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LEGISLACION GENERAL
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P02 Oficina 234
Of. Administrativa: Piso P02 Oficina 235
Secretario Administrativo DR. TRIANTAFILO GUILLERMO
Miércoles 16.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 60752248 Internos 2248
clgeneral@hcdn.gob.ar
- LEGISLACION GENERAL
Reunión del día 04/12/2020
- 115_PLENARIO IVE-2DA PARTE_4-12-2020 TT
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre de 2020, a la hora 14 y 44, se da comienzo al plenario de las comisiones de Legislación General, de Legislación Penal, de Mujeres y Diversidad y de Acción Social y Salud Pública, llevado a cabo bajo el formato de videoconferencia:
SR. PRESIDENTE YEDLIN Buenas tardes a todas y a todos. Damos inicio a la jornada de la tarde del plenario de las comisiones de Legislación General, de Legislación Penal, de Mujeres y Diversidad y de Acción Social y Salud Pública en el marco de las reuniones informativas sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Vamos a continuar escuchando las opiniones de diversos diputados y diputadas.
Tiene la palabra la señora diputada Austin.
Tiene la palabra la señora diputada Austin.
SRA. AUSTIN Señor presidente: saludo a todas las presidentas y vicepresidentas de las comisiones que han trabajado mucho en este tema. Lo han hecho con una enorme responsabilidad y enorme respeto por las distintas posiciones. Desde el comienzo han buscado ponerse de acuerdo con esa acta que nos hicieron llegar con el cronograma de tratamiento.
Tenemos que resaltar esto y tomar el ejemplo de estar dispuestos a sortear las diferencias que existen, en primer término, entre los bloques políticos, y en segundo lugar, entre verdes y celestes. El objetivo es priorizar el funcionamiento de la Cámara y lograr que este tema continúe el curso que se ha previsto, que es emitir dictamen y ser tratado en el recinto. Quiero agradecerles a ustedes por la responsabilidad con la que han llevado adelante su tarea.
En segundo lugar, quiero decir que lo lamento por los diputados que estuvieron en 2018 porque voy a repetir algunos argumentos, pero otros no.
¿Por qué creo que tenemos que avanzar en el texto del proyecto de ley? Principalmente, creo que las alocuciones que hemos escuchado a lo largo de estas tres jornadas intensas con especialistas de muchísima calidad, complementan aquel trabajo de más de dos meses -y casi 800 expositores entre ambas Cámaras- que tuvimos. A su vez, también demuestra que efectivamente hay un montón de elementos que tienen que ver con la evidencia científica disponible. Ojalá le permitan a nuestro país dar un paso adelante y sancionar una legislación que sea compatible con las normas del derecho internacional en materia de derechos humanos. Digo esto con el convencimiento absoluto de que los derechos de las mujeres -así como también los derechos sexuales y reproductivos- son derechos humanos, están protegidos por nuestra Constitución y merecen que el Congreso de la Nación legisle en consecuencia.
Pregunté antes por qué tendríamos que avanzar. Ya tenemos una legislación que está pronta a cumplir cien años, que fue interpretada con mucha claridad en el fallo F.A.L. y que permitió avanzar en el dictado de estos protocolos. En muchas provincias esto costó muchísimo. En este momento estoy hablando desde Córdoba, que fue una provincia que tuvo paralizada la aplicación de su protocolo por una ONG que se negó a reconocer la posibilidad de que, por ejemplo, niñas adolescentes violadas o mujeres cuya salud en sentido integral estuviera en riesgo pudieran acceder a una práctica segura.
Costó mucho tiempo y la realidad muestra que hoy quince jurisdicciones tienen sus protocolos, cuatro adhieren al de la Nación y cuatro tienen los propios. Sin embargo, hay cinco provincias que aún no han avanzado. Me refiero a Formosa, Corrientes, Tucumán, Santiago del Estero y San Juan.
Si miramos la votación que tuvimos hace dos años, encontraremos poco apoyo de diputados de aquellas provincias. Paradójicamente, los lugares más restrictivos y donde todavía se le niega el aborto a una mujer que ha sido violada no han podido avanzar en una regulación vinculada con algo que ya está permitido por nuestro Código Penal.
¿Qué nos han dicho muchos de los órganos de monitoreo de los tratados de derechos humanos? No solo me refiero a los que se han puesto en discusión en esta comisión, sino también al Comité contra la Tortura, al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y al Comité de los Derechos del Niño. Le han dicho a nuestro país que las asimetrías regionales constituyen una violación a los derechos de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres. Además, impedir el acceso a un estándar de seguridad y de salubridad a todas las mujeres de la Argentina constituye una violación al principio de igualdad.
Por los obstáculos de muchos actores que han judicializado el avance de estas normativas y, además, porque el mundo ha demostrado que aquellas legislaciones que se establecen por causales siempre generan mucha complicación en su aplicación, se ha ido migrando -como también se mostró con claridad- hacia criterios de plazos. Esto es así porque, principalmente, devuelven a la mujer en ejercicio de su autonomía -y no al Estado- el derecho a ser ella quien juzgue las razones y diga en qué condiciones y bajo qué circunstancias esa decisión tan difícil que está tomando será válida o no.
Por otro lado, también tiene implicancias prácticas. Ayer escuché con mucha atención a una médica que cuando hablaba decía que los médicos y las médicas no se quieren sentir jueces. Eso es lo que pasa cuando se legisla por causales: deben estar allí sin saber si están aplicando correctamente el alcance o la interpretación y sujetos a que alguna ONG los pretenda perseguir. Estas son las razones por las que tenemos que avanzar.
En segundo lugar, y desde que el Senado rechazó hace dos años el avance de esta ley, claramente no se salvó ninguna vida. Eso también se dijo. Siguieron ocurriendo los abortos clandestinos. En la Argentina siguieron pasando las mismas cosas que pasaron durante más de cien años.
Los datos son elocuentes. Recién vi uno de los informes que nos hicieron llegar sobre estadísticas oficiales y que está disponible porque nos fue entregado a todos los diputados. En 2016, de estas 39.025 niñas, adolescentes y mujeres internadas por situaciones relacionadas con abortos, el 16 por ciento tenía entre 10 y 19 años. Es decir que 6.224 niñas fueron internadas por situaciones vinculadas con abortos.
Respecto de las muertes maternas ocurridas entre 2016, 2017 y 2018, el 13 por ciento fueron niñas entre 15 y 19 años. En ese mismo tiempo, es decir, en esos mismos tres años, 7.262 niñas entre 10 y 14 años fueron madres. Repito: 7.262 niñas entre 10 y 14 años fueron madres, de las cuales 5.800 lo fueron producto de embarazos no intencionales. Está claro que tenemos un problema enorme que afecta a las mujeres, a las adolescentes y también a las niñas en la Argentina de una manera que es profundamente dolorosa.
Acá hay dos capítulos en los que me gustaría profundizar, aunque no voy a hacerlo por respeto al tiempo. Uno tiene que ver con la educación sexual integral y la provisión de métodos anticonceptivos. Esto se dijo durante el debate pasado y fue un consenso prácticamente unánime entre verdes y celestes; sin embargo, después levantaron una guerra campal para que no podamos avanzar en la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral.
Quiero decir una cosa que pregunté ayer cuando el representante del ILEC vino a hablar. ¿Cuál es el rol de la Iglesia en todo esto? Respeto profundamente y me conmueven aquellos que tienen una visión absolutamente religiosa. Sin embargo, hagamos una separación al momento de trasladar esa cuestión al diseño de las políticas públicas. Hice un racconto y me pregunté -tal como mencionaron ayer- qué dijo la Iglesia en algunos de estos debates trascendentales.
En 1870 se comenzó a debatir la secularización de los cementerios. Esto sucedió porque se negó la sepultura a una persona que se suicidó, luego se le negó a una persona que se había negado a confesarse y, por último, un protestante fue desenterrado. Ahí empezó el debate entre el Estado argentino y la Iglesia Católica para recuperar el dominio de aquellos aspectos que tenían que ver con la vida civil y no con la vida religiosa.
En 1888, pasó lo mismo en el debate del matrimonio civil. ¿Qué dijo la Iglesia? Dijo que esa ley implicaría el fin de la familia y traería resultados funestos. Estamos hablando del matrimonio civil.
En 1947, cuando se discutía el tema del voto femenino, un sector conservador de la Iglesia dijo que la emancipación femenina ponía en riesgo la jerarquía familiar.
Cuando en 1985 se discutió la cuestión de la patria potestad compartida dijeron de forma textual: "Se altera un orden natural que depende de Dios". Estamos hablando del derecho de las mujeres a poder tomar decisiones por sus hijos.
En 1987, cuando se discutió el proyecto de ley de divorcio, el obispo de Lomas de Zamora excomulgó a los diputados de su diócesis. Dijeron que la familia era una garantía de esperanza y que la sanción de esa ley sería como una Espada de Damocles sobre los matrimonios felices.
En 2002, cuando se discutió el proyecto de ley de salud sexual y reproductiva, la rueda de enlace de ONGs provida dijeron de manera textual: "Con estas leyes lo que se logra es aumentar la promiscuidad, las enfermedades de transmisión sexual, que los adolescentes se inicien sexualmente cada vez más temprano y una profunda desvalorización de la sexualidad humana".
Hilda "Chiche" Duhalde dijo en el recinto que para poder tener acceso a los métodos anticonceptivos, los adolescentes tendrían que contar con autorización de sus padres. Esto es algo que hoy se trae de nuevo a colación. Estamos hablando de la posibilidad de acceder a un método anticonceptivo. Allí se habló de objeción de conciencia para que los profesionales que no compartan el uso de ciertos métodos anticonceptivos puedan no prescribirlos.
En 2006, durante la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral -algunos lo recordarán porque todavía están-, el obispo de La Plata dijo que esa norma legal venía a inculcar teorías de género que pretendían negar las diferencias biológicas entre el varón y la mujer.
Respecto de la Ley de Matrimonio Igualitario ni hace falta decirlo. Dijeron que familia había una sola y que los chicos tenían derecho a una mamá y a un papá.
En 2012, durante la sanción de la Ley de Identidad de Género, muchos obispos dijeron que la diversidad sexual no depende solo de una decisión o de una construcción cultural.
En 2014, respecto de la Ley de Fertilización Asistida, se opusieron y negaron al avance de la ley.
¿Qué hubiera pasado si en todas estas leyes la Iglesia hubiera logrado que los legisladores votaran conforme a las convicciones religiosas y no a una lógica de avance de derechos? Hubiera pasado que las personas no bautizadas no tendríamos derecho a ser enterradas en los cementerios.
Las personas tampoco hubiésemos tenido acceso a una educación laica, sino que nos hubiéramos remontado al debate de comienzos del siglo pasado sobre la educación religiosa en las escuelas. Las mujeres no tendríamos derecho al voto y tampoco tendríamos derecho a ejercer la patria potestad. A su vez, los hijos fuera del matrimonio serían ilegítimos.
Tampoco podríamos divorciarnos, casarnos con alguien del mismo sexo, acceder a métodos anticonceptivos, a una educación sexual integral ni a que se reconozca la identidad de género autopercibida a una persona.
Por último, tampoco podríamos decidir si queremos morir dignamente cuando estemos atravesando una enfermedad terminal. En definitiva, no podríamos decidir sobre nuestro propio cuerpo.
¿Por qué quiero traer esto a colación? Alguien dirá que esto no tiene que ver con lo que estamos discutiendo, pero sí tiene que ver. Muchos de los invitados de los sectores que se oponen a la ley fueron pastores y referentes de distintas religiones. Quiero decirles que no me parece que esté mal que ellos piensen eso; no juzgo a quienes tienen esas creencias. Lo que sí me parece mal es que pretendan venir al Congreso de la Nación, que es el lugar donde se sancionan las leyes para toda la ciudadanía. En la ciudadanía conviven distintas religiones, como así también los ateos, las ateas y quienes no tienen ninguna convicción religiosa. El Estado debe sancionar leyes donde todas esas visiones entren.
Voy a desarrollar dos argumentos más y procederé a cerrar. ¿Por qué decimos que necesitamos avanzar no solo hacia la despenalización sino hacia la legalización? Porque si solo despenalizáramos y quitáramos la presión y amenaza de la cárcel, seguiría todavía presente el mismo problema y la misma inequidad en el acceso de las mujeres a un tratamiento igualitario en todo nuestro país. Nos volveríamos a encontrar con estas dificultades de acceso a lo largo de todas las provincias y en las distintas ciudades conforme las convicciones culturales de esas localidades.
En ese caso, le estaríamos haciendo el caldo gordo a aquellos que hoy hacen negocio con la clandestinidad y efectivamente se dedican a cobrar miles de pesos a las mujeres que llegan desesperadas a tomar una decisión.
¿Qué pasaría si la Argentina avanzara en la despenalización y en la legalización? Ya lo han dicho varias expositoras que han pasado y es algo que se demuestra con los datos del mundo. No estamos inventando nada, sino que miramos a Uruguay, Canadá, los Estados Unidos y la ciudad de México. En todos los casos se advierte que luego de que la "cifra negra" se estabiliza, los casos comienzan a bajar. ¿Por qué bajan? Porque aparece el Estado, porque a esa mujer que fue desesperada a practicarse una interrupción del embarazo se la acompaña con una consejería previa y post aborto. A su vez, se la acompaña con las condiciones y herramientas para entender el rol de los métodos anticonceptivos y no con el juzgamiento moral y penal del Estado como ha sucedido en nuestro país.
No se trata solo de mirar a otros países; también podemos mirar a Rosario porque cada uno de nosotros tiene los datos disponibles en su correo. Desde que Rosario empezó a aplicar una política sostenida de interrupción legal del embarazo, logró que las tasas de aborto bajaran. A su vez, logró tasa cero de mortalidad de mujeres y también bajar las internaciones de 450 a 202 en el plazo de aplicación. Logró bajar las internaciones a la mitad. Respecto de la morbimortalidad, ya me referí al principio cuando hablé de esas casi 40.000 mujeres, entre las cuales hay un montón de niñas adolescentes.
A quienes están preocupados y dicen "con mi plata no", les digo que legalizar el aborto baja los costos del Estado. Esto es así porque el Estado también se hace cargo, aun con esta prohibición penal. ¿Por qué afirmo esto? Porque se hace cargo de la peor de las consecuencias, es decir, de las mujeres que llegan a los hospitales con cuadros infecciosos o desangrándose. Eso tiene un valor absolutamente superior. Hoy nos lo pusieron a disposición: 21.282 pesos es el costo para el Estado de los abortos inseguros contra 2.842 pesos si se recurre al uso de medicamentos.
El uso de medicamentos es el tratamiento en la gran mayoría de los casos. Por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más del 92 por ciento son tratamientos ambulatorios y con pastillas. Hay que ir desmontando mitos.
Voy a cerrar con el último argumento, que es la cuestión constitucional. Es algo que me parece vital señalar. Se ha pretendido poner un obstáculo insalvable en materia constitucional haciéndole decir a nuestro ordenamiento cosas que no dice. Se quiso decir que la Constitución Nacional protege la vida desde la concepción. No lo hace. Este ha sido un largo debate que ha tenido la Constitución Nacional, primeramente, en 1853. No voy a entrar en eso, pero también lo tuvo en la reforma de 1994.
Voy a cerrar con esto: la reforma de 1994 incluyó los tratados internacionales de derechos humanos, a los que dio jerarquía constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que integran, junto con nuestra Carta Magna, el bloque de constitucionalidad, es decir, tienen el mismo valor que ella.
Entre estos tratados está la Convención de los Derechos del Niño. Ayer escuchamos a uno de los integrantes del comité de monitoreo referirse al respecto. El Pacto de San José de Costa Rica es el segundo tema en discusión. También hay otras convenciones, como por ejemplo la referida a la eliminación de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Todos los órganos de monitoreo de estos tratados que para la Argentina integran el bloque de constitucionalidad, han pedido a nuestro país que dé un paso adelante y avance hacia la regulación y una legislación más clara vinculada con la interrupción del embarazo, porque lo que estamos haciendo viola los estándares de derechos humanos. Lo dijo el Comité de Naciones Unidas de Derechos Humanos, el Comité de Derechos del Niño en 2010 y en 2018 y también el Comité contra la Tortura.
Se ha dicho y pretendido argumentar dos cuestiones. La primera de ellas es que el Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 4.1, sostiene que la protección de la vida es, en general, desde la concepción. Quienes se oponen a que la Argentina discuta esto en el Parlamento dicen que hay un obstáculo constitucional insalvable. Esto no es así. La Corte -que fue creada por el pacto-, en el fallo "Artavia Murillo y otros versus Costa Rica", sostuvo que la protección es incremental y absolutamente compatible con países que tienen regulaciones que despenalizan y legalizan el aborto en distintos plazos, como los que estamos poniendo hoy en discusión.
Tenemos que resaltar esto y tomar el ejemplo de estar dispuestos a sortear las diferencias que existen, en primer término, entre los bloques políticos, y en segundo lugar, entre verdes y celestes. El objetivo es priorizar el funcionamiento de la Cámara y lograr que este tema continúe el curso que se ha previsto, que es emitir dictamen y ser tratado en el recinto. Quiero agradecerles a ustedes por la responsabilidad con la que han llevado adelante su tarea.
En segundo lugar, quiero decir que lo lamento por los diputados que estuvieron en 2018 porque voy a repetir algunos argumentos, pero otros no.
¿Por qué creo que tenemos que avanzar en el texto del proyecto de ley? Principalmente, creo que las alocuciones que hemos escuchado a lo largo de estas tres jornadas intensas con especialistas de muchísima calidad, complementan aquel trabajo de más de dos meses -y casi 800 expositores entre ambas Cámaras- que tuvimos. A su vez, también demuestra que efectivamente hay un montón de elementos que tienen que ver con la evidencia científica disponible. Ojalá le permitan a nuestro país dar un paso adelante y sancionar una legislación que sea compatible con las normas del derecho internacional en materia de derechos humanos. Digo esto con el convencimiento absoluto de que los derechos de las mujeres -así como también los derechos sexuales y reproductivos- son derechos humanos, están protegidos por nuestra Constitución y merecen que el Congreso de la Nación legisle en consecuencia.
Pregunté antes por qué tendríamos que avanzar. Ya tenemos una legislación que está pronta a cumplir cien años, que fue interpretada con mucha claridad en el fallo F.A.L. y que permitió avanzar en el dictado de estos protocolos. En muchas provincias esto costó muchísimo. En este momento estoy hablando desde Córdoba, que fue una provincia que tuvo paralizada la aplicación de su protocolo por una ONG que se negó a reconocer la posibilidad de que, por ejemplo, niñas adolescentes violadas o mujeres cuya salud en sentido integral estuviera en riesgo pudieran acceder a una práctica segura.
Costó mucho tiempo y la realidad muestra que hoy quince jurisdicciones tienen sus protocolos, cuatro adhieren al de la Nación y cuatro tienen los propios. Sin embargo, hay cinco provincias que aún no han avanzado. Me refiero a Formosa, Corrientes, Tucumán, Santiago del Estero y San Juan.
Si miramos la votación que tuvimos hace dos años, encontraremos poco apoyo de diputados de aquellas provincias. Paradójicamente, los lugares más restrictivos y donde todavía se le niega el aborto a una mujer que ha sido violada no han podido avanzar en una regulación vinculada con algo que ya está permitido por nuestro Código Penal.
¿Qué nos han dicho muchos de los órganos de monitoreo de los tratados de derechos humanos? No solo me refiero a los que se han puesto en discusión en esta comisión, sino también al Comité contra la Tortura, al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y al Comité de los Derechos del Niño. Le han dicho a nuestro país que las asimetrías regionales constituyen una violación a los derechos de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres. Además, impedir el acceso a un estándar de seguridad y de salubridad a todas las mujeres de la Argentina constituye una violación al principio de igualdad.
Por los obstáculos de muchos actores que han judicializado el avance de estas normativas y, además, porque el mundo ha demostrado que aquellas legislaciones que se establecen por causales siempre generan mucha complicación en su aplicación, se ha ido migrando -como también se mostró con claridad- hacia criterios de plazos. Esto es así porque, principalmente, devuelven a la mujer en ejercicio de su autonomía -y no al Estado- el derecho a ser ella quien juzgue las razones y diga en qué condiciones y bajo qué circunstancias esa decisión tan difícil que está tomando será válida o no.
Por otro lado, también tiene implicancias prácticas. Ayer escuché con mucha atención a una médica que cuando hablaba decía que los médicos y las médicas no se quieren sentir jueces. Eso es lo que pasa cuando se legisla por causales: deben estar allí sin saber si están aplicando correctamente el alcance o la interpretación y sujetos a que alguna ONG los pretenda perseguir. Estas son las razones por las que tenemos que avanzar.
En segundo lugar, y desde que el Senado rechazó hace dos años el avance de esta ley, claramente no se salvó ninguna vida. Eso también se dijo. Siguieron ocurriendo los abortos clandestinos. En la Argentina siguieron pasando las mismas cosas que pasaron durante más de cien años.
Los datos son elocuentes. Recién vi uno de los informes que nos hicieron llegar sobre estadísticas oficiales y que está disponible porque nos fue entregado a todos los diputados. En 2016, de estas 39.025 niñas, adolescentes y mujeres internadas por situaciones relacionadas con abortos, el 16 por ciento tenía entre 10 y 19 años. Es decir que 6.224 niñas fueron internadas por situaciones vinculadas con abortos.
Respecto de las muertes maternas ocurridas entre 2016, 2017 y 2018, el 13 por ciento fueron niñas entre 15 y 19 años. En ese mismo tiempo, es decir, en esos mismos tres años, 7.262 niñas entre 10 y 14 años fueron madres. Repito: 7.262 niñas entre 10 y 14 años fueron madres, de las cuales 5.800 lo fueron producto de embarazos no intencionales. Está claro que tenemos un problema enorme que afecta a las mujeres, a las adolescentes y también a las niñas en la Argentina de una manera que es profundamente dolorosa.
Acá hay dos capítulos en los que me gustaría profundizar, aunque no voy a hacerlo por respeto al tiempo. Uno tiene que ver con la educación sexual integral y la provisión de métodos anticonceptivos. Esto se dijo durante el debate pasado y fue un consenso prácticamente unánime entre verdes y celestes; sin embargo, después levantaron una guerra campal para que no podamos avanzar en la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral.
Quiero decir una cosa que pregunté ayer cuando el representante del ILEC vino a hablar. ¿Cuál es el rol de la Iglesia en todo esto? Respeto profundamente y me conmueven aquellos que tienen una visión absolutamente religiosa. Sin embargo, hagamos una separación al momento de trasladar esa cuestión al diseño de las políticas públicas. Hice un racconto y me pregunté -tal como mencionaron ayer- qué dijo la Iglesia en algunos de estos debates trascendentales.
En 1870 se comenzó a debatir la secularización de los cementerios. Esto sucedió porque se negó la sepultura a una persona que se suicidó, luego se le negó a una persona que se había negado a confesarse y, por último, un protestante fue desenterrado. Ahí empezó el debate entre el Estado argentino y la Iglesia Católica para recuperar el dominio de aquellos aspectos que tenían que ver con la vida civil y no con la vida religiosa.
En 1888, pasó lo mismo en el debate del matrimonio civil. ¿Qué dijo la Iglesia? Dijo que esa ley implicaría el fin de la familia y traería resultados funestos. Estamos hablando del matrimonio civil.
En 1947, cuando se discutía el tema del voto femenino, un sector conservador de la Iglesia dijo que la emancipación femenina ponía en riesgo la jerarquía familiar.
Cuando en 1985 se discutió la cuestión de la patria potestad compartida dijeron de forma textual: "Se altera un orden natural que depende de Dios". Estamos hablando del derecho de las mujeres a poder tomar decisiones por sus hijos.
En 1987, cuando se discutió el proyecto de ley de divorcio, el obispo de Lomas de Zamora excomulgó a los diputados de su diócesis. Dijeron que la familia era una garantía de esperanza y que la sanción de esa ley sería como una Espada de Damocles sobre los matrimonios felices.
En 2002, cuando se discutió el proyecto de ley de salud sexual y reproductiva, la rueda de enlace de ONGs provida dijeron de manera textual: "Con estas leyes lo que se logra es aumentar la promiscuidad, las enfermedades de transmisión sexual, que los adolescentes se inicien sexualmente cada vez más temprano y una profunda desvalorización de la sexualidad humana".
Hilda "Chiche" Duhalde dijo en el recinto que para poder tener acceso a los métodos anticonceptivos, los adolescentes tendrían que contar con autorización de sus padres. Esto es algo que hoy se trae de nuevo a colación. Estamos hablando de la posibilidad de acceder a un método anticonceptivo. Allí se habló de objeción de conciencia para que los profesionales que no compartan el uso de ciertos métodos anticonceptivos puedan no prescribirlos.
En 2006, durante la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral -algunos lo recordarán porque todavía están-, el obispo de La Plata dijo que esa norma legal venía a inculcar teorías de género que pretendían negar las diferencias biológicas entre el varón y la mujer.
Respecto de la Ley de Matrimonio Igualitario ni hace falta decirlo. Dijeron que familia había una sola y que los chicos tenían derecho a una mamá y a un papá.
En 2012, durante la sanción de la Ley de Identidad de Género, muchos obispos dijeron que la diversidad sexual no depende solo de una decisión o de una construcción cultural.
En 2014, respecto de la Ley de Fertilización Asistida, se opusieron y negaron al avance de la ley.
¿Qué hubiera pasado si en todas estas leyes la Iglesia hubiera logrado que los legisladores votaran conforme a las convicciones religiosas y no a una lógica de avance de derechos? Hubiera pasado que las personas no bautizadas no tendríamos derecho a ser enterradas en los cementerios.
Las personas tampoco hubiésemos tenido acceso a una educación laica, sino que nos hubiéramos remontado al debate de comienzos del siglo pasado sobre la educación religiosa en las escuelas. Las mujeres no tendríamos derecho al voto y tampoco tendríamos derecho a ejercer la patria potestad. A su vez, los hijos fuera del matrimonio serían ilegítimos.
Tampoco podríamos divorciarnos, casarnos con alguien del mismo sexo, acceder a métodos anticonceptivos, a una educación sexual integral ni a que se reconozca la identidad de género autopercibida a una persona.
Por último, tampoco podríamos decidir si queremos morir dignamente cuando estemos atravesando una enfermedad terminal. En definitiva, no podríamos decidir sobre nuestro propio cuerpo.
¿Por qué quiero traer esto a colación? Alguien dirá que esto no tiene que ver con lo que estamos discutiendo, pero sí tiene que ver. Muchos de los invitados de los sectores que se oponen a la ley fueron pastores y referentes de distintas religiones. Quiero decirles que no me parece que esté mal que ellos piensen eso; no juzgo a quienes tienen esas creencias. Lo que sí me parece mal es que pretendan venir al Congreso de la Nación, que es el lugar donde se sancionan las leyes para toda la ciudadanía. En la ciudadanía conviven distintas religiones, como así también los ateos, las ateas y quienes no tienen ninguna convicción religiosa. El Estado debe sancionar leyes donde todas esas visiones entren.
Voy a desarrollar dos argumentos más y procederé a cerrar. ¿Por qué decimos que necesitamos avanzar no solo hacia la despenalización sino hacia la legalización? Porque si solo despenalizáramos y quitáramos la presión y amenaza de la cárcel, seguiría todavía presente el mismo problema y la misma inequidad en el acceso de las mujeres a un tratamiento igualitario en todo nuestro país. Nos volveríamos a encontrar con estas dificultades de acceso a lo largo de todas las provincias y en las distintas ciudades conforme las convicciones culturales de esas localidades.
En ese caso, le estaríamos haciendo el caldo gordo a aquellos que hoy hacen negocio con la clandestinidad y efectivamente se dedican a cobrar miles de pesos a las mujeres que llegan desesperadas a tomar una decisión.
¿Qué pasaría si la Argentina avanzara en la despenalización y en la legalización? Ya lo han dicho varias expositoras que han pasado y es algo que se demuestra con los datos del mundo. No estamos inventando nada, sino que miramos a Uruguay, Canadá, los Estados Unidos y la ciudad de México. En todos los casos se advierte que luego de que la "cifra negra" se estabiliza, los casos comienzan a bajar. ¿Por qué bajan? Porque aparece el Estado, porque a esa mujer que fue desesperada a practicarse una interrupción del embarazo se la acompaña con una consejería previa y post aborto. A su vez, se la acompaña con las condiciones y herramientas para entender el rol de los métodos anticonceptivos y no con el juzgamiento moral y penal del Estado como ha sucedido en nuestro país.
No se trata solo de mirar a otros países; también podemos mirar a Rosario porque cada uno de nosotros tiene los datos disponibles en su correo. Desde que Rosario empezó a aplicar una política sostenida de interrupción legal del embarazo, logró que las tasas de aborto bajaran. A su vez, logró tasa cero de mortalidad de mujeres y también bajar las internaciones de 450 a 202 en el plazo de aplicación. Logró bajar las internaciones a la mitad. Respecto de la morbimortalidad, ya me referí al principio cuando hablé de esas casi 40.000 mujeres, entre las cuales hay un montón de niñas adolescentes.
A quienes están preocupados y dicen "con mi plata no", les digo que legalizar el aborto baja los costos del Estado. Esto es así porque el Estado también se hace cargo, aun con esta prohibición penal. ¿Por qué afirmo esto? Porque se hace cargo de la peor de las consecuencias, es decir, de las mujeres que llegan a los hospitales con cuadros infecciosos o desangrándose. Eso tiene un valor absolutamente superior. Hoy nos lo pusieron a disposición: 21.282 pesos es el costo para el Estado de los abortos inseguros contra 2.842 pesos si se recurre al uso de medicamentos.
El uso de medicamentos es el tratamiento en la gran mayoría de los casos. Por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más del 92 por ciento son tratamientos ambulatorios y con pastillas. Hay que ir desmontando mitos.
Voy a cerrar con el último argumento, que es la cuestión constitucional. Es algo que me parece vital señalar. Se ha pretendido poner un obstáculo insalvable en materia constitucional haciéndole decir a nuestro ordenamiento cosas que no dice. Se quiso decir que la Constitución Nacional protege la vida desde la concepción. No lo hace. Este ha sido un largo debate que ha tenido la Constitución Nacional, primeramente, en 1853. No voy a entrar en eso, pero también lo tuvo en la reforma de 1994.
Voy a cerrar con esto: la reforma de 1994 incluyó los tratados internacionales de derechos humanos, a los que dio jerarquía constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que integran, junto con nuestra Carta Magna, el bloque de constitucionalidad, es decir, tienen el mismo valor que ella.
Entre estos tratados está la Convención de los Derechos del Niño. Ayer escuchamos a uno de los integrantes del comité de monitoreo referirse al respecto. El Pacto de San José de Costa Rica es el segundo tema en discusión. También hay otras convenciones, como por ejemplo la referida a la eliminación de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Todos los órganos de monitoreo de estos tratados que para la Argentina integran el bloque de constitucionalidad, han pedido a nuestro país que dé un paso adelante y avance hacia la regulación y una legislación más clara vinculada con la interrupción del embarazo, porque lo que estamos haciendo viola los estándares de derechos humanos. Lo dijo el Comité de Naciones Unidas de Derechos Humanos, el Comité de Derechos del Niño en 2010 y en 2018 y también el Comité contra la Tortura.
Se ha dicho y pretendido argumentar dos cuestiones. La primera de ellas es que el Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 4.1, sostiene que la protección de la vida es, en general, desde la concepción. Quienes se oponen a que la Argentina discuta esto en el Parlamento dicen que hay un obstáculo constitucional insalvable. Esto no es así. La Corte -que fue creada por el pacto-, en el fallo "Artavia Murillo y otros versus Costa Rica", sostuvo que la protección es incremental y absolutamente compatible con países que tienen regulaciones que despenalizan y legalizan el aborto en distintos plazos, como los que estamos poniendo hoy en discusión.
SRA. PRESIDENTA CARRIZO, A. C. Diputada Austin: le ruego que redondee su exposición.
SRA. AUSTIN Ya culmino.
Aquí se ha pretendido decir que la Convención de los Derechos del Niño no lo permite. Justamente en el día de ayer, cuando Pedernera vino a informar al Congreso que no es cierto que Argentina carece de una reserva, una diputada colgó un enlace de acceso a Naciones Unidas y dijo: "Si eso no es una reserva, ¿qué es?".
Yo me tomé el trabajo de entrar a dicho enlace, pues me generó curiosidad, y claramente dice: Argentina, ¿cuáles son las reservas y cuál es una declaración interpretativa? Reserva es aquella que hizo Argentina sobre la adopción internacional, y declaración interpretativa unilateral es la que refiere a que la vida comienza desde la concepción. Tanto esto como el artículo 19 del Código Civil y Comercial admiten perfectamente que una ley posterior pueda regular otro aspecto y, además, estaremos frente a una ley específica respecto a un principio general. Es decir, no hay óbice constitucional para avanzar.
Para concluir con mi exposición -y con el permiso de la señora presidenta-, leeré dos párrafos extraídos del debate convencional sobre la reforma de 1994.
Guillermo Estévez Boero, del Partido Socialista -partido hermano-, cuando se estaba discutiendo si incluíamos o no una prohibición absoluta para que nuestra Constitución legisle, decía: "¿Cuáles son los derechos de esa persona? Porque no es una incubadora..." -hablaba de las mujeres- "...sino un ser humano que afronta una responsabilidad, y sabemos que esa responsabilidad la va a afrontar en la medida en que ella valore y recepcione dicha responsabilidad". Y agregó: "Aquí estamos todos con la vida. No hay nadie con la muerte."
A su vez, en aquella oportunidad, Alfonsín -a los radicales nos gusta mucho citarlo- dijo: "Es por eso que estamos de acuerdo en votar afirmativamente este proyecto, que no le dice a la Legislatura que penalice el aborto o que libere cualquier posibilidad de aborto, sino que se trata de una iniciativa que podría estar perfectamente vinculada a la legislación de un país que acepta el aborto, como Suecia, y también podría estarlo a la de un país como Irlanda, que lo prohíbe". Esto decía Alfonsín en el año 1994. Y agregó: "Estamos defendiendo la vida y estamos trabajando de la manera más importante, que es la única que concebimos como posible para que se evite la tragedia del aborto; pero no a través de la penalización del Estado, sino del auxilio y la asistencia del Estado argentino".
Eso es lo que estamos discutiendo hoy aquí: una ley que sea compatible con estos estándares -que además se ha acompañado con el proyecto de los mil días- y que, en definitiva, discuta de frente y con los datos que tiene la realidad las mejores medidas para terminar con la tragedia del aborto en la Argentina y para que las mujeres no sean penalizadas, sino que se respete su derecho a decidir. Gracias.
Aquí se ha pretendido decir que la Convención de los Derechos del Niño no lo permite. Justamente en el día de ayer, cuando Pedernera vino a informar al Congreso que no es cierto que Argentina carece de una reserva, una diputada colgó un enlace de acceso a Naciones Unidas y dijo: "Si eso no es una reserva, ¿qué es?".
Yo me tomé el trabajo de entrar a dicho enlace, pues me generó curiosidad, y claramente dice: Argentina, ¿cuáles son las reservas y cuál es una declaración interpretativa? Reserva es aquella que hizo Argentina sobre la adopción internacional, y declaración interpretativa unilateral es la que refiere a que la vida comienza desde la concepción. Tanto esto como el artículo 19 del Código Civil y Comercial admiten perfectamente que una ley posterior pueda regular otro aspecto y, además, estaremos frente a una ley específica respecto a un principio general. Es decir, no hay óbice constitucional para avanzar.
Para concluir con mi exposición -y con el permiso de la señora presidenta-, leeré dos párrafos extraídos del debate convencional sobre la reforma de 1994.
Guillermo Estévez Boero, del Partido Socialista -partido hermano-, cuando se estaba discutiendo si incluíamos o no una prohibición absoluta para que nuestra Constitución legisle, decía: "¿Cuáles son los derechos de esa persona? Porque no es una incubadora..." -hablaba de las mujeres- "...sino un ser humano que afronta una responsabilidad, y sabemos que esa responsabilidad la va a afrontar en la medida en que ella valore y recepcione dicha responsabilidad". Y agregó: "Aquí estamos todos con la vida. No hay nadie con la muerte."
A su vez, en aquella oportunidad, Alfonsín -a los radicales nos gusta mucho citarlo- dijo: "Es por eso que estamos de acuerdo en votar afirmativamente este proyecto, que no le dice a la Legislatura que penalice el aborto o que libere cualquier posibilidad de aborto, sino que se trata de una iniciativa que podría estar perfectamente vinculada a la legislación de un país que acepta el aborto, como Suecia, y también podría estarlo a la de un país como Irlanda, que lo prohíbe". Esto decía Alfonsín en el año 1994. Y agregó: "Estamos defendiendo la vida y estamos trabajando de la manera más importante, que es la única que concebimos como posible para que se evite la tragedia del aborto; pero no a través de la penalización del Estado, sino del auxilio y la asistencia del Estado argentino".
Eso es lo que estamos discutiendo hoy aquí: una ley que sea compatible con estos estándares -que además se ha acompañado con el proyecto de los mil días- y que, en definitiva, discuta de frente y con los datos que tiene la realidad las mejores medidas para terminar con la tragedia del aborto en la Argentina y para que las mujeres no sean penalizadas, sino que se respete su derecho a decidir. Gracias.
SRA. PRESIDENTA CARRIZO, A.C Gracias, diputada Austin.
Tiene la palabra la diputada Carolina Gaillard.
Tiene la palabra la diputada Carolina Gaillard.
SRA. GAILLARD Buenas tardes a todos.
Nos encontramos viviendo con mucha emoción esta jornada histórica en esta Cámara de Diputados, tal como lo hablábamos con la diputada Macha.
Recuerdo que en 2017, cuando terminaba mi mandato como presidenta de la Comisión de Acción Social y Salud Pública y realizamos la primera reunión informativa junto con las comisiones intervinientes en el tema, las organizaciones de mujeres que presenciaron aquel momento nos pedían que aquella fuese la última vez que el Congreso actuara de forma testimonial, pues estaban hartas de venir a hacer un "como si" y que el tema no se tratara. Luego de muchos años y de un intento en 2018 en el que estuvimos muy cerca de sancionar la ley, gracias a miles de jóvenes que se pararon en las calles para reclamar colectivamente hoy estamos aquí.
Pero hoy tenemos un presidente y un gobierno nacional que ha recogido el guante y decidió enviar este proyecto de ley a nuestro Congreso para que, finalmente, el aborto legal sea ley y así podamos resolver un tema de salud pública que lleva años.
Mientras me preparaba para hablar, me enteré de que esta semana murió Mariela en un hospital de Córdoba. Ella falleció luego de estar varias semanas internada a raíz de una asepsia originada por un aborto clandestino. Independientemente de la posición política de cada uno de los integrantes de esta Cámara, quiero llamarlos a la reflexión pues el aborto está y es un tema que existe. Así, la mujer que decide interrumpir su embarazo lo hará de todas maneras, esté penalizado o no. En ese sentido, creo que es el Estado quien debe estar presente para acompañar, proteger y cuidar en ese momento a esa mujer que toma la decisión. Un Estado presente para cuidar y acompañar; no para castigar y criminalizar a la mujer que se hace un aborto.
Ahora bien, despenalizar no alcanza, sino que necesitamos un sistema de salud que esté presente y acompañe a la mujer que decida interrumpir su embarazo: la consejería previa y post aborto, como bien lo dijeron las compañeras que están en el territorio poniendo el cuerpo. Además, precisamos un sistema de salud que esté presente para impartir reglas claras a los profesionales de la salud que se enfrentan a la mujer que decide interrumpir su embarazo, para que de esta manera puedan contar con todas las herramientas necesarias para un abordaje integral. Asimismo, debemos tener en cuenta que el sistema de salud no es igual en todo nuestro país; si bien cada provincia tiene sus particularidades, no es lo mismo decidir interrumpir un embarazo en la Capital Federal que en el interior de nuestro país.
Yo soy oriunda de un pueblo llamado General Campos, y antes de ser peronista me pronuncio a favor de esta causa justa: el aborto. Decidí estudiar Derecho y, anteriormente, estudié en el único colegio secundario de mi localidad. En el transcurso de mi adolescencia acompañé a muchas amigas que decidieron interrumpir su embarazo.
Me gustaría llamar a la reflexión a los hombres que integran este Cuerpo y en ocasiones hablan del tema para decirles lo que siente una mujer que desea interrumpir su embarazo. La mujer que desea interrumpir su embarazo quiere morirse, no quiere seguir viviendo; está decidida a hacerlo y lo hará como sea. Por eso, el Estado tiene que estar presente para acompañar y no dejar en soledad a esa mujer que, en muchos casos, termina muriendo sola y dejando a niños huérfanos, y en otros, sufre complicaciones por hacerlo.
Y ni hablar de la necesidad del Estado presente y un sistema de salud presente para asistir a los médicos que sí acompañan a esas mujeres hoy. Todos sabemos que hay un aborto legal, como es el establecido desde 1921 en el Código Penal, y también que a partir del fallo FAL hay un protocolo para la interrupción legal del embarazo, que es el famoso Protocolo ILE. Pero todos conocemos las dificultades que existen para la implementación del aborto legal establecido por el Código Penal: dificultades relacionadas con los prejuicios, dificultades relacionadas con ese manto de conservadurismo que todos tenemos un poco -algunos más- y, sobre todo, el tema de los profesionales de la salud de las pequeñas localidades o de las pequeñas ciudades, donde se conocen todos.
Quienes son del interior saben de qué les hablo. En un pequeño hospital de pueblo o en un pequeño centro de salud -o incluso en un hospital de una ciudad-, los médicos se conocen entre todos y se sabe quién realiza la práctica y quién no. Así como también sabemos dónde están las clínicas clandestinas en las que se realizan los abortos.
Entonces, me parece que es hora de que este Congreso se preste a dictaminar y sancionar un proyecto que viene a darle un marco de legalidad a algo que ocurre. Dejemos de mirar para el costado, pues mientras lo hacemos, murió Mariela. Mientras miramos para el costado, en Santa Fe, los hijos de Ana María Acevedo se quedaron huérfanos. Ella, que padecía un cáncer, fue a pedir la interrupción legal de su embarazo y no se la dieron o se la dilataron.
Lo mismo sucedió en el caso de una niña de 11 años abusada en mi localidad -un pueblo de 5.000 habitantes-, General Campos. Hace un par de años -no sé si ustedes recordarán- la mamá denunció en la Justicia que había sido violada una nena; al dilatarse el proceso, la noticia se filtró y los medios de comunicación comenzaron a ejercer presión para que esta niña continuara con su embarazo. Finalmente, se generó tal presión que la obligaron a tener a su bebé, y por parte del Estado le brindaron asistencia, una casa y demás. Durante mucho tiempo, la frase en mi pueblo fue: "Vamos a conocer la casa de la niña que quiso abortar" o "la casa celeste", puesto que la habían pintado de celeste.
En efecto, considero que nosotros, como legisladores, tenemos que dejar de lado nuestras creencias religiosas y morales para legislar -como decía la diputada Austin- para toda la ciudadanía y, sobre todo, para las mujeres. En ocasiones, para los hombres resulta difícil entender lo que nos pasa a las mujeres que decidimos interrumpir un embarazo, pero lo que ocurre es que no querés saber nada, no tenés dudas. En ese momento, solamente sabés que no querés continuar -por la razón que fuese- y te sentís sola, abandonada y no sabés a dónde acudir. Por eso, necesitamos un Estado presente.
Como les decía, despenalizar no alcanza. Y esto lo menciono porque por ahí es más sencillo decir: "Bueno, no estoy a favor de la legalización, pero sí de la despenalización". No alcanza, pues si no hay pena y no hay castigo, ¿qué hace la mujer que decide interrumpir su embarazo? ¿Quién la escucha? ¿Quién la informa? ¿Quién le brinda herramientas? ¿Quién la acompaña? Y, claramente, las que no pueden pagar un aborto clandestino en un lugar seguro son las más pobres, las más humildes, las que no tienen recursos. Por consiguiente, las que mueren son las mujeres más humildes y las de menos recursos. Esto es una realidad.
El debate no es "aborto sí" o "aborto no"; acá el debate es "aborto legal" o "aborto inseguro", pues los abortos se van a seguir practicando. Si nosotros no regulamos, habrá un mercado ilegal, un mercado negro, y los médicos que realizan los abortos en las clínicas privadas lo seguirán haciendo. Nuestra responsabilidad es legislar. Si nosotros no legalizamos el aborto, todos seremos responsables de las muertes que se produzcan por abortos clandestinos; seremos responsables por omisión. Por eso, hay que legislar.
Miren, el mundo ha legalizado y no por eso ha habido más abortos; en cambio, han disminuido las muertes por abortos clandestinos y las sociedades se tornaron más democráticas y más justas. Las prohibiciones nunca son buenas. Ustedes saben el compromiso que tengo con otro tema en el que también hay mucha prohibición y mucho conservadurismo: el cannabis medicinal.
El Estado presente siempre hace bien. Necesitamos ese Estado que abrace y que regule, puesto que aquello que se dice "prohibido" o "penalizado" no sirve para nada y no conduce a nada bueno. Necesitamos un sistema fuerte, un sistema presente y un sistema articulado. Y como dijeron todos los expositores, necesitamos abordajes integrales.
Como dijo la diputada Austin, también necesitamos adaptar nuestra legislación a lo que es la legislación internacional. Hoy nuestro Estado está incurriendo en una irresponsabilidad por no legislar y no haber legalizado el aborto, ya que el ordenamiento internacional establece claramente que el derecho a la salud es un derecho humano fundamental; y acá estamos hablando del derecho a la salud de miles de mujeres a las que el Estado argentino les está dando la espalda.
Este Congreso tiene una oportunidad histórica, que es la de abrazar a esas miles de mujeres y resarcir el daño que ocasionó a las más de 3.000 mujeres que han muerto por abortos clandestinos desde la vuelta a la democracia hasta el día de hoy.
Quiero que sea ley. Y quiero que sea ley por Mariela, por Ana María Acevedo y por tantas que murieron en este camino. Pero también por las compañeras de la Campaña por la legalización que han estado peregrinando por este Congreso desde hace más de veinte años; aquellas que vienen, presentan y hacen el cabildeo para ver cuántos votamos y cuántos no.
Hoy esto es posible ya que, además de una movilización y organización del feminismo a nivel nacional, un gobierno tomó una decisión política para resolver este tema: un tema de salud pública que se nos ha llevado la vida de miles de mujeres. Muchas gracias.
Nos encontramos viviendo con mucha emoción esta jornada histórica en esta Cámara de Diputados, tal como lo hablábamos con la diputada Macha.
Recuerdo que en 2017, cuando terminaba mi mandato como presidenta de la Comisión de Acción Social y Salud Pública y realizamos la primera reunión informativa junto con las comisiones intervinientes en el tema, las organizaciones de mujeres que presenciaron aquel momento nos pedían que aquella fuese la última vez que el Congreso actuara de forma testimonial, pues estaban hartas de venir a hacer un "como si" y que el tema no se tratara. Luego de muchos años y de un intento en 2018 en el que estuvimos muy cerca de sancionar la ley, gracias a miles de jóvenes que se pararon en las calles para reclamar colectivamente hoy estamos aquí.
Pero hoy tenemos un presidente y un gobierno nacional que ha recogido el guante y decidió enviar este proyecto de ley a nuestro Congreso para que, finalmente, el aborto legal sea ley y así podamos resolver un tema de salud pública que lleva años.
Mientras me preparaba para hablar, me enteré de que esta semana murió Mariela en un hospital de Córdoba. Ella falleció luego de estar varias semanas internada a raíz de una asepsia originada por un aborto clandestino. Independientemente de la posición política de cada uno de los integrantes de esta Cámara, quiero llamarlos a la reflexión pues el aborto está y es un tema que existe. Así, la mujer que decide interrumpir su embarazo lo hará de todas maneras, esté penalizado o no. En ese sentido, creo que es el Estado quien debe estar presente para acompañar, proteger y cuidar en ese momento a esa mujer que toma la decisión. Un Estado presente para cuidar y acompañar; no para castigar y criminalizar a la mujer que se hace un aborto.
Ahora bien, despenalizar no alcanza, sino que necesitamos un sistema de salud que esté presente y acompañe a la mujer que decida interrumpir su embarazo: la consejería previa y post aborto, como bien lo dijeron las compañeras que están en el territorio poniendo el cuerpo. Además, precisamos un sistema de salud que esté presente para impartir reglas claras a los profesionales de la salud que se enfrentan a la mujer que decide interrumpir su embarazo, para que de esta manera puedan contar con todas las herramientas necesarias para un abordaje integral. Asimismo, debemos tener en cuenta que el sistema de salud no es igual en todo nuestro país; si bien cada provincia tiene sus particularidades, no es lo mismo decidir interrumpir un embarazo en la Capital Federal que en el interior de nuestro país.
Yo soy oriunda de un pueblo llamado General Campos, y antes de ser peronista me pronuncio a favor de esta causa justa: el aborto. Decidí estudiar Derecho y, anteriormente, estudié en el único colegio secundario de mi localidad. En el transcurso de mi adolescencia acompañé a muchas amigas que decidieron interrumpir su embarazo.
Me gustaría llamar a la reflexión a los hombres que integran este Cuerpo y en ocasiones hablan del tema para decirles lo que siente una mujer que desea interrumpir su embarazo. La mujer que desea interrumpir su embarazo quiere morirse, no quiere seguir viviendo; está decidida a hacerlo y lo hará como sea. Por eso, el Estado tiene que estar presente para acompañar y no dejar en soledad a esa mujer que, en muchos casos, termina muriendo sola y dejando a niños huérfanos, y en otros, sufre complicaciones por hacerlo.
Y ni hablar de la necesidad del Estado presente y un sistema de salud presente para asistir a los médicos que sí acompañan a esas mujeres hoy. Todos sabemos que hay un aborto legal, como es el establecido desde 1921 en el Código Penal, y también que a partir del fallo FAL hay un protocolo para la interrupción legal del embarazo, que es el famoso Protocolo ILE. Pero todos conocemos las dificultades que existen para la implementación del aborto legal establecido por el Código Penal: dificultades relacionadas con los prejuicios, dificultades relacionadas con ese manto de conservadurismo que todos tenemos un poco -algunos más- y, sobre todo, el tema de los profesionales de la salud de las pequeñas localidades o de las pequeñas ciudades, donde se conocen todos.
Quienes son del interior saben de qué les hablo. En un pequeño hospital de pueblo o en un pequeño centro de salud -o incluso en un hospital de una ciudad-, los médicos se conocen entre todos y se sabe quién realiza la práctica y quién no. Así como también sabemos dónde están las clínicas clandestinas en las que se realizan los abortos.
Entonces, me parece que es hora de que este Congreso se preste a dictaminar y sancionar un proyecto que viene a darle un marco de legalidad a algo que ocurre. Dejemos de mirar para el costado, pues mientras lo hacemos, murió Mariela. Mientras miramos para el costado, en Santa Fe, los hijos de Ana María Acevedo se quedaron huérfanos. Ella, que padecía un cáncer, fue a pedir la interrupción legal de su embarazo y no se la dieron o se la dilataron.
Lo mismo sucedió en el caso de una niña de 11 años abusada en mi localidad -un pueblo de 5.000 habitantes-, General Campos. Hace un par de años -no sé si ustedes recordarán- la mamá denunció en la Justicia que había sido violada una nena; al dilatarse el proceso, la noticia se filtró y los medios de comunicación comenzaron a ejercer presión para que esta niña continuara con su embarazo. Finalmente, se generó tal presión que la obligaron a tener a su bebé, y por parte del Estado le brindaron asistencia, una casa y demás. Durante mucho tiempo, la frase en mi pueblo fue: "Vamos a conocer la casa de la niña que quiso abortar" o "la casa celeste", puesto que la habían pintado de celeste.
En efecto, considero que nosotros, como legisladores, tenemos que dejar de lado nuestras creencias religiosas y morales para legislar -como decía la diputada Austin- para toda la ciudadanía y, sobre todo, para las mujeres. En ocasiones, para los hombres resulta difícil entender lo que nos pasa a las mujeres que decidimos interrumpir un embarazo, pero lo que ocurre es que no querés saber nada, no tenés dudas. En ese momento, solamente sabés que no querés continuar -por la razón que fuese- y te sentís sola, abandonada y no sabés a dónde acudir. Por eso, necesitamos un Estado presente.
Como les decía, despenalizar no alcanza. Y esto lo menciono porque por ahí es más sencillo decir: "Bueno, no estoy a favor de la legalización, pero sí de la despenalización". No alcanza, pues si no hay pena y no hay castigo, ¿qué hace la mujer que decide interrumpir su embarazo? ¿Quién la escucha? ¿Quién la informa? ¿Quién le brinda herramientas? ¿Quién la acompaña? Y, claramente, las que no pueden pagar un aborto clandestino en un lugar seguro son las más pobres, las más humildes, las que no tienen recursos. Por consiguiente, las que mueren son las mujeres más humildes y las de menos recursos. Esto es una realidad.
El debate no es "aborto sí" o "aborto no"; acá el debate es "aborto legal" o "aborto inseguro", pues los abortos se van a seguir practicando. Si nosotros no regulamos, habrá un mercado ilegal, un mercado negro, y los médicos que realizan los abortos en las clínicas privadas lo seguirán haciendo. Nuestra responsabilidad es legislar. Si nosotros no legalizamos el aborto, todos seremos responsables de las muertes que se produzcan por abortos clandestinos; seremos responsables por omisión. Por eso, hay que legislar.
Miren, el mundo ha legalizado y no por eso ha habido más abortos; en cambio, han disminuido las muertes por abortos clandestinos y las sociedades se tornaron más democráticas y más justas. Las prohibiciones nunca son buenas. Ustedes saben el compromiso que tengo con otro tema en el que también hay mucha prohibición y mucho conservadurismo: el cannabis medicinal.
El Estado presente siempre hace bien. Necesitamos ese Estado que abrace y que regule, puesto que aquello que se dice "prohibido" o "penalizado" no sirve para nada y no conduce a nada bueno. Necesitamos un sistema fuerte, un sistema presente y un sistema articulado. Y como dijeron todos los expositores, necesitamos abordajes integrales.
Como dijo la diputada Austin, también necesitamos adaptar nuestra legislación a lo que es la legislación internacional. Hoy nuestro Estado está incurriendo en una irresponsabilidad por no legislar y no haber legalizado el aborto, ya que el ordenamiento internacional establece claramente que el derecho a la salud es un derecho humano fundamental; y acá estamos hablando del derecho a la salud de miles de mujeres a las que el Estado argentino les está dando la espalda.
Este Congreso tiene una oportunidad histórica, que es la de abrazar a esas miles de mujeres y resarcir el daño que ocasionó a las más de 3.000 mujeres que han muerto por abortos clandestinos desde la vuelta a la democracia hasta el día de hoy.
Quiero que sea ley. Y quiero que sea ley por Mariela, por Ana María Acevedo y por tantas que murieron en este camino. Pero también por las compañeras de la Campaña por la legalización que han estado peregrinando por este Congreso desde hace más de veinte años; aquellas que vienen, presentan y hacen el cabildeo para ver cuántos votamos y cuántos no.
Hoy esto es posible ya que, además de una movilización y organización del feminismo a nivel nacional, un gobierno tomó una decisión política para resolver este tema: un tema de salud pública que se nos ha llevado la vida de miles de mujeres. Muchas gracias.
SRA. PRESIDENTA MACHA Muchas gracias.
Continúa en el uso de la palabra la diputada Karina Banfi.
Continúa en el uso de la palabra la diputada Karina Banfi.
SRA. BANFI Señora presidenta: no quería dejar de hacer uso de la palabra en el día de hoy, principalmente, a modo de conclusión. Otra vez tenemos la posibilidad de debatir en esta Casa la ampliación de derechos. Es una posibilidad que nos toca generacionalmente a todas nosotras: la posibilidad de ampliar derechos.
Hace instantes la diputada Gaillard mencionaba a las mujeres de la Campaña y decía que ellas han forjado esa capacidad de cabildeo durante más de veinte años en este Congreso, donde nosotras hemos asumido el compromiso de acelerar esos tiempos. En 2018, más allá del resultado que se obtuvo, tuvimos la posibilidad de poner este tema en la agenda del sistema parlamentario para que sea un tema de agenda pública y lo podamos conversar, como pasó en esta oportunidad. Esta vez llevamos a cabo tres jornadas de audiencias, con 70 expositores, en las que hubo una representación equilibrada de cada una de las posiciones y claramente hemos llegado a una instancia donde están bien marcadas.
A mí me gustaría rescatar tres o cuatro cosas que me parecen fundamentales, principalmente para abrir una conversación con aquellos diputados que todavía no están seguros de su voto y que, habiendo votado hace dos años de una manera, quizás en esta oportunidad podrían votar a favor de la interrupción voluntaria del embarazo.
Quiero destacar algunas conclusiones a las cuales hemos arribado. Una de ellas -que nos parece clave- es tener la certeza de la obligatoriedad que tienen los tratados de derechos humanos y sus interpretaciones para el orden jurídico argentino -esto lo dejó muy claro en su presentación Aída Kemelmajer de Carlucci, a quien quiero destacar-, principalmente entendiendo cuál es el rol de esos comités que generan estos órganos, estos tratados que son parte de nuestra Constitución, que tienen jerarquía constitucional por medio del artículo 75, inciso 22.
Quiero solamente remitirme a un punto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es justamente el órgano, el comité o la comisión interpretativa del tratado más importante que ha tenido América -diría que el mundo, por lo progresista que ha sido-, que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos. ¿Quién puede poner en tela de juicio el carácter vinculante que tiene para nuestro país las decisiones que se toman en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Quién lo puede poner en tela de juicio?
Por lo tanto, allí hay un claro ejemplo de lo que explicaba Aída. Creo que eso nos trae certeza en relación a cuál es el rol que tienen los tratados internacionales, que en varios de sus articulados se refieren al aborto: en el artículo 5°, sobre la integridad personal; en el artículo 7°, sobre la libertad personal; en el artículo 11, sobre la honra y la dignidad, y así podríamos seguir.
Y quiero referirme a otro punto: la calidad de los derechos. No hay derechos absolutos. Esto también quedó claro en estas audiencias. Por eso, es necesario interpretarse, y creo que un punto clave está en la diferencia que se trazó entre la vida y la persona.
¿Por qué decimos que no hay ningún derecho absoluto? Porque lo dice el propio Código Penal en el artículo 86, segundo párrafo, donde las causales de excepción directamente afectan al derecho a la vida. Puede haber gran cantidad de personas que estén en desacuerdo con esto, pero el derecho positivo argentino lo mantiene hace cien años, y esta es la realidad. También eso determina cierta coherencia con el artículo 21 del Código Civil, en el que se establece que si el concebido no nace, no se lo considerará persona. Es decir que hace una diferencia entre el concepto de vida que puede efectivamente existir a partir de la concepción, y que es netamente una definición científica, y el concepto jurídico que le da la vida cuando nace y lo convierte en persona, adquiriendo derechos y contrayendo obligaciones.
Otro punto que me parece muy importante destacar es el concepto de violencia institucional, que aparece cuando un Estado hace la vista gorda frente a los abortos clandestinos que se producen en nuestro país, es decir, permite que la práctica del aborto sea realizada de manera clandestina poniendo en riesgo la vida de muchas niñas, adolescentes y mujeres. Cuando el Estado no se hace responsable de esto o hace la vista gorda, cuando nosotros que somos el Estado no lo resolvemos, estamos provocando violencia institucional.
Por último, me quiero referir al carácter de penalización que se mantiene y que tiene hoy el aborto. En 2018, cuando se abrió el debate, se dijo -y se volvió a repetir en estas audiencias- que efectivamente la práctica del aborto está prevista en el Código Penal pero que, según la legislación vigente, las mujeres no van presas. Escuché que muchos expositores repetían esto casi como un mantra.
Por suerte, llegó a mis manos el libro "Dicen que tuve un bebé. Siete historias en las que el sistema judicial encarcela mujeres y a casi nadie le importa". Este libro habla de siete casos de mujeres que han sido encarceladas por haberse practicado un aborto.
Este libro destaca que, según cifras oficiales, entre 1990 y 2009 en la Argentina hubo 447 condenas por practicarse abortos; entre 2006 y 2012 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hubo 445 denuncias por abortos, de las cuales catorce llegaron a la etapa de juicio y dos recibieron condenas; y entre 2011 y 2017 hubo no menos de 167 causas en contra de mujeres, que hoy tienen su libertad condicionada porque están procesadas penalmente por haberse realizado un aborto.
Entre 1992 y 2012 en Tucumán -solo para nombrar una provincia- fueron criminalizadas 534 mujeres que se practicaron un aborto. Pero lo más interesante es lo siguiente. El artículo 86 del Código Penal prevé una pena bastante baja en lo que se refiere al aborto. Sin embargo, por la creatividad de nuestros jueces argentinos, la mayoría de los casos que avanzan en su proceso penal y llegan a una condena no van por el artículo de la práctica del aborto, sino que en las carátulas se consigna "aborto seguido de homicidio, agravado por el vínculo", o directamente "homicidio agravado por el vínculo"; incluso en algunos casos se agrega "cometido a un bebé". Y esto tiene una pena de prisión perpetua. Precisamente, dos de los siete casos que cuenta este libro tienen una condena de prisión perpetua.
De manera que en la Argentina las mujeres sí van presas por abortar.
Por último, quiero pedir a mis colegas que aprovechemos estos días que quedan hasta el momento de emitir dictamen. A aquellos que dudan, que no creen o que no quieren les pregunto: ¿una vez más van a dejar las cosas tal como están? ¿No van a producir, apoyar o utilizar justamente la extraordinaria oportunidad de ser diputados para cambiar las cosas? ¿Van a seguir permitiendo que las mujeres seamos castigadas penalmente?
A las diputadas con las cuales trabajamos codo a codo en aquella agenda de empoderamiento de la mujer les pido que piensen que al rechazar este proyecto, es decir, al rechazar la posibilidad de legalizar o regular la práctica del aborto -y, como decía la doctora Ousset, decir a los médicos cómo deben proceder-, estamos dejando que los jueces decidan sobre algo sobre lo que debemos decidir nosotros en este momento.
A todas esas mujeres que creen en el empoderamiento de las mujeres les pregunto: ¿van a seguir votando en contra de su libertad?
Esto es lo único que quería decir. Gracias.
Hace instantes la diputada Gaillard mencionaba a las mujeres de la Campaña y decía que ellas han forjado esa capacidad de cabildeo durante más de veinte años en este Congreso, donde nosotras hemos asumido el compromiso de acelerar esos tiempos. En 2018, más allá del resultado que se obtuvo, tuvimos la posibilidad de poner este tema en la agenda del sistema parlamentario para que sea un tema de agenda pública y lo podamos conversar, como pasó en esta oportunidad. Esta vez llevamos a cabo tres jornadas de audiencias, con 70 expositores, en las que hubo una representación equilibrada de cada una de las posiciones y claramente hemos llegado a una instancia donde están bien marcadas.
A mí me gustaría rescatar tres o cuatro cosas que me parecen fundamentales, principalmente para abrir una conversación con aquellos diputados que todavía no están seguros de su voto y que, habiendo votado hace dos años de una manera, quizás en esta oportunidad podrían votar a favor de la interrupción voluntaria del embarazo.
Quiero destacar algunas conclusiones a las cuales hemos arribado. Una de ellas -que nos parece clave- es tener la certeza de la obligatoriedad que tienen los tratados de derechos humanos y sus interpretaciones para el orden jurídico argentino -esto lo dejó muy claro en su presentación Aída Kemelmajer de Carlucci, a quien quiero destacar-, principalmente entendiendo cuál es el rol de esos comités que generan estos órganos, estos tratados que son parte de nuestra Constitución, que tienen jerarquía constitucional por medio del artículo 75, inciso 22.
Quiero solamente remitirme a un punto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es justamente el órgano, el comité o la comisión interpretativa del tratado más importante que ha tenido América -diría que el mundo, por lo progresista que ha sido-, que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos. ¿Quién puede poner en tela de juicio el carácter vinculante que tiene para nuestro país las decisiones que se toman en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Quién lo puede poner en tela de juicio?
Por lo tanto, allí hay un claro ejemplo de lo que explicaba Aída. Creo que eso nos trae certeza en relación a cuál es el rol que tienen los tratados internacionales, que en varios de sus articulados se refieren al aborto: en el artículo 5°, sobre la integridad personal; en el artículo 7°, sobre la libertad personal; en el artículo 11, sobre la honra y la dignidad, y así podríamos seguir.
Y quiero referirme a otro punto: la calidad de los derechos. No hay derechos absolutos. Esto también quedó claro en estas audiencias. Por eso, es necesario interpretarse, y creo que un punto clave está en la diferencia que se trazó entre la vida y la persona.
¿Por qué decimos que no hay ningún derecho absoluto? Porque lo dice el propio Código Penal en el artículo 86, segundo párrafo, donde las causales de excepción directamente afectan al derecho a la vida. Puede haber gran cantidad de personas que estén en desacuerdo con esto, pero el derecho positivo argentino lo mantiene hace cien años, y esta es la realidad. También eso determina cierta coherencia con el artículo 21 del Código Civil, en el que se establece que si el concebido no nace, no se lo considerará persona. Es decir que hace una diferencia entre el concepto de vida que puede efectivamente existir a partir de la concepción, y que es netamente una definición científica, y el concepto jurídico que le da la vida cuando nace y lo convierte en persona, adquiriendo derechos y contrayendo obligaciones.
Otro punto que me parece muy importante destacar es el concepto de violencia institucional, que aparece cuando un Estado hace la vista gorda frente a los abortos clandestinos que se producen en nuestro país, es decir, permite que la práctica del aborto sea realizada de manera clandestina poniendo en riesgo la vida de muchas niñas, adolescentes y mujeres. Cuando el Estado no se hace responsable de esto o hace la vista gorda, cuando nosotros que somos el Estado no lo resolvemos, estamos provocando violencia institucional.
Por último, me quiero referir al carácter de penalización que se mantiene y que tiene hoy el aborto. En 2018, cuando se abrió el debate, se dijo -y se volvió a repetir en estas audiencias- que efectivamente la práctica del aborto está prevista en el Código Penal pero que, según la legislación vigente, las mujeres no van presas. Escuché que muchos expositores repetían esto casi como un mantra.
Por suerte, llegó a mis manos el libro "Dicen que tuve un bebé. Siete historias en las que el sistema judicial encarcela mujeres y a casi nadie le importa". Este libro habla de siete casos de mujeres que han sido encarceladas por haberse practicado un aborto.
Este libro destaca que, según cifras oficiales, entre 1990 y 2009 en la Argentina hubo 447 condenas por practicarse abortos; entre 2006 y 2012 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hubo 445 denuncias por abortos, de las cuales catorce llegaron a la etapa de juicio y dos recibieron condenas; y entre 2011 y 2017 hubo no menos de 167 causas en contra de mujeres, que hoy tienen su libertad condicionada porque están procesadas penalmente por haberse realizado un aborto.
Entre 1992 y 2012 en Tucumán -solo para nombrar una provincia- fueron criminalizadas 534 mujeres que se practicaron un aborto. Pero lo más interesante es lo siguiente. El artículo 86 del Código Penal prevé una pena bastante baja en lo que se refiere al aborto. Sin embargo, por la creatividad de nuestros jueces argentinos, la mayoría de los casos que avanzan en su proceso penal y llegan a una condena no van por el artículo de la práctica del aborto, sino que en las carátulas se consigna "aborto seguido de homicidio, agravado por el vínculo", o directamente "homicidio agravado por el vínculo"; incluso en algunos casos se agrega "cometido a un bebé". Y esto tiene una pena de prisión perpetua. Precisamente, dos de los siete casos que cuenta este libro tienen una condena de prisión perpetua.
De manera que en la Argentina las mujeres sí van presas por abortar.
Por último, quiero pedir a mis colegas que aprovechemos estos días que quedan hasta el momento de emitir dictamen. A aquellos que dudan, que no creen o que no quieren les pregunto: ¿una vez más van a dejar las cosas tal como están? ¿No van a producir, apoyar o utilizar justamente la extraordinaria oportunidad de ser diputados para cambiar las cosas? ¿Van a seguir permitiendo que las mujeres seamos castigadas penalmente?
A las diputadas con las cuales trabajamos codo a codo en aquella agenda de empoderamiento de la mujer les pido que piensen que al rechazar este proyecto, es decir, al rechazar la posibilidad de legalizar o regular la práctica del aborto -y, como decía la doctora Ousset, decir a los médicos cómo deben proceder-, estamos dejando que los jueces decidan sobre algo sobre lo que debemos decidir nosotros en este momento.
A todas esas mujeres que creen en el empoderamiento de las mujeres les pregunto: ¿van a seguir votando en contra de su libertad?
Esto es lo único que quería decir. Gracias.
SRA. PRESIDENTA CARRIZO, A.C. Gracias, diputada Banfi.
Tiene la palabra la diputada María Cristina Álvarez Rodríguez.
Tiene la palabra la diputada María Cristina Álvarez Rodríguez.
SRA. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ Buenas tardes a todas. Gracias, señora presidenta. Nuevamente en esta Cámara de Diputados de la Nación estamos dando un debate que dimos hace dos años con más de 700 expositores, que dimos en las calles a lo largo y a lo ancho de la Argentina, que dimos a través de cada uno de los encuentros nacionales de mujeres que en cada provincia nos encontraron en las calles diciendo nuestras verdades, expresando nuestros desafíos, nuestros pendientes.
También pienso en todo el trabajo...
También pienso en todo el trabajo...
Se interrumpe el audio.
SRA. PRESIDENTA CARRIZO, A.C. Retomamos la conexión.
SRA. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ Estaba diciendo que hace dos años más de 700 expositores en esta misma Cámara permitieron que escuchemos todas las voces y que comencemos a trabajar en un proyecto que es central para la Argentina. Ese proyecto desató una marea verde en las calles, a lo largo y a lo ancho del país, y permitió que en cada encuentro nacional de mujeres tanto las mujeres como las diversidades argentinas podamos expresar nuestros pendientes, nuestras necesidades.
También pienso en las Católicas por el Derecho a Decidir; en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito; en todas las organizaciones sociales no gubernamentales y en los partidos políticos, donde nos empezamos a animar a discutir estas cuestiones. Por eso, celebramos que el presidente Alberto Fernández envíe este proyecto al Congreso, porque era parte de su compromiso de campaña.
También pienso en todas aquellas diputadas que hoy no están aquí con nosotras en la Cámara pero que eran luchadoras de esta causa: Juliana, Diana, Mayra, Teresa y la querida Araceli Ferreyra. Esas luchadoras que estuvieron antes que nosotras, pero también las más jóvenes, son las que nos dan la fuerza para estar hoy acá.
Si el presidente Alberto Fernández envía este proyecto hoy aquí, y lo hace de la mano del proyecto de los mil días, es porque en la Argentina hay un Estado presente que se quiere hacer responsable de promover los derechos que nos faltan. Y uno de esos derechos es poder elegir entre continuar con un embarazo o interrumpirlo, y hacerlo con la seguridad y en las condiciones que todas merecemos.
Quiero decirles que un aborto no es otra cosa que un tiempo de humillación, de sometimiento, de terror, de silencio, de sumisión, de clandestinidad, y que en muchos casos lleva a la muerte.
Quizás este clima que intento transmitirles no es algo ajeno a lo que podríamos leer en el libro Catedrales, de Claudia Piñeiro, otra gran luchadora como tantas actrices y periodistas argentinas que hoy ya no están en esta pantalla manifestándose pero sí están en la calle y están dando el debate junto a nosotros todos los días.
Me gustaría situar este debate democrático en que esta no es una discusión entre aborto sí o aborto no, como lo dijeron mis compañeras. No tenemos el poder de debatir qué existe y qué no existe. El aborto existe, en la Argentina y en el mundo; hay 22 millones de abortos inseguros.
El aborto existe. Este no es un debate de subjetividades acerca de si yo me haría un aborto o no, o si querría continuar con un embarazo o no. Ni siquiera es un debate sobre si queremos que siga o no un embarazo ajeno. No es una atribución nuestra elegir el proyecto de vida de otras personas; al menos, no debería serlo. No es esta dicotomía de la que hablamos; no es una cosa u otra.
Lo que estamos discutiendo acá es un tema de salud pública: si queremos que haya abortos clandestinos -que son inseguros, riesgosos y promueven negocios privados- o si queremos abortos legales, seguros, gratuitos y químicos. También me gusta decir esto porque a diario vemos imágenes terroríficas de cosas que no son las que se están discutiendo acá pero que se utilizan para generar malos entendidos.
La verdad es que yo quiero construir y vivir en una sociedad con menos hipocresía, o en una sociedad sin hipocresía, que no legisle por su credo sino cuidando el bien común, esgrimiendo razones públicas más que razones morales. Y para eso estamos hoy acá.
Teniendo en cuenta que el aborto existe, lo podemos evitar. Y lo podremos evitar no solo logrando que no esté penalizado -esto es una barbaridad y habla de otro tiempo, donde las mujeres ni siquiera teníamos derecho a la identidad o a ser ciudadanas- sino situándolo en el debate correcto, que es el de la salud que merecemos. También para que la condición económica -y por eso hablaba de la hipocresía- no garantice a unas la seguridad a las que otras no acceden, porque en la Argentina hay abortos seguros para aquellas que pueden pagarlos.
Este es un debate para que el Estado nos acompañe siempre y nos dé herramientas para que cada una pueda decidir sobre su propio cuerpo cuál es la maternidad o la interrupción que quiere desarrollar.
Yo sé que a las mujeres argentinas -y a las del mundo- todo nos cuesta el doble o el triple. Nos costó mucho votar, nos costó mucho acceder a la ley de paridad y nos cuesta mucho todo. Esto también nos cuesta. Es indudable que tener un hijo es un proyecto que excede a una misma, pero también es cierto que somos nosotras con nuestros cuerpos, como mujeres y personas gestantes, las que llevamos adelante nuestras propias historias, las que cargamos con nuestra historia, las que cargamos con nuestras elecciones, las que queremos ser libres, respetadas, ciudadanas, las que no queremos que nadie decida por nosotras.
Finalmente, tenemos una gran oportunidad, que es la de ampliar derechos. Y siempre que ampliamos derechos, aunque a veces cueste y sea difícil, construimos todes juntes una mejor democracia. ¡Que sea ley!
También pienso en las Católicas por el Derecho a Decidir; en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito; en todas las organizaciones sociales no gubernamentales y en los partidos políticos, donde nos empezamos a animar a discutir estas cuestiones. Por eso, celebramos que el presidente Alberto Fernández envíe este proyecto al Congreso, porque era parte de su compromiso de campaña.
También pienso en todas aquellas diputadas que hoy no están aquí con nosotras en la Cámara pero que eran luchadoras de esta causa: Juliana, Diana, Mayra, Teresa y la querida Araceli Ferreyra. Esas luchadoras que estuvieron antes que nosotras, pero también las más jóvenes, son las que nos dan la fuerza para estar hoy acá.
Si el presidente Alberto Fernández envía este proyecto hoy aquí, y lo hace de la mano del proyecto de los mil días, es porque en la Argentina hay un Estado presente que se quiere hacer responsable de promover los derechos que nos faltan. Y uno de esos derechos es poder elegir entre continuar con un embarazo o interrumpirlo, y hacerlo con la seguridad y en las condiciones que todas merecemos.
Quiero decirles que un aborto no es otra cosa que un tiempo de humillación, de sometimiento, de terror, de silencio, de sumisión, de clandestinidad, y que en muchos casos lleva a la muerte.
Quizás este clima que intento transmitirles no es algo ajeno a lo que podríamos leer en el libro Catedrales, de Claudia Piñeiro, otra gran luchadora como tantas actrices y periodistas argentinas que hoy ya no están en esta pantalla manifestándose pero sí están en la calle y están dando el debate junto a nosotros todos los días.
Me gustaría situar este debate democrático en que esta no es una discusión entre aborto sí o aborto no, como lo dijeron mis compañeras. No tenemos el poder de debatir qué existe y qué no existe. El aborto existe, en la Argentina y en el mundo; hay 22 millones de abortos inseguros.
El aborto existe. Este no es un debate de subjetividades acerca de si yo me haría un aborto o no, o si querría continuar con un embarazo o no. Ni siquiera es un debate sobre si queremos que siga o no un embarazo ajeno. No es una atribución nuestra elegir el proyecto de vida de otras personas; al menos, no debería serlo. No es esta dicotomía de la que hablamos; no es una cosa u otra.
Lo que estamos discutiendo acá es un tema de salud pública: si queremos que haya abortos clandestinos -que son inseguros, riesgosos y promueven negocios privados- o si queremos abortos legales, seguros, gratuitos y químicos. También me gusta decir esto porque a diario vemos imágenes terroríficas de cosas que no son las que se están discutiendo acá pero que se utilizan para generar malos entendidos.
La verdad es que yo quiero construir y vivir en una sociedad con menos hipocresía, o en una sociedad sin hipocresía, que no legisle por su credo sino cuidando el bien común, esgrimiendo razones públicas más que razones morales. Y para eso estamos hoy acá.
Teniendo en cuenta que el aborto existe, lo podemos evitar. Y lo podremos evitar no solo logrando que no esté penalizado -esto es una barbaridad y habla de otro tiempo, donde las mujeres ni siquiera teníamos derecho a la identidad o a ser ciudadanas- sino situándolo en el debate correcto, que es el de la salud que merecemos. También para que la condición económica -y por eso hablaba de la hipocresía- no garantice a unas la seguridad a las que otras no acceden, porque en la Argentina hay abortos seguros para aquellas que pueden pagarlos.
Este es un debate para que el Estado nos acompañe siempre y nos dé herramientas para que cada una pueda decidir sobre su propio cuerpo cuál es la maternidad o la interrupción que quiere desarrollar.
Yo sé que a las mujeres argentinas -y a las del mundo- todo nos cuesta el doble o el triple. Nos costó mucho votar, nos costó mucho acceder a la ley de paridad y nos cuesta mucho todo. Esto también nos cuesta. Es indudable que tener un hijo es un proyecto que excede a una misma, pero también es cierto que somos nosotras con nuestros cuerpos, como mujeres y personas gestantes, las que llevamos adelante nuestras propias historias, las que cargamos con nuestra historia, las que cargamos con nuestras elecciones, las que queremos ser libres, respetadas, ciudadanas, las que no queremos que nadie decida por nosotras.
Finalmente, tenemos una gran oportunidad, que es la de ampliar derechos. Y siempre que ampliamos derechos, aunque a veces cueste y sea difícil, construimos todes juntes una mejor democracia. ¡Que sea ley!
SRA. PRESIDENTA LOSPENNATO Gracias, María Cristina.
Tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño.
Tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño.
SR. DEL CAÑO Gracias, presidenta.
Celebro que una vez más se esté tratando el derecho a la IVE en este Congreso, gracias a este movimiento de mujeres de la Argentina que nunca bajó los brazos después de aquella noche en la que aparecieron los "dinosaurios" del Senado.
Esta lucha fue así siempre, desde aquellas épocas en que las pioneras formaron la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y presentaron su proyecto cada dos años durante más de una década, sin dudar jamás, proyecto que siempre hemos acompañado desde el Frente de Izquierda todas las diputadas y diputados desde que llegamos a esta Cámara.
Tendrán en esta banca una trinchera para luchar para que esta vez sea ley. Ese es el compromiso que siempre hemos asumido.
A lo largo del debate hemos escuchado a quienes se oponen al derecho al aborto legal invocar como fundamento de esta postura sus creencias religiosas o morales, que pertenecen al ámbito privado de cada persona pero ellos pretenden imponerlas a toda la población. Con una visión totalitaria y profundamente oscurantista quieren condenar a miles de mujeres al aborto clandestino o, en muchos casos -los más terribles-, a morir como consecuencia de esta práctica.
Como sostuvo mi compañera Myriam Bregman cuando expuso hace pocos días aquí mismo, no queremos más oscurantismo. Diferentes representantes del fundamentalismo religioso llegaron incluso a colocar a la interrupción del embarazo en la categoría de crimen de lesa humanidad, con todo lo que eso significa en un país con 30.000 desaparecidos y 500 niñas y niños apropiados, genocidio que fue bendecido por la cúpula eclesiástica.
Incluso, en las movilizaciones contrarias a esta ley hemos visto a esos sectores exhibiendo el símbolo nazi, con Falcon verdes o haciendo alusiones a la última dictadura, además -como ya se dijo- de las amenazas a activistas y a legisladoras y legisladores que votarían a favor.
Pero más allá de las ofensas y agresiones a todas aquellas mujeres que pelean por su derecho a decidir, nos encontramos ante la aberración de los que quieren obligar a niñas abusadas a la maternidad forzada, aun cuando el aborto es legal en estos casos desde hace un siglo.
Realmente acá se ve cuánto desprecio por la vida y la dignidad de las mujeres y las niñas tienen estos sectores. Son los que se oponen a que las mujeres en las calles conquisten sus derechos. Son los mismos que se oponían al matrimonio igualitario, a la ley de identidad de género, a la aplicación del protocolo de aborto no punible en las provincias y a la implementación de la Educación Sexual Integral en todas las escuelas. Esos sectores también son los que han dado protección institucional a los curas abusadores. Todo esto financiado por el propio Estado nacional. Por eso seguimos exigiendo la completa separación de las iglesias y el Estado.
Esperamos que el debate conduzca a una legislación que contemple la mayor ampliación de derechos y no sea limitada por las presiones de estos sectores que están fuera y dentro del Congreso.
En ese sentido quiero decir que, si bien muchos artículos del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo coinciden con el proyecto de la Campaña sancionado en 2018, hay cosas -como señalaron varias expositoras y expositores- que abren la puerta a limitaciones en el ejercicio del derecho de las mujeres y personas gestantes. Bajo la forma de objeción de conciencia no se puede dejar abierta la puerta a que poblaciones enteras queden sin acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, como sucede en Uruguay.
Otro tema que también compartimos y han señalado muchas compañeras luchadoras, es la preocupación de que se continúe con la penalización de las mujeres que abortaran después de la semana 14.
Señora presidenta: la lucha por el aborto es parte de una pelea por la igualdad real en todos los terrenos. El capitalismo se vale del patriarcado para someter a las mujeres a una mayor explotación, a los empleos más precarios, a los salarios más bajos y a cargar con las tareas domésticas y de cuidado, que no son remuneradas.
Es indiscutible el protagonismo de las mujeres en nuestro país. Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que enfrentaron la dictadura, son un ejemplo que no solo trasciende fronteras, sino que también se transmite a las nuevas generaciones. Esto lo vemos en las pibas del pañuelo verde, en las trabajadoras de la salud que están en la primera línea enfrentando a la pandemia, en las docentes que defienden el derecho a la educación pública, en las jóvenes que enfrentan la precarización laboral, en las tomas, como la de Guernica, donde luchan por un pedazo de tierra y un techo para sus hijas e hijos, en cada pelea contra las patronales y los gobiernos que ajustan al pueblo, en el cambio de la movilidad, atacando otra vez a las jubiladas que trabajaron toda la vida, y en las madres que reciben la asignación universal por hijo. Todo esto lo hacen para cumplir con el Fondo Monetario Internacional.
Esta enorme fuerza que salió a las calles en 2018 no puede tener obstáculos para manifestarse masivamente. Por eso, hemos planteado a todos los bloques que la sesión se realice el día 10 en el recinto o en un lugar céntrico accesible para que la marea verde cope las calles.
Por último, sabemos que las diputadas y los diputados somos los que nuevamente legislaremos, pero este derecho se va a conquistar en las calles gracias a la lucha del movimiento de mujeres que lleva décadas. Además, contará con la fuerza y el aliento de esta bancada para que finalmente esta iniciativa sea convertida en ley.
Muchas gracias, señora presidenta.
Celebro que una vez más se esté tratando el derecho a la IVE en este Congreso, gracias a este movimiento de mujeres de la Argentina que nunca bajó los brazos después de aquella noche en la que aparecieron los "dinosaurios" del Senado.
Esta lucha fue así siempre, desde aquellas épocas en que las pioneras formaron la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y presentaron su proyecto cada dos años durante más de una década, sin dudar jamás, proyecto que siempre hemos acompañado desde el Frente de Izquierda todas las diputadas y diputados desde que llegamos a esta Cámara.
Tendrán en esta banca una trinchera para luchar para que esta vez sea ley. Ese es el compromiso que siempre hemos asumido.
A lo largo del debate hemos escuchado a quienes se oponen al derecho al aborto legal invocar como fundamento de esta postura sus creencias religiosas o morales, que pertenecen al ámbito privado de cada persona pero ellos pretenden imponerlas a toda la población. Con una visión totalitaria y profundamente oscurantista quieren condenar a miles de mujeres al aborto clandestino o, en muchos casos -los más terribles-, a morir como consecuencia de esta práctica.
Como sostuvo mi compañera Myriam Bregman cuando expuso hace pocos días aquí mismo, no queremos más oscurantismo. Diferentes representantes del fundamentalismo religioso llegaron incluso a colocar a la interrupción del embarazo en la categoría de crimen de lesa humanidad, con todo lo que eso significa en un país con 30.000 desaparecidos y 500 niñas y niños apropiados, genocidio que fue bendecido por la cúpula eclesiástica.
Incluso, en las movilizaciones contrarias a esta ley hemos visto a esos sectores exhibiendo el símbolo nazi, con Falcon verdes o haciendo alusiones a la última dictadura, además -como ya se dijo- de las amenazas a activistas y a legisladoras y legisladores que votarían a favor.
Pero más allá de las ofensas y agresiones a todas aquellas mujeres que pelean por su derecho a decidir, nos encontramos ante la aberración de los que quieren obligar a niñas abusadas a la maternidad forzada, aun cuando el aborto es legal en estos casos desde hace un siglo.
Realmente acá se ve cuánto desprecio por la vida y la dignidad de las mujeres y las niñas tienen estos sectores. Son los que se oponen a que las mujeres en las calles conquisten sus derechos. Son los mismos que se oponían al matrimonio igualitario, a la ley de identidad de género, a la aplicación del protocolo de aborto no punible en las provincias y a la implementación de la Educación Sexual Integral en todas las escuelas. Esos sectores también son los que han dado protección institucional a los curas abusadores. Todo esto financiado por el propio Estado nacional. Por eso seguimos exigiendo la completa separación de las iglesias y el Estado.
Esperamos que el debate conduzca a una legislación que contemple la mayor ampliación de derechos y no sea limitada por las presiones de estos sectores que están fuera y dentro del Congreso.
En ese sentido quiero decir que, si bien muchos artículos del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo coinciden con el proyecto de la Campaña sancionado en 2018, hay cosas -como señalaron varias expositoras y expositores- que abren la puerta a limitaciones en el ejercicio del derecho de las mujeres y personas gestantes. Bajo la forma de objeción de conciencia no se puede dejar abierta la puerta a que poblaciones enteras queden sin acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, como sucede en Uruguay.
Otro tema que también compartimos y han señalado muchas compañeras luchadoras, es la preocupación de que se continúe con la penalización de las mujeres que abortaran después de la semana 14.
Señora presidenta: la lucha por el aborto es parte de una pelea por la igualdad real en todos los terrenos. El capitalismo se vale del patriarcado para someter a las mujeres a una mayor explotación, a los empleos más precarios, a los salarios más bajos y a cargar con las tareas domésticas y de cuidado, que no son remuneradas.
Es indiscutible el protagonismo de las mujeres en nuestro país. Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que enfrentaron la dictadura, son un ejemplo que no solo trasciende fronteras, sino que también se transmite a las nuevas generaciones. Esto lo vemos en las pibas del pañuelo verde, en las trabajadoras de la salud que están en la primera línea enfrentando a la pandemia, en las docentes que defienden el derecho a la educación pública, en las jóvenes que enfrentan la precarización laboral, en las tomas, como la de Guernica, donde luchan por un pedazo de tierra y un techo para sus hijas e hijos, en cada pelea contra las patronales y los gobiernos que ajustan al pueblo, en el cambio de la movilidad, atacando otra vez a las jubiladas que trabajaron toda la vida, y en las madres que reciben la asignación universal por hijo. Todo esto lo hacen para cumplir con el Fondo Monetario Internacional.
Esta enorme fuerza que salió a las calles en 2018 no puede tener obstáculos para manifestarse masivamente. Por eso, hemos planteado a todos los bloques que la sesión se realice el día 10 en el recinto o en un lugar céntrico accesible para que la marea verde cope las calles.
Por último, sabemos que las diputadas y los diputados somos los que nuevamente legislaremos, pero este derecho se va a conquistar en las calles gracias a la lucha del movimiento de mujeres que lleva décadas. Además, contará con la fuerza y el aliento de esta bancada para que finalmente esta iniciativa sea convertida en ley.
Muchas gracias, señora presidenta.
SRA. PRESIDENTA LOSPENNATO Tiene la palabra la señora diputada Rezinovsky.
SRA. REZINOVSKY Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero sumarme al pedido de repudio a los sectores que están escrachando a nuestros colegas por su postura sobre el tema, tanto de un lado como del otro. Todos recibimos algún tipo de mensaje y algunos hasta sufrieron actos de violencia en sus hogares y, como sabemos, la violencia nunca logró resultados positivos.
En segundo lugar, repudio a quienes usan el término "antiderechos" para referirse a los que estamos a favor de defender el primer derecho que tenemos como humanos, que es el derecho a la vida.
En tercer lugar, sin ánimo de generar un debate, una diputada preopinante habló de todas las leyes a las que la iglesia católica y las evangélicas se opusieron. Le faltó decir que este es el primer proyecto en el que se debate la muerte de un ser humano, que es un derecho sobre otro, totalmente distinto a los anteriores, por lo menos los primeros, donde la iglesia protestante y la evangélica fueron militantes para alcanzar el derecho al matrimonio en el Registro Civil, y el entierro en cementerios públicos. Esto se logró gracias al trabajo realizado por el pastor protestante Pablo Besson.
En cuarto lugar, antes de entrar en el tema que nos convoca, manifiesto mi profundo descontento por el momento inoportuno de plantear este debate exprés ya que estamos en un año de cuarentena y la pandemia se llevó a casi 40.000 personas, entre las que desgraciadamente hay seres queridos.
Ahora bien, vengo de una familia a la que le dijeron que el bebé que venía en camino iba a ser inviable producto de la toxoplasmosis de mi mamá. La atendió un médico totalmente desubicado y le sugirió que abortara porque su hijo podría ser un monstruo. Pero, a pesar de atravesar el peor de los disgustos, mis papás, decidieron apostar a la vida, aunque el bebé solo viviera pocos días o algunas horas. Hoy, 32 años después, vivo la dicha de tener dos hermosas sobrinas hijas de un hermano totalmente sano.
También quiero comentar mi trayectoria social. Toda la vida trabajé cerca de las personas más pobres, más vulneradas, de las familias de los presos y de los sectores más postergados para darles un poco más de dignidad. Aunque a muchos les incomode lo que hacemos desde las iglesias evangélicas, nunca vi una familia que haya salido adelante con la ayuda de la política, pero sí con la ayuda de Dios. Transitando ese camino he conocido a mujeres que abortaron, cuyas vidas quedaron marcadas para siempre. Una de ellas, que en su juventud se practicó varios abortos, nos contaba que soñaba con bebés colgados en sogas o que subían a su cama hasta llegar a su cuerpo. Ella estuvo 28 años con una depresión fulminante y un año entero postrada en una cama por no perdonarse lo que había hecho. Sin embargo, no mencionan esas cosas cuando hablan del derecho al aborto.
También conocí la historia de Liliana, que justamente fue ayudada por mi familia. Ella había sido abandonada por su pareja, tenía dos hijos y estaba embarazada del tercero, Juan. Ella estaba muy desesperada y nosotros la ayudamos a conseguir trabajo y un techo, le dimos alimentos y la contuvimos. ¿Saben qué? Hoy Juan tiene casi 30 años y está a punto de recibirse de médico y Liliana es directora de un centro de diagnóstico. Ella estudió, se capacitó y pudo salir adelante.
Entiendo que el aborto existe porque hay sectores que lo promueven; no seamos ingenuos. Si el aborto es clandestino es porque hay sectores que reparten pastillas e instructivos para que las mujeres aborten. Existe el aborto porque hay sectores que le dicen a la mujer que la única salida que tiene es abortar, pero no es así. El aborto es fracaso y legalizarlo es el resultado de un Estado que no llega, no acompaña y, lejos de querer erradicarlo, lo institucionaliza como una política de descarte.
Dicen que la mujer puede decidir. Pero, ¿qué derecho a decidir tiene la mujer si cuando va a una salita o una guardia de hospital lo primero que le preguntan es si quiere tenerlo? ¿Qué derecho a decidir tiene si las promotoras del aborto clandestinos, como las socorristas en red, persiguen a las mujeres en los barrios diciéndoles que para ser libres tienen que quitarse del vientre lo que jamás les saldrá del corazón? Porque pueden cortar lo que hay en el vientre, pero no hay aborto para lo que queda en el corazón, como es el caso que les conté de la mujer que abortó cuando era joven.
Por eso, pido a los diputados de todos los bloques que trabajen en el verdadero derecho de las mujeres, que es el de la planificación a través de métodos anticonceptivos y la educación sexual reproductiva. Sobre todo, hay que trabajar con los hombres porque son los que tienen más posibilidades de fecundar.
Por último, nos dicen que para las mujeres que desean tener a sus hijos está el "Plan de los Mil Días". Yo presenté varias modificaciones al proyecto porque considero insuficiente plantear una política subsidiaria y no de verdadero acompañamiento integral. Si verdaderamente apostaran al "Plan de los Mil Días" como una política pública, debería quedar plasmado el proyecto de ley de legalización del aborto que, en caso de que la mujer quiera tenerlo, debe informársele que el Estado la acompaña, y no prohibirse explícitamente como figura en el texto actual.
Muchas gracias.
En primer lugar, quiero sumarme al pedido de repudio a los sectores que están escrachando a nuestros colegas por su postura sobre el tema, tanto de un lado como del otro. Todos recibimos algún tipo de mensaje y algunos hasta sufrieron actos de violencia en sus hogares y, como sabemos, la violencia nunca logró resultados positivos.
En segundo lugar, repudio a quienes usan el término "antiderechos" para referirse a los que estamos a favor de defender el primer derecho que tenemos como humanos, que es el derecho a la vida.
En tercer lugar, sin ánimo de generar un debate, una diputada preopinante habló de todas las leyes a las que la iglesia católica y las evangélicas se opusieron. Le faltó decir que este es el primer proyecto en el que se debate la muerte de un ser humano, que es un derecho sobre otro, totalmente distinto a los anteriores, por lo menos los primeros, donde la iglesia protestante y la evangélica fueron militantes para alcanzar el derecho al matrimonio en el Registro Civil, y el entierro en cementerios públicos. Esto se logró gracias al trabajo realizado por el pastor protestante Pablo Besson.
En cuarto lugar, antes de entrar en el tema que nos convoca, manifiesto mi profundo descontento por el momento inoportuno de plantear este debate exprés ya que estamos en un año de cuarentena y la pandemia se llevó a casi 40.000 personas, entre las que desgraciadamente hay seres queridos.
Ahora bien, vengo de una familia a la que le dijeron que el bebé que venía en camino iba a ser inviable producto de la toxoplasmosis de mi mamá. La atendió un médico totalmente desubicado y le sugirió que abortara porque su hijo podría ser un monstruo. Pero, a pesar de atravesar el peor de los disgustos, mis papás, decidieron apostar a la vida, aunque el bebé solo viviera pocos días o algunas horas. Hoy, 32 años después, vivo la dicha de tener dos hermosas sobrinas hijas de un hermano totalmente sano.
También quiero comentar mi trayectoria social. Toda la vida trabajé cerca de las personas más pobres, más vulneradas, de las familias de los presos y de los sectores más postergados para darles un poco más de dignidad. Aunque a muchos les incomode lo que hacemos desde las iglesias evangélicas, nunca vi una familia que haya salido adelante con la ayuda de la política, pero sí con la ayuda de Dios. Transitando ese camino he conocido a mujeres que abortaron, cuyas vidas quedaron marcadas para siempre. Una de ellas, que en su juventud se practicó varios abortos, nos contaba que soñaba con bebés colgados en sogas o que subían a su cama hasta llegar a su cuerpo. Ella estuvo 28 años con una depresión fulminante y un año entero postrada en una cama por no perdonarse lo que había hecho. Sin embargo, no mencionan esas cosas cuando hablan del derecho al aborto.
También conocí la historia de Liliana, que justamente fue ayudada por mi familia. Ella había sido abandonada por su pareja, tenía dos hijos y estaba embarazada del tercero, Juan. Ella estaba muy desesperada y nosotros la ayudamos a conseguir trabajo y un techo, le dimos alimentos y la contuvimos. ¿Saben qué? Hoy Juan tiene casi 30 años y está a punto de recibirse de médico y Liliana es directora de un centro de diagnóstico. Ella estudió, se capacitó y pudo salir adelante.
Entiendo que el aborto existe porque hay sectores que lo promueven; no seamos ingenuos. Si el aborto es clandestino es porque hay sectores que reparten pastillas e instructivos para que las mujeres aborten. Existe el aborto porque hay sectores que le dicen a la mujer que la única salida que tiene es abortar, pero no es así. El aborto es fracaso y legalizarlo es el resultado de un Estado que no llega, no acompaña y, lejos de querer erradicarlo, lo institucionaliza como una política de descarte.
Dicen que la mujer puede decidir. Pero, ¿qué derecho a decidir tiene la mujer si cuando va a una salita o una guardia de hospital lo primero que le preguntan es si quiere tenerlo? ¿Qué derecho a decidir tiene si las promotoras del aborto clandestinos, como las socorristas en red, persiguen a las mujeres en los barrios diciéndoles que para ser libres tienen que quitarse del vientre lo que jamás les saldrá del corazón? Porque pueden cortar lo que hay en el vientre, pero no hay aborto para lo que queda en el corazón, como es el caso que les conté de la mujer que abortó cuando era joven.
Por eso, pido a los diputados de todos los bloques que trabajen en el verdadero derecho de las mujeres, que es el de la planificación a través de métodos anticonceptivos y la educación sexual reproductiva. Sobre todo, hay que trabajar con los hombres porque son los que tienen más posibilidades de fecundar.
Por último, nos dicen que para las mujeres que desean tener a sus hijos está el "Plan de los Mil Días". Yo presenté varias modificaciones al proyecto porque considero insuficiente plantear una política subsidiaria y no de verdadero acompañamiento integral. Si verdaderamente apostaran al "Plan de los Mil Días" como una política pública, debería quedar plasmado el proyecto de ley de legalización del aborto que, en caso de que la mujer quiera tenerlo, debe informársele que el Estado la acompaña, y no prohibirse explícitamente como figura en el texto actual.
Muchas gracias.
SRA. PRESIDENTA LOSPENNATO Tiene la palabra la señora diputada Crescimbeni.
Según lo que me dicen, la diputada Crescimbeni no está conectada. Entonces, tiene la palabra la señora diputada Massetani.
Según lo que me dicen, la diputada Crescimbeni no está conectada. Entonces, tiene la palabra la señora diputada Massetani.
SRA. MASSETANI Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, celebro el debate respetuoso que llevamos adelante todos los expositores, o la mayoría, en estos días. Hago hincapié en todos los que tenemos responsabilidades políticas y debemos dar el ejemplo. No se trata sólo de la inmunidad de opinión de la que gozamos todos los diputados y las diputadas, sino también del respeto mutuo que debemos tenernos y al que nos comprometimos al iniciar este nuevo debate.
Respecto de la interrupción legal del embarazo, mi opinión es pública desde 2018. A diferencia de aquel debate, me enorgullece decir que en estos días hemos logrado puntos de encuentro. Creo que queda claro que nadie quiere perseguir penalmente a la mujer que decide abortar. Ese pacto social y cultural que hizo penalizar a la mujer, me atrevo a decir que hoy está roto por la mayoría de los diputados que integran esta Honorable Cámara.
Creo que hoy nadie piensa que se puede reprochar penalmente la decisión de abortar. Quienes nos llamamos "los celestes", hemos logrado visualizar esta propuesta alternativa y superadora al aborto, que es el "Plan de los Mil Días". De este modo, se estaría sumando una acción positiva destinada a promover que la mujer lleve adelante su embarazo.
Respecto del proyecto en sí, quiero dejar sentado que esta nueva redacción no ha visualizado cabalmente o no ha podido encontrar una solución acorde a nuestro sistema jurídico y al texto de la Constitución Nacional en lo relativo a que la vida comienza desde la concepción. Nuestro sistema jurídico plantea claramente que, cuando hay luz, cuando existe la ley, no hay que interpretarla. Entonces, si no hay oscuridad, no entiendo por qué hay que interpretar los tratados internacionales.
Asimismo, no se ha podido demostrar que resulta una urgencia en esta pandemia donde murieron miles y miles de argentinos. Aclaro que siguen muriendo mujeres, no pudieron constatar las cifras y, más grave aún, no pudieron demostrar que resulta la principal causa de muerte materna.
También quiero mencionar que me resulta llamativo el lema de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que dice: "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir." No entiendo por qué empezamos el camino por el último ítem.
Por lo expuesto, los invito a recorrer un camino juntos en honor a los puntos de encuentro alcanzados en este debate, porque sabemos que si las mujeres fueran acompañadas por el Estado -como debería hacerlo- no tomarían el camino del aborto. Ningún embarazo deseado termina con un aborto voluntario. Por lo tanto, invito a todos a discutir por qué tenemos en la Argentina embarazos no deseados, embarazos adolescentes y abusos.
Para finalizar, refiriéndome a la reglamentación de las leyes, quiero recordar un principio del derecho que dice que al reglamentarse la ley no puede desnaturalizarse su espíritu. Entonces, dejo planteado este interrogante: ¿cómo explicamos la reglamentación del derecho al aborto sin desnaturalizar el derecho a la vida?
Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, celebro el debate respetuoso que llevamos adelante todos los expositores, o la mayoría, en estos días. Hago hincapié en todos los que tenemos responsabilidades políticas y debemos dar el ejemplo. No se trata sólo de la inmunidad de opinión de la que gozamos todos los diputados y las diputadas, sino también del respeto mutuo que debemos tenernos y al que nos comprometimos al iniciar este nuevo debate.
Respecto de la interrupción legal del embarazo, mi opinión es pública desde 2018. A diferencia de aquel debate, me enorgullece decir que en estos días hemos logrado puntos de encuentro. Creo que queda claro que nadie quiere perseguir penalmente a la mujer que decide abortar. Ese pacto social y cultural que hizo penalizar a la mujer, me atrevo a decir que hoy está roto por la mayoría de los diputados que integran esta Honorable Cámara.
Creo que hoy nadie piensa que se puede reprochar penalmente la decisión de abortar. Quienes nos llamamos "los celestes", hemos logrado visualizar esta propuesta alternativa y superadora al aborto, que es el "Plan de los Mil Días". De este modo, se estaría sumando una acción positiva destinada a promover que la mujer lleve adelante su embarazo.
Respecto del proyecto en sí, quiero dejar sentado que esta nueva redacción no ha visualizado cabalmente o no ha podido encontrar una solución acorde a nuestro sistema jurídico y al texto de la Constitución Nacional en lo relativo a que la vida comienza desde la concepción. Nuestro sistema jurídico plantea claramente que, cuando hay luz, cuando existe la ley, no hay que interpretarla. Entonces, si no hay oscuridad, no entiendo por qué hay que interpretar los tratados internacionales.
Asimismo, no se ha podido demostrar que resulta una urgencia en esta pandemia donde murieron miles y miles de argentinos. Aclaro que siguen muriendo mujeres, no pudieron constatar las cifras y, más grave aún, no pudieron demostrar que resulta la principal causa de muerte materna.
También quiero mencionar que me resulta llamativo el lema de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que dice: "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir." No entiendo por qué empezamos el camino por el último ítem.
Por lo expuesto, los invito a recorrer un camino juntos en honor a los puntos de encuentro alcanzados en este debate, porque sabemos que si las mujeres fueran acompañadas por el Estado -como debería hacerlo- no tomarían el camino del aborto. Ningún embarazo deseado termina con un aborto voluntario. Por lo tanto, invito a todos a discutir por qué tenemos en la Argentina embarazos no deseados, embarazos adolescentes y abusos.
Para finalizar, refiriéndome a la reglamentación de las leyes, quiero recordar un principio del derecho que dice que al reglamentarse la ley no puede desnaturalizarse su espíritu. Entonces, dejo planteado este interrogante: ¿cómo explicamos la reglamentación del derecho al aborto sin desnaturalizar el derecho a la vida?
Gracias, señora presidenta.
SRA. PRESIDENTA LOSPENNATO Como todavía no pudimos reconectarnos con la diputada Crescimbeni, tiene la palabra la señora diputada María Rosa Martínez.
SRA. MARTÍNEZ (M. R.) Señora presidenta: celebro la posibilidad de que estemos tratando este proyecto de ley y agradezco a las presidentas y a las vicepresidentas de las comisiones, y a todas y todos los que han participado de las reuniones informativas durante estos cuatro días.
Creo que la historia muestra que las mujeres adquirimos derechos porque hemos luchado; si no, no los tendríamos. Las mujeres hemos podido avanzar a lo largo de nuestra vida por esta férrea voluntad emancipadora, de lucha, de compromiso y de convicciones.
Fíjense que cada vez que peleamos por nuestros derechos tuvimos férreas oposiciones y, como diría, Dora Barrancos: "insidiosas".
Quiero recordar que, en Latinoamérica, gracias a la lucha de las sufragistas se aprobó el voto de las mujeres. Igualmente, en algunos casos, se tardó veinte, treinta o cuarenta años en hacerse efectivo.
Traigo las palabras pronunciadas por un diputado nacional en este Congreso, en 1947, cuando se trataba la ley de voto femenino. Él dijo: "Yo pregunto a los señores diputados, cuando en plena campaña argentina, en un pequeño rancho que azotan todos los días todos los vientos, con un pequeño capital creado, en el cual, mientras el hombre maneja la mancera del arado o campea sus animales en plena selva, la mujer atiende a sus pequeñuelos, contribuye a tareas como la del agua al pequeño rebaño, preparar la comida para todos, cuidar a sus chicos para que no corran ningún riesgo, qué hacemos nosotros cuando obligamos a que esa mujer se traslade junto con su marido a una cantidad de leguas para dar su voto, qué hace cuando no puede trasladarse durante dos o tres días, como ocurre en muchas partes del país, porque tienen que hacerlo a la víspera de un comicio, quedarse el día del comicio, regresar al día siguiente sin tener un lugar para alojarse o teniendo que dormir al raso como el hombre. Todo eso haciendo abstracción absoluta de los fenómenos fisiológicos a que está sometida la mujer y a los que no está sometido el hombre." Esos eran los argumentos profundos de oposición a la posibilidad de que las mujeres votáramos.
Quiero pensar que en esta circunstancia también tiene un valor enorme nuestro presidente ya que es el primer presidente latinoamericano que lleva al Congreso un proyecto del Ejecutivo relacionado con la ampliación de derechos y garantías a la salud pública en nuestro país.
Quiero festejar que la lucha por el aborto es oportuna, pero no porque sea reciente y rápida, ya que lleva más de cuarenta años en nuestro país. Recuerdo que en los primeros encuentros de mujeres después de la dictadura había dos temas que las mujeres discutíamos: la interrupción del embarazo y los trabajos de cuidados. ¡Miren ustedes! Estamos hoy trayendo al Congreso ambas iniciativas: por un lado, estamos tratando el tema de los cuidados tanto en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, como en los ministerios provinciales; y, por el otro, después de esa importantísima sanción de 2018, nuevamente estamos hablando de la interrupción del embarazo en el Congreso.
A partir de esa sanción la red de profesionales salió de la clandestinidad. ¿Saben cómo se conocían? Por Whatsapp. No se habían visto las caras. Recién después de 2018 empezaron a encontrarse, aunque las socorristas venían haciéndolo desde antes. Nosotras y nosotres logramos que muchas interrupciones legales se hicieran en los centros de salud de nuestro distrito y que empezara a ser común que las consejerías crecieran desde el pie. Digo esto porque muchos hablaron de los sectores populares y en las consejerías había compañeras y mujeres de barrio que se formaban para ser consejeras y que hubiera acceso a los métodos anticonceptivos y posibilidades de acompañamiento a las mujeres para tomar la decisión. Muchas veces no se necesitaba del hospital, sino del misoprostol, que para los sectores populares ya era caro, siguió siéndolo, aún más actualmente. La idea también era acompañarlas después. ¿Por qué después? Porque la culpa entraña la perversidad de construcción social del culpable. En este caso, seguimos pensando que la decisión es personal, pero con más autonomía. Igualmente, la decisión tiene que estar acompañada por una acción colectiva y por una acción responsable del Estado.
Ayer fue el Día del Médico. Me asombró mucho la posición de algunos profesionales de la salud. Quiero leerles las palabras de Floreal Ferrara, quien es un orgullo para las peronistas y los peronistas, y dijo: "De tal forma, que la salud corresponde al estado de optimismo, vitalidad, que surge de la actuación del hombre y la mujer frente a sus conflictos y a la solución de los mismos." Miren qué hermoso concepto de salud, qué hermoso concepto revolucionario de salud. Es entender a las personas, es entender a la humanidad, es generar empatía.
Personalmente, muchas veces en mi vida, no he valorado a aquellas personas o aquellas situaciones de interrupción voluntaria del embarazo. Me tocó estar al frente de los Derechos Humanos en Almirante Brown y enterarme, por el llamado de una enfermera, de que en el hospital de nuestro distrito había una niña de 12 años, discapacitada, que había llegado con su mamá con un problema que parecía una infección urinaria, pero que era un embarazo de 20 semanas.
Me comuniqué con el director del hospital en ese momento y con varios profesionales; todos se negaban a la interrupción el embarazo.
La niña estaba casi muda y su mamá decía que nunca salía de su casa. Logramos que en otro hospital se pudiera hacer esa interrupción, en el Hospital Evita de Lanús. Los médicos estaban enojados porque me decían que ese no era un hospital de "aborteros", pero entendían que la salud de esta niña corría riesgo. Además, estaba en su derecho.
El día del traslado apareció un padre que firmó en contra de la interrupción de ese embarazo. Esa niña transcurrió un embarazo producto del abuso de ese padre en un centro porque la mamá y nosotros hicimos la denuncia de abuso. Esa situación provocó una herida muy grande en muchas relaciones que teníamos de ejercicio de la libertad, de la autonomía y del derecho. Esa niña tuvo ese chico, nunca más habló.
Quiero leerles un credo de las mujeres católicas por el derecho a decidir, que dice: "Creo en una fe liberadora, creo en las mujeres, creo en el poder que tenemos para transformarlo todo, creo en un Jesús que viene a abrazarnos, creo en la justicia social. ¡Que sea ley! Muchas gracias.
Creo que la historia muestra que las mujeres adquirimos derechos porque hemos luchado; si no, no los tendríamos. Las mujeres hemos podido avanzar a lo largo de nuestra vida por esta férrea voluntad emancipadora, de lucha, de compromiso y de convicciones.
Fíjense que cada vez que peleamos por nuestros derechos tuvimos férreas oposiciones y, como diría, Dora Barrancos: "insidiosas".
Quiero recordar que, en Latinoamérica, gracias a la lucha de las sufragistas se aprobó el voto de las mujeres. Igualmente, en algunos casos, se tardó veinte, treinta o cuarenta años en hacerse efectivo.
Traigo las palabras pronunciadas por un diputado nacional en este Congreso, en 1947, cuando se trataba la ley de voto femenino. Él dijo: "Yo pregunto a los señores diputados, cuando en plena campaña argentina, en un pequeño rancho que azotan todos los días todos los vientos, con un pequeño capital creado, en el cual, mientras el hombre maneja la mancera del arado o campea sus animales en plena selva, la mujer atiende a sus pequeñuelos, contribuye a tareas como la del agua al pequeño rebaño, preparar la comida para todos, cuidar a sus chicos para que no corran ningún riesgo, qué hacemos nosotros cuando obligamos a que esa mujer se traslade junto con su marido a una cantidad de leguas para dar su voto, qué hace cuando no puede trasladarse durante dos o tres días, como ocurre en muchas partes del país, porque tienen que hacerlo a la víspera de un comicio, quedarse el día del comicio, regresar al día siguiente sin tener un lugar para alojarse o teniendo que dormir al raso como el hombre. Todo eso haciendo abstracción absoluta de los fenómenos fisiológicos a que está sometida la mujer y a los que no está sometido el hombre." Esos eran los argumentos profundos de oposición a la posibilidad de que las mujeres votáramos.
Quiero pensar que en esta circunstancia también tiene un valor enorme nuestro presidente ya que es el primer presidente latinoamericano que lleva al Congreso un proyecto del Ejecutivo relacionado con la ampliación de derechos y garantías a la salud pública en nuestro país.
Quiero festejar que la lucha por el aborto es oportuna, pero no porque sea reciente y rápida, ya que lleva más de cuarenta años en nuestro país. Recuerdo que en los primeros encuentros de mujeres después de la dictadura había dos temas que las mujeres discutíamos: la interrupción del embarazo y los trabajos de cuidados. ¡Miren ustedes! Estamos hoy trayendo al Congreso ambas iniciativas: por un lado, estamos tratando el tema de los cuidados tanto en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, como en los ministerios provinciales; y, por el otro, después de esa importantísima sanción de 2018, nuevamente estamos hablando de la interrupción del embarazo en el Congreso.
A partir de esa sanción la red de profesionales salió de la clandestinidad. ¿Saben cómo se conocían? Por Whatsapp. No se habían visto las caras. Recién después de 2018 empezaron a encontrarse, aunque las socorristas venían haciéndolo desde antes. Nosotras y nosotres logramos que muchas interrupciones legales se hicieran en los centros de salud de nuestro distrito y que empezara a ser común que las consejerías crecieran desde el pie. Digo esto porque muchos hablaron de los sectores populares y en las consejerías había compañeras y mujeres de barrio que se formaban para ser consejeras y que hubiera acceso a los métodos anticonceptivos y posibilidades de acompañamiento a las mujeres para tomar la decisión. Muchas veces no se necesitaba del hospital, sino del misoprostol, que para los sectores populares ya era caro, siguió siéndolo, aún más actualmente. La idea también era acompañarlas después. ¿Por qué después? Porque la culpa entraña la perversidad de construcción social del culpable. En este caso, seguimos pensando que la decisión es personal, pero con más autonomía. Igualmente, la decisión tiene que estar acompañada por una acción colectiva y por una acción responsable del Estado.
Ayer fue el Día del Médico. Me asombró mucho la posición de algunos profesionales de la salud. Quiero leerles las palabras de Floreal Ferrara, quien es un orgullo para las peronistas y los peronistas, y dijo: "De tal forma, que la salud corresponde al estado de optimismo, vitalidad, que surge de la actuación del hombre y la mujer frente a sus conflictos y a la solución de los mismos." Miren qué hermoso concepto de salud, qué hermoso concepto revolucionario de salud. Es entender a las personas, es entender a la humanidad, es generar empatía.
Personalmente, muchas veces en mi vida, no he valorado a aquellas personas o aquellas situaciones de interrupción voluntaria del embarazo. Me tocó estar al frente de los Derechos Humanos en Almirante Brown y enterarme, por el llamado de una enfermera, de que en el hospital de nuestro distrito había una niña de 12 años, discapacitada, que había llegado con su mamá con un problema que parecía una infección urinaria, pero que era un embarazo de 20 semanas.
Me comuniqué con el director del hospital en ese momento y con varios profesionales; todos se negaban a la interrupción el embarazo.
La niña estaba casi muda y su mamá decía que nunca salía de su casa. Logramos que en otro hospital se pudiera hacer esa interrupción, en el Hospital Evita de Lanús. Los médicos estaban enojados porque me decían que ese no era un hospital de "aborteros", pero entendían que la salud de esta niña corría riesgo. Además, estaba en su derecho.
El día del traslado apareció un padre que firmó en contra de la interrupción de ese embarazo. Esa niña transcurrió un embarazo producto del abuso de ese padre en un centro porque la mamá y nosotros hicimos la denuncia de abuso. Esa situación provocó una herida muy grande en muchas relaciones que teníamos de ejercicio de la libertad, de la autonomía y del derecho. Esa niña tuvo ese chico, nunca más habló.
Quiero leerles un credo de las mujeres católicas por el derecho a decidir, que dice: "Creo en una fe liberadora, creo en las mujeres, creo en el poder que tenemos para transformarlo todo, creo en un Jesús que viene a abrazarnos, creo en la justicia social. ¡Que sea ley! Muchas gracias.
SRA. PRESIDENTA LOSPENNATO Muchas gracias, diputada Martínez.
Me informan que ya está conectada la diputada Camila Crescimbeni, a ver si la tercera es la vencida.
Me informan que ya está conectada la diputada Camila Crescimbeni, a ver si la tercera es la vencida.
SRA. CRESCIMBENI Pido disculpas porque justo tuve un problema con mi bebita, temas domésticos. Esto también demuestra la importancia de seguir trabajando en pos de la igualdad para que podamos de alguna forma enhebrar nuestra vida política y nuestra vida doméstica, como lo venimos haciendo. Gracias, Silvia y a todos los que estamos hoy acá.
Creo que mucho se ha dicho, tanto en este plenario como también en 2018 y la sociedad ha estado debatiendo largamente este tema. Considero que uno de los grandes logros que tuvimos fue llevar el tema de la despenalización por la interrupción voluntaria del embarazo a la mesa de cada argentino y argentina, a la mesa de los domingos, a la famosa mesa familiar.
Considero que también nos forzó, nos fuerza y nos empuja en el sentido más positivo de la palabra a hablar, a poner las cosas sobre la mesa, a dejar de ocultar cosas que son realidades que podemos algunas personas elegir no verlas o elegir no regularlas, pero que siguen estando presentes, como lo es el aborto.
Entre muchas otras cosas que atravesamos en estas discusiones, tanto en este plenario como en el Proyecto de los Mil Días, que de alguna forma integra, abarca y acompaña esto que estamos hoy trabajando, tenemos que pensar en las vulnerabilidades varias que atraviesan las maternidades y las paternidades. En general, también pensamos en el acompañamiento a nuestras familias, a las mujeres en concreto y en particular, bien explícitamente porque somos las que llevamos adelante física y domésticamente, en términos de cuidados -todavía con una enorme desigualdad- todo lo que tiene que ver con las maternidades.
También, me parece importante señalar que el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo no se tiene que agotar en el proyecto, sino que tenemos que seguir trabajando como sociedad en este gran cambio cultural que implica animarnos a hablar, a poner las cartas sobre la mesa, a ser bien concretos y bien explícitos con la Educación Sexual Integral. La diputada Brenda Austin hizo una mención al respecto.
Creo que es muy importante no volver atrás con este tema como sucedió luego del debate de 2018. La Educación Sexual Integral además de ser una ley es una realidad. Nosotros podemos hacer la vista gorda a lo que queramos, pero como ciudadanos y como políticos y como hoy nos toca legislar, sabemos -porque tenemos los datos suministrados por adolescentes y jóvenes- que reciben una educación sexual muy mala y que la información que no encuentran, la buscan a través de sus pares, de las redes sociales o de Internet.
Entonces, no subestimemos a nuestros adolescentes y a nuestra juventud porque realmente es muchísimo más importante tener información, que es poder, es conocimiento y que lleva a poder elegir y tomar decisiones con libertad. Con lo cual, nuevamente volver a hablar de una ley que tenemos ya hace demasiado tiempo, pero que tenemos que hacer carne y realidad en nuestras provincias, en todo el país para poder ser verdaderamente libres.
Concretamente, volviendo a hablar del tema que nos ocupa, creo que finalmente hemos llegado entre todas y todos a un punto del debate donde es justo decir que llegó la hora de dejar de penalizar a las mujeres, tanto legal, como socialmente por atravesar esta situación.
Considero que es imprescindible que como sociedad les digamos de cara y de frente a todas las mujeres que acá estamos, que acá está el Estado para acompañarlas en todas las decisiones que tomen en su vida.
Además, creo que también es imprescindible que la sociedad deje de condenar, de juzgar y de tener esa doble vara que tantas veces hemos visto. Ese cinismo, que muchas veces se convierte en hipocresía en personas que se rasgan las vestiduras manifestándose en contra de este proyecto y que, por otro lado, son partícipes o han atravesado tramas de distintos horrores que atraviesan a nuestra sociedad, como lo son los abusos intrafamiliares, que sigue siendo un terrible problema en nuestra Argentina, como los son las situaciones de violaciones.
¿Qué quiero decir con esto? Sabemos que es un tema que nos cuesta hablar, que trae en muchos casos, a flor de piel distintos sentimientos y emociones. En definitiva, lo que estamos tratando de hacer es legislar para una sociedad mejor, una sociedad más justa y que no criminalice a mujeres que atraviesan situaciones complejas y dolorosas.
Como dijo la diputada Aguilar, ninguna mujer va felizmente a realizarse un aborto y eso también es una realidad. Ese nivel de soledad, de vulnerabilidad y de angustia que se atraviesa no tiene por qué ser así y menos clandestino.
Acá lo que estamos legislando, lo que estamos atravesando y lo que estamos pidiendo es que se tenga en cuenta, que se acompañe, que desde el punto de vista de la salud pública, de la salud integral y de todo lo que abarca y lo que acompaña a las maternidades y a las personas en general, que no dejemos solas a las mujeres.
Debemos estar disponibles para acompañar sus proyectos de vida, como lo estamos haciendo ahora también incorporando este proyecto de los Mil Días y como lo hemos hecho a través de la enorme cantidad de programas y de redes integrales que hay para acompañar las primeras infancias y las maternidades.
Pero cuando una mujer decide interrumpir voluntariamente su embarazo, tenemos que estar ahí. Creo que se han dado sobrados argumentos desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de los números de la Argentina. Sabemos que nos guste o no, sigue siendo una realidad de las sociedades: argentina, latinoamericana y también mundial.
Lo que hoy nos toca hacer es acompañar y estar presentes para acompañar a estas mujeres en todas las situaciones vitales que nos toca vivir.
Por eso, una vez más apelar entre todos nosotros y en toda la sociedad también en este debate que se va a dar la semana que viene, a que tengamos empatía, a que reemplacemos el prejuicio y la condena -tanto legal como social- por la empatía, porque es la única manera para tener una sociedad más justa, una sociedad que realmente no criminalice ni relegue ni condene a las mujeres doblemente por la situación que les tocó atravesar. Que escuchemos, que estemos ahí y que también haciendo presente al sistema de salud, al sistema social que en Argentina es muy amplio, tiene ramificaciones y llega a casi todos lados del país, que este Estado, que la sociedad entera, entre todo digamos "presente" para acompañar a todas las mujeres de nuestro país. Gracias. Que sea ley.
Creo que mucho se ha dicho, tanto en este plenario como también en 2018 y la sociedad ha estado debatiendo largamente este tema. Considero que uno de los grandes logros que tuvimos fue llevar el tema de la despenalización por la interrupción voluntaria del embarazo a la mesa de cada argentino y argentina, a la mesa de los domingos, a la famosa mesa familiar.
Considero que también nos forzó, nos fuerza y nos empuja en el sentido más positivo de la palabra a hablar, a poner las cosas sobre la mesa, a dejar de ocultar cosas que son realidades que podemos algunas personas elegir no verlas o elegir no regularlas, pero que siguen estando presentes, como lo es el aborto.
Entre muchas otras cosas que atravesamos en estas discusiones, tanto en este plenario como en el Proyecto de los Mil Días, que de alguna forma integra, abarca y acompaña esto que estamos hoy trabajando, tenemos que pensar en las vulnerabilidades varias que atraviesan las maternidades y las paternidades. En general, también pensamos en el acompañamiento a nuestras familias, a las mujeres en concreto y en particular, bien explícitamente porque somos las que llevamos adelante física y domésticamente, en términos de cuidados -todavía con una enorme desigualdad- todo lo que tiene que ver con las maternidades.
También, me parece importante señalar que el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo no se tiene que agotar en el proyecto, sino que tenemos que seguir trabajando como sociedad en este gran cambio cultural que implica animarnos a hablar, a poner las cartas sobre la mesa, a ser bien concretos y bien explícitos con la Educación Sexual Integral. La diputada Brenda Austin hizo una mención al respecto.
Creo que es muy importante no volver atrás con este tema como sucedió luego del debate de 2018. La Educación Sexual Integral además de ser una ley es una realidad. Nosotros podemos hacer la vista gorda a lo que queramos, pero como ciudadanos y como políticos y como hoy nos toca legislar, sabemos -porque tenemos los datos suministrados por adolescentes y jóvenes- que reciben una educación sexual muy mala y que la información que no encuentran, la buscan a través de sus pares, de las redes sociales o de Internet.
Entonces, no subestimemos a nuestros adolescentes y a nuestra juventud porque realmente es muchísimo más importante tener información, que es poder, es conocimiento y que lleva a poder elegir y tomar decisiones con libertad. Con lo cual, nuevamente volver a hablar de una ley que tenemos ya hace demasiado tiempo, pero que tenemos que hacer carne y realidad en nuestras provincias, en todo el país para poder ser verdaderamente libres.
Concretamente, volviendo a hablar del tema que nos ocupa, creo que finalmente hemos llegado entre todas y todos a un punto del debate donde es justo decir que llegó la hora de dejar de penalizar a las mujeres, tanto legal, como socialmente por atravesar esta situación.
Considero que es imprescindible que como sociedad les digamos de cara y de frente a todas las mujeres que acá estamos, que acá está el Estado para acompañarlas en todas las decisiones que tomen en su vida.
Además, creo que también es imprescindible que la sociedad deje de condenar, de juzgar y de tener esa doble vara que tantas veces hemos visto. Ese cinismo, que muchas veces se convierte en hipocresía en personas que se rasgan las vestiduras manifestándose en contra de este proyecto y que, por otro lado, son partícipes o han atravesado tramas de distintos horrores que atraviesan a nuestra sociedad, como lo son los abusos intrafamiliares, que sigue siendo un terrible problema en nuestra Argentina, como los son las situaciones de violaciones.
¿Qué quiero decir con esto? Sabemos que es un tema que nos cuesta hablar, que trae en muchos casos, a flor de piel distintos sentimientos y emociones. En definitiva, lo que estamos tratando de hacer es legislar para una sociedad mejor, una sociedad más justa y que no criminalice a mujeres que atraviesan situaciones complejas y dolorosas.
Como dijo la diputada Aguilar, ninguna mujer va felizmente a realizarse un aborto y eso también es una realidad. Ese nivel de soledad, de vulnerabilidad y de angustia que se atraviesa no tiene por qué ser así y menos clandestino.
Acá lo que estamos legislando, lo que estamos atravesando y lo que estamos pidiendo es que se tenga en cuenta, que se acompañe, que desde el punto de vista de la salud pública, de la salud integral y de todo lo que abarca y lo que acompaña a las maternidades y a las personas en general, que no dejemos solas a las mujeres.
Debemos estar disponibles para acompañar sus proyectos de vida, como lo estamos haciendo ahora también incorporando este proyecto de los Mil Días y como lo hemos hecho a través de la enorme cantidad de programas y de redes integrales que hay para acompañar las primeras infancias y las maternidades.
Pero cuando una mujer decide interrumpir voluntariamente su embarazo, tenemos que estar ahí. Creo que se han dado sobrados argumentos desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de los números de la Argentina. Sabemos que nos guste o no, sigue siendo una realidad de las sociedades: argentina, latinoamericana y también mundial.
Lo que hoy nos toca hacer es acompañar y estar presentes para acompañar a estas mujeres en todas las situaciones vitales que nos toca vivir.
Por eso, una vez más apelar entre todos nosotros y en toda la sociedad también en este debate que se va a dar la semana que viene, a que tengamos empatía, a que reemplacemos el prejuicio y la condena -tanto legal como social- por la empatía, porque es la única manera para tener una sociedad más justa, una sociedad que realmente no criminalice ni relegue ni condene a las mujeres doblemente por la situación que les tocó atravesar. Que escuchemos, que estemos ahí y que también haciendo presente al sistema de salud, al sistema social que en Argentina es muy amplio, tiene ramificaciones y llega a casi todos lados del país, que este Estado, que la sociedad entera, entre todo digamos "presente" para acompañar a todas las mujeres de nuestro país. Gracias. Que sea ley.
SRA. PRESIDENTA LOSPENNATO Muchísimas gracias, diputada Cresimbeni.
Tiene la palabra el diputado Lucas Godoy.
Tiene la palabra el diputado Lucas Godoy.
SR. GODOY Muchas gracias, presidenta. Espero que se esté escuchando y viendo bien.
Quiero manifestar mi posición y sustentar mis fundamentos en el recinto, principalmente. Creo que es un debate histórico y de una importancia tan grande que amerita que lo hagamos con mucha racionalidad, con entereza, con adultez, sin imputaciones y sin agravios.
No creo en este maniqueísmo que plantea que quienes están a favor de la despenalización o de la legalización, quieren provocar un genocidio, son asesinos, asesinas. Tampoco creo que quienes están en contra sean antiderechos, retrógrados, o busquen la victimización de la mujer. Me parece que se llega a esos extremos y el debate amerita otra posición.
Pero si se toma desde la lógica de a favor o en contra -con la que tampoco estoy de acuerdo-, debo decir dos cosas: en primer lugar, personalmente estoy en contra del aborto, me parece que es un hecho traumático y trágico. En segundo lugar: estoy a favor de la despenalización y de la atención en el marco de la salud pública de la interrupción del embarazo.
No creo que la punición haya sido la respuesta. Una mujer que atraviesa esta situación -me parece que este es un consenso generalizado-, no creo que sea una "delincuenta" que deba ser señalada o perseguida por las leyes penales.
Básicamente, esta es mi posición, pero tomé la palabra también para hacer una denuncia: en el transcurso de esta tarde, después del mediodía empezó a circular un video en Whatsapp y un audio en Whatsapp, que como misión importante -dice el propio audio y video- convocan a rezar y a dejar un manifiesto en la casa de mis viejos por mi posición, que es pública y la he manifestado en distintos medios en mi provincia. Además, en mi condición de diputado provincial en años anteriores, de una u otra manera, a través de promoción de distintos tipos de leyes, como el Protocolo para la Implementación de Abortos No Punibles, por ejemplo, u otro tipo de leyes, yo ya me había manifestado.
Entonces, quizás no era algo sorpresivo que yo pueda votar a favor de una ley de esta naturaleza. Entonces, le decía que quiero hacer esta denuncia porque me parece verdaderamente preocupante. Una convocatoria de un sector o de algunos evangelistas, de acuerdo con lo que ellos mismos sostienen, que efectivamente da la dirección de mis viejos y convocan a rezar y hasta ponen a disposición camionetas para aquellos que no puedan subir esa pequeña lomada y llevarlos hasta la puerta de la casa de mis viejos.
Esto de que recen ahí no es ni más ni menos que un apriete y un escrache, que repudio plenamente. Encima ni siquiera es en mi casa, aunque no sería claramente un justificativo, pero es en la casa de mis viejos.
Me parece preocupante y creo que debía manifestarlo. Creo que no corresponde -como decía hace rato- este tipo de manifestaciones. Entiendo que la mayoría de la gente, de las personas, probablemente en mi provincia puedan estar en contra de una ley de esta naturaleza, pueden estar en contra de la despenalización o de la legalización.
Eso no va a modificar mis convicciones, mi pensamiento. Creo que debe ser la solución para evitar más muertes, más daños físicos, psíquicos, para tomar el tema como una cuestión de salud pública. Aun estando en contra de la situación en particular, esas son convicciones.
Creo que en definitiva nosotros lo que tenemos que hacer es actuar en el marco de que estas cosas suceden, de que los abortos suceden, las interrupciones suceden y debe haber un amparo del Estado.
Quería dejar en claro esto. Me he comunicado con las autoridades provinciales para advertir esta situación, que insisto que tiene que ver con sectores que buscan apriete, que buscan modificar conductas, que buscan el escrache y, para colmo, en la casa de mis viejos.
Quería que estén al tanto de esta situación y repudiar, por supuesto, estos videos que están dando vueltas y ojalá que reflexionen y no avancen con este tipo de apriete. Gracias.
Quiero manifestar mi posición y sustentar mis fundamentos en el recinto, principalmente. Creo que es un debate histórico y de una importancia tan grande que amerita que lo hagamos con mucha racionalidad, con entereza, con adultez, sin imputaciones y sin agravios.
No creo en este maniqueísmo que plantea que quienes están a favor de la despenalización o de la legalización, quieren provocar un genocidio, son asesinos, asesinas. Tampoco creo que quienes están en contra sean antiderechos, retrógrados, o busquen la victimización de la mujer. Me parece que se llega a esos extremos y el debate amerita otra posición.
Pero si se toma desde la lógica de a favor o en contra -con la que tampoco estoy de acuerdo-, debo decir dos cosas: en primer lugar, personalmente estoy en contra del aborto, me parece que es un hecho traumático y trágico. En segundo lugar: estoy a favor de la despenalización y de la atención en el marco de la salud pública de la interrupción del embarazo.
No creo que la punición haya sido la respuesta. Una mujer que atraviesa esta situación -me parece que este es un consenso generalizado-, no creo que sea una "delincuenta" que deba ser señalada o perseguida por las leyes penales.
Básicamente, esta es mi posición, pero tomé la palabra también para hacer una denuncia: en el transcurso de esta tarde, después del mediodía empezó a circular un video en Whatsapp y un audio en Whatsapp, que como misión importante -dice el propio audio y video- convocan a rezar y a dejar un manifiesto en la casa de mis viejos por mi posición, que es pública y la he manifestado en distintos medios en mi provincia. Además, en mi condición de diputado provincial en años anteriores, de una u otra manera, a través de promoción de distintos tipos de leyes, como el Protocolo para la Implementación de Abortos No Punibles, por ejemplo, u otro tipo de leyes, yo ya me había manifestado.
Entonces, quizás no era algo sorpresivo que yo pueda votar a favor de una ley de esta naturaleza. Entonces, le decía que quiero hacer esta denuncia porque me parece verdaderamente preocupante. Una convocatoria de un sector o de algunos evangelistas, de acuerdo con lo que ellos mismos sostienen, que efectivamente da la dirección de mis viejos y convocan a rezar y hasta ponen a disposición camionetas para aquellos que no puedan subir esa pequeña lomada y llevarlos hasta la puerta de la casa de mis viejos.
Esto de que recen ahí no es ni más ni menos que un apriete y un escrache, que repudio plenamente. Encima ni siquiera es en mi casa, aunque no sería claramente un justificativo, pero es en la casa de mis viejos.
Me parece preocupante y creo que debía manifestarlo. Creo que no corresponde -como decía hace rato- este tipo de manifestaciones. Entiendo que la mayoría de la gente, de las personas, probablemente en mi provincia puedan estar en contra de una ley de esta naturaleza, pueden estar en contra de la despenalización o de la legalización.
Eso no va a modificar mis convicciones, mi pensamiento. Creo que debe ser la solución para evitar más muertes, más daños físicos, psíquicos, para tomar el tema como una cuestión de salud pública. Aun estando en contra de la situación en particular, esas son convicciones.
Creo que en definitiva nosotros lo que tenemos que hacer es actuar en el marco de que estas cosas suceden, de que los abortos suceden, las interrupciones suceden y debe haber un amparo del Estado.
Quería dejar en claro esto. Me he comunicado con las autoridades provinciales para advertir esta situación, que insisto que tiene que ver con sectores que buscan apriete, que buscan modificar conductas, que buscan el escrache y, para colmo, en la casa de mis viejos.
Quería que estén al tanto de esta situación y repudiar, por supuesto, estos videos que están dando vueltas y ojalá que reflexionen y no avancen con este tipo de apriete. Gracias.
SRA. PRESIDENTA MOREAU Diputado Godoy, le agradezco mucho que haya trasladado la denuncia. Le voy a pedir que la denuncia penal correspondiente la traslade con copia a la Presidencia de la Cámara, al presidente la Cámara, Sergio Massa, que ha dispuesto en conjunto con las autoridades de las comisiones intervinientes en este debate un cuerpo de abogados para acompañar a los diputados en estas denuncias.
Por supuesto, todo nuestro acompañamiento, nuestra solidaridad con usted y con su familia. Pero le pido que en lo inmediato le traslade la denuncia al presidente en la Cámara, Sergio Massa.
Por supuesto, todo nuestro acompañamiento, nuestra solidaridad con usted y con su familia. Pero le pido que en lo inmediato le traslade la denuncia al presidente en la Cámara, Sergio Massa.
SR. GODOY No he realizado una denuncia formal. Esta es una convocatoria que se está realizando a través de redes sociales, a través de Whatsapp. Yo tengo los videos aquí y los puedo compartir y los audios donde se convoca a esta situación. Es un hecho que no se ha producido, lo cual significa que no he podido hacer ningún tipo de denuncia, solo quería hacer esta denuncia pública y lograr una advertencia.
Lo que sí he hecho es llamar a las autoridades provinciales, a la Jefatura de Policía, al Ministerio de Gobierno para que estén advertidos de la situación y, por supuesto, para ver si se puede llegar a los organizadores de este escrache para que depongan esa repudiable actitud.
Lo que sí he hecho es llamar a las autoridades provinciales, a la Jefatura de Policía, al Ministerio de Gobierno para que estén advertidos de la situación y, por supuesto, para ver si se puede llegar a los organizadores de este escrache para que depongan esa repudiable actitud.
SRA. PRESIDENTA MOREAU Gracias, diputado. Tomamos conocimiento y nos comprometemos a intentar ver si se puede hacer algo, pero le reitero que en el caso de ser necesario, corra con la denuncia correspondiente.
Gracias diputado, Godoy.
Gracias diputado, Godoy.
SRA. PRESIDENTA LOSPENNATO Comparto como todas las autoridades la solidaridad con usted y repudiamos todos estos actos violentos que claramente no van a lograr amedrentar a ningún legislador, pero están deslegitimando lo que proponen. No hay mejor manera de deslegitimar una propuesta que hacerla a través de la violencia.
Tiene la palabra el diputado Enrique Estévez.
Tiene la palabra el diputado Enrique Estévez.
SR. ESTÉVEZ Gracias, presidenta. ¿Se escucha?
SRA. PRESIDENTA LOSPENNATO Perfectamente.
SR. ESTÉVEZ En primer lugar, quiero solidarizarme con los diputados y diputadas que han sido víctimas de actitudes absolutamente violentas y antidemocráticas que vienen a empañar un debate muy constructivo, sacando algunas leves intervenciones que venimos teniendo en esta Cámara hace ya unos días.
Señora presidenta: desde el bloque Socialista tenemos un compromiso histórico con la necesidad de que en Argentina exista una ley que contemple el aborto legal, seguro y gratuito.
Fueron diputados socialistas quienes presentaron por primera vez un proyecto de estas características. Fue una diputada socialista quien encabezó con su firma para darle estado parlamentario al proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito.
Este debate es parte de un debate mucho más profundo. El debate del aborto, sin duda, es parte de un debate más amplio que tiene que ver básicamente con el reconocimiento de los derechos de las mujeres y otras personas gestantes. En este caso, hablamos del derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Derecho que claramente hoy no existe.
¿Qué significa que no pueden decidir sobre su propio cuerpo? Básicamente, que ser madre está vinculado con el deseo de querer o no querer serlo y la práctica del aborto es clandestina; con la cual se pretende obligar a mujeres y otras personas gestantes a tener un hijo o hija, cuando deciden no tenerlo.
A esto tenemos que sumarle también otro problema que se mencionó acá y que tiene que ver con la justicia social porque quienes lo pueden pagar lo hacen de manera segura y quienes no, es decir, las mujeres y personas gestantes pobres, ponen en riesgo su salud y su vida. Por eso, también es muy importante encarar este debate desde la óptica de la justicia social.
Estamos hablando de un derecho humano y no se puede garantizar un derecho humano como es el acceso a la salud integral, si no se contempla el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Por qué afirmamos esto? El informe de la Campaña por el Derecho al Aborto de 2019 estima que se producen entre 350.000 y 500.000 abortos clandestinos por año en el país. Si bien esto se ha dicho varias veces, creo que vale la pena repetir estas cifras hasta el cansancio para hacernos eco de lo que significan porque no son números al aire. Solo entre marzo y mayo del 2020 las Socorristas en Red acompañaron 4.000 abortos. UNICEF Argentina informa que cada 3 horas una niña menor de 15 años da a luz en el país.
Señora presidenta: son niñas, no madres. Esto es algo que nos tiene que hacer recapacitar como sociedad porque hay una clara violación a los derechos humanos.
¿Podemos hacer las cosas de una manera distinta? Claro que sí. Quiero dar un ejemplo. La experiencia vivida en Rosario es un claro ejemplo de que con un Estado presente se amplían derechos y se salvan vidas. Estamos hablando de un Estado municipal. En estos días, en las comisiones informativas participó mi compañera, Mónica Fein, que fue intendenta y secretaria de Salud de la ciudad de Rosario. Ella dio cuenta de cómo es posible construir un modelo de abordaje integral de la salud sexual y reproductiva. Esto no se construye de un día para el otro.
En Rosario hace 25 años que hay acceso al Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable. Desde 2007 contamos con una ordenanza que permite aplicar el protocolo de interrupción legal del embarazo. Desde 2012 se garantiza el misoprostol en todos los centros de salud. Ningún rosarino o rosarina tiene un centro de salud a más de 15 cuadras de su casa. La provincia de Santa Fe también es pionera en el sentido de que desde el año pasado en el laboratorio público se fabrica misoprostol para entregar gratuitamente a todos los efectores de salud.
Señora presidenta: los logros son clarísimos. Hay una notable disminución del embarazo adolescente, han disminuido las internaciones por abortos con complicaciones y se ha reducido la mortalidad materna a dos muertes en estos últimos diez años.
Esto quiere decir que cuando las políticas públicas se sostienen durante años y se transforman en política de Estado hay cambios que pueden hacerse realidad.
En este debate también me pregunto si queremos llegar al 2021 con un Código Penal de 1921. Creo que esto también tenemos que pensarlo porque las normas son parte y decisión de una sociedad en un tiempo determinado. Llevamos más de un siglo con respuestas criminalizadoras, con un Estado que castiga y vulnera permanentemente los derechos de mujeres, niñas y adolescentes. Lógicamente no hace falta comparar a la Argentina con la de 1921 sino con la de algunos años atrás para entender que no es la misma.
Nuestra sociedad hoy es fruto de décadas de lucha del movimiento de mujeres, que nos enrostró en 2015 la violencia de una sociedad machista con la marcha de Ni una menos. En 2018 el movimiento de mujeres mostró que el debate que se daba puertas adentro del Congreso lo habían ganado en las calles. Es por ese espacio transversal, plural y diverso que aglutina la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que hoy estamos discutiendo este tema en el Congreso.
Por eso quiero reconocer la lucha que vienen dando las mujeres, que durante mucho tiempo lo hicieron en soledad. En particular, quiero reconocer a mis compañeras del Partido Socialista, a las de hoy pero fundamentalmente a las que no están, que lucharon en tiempos mucho más difíciles, como la doctora Alicia Moreau, que sin duda es uno de los pilares del feminismo en nuestro país. Estas luchas nos permiten vivir hoy en una sociedad con un horizonte más igualitario.
La política no puede mirar para otro lado. La interrupción legal del embarazo tiene que ser parte de una política pública, que debe ser abordada y tratada de manera urgente para garantizar los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la vida, a la salud, a la integridad y a la dignidad de las mujeres y de las personas gestantes.
Señora presidenta: termino con las mismas palabras de siempre: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Que sea ley.
Señora presidenta: desde el bloque Socialista tenemos un compromiso histórico con la necesidad de que en Argentina exista una ley que contemple el aborto legal, seguro y gratuito.
Fueron diputados socialistas quienes presentaron por primera vez un proyecto de estas características. Fue una diputada socialista quien encabezó con su firma para darle estado parlamentario al proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito.
Este debate es parte de un debate mucho más profundo. El debate del aborto, sin duda, es parte de un debate más amplio que tiene que ver básicamente con el reconocimiento de los derechos de las mujeres y otras personas gestantes. En este caso, hablamos del derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Derecho que claramente hoy no existe.
¿Qué significa que no pueden decidir sobre su propio cuerpo? Básicamente, que ser madre está vinculado con el deseo de querer o no querer serlo y la práctica del aborto es clandestina; con la cual se pretende obligar a mujeres y otras personas gestantes a tener un hijo o hija, cuando deciden no tenerlo.
A esto tenemos que sumarle también otro problema que se mencionó acá y que tiene que ver con la justicia social porque quienes lo pueden pagar lo hacen de manera segura y quienes no, es decir, las mujeres y personas gestantes pobres, ponen en riesgo su salud y su vida. Por eso, también es muy importante encarar este debate desde la óptica de la justicia social.
Estamos hablando de un derecho humano y no se puede garantizar un derecho humano como es el acceso a la salud integral, si no se contempla el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Por qué afirmamos esto? El informe de la Campaña por el Derecho al Aborto de 2019 estima que se producen entre 350.000 y 500.000 abortos clandestinos por año en el país. Si bien esto se ha dicho varias veces, creo que vale la pena repetir estas cifras hasta el cansancio para hacernos eco de lo que significan porque no son números al aire. Solo entre marzo y mayo del 2020 las Socorristas en Red acompañaron 4.000 abortos. UNICEF Argentina informa que cada 3 horas una niña menor de 15 años da a luz en el país.
Señora presidenta: son niñas, no madres. Esto es algo que nos tiene que hacer recapacitar como sociedad porque hay una clara violación a los derechos humanos.
¿Podemos hacer las cosas de una manera distinta? Claro que sí. Quiero dar un ejemplo. La experiencia vivida en Rosario es un claro ejemplo de que con un Estado presente se amplían derechos y se salvan vidas. Estamos hablando de un Estado municipal. En estos días, en las comisiones informativas participó mi compañera, Mónica Fein, que fue intendenta y secretaria de Salud de la ciudad de Rosario. Ella dio cuenta de cómo es posible construir un modelo de abordaje integral de la salud sexual y reproductiva. Esto no se construye de un día para el otro.
En Rosario hace 25 años que hay acceso al Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable. Desde 2007 contamos con una ordenanza que permite aplicar el protocolo de interrupción legal del embarazo. Desde 2012 se garantiza el misoprostol en todos los centros de salud. Ningún rosarino o rosarina tiene un centro de salud a más de 15 cuadras de su casa. La provincia de Santa Fe también es pionera en el sentido de que desde el año pasado en el laboratorio público se fabrica misoprostol para entregar gratuitamente a todos los efectores de salud.
Señora presidenta: los logros son clarísimos. Hay una notable disminución del embarazo adolescente, han disminuido las internaciones por abortos con complicaciones y se ha reducido la mortalidad materna a dos muertes en estos últimos diez años.
Esto quiere decir que cuando las políticas públicas se sostienen durante años y se transforman en política de Estado hay cambios que pueden hacerse realidad.
En este debate también me pregunto si queremos llegar al 2021 con un Código Penal de 1921. Creo que esto también tenemos que pensarlo porque las normas son parte y decisión de una sociedad en un tiempo determinado. Llevamos más de un siglo con respuestas criminalizadoras, con un Estado que castiga y vulnera permanentemente los derechos de mujeres, niñas y adolescentes. Lógicamente no hace falta comparar a la Argentina con la de 1921 sino con la de algunos años atrás para entender que no es la misma.
Nuestra sociedad hoy es fruto de décadas de lucha del movimiento de mujeres, que nos enrostró en 2015 la violencia de una sociedad machista con la marcha de Ni una menos. En 2018 el movimiento de mujeres mostró que el debate que se daba puertas adentro del Congreso lo habían ganado en las calles. Es por ese espacio transversal, plural y diverso que aglutina la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que hoy estamos discutiendo este tema en el Congreso.
Por eso quiero reconocer la lucha que vienen dando las mujeres, que durante mucho tiempo lo hicieron en soledad. En particular, quiero reconocer a mis compañeras del Partido Socialista, a las de hoy pero fundamentalmente a las que no están, que lucharon en tiempos mucho más difíciles, como la doctora Alicia Moreau, que sin duda es uno de los pilares del feminismo en nuestro país. Estas luchas nos permiten vivir hoy en una sociedad con un horizonte más igualitario.
La política no puede mirar para otro lado. La interrupción legal del embarazo tiene que ser parte de una política pública, que debe ser abordada y tratada de manera urgente para garantizar los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la vida, a la salud, a la integridad y a la dignidad de las mujeres y de las personas gestantes.
Señora presidenta: termino con las mismas palabras de siempre: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Que sea ley.
SRA. PRESIDENTA MOREAU Muchas gracias, señor diputado Estévez.
Si no hay más diputados que quieran anotarse para hacer uso de la palabra, restan por hablar los dos últimos oradores.
Tiene la palabra la señora diputada Lospennato.
Si no hay más diputados que quieran anotarse para hacer uso de la palabra, restan por hablar los dos últimos oradores.
Tiene la palabra la señora diputada Lospennato.
SRA. LOSPENNATO Señora presidenta: la verdad, llegamos hasta acá transitando varias etapas, después de muchísimos años en que el aborto estuvo completamente oculto y silenciado, de la situación vergonzante, de la realidad negada, de las muertes ignoradas y del reclamo solitario del movimiento de mujeres. Hasta que en 2018 un presidente se animó a abrir las puertas de este Congreso y dijo que la sociedad había madurado, que todos nosotros estábamos maduros para dar este debate. Lo hizo, incluso, sin coincidir con el fondo del asunto, sino con una profunda vocación republicana en el sentido de que los temas de la democracia se debaten en el Congreso.
Por primera vez se abrió un debate que seguramente será recordado como uno de los más importantes de la década, donde cientos de expositores vinieron a contar sus testimonios e ilustrarnos con sus razones. Sin embargo, en aquella oportunidad no logramos sancionar el proyecto de ley, pero sin dudas las mujeres no perdimos con el debate de 2018, sino que ganamos, porque el aborto socialmente está despenalizado. Se habla de aborto sin vergüenza, se habla de aborto sin miedo y se habla de aborto con datos; todo esto no ocurría antes de 2018.
Un grupo de senadores interrumpió esa ampliación de derechos que nosotros deseábamos. Nuestra sanción quedó ahí, en el Senado, a la puerta de abrirnos ese derecho. Una de las expositoras, Paola Vergallo, el otro día mencionaba la carta de Birmingham de Martin Luther King, donde dice que nos siguen pidiendo que esperemos, pero esperar significa para nosotros casi siempre nunca. Esta vez volvimos a escuchar los argumentos de la espera. Las mujeres sabemos que esperar también significa casi siempre nunca.
Por eso celebro que otro presidente, que no es parte de mi fuerza política, haya tomado el compromiso con las mujeres y la decisión de enviar este proyecto de ley para hacerse cargo, de una vez por todas, de un enorme problema de salud pública, un problema que se puede resolver. Es un problema que inclusive para el Estado significa un costo menor resolverlo que no solucionarlo; no hace falta hablar del costo que significa el tema en términos de salud y de vida para las mujeres. Ese costo es impagable e incalculable. El costo de cada vida humana es incalculable, el costo de cada mujer que durante todos estos años murió por una muerte evitable. La única muerte que se puede evitar en una situación de aborto -y tenemos que repetirlo hasta el cansancio- es la de la mujer.
Nuevamente, durante este debate han sobrado argumentos, los que son válidos, aquellos basados en la evidencia y en razones públicas. Han sobrado argumentos para la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Transito mi segundo debate del tema, pero todavía no he escuchado un solo argumento en favor de seguir criminalizando a las mujeres que abortan. Esto, que parece ser un acuerdo mayoritario, necesita un reflejo inmediato en nuestra legislación nacional.
Pasaron dos años desde que el mismo acuerdo se repetía en estos recintos. Sin embargo, las mujeres, dos años después, siguen estando igualmente criminalizadas. No podemos seguir mintiéndonos entre nosotros.
En segundo lugar, quiero señalar que no estamos innovando. Simplemente llevamos al país al mismo lugar al que han transitado más de 50 países en los últimos 25 años. Es tiempo de abandonar una concepción sobre el status jurídico de las mujeres y sobre las personas con capacidad de gestar, del paternalismo hacia el reconocimiento de su plena autonomía. Ese paternalismo no nos permitía administrar nuestro propio patrimonio, ni compartir la patria potestad de nuestros hijos, ni decidir elegir a quienes nos iban a representar. Ese paternalismo, hoy, en 2020, nos sigue diciendo que otro puede decidir por nosotras nuestro plan de vida y disponer de nuestro cuerpo.
Este tal vez sea el último Rubicón para alcanzar ese status de personas plenamente capaces y autónomas, la última barrera legal, porque quedan muchas barreras reales, hacia el reconocimiento de nuestra igualdad en dignidad y derechos.
También quiero señalar que luego de escuchar a muchos constitucionalistas en este recinto, pero sobre todo después del fallo FAL -es decir de escuchar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación-, no hay dudas de que no existe impedimento constitucional para avanzar en esta legislación. Si la Constitución Nacional dijera lo que se pretende hacerla decir, no estarían habilitados los abortos por causales; si fuera como se pretende, no podrían haber convivido durante un siglo completo nuestro Código Penal y nuestra Constitución Nacional, y la Corte Suprema de Justicia en el fallo FAL tendría que haber dicho exactamente lo contrario. El fallo FAL consagra la constitucionalidad del Código Penal y del aborto por causales. Reabrir este debate no solo no tiene sentido, sino que intenta instalar una falacia que no se sostiene jurídicamente ni cinco minutos.
Tampoco se sostiene el argumento respecto a la falta de convencionalidad de la propuesta. Muy por el contrario, hemos escuchado con absoluta claridad a un representante del Comité de los Derechos del Niño, el doctor Luis Alberto Pedernera Reyna, decir textualmente: "Si la Argentina da este paso, mejorará sustancialmente la calidad de vida de las niñas, porque eso lo marca la evidencia internacional. Van a tener información clara, que es lo no permite la penalización y el oscurantismo de la penalización del aborto, y va a hacer que las niñas y adolescentes que hoy tienen que sufrir calvarios vivan infancias dignas de ser vividas. Sin esta legislación vamos a tener que seguir repitiendo hasta el cansancio: niñas no madres en la Argentina."
Tampoco se puede hacer decir a los tratados internacionales lo que no dicen, menos aun cuando los órganos encargados de su seguimiento e interpretación han resuelto algunos de estos temas que hoy se traen nuevamente al debate.
Parece mentira que discutamos sobre el artículo 4.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. La Corte Interamericana ya ha señalado en el caso Artavia Murillo que el embrión no puede ser entendido como persona para los efectos jurídicos del artículo 4.1. Con posterioridad sostiene: "Además, es posible concluir de las palabras 'en general' que la protección del derecho a la vida con arreglo a dicha disposición no es absoluta, sino es gradual e incremental según su desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional, sino que implica entender la procedencia de excepciones a la regla general."
Frente a esta realidad normativa y a esta interpretación convencional, como señaló el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, "seguir sosteniendo que desde los instrumentos internacionales que tienen jerarquía constitucional surge alguna obligación o manda que impida la despenalización y legalización del aborto en la República Argentina, sigue siendo posverdad convencional, mentira convencional y no tiene ningún tipo de asidero en la realidad textual e interpretativa que estos órganos han desarrollado de manera frecuente", termina la cita.
Volvimos a ser sometidos durante este debate a las interpretaciones falaces sobre supuestos impedimentos constitucionales y convencionales. Realmente, señores diputados y señoras diputadas, espero que sea la última vez que tengamos que someternos a que se quiera seguir vulnerando los derechos de las mujeres haciéndole decir a la Constitución Nacional lo que no dice. Nosotras queremos que se nos garantice, por el contrario, el trato que la Constitución Nacional y los tratados de los derechos humanos efectivamente dicen y nos garantizan a las mujeres.
Otro de los aspectos que más se reiteraron durante este debate es que las mujeres vulnerables no abortan. Incluso dijeron que las mujeres vulnerables honraban sus embarazos, como si quisieran decir que las mujeres no vulnerables no los honramos.
La verdad, no se aportó ningún dato para dar cuenta de esta afirmación. Los únicos datos que tenemos es que las mujeres vulnerables acceden menos a la educación sexual integral, acceden menos a los métodos anticonceptivos y que si se embarazan y desean abortar, seguramente terminen integrando esa ignominiosa lista de cuarenta mil mujeres que terminan hospitalizadas a causa de abortos, algunos naturales, pero en su gran mayoría clandestinos e inseguros. Porque no son las ricas las que terminan hospitalizadas. Las mujeres que tienen ingresos, se pueden pagar un aborto clandestino pero seguro. A quienes se condena en su salud y a muerte es a quienes no pueden pagarlo.
Algunos vienen a este recinto a arrogarse la representación de las mujeres y de las mujeres vulnerables. Me pregunto por qué algunos que nunca han pasado por una elección popular, que nunca se han sometido al escrutinio democrático se piensan más representantes de esas mujeres que quienes hemos pasado por el voto popular para hacerlo.
Finalmente, quiero señalar que ayer recibí el impecable trabajo sobre los datos del aborto en la Argentina que elaboraron ELA, REDAAS, CEDES, las doctoras Mariana Romero y Silvina Moisés. Allí hay evidencia y están los datos. Todos deberíamos leerlos para tomar real dimensión de la magnitud del problema de salud pública que representa el aborto en la Argentina, del problema que sigue existiendo hoy después de 100 años para que nuestras niñas y mujeres accedan al aborto legal que tienen garantizado hace un siglo por ley, para que vean cómo todavía siguen faltando provincias que después del año 2012 fueron compelidas por la Corte Suprema de Justicia a tener un protocolo para la atención de los abortos legales y siguen desoyendo a la Constitución Nacional, al Código Penal y a la Corte Suprema de Justicia .
Pero también en ese informe hay datos muy concretos sobre las interrupciones legales del embarazo. Por ejemplo, un dato estadístico es que 97 por ciento de las interrupciones legales del embarazo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se hicieron a través de la medicación. Hablemos de los datos reales. La medicación ambulatoria resuelve casi el 98 por ciento de los casos. ¡Dejen de publicar imágenes de abortos de hace 30 años porque eso no sucede hoy! Eso es una mentira y representa casos excepcionales porque la mayoría se resuelve de manera ambulatoria y por medicación y cuesta muchísimo menos que atender las consecuencias del aborto clandestino. Necesitamos hablarnos con la verdad si queremos ser una sociedad pluralista, democrática y seria.
Con orgullo también quiero señalar que en ese informe figura la estadística oficial sobre la interrupción legal del embarazo en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y -digan lo que digan- siempre lidera el acceso a los derechos sociales, y en materia de salud sexual y reproductiva, como en el resto de los casos, me da mucho orgullo que así sea.
Este pañuelo que llevamos, que miles llevan en sus mochilas y carteras, representa nuestra lucha, pero también representa nuestra esperanza. Este pañuelo simboliza nuestro dolor por las muertes, pero también nuestra alegría por las vidas que podremos salvar si sancionamos este proyecto de ley. Este pañuelo representa la libertad de decidir, decidan lo que decidan las mujeres, sin juzgar a nadie porque este pañuelo no obliga a nadie a seguir un plan de vida que no elija. En este pañuelo está la historia de la lucha de los feminismos, pero también está el futuro de mujeres con autonomía para planificar su vida como ellas lo decidan. Levantemos nuestros pañuelos y levantemos nuestra voz. Es nuestro tiempo, es aquí y ahora; que sea ley.
Por primera vez se abrió un debate que seguramente será recordado como uno de los más importantes de la década, donde cientos de expositores vinieron a contar sus testimonios e ilustrarnos con sus razones. Sin embargo, en aquella oportunidad no logramos sancionar el proyecto de ley, pero sin dudas las mujeres no perdimos con el debate de 2018, sino que ganamos, porque el aborto socialmente está despenalizado. Se habla de aborto sin vergüenza, se habla de aborto sin miedo y se habla de aborto con datos; todo esto no ocurría antes de 2018.
Un grupo de senadores interrumpió esa ampliación de derechos que nosotros deseábamos. Nuestra sanción quedó ahí, en el Senado, a la puerta de abrirnos ese derecho. Una de las expositoras, Paola Vergallo, el otro día mencionaba la carta de Birmingham de Martin Luther King, donde dice que nos siguen pidiendo que esperemos, pero esperar significa para nosotros casi siempre nunca. Esta vez volvimos a escuchar los argumentos de la espera. Las mujeres sabemos que esperar también significa casi siempre nunca.
Por eso celebro que otro presidente, que no es parte de mi fuerza política, haya tomado el compromiso con las mujeres y la decisión de enviar este proyecto de ley para hacerse cargo, de una vez por todas, de un enorme problema de salud pública, un problema que se puede resolver. Es un problema que inclusive para el Estado significa un costo menor resolverlo que no solucionarlo; no hace falta hablar del costo que significa el tema en términos de salud y de vida para las mujeres. Ese costo es impagable e incalculable. El costo de cada vida humana es incalculable, el costo de cada mujer que durante todos estos años murió por una muerte evitable. La única muerte que se puede evitar en una situación de aborto -y tenemos que repetirlo hasta el cansancio- es la de la mujer.
Nuevamente, durante este debate han sobrado argumentos, los que son válidos, aquellos basados en la evidencia y en razones públicas. Han sobrado argumentos para la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Transito mi segundo debate del tema, pero todavía no he escuchado un solo argumento en favor de seguir criminalizando a las mujeres que abortan. Esto, que parece ser un acuerdo mayoritario, necesita un reflejo inmediato en nuestra legislación nacional.
Pasaron dos años desde que el mismo acuerdo se repetía en estos recintos. Sin embargo, las mujeres, dos años después, siguen estando igualmente criminalizadas. No podemos seguir mintiéndonos entre nosotros.
En segundo lugar, quiero señalar que no estamos innovando. Simplemente llevamos al país al mismo lugar al que han transitado más de 50 países en los últimos 25 años. Es tiempo de abandonar una concepción sobre el status jurídico de las mujeres y sobre las personas con capacidad de gestar, del paternalismo hacia el reconocimiento de su plena autonomía. Ese paternalismo no nos permitía administrar nuestro propio patrimonio, ni compartir la patria potestad de nuestros hijos, ni decidir elegir a quienes nos iban a representar. Ese paternalismo, hoy, en 2020, nos sigue diciendo que otro puede decidir por nosotras nuestro plan de vida y disponer de nuestro cuerpo.
Este tal vez sea el último Rubicón para alcanzar ese status de personas plenamente capaces y autónomas, la última barrera legal, porque quedan muchas barreras reales, hacia el reconocimiento de nuestra igualdad en dignidad y derechos.
También quiero señalar que luego de escuchar a muchos constitucionalistas en este recinto, pero sobre todo después del fallo FAL -es decir de escuchar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación-, no hay dudas de que no existe impedimento constitucional para avanzar en esta legislación. Si la Constitución Nacional dijera lo que se pretende hacerla decir, no estarían habilitados los abortos por causales; si fuera como se pretende, no podrían haber convivido durante un siglo completo nuestro Código Penal y nuestra Constitución Nacional, y la Corte Suprema de Justicia en el fallo FAL tendría que haber dicho exactamente lo contrario. El fallo FAL consagra la constitucionalidad del Código Penal y del aborto por causales. Reabrir este debate no solo no tiene sentido, sino que intenta instalar una falacia que no se sostiene jurídicamente ni cinco minutos.
Tampoco se sostiene el argumento respecto a la falta de convencionalidad de la propuesta. Muy por el contrario, hemos escuchado con absoluta claridad a un representante del Comité de los Derechos del Niño, el doctor Luis Alberto Pedernera Reyna, decir textualmente: "Si la Argentina da este paso, mejorará sustancialmente la calidad de vida de las niñas, porque eso lo marca la evidencia internacional. Van a tener información clara, que es lo no permite la penalización y el oscurantismo de la penalización del aborto, y va a hacer que las niñas y adolescentes que hoy tienen que sufrir calvarios vivan infancias dignas de ser vividas. Sin esta legislación vamos a tener que seguir repitiendo hasta el cansancio: niñas no madres en la Argentina."
Tampoco se puede hacer decir a los tratados internacionales lo que no dicen, menos aun cuando los órganos encargados de su seguimiento e interpretación han resuelto algunos de estos temas que hoy se traen nuevamente al debate.
Parece mentira que discutamos sobre el artículo 4.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. La Corte Interamericana ya ha señalado en el caso Artavia Murillo que el embrión no puede ser entendido como persona para los efectos jurídicos del artículo 4.1. Con posterioridad sostiene: "Además, es posible concluir de las palabras 'en general' que la protección del derecho a la vida con arreglo a dicha disposición no es absoluta, sino es gradual e incremental según su desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional, sino que implica entender la procedencia de excepciones a la regla general."
Frente a esta realidad normativa y a esta interpretación convencional, como señaló el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, "seguir sosteniendo que desde los instrumentos internacionales que tienen jerarquía constitucional surge alguna obligación o manda que impida la despenalización y legalización del aborto en la República Argentina, sigue siendo posverdad convencional, mentira convencional y no tiene ningún tipo de asidero en la realidad textual e interpretativa que estos órganos han desarrollado de manera frecuente", termina la cita.
Volvimos a ser sometidos durante este debate a las interpretaciones falaces sobre supuestos impedimentos constitucionales y convencionales. Realmente, señores diputados y señoras diputadas, espero que sea la última vez que tengamos que someternos a que se quiera seguir vulnerando los derechos de las mujeres haciéndole decir a la Constitución Nacional lo que no dice. Nosotras queremos que se nos garantice, por el contrario, el trato que la Constitución Nacional y los tratados de los derechos humanos efectivamente dicen y nos garantizan a las mujeres.
Otro de los aspectos que más se reiteraron durante este debate es que las mujeres vulnerables no abortan. Incluso dijeron que las mujeres vulnerables honraban sus embarazos, como si quisieran decir que las mujeres no vulnerables no los honramos.
La verdad, no se aportó ningún dato para dar cuenta de esta afirmación. Los únicos datos que tenemos es que las mujeres vulnerables acceden menos a la educación sexual integral, acceden menos a los métodos anticonceptivos y que si se embarazan y desean abortar, seguramente terminen integrando esa ignominiosa lista de cuarenta mil mujeres que terminan hospitalizadas a causa de abortos, algunos naturales, pero en su gran mayoría clandestinos e inseguros. Porque no son las ricas las que terminan hospitalizadas. Las mujeres que tienen ingresos, se pueden pagar un aborto clandestino pero seguro. A quienes se condena en su salud y a muerte es a quienes no pueden pagarlo.
Algunos vienen a este recinto a arrogarse la representación de las mujeres y de las mujeres vulnerables. Me pregunto por qué algunos que nunca han pasado por una elección popular, que nunca se han sometido al escrutinio democrático se piensan más representantes de esas mujeres que quienes hemos pasado por el voto popular para hacerlo.
Finalmente, quiero señalar que ayer recibí el impecable trabajo sobre los datos del aborto en la Argentina que elaboraron ELA, REDAAS, CEDES, las doctoras Mariana Romero y Silvina Moisés. Allí hay evidencia y están los datos. Todos deberíamos leerlos para tomar real dimensión de la magnitud del problema de salud pública que representa el aborto en la Argentina, del problema que sigue existiendo hoy después de 100 años para que nuestras niñas y mujeres accedan al aborto legal que tienen garantizado hace un siglo por ley, para que vean cómo todavía siguen faltando provincias que después del año 2012 fueron compelidas por la Corte Suprema de Justicia a tener un protocolo para la atención de los abortos legales y siguen desoyendo a la Constitución Nacional, al Código Penal y a la Corte Suprema de Justicia .
Pero también en ese informe hay datos muy concretos sobre las interrupciones legales del embarazo. Por ejemplo, un dato estadístico es que 97 por ciento de las interrupciones legales del embarazo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se hicieron a través de la medicación. Hablemos de los datos reales. La medicación ambulatoria resuelve casi el 98 por ciento de los casos. ¡Dejen de publicar imágenes de abortos de hace 30 años porque eso no sucede hoy! Eso es una mentira y representa casos excepcionales porque la mayoría se resuelve de manera ambulatoria y por medicación y cuesta muchísimo menos que atender las consecuencias del aborto clandestino. Necesitamos hablarnos con la verdad si queremos ser una sociedad pluralista, democrática y seria.
Con orgullo también quiero señalar que en ese informe figura la estadística oficial sobre la interrupción legal del embarazo en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y -digan lo que digan- siempre lidera el acceso a los derechos sociales, y en materia de salud sexual y reproductiva, como en el resto de los casos, me da mucho orgullo que así sea.
Este pañuelo que llevamos, que miles llevan en sus mochilas y carteras, representa nuestra lucha, pero también representa nuestra esperanza. Este pañuelo simboliza nuestro dolor por las muertes, pero también nuestra alegría por las vidas que podremos salvar si sancionamos este proyecto de ley. Este pañuelo representa la libertad de decidir, decidan lo que decidan las mujeres, sin juzgar a nadie porque este pañuelo no obliga a nadie a seguir un plan de vida que no elija. En este pañuelo está la historia de la lucha de los feminismos, pero también está el futuro de mujeres con autonomía para planificar su vida como ellas lo decidan. Levantemos nuestros pañuelos y levantemos nuestra voz. Es nuestro tiempo, es aquí y ahora; que sea ley.
SRA. PRESIDENTA MOREAU Tiene la palabra la señora diputada Victoria Morales Gorleri.
SRA. MORALES GORLERI Señora presidenta: escuché decir en muchas de las exposiciones que la mitad de los miembros de la Cámara estuvo en este debate en 2018... (inaudible)...
SRA. PRESIDENTA MOREAU Diputada, si saca el vídeo tal vez la escuchemos mejor.
SRA. MORALES GORLERI Decía que para los diputados que ingresamos, este debate comienza hace muy poco tiempo porque el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo llegó hace poco al Congreso... (inaudible)...
SRA. PRESIDENTA MOREAU Diputada, no sé si tiene retorno de auriculares, pero tiene un problema con el sonido y no se escucha bien.
SRA. MORALES GORLERI No tengo auriculares, estoy en una computadora en el Anexo. Si hay otro orador, puedo intentar desde el celular.
SRA. PRESIDENTA MOREAU Ahí se escucha mejor.
SRA. MORALES GORLERI Señora presidenta: le pido que si considera que no se escucha bien me dé la oportunidad de salir y entrar desde otro dispositivo.
SRA. PRESIDENTA MOREAU No hay problema, probemos.
SRA. MORALES GORLERI Perfecto. También quería pedirle la mayor cantidad de tiempo posible porque justamente decía que para mí es la primera vez que debato este proyecto en el Congreso.
SRA. PRESIDENTA MOREAU Le diría que salga y entre con otro equipo, porque no se escucha bien.
SRA. MORALES GORLERI Perfecto.
SRA. PRESIDENTA MOREAU La esperamos.
Luego de unos instantes.
SRA. SECRETARIA Señora diputada: si usted está en el Anexo, las autoridades la invitan a cruzar al Salón Delia Parodi, donde estamos todos.
Luego de unos instantes.
SRA. PRESIDENTA MOREAU Continúa en el uso de la palabra la señora diputada Morales Gorleri.
SRA. MORALES GORLERI Quería pedirle, señora presidenta, que me permita expresarme el mayor tiempo posible. Sabemos que este debate ha sido muy corto y la verdad es que intentaré ser lo más breve posible, pero le pido que me deje llegar hasta el final. Intenté escribirlo para no pasarme del tiempo.
Lo primero que quiero plantear es una fundamentación jurídica, lo que entiendo desde el punto de vista jurídico con respecto al proyecto de ley que está en debate.
Para mí, es innegable la existencia de la persona por nacer como sujeto de derecho en nuestro ordenamiento jurídico. Éste se encuentra reconocido en el artículo 19, y establecido el ejercicio de sus derechos y su representación en los artículos 24 y 101 del Código Civil y Comercial de la Nación. Además, la vida de la persona por nacer cuenta con protección jurídica, siendo esta tutelada y protegida a través del delito del aborto establecido en el Título I, Delitos contra las personas, Capítulo 1º, Delitos contra la vida, del Código Penal de la Nación.
Desde la jurisprudencia podemos nombrar varios fallos de nuestro sistema judicial, entre ellos el caso Rabinovich en 1999; Portal de Belén, en 2002; Elvira Sánchez, en 2007 y el fallo F.A.L, en 2012. En lo que respecta a la doctrina argentina varios juristas de renombre, tanto a favor como en contra de la ley que hoy nos encontramos debatiendo, han afirmado la existencia de la persona por nacer como sujeto de derecho. Sólo para nombrar a algunos de ellos: Barra, Gelli, Sagüés, Garat, Vitolo, Toller, Laferrere, Basset, Ranieri.
No hay lugar a duda de que el comienzo de la existencia humana y, por lo tanto, la tutela de sus derechos, es desde la concepción. Y para la protección de la vida desde la concepción está establecida la persona por nacer como sujeto de derecho. Veremos ahora el mandato constitucional de tutelar la vida.
Son varios los tratados internacionales de derechos humanos que tutelan el derecho a la vida, pero especial relevancia tiene la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica. Allí no solo se establece que la vida debe ser protegida, en general, desde la concepción -en el artículo 4°-, sino que en el artículo 1º prohíbe discriminar la aplicación de los derechos allí reconocidos por el nacimiento de la persona.
Además de este tratado incorporado al cuerpo constitucional nacional, es relevante mencionar varias constituciones provinciales que reconocen dicha protección. Así lo hacen las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Salta, San Luis, Santiago del Estero, Chubut, Córdoba, Chaco, Formosa, Tierra del Fuego, Catamarca y Tucumán. Por último, quiero resaltar que incluso el doctor Gil Lavedra declaró que, si bien no es un derecho absoluto, la vida debe tutelarse desde la concepción.
En nuestro ordenamiento jurídico interno se ha decidido considerar a la persona por nacer como niño. Esto quedó plasmado en la ley 23.849, mediante la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño. En dicha ley, este Honorable Congreso decidió efectuar varias reservas y declaraciones sobre diversos artículos, las cuales fueron ratificadas y anotadas en la ONU, estando así vigentes y teniendo esta validez legal para la aplicación de dicha convención en la República Argentina.
La declaración que nos importa es la realizada respecto a la interpretación del concepto "niño", declarando así que niño es todo ser humano desde la concepción hasta los 18 años de edad.
Mucho se ha escuchado estos días con respecto a la validez jurídica de dicha declaración interpretativa, la cual fundamentamos en dos aspectos. El primero, en la Guía Práctica sobre las Reservas de los Tratados de 2011, elaborada por la Comisión de Derechos Internacionales de las Naciones Unidas, la cual define y reconoce con validez jurídica a las declaraciones interpretativas como una declaración unilateral, cualquiera sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado o por una organización internacional con objeto de precisar o aclarar el sentido o alcance de un tratado o de algunas de sus disposiciones.
A su vez, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en lo que respecta a las reservas, nótese que el concepto de declaración interpretativa se encuentra en la Guía Práctica sobre Reservas...
Lo primero que quiero plantear es una fundamentación jurídica, lo que entiendo desde el punto de vista jurídico con respecto al proyecto de ley que está en debate.
Para mí, es innegable la existencia de la persona por nacer como sujeto de derecho en nuestro ordenamiento jurídico. Éste se encuentra reconocido en el artículo 19, y establecido el ejercicio de sus derechos y su representación en los artículos 24 y 101 del Código Civil y Comercial de la Nación. Además, la vida de la persona por nacer cuenta con protección jurídica, siendo esta tutelada y protegida a través del delito del aborto establecido en el Título I, Delitos contra las personas, Capítulo 1º, Delitos contra la vida, del Código Penal de la Nación.
Desde la jurisprudencia podemos nombrar varios fallos de nuestro sistema judicial, entre ellos el caso Rabinovich en 1999; Portal de Belén, en 2002; Elvira Sánchez, en 2007 y el fallo F.A.L, en 2012. En lo que respecta a la doctrina argentina varios juristas de renombre, tanto a favor como en contra de la ley que hoy nos encontramos debatiendo, han afirmado la existencia de la persona por nacer como sujeto de derecho. Sólo para nombrar a algunos de ellos: Barra, Gelli, Sagüés, Garat, Vitolo, Toller, Laferrere, Basset, Ranieri.
No hay lugar a duda de que el comienzo de la existencia humana y, por lo tanto, la tutela de sus derechos, es desde la concepción. Y para la protección de la vida desde la concepción está establecida la persona por nacer como sujeto de derecho. Veremos ahora el mandato constitucional de tutelar la vida.
Son varios los tratados internacionales de derechos humanos que tutelan el derecho a la vida, pero especial relevancia tiene la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica. Allí no solo se establece que la vida debe ser protegida, en general, desde la concepción -en el artículo 4°-, sino que en el artículo 1º prohíbe discriminar la aplicación de los derechos allí reconocidos por el nacimiento de la persona.
Además de este tratado incorporado al cuerpo constitucional nacional, es relevante mencionar varias constituciones provinciales que reconocen dicha protección. Así lo hacen las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Salta, San Luis, Santiago del Estero, Chubut, Córdoba, Chaco, Formosa, Tierra del Fuego, Catamarca y Tucumán. Por último, quiero resaltar que incluso el doctor Gil Lavedra declaró que, si bien no es un derecho absoluto, la vida debe tutelarse desde la concepción.
En nuestro ordenamiento jurídico interno se ha decidido considerar a la persona por nacer como niño. Esto quedó plasmado en la ley 23.849, mediante la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño. En dicha ley, este Honorable Congreso decidió efectuar varias reservas y declaraciones sobre diversos artículos, las cuales fueron ratificadas y anotadas en la ONU, estando así vigentes y teniendo esta validez legal para la aplicación de dicha convención en la República Argentina.
La declaración que nos importa es la realizada respecto a la interpretación del concepto "niño", declarando así que niño es todo ser humano desde la concepción hasta los 18 años de edad.
Mucho se ha escuchado estos días con respecto a la validez jurídica de dicha declaración interpretativa, la cual fundamentamos en dos aspectos. El primero, en la Guía Práctica sobre las Reservas de los Tratados de 2011, elaborada por la Comisión de Derechos Internacionales de las Naciones Unidas, la cual define y reconoce con validez jurídica a las declaraciones interpretativas como una declaración unilateral, cualquiera sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado o por una organización internacional con objeto de precisar o aclarar el sentido o alcance de un tratado o de algunas de sus disposiciones.
A su vez, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en lo que respecta a las reservas, nótese que el concepto de declaración interpretativa se encuentra en la Guía Práctica sobre Reservas...
SRA. PRESIDENTA MOREAU Disculpe, diputada, la interrumpo un segundo para pedirle a la mesa de ayuda que por favor se comunique con el diputado Maximiliano Ferraro, que está con problemas de conexión.
SR. FERRARO Señora presidenta: acabo de solucionarlo. Le agradezco.
SRA. PRESIDENTA MOREAU Puede continuar, señora diputada.
SRA. MORALES GORLERI Como decía, a su vez, en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en lo que respecta a las reservas -nótese que el concepto de declaración interpretativa se encuentra en la Guía Práctica sobre las Reservas- y a la interpretación de los tratados, en la cual debe considerarse como texto normativo no sólo el articulado, sino también su preámbulo y anexos.
El segundo, es que dichas reservas y declaraciones fueron anotadas al ratificar dicha convención y no fueron objetadas por ningún Estado. Además, se pueden observar varios países que han realizado declaraciones interpretativas para armonizar dicha convención con sus legislaciones internas. Algunos de estos países fueron Argelia, Bélgica, Cuba, Guatemala, Reino Unido y Venezuela.
Además, la declaración interpretativa en cuestión cuenta actualmente con rango constitucional, ya que al realizarse la reforma de 1994 los tratados internacionales fueron agregados "en las condiciones de su vigencia"; Artículo 75, Inciso 22. El alcance y significado de esta referencia puede encontrarse en las versiones taquigráficas del debate de los constituyentes, indicando que es la manera en que dichos tratados fueron incorporados a nuestro ordenamiento interno.
Es decir, en el caso de la Convención sobre los Derechos del Niño, con las reservas y declaraciones interpretativas realizadas por este Congreso -ver Barra, Peña, Pettigiani, etcétera- esto es importante por dos motivos. El primero, porque dicha convención, al entender al niño desde la concepción en armonía con el resto de nuestro ordenamiento jurídico, establece tanto en su preámbulo como en el artículo 6° su protección legal y derecho a la vida desde ese momento.
El segundo, refiere al interés superior del niño establecido en dicha convención y en la ley 26.061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Dicho interés establece la máxima satisfacción integral y simultánea de sus derechos, y que cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescente frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros.
Otro de los puntos que cuestionamos de este proyecto de ley en cuanto a su inconstitucionalidad es respecto del régimen federal. La competencia en materia de legislación sanitaria y de educación no ha sido delegada por las provincias hacia el gobierno nacional. Por lo tanto, éstas conservan dicha facultad; artículo 121 de la Constitución Nacional.
Por otro lado, el Congreso Nacional tiene competencia para legislar en orden a armonizar la legislación y establecer pisos mínimos de derechos para promover el bienestar general y asegurar el desarrollo humano. Sin embargo, dicha responsabilidad y competencia es concurrente entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Congreso Nacional no puede legislar en materia de salud y educación un texto que obligue y violente -tal como disponen los artículos 20, 4º 12 y 18, respectivamente, del proyecto de ley en discusión- manifiestamente las constituciones provinciales; específicamente de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Salta, San Luis, Santiago del Estero, Chubut, Córdoba, Chaco, Formosa, Tierra del Fuego, Catamarca y Tucumán. Llamo a los representantes de estas provincias a defender sus constituciones.
Derechos de la mujer. La persona por nacer no es el único sujeto a considerar, sino que las mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar ocupan un lugar igual de importante durante este debate. Los derechos de las mujeres se encuentran regulados principalmente en la ley 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belén do Pará y la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer -CEDAW-, entre otras.
Tanto en la normativa internacional como en la nacional se establece que la mujer tiene derecho, entre otros allí estipulados, a vivir sin violencia ni discriminación a su salud, a que se respete su dignidad, a decidir sobre su salud reproductiva y evitar su revictimización.
Está clara, señora presidenta -y escuché numerosos discursos durante las jornadas de hoy y ayer- la vulneración de derechos que han sufrido las mujeres a lo largo de la historia, y específicamente de la historia de nuestro país, respecto a muchas situaciones que han violentado sus derechos fundamentales y a una cultura que ha sometido muchas veces a las mujeres. Los que hemos trabajado en todo el interior profundo de nuestro país, en los barrios más vulnerables, hemos visto significativamente, con mucho dolor, esta situación que padecen y atraviesan nuestras mujeres.
En este sentido, nos estamos encontrando ante la colisión del derecho a la vida de la persona por nacer y de los derechos de la mujer, especialmente el de su autonomía respecto a su salud reproductiva. Como bien mencionó la doctora Kemelmajer de Carlucci durante su exposición, la autonomía de la mujer no es absoluta, sino que se encuentra en un equilibrio con la igualdad y la solidaridad. Coincido con dicha afirmación; quizás nuestra diferencia al respecto radique en que entiendo que la igualdad y la solidaridad no deben ser solamente respecto de la mujer, sino de todas las personas involucradas en este debate.
Por eso hay que tener especial cuidado al legislar respecto al momento y causales en las que se permite el aborto. No puede tomarse una decisión de política legislativa que invisibilice y niegue de manera absoluta estos derechos. Las leyes deben contener un grado mínimo de razonabilidad respecto a la limitación de derechos, y especial cuidado merece cuando el derecho en cuestión es la protección de la vida de una persona.
Por último, más allá de las incompatibilidades de este proyecto de ley con nuestro marco normativo y de la prevalencia de los derechos de las niñas y niños frente a una situación de conflicto entre derechos, y la irresponsabilidad de legislar de manera irrestricta y laxa en un tema tan central como el derecho a la vida, este proyecto cuenta con varias irregularidades que no podemos dejar de mencionar.
En primer lugar, legalizar el aborto de manera arbitraria e irrestricta hasta la semana 14 por voluntad de la mujer, sin ningún tipo de consideración sobre la persona por nacer, no resiste ningún análisis de razonabilidad en el sentido jurídico.
En segundo lugar, la redacción de la causal de abortar por riesgo a la vida o salud integral -física, psíquica, social- de la madre, es tan laxa que podría generar una legalización irrestricta hasta el final del embarazo.
Es decir que, aludiendo motivos de salud social, porque el 50 por ciento de la población está en situación de pobreza, una mujer podría abortar hasta el noveno mes de embarazo. Esto nos genera especial preocupación, ya que según un informe del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, el 97 por ciento de los abortos realizados este año se debe a casos de salud integral, pero sin especificar motivo. Es decir que no hay constancia ni registro; simplemente, con alegar "salud integral", se realiza el procedimiento en cualquier etapa de gestación.
En tercer término, el proyecto menciona que su objeto es dar cumplimiento a los compromisos asumidos por el Estado argentino. En ningún tratado ratificado por la República Argentina hay un compromiso de legalizar el aborto.
En cuarto lugar, nos genera especial preocupación el hecho de que una menor de trece años pueda realizarse un aborto con la asistencia de un referente afectivo o comunitario ya que, como sabemos, la mayoría de los abusos sexuales sucede fundamentalmente en el ámbito intrafamiliar. Legislar la redacción propuesta por el Ejecutivo podría propiciar que el supuesto referente afectivo fuera el mismo abusador, manteniéndose así el ciclo de violencia contra la menor.
Quinto: la normativa dispuesta respecto de la autonomía de las niñas y adolescentes sobre las decisiones sobre su hijo contradicen lo dispuesto en el artículo 644 del Código Civil y Comercial, que dispone que el consentimiento de los progenitores adolescentes debe complementarse con el asentimiento de sus propios progenitores cuando se trata de actos trascendentes para la vida del niño.
En sexto lugar, están los artículos sobre la despenalización. Es claro que el Ejecutivo sigue entendiendo el aborto como un delito, ya que se mantienen las causales de penalización, lo cual es, al menos, incoherente con respecto al resto del proyecto, que prácticamente considera el aborto como un derecho absoluto. Además, lamentamos profundamente que ya no sea requisito para la despenalización que el procedimiento sea realizado por un médico diplomado.
Voy a saltear algunos párrafos que refieren a las objeciones de conciencia individuales e institucionales que también consideramos problemáticos.
Por último, entendemos que no hay un real acompañamiento del Estado. No hay una política pública integral para acompañar a la embarazada ni tampoco hay consejerías o alternativas; solo hay aborto.
Legalizar de esta manera el aborto es bajar los brazos. Es dejar de intentar revertir las causales que llevan a una mujer a esta dolorosa decisión, pues no lo hacen en libertad sino condicionadas por su contexto de violencia, soledad, pobreza y desesperanza.
No estoy dispuesta a asumir el fracaso. No estoy dispuesta a decir que el Estado argentino fracasó. Que no sea ley.
El segundo, es que dichas reservas y declaraciones fueron anotadas al ratificar dicha convención y no fueron objetadas por ningún Estado. Además, se pueden observar varios países que han realizado declaraciones interpretativas para armonizar dicha convención con sus legislaciones internas. Algunos de estos países fueron Argelia, Bélgica, Cuba, Guatemala, Reino Unido y Venezuela.
Además, la declaración interpretativa en cuestión cuenta actualmente con rango constitucional, ya que al realizarse la reforma de 1994 los tratados internacionales fueron agregados "en las condiciones de su vigencia"; Artículo 75, Inciso 22. El alcance y significado de esta referencia puede encontrarse en las versiones taquigráficas del debate de los constituyentes, indicando que es la manera en que dichos tratados fueron incorporados a nuestro ordenamiento interno.
Es decir, en el caso de la Convención sobre los Derechos del Niño, con las reservas y declaraciones interpretativas realizadas por este Congreso -ver Barra, Peña, Pettigiani, etcétera- esto es importante por dos motivos. El primero, porque dicha convención, al entender al niño desde la concepción en armonía con el resto de nuestro ordenamiento jurídico, establece tanto en su preámbulo como en el artículo 6° su protección legal y derecho a la vida desde ese momento.
El segundo, refiere al interés superior del niño establecido en dicha convención y en la ley 26.061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Dicho interés establece la máxima satisfacción integral y simultánea de sus derechos, y que cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescente frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros.
Otro de los puntos que cuestionamos de este proyecto de ley en cuanto a su inconstitucionalidad es respecto del régimen federal. La competencia en materia de legislación sanitaria y de educación no ha sido delegada por las provincias hacia el gobierno nacional. Por lo tanto, éstas conservan dicha facultad; artículo 121 de la Constitución Nacional.
Por otro lado, el Congreso Nacional tiene competencia para legislar en orden a armonizar la legislación y establecer pisos mínimos de derechos para promover el bienestar general y asegurar el desarrollo humano. Sin embargo, dicha responsabilidad y competencia es concurrente entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Congreso Nacional no puede legislar en materia de salud y educación un texto que obligue y violente -tal como disponen los artículos 20, 4º 12 y 18, respectivamente, del proyecto de ley en discusión- manifiestamente las constituciones provinciales; específicamente de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Salta, San Luis, Santiago del Estero, Chubut, Córdoba, Chaco, Formosa, Tierra del Fuego, Catamarca y Tucumán. Llamo a los representantes de estas provincias a defender sus constituciones.
Derechos de la mujer. La persona por nacer no es el único sujeto a considerar, sino que las mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar ocupan un lugar igual de importante durante este debate. Los derechos de las mujeres se encuentran regulados principalmente en la ley 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belén do Pará y la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer -CEDAW-, entre otras.
Tanto en la normativa internacional como en la nacional se establece que la mujer tiene derecho, entre otros allí estipulados, a vivir sin violencia ni discriminación a su salud, a que se respete su dignidad, a decidir sobre su salud reproductiva y evitar su revictimización.
Está clara, señora presidenta -y escuché numerosos discursos durante las jornadas de hoy y ayer- la vulneración de derechos que han sufrido las mujeres a lo largo de la historia, y específicamente de la historia de nuestro país, respecto a muchas situaciones que han violentado sus derechos fundamentales y a una cultura que ha sometido muchas veces a las mujeres. Los que hemos trabajado en todo el interior profundo de nuestro país, en los barrios más vulnerables, hemos visto significativamente, con mucho dolor, esta situación que padecen y atraviesan nuestras mujeres.
En este sentido, nos estamos encontrando ante la colisión del derecho a la vida de la persona por nacer y de los derechos de la mujer, especialmente el de su autonomía respecto a su salud reproductiva. Como bien mencionó la doctora Kemelmajer de Carlucci durante su exposición, la autonomía de la mujer no es absoluta, sino que se encuentra en un equilibrio con la igualdad y la solidaridad. Coincido con dicha afirmación; quizás nuestra diferencia al respecto radique en que entiendo que la igualdad y la solidaridad no deben ser solamente respecto de la mujer, sino de todas las personas involucradas en este debate.
Por eso hay que tener especial cuidado al legislar respecto al momento y causales en las que se permite el aborto. No puede tomarse una decisión de política legislativa que invisibilice y niegue de manera absoluta estos derechos. Las leyes deben contener un grado mínimo de razonabilidad respecto a la limitación de derechos, y especial cuidado merece cuando el derecho en cuestión es la protección de la vida de una persona.
Por último, más allá de las incompatibilidades de este proyecto de ley con nuestro marco normativo y de la prevalencia de los derechos de las niñas y niños frente a una situación de conflicto entre derechos, y la irresponsabilidad de legislar de manera irrestricta y laxa en un tema tan central como el derecho a la vida, este proyecto cuenta con varias irregularidades que no podemos dejar de mencionar.
En primer lugar, legalizar el aborto de manera arbitraria e irrestricta hasta la semana 14 por voluntad de la mujer, sin ningún tipo de consideración sobre la persona por nacer, no resiste ningún análisis de razonabilidad en el sentido jurídico.
En segundo lugar, la redacción de la causal de abortar por riesgo a la vida o salud integral -física, psíquica, social- de la madre, es tan laxa que podría generar una legalización irrestricta hasta el final del embarazo.
Es decir que, aludiendo motivos de salud social, porque el 50 por ciento de la población está en situación de pobreza, una mujer podría abortar hasta el noveno mes de embarazo. Esto nos genera especial preocupación, ya que según un informe del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, el 97 por ciento de los abortos realizados este año se debe a casos de salud integral, pero sin especificar motivo. Es decir que no hay constancia ni registro; simplemente, con alegar "salud integral", se realiza el procedimiento en cualquier etapa de gestación.
En tercer término, el proyecto menciona que su objeto es dar cumplimiento a los compromisos asumidos por el Estado argentino. En ningún tratado ratificado por la República Argentina hay un compromiso de legalizar el aborto.
En cuarto lugar, nos genera especial preocupación el hecho de que una menor de trece años pueda realizarse un aborto con la asistencia de un referente afectivo o comunitario ya que, como sabemos, la mayoría de los abusos sexuales sucede fundamentalmente en el ámbito intrafamiliar. Legislar la redacción propuesta por el Ejecutivo podría propiciar que el supuesto referente afectivo fuera el mismo abusador, manteniéndose así el ciclo de violencia contra la menor.
Quinto: la normativa dispuesta respecto de la autonomía de las niñas y adolescentes sobre las decisiones sobre su hijo contradicen lo dispuesto en el artículo 644 del Código Civil y Comercial, que dispone que el consentimiento de los progenitores adolescentes debe complementarse con el asentimiento de sus propios progenitores cuando se trata de actos trascendentes para la vida del niño.
En sexto lugar, están los artículos sobre la despenalización. Es claro que el Ejecutivo sigue entendiendo el aborto como un delito, ya que se mantienen las causales de penalización, lo cual es, al menos, incoherente con respecto al resto del proyecto, que prácticamente considera el aborto como un derecho absoluto. Además, lamentamos profundamente que ya no sea requisito para la despenalización que el procedimiento sea realizado por un médico diplomado.
Voy a saltear algunos párrafos que refieren a las objeciones de conciencia individuales e institucionales que también consideramos problemáticos.
Por último, entendemos que no hay un real acompañamiento del Estado. No hay una política pública integral para acompañar a la embarazada ni tampoco hay consejerías o alternativas; solo hay aborto.
Legalizar de esta manera el aborto es bajar los brazos. Es dejar de intentar revertir las causales que llevan a una mujer a esta dolorosa decisión, pues no lo hacen en libertad sino condicionadas por su contexto de violencia, soledad, pobreza y desesperanza.
No estoy dispuesta a asumir el fracaso. No estoy dispuesta a decir que el Estado argentino fracasó. Que no sea ley.
SRA. PRESIDENTA CARRIZO Gracias, señora diputada Morales Gorleri.
Tiene la palabra la señora diputada Graciela Camaño.
Tiene la palabra la señora diputada Graciela Camaño.
SRA. CAMAÑO Señora presidenta: considero que la diputada preopinante ha hecho un análisis pormenorizado del proyecto de ley. Digo esto porque, por momentos, se escuchan discursos que nos llevan a preguntar dónde está escrito lo que se dice. Al menos en el proyecto de ley en tratamiento, yo no lo encuentro. De manera que no puedo menos que adherir a todas las observaciones puntillosas y sujetas a derecho que ella hizo.
Quisiera abordar este tema desde tres convicciones propias. Pero antes quiero agradecer a todas las personas que han participado de estas jornadas y también a las que lo han hecho en las jornadas que se realizaron en 2018, porque nos han proporcionado un enorme material de trabajo e intercambiar saberes y pareceres. Si bien es cierto que las personas invitadas no tienen representatividad electiva, por algo las hemos citado. O sea que hay un prerreconocimiento hacia sus bondades, piensen como piensen. Por eso las hemos citado. De hecho, considero que todas son merecedoras de un agradecimiento muy particular.
La primera cuestión que quiero aclarar está relacionada con la defensa de los derechos de las mujeres. Advierto que se pretende, desde una suerte de redefinición del feminismo de este siglo XXI, instalar la idea de que solo se es feminista si se defiende el derecho al aborto. Humildemente, debo decirles que muchas que militamos por el derecho a la vida del niño por nacer hemos realizado y realizamos una gran tarea para avanzar hacia una cultura social que comprenda tanto a hombres como a mujeres y cuyo fin sea eliminar las brechas que ponen a la mujer en inferioridad de posibilidades. Las mujeres están en absoluta desventaja en el planeta y no es solamente porque no tienen derecho al aborto. Hay desventajas económicas que son lacerantes. El Fondo Monetario Internacional calcula que tendremos que esperar más de setecientos años para cubrir la brecha en materia económica y financiera respecto de los hombres. Ni hablar de la brecha educativa, social, sanitaria y cultural.
También hemos sido protagonistas y participado entusiastamente de la búsqueda de una paridad en el reparto del poder entre hombres y mujeres. En ese plano hemos avanzado y continuamos avanzando minuciosamente. Pero lo hacemos todas, así como también lo hacen muchos hombres.
Dicho esto, quiero plantear que tirar la responsabilidad de la decisión sobre el hijo por nacer en la mujer y en su cuerpo no me parece acorde con los estándares de esa defensa. En el proyecto en trámite, señora presidenta, el feto es una cosa. Como cosa, es propiedad de la mujer gestante, con lo cual se elimina cualquier tipo de responsabilidad del hombre.
La segunda cuestión a la que quiero referirme también tiene que ver con mis convicciones más profundas y está relacionada con la vida. Me refiero a la vida de todos: no solamente a la del fenómeno que pueda constituir el niño por nacer, tal como fue calificado acá. Para analizar este fenómeno pongo la vida en el marco de la creación y más allá de las religiones. Las religiones, en definitiva, son parte de una búsqueda constante y ancestral de los seres que habitamos este planeta en sus diversas formas y sentires. En mi opinión, los ateos son los más dichosos de todos porque, como no han encontrado aún la verdad y no permiten el camino de la religión como vía para la búsqueda, siguen buscando.
En el plano en el que a nosotros nos toca convivir, eso es aún un gran misterio. Nosotros, los humanos, que tenemos capacidades distintas al resto de la enorme biodiversidad con la que convivimos, que hemos desarrollado nuestra inteligencia y hemos sido dotados de capacidades físicas distintas gracias al devenir del tiempo -porque esta mano, por ejemplo, se volvió una herramienta con el paso del tiempo-, tratamos de olvidar la finitud de nuestras propias vidas. Incluso hemos llegado a un punto en el que faltamos el respeto a lo que nos rodea. En definitiva, faltamos el respeto a la vida.
Algunos ya se dieron cuenta de esta situación. Porque esta es una situación que está sujeta a una charla constante desde hace medio siglo. Hoy es común el discurso que invita al abandono del antropocentrismo y a tener una mirada amigable y ecocéntrica. Esto es así, señora presidenta, porque el balance que en el siglo XXI recogemos de nuestras acciones como seres inteligentes sobre los demás seres del planeta tiene un saldo preocupante.
Ahora bien, me gustaría saber cómo se compatibiliza esto de que la vida se deber respetar, ya que si no respetamos la biodiversidad y la naturaleza cada vez nos acercamos más a un precipicio que no tiene fin, con esta otra idea de que en el vientre de una mujer existe algo calificado como "fenómeno", "cosa" o "res", como decían los romanos. Fíjense que los romanos les decían "res" a los esclavos. ¿Pero saben una cosa? Si una mujer esclava que estaba embarazada era condenada a muerte, hasta que no pariera la sentencia de muerte no se ejecutaba por respeto a la vida que llevaba en su vientre. Reitero: la esclava romana era una cosa, pero su hijo en el vientre materno tenía una tutela especial. Se visualiza allí un pensamiento que hacía suponer que aquello no era una cosa, sino un ser. El pensamiento ambientalista no es compatible con el desconocimiento de la vida.
La otra convicción que tengo está vinculada con nuestra legislación. No voy a hacer un análisis exhaustivo de lo que dice la Constitución, porque además todos sabemos aquello de la mitad del vaso lleno y la mitad del vaso vacío. Solo voy a decir que en el mundo hay tres tipos de legislación en materia de aborto, que corresponden a tres maneras distintas de abordar la temática. En otras palabras, hay tres tipos de plexos normativos: los permisivos, los moderados y los extremos. Nuestra legislación se arraiga en el derecho que constituyó la civilidad en la que vivimos. En este sentido, advierto un ninguneo a la legislación al tachársela de vieja, cuando en realidad se trata del esqueleto que nos sostiene como sociedad. Nosotros nos hemos constituido de esta manera, más allá de que nuestra existencia como legisladores amerite un aggiornamento. Algunas veces, cuando la sociedad se toma el compromiso y pueden generarse consensos, se hacen reformas constitucionales.
El plexo normativo argentino puede calificarse de "moderado". Hoy circulan esos mapitas que señalan la cantidad de países donde el aborto está legalizado. Si prestan atención, los países con legislación extrema son los menos. Nosotros no estamos allí, sino entre los países con legislación moderada. O sea que los antiguos codificadores argentinos han tenido la capacidad de ponernos en el punto justo.
Fíjense que en nuestra legislación no se castiga con mayor vehemencia a la mujer que se realiza un aborto. Nuestra legislación es rigurosa con quien hace o ayuda a hacer el aborto. En general, se trata de un hombre irresponsable que lleva a hacer el aborto a la mujer. La mujer tiene la pena mínima. ¿Saben por qué? Porque lo que pretende la legislación moderada es, en primer lugar, dar valor a la vida, para luego constituirnos en una sociedad con ese valor. En este punto, cabe mencionar la gaffe del señor ministro cuando dice algo tan inexplicable como que se trata de un "fenómeno" porque, si se tratara de un ser, el aborto sería un genocidio. Si hay algo que nadie puede negar es que es un ser. Lo demás lo dejo para que lo completen ustedes.
Si bien no tengo el ánimo ni la intención de entrar en debate con mis colegas, quiero decir que ellas dan prioridad al derecho de la mujer, mientras que yo doy prioridad al derecho a la vida. Adentro del vientre de una mujer, hay vida. Eso es lo que nosotros tenemos que respetar como sociedad. Esta es mi convicción.
Honestamente, algunas frases que se dijeron en este debate convocan a la risa. Otras, a la reflexión, mientras que algunas tantas me resultan muy interesantes. Debo confesar que muchas de las exposiciones de las colegas me hacen pensar, y mucho. Pero, realmente, no me convoca hacer una legislación donde tenga que ignorar mis convicciones de vida por el derecho al goce. Cuando me dicen esto, me pregunto: ¿ustedes creen que las mujeres no gozan y que necesitan de una ley de aborto para hacerlo? ¿En serio me lo dicen?
Por otro lado, me hablan del derecho al cuerpo. Miren, chicas, no sé si es porque tengo mi autoestima elevada, pero yo ya me considero dueña de mi cuerpo. No necesito que el Parlamento argentino haga una ley que me diga: acá está el aborto y, a partir de ahora, sos dueña de tu cuerpo. Soy dueña de mi cuerpo, y más vale que empecemos a decir a las mujeres que son dueñas de sus cuerpos para que se paren frente a los violentos y se hagan respetar. Lo digo porque está visto que la ayuda que brinda el Estado no les alcanza. Seriamente, no creo que porque tengamos una ley de aborto vayamos a ser dueñas de nuestro cuerpo. Ya somos dueñas de él.
También se habla de la ampliación de derechos. Esta es una parte muy seria del debate. Entiendo y comparto la necesidad de esta ampliación. Ahora bien, ¿sobre qué base? ¿Qué contraponemos? ¿Qué dejamos de hacer para dar más derechos? Lo que estamos contraponiendo es otra vida. No puede haber ampliación de derechos si lo que está en juego es la vida de otro.
Otra frase que también me gustaría rebatir es la siguiente: no queremos que el Estado se meta. Es un tema de salud pública. Lo que falta explicar en este caso es que metemos al Estado para que la madre pueda decidir sobre la vida del niño por nacer -o sea, su hijo-, aun cuando no esté en peligro su vida, y para que ello suceda es necesario convertir a ese ser en cosa. O sea que no quieren que el Estado se meta a defender la vida que viene, pero sí que transforme a ese ser en una cosa para ponerlo a disposición de otros en nombre de la ampliación de derechos.
Se nos presentan diagnósticos de la situación que son realmente tremendos. Aun cuando no tengan comprobación científica, realmente nos conmueven. Ustedes saben que es así y por eso lo hacen. Yo no voy a cuestionar ninguna de las cifras exhibidas. El aborto es trágico, sea legal o ilegal, porque la mujer que aborta sabe que ahí hay una vida.
Entonces, no me digan que, porque ustedes lo legalicen y la acompañen, una vez que ella cierre la puerta de su casa no se va a preguntar qué hizo. Se lo va a preguntar toda la vida. El aborto es una experiencia traumática, que conmociona, sea legal o ilegal. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Saben lo que yo creo? Que políticamente hemos sido incapaces de llevar adelante acciones adecuadas para proteger a las niñas, a las adolescentes y las mujeres.
Nosotros, que somos su dirigencia política, los que dirigimos los destinos de la Nación, ofrecemos como único camino la posibilidad del aborto. Y es el único camino, ¿saben por qué? Porque hablamos de un país con un 45 por ciento de pobres. Esa es la prueba palmaria de nuestra incapacidad como dirigentes políticos; y, para justificarla, decimos a las mujeres que les estamos dando el derecho al aborto. ¡Vaya derecho, cuando no les damos derecho a la alimentación, derecho a la salud, derecho a la educación!
¿De qué estamos hablando, señoras? Estamos poniendo un velo a la realidad porque la elección -reitero- no es tener aborto seguro o inseguro; la elección es dictar políticas públicas que generen oportunidades para salvar la espantosa brecha que acompaña a las mujeres de por vida. No es un derecho humano que un humano tenga la posibilidad de decidir sobre la vida de otro humano que, por cierto, señores, es el más vulnerable de todos.
Muchas gracias por escucharme. Si alguna se siente ofendida por sus convicciones, lo lamento; yo me vengo sintiendo ofendida en mis convicciones desde hace bastante tiempo, pero creo honestamente que estamos cometiendo un gravísimo error proponiendo a la sociedad la posibilidad de que la muerte de un ser sea la solución.
Quisiera abordar este tema desde tres convicciones propias. Pero antes quiero agradecer a todas las personas que han participado de estas jornadas y también a las que lo han hecho en las jornadas que se realizaron en 2018, porque nos han proporcionado un enorme material de trabajo e intercambiar saberes y pareceres. Si bien es cierto que las personas invitadas no tienen representatividad electiva, por algo las hemos citado. O sea que hay un prerreconocimiento hacia sus bondades, piensen como piensen. Por eso las hemos citado. De hecho, considero que todas son merecedoras de un agradecimiento muy particular.
La primera cuestión que quiero aclarar está relacionada con la defensa de los derechos de las mujeres. Advierto que se pretende, desde una suerte de redefinición del feminismo de este siglo XXI, instalar la idea de que solo se es feminista si se defiende el derecho al aborto. Humildemente, debo decirles que muchas que militamos por el derecho a la vida del niño por nacer hemos realizado y realizamos una gran tarea para avanzar hacia una cultura social que comprenda tanto a hombres como a mujeres y cuyo fin sea eliminar las brechas que ponen a la mujer en inferioridad de posibilidades. Las mujeres están en absoluta desventaja en el planeta y no es solamente porque no tienen derecho al aborto. Hay desventajas económicas que son lacerantes. El Fondo Monetario Internacional calcula que tendremos que esperar más de setecientos años para cubrir la brecha en materia económica y financiera respecto de los hombres. Ni hablar de la brecha educativa, social, sanitaria y cultural.
También hemos sido protagonistas y participado entusiastamente de la búsqueda de una paridad en el reparto del poder entre hombres y mujeres. En ese plano hemos avanzado y continuamos avanzando minuciosamente. Pero lo hacemos todas, así como también lo hacen muchos hombres.
Dicho esto, quiero plantear que tirar la responsabilidad de la decisión sobre el hijo por nacer en la mujer y en su cuerpo no me parece acorde con los estándares de esa defensa. En el proyecto en trámite, señora presidenta, el feto es una cosa. Como cosa, es propiedad de la mujer gestante, con lo cual se elimina cualquier tipo de responsabilidad del hombre.
La segunda cuestión a la que quiero referirme también tiene que ver con mis convicciones más profundas y está relacionada con la vida. Me refiero a la vida de todos: no solamente a la del fenómeno que pueda constituir el niño por nacer, tal como fue calificado acá. Para analizar este fenómeno pongo la vida en el marco de la creación y más allá de las religiones. Las religiones, en definitiva, son parte de una búsqueda constante y ancestral de los seres que habitamos este planeta en sus diversas formas y sentires. En mi opinión, los ateos son los más dichosos de todos porque, como no han encontrado aún la verdad y no permiten el camino de la religión como vía para la búsqueda, siguen buscando.
En el plano en el que a nosotros nos toca convivir, eso es aún un gran misterio. Nosotros, los humanos, que tenemos capacidades distintas al resto de la enorme biodiversidad con la que convivimos, que hemos desarrollado nuestra inteligencia y hemos sido dotados de capacidades físicas distintas gracias al devenir del tiempo -porque esta mano, por ejemplo, se volvió una herramienta con el paso del tiempo-, tratamos de olvidar la finitud de nuestras propias vidas. Incluso hemos llegado a un punto en el que faltamos el respeto a lo que nos rodea. En definitiva, faltamos el respeto a la vida.
Algunos ya se dieron cuenta de esta situación. Porque esta es una situación que está sujeta a una charla constante desde hace medio siglo. Hoy es común el discurso que invita al abandono del antropocentrismo y a tener una mirada amigable y ecocéntrica. Esto es así, señora presidenta, porque el balance que en el siglo XXI recogemos de nuestras acciones como seres inteligentes sobre los demás seres del planeta tiene un saldo preocupante.
Ahora bien, me gustaría saber cómo se compatibiliza esto de que la vida se deber respetar, ya que si no respetamos la biodiversidad y la naturaleza cada vez nos acercamos más a un precipicio que no tiene fin, con esta otra idea de que en el vientre de una mujer existe algo calificado como "fenómeno", "cosa" o "res", como decían los romanos. Fíjense que los romanos les decían "res" a los esclavos. ¿Pero saben una cosa? Si una mujer esclava que estaba embarazada era condenada a muerte, hasta que no pariera la sentencia de muerte no se ejecutaba por respeto a la vida que llevaba en su vientre. Reitero: la esclava romana era una cosa, pero su hijo en el vientre materno tenía una tutela especial. Se visualiza allí un pensamiento que hacía suponer que aquello no era una cosa, sino un ser. El pensamiento ambientalista no es compatible con el desconocimiento de la vida.
La otra convicción que tengo está vinculada con nuestra legislación. No voy a hacer un análisis exhaustivo de lo que dice la Constitución, porque además todos sabemos aquello de la mitad del vaso lleno y la mitad del vaso vacío. Solo voy a decir que en el mundo hay tres tipos de legislación en materia de aborto, que corresponden a tres maneras distintas de abordar la temática. En otras palabras, hay tres tipos de plexos normativos: los permisivos, los moderados y los extremos. Nuestra legislación se arraiga en el derecho que constituyó la civilidad en la que vivimos. En este sentido, advierto un ninguneo a la legislación al tachársela de vieja, cuando en realidad se trata del esqueleto que nos sostiene como sociedad. Nosotros nos hemos constituido de esta manera, más allá de que nuestra existencia como legisladores amerite un aggiornamento. Algunas veces, cuando la sociedad se toma el compromiso y pueden generarse consensos, se hacen reformas constitucionales.
El plexo normativo argentino puede calificarse de "moderado". Hoy circulan esos mapitas que señalan la cantidad de países donde el aborto está legalizado. Si prestan atención, los países con legislación extrema son los menos. Nosotros no estamos allí, sino entre los países con legislación moderada. O sea que los antiguos codificadores argentinos han tenido la capacidad de ponernos en el punto justo.
Fíjense que en nuestra legislación no se castiga con mayor vehemencia a la mujer que se realiza un aborto. Nuestra legislación es rigurosa con quien hace o ayuda a hacer el aborto. En general, se trata de un hombre irresponsable que lleva a hacer el aborto a la mujer. La mujer tiene la pena mínima. ¿Saben por qué? Porque lo que pretende la legislación moderada es, en primer lugar, dar valor a la vida, para luego constituirnos en una sociedad con ese valor. En este punto, cabe mencionar la gaffe del señor ministro cuando dice algo tan inexplicable como que se trata de un "fenómeno" porque, si se tratara de un ser, el aborto sería un genocidio. Si hay algo que nadie puede negar es que es un ser. Lo demás lo dejo para que lo completen ustedes.
Si bien no tengo el ánimo ni la intención de entrar en debate con mis colegas, quiero decir que ellas dan prioridad al derecho de la mujer, mientras que yo doy prioridad al derecho a la vida. Adentro del vientre de una mujer, hay vida. Eso es lo que nosotros tenemos que respetar como sociedad. Esta es mi convicción.
Honestamente, algunas frases que se dijeron en este debate convocan a la risa. Otras, a la reflexión, mientras que algunas tantas me resultan muy interesantes. Debo confesar que muchas de las exposiciones de las colegas me hacen pensar, y mucho. Pero, realmente, no me convoca hacer una legislación donde tenga que ignorar mis convicciones de vida por el derecho al goce. Cuando me dicen esto, me pregunto: ¿ustedes creen que las mujeres no gozan y que necesitan de una ley de aborto para hacerlo? ¿En serio me lo dicen?
Por otro lado, me hablan del derecho al cuerpo. Miren, chicas, no sé si es porque tengo mi autoestima elevada, pero yo ya me considero dueña de mi cuerpo. No necesito que el Parlamento argentino haga una ley que me diga: acá está el aborto y, a partir de ahora, sos dueña de tu cuerpo. Soy dueña de mi cuerpo, y más vale que empecemos a decir a las mujeres que son dueñas de sus cuerpos para que se paren frente a los violentos y se hagan respetar. Lo digo porque está visto que la ayuda que brinda el Estado no les alcanza. Seriamente, no creo que porque tengamos una ley de aborto vayamos a ser dueñas de nuestro cuerpo. Ya somos dueñas de él.
También se habla de la ampliación de derechos. Esta es una parte muy seria del debate. Entiendo y comparto la necesidad de esta ampliación. Ahora bien, ¿sobre qué base? ¿Qué contraponemos? ¿Qué dejamos de hacer para dar más derechos? Lo que estamos contraponiendo es otra vida. No puede haber ampliación de derechos si lo que está en juego es la vida de otro.
Otra frase que también me gustaría rebatir es la siguiente: no queremos que el Estado se meta. Es un tema de salud pública. Lo que falta explicar en este caso es que metemos al Estado para que la madre pueda decidir sobre la vida del niño por nacer -o sea, su hijo-, aun cuando no esté en peligro su vida, y para que ello suceda es necesario convertir a ese ser en cosa. O sea que no quieren que el Estado se meta a defender la vida que viene, pero sí que transforme a ese ser en una cosa para ponerlo a disposición de otros en nombre de la ampliación de derechos.
Se nos presentan diagnósticos de la situación que son realmente tremendos. Aun cuando no tengan comprobación científica, realmente nos conmueven. Ustedes saben que es así y por eso lo hacen. Yo no voy a cuestionar ninguna de las cifras exhibidas. El aborto es trágico, sea legal o ilegal, porque la mujer que aborta sabe que ahí hay una vida.
Entonces, no me digan que, porque ustedes lo legalicen y la acompañen, una vez que ella cierre la puerta de su casa no se va a preguntar qué hizo. Se lo va a preguntar toda la vida. El aborto es una experiencia traumática, que conmociona, sea legal o ilegal. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Saben lo que yo creo? Que políticamente hemos sido incapaces de llevar adelante acciones adecuadas para proteger a las niñas, a las adolescentes y las mujeres.
Nosotros, que somos su dirigencia política, los que dirigimos los destinos de la Nación, ofrecemos como único camino la posibilidad del aborto. Y es el único camino, ¿saben por qué? Porque hablamos de un país con un 45 por ciento de pobres. Esa es la prueba palmaria de nuestra incapacidad como dirigentes políticos; y, para justificarla, decimos a las mujeres que les estamos dando el derecho al aborto. ¡Vaya derecho, cuando no les damos derecho a la alimentación, derecho a la salud, derecho a la educación!
¿De qué estamos hablando, señoras? Estamos poniendo un velo a la realidad porque la elección -reitero- no es tener aborto seguro o inseguro; la elección es dictar políticas públicas que generen oportunidades para salvar la espantosa brecha que acompaña a las mujeres de por vida. No es un derecho humano que un humano tenga la posibilidad de decidir sobre la vida de otro humano que, por cierto, señores, es el más vulnerable de todos.
Muchas gracias por escucharme. Si alguna se siente ofendida por sus convicciones, lo lamento; yo me vengo sintiendo ofendida en mis convicciones desde hace bastante tiempo, pero creo honestamente que estamos cometiendo un gravísimo error proponiendo a la sociedad la posibilidad de que la muerte de un ser sea la solución.
SRA. PRESIDENTA MOREAU Tiene la palabra la señora diputada Macha.
SRA. MACHA Señor presidenta: yo creo que lo que venimos viendo durante todo este tiempo de debate, tanto ahora como en 2018, es que estamos frente a un tema realmente complejo, polémico, difícil.
Mucho hemos discutido para tratar de separar las ideas de mujer y de madre; es decir, que una mujer o persona con capacidad que gestar tiene muchos modos de poder pensarse en proyectos que a veces incluyen la maternidad y a veces, no. Realmente nos ha llevado tiempo y yo creo que todavía estamos en esa discusión, que no está saldada.
Cuando hablamos de una mujer que cursa un embarazo, rápidamente ponemos palabras que tienen que ver, tal vez, con nuestros pensamientos o sentires. Entonces, aparece la mujer embarazada igual a madre o el embrión igual a hijo. Yo sé que esto es muy difícil, pero me parece importante que también podamos analizarlo. No toda mujer que está embarazada se siente madre, y hay muchísimas razones por las que una mujer o persona con capacidad de gestar decide abortar. Como decía recién la diputada preopinante, claramente no es una situación fácil. Sin duda, a la hora de decidir la interrupción de un embarazo, se ponen sobre la mesa distintas opciones; se piensa en un montón de cosas relacionadas con la vida de esa persona.
Claro que la definición es trágica; por supuesto que lo es y que deja marcas. Pensar que atravesar un aborto podría llevarse con simpleza o sin todo ese halo traumático, doloroso y de padecimiento, es complejo; me parece que es intentar reprimir sentimientos que aparecen y que van a aparecer siempre. Claro que sí. Claro que cuando una mujer o persona con capacidad de gestar aborta, lo más probable es que ese recuerdo la acompañe para siempre.
En todo caso, ¿qué nos estamos planteando acá? Que esas marcas y que esa situación de padecimiento esté acompañada. ¿En qué punto? En el marco de poder ubicar esa situación, una situación que, por otra parte, existe; no es una situación que empezará a suceder a partir de la ley. Es una situación que existe y que hemos visto por estadísticas. Estas estadísticas son aproximaciones también, pero hemos visto la existencia de esa situación. Tenemos un montón de experiencias, seguramente cercanas o propias, que nos permiten también ubicar esa situación, ya sea porque, como decía hace un ratito la diputada Gaillard, nos ha tocado acompañar a alguna amiga, hermana o, a veces, también a madres.
Entonces creo que, en este punto, poder ubicar esta situación como una situación en última instancia, donde otras situaciones han fallado, seguramente es poder ponerla también en un sentido de realidad, de situación que acontece.
Yo creo que también es importante que podamos contextualizar este proyecto de ley en el marco de muchísimos otros proyectos o, mejor dicho, de muchísimas leyes que ya tenemos. Este es un proyecto vinculado a la interrupción voluntaria del embarazo; pero, ciertamente, se enmarca con otros proyectos o políticas públicas. Podemos hablar de la ESI como una ley y como una política pública, del programa de salud sexual reproductiva y no reproductiva, de las leyes y de todas las políticas públicas -y tenemos cada vez más en nuestro país- vinculadas a la erradicación de la violencia contra las mujeres, que son todas instancias que nos permiten también ir ubicando este proyecto de ley en contexto.
No es una iniciativa que nace ahora, que marca ahora una situación, sino que podemos "historizarla" considerando la lucha que, durante muchos años, tantas mujeres venimos llevando adelante. Algunas ya no están con nosotras, pero han sido referencias importantísimas a la hora de pelear por este derecho.
Decíamos que el aborto es una situación excepcional en la vida de las personas que deja marcas subjetivas. ¿Qué posibilidad nos genera este proyecto? Si se transforma en ley, cuando una persona tome la decisión de interrumpir su embarazo no lo hará en soledad ni en modo clandestino ni desesperada viendo cómo junta el dinero para poder hacerse esa práctica, porque es una decisión tomada.
Nosotras no estamos obligándolas a la interrupción del embarazo ni planteando que esa sea una solución. Simplemente decimos que es una realidad que existe y que, en tanto no sea regulada y la persona no esté acompañada, significará la muerte de muchísimas personas en nuestro país a lo largo de la historia. Si pensamos en las estadísticas que tenemos, hablamos de cuarenta mujeres que mueren al año por abortos clandestinos.
Entonces, podríamos hacer la cuenta teniendo en cuenta, por ejemplo, 2018 a 2020. En esos dos años, ¿cuántas mujeres han muerto por una razón, por una causa evitable? No estamos acá planteando si esa mujer puede hacer otra cosa. Hay consejerías en funcionamiento y hemos escuchado distintos ejemplos de ellas en distintos puntos del país que apuntan a eso: a poder pensar con esa mujer o persona con capacidad de gestar cuál es la situación, cómo llegó a ella y qué otras alternativas pueden encontrar.
Hay algunas personas que, en esas consejerías, en esos ámbitos, deciden no interrumpir el embarazo, mientras que otras mantienen su posición. También hay mujeres y adolescentes que pueden decir en esas consejerías que no quieren abortar, pero que sí sienten la presión de su familia en ese punto. Ahí también hay que hablar y trabajar con la familia.
Esto que digo no son cosas que se me ocurren a mí; son cosas que escucho al trabajar con equipos vinculados a centros de salud y a hospitales, donde esto aparece en forma de distintas situaciones.
Entonces, me parece que, en este sentido, poder abrir y pensar esta situación en toda su complejidad no tiene que ver con nuestras situaciones personales; no tiene que ver con si nosotras abortamos o no y qué pensamos de esto en términos personales. Estamos pensando en una legislación. Tampoco tiene que ver con cómo nos ha ido en la vida, porque, en ese sentido, lo que nos pasa a nosotras no es lo que le pasa a la regularidad de las mujeres. No todas están en estas instancias. No somos parte de una situación que pueda ponerse en comparación con la situación de muchas otras mujeres, porque me parece que ahí también podemos pensar que nuestras realidades dan cuenta de la realidad de todas las mujeres y no es así.
Tal vez hemos logrado, por la participación política, por distintas razones, avanzar en algunas cuestiones; pero no es la realidad de todas, y también nosotras sabemos cuántas marcas de la violencia llevamos en esta actividad y en un montón de otras instancias de nuestras vidas, porque la desigualdad de género también, creo yo, es una de las realidades que acontecen en nuestra sociedad.
Se habla de despenalización y legalización; algunas diputadas y algunos diputados plantean estar de acuerdo con la despenalización, pero no con la legalización. Estar de acuerdo con la despenalización significa plantearse la posibilidad de abortos libres. O sea, baja la idea de la clandestinidad; ya no vamos a tener mujeres y personas con capacidad de gestar presas por abortar, como sí tenemos en la actualidad. Pero no estamos hablando entonces de una práctica segura y gratuita. De modo que volvemos a marcar que si no hay legalización, no hay práctica segura y gratuita. Si no hay práctica segura y gratuita significa que las mujeres más humildes, cuando toman esta decisión de desesperación, van a seguir con este trayecto de ir al lugar que puedan, de seguir adelante con consejos que no son los que están científicamente probados, como el uso de misoprostol, y eso significa, entonces, nuevamente, el riesgo. Es decir, no la sacamos del riesgo de las mutilaciones y de la muerte.
Por eso, necesitamos que sea una política pública como la legalización. Ahí necesitamos que se piense como una política sanitaria que se llevará adelante en centros de salud, en hospitales. Como decían otras diputadas y otros diputados, hablamos de prácticas de baja complejidad, muy accesibles, ambulatorias, de acompañamientos. No es menor el acompañamiento.
En este punto, quiero hacer un paréntesis y pensarlo en relación con la conversación con mujeres que han atravesado la interrupción legal de un embarazo y han sido acompañadas, y qué tan distintas se sienten de otras que no han transitado esa situación en ese contexto. Las mujeres que han sido acompañadas en el marco de las consejerías o de un equipo de salud, han transitado esta situación con más seguridad, sin sentirse juzgadas.
Por supuesto que todos los mitos y todas las situaciones de culpabilidad se ponen en juego en este momento. Por supuesto que sí, porque tiene que ver, de algún modo, con los conceptos, con los modos que nuestra sociedad tiene socialmente de construir nuestra subjetividad. Entonces, esto es parte también de todas las cosas que suceden cuando una mujer o persona con capacidad de gestar toma la decisión de interrumpir un embarazo.
A mí me parece que cuando hablamos de la maternidad deseada y pensamos en esos y esas profesionales de la salud que, frente a una mujer embarazada, le preguntan si lo quieren tener, están ejerciendo ahí también un acto de no dar por sentado que existe el deseo de tener ese hijo, y me parece que esto también es algo que tenemos que poder pensar y discutir.
Nuestro lugar de trabajo y el pensar las leyes, es una experiencia que nos da esta posibilidad. El trabajar en los ámbitos sanitarios, que tienen otra trayectoria y otro modo de acompañar, hace también que esta pregunta sea el efecto de mucho trabajo de profesionales a la hora de acompañar a las mujeres en esta situación.
Esta pregunta, ¿querés tenerlo?, es muy trabajada en los equipos de salud, porque eso significa aquello que decía al principio: no dar por sentado que donde hay una mujer embarazada, hay una mujer que desea ser madre.
Entonces, creo que, por supuesto, tenemos por delante actualmente un montón de políticas que debemos poder construir de modo integral. Es cierto que a veces las políticas públicas no tienen la articulación y la integralidad que necesitamos para ese acompañamiento y ese modo de llevar adelante, en el territorio, desde una perspectiva comunitaria, los distintos procesos por los que van pasando las personas. En todo caso, tiene que ver también con la implementación de las políticas, con la formación de los compañeros y las compañeras que están trabajando en distintos lugares del Estado.
Creo que tenemos que mejorar muchísimo también la aplicación de la interrupción legal del embarazo. Una cosa es de lo que podemos dar cuenta en la provincia de Buenos Aires y otra las serias dificultades que vemos en la aplicación de esta política cuando vamos a otras provincias. Creo que en ese punto también nos encontramos con situaciones donde la no aplicación de la interrupción legal del embarazo lleva a que muchas mujeres, personas con capacidad de gestar, muchas niñas que han sido abusadas y cursan un embarazo producto de esa violación, no tengan la asistencia que corresponde, y terminen pariendo con una microcesárea.
Entonces, a las marcas imborrables que deja en esa pequeña subjetividad -la experiencia de las violaciones que, en general, como decían también, el porcentaje más alto habla de abusos y violaciones intrafamiliares- también le dejamos las marcas en el cuerpo. Pienso en Lucía, de Tucumán, en las marcas de haber parido, las marcas de la dilación, en la dilación de poder interrumpir legalmente ese embarazo cuando también estamos llevando a esas niñas a una vida marcada por todas estas tragedias.
En ese sentido, poder hablar y trabajar en relación con el abuso sexual en las infancias es un tema fundamental. Es una situación que acontece en muchísimas familias, mucho más de lo que nos imaginamos. Esto no es solamente un problema de los sectores vulnerables; es un problema de toda nuestra sociedad. Pasa que los sectores medios y medios altos tienen mejores estrategias para esconderlo, pero no es menos doloroso y menos parte de lo que significa después el efecto en esas subjetividades.
Se habla del tiempo en que se da este debate, de si es oportuno o no, de si es el momento o no. Nosotras venimos peleando por esto desde hace muchos años y creemos que el momento es aquel en que podamos consolidar las mayorías en nuestro espacio legislativo y las que venimos construyendo desde hace muchos años en las calles, en las organizaciones feministas. El tiempo es aquel en el que podamos transitar y lograr esta ley, porque las muertes siguen sucediendo, porque las marcas que tanto nos preocupan en las subjetividades siguen aconteciendo y todo es peor si el Estado no regula estas situaciones.
Yo creo que tenemos una responsabilidad enorme. Desde nuestro lugar como legisladores y legisladoras, no solamente tenemos la responsabilidad social de no poder abordar un tema o de tener tantas complicaciones para encarar una cuestión difícil de un modo que nos permita hacer reducción de daños; no estamos evitando situaciones, no las podemos evitar, suceden más allá de nuestros deseos, más allá de nuestras creencias y más allá de todos nuestros pensamientos.
Entonces, o regulamos desde el Estado, intervenimos y tratamos de reducir los daños, o las muertes siguen sucediendo y el aborto clandestino sigue siendo un negocio enorme. Me parece que esas son las situaciones en las que nos movemos; no es nuestro deseo, no es nuestro escenario deseable, es el que tenemos y sobre esto legislamos.
Así que yo creo que, en este sentido, además de esa responsabilidad social, el estar hoy legislando y discutiendo esto nos hace responsables directos de las cosas que vayan a suceder. Si nosotros no logramos que sea ley, vamos a ser responsables -como lo somos- de las muertes y de todas las situaciones que las mujeres y personas con capacidad de gestar atraviesan en nuestro país.
Si logramos que sea ley, habremos hecho una regulación, una normativa que permita que las mujeres y las personas con capacidad de gestar, estén más acompañadas en un marco donde la compasión, la posibilidad de ponerse en el lugar del otro, de la otra, del otre sean una realidad. Me parece que esto nos permite construir una sociedad más integrada, una sociedad que pueda pensarse más allá de nuestras propias experiencias y de las que puedan vivir esas mujeres que desesperadamente van a interrumpir un embarazo.
Mucho hemos discutido para tratar de separar las ideas de mujer y de madre; es decir, que una mujer o persona con capacidad que gestar tiene muchos modos de poder pensarse en proyectos que a veces incluyen la maternidad y a veces, no. Realmente nos ha llevado tiempo y yo creo que todavía estamos en esa discusión, que no está saldada.
Cuando hablamos de una mujer que cursa un embarazo, rápidamente ponemos palabras que tienen que ver, tal vez, con nuestros pensamientos o sentires. Entonces, aparece la mujer embarazada igual a madre o el embrión igual a hijo. Yo sé que esto es muy difícil, pero me parece importante que también podamos analizarlo. No toda mujer que está embarazada se siente madre, y hay muchísimas razones por las que una mujer o persona con capacidad de gestar decide abortar. Como decía recién la diputada preopinante, claramente no es una situación fácil. Sin duda, a la hora de decidir la interrupción de un embarazo, se ponen sobre la mesa distintas opciones; se piensa en un montón de cosas relacionadas con la vida de esa persona.
Claro que la definición es trágica; por supuesto que lo es y que deja marcas. Pensar que atravesar un aborto podría llevarse con simpleza o sin todo ese halo traumático, doloroso y de padecimiento, es complejo; me parece que es intentar reprimir sentimientos que aparecen y que van a aparecer siempre. Claro que sí. Claro que cuando una mujer o persona con capacidad de gestar aborta, lo más probable es que ese recuerdo la acompañe para siempre.
En todo caso, ¿qué nos estamos planteando acá? Que esas marcas y que esa situación de padecimiento esté acompañada. ¿En qué punto? En el marco de poder ubicar esa situación, una situación que, por otra parte, existe; no es una situación que empezará a suceder a partir de la ley. Es una situación que existe y que hemos visto por estadísticas. Estas estadísticas son aproximaciones también, pero hemos visto la existencia de esa situación. Tenemos un montón de experiencias, seguramente cercanas o propias, que nos permiten también ubicar esa situación, ya sea porque, como decía hace un ratito la diputada Gaillard, nos ha tocado acompañar a alguna amiga, hermana o, a veces, también a madres.
Entonces creo que, en este punto, poder ubicar esta situación como una situación en última instancia, donde otras situaciones han fallado, seguramente es poder ponerla también en un sentido de realidad, de situación que acontece.
Yo creo que también es importante que podamos contextualizar este proyecto de ley en el marco de muchísimos otros proyectos o, mejor dicho, de muchísimas leyes que ya tenemos. Este es un proyecto vinculado a la interrupción voluntaria del embarazo; pero, ciertamente, se enmarca con otros proyectos o políticas públicas. Podemos hablar de la ESI como una ley y como una política pública, del programa de salud sexual reproductiva y no reproductiva, de las leyes y de todas las políticas públicas -y tenemos cada vez más en nuestro país- vinculadas a la erradicación de la violencia contra las mujeres, que son todas instancias que nos permiten también ir ubicando este proyecto de ley en contexto.
No es una iniciativa que nace ahora, que marca ahora una situación, sino que podemos "historizarla" considerando la lucha que, durante muchos años, tantas mujeres venimos llevando adelante. Algunas ya no están con nosotras, pero han sido referencias importantísimas a la hora de pelear por este derecho.
Decíamos que el aborto es una situación excepcional en la vida de las personas que deja marcas subjetivas. ¿Qué posibilidad nos genera este proyecto? Si se transforma en ley, cuando una persona tome la decisión de interrumpir su embarazo no lo hará en soledad ni en modo clandestino ni desesperada viendo cómo junta el dinero para poder hacerse esa práctica, porque es una decisión tomada.
Nosotras no estamos obligándolas a la interrupción del embarazo ni planteando que esa sea una solución. Simplemente decimos que es una realidad que existe y que, en tanto no sea regulada y la persona no esté acompañada, significará la muerte de muchísimas personas en nuestro país a lo largo de la historia. Si pensamos en las estadísticas que tenemos, hablamos de cuarenta mujeres que mueren al año por abortos clandestinos.
Entonces, podríamos hacer la cuenta teniendo en cuenta, por ejemplo, 2018 a 2020. En esos dos años, ¿cuántas mujeres han muerto por una razón, por una causa evitable? No estamos acá planteando si esa mujer puede hacer otra cosa. Hay consejerías en funcionamiento y hemos escuchado distintos ejemplos de ellas en distintos puntos del país que apuntan a eso: a poder pensar con esa mujer o persona con capacidad de gestar cuál es la situación, cómo llegó a ella y qué otras alternativas pueden encontrar.
Hay algunas personas que, en esas consejerías, en esos ámbitos, deciden no interrumpir el embarazo, mientras que otras mantienen su posición. También hay mujeres y adolescentes que pueden decir en esas consejerías que no quieren abortar, pero que sí sienten la presión de su familia en ese punto. Ahí también hay que hablar y trabajar con la familia.
Esto que digo no son cosas que se me ocurren a mí; son cosas que escucho al trabajar con equipos vinculados a centros de salud y a hospitales, donde esto aparece en forma de distintas situaciones.
Entonces, me parece que, en este sentido, poder abrir y pensar esta situación en toda su complejidad no tiene que ver con nuestras situaciones personales; no tiene que ver con si nosotras abortamos o no y qué pensamos de esto en términos personales. Estamos pensando en una legislación. Tampoco tiene que ver con cómo nos ha ido en la vida, porque, en ese sentido, lo que nos pasa a nosotras no es lo que le pasa a la regularidad de las mujeres. No todas están en estas instancias. No somos parte de una situación que pueda ponerse en comparación con la situación de muchas otras mujeres, porque me parece que ahí también podemos pensar que nuestras realidades dan cuenta de la realidad de todas las mujeres y no es así.
Tal vez hemos logrado, por la participación política, por distintas razones, avanzar en algunas cuestiones; pero no es la realidad de todas, y también nosotras sabemos cuántas marcas de la violencia llevamos en esta actividad y en un montón de otras instancias de nuestras vidas, porque la desigualdad de género también, creo yo, es una de las realidades que acontecen en nuestra sociedad.
Se habla de despenalización y legalización; algunas diputadas y algunos diputados plantean estar de acuerdo con la despenalización, pero no con la legalización. Estar de acuerdo con la despenalización significa plantearse la posibilidad de abortos libres. O sea, baja la idea de la clandestinidad; ya no vamos a tener mujeres y personas con capacidad de gestar presas por abortar, como sí tenemos en la actualidad. Pero no estamos hablando entonces de una práctica segura y gratuita. De modo que volvemos a marcar que si no hay legalización, no hay práctica segura y gratuita. Si no hay práctica segura y gratuita significa que las mujeres más humildes, cuando toman esta decisión de desesperación, van a seguir con este trayecto de ir al lugar que puedan, de seguir adelante con consejos que no son los que están científicamente probados, como el uso de misoprostol, y eso significa, entonces, nuevamente, el riesgo. Es decir, no la sacamos del riesgo de las mutilaciones y de la muerte.
Por eso, necesitamos que sea una política pública como la legalización. Ahí necesitamos que se piense como una política sanitaria que se llevará adelante en centros de salud, en hospitales. Como decían otras diputadas y otros diputados, hablamos de prácticas de baja complejidad, muy accesibles, ambulatorias, de acompañamientos. No es menor el acompañamiento.
En este punto, quiero hacer un paréntesis y pensarlo en relación con la conversación con mujeres que han atravesado la interrupción legal de un embarazo y han sido acompañadas, y qué tan distintas se sienten de otras que no han transitado esa situación en ese contexto. Las mujeres que han sido acompañadas en el marco de las consejerías o de un equipo de salud, han transitado esta situación con más seguridad, sin sentirse juzgadas.
Por supuesto que todos los mitos y todas las situaciones de culpabilidad se ponen en juego en este momento. Por supuesto que sí, porque tiene que ver, de algún modo, con los conceptos, con los modos que nuestra sociedad tiene socialmente de construir nuestra subjetividad. Entonces, esto es parte también de todas las cosas que suceden cuando una mujer o persona con capacidad de gestar toma la decisión de interrumpir un embarazo.
A mí me parece que cuando hablamos de la maternidad deseada y pensamos en esos y esas profesionales de la salud que, frente a una mujer embarazada, le preguntan si lo quieren tener, están ejerciendo ahí también un acto de no dar por sentado que existe el deseo de tener ese hijo, y me parece que esto también es algo que tenemos que poder pensar y discutir.
Nuestro lugar de trabajo y el pensar las leyes, es una experiencia que nos da esta posibilidad. El trabajar en los ámbitos sanitarios, que tienen otra trayectoria y otro modo de acompañar, hace también que esta pregunta sea el efecto de mucho trabajo de profesionales a la hora de acompañar a las mujeres en esta situación.
Esta pregunta, ¿querés tenerlo?, es muy trabajada en los equipos de salud, porque eso significa aquello que decía al principio: no dar por sentado que donde hay una mujer embarazada, hay una mujer que desea ser madre.
Entonces, creo que, por supuesto, tenemos por delante actualmente un montón de políticas que debemos poder construir de modo integral. Es cierto que a veces las políticas públicas no tienen la articulación y la integralidad que necesitamos para ese acompañamiento y ese modo de llevar adelante, en el territorio, desde una perspectiva comunitaria, los distintos procesos por los que van pasando las personas. En todo caso, tiene que ver también con la implementación de las políticas, con la formación de los compañeros y las compañeras que están trabajando en distintos lugares del Estado.
Creo que tenemos que mejorar muchísimo también la aplicación de la interrupción legal del embarazo. Una cosa es de lo que podemos dar cuenta en la provincia de Buenos Aires y otra las serias dificultades que vemos en la aplicación de esta política cuando vamos a otras provincias. Creo que en ese punto también nos encontramos con situaciones donde la no aplicación de la interrupción legal del embarazo lleva a que muchas mujeres, personas con capacidad de gestar, muchas niñas que han sido abusadas y cursan un embarazo producto de esa violación, no tengan la asistencia que corresponde, y terminen pariendo con una microcesárea.
Entonces, a las marcas imborrables que deja en esa pequeña subjetividad -la experiencia de las violaciones que, en general, como decían también, el porcentaje más alto habla de abusos y violaciones intrafamiliares- también le dejamos las marcas en el cuerpo. Pienso en Lucía, de Tucumán, en las marcas de haber parido, las marcas de la dilación, en la dilación de poder interrumpir legalmente ese embarazo cuando también estamos llevando a esas niñas a una vida marcada por todas estas tragedias.
En ese sentido, poder hablar y trabajar en relación con el abuso sexual en las infancias es un tema fundamental. Es una situación que acontece en muchísimas familias, mucho más de lo que nos imaginamos. Esto no es solamente un problema de los sectores vulnerables; es un problema de toda nuestra sociedad. Pasa que los sectores medios y medios altos tienen mejores estrategias para esconderlo, pero no es menos doloroso y menos parte de lo que significa después el efecto en esas subjetividades.
Se habla del tiempo en que se da este debate, de si es oportuno o no, de si es el momento o no. Nosotras venimos peleando por esto desde hace muchos años y creemos que el momento es aquel en que podamos consolidar las mayorías en nuestro espacio legislativo y las que venimos construyendo desde hace muchos años en las calles, en las organizaciones feministas. El tiempo es aquel en el que podamos transitar y lograr esta ley, porque las muertes siguen sucediendo, porque las marcas que tanto nos preocupan en las subjetividades siguen aconteciendo y todo es peor si el Estado no regula estas situaciones.
Yo creo que tenemos una responsabilidad enorme. Desde nuestro lugar como legisladores y legisladoras, no solamente tenemos la responsabilidad social de no poder abordar un tema o de tener tantas complicaciones para encarar una cuestión difícil de un modo que nos permita hacer reducción de daños; no estamos evitando situaciones, no las podemos evitar, suceden más allá de nuestros deseos, más allá de nuestras creencias y más allá de todos nuestros pensamientos.
Entonces, o regulamos desde el Estado, intervenimos y tratamos de reducir los daños, o las muertes siguen sucediendo y el aborto clandestino sigue siendo un negocio enorme. Me parece que esas son las situaciones en las que nos movemos; no es nuestro deseo, no es nuestro escenario deseable, es el que tenemos y sobre esto legislamos.
Así que yo creo que, en este sentido, además de esa responsabilidad social, el estar hoy legislando y discutiendo esto nos hace responsables directos de las cosas que vayan a suceder. Si nosotros no logramos que sea ley, vamos a ser responsables -como lo somos- de las muertes y de todas las situaciones que las mujeres y personas con capacidad de gestar atraviesan en nuestro país.
Si logramos que sea ley, habremos hecho una regulación, una normativa que permita que las mujeres y las personas con capacidad de gestar, estén más acompañadas en un marco donde la compasión, la posibilidad de ponerse en el lugar del otro, de la otra, del otre sean una realidad. Me parece que esto nos permite construir una sociedad más integrada, una sociedad que pueda pensarse más allá de nuestras propias experiencias y de las que puedan vivir esas mujeres que desesperadamente van a interrumpir un embarazo.
SRA. PRESIDENTA MOREAU Gracias, diputada.
Antes de finalizar la reunión, les quiero agradecer la participación a todos los expositores y diputados.
El miércoles seguramente estaremos tomando una decisión respecto de este proyecto en discusión -también hay otros que están a la vista- y el jueves lo consideraremos en el recinto.
Espero que todas y todos los que participaron en este debate se hayan sentido respetados y escuchados. Más allá de la posición que cada uno tenga, valoro profundamente los debates democráticos y respetuosos; sé que son situaciones que generan tensión.
Creo que, más allá del resultado, más allá de la aprobación o no de esta iniciativa, ya es un enorme logro estar discutiendo hoy este tema en este ámbito.
Esta discusión no la abrió la política, y no lo hizo porque, muchas veces, creemos que estos debates, en definitiva, son contraproducentes porque, como decía alguna diputada preopinante, siempre hay una mitad de la biblioteca para un lado y otra para el otro. Son debates que generan dilemas y, muchas veces, frente a esos dilemas o situaciones controversiales, la dirigencia política prefiere no tomar partido, no discutirlas, no enfrentarlas, y hacer de cuenta que no pasan ya que, en cierto modo, tomar partido para unos u otros implica pagar costos políticos.
Como dirigentes políticos, tengamos la posición que tengamos, debemos estar orgullosos de llevar este debate adelante, porque estamos haciéndonos cargo de nuestra responsabilidad como legisladores.
Este debate lo puso sobre la mesa hace muchísimo tiempo un grupo de mujeres -la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito- que, al igual que en su momento lo hicieron las Abuelas de Plaza de Mayo, empezó a mostrar y a visibilizar algo que el Estado quería esconder. Eran pocas; no se las escuchaba y se las discriminada, y era mejor que no aparecieran porque, si no aparecían, no se hablaba del aborto.
El tiempo pasó; el tema se trató, pasó al Congreso y, recién en 2018, se habilitó el debate. Yo recuerdo ese 1° de marzo cuando el expresidente Macri planteó que era un debate que había que dar, y en esta Cámara se generaron movimientos transversales. Algunos estábamos de acuerdo en dar ese debate y otros no, pero lo dimos, y lo hicimos con un grado de conflictividad y violencia que siento que hoy no existe, ya que todas y todos pudimos asumir que estamos hablando de una realidad y de una situación que pasa en la Argentina.
Además, creo que también aprendimos a respetarnos y a entender que ninguno de nosotros es superior como para juzgar al otro o a la otra en las decisiones que tomamos.
Después de 2018, todos decían que este tema no se tocaría en la campaña electoral. Sin embargo, la apertura de ese debate en 2018 permitió que este tema haya sido parte de la agenda en la campaña electoral. Y el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros candidatos de distintos espacios políticos también tomaron una posición, algunos en contra y otros a favor. Se la jugaron, no evitaron tomar una posición.
Se la jugó el presidente cuando decidió habilitar este debate este año tan difícil para todas y todos los argentinos y el mundo. Sin duda, tal vez hubiese sido más fácil decir "lo dejamos para el año que viene; discutamos la pandemia, discutamos la economía".
Sabemos, mejor que nadie, o como todos, que la Argentina y los argentinos la están pasando muy mal, que los costos de la pandemia, en términos políticos, sociales, económicos, productivos, sanitarios y educativos son altísimos, y que el año que viene quedará mucho por hacer; pero ya hay un cronograma de vacunación en el mundo, y eso da esperanza, también a la Argentina, de poder acceder, dentro de poco tiempo, a la vacunación.
Hace un rato una diputada decía que no podíamos hablar de la ampliación de derechos. Yo creo que parte de la ampliación de derechos es poder aceptar los términos que otro esgrime para estar a favor o en contra de un proyecto, sea cual sea; no somos dueños de la conciencia de nadie.
Parto de la base de que este también es un tema de ampliación de derechos, porque creo que no reconocer que en la Argentina hubo, hay y seguirá habiendo abortos clandestinos -si esto no se convierte en ley- es realmente pensar que el sol no existe. En este debate, más allá de la posición que tuvimos y que tenemos, todos partimos de la base de reconocer que en la Argentina hay abortos, al igual que en el resto del mundo.
Nadie toma el aborto como un método anticonceptivo. Nadie promueve el aborto. Nadie quiere llegar a un aborto, pero ¿saben qué? Pasa.
Esta mujer que hoy está presidiendo este debate tuvo un aborto a los 16 años. Me falló el método anticonceptivo. Fue consecuencia de una relación de afecto, a los 15, 16 años. Tomé la decisión de interrumpir ese embarazo y lo hice siendo completamente consciente de lo que estaba haciendo.
Yo era una nena que quería tener una vida; soñaba con ser médica, con militar, con viajar, con vivir un montón de cosas que hasta ese momento no había vivido. Tuve la suerte de poder hablarlo con mi mamá, sin miedo, y de que -con mi decisión consciente y responsable- mi mamá me acompañase en esa decisión. También tuve la suerte de tener los medios económicos como para llegar a un consultorio, en un barrio en Recoleta, un sábado a la mañana. En aquel momento, no había misoprostol -hoy el 93 por ciento de los abortos son medicamentosos-; llegué; había un médico, un anestesista, un lugar seguro, y tenía la plata, creo que en ese entonces eran 30.000 pesos, una barbaridad.
También en mi colegio, en el Nacional de San Isidro, he visto casos de compañeras que tuvieron que vivir situaciones traumáticas por no haber tenido la posibilidad que tuve yo de acceder a un aborto más seguro. Si bien esas compañeras no murieron, algunas sí perdieron la fertilidad y la posibilidad de ser madres más adelante.
Tengo una hija que es lo que más amo en la vida y, cuando tomé la decisión de maternar, fue también a conciencia, y fue la decisión que más feliz me hizo en mi vida. A mí no me pesa el embarazo que interrumpí. A mí, hoy en día, lo que me sigue pesando es el miedo y la clandestinidad, el miedo que sentí al ser una nena y saber que estaba haciendo algo prohibido, que podía ir presa; en definitiva, estaba tomando una decisión sobre mi propia vida también.
Las mujeres y las nenas tenemos derecho a tomar decisiones. Creo que debemos pensar que, a las próximas generaciones, a nuestras hijas, a las hijas de todos y de cada uno de nosotros, les puede pasar y, en el caso de que les pase lo que me pasó a mí, lo que le pasó a muchas, tienen que tener la certeza de que no deben tener miedo. No deben tener miedo de hablar, de decidir qué hacer, de charlar con sus padres; en definitiva, miedo de tomar una decisión que, si no la tomaran sintiéndose contenidas, acompañadas, cuidadas por el Estado y por sus familias, les podría costar la vida.
Estoy convencida de que el camino es la educación sexual para poder conocer y acceder a los métodos anticonceptivos. Estoy convencida de que es necesario llegar a todos los sectores, sobre todo, a los más vulnerables, que no son los que más abortan; tampoco se embarazan, y muchas veces no saben o no tienen cómo cuidarse. Esas mujeres también deben poder acceder a los métodos anticonceptivos para no llegar a un embarazo no deseado.
Todas y todos los que estamos en condiciones de gestar tenemos el derecho de acceder a la igualdad de oportunidades para tener un aborto seguro y legal, y no morir en la clandestinidad.
Vuelvo a agradecer a todas y a todos por el nivel de respeto y de tolerancia que hemos tenido. Me parece que nos hace mejores personas dar este debate en esta casa, que es la casa de la democracia.
Tal vez el presidente, si hubiese querido sacar rédito político, podría haber dictado un decreto, pero no lo hizo; nos dio, otra vez, la oportunidad de hacernos cargo de algo que en la Argentina pasa, mata y daña.
También quiero decir a todas y a todos aquellos que no están de acuerdo con este proyecto que los respeto profundamente como compañeros legisladores. Les pido que tomemos una decisión consciente, que demos un debate respetuoso, que el jueves nos sentemos y podamos decir a la sociedad que el Congreso no esconde la mano cuando tira la piedra, y se hace cargo de los debates que encara.
Les agradezco mucho a todos y a todas. Nos vemos el miércoles.
Antes de finalizar la reunión, les quiero agradecer la participación a todos los expositores y diputados.
El miércoles seguramente estaremos tomando una decisión respecto de este proyecto en discusión -también hay otros que están a la vista- y el jueves lo consideraremos en el recinto.
Espero que todas y todos los que participaron en este debate se hayan sentido respetados y escuchados. Más allá de la posición que cada uno tenga, valoro profundamente los debates democráticos y respetuosos; sé que son situaciones que generan tensión.
Creo que, más allá del resultado, más allá de la aprobación o no de esta iniciativa, ya es un enorme logro estar discutiendo hoy este tema en este ámbito.
Esta discusión no la abrió la política, y no lo hizo porque, muchas veces, creemos que estos debates, en definitiva, son contraproducentes porque, como decía alguna diputada preopinante, siempre hay una mitad de la biblioteca para un lado y otra para el otro. Son debates que generan dilemas y, muchas veces, frente a esos dilemas o situaciones controversiales, la dirigencia política prefiere no tomar partido, no discutirlas, no enfrentarlas, y hacer de cuenta que no pasan ya que, en cierto modo, tomar partido para unos u otros implica pagar costos políticos.
Como dirigentes políticos, tengamos la posición que tengamos, debemos estar orgullosos de llevar este debate adelante, porque estamos haciéndonos cargo de nuestra responsabilidad como legisladores.
Este debate lo puso sobre la mesa hace muchísimo tiempo un grupo de mujeres -la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito- que, al igual que en su momento lo hicieron las Abuelas de Plaza de Mayo, empezó a mostrar y a visibilizar algo que el Estado quería esconder. Eran pocas; no se las escuchaba y se las discriminada, y era mejor que no aparecieran porque, si no aparecían, no se hablaba del aborto.
El tiempo pasó; el tema se trató, pasó al Congreso y, recién en 2018, se habilitó el debate. Yo recuerdo ese 1° de marzo cuando el expresidente Macri planteó que era un debate que había que dar, y en esta Cámara se generaron movimientos transversales. Algunos estábamos de acuerdo en dar ese debate y otros no, pero lo dimos, y lo hicimos con un grado de conflictividad y violencia que siento que hoy no existe, ya que todas y todos pudimos asumir que estamos hablando de una realidad y de una situación que pasa en la Argentina.
Además, creo que también aprendimos a respetarnos y a entender que ninguno de nosotros es superior como para juzgar al otro o a la otra en las decisiones que tomamos.
Después de 2018, todos decían que este tema no se tocaría en la campaña electoral. Sin embargo, la apertura de ese debate en 2018 permitió que este tema haya sido parte de la agenda en la campaña electoral. Y el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros candidatos de distintos espacios políticos también tomaron una posición, algunos en contra y otros a favor. Se la jugaron, no evitaron tomar una posición.
Se la jugó el presidente cuando decidió habilitar este debate este año tan difícil para todas y todos los argentinos y el mundo. Sin duda, tal vez hubiese sido más fácil decir "lo dejamos para el año que viene; discutamos la pandemia, discutamos la economía".
Sabemos, mejor que nadie, o como todos, que la Argentina y los argentinos la están pasando muy mal, que los costos de la pandemia, en términos políticos, sociales, económicos, productivos, sanitarios y educativos son altísimos, y que el año que viene quedará mucho por hacer; pero ya hay un cronograma de vacunación en el mundo, y eso da esperanza, también a la Argentina, de poder acceder, dentro de poco tiempo, a la vacunación.
Hace un rato una diputada decía que no podíamos hablar de la ampliación de derechos. Yo creo que parte de la ampliación de derechos es poder aceptar los términos que otro esgrime para estar a favor o en contra de un proyecto, sea cual sea; no somos dueños de la conciencia de nadie.
Parto de la base de que este también es un tema de ampliación de derechos, porque creo que no reconocer que en la Argentina hubo, hay y seguirá habiendo abortos clandestinos -si esto no se convierte en ley- es realmente pensar que el sol no existe. En este debate, más allá de la posición que tuvimos y que tenemos, todos partimos de la base de reconocer que en la Argentina hay abortos, al igual que en el resto del mundo.
Nadie toma el aborto como un método anticonceptivo. Nadie promueve el aborto. Nadie quiere llegar a un aborto, pero ¿saben qué? Pasa.
Esta mujer que hoy está presidiendo este debate tuvo un aborto a los 16 años. Me falló el método anticonceptivo. Fue consecuencia de una relación de afecto, a los 15, 16 años. Tomé la decisión de interrumpir ese embarazo y lo hice siendo completamente consciente de lo que estaba haciendo.
Yo era una nena que quería tener una vida; soñaba con ser médica, con militar, con viajar, con vivir un montón de cosas que hasta ese momento no había vivido. Tuve la suerte de poder hablarlo con mi mamá, sin miedo, y de que -con mi decisión consciente y responsable- mi mamá me acompañase en esa decisión. También tuve la suerte de tener los medios económicos como para llegar a un consultorio, en un barrio en Recoleta, un sábado a la mañana. En aquel momento, no había misoprostol -hoy el 93 por ciento de los abortos son medicamentosos-; llegué; había un médico, un anestesista, un lugar seguro, y tenía la plata, creo que en ese entonces eran 30.000 pesos, una barbaridad.
También en mi colegio, en el Nacional de San Isidro, he visto casos de compañeras que tuvieron que vivir situaciones traumáticas por no haber tenido la posibilidad que tuve yo de acceder a un aborto más seguro. Si bien esas compañeras no murieron, algunas sí perdieron la fertilidad y la posibilidad de ser madres más adelante.
Tengo una hija que es lo que más amo en la vida y, cuando tomé la decisión de maternar, fue también a conciencia, y fue la decisión que más feliz me hizo en mi vida. A mí no me pesa el embarazo que interrumpí. A mí, hoy en día, lo que me sigue pesando es el miedo y la clandestinidad, el miedo que sentí al ser una nena y saber que estaba haciendo algo prohibido, que podía ir presa; en definitiva, estaba tomando una decisión sobre mi propia vida también.
Las mujeres y las nenas tenemos derecho a tomar decisiones. Creo que debemos pensar que, a las próximas generaciones, a nuestras hijas, a las hijas de todos y de cada uno de nosotros, les puede pasar y, en el caso de que les pase lo que me pasó a mí, lo que le pasó a muchas, tienen que tener la certeza de que no deben tener miedo. No deben tener miedo de hablar, de decidir qué hacer, de charlar con sus padres; en definitiva, miedo de tomar una decisión que, si no la tomaran sintiéndose contenidas, acompañadas, cuidadas por el Estado y por sus familias, les podría costar la vida.
Estoy convencida de que el camino es la educación sexual para poder conocer y acceder a los métodos anticonceptivos. Estoy convencida de que es necesario llegar a todos los sectores, sobre todo, a los más vulnerables, que no son los que más abortan; tampoco se embarazan, y muchas veces no saben o no tienen cómo cuidarse. Esas mujeres también deben poder acceder a los métodos anticonceptivos para no llegar a un embarazo no deseado.
Todas y todos los que estamos en condiciones de gestar tenemos el derecho de acceder a la igualdad de oportunidades para tener un aborto seguro y legal, y no morir en la clandestinidad.
Vuelvo a agradecer a todas y a todos por el nivel de respeto y de tolerancia que hemos tenido. Me parece que nos hace mejores personas dar este debate en esta casa, que es la casa de la democracia.
Tal vez el presidente, si hubiese querido sacar rédito político, podría haber dictado un decreto, pero no lo hizo; nos dio, otra vez, la oportunidad de hacernos cargo de algo que en la Argentina pasa, mata y daña.
También quiero decir a todas y a todos aquellos que no están de acuerdo con este proyecto que los respeto profundamente como compañeros legisladores. Les pido que tomemos una decisión consciente, que demos un debate respetuoso, que el jueves nos sentemos y podamos decir a la sociedad que el Congreso no esconde la mano cuando tira la piedra, y se hace cargo de los debates que encara.
Les agradezco mucho a todos y a todas. Nos vemos el miércoles.
- Es la hora 18 y 01.