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LEGISLACION GENERAL
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P02 Oficina 234
Of. Administrativa: Piso P02 Oficina 235
Secretario Administrativo DR. TRIANTAFILO GUILLERMO
Miércoles 16.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 60752248 Internos 2248
clgeneral@hcdn.gob.ar
- LEGISLACION GENERAL
Reunión del día 04/12/2020
- 115 PLENARIO IVE_1°PARTE-04.12.2020 TM
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre de 2020, a la hora 11 y 24, se da comienzo a la reunión virtual conjunta de las comisiones de Legislación General, de Legislación Penal, de Mujeres y Diversidad y de Acción Social y Salud Pública, llevada a cabo bajo el formato de videoconferencia:
SR. PRESIDENTE YEDLIN Se da comienzo a la cuarta reunión virtual conjunta de las comisiones de Legislación General, de Legislación Penal, de Mujeres y Diversidad y de Acción Social y Salud Pública con el objeto de tratar el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
En este caso, mantenemos el formato de reuniones informativas, pero le daremos la palabra a los diputados y a las diputadas que quieran hablar sobre el tema. Tenemos una lista de oradores. Les pido a todos que se vayan anotando en el sistema de chat de las distintas comisiones o en el sistema de chat del Webex para que nosotros les vayamos dando la palabra. Intentaremos mantener un tiempo de cinco minutos por expositor.
Tiene la palabra la señora diputada Caliva.
En este caso, mantenemos el formato de reuniones informativas, pero le daremos la palabra a los diputados y a las diputadas que quieran hablar sobre el tema. Tenemos una lista de oradores. Les pido a todos que se vayan anotando en el sistema de chat de las distintas comisiones o en el sistema de chat del Webex para que nosotros les vayamos dando la palabra. Intentaremos mantener un tiempo de cinco minutos por expositor.
Tiene la palabra la señora diputada Caliva.
SRA. CALIVA Buen día para todas, todos, todes y para quienes siguen también estas históricas reuniones informativas.
En primer lugar, quiero celebrar que estemos discutiendo -antes de que termine este 2020 tan particular- este proyecto que vino a cumplir la palabra de nuestro presidente, a dar cumplimiento con el contrato electoral que establecimos en la campaña, y a seguir dando cumplimiento a una posición histórica que muchas diputadas tenemos, pero fundamentalmente, millones de mujeres que hoy ven en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito una referencia y una síntesis de décadas y décadas de lucha del movimiento de mujeres que ahora es multitudinario y tiene la fuerza y la potencia de las juventudes diversas, disidentes, feministas, populares y patrióticas, que entienden que las mujeres y las personas con capacidad de gestar deben tener también este derecho garantizado en nuestro país, y seguir iluminando, como lo hace siempre la Argentina, a nuestra América Latina profunda para poder avanzar en esta ampliación de derechos.
Entonces, dicho esto, quiero referirme a algunos temas que ayer y en las jornadas precedentes se hablaron.
Fundamentalmente, quiero referirme a cuando se habla de las mujeres pobres. Ayer, en el canal de esta Cámara de Diputados, me preguntaron por las pobres y me dijeron que las pobres no tenían voz y no se habían visto reflejadas.
Por suerte, estuvo la palabra de Edith Martearena, una comunicadora, mujer, indígena y guaraní, que pudo dar la posición de las pobres entre las pobres, que son las mujeres indígenas. Pero, además, les decía con mucho orgullo que yo me considero una mujer pobre, soy una mujer pobre. Vengo de los sectores más bajos de la provincia de Salta, de los sectores populares, y represento orgullosamente a mis compañeras de las organizaciones sociales, no solo de la Corriente Clasista y Combativa, sino de todas las organizaciones sociales de Salta. Somos hermanas a nivel nacional, hay un debate establecido, lo damos, lo transitamos y nos respetamos en las posiciones religiosas, políticas, ideológicas que cada una tiene en esta materia. Todas cuando charlamos coincidimos en algo: todas abortamos. Todas abortamos y no importa a veces el motivo.
O sea, el punto es que cuando las pobres deciden abortar quedan en riesgo de vida, y deben hacerlo en esa clandestinidad más absoluta, con el tallo de perejil o con los métodos más crueles que encuentran a veces en la soledad para poder interrumpir esos embarazos. No vamos a emitir juicios de valor de porqué una mujer decide abortar. Simplemente, el Estado tiene la responsabilidad de acompañar a las mujeres más vulneradas por la pobreza, por el desempleo, por la falta de oportunidades estructurales que tiene este país, y este gobierno, el nuestro, tiene que empezar a desandar esa historia de inequidades y de olvidos.
Así que me referiré a un párrafo que nos ha enviado en el mensaje nuestro presidente cuando hizo llegar este proyecto, que se suma al proyecto de la campaña con estado parlamentario y al proyecto de la diputada mandato cumplido, Araceli Ferreyra, que dice: "Si el Congreso sanciona la ley de regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, Argentina podrá empezar a desandar el camino de la amenaza penal y la desigualdad y recorrerá el de la justicia social y el ejercicio de derechos como respuestas más justas y democráticas para que todas las personas gestantes tengan los mismos cuidados y condiciones. Cualquiera sea la provincia que habiten, su nivel socioeconómico y el subsistema de salud público o privado donde se atiendan".
Creo que nosotras y nosotros -diputadas y diputados- tenemos la obligación de poder brindar oportunidades en esta esfera de la salud, que nos afecta a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar. Es una obligación. Nosotros no podemos permitir que muera una mujer más por quedar condenada en la clandestinidad y por ser pobre. No hablaré de quienes pueden pagarlo, y en todo derecho así lo hacen y cuidan de su proyecto de vida, salud, intimidad, privacidad y de sus decisiones según sus convicciones, pensamientos e ideologías.
Simplemente, sepan, acepten y respeten a quienes piensan distinto y a quienes jamás interrumpirían un embarazo. Las pobres quedan en riesgo de vida. Las niñas, adolescentes y jóvenes, muchas veces por no recibir educación ni asistencia en el sistema de salud público, pierden sus vidas, terminan sin útero, con el útero perforado y con muchas complicaciones.
Estoy concluyendo, señor presidente. Así que, quiero pedirles que reflexionemos sobre esta cuestión, que ayuden, que comprendan, que no juzguemos, que no emitamos juicios de valor, que eso lo dejemos para nuestras conductas individuales. Tratemos también de ser solidarias y solidarios y poner un poco de amor y pensar en la vida y en los proyectos de las demás y de las que menos oportunidades tienen.
Así que les agradezco, para mí es un orgullo poder estar hoy hablando y reflexionando aquí con ustedes sobre esto. Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero celebrar que estemos discutiendo -antes de que termine este 2020 tan particular- este proyecto que vino a cumplir la palabra de nuestro presidente, a dar cumplimiento con el contrato electoral que establecimos en la campaña, y a seguir dando cumplimiento a una posición histórica que muchas diputadas tenemos, pero fundamentalmente, millones de mujeres que hoy ven en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito una referencia y una síntesis de décadas y décadas de lucha del movimiento de mujeres que ahora es multitudinario y tiene la fuerza y la potencia de las juventudes diversas, disidentes, feministas, populares y patrióticas, que entienden que las mujeres y las personas con capacidad de gestar deben tener también este derecho garantizado en nuestro país, y seguir iluminando, como lo hace siempre la Argentina, a nuestra América Latina profunda para poder avanzar en esta ampliación de derechos.
Entonces, dicho esto, quiero referirme a algunos temas que ayer y en las jornadas precedentes se hablaron.
Fundamentalmente, quiero referirme a cuando se habla de las mujeres pobres. Ayer, en el canal de esta Cámara de Diputados, me preguntaron por las pobres y me dijeron que las pobres no tenían voz y no se habían visto reflejadas.
Por suerte, estuvo la palabra de Edith Martearena, una comunicadora, mujer, indígena y guaraní, que pudo dar la posición de las pobres entre las pobres, que son las mujeres indígenas. Pero, además, les decía con mucho orgullo que yo me considero una mujer pobre, soy una mujer pobre. Vengo de los sectores más bajos de la provincia de Salta, de los sectores populares, y represento orgullosamente a mis compañeras de las organizaciones sociales, no solo de la Corriente Clasista y Combativa, sino de todas las organizaciones sociales de Salta. Somos hermanas a nivel nacional, hay un debate establecido, lo damos, lo transitamos y nos respetamos en las posiciones religiosas, políticas, ideológicas que cada una tiene en esta materia. Todas cuando charlamos coincidimos en algo: todas abortamos. Todas abortamos y no importa a veces el motivo.
O sea, el punto es que cuando las pobres deciden abortar quedan en riesgo de vida, y deben hacerlo en esa clandestinidad más absoluta, con el tallo de perejil o con los métodos más crueles que encuentran a veces en la soledad para poder interrumpir esos embarazos. No vamos a emitir juicios de valor de porqué una mujer decide abortar. Simplemente, el Estado tiene la responsabilidad de acompañar a las mujeres más vulneradas por la pobreza, por el desempleo, por la falta de oportunidades estructurales que tiene este país, y este gobierno, el nuestro, tiene que empezar a desandar esa historia de inequidades y de olvidos.
Así que me referiré a un párrafo que nos ha enviado en el mensaje nuestro presidente cuando hizo llegar este proyecto, que se suma al proyecto de la campaña con estado parlamentario y al proyecto de la diputada mandato cumplido, Araceli Ferreyra, que dice: "Si el Congreso sanciona la ley de regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, Argentina podrá empezar a desandar el camino de la amenaza penal y la desigualdad y recorrerá el de la justicia social y el ejercicio de derechos como respuestas más justas y democráticas para que todas las personas gestantes tengan los mismos cuidados y condiciones. Cualquiera sea la provincia que habiten, su nivel socioeconómico y el subsistema de salud público o privado donde se atiendan".
Creo que nosotras y nosotros -diputadas y diputados- tenemos la obligación de poder brindar oportunidades en esta esfera de la salud, que nos afecta a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar. Es una obligación. Nosotros no podemos permitir que muera una mujer más por quedar condenada en la clandestinidad y por ser pobre. No hablaré de quienes pueden pagarlo, y en todo derecho así lo hacen y cuidan de su proyecto de vida, salud, intimidad, privacidad y de sus decisiones según sus convicciones, pensamientos e ideologías.
Simplemente, sepan, acepten y respeten a quienes piensan distinto y a quienes jamás interrumpirían un embarazo. Las pobres quedan en riesgo de vida. Las niñas, adolescentes y jóvenes, muchas veces por no recibir educación ni asistencia en el sistema de salud público, pierden sus vidas, terminan sin útero, con el útero perforado y con muchas complicaciones.
Estoy concluyendo, señor presidente. Así que, quiero pedirles que reflexionemos sobre esta cuestión, que ayuden, que comprendan, que no juzguemos, que no emitamos juicios de valor, que eso lo dejemos para nuestras conductas individuales. Tratemos también de ser solidarias y solidarios y poner un poco de amor y pensar en la vida y en los proyectos de las demás y de las que menos oportunidades tienen.
Así que les agradezco, para mí es un orgullo poder estar hoy hablando y reflexionando aquí con ustedes sobre esto. Muchas gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE YEDLIN Los minutos de exposición son siete -se los hemos dado a Verónica también-, para que hablen tranquilos y todos puedan participar.
Tiene la palabra la señora diputada Patricia Mounier.
Tiene la palabra la señora diputada Patricia Mounier.
SRA. MOUNIER Señor presidente: muchísimas gracias por la participación, a pesar de no integrar las comisiones. No hablaré de los fundamentos legales y sanitarios explicados en estos días, en el sentido de estar a favor de la ILE, porque los comparto plenamente.
Quisiera contarles la tristísima historia de una mujer de mi provincia, Ana María Acevedo, del norte profundo de la provincia de Santa Fe, precisamente de la localidad de Vera. Ana María era una mujer joven, analfabeta, pobre, que luego de unos inconvenientes odontológicos, finalmente, le diagnosticaron cáncer en la boca. En la ciudad de Santa Fe inicia un tratamiento oncológico, vuelve a su localidad, pero, absolutamente nadie, ningún profesional del servicio público de salud de la ciudad de Santa Fe le dijo a Ana María que no podía quedar embarazada, tampoco la ayudaron o aconsejaron ni la informaron sobre distintos métodos anticonceptivos, y Ana María quedó embarazada.
Fundamentalmente, Norma, su mamá, pidió por todos los medios la interrupción del embarazo de Ana María para poder continuar con el tratamiento oncológico, se lo negaron en el servicio de salud pública de la ciudad de Santa Fe y, por lo tanto, Ana María sufrió terribles dolores hasta el día de su muerte. Tuvo una muerte terrible, con las peores condiciones de sufrimiento.
Quienes negaron a Ana María la interrupción del embarazo -todos objetores de conciencia de un servicio público de la provincia de Santa Fe- cometieron un acto absolutamente inhumano. Norma, la mamá de Ana María, y los hijos e hijas que quedaron de Ana María, han emprendido una lucha especial acompañando a todas las mujeres de mi provincia que reclamamos y luchamos por el aborto legal, seguro y gratuito.
Desde entonces, esa lucha se ha hecho carne en las calles; se ha extendido por toda la provincia, porque tanto Norma como los hijos de Ana María Acevedo no quieren que a ninguna otra mujer le pase lo que le pasó a su mamá.
Por Ana María Acevedo, porque además le prometía a su mamá batallar para que salga la ley, y por tantas Ana María en nuestro país: ¡que sea ley! Muchísimas gracias.
Quisiera contarles la tristísima historia de una mujer de mi provincia, Ana María Acevedo, del norte profundo de la provincia de Santa Fe, precisamente de la localidad de Vera. Ana María era una mujer joven, analfabeta, pobre, que luego de unos inconvenientes odontológicos, finalmente, le diagnosticaron cáncer en la boca. En la ciudad de Santa Fe inicia un tratamiento oncológico, vuelve a su localidad, pero, absolutamente nadie, ningún profesional del servicio público de salud de la ciudad de Santa Fe le dijo a Ana María que no podía quedar embarazada, tampoco la ayudaron o aconsejaron ni la informaron sobre distintos métodos anticonceptivos, y Ana María quedó embarazada.
Fundamentalmente, Norma, su mamá, pidió por todos los medios la interrupción del embarazo de Ana María para poder continuar con el tratamiento oncológico, se lo negaron en el servicio de salud pública de la ciudad de Santa Fe y, por lo tanto, Ana María sufrió terribles dolores hasta el día de su muerte. Tuvo una muerte terrible, con las peores condiciones de sufrimiento.
Quienes negaron a Ana María la interrupción del embarazo -todos objetores de conciencia de un servicio público de la provincia de Santa Fe- cometieron un acto absolutamente inhumano. Norma, la mamá de Ana María, y los hijos e hijas que quedaron de Ana María, han emprendido una lucha especial acompañando a todas las mujeres de mi provincia que reclamamos y luchamos por el aborto legal, seguro y gratuito.
Desde entonces, esa lucha se ha hecho carne en las calles; se ha extendido por toda la provincia, porque tanto Norma como los hijos de Ana María Acevedo no quieren que a ninguna otra mujer le pase lo que le pasó a su mamá.
Por Ana María Acevedo, porque además le prometía a su mamá batallar para que salga la ley, y por tantas Ana María en nuestro país: ¡que sea ley! Muchísimas gracias.
SR. PRESIDENTE YEDLIN Tiene la palabra el señor diputado Karim Augusto Alume Sbodio.
SR. ALUME SBODIO Señor presidente: en primer lugar, quiero celebrar que estemos reunidos debatiendo con respeto. Antes de empezar, quiero expresar mi repudio por los escraches a diputados y familias, que se han dado de diferentes formas, y reclamar una posición contundente de los bloques y del Congreso mismo con respecto a esta cuestión, porque no será el primer ni el último tema polémico que divida a la sociedad argentina. Respetar las reglas de la democracia implica también tener una posición firme frente a estas actitudes que restan mucho a nuestro sistema democrático.
Para ir al tema, si bien mi posición es contraria al presente proyecto de ampliación de la legalización del aborto -tal como lo expresamos en su momento en el debate producido en 2018-, en el debate que se viene expresaremos los fundamentos de ello. No quiero dejar pasar la oportunidad de este debate en comisión para expresar algunas observaciones acerca del proyecto que estamos tratando.
Nosotros somos autores de un proyecto que busca la despenalización total de la persona gestante frente a la interrupción voluntaria del embarazo que, si bien no está en el temario de la comisión, se resume en la modificación del artículo 88 del Código Penal, que establece que no será punible la persona gestante que causare su propio aborto o consintiere que otro lo cause.
Eso nos lleva a no compartir la redacción que está establecida en el artículo 17 del proyecto de ley que estamos tratando, y que mantiene la penalización de la mujer en el caso de haberse hecho su propio aborto o haber consentido para que otro lo llevase adelante. Esta posición se da no solo porque coincidimos en que se trata de una cuestión de salud pública -principalmente hacemos énfasis en que la criminalización es una barrera para el acceso a la salud-, sino porque también creemos que el mantenimiento de este tipo penal consagrado en el proyecto de ley exacerba o deja abierta la puerta a las desigualdades existentes en nuestro país por el diferente funcionamiento del sistema judicial, tal como fue expresado por varios de los expositores en estos días, e inclusive por varios expositores en el debate anterior en el Congreso.
Voy a rescatar algunas de las expresiones que se han dado por parte de algunos expositores que considero relevantes con respecto a este punto.
Primero, no comparto lo expresado por Marisa Herrera, que mencionó en su exposición que, si se legalizara la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana catorce inclusive sería evidente que ello debería tener como correlato por coherencia jurídica su despenalización hasta esa semana, por lo tanto, su penalización después de esta semana. No comparto este argumento primero porque el derecho no es una ciencia exacta, no es una ciencia matemática, sino que es una ciencia que debe estar reflejada en la realidad social. Tampoco lo comparto porque ese concepto se desentiende de la barrera que significa la penalización de la conducta para el acceso a la salud. Además, mantiene el rol del Estado en el eje inquisitorio en vez de situarlo en el rol asistencial, que es el que corresponde cuando hablamos de un derecho a la salud.
Por eso, también rescato otras expresiones vertidas por algunos de los expositores, entre ellas la de Andrés Gil Domínguez, que explicó cuáles son los fines que tiene la penalización de la conducta según las diferentes posturas y doctrinas jurídicas. Por un lado, expresó que algunos creen que se trata de la retribución por el delito cometido, es decir, un castigo hacia la conducta cometida, otros aspiran a que sea la resocialización de la persona que ha cometido ese delito, en otras palabras, volver a incorporarlo a la sociedad después de una falta que se considera penable. El otro es la prevención, es decir, evitar que ese tipo de conducta se produzca con la amenaza de una sanción. Ninguno de estos fines, que se evalúa al momento de tipificar una conducta, se cumplen con el tipo propuesto por el artículo 17 previsto en este proyecto de ley.
Como contrapartida, como dijimos, si se deja abierta una herramienta que exacerba las desigualdades existentes según las regiones de nuestro país -y que tiene que ver, por supuesto, con el funcionamiento desigual del sistema judicial- termina consagrando una desigualdad con respecto a los derechos existentes. Porque los derechos no solo deben estar escritos, sino que también deberían ejercerse y el Poder Judicial debería ser el rector de ese ejercicio de los derechos para poder acceder a los mismos.
En este sentido, señor presidente, creo que fue muy contundente la exposición de Soledad Deza con respecto a la criminalización, a las estadísticas existentes en diferentes regiones de nuestro país e inclusive cuando resaltó lo que tiene que ver con la judicialización de los abortos legales ya consagrados en nuestro sistema judicial y la utilización de figuras como el homicidio agravado para tipificar estas conductas según las regiones y funcionamiento de los sistemas judiciales en nuestro país.
Esta exposición y conjunto de ideas me hicieron reflexionar: de haber estado vigente el proyecto de ley con el artículo 17 -que se pretende llevar al recinto tal como está expresado- en la época que se produjo el caso Belén, la verdad es que en nada hubiera cambiado el padecimiento porque se trataba de veintidós semanas de embarazo y de un aborto espontáneo al que se lo tipificó con el agravamiento de las figuras de nuestro Código Penal.
Creo que también tiene que ver con esa expresión que algunos citan que dice que podrá eximirse de la pena cuando las circunstancias hicieren excusar en la conducta que refleje en manos del juez la posibilidad de eximir o no, en un sistema judicial que ha demostrado que en este tema trabaja con una desigualdad escandalosa en las diferentes regiones de nuestro país. Evidentemente, creo que es dejar la puerta abierta para que esa desigualdad se consagre en la realidad.
Para concluir, señor presidente, dentro de las expresiones vertidas por los expositores -como decía en especial Soledad Deza-, se explicitó una realidad preocupante de nuestro territorio nacional en relación con el funcionamiento de los sistemas judiciales y sanitarios en los distintos rincones del país, que hace que tengamos diferentes calidades de derechos entre todos los que habitamos el territorio argentino. Y eso no solo debe imperar y poner en alarma a la Corte Suprema de Justicia de la Nación -como vértice y eje de todo nuestro sistema judicial-, sino que también lo debe hacer con respecto al Poder Ejecutivo y al Congreso, debe constituirnos en una posición más activa para ver esta realidad y tratar de cambiarla. Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Yedlin).- Tiene la palabra el señor diputado Leonardo Grosso.
Para ir al tema, si bien mi posición es contraria al presente proyecto de ampliación de la legalización del aborto -tal como lo expresamos en su momento en el debate producido en 2018-, en el debate que se viene expresaremos los fundamentos de ello. No quiero dejar pasar la oportunidad de este debate en comisión para expresar algunas observaciones acerca del proyecto que estamos tratando.
Nosotros somos autores de un proyecto que busca la despenalización total de la persona gestante frente a la interrupción voluntaria del embarazo que, si bien no está en el temario de la comisión, se resume en la modificación del artículo 88 del Código Penal, que establece que no será punible la persona gestante que causare su propio aborto o consintiere que otro lo cause.
Eso nos lleva a no compartir la redacción que está establecida en el artículo 17 del proyecto de ley que estamos tratando, y que mantiene la penalización de la mujer en el caso de haberse hecho su propio aborto o haber consentido para que otro lo llevase adelante. Esta posición se da no solo porque coincidimos en que se trata de una cuestión de salud pública -principalmente hacemos énfasis en que la criminalización es una barrera para el acceso a la salud-, sino porque también creemos que el mantenimiento de este tipo penal consagrado en el proyecto de ley exacerba o deja abierta la puerta a las desigualdades existentes en nuestro país por el diferente funcionamiento del sistema judicial, tal como fue expresado por varios de los expositores en estos días, e inclusive por varios expositores en el debate anterior en el Congreso.
Voy a rescatar algunas de las expresiones que se han dado por parte de algunos expositores que considero relevantes con respecto a este punto.
Primero, no comparto lo expresado por Marisa Herrera, que mencionó en su exposición que, si se legalizara la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana catorce inclusive sería evidente que ello debería tener como correlato por coherencia jurídica su despenalización hasta esa semana, por lo tanto, su penalización después de esta semana. No comparto este argumento primero porque el derecho no es una ciencia exacta, no es una ciencia matemática, sino que es una ciencia que debe estar reflejada en la realidad social. Tampoco lo comparto porque ese concepto se desentiende de la barrera que significa la penalización de la conducta para el acceso a la salud. Además, mantiene el rol del Estado en el eje inquisitorio en vez de situarlo en el rol asistencial, que es el que corresponde cuando hablamos de un derecho a la salud.
Por eso, también rescato otras expresiones vertidas por algunos de los expositores, entre ellas la de Andrés Gil Domínguez, que explicó cuáles son los fines que tiene la penalización de la conducta según las diferentes posturas y doctrinas jurídicas. Por un lado, expresó que algunos creen que se trata de la retribución por el delito cometido, es decir, un castigo hacia la conducta cometida, otros aspiran a que sea la resocialización de la persona que ha cometido ese delito, en otras palabras, volver a incorporarlo a la sociedad después de una falta que se considera penable. El otro es la prevención, es decir, evitar que ese tipo de conducta se produzca con la amenaza de una sanción. Ninguno de estos fines, que se evalúa al momento de tipificar una conducta, se cumplen con el tipo propuesto por el artículo 17 previsto en este proyecto de ley.
Como contrapartida, como dijimos, si se deja abierta una herramienta que exacerba las desigualdades existentes según las regiones de nuestro país -y que tiene que ver, por supuesto, con el funcionamiento desigual del sistema judicial- termina consagrando una desigualdad con respecto a los derechos existentes. Porque los derechos no solo deben estar escritos, sino que también deberían ejercerse y el Poder Judicial debería ser el rector de ese ejercicio de los derechos para poder acceder a los mismos.
En este sentido, señor presidente, creo que fue muy contundente la exposición de Soledad Deza con respecto a la criminalización, a las estadísticas existentes en diferentes regiones de nuestro país e inclusive cuando resaltó lo que tiene que ver con la judicialización de los abortos legales ya consagrados en nuestro sistema judicial y la utilización de figuras como el homicidio agravado para tipificar estas conductas según las regiones y funcionamiento de los sistemas judiciales en nuestro país.
Esta exposición y conjunto de ideas me hicieron reflexionar: de haber estado vigente el proyecto de ley con el artículo 17 -que se pretende llevar al recinto tal como está expresado- en la época que se produjo el caso Belén, la verdad es que en nada hubiera cambiado el padecimiento porque se trataba de veintidós semanas de embarazo y de un aborto espontáneo al que se lo tipificó con el agravamiento de las figuras de nuestro Código Penal.
Creo que también tiene que ver con esa expresión que algunos citan que dice que podrá eximirse de la pena cuando las circunstancias hicieren excusar en la conducta que refleje en manos del juez la posibilidad de eximir o no, en un sistema judicial que ha demostrado que en este tema trabaja con una desigualdad escandalosa en las diferentes regiones de nuestro país. Evidentemente, creo que es dejar la puerta abierta para que esa desigualdad se consagre en la realidad.
Para concluir, señor presidente, dentro de las expresiones vertidas por los expositores -como decía en especial Soledad Deza-, se explicitó una realidad preocupante de nuestro territorio nacional en relación con el funcionamiento de los sistemas judiciales y sanitarios en los distintos rincones del país, que hace que tengamos diferentes calidades de derechos entre todos los que habitamos el territorio argentino. Y eso no solo debe imperar y poner en alarma a la Corte Suprema de Justicia de la Nación -como vértice y eje de todo nuestro sistema judicial-, sino que también lo debe hacer con respecto al Poder Ejecutivo y al Congreso, debe constituirnos en una posición más activa para ver esta realidad y tratar de cambiarla. Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Yedlin).- Tiene la palabra el señor diputado Leonardo Grosso.
SR. GROSSO Gracias a todos y a todas. Quiero saludar el enorme trabajo de todas las presidencias y vicepresidencias de las comisiones que nuevamente llevan adelante este intenso debate en el Congreso. Celebro que, una vez más, estemos debatiendo la propuesta de la interrupción voluntaria del embarazo en la Cámara de Diputados.
Seré breve. Al escuchar las distintas exposiciones, fui anotando cosas que me parece que tienen que quedar registradas, por lo menos, en el debate de la comisión. En todo caso, después volveremos a charlarlas el día que tratemos el proyecto en el recinto.
En primer lugar, quiero decir que estamos en el Congreso de la Nación debatiendo...
Seré breve. Al escuchar las distintas exposiciones, fui anotando cosas que me parece que tienen que quedar registradas, por lo menos, en el debate de la comisión. En todo caso, después volveremos a charlarlas el día que tratemos el proyecto en el recinto.
En primer lugar, quiero decir que estamos en el Congreso de la Nación debatiendo...
Se interrumpe la imagen del señor diputado Grosso.
SR. GROSSO No sé si se interrumpió mi imagen. ¿Se me escucha bien?
SR. PRESIDENTE YEDLIN Se te escucha mejor sin el video encendido.
SR. GROSSO Bien. Decía que estamos debatiendo en este plenario de comisiones no por iniciativa de un sector político ni de nuestro gobierno solamente, si bien nuestro presidente recogió el guante, se comprometió en campaña y dijo: "Vamos a llevar el debate al Congreso".
Lo cierto es que el debate por la interrupción voluntaria del embarazo es un capítulo más dentro de una larga lucha de los feminismos en nuestro país, que empezó hace muchísimo tiempo -a principios del siglo pasado- con las sufragistas por la igualdad en los derechos políticos. Su lucha tuvo distintos capítulos a lo largo de la historia. Traigo a mi memoria desde Eva Perón hasta las mujeres que resistieron a la dictadura, o las mujeres de los movimientos sociales.
Nada más y nada menos que hace 17 años se creaba la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito. Este es un capítulo más en la lucha de los feminismos en la Argentina por construir una sociedad más igualitaria y menos machista, y por avanzar en la verdadera igualdad entre varones y mujeres. Me parece que cabe la aclaración, ya que hay algunos sectores que tratan de meter el tema del aborto en la grieta. Tratan de meter este debate en un River-Boca que no lleva a nada en la Argentina.
Lo cierto es que estamos ante un debate que impusieron nuestras mujeres, que impusieron los feminismos, y la política llega desde atrás a hacerse cargo de él, incorporarlo en la agenda y tratarlo para, como dicen las pibas, "que sea ley".
Otro tema: acá no debatimos "aborto sí o aborto no". Se trata de nuestra realidad, ya nos cansamos de decirlo. Lo que estamos debatiendo es si los abortos seguirán produciéndose en la clandestinidad o si se producirán en condiciones seguras, con el acompañamiento del sistema de salud pública, evitando que se mueran mujeres por la clandestinidad y por la falta de acceso a la salud.
Hay que hablar de la hipocresía de nuestra sociedad porque hace mucho tiempo que todos sabemos que el aborto es una práctica que se lleva adelante -y muchísimo- en la Argentina. Yo milito en los barrios, y desde que milito conozco historias de compañeras que tuvieron que abortar y por hacerlo en condiciones de clandestinidad e inseguras perdieron la vida o su capacidad reproductiva.
Mi postura tiene que ver con cómo transité mi vida. Vengo de una familia trabajadora y cada vez que en mi familia trabajadora hubo que afrontar un aborto, se pudieron garantizar las mejores condiciones gracias a que se podía reunir el dinero para pagar un aborto clandestino en una clínica privada. Esto hay que decirlo con todas las letras porque sucede y pasa todos los días. De hecho, las observaciones, la comunidad científica, los organismos internacionales y los feminismos dan cuenta de que se practican miles de abortos por día en la Argentina.
Nosotros somos uno de los poderes del Estado y como tal, tenemos que lograr hacernos cargo de esta problemática. No es un problema moral, es un problema de salud pública y el Estado tiene que legislar para proteger a esas mujeres.
No estamos haciendo "promoción", como dicen los antiderechos. No se está promoviendo el aborto, estamos garantizando condiciones. La contradicción que yo veo en los sectores que plantean que esta ley es promover el aborto es que después se niegan a implementar la Ley de Educación Sexual Integral en las escuelas, o se niegan a que se hagan consultorías pre y posaborto en las salitas de salud de los barrios de las distintas provincias.
Entonces, se niegan a que la información llegue a la población, pero también se niegan a garantizar condiciones de salud para que las mujeres o los cuerpos gestantes no mueran en intentos de abortos clandestinos. Entonces, ¿quién está defendiendo a la vida y quién no?
Para finalizar, como manifestaba al comienzo, creo que en este caso la política participa desde atrás. Son los feminismos los que vienen impulsando muchísimos debates en la calle. Lo vimos hace dos años, cuando no había pandemia. En aquel entonces, hubo millones de personas en la calle planteando la necesidad de que el Estado deje de empujar a la clandestinidad a nuestras mujeres y a los cuerpos gestantes y se haga cargo de incorporar el aborto al sistema de salud pública.
Nosotros no vamos a obligar a nadie a hacer lo que no quiere hacer. Las mujeres o cuerpos gestantes que no quieran hacerse un aborto, ya sea por su religión, su ideología o por lo que quieran, no lo van a hacer; y las personas que crean que sí lo quieren hacer y no tengan ninguna contradicción con esa práctica, lo van a poder hacer en condiciones seguras.
Para finalizar, insisto con que este es un debate que las pibas y los feminismos pusieron en la calle para conquistarlo, y lo hicieron. Se organizaron para garantizar condiciones seguras de aborto clandestino.
Uno de los argumentos de los antiderechos es que actualmente hay una menor cantidad de abortos clandestinos o una menor cantidad de muertes de mujeres por abortos clandestinos. Si en verdad bajó la cantidad, creo que debería darles vergüenza decirlo, porque si bajaron las muertes por aborto en la clandestinidad no fue porque el Estado haya regulado, acompañado o protegido; todo lo contrario. Fue porque los feminismos construyeron redes de organizaciones que permitieron garantizar condiciones más seguras para que las mujeres no se mueran. Ante la ausencia del Estado, la organización popular conquistó ese derecho y hoy garantiza condiciones para que las mujeres no se mueran en abortos clandestinos.
Los que estamos detrás somos nosotros y nosotras, los que estamos en deuda somos los políticos y las políticas, el que está en deuda con la sociedad es el Estado. Las pibas ya conquistaron ese derecho, ahora nos toca a nosotros hacerlo ley. Que sea ahora.
Lo cierto es que el debate por la interrupción voluntaria del embarazo es un capítulo más dentro de una larga lucha de los feminismos en nuestro país, que empezó hace muchísimo tiempo -a principios del siglo pasado- con las sufragistas por la igualdad en los derechos políticos. Su lucha tuvo distintos capítulos a lo largo de la historia. Traigo a mi memoria desde Eva Perón hasta las mujeres que resistieron a la dictadura, o las mujeres de los movimientos sociales.
Nada más y nada menos que hace 17 años se creaba la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito. Este es un capítulo más en la lucha de los feminismos en la Argentina por construir una sociedad más igualitaria y menos machista, y por avanzar en la verdadera igualdad entre varones y mujeres. Me parece que cabe la aclaración, ya que hay algunos sectores que tratan de meter el tema del aborto en la grieta. Tratan de meter este debate en un River-Boca que no lleva a nada en la Argentina.
Lo cierto es que estamos ante un debate que impusieron nuestras mujeres, que impusieron los feminismos, y la política llega desde atrás a hacerse cargo de él, incorporarlo en la agenda y tratarlo para, como dicen las pibas, "que sea ley".
Otro tema: acá no debatimos "aborto sí o aborto no". Se trata de nuestra realidad, ya nos cansamos de decirlo. Lo que estamos debatiendo es si los abortos seguirán produciéndose en la clandestinidad o si se producirán en condiciones seguras, con el acompañamiento del sistema de salud pública, evitando que se mueran mujeres por la clandestinidad y por la falta de acceso a la salud.
Hay que hablar de la hipocresía de nuestra sociedad porque hace mucho tiempo que todos sabemos que el aborto es una práctica que se lleva adelante -y muchísimo- en la Argentina. Yo milito en los barrios, y desde que milito conozco historias de compañeras que tuvieron que abortar y por hacerlo en condiciones de clandestinidad e inseguras perdieron la vida o su capacidad reproductiva.
Mi postura tiene que ver con cómo transité mi vida. Vengo de una familia trabajadora y cada vez que en mi familia trabajadora hubo que afrontar un aborto, se pudieron garantizar las mejores condiciones gracias a que se podía reunir el dinero para pagar un aborto clandestino en una clínica privada. Esto hay que decirlo con todas las letras porque sucede y pasa todos los días. De hecho, las observaciones, la comunidad científica, los organismos internacionales y los feminismos dan cuenta de que se practican miles de abortos por día en la Argentina.
Nosotros somos uno de los poderes del Estado y como tal, tenemos que lograr hacernos cargo de esta problemática. No es un problema moral, es un problema de salud pública y el Estado tiene que legislar para proteger a esas mujeres.
No estamos haciendo "promoción", como dicen los antiderechos. No se está promoviendo el aborto, estamos garantizando condiciones. La contradicción que yo veo en los sectores que plantean que esta ley es promover el aborto es que después se niegan a implementar la Ley de Educación Sexual Integral en las escuelas, o se niegan a que se hagan consultorías pre y posaborto en las salitas de salud de los barrios de las distintas provincias.
Entonces, se niegan a que la información llegue a la población, pero también se niegan a garantizar condiciones de salud para que las mujeres o los cuerpos gestantes no mueran en intentos de abortos clandestinos. Entonces, ¿quién está defendiendo a la vida y quién no?
Para finalizar, como manifestaba al comienzo, creo que en este caso la política participa desde atrás. Son los feminismos los que vienen impulsando muchísimos debates en la calle. Lo vimos hace dos años, cuando no había pandemia. En aquel entonces, hubo millones de personas en la calle planteando la necesidad de que el Estado deje de empujar a la clandestinidad a nuestras mujeres y a los cuerpos gestantes y se haga cargo de incorporar el aborto al sistema de salud pública.
Nosotros no vamos a obligar a nadie a hacer lo que no quiere hacer. Las mujeres o cuerpos gestantes que no quieran hacerse un aborto, ya sea por su religión, su ideología o por lo que quieran, no lo van a hacer; y las personas que crean que sí lo quieren hacer y no tengan ninguna contradicción con esa práctica, lo van a poder hacer en condiciones seguras.
Para finalizar, insisto con que este es un debate que las pibas y los feminismos pusieron en la calle para conquistarlo, y lo hicieron. Se organizaron para garantizar condiciones seguras de aborto clandestino.
Uno de los argumentos de los antiderechos es que actualmente hay una menor cantidad de abortos clandestinos o una menor cantidad de muertes de mujeres por abortos clandestinos. Si en verdad bajó la cantidad, creo que debería darles vergüenza decirlo, porque si bajaron las muertes por aborto en la clandestinidad no fue porque el Estado haya regulado, acompañado o protegido; todo lo contrario. Fue porque los feminismos construyeron redes de organizaciones que permitieron garantizar condiciones más seguras para que las mujeres no se mueran. Ante la ausencia del Estado, la organización popular conquistó ese derecho y hoy garantiza condiciones para que las mujeres no se mueran en abortos clandestinos.
Los que estamos detrás somos nosotros y nosotras, los que estamos en deuda somos los políticos y las políticas, el que está en deuda con la sociedad es el Estado. Las pibas ya conquistaron ese derecho, ahora nos toca a nosotros hacerlo ley. Que sea ahora.
SR. PRESIDENTE YEDLIN Antes de darle la palabra a Alcira Figueroa, quiero decir que los presidentes de las comisiones aquí reunidas tomamos el compromiso de no adjetivar según la postura, o sea, no decir que alguien se posiciona "contra la vida" o es un "antiderechos". Por supuesto, esto no corre para los diputados que tienen sus fueros y la posibilidad de decir lo que quieran. Simplemente quiero recordar el compromiso que hemos tomado los presidentes de las distintas comisiones.
Tiene la palabra la señora diputada Alcira Figueroa.
Tiene la palabra la señora diputada Alcira Figueroa.
SRA. FIGUEROA Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al señor presidente y a todos y a todas por la posibilidad de poder expresarme.
Como nieta de aymara, tengo más preguntas que respuestas o comentarios. Anoche no he podido dormir pensando en lo que iba a decir hoy. Invoqué a nuestra diosa mayor, la Pachamama, la Madre Tierra, para que inspire en mí, en mis pensamientos y en mis palabras lo que ella desea transmitir.
Simplemente quiero decir que el aborto es una práctica milenaria universal que se ha dado en las sociedades. Voy a hablar especialmente en nombre de mi cultura aymara, donde el cuidado de la mujer y de la niñez fue siempre en forma comunitaria y como una manera de preservar la vida. Por lo tanto, cuando había un embarazo en la comunidad que no había sido ideado, deseado o planificado, se echaba uso de las hierbas medicinales y también de algunas semillas, preparados, brebajes y comidas para realizar el aborto. Luego, la placenta era devuelta a la Tierra.
Entonces, yo me pregunto: ¿en qué momento el aborto pasó a ser un pecado? ¿En qué momento de nuestra historia la mujer fue criminalizada y culpabilizada por esa práctica tan antigua, tan ancestral y tan propia de la especie humana?
Este es el punto en el que estamos en este debate histórico. Queremos recuperar solamente un tantito, un poquito de ese derecho de las mujeres y las comunidades más antiguas de decidir sobre su propio cuerpo, de acuerdo a su situación personal y su contexto.
En Salta, mi provincia, mi terruño, ese espacio tan pequeño, hace poco una persona me decía en la municipalidad que había más de treinta denuncias por abuso a niñas menores. Leyendo un poco los informes del Observatorio y varios otros informes que se hicieron en la provincia, nosotros prácticamente encabezamos la lista de embarazos no deseados en niñas, de las cuales el 70 por ciento no desea gestar.
Creo que son hechos aberrantes y condenables por donde se los mire. Se trata de una niñez arruinada por un embarazo no deseado, provocado o violentado, por un segundo o un tercero. Esta es la realidad que tenemos en Salta. Fíjense qué contradicción: Salta es una provincia riquísima en cultura y en tradiciones y, sin embargo, fue lo suficientemente colonizada como para hacernos ver que el aborto es un pecado y que la mujer es la responsable, la criminalizada, la perseguida y la maltratada por haberse embarazado cuando, en realidad, siempre se celebró la vida en nuestras comunidades.
Los nacimientos eran una gran fiesta, una alegría inmensa. Me acuerdo de una hermana guaraní de Pichanal que me comentaba la felicidad plena que sentiría cuando les diera a sus hijos la misma felicidad que ella tuvo cuando se embarazó. Miren en qué punto de la historia estamos que todo se ha transformado en dolor, en tristeza, en muerte, en violaciones, en prepotencia, en autoritarismos.
Tengo datos del hospital de Orán, en Salta, que hablan de más de veinte abortos clandestinos que llegan por día. Se trata de mujeres desesperadas que han tomado una decisión por haber sido probablemente violentadas. Hablo de menores, en el mayor de los casos, que fueron abusadas, violentadas en sus cuerpos, en sus libertades, en su dignidad, en su honra, en su vida. Les arruinaron la vida en una etapa tan joven, tan nueva, tan floreciente. Una etapa que nosotros debemos cuidar y, sin embargo, esas niñas están atravesando situaciones tan dolorosas como un embarazo y un aborto.
Quiero dejar esta reflexión a mis pares. Yo hablo desde la profundidad de la experiencia de la vida cotidiana que tengo al haber vivido en un pueblo pequeño y también desde lo que me duele mi provincia y lo que allí pasa. En mi provincia hay marchas, mi pueblo se declaró provida hace dos o tres días y yo me pregunto de qué vida hablan, si se nos mueren los niños por desnutrición y por hambre todos los años.
Para finalizar, quiero leer una frase de un tema de Mercedes Sosa que me gusta mucho y me llama mucho la atención: "De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo
ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle." Es poder de los hombres evitar que haya un niño con hambre en la calle.
Voy a aplaudir la aprobación de esta ley. Voy a estar de acuerdo con ella porque, como manifesté, hay que seguir avanzando en el derecho a que la mujer pueda decidir, a fin de que nosotras, las mujeres, dejemos de ser criminalizadas, señalizadas, perseguidas, amenazadas, insultadas y demonizadas. Porque si el aborto es un pecado, ¿qué somos las mujeres?
Como nieta de aymara, tengo más preguntas que respuestas o comentarios. Anoche no he podido dormir pensando en lo que iba a decir hoy. Invoqué a nuestra diosa mayor, la Pachamama, la Madre Tierra, para que inspire en mí, en mis pensamientos y en mis palabras lo que ella desea transmitir.
Simplemente quiero decir que el aborto es una práctica milenaria universal que se ha dado en las sociedades. Voy a hablar especialmente en nombre de mi cultura aymara, donde el cuidado de la mujer y de la niñez fue siempre en forma comunitaria y como una manera de preservar la vida. Por lo tanto, cuando había un embarazo en la comunidad que no había sido ideado, deseado o planificado, se echaba uso de las hierbas medicinales y también de algunas semillas, preparados, brebajes y comidas para realizar el aborto. Luego, la placenta era devuelta a la Tierra.
Entonces, yo me pregunto: ¿en qué momento el aborto pasó a ser un pecado? ¿En qué momento de nuestra historia la mujer fue criminalizada y culpabilizada por esa práctica tan antigua, tan ancestral y tan propia de la especie humana?
Este es el punto en el que estamos en este debate histórico. Queremos recuperar solamente un tantito, un poquito de ese derecho de las mujeres y las comunidades más antiguas de decidir sobre su propio cuerpo, de acuerdo a su situación personal y su contexto.
En Salta, mi provincia, mi terruño, ese espacio tan pequeño, hace poco una persona me decía en la municipalidad que había más de treinta denuncias por abuso a niñas menores. Leyendo un poco los informes del Observatorio y varios otros informes que se hicieron en la provincia, nosotros prácticamente encabezamos la lista de embarazos no deseados en niñas, de las cuales el 70 por ciento no desea gestar.
Creo que son hechos aberrantes y condenables por donde se los mire. Se trata de una niñez arruinada por un embarazo no deseado, provocado o violentado, por un segundo o un tercero. Esta es la realidad que tenemos en Salta. Fíjense qué contradicción: Salta es una provincia riquísima en cultura y en tradiciones y, sin embargo, fue lo suficientemente colonizada como para hacernos ver que el aborto es un pecado y que la mujer es la responsable, la criminalizada, la perseguida y la maltratada por haberse embarazado cuando, en realidad, siempre se celebró la vida en nuestras comunidades.
Los nacimientos eran una gran fiesta, una alegría inmensa. Me acuerdo de una hermana guaraní de Pichanal que me comentaba la felicidad plena que sentiría cuando les diera a sus hijos la misma felicidad que ella tuvo cuando se embarazó. Miren en qué punto de la historia estamos que todo se ha transformado en dolor, en tristeza, en muerte, en violaciones, en prepotencia, en autoritarismos.
Tengo datos del hospital de Orán, en Salta, que hablan de más de veinte abortos clandestinos que llegan por día. Se trata de mujeres desesperadas que han tomado una decisión por haber sido probablemente violentadas. Hablo de menores, en el mayor de los casos, que fueron abusadas, violentadas en sus cuerpos, en sus libertades, en su dignidad, en su honra, en su vida. Les arruinaron la vida en una etapa tan joven, tan nueva, tan floreciente. Una etapa que nosotros debemos cuidar y, sin embargo, esas niñas están atravesando situaciones tan dolorosas como un embarazo y un aborto.
Quiero dejar esta reflexión a mis pares. Yo hablo desde la profundidad de la experiencia de la vida cotidiana que tengo al haber vivido en un pueblo pequeño y también desde lo que me duele mi provincia y lo que allí pasa. En mi provincia hay marchas, mi pueblo se declaró provida hace dos o tres días y yo me pregunto de qué vida hablan, si se nos mueren los niños por desnutrición y por hambre todos los años.
Para finalizar, quiero leer una frase de un tema de Mercedes Sosa que me gusta mucho y me llama mucho la atención: "De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo
ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle." Es poder de los hombres evitar que haya un niño con hambre en la calle.
Voy a aplaudir la aprobación de esta ley. Voy a estar de acuerdo con ella porque, como manifesté, hay que seguir avanzando en el derecho a que la mujer pueda decidir, a fin de que nosotras, las mujeres, dejemos de ser criminalizadas, señalizadas, perseguidas, amenazadas, insultadas y demonizadas. Porque si el aborto es un pecado, ¿qué somos las mujeres?
SR. PRESIDENTE YEDLIN Tiene la palabra la diputada Carolina Yutrovich.
SRA. YUTROVICH Creo que la despenalización del aborto es un plan histórico de los movimientos de mujeres en nuestro país desde 2005, a través de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Esa alianza federal, que se está integrando con las diferentes organizaciones, presentó ocho veces el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo y hasta 2018 nunca se había logrado el avance de llegar al recinto.
En esta oportunidad, incluso tenemos el acompañamiento del gobierno del Frente de Todos y el Poder Ejecutivo se comprometió con el envío de un proyecto propio para el tratamiento de esta ley.
Quiero rescatar que en aquel 2018 el colectivo feminista argentino tomó el guante -más allá de que hubo un Poder Ejecutivo que puso en discusión este tema, aunque manifestándose en contra- y permitió que el tema entrara en la agenda pública y no se abandonara más.
En las casas; en las escuelas; en los bares; en los taxis; en los partidos políticos; en los sindicatos; en los encuentros familiares y de amigos; en los lugares de trabajo y en las conversaciones cotidianas, el aborto fue y es tema de discusión, contrario a lo que plantean algunos acerca de que este asunto no es prioritario o no está en la necesidad de nuestro pueblo.
Los pañuelos ganaron ese espacio público hasta en el trajín cotidiano con las vinchas, las muñequeras, el pañuelo en el cuello, las mochilas y las carteras. Es importante destacar que en aquel 2018 nació esa marea verde, y si bien también nacieron las marchas de los pañuelos celestes, el requerimiento, el pedido y la necesidad sigue viva.
Creo que la prueba de ello es que este tema está presente ampliamente en la agenda, lo vemos en los mails que nos mandan, en los mensajes o en las horas que le dedican espacios como la radio y la televisión.
Quiero destacar algo que yo rescato de aquel 2018: lo importante y sustancial que sucedió después de ese histórico debate, que también estamos realizando este año, es que hoy hay cosas que todos sabemos. Hoy todos sabemos que los abortos suceden en todos los sectores sociales. Cuando todo falló, cuando el embarazo no se pudo prevenir, los abortos se realizan.
Los abortos no punibles son legales en nuestro país desde hace casi 100 años, cuando las mujeres éramos consideradas incapaces para la legislación civil. A ocho años de esos protocolos, actualmente hay provincias que aún no los han dictado. Es más, con su letra objetan y obstaculizan la posibilidad de realizar esas prácticas sanitarias.
Hay recursos farmacológicos incluidos en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud que son a bajo costo, son eficaces y seguros, y pueden utilizarse en las primeras catorce semanas de embarazo. Me refiero al misoprostol y la mifepristona.
Hay solicitudes de laboratorio de producción pública...
Esa alianza federal, que se está integrando con las diferentes organizaciones, presentó ocho veces el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo y hasta 2018 nunca se había logrado el avance de llegar al recinto.
En esta oportunidad, incluso tenemos el acompañamiento del gobierno del Frente de Todos y el Poder Ejecutivo se comprometió con el envío de un proyecto propio para el tratamiento de esta ley.
Quiero rescatar que en aquel 2018 el colectivo feminista argentino tomó el guante -más allá de que hubo un Poder Ejecutivo que puso en discusión este tema, aunque manifestándose en contra- y permitió que el tema entrara en la agenda pública y no se abandonara más.
En las casas; en las escuelas; en los bares; en los taxis; en los partidos políticos; en los sindicatos; en los encuentros familiares y de amigos; en los lugares de trabajo y en las conversaciones cotidianas, el aborto fue y es tema de discusión, contrario a lo que plantean algunos acerca de que este asunto no es prioritario o no está en la necesidad de nuestro pueblo.
Los pañuelos ganaron ese espacio público hasta en el trajín cotidiano con las vinchas, las muñequeras, el pañuelo en el cuello, las mochilas y las carteras. Es importante destacar que en aquel 2018 nació esa marea verde, y si bien también nacieron las marchas de los pañuelos celestes, el requerimiento, el pedido y la necesidad sigue viva.
Creo que la prueba de ello es que este tema está presente ampliamente en la agenda, lo vemos en los mails que nos mandan, en los mensajes o en las horas que le dedican espacios como la radio y la televisión.
Quiero destacar algo que yo rescato de aquel 2018: lo importante y sustancial que sucedió después de ese histórico debate, que también estamos realizando este año, es que hoy hay cosas que todos sabemos. Hoy todos sabemos que los abortos suceden en todos los sectores sociales. Cuando todo falló, cuando el embarazo no se pudo prevenir, los abortos se realizan.
Los abortos no punibles son legales en nuestro país desde hace casi 100 años, cuando las mujeres éramos consideradas incapaces para la legislación civil. A ocho años de esos protocolos, actualmente hay provincias que aún no los han dictado. Es más, con su letra objetan y obstaculizan la posibilidad de realizar esas prácticas sanitarias.
Hay recursos farmacológicos incluidos en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud que son a bajo costo, son eficaces y seguros, y pueden utilizarse en las primeras catorce semanas de embarazo. Me refiero al misoprostol y la mifepristona.
Hay solicitudes de laboratorio de producción pública...
SR. PRESIDENTE YEDLIN Diputada, apague su cámara así se la escucha mejor, por favor.
La señora diputada Yutrovich apaga su cámara.
SRA. YUTROVICH Decía que hay solicitudes de laboratorios de producción pública para producir el misoprostol a prácticamente el 10 por ciento del valor actual del mercado. Los abortos son una decisión y las condiciones para concretarla implican recursos económicos; es decir que las mujeres y las personas gestantes más pobres pagan con su riesgo de vida el ejercicio de su voluntad. La diferencia está en cómo, dónde y con qué recursos se realiza: en condiciones de salud y seguridad o como se puede, lidiando con la falta de dinero y con la culpa.
Son los mismos sectores que se oponen a la ley los que en su momento se han manifestado en contra de Ley de Educación Sexual Integral y, en muchos de estos debates, quieren utilizarla como moneda de cambio.
Creo que, durante mucho tiempo, ni nuestra palabra ni nuestro pensamiento han sido parte activa del debate, aun cuando son nuestros cuerpos los que están en disputa. La imposibilidad del ejercicio de la autonomía que pretenden imponer algunas instituciones queda en evidencia en cada discusión, cuando hablamos de derechos y de condicionamientos, a pesar de las leyes y a través de ellas.
Las mujeres hemos sido tratadas como niñas, como mendigas, como incapaces, pero ya sabemos que no lo somos y con esa consciencia hemos tomado el escenario para dar esta discusión.
Más allá de las posiciones religiosas o metafísicas, el aborto es un grave problema de la salud pública que merece la atención y la solución por parte del Estado como órgano supremo.
Hoy tenemos en nuestras manos la posibilidad de legislar para que si la mujer o persona con capacidad de gestar decide continuar con un embarazo, el Plan de los Mil Días la va a proteger. Y si decide interrumpirlo, encontrará amparo en esta ley de interrupción voluntaria del embarazo que estamos tratando.
Quienes estamos a favor del proyecto también defendemos la vida. Porque habilitar el aborto no obliga a nadie, pero su penalización sí va a seguir sacrificando la vida de muchas mujeres como víctimas de la clandestinidad.
Son los mismos sectores que se oponen a la ley los que en su momento se han manifestado en contra de Ley de Educación Sexual Integral y, en muchos de estos debates, quieren utilizarla como moneda de cambio.
Creo que, durante mucho tiempo, ni nuestra palabra ni nuestro pensamiento han sido parte activa del debate, aun cuando son nuestros cuerpos los que están en disputa. La imposibilidad del ejercicio de la autonomía que pretenden imponer algunas instituciones queda en evidencia en cada discusión, cuando hablamos de derechos y de condicionamientos, a pesar de las leyes y a través de ellas.
Las mujeres hemos sido tratadas como niñas, como mendigas, como incapaces, pero ya sabemos que no lo somos y con esa consciencia hemos tomado el escenario para dar esta discusión.
Más allá de las posiciones religiosas o metafísicas, el aborto es un grave problema de la salud pública que merece la atención y la solución por parte del Estado como órgano supremo.
Hoy tenemos en nuestras manos la posibilidad de legislar para que si la mujer o persona con capacidad de gestar decide continuar con un embarazo, el Plan de los Mil Días la va a proteger. Y si decide interrumpirlo, encontrará amparo en esta ley de interrupción voluntaria del embarazo que estamos tratando.
Quienes estamos a favor del proyecto también defendemos la vida. Porque habilitar el aborto no obliga a nadie, pero su penalización sí va a seguir sacrificando la vida de muchas mujeres como víctimas de la clandestinidad.
SR. PRESIDENTE YEDLIN Te queda un minuto más, Carolina.
SRA. YUTROVIC Bueno, ese fue mi planteo, y quiero reafirmar lo siguiente: tenemos la oportunidad histórica de dar respuesta a una demanda de la sociedad que sí existe, que es real y la vivimos todos los días.
Ratifico que no podemos seguir discutiendo aborto sí o aborto no, como ya lo han planteado previamente algunos compañeros y compañeras. La discusión de fondo es aborto inseguro, aborto clandestino, o aborto en condiciones seguras. Nada más, presidente, gracias.
Ratifico que no podemos seguir discutiendo aborto sí o aborto no, como ya lo han planteado previamente algunos compañeros y compañeras. La discusión de fondo es aborto inseguro, aborto clandestino, o aborto en condiciones seguras. Nada más, presidente, gracias.
SR. PRESIDENTE YEDLIN Muchas gracias, señora diputada.
A continuación, les diré el orden de quienes tengo anotados y anotadas, por ahora. Le voy a dar la palabra a Ayelén Spósito, Romina del Plá, Marisa Uceda, Florencia Lampreabe, Hernán Pérez Araujo y Paola Vessvessian.
Les repito a todos los diputados y diputadas de todas las comisiones que están invitados a hacer uso y ejercicio de su derecho de palabra en estas reuniones. Acuérdense que disponemos de toda la mañana y la tarde de hoy para continuar el debate. Seguramente, el día miércoles tendremos algún tiempo de discusión -que va a ser más limitado- y emitiremos dictamen.
Tiene la palabra la diputada Ayelén Spósito.
A continuación, les diré el orden de quienes tengo anotados y anotadas, por ahora. Le voy a dar la palabra a Ayelén Spósito, Romina del Plá, Marisa Uceda, Florencia Lampreabe, Hernán Pérez Araujo y Paola Vessvessian.
Les repito a todos los diputados y diputadas de todas las comisiones que están invitados a hacer uso y ejercicio de su derecho de palabra en estas reuniones. Acuérdense que disponemos de toda la mañana y la tarde de hoy para continuar el debate. Seguramente, el día miércoles tendremos algún tiempo de discusión -que va a ser más limitado- y emitiremos dictamen.
Tiene la palabra la diputada Ayelén Spósito.
SRA. SPÓSITO Gracias, presidente. ¿Ahí se escucha bien?
SR. PRESIDENTE YEDLIN Perfecto.
SRA. SPÓSITO Señor presidente, diputados, diputadas, diputades: hoy me toca defender este proyecto del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, no solo como una militante trans-feminista, sino también como médica y profesional de la salud.
Muchas veces me ha tocado afrontar una situación con mujeres o cuerpos gestantes que acudían al consultorio porque tenían un embarazo no deseado.
Realmente, la posibilidad y la tranquilidad que damos cuando estamos de acuerdo, tenemos la decisión y queremos acompañar a que las mujeres y cuerpos gestantes puedan hacer un aborto en condiciones seguras es parte de nuestra tarea como profesionales de la salud, al garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.
En muchas ocasiones, hemos visto mujeres desesperadas que llegaban al consultorio o a una guardia con esta situación. Y pudimos dar respuestas, también arriesgándonos frente a aquelles que podían llegar a hacernos algún tipo de denuncia, pero siempre respetando la decisión de la mujer o cuerpo gestante, siempre acompañando el deseo de ser o no madre.
Entonces, hoy nosotros no tenemos que pararnos desde la ética, la moral o la religión. Debemos pensar en las mujeres y en los cuerpos gestantes, y sobre su deseo de maternar. Y tenemos la responsabilidad de acompañar esa decisión.
Hoy no estamos debatiendo si estamos a favor o en contra del aborto. Estamos discutiendo si vamos a permitir que las mujeres sigan haciéndolo de manera irregular, en forma clandestina, o si, como Estado, les vamos a garantizar el acceso a que lo puedan realizar.
Asimismo, junto con mis compañeras de lucha feministas, trans-feministas, nos supimos organizar durante todo este tiempo en redes que, poco a poco, fuimos formando. Y esto no es nada nuevo: el aborto se practica desde hace años, y nosotros tenemos que garantizar que sea legal.
Como diputados y diputadas, debemos decidir -dejando aparte nuestra moral- si vamos a permitir que el aborto se siga haciendo de forma clandestina, perdiendo a esas mujeres, o si vamos a prohibirles la decisión de ser madres cuando ellas realmente quieran, en el caso de aquellas que por un aborto clandestino hayan tenido complicaciones y ya no tengan un útero para poder gestar. Esa es nuestra responsabilidad. Hoy tenemos la responsabilidad histórica de no desoír nunca más el deseo de tantas mujeres cis, varones trans, personas con identidad y capacidad de gestar. Digo y nombro a todas las identidades con capacidad de gestar.
En este debate y exposiciones nos faltó una parte. Hubiese sido muy interesante poder escuchar a esos hombres trans, esas identidades que también abortan.
No quiero extender mi exposición. Vamos a ir por un aborto legal. No vamos a permitir que ninguna mujer ni cuerpo gestante siga muriendo en la clandestinidad. Gracias.
Muchas veces me ha tocado afrontar una situación con mujeres o cuerpos gestantes que acudían al consultorio porque tenían un embarazo no deseado.
Realmente, la posibilidad y la tranquilidad que damos cuando estamos de acuerdo, tenemos la decisión y queremos acompañar a que las mujeres y cuerpos gestantes puedan hacer un aborto en condiciones seguras es parte de nuestra tarea como profesionales de la salud, al garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.
En muchas ocasiones, hemos visto mujeres desesperadas que llegaban al consultorio o a una guardia con esta situación. Y pudimos dar respuestas, también arriesgándonos frente a aquelles que podían llegar a hacernos algún tipo de denuncia, pero siempre respetando la decisión de la mujer o cuerpo gestante, siempre acompañando el deseo de ser o no madre.
Entonces, hoy nosotros no tenemos que pararnos desde la ética, la moral o la religión. Debemos pensar en las mujeres y en los cuerpos gestantes, y sobre su deseo de maternar. Y tenemos la responsabilidad de acompañar esa decisión.
Hoy no estamos debatiendo si estamos a favor o en contra del aborto. Estamos discutiendo si vamos a permitir que las mujeres sigan haciéndolo de manera irregular, en forma clandestina, o si, como Estado, les vamos a garantizar el acceso a que lo puedan realizar.
Asimismo, junto con mis compañeras de lucha feministas, trans-feministas, nos supimos organizar durante todo este tiempo en redes que, poco a poco, fuimos formando. Y esto no es nada nuevo: el aborto se practica desde hace años, y nosotros tenemos que garantizar que sea legal.
Como diputados y diputadas, debemos decidir -dejando aparte nuestra moral- si vamos a permitir que el aborto se siga haciendo de forma clandestina, perdiendo a esas mujeres, o si vamos a prohibirles la decisión de ser madres cuando ellas realmente quieran, en el caso de aquellas que por un aborto clandestino hayan tenido complicaciones y ya no tengan un útero para poder gestar. Esa es nuestra responsabilidad. Hoy tenemos la responsabilidad histórica de no desoír nunca más el deseo de tantas mujeres cis, varones trans, personas con identidad y capacidad de gestar. Digo y nombro a todas las identidades con capacidad de gestar.
En este debate y exposiciones nos faltó una parte. Hubiese sido muy interesante poder escuchar a esos hombres trans, esas identidades que también abortan.
No quiero extender mi exposición. Vamos a ir por un aborto legal. No vamos a permitir que ninguna mujer ni cuerpo gestante siga muriendo en la clandestinidad. Gracias.
SRA. PRESIDENTA MOREAU Gracias, diputada Spósito.
Tiene la palabra la diputada Romina del Plá.
Tiene la palabra la diputada Romina del Plá.
SRA. DEL PLÁ Buenos días a todas y a todos. Creo que este debate, como ya se ha ido expresando, tiene una urgencia y una necesidad absoluta.
Necesitamos poder avanzar en una ley integral de aborto legal, seguro y gratuito, pero que, a la vez, nos permita destrabar todos esos obstáculos para la aplicación de la educación sexual integral para que sea verdaderamente laica y científica, modificando el artículo 5° de la ley que está vigente, que es uno de los elementos que permiten que las instituciones religiosas y clericales no apliquen esta norma.
También sabemos que necesitamos una ley integral para que, efectivamente, no haya más penalización de la mujer y se puedan aplicar los abortos por causales que son legales desde 1921.
Esto lo digo porque justamente, hemos escuchado muchas intervenciones que plantearon no estar a favor del aborto legal, como si esa postura eliminara los abortos clandestinos. Lo único que hace es barrerlos bajo la alfombra, como venía haciéndose, hasta que la ola verde impuso este debate.
También hemos escuchado decir: aborto no, pero educación sexual sí. Esto ya lo hemos vivido en 2018. Ya hemos tenido un dictamen de mayoría a favor de la educación sexual integral y hemos visto cómo aquellos bloques que se subordinan a los acuerdos con las iglesias bloquearon la aprobación de ese dictamen que muchos habían firmado. Entonces no es real esa postura de "aborto no" y "educación sexual sí".
Tampoco es real -y en este punto quiero llamar a la reflexión- que solamente se pueda resolver la situación con la despenalización de la mujer. Hago un llamado a la reflexión a diputadas y diputados que lo han planteado con honestidad. No alcanza con plantear una despenalización genérica. Justamente, sabemos que esas son usinas de oscurantismo. Hemos escuchado cantidad de expositores y representantes de instituciones con esa orientación, que en muchísimos casos están subsidiadas por el Estado. No quiero recordar los subsidios a ACIERA, o los subsidios a CONIN, que siguen proliferando, a pesar de que es claro que, en muchísimos casos, van contra la salud pública elemental.
Hemos visto cómo se pone en funcionamiento el mecanismo de la amenaza y las presiones. Ustedes imagínense cómo pueden desenvolverse los trabajadores de la salud -u otros rubros- en condiciones de amenaza permanente.
Quiero recordar que hace dos días, por ejemplo, la Legislatura salteña votó una resolución a través de la cual reclamaba a los diputados de la provincia seguir sosteniendo el aborto clandestino. El legislador del Partido Obrero, Claudio Del Plá, junto con otros pocos legisladores de esa provincia, han enfrentado esta situación. ¿Por qué? No nos llama la atención. Vemos que cuantas más instituciones aparecen en algunas provincias manifestando que están en contra del derecho al aborto, hay más datos de niñas obligadas a ser madres, de abortos clandestinos y de internaciones de mujeres con las consecuencias de estos abortos inseguros.
En ese sentido, quiero refutar fuertemente la idea de que el reclamo del aborto legal y la marea verde sea un proceso limitado a la ciudad de Buenos Aires y alrededores. En este mismo momento, desde Ushuaia a Salta y Jujuy se están desarrollando movilizaciones de la marea verde.
Además, uno se pregunta qué es lo que pasa realmente; no en la fantasía de los que nos quieren convencer de que, si niegan el proceso, no hay abortos. ¡Mentira! ¡Hay cientos de miles al año! Lo que pasa realmente en esas provincias es que la situación de las mujeres o las personas con capacidad de gestar que llegan a un embarazo que no pueden sostener es gravísima. El nivel de clandestinidad, de presiones y de persecuciones es enorme.
Y también quiero desmentir la idea de que ninguna mujer va presa por abortar. ¡Eso es mentira! Hay decenas de mujeres presas o con procesos penales, porque no solo se aplica el artículo del Código Penal correspondiente al aborto que aquí está considerado, sino también el artículo 80, de homicidio agravado por el vínculo. Es muy seria la situación en la que estamos. Por eso necesitamos avanzar con este reclamo masivo de las juventudes y las diversidades.
Aquí se mencionó un caso que quiero volver a traer a colación: el de Ana María Acevedo, sus hijas, sus hijos; el de Norma, su mamá, a quien le mando un enorme abrazo, porque son un ejemplo de las consecuencias que deja el aborto clandestino.
Cuando acá nos quieren convencer de que el desarrollo del aborto afectaría el derecho del niño por nacer, nosotros debemos ser claros: es prácticamente una generalidad que cada mujer que muere por un aborto clandestino deja niños huérfanos.
Nosotras, nosotros y nosotres defendemos el derecho a la maternidad plena, a que sea asistida por el Estado, pero también defendemos fuertemente el derecho de todas las mujeres y personas con capacidad de gestar a que no se vean obligadas a poner en riesgo sus vidas, ni se encuentren ante el impedimento de seguir criando a sus hijos por tener que someterse a abortos inseguros.
Como conclusión de todo esto, no solo llamo a reforzar la movilización en todo el país para demostrar que, en cada rincón, las mujeres y las juventudes hemos llegado a la conclusión de que hay que dejar de barrer debajo de la alfombra los abortos que existen. Hay que denunciar el negocio que se pretende proteger manteniendo el aborto clandestino, y hay que avanzar en la separación de las iglesias y el Estado.
Seguiremos movilizándonos porque debemos sancionar esta ley para que el aborto legal nos permita tener un salto en materia de los derechos de las mujeres, de las personas gestantes y de las personas en general.
Necesitamos poder avanzar en una ley integral de aborto legal, seguro y gratuito, pero que, a la vez, nos permita destrabar todos esos obstáculos para la aplicación de la educación sexual integral para que sea verdaderamente laica y científica, modificando el artículo 5° de la ley que está vigente, que es uno de los elementos que permiten que las instituciones religiosas y clericales no apliquen esta norma.
También sabemos que necesitamos una ley integral para que, efectivamente, no haya más penalización de la mujer y se puedan aplicar los abortos por causales que son legales desde 1921.
Esto lo digo porque justamente, hemos escuchado muchas intervenciones que plantearon no estar a favor del aborto legal, como si esa postura eliminara los abortos clandestinos. Lo único que hace es barrerlos bajo la alfombra, como venía haciéndose, hasta que la ola verde impuso este debate.
También hemos escuchado decir: aborto no, pero educación sexual sí. Esto ya lo hemos vivido en 2018. Ya hemos tenido un dictamen de mayoría a favor de la educación sexual integral y hemos visto cómo aquellos bloques que se subordinan a los acuerdos con las iglesias bloquearon la aprobación de ese dictamen que muchos habían firmado. Entonces no es real esa postura de "aborto no" y "educación sexual sí".
Tampoco es real -y en este punto quiero llamar a la reflexión- que solamente se pueda resolver la situación con la despenalización de la mujer. Hago un llamado a la reflexión a diputadas y diputados que lo han planteado con honestidad. No alcanza con plantear una despenalización genérica. Justamente, sabemos que esas son usinas de oscurantismo. Hemos escuchado cantidad de expositores y representantes de instituciones con esa orientación, que en muchísimos casos están subsidiadas por el Estado. No quiero recordar los subsidios a ACIERA, o los subsidios a CONIN, que siguen proliferando, a pesar de que es claro que, en muchísimos casos, van contra la salud pública elemental.
Hemos visto cómo se pone en funcionamiento el mecanismo de la amenaza y las presiones. Ustedes imagínense cómo pueden desenvolverse los trabajadores de la salud -u otros rubros- en condiciones de amenaza permanente.
Quiero recordar que hace dos días, por ejemplo, la Legislatura salteña votó una resolución a través de la cual reclamaba a los diputados de la provincia seguir sosteniendo el aborto clandestino. El legislador del Partido Obrero, Claudio Del Plá, junto con otros pocos legisladores de esa provincia, han enfrentado esta situación. ¿Por qué? No nos llama la atención. Vemos que cuantas más instituciones aparecen en algunas provincias manifestando que están en contra del derecho al aborto, hay más datos de niñas obligadas a ser madres, de abortos clandestinos y de internaciones de mujeres con las consecuencias de estos abortos inseguros.
En ese sentido, quiero refutar fuertemente la idea de que el reclamo del aborto legal y la marea verde sea un proceso limitado a la ciudad de Buenos Aires y alrededores. En este mismo momento, desde Ushuaia a Salta y Jujuy se están desarrollando movilizaciones de la marea verde.
Además, uno se pregunta qué es lo que pasa realmente; no en la fantasía de los que nos quieren convencer de que, si niegan el proceso, no hay abortos. ¡Mentira! ¡Hay cientos de miles al año! Lo que pasa realmente en esas provincias es que la situación de las mujeres o las personas con capacidad de gestar que llegan a un embarazo que no pueden sostener es gravísima. El nivel de clandestinidad, de presiones y de persecuciones es enorme.
Y también quiero desmentir la idea de que ninguna mujer va presa por abortar. ¡Eso es mentira! Hay decenas de mujeres presas o con procesos penales, porque no solo se aplica el artículo del Código Penal correspondiente al aborto que aquí está considerado, sino también el artículo 80, de homicidio agravado por el vínculo. Es muy seria la situación en la que estamos. Por eso necesitamos avanzar con este reclamo masivo de las juventudes y las diversidades.
Aquí se mencionó un caso que quiero volver a traer a colación: el de Ana María Acevedo, sus hijas, sus hijos; el de Norma, su mamá, a quien le mando un enorme abrazo, porque son un ejemplo de las consecuencias que deja el aborto clandestino.
Cuando acá nos quieren convencer de que el desarrollo del aborto afectaría el derecho del niño por nacer, nosotros debemos ser claros: es prácticamente una generalidad que cada mujer que muere por un aborto clandestino deja niños huérfanos.
Nosotras, nosotros y nosotres defendemos el derecho a la maternidad plena, a que sea asistida por el Estado, pero también defendemos fuertemente el derecho de todas las mujeres y personas con capacidad de gestar a que no se vean obligadas a poner en riesgo sus vidas, ni se encuentren ante el impedimento de seguir criando a sus hijos por tener que someterse a abortos inseguros.
Como conclusión de todo esto, no solo llamo a reforzar la movilización en todo el país para demostrar que, en cada rincón, las mujeres y las juventudes hemos llegado a la conclusión de que hay que dejar de barrer debajo de la alfombra los abortos que existen. Hay que denunciar el negocio que se pretende proteger manteniendo el aborto clandestino, y hay que avanzar en la separación de las iglesias y el Estado.
Seguiremos movilizándonos porque debemos sancionar esta ley para que el aborto legal nos permita tener un salto en materia de los derechos de las mujeres, de las personas gestantes y de las personas en general.
SR. PRESIDENTE YEDLIN Gracias, diputada Romina Del Plá.
Tiene la palabra la diputada Marisa Uceda.
Tiene la palabra la diputada Marisa Uceda.
SRA. UCEDA Le agradezco a usted, señor presidente, y a todas las autoridades de las comisiones que estamos hoy debatiendo. También quiero hacer extensivo el agradecimiento y el saludo a cada uno y a cada una de las expositoras y los expositores, la mayoría de los cuales enriquecieron el debate de manera educada y democrática.
Allá por 1921, cuando nuestra legislación penal decidió regular el aborto, su decisión fue la de reprimirlo. Estableció una serie de causales, desde el artículo 85 al artículo 88, determinando dos únicas excepciones en el artículo 86, al que llamó aborto no punible.
Las teorías jurídicas, fundamentalmente en derecho penal, de la mano del filósofo jurista Elías Díaz, nos plantean si las normas son legales y legítimas como dos estándares muy necesarios para que la norma cumpla su efectividad.
Déjeme decirle que aquella norma, la del artículo 88 -que castiga y reprime a la mujer que realizare su aborto o consintiera que le realizaren esta práctica- es absolutamente legal. La sancionó un Congreso democrático y la reguló un Poder Ejecutivo democrático, claro que en una época en donde las mujeres no votábamos, no éramos elegidas como representantes, y además, se nos consideraba incapaces relativas en el Código Civil. Pero es legal, claramente es legal, el problema es que no es legítima. ¿Y por qué no es legítima? Porque para que una norma sea legítima, la sociedad la debe consentir; debe estar el convencimiento absoluto de esa sociedad de que esa norma, y el hecho que reprime o que prohíbe, es justo. Y a la luz de la cantidad de abortos que se realizan en este país, la mayoría clandestinos, esta norma dejó de ser legítima hace mucho tiempo.
Pero además, las teorías penales nos llevan a preguntarnos qué pasa con esa pena, con esa consecuencia de la conducta reprochable. Hay algunos que eligen pensar que la norma sirve para castigar, y a otras y a otros, nos gusta pensar que la norma sirve para prevenir.
Para castigar, la norma sirvió. Castigó a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar. Las empujó a la clandestinidad, las condenó. Porque como decía la diputada que me precedió, las condenas existen, y con una crueldad tan extrema que se caratuló como homicidio culposo agravado por el vínculo y no con la figura del artículo 86, de aborto punible. Sin embargo, no previno, porque las mujeres abortamos. Es decir que la función preventiva de esta norma penal ha sido un radical fracaso.
Hemos escuchado algunos argumentos que indican que este proyecto contradice la legislación de fondo del Código Civil.
Voy a hacer mías -como pueda- las palabras de dos grandes referentes del derecho: las doctoras Aída Kemelmajer de Carlucci y Marisa Herrera. Ellas nos explicaron, primero, que intentar darle la misma entidad y la misma identidad al embrión que a la persona viva, conforme las normas del Código Civil y Comercial, no solo es un error, sino que también es una contradicción jurídica. Porque, como ya se dijo, desde 1921 están las causales del aborto no punible, y no hemos escuchado a nadie que rechace la posibilidad de que se realice un aborto cuando corre peligro la vida de la mujer. Por esto es una contradicción jurídica, porque de darle la misma entidad al embrión que a la persona viva, no podría existir esta legislación desde 1921.
Pero además, como dijo la doctora Kemelmajer, la Corte Interamericana en el caso Artavia Murillo reafirma que los derechos no son absolutos. Los derechos se reglamentan, y tampoco son absolutos los derechos del embrión.
Y acá me quiero detener un segundo. Aquellos que nos corren con la ampliación de derechos -cuando lo que quieren es limitarlos- nos dicen que esto tampoco elimina la criminalización de la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. Este proyecto reconoce la autonomía de las mujeres dentro de un período de 14 semanas, justamente, porque los derechos nunca son absolutos.
Necesito pedirles un favor a aquellos que no están a favor de este proyecto: dejen de decir que no estamos a favor de la vida.
Si me permiten, voy a leer y hacer mías las palabras de la doctora Marina Femenía, quien ayer no pudo exponer por problemas de conectividad. Mi compañera, con mucha claridad, dice que nosotros estamos a favor de la vida, de la reivindicación de la vida, pero de una vida libre, auténtica, asumida en una trayectoria vital donde el Estado no nos confine a la biología; una vida donde la maternidad sea el producto de un deseo autónomo e individual.
Además, les quiero decir otra cosa. En este reduccionismo espantoso que intenta dividirnos entre celestes y verdes, he escuchado decir que la marea celeste es mayoría en el país. Bueno, quédense tranquilos porque para ellos está el proyecto de los Mil Días y nadie los va a obligar a realizar esta práctica, que es solo para las mujeres que sí lo deciden.
Para concluir, reconocer el derecho a la interrupción voluntaria del embrazo es reconocer el derecho de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar a maternidades deseadas, no impuestas y respetadas; el derecho de las niñas a ser niñas.
Si algo nos separa de aquellos grupos que no están de acuerdo con el aborto legal y seguro, no son las creencias ni el estar a favor o no de la vida: es la realidad. El aborto será legal o seguirá siendo clandestino, pero seguirá existiendo. Lo que pasa es que, si lo mantenemos en la clandestinidad, atentará contra la vida de mujeres, contra su salud y su libertad. En cambio, si lo legalizamos, si dentro de las 14 semanas les damos esa protección a las mujeres, a las personas con capacidad de gestar, estaremos protegiendo la salud, la vida, la libertad y la autonomía de esas personas.
Déjenme leer una frase muy chiquita del Manifiesto de las 343. Las 343 fueron mujeres notables y públicas en Francia, que hicieron este manifiesto dentro del marco del debate que se dio hace cuarenta años en Francia. Con su legalización, no creo que se haya extinguido la ciudadanía francesa ni que el aborto haya crecido exponencialmente. ¿Pero saben lo que pasa cuando uno sigue criminalizando el aborto? Se humilla y se avergüenza a las mujeres.
En ese manifiesto, las 343 decían: "Hermana, ya no estarás avergonzada de ser una mujer. No queremos tolerancia, la decisión será propia sobre nuestros cuerpos. No pedimos caridad, pedimos justicia". Que sea ley, señor presidente.
Allá por 1921, cuando nuestra legislación penal decidió regular el aborto, su decisión fue la de reprimirlo. Estableció una serie de causales, desde el artículo 85 al artículo 88, determinando dos únicas excepciones en el artículo 86, al que llamó aborto no punible.
Las teorías jurídicas, fundamentalmente en derecho penal, de la mano del filósofo jurista Elías Díaz, nos plantean si las normas son legales y legítimas como dos estándares muy necesarios para que la norma cumpla su efectividad.
Déjeme decirle que aquella norma, la del artículo 88 -que castiga y reprime a la mujer que realizare su aborto o consintiera que le realizaren esta práctica- es absolutamente legal. La sancionó un Congreso democrático y la reguló un Poder Ejecutivo democrático, claro que en una época en donde las mujeres no votábamos, no éramos elegidas como representantes, y además, se nos consideraba incapaces relativas en el Código Civil. Pero es legal, claramente es legal, el problema es que no es legítima. ¿Y por qué no es legítima? Porque para que una norma sea legítima, la sociedad la debe consentir; debe estar el convencimiento absoluto de esa sociedad de que esa norma, y el hecho que reprime o que prohíbe, es justo. Y a la luz de la cantidad de abortos que se realizan en este país, la mayoría clandestinos, esta norma dejó de ser legítima hace mucho tiempo.
Pero además, las teorías penales nos llevan a preguntarnos qué pasa con esa pena, con esa consecuencia de la conducta reprochable. Hay algunos que eligen pensar que la norma sirve para castigar, y a otras y a otros, nos gusta pensar que la norma sirve para prevenir.
Para castigar, la norma sirvió. Castigó a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar. Las empujó a la clandestinidad, las condenó. Porque como decía la diputada que me precedió, las condenas existen, y con una crueldad tan extrema que se caratuló como homicidio culposo agravado por el vínculo y no con la figura del artículo 86, de aborto punible. Sin embargo, no previno, porque las mujeres abortamos. Es decir que la función preventiva de esta norma penal ha sido un radical fracaso.
Hemos escuchado algunos argumentos que indican que este proyecto contradice la legislación de fondo del Código Civil.
Voy a hacer mías -como pueda- las palabras de dos grandes referentes del derecho: las doctoras Aída Kemelmajer de Carlucci y Marisa Herrera. Ellas nos explicaron, primero, que intentar darle la misma entidad y la misma identidad al embrión que a la persona viva, conforme las normas del Código Civil y Comercial, no solo es un error, sino que también es una contradicción jurídica. Porque, como ya se dijo, desde 1921 están las causales del aborto no punible, y no hemos escuchado a nadie que rechace la posibilidad de que se realice un aborto cuando corre peligro la vida de la mujer. Por esto es una contradicción jurídica, porque de darle la misma entidad al embrión que a la persona viva, no podría existir esta legislación desde 1921.
Pero además, como dijo la doctora Kemelmajer, la Corte Interamericana en el caso Artavia Murillo reafirma que los derechos no son absolutos. Los derechos se reglamentan, y tampoco son absolutos los derechos del embrión.
Y acá me quiero detener un segundo. Aquellos que nos corren con la ampliación de derechos -cuando lo que quieren es limitarlos- nos dicen que esto tampoco elimina la criminalización de la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. Este proyecto reconoce la autonomía de las mujeres dentro de un período de 14 semanas, justamente, porque los derechos nunca son absolutos.
Necesito pedirles un favor a aquellos que no están a favor de este proyecto: dejen de decir que no estamos a favor de la vida.
Si me permiten, voy a leer y hacer mías las palabras de la doctora Marina Femenía, quien ayer no pudo exponer por problemas de conectividad. Mi compañera, con mucha claridad, dice que nosotros estamos a favor de la vida, de la reivindicación de la vida, pero de una vida libre, auténtica, asumida en una trayectoria vital donde el Estado no nos confine a la biología; una vida donde la maternidad sea el producto de un deseo autónomo e individual.
Además, les quiero decir otra cosa. En este reduccionismo espantoso que intenta dividirnos entre celestes y verdes, he escuchado decir que la marea celeste es mayoría en el país. Bueno, quédense tranquilos porque para ellos está el proyecto de los Mil Días y nadie los va a obligar a realizar esta práctica, que es solo para las mujeres que sí lo deciden.
Para concluir, reconocer el derecho a la interrupción voluntaria del embrazo es reconocer el derecho de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar a maternidades deseadas, no impuestas y respetadas; el derecho de las niñas a ser niñas.
Si algo nos separa de aquellos grupos que no están de acuerdo con el aborto legal y seguro, no son las creencias ni el estar a favor o no de la vida: es la realidad. El aborto será legal o seguirá siendo clandestino, pero seguirá existiendo. Lo que pasa es que, si lo mantenemos en la clandestinidad, atentará contra la vida de mujeres, contra su salud y su libertad. En cambio, si lo legalizamos, si dentro de las 14 semanas les damos esa protección a las mujeres, a las personas con capacidad de gestar, estaremos protegiendo la salud, la vida, la libertad y la autonomía de esas personas.
Déjenme leer una frase muy chiquita del Manifiesto de las 343. Las 343 fueron mujeres notables y públicas en Francia, que hicieron este manifiesto dentro del marco del debate que se dio hace cuarenta años en Francia. Con su legalización, no creo que se haya extinguido la ciudadanía francesa ni que el aborto haya crecido exponencialmente. ¿Pero saben lo que pasa cuando uno sigue criminalizando el aborto? Se humilla y se avergüenza a las mujeres.
En ese manifiesto, las 343 decían: "Hermana, ya no estarás avergonzada de ser una mujer. No queremos tolerancia, la decisión será propia sobre nuestros cuerpos. No pedimos caridad, pedimos justicia". Que sea ley, señor presidente.
SR. PRESIDENTE YEDLIN Muchas gracias, señora diputada.
Tiene la palabra la señora diputada Florencia Lampreabe.
Tiene la palabra la señora diputada Florencia Lampreabe.
SRA. LAMPREABE Gracias, señor presidente. En estas largas jornadas, hemos escuchado con atención las diversas posturas respecto de este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Se abonó y se enriqueció un debate histórico de larga data, que en 2018 alcanzó su máximo esplendor en este Congreso y brilló en la calle, donde -desde nuestro punto de vista- sin duda se saldó a favor del aborto seguro, legal y gratuito; con ese aluvión y esa marea verde de los feminismos, intergeneracional y diversa, pero de contundente presencia de pibas que reclamaban -y reclaman- por un presente y un futuro de igualdad en la autonomía sobre sus cuerpos, sus decisiones y en la construcción de sus proyectos de vida.
En esta semana escuchamos distintas posiciones y fundamentaciones basadas en argumentos morales, jurídicos, médicos y estadísticos, sobre todo, más o menos válidos, según el pañuelo desde el cual se lo juzgue.
Pero, finalmente, como se insistió desde la presentación de este proyecto y en todos estos debates, no se trata de las creencias o convicciones de cada quien, ni tampoco de cuántos abortos se hacen, cuántas niñas violadas son obligadas a parir, cuántos úteros son mutilados, cuántas intervenciones se hacen por abortos mal practicados o cuántas mujeres mueren en la clandestinidad.
Como ya se dijo varias veces, se trata de legislar sobre la realidad. Más allá de su amplitud -que es innegable-, los abortos existen, y, además, estas situaciones de injusticia y de dolor desbordan las palabras y no dejan de ocurrir, pensemos como pensemos.
Todos y todas conocemos de cerca al menos una situación de aborto. Esta cuestión ya nos dice que es una realidad mucho más extendida que lo que la clandestinidad -y el consecuente estigma que esto produce- permite medir estadísticamente. La única diferencia está entre quienes tienen los recursos para hacerlo en condiciones seguras y quienes no cuentan con esos recursos.
Por esto, decimos y repetimos que se trata, principalmente, de una cuestión de salud pública. ¿O acaso el Estado, los representantes del Estado, no estamos obligados y obligadas a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar perder así sea una sola vida o evitar así sea una sola de estas situaciones de dolor y de injusticia?
Por otra parte, ¿qué aires de superioridad moral, de género o de clase permiten juzgar a una mujer que toma la decisión de interrumpir un embarazo? Más aun, cuando esta decisión se da en el marco de una sociedad que está atravesada por las desigualdades sociales y de género.
Entonces, ¿quiénes se creen dioses? ¿Quienes pedimos legislar sobre una realidad innegable para evitar que una mujer pueda ir presa o que una niña sea torturada, o cualquiera de ellas pueda morir desangrada? ¿O quienes se creen en condiciones de juzgar, forzar y condenar a las demás cuando las condiciones sociales o económicas no les permiten ni elegir ni acceder a un aborto en condiciones seguras?
Hay que salir de la frialdad del juzgamiento para dar paso a la empatía y a la compresión: de la otra, la que piensa distinto, la que quiere otra cosa, la que hace lo que puede; de la que no contó con las mismas posibilidades; de la que eligió ser madre, a pesar de todo; de la que decide interrumpir un embarazo que no buscó o que no puede afrontar; de las pibas, las hijas y las nietas, que reclaman una sociedad más libre y más igualitaria. El Estado tiene el deber de acompañar y generar las condiciones para que todas tengan las mismas posibilidades de elegir.
Anteayer nos enteramos de una nueva tortura a una niña en nuestro país, una niña jujeña de doce años que había sido abusada y que, junto a su familia, solicitó una interrupción legal del embarazo en tiempo y forma; pero fue obligada a llegar hasta el segundo semestre de gestación para luego practicarle una cesárea. ¿Por qué? Porque en el Hospital Materno Infantil le negaron este derecho a la nena, aludiendo que todos los médicos y médicas eran objetores de consciencia.
En este debate escuchamos intervenciones que negaban la posibilidad lícita de mencionar las palabras autonomía o deseo.
Nosotras reivindicamos el deseo, entendiendo que este es también una construcción social, pero que sin deseo o sin consentimiento no hay autonomía ni libertad, sino que hay imposición, violencia e injusticia.
Queremos un país en el que no haya niñas torturadas y violentadas ni mujeres forzadas a ser madres; un país en el que no haya trabas para que las personas accedan a sus derechos.
Aquí se habló, además, de las personas con capacidad de gestar como si fueran incubadoras. Esto muestra el total desconocimiento o la insensibilidad por lo que implica atravesar un embarazo o lo que implica maternar.
La decisión de tener hijes o no forma parte de decisiones personalísimas que comprometen la propia identidad, la vida que queremos, el tipo de relaciones que queremos construir. Y además, es un trabajo al que las mujeres e identidades diversas le dedicamos muchas horas de nuestra vida. No está de más recordar que las mujeres argentinas dedicamos en promedio seis horas y media diarias -el doble de tiempo que los varones- a los trabajos de cuidado no remunerados.
La realidad nos muestra, entonces, que maternar no es solo una decisión que nos implica al momento de gestar o no gestar, sino que es una elección que compromete por completo y para siempre nuestras vidas. Por eso, este proyecto se presenta junto con el Plan de los Mil Días, que protege y acompaña a las mujeres embarazadas y a las niñas y niños desde el nacimiento hasta los tres años de vida.
Justamente, se trata de abonar a un Estado que respete la decisión y el deseo soberano de las mujeres y de las personas gestantes sobre sus cuerpos, que las escuche y las acompañe con educación, información y políticas concretas para que todas podamos acceder a nuestros derechos y elegir nuestro proyecto de vida en un marco de seguridad y de respeto.
Queremos un país en el que las decisiones de vida no condenen a nadie a la vergüenza, al dolor, a la indefensión en soledad, a la tortura o a la muerte; un país en el que no haya trabas para acceder a los derechos. Queremos también maternidades elegidas, acompañadas en condiciones de dignidad, movidas por el deseo. Queremos que haya políticas de Estado que creen condiciones para que todas y todos puedan elegir con la misma libertad. Que sea ley.
En esta semana escuchamos distintas posiciones y fundamentaciones basadas en argumentos morales, jurídicos, médicos y estadísticos, sobre todo, más o menos válidos, según el pañuelo desde el cual se lo juzgue.
Pero, finalmente, como se insistió desde la presentación de este proyecto y en todos estos debates, no se trata de las creencias o convicciones de cada quien, ni tampoco de cuántos abortos se hacen, cuántas niñas violadas son obligadas a parir, cuántos úteros son mutilados, cuántas intervenciones se hacen por abortos mal practicados o cuántas mujeres mueren en la clandestinidad.
Como ya se dijo varias veces, se trata de legislar sobre la realidad. Más allá de su amplitud -que es innegable-, los abortos existen, y, además, estas situaciones de injusticia y de dolor desbordan las palabras y no dejan de ocurrir, pensemos como pensemos.
Todos y todas conocemos de cerca al menos una situación de aborto. Esta cuestión ya nos dice que es una realidad mucho más extendida que lo que la clandestinidad -y el consecuente estigma que esto produce- permite medir estadísticamente. La única diferencia está entre quienes tienen los recursos para hacerlo en condiciones seguras y quienes no cuentan con esos recursos.
Por esto, decimos y repetimos que se trata, principalmente, de una cuestión de salud pública. ¿O acaso el Estado, los representantes del Estado, no estamos obligados y obligadas a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar perder así sea una sola vida o evitar así sea una sola de estas situaciones de dolor y de injusticia?
Por otra parte, ¿qué aires de superioridad moral, de género o de clase permiten juzgar a una mujer que toma la decisión de interrumpir un embarazo? Más aun, cuando esta decisión se da en el marco de una sociedad que está atravesada por las desigualdades sociales y de género.
Entonces, ¿quiénes se creen dioses? ¿Quienes pedimos legislar sobre una realidad innegable para evitar que una mujer pueda ir presa o que una niña sea torturada, o cualquiera de ellas pueda morir desangrada? ¿O quienes se creen en condiciones de juzgar, forzar y condenar a las demás cuando las condiciones sociales o económicas no les permiten ni elegir ni acceder a un aborto en condiciones seguras?
Hay que salir de la frialdad del juzgamiento para dar paso a la empatía y a la compresión: de la otra, la que piensa distinto, la que quiere otra cosa, la que hace lo que puede; de la que no contó con las mismas posibilidades; de la que eligió ser madre, a pesar de todo; de la que decide interrumpir un embarazo que no buscó o que no puede afrontar; de las pibas, las hijas y las nietas, que reclaman una sociedad más libre y más igualitaria. El Estado tiene el deber de acompañar y generar las condiciones para que todas tengan las mismas posibilidades de elegir.
Anteayer nos enteramos de una nueva tortura a una niña en nuestro país, una niña jujeña de doce años que había sido abusada y que, junto a su familia, solicitó una interrupción legal del embarazo en tiempo y forma; pero fue obligada a llegar hasta el segundo semestre de gestación para luego practicarle una cesárea. ¿Por qué? Porque en el Hospital Materno Infantil le negaron este derecho a la nena, aludiendo que todos los médicos y médicas eran objetores de consciencia.
En este debate escuchamos intervenciones que negaban la posibilidad lícita de mencionar las palabras autonomía o deseo.
Nosotras reivindicamos el deseo, entendiendo que este es también una construcción social, pero que sin deseo o sin consentimiento no hay autonomía ni libertad, sino que hay imposición, violencia e injusticia.
Queremos un país en el que no haya niñas torturadas y violentadas ni mujeres forzadas a ser madres; un país en el que no haya trabas para que las personas accedan a sus derechos.
Aquí se habló, además, de las personas con capacidad de gestar como si fueran incubadoras. Esto muestra el total desconocimiento o la insensibilidad por lo que implica atravesar un embarazo o lo que implica maternar.
La decisión de tener hijes o no forma parte de decisiones personalísimas que comprometen la propia identidad, la vida que queremos, el tipo de relaciones que queremos construir. Y además, es un trabajo al que las mujeres e identidades diversas le dedicamos muchas horas de nuestra vida. No está de más recordar que las mujeres argentinas dedicamos en promedio seis horas y media diarias -el doble de tiempo que los varones- a los trabajos de cuidado no remunerados.
La realidad nos muestra, entonces, que maternar no es solo una decisión que nos implica al momento de gestar o no gestar, sino que es una elección que compromete por completo y para siempre nuestras vidas. Por eso, este proyecto se presenta junto con el Plan de los Mil Días, que protege y acompaña a las mujeres embarazadas y a las niñas y niños desde el nacimiento hasta los tres años de vida.
Justamente, se trata de abonar a un Estado que respete la decisión y el deseo soberano de las mujeres y de las personas gestantes sobre sus cuerpos, que las escuche y las acompañe con educación, información y políticas concretas para que todas podamos acceder a nuestros derechos y elegir nuestro proyecto de vida en un marco de seguridad y de respeto.
Queremos un país en el que las decisiones de vida no condenen a nadie a la vergüenza, al dolor, a la indefensión en soledad, a la tortura o a la muerte; un país en el que no haya trabas para acceder a los derechos. Queremos también maternidades elegidas, acompañadas en condiciones de dignidad, movidas por el deseo. Queremos que haya políticas de Estado que creen condiciones para que todas y todos puedan elegir con la misma libertad. Que sea ley.
SRA. PRESIDENTA MOREAU Gracias, señora diputada Lampreabe.
Antes de darle la palabra al próximo orador, quiero aclarar y recordar para aquellos que tengan que viajar, que el día miércoles se va a firmar el dictamen y el jueves se va a convocar a la sesión por este tema. Sé que algunos plantearon dificultades con los vuelos. Por eso lo recuerdo, para que vayamos organizándonos con tiempo.
Tiene la palabra el señor diputado Hernán Pérez Araujo.
Antes de darle la palabra al próximo orador, quiero aclarar y recordar para aquellos que tengan que viajar, que el día miércoles se va a firmar el dictamen y el jueves se va a convocar a la sesión por este tema. Sé que algunos plantearon dificultades con los vuelos. Por eso lo recuerdo, para que vayamos organizándonos con tiempo.
Tiene la palabra el señor diputado Hernán Pérez Araujo.
SR. PÉREZ ARAUJO Gracias, señora presidenta. Viene muy bien la aclaración porque algunos no tenemos complicaciones sino directamente inexistencia de vuelos, así que está bueno conocer la agenda con la debida antelación.
En cuanto al tema que nos ocupa -este proyecto que viene del Poder Ejecutivo-, hemos asistido a un debate que se inició hace cuatro días con su presentación por parte de las autoridades nacionales. Luego expusieron diversos actores de distinta índole y de diversos sectores de la sociedad argentina, tanto a favor como en contra.
Celebro el debate y celebro la templanza de los presidentes, las presidentas y vicepresidentas de las comisiones que han actuado en este plenario para, de algún modo, haber podido superar cierta virulencia que se venía dando con respecto a este debate en años anteriores.
No obstante, creo que vale resaltar -hay que decirlo, no nos podemos hacer los distraídos- cierto hostigamiento hacia ciertos legisladores y legisladoras, en sus correos electrónicos y en sus redes sociales, respecto de la posición que vayamos a adoptar en la sesión del próximo 10 de diciembre.
Lamento que esas manifestaciones vengan todas del mismo sector y estén direccionadas a obtener una decisión en contra de este proyecto. Algunas son respetuosas, a manera de consejo, y otras, con imágenes y frases espeluznantes que no tienen nada que ver con la norma que estamos tratando.
Esta iniciativa viene a modificar la legislación penal que -como se ha dicho en innumerables oportunidades- lleva cien años rigiendo en nuestro país. Se trata de un Código Penal que fue sancionado en aquel momento por hombres, hombres blancos, y que solo se refería a la mujer como sujeto de derecho para estigmatizarla o para castigarla. Esto hay que decirlo, no podemos soslayarlo, y lo venimos manejando y trabajando en la Comisión de Legislación Penal.
Hay un cambio de paradigma, y en este caso particular de la interrupción voluntaria del embarazo y su posible legalización, tenemos que adaptar el estadio de evolución del Estado y de su legislación más violenta -que es la legislación penal- a los cambios que, evidentemente, han devenido en la sociedad. Este cambio se viene produciendo, aun cuando discutimos si hay mayorías celestes o verdes, o si hay mayorías que están en contra o a favor de este proyecto.
Entiendo que esto no es una cuestión de mayorías, no es cuestión de hacer encuestas o plebiscitos; es cuestión de derechos humanos -en este caso de la mujer-, que no pueden plebiscitarse ni someterse a encuesta alguna.
Por eso, en el debate que se dio en el 2018 en esta Cámara se obtuvieron las mayorías que se obtuvieron. Por eso, quienes somos nuevos legisladores -que no hemos participado del debate anterior- hemos estudiado el tema.
Este asunto fue muy remanido en las campañas electorales del año pasado y fue recogido por el señor presidente de la Nación en su campaña electoral. Fue una propuesta clara y concreta del Frente de Todos.
Por eso, como miembros del Frente de Todos, desde el Partido Justicialista de mi provincia le dijimos a la sociedad que íbamos a presentar este proyecto porque estábamos hablando de derechos de la mujer y de salud pública.
Está claro que es un tema de salud pública porque todos los abortos que se ocasionan en la sociedad terminan con complicaciones, y todas las mujeres que deciden optar por interrumpir el embarazo sin tener los medios adecuados para solventar una prepaga, la medicación o la intervención requerida en una institución privada, terminan en el hospital público con complicaciones, poniendo en riesgo su vida y su salud reproductiva para el futuro.
Entonces, creo que en esta cuestión que estamos tratando, a nosotros, los hombres, como no tenemos la capacidad de gestar, nos compete una tarea de acompañamiento, lisa y llana. Debemos acompañar a la mujer en su decisión, ya sea si decide llevar a término su embarazo o si -por el motivo que fuere- decide interrumpirlo dentro del término de 14 semanas que se está disponiendo. Para eso, debemos darle la oportunidad de decidir, y la única manera es dejar de estigmatizarla y de castigarla, como lo viene haciendo la legislación penal desde hace casi cien años.
Como hombre y como peronista -además me siento conminado por haberlo hecho una cuestión pública en la campaña electoral-, entiendo que debemos estar a favor de este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Hay un montón de otros argumentos, de tipo legal y constitucional, que daremos oportunamente en el recinto. Gracias, señora presidenta.
En cuanto al tema que nos ocupa -este proyecto que viene del Poder Ejecutivo-, hemos asistido a un debate que se inició hace cuatro días con su presentación por parte de las autoridades nacionales. Luego expusieron diversos actores de distinta índole y de diversos sectores de la sociedad argentina, tanto a favor como en contra.
Celebro el debate y celebro la templanza de los presidentes, las presidentas y vicepresidentas de las comisiones que han actuado en este plenario para, de algún modo, haber podido superar cierta virulencia que se venía dando con respecto a este debate en años anteriores.
No obstante, creo que vale resaltar -hay que decirlo, no nos podemos hacer los distraídos- cierto hostigamiento hacia ciertos legisladores y legisladoras, en sus correos electrónicos y en sus redes sociales, respecto de la posición que vayamos a adoptar en la sesión del próximo 10 de diciembre.
Lamento que esas manifestaciones vengan todas del mismo sector y estén direccionadas a obtener una decisión en contra de este proyecto. Algunas son respetuosas, a manera de consejo, y otras, con imágenes y frases espeluznantes que no tienen nada que ver con la norma que estamos tratando.
Esta iniciativa viene a modificar la legislación penal que -como se ha dicho en innumerables oportunidades- lleva cien años rigiendo en nuestro país. Se trata de un Código Penal que fue sancionado en aquel momento por hombres, hombres blancos, y que solo se refería a la mujer como sujeto de derecho para estigmatizarla o para castigarla. Esto hay que decirlo, no podemos soslayarlo, y lo venimos manejando y trabajando en la Comisión de Legislación Penal.
Hay un cambio de paradigma, y en este caso particular de la interrupción voluntaria del embarazo y su posible legalización, tenemos que adaptar el estadio de evolución del Estado y de su legislación más violenta -que es la legislación penal- a los cambios que, evidentemente, han devenido en la sociedad. Este cambio se viene produciendo, aun cuando discutimos si hay mayorías celestes o verdes, o si hay mayorías que están en contra o a favor de este proyecto.
Entiendo que esto no es una cuestión de mayorías, no es cuestión de hacer encuestas o plebiscitos; es cuestión de derechos humanos -en este caso de la mujer-, que no pueden plebiscitarse ni someterse a encuesta alguna.
Por eso, en el debate que se dio en el 2018 en esta Cámara se obtuvieron las mayorías que se obtuvieron. Por eso, quienes somos nuevos legisladores -que no hemos participado del debate anterior- hemos estudiado el tema.
Este asunto fue muy remanido en las campañas electorales del año pasado y fue recogido por el señor presidente de la Nación en su campaña electoral. Fue una propuesta clara y concreta del Frente de Todos.
Por eso, como miembros del Frente de Todos, desde el Partido Justicialista de mi provincia le dijimos a la sociedad que íbamos a presentar este proyecto porque estábamos hablando de derechos de la mujer y de salud pública.
Está claro que es un tema de salud pública porque todos los abortos que se ocasionan en la sociedad terminan con complicaciones, y todas las mujeres que deciden optar por interrumpir el embarazo sin tener los medios adecuados para solventar una prepaga, la medicación o la intervención requerida en una institución privada, terminan en el hospital público con complicaciones, poniendo en riesgo su vida y su salud reproductiva para el futuro.
Entonces, creo que en esta cuestión que estamos tratando, a nosotros, los hombres, como no tenemos la capacidad de gestar, nos compete una tarea de acompañamiento, lisa y llana. Debemos acompañar a la mujer en su decisión, ya sea si decide llevar a término su embarazo o si -por el motivo que fuere- decide interrumpirlo dentro del término de 14 semanas que se está disponiendo. Para eso, debemos darle la oportunidad de decidir, y la única manera es dejar de estigmatizarla y de castigarla, como lo viene haciendo la legislación penal desde hace casi cien años.
Como hombre y como peronista -además me siento conminado por haberlo hecho una cuestión pública en la campaña electoral-, entiendo que debemos estar a favor de este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Hay un montón de otros argumentos, de tipo legal y constitucional, que daremos oportunamente en el recinto. Gracias, señora presidenta.
SRA. PRESIDENTA MOREAU Gracias, señor diputado Pérez Araujo.
Tiene la palabra la señora diputada Claudia Ormachea.
Tiene la palabra la señora diputada Claudia Ormachea.
SRA. ORMACHEA Buenas tardes a todas y a todos. Durante estos días, he escuchado las distintas opiniones. Como muchos compañeros y compañeras mencionaron, algunas fueron manifestadas con el mayor de los respetos, escuchando la opinión del otro. Pero, en otras ocasiones, me pareció que el único medio que tenían para sostener su postura era el de la afrenta.
Varios de los expositores nos han dicho que nuestras opiniones o nuestro proyecto eran contradictorios. Creo lo contrario, que se luchó mucho en 2018. No solo eso, sino que durante todo este tiempo, se buscó crecer en las convicciones propias de cada uno de nosotros y de nuestros lugares, para alcanzar una propuesta que abarque a quienes estamos a favor del aborto seguro y a aquellos que piensan de otra manera.
Cuando presentamos este proyecto de ley no nos referimos solamente al aborto. Hablamos de mayor cantidad de derechos que nos corresponden, producto de una lucha de muchísimos años dada por las mujeres. Además, hablamos de mayor autonomía, de mayor libertad. Muchas posturas resultan contradictorias cuando se habla de libertad, autonomía y totalitarismos. Hablamos de libertad, de elegir sobre nuestros cuerpos, del momento en que deseamos maternar, de si estamos en condiciones de hacerlo. Hablamos por todos, no como nos plantearon ayer, que este proyecto es para el sector de las burguesas. No hablamos para eso. En nuestra calidad de diputadas y diputados, nos dirigimos a todas, a todos y a todes. Tratamos este proyecto pensando en la realidad que viven las distintas mujeres, porque no todas tenemos la misma realidad y eso es lo que tenemos que pensar cuando legislamos.
Nos referimos al proyecto de los mil días. Atendemos la situación de aquella mujer que quiere continuar con su maternidad y sus condiciones no se lo permiten. Hablamos de acompañar a esa madre, incluso hasta los tres años de edad del infante.
Por otro lado, también hablamos de la educación sexual integral. Pareciera que las personas que no están a favor de este proyecto son las únicas que están a favor de la prevención. Nosotros también hablamos de la prevención para que la educación sexual integral pueda ser una realidad y no un discurso para debatir sobre estar en contra de este proyecto.
La educación sexual se asume con la responsabilidad de habilitarla, apoyarla y lograr que los niños y las niñas reciban esa instrucción desde el inicio para que puedan cuidarse, prevenir y tomar decisiones en base a tener conocimiento. Creo que algunas personas tienen la misión de educar y otras la de evangelizar. En cambio, nosotros estamos para legislar para todos, todas y todes. Queremos que las mujeres puedan vivir, gozar, elegir libremente y sean autónomas.
El bloque del Frente de Todos no solo está trabajando en este proyecto para lograr la libertad y la autonomía. Lo está haciendo para que las personas que más sufren las desigualdades puedan salir adelante. Estoy convencida de que es un tema de salud y creo que debe ser entendido de esa manera. No es aborto sí o aborto no. Es aborto seguro, para evitar muertes y que los niños y las niñas se queden sin su madre los próximos años. La iniciativa defiende la salud, la libertad, la autonomía. Me pregunto si para hacer valer todas estas ideas, defender nuestras convicciones y un proyecto -este o el que quieran defender- es necesario el agravio y las palabras violentas. Se necesitan fundamentos, convicciones y buscar el bien de todos. Por todo esto, quiero que este proyecto se convierta en ley.
Varios de los expositores nos han dicho que nuestras opiniones o nuestro proyecto eran contradictorios. Creo lo contrario, que se luchó mucho en 2018. No solo eso, sino que durante todo este tiempo, se buscó crecer en las convicciones propias de cada uno de nosotros y de nuestros lugares, para alcanzar una propuesta que abarque a quienes estamos a favor del aborto seguro y a aquellos que piensan de otra manera.
Cuando presentamos este proyecto de ley no nos referimos solamente al aborto. Hablamos de mayor cantidad de derechos que nos corresponden, producto de una lucha de muchísimos años dada por las mujeres. Además, hablamos de mayor autonomía, de mayor libertad. Muchas posturas resultan contradictorias cuando se habla de libertad, autonomía y totalitarismos. Hablamos de libertad, de elegir sobre nuestros cuerpos, del momento en que deseamos maternar, de si estamos en condiciones de hacerlo. Hablamos por todos, no como nos plantearon ayer, que este proyecto es para el sector de las burguesas. No hablamos para eso. En nuestra calidad de diputadas y diputados, nos dirigimos a todas, a todos y a todes. Tratamos este proyecto pensando en la realidad que viven las distintas mujeres, porque no todas tenemos la misma realidad y eso es lo que tenemos que pensar cuando legislamos.
Nos referimos al proyecto de los mil días. Atendemos la situación de aquella mujer que quiere continuar con su maternidad y sus condiciones no se lo permiten. Hablamos de acompañar a esa madre, incluso hasta los tres años de edad del infante.
Por otro lado, también hablamos de la educación sexual integral. Pareciera que las personas que no están a favor de este proyecto son las únicas que están a favor de la prevención. Nosotros también hablamos de la prevención para que la educación sexual integral pueda ser una realidad y no un discurso para debatir sobre estar en contra de este proyecto.
La educación sexual se asume con la responsabilidad de habilitarla, apoyarla y lograr que los niños y las niñas reciban esa instrucción desde el inicio para que puedan cuidarse, prevenir y tomar decisiones en base a tener conocimiento. Creo que algunas personas tienen la misión de educar y otras la de evangelizar. En cambio, nosotros estamos para legislar para todos, todas y todes. Queremos que las mujeres puedan vivir, gozar, elegir libremente y sean autónomas.
El bloque del Frente de Todos no solo está trabajando en este proyecto para lograr la libertad y la autonomía. Lo está haciendo para que las personas que más sufren las desigualdades puedan salir adelante. Estoy convencida de que es un tema de salud y creo que debe ser entendido de esa manera. No es aborto sí o aborto no. Es aborto seguro, para evitar muertes y que los niños y las niñas se queden sin su madre los próximos años. La iniciativa defiende la salud, la libertad, la autonomía. Me pregunto si para hacer valer todas estas ideas, defender nuestras convicciones y un proyecto -este o el que quieran defender- es necesario el agravio y las palabras violentas. Se necesitan fundamentos, convicciones y buscar el bien de todos. Por todo esto, quiero que este proyecto se convierta en ley.
SR. PRESIDENTE YEDLIN Tiene la palabra la señora diputada Jimena López.
SRA. LÓPEZ Señor presidente: voy a hablar particularmente de lo que considero que es el proyecto de IVE. Agradezco a los presidentes, presidentas, vicepresidentes y vicepresidentas de las cuatro comisiones por la conducción de este debate, llevado a cabo de la manera más respetuosa posible.
Más allá de que la violencia se trasladó a los medios digitales, hay que ser respetuoso no solo de la boca para afuera sino también en las acciones. No es justo que quienes han venido a manifestarse a esta institución -donde legislamos para ciudadanos y ciudadanas- sean tan agresivos y agresivas en las redes. Recibí más de mil e-mails en mi casilla de correo por motivo de mi ideología. Considero que quienes piensan de manera contraria no deben fogonear a su militancia para que se comporten de manera tan agresiva con nosotras. Porque nosotras no lo hacemos, no escrachamos, no vamos a buscar a la casa a nadie y no escribimos insultos en las redes. Me parece que si debatimos democráticamente hay que correrse del eje de la violencia.
En segundo lugar, me expresaré como profesional de la salud. Soy licenciada en Trabajo Social y trabajo en territorio hace más de 18 años. Egresé con 22 años y entré a trabajar a un centro de atención primaria. Desde entonces acompaño a mujeres y disidencias -mujeres trans, varones trans y personas no binarias- en la situación del aborto. El aborto existió, existe y existirá. Es nuestro poder -en algún punto- sacarlo de la clandestinidad. Es una clandestinidad que nunca salvó ninguna vida y que siempre afecta diferencialmente las intersectorialidades que atraviesan los sectores más vulnerables.
El hecho de ser mujer y/o de pertenecer a una disidencia es una vulnerabilidad. Se suma, además, la vulnerabilidad de la edad, la raza, el sector social, las posibilidades educativas. Entonces, me parece que hay que hacer una lectura más compleja.
Escuché, tanto presencialmente como en el canal de Youtube, las diferentes exposiciones. Se dijo mucho -como si fuera una verdad absoluta- que las pobres no abortan. Hablaré particularmente de los datos que me brindaron mis compañeras y compañeres de Socorristas en Red (Feministas que Abortamos). Agradezco que me hayan acercado tanto los datos de 2019 como los de 2020. Me referiré a estadísticas según las llamadas telefónicas que reciben de todo el país, de lo que llamamos el Socorro Rosa. Las Feministas en Red han ayudado históricamente -aun cuando el aborto es clandestino- a que nuestras compañeras y compañeres no mueran en la práctica. Son quienes acompañan y cubren el vacío legal del Estado, que decidió abandonar a miles de mujeres. Personalmente les agradezco, porque cuando estuve en territorio he llamado y siempre han estado al pie del cañón, inclusive sabiendo que corrían el riesgo de la penalización en el caso de ser encontradas. Por lo tanto, les doy las gracias a todas ellas y elles por hacer un mundo más vivible.
En 2020 Socorristas en Red recibió más de 13.000 llamadas para acompañamientos de mujeres lesbianas no binaries y varones trans en la decisión de abortar. Entre los datos recolectados, quiero destacar que en el 53 por ciento de los acompañamientos de aborto las personas habían pasado por situaciones de violencia que no denunciaron. Por otro lado, 12.000 personas tenían entre 20 y 40 años, demostrando que es un mito que quienes abortan son las y les adolescentes que no tienen educación sexual.
Asimismo, el 22,3 por ciento de esas 13.000 personas que se acompañaron no tienen trabajo remunerado. Es decir, no tienen pago. Realizan tareas de cuidado doméstico, pero no están dentro del mercado formal. A su vez, a ese 22,3 por ciento se le suma un 28 por ciento de mujeres que están informalizadas. O sea, casi el 50 por ciento de la muestra está por debajo de los niveles de pobreza. El 56 por ciento no llega a cubrir un salario mínimo vital y móvil. El 30 por ciento de los acompañamientos, fueron realizados sobre personas que cobran la Asignación Universal por Hijo o algún tipo de plan social.
Además, el 60 por ciento de esas mujeres no binaries y varones trans acompañados no poseen cobertura médica asistencial u obra social. La Red indica que desde 2014 -en el que hubo 1.100 acompañamientos- ha ido creciendo progresivamente el número de acompañamientos y este dispositivo de elección de aborto.
Debemos tener en claro que no discutimos la centralidad de la vida, sino la función que va a tener el Estado. El aborto ya existe y existirá. Discutimos cómo regularemos e intervendremos como Estado. Si dejamos que esto ocurra en la clandestinidad, llevándose miles de vidas o produciendo miles de consecuencias no deseadas, o por el contrario, si generaremos las condiciones en base a derecho, a la posibilidad de que cualquier persona gestante se pueda dirigir a cualquier dispositivo de salud de primer nivel. Más del 70 por ciento de los abortos hoy se practican de forma medicamentosa. Esto genera condiciones de seguridad, mas no dejan de ser clandestinos. Me parece que el Estado tiene la obligación de regular.
Generalmente, se mira hacia afuera. Por ejemplo, Uruguay regularizó y legalizó la interrupción voluntaria del embarazo. Desde ese momento hasta ahora han tenido solo una muerte materna. La clandestinidad no salva vidas.
Entiendo todas las posturas basadas en la fe. Como funcionarias y funcionarios del Estado tenemos que entender que el Estado no va a promover la práctica. Simplemente va a regularizar y mejorar las condiciones de una práctica que de hecho ya existe. Insisto: de hecho ya existe. Todas, todos y todes los que estamos acá sabemos y conocemos situaciones, los que están a favor y los que están en contra.
Me referiré ahora a otro asunto. Me parece realmente un atropello a las infancias decir que el dolor es fisiológico en un cuerpo o una corporalidad de diez años, porque en alguien que ha sido abusado es un acto de tamaña injusticia. Nadie elige una violación, ser abusada, ni ser el objeto de otra persona. Por lo tanto, someterla a parir o a una microcesárea sabiendo que hay una subjetividad destrozada, es de una crueldad que nos aleja bastante de cualquier acto de humanidad. No estamos para juzgar sino simplemente para acompañar, resolver y ampliar derechos.
Después de legalizado el aborto, no iremos todas a abortar, pero quien defina y decida hacerlo va a tener las mejores condiciones que se merece. Después de la sanción de la ley de la IVE hay que promover un trabajo profundo también con los dispositivos de la salud pública. Lo digo como profesional de la salud. Se debe trabajar conscientemente con los profesionales, porque la ideología no está por encima de la ética. La ética implica ayudar siempre, esa es la opción por los pobres. Esa convicción representa al movimiento que defiendo.
Agradezco nuevamente a Socorristas en Red, a la enorme marea verde que está fuera del Congreso, a la campaña que hace más de quince años que pelea por la interrupción voluntaria del embarazo y a todas las compañeras que todavía viven con culpa el precio de una decisión que simplemente tenía que ver con una definición. Nadie merece morir por una decisión.
Volviendo a las palabras que dijo una de las médicas que me impactó mucho, en un mundo justo las niñas no son madres. La interrupción voluntaria no va a evitar la penalización de los abusadores. Eso corre por otro carril. En la Argentina casi ningún abusador sexual intrafamiliar está penalizado con cárcel. Entonces, tensionemos el Poder Judicial, pero no mezclemos los tantos. He trabajado con víctimas de abuso sexual desde hace muchísimos años. Obligar a parir a alguien que está siendo desestructurada por las consecuencias de un abuso es de una crueldad que nos aleja de cualquier humanidad. Por favor, repensémoslo permanentemente.
A modo de conclusión, creo que nosotras y nosotros legislamos para todos. Legislo para que el mundo sea un poco más justo y la Argentina un país más vivible para los sectores populares. Es mi opción de militancia. También legislo para las hijas y los hijes de aquellos que militan el pañuelo celeste, para que si en algún momento definen abortar no lo hagan de manera clandestina, sino en las mejores condiciones para todas y todes.
Más allá de que la violencia se trasladó a los medios digitales, hay que ser respetuoso no solo de la boca para afuera sino también en las acciones. No es justo que quienes han venido a manifestarse a esta institución -donde legislamos para ciudadanos y ciudadanas- sean tan agresivos y agresivas en las redes. Recibí más de mil e-mails en mi casilla de correo por motivo de mi ideología. Considero que quienes piensan de manera contraria no deben fogonear a su militancia para que se comporten de manera tan agresiva con nosotras. Porque nosotras no lo hacemos, no escrachamos, no vamos a buscar a la casa a nadie y no escribimos insultos en las redes. Me parece que si debatimos democráticamente hay que correrse del eje de la violencia.
En segundo lugar, me expresaré como profesional de la salud. Soy licenciada en Trabajo Social y trabajo en territorio hace más de 18 años. Egresé con 22 años y entré a trabajar a un centro de atención primaria. Desde entonces acompaño a mujeres y disidencias -mujeres trans, varones trans y personas no binarias- en la situación del aborto. El aborto existió, existe y existirá. Es nuestro poder -en algún punto- sacarlo de la clandestinidad. Es una clandestinidad que nunca salvó ninguna vida y que siempre afecta diferencialmente las intersectorialidades que atraviesan los sectores más vulnerables.
El hecho de ser mujer y/o de pertenecer a una disidencia es una vulnerabilidad. Se suma, además, la vulnerabilidad de la edad, la raza, el sector social, las posibilidades educativas. Entonces, me parece que hay que hacer una lectura más compleja.
Escuché, tanto presencialmente como en el canal de Youtube, las diferentes exposiciones. Se dijo mucho -como si fuera una verdad absoluta- que las pobres no abortan. Hablaré particularmente de los datos que me brindaron mis compañeras y compañeres de Socorristas en Red (Feministas que Abortamos). Agradezco que me hayan acercado tanto los datos de 2019 como los de 2020. Me referiré a estadísticas según las llamadas telefónicas que reciben de todo el país, de lo que llamamos el Socorro Rosa. Las Feministas en Red han ayudado históricamente -aun cuando el aborto es clandestino- a que nuestras compañeras y compañeres no mueran en la práctica. Son quienes acompañan y cubren el vacío legal del Estado, que decidió abandonar a miles de mujeres. Personalmente les agradezco, porque cuando estuve en territorio he llamado y siempre han estado al pie del cañón, inclusive sabiendo que corrían el riesgo de la penalización en el caso de ser encontradas. Por lo tanto, les doy las gracias a todas ellas y elles por hacer un mundo más vivible.
En 2020 Socorristas en Red recibió más de 13.000 llamadas para acompañamientos de mujeres lesbianas no binaries y varones trans en la decisión de abortar. Entre los datos recolectados, quiero destacar que en el 53 por ciento de los acompañamientos de aborto las personas habían pasado por situaciones de violencia que no denunciaron. Por otro lado, 12.000 personas tenían entre 20 y 40 años, demostrando que es un mito que quienes abortan son las y les adolescentes que no tienen educación sexual.
Asimismo, el 22,3 por ciento de esas 13.000 personas que se acompañaron no tienen trabajo remunerado. Es decir, no tienen pago. Realizan tareas de cuidado doméstico, pero no están dentro del mercado formal. A su vez, a ese 22,3 por ciento se le suma un 28 por ciento de mujeres que están informalizadas. O sea, casi el 50 por ciento de la muestra está por debajo de los niveles de pobreza. El 56 por ciento no llega a cubrir un salario mínimo vital y móvil. El 30 por ciento de los acompañamientos, fueron realizados sobre personas que cobran la Asignación Universal por Hijo o algún tipo de plan social.
Además, el 60 por ciento de esas mujeres no binaries y varones trans acompañados no poseen cobertura médica asistencial u obra social. La Red indica que desde 2014 -en el que hubo 1.100 acompañamientos- ha ido creciendo progresivamente el número de acompañamientos y este dispositivo de elección de aborto.
Debemos tener en claro que no discutimos la centralidad de la vida, sino la función que va a tener el Estado. El aborto ya existe y existirá. Discutimos cómo regularemos e intervendremos como Estado. Si dejamos que esto ocurra en la clandestinidad, llevándose miles de vidas o produciendo miles de consecuencias no deseadas, o por el contrario, si generaremos las condiciones en base a derecho, a la posibilidad de que cualquier persona gestante se pueda dirigir a cualquier dispositivo de salud de primer nivel. Más del 70 por ciento de los abortos hoy se practican de forma medicamentosa. Esto genera condiciones de seguridad, mas no dejan de ser clandestinos. Me parece que el Estado tiene la obligación de regular.
Generalmente, se mira hacia afuera. Por ejemplo, Uruguay regularizó y legalizó la interrupción voluntaria del embarazo. Desde ese momento hasta ahora han tenido solo una muerte materna. La clandestinidad no salva vidas.
Entiendo todas las posturas basadas en la fe. Como funcionarias y funcionarios del Estado tenemos que entender que el Estado no va a promover la práctica. Simplemente va a regularizar y mejorar las condiciones de una práctica que de hecho ya existe. Insisto: de hecho ya existe. Todas, todos y todes los que estamos acá sabemos y conocemos situaciones, los que están a favor y los que están en contra.
Me referiré ahora a otro asunto. Me parece realmente un atropello a las infancias decir que el dolor es fisiológico en un cuerpo o una corporalidad de diez años, porque en alguien que ha sido abusado es un acto de tamaña injusticia. Nadie elige una violación, ser abusada, ni ser el objeto de otra persona. Por lo tanto, someterla a parir o a una microcesárea sabiendo que hay una subjetividad destrozada, es de una crueldad que nos aleja bastante de cualquier acto de humanidad. No estamos para juzgar sino simplemente para acompañar, resolver y ampliar derechos.
Después de legalizado el aborto, no iremos todas a abortar, pero quien defina y decida hacerlo va a tener las mejores condiciones que se merece. Después de la sanción de la ley de la IVE hay que promover un trabajo profundo también con los dispositivos de la salud pública. Lo digo como profesional de la salud. Se debe trabajar conscientemente con los profesionales, porque la ideología no está por encima de la ética. La ética implica ayudar siempre, esa es la opción por los pobres. Esa convicción representa al movimiento que defiendo.
Agradezco nuevamente a Socorristas en Red, a la enorme marea verde que está fuera del Congreso, a la campaña que hace más de quince años que pelea por la interrupción voluntaria del embarazo y a todas las compañeras que todavía viven con culpa el precio de una decisión que simplemente tenía que ver con una definición. Nadie merece morir por una decisión.
Volviendo a las palabras que dijo una de las médicas que me impactó mucho, en un mundo justo las niñas no son madres. La interrupción voluntaria no va a evitar la penalización de los abusadores. Eso corre por otro carril. En la Argentina casi ningún abusador sexual intrafamiliar está penalizado con cárcel. Entonces, tensionemos el Poder Judicial, pero no mezclemos los tantos. He trabajado con víctimas de abuso sexual desde hace muchísimos años. Obligar a parir a alguien que está siendo desestructurada por las consecuencias de un abuso es de una crueldad que nos aleja de cualquier humanidad. Por favor, repensémoslo permanentemente.
A modo de conclusión, creo que nosotras y nosotros legislamos para todos. Legislo para que el mundo sea un poco más justo y la Argentina un país más vivible para los sectores populares. Es mi opción de militancia. También legislo para las hijas y los hijes de aquellos que militan el pañuelo celeste, para que si en algún momento definen abortar no lo hagan de manera clandestina, sino en las mejores condiciones para todas y todes.
SR. PRESIDENTE YEDLIN Con esta oradora, hemos terminado la sesión de la mañana. Les repito a todas, todos y todes los que quieran hacer uso de la palabra, que se anoten en el sistema. Todavía contamos con toda la tarde de hoy y el miércoles, aunque este día ya para sancionar y para la firma de los dictámenes. Dando el lugar y el tiempo para que todas las posturas se escuchen, seguiremos trabajando esta tarde desde la casa de la democracia.
Continuaremos la reunión a las 14 y 30.
Continuaremos la reunión a las 14 y 30.