comunidad tiene certeza de que ese niño o niña va a sobrevivir luego del parto. Esto ocurre en lugares con altas tasas de mortalidad neonatal, o cuando se cumplen ritos como la perforación de una oreja, la circuncisión, etcétera. Estos sucesos pueden ocurrir a los pocos días, a las semanas o, como sucede en algunas culturas, algunos años después del parto.
En nuestras sociedades occidentalizadas, en cambio, desde hace unas pocas décadas venimos atravesamos un proceso inverso. Hemos tendido a adelantar, incluso hasta antes del parto, el momento simbólico en que valoramos y admitimos esa nueva vida como parte de la comunidad. En gran medida, y lo sabemos gracias a las ciencias sociales, esto se debe a las nuevas tecnologías de visualización, como la ecografía o las imágenes gestacionales generadas en laboratorios, que desde mediados del siglo XX nos han permitido observar los fetos antes del nacimiento y les han otorgado un cierto protagonismo dentro de nuestros imaginarios culturales.
Por supuesto, este fenómeno ha ocurrido con una relativa ambigüedad: pese a que valoramos la vida fetal, los registros de mortalidad oficiales solo cuentan las muertes de aquellos que murieron después del parto, y no antes. Paradójicamente, una mujer embarazada cuenta como una sola persona, y no como dos, etcétera.
Es decir que atravesamos actualmente un proceso ambiguo en donde hemos comenzado a valorar la vida fetal, pero sin desprendernos de la idea de que el nacimiento constituye un momento simbólico central que marca el ingreso a nuestra comunidad.
¿Qué quiero decir con todo esto? Que la valoración del feto como un sujeto, como un miembro de la comunidad, es una construcción social que nada tiene que ver con una verdad neutral, objetiva, irrefutable, sino con los procesos de negociación que cada sociedad realiza internamente. El problema es que en nuestras sociedades occidentalizadas hemos tendido a negar ese carácter construido que tiene la valoración subjetiva de la vida, disfrazándola bajo la apariencia de una verdad científica y objetiva. Pero ver un feto mediante una ecografía, o un embrión a través de un microscopio, es muy distinto a asignarle el estatus de una persona o de un sujeto de derechos. La asignación de la categoría de sujeto al feto es una imputación de sentido, una forma subjetiva de significar lo que se ve en una ecografía, y no un dato observable de manera objetiva en la imagen.
Sin embargo, quienes rechazan el derecho al aborto suelen negar esta operación política, y afirman que el feto es ya, objetiva e incuestionablemente, un sujeto moralmente valorable, susceptible de protección jurídica, incluso desde el momento de la fecundación. Para estos sectores, la fecundación se ha transformado en un instante que pareciera marcar de manera irrefutable la aparición de un sujeto, de una persona. Esta asignación de valor al óvulo fecundado se debe en parte a las nuevas tecnologías de visualización que han permitido ver el proceso de fecundación mediante imágenes producidas en laboratorios.
Pero también se alimenta de los imaginarios genetistas, que desde la mitad del siglo XX se han popularizado -se han vuelto parte de la cultura popular- y han tendido a producir la idea de que somos seres esencialmente genéticos. Así, el óvulo fecundado -llamado también cigoto- es la primera célula con un ADN distinto al de la madre y el padre, y se mantendrá inmutable durante todo el desarrollo biológico. Para algunos sectores esta sería una prueba suficiente de que el óvulo fecundado es ya una nueva vida, un individuo distinto de sus progenitores y valorable en sí misma, imputando así una cierta subjetividad.
No digo que no sea legítimo pensar que la vida es valorable desde la fecundación, pero hay que hacerse cargo de eso. Hay que hacerse cargo de que esa es una construcción política, que también tiene efectos políticos sobre los cuerpos de ciertas personas: las mujeres y hombres trans. Pensar que la vida individual comienza en la fecundación, dado que es ahí cuando se forma el genoma humano, implica asumir un reduccionismo que establece que los seres humanos somos esencialmente genes y que somos valorables en tanto seres genéticos. En otras palabras, es entender a los seres humanos bajo un prisma esencialista, como un simple conjunto de códigos -los genes-, y no como entidades complejas en cuyas formas de actuar, de pensar y de sentir se interconectan estructuras biológicas con estructuras sociales y culturales. Es negar que gran parte de nuestras acciones, sensaciones, sentimientos, decisiones, etcétera, están atravesadas por nuestra crianza, por nuestra interacción con el mundo y no por un simple código genético predeterminado.
Al ver en un microscopio el proceso de fecundación, la imagen no nos está mostrando a una persona o un sujeto moral jurídicamente valorable; solo nos está mostrando células que se unen. El carácter de personas, de sujetos de derecho, es una idea política y no científica.
Quienes se oponen al derecho al aborto suelen subjetivar al cigoto, al embrión, al feto, negando esta operación política que efectúan, produciendo un imaginario que separa a la mujer del producto de la fecundación, como si fueran dos sujetos objetivamente diferenciables. Al mismo tiempo construyen al cigoto, al embrión y al feto, como una potencial víctima, con lo cual convierten a las mujeres y a los hombres trans -las personas gestantes-, en potenciales victimarias.
Es gracias a la subjetivación del feto que logran volver sospechosa la autonomía de las mujeres, evocando al antiguo sistema patriarcal de distribución desigual de poder, que nos sitúa a los hombres en un lugar simbólico y materialmente privilegiado respecto de otros cuerpos cuya autonomía tornamos sospechosa.
Así, bajo la apariencia de objetividad científica, se instituye una forma de tutela sobre los cuerpos y la subjetividad de las mujeres y de los hombres trans.
Por esto, antes de debatir sobre el aborto en términos de un conflicto de derechos entre el feto y la autonomía reproductiva, me parece que debemos sincerar los modos en que hemos situado -a mi modo de ver, irresponsablemente- al debate en este terreno, haciendo uso de un lenguaje científico para esconder los modos arbitrarios en los que hemos construido al feto como un sujeto de derecho a costa de la autonomía de las mujeres y de los hombres trans. Muchas gracias. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Tiene la palabra Viviana Pérez, licenciada en psicología, psicoanalista y docente.
SRA. PÉREZ Buenas tardes. Antes que nada, quiero valorar el debate y la discusión que se están dando. Tengo 54 años y nunca pensé que íbamos a estar hablando de este tema. Es una alegría infinita poder debatir sobre ellos.
Soy psicoanalista y quiero hablar de lo que no decimos. Todos conocemos a alguna persona que se hizo un aborto o a una pareja que decidió no tener su hijo, sin importar las distintas circunstancias ya que pueden ser diferentes y diversas. En estos años escuché muchas cosas, ya sea en el consultorio, en casa de mis amigos o de mis familiares. Quién no tuvo una prima que quiso deshacerse de un embarazo no deseado o un amigo que dejó embarazada a la novia y no pudieron continuar.
Por eso, digo que cada decisión es personal, pero el Estado debe protegernos a todos y debe garantizar estas prácticas caseras, individuales, hechas con dinero o sin dinero, con información o sin información. Cuando alguien no puede ser padre, no es padre. Les tengo una noticia: para que un sujeto pueda ser una persona humana, alguien tiene que darle una garantía del ser. Los garantes del ser somos los padres y el que no puede ser garante no puede ser padre. No solo las mujeres, los hombres también, los incluyo.
Esas garantías son las que fallan y por eso los psicólogos tenemos los consultorios abarrotados de gente. Este ocultamiento de lo que ocurre día a día es lo que propongo tratar de combatir. El ocultamiento siempre es negativo porque se vuelve siniestro, lo cotidiano ocultado se nos vuelve siniestro. En la Argentina sabemos de esto, de cómo distintos temas se ocultan y no se nombran.
Propongo que digamos que todos los días las mujeres abortamos y lo vamos a seguir haciendo, porque hay una decisión, ocurre. Por siglos las mujeres abortamos y vamos a seguir abortando, el tema es que el Estado nos tiene que dar las garantías para que esto ocurra en una práctica legal.
Escuché a la compañera uruguaya cuando dijo que un pecado no tiene por qué ser un delito. Me parece que eso es clave, no tenemos por qué ser delincuentes. Tenemos que ejercer la libertad y el derecho de nuestras decisiones.
Les quiero decir a los diputados que tienen una posibilidad histórica de hacer caer el velo de la hipocresía. Creo que nos lo debemos. Muchas gracias. (Aplausos.)
Soy psicoanalista y quiero hablar de lo que no decimos. Todos conocemos a alguna persona que se hizo un aborto o a una pareja que decidió no tener su hijo, sin importar las distintas circunstancias ya que pueden ser diferentes y diversas. En estos años escuché muchas cosas, ya sea en el consultorio, en casa de mis amigos o de mis familiares. Quién no tuvo una prima que quiso deshacerse de un embarazo no deseado o un amigo que dejó embarazada a la novia y no pudieron continuar.
Por eso, digo que cada decisión es personal, pero el Estado debe protegernos a todos y debe garantizar estas prácticas caseras, individuales, hechas con dinero o sin dinero, con información o sin información. Cuando alguien no puede ser padre, no es padre. Les tengo una noticia: para que un sujeto pueda ser una persona humana, alguien tiene que darle una garantía del ser. Los garantes del ser somos los padres y el que no puede ser garante no puede ser padre. No solo las mujeres, los hombres también, los incluyo.
Esas garantías son las que fallan y por eso los psicólogos tenemos los consultorios abarrotados de gente. Este ocultamiento de lo que ocurre día a día es lo que propongo tratar de combatir. El ocultamiento siempre es negativo porque se vuelve siniestro, lo cotidiano ocultado se nos vuelve siniestro. En la Argentina sabemos de esto, de cómo distintos temas se ocultan y no se nombran.
Propongo que digamos que todos los días las mujeres abortamos y lo vamos a seguir haciendo, porque hay una decisión, ocurre. Por siglos las mujeres abortamos y vamos a seguir abortando, el tema es que el Estado nos tiene que dar las garantías para que esto ocurra en una práctica legal.
Escuché a la compañera uruguaya cuando dijo que un pecado no tiene por qué ser un delito. Me parece que eso es clave, no tenemos por qué ser delincuentes. Tenemos que ejercer la libertad y el derecho de nuestras decisiones.
Les quiero decir a los diputados que tienen una posibilidad histórica de hacer caer el velo de la hipocresía. Creo que nos lo debemos. Muchas gracias. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Tiene la palabra Leonel Tesler, director del departamento de Ciencias de la Salud y el Deporte de la Universidad Nacional de José C. Paz.
SR. TESLER La Universidad Nacional de José C. Paz tiene entre sus objetivos la formación de profesionales que sean ciudadanos comprometidos con los debates públicos que hacen a la esencia de la vida democrática.
En nuestra opinión, la discusión sobre la interrupción voluntaria del embarazo es uno de ellos, ya que involucra derechos fundamentales como la salud, la vida, la autonomía y la confidencialidad. Por ello, hemos llevado adelante un conversatorio académico interdisciplinario titulado: "Debate sobre la despenalización del aborto", en el cual participaron estudiantes, docentes e investigadores de distintas áreas de la universidad. A continuación, voy a exponer las principales conclusiones de esta jornada, en la que se vertieron argumentos tanto sanitarios como jurídicos.
Como está ampliamente demostrado, la ilegalidad no previene la realización de abortos, sino que profundiza las desigualdades en el ejercicio del derecho a la salud. En más de un estudio realizado en el país sobre el tema, queda claro que la clandestinidad no figura entre las variables que se tienen en cuenta a la hora de decidir si se interrumpe o no un embarazo. También es claro que, aunque las personas gestantes de los estratos socioeconómicos medios y altos practican abortos inducidos en iguales proporciones que las de sectores populares, las últimas tienen más riesgos de padecer complicaciones graves que incluyen la muerte.
A mayores recursos económicos, más posibilidades de ser atendidas por profesionales que aplican métodos seguros en condiciones controladas.
La ilegalidad hace que el Estado solo aparezca para obstaculizar el acceso al aborto seguro. Por ejemplo, en el plano judicial la heterogeneidad de los fallos con respecto al aparente dilema entre los artículos 156 del Código Penal -que pena la violación de la confidencialidad- y 204 del Código Procesal Penal nacional, que impone la obligación al personal de salud de denunciar delitos de acción pública, lleva a que profesionales de instituciones de salud eviten prestar atención adecuada a las personas que consultan por complicaciones de un aborto inducido, aun cuando llegan a internarse en un hospital. El temor a ser denuncias penalmente y el sentimiento de culpa impiden que las personas gestantes cuenten lo que les pasó o lo que les está pasando.
Resulta impactante una observación hecha por María Carolina Pavia, de la Universidad Católica Argentina, en su trabajo sobre consecuencias psicológicas del aborto en la mujer a muy corto plazo. Dice así: "Reconocemos la realidad de que en la población de mujeres que abortan ilegalmente, no todas denuncian el hecho. Esto, en algunos casos, es hasta las últimas consecuencias. Tal es el caso de tres pacientes -en los meses que duró la recopilación de datos- que murieron en la sala de terapia intensiva por un aborto voluntario, pero que nunca declararon..."
Violar el secreto profesional ante el conocimiento de la interrupción de un embarazo vulnera al mismo tiempo el derecho constitucional de la persona gestante a la salud y el derecho a la no autoincriminación.
Si bien las consecuencias psicológicas que pueden considerarse patológicas aparecen en una baja proporción de las personas gestantes que atraviesan estas situaciones, la mayoría vive el embarazo no deseado y el aborto como experiencia traumática muy difícil de superar. El desarrollo de depresión, trastorno de estrés postraumático, intento de suicidio, se vincula con antecedentes de violencia sexual, falta de acompañamiento por parte de la pareja, parientes o amistades, aislamiento, consumo problemático de sustancias o padecimiento mental previo.
Es frecuente que varios de estos determinantes se combinen de manera tal que resulta forzado trazar una causalidad lineal. La despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo la igualaría con las demás prestaciones en salud. Se facilitaría así el acceso al sistema de salud generándose una oportunidad única para promover la salud mental, tratar los posibles problemas presentes y prevenir las secuelas en un gran segmento de la población que incluye a las mujeres y a sus hijas e hijos ya nacidos.
En la actualidad, la visión enjuiciadora de los servicios y equipos de salud se complementa con el temor de las personas gestantes a autodenunciarse para producir revictimización, aislamiento y más padecimiento.
Las personas sospechadas de inducirse un aborto sufren distintos grados y tipos de violencia. Sus trayectorias dependen de las decisiones personales de quien recibe a la mujer y de las medidas coyunturales que adopten las autoridades sanitarias municipales, provinciales o nacionales.
Concluyo con una observación sobre la consigna de la campaña "Educación para decidir, anticonceptivos para abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir".
La educación para decidir debe incluir al equipo de salud, desde el personal administrativo de los hospitales y centros de salud hasta los niveles más altos del escalafón profesional, pues el equipo de salud es el que ostenta el poder de habilitar o vedar el acceso a la interrupción del embarazo.
La despenalización del aborto deberá complementarse, entonces, con la incorporación efectiva de la perspectiva de género y derechos humanos a la formación de la fuerza de trabajo en salud en el pregrado, el grado y el posgrado, porque es insuficiente la letra de la ley para construir una salud justa, integral y con todas y todos adentro. (Aplausos.)
En nuestra opinión, la discusión sobre la interrupción voluntaria del embarazo es uno de ellos, ya que involucra derechos fundamentales como la salud, la vida, la autonomía y la confidencialidad. Por ello, hemos llevado adelante un conversatorio académico interdisciplinario titulado: "Debate sobre la despenalización del aborto", en el cual participaron estudiantes, docentes e investigadores de distintas áreas de la universidad. A continuación, voy a exponer las principales conclusiones de esta jornada, en la que se vertieron argumentos tanto sanitarios como jurídicos.
Como está ampliamente demostrado, la ilegalidad no previene la realización de abortos, sino que profundiza las desigualdades en el ejercicio del derecho a la salud. En más de un estudio realizado en el país sobre el tema, queda claro que la clandestinidad no figura entre las variables que se tienen en cuenta a la hora de decidir si se interrumpe o no un embarazo. También es claro que, aunque las personas gestantes de los estratos socioeconómicos medios y altos practican abortos inducidos en iguales proporciones que las de sectores populares, las últimas tienen más riesgos de padecer complicaciones graves que incluyen la muerte.
A mayores recursos económicos, más posibilidades de ser atendidas por profesionales que aplican métodos seguros en condiciones controladas.
La ilegalidad hace que el Estado solo aparezca para obstaculizar el acceso al aborto seguro. Por ejemplo, en el plano judicial la heterogeneidad de los fallos con respecto al aparente dilema entre los artículos 156 del Código Penal -que pena la violación de la confidencialidad- y 204 del Código Procesal Penal nacional, que impone la obligación al personal de salud de denunciar delitos de acción pública, lleva a que profesionales de instituciones de salud eviten prestar atención adecuada a las personas que consultan por complicaciones de un aborto inducido, aun cuando llegan a internarse en un hospital. El temor a ser denuncias penalmente y el sentimiento de culpa impiden que las personas gestantes cuenten lo que les pasó o lo que les está pasando.
Resulta impactante una observación hecha por María Carolina Pavia, de la Universidad Católica Argentina, en su trabajo sobre consecuencias psicológicas del aborto en la mujer a muy corto plazo. Dice así: "Reconocemos la realidad de que en la población de mujeres que abortan ilegalmente, no todas denuncian el hecho. Esto, en algunos casos, es hasta las últimas consecuencias. Tal es el caso de tres pacientes -en los meses que duró la recopilación de datos- que murieron en la sala de terapia intensiva por un aborto voluntario, pero que nunca declararon..."
Violar el secreto profesional ante el conocimiento de la interrupción de un embarazo vulnera al mismo tiempo el derecho constitucional de la persona gestante a la salud y el derecho a la no autoincriminación.
Si bien las consecuencias psicológicas que pueden considerarse patológicas aparecen en una baja proporción de las personas gestantes que atraviesan estas situaciones, la mayoría vive el embarazo no deseado y el aborto como experiencia traumática muy difícil de superar. El desarrollo de depresión, trastorno de estrés postraumático, intento de suicidio, se vincula con antecedentes de violencia sexual, falta de acompañamiento por parte de la pareja, parientes o amistades, aislamiento, consumo problemático de sustancias o padecimiento mental previo.
Es frecuente que varios de estos determinantes se combinen de manera tal que resulta forzado trazar una causalidad lineal. La despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo la igualaría con las demás prestaciones en salud. Se facilitaría así el acceso al sistema de salud generándose una oportunidad única para promover la salud mental, tratar los posibles problemas presentes y prevenir las secuelas en un gran segmento de la población que incluye a las mujeres y a sus hijas e hijos ya nacidos.
En la actualidad, la visión enjuiciadora de los servicios y equipos de salud se complementa con el temor de las personas gestantes a autodenunciarse para producir revictimización, aislamiento y más padecimiento.
Las personas sospechadas de inducirse un aborto sufren distintos grados y tipos de violencia. Sus trayectorias dependen de las decisiones personales de quien recibe a la mujer y de las medidas coyunturales que adopten las autoridades sanitarias municipales, provinciales o nacionales.
Concluyo con una observación sobre la consigna de la campaña "Educación para decidir, anticonceptivos para abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir".
La educación para decidir debe incluir al equipo de salud, desde el personal administrativo de los hospitales y centros de salud hasta los niveles más altos del escalafón profesional, pues el equipo de salud es el que ostenta el poder de habilitar o vedar el acceso a la interrupción del embarazo.
La despenalización del aborto deberá complementarse, entonces, con la incorporación efectiva de la perspectiva de género y derechos humanos a la formación de la fuerza de trabajo en salud en el pregrado, el grado y el posgrado, porque es insuficiente la letra de la ley para construir una salud justa, integral y con todas y todos adentro. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY En último término, tiene la palabra la señora Sandra González; licenciada en derecho y doctora en Ciencias Políticas y Sociología.
Agradecemos a todos expositores y diputados por su presencia hoy.
Agradecemos a todos expositores y diputados por su presencia hoy.
SRA. GONZÁLEZ Señor presidente: ante todo, muchísimas gracias por la invitación y buenas noches. Como española quiero acercarles las experiencias de España y Bélgica en cuanto a sus leyes de interrupción voluntaria del embarazo. Estas legislaciones son dos de las más avanzadas de Europa.
Brindaré algunos datos de la Organización Mundial de la Salud, que para mí son bastante ciertos. Hubo dudas sobre la procedencia de los datos. En el periodo 2010-2014 se realizaron 56 millones de abortos inducidos. Casi el 50 por ciento fueron inseguros y el 97 por ciento de ellos tuvieron lugar en países en vías de desarrollo. El 44 por ciento de los embarazos anuales ocurren a destiempo, no son deseados o ambas cosas. Hoy en día, de los 1.640 millones de mujeres en edad reproductiva, solo el 37 por ciento vive en países donde hay acceso libre a un aborto seguro.
Por lo tanto, hablamos de derechos, pero sobre todo, de una problemática estructural que afecta a todas las mujeres y, en particular, a las mujeres pobres.
En Europa, el derecho al aborto está ampliamente aprobado. Tan solo Andorra, Malta, Ciudad del Vaticano y San Marino lo prohíben bajo toda circunstancia.
Bélgica lo despenalizó con acceso libre a petición de la mujer hasta las doce semanas en 1990, y España, en 2010, hasta las catorce semanas. En ambas leyes se establecen algunos requisitos comunes, administrativos y de procedimiento.
En muchos países europeos el aborto está incluido en la sanidad pública si este se practica por las causales de salud o violación, pero en muy pocos países está cubierto por el Estado si es a petición de la mujer. En España y Bélgica, el Estado asume ampliamente el costo del aborto.
En cuanto a los centros de práctica, en España se realiza en hospitales públicos, donde es gratuito, y en las llamadas clínicas IVE, centros privados autorizados y especializados. Hoy en día, el 89,6 por ciento de las interrupciones se realiza en estas clínicas. El Estado está obligado a asumir el costo de estos centros; sin embargo, los trámites administrativos para pedir el reembolso y los retrasos de atención en los centros públicos empujan a las mujeres directamente a estas clínicas y a asumir el costo total del aborto, por encima de los 350 euros.
En cambio, en Bélgica, además de los hospitales públicos y privados se descentralizó la práctica del aborto a una amplia red de Centros de Planificación Familiar, subvencionados públicamente. La Interrupción Voluntaria del Embarazo en estos centros cuesta apenas 3,5 euros. El 81 por ciento de los abortos se realiza acá y el 99 por ciento de ellos no presentó ninguna complicación, lo que demuestra que cuando el aborto es realizado por profesionales capacitados y en condiciones higiénicas, se trata de una práctica segura, incluso en niveles primarios de salud, que mejora la puntualidad y eficacia de atención para las mujeres y minimiza los costos del sistema sanitario.
Un acceso libre y seguro garantiza la disminución de las tasas de aborto. Siento contradecir los datos de algunos exponentes, pero en ambos países bajaron progresivamente después de aprobar la ley hasta situarse en tasas cercanas a los 10 puntos, siendo de las más bajas de Europa.
Aun así, existen cuestiones por resolver. En ambos países se reclama que el aborto quede fuera de sus códigos penales. De esta forma, lograremos que las mujeres no sean estigmatizadas, garantizaremos un mayor bienestar físico y mental para ellas, consolidaremos la autodeterminación de su toma de decisiones y permitiremos un mayor acceso a los abortos seguros.
Por otra parte, en los últimos años se observa que la mayoría de los requisitos comunes solicitados, por ejemplo, los plazos de espera o los permisos parentales, no contribuyen a garantizar la seguridad del procedimiento, sino que más bien alargan los períodos gestacionales que sí ponen en riesgo la práctica del aborto y la vida de las mujeres.
En Bélgica, con mayor frecuencia las mujeres deben viajar a otros países para acceder al aborto más allá del límite de las doce semanas, en circunstancias muy difíciles para ellas. En España, la causal por riesgo de vida de la mujer solo se contempla entre las catorce y las veintidós semanas, por lo que es prioritario que se revisen estos límites y se garantice la vida de las mujeres como una cuestión de derechos humanos.
Además, en España, se estima que en el último año entre trescientas y cuatrocientas adolescentes estuvieron desprotegidas por la ley al no contar con el consentimiento parental. Tampoco podemos obviar la situación de las mujeres migrantes irregulares que en ambos países están prácticamente obligadas a acceder al aborto en el ámbito privado asumiendo la totalidad de su costo.
Acceder legalmente al aborto también reduce la mortalidad materna. Solo en el año 2015 se produjeron más de trescientas mil muertes maternas. El 99 por ciento de ellas, en los países en desarrollo. Entre un 8 por ciento y un 15 por ciento de estas muertes se atribuyen a los abortos inseguros, es decir, cada dos minutos muere una mujer por esta causa; cinco millones de ellas padecen incapacidades temporales o permanentes. Al igual que la tasa de aborto, en los dos países la tasa de mortalidad materna bajó en los últimos años. Así, en 2015 se registraron solo siete muertes en Bélgica y cinco, en España.
En la Argentina en ese año murieron cincuenta y dos mujeres.
Estudios médicos advierten que la mayor parte de las complicaciones obstétricas no pueden prevenirse ni evitarse, excepto las causadas por los abortos clandestinos. Cuando las tasas de morbilidad y mortalidad materna son atribuibles al Estado por la no utilización de los recursos de que dispone, como es el caso de los abortos inseguros, estamos ante una forma de discriminación hacia las mujeres y una vulneración de sus derechos.
Hay 225 millones de mujeres que tienen una necesidad de planificación familiar desatendida. Si todas las mujeres de países en desarrollo accedieran a anticonceptivos modernos, al año se evitarían 67 millones de embarazos no deseados, 36 millones de abortos -14 de ellos, inseguros-, 77.000 muertes maternas y medio millón de muertes de lactantes. Con mejoras sanitarias, acceso seguro al aborto y anticonceptivos, se pasaría de 308.000 a 84.000 muertes maternas anuales.
Proveer el acceso seguro al aborto es un compromiso asumido por los Estados en los convenios internacionales que ratificaron. Garantizar la vida y la salud de todas las mujeres a través de ellos, también. Las leyes de interrupción voluntaria del embarazo son el primer paso, junto a la educación sexual integral y el acceso gratuito a anticonceptivos. Esta sumatoria logrará empoderar a las mujeres, bajar las tasas de abortos y reducir al máximo la mortalidad y morbilidad materno-infantil.
Por todo esto, al igual que la campaña, pido educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, y aborto legal para no morir. (Aplausos.)
Brindaré algunos datos de la Organización Mundial de la Salud, que para mí son bastante ciertos. Hubo dudas sobre la procedencia de los datos. En el periodo 2010-2014 se realizaron 56 millones de abortos inducidos. Casi el 50 por ciento fueron inseguros y el 97 por ciento de ellos tuvieron lugar en países en vías de desarrollo. El 44 por ciento de los embarazos anuales ocurren a destiempo, no son deseados o ambas cosas. Hoy en día, de los 1.640 millones de mujeres en edad reproductiva, solo el 37 por ciento vive en países donde hay acceso libre a un aborto seguro.
Por lo tanto, hablamos de derechos, pero sobre todo, de una problemática estructural que afecta a todas las mujeres y, en particular, a las mujeres pobres.
En Europa, el derecho al aborto está ampliamente aprobado. Tan solo Andorra, Malta, Ciudad del Vaticano y San Marino lo prohíben bajo toda circunstancia.
Bélgica lo despenalizó con acceso libre a petición de la mujer hasta las doce semanas en 1990, y España, en 2010, hasta las catorce semanas. En ambas leyes se establecen algunos requisitos comunes, administrativos y de procedimiento.
En muchos países europeos el aborto está incluido en la sanidad pública si este se practica por las causales de salud o violación, pero en muy pocos países está cubierto por el Estado si es a petición de la mujer. En España y Bélgica, el Estado asume ampliamente el costo del aborto.
En cuanto a los centros de práctica, en España se realiza en hospitales públicos, donde es gratuito, y en las llamadas clínicas IVE, centros privados autorizados y especializados. Hoy en día, el 89,6 por ciento de las interrupciones se realiza en estas clínicas. El Estado está obligado a asumir el costo de estos centros; sin embargo, los trámites administrativos para pedir el reembolso y los retrasos de atención en los centros públicos empujan a las mujeres directamente a estas clínicas y a asumir el costo total del aborto, por encima de los 350 euros.
En cambio, en Bélgica, además de los hospitales públicos y privados se descentralizó la práctica del aborto a una amplia red de Centros de Planificación Familiar, subvencionados públicamente. La Interrupción Voluntaria del Embarazo en estos centros cuesta apenas 3,5 euros. El 81 por ciento de los abortos se realiza acá y el 99 por ciento de ellos no presentó ninguna complicación, lo que demuestra que cuando el aborto es realizado por profesionales capacitados y en condiciones higiénicas, se trata de una práctica segura, incluso en niveles primarios de salud, que mejora la puntualidad y eficacia de atención para las mujeres y minimiza los costos del sistema sanitario.
Un acceso libre y seguro garantiza la disminución de las tasas de aborto. Siento contradecir los datos de algunos exponentes, pero en ambos países bajaron progresivamente después de aprobar la ley hasta situarse en tasas cercanas a los 10 puntos, siendo de las más bajas de Europa.
Aun así, existen cuestiones por resolver. En ambos países se reclama que el aborto quede fuera de sus códigos penales. De esta forma, lograremos que las mujeres no sean estigmatizadas, garantizaremos un mayor bienestar físico y mental para ellas, consolidaremos la autodeterminación de su toma de decisiones y permitiremos un mayor acceso a los abortos seguros.
Por otra parte, en los últimos años se observa que la mayoría de los requisitos comunes solicitados, por ejemplo, los plazos de espera o los permisos parentales, no contribuyen a garantizar la seguridad del procedimiento, sino que más bien alargan los períodos gestacionales que sí ponen en riesgo la práctica del aborto y la vida de las mujeres.
En Bélgica, con mayor frecuencia las mujeres deben viajar a otros países para acceder al aborto más allá del límite de las doce semanas, en circunstancias muy difíciles para ellas. En España, la causal por riesgo de vida de la mujer solo se contempla entre las catorce y las veintidós semanas, por lo que es prioritario que se revisen estos límites y se garantice la vida de las mujeres como una cuestión de derechos humanos.
Además, en España, se estima que en el último año entre trescientas y cuatrocientas adolescentes estuvieron desprotegidas por la ley al no contar con el consentimiento parental. Tampoco podemos obviar la situación de las mujeres migrantes irregulares que en ambos países están prácticamente obligadas a acceder al aborto en el ámbito privado asumiendo la totalidad de su costo.
Acceder legalmente al aborto también reduce la mortalidad materna. Solo en el año 2015 se produjeron más de trescientas mil muertes maternas. El 99 por ciento de ellas, en los países en desarrollo. Entre un 8 por ciento y un 15 por ciento de estas muertes se atribuyen a los abortos inseguros, es decir, cada dos minutos muere una mujer por esta causa; cinco millones de ellas padecen incapacidades temporales o permanentes. Al igual que la tasa de aborto, en los dos países la tasa de mortalidad materna bajó en los últimos años. Así, en 2015 se registraron solo siete muertes en Bélgica y cinco, en España.
En la Argentina en ese año murieron cincuenta y dos mujeres.
Estudios médicos advierten que la mayor parte de las complicaciones obstétricas no pueden prevenirse ni evitarse, excepto las causadas por los abortos clandestinos. Cuando las tasas de morbilidad y mortalidad materna son atribuibles al Estado por la no utilización de los recursos de que dispone, como es el caso de los abortos inseguros, estamos ante una forma de discriminación hacia las mujeres y una vulneración de sus derechos.
Hay 225 millones de mujeres que tienen una necesidad de planificación familiar desatendida. Si todas las mujeres de países en desarrollo accedieran a anticonceptivos modernos, al año se evitarían 67 millones de embarazos no deseados, 36 millones de abortos -14 de ellos, inseguros-, 77.000 muertes maternas y medio millón de muertes de lactantes. Con mejoras sanitarias, acceso seguro al aborto y anticonceptivos, se pasaría de 308.000 a 84.000 muertes maternas anuales.
Proveer el acceso seguro al aborto es un compromiso asumido por los Estados en los convenios internacionales que ratificaron. Garantizar la vida y la salud de todas las mujeres a través de ellos, también. Las leyes de interrupción voluntaria del embarazo son el primer paso, junto a la educación sexual integral y el acceso gratuito a anticonceptivos. Esta sumatoria logrará empoderar a las mujeres, bajar las tasas de abortos y reducir al máximo la mortalidad y morbilidad materno-infantil.
Por todo esto, al igual que la campaña, pido educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, y aborto legal para no morir. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Hemos finalizado con las veintiséis exposiciones de esta tarde. Quiero agradecer a todos los expositores. Han sido intervenciones brillantes, como las de esta mañana. Han sido de gran utilidad para todos los diputados y diputadas presentes.
Ahora voy a empezar a leer las preguntas de cada uno de los diputados. Tendrán dos minutos para responder, así podemos terminar a una hora razonable.
La primera pregunta pertenece a la diputada Donda Pérez y está dirigida a la señora Marcela Fresia. Dice así: "¿Qué resultados tuvo la investigación llevada adelante por ustedes acerca de la evidencia del trauma posaborto?
Ahora voy a empezar a leer las preguntas de cada uno de los diputados. Tendrán dos minutos para responder, así podemos terminar a una hora razonable.
La primera pregunta pertenece a la diputada Donda Pérez y está dirigida a la señora Marcela Fresia. Dice así: "¿Qué resultados tuvo la investigación llevada adelante por ustedes acerca de la evidencia del trauma posaborto?
SRA. FRESIA No hay un basamento científico contundente y concluyente respecto del trauma posaborto. Puntualmente, en relación con la investigación que llevamos adelante nosotros, lo primero que se puede demostrar es que las mujeres procesan su experiencia con el aborto de diferentes maneras, y de una forma particular en cada caso. Lo que hacen las mujeres no es irreflexivo ni irresponsable. Al contrario, las mujeres que entrevistamos se toman su tiempo para pensarlo y procesarlo, pero lo hacen, lo resuelven también como un problema de la vida cotidiana. No quieren ser madres y necesitan resolverlo.
También está el tema de que nos tenemos que fijar cómo están condicionadas estas mujeres. Puntualmente, nosotras investigamos a mujeres católicas. Es decir que estaban condicionadas por la clandestinidad, por el pecado y el delito. Como dije en mi exposición, si sacamos el peso de la clandestinidad y del delito, queda el tema del pecado, que cada persona negocia, sea católica o no, y eso lo analiza en su individualidad.
También está el tema de que nos tenemos que fijar cómo están condicionadas estas mujeres. Puntualmente, nosotras investigamos a mujeres católicas. Es decir que estaban condicionadas por la clandestinidad, por el pecado y el delito. Como dije en mi exposición, si sacamos el peso de la clandestinidad y del delito, queda el tema del pecado, que cada persona negocia, sea católica o no, y eso lo analiza en su individualidad.
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Tengo una pregunta de la diputada Karina Banfi para la señora Paula Almada. Dice así: "¿Usted cree que una niña de 12 años, embarazada como producto de una violación, debería ir presa si abortara? El médico, que podría realizar la práctica conforme al artículo 86, ¿debería ir preso?
SRA. ALMADA Muchas gracias por hacer esta pregunta.
Acá no se trata de mandar preso o no a alguien, sino de defender la vida de la persona vulnerable. En este caso, por un lado, debe brindarse contención a la chica que fue violada y, por el otro, dar protección a la persona en gestación.
Acá no se trata de mandar preso o no a alguien, sino de defender la vida de la persona vulnerable. En este caso, por un lado, debe brindarse contención a la chica que fue violada y, por el otro, dar protección a la persona en gestación.
SRA. DONDA PÉREZ ¿Pero debe ir presa si aborta?
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Faltaría responder la pregunta que se refiere al médico.
SRA. ALMADA ¿Podría repetirla?
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY El médico, que podría realizar la práctica conforme al artículo 86, ¿debería ir preso?
SRA. ALMADA Yo no soy abogada, pero entiendo que, de acuerdo con la jurisprudencia, no debería ir preso. Considero que ya había dado mi respuesta antes.
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Tengo una pregunta de la señora diputada Paula Urroz para la señora Claudia Anzorena. Dice así: "Usted dijo que es injusto que se ubique a la mujer entre la ley y la vida. ¿No le parece que al niño por nacer también se lo está ubicando entre la ley y la vida?"
SRA. ANZORENA No, porque no creo que un embrión o un feto sean un niño por nacer. Como han justificado desde lo jurídico, la humanidad no la da la biología sino el hecho de haber nacido. Entonces, creo que son dos cosas diferentes.
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Tengo otra pregunta de la misma diputada. Dice así: "La defensa que hace 'Ni una Menos', ¿no corre antes de nacer?".
SRA. ANZORENA No. Si están en contra del aborto eugenésico y dicen todas estas cosas, no entiendo por qué mezclan el sexo del embrión con el hecho de haber nacido. Además, "Ni una Menos" hace referencia a la violencia de género, y tiene carácter institucional.
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Tengo otra pregunta para la señora Anzorena, esta vez,, de la diputada Banfi. Dice así: "¿Cómo es el acceso al misoprostol en Mendoza?".
SRA. ANZORENA Gracias por la pregunta, creo que es muy importante.
En Mendoza, al igual que en San Juan, la venta y el uso del misoprostol están restringidos en el sistema hospitalario. Es decir que las mujeres no pueden comprar misoprostol en las farmacias, ni siquiera si está indicado por un médico, por ejemplo, para hacer un aborto en casos de un embrión muerto y detenido. El misoprostol se utiliza también para estas prácticas, porque el aborto se realiza con diferentes fines.
Esta situación ha llevado a que las mujeres, reitero, no puedan acceder al misoprostol en las farmacias. A nosotras nos han hecho consultas mujeres que están volviendo a usar la sonda y otros métodos de aborto inseguros por los que morían las mujeres en abortos clandestinos. Es decir que la restricción de la venta del misoprostol en Mendoza ha provocado que los abortos que se hacen en la clandestinidad sean mucho más peligrosos que antes, poniendo en riesgo a las mujeres. Los médicos que hacen abortos cobran cifras siderales de 30.000 pesos para arriba. Si las mujeres no pueden acceder a las socorristas o no tienen ese dinero, se someten a condiciones muy peligrosas, además de que muchas veces son estafadas.
Compran por Internet y les cobran entre 6.000 y 12.000 pesos, les envían menos pastillas que las necesarias y medicamentos adulterados. Lo que hace esta ley, en contra de todo lo que dice la Organización Mundial de la Salud, es poner a las mujeres en una situación más peligrosa.
En Mendoza, al igual que en San Juan, la venta y el uso del misoprostol están restringidos en el sistema hospitalario. Es decir que las mujeres no pueden comprar misoprostol en las farmacias, ni siquiera si está indicado por un médico, por ejemplo, para hacer un aborto en casos de un embrión muerto y detenido. El misoprostol se utiliza también para estas prácticas, porque el aborto se realiza con diferentes fines.
Esta situación ha llevado a que las mujeres, reitero, no puedan acceder al misoprostol en las farmacias. A nosotras nos han hecho consultas mujeres que están volviendo a usar la sonda y otros métodos de aborto inseguros por los que morían las mujeres en abortos clandestinos. Es decir que la restricción de la venta del misoprostol en Mendoza ha provocado que los abortos que se hacen en la clandestinidad sean mucho más peligrosos que antes, poniendo en riesgo a las mujeres. Los médicos que hacen abortos cobran cifras siderales de 30.000 pesos para arriba. Si las mujeres no pueden acceder a las socorristas o no tienen ese dinero, se someten a condiciones muy peligrosas, además de que muchas veces son estafadas.
Compran por Internet y les cobran entre 6.000 y 12.000 pesos, les envían menos pastillas que las necesarias y medicamentos adulterados. Lo que hace esta ley, en contra de todo lo que dice la Organización Mundial de la Salud, es poner a las mujeres en una situación más peligrosa.
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Tengo preguntas para expositores que ya se han retirado. De todos modos, las voy a leer para que quede constancia en la versión taquigráfica.
Una pregunta de la diputada Ferreyra para la Luján Arbizu de Rossi, dice así: "¿Todos los convenios internacionales de derechos humanos detallados en el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional tienen el mismo valor? Omitió mencionar la Convención sobre la Eliminación de Todas la Formas de Discriminación contra la Mujer y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 1° establece taxativamente que: "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos." ¿Por qué no los considera?
Otra pregunta para Luján Arbizu de Rossi, de la diputada Donda Pérez, dice así: "Si hay persona desde la concepción, ¿usted cree que el Estado debe otorgar un DNI desde ese momento? ¿Cree que países como Uruguay, Suiza y Canadá son Estados que fomentan la cultura del odio y la violencia?
Otra pregunta de la diputada Donda Pérez para Olga Ovando Muñoz, dice así: "¿Podría explicarnos qué significa la palabra 'género'?" "Usted, que vino de Israel, ¿cree que es una sociedad dura que solo permite sobrevivir a unos pocos?"
"Usted dijo que si aprobamos el aborto nos convertiríamos en una sociedad de esas características. ¿Sabe que Israel tiene la ley más liberal del mundo?"
No habiendo más preguntas, damos por finalizada la reunión. Ha sido una jornada maravillosa, les agradezco a todos por haber participado. Los invitamos a seguir con este debate histórico el próximo martes a las 9 y 30, en esta misma sala.
Una pregunta de la diputada Ferreyra para la Luján Arbizu de Rossi, dice así: "¿Todos los convenios internacionales de derechos humanos detallados en el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional tienen el mismo valor? Omitió mencionar la Convención sobre la Eliminación de Todas la Formas de Discriminación contra la Mujer y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 1° establece taxativamente que: "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos." ¿Por qué no los considera?
Otra pregunta para Luján Arbizu de Rossi, de la diputada Donda Pérez, dice así: "Si hay persona desde la concepción, ¿usted cree que el Estado debe otorgar un DNI desde ese momento? ¿Cree que países como Uruguay, Suiza y Canadá son Estados que fomentan la cultura del odio y la violencia?
Otra pregunta de la diputada Donda Pérez para Olga Ovando Muñoz, dice así: "¿Podría explicarnos qué significa la palabra 'género'?" "Usted, que vino de Israel, ¿cree que es una sociedad dura que solo permite sobrevivir a unos pocos?"
"Usted dijo que si aprobamos el aborto nos convertiríamos en una sociedad de esas características. ¿Sabe que Israel tiene la ley más liberal del mundo?"
No habiendo más preguntas, damos por finalizada la reunión. Ha sido una jornada maravillosa, les agradezco a todos por haber participado. Los invitamos a seguir con este debate histórico el próximo martes a las 9 y 30, en esta misma sala.
Es la hora 18 y 53.