Comisiones »
Permanentes »
Comisión Permanente de Legislación General »
Reuniones »
Versiones Taquigráficas »
LEGISLACION GENERAL
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P02 Oficina 235
Of. Administrativa: Piso P02 Oficina 234
Secretario Administrativo DR. TRIANTAFILO GUILLERMO
Miércoles 16.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 60752246 Internos 2246
clgeneral@hcdn.gob.ar
- LEGISLACION GENERAL
Reunión del día 06/11/2019
- TEMAS VARIOS
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 6 días del mes de noviembre de 2019, a la hora 14 y 01:
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Damos comienzo a la reunión de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de la Nación. El temario que hoy nos convoca es muy extenso por lo que intentaremos darle un tratamiento rápido. Todos tenemos muchos temas sobre los que queremos exponer.
En primer lugar, les cuento que siendo las 2 de la tarde contamos con el quórum necesario para sesionar. El primer tema a debatir, justamente, está vinculado con la ley de alquileres. Como ustedes podrán ver, en el temario hay cuatro proyectos en tratamiento y, además, hay varios otros proyectos que son tenidos a la vista. A continuación, daré lectura de los mismos para su registro en la versión taquigráfica.
Los cuatro proyectos de ley en tratamiento son los siguientes: expediente número 4316-d-2019, de mi autoría, por el que se propone modificaciones al Código Civil y Comercial de la Nación relacionadas con el contrato de locación; expediente número 1583-d-2019, de los diputados Solá, Ferreyra, Horne, Asencio, De Ponti, Grosso, Moyano y Arroyo, por el que se proponen modificaciones al Código Civil y Comercial de la Nación sobre locación; expediente número 0693-d-2019, de los diputados Rossi, Grosso, Grana, Siley, Castagneto, Álvarez Rodríguez, Castro, Mendoza, Arroyo, Macha, Soria, Cabandié, Espinoza y Volnovich, por el que se proponen modificaciones al Código Civil y Comercial de la Nación sobre alquileres; expediente número 6468-d-2018, de los diputados Horne, Ferreyra, De Ponti y Grosso, por el que se proponen modificaciones al Código Civil y Comercial de la Nación, concretamente al artículo 1196, sobre depósitos y garantías por locación, y al artículo 1209, sobre exención al locatario de pago de cargos y contribuciones.
Además, tenemos a la vista los siguientes expedientes: 0128-d-2018, de la diputada Karina Banfi; 0684-d-2018, del diputado Diego Mestre; 1835-d-2018, del diputado Juan Cabandié; 2940-d-2018, del diputado Juan Brügge; 4521-d-2019, de la diputada Mendoza y 4754-d-2019, de la diputada Brenda Austin.
Como ustedes sabrán, hemos tratado el tema de los alquileres...
En primer lugar, les cuento que siendo las 2 de la tarde contamos con el quórum necesario para sesionar. El primer tema a debatir, justamente, está vinculado con la ley de alquileres. Como ustedes podrán ver, en el temario hay cuatro proyectos en tratamiento y, además, hay varios otros proyectos que son tenidos a la vista. A continuación, daré lectura de los mismos para su registro en la versión taquigráfica.
Los cuatro proyectos de ley en tratamiento son los siguientes: expediente número 4316-d-2019, de mi autoría, por el que se propone modificaciones al Código Civil y Comercial de la Nación relacionadas con el contrato de locación; expediente número 1583-d-2019, de los diputados Solá, Ferreyra, Horne, Asencio, De Ponti, Grosso, Moyano y Arroyo, por el que se proponen modificaciones al Código Civil y Comercial de la Nación sobre locación; expediente número 0693-d-2019, de los diputados Rossi, Grosso, Grana, Siley, Castagneto, Álvarez Rodríguez, Castro, Mendoza, Arroyo, Macha, Soria, Cabandié, Espinoza y Volnovich, por el que se proponen modificaciones al Código Civil y Comercial de la Nación sobre alquileres; expediente número 6468-d-2018, de los diputados Horne, Ferreyra, De Ponti y Grosso, por el que se proponen modificaciones al Código Civil y Comercial de la Nación, concretamente al artículo 1196, sobre depósitos y garantías por locación, y al artículo 1209, sobre exención al locatario de pago de cargos y contribuciones.
Además, tenemos a la vista los siguientes expedientes: 0128-d-2018, de la diputada Karina Banfi; 0684-d-2018, del diputado Diego Mestre; 1835-d-2018, del diputado Juan Cabandié; 2940-d-2018, del diputado Juan Brügge; 4521-d-2019, de la diputada Mendoza y 4754-d-2019, de la diputada Brenda Austin.
Como ustedes sabrán, hemos tratado el tema de los alquileres...
SRA. AUSTIN ¿Me concede una interrupción, señor presidente?
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Sí, señora diputada.
Tiene la palabra la señora diputada Austin.
Tiene la palabra la señora diputada Austin.
SRA. AUSTIN Señor presidente: quiero hacer una propuesta antes de comenzar con el debate.
Teniendo en cuenta que hoy contamos con la presencia de una gran cantidad de invitados, muchos de los cuales harán uso de la palabra -si bien el temario es largo y muchas iniciativas ya han sido acordadas entre los asesores y, en principio, también entre los diputados-, le solicito tenga a bien pasar esos proyectos a la firma mientras vamos discutiendo aquellos que requieran un mayor debate.
Teniendo en cuenta que hoy contamos con la presencia de una gran cantidad de invitados, muchos de los cuales harán uso de la palabra -si bien el temario es largo y muchas iniciativas ya han sido acordadas entre los asesores y, en principio, también entre los diputados-, le solicito tenga a bien pasar esos proyectos a la firma mientras vamos discutiendo aquellos que requieran un mayor debate.
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Gracias, señora diputada. Así lo haremos.
Son muchos los proyectos referidos a días nacionales o capitales nacionales que vienen con consenso de los asesores, no tienen dificultades en el debate y por lo tanto, los pasaremos a la firma. Si alguno de los autores quiere hacer uso de la palabra, por supuesto se la daremos al momento del tratamiento.
Tal como les comentaba, hemos trabajado mucho para llegar al consenso sobre un proyecto de ley de alquileres. En la Argentina hace muchos años que no tenemos una ley de alquileres y esto es un reflejo de la dificultad que trae aparejada la discusión de un tema tan importante como éste, con posiciones muy contrapuestas.
La búsqueda del consenso fue un gran desafío que trabajamos con los diferentes bloques y también internamente en cada bloque porque, por supuesto, cada uno de los diputados tenía sus propias diferencias sobre un tema que -insisto- genera posiciones distintas y muchas aristas.
Sin embargo, solicitamos a las organizaciones, a los representantes de los inquilinos y de las inmobiliarias, que trabajen en la búsqueda del consenso teniendo en cuenta que son los sectores involucrados en este proyecto de ley.
En esta primera reunión, además de dictaminar y de escuchar a los señores diputados referirse a este tema, vamos a dar la palabra, en principio, a dos representantes, uno del sector de los inquilinos y otro del de las inmobiliarias para que nos hagan una breve exposición de lo que se vino trabajando.
Posteriormente, daremos la palabra a los señores diputados para que expongan sobre el tema.
Son muchos los proyectos referidos a días nacionales o capitales nacionales que vienen con consenso de los asesores, no tienen dificultades en el debate y por lo tanto, los pasaremos a la firma. Si alguno de los autores quiere hacer uso de la palabra, por supuesto se la daremos al momento del tratamiento.
Tal como les comentaba, hemos trabajado mucho para llegar al consenso sobre un proyecto de ley de alquileres. En la Argentina hace muchos años que no tenemos una ley de alquileres y esto es un reflejo de la dificultad que trae aparejada la discusión de un tema tan importante como éste, con posiciones muy contrapuestas.
La búsqueda del consenso fue un gran desafío que trabajamos con los diferentes bloques y también internamente en cada bloque porque, por supuesto, cada uno de los diputados tenía sus propias diferencias sobre un tema que -insisto- genera posiciones distintas y muchas aristas.
Sin embargo, solicitamos a las organizaciones, a los representantes de los inquilinos y de las inmobiliarias, que trabajen en la búsqueda del consenso teniendo en cuenta que son los sectores involucrados en este proyecto de ley.
En esta primera reunión, además de dictaminar y de escuchar a los señores diputados referirse a este tema, vamos a dar la palabra, en principio, a dos representantes, uno del sector de los inquilinos y otro del de las inmobiliarias para que nos hagan una breve exposición de lo que se vino trabajando.
Posteriormente, daremos la palabra a los señores diputados para que expongan sobre el tema.
SR. CABANDIÉ Pido la palabra.
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Tiene la palabra el señor diputado Cabandié.
SR. CABANDIÉ Solamente quiero hacer una breve interrupción para referirme al proyecto de agencia de cobranza. Mi intención es que el día que se trate en el recinto sea posible introducir pequeñas modificaciones, acudiendo a algunas observaciones pertinentes de la Cámara.
SR. PRESIDENTE LIPOVETSKY Perfecto. Si le parece, lo dictaminamos tal como salió de la comisión de asesores y luego, en el recinto, trabajaremos las modificaciones.
SR. CABANDIÉ Esa sería la intención.
SR. PRESIDENTE LIPOVETSKY Tiene la palabra Federico López Castromil, vicepresidente 1° de la Cámara Inmobiliaria.
SR. LÓPEZ CASTROMIL Buenas tardes a todos y gracias por la invitación.
Hoy estamos ante una posibilidad histórica de lograr una ley consensuada de alquileres, pero depende de nosotros.
Tal como está redactada la ley, todos estamos en contra: inquilinos, propietarios y los corredores profesionales matriculados. Transformemos esa posición de estar todos en contra por estar todos a favor.
En diez o doce minutos es imposible analizar y repasar como corresponde uno o cuatro proyectos de ley en los que hay varios puntos debatibles. Por eso, luego de la introducción, voy a hacer foco en el único artículo no debatible.
Hoy estamos ante una situación muy complicada. Por un lado, están los propietarios que tienen la rentabilidad más baja de la historia con un 2,51 por ciento de promedio anual, cuando en toda Latinoamérica dicha rentabilidad ronda entre el 6, el 7 y -en algunos lugares- el 8 por ciento. Por otro lado, están los inquilinos que llegan con lo justo. Por esa razón, es importante que nos entendamos y que no hagamos enfrentar a la clase media.
En primer lugar, en lo que se refiere a la situación de los propietarios, en algún momento deberíamos preocuparnos por ellos. La mayoría no son excéntricos magnates ni oligarcas multimillonarios, son argentinos que apuestan e invierten en el país y se rompen el lomo toda su vida para comprar un departamento que les genere una renta que los ayude a llegar a fin de mes. Por eso, en algún momento habría que seducirlos, dándoles incentivos, desgravaciones impositivas -para cuando pongan sus departamentos por equis cantidad de años en alquiler con destino habitacional-, acelerar el desalojo en los pocos casos de inquilinos incumplidores, promover métodos de resolución de conflictos tales como el arbitraje, etcétera.
Por el otro lado, están los inquilinos, a quienes se va a referir Gervasio, y que tienen muchísimos problemas. Creo que hay que escucharlos y acompañarlos.
Personalmente, enumero algunos problemas como, por ejemplo, diferenciar detalladamente expensas ordinarias de las expensas extraordinarias -para que no paguen lo que no les corresponde- y con respecto al depósito indexado, que figura al final del contrato, en el proyecto de ley hay un detalle técnico para corregir. Donde dice: "El depósito de garantía será devuelto mediante la entrega de una suma equivalente al precio del último mes de locación", si dejaron menos de un mes de depósito también debería decir: "...o en la proporción correspondiente si el monto del depósito fue menor al importe equivalente al primer mes de locación". Este es un detalle técnico.
Este proyecto de ley también resuelve a los inquilinos el problema de los tres meses antes del vencimiento, evitándole la multa si no se pusieron de acuerdo con las renovaciones. Asimismo, toca la resolución anticipada en otros casos, los contratos consecutivos, la forma de indexación y la extensión de los contratos de dos a tres años.
En este caso, creo que habría que realzar la figura del artículo 1.199, que habla del plazo mínimo legal, para que muchos inquilinos que no quieran tomar los tres años puedan tener ese escape de no pagar la multa
No obstante, Gervasio se va a encargar de todo esto más en detalle.
Pero así como hablé de los problemas de los inquilinos, que son muchos, también quiero dedicarle un minuto a nuestro problema de los honorarios. Hay muchos elementos debatibles en esta ley, y las distintas miradas podrían tener razón en cuanto al tipo de indexación a usar, el plazo de dos o tres años, etcétera. Todas las miradas son atendibles. Pero ahora voy a tocar el único punto no debatible de todo esto. Para nosotros, los corredores profesionales y matriculados, lo que voy a decir es obvio, y lo obvio, por definición, es evidente. Ustedes no se dedican a esta profesión, por lo que voy a tratar de ser breve.
Tengo más de ciento cincuenta argumentos de por qué no hay que modificar el artículo 1.351 del Código Civil, pero sentaré mis bases solo en diez, como si fueran mandamientos para nosotros.
Hay uno que va sin número, no cuenta. Está por encima de todos y también está dentro de todos. Es fundamental para nosotros. Es la dignidad de nuestra profesión, el respeto a nuestro trabajo, su carácter alimentario y el ataque a la libre contratación. Somos treinta mil profesionales en todo el país y más del 95 por ciento de ellos son pequeñas inmobiliarias y empresas unipersonales. Pero, como les decía, resumí 150 argumentos en solo diez.
El primer fundamento tiene que ver con el punto de vista jurídico, que es lo que lo hace no debatible. No se puede ir contra la Constitución Nacional. Es el ABC del derecho. Ya hay un fallo de cámara de la Ciudad de Buenos Aires que dice que, de incluirse, iría en contra de los artículos 14 y 14 bis de la Constitución Nacional y en contra del principio de autonomía de la voluntad de las partes en materia contractual, es decir, del libre acuerdo entre las partes. Y cambiarlo iría en contra de todo el articulado, así como del capítulo del corretaje, donde se nos define como intermediarios y no como mandatarios de una de las partes.
Segundo fundamento: las consecuencias que traería. Ya tenemos una experiencia nefasta en la Ciudad de Buenos Aires. Se cumplieron dos años de la famosa ley 5.859. Los propietarios se inclinaron por ponerlos en venta, con muy poco éxito. La cantidad de propiedades en venta creció descomunalmente. Se triplicó la oferta. Otros se pasaron a los contratos temporarios. Los especialistas expertos en esa materia dicen expresamente que subió tremendamente la oferta de alquileres temporarios a raíz de la ley 5.859. Otros propietarios se volcaron al alquiler de oficinas o de usos comerciales, donde no aplica esa ley. Los pocos que dejaron sus propiedades con destino habitacional los aumentaron, si bien por debajo de la inflación, muy por encima de las provincias en donde no regía esta prohibición, es decir, en todas.
Esa impresentable ley no sirvió para nada. Solo sirvió para su horrible ejemplo de inconstitucionalidad. Así que no la imitemos.
Tercer fundamento: desnaturalizan nuestra profesión. El artículo 1.351 es nuestro gen. Yo hago esto desde que nací. Que nosotros somos intermediarios y no mandatarios de una de las partes me lo enseñaron, primero, mis padres, cuando el teléfono valía más caro que el departamento. Después lo aprendí de esta profesión y con mis clientes. Cuando estudié abogacía, lo volví a aprender en la Facultad gracias a este artículo que acabo de mencionar, que algunos quieren cambiar.
Somos intermediarios y no mandatarios de una de las partes. Pido que nos grabemos esto. Nosotros estamos solo cuando quieren y eligen contratarnos, para equiparar las dos realidades, la del propietario y la del inquilino. Nuestro trabajo es ponerlos en un plano de igualdad, si no lo hay. Ese es nuestro trabajo, intermediar, y no ser mandatarios del propietario.
Quería dar un detalle técnico del artículo 1.351, que establece claramente que no hay solidaridad de las partes respecto de los honorarios del corredor matriculado.
Cuarto fundamento: calculo que si alguno pensaba cambiar el artículo 1.351, pensaba cambiar también todo el capítulo referido al corretaje porque realmente crearían una nueva profesión. Deberían cambiar el artículo 1.345 desde la definición del corretaje y claramente nuestras obligaciones del artículo 1.347. ¿Podría un inquilino reclamarle al corredor profesional inmobiliario, ante una situación de mal servicio, si el locatario no le pagó honorarios? Si el inquilino pretende, como corresponde, ser considerado parte, tener más voz y un rol protagónico, así no se consigue. No se consigue poner en un plano de igualdad de esta manera, porque no lo pondría ni en categoría de cliente en este artículo que se quiere cambiar acá.
Quinto fundamento: en ningún lugar del mundo existe una ley como la 5.859 y tampoco existe un artículo como el que se quiere plasmar acá. Sí existen los usos y costumbres, pero no una ley ni un artículo como éste.
Sexto fundamento: no somos un monopolio, somos simplemente una opción. Existen los sitios como "dueño alquila", "Mercado Libre", e infinidad de plataformas en las que no participamos. Somos simplemente una opción. ¿Por qué no le van a permitir a quien no tiene ganas de perder tiempo y destinarlo a trabajar o estar con su familia que nos contrate? ¿Por qué lo obligarían a ponerse a trabajar y a buscarse el departamento solo? ¿Por qué se le prohibiría a alguien que quiere delegar este trabajo, sentirse seguro porque un profesional técnico específico en esa materia lo va a cuidar revisando los papeles, revisando el contrato, asegurando que el locador sea el dueño, y dándole tranquilidad a la operación? La intermediación acota el tiempo que es lo más valioso que tenemos.
Séptimo fundamento: en concordancia con el argumento anterior, el fallo de la Sala 2 de la Cámara donde se declara inconstitucional este punto de la ley 5.859 dice expresamente: "Esta ley -o este artículo en este caso- les impide a los inquilinos o futuros inquilinos el derecho de celebrar un contrato oneroso que, por su posición económica o por la simple comodidad que ello podría brindarles, tendrían la voluntad de perfeccionar ese acuerdo de voluntades." Eso dice el fallo, le saca el derecho a los inquilinos a contratarnos. Pensemos que el discurso electoralista de 2017 era que se los beneficiaba...
Octavo fundamento: estamos queriendo formalizar los contratos de alquiler y este artículo lo único que generaría serían más contratos informales, realizados por intermediarios no profesionales en la materia -encargados, conserjes, abogados, empresas de relocation- que sí cobrarían al inquilino cualquier cosa porque a ellos no se los regula.
Piensen en que hay que tener cuidado porque en un contrato de locación de inmuebles el único profesional que interviene, y si interviene, es el corredor profesional matriculado.
El corredor inmobiliario tiene muchas obligaciones y ellas figuran en el artículo 1.347. Por ejemplo, ver los papeles, conocer al dueño, redactar el contrato, que el inmueble sea apto para el destino para el que se lo alquila, etcétera. El artículo 1.347 enumera las obligaciones que como intermediarios -no mandatarios- se fijan para ambas partes.
Por eso es vital y parece indispensable que se agregue al proyecto de ley este punto: "En el caso que un tercero intermedie en un contrato de locación de inmuebles, éste deberá ser un corredor profesional matriculado." Repito: "En el caso de que un tercero intermedie en un contrato de locación de inmuebles, éste deberá ser un corredor profesional matriculado." De lo contrario, el proceso termina en manos de los conserjes, abogados, empresas de relocation, que cobran sumas no reguladas y alimentan los contratos informales. Es hora de que nos den esta incumbencia de manera clara.
Luego quisiera conocer la opinión de Gervasio porque considero que esto ayuda muchísimo a los inquilinos.
Noveno fundamento: nadie lo pide, ni Gervasio, ni la otra asociación de inquilinos, ni la Cámara de Propietarios, ni el sector inmobiliario, ni el señor diputado Lipovetzky y tampoco estaba en ningún proyecto de la oposición. ¿Saben por qué está dando vueltas? Es el fundamento número diez, el único motivo es proteger al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la maldita ley 5.859 que comentaba. Esa maldita ley fue declarada inconstitucional, no por una cámara de Oslo en Noruega sino por una Cámara argentina.
Entonces, les hablo a todos, a la oposición y al gobierno. Propongo que hoy todos seamos uno, que no entren en el juego de querer justificar un fallo inconstitucional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con una ley nacional inconstitucional. No entren en ese juego, dejen ese artículo en paz y hagamos una ley justa para todos.
Para terminar, les ruego que entiendan que para nosotros en este punto está en juego nuestra profesión y nuestra dignidad. Hagamos una ley consensuada.
El consenso, por definición, es un acuerdo producido por el consentimiento. Estamos dispuestos a ceder, a conceder y a relegar, pero entiéndannos en este punto: una decisión por consenso, también por definición, no implica un consentimiento activo de cada uno de nosotros sino más bien una aceptación en el sentido de no negación.
Los llamo a la reflexión para que hagamos realmente una ley por consenso en la que todos resignemos algo pero en la que también todos estemos de acuerdo. Dejemos de ver nuestras diferencias y enfoquémonos en los puntos que tenemos en común. Mostrémosle al país que podemos ponernos de acuerdo, seamos superiores, ejerzamos el rol que cada uno tiene, hagamos una ley consensuada en serio, sin populismos, sin cubrir a nadie, para que sea recordada como una gran ley. Muchas gracias. (Aplausos.)
Hoy estamos ante una posibilidad histórica de lograr una ley consensuada de alquileres, pero depende de nosotros.
Tal como está redactada la ley, todos estamos en contra: inquilinos, propietarios y los corredores profesionales matriculados. Transformemos esa posición de estar todos en contra por estar todos a favor.
En diez o doce minutos es imposible analizar y repasar como corresponde uno o cuatro proyectos de ley en los que hay varios puntos debatibles. Por eso, luego de la introducción, voy a hacer foco en el único artículo no debatible.
Hoy estamos ante una situación muy complicada. Por un lado, están los propietarios que tienen la rentabilidad más baja de la historia con un 2,51 por ciento de promedio anual, cuando en toda Latinoamérica dicha rentabilidad ronda entre el 6, el 7 y -en algunos lugares- el 8 por ciento. Por otro lado, están los inquilinos que llegan con lo justo. Por esa razón, es importante que nos entendamos y que no hagamos enfrentar a la clase media.
En primer lugar, en lo que se refiere a la situación de los propietarios, en algún momento deberíamos preocuparnos por ellos. La mayoría no son excéntricos magnates ni oligarcas multimillonarios, son argentinos que apuestan e invierten en el país y se rompen el lomo toda su vida para comprar un departamento que les genere una renta que los ayude a llegar a fin de mes. Por eso, en algún momento habría que seducirlos, dándoles incentivos, desgravaciones impositivas -para cuando pongan sus departamentos por equis cantidad de años en alquiler con destino habitacional-, acelerar el desalojo en los pocos casos de inquilinos incumplidores, promover métodos de resolución de conflictos tales como el arbitraje, etcétera.
Por el otro lado, están los inquilinos, a quienes se va a referir Gervasio, y que tienen muchísimos problemas. Creo que hay que escucharlos y acompañarlos.
Personalmente, enumero algunos problemas como, por ejemplo, diferenciar detalladamente expensas ordinarias de las expensas extraordinarias -para que no paguen lo que no les corresponde- y con respecto al depósito indexado, que figura al final del contrato, en el proyecto de ley hay un detalle técnico para corregir. Donde dice: "El depósito de garantía será devuelto mediante la entrega de una suma equivalente al precio del último mes de locación", si dejaron menos de un mes de depósito también debería decir: "...o en la proporción correspondiente si el monto del depósito fue menor al importe equivalente al primer mes de locación". Este es un detalle técnico.
Este proyecto de ley también resuelve a los inquilinos el problema de los tres meses antes del vencimiento, evitándole la multa si no se pusieron de acuerdo con las renovaciones. Asimismo, toca la resolución anticipada en otros casos, los contratos consecutivos, la forma de indexación y la extensión de los contratos de dos a tres años.
En este caso, creo que habría que realzar la figura del artículo 1.199, que habla del plazo mínimo legal, para que muchos inquilinos que no quieran tomar los tres años puedan tener ese escape de no pagar la multa
No obstante, Gervasio se va a encargar de todo esto más en detalle.
Pero así como hablé de los problemas de los inquilinos, que son muchos, también quiero dedicarle un minuto a nuestro problema de los honorarios. Hay muchos elementos debatibles en esta ley, y las distintas miradas podrían tener razón en cuanto al tipo de indexación a usar, el plazo de dos o tres años, etcétera. Todas las miradas son atendibles. Pero ahora voy a tocar el único punto no debatible de todo esto. Para nosotros, los corredores profesionales y matriculados, lo que voy a decir es obvio, y lo obvio, por definición, es evidente. Ustedes no se dedican a esta profesión, por lo que voy a tratar de ser breve.
Tengo más de ciento cincuenta argumentos de por qué no hay que modificar el artículo 1.351 del Código Civil, pero sentaré mis bases solo en diez, como si fueran mandamientos para nosotros.
Hay uno que va sin número, no cuenta. Está por encima de todos y también está dentro de todos. Es fundamental para nosotros. Es la dignidad de nuestra profesión, el respeto a nuestro trabajo, su carácter alimentario y el ataque a la libre contratación. Somos treinta mil profesionales en todo el país y más del 95 por ciento de ellos son pequeñas inmobiliarias y empresas unipersonales. Pero, como les decía, resumí 150 argumentos en solo diez.
El primer fundamento tiene que ver con el punto de vista jurídico, que es lo que lo hace no debatible. No se puede ir contra la Constitución Nacional. Es el ABC del derecho. Ya hay un fallo de cámara de la Ciudad de Buenos Aires que dice que, de incluirse, iría en contra de los artículos 14 y 14 bis de la Constitución Nacional y en contra del principio de autonomía de la voluntad de las partes en materia contractual, es decir, del libre acuerdo entre las partes. Y cambiarlo iría en contra de todo el articulado, así como del capítulo del corretaje, donde se nos define como intermediarios y no como mandatarios de una de las partes.
Segundo fundamento: las consecuencias que traería. Ya tenemos una experiencia nefasta en la Ciudad de Buenos Aires. Se cumplieron dos años de la famosa ley 5.859. Los propietarios se inclinaron por ponerlos en venta, con muy poco éxito. La cantidad de propiedades en venta creció descomunalmente. Se triplicó la oferta. Otros se pasaron a los contratos temporarios. Los especialistas expertos en esa materia dicen expresamente que subió tremendamente la oferta de alquileres temporarios a raíz de la ley 5.859. Otros propietarios se volcaron al alquiler de oficinas o de usos comerciales, donde no aplica esa ley. Los pocos que dejaron sus propiedades con destino habitacional los aumentaron, si bien por debajo de la inflación, muy por encima de las provincias en donde no regía esta prohibición, es decir, en todas.
Esa impresentable ley no sirvió para nada. Solo sirvió para su horrible ejemplo de inconstitucionalidad. Así que no la imitemos.
Tercer fundamento: desnaturalizan nuestra profesión. El artículo 1.351 es nuestro gen. Yo hago esto desde que nací. Que nosotros somos intermediarios y no mandatarios de una de las partes me lo enseñaron, primero, mis padres, cuando el teléfono valía más caro que el departamento. Después lo aprendí de esta profesión y con mis clientes. Cuando estudié abogacía, lo volví a aprender en la Facultad gracias a este artículo que acabo de mencionar, que algunos quieren cambiar.
Somos intermediarios y no mandatarios de una de las partes. Pido que nos grabemos esto. Nosotros estamos solo cuando quieren y eligen contratarnos, para equiparar las dos realidades, la del propietario y la del inquilino. Nuestro trabajo es ponerlos en un plano de igualdad, si no lo hay. Ese es nuestro trabajo, intermediar, y no ser mandatarios del propietario.
Quería dar un detalle técnico del artículo 1.351, que establece claramente que no hay solidaridad de las partes respecto de los honorarios del corredor matriculado.
Cuarto fundamento: calculo que si alguno pensaba cambiar el artículo 1.351, pensaba cambiar también todo el capítulo referido al corretaje porque realmente crearían una nueva profesión. Deberían cambiar el artículo 1.345 desde la definición del corretaje y claramente nuestras obligaciones del artículo 1.347. ¿Podría un inquilino reclamarle al corredor profesional inmobiliario, ante una situación de mal servicio, si el locatario no le pagó honorarios? Si el inquilino pretende, como corresponde, ser considerado parte, tener más voz y un rol protagónico, así no se consigue. No se consigue poner en un plano de igualdad de esta manera, porque no lo pondría ni en categoría de cliente en este artículo que se quiere cambiar acá.
Quinto fundamento: en ningún lugar del mundo existe una ley como la 5.859 y tampoco existe un artículo como el que se quiere plasmar acá. Sí existen los usos y costumbres, pero no una ley ni un artículo como éste.
Sexto fundamento: no somos un monopolio, somos simplemente una opción. Existen los sitios como "dueño alquila", "Mercado Libre", e infinidad de plataformas en las que no participamos. Somos simplemente una opción. ¿Por qué no le van a permitir a quien no tiene ganas de perder tiempo y destinarlo a trabajar o estar con su familia que nos contrate? ¿Por qué lo obligarían a ponerse a trabajar y a buscarse el departamento solo? ¿Por qué se le prohibiría a alguien que quiere delegar este trabajo, sentirse seguro porque un profesional técnico específico en esa materia lo va a cuidar revisando los papeles, revisando el contrato, asegurando que el locador sea el dueño, y dándole tranquilidad a la operación? La intermediación acota el tiempo que es lo más valioso que tenemos.
Séptimo fundamento: en concordancia con el argumento anterior, el fallo de la Sala 2 de la Cámara donde se declara inconstitucional este punto de la ley 5.859 dice expresamente: "Esta ley -o este artículo en este caso- les impide a los inquilinos o futuros inquilinos el derecho de celebrar un contrato oneroso que, por su posición económica o por la simple comodidad que ello podría brindarles, tendrían la voluntad de perfeccionar ese acuerdo de voluntades." Eso dice el fallo, le saca el derecho a los inquilinos a contratarnos. Pensemos que el discurso electoralista de 2017 era que se los beneficiaba...
Octavo fundamento: estamos queriendo formalizar los contratos de alquiler y este artículo lo único que generaría serían más contratos informales, realizados por intermediarios no profesionales en la materia -encargados, conserjes, abogados, empresas de relocation- que sí cobrarían al inquilino cualquier cosa porque a ellos no se los regula.
Piensen en que hay que tener cuidado porque en un contrato de locación de inmuebles el único profesional que interviene, y si interviene, es el corredor profesional matriculado.
El corredor inmobiliario tiene muchas obligaciones y ellas figuran en el artículo 1.347. Por ejemplo, ver los papeles, conocer al dueño, redactar el contrato, que el inmueble sea apto para el destino para el que se lo alquila, etcétera. El artículo 1.347 enumera las obligaciones que como intermediarios -no mandatarios- se fijan para ambas partes.
Por eso es vital y parece indispensable que se agregue al proyecto de ley este punto: "En el caso que un tercero intermedie en un contrato de locación de inmuebles, éste deberá ser un corredor profesional matriculado." Repito: "En el caso de que un tercero intermedie en un contrato de locación de inmuebles, éste deberá ser un corredor profesional matriculado." De lo contrario, el proceso termina en manos de los conserjes, abogados, empresas de relocation, que cobran sumas no reguladas y alimentan los contratos informales. Es hora de que nos den esta incumbencia de manera clara.
Luego quisiera conocer la opinión de Gervasio porque considero que esto ayuda muchísimo a los inquilinos.
Noveno fundamento: nadie lo pide, ni Gervasio, ni la otra asociación de inquilinos, ni la Cámara de Propietarios, ni el sector inmobiliario, ni el señor diputado Lipovetzky y tampoco estaba en ningún proyecto de la oposición. ¿Saben por qué está dando vueltas? Es el fundamento número diez, el único motivo es proteger al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la maldita ley 5.859 que comentaba. Esa maldita ley fue declarada inconstitucional, no por una cámara de Oslo en Noruega sino por una Cámara argentina.
Entonces, les hablo a todos, a la oposición y al gobierno. Propongo que hoy todos seamos uno, que no entren en el juego de querer justificar un fallo inconstitucional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con una ley nacional inconstitucional. No entren en ese juego, dejen ese artículo en paz y hagamos una ley justa para todos.
Para terminar, les ruego que entiendan que para nosotros en este punto está en juego nuestra profesión y nuestra dignidad. Hagamos una ley consensuada.
El consenso, por definición, es un acuerdo producido por el consentimiento. Estamos dispuestos a ceder, a conceder y a relegar, pero entiéndannos en este punto: una decisión por consenso, también por definición, no implica un consentimiento activo de cada uno de nosotros sino más bien una aceptación en el sentido de no negación.
Los llamo a la reflexión para que hagamos realmente una ley por consenso en la que todos resignemos algo pero en la que también todos estemos de acuerdo. Dejemos de ver nuestras diferencias y enfoquémonos en los puntos que tenemos en común. Mostrémosle al país que podemos ponernos de acuerdo, seamos superiores, ejerzamos el rol que cada uno tiene, hagamos una ley consensuada en serio, sin populismos, sin cubrir a nadie, para que sea recordada como una gran ley. Muchas gracias. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Tiene la palabra Gervasio Muñoz, titular de Inquilinos Agrupados.
SR. MUÑOZ Señor presidente: en primer lugar, quiero hacer un breve repaso de la historia de este proyecto de ley. Lo presentamos junto con la senadora Larraburu en marzo de 2016, fue votado en la Cámara Alta por unanimidad en noviembre de ese año pero luego fue frenado durante todo el 2017. A mediados de 2018, luego de una de las primeras devaluaciones, el presidente saliente planteó la necesidad de que el Congreso sancione una nueva ley de alquileres pero luego se encargó -nuevamente- de que eso no se concrete en extraordinarias.
Este año volvimos a presentar el proyecto de ley tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados junto con los diputados Solá, Rossi, Grosso y Horne. Si bien hace poco hubo acuerdo en la Comisión de Legislación General del Senado, el oficialismo dio la orden de que no haya dictamen y, por lo tanto, otra vez nos quedamos sin la oportunidad de ver sancionada esta ley.
Por supuesto que hoy celebramos el hecho de estar aquí reunidos y prontos para tener un dictamen, pero también sabemos que nos encontramos frente a una situación bastante complicada. Me refiero a la posibilidad de que no se sesione antes del 30 de noviembre y de que el dictamen corra riesgo de caerse.
Me parece que ya no hay dudas de que en la Argentina es urgente sancionar -sobre todo por lo que ha sucedido en estos últimos cuatro años- una ley nacional de alquileres que regule su precio y que ponga algunos límites al abuso de los propietarios, de las inmobiliarias y del mercado inmobiliario.
Creo que ya no hay dudas de que los inquilinos hemos empezado a tener voz; no es casual lo que está sucediendo en el Congreso ni en todas las provincias, no es casual la cantidad de organizaciones de inquilinos que se ven obligadas a llevar adelante un reclamo de forma colectiva.
Lo que ha sucedido en materia de vivienda en estos últimos cuatro años es realmente trágico, tanto para la gente que vive en la calle como para aquellos que fueron estafados con los créditos UVA.
Este año volvimos a presentar el proyecto de ley tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados junto con los diputados Solá, Rossi, Grosso y Horne. Si bien hace poco hubo acuerdo en la Comisión de Legislación General del Senado, el oficialismo dio la orden de que no haya dictamen y, por lo tanto, otra vez nos quedamos sin la oportunidad de ver sancionada esta ley.
Por supuesto que hoy celebramos el hecho de estar aquí reunidos y prontos para tener un dictamen, pero también sabemos que nos encontramos frente a una situación bastante complicada. Me refiero a la posibilidad de que no se sesione antes del 30 de noviembre y de que el dictamen corra riesgo de caerse.
Me parece que ya no hay dudas de que en la Argentina es urgente sancionar -sobre todo por lo que ha sucedido en estos últimos cuatro años- una ley nacional de alquileres que regule su precio y que ponga algunos límites al abuso de los propietarios, de las inmobiliarias y del mercado inmobiliario.
Creo que ya no hay dudas de que los inquilinos hemos empezado a tener voz; no es casual lo que está sucediendo en el Congreso ni en todas las provincias, no es casual la cantidad de organizaciones de inquilinos que se ven obligadas a llevar adelante un reclamo de forma colectiva.
Lo que ha sucedido en materia de vivienda en estos últimos cuatro años es realmente trágico, tanto para la gente que vive en la calle como para aquellos que fueron estafados con los créditos UVA.
Manifestaciones entre los presentes.
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Les solicito a todos los presentes que por favor hagan silencio.
SR. MUÑOZ También es trágico para los que alquilan en hoteles y pensiones y para los que todavía tenemos el privilegio de alquilar en el mercado formal, debiendo cumplir un montón de requisitos que impone el mercado de manera totalmente unilateral, a pesar de lo que indica el Código Civil y Comercial de la Nación y las leyes provinciales.
Quiero remarcar la importancia de que el contrato de alquiler tenga un plazo mínimo de tres años. Las legislaciones de otros países establecen plazos mínimos de cinco o siete años por lo que, aun después de sancionada esta ley, seguiremos estando muy atrasados en materia de regulación del mercado inmobiliario.
Asimismo, quiero hacer hincapié en la importancia de algo que no debería ni siquiera discutirse: que se registren todos los contratos de alquiler en AFIP. Se trata de un mercado profundamente evasor que no solo le hace un daño al Estado por esa evasión multimillonaria, sino que al operarse en negro los inquilinos no podemos reclamar ningún tipo de derecho.
No sé si alguien conoce a algún inquilino que reciba una factura por el pago del alquiler.
En 2016 se votó una ley para deducir ganancias. Sin embargo, no conozco ningún inquilino que pueda deducir ganancias del pago del alquiler porque no se entrega una factura, ni por eso ni por absolutamente nada de lo que sucede dentro de una inmobiliaria ni tampoco con los propietarios.
Por lo tanto, es fundamental el registro de los contratos de alquiler para que no haya contratos abusivos, pero también para que el Estado tenga información sobre quiénes alquilan, quiénes son los locadores y en qué condiciones se alquila en la Argentina.
Por último, quiero agradecer a todos los diputados y diputadas que nos estuvieron apoyando durante estos cuatro años. Me tomo el atrevimiento de hablar por 9 millones de inquilinos del país que ya no saben cómo seguir pagando el alquiler, en un contexto en el que -en muy pocos años- el valor de la vivienda en dólares no deja de aumentar, el metro cuadrado en la ciudad de Buenos Aires es el más caro de la región y cada vez hay más inquilinos y también más propietarios con más propiedades.
Creo que la discusión de este proyecto de ley es el inicio -en realidad, el reinicio- del Estado interviniendo en las reglas de juego del acceso a la vivienda. La Argentina siempre tuvo regulación del precio de los alquileres pero en la última dictadura -algo que reivindica mucho el mercado inmobiliario- se desreguló el precio de los alquileres, se dolarizó el precio de la vivienda y a pesar de que en nuestro país se construye en pesos, se cotiza en dólares y se vende en dólares; es más, el mercado inmobiliario pretende rentabilidad en dólares.
Creo que es muy importante la celebración de esta reunión de la Comisión de Legislación General para ver si tenemos una ley de alquileres en la Argentina, para que el Estado vuelva a discutir la política de alquileres de vivienda, cuando se le ha entregado al mercado inmobiliario absolutamente toda la decisión del acceso a la vivienda en nuestro país. Ellos son los que controlan el precio de las viviendas, de la tierra, de la intermediación y son los que, a pesar de estar prohibida la indexación de los contratos de alquiler desde el año 1991, indexan los contratos de alquiler de forma unilateral, con índices fijados por ellos a espaldas de lo que le sucede a los trabajadores, que alquilamos, a espaldas de lo que sucede con la economía nacional y, por supuesto, ante la ausencia total del Estado.
Son ellos quienes vienen decidiendo el 18 por ciento de aumento semestral, entre un 40 y un 60 por ciento de aumento al momento de la renovación del contrato y el único interés por el que deciden esto es la rentabilidad.
Entonces, para nosotros la actualización anual del precio de los alquileres es fundamental pero no solo para terminar con los aumentos semestrales, sino para que el Estado vuelva a ser protagonista en algo tan sensible como el acceso a la vivienda.
Quiero agradecer de parte de todas las organizaciones de inquilinos del país y remarcar algo importante: sabemos que esto recién empieza, que nos queda mucho camino para transitar y que el mercado inmobiliario va a seguir decidiendo quién puede dormir bajo un techo y quién no. Sin embargo, este es el comienzo para que el Estado se haga cargo de una responsabilidad que debe tener y que es irreemplazable. (Aplausos.)
Quiero remarcar la importancia de que el contrato de alquiler tenga un plazo mínimo de tres años. Las legislaciones de otros países establecen plazos mínimos de cinco o siete años por lo que, aun después de sancionada esta ley, seguiremos estando muy atrasados en materia de regulación del mercado inmobiliario.
Asimismo, quiero hacer hincapié en la importancia de algo que no debería ni siquiera discutirse: que se registren todos los contratos de alquiler en AFIP. Se trata de un mercado profundamente evasor que no solo le hace un daño al Estado por esa evasión multimillonaria, sino que al operarse en negro los inquilinos no podemos reclamar ningún tipo de derecho.
No sé si alguien conoce a algún inquilino que reciba una factura por el pago del alquiler.
En 2016 se votó una ley para deducir ganancias. Sin embargo, no conozco ningún inquilino que pueda deducir ganancias del pago del alquiler porque no se entrega una factura, ni por eso ni por absolutamente nada de lo que sucede dentro de una inmobiliaria ni tampoco con los propietarios.
Por lo tanto, es fundamental el registro de los contratos de alquiler para que no haya contratos abusivos, pero también para que el Estado tenga información sobre quiénes alquilan, quiénes son los locadores y en qué condiciones se alquila en la Argentina.
Por último, quiero agradecer a todos los diputados y diputadas que nos estuvieron apoyando durante estos cuatro años. Me tomo el atrevimiento de hablar por 9 millones de inquilinos del país que ya no saben cómo seguir pagando el alquiler, en un contexto en el que -en muy pocos años- el valor de la vivienda en dólares no deja de aumentar, el metro cuadrado en la ciudad de Buenos Aires es el más caro de la región y cada vez hay más inquilinos y también más propietarios con más propiedades.
Creo que la discusión de este proyecto de ley es el inicio -en realidad, el reinicio- del Estado interviniendo en las reglas de juego del acceso a la vivienda. La Argentina siempre tuvo regulación del precio de los alquileres pero en la última dictadura -algo que reivindica mucho el mercado inmobiliario- se desreguló el precio de los alquileres, se dolarizó el precio de la vivienda y a pesar de que en nuestro país se construye en pesos, se cotiza en dólares y se vende en dólares; es más, el mercado inmobiliario pretende rentabilidad en dólares.
Creo que es muy importante la celebración de esta reunión de la Comisión de Legislación General para ver si tenemos una ley de alquileres en la Argentina, para que el Estado vuelva a discutir la política de alquileres de vivienda, cuando se le ha entregado al mercado inmobiliario absolutamente toda la decisión del acceso a la vivienda en nuestro país. Ellos son los que controlan el precio de las viviendas, de la tierra, de la intermediación y son los que, a pesar de estar prohibida la indexación de los contratos de alquiler desde el año 1991, indexan los contratos de alquiler de forma unilateral, con índices fijados por ellos a espaldas de lo que le sucede a los trabajadores, que alquilamos, a espaldas de lo que sucede con la economía nacional y, por supuesto, ante la ausencia total del Estado.
Son ellos quienes vienen decidiendo el 18 por ciento de aumento semestral, entre un 40 y un 60 por ciento de aumento al momento de la renovación del contrato y el único interés por el que deciden esto es la rentabilidad.
Entonces, para nosotros la actualización anual del precio de los alquileres es fundamental pero no solo para terminar con los aumentos semestrales, sino para que el Estado vuelva a ser protagonista en algo tan sensible como el acceso a la vivienda.
Quiero agradecer de parte de todas las organizaciones de inquilinos del país y remarcar algo importante: sabemos que esto recién empieza, que nos queda mucho camino para transitar y que el mercado inmobiliario va a seguir decidiendo quién puede dormir bajo un techo y quién no. Sin embargo, este es el comienzo para que el Estado se haga cargo de una responsabilidad que debe tener y que es irreemplazable. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LIPOVETSKY Muchas gracias.
Quiero agradecer tanto a Federico como a Gervasio quienes trabajaron en conjunto para tratar de encontrar los puntos en común.
Creo que el dictamen que estamos proponiendo recoge muchas de las propuestas que acaban de hacer. Además, considero que va a reflejar la preocupación de cada uno de los sectores para lograr un proyecto de ley que, con el consenso necesario, transitará un camino mucho más fácil para su aprobación.
Fue muy bueno el racconto que hizo Gervasio de todo el tiempo que trabajamos para lograr la ley de alquileres que realmente la Argentina necesita. Así que abro la lista de oradores para los diputados que quieran hacer uso de la palabra.
Tiene la palabra el señor diputado Jorge Enríquez.
Quiero agradecer tanto a Federico como a Gervasio quienes trabajaron en conjunto para tratar de encontrar los puntos en común.
Creo que el dictamen que estamos proponiendo recoge muchas de las propuestas que acaban de hacer. Además, considero que va a reflejar la preocupación de cada uno de los sectores para lograr un proyecto de ley que, con el consenso necesario, transitará un camino mucho más fácil para su aprobación.
Fue muy bueno el racconto que hizo Gervasio de todo el tiempo que trabajamos para lograr la ley de alquileres que realmente la Argentina necesita. Así que abro la lista de oradores para los diputados que quieran hacer uso de la palabra.
Tiene la palabra el señor diputado Jorge Enríquez.
SR. ENRÍQUEZ Señor presidente: en primer lugar, entiendo que es muy saludable que no solamente se encuentre el plenario de la Comisión de Legislación General -con los distintos bloques, con visiones o miradas que pueden ser distintas-, sino también los representantes de los dos sectores involucrados en este tema, los propietarios y los inquilinos, quienes han llegado a un principio de acuerdo.
Las leyes de congelamiento de alquileres en la Argentina, o las leyes que regulaban el mercado locativo, terminaron siendo siempre nefastas porque, como se dijo recién, impidieron la concreción de emprendimientos inmobiliarios, con el efecto tan dinamizador que tiene la industria de la construcción, por un lado, y sobre todo porque aquellos que sostienen un sistema keynesiano entendían justamente que a partir de esa industria se podían desarrollar otros elementos que permitían generar un efecto multiplicador en la economía.
Hoy escucho por ahí que el próximo gobierno quizás emplee este tipo de tácticas keynesianas, que pueden ser discutibles o no, pero que al menos implican una definición clara sobre lo que puede ser un factor dinámico de la economía.
Pero nos encontramos también con otras cuestiones que, con el curso del tiempo, generaron una suerte de debilidad en una de las partes, particularmente la parte locataria. Por eso, desde hace muchos años a esta parte -unos cuarenta aproximadamente- se empezaron a incorporar algunos institutos al Código Civil, como es la teoría de la imprevisión. La modificación que se produjo en el Código Civil y Comercial sobre obligaciones hace muy poco tiempo plasmó muchas de estas inquietudes. Pero obviamente el derecho es dinámico y tiene que adecuarse a las realidades sociales. Hoy tenemos una realidad social que hace que en muchos casos sea necesario paliar y suavizar algunas normas.
Comparto plenamente que debe regir el principio de autonomía de la voluntad de las partes. Comparto lo que dijo el amigo de Cuciba. Comparto también lo que dijo en relación con los artículos 14 y 14 bis de la Constitución. Pero también entiendo que algunas de las normas que hoy estamos queriendo sancionar, como por ejemplo la de la garantía, tienen que reverse. La idea es que no quede subsumida, como era antes, a una garantía inmobiliaria que en muchos casos terminaba siendo una carga más para el inquilino, ya que sabemos que la terminaba comprando. Lo digo claramente.
Por eso me parece saludable que exista aval bancario, seguros de caución, garantía de fianza, etcétera.
Las indexaciones también deberían ir acompañadas por las situaciones que nosotros vivimos cotidianamente. Obviamente, en muchos casos los alquileres se desfasan. Estoy hablando siempre del tema habitacional. No nos confundamos con los alquileres destinados a comercio e industria, que es otra historia.
En ese sentido, me parece saludable que se impongan algunas normas que impidan una indexación descabellada o que no se compadezca con el aumento de los salarios, porque no estamos hablando de algo que está generando rédito o ganancia, como es una locación destinada a comercio e industria. Estamos hablando del techo.
Por otra parte, no voy a pasar por alto algunas consideraciones que se hicieron, como por ejemplo que en muchos casos son los propietarios quienes no quieren dar recibos. Me constan casos en los que muchos inquilinos no quieren que se les dé recibo por infinidad de razones, por ejemplo, para que el contrato no quede registrado y para no verse afectado; esto quizás sucede más en el campo de la locación destinada a comercio e industria que en la destinada a habitación y vivienda, pero también se da.
En definitiva, creo que con las modificaciones que se han hecho, el proyecto de ley va a paliar la situación de la parte quizás más débil. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que del otro lado, tal como escuchábamos recién, la rentabilidad -y no hablo de rentabilidad en dólares sino en pesos- es sensiblemente inferior a la que tienen quienes alquilan en otros lugares de América Latina. Hablábamos recién del 2,5 por ciento contra el 8 por ciento.
Por otra parte, no acepto todo lo que aquí se dijo despectivamente sobre los créditos UVA. Muchísima gente que tomó créditos UVA -con las normas que pautó este gobierno en cuanto a congelar por un lado la cuota y por el otro, plasmarla en una extensión temporal- se vio beneficiada para llegar a su primera vivienda. Considero que los créditos UVA han sido muy necesarios.
Además, respecto de lo que se decía sobre el corretaje, voy a detenerme un segundo porque es necesario saber hacer una autocrítica cuando se comete un error. Creo que la famosa ley 5.859 no fue una ley feliz. (Aplausos.)
Digo que no fue una ley feliz con la autoridad que me da el hecho de haber sido, en ese momento, funcionario del Gobierno de la Ciudad y no haber estado de acuerdo; obviamente, se puede no estar de acuerdo con una norma pero después se debe acatar.
En ese momento yo era subsecretario de Justicia y no me pareció razonable porque entendía que imponer el pago del honorario de la locación al propietario iba a generar que luego eso se trasladara -temeraria y paladinamente- al precio de la locación, o que existieran pagarés. Afortunadamente, hoy con este proyecto estamos impidiendo que eso ocurra.
Ustedes saben que muchas veces el alquiler era bajo pero al inquilino se le hacía firmar pagarés -que es un instrumento literal, autónomo, sin expresión de causa-, dichos documentos después se ejecutaban y eran un canon locativo encubierto. Por eso, me parece muy lógico que se permita que las partes puedan pactar libremente, más allá de la presunción que existe en esta norma.
Por último, en cuanto al tema del corretaje inmobiliario, fui autor de la ley 2.340. Se trata de una ley local que determinó la creación del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios pero no la hice -tampoco fue el criterio de quienes me acompañaron- con la idea de crear una corporación; no queríamos una corporación sino una regulación y creo que la hemos logrado.
La idea era que no existieran sátrapas o delincuentes que pusieran un quiosquito, empezaran a trabajar de corredores inmobiliarios -sin ningún tipo de preparación- y terminaran estafando al locatario y al propietario.
Creo que eso debe ser resguardado y lo reivindico por la capacitación que tienen los corredores inmobiliarios, que poseen una profesión de nivel universitario -no solo terciario. No digo esto por ser simpático o halagador a los oídos de ellos -porque saben muy bien lo que pensaba en ese momento-, porque no generaban una corporación, no indicaban principios corporativos -pruebas al canto-, no quisieron tener una caja jubilatoria ni una obra social, por las consecuencias que hubieran podido sufrir si se lo tomaba en el sentido que señalé antes, sino que lo hacían justamente para resguardarse, para protegerse de los malos o de los delincuentes que se disfrazaban de corredores inmobiliarios.
Además, quisiera felicitar al señor diputado Daniel Lipovetzky y a todos los integrantes de esta comisión por esta iniciativa que creo va a permitir solucionar este conflicto de forma equilibrada.
Celebro ver hoy a todas estas personas llevando las casacas o los chalecos de la Federación Nacional de Inquilinos. Es muy bueno ver aquí a Gervasio Muñoz, con quien hemos discutido durante años. Hoy podemos hablar con él y con toda la gente de la Unión Argentina de Inquilinos; hoy pueden sentarse junto con los representantes de las organizaciones de propietarios y de corredores inmobiliarios a fin de plasmar un texto legislativo que cuente con el consenso de todos. Muchísimas gracias. (Aplausos.)
Las leyes de congelamiento de alquileres en la Argentina, o las leyes que regulaban el mercado locativo, terminaron siendo siempre nefastas porque, como se dijo recién, impidieron la concreción de emprendimientos inmobiliarios, con el efecto tan dinamizador que tiene la industria de la construcción, por un lado, y sobre todo porque aquellos que sostienen un sistema keynesiano entendían justamente que a partir de esa industria se podían desarrollar otros elementos que permitían generar un efecto multiplicador en la economía.
Hoy escucho por ahí que el próximo gobierno quizás emplee este tipo de tácticas keynesianas, que pueden ser discutibles o no, pero que al menos implican una definición clara sobre lo que puede ser un factor dinámico de la economía.
Pero nos encontramos también con otras cuestiones que, con el curso del tiempo, generaron una suerte de debilidad en una de las partes, particularmente la parte locataria. Por eso, desde hace muchos años a esta parte -unos cuarenta aproximadamente- se empezaron a incorporar algunos institutos al Código Civil, como es la teoría de la imprevisión. La modificación que se produjo en el Código Civil y Comercial sobre obligaciones hace muy poco tiempo plasmó muchas de estas inquietudes. Pero obviamente el derecho es dinámico y tiene que adecuarse a las realidades sociales. Hoy tenemos una realidad social que hace que en muchos casos sea necesario paliar y suavizar algunas normas.
Comparto plenamente que debe regir el principio de autonomía de la voluntad de las partes. Comparto lo que dijo el amigo de Cuciba. Comparto también lo que dijo en relación con los artículos 14 y 14 bis de la Constitución. Pero también entiendo que algunas de las normas que hoy estamos queriendo sancionar, como por ejemplo la de la garantía, tienen que reverse. La idea es que no quede subsumida, como era antes, a una garantía inmobiliaria que en muchos casos terminaba siendo una carga más para el inquilino, ya que sabemos que la terminaba comprando. Lo digo claramente.
Por eso me parece saludable que exista aval bancario, seguros de caución, garantía de fianza, etcétera.
Las indexaciones también deberían ir acompañadas por las situaciones que nosotros vivimos cotidianamente. Obviamente, en muchos casos los alquileres se desfasan. Estoy hablando siempre del tema habitacional. No nos confundamos con los alquileres destinados a comercio e industria, que es otra historia.
En ese sentido, me parece saludable que se impongan algunas normas que impidan una indexación descabellada o que no se compadezca con el aumento de los salarios, porque no estamos hablando de algo que está generando rédito o ganancia, como es una locación destinada a comercio e industria. Estamos hablando del techo.
Por otra parte, no voy a pasar por alto algunas consideraciones que se hicieron, como por ejemplo que en muchos casos son los propietarios quienes no quieren dar recibos. Me constan casos en los que muchos inquilinos no quieren que se les dé recibo por infinidad de razones, por ejemplo, para que el contrato no quede registrado y para no verse afectado; esto quizás sucede más en el campo de la locación destinada a comercio e industria que en la destinada a habitación y vivienda, pero también se da.
En definitiva, creo que con las modificaciones que se han hecho, el proyecto de ley va a paliar la situación de la parte quizás más débil. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que del otro lado, tal como escuchábamos recién, la rentabilidad -y no hablo de rentabilidad en dólares sino en pesos- es sensiblemente inferior a la que tienen quienes alquilan en otros lugares de América Latina. Hablábamos recién del 2,5 por ciento contra el 8 por ciento.
Por otra parte, no acepto todo lo que aquí se dijo despectivamente sobre los créditos UVA. Muchísima gente que tomó créditos UVA -con las normas que pautó este gobierno en cuanto a congelar por un lado la cuota y por el otro, plasmarla en una extensión temporal- se vio beneficiada para llegar a su primera vivienda. Considero que los créditos UVA han sido muy necesarios.
Además, respecto de lo que se decía sobre el corretaje, voy a detenerme un segundo porque es necesario saber hacer una autocrítica cuando se comete un error. Creo que la famosa ley 5.859 no fue una ley feliz. (Aplausos.)
Digo que no fue una ley feliz con la autoridad que me da el hecho de haber sido, en ese momento, funcionario del Gobierno de la Ciudad y no haber estado de acuerdo; obviamente, se puede no estar de acuerdo con una norma pero después se debe acatar.
En ese momento yo era subsecretario de Justicia y no me pareció razonable porque entendía que imponer el pago del honorario de la locación al propietario iba a generar que luego eso se trasladara -temeraria y paladinamente- al precio de la locación, o que existieran pagarés. Afortunadamente, hoy con este proyecto estamos impidiendo que eso ocurra.
Ustedes saben que muchas veces el alquiler era bajo pero al inquilino se le hacía firmar pagarés -que es un instrumento literal, autónomo, sin expresión de causa-, dichos documentos después se ejecutaban y eran un canon locativo encubierto. Por eso, me parece muy lógico que se permita que las partes puedan pactar libremente, más allá de la presunción que existe en esta norma.
Por último, en cuanto al tema del corretaje inmobiliario, fui autor de la ley 2.340. Se trata de una ley local que determinó la creación del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios pero no la hice -tampoco fue el criterio de quienes me acompañaron- con la idea de crear una corporación; no queríamos una corporación sino una regulación y creo que la hemos logrado.
La idea era que no existieran sátrapas o delincuentes que pusieran un quiosquito, empezaran a trabajar de corredores inmobiliarios -sin ningún tipo de preparación- y terminaran estafando al locatario y al propietario.
Creo que eso debe ser resguardado y lo reivindico por la capacitación que tienen los corredores inmobiliarios, que poseen una profesión de nivel universitario -no solo terciario. No digo esto por ser simpático o halagador a los oídos de ellos -porque saben muy bien lo que pensaba en ese momento-, porque no generaban una corporación, no indicaban principios corporativos -pruebas al canto-, no quisieron tener una caja jubilatoria ni una obra social, por las consecuencias que hubieran podido sufrir si se lo tomaba en el sentido que señalé antes, sino que lo hacían justamente para resguardarse, para protegerse de los malos o de los delincuentes que se disfrazaban de corredores inmobiliarios.
Además, quisiera felicitar al señor diputado Daniel Lipovetzky y a todos los integrantes de esta comisión por esta iniciativa que creo va a permitir solucionar este conflicto de forma equilibrada.
Celebro ver hoy a todas estas personas llevando las casacas o los chalecos de la Federación Nacional de Inquilinos. Es muy bueno ver aquí a Gervasio Muñoz, con quien hemos discutido durante años. Hoy podemos hablar con él y con toda la gente de la Unión Argentina de Inquilinos; hoy pueden sentarse junto con los representantes de las organizaciones de propietarios y de corredores inmobiliarios a fin de plasmar un texto legislativo que cuente con el consenso de todos. Muchísimas gracias. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Tiene la palabra el diputado Adrián Grana.
SR. GRANA Señor presidente: en principio, quiero manifestar mi satisfacción por estar hoy a punto de conciliar un proyecto sobre un tema tan delicado, como es el de los alquileres.
¿Por qué digo delicado? Porque hoy no estamos acá para regular una relación exclusivamente comercial ni la naturaleza de un futuro contrato; estamos intentando ocuparnos de una situación mucho más trascendental: el acceso a un derecho básico de las personas, como es el derecho a tener un techo. El gran debate que se dio en estos últimos meses en esta Cámara tiene que ver fundamentalmente con esto y es lo que esta iniciativa busca tutelar.
Estamos discutiendo un proyecto con el que hemos encontrado la posibilidad de generar un mejor acceso a ese derecho básico a la vivienda, al techo, y de darle previsibilidad en el tiempo.
Nosotros sabemos muy bien -y hemos escuchado de todas las partes- que siempre hay miedos del lado del propietario -a que le paguen el alquiler de manera justa y en tiempo y forma- pero, sobre todo, del lado del inquilino al no tener previsibilidad a la hora de enfrentar una situación de este tipo. Sabemos muy bien que no son pocas las familias que han tenido que trasladarse permanentemente durante toda la vida por no poder acceder a una lógica de contrato que les permitiera arraigarse en un barrio, con todo lo que esto significa en términos laborales y en términos de construcción de identidad para sus integrantes. Esas familias han tenido que dar vueltas como nómades por el simple hecho de no poder acceder a una casa propia o, como estamos hablando ahora, a un contrato justo de alquiler que les permitiera pensarse en un lugar para establecerse y desarrollar sus actividades.
Mi satisfacción tiene que ver con que de poder profundizarse y dictaminarse esta iniciativa legislativa, de alguna manera vamos a estar avanzando en dar esa previsibilidad, fundamentalmente para aquel que no tiene vivienda que es el que siempre está más desprotegido.
Más allá de que pueda sonar incómodo para algunos, les pido a todos que no solamente nos pongamos en el lugar de quien es dueño de una propiedad sino también en el lugar de quien alquila. Todos tenemos problemas y no hay dudas al respecto; pero no es lo mismo tener el problema de que la rentabilidad de un bien de mi propiedad no es la que quiero, que el de no saber dónde voy a vivir el mes que viene. Son valores estrictamente distintos.
Entonces, hoy llegué a esta reunión con una satisfacción muy grande por lo que puede llegar a concretarse, ya que estamos avanzando en esta lógica de previsibilidad para el conjunto de los actores que están alrededor del alquiler -sobre todo habitacional-, en pos de brindar mayores niveles de Justicia.
Ciertamente hemos tenido muchos debates en relación con este tema porque, obviamente, hay diferentes intereses. Creo que debemos poner esto sobre la mesa.
No es que no nos pusimos de acuerdo porque acá hay un grupo de caprichosos. Aquí hay confrontación de intereses y defensa de intereses. Algunos defendemos más un interés que otros y no me parece que esto tenga que molestar a nadie, sino que ante estos conflictos se toman posiciones y nos ha llevado un tiempo bastante largo llegar a este mínimo acuerdo.
Este es un piso que me parece interesante para retomar las discusiones necesarias, no solamente con respecto a los alquileres sino con un debate más amplio, integral, abarcativo, rico y necesario relacionado con el acceso a la vivienda propia de cada uno de los habitantes de la Argentina.
Me parece que ese es el objetivo central, el horizonte que debemos ponernos como Poder Legislativo: ver cómo hacemos para generar condiciones para que eso suceda y desde nuestra diversidad aportar las ideas para que así sea. En ese sentido, quería manifestar nuestra satisfacción.
Por otra parte, está circulando un proyecto, un dictamen que hay que modificar, en el que figuran algunas cosas que no van a resultar como definitivas.
Vamos a transmitir los últimos puntos de acuerdo a los que hemos llegado en el día de hoy. Básicamente eran tres los que quedaban sin resolver y, de alguna manera, los quiero poner en valor para que todos sepamos de lo que estamos hablando.
La primera cuestión en discusión era si, en función del volumen, había contratos de alquiler que estaban dentro de la ley y otros que no. Hemos decidido -y me gustaría que esta opinión sea ratificada para que no quede solo como mía- que no hay contratos por fuera de la ley, no hay límite en el valor del contrato y todos los contratos, para bien o para mal de cada una de las partes, están dentro de esta ley. Por lo tanto no hay límite ni de 500, ni de 1000, ni de 1500, ni de 2000 UVAS en términos del valor del contrato. Es decir, todos los alquileres habitacionales están en el marco de la normativa que hoy planteamos.
El segundo aspecto que estaba en discusión y que no figura en el dictamen, tiene que ver con el período de actualización de los alquileres. Nos habíamos puesto de acuerdo en cuál debía ser la fórmula, que no podía ser solo la inflación ni solo el salario e hicimos una que contemplaba ambas cuestiones. Es decir, una fórmula por salarios e inflación para que se puedan contemplar todas las necesidades.
Además, no estábamos de acuerdo en el período, y hemos logrado un acuerdo en el que esa actualización será cada año y no semestralmente, tal como lo manifestaron otras opiniones.
Y el último aspecto en el que nos hemos puesto de acuerdo es el referido a las garantías. La ley ofrece un menú de posibilidades como garantías, el inquilino tendrá que ofrecer dos de esas herramientas y el propietario elegirá una de ellas para que se genere la garantía.
Dicho esto, considero que hemos avanzado muchísimo en otras cosas que venían con acuerdo previo relacionadas con la durabilidad de los contratos, la cantidad de meses de depósito, de comisión y las formas de pago -se trata de avances que habíamos logrado en las reuniones anteriores.
Por lo tanto, es una gran alegría haber llegado a esta instancia, que podamos hoy salir de acá con un dictamen y que antes de fin de año logremos la aprobación de este proyecto para que, lo antes posible, pueda ser convertido en ley a fin de que a todos nos dé mayor previsibilidad y garantía.
En este sentido, estaremos contribuyendo a generar un clima que nos permita avanzar en mayores estándares de justicia social que, en definitiva, es lo que necesitamos para tener una Argentina cada vez más productiva, más integrada y en la que todos tengamos cada vez más derechos. Muchísimas gracias. (Aplausos.)
¿Por qué digo delicado? Porque hoy no estamos acá para regular una relación exclusivamente comercial ni la naturaleza de un futuro contrato; estamos intentando ocuparnos de una situación mucho más trascendental: el acceso a un derecho básico de las personas, como es el derecho a tener un techo. El gran debate que se dio en estos últimos meses en esta Cámara tiene que ver fundamentalmente con esto y es lo que esta iniciativa busca tutelar.
Estamos discutiendo un proyecto con el que hemos encontrado la posibilidad de generar un mejor acceso a ese derecho básico a la vivienda, al techo, y de darle previsibilidad en el tiempo.
Nosotros sabemos muy bien -y hemos escuchado de todas las partes- que siempre hay miedos del lado del propietario -a que le paguen el alquiler de manera justa y en tiempo y forma- pero, sobre todo, del lado del inquilino al no tener previsibilidad a la hora de enfrentar una situación de este tipo. Sabemos muy bien que no son pocas las familias que han tenido que trasladarse permanentemente durante toda la vida por no poder acceder a una lógica de contrato que les permitiera arraigarse en un barrio, con todo lo que esto significa en términos laborales y en términos de construcción de identidad para sus integrantes. Esas familias han tenido que dar vueltas como nómades por el simple hecho de no poder acceder a una casa propia o, como estamos hablando ahora, a un contrato justo de alquiler que les permitiera pensarse en un lugar para establecerse y desarrollar sus actividades.
Mi satisfacción tiene que ver con que de poder profundizarse y dictaminarse esta iniciativa legislativa, de alguna manera vamos a estar avanzando en dar esa previsibilidad, fundamentalmente para aquel que no tiene vivienda que es el que siempre está más desprotegido.
Más allá de que pueda sonar incómodo para algunos, les pido a todos que no solamente nos pongamos en el lugar de quien es dueño de una propiedad sino también en el lugar de quien alquila. Todos tenemos problemas y no hay dudas al respecto; pero no es lo mismo tener el problema de que la rentabilidad de un bien de mi propiedad no es la que quiero, que el de no saber dónde voy a vivir el mes que viene. Son valores estrictamente distintos.
Entonces, hoy llegué a esta reunión con una satisfacción muy grande por lo que puede llegar a concretarse, ya que estamos avanzando en esta lógica de previsibilidad para el conjunto de los actores que están alrededor del alquiler -sobre todo habitacional-, en pos de brindar mayores niveles de Justicia.
Ciertamente hemos tenido muchos debates en relación con este tema porque, obviamente, hay diferentes intereses. Creo que debemos poner esto sobre la mesa.
No es que no nos pusimos de acuerdo porque acá hay un grupo de caprichosos. Aquí hay confrontación de intereses y defensa de intereses. Algunos defendemos más un interés que otros y no me parece que esto tenga que molestar a nadie, sino que ante estos conflictos se toman posiciones y nos ha llevado un tiempo bastante largo llegar a este mínimo acuerdo.
Este es un piso que me parece interesante para retomar las discusiones necesarias, no solamente con respecto a los alquileres sino con un debate más amplio, integral, abarcativo, rico y necesario relacionado con el acceso a la vivienda propia de cada uno de los habitantes de la Argentina.
Me parece que ese es el objetivo central, el horizonte que debemos ponernos como Poder Legislativo: ver cómo hacemos para generar condiciones para que eso suceda y desde nuestra diversidad aportar las ideas para que así sea. En ese sentido, quería manifestar nuestra satisfacción.
Por otra parte, está circulando un proyecto, un dictamen que hay que modificar, en el que figuran algunas cosas que no van a resultar como definitivas.
Vamos a transmitir los últimos puntos de acuerdo a los que hemos llegado en el día de hoy. Básicamente eran tres los que quedaban sin resolver y, de alguna manera, los quiero poner en valor para que todos sepamos de lo que estamos hablando.
La primera cuestión en discusión era si, en función del volumen, había contratos de alquiler que estaban dentro de la ley y otros que no. Hemos decidido -y me gustaría que esta opinión sea ratificada para que no quede solo como mía- que no hay contratos por fuera de la ley, no hay límite en el valor del contrato y todos los contratos, para bien o para mal de cada una de las partes, están dentro de esta ley. Por lo tanto no hay límite ni de 500, ni de 1000, ni de 1500, ni de 2000 UVAS en términos del valor del contrato. Es decir, todos los alquileres habitacionales están en el marco de la normativa que hoy planteamos.
El segundo aspecto que estaba en discusión y que no figura en el dictamen, tiene que ver con el período de actualización de los alquileres. Nos habíamos puesto de acuerdo en cuál debía ser la fórmula, que no podía ser solo la inflación ni solo el salario e hicimos una que contemplaba ambas cuestiones. Es decir, una fórmula por salarios e inflación para que se puedan contemplar todas las necesidades.
Además, no estábamos de acuerdo en el período, y hemos logrado un acuerdo en el que esa actualización será cada año y no semestralmente, tal como lo manifestaron otras opiniones.
Y el último aspecto en el que nos hemos puesto de acuerdo es el referido a las garantías. La ley ofrece un menú de posibilidades como garantías, el inquilino tendrá que ofrecer dos de esas herramientas y el propietario elegirá una de ellas para que se genere la garantía.
Dicho esto, considero que hemos avanzado muchísimo en otras cosas que venían con acuerdo previo relacionadas con la durabilidad de los contratos, la cantidad de meses de depósito, de comisión y las formas de pago -se trata de avances que habíamos logrado en las reuniones anteriores.
Por lo tanto, es una gran alegría haber llegado a esta instancia, que podamos hoy salir de acá con un dictamen y que antes de fin de año logremos la aprobación de este proyecto para que, lo antes posible, pueda ser convertido en ley a fin de que a todos nos dé mayor previsibilidad y garantía.
En este sentido, estaremos contribuyendo a generar un clima que nos permita avanzar en mayores estándares de justicia social que, en definitiva, es lo que necesitamos para tener una Argentina cada vez más productiva, más integrada y en la que todos tengamos cada vez más derechos. Muchísimas gracias. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Gracias, señor diputado Grana.
Tiene la palabra la señora diputada Siley.
Tiene la palabra la señora diputada Siley.
SRA. SILEY Señor presidente: muchas gracias.
Quiero saludar especialmente a las asociaciones presentes, tanto de uno como de otro lado del mostrador, y dar un saludo particular de la Federación Nacional de Inquilinos, con quienes he trabajado desde el primer día que asumí en esta Cámara de Diputados.
Una de las principales causas que impulsamos fue el tratamiento de la sanción que había venido del Senado. Luego, una vez que el proyecto perdió estado parlamentario, elaboramos otro dictamen como para que el tema fuera tratado. Por último, después de casi tres años, nos encontramos hoy acá.
Me parece fundamental remarcar algunos aspectos referidos a los problemas de la vivienda y de los inquilinos, así como algunos temas relacionados con los institutos que se están tratando en esta comisión.
En primer lugar, como dijo Gervasio, estamos abordando estos temas para resolver los problemas que tienen -o que tenemos, porque yo también soy inquilina- 9 millones de ciudadanos y ciudadanas argentinos. Es un problema no solamente de derecho al acceso a la vivienda, como dice el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, sino de derecho de acceso a la vivienda digna. Ese es el fundamento de nuestra regulación y de los planteos de los institutos que se intentan regular en esta ley.
No se trata solamente del acceso a la vivienda sino a la vivienda digna. Es en nuestra vivienda, nuestra casa, nuestro hogar, donde desarrollamos las principales actividades de nuestra vida y la de nuestras familias. Allí, además, es donde se construyen los primigenios valores sociales. No por casualidad el constituyente estableció que este deber de acceso a la vivienda digna lo porta como obligación el Estado. El Congreso de la Nación, el Poder Legislativo, es el Estado, porque es uno de sus tres poderes. Este poder, entonces, estaría cumpliendo por fin, después de tantos años, con la obligación de por lo menos establecer una regulación que acerque más el acceso a la vivienda digna a 9 millones de ciudadanos y ciudadanas argentinos.
Me parece importante enfatizar sobre esto que considero que es el fondo de la cuestión. Lo que estamos regulando en el día de la fecha no es cualquier aspecto ni cualquier derecho: es uno de los derechos fundamentales. Es en el hogar donde se construyen los principales valores de nuestra sociedad.
En ese sentido, en materia de locación, dos de los problemas que actualmente impiden el acceso a la vivienda digna son, como se dijo acá, la dolarización del mercado inmobiliario y la concentración del mercado. Esto lo digo independientemente de los propietarios particulares. Para nada hay que agraviar a un propietario por tener una o dos viviendas en locación. El tema no pasa por ahí. Pasa por la concentración del mercado, sin personalizar en los propietarios.
El problema en nuestro país es estructural. Si no lo regulamos, si no lo pensamos bien, si no volvemos a la pesificación, etcétera, vamos a tener mayores problemas de acceso a la vivienda y mayores problemas de concentración del mercado a futuro. Obviamente, como ustedes saben, toda concentración en cualquier actividad económica implica abusos, especulaciones y usuras, no solamente en lo que atañe a la actividad puntual -en este caso la actividad inmobiliaria-, sino a las corridas bancarias, el precio del dólar y tantas otras cosas de ese estilo.
Considero que hay algunos institutos que se están regulando aquí que son para celebrar: el plazo de tres años -se incrementa un año-, el ajuste anual -algo fundamental- y la inscripción en la AFIP, también fundamental porque en un momento se había discutido que había que inscribir los contratos en el Registro de la Propiedad Inmueble, confundiendo con el derecho real al contrato de locación. No se trata de un derecho real y por lo tanto, no hay que inscribir la propiedad inmueble, pero sí debe ser declarado ante la Agencia Federal Impositiva porque de lo contrario sigue la concentración y dolarización del mercado sin tener una regulación estatal.
Además, la garantía es uno de los principales problemas para acceder a un alquiler. El hecho de que se ofrezca una opción variada de garantías y que tenga que ser aceptada por el propietario, no saben la cantidad de problemas enormes que soluciona a tantos inquilinos e inquilinas en la Argentina.
Por último, me parece muy importante que el ajuste se haga por un equilibrio entre precios y salarios, costo de vida y sueldos, o el que se establecerá del RIPTE más el IPC.
Creo que estos institutos, que se estarían mejorando en beneficio de la parte más débil de la relación contractual, posibilitarán un gran avance como sociedad, harán cumplir el deber del Estado de permitir el acceso a la vivienda digna, y aliviarán a muchos argentinos y argentinas en este enorme trauma que muchas veces es llegar a fin de mes para pagar el alquiler, pero también para comer, vestirse, educar y generar valores. Muchas gracias. (Aplausos.)
Quiero saludar especialmente a las asociaciones presentes, tanto de uno como de otro lado del mostrador, y dar un saludo particular de la Federación Nacional de Inquilinos, con quienes he trabajado desde el primer día que asumí en esta Cámara de Diputados.
Una de las principales causas que impulsamos fue el tratamiento de la sanción que había venido del Senado. Luego, una vez que el proyecto perdió estado parlamentario, elaboramos otro dictamen como para que el tema fuera tratado. Por último, después de casi tres años, nos encontramos hoy acá.
Me parece fundamental remarcar algunos aspectos referidos a los problemas de la vivienda y de los inquilinos, así como algunos temas relacionados con los institutos que se están tratando en esta comisión.
En primer lugar, como dijo Gervasio, estamos abordando estos temas para resolver los problemas que tienen -o que tenemos, porque yo también soy inquilina- 9 millones de ciudadanos y ciudadanas argentinos. Es un problema no solamente de derecho al acceso a la vivienda, como dice el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, sino de derecho de acceso a la vivienda digna. Ese es el fundamento de nuestra regulación y de los planteos de los institutos que se intentan regular en esta ley.
No se trata solamente del acceso a la vivienda sino a la vivienda digna. Es en nuestra vivienda, nuestra casa, nuestro hogar, donde desarrollamos las principales actividades de nuestra vida y la de nuestras familias. Allí, además, es donde se construyen los primigenios valores sociales. No por casualidad el constituyente estableció que este deber de acceso a la vivienda digna lo porta como obligación el Estado. El Congreso de la Nación, el Poder Legislativo, es el Estado, porque es uno de sus tres poderes. Este poder, entonces, estaría cumpliendo por fin, después de tantos años, con la obligación de por lo menos establecer una regulación que acerque más el acceso a la vivienda digna a 9 millones de ciudadanos y ciudadanas argentinos.
Me parece importante enfatizar sobre esto que considero que es el fondo de la cuestión. Lo que estamos regulando en el día de la fecha no es cualquier aspecto ni cualquier derecho: es uno de los derechos fundamentales. Es en el hogar donde se construyen los principales valores de nuestra sociedad.
En ese sentido, en materia de locación, dos de los problemas que actualmente impiden el acceso a la vivienda digna son, como se dijo acá, la dolarización del mercado inmobiliario y la concentración del mercado. Esto lo digo independientemente de los propietarios particulares. Para nada hay que agraviar a un propietario por tener una o dos viviendas en locación. El tema no pasa por ahí. Pasa por la concentración del mercado, sin personalizar en los propietarios.
El problema en nuestro país es estructural. Si no lo regulamos, si no lo pensamos bien, si no volvemos a la pesificación, etcétera, vamos a tener mayores problemas de acceso a la vivienda y mayores problemas de concentración del mercado a futuro. Obviamente, como ustedes saben, toda concentración en cualquier actividad económica implica abusos, especulaciones y usuras, no solamente en lo que atañe a la actividad puntual -en este caso la actividad inmobiliaria-, sino a las corridas bancarias, el precio del dólar y tantas otras cosas de ese estilo.
Considero que hay algunos institutos que se están regulando aquí que son para celebrar: el plazo de tres años -se incrementa un año-, el ajuste anual -algo fundamental- y la inscripción en la AFIP, también fundamental porque en un momento se había discutido que había que inscribir los contratos en el Registro de la Propiedad Inmueble, confundiendo con el derecho real al contrato de locación. No se trata de un derecho real y por lo tanto, no hay que inscribir la propiedad inmueble, pero sí debe ser declarado ante la Agencia Federal Impositiva porque de lo contrario sigue la concentración y dolarización del mercado sin tener una regulación estatal.
Además, la garantía es uno de los principales problemas para acceder a un alquiler. El hecho de que se ofrezca una opción variada de garantías y que tenga que ser aceptada por el propietario, no saben la cantidad de problemas enormes que soluciona a tantos inquilinos e inquilinas en la Argentina.
Por último, me parece muy importante que el ajuste se haga por un equilibrio entre precios y salarios, costo de vida y sueldos, o el que se establecerá del RIPTE más el IPC.
Creo que estos institutos, que se estarían mejorando en beneficio de la parte más débil de la relación contractual, posibilitarán un gran avance como sociedad, harán cumplir el deber del Estado de permitir el acceso a la vivienda digna, y aliviarán a muchos argentinos y argentinas en este enorme trauma que muchas veces es llegar a fin de mes para pagar el alquiler, pero también para comer, vestirse, educar y generar valores. Muchas gracias. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Gracias, señora diputada.
Tiene la palabra la señora diputada Del Plá.
Tiene la palabra la señora diputada Del Plá.
SRA. DEL PLÁ Señor presidente: yo no formo parte de la comisión pero me parece fundamental venir a fijar la posición del Partido Obrero y del Frente de Izquierda porque este tema es absolutamente clave.
Estamos en presencia de una crisis habitacional que atraviesa nuestro país de Norte a Sur y de Este a Oeste. Es muy claro que la crisis habitacional no solo alcanza a la dificultad para el pago del alquiler sino que esto se extiende también a aquellos que han entrado en la trampa de los créditos UVA -aquí se los ha defendido pero realmente son un escándalo.
La situación de quienes han ingresado en los créditos UVA es desesperante y se extiende a todos aquellos que no han podido ser propietarios, eran inquilinos y frente a la desocupación y despidos en masa tampoco pudieron seguir siendo inquilinos de una vivienda y han pasado a inquilinatos, villas, alquileres en villas y luego a asentamientos precarios. Por lo tanto, la situación termina derivando en el desarrollo de asentamientos precarios que he visto en distintas provincias, incluso donde esto no era una cuestión habitual.
Por eso digo que estamos frente a una crisis habitacional de proporciones y que, aunque se termine de tratar este proyecto y se apruebe, no deja de ser una aspirina frente a una epidemia.
Vamos a acompañar todo aquello que sea progresivo y un alivio para los inquilinos, pero queremos poner el eje en que estamos frente a una situación que está en las antípodas de la estabilidad. Nos encontramos ante a una crisis capitalista brutal que en la Argentina lleva a un incremento de la desocupación en forma diaria y a una pérdida absolutamente brutal de poder adquisitivo de los salarios que termina afectando a todos.
También, por supuesto, esto afecta a aquel trabajador que a lo largo de su vida ha adquirido una o dos propiedades a fin de reasegurarse frente a las jubilaciones espantosas. Hay que tratar diferente a ese pequeño propietario; debería eximírselo de una enorme cantidad de cargas impositivas de los especuladores financieros, que son los que están apropiándose de las tierras. Ahora, por ejemplo, estos han obtenido una cantidad de tierras de la AABE en lugares muy importantes que el Estado les ha vendido no para vivienda popular sino para especulación financiera.
Por eso, nosotros planteamos que debe ponerse en primer lugar la situación de la población trabajadora. Es necesario contar con un plan de vivienda popular ya que ese constituye uno de los temas centrales a resolver.
En ese sentido, nos parece que tiene que haber un verdadero plan de emergencia. En primer lugar, este Congreso debería emitir una resolución que además de prohibir suspensiones y despidos, frene los desalojos cuando los inquilinos no pueden pagar el alquiler como consecuencia de haberse quedado sin trabajo.
Está claro que esta situación no se resuelve castigando al garante; en efecto, es el resultado de un cuadro económico más general. A nadie le gusta no poder pagar el alquiler, a nadie le gusta que lo despidan de su trabajo pero, como hemos visto, los índices de desocupación no paran de crecer.
Por otro lado, el valor del alquiler no puede ser superior a un cierto porcentaje del salario. Hoy las estadísticas muestran que en algunos casos el alquiler supera el 50 por ciento de los ingresos. Esto es el resultado de la especulación inmobiliaria y de este proceso de confiscación de los sectores que menos tienen.
Asimismo, me parece importante decir que el alquiler no debería indexarse semestralmente sino que es correcto prever una indexación anual. Por otro lado, el único índice que se podría aplicar sería el de variación salarial; de lo contrario, difícilmente los asalariados podrían sostenerlo en el largo plazo.
Por último, quiero referirme a los jubilados que cobran el haber mínimo y alquilan. Pienso que este tema debe ser especialmente abordado porque, efectivamente, en ciudades que tienen una cantidad importantísima de viviendas ociosas -justamente como resultado de la especulación- hay una parte de la población que ha trabajado toda su vida, pero que a raíz del robo sistemático de las jubilaciones hoy difícilmente puede afrontar el valor de los alquileres. Debe establecerse un mecanismo especial -por ejemplo, el comodato de algunas viviendas ociosas- que evite esta situación de verdadera masacre social que estamos viviendo.
Hoy muchos han hablado del nuevo gobierno. En ese sentido, quiero decir que en el caso de que se siga profundizando esta crisis capitalista de conjunto que azota a toda Latinoamérica, vamos a tener que aplicar medidas como la que estoy proponiendo en lugar de una ley paliativa como la que estamos debatiendo hoy.
Por supuesto que acompañamos este proyecto en aquellos aspectos que son progresivos, pero dudamos que ayude a resolver en conjunto esta crisis habitacional que están viviendo los trabajadores de nuestro país.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
Estamos en presencia de una crisis habitacional que atraviesa nuestro país de Norte a Sur y de Este a Oeste. Es muy claro que la crisis habitacional no solo alcanza a la dificultad para el pago del alquiler sino que esto se extiende también a aquellos que han entrado en la trampa de los créditos UVA -aquí se los ha defendido pero realmente son un escándalo.
La situación de quienes han ingresado en los créditos UVA es desesperante y se extiende a todos aquellos que no han podido ser propietarios, eran inquilinos y frente a la desocupación y despidos en masa tampoco pudieron seguir siendo inquilinos de una vivienda y han pasado a inquilinatos, villas, alquileres en villas y luego a asentamientos precarios. Por lo tanto, la situación termina derivando en el desarrollo de asentamientos precarios que he visto en distintas provincias, incluso donde esto no era una cuestión habitual.
Por eso digo que estamos frente a una crisis habitacional de proporciones y que, aunque se termine de tratar este proyecto y se apruebe, no deja de ser una aspirina frente a una epidemia.
Vamos a acompañar todo aquello que sea progresivo y un alivio para los inquilinos, pero queremos poner el eje en que estamos frente a una situación que está en las antípodas de la estabilidad. Nos encontramos ante a una crisis capitalista brutal que en la Argentina lleva a un incremento de la desocupación en forma diaria y a una pérdida absolutamente brutal de poder adquisitivo de los salarios que termina afectando a todos.
También, por supuesto, esto afecta a aquel trabajador que a lo largo de su vida ha adquirido una o dos propiedades a fin de reasegurarse frente a las jubilaciones espantosas. Hay que tratar diferente a ese pequeño propietario; debería eximírselo de una enorme cantidad de cargas impositivas de los especuladores financieros, que son los que están apropiándose de las tierras. Ahora, por ejemplo, estos han obtenido una cantidad de tierras de la AABE en lugares muy importantes que el Estado les ha vendido no para vivienda popular sino para especulación financiera.
Por eso, nosotros planteamos que debe ponerse en primer lugar la situación de la población trabajadora. Es necesario contar con un plan de vivienda popular ya que ese constituye uno de los temas centrales a resolver.
En ese sentido, nos parece que tiene que haber un verdadero plan de emergencia. En primer lugar, este Congreso debería emitir una resolución que además de prohibir suspensiones y despidos, frene los desalojos cuando los inquilinos no pueden pagar el alquiler como consecuencia de haberse quedado sin trabajo.
Está claro que esta situación no se resuelve castigando al garante; en efecto, es el resultado de un cuadro económico más general. A nadie le gusta no poder pagar el alquiler, a nadie le gusta que lo despidan de su trabajo pero, como hemos visto, los índices de desocupación no paran de crecer.
Por otro lado, el valor del alquiler no puede ser superior a un cierto porcentaje del salario. Hoy las estadísticas muestran que en algunos casos el alquiler supera el 50 por ciento de los ingresos. Esto es el resultado de la especulación inmobiliaria y de este proceso de confiscación de los sectores que menos tienen.
Asimismo, me parece importante decir que el alquiler no debería indexarse semestralmente sino que es correcto prever una indexación anual. Por otro lado, el único índice que se podría aplicar sería el de variación salarial; de lo contrario, difícilmente los asalariados podrían sostenerlo en el largo plazo.
Por último, quiero referirme a los jubilados que cobran el haber mínimo y alquilan. Pienso que este tema debe ser especialmente abordado porque, efectivamente, en ciudades que tienen una cantidad importantísima de viviendas ociosas -justamente como resultado de la especulación- hay una parte de la población que ha trabajado toda su vida, pero que a raíz del robo sistemático de las jubilaciones hoy difícilmente puede afrontar el valor de los alquileres. Debe establecerse un mecanismo especial -por ejemplo, el comodato de algunas viviendas ociosas- que evite esta situación de verdadera masacre social que estamos viviendo.
Hoy muchos han hablado del nuevo gobierno. En ese sentido, quiero decir que en el caso de que se siga profundizando esta crisis capitalista de conjunto que azota a toda Latinoamérica, vamos a tener que aplicar medidas como la que estoy proponiendo en lugar de una ley paliativa como la que estamos debatiendo hoy.
Por supuesto que acompañamos este proyecto en aquellos aspectos que son progresivos, pero dudamos que ayude a resolver en conjunto esta crisis habitacional que están viviendo los trabajadores de nuestro país.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Tiene la palabra el diputado Pablo Tonelli.
SR. TONELLI Señor presidente: en esta materia sobre locaciones urbanas -especialmente en las destinadas a vivienda-, el punto más difícil siempre ha sido el equilibrio; es decir, encontrar un punto de equilibrio que resguarde los derechos de los inquilinos sin menoscabar los derechos de los propietarios. En efecto, sabemos -y la experiencia nos lo demuestra- que cuando se exagera en la supuesta y pretendida protección de los inquilinos, suele retraerse la oferta inmobiliaria ya que los propietarios optan por otro tipo de utilización de sus inmuebles.
A su vez, cuando se exagera en la concesión de libertad o de derechos a los propietarios, quienes sufren y padecen son los inquilinos. De modo que lo esencial de este tipo de proyecto de ley es encontrar un punto de equilibrio que resguarde a ambas partes y permita el desarrollo normal de un mercado inmobiliario.
En ese sentido, creo que el proyecto al que finalmente se ha llegado -después de tantas conversaciones y discusiones- es una iniciativa razonablemente equilibrada que introduce algunas soluciones adecuadas que considero justas para los inquilinos, que suelen ser la parte más débil en el contrato.
Sin embargo, un punto que me preocupa -y que casualmente es al que se han referido algunos diputados preopinantes- es el de la actualización del valor del canon locativo que, tal como viene el proyecto, iba a ser una actualización semestral y ahora pasamos a que sea anual.
Me parece que en el contexto de inflación en el que la Argentina se desenvuelve desde hace ya muchas décadas la actualización anual, sobre todo cuando además se prevé un índice obligatorio para el aumento del valor locativo, va a conspirar contra la oferta de viviendas y va a producir un efecto contrario al que buscamos, que será el de retraer la oferta.
En ese sentido quiero formular dos propuestas. La primera, es que volvamos al proyecto tal como estaba redactado y se prevea una actualización semestral, para evitar desalentar a los propietarios a que pongan en alquiler sus viviendas. Y la segunda, sería importante dejar abierta la posibilidad de que ambas partes, si se ponen de acuerdo, establezcan un índice de actualización distinto del que prevé el proyecto.
Las realidades no son todas iguales a lo largo y ancho de nuestro país, muchas veces por las actividades que desarrollan tanto inquilinos como propietarios o por la zona en la que se encuentran las viviendas puestas en alquiler, puede resultar más conveniente otro índice de actualización distinto del que prevé el proyecto.
Estoy de acuerdo con que haya un índice como el que prevé el proyecto que rija a falta de acuerdo entre inquilino y propietario o entre locador y locatario. Sin embargo, si ambos se ponen de acuerdo en un índice que a los dos les resulte más conveniente y apropiado, sería bueno que exista esa posibilidad de respetar la autonomía de la voluntad.
Por último, quiero plantear otro tema un poco al margen del proyecto de ley, que es el siguiente: más allá de las buenas intenciones y buenas soluciones que en muchos de sus aspectos contempla el proyecto, no me parece que sea la solución definitiva al problema de las locaciones urbanas destinadas a vivienda-habitación. Creo que nos está faltando, y eso debería ser tratamiento de un proyecto por separado, una ley de estímulo a la oferta de viviendas para alquilar.
En mi opinión, ese estímulo, tal como enseña la experiencia del resto del mundo, pasa fundamentalmente por la cuestión impositiva. Por lo tanto, me parece que deberíamos pensar seriamente en estimular desde el punto de vista impositivo -con beneficios impositivos, para decirlo claramente- la construcción de viviendas y también el alquiler o la locación de viviendas, desgravándolas hasta donde sea posible para aumentar la oferta. (Aplausos.)
En la medida que aumente la oferta de viviendas en alquiler, sin duda la situación será más fácil y más llevadera para los locatarios y para los inquilinos, quienes tendrán más opciones a disposición para concretar el alquiler. Pero esta es una idea que en todo caso deberíamos analizar y considerar por separado.
Respecto del proyecto, dejo planteada la objeción que acabo de explicar en relación con la actualización de los valores. (Aplausos.)
A su vez, cuando se exagera en la concesión de libertad o de derechos a los propietarios, quienes sufren y padecen son los inquilinos. De modo que lo esencial de este tipo de proyecto de ley es encontrar un punto de equilibrio que resguarde a ambas partes y permita el desarrollo normal de un mercado inmobiliario.
En ese sentido, creo que el proyecto al que finalmente se ha llegado -después de tantas conversaciones y discusiones- es una iniciativa razonablemente equilibrada que introduce algunas soluciones adecuadas que considero justas para los inquilinos, que suelen ser la parte más débil en el contrato.
Sin embargo, un punto que me preocupa -y que casualmente es al que se han referido algunos diputados preopinantes- es el de la actualización del valor del canon locativo que, tal como viene el proyecto, iba a ser una actualización semestral y ahora pasamos a que sea anual.
Me parece que en el contexto de inflación en el que la Argentina se desenvuelve desde hace ya muchas décadas la actualización anual, sobre todo cuando además se prevé un índice obligatorio para el aumento del valor locativo, va a conspirar contra la oferta de viviendas y va a producir un efecto contrario al que buscamos, que será el de retraer la oferta.
En ese sentido quiero formular dos propuestas. La primera, es que volvamos al proyecto tal como estaba redactado y se prevea una actualización semestral, para evitar desalentar a los propietarios a que pongan en alquiler sus viviendas. Y la segunda, sería importante dejar abierta la posibilidad de que ambas partes, si se ponen de acuerdo, establezcan un índice de actualización distinto del que prevé el proyecto.
Las realidades no son todas iguales a lo largo y ancho de nuestro país, muchas veces por las actividades que desarrollan tanto inquilinos como propietarios o por la zona en la que se encuentran las viviendas puestas en alquiler, puede resultar más conveniente otro índice de actualización distinto del que prevé el proyecto.
Estoy de acuerdo con que haya un índice como el que prevé el proyecto que rija a falta de acuerdo entre inquilino y propietario o entre locador y locatario. Sin embargo, si ambos se ponen de acuerdo en un índice que a los dos les resulte más conveniente y apropiado, sería bueno que exista esa posibilidad de respetar la autonomía de la voluntad.
Por último, quiero plantear otro tema un poco al margen del proyecto de ley, que es el siguiente: más allá de las buenas intenciones y buenas soluciones que en muchos de sus aspectos contempla el proyecto, no me parece que sea la solución definitiva al problema de las locaciones urbanas destinadas a vivienda-habitación. Creo que nos está faltando, y eso debería ser tratamiento de un proyecto por separado, una ley de estímulo a la oferta de viviendas para alquilar.
En mi opinión, ese estímulo, tal como enseña la experiencia del resto del mundo, pasa fundamentalmente por la cuestión impositiva. Por lo tanto, me parece que deberíamos pensar seriamente en estimular desde el punto de vista impositivo -con beneficios impositivos, para decirlo claramente- la construcción de viviendas y también el alquiler o la locación de viviendas, desgravándolas hasta donde sea posible para aumentar la oferta. (Aplausos.)
En la medida que aumente la oferta de viviendas en alquiler, sin duda la situación será más fácil y más llevadera para los locatarios y para los inquilinos, quienes tendrán más opciones a disposición para concretar el alquiler. Pero esta es una idea que en todo caso deberíamos analizar y considerar por separado.
Respecto del proyecto, dejo planteada la objeción que acabo de explicar en relación con la actualización de los valores. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Tiene la palabra la señora diputada Horne.
SRA. HORNE Señor presidente: en primer lugar, no formo parte de la comisión, motivo por el cual agradezco la invitación y que me hayan dado la posibilidad de expresarme. Yo soy autora y coautora de varios proyectos de ley.
Quería resaltar la insistencia que ha tenido el presidente Daniel Lipovetzky al convocar a esta reunión y volver a traer este tema a debate, tanto por la complejidad que tiene en sí mismo como por la complejidad que presenta el momento que estamos viviendo. Lo quiero rescatar más allá de la certeza de que podamos aprobar el proyecto y como metodología válida para poder tener un proceso de debate.
Quiero felicitar a las cámaras inmobiliarias aquí presentes. También felicito a los inquilinos, que militan por este derecho hace mucho tiempo. Lo importante de la cuestión es haber podido encontrar un piso común, una posibilidad de debatir racionalmente, quizás no resolviendo del todo la cuestión, pero sí planteándonos la necesidad de avanzar en estos niveles de acuerdo.
Además, creo que este es el signo de lo que viene. Independientemente de lo que ocurra en los próximos días, esta metodología de sentarnos a una mesa y revisar posiciones es el signo de lo que viene. Me alegro mucho por eso.
En lo particular, me puse a revisar diferentes proyectos que presenté desde el principio. Algunos son individuales, otros fueron redactados con compañeros de mi bloque y otros fueron acompañados por el presidente del interbloque Red por Argentina, Felipe Solá. En todos ellos hemos hecho planteos diversos. Quizás muchos de ellos no estén contenidos ni en el dictamen de mayoría de la última reunión de plenario de comisiones, ni tampoco en los acuerdos mínimos aquí logrados. En tal sentido, quiero reafirmar algunos elementos a tener en cuenta para el dictamen que va a surgir del acuerdo que hoy tenemos.
Tengo anotado en mi cuaderno que hay 7.521 personas que duermen en las calles de Buenos Aires. Esto es alarmante. No hace falta ninguna explicación, solo recordar la cifra.
También quiero mencionar que en mi provincia no hay gente durmiendo en la calle. Quizás porque todavía tenemos menos de un habitante por kilómetro cuadrado, y si bien el acceso a la tierra, a la vivienda y a los alquileres también es muy complicado, se resuelve de otra manera. Por ejemplo, estableciendo carpas en terrenos que aún no han sido loteados, o bien con construcciones absolutamente precarias para poder dejar de pagar el alquiler, que se vuelve impagable e inaccesible.
Por lo tanto, una regulación estatal tiene que ser la única manera de evitar posiciones abusivas -que desde ya existen- en las relaciones entre el inquilino y el propietario.
Quiero rescatar los acuerdos a los que hoy estamos arribando.
Acordamos establecer que los contratos tengan un plazo de tres años y que los depósitos no excedan el valor de un mes de alquiler. Por supuesto, considero que la actualización deberá ser a valores reales que no solo tengan en cuenta al propietario sino también al inquilino ‒de aquí que sea válida esta mezcla de índices entre los precios al consumidor y el aumento salarial‒.
Creo que la indexación tendría que ser anual. Estimo que podríamos establecer un acuerdo en ese sentido.
Por su parte, existen algunos elementos que debieran dejarse en claro, por ejemplo, que el pago debe ser siempre en la moneda de curso legal y que debe existir el principio de no discriminación.
En otras reuniones de comisión se ha planteado lo indignante que es para las mujeres la prohibición de alquilar con niños; en este sentido, debiera regir en la ley un principio de derechos humanos.
Por supuesto, la ley debiera también incluir principios universales que impidan que se ponga al sujeto como excepción. El contrato de alquiler es un mecanismo por el cual se resuelven problemas de las personas, tanto el acceso al techo en forma transitoria como la percepción de una renta por parte del propietario; por lo tanto, debe abarcar a todo el universo de inquilinos y propietarios, al menos en el aspecto habitacional.
Si bien hay muchos otros temas que considerar, quisiera que nos centremos en estos, que son los centrales para el acuerdo y el debate. Creo que podemos subordinar los aspectos de los proyectos de ley anteriores a estos puntos de acuerdo. (Aplausos.)
Quería resaltar la insistencia que ha tenido el presidente Daniel Lipovetzky al convocar a esta reunión y volver a traer este tema a debate, tanto por la complejidad que tiene en sí mismo como por la complejidad que presenta el momento que estamos viviendo. Lo quiero rescatar más allá de la certeza de que podamos aprobar el proyecto y como metodología válida para poder tener un proceso de debate.
Quiero felicitar a las cámaras inmobiliarias aquí presentes. También felicito a los inquilinos, que militan por este derecho hace mucho tiempo. Lo importante de la cuestión es haber podido encontrar un piso común, una posibilidad de debatir racionalmente, quizás no resolviendo del todo la cuestión, pero sí planteándonos la necesidad de avanzar en estos niveles de acuerdo.
Además, creo que este es el signo de lo que viene. Independientemente de lo que ocurra en los próximos días, esta metodología de sentarnos a una mesa y revisar posiciones es el signo de lo que viene. Me alegro mucho por eso.
En lo particular, me puse a revisar diferentes proyectos que presenté desde el principio. Algunos son individuales, otros fueron redactados con compañeros de mi bloque y otros fueron acompañados por el presidente del interbloque Red por Argentina, Felipe Solá. En todos ellos hemos hecho planteos diversos. Quizás muchos de ellos no estén contenidos ni en el dictamen de mayoría de la última reunión de plenario de comisiones, ni tampoco en los acuerdos mínimos aquí logrados. En tal sentido, quiero reafirmar algunos elementos a tener en cuenta para el dictamen que va a surgir del acuerdo que hoy tenemos.
Tengo anotado en mi cuaderno que hay 7.521 personas que duermen en las calles de Buenos Aires. Esto es alarmante. No hace falta ninguna explicación, solo recordar la cifra.
También quiero mencionar que en mi provincia no hay gente durmiendo en la calle. Quizás porque todavía tenemos menos de un habitante por kilómetro cuadrado, y si bien el acceso a la tierra, a la vivienda y a los alquileres también es muy complicado, se resuelve de otra manera. Por ejemplo, estableciendo carpas en terrenos que aún no han sido loteados, o bien con construcciones absolutamente precarias para poder dejar de pagar el alquiler, que se vuelve impagable e inaccesible.
Por lo tanto, una regulación estatal tiene que ser la única manera de evitar posiciones abusivas -que desde ya existen- en las relaciones entre el inquilino y el propietario.
Quiero rescatar los acuerdos a los que hoy estamos arribando.
Acordamos establecer que los contratos tengan un plazo de tres años y que los depósitos no excedan el valor de un mes de alquiler. Por supuesto, considero que la actualización deberá ser a valores reales que no solo tengan en cuenta al propietario sino también al inquilino ‒de aquí que sea válida esta mezcla de índices entre los precios al consumidor y el aumento salarial‒.
Creo que la indexación tendría que ser anual. Estimo que podríamos establecer un acuerdo en ese sentido.
Por su parte, existen algunos elementos que debieran dejarse en claro, por ejemplo, que el pago debe ser siempre en la moneda de curso legal y que debe existir el principio de no discriminación.
En otras reuniones de comisión se ha planteado lo indignante que es para las mujeres la prohibición de alquilar con niños; en este sentido, debiera regir en la ley un principio de derechos humanos.
Por supuesto, la ley debiera también incluir principios universales que impidan que se ponga al sujeto como excepción. El contrato de alquiler es un mecanismo por el cual se resuelven problemas de las personas, tanto el acceso al techo en forma transitoria como la percepción de una renta por parte del propietario; por lo tanto, debe abarcar a todo el universo de inquilinos y propietarios, al menos en el aspecto habitacional.
Si bien hay muchos otros temas que considerar, quisiera que nos centremos en estos, que son los centrales para el acuerdo y el debate. Creo que podemos subordinar los aspectos de los proyectos de ley anteriores a estos puntos de acuerdo. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Tiene la palabra el señor diputado Brügge.
SR. BRÜGGE Señor presidente: celebro, al igual que los diputados preopinantes, la posibilidad de que estemos avanzando en este proyecto de ley, tan necesario en estos días frente a la evolución de los precios, la inflación, pero no debemos perder de vista ‒como ya se ha dicho aquí‒ que estamos hablando del acceso a la vivienda, tema que, como sabemos, ha venido fracasando por la macroeconomía, por la inflación y por las distintas situaciones del interior del interior.
En nuestro país, todos los planes para la vivienda propia, ese gran anhelo que prescribe la Constitución Nacional, se hace un poco realidad al alquilar.
He sido inquilino hasta hace poco tiempo, por lo que conozco perfectamente cuáles son los bemoles. La realidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene una lógica que no es a veces la del interior del país. En muchos casos, en el interior del interior campea la informalidad en lo que a recibos y garantías respecta. Hay publicaciones periódicas que ofrecen garantías para que las personas que no pueden acceder a un alquiler se presenten ante un especulador que les ofrece un bien a fin de cobrar una parte de dinero por ese ese servicio y después, al final, no se sabe bien quién es verdaderamente el propietario de la garantía.
Celebro entonces que se den las opciones de la garantía, que es el punto medular en todo contrato de alquiler cuando se trata de garantizar el pago de las expensas y el alquiler y, por supuesto, el legítimo derecho del propietario de saber qué va a pasar con su propiedad.
Como bien señalaron muchos diputados aquí, es necesario buscar un equilibrio, lo que constitucionalmente podemos hacer. Nuestra Constitución permite avanzar más en situaciones de crisis en el proyecto de ley que estamos analizando.
También debo reconocer que hay puntos que no pertenecen a la esfera de competencia del Congreso de la Nación, como bien se ha señalado aquí; por ejemplo, lo relativo al corretaje y a las comisiones profesionales, tema que corresponde a las provincias.
No hay ningún tipo de duda en ese sentido; el artículo 125 de la Constitución Nacional es muy claro y ya lo hemos dicho anteriormente en esta comisión cuando el tema se puso en el tapete. En un sistema capitalista o pseudocapitalista -como lo queramos llamar- con economía de mercado, está permitido que el Estado intervenga para preservar intereses superiores.
En el tema que estamos debatiendo no solo hay una cuestión contractual privada sino que también hay intereses superiores que están dados por el acceso a la vivienda.
Por ejemplo, señor presidente, el 17 de octubre pasado el Estado Federado de Berlín dictó una normativa por la que se congelan los precios de los alquileres por cinco años. Estamos hablando de Alemania, un sistema capitalista con economía de mercado. Por supuesto que nosotros no somos Alemania, no tenemos su economía estable ni tampoco los problemas que tienen los alemanes. (Aplausos.)
En virtud de lo expuesto, entiendo que si bien se deben hacer algunas correcciones, este proyecto significa un gran avance. Escuché atentamente a los representantes de las distintas cámaras aquí presentes y a los diputados y las diputadas preopinantes y me entraron algunas dudas relacionadas con la realidad en el interior del país.
Mi primera duda está vinculada con lo que planteó recién el diputado Tonelli. En un Estado con una economía inflacionaria hacer una actualización anual podría generar algún tipo de desequilibrio. Además, me preocupa el índice que se pretende aplicar. ¿Es quizás un UVA encubierto? Hay que tener cuidado porque ya tenemos experiencia con el índice UVA; de hecho, he presentado proyectos de ley por los que propongo la revisión de los índices aplicables.
La verdad del bolsillo de los argentinos está en lo que reciben, no en números abstractos ni fórmulas imaginarias. Si no, pregúntenle a quienes están pagando un plan de autoahorro o un crédito UVA. Por eso, nosotros proponemos que la actualización de los alquileres sea semestral pero utilizando un índice salarial, a fin de tener en cuenta lo que realmente entra en el bolsillo de los argentinos y que constituye su verdadera capacidad de pago.
En efecto, debe tratarse de que el alquiler se pueda pagar, no de equilibrar cuentas ni de dejar que entren en mora los inquilinos para poder lucrar luego con el negocio de los juicios. He visto esta gran especulación en el ejercicio de mi profesión de abogado.
Entonces, queremos que haya un equilibrio pero también queremos que el acceso a la vivienda sea garantizado en esa línea.
Otro aspecto que nos llamó a la reflexión con los compañeros de Argentina Federal es el tema de los jubilados. Es cierto, a los jubilados les cuesta muchísimo más acceder a la vivienda de alquiler porque, quizás, no cuentan con la garantía de la permanencia en algún tipo de ingreso que pueda elevar su capacidad adquisitiva. Es por eso que entendemos que este proyecto de ley tendría que contemplar la situación de los jubilados, creando un mecanismo especial para ellos.
¿Pero qué hacemos con los propietarios? Creemos que deberían tener una compensación en el impuesto a las ganancias. O sea, los dueños de aquellas propiedades que sean alquiladas por jubilados deberían tener algún tipo de contemplación y de exención parcial del impuesto a las ganancias. De esta forma estamos equilibrando y dando una solución a este problema social.
¿Por qué hablamos de compensación? Porque a la larga o a la corta son los fondos del Estado los que van a estar comprometidos en este tema. Entonces, ¿qué mejor que blanquearlo y transparentarlo a través de un mecanismo de exención y, de esta forma, lograr una oferta inmobiliaria para los jubilados? De lo contrario, vamos a tener el problema de que esa oferta no se va a dar.
Acompañamos este proyecto y lo celebramos. Sabemos que estamos dentro de los marcos constitucionales y sabemos que estamos dando -por lo menos en lo inmediato- una solución, aunque quizás sea parcial. Debemos lograr la evolución del mercado y del acceso a la vivienda y fomentar los créditos para, justamente, revertir esta situación de que la mayoría de los argentinos son inquilinos y no propietarios. De esta forma lograremos la justicia social que consagra el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
En nuestro país, todos los planes para la vivienda propia, ese gran anhelo que prescribe la Constitución Nacional, se hace un poco realidad al alquilar.
He sido inquilino hasta hace poco tiempo, por lo que conozco perfectamente cuáles son los bemoles. La realidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene una lógica que no es a veces la del interior del país. En muchos casos, en el interior del interior campea la informalidad en lo que a recibos y garantías respecta. Hay publicaciones periódicas que ofrecen garantías para que las personas que no pueden acceder a un alquiler se presenten ante un especulador que les ofrece un bien a fin de cobrar una parte de dinero por ese ese servicio y después, al final, no se sabe bien quién es verdaderamente el propietario de la garantía.
Celebro entonces que se den las opciones de la garantía, que es el punto medular en todo contrato de alquiler cuando se trata de garantizar el pago de las expensas y el alquiler y, por supuesto, el legítimo derecho del propietario de saber qué va a pasar con su propiedad.
Como bien señalaron muchos diputados aquí, es necesario buscar un equilibrio, lo que constitucionalmente podemos hacer. Nuestra Constitución permite avanzar más en situaciones de crisis en el proyecto de ley que estamos analizando.
También debo reconocer que hay puntos que no pertenecen a la esfera de competencia del Congreso de la Nación, como bien se ha señalado aquí; por ejemplo, lo relativo al corretaje y a las comisiones profesionales, tema que corresponde a las provincias.
No hay ningún tipo de duda en ese sentido; el artículo 125 de la Constitución Nacional es muy claro y ya lo hemos dicho anteriormente en esta comisión cuando el tema se puso en el tapete. En un sistema capitalista o pseudocapitalista -como lo queramos llamar- con economía de mercado, está permitido que el Estado intervenga para preservar intereses superiores.
En el tema que estamos debatiendo no solo hay una cuestión contractual privada sino que también hay intereses superiores que están dados por el acceso a la vivienda.
Por ejemplo, señor presidente, el 17 de octubre pasado el Estado Federado de Berlín dictó una normativa por la que se congelan los precios de los alquileres por cinco años. Estamos hablando de Alemania, un sistema capitalista con economía de mercado. Por supuesto que nosotros no somos Alemania, no tenemos su economía estable ni tampoco los problemas que tienen los alemanes. (Aplausos.)
En virtud de lo expuesto, entiendo que si bien se deben hacer algunas correcciones, este proyecto significa un gran avance. Escuché atentamente a los representantes de las distintas cámaras aquí presentes y a los diputados y las diputadas preopinantes y me entraron algunas dudas relacionadas con la realidad en el interior del país.
Mi primera duda está vinculada con lo que planteó recién el diputado Tonelli. En un Estado con una economía inflacionaria hacer una actualización anual podría generar algún tipo de desequilibrio. Además, me preocupa el índice que se pretende aplicar. ¿Es quizás un UVA encubierto? Hay que tener cuidado porque ya tenemos experiencia con el índice UVA; de hecho, he presentado proyectos de ley por los que propongo la revisión de los índices aplicables.
La verdad del bolsillo de los argentinos está en lo que reciben, no en números abstractos ni fórmulas imaginarias. Si no, pregúntenle a quienes están pagando un plan de autoahorro o un crédito UVA. Por eso, nosotros proponemos que la actualización de los alquileres sea semestral pero utilizando un índice salarial, a fin de tener en cuenta lo que realmente entra en el bolsillo de los argentinos y que constituye su verdadera capacidad de pago.
En efecto, debe tratarse de que el alquiler se pueda pagar, no de equilibrar cuentas ni de dejar que entren en mora los inquilinos para poder lucrar luego con el negocio de los juicios. He visto esta gran especulación en el ejercicio de mi profesión de abogado.
Entonces, queremos que haya un equilibrio pero también queremos que el acceso a la vivienda sea garantizado en esa línea.
Otro aspecto que nos llamó a la reflexión con los compañeros de Argentina Federal es el tema de los jubilados. Es cierto, a los jubilados les cuesta muchísimo más acceder a la vivienda de alquiler porque, quizás, no cuentan con la garantía de la permanencia en algún tipo de ingreso que pueda elevar su capacidad adquisitiva. Es por eso que entendemos que este proyecto de ley tendría que contemplar la situación de los jubilados, creando un mecanismo especial para ellos.
¿Pero qué hacemos con los propietarios? Creemos que deberían tener una compensación en el impuesto a las ganancias. O sea, los dueños de aquellas propiedades que sean alquiladas por jubilados deberían tener algún tipo de contemplación y de exención parcial del impuesto a las ganancias. De esta forma estamos equilibrando y dando una solución a este problema social.
¿Por qué hablamos de compensación? Porque a la larga o a la corta son los fondos del Estado los que van a estar comprometidos en este tema. Entonces, ¿qué mejor que blanquearlo y transparentarlo a través de un mecanismo de exención y, de esta forma, lograr una oferta inmobiliaria para los jubilados? De lo contrario, vamos a tener el problema de que esa oferta no se va a dar.
Acompañamos este proyecto y lo celebramos. Sabemos que estamos dentro de los marcos constitucionales y sabemos que estamos dando -por lo menos en lo inmediato- una solución, aunque quizás sea parcial. Debemos lograr la evolución del mercado y del acceso a la vivienda y fomentar los créditos para, justamente, revertir esta situación de que la mayoría de los argentinos son inquilinos y no propietarios. De esta forma lograremos la justicia social que consagra el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY A propósito del tema de los jubilados, que es una preocupación que ha surgido aquí ‒y que, obviamente, también compartimos‒, no se ha mencionado que en el proyecto se crea un Programa Nacional de Alquiler Social. Me parece que esto es muy destacable.
Se encuentra con nosotros el secretario de Vivienda de la Nación, Iván Kerr, a quien le voy a dar la palabra para que, sintéticamente, nos cuente cuáles son los alcances del programa nacional, cuya aplicación prevé el proyecto por parte del Poder Ejecutivo.
Se encuentra con nosotros el secretario de Vivienda de la Nación, Iván Kerr, a quien le voy a dar la palabra para que, sintéticamente, nos cuente cuáles son los alcances del programa nacional, cuya aplicación prevé el proyecto por parte del Poder Ejecutivo.
SR. KERR Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos.
En lo que refiere a la Secretaría de Vivienda, voy a dejar de lado por este momento la discusión o las opiniones respecto de las otras cuestiones relativas al plazo, los honorarios, la indexación de los contratos y demás. Claramente, hemos expresado nuestra opinión en el proyecto de ley que elaboramos, que hemos elevado a consideración de esta Casa y que concuerda bastante con el que hemos preparado junto con el señor diputado Lipovetzky y las distintas agrupaciones y cámaras que hemos recibido en la Secretaría.
Puntualmente, me gustaría hacer referencia al artículo 18 del Programa Nacional de Alquiler Social que se propone. La verdad, creo que es algo muy novedoso. La política habitacional en la Argentina no incorpora como parte de su programación la posibilidad de generar algún tipo de programa de alquiler social.
Vemos lo que sucede todos los días con la actual legislación, que justamente intenta hacer una excepción al principio de autonomía de la voluntad de las partes porque entiende que, en el contrato de alquiler, hay una parte más débil que la otra, lo que requiere que el Estado intervenga y proteja sus derechos. Sin embargo, vemos que muchísimas familias alquilan sin ninguna protección del Estado porque, dadas las condiciones que el mercado les fija, no pueden acceder debido a los depósitos, las garantías o los recibos que se les solicitan. Es en este punto donde más ayuda tendría que brindar el Estado, y es donde la actual legislación menos injerencia tiene.
En ese sentido, muchos países de la región ‒en un mundo en el que, claramente, todos hemos ampliado nuestro nivel de vida y vivimos más-, es bueno que haya surgido aquí el tema de los jubilados, han incorporado la política del alquiler social como parte de una política habitacional que los gobiernos deben ofrecer; este es el caso de Chile, Uruguay, Colombia, Brasil. Me parece que lo novedoso justamente ‒y a esto quería referirme‒ es poder incorporar esto dentro de la política pública.
En la Secretaría de Vivienda se ha dictado la Resolución N° 73/2019 ‒ya está publicada en el Boletín Oficial‒, por la que se incorpora la posibilidad de que las provincias, los municipios y los institutos de vivienda puedan acceder a financiamiento a través del Estado Nacional para programas de alquiler social. Fíjense, por ejemplo, la situación que se da hoy en Vaca Muerta, un pueblo que, claramente, la Argentina quiere explotar y donde los trabajadores que van a vivir no necesariamente necesitan comprar una vivienda ‒porque su trabajo va a ser por un tiempo determinado‒, sino condiciones de vivienda dignas. Creemos que es una buena medida que se pueda desarrollar, como política habitacional, un alquiler social para esos trabajadores.
El articulado propuesto también le da al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaria de Vivienda, la facultad de contemplar la situación de violencia de género, de ofrecer créditos, subsidios y demás cuando la persona no pueda acceder a garantías o a seguros de caución. Y algo que también se dijo recién en el debate, que es la posibilidad de que el Estado ofrezca la creación de seguros obligatorios para que, frente a la eventualidad de no poder cumplir con el pago del canon, tenga esa cobertura.
Coincido con el diputado Tonelli en el sentido de que tenemos que ampliar la oferta. Hace años en la Argentina arrastramos un déficit habitacional. El Estado no logra con su presupuesto generar todas las soluciones habitacionales que la demanda necesita. En ese sentido, hemos incorporado propuestas a instancias de la Secretaría de Vivienda que ustedes ya han votado. Por ejemplo, en la ley de presupuesto pasado se estableció la exención del IVA para la construcción de viviendas sociales. En la ley de financiamiento productivo también incorporamos la posibilidad de devolución de ganancias para los fondos comunes que invirtieran a diez o a cinco años. Luego nosotros nos hemos encargado de reglamentar esta ley de forma específica.
Por otro lado, hemos elevado un proyecto para su consideración que plantea mayores exenciones fiscales para que se promueva la construcción de viviendas que puedan destinarse al sector social. Pienso que acá hay una oportunidad de constituir sujetos de crédito, de combatir la informalidad, y de generar a través de la inclusión financiera la oportunidad de que personas que están fuera del mercado puedan obtener su propio historial crediticio.
A las cámaras inmobiliarias quiero decirles que, lejos de ver al sujeto que hoy no accede al alquiler formal como alguien desconocido, tienen una oportunidad enorme a raíz de las garantías de ampliar el mercado y poder dar respuesta a todo un sector que claramente demuestra que tiene capacidad de pagar el alquiler, pero no tiene los requisitos o no reúne las condiciones que el propio mercado exige.
Finalmente, quiero hacer un planteo a los diputados para que, a su vez, lo conversen en sus provincias. Cuando desde la Secretaría de Vivienda les planteamos a los institutos de vivienda, que son nuestros socios naturales, la necesidad de que desarrollemos programas de alquiler, muchos de ellos nos contestaron que creían que no era una solución. Pero lo cierto es que no tiene que ser una en detrimento de otra. Tenemos que lograr ampliar el abanico como para que la política de alquiler social sea una solución más que termine con el déficit habitacional.
En ese sentido, desde la Secretaría de Vivienda generamos resoluciones, y claramente propiciamos un proyecto que va en la misma dirección que el que se debate hoy acá. Consideramos que el alquiler social tiene que estar incorporado a la política moderna de vivienda que la Argentina tiene que llevar adelante. (Aplausos.)
En lo que refiere a la Secretaría de Vivienda, voy a dejar de lado por este momento la discusión o las opiniones respecto de las otras cuestiones relativas al plazo, los honorarios, la indexación de los contratos y demás. Claramente, hemos expresado nuestra opinión en el proyecto de ley que elaboramos, que hemos elevado a consideración de esta Casa y que concuerda bastante con el que hemos preparado junto con el señor diputado Lipovetzky y las distintas agrupaciones y cámaras que hemos recibido en la Secretaría.
Puntualmente, me gustaría hacer referencia al artículo 18 del Programa Nacional de Alquiler Social que se propone. La verdad, creo que es algo muy novedoso. La política habitacional en la Argentina no incorpora como parte de su programación la posibilidad de generar algún tipo de programa de alquiler social.
Vemos lo que sucede todos los días con la actual legislación, que justamente intenta hacer una excepción al principio de autonomía de la voluntad de las partes porque entiende que, en el contrato de alquiler, hay una parte más débil que la otra, lo que requiere que el Estado intervenga y proteja sus derechos. Sin embargo, vemos que muchísimas familias alquilan sin ninguna protección del Estado porque, dadas las condiciones que el mercado les fija, no pueden acceder debido a los depósitos, las garantías o los recibos que se les solicitan. Es en este punto donde más ayuda tendría que brindar el Estado, y es donde la actual legislación menos injerencia tiene.
En ese sentido, muchos países de la región ‒en un mundo en el que, claramente, todos hemos ampliado nuestro nivel de vida y vivimos más-, es bueno que haya surgido aquí el tema de los jubilados, han incorporado la política del alquiler social como parte de una política habitacional que los gobiernos deben ofrecer; este es el caso de Chile, Uruguay, Colombia, Brasil. Me parece que lo novedoso justamente ‒y a esto quería referirme‒ es poder incorporar esto dentro de la política pública.
En la Secretaría de Vivienda se ha dictado la Resolución N° 73/2019 ‒ya está publicada en el Boletín Oficial‒, por la que se incorpora la posibilidad de que las provincias, los municipios y los institutos de vivienda puedan acceder a financiamiento a través del Estado Nacional para programas de alquiler social. Fíjense, por ejemplo, la situación que se da hoy en Vaca Muerta, un pueblo que, claramente, la Argentina quiere explotar y donde los trabajadores que van a vivir no necesariamente necesitan comprar una vivienda ‒porque su trabajo va a ser por un tiempo determinado‒, sino condiciones de vivienda dignas. Creemos que es una buena medida que se pueda desarrollar, como política habitacional, un alquiler social para esos trabajadores.
El articulado propuesto también le da al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaria de Vivienda, la facultad de contemplar la situación de violencia de género, de ofrecer créditos, subsidios y demás cuando la persona no pueda acceder a garantías o a seguros de caución. Y algo que también se dijo recién en el debate, que es la posibilidad de que el Estado ofrezca la creación de seguros obligatorios para que, frente a la eventualidad de no poder cumplir con el pago del canon, tenga esa cobertura.
Coincido con el diputado Tonelli en el sentido de que tenemos que ampliar la oferta. Hace años en la Argentina arrastramos un déficit habitacional. El Estado no logra con su presupuesto generar todas las soluciones habitacionales que la demanda necesita. En ese sentido, hemos incorporado propuestas a instancias de la Secretaría de Vivienda que ustedes ya han votado. Por ejemplo, en la ley de presupuesto pasado se estableció la exención del IVA para la construcción de viviendas sociales. En la ley de financiamiento productivo también incorporamos la posibilidad de devolución de ganancias para los fondos comunes que invirtieran a diez o a cinco años. Luego nosotros nos hemos encargado de reglamentar esta ley de forma específica.
Por otro lado, hemos elevado un proyecto para su consideración que plantea mayores exenciones fiscales para que se promueva la construcción de viviendas que puedan destinarse al sector social. Pienso que acá hay una oportunidad de constituir sujetos de crédito, de combatir la informalidad, y de generar a través de la inclusión financiera la oportunidad de que personas que están fuera del mercado puedan obtener su propio historial crediticio.
A las cámaras inmobiliarias quiero decirles que, lejos de ver al sujeto que hoy no accede al alquiler formal como alguien desconocido, tienen una oportunidad enorme a raíz de las garantías de ampliar el mercado y poder dar respuesta a todo un sector que claramente demuestra que tiene capacidad de pagar el alquiler, pero no tiene los requisitos o no reúne las condiciones que el propio mercado exige.
Finalmente, quiero hacer un planteo a los diputados para que, a su vez, lo conversen en sus provincias. Cuando desde la Secretaría de Vivienda les planteamos a los institutos de vivienda, que son nuestros socios naturales, la necesidad de que desarrollemos programas de alquiler, muchos de ellos nos contestaron que creían que no era una solución. Pero lo cierto es que no tiene que ser una en detrimento de otra. Tenemos que lograr ampliar el abanico como para que la política de alquiler social sea una solución más que termine con el déficit habitacional.
En ese sentido, desde la Secretaría de Vivienda generamos resoluciones, y claramente propiciamos un proyecto que va en la misma dirección que el que se debate hoy acá. Consideramos que el alquiler social tiene que estar incorporado a la política moderna de vivienda que la Argentina tiene que llevar adelante. (Aplausos.)
SR. LIPOVETZKY Pienso que es una gran incorporación al proyecto el concepto de alquiler social, ya que no estaba en la legislación. Constituye un gran avance.
Tiene la palabra la señora diputada Brenda Austin.
Tiene la palabra la señora diputada Brenda Austin.
SRA. AUSTIN Señor presidente: muchas gracias.
Agradezco también que le haya dado el uso de la palabra al secretario Iván Kerr, a quien además le damos la bienvenida en esta Cámara. Coincido con él -y es uno de los puntos que me interesaba mencionar- en cuanto a los borradores. El borrador de dictamen que circula es un aporte sumamente valioso y novedoso, ya que tiende a resolver una problemática genuina. Esta iniciativa se podría complementar con otras como las que presentó la diputada Josefina Mendoza, que pone el foco en las dificultades que tienen los estudiantes cuando se mudan a otras ciudades y alquilan.
Quiero celebrar que hoy estemos, una vez más, tratando de firmar este dictamen. Este dictamen es fruto del acuerdo, del consenso, de la discusión y de la confrontación de ideas. Cada uno de nosotros vivió este proceso en sus respectivas provincias. Desde Córdoba con los amigos de la Cámara de Inquilinos, hoy con la Unión de Usuarios y Consumidores y los corredores inmobiliarios. Hay que encontrar el equilibrio a partir de una regulación que nos permita sortear la incertidumbre del estado de cosas. Y aquí quiero enunciar el primer punto de contraste con alguna de las cuestiones que se han dicho.
Se habla de la autonomía de la voluntad y, la verdad, uno de los aspectos que nos trae hoy a la necesidad de discutir esto es ver si, efectivamente, hay autonomía de la voluntad. Y esto tiene que ver con reconocer que este tipo de contratos ‒sobre todo cuando en la intermediación hay un actor que hace de eso su habitualidad y su profesionalidad‒, en los que la relación entre las partes no es igual, se parece más a la figura de un contrato de adhesión.
Me tocó muchas veces ser inquilina y participar de la firma de contratos de alquiler; la verdad, debo decir que nunca tuve la posibilidad de discutir las cláusulas. Este es el primer punto a considerar.
Estamos discutiendo este tema porque reconocemos que, si bien se trata de un contrato bilateral, la relación es asimétrica y, cuando la relación asimétrica, es necesario fijar reglas que regulen la relación entre las partes para que nadie pierda.
Y acá viene el segundo punto. Creo que en estas múltiples reuniones que hemos tenido en los últimos dos años, desde que empezaron las primeras iniciativas, quedó en claro que las dos partes ‒los propietarios y los inquilinos‒ pierden frente a la incertidumbre. Si negamos algo que es evidente ‒vivimos en un país que tuvo y tiene inflación, ojalá que ya no la tenga en un futuro‒, lo que estamos haciendo es que nadie pueda gestionar esa incertidumbre y, en ocasiones, lo que pasa es que los propietarios o los corredores inmobiliarios se anticipan a lo que creen que va a ser la inflación futura y cargan el alquiler con un precio superior al que termina siendo la inflación realmente. A veces, se da la situación contraria.
Entonces, quiero celebrar que estemos reconociendo el país en el que vivimos y poniéndole un límite a esa especulación, a esa incertidumbre, de modo que sea ese límite el que rija para la actualización de los contratos. Si no hubiesen existido abusos, no sería necesaria esta discusión.
Esta para mí es la primera razón por la que creemos que tenemos que avanzar: necesitamos establecer un límite y un índice de actualización, y ese índice debe incorporar las dos variables ‒como aquí se ha mencionado‒: el RIPTE y el IPC. En momentos de recuperación económica en los que se busca recomponer los salarios, posiblemente el índice de la inflación ayude a paliar hacia abajo, mientras que en otros momentos será al revés. Entonces, uno y otro intentan encontrar un equilibrio para reducir la incertidumbre.
El aspecto central de esta discusión es la extensión de los plazos del contrato a tres años. Todos sabemos el esfuerzo que representa para un inquilino encontrar la propiedad, afrontar los costos de una mudanza, hacer los trámites necesarios, y también hay muchos otros aspectos que son sumamente importantes.
Es aquí donde agradecemos y reconocemos la vocación de diálogo del diputado Lipovetsky para tratar de integrar los aportes de los diferentes proyectos. Se han incorporado distintas cuestiones, por ejemplo, el domicilio electrónico ‒algo que parece menor pero que, en realidad, es fuente de muchos conflictos, de comunicaciones que no fueron tenidas por válidas‒ y la prohibición del uso de pagarés. Algunos dirán que ya no se usan los pagarés, pero lo cierto es que todavía circulan como método de garantía.
Se ha incluido este abanico de posibilidades entre un intento y otro, lo que pedían unos y otros. Se buscó un equilibrio para evitar lo que ocurría en muchos lugares del interior, donde se exigía lo imposible para poder alquilar ‒principalmente a los estudiantes‒: garantías personales, garantías reales, en definitiva, condiciones que hacían inaccesible la firma de los contratos.
Celebro también la regulación en lo que a expensas se refiere. Nosotros teníamos la vocación de que se pudiera facultar a los inquilinos a participar de los consorcios con voz y voto, ya que es allí, en definitiva, donde se ve qué cosas terminan integrando y distorsionando los precios.
Reconozco y agradezco que, por lo menos, se haya avanzado en la definición de qué debe entenderse por expensas ordinarias; esto facilitará la interpretación y debiera reducir los conflictos y la judicialización.
Tengo entendido -y agradezco- que en el borrador final se va a incluir otro aporte que hicimos respecto a la prohibición de incorporar distorsiones al precio. El pago del precio del contrato debe estar especificado con claridad, no pudiendo aparecer cláusulas o distorsiones que, en definitiva, generen confusión al momento de pagarlo.
Por supuesto que nos quedamos con ganas de incorporar algunas otras cuestiones pero entendemos que vale la pena avanzar, aunque sea algunos pasos, con este proyecto.
Nos hubiese gustado discutir el límite a la resolución anticipada, a esos seis meses que se prevén como un condicionante.
Hubiésemos querido incluir un tope a los intereses moratorios de no más del 0,5 por ciento diarios.
Asimismo, nos parecía interesante discutir esta idea de que cuando hay habitualidad y profesionalismo en una de las partes, entonces se trata de una relación de consumo. De esta forma resolveríamos gran parte de los problemas porque se aplicarían las reglas y los principios de defensa del consumidor, tal como sucede hoy en día en algunas zonas de los Estados Unidos. Esta sería una herramienta para proteger a la parte más débil de la relación contractual.
El último tema que quiero mencionar -y que si no se incluye ahora lo vamos a proponer en el recinto-, es que todavía quedan algunas cuestiones poco especificadas en la regulación referida a los vicios que nos parece que se podrían aclarar.
Por ejemplo, en el borrador que está circulando se hace mención a la notificación que el inquilino debe realizar al propietario o a la inmobiliaria informando que la propiedad presenta vicios; sin embargo, no se establecen plazos. Es decir, no se establece en qué plazo el propietario o la inmobiliaria deben contestar. Sí se dispone que si es urgente son diez días. En este punto sugerimos la fijación de un plazo de 48 horas para responder y que en esa respuesta debe informarse el plazo en el que se va a reparar la propiedad.
También propusimos la incorporación de un criterio específico de compensación al inquilino cuando los vicios turben la posesión. Es decir, cuando la gravedad de los problemas que tenga la vivienda impida que el inquilino pueda hacer uso de la misma.
Si bien vamos a proponer estas incorporaciones en el recinto, acompañaremos ahora el texto del dictamen porque creemos que se está dando un paso importante, especialmente en lo relativo al alquiler social y a la inclusión del capítulo sobre los métodos alternativos de resolución de conflictos.
Creo que todos estos aspectos brindan herramientas para afrontar la realidad que transita nuestro país y para mejorar la posición y la certidumbre tanto de los propietarios como de los inquilinos. Además, como bien se ha dicho, esta iniciativa reconoce la tarea de los corredores inmobiliarios, que son profesionales que también merecen su reconocimiento.
Celebro este esfuerzo de buscar un equilibrio en un contexto difícil y de intentar llegar antes de fin de año -ojalá- a aprobar el proyecto. Muchas gracias. (Aplausos.)
Agradezco también que le haya dado el uso de la palabra al secretario Iván Kerr, a quien además le damos la bienvenida en esta Cámara. Coincido con él -y es uno de los puntos que me interesaba mencionar- en cuanto a los borradores. El borrador de dictamen que circula es un aporte sumamente valioso y novedoso, ya que tiende a resolver una problemática genuina. Esta iniciativa se podría complementar con otras como las que presentó la diputada Josefina Mendoza, que pone el foco en las dificultades que tienen los estudiantes cuando se mudan a otras ciudades y alquilan.
Quiero celebrar que hoy estemos, una vez más, tratando de firmar este dictamen. Este dictamen es fruto del acuerdo, del consenso, de la discusión y de la confrontación de ideas. Cada uno de nosotros vivió este proceso en sus respectivas provincias. Desde Córdoba con los amigos de la Cámara de Inquilinos, hoy con la Unión de Usuarios y Consumidores y los corredores inmobiliarios. Hay que encontrar el equilibrio a partir de una regulación que nos permita sortear la incertidumbre del estado de cosas. Y aquí quiero enunciar el primer punto de contraste con alguna de las cuestiones que se han dicho.
Se habla de la autonomía de la voluntad y, la verdad, uno de los aspectos que nos trae hoy a la necesidad de discutir esto es ver si, efectivamente, hay autonomía de la voluntad. Y esto tiene que ver con reconocer que este tipo de contratos ‒sobre todo cuando en la intermediación hay un actor que hace de eso su habitualidad y su profesionalidad‒, en los que la relación entre las partes no es igual, se parece más a la figura de un contrato de adhesión.
Me tocó muchas veces ser inquilina y participar de la firma de contratos de alquiler; la verdad, debo decir que nunca tuve la posibilidad de discutir las cláusulas. Este es el primer punto a considerar.
Estamos discutiendo este tema porque reconocemos que, si bien se trata de un contrato bilateral, la relación es asimétrica y, cuando la relación asimétrica, es necesario fijar reglas que regulen la relación entre las partes para que nadie pierda.
Y acá viene el segundo punto. Creo que en estas múltiples reuniones que hemos tenido en los últimos dos años, desde que empezaron las primeras iniciativas, quedó en claro que las dos partes ‒los propietarios y los inquilinos‒ pierden frente a la incertidumbre. Si negamos algo que es evidente ‒vivimos en un país que tuvo y tiene inflación, ojalá que ya no la tenga en un futuro‒, lo que estamos haciendo es que nadie pueda gestionar esa incertidumbre y, en ocasiones, lo que pasa es que los propietarios o los corredores inmobiliarios se anticipan a lo que creen que va a ser la inflación futura y cargan el alquiler con un precio superior al que termina siendo la inflación realmente. A veces, se da la situación contraria.
Entonces, quiero celebrar que estemos reconociendo el país en el que vivimos y poniéndole un límite a esa especulación, a esa incertidumbre, de modo que sea ese límite el que rija para la actualización de los contratos. Si no hubiesen existido abusos, no sería necesaria esta discusión.
Esta para mí es la primera razón por la que creemos que tenemos que avanzar: necesitamos establecer un límite y un índice de actualización, y ese índice debe incorporar las dos variables ‒como aquí se ha mencionado‒: el RIPTE y el IPC. En momentos de recuperación económica en los que se busca recomponer los salarios, posiblemente el índice de la inflación ayude a paliar hacia abajo, mientras que en otros momentos será al revés. Entonces, uno y otro intentan encontrar un equilibrio para reducir la incertidumbre.
El aspecto central de esta discusión es la extensión de los plazos del contrato a tres años. Todos sabemos el esfuerzo que representa para un inquilino encontrar la propiedad, afrontar los costos de una mudanza, hacer los trámites necesarios, y también hay muchos otros aspectos que son sumamente importantes.
Es aquí donde agradecemos y reconocemos la vocación de diálogo del diputado Lipovetsky para tratar de integrar los aportes de los diferentes proyectos. Se han incorporado distintas cuestiones, por ejemplo, el domicilio electrónico ‒algo que parece menor pero que, en realidad, es fuente de muchos conflictos, de comunicaciones que no fueron tenidas por válidas‒ y la prohibición del uso de pagarés. Algunos dirán que ya no se usan los pagarés, pero lo cierto es que todavía circulan como método de garantía.
Se ha incluido este abanico de posibilidades entre un intento y otro, lo que pedían unos y otros. Se buscó un equilibrio para evitar lo que ocurría en muchos lugares del interior, donde se exigía lo imposible para poder alquilar ‒principalmente a los estudiantes‒: garantías personales, garantías reales, en definitiva, condiciones que hacían inaccesible la firma de los contratos.
Celebro también la regulación en lo que a expensas se refiere. Nosotros teníamos la vocación de que se pudiera facultar a los inquilinos a participar de los consorcios con voz y voto, ya que es allí, en definitiva, donde se ve qué cosas terminan integrando y distorsionando los precios.
Reconozco y agradezco que, por lo menos, se haya avanzado en la definición de qué debe entenderse por expensas ordinarias; esto facilitará la interpretación y debiera reducir los conflictos y la judicialización.
Tengo entendido -y agradezco- que en el borrador final se va a incluir otro aporte que hicimos respecto a la prohibición de incorporar distorsiones al precio. El pago del precio del contrato debe estar especificado con claridad, no pudiendo aparecer cláusulas o distorsiones que, en definitiva, generen confusión al momento de pagarlo.
Por supuesto que nos quedamos con ganas de incorporar algunas otras cuestiones pero entendemos que vale la pena avanzar, aunque sea algunos pasos, con este proyecto.
Nos hubiese gustado discutir el límite a la resolución anticipada, a esos seis meses que se prevén como un condicionante.
Hubiésemos querido incluir un tope a los intereses moratorios de no más del 0,5 por ciento diarios.
Asimismo, nos parecía interesante discutir esta idea de que cuando hay habitualidad y profesionalismo en una de las partes, entonces se trata de una relación de consumo. De esta forma resolveríamos gran parte de los problemas porque se aplicarían las reglas y los principios de defensa del consumidor, tal como sucede hoy en día en algunas zonas de los Estados Unidos. Esta sería una herramienta para proteger a la parte más débil de la relación contractual.
El último tema que quiero mencionar -y que si no se incluye ahora lo vamos a proponer en el recinto-, es que todavía quedan algunas cuestiones poco especificadas en la regulación referida a los vicios que nos parece que se podrían aclarar.
Por ejemplo, en el borrador que está circulando se hace mención a la notificación que el inquilino debe realizar al propietario o a la inmobiliaria informando que la propiedad presenta vicios; sin embargo, no se establecen plazos. Es decir, no se establece en qué plazo el propietario o la inmobiliaria deben contestar. Sí se dispone que si es urgente son diez días. En este punto sugerimos la fijación de un plazo de 48 horas para responder y que en esa respuesta debe informarse el plazo en el que se va a reparar la propiedad.
También propusimos la incorporación de un criterio específico de compensación al inquilino cuando los vicios turben la posesión. Es decir, cuando la gravedad de los problemas que tenga la vivienda impida que el inquilino pueda hacer uso de la misma.
Si bien vamos a proponer estas incorporaciones en el recinto, acompañaremos ahora el texto del dictamen porque creemos que se está dando un paso importante, especialmente en lo relativo al alquiler social y a la inclusión del capítulo sobre los métodos alternativos de resolución de conflictos.
Creo que todos estos aspectos brindan herramientas para afrontar la realidad que transita nuestro país y para mejorar la posición y la certidumbre tanto de los propietarios como de los inquilinos. Además, como bien se ha dicho, esta iniciativa reconoce la tarea de los corredores inmobiliarios, que son profesionales que también merecen su reconocimiento.
Celebro este esfuerzo de buscar un equilibrio en un contexto difícil y de intentar llegar antes de fin de año -ojalá- a aprobar el proyecto. Muchas gracias. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Tiene la palabra la diputada Araceli Ferreyra.
SRA. FERREYRA Señor presidente: aunque nos encontramos en el final del período ordinario de sesiones, celebro que se esté tratando este tema y con perspectivas de aprobarlo.
Quiero referirme a algunas cuestiones que se mencionaron hoy.
En relación con el alquiler social, que ya se encuentra contemplado en el proyecto -como usted señaló al diputado Brügge y además mencionó el secretario de Vivienda-, quiero agradecerle que también hayan incluido nuestro planteo sobre las mujeres en situación de violencia de género.
Un número muy alto de mujeres se encuentran en esa situación que, por lo general, se da en el hogar siendo el agresor la pareja conviviente. Pensamos que este proyecto aliviará parte de los problemas con los que nos encontramos cada vez que hay que resolver la situación de una mujer que debe abandonar el hogar con urgencia.
Quiero referirme a algunas cuestiones que se mencionaron hoy.
En relación con el alquiler social, que ya se encuentra contemplado en el proyecto -como usted señaló al diputado Brügge y además mencionó el secretario de Vivienda-, quiero agradecerle que también hayan incluido nuestro planteo sobre las mujeres en situación de violencia de género.
Un número muy alto de mujeres se encuentran en esa situación que, por lo general, se da en el hogar siendo el agresor la pareja conviviente. Pensamos que este proyecto aliviará parte de los problemas con los que nos encontramos cada vez que hay que resolver la situación de una mujer que debe abandonar el hogar con urgencia.
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Se tomó su propuesta, fue específicamente su pedido, y lo incorporamos.
SRA. FERREYRA En realidad, tomamos el modelo presentado por la legisladora Andrea Conde, de la Ciudad de Buenos Aires. Nos pareció necesario incluir la perspectiva de género también en materia de alquileres.
Quería plantear la posibilidad ‒si fuera viable incluirlo en el dictamen, si no lo plantearemos en el recinto‒ de contemplar una cláusula antidiscriminación. Es cierto que, cuando las mujeres vamos a alquilar, nos preguntan cuántos hijos tenemos y cuál es nuestro estado civil. En caso de ser solteras o separadas, nos piden más requisitos y otra garantía. Lo mismo sucede con nuestros adultos mayores, si tienen la posibilidad de pagar un alquiler.
Nosotros hemos planteado dos cláusulas sobre la prohibición de discriminación y el acto discriminatorio para cerrar el círculo y que no se presenten estas situaciones. En un principio pensamos que tal vez podría resolverse por otra vía, pero la verdad es que cuando nos ponemos a analizar esta modificación que se hace en el tema de las garantías y se incluye ese abanico de posibilidades ‒y una de ellas es que el locador y el locatario lleven recibos de sueldo‒, vemos que nos va a pasar esto que digo: a las mujeres no nos van a aceptar, nos van a pedir otras garantías.
Yo pediría que lo reconsideremos y, en todo caso, que se agregue un párrafo que evite estas discriminaciones que padecemos las mujeres; calculo que los jubilados también pueden estar siendo discriminados. En todo caso, ahora les acerco los textos que hemos propuesto.
Coincido totalmente con lo que dijo la diputada Brenda Austin respecto de que el derecho es ficcional; para tratar de establecer reglas generales, se toman muchas ficciones, y no existe la autonomía de la voluntad y la igualdad de condiciones entre las partes, tal vez ni siquiera hayan existido en el Derecho Romano.
Como bien decía la diputada Brenda Austin, la mayoría de los legisladores del interior hemos tenido que alquilar durante nuestro mandato y jamás pudimos modificar una coma en un contrato, no solo cuando lo hicimos por intermedio de inmobiliarias sino también cuando hemos tenido la suerte de contratar directamente con los propietarios. Nunca pude modificar un punto o una coma, menos una cláusula o discutir los contenidos. Es cierto que se trata de contratos de adhesión, es decir, acepto o no acepto las condiciones que me imponen y, si no me gustan, tengo que buscar otra cosa. De aquí que los corredores no sean intermediarios sino agentes representantes de los propietarios. (Aplausos.)
Tuve la suerte de conocer al ángel de los corredores que se preocupa por lo que queremos los inquilinos; es la excepción que confirma la regla de que no tenemos representación y de que la única posibilidad es aceptar o no las condiciones que nos imponen.
Por eso creo que no hay intermediación sino mandato con representación, y eso tiene que ver con lo que decía la diputada Brenda Austin: hay desequilibrio de las partes. En este sentido, no solo estamos hablando del propietario ‒que se pudo comprar una vivienda y ponerla en alquiler con el ahorro de toda su vida‒, sino que también estamos viendo que nos enfrentamos con la concentración inmobiliaria que especula con los precios de algo que en la Constitución es sagrado. (Aplausos.)
Usted se refería ‒y lo escuchábamos con atención‒ al artículo 14 bis y aludía a la necesidad de garantizar la libertad de contratación y a las condiciones laborales de los 30 mil corredores; en la Constitución, ese mismo artículo garantiza el acceso a una vivienda digna. Hay 9 millones de personas que deben alquilar porque no tienen garantizada la posibilidad de tener una vivienda con título de propiedad, que es lo que debiera ocurrir.
Alguien ha mencionado los problemas que tuvo la ley de la Ciudad de Buenos Aires. Los conozco solo parcialmente; sí sé que, según la Asociación de Consorcistas, el problema por el que están saliendo masivamente a la venta los inmuebles no es porque la ley les haya puesto controles sino porque hay una situación de emergencia habitacional. ¡La gente no puede pagar las expensas! ¡Solo en el último año y medio hubo un 50 por ciento de mora en el pago de las expensas! Entonces, esos inquilinos que no pudieron pagar sus expensas trasladan el pago a los propietarios. Pero es por la situación social que hay. Esas son las verdaderas razones, no las regulaciones. Y nosotros estamos acá para resolver la situación de 9 millones de ciudadanos argentinos que tienen derechos incumplidos de acceder a una vivienda digna.
También tengo que decir algo en relación con la gran cantidad de gente que recurrió a los créditos UVA. Con el crédito UVA te decían que ibas a ser propietario pagando lo mismo que un alquiler. Como la gente está cansada de los abusos a los que es sometida cuando es inquilina, creyó ingenuamente que iba a poder ser propietaria y zafar de esos padecimientos. Así es como se metieron en los UVA. Pero fue una tragedia más, por no tener garantizado el derecho constitucional de acceso a la vivienda digna. Esas cosas son las que tenemos que decir.
Me parece que hemos dado un paso importante. Hay que seguir trabajando. Son muchos los capítulos que tenemos que seguir discutiendo. Celebro esta inclusión, por primera vez, del Programa Nacional de Alquiler Social. Acá se mencionaba la experiencia de Alemania. Yo tuve la oportunidad de ver eso también en Nueva York, en Manhattan, donde la vida es de seis o siete estrellas. También lo vi en Washington. Hay lugares que tienen subvenciones al ciento por ciento. Se trata de barrios enteros con viviendas sociales. Edificios con alquileres regulados para jubilados. Ese es el primer mundo capitalista que, supuestamente para algunos, no regula ni subsidia.
Acá hemos propuesto un programa nacional para resolver algunas de las situaciones más acuciantes en materia de desequilibrios de alquileres.
Acaba de hablar el secretario de Vivienda. Todo esto seguramente lo vamos a construir con el próximo gobierno. Tengo expectativas de que no sea la baja de impuestos el único mecanismo de promoción. Pienso que tomar la decisión de subsidiar y redireccionar la plata para beneficiar a jubilados y a mujeres en situación de violencia de género es más importante que pagar los intereses de la deuda externa. (Aplausos.)
Termino diciendo que si el diputado Brügge hace la propuesta de modificar la forma del cálculo de indexación para que solo se incluya la variación salarial, lo vamos a acompañar. El costo de vida y los salarios tendrían que ser los reguladores de toda nuestra economía, y no la especulación financiera de mercado, a partir de una moneda extranjera que no tiene nada que ver con nosotros. Sabemos esto porque después no lo podemos pagar. Cuando nos dolarizan la vida, dejamos de poder comer y de poder pagar los servicios. Fíjense la cantidad de gente que se vuelve al interior porque no puede pagar el alquiler en esta ciudad capital que debería ser de todos los argentinos. Es increíble.
Por eso digo que hemos dado un paso importante pero nos quedan capítulos pendientes. Lo que le pediría al gobierno, al presidente Macri, es que abra el Congreso para que tratemos esta ley antes de que termine el año. Si no se va a ir habiendo hecho solo la ley de emergencia alimentaria y el cepo al dólar, que tuvo que poner para frenar la crisis en la que nos metió. Por lo menos, que haga una para el lado del pueblo argentino. Abra el Congreso para que tengamos una sesión especial en una semana. Así vamos a poder tener una ley reparatoria, a contrario del mal recuerdo que tantas veces nos dejó de los decretos de necesidad y urgencia para llevar a cabo políticas que nos han castigado. ¡Una que por lo menos tenga carácter reparatorio, señor presidente Macri! (Aplausos.)
Quería plantear la posibilidad ‒si fuera viable incluirlo en el dictamen, si no lo plantearemos en el recinto‒ de contemplar una cláusula antidiscriminación. Es cierto que, cuando las mujeres vamos a alquilar, nos preguntan cuántos hijos tenemos y cuál es nuestro estado civil. En caso de ser solteras o separadas, nos piden más requisitos y otra garantía. Lo mismo sucede con nuestros adultos mayores, si tienen la posibilidad de pagar un alquiler.
Nosotros hemos planteado dos cláusulas sobre la prohibición de discriminación y el acto discriminatorio para cerrar el círculo y que no se presenten estas situaciones. En un principio pensamos que tal vez podría resolverse por otra vía, pero la verdad es que cuando nos ponemos a analizar esta modificación que se hace en el tema de las garantías y se incluye ese abanico de posibilidades ‒y una de ellas es que el locador y el locatario lleven recibos de sueldo‒, vemos que nos va a pasar esto que digo: a las mujeres no nos van a aceptar, nos van a pedir otras garantías.
Yo pediría que lo reconsideremos y, en todo caso, que se agregue un párrafo que evite estas discriminaciones que padecemos las mujeres; calculo que los jubilados también pueden estar siendo discriminados. En todo caso, ahora les acerco los textos que hemos propuesto.
Coincido totalmente con lo que dijo la diputada Brenda Austin respecto de que el derecho es ficcional; para tratar de establecer reglas generales, se toman muchas ficciones, y no existe la autonomía de la voluntad y la igualdad de condiciones entre las partes, tal vez ni siquiera hayan existido en el Derecho Romano.
Como bien decía la diputada Brenda Austin, la mayoría de los legisladores del interior hemos tenido que alquilar durante nuestro mandato y jamás pudimos modificar una coma en un contrato, no solo cuando lo hicimos por intermedio de inmobiliarias sino también cuando hemos tenido la suerte de contratar directamente con los propietarios. Nunca pude modificar un punto o una coma, menos una cláusula o discutir los contenidos. Es cierto que se trata de contratos de adhesión, es decir, acepto o no acepto las condiciones que me imponen y, si no me gustan, tengo que buscar otra cosa. De aquí que los corredores no sean intermediarios sino agentes representantes de los propietarios. (Aplausos.)
Tuve la suerte de conocer al ángel de los corredores que se preocupa por lo que queremos los inquilinos; es la excepción que confirma la regla de que no tenemos representación y de que la única posibilidad es aceptar o no las condiciones que nos imponen.
Por eso creo que no hay intermediación sino mandato con representación, y eso tiene que ver con lo que decía la diputada Brenda Austin: hay desequilibrio de las partes. En este sentido, no solo estamos hablando del propietario ‒que se pudo comprar una vivienda y ponerla en alquiler con el ahorro de toda su vida‒, sino que también estamos viendo que nos enfrentamos con la concentración inmobiliaria que especula con los precios de algo que en la Constitución es sagrado. (Aplausos.)
Usted se refería ‒y lo escuchábamos con atención‒ al artículo 14 bis y aludía a la necesidad de garantizar la libertad de contratación y a las condiciones laborales de los 30 mil corredores; en la Constitución, ese mismo artículo garantiza el acceso a una vivienda digna. Hay 9 millones de personas que deben alquilar porque no tienen garantizada la posibilidad de tener una vivienda con título de propiedad, que es lo que debiera ocurrir.
Alguien ha mencionado los problemas que tuvo la ley de la Ciudad de Buenos Aires. Los conozco solo parcialmente; sí sé que, según la Asociación de Consorcistas, el problema por el que están saliendo masivamente a la venta los inmuebles no es porque la ley les haya puesto controles sino porque hay una situación de emergencia habitacional. ¡La gente no puede pagar las expensas! ¡Solo en el último año y medio hubo un 50 por ciento de mora en el pago de las expensas! Entonces, esos inquilinos que no pudieron pagar sus expensas trasladan el pago a los propietarios. Pero es por la situación social que hay. Esas son las verdaderas razones, no las regulaciones. Y nosotros estamos acá para resolver la situación de 9 millones de ciudadanos argentinos que tienen derechos incumplidos de acceder a una vivienda digna.
También tengo que decir algo en relación con la gran cantidad de gente que recurrió a los créditos UVA. Con el crédito UVA te decían que ibas a ser propietario pagando lo mismo que un alquiler. Como la gente está cansada de los abusos a los que es sometida cuando es inquilina, creyó ingenuamente que iba a poder ser propietaria y zafar de esos padecimientos. Así es como se metieron en los UVA. Pero fue una tragedia más, por no tener garantizado el derecho constitucional de acceso a la vivienda digna. Esas cosas son las que tenemos que decir.
Me parece que hemos dado un paso importante. Hay que seguir trabajando. Son muchos los capítulos que tenemos que seguir discutiendo. Celebro esta inclusión, por primera vez, del Programa Nacional de Alquiler Social. Acá se mencionaba la experiencia de Alemania. Yo tuve la oportunidad de ver eso también en Nueva York, en Manhattan, donde la vida es de seis o siete estrellas. También lo vi en Washington. Hay lugares que tienen subvenciones al ciento por ciento. Se trata de barrios enteros con viviendas sociales. Edificios con alquileres regulados para jubilados. Ese es el primer mundo capitalista que, supuestamente para algunos, no regula ni subsidia.
Acá hemos propuesto un programa nacional para resolver algunas de las situaciones más acuciantes en materia de desequilibrios de alquileres.
Acaba de hablar el secretario de Vivienda. Todo esto seguramente lo vamos a construir con el próximo gobierno. Tengo expectativas de que no sea la baja de impuestos el único mecanismo de promoción. Pienso que tomar la decisión de subsidiar y redireccionar la plata para beneficiar a jubilados y a mujeres en situación de violencia de género es más importante que pagar los intereses de la deuda externa. (Aplausos.)
Termino diciendo que si el diputado Brügge hace la propuesta de modificar la forma del cálculo de indexación para que solo se incluya la variación salarial, lo vamos a acompañar. El costo de vida y los salarios tendrían que ser los reguladores de toda nuestra economía, y no la especulación financiera de mercado, a partir de una moneda extranjera que no tiene nada que ver con nosotros. Sabemos esto porque después no lo podemos pagar. Cuando nos dolarizan la vida, dejamos de poder comer y de poder pagar los servicios. Fíjense la cantidad de gente que se vuelve al interior porque no puede pagar el alquiler en esta ciudad capital que debería ser de todos los argentinos. Es increíble.
Por eso digo que hemos dado un paso importante pero nos quedan capítulos pendientes. Lo que le pediría al gobierno, al presidente Macri, es que abra el Congreso para que tratemos esta ley antes de que termine el año. Si no se va a ir habiendo hecho solo la ley de emergencia alimentaria y el cepo al dólar, que tuvo que poner para frenar la crisis en la que nos metió. Por lo menos, que haga una para el lado del pueblo argentino. Abra el Congreso para que tengamos una sesión especial en una semana. Así vamos a poder tener una ley reparatoria, a contrario del mal recuerdo que tantas veces nos dejó de los decretos de necesidad y urgencia para llevar a cabo políticas que nos han castigado. ¡Una que por lo menos tenga carácter reparatorio, señor presidente Macri! (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Con decisión política de los diputados podemos hacer la sesión. Así que más allá del pedido al presidente, convoquemos a sesión como corresponde. Es una facultad de los diputados.
Tiene la palabra la señora diputada Carolina Moisés.
Tiene la palabra la señora diputada Carolina Moisés.
SRA. MOISÉS Señor presidente: buenas tardes a todos.
Voy a ser breve. Una sola observación. En representación de varios compañeros legisladores, y más allá de que muchas de las propuestas que hicimos ya fueron tomadas en el borrador, quiero plantear que vamos a ir al recinto planteando nuestra disidencia parcial. Se trata de cuestiones menores que seguramente las vamos a poder resolver y consensuar en el recinto.
Quiero sí referirme a la modificación de los artículos 1201 y 1204 respecto de la reparación de deterioros o defectos. Coincido en parte con lo que planteó la diputada Austin, pero a veces, si empezamos a evaluar la casuística, puede haber cosas que no son fáciles de resolver en diez días. Consideramos que es conveniente evaluarlo.
Como nuestra firma será en disidencia parcial, seguramente podremos tratarlo en el recinto, ya que estamos de acuerdo y aportamos en el consenso a toda la construcción de este dictamen. En términos generales, vamos a firmar el dictamen, pero tenemos algunas observaciones parciales.
En este caso, son dos cuestiones. Primero, el plazo en cuanto a las reparaciones y, segundo, la necesidad de que exista un acuerdo. Por eso decía que coincido parcialmente con Brenda Austin.
Habrá que buscar los mecanismos de acuerdo, no todo se debe judicializar ni se puede generar un trámite administrativo enorme y engorroso para resolver los conflictos entre las partes. Tampoco es correcto que el inquilino avance con arreglos de infraestructura en la propiedad de otra persona sin que haya mínimamente un acuerdo cuando, además, el cargo económico de los costos de esos arreglos recaen sobre un tercero, que vendría a ser el locatario.
Quería simplemente agregar esto como observación; me parece que habría que terminar de desmenuzarlo y buscar un equilibrio entre locador y locatario, ya que se afecta a la propiedad privada con la voluntad del locatario sin el acuerdo del locador cuando, además, el locador es quien debe hacerse cargo del costo. (Aplausos.)
Voy a ser breve. Una sola observación. En representación de varios compañeros legisladores, y más allá de que muchas de las propuestas que hicimos ya fueron tomadas en el borrador, quiero plantear que vamos a ir al recinto planteando nuestra disidencia parcial. Se trata de cuestiones menores que seguramente las vamos a poder resolver y consensuar en el recinto.
Quiero sí referirme a la modificación de los artículos 1201 y 1204 respecto de la reparación de deterioros o defectos. Coincido en parte con lo que planteó la diputada Austin, pero a veces, si empezamos a evaluar la casuística, puede haber cosas que no son fáciles de resolver en diez días. Consideramos que es conveniente evaluarlo.
Como nuestra firma será en disidencia parcial, seguramente podremos tratarlo en el recinto, ya que estamos de acuerdo y aportamos en el consenso a toda la construcción de este dictamen. En términos generales, vamos a firmar el dictamen, pero tenemos algunas observaciones parciales.
En este caso, son dos cuestiones. Primero, el plazo en cuanto a las reparaciones y, segundo, la necesidad de que exista un acuerdo. Por eso decía que coincido parcialmente con Brenda Austin.
Habrá que buscar los mecanismos de acuerdo, no todo se debe judicializar ni se puede generar un trámite administrativo enorme y engorroso para resolver los conflictos entre las partes. Tampoco es correcto que el inquilino avance con arreglos de infraestructura en la propiedad de otra persona sin que haya mínimamente un acuerdo cuando, además, el cargo económico de los costos de esos arreglos recaen sobre un tercero, que vendría a ser el locatario.
Quería simplemente agregar esto como observación; me parece que habría que terminar de desmenuzarlo y buscar un equilibrio entre locador y locatario, ya que se afecta a la propiedad privada con la voluntad del locatario sin el acuerdo del locador cuando, además, el locador es quien debe hacerse cargo del costo. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Con las palabras de la diputada Moisés, hemos dado por finalizada la lista de oradores.
Ya hemos pasado a la firma el dictamen, que tiene un total de 13 firmas. Hay un solo dictamen, lo que demuestra que la tarea de consenso ha sido realmente muy buena.
Quiero agradecer a todos los diputados, a todos los bloques y especialmente a Federico y a Gervasio, que han trabajado mucho para esto. (Aplausos.)
Hemos recogido sus inquietudes en lo que respecta al sector de las inmobiliarias, en lo que tiene que ver con las incumbencias y honorarios profesionales y, por supuesto, en todo el resto del articulado, en lo que la mayoría de los diputados han expuesto y que también venían planteando Gervasio y las demás agrupaciones de inquilinos.
Creo que hemos avanzado con una ley que es un gran paso adelante para corregir los desequilibrios y los abusos que hoy se vienen produciendo, sobre todo, en lo que tiene que ver con la indexación; esto, mediante una actualización regulada por un índice que, en partes iguales, establece el costo de vida y los salarios.
El valor del alquiler ocupa cada día una parte más importante del salario de un trabajador, por lo tanto, de alguna manera es necesario atar la actualización a los salarios de los trabajadores.
Por otro lado, creo que la extensión del plazo a tres años le da mucha certidumbre a los inquilinos; hoy día, al año de ingresar a una vivienda, con todo lo que implica una mudanza, los inquilinos ya están pensando que, si no renuevan, tienen que mudarse; cuando estamos hablando de familias esto implica un gran trastorno, ya que al mudarse tal vez a un lugar no tan cercano deben cambiar a sus hijos de escuela. Por lo tanto, me parece que es importante dar certidumbre. En este sentido, tres años es más acorde a lo que pasa en el mundo. De hecho, hay países que tienen plazos mucho mayores.
Me parece que está bien establecer claramente que las expensas extraordinarias estén a cargo del propietario; esto era necesario definirlo, al igual que la extensión de la multa en caso de resolución anticipada o renuncia anticipada del contrato, más allá de la reducción del depósito a un mes de alquiler.
Y, por supuesto, en lo relativo a las garantías, estamos saliendo del corsé que hoy se impone en la mayoría de los casos en los que solamente se acepta la garantía de un inmueble. Con el menú de opciones que hemos incluido creo que vamos a permitir que se empiecen a utilizar otros métodos para analizar los contratos ‒como puede ser un recibo de sueldo o un certificado de ingresos‒ y a facilitar que muchas personas puedan acceder a la vivienda.
En definitiva, hemos avanzado mucho en todo este proceso. Esta es la tercera vez en cuatro años que emitimos dictamen respecto de este proyecto de ley. Hemos trabajado mucho y debatido, pero justamente a raíz de esa experiencia hemos logrado un dictamen único, más allá de alguna disidencia parcial. Por lo tanto, veo muy posible que lleguemos al recinto y logremos darle sanción, lo que sería un paso enorme hacia adelante.
Quiero agradecer a los diputados de todos los bloques, especialmente al señor diputado Grana, con quien realmente hemos trabajado mucho este tema, y por supuesto a los diputados de mi bloque, del bloque de Cambiemos. Quiero agradecer a todos y felicitarlos.
Ahora seguiremos con otros temas que tenemos en este temario amplio. En algunos casos hay diputados que quieren hacer uso de la palabra, así que vamos a comenzar. Les pido que sean breves teniendo en cuenta que ya llevamos varias horas de reunión. Muchas gracias. (Aplausos.)
Ya hemos pasado a la firma el dictamen, que tiene un total de 13 firmas. Hay un solo dictamen, lo que demuestra que la tarea de consenso ha sido realmente muy buena.
Quiero agradecer a todos los diputados, a todos los bloques y especialmente a Federico y a Gervasio, que han trabajado mucho para esto. (Aplausos.)
Hemos recogido sus inquietudes en lo que respecta al sector de las inmobiliarias, en lo que tiene que ver con las incumbencias y honorarios profesionales y, por supuesto, en todo el resto del articulado, en lo que la mayoría de los diputados han expuesto y que también venían planteando Gervasio y las demás agrupaciones de inquilinos.
Creo que hemos avanzado con una ley que es un gran paso adelante para corregir los desequilibrios y los abusos que hoy se vienen produciendo, sobre todo, en lo que tiene que ver con la indexación; esto, mediante una actualización regulada por un índice que, en partes iguales, establece el costo de vida y los salarios.
El valor del alquiler ocupa cada día una parte más importante del salario de un trabajador, por lo tanto, de alguna manera es necesario atar la actualización a los salarios de los trabajadores.
Por otro lado, creo que la extensión del plazo a tres años le da mucha certidumbre a los inquilinos; hoy día, al año de ingresar a una vivienda, con todo lo que implica una mudanza, los inquilinos ya están pensando que, si no renuevan, tienen que mudarse; cuando estamos hablando de familias esto implica un gran trastorno, ya que al mudarse tal vez a un lugar no tan cercano deben cambiar a sus hijos de escuela. Por lo tanto, me parece que es importante dar certidumbre. En este sentido, tres años es más acorde a lo que pasa en el mundo. De hecho, hay países que tienen plazos mucho mayores.
Me parece que está bien establecer claramente que las expensas extraordinarias estén a cargo del propietario; esto era necesario definirlo, al igual que la extensión de la multa en caso de resolución anticipada o renuncia anticipada del contrato, más allá de la reducción del depósito a un mes de alquiler.
Y, por supuesto, en lo relativo a las garantías, estamos saliendo del corsé que hoy se impone en la mayoría de los casos en los que solamente se acepta la garantía de un inmueble. Con el menú de opciones que hemos incluido creo que vamos a permitir que se empiecen a utilizar otros métodos para analizar los contratos ‒como puede ser un recibo de sueldo o un certificado de ingresos‒ y a facilitar que muchas personas puedan acceder a la vivienda.
En definitiva, hemos avanzado mucho en todo este proceso. Esta es la tercera vez en cuatro años que emitimos dictamen respecto de este proyecto de ley. Hemos trabajado mucho y debatido, pero justamente a raíz de esa experiencia hemos logrado un dictamen único, más allá de alguna disidencia parcial. Por lo tanto, veo muy posible que lleguemos al recinto y logremos darle sanción, lo que sería un paso enorme hacia adelante.
Quiero agradecer a los diputados de todos los bloques, especialmente al señor diputado Grana, con quien realmente hemos trabajado mucho este tema, y por supuesto a los diputados de mi bloque, del bloque de Cambiemos. Quiero agradecer a todos y felicitarlos.
Ahora seguiremos con otros temas que tenemos en este temario amplio. En algunos casos hay diputados que quieren hacer uso de la palabra, así que vamos a comenzar. Les pido que sean breves teniendo en cuenta que ya llevamos varias horas de reunión. Muchas gracias. (Aplausos.)
Luego de unos instantes:
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Vamos a continuar con el temario.
Corresponde pasar a la consideración del proyecto de ley de la señora diputada Austin sobre creación del régimen para la promoción, protección y trato igualitario de las personas con albinismo (expediente 1488-d-2018).
Tiene la palabra la señora diputada Austin.
Corresponde pasar a la consideración del proyecto de ley de la señora diputada Austin sobre creación del régimen para la promoción, protección y trato igualitario de las personas con albinismo (expediente 1488-d-2018).
Tiene la palabra la señora diputada Austin.
SRA. AUSTIN Señor presidente: brevemente quiero agradecerle su predisposición, al igual que a quienes nos han venido a acompañar para hacer uso de la palabra.
Quiero mencionar que este es un proyecto por el que venimos peleando desde hace mucho tiempo y en 2016 logramos dictaminar en la Comisión de Acción Social y Salud Pública.
Este gran paso, que consiste en obtener el dictamen en la Comisión de Legislación General, implica garantizar un marco de protección para las personas con albinismo en la Argentina.
Se trata de un programa integral para garantizar el acceso a las cremas dermatológicas y a los tratamientos oftalmológicos, así como la formación de los profesionales de la medicina y los programas de inclusión, tanto en materia educativa como en materia laboral.
Se busca generar un marco regulatorio para las personas con albinismo en relación con lo que para ellos muchas veces significa actualmente el estigma y la discriminación. Esto ocurre en muchos casos por desconocimiento, por falta de formación, pero también por la carencia de políticas públicas integrales que garanticen su acceso a la salud.
Quiero agradecer a las organizaciones que trabajaron muchísimo en toda esta iniciativa. Me refiero a ALBI, Simplemente Amigos, Albinos Argentina, Amigos Albinos de Córdoba, Albinos Argentina, la Organización Latinoamericana de Albinismo y Albinos Patagonia.
En su momento recibimos una notificación de la Organización Mundial de la Salud y de la ONU. La relatora oficial de la ONU para el albinismo, Ikponwosa Ero, manifestó su apoyo a esta iniciativa justamente porque es una preocupación respecto de la cual la ONU viene trabajando desde hace mucho tiempo, fundamentalmente por lo que implica en materia de discriminación y de acceso a la salud.
Simplemente quiero manifestar nuestro agradecimiento por la predisposición para este tratamiento. Esperamos que este tema también pueda ser tratado en el recinto antes de fin de año.
Quiero mencionar que este es un proyecto por el que venimos peleando desde hace mucho tiempo y en 2016 logramos dictaminar en la Comisión de Acción Social y Salud Pública.
Este gran paso, que consiste en obtener el dictamen en la Comisión de Legislación General, implica garantizar un marco de protección para las personas con albinismo en la Argentina.
Se trata de un programa integral para garantizar el acceso a las cremas dermatológicas y a los tratamientos oftalmológicos, así como la formación de los profesionales de la medicina y los programas de inclusión, tanto en materia educativa como en materia laboral.
Se busca generar un marco regulatorio para las personas con albinismo en relación con lo que para ellos muchas veces significa actualmente el estigma y la discriminación. Esto ocurre en muchos casos por desconocimiento, por falta de formación, pero también por la carencia de políticas públicas integrales que garanticen su acceso a la salud.
Quiero agradecer a las organizaciones que trabajaron muchísimo en toda esta iniciativa. Me refiero a ALBI, Simplemente Amigos, Albinos Argentina, Amigos Albinos de Córdoba, Albinos Argentina, la Organización Latinoamericana de Albinismo y Albinos Patagonia.
En su momento recibimos una notificación de la Organización Mundial de la Salud y de la ONU. La relatora oficial de la ONU para el albinismo, Ikponwosa Ero, manifestó su apoyo a esta iniciativa justamente porque es una preocupación respecto de la cual la ONU viene trabajando desde hace mucho tiempo, fundamentalmente por lo que implica en materia de discriminación y de acceso a la salud.
Simplemente quiero manifestar nuestro agradecimiento por la predisposición para este tratamiento. Esperamos que este tema también pueda ser tratado en el recinto antes de fin de año.
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY La idea es intentar que todos los proyectos que estamos dictaminando hoy lleguen al recinto, fundamentalmente la ley de alquileres y la ley de albinismo.
Tiene la palabra el señor Patricio Albornoz.
Tiene la palabra el señor Patricio Albornoz.
SR. ALBORNOZ Señor presidente: formo parte de la Organización Latinoamericana de Albinismo, pero hoy estamos en representación de todos los grupos. Me acompañan compañeros de Simplemente Amigos y de Albinos Zona Sur, pero representamos a todos los grupos que nombró Brenda.
Estamos muy agradecidos con la señora diputada Austin al igual que con su asesor, Daniel Sosa, quienes nos están acompañando desde hace casi tres años con este proyecto.
Por aquí pasan numerosas leyes que están destinadas a un mayor o menor número de personas, pero para nosotros esta iniciativa es nuestro proyecto de vida. No sé si pueden medir el grado de agradecimiento que tenemos para con ustedes y para con el señor diputado Lipovetzky, quien preside esta comisión.
Nosotros venimos transitando pasito a pasito este camino desde hace tres años y hoy ustedes nos ayudaron a dar un paso muy importante. A lo largo de estos tres años nos hemos afianzado en los diferentes grupos y también hemos crecido y avanzado como comunidad albina de nuestro país.
Hoy podemos decir que tenemos una institución, la Fundación Simplemente Amigos, que representa a todos los albinos del país, más allá de la provincia a la cual pertenezcan. Del mismo modo, este proyecto de ley representa a todos desde el concepto en sí porque además nos brinda la igualdad de derechos ante la salud, garantizando el goce pleno del acceso a las necesidades básicas que tenemos como albinos, por ejemplo: las cremas protectoras, las ayudas ópticas, los lentes de contacto.
Todas esas cosas que hasta hoy eran consideradas cosméticos, al pasar por la Comisión de Legislación General nos ayuda mucho con uno de los puntos más importantes de la ley, que es incluir al albinismo dentro del Programa Médico Obligatorio de las obras sociales. Esto va a ayudar mucho no solo a tres mil albinos de nuestro país, sino a tres mil familias.
Hoy ustedes han hecho un aporte que agradezco en nombre de los que formamos este grupo de trabajo, y nos han ayudado a avanzar a nosotros -que ya estamos, como decimos siempre, a la vuelta de un montón de cosas, yo por ejemplo voy a cumplir 40 años-, y a los chicos, porque este proyecto es para las generaciones futuras.
Entonces, nuevamente, muchas gracias por acompañar este dictamen.
Estamos muy agradecidos con la señora diputada Austin al igual que con su asesor, Daniel Sosa, quienes nos están acompañando desde hace casi tres años con este proyecto.
Por aquí pasan numerosas leyes que están destinadas a un mayor o menor número de personas, pero para nosotros esta iniciativa es nuestro proyecto de vida. No sé si pueden medir el grado de agradecimiento que tenemos para con ustedes y para con el señor diputado Lipovetzky, quien preside esta comisión.
Nosotros venimos transitando pasito a pasito este camino desde hace tres años y hoy ustedes nos ayudaron a dar un paso muy importante. A lo largo de estos tres años nos hemos afianzado en los diferentes grupos y también hemos crecido y avanzado como comunidad albina de nuestro país.
Hoy podemos decir que tenemos una institución, la Fundación Simplemente Amigos, que representa a todos los albinos del país, más allá de la provincia a la cual pertenezcan. Del mismo modo, este proyecto de ley representa a todos desde el concepto en sí porque además nos brinda la igualdad de derechos ante la salud, garantizando el goce pleno del acceso a las necesidades básicas que tenemos como albinos, por ejemplo: las cremas protectoras, las ayudas ópticas, los lentes de contacto.
Todas esas cosas que hasta hoy eran consideradas cosméticos, al pasar por la Comisión de Legislación General nos ayuda mucho con uno de los puntos más importantes de la ley, que es incluir al albinismo dentro del Programa Médico Obligatorio de las obras sociales. Esto va a ayudar mucho no solo a tres mil albinos de nuestro país, sino a tres mil familias.
Hoy ustedes han hecho un aporte que agradezco en nombre de los que formamos este grupo de trabajo, y nos han ayudado a avanzar a nosotros -que ya estamos, como decimos siempre, a la vuelta de un montón de cosas, yo por ejemplo voy a cumplir 40 años-, y a los chicos, porque este proyecto es para las generaciones futuras.
Entonces, nuevamente, muchas gracias por acompañar este dictamen.
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Muchas gracias. La verdad es que estamos muy contentos por haber podido emitir dictamen hoy de este proyecto tan importante para muchísima gente. Claramente, coincido con que la incorporación en el PMO es uno de los pasos fundamentales.
Particularmente, quiero felicitar a la diputada Brenda Austin por el proyecto, por su insistencia y por el tesón que ha puesto para avanzar con este proyecto que esperamos poder sancionar la próxima sesión.
Hemos completado el temario, les agradezco a todos; ya quedamos pocos en la sala pero ha sido una reunión de comisión muy fructífera en la que hemos dictaminado en un montón de proyectos.
Muchísimas gracias a todos de corazón. (Aplausos.)
Particularmente, quiero felicitar a la diputada Brenda Austin por el proyecto, por su insistencia y por el tesón que ha puesto para avanzar con este proyecto que esperamos poder sancionar la próxima sesión.
Hemos completado el temario, les agradezco a todos; ya quedamos pocos en la sala pero ha sido una reunión de comisión muy fructífera en la que hemos dictaminado en un montón de proyectos.
Muchísimas gracias a todos de corazón. (Aplausos.)
Es la hora 16 y 12.