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LEGISLACION GENERAL
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P02 Oficina 234
Of. Administrativa: Piso P02 Oficina 235
Secretario Administrativo DR. TRIANTAFILO GUILLERMO
Miércoles 16.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 60752248 Internos 2248
clgeneral@hcdn.gob.ar
- LEGISLACION GENERAL
- COMERCIO
- DEFENSA DEL CONSUMIDOR, DEL USUARIO Y DE LA COMPETENCIA
Reunión del día 21/05/2019
- REUNIÓN CONJUNTA CON COMERCIO Y L. GRAL. LEY DE GÓNDOLAS
- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veintiún días de mayo de 2019, a las 15 y 29:
SRA. PRESIDENTA PASSO Damos comienzo al plenario de las comisiones de Defensa del Consumidor, de Legislación General y de Comercio.
Queremos celebrar que hayamos logrado el quórum para avanzar en el tratamiento de estos temas que fueron iniciados en la Comisión de Defensa del Consumidor. Estos proyectos, presentados por diputados y diputadas de diferentes fuerzas políticas, pretenden plantear una futura norma sustentable que pueda generar un doble beneficio vinculado con las relaciones entre los consumidores y con la posibilidad de que las pymes puedan encontrar una boca de expendio en aquellos lugares en los cuales aún no pueden acceder.
Antes de dar la palabra a los presidentes de las comisiones de Comercio y de Legislación General, quiero agradecer -más allá de las disidencias y las coincidencias- a todo el equipo de asesores que estuvo trabajando fuertemente desde el primer día y hasta el último minuto para lograr consensos, encontrar puntos en común y volcar en los dictámenes la posibilidad de que se encuentren reflejados cada uno de los proyectos.
Cabe mencionar que se presentó un dictamen y seguramente habrá otro de parte del oficialismo.
En primer lugar, hará uso de la palabra el señor diputado Lipovetzky, presidente de la Comisión de Legislación General, y luego el señor diputado Miranda, presidente de la Comisión de Comercio.
Tiene la palabra el señor diputado Lipovetzky.
Queremos celebrar que hayamos logrado el quórum para avanzar en el tratamiento de estos temas que fueron iniciados en la Comisión de Defensa del Consumidor. Estos proyectos, presentados por diputados y diputadas de diferentes fuerzas políticas, pretenden plantear una futura norma sustentable que pueda generar un doble beneficio vinculado con las relaciones entre los consumidores y con la posibilidad de que las pymes puedan encontrar una boca de expendio en aquellos lugares en los cuales aún no pueden acceder.
Antes de dar la palabra a los presidentes de las comisiones de Comercio y de Legislación General, quiero agradecer -más allá de las disidencias y las coincidencias- a todo el equipo de asesores que estuvo trabajando fuertemente desde el primer día y hasta el último minuto para lograr consensos, encontrar puntos en común y volcar en los dictámenes la posibilidad de que se encuentren reflejados cada uno de los proyectos.
Cabe mencionar que se presentó un dictamen y seguramente habrá otro de parte del oficialismo.
En primer lugar, hará uso de la palabra el señor diputado Lipovetzky, presidente de la Comisión de Legislación General, y luego el señor diputado Miranda, presidente de la Comisión de Comercio.
Tiene la palabra el señor diputado Lipovetzky.
SR. LIPOVETZKY Señora presidenta: quiero celebrar que hayamos conseguido el quórum, porque se trata de una iniciativa muy importante que hemos venido trabajando las tres comisiones en plenario respecto de la cual existen varios proyectos. Se ha trabajado intensamente para lograr los dictámenes que hoy seguramente vamos a suscribir.
Por otro lado, el hecho de haber convocado en tan poco tiempo a tres reuniones plenarias demuestra cuál es la voluntad legislativa de este cuerpo para empezar a resolver varios de los problemas a los que se refieren estos proyectos que estamos tratando.
En primer lugar, se trata de evitar los abusos que sufren sobre todo los pequeños proveedores, las pymes, en su relación con las grandes cadenas de comercialización.
En segundo lugar, se busca propiciar que cuando el consumidor concurra a esas grandes cadenas pueda encontrar los productos, especialmente los provenientes de pymes nacionales, en iguales condiciones de competencia que los productos de las grandes empresas; sobre todo, de las multinacionales.
Además, que sea en forma igualitaria. En ese sentido, creo que todos los proyectos tienen el mismo objetivo, más allá de las diferencias que tuvimos en los dictámenes.
Quiero agradecer a todos los asesores y a los diputados que han concurrido a estas reuniones. Seguramente hoy podremos empezar a debatir la cuestión. Cabe destacar que cualquiera de los dos dictámenes que vayamos a firmar tienen el mismo objetivo -dos o más dictámenes, porque no sabemos cuántos habrá-, más allá de que podamos tener alguna diferencia normativa.
De alguna manera, estas diferencias obedecen a que esta iniciativa es prácticamente innovadora. No hay mucho derecho comparado que regule este tipo de cuestiones en un cuerpo normativo, y eso implica un desafío desde el punto de vista legal que ha generado algunas diferencias en cuanto a la redacción de cada uno de los dictámenes; pero todos coincidimos en cuanto al objetivo a concretar.
Por otro lado, el hecho de haber convocado en tan poco tiempo a tres reuniones plenarias demuestra cuál es la voluntad legislativa de este cuerpo para empezar a resolver varios de los problemas a los que se refieren estos proyectos que estamos tratando.
En primer lugar, se trata de evitar los abusos que sufren sobre todo los pequeños proveedores, las pymes, en su relación con las grandes cadenas de comercialización.
En segundo lugar, se busca propiciar que cuando el consumidor concurra a esas grandes cadenas pueda encontrar los productos, especialmente los provenientes de pymes nacionales, en iguales condiciones de competencia que los productos de las grandes empresas; sobre todo, de las multinacionales.
Además, que sea en forma igualitaria. En ese sentido, creo que todos los proyectos tienen el mismo objetivo, más allá de las diferencias que tuvimos en los dictámenes.
Quiero agradecer a todos los asesores y a los diputados que han concurrido a estas reuniones. Seguramente hoy podremos empezar a debatir la cuestión. Cabe destacar que cualquiera de los dos dictámenes que vayamos a firmar tienen el mismo objetivo -dos o más dictámenes, porque no sabemos cuántos habrá-, más allá de que podamos tener alguna diferencia normativa.
De alguna manera, estas diferencias obedecen a que esta iniciativa es prácticamente innovadora. No hay mucho derecho comparado que regule este tipo de cuestiones en un cuerpo normativo, y eso implica un desafío desde el punto de vista legal que ha generado algunas diferencias en cuanto a la redacción de cada uno de los dictámenes; pero todos coincidimos en cuanto al objetivo a concretar.
SRA. PRESIDENTA PASSO Tiene la palabra el señor diputado Miranda, presidente de la Comisión de Comercio.
SR. MIRANDA Señora presidenta: en este tercer intento, quiero agradecer que hayamos logrado el quórum en las tres comisiones de esta reunión conjunta, que tratará el Programa Nacional de Fomento a la Competencia Minorista, conocido como "ley de góndolas".
En este sentido, se produjo un trabajo importante del cuerpo de asesores pues se trató de incorporar las distintas iniciativas e interpretar los distintos proyectos. Hay un dictamen que hace una síntesis de cinco de los proyectos.
Tal como señaló el señor diputado Lipovetzky, lo importante es que hoy abramos el debate, que podamos tratar estos proyectos y que se emitan los dictámenes correspondientes para llevar este tema al recinto, que es central para todos los consumidores y para el pueblo argentino.
Pido a la señora diputada que preside la primera comisión de giro, que es la Comisión de Defensa del Consumidor, que abramos el debate.
En este sentido, se produjo un trabajo importante del cuerpo de asesores pues se trató de incorporar las distintas iniciativas e interpretar los distintos proyectos. Hay un dictamen que hace una síntesis de cinco de los proyectos.
Tal como señaló el señor diputado Lipovetzky, lo importante es que hoy abramos el debate, que podamos tratar estos proyectos y que se emitan los dictámenes correspondientes para llevar este tema al recinto, que es central para todos los consumidores y para el pueblo argentino.
Pido a la señora diputada que preside la primera comisión de giro, que es la Comisión de Defensa del Consumidor, que abramos el debate.
SRA. PRESIDENTA PASSO Gracias, señores diputados. De esta manera, queda abierto el debate. Solicito a los señores diputados que quieran hacer uso de la palabra que se anoten en la lista de oradores.
Tiene la palabra la señora diputada Araceli Ferreyra.
Tiene la palabra la señora diputada Araceli Ferreyra.
SRA. FERREYRA Señora presidenta: ya hemos estado debatiendo estos temas, y pese a no haber obtenido nunca quórum, los distintos bloques hemos ido fijando posición. De manera que habría que avanzar lo más rápido posible en la firma de los dictámenes, para no perder el quórum. Ese es mi pedido.
Nuestro bloque es autor de uno de los proyectos. Lo dijimos siempre. El primero lo presentamos en 2016. Vamos a acompañar el dictamen que se ha estado elaborando en estos días. Pedimos especialmente incluir la categoría de "productores de la economía popular", que son los que vienen produciendo sobre todo alimentos frescos de calidad saludable, a precios competitivos y accesibles para el consumidor. Queremos que también tengan su lugar.
Estuvimos discutiendo la redacción del artículo, pero vamos a acompañar.
Por otra parte, quiero insistir en algo que hemos dicho en otras oportunidades en que hemos tratado este tema. Esta es una ley importante, sobre todo porque pone un poco de orden en la relación entre proveedores y grandes cadenas. Lo cierto es que los abusos que se generan en el sector de proveedores son terribles. Hay que fijar plazos para el pago de sus productos, y si hay atrasos injustificados, que se computen intereses. También deberían prohibirse los descuentos unilaterales, o bien determinadas condiciones de exclusividad que suelen pedirse.
Desde el punto de vista del usuario, este proyecto de ley es insuficiente en este contexto de retracción del consumo. Presenta su importancia en contextos de consumo estable o en aumento, es decir, todo lo contrario a lo que pasa en nuestro país. En mi provincia el 30 por ciento de los chicos se alimentan en comedores escolares, en merenderos de los movimientos sociales, en iglesias. Pueden imaginarse que con esta ley no vamos a llegar a solucionar eso.
En mi provincia la cadena de supermercados está cerrando sucursales, mientras que otras están reduciendo horarios. Entonces, tenemos problemas para entender qué es realmente lo que necesita el usuario. Esto no se aborda en este proyecto de ley. Por eso decimos que, si bien tenemos que aprobarlo, deberíamos dedicarnos a los temas que son realmente necesarios.
Pedimos que se trate la emergencia alimentaria y el tema tarifario. Entre las cosas que más golpean al bolsillo de los argentinos están los megatarifazos, que han hecho que en algunos lugares se tuviera que elegir entre pagar los servicios o comprar un litro de leche.
Hago este pedido a mis pares porque no puede ser que en este Congreso sigamos sesionando para tratar temas que no son urgentes para los argentinos. En la sesión pasada tratamos el tema del financiamiento de los partidos políticos y las acciones colectivas o los consensos de clase. Si uno mira la anterior sesión, verá que hemos tratado asuntos relevantes, como la ley que regula el ejercicio de la obstetricia, pero aún estamos muy lejos de las demandas y necesidades del pueblo argentino. Tenemos que ponernos a tono con esas demandas. No puede ser que sigamos tratando temas que no son centrales en este momento de crisis que vive el país.
Así que vamos a acompañar pero haciendo el firme llamado a dejar de tratar temas que sirven a la partidocracia, o vaya uno a saber qué cosa. Debemos tratar los temas que necesitan los ciudadanos de a pie y reales.
Antes de terminar, vuelvo a pedir que firmemos los dictámenes lo antes posible para no perder el quórum.
Nuestro bloque es autor de uno de los proyectos. Lo dijimos siempre. El primero lo presentamos en 2016. Vamos a acompañar el dictamen que se ha estado elaborando en estos días. Pedimos especialmente incluir la categoría de "productores de la economía popular", que son los que vienen produciendo sobre todo alimentos frescos de calidad saludable, a precios competitivos y accesibles para el consumidor. Queremos que también tengan su lugar.
Estuvimos discutiendo la redacción del artículo, pero vamos a acompañar.
Por otra parte, quiero insistir en algo que hemos dicho en otras oportunidades en que hemos tratado este tema. Esta es una ley importante, sobre todo porque pone un poco de orden en la relación entre proveedores y grandes cadenas. Lo cierto es que los abusos que se generan en el sector de proveedores son terribles. Hay que fijar plazos para el pago de sus productos, y si hay atrasos injustificados, que se computen intereses. También deberían prohibirse los descuentos unilaterales, o bien determinadas condiciones de exclusividad que suelen pedirse.
Desde el punto de vista del usuario, este proyecto de ley es insuficiente en este contexto de retracción del consumo. Presenta su importancia en contextos de consumo estable o en aumento, es decir, todo lo contrario a lo que pasa en nuestro país. En mi provincia el 30 por ciento de los chicos se alimentan en comedores escolares, en merenderos de los movimientos sociales, en iglesias. Pueden imaginarse que con esta ley no vamos a llegar a solucionar eso.
En mi provincia la cadena de supermercados está cerrando sucursales, mientras que otras están reduciendo horarios. Entonces, tenemos problemas para entender qué es realmente lo que necesita el usuario. Esto no se aborda en este proyecto de ley. Por eso decimos que, si bien tenemos que aprobarlo, deberíamos dedicarnos a los temas que son realmente necesarios.
Pedimos que se trate la emergencia alimentaria y el tema tarifario. Entre las cosas que más golpean al bolsillo de los argentinos están los megatarifazos, que han hecho que en algunos lugares se tuviera que elegir entre pagar los servicios o comprar un litro de leche.
Hago este pedido a mis pares porque no puede ser que en este Congreso sigamos sesionando para tratar temas que no son urgentes para los argentinos. En la sesión pasada tratamos el tema del financiamiento de los partidos políticos y las acciones colectivas o los consensos de clase. Si uno mira la anterior sesión, verá que hemos tratado asuntos relevantes, como la ley que regula el ejercicio de la obstetricia, pero aún estamos muy lejos de las demandas y necesidades del pueblo argentino. Tenemos que ponernos a tono con esas demandas. No puede ser que sigamos tratando temas que no son centrales en este momento de crisis que vive el país.
Así que vamos a acompañar pero haciendo el firme llamado a dejar de tratar temas que sirven a la partidocracia, o vaya uno a saber qué cosa. Debemos tratar los temas que necesitan los ciudadanos de a pie y reales.
Antes de terminar, vuelvo a pedir que firmemos los dictámenes lo antes posible para no perder el quórum.
SRA. PRESIDENTA PASSO Quiero aclarar que ya se encuentran en circulación los dictámenes para la firma.
Tiene la palabra el señor diputado José Luis Ramón.
Tiene la palabra el señor diputado José Luis Ramón.
SR. RAMÓN Señora presidenta: celebro que hoy podamos estar tratando los proyectos de ley sobre góndolas, luego de haber atravesado varias circunstancias en las que no lográbamos alcanzar el quórum necesario.
Como manifestamos en varias oportunidades en la Comisión de Defensa del Consumidor, nuestro bloque cree en esta Cámara en la medida en que se comiencen a tratar los temas relacionados con los derechos de los consumidores, sobre todo en lo que hace a la necesidad de establecer un sistema de regulación del libre comercio en nuestra Argentina.
Hace algún tiempo me preguntaba en qué momento en cada una de las provincias de nuestro país comenzamos a permitir que un pequeño grupo de empresas que se hicieron muy grandes se apoderaran de los distintos mercados en nuestra república. ¿En qué momento? Esto lo digo más allá de que constitucionalmente, y por la manera de proceder de la economía de nuestro país, todos participamos del libre mercado y del libre comercio. Pero vamos a estar en un problema si no consideramos que los derechos de los consumidores son una parte de la discusión en cada una de las leyes que tratamos, como en la ley de lealtad comercial y, por sobre todas las cosas, en la ley de defensa de la competencia.
Por eso, creo que debemos celebrar que hoy nos hayamos podido reunir para firmar este dictamen unificado de la mayoría de los bloques de las fuerzas políticas que integran la Cámara. ¿En qué sentido? En el sentido de que por primera vez en el año vamos a tener un dictamen para tratar en el recinto que está mirando el corazón de los consumidores.
Desde nuestro bloque, cada vez que se trata un proyecto de ley en comisión o en el recinto nos preguntamos por qué no se hizo antes, porque la protección del derecho de los consumidores comprende a los trabajadores de cualquier ámbito: en relación de dependencia, cuentapropistas, en la pobreza de ser un jubilado, un desocupado o un beneficiario de una asignación universal por hijo, o bien, como profesional independiente cuyos ingresos y derechos adquiridos durante décadas en nuestro país han sido muy importantes. De hecho, dentro del concierto de todas las naciones, la adquisición de derechos de cada argentino es algo que todos celebramos.
Pero hay un problema. En la medida en que ese grupito de grandes empresas descontrolado gracias al Estado siga apoderándose de nuestra Argentina, de nuestras economías regionales, de las pymes, de la economía popular, ya no va a importar tanto si en un hogar los ingresos son bajos, muy bajos o más o menos suficientes. Lo que está importando hoy en nuestra Argentina es todo el dinero que se va por culpa de no controlar a estos señores apoderados, en este caso, del comercio minorista.
Trasladémonos a otro aspecto de la economía, que es el sistema por el cual se establece el valor de los cuadros tarifarios; por ejemplo, de los servicios públicos. Los monopolios de los cárteles no solamente son estos que se forman por el descontrol en un sistema de libre comercio donde no se aplica la regulación de la defensa de la competencia. Hay monopolios legales. Fíjense cómo será este tema que en la Argentina nos hemos olvidado de que los monopolios legales de los proveedores de servicios públicos consideran que los servicios públicos como el gas, la luz, la electricidad, el agua, el saneamiento y el transporte público son un bien de mercado.
Se los digo sobre todo a los bloques del oficialismo que integran esta Cámara: es un tema delicado. Cuando hablamos de servicios públicos estamos hablando de proveedores que tienen un monopolio legal. Pero si no existe control del Estado ni participación de los usuarios en la manera en que se establecen los valores de los cuadros tarifarios, se desvirtúa el concepto de lo que es un servicio público. ¿Y por qué voy por el lado de los servicios públicos? Porque son legales. No son empresas sino proveedores de servicios que tendrían que estar sujetos al control de los entes reguladores y de la participación de los usuarios.
También hablamos de las empresas que producen bienes, como estos sobre los que estamos debatiendo hoy. En una reunión de las tres comisiones hablamos del tema de la leche.
En este sentido, hicimos referencia a cuánto cuesta la leche. El litro de leche en cualquier tranquera de tambo de la Argentina cuesta doce pesos, pero cuando se produce el descontrol de estas empresas aparecen los oligopsonios que se apoderan de la compra.
Hoy en la Argentina existe una sola empresa que compra el litro de leche a nueve pesos y, como consecuencia de eso, paulatinamente han ido desapareciendo los tambos de los campos de nuestra Argentina. Eso no es lo peor, sino que por el descontrol de un sistema que controle la competencia, cuando una persona va a comprar ese litro de leche en una góndola la encuentra a sesenta pesos, aunque en esta Capital la he visto hasta a sesenta y ocho pesos. No es un tema menor el problema del descontrol de estas empresas que se han apoderado de la economía y del comercio minorista.
Mi exposición ha sido extensa, pero quiero destacar tres cuestiones técnicas del dictamen que vamos a firmar. La primera de ellas es el porcentaje de los productos: se discutía si tenía que ser el 20 por ciento, el 30 por ciento o un porcentaje mayor.
A los que no están de acuerdo les quiero decir que hemos llegado a un acuerdo sobre la base de que una de estas grandes empresas puede tener un 30 por ciento de la góndola, pero no el resto.
La Serenísima ofrece, de manera monopólica, toda la góndola con su litro de leche a sesenta pesos. Entonces, se piensa en instrumentar un sistema de precios esenciales o cuidados con otra marca. Como no hay control, la empresa La Serenísima hace un cartel -que es una actividad criminal- que consiste en tener dos marcas del mismo dueño, haciendo trampa al consumidor. Por ello, en vez de venderla a sesenta pesos y existir la leche La Armonía o La Martona, esa leche debiera valer cuarenta pesos y debería haber otras que cuesten treinta y cinco pesos, pero son todas del mismo dueño porque no existe control del Estado.
El objetivo del dictamen, que ojalá se convierta en ley, es que La Serenísima tenga solamente el 30 por ciento y que otra empresa, otro productor, pueda ofrecer sus productos.
Respecto de la exhibición, siempre doy el ejemplo de aquellos que nos dedicamos a proteger el derecho de los consumidores. En los supermercados una persona jubilada se tiene que agachar para ver si en la góndola existe un producto de los programas Precios Cuidados o Precios Esenciales. Este proyecto termina con esa historia. ¡Esperemos que así sea!
El otro punto se refiere al apriete a los proveedores por parte de estos grandes, al cual se refirió el señor diputado de Mendiguren en una reunión anterior. ¡Terminemos con eso! El proyecto prevé que no se puede patear hacia adelante el pago por más de sesenta días, y son treinta días en el caso de las empresas regionales o locales de la economía familiar.
Ponernos de acuerdo en esta cuestión ha sido muy importante. Los diputados del oficialismo tienen que saber que lamentamos que estén en desacuerdo con este proyecto porque estamos buscando que haya competencia.
Consideramos que no es adecuado que haya dos dictámenes; tendría que haber uno solo, a fin de no dejar una norma lábil para que estos grandes sigan apoderándose del comercio minorista. Creo que este punto es parte de la responsabilidad que no quieren asumir desde el oficialismo para lograr la sanción de una ley que proteja realmente a los consumidores.
Desde nuestro bloque, Protectora, vamos a apoyar el dictamen que está circulando y esperamos que también lo acompañe el bloque oficialista.
Como manifestamos en varias oportunidades en la Comisión de Defensa del Consumidor, nuestro bloque cree en esta Cámara en la medida en que se comiencen a tratar los temas relacionados con los derechos de los consumidores, sobre todo en lo que hace a la necesidad de establecer un sistema de regulación del libre comercio en nuestra Argentina.
Hace algún tiempo me preguntaba en qué momento en cada una de las provincias de nuestro país comenzamos a permitir que un pequeño grupo de empresas que se hicieron muy grandes se apoderaran de los distintos mercados en nuestra república. ¿En qué momento? Esto lo digo más allá de que constitucionalmente, y por la manera de proceder de la economía de nuestro país, todos participamos del libre mercado y del libre comercio. Pero vamos a estar en un problema si no consideramos que los derechos de los consumidores son una parte de la discusión en cada una de las leyes que tratamos, como en la ley de lealtad comercial y, por sobre todas las cosas, en la ley de defensa de la competencia.
Por eso, creo que debemos celebrar que hoy nos hayamos podido reunir para firmar este dictamen unificado de la mayoría de los bloques de las fuerzas políticas que integran la Cámara. ¿En qué sentido? En el sentido de que por primera vez en el año vamos a tener un dictamen para tratar en el recinto que está mirando el corazón de los consumidores.
Desde nuestro bloque, cada vez que se trata un proyecto de ley en comisión o en el recinto nos preguntamos por qué no se hizo antes, porque la protección del derecho de los consumidores comprende a los trabajadores de cualquier ámbito: en relación de dependencia, cuentapropistas, en la pobreza de ser un jubilado, un desocupado o un beneficiario de una asignación universal por hijo, o bien, como profesional independiente cuyos ingresos y derechos adquiridos durante décadas en nuestro país han sido muy importantes. De hecho, dentro del concierto de todas las naciones, la adquisición de derechos de cada argentino es algo que todos celebramos.
Pero hay un problema. En la medida en que ese grupito de grandes empresas descontrolado gracias al Estado siga apoderándose de nuestra Argentina, de nuestras economías regionales, de las pymes, de la economía popular, ya no va a importar tanto si en un hogar los ingresos son bajos, muy bajos o más o menos suficientes. Lo que está importando hoy en nuestra Argentina es todo el dinero que se va por culpa de no controlar a estos señores apoderados, en este caso, del comercio minorista.
Trasladémonos a otro aspecto de la economía, que es el sistema por el cual se establece el valor de los cuadros tarifarios; por ejemplo, de los servicios públicos. Los monopolios de los cárteles no solamente son estos que se forman por el descontrol en un sistema de libre comercio donde no se aplica la regulación de la defensa de la competencia. Hay monopolios legales. Fíjense cómo será este tema que en la Argentina nos hemos olvidado de que los monopolios legales de los proveedores de servicios públicos consideran que los servicios públicos como el gas, la luz, la electricidad, el agua, el saneamiento y el transporte público son un bien de mercado.
Se los digo sobre todo a los bloques del oficialismo que integran esta Cámara: es un tema delicado. Cuando hablamos de servicios públicos estamos hablando de proveedores que tienen un monopolio legal. Pero si no existe control del Estado ni participación de los usuarios en la manera en que se establecen los valores de los cuadros tarifarios, se desvirtúa el concepto de lo que es un servicio público. ¿Y por qué voy por el lado de los servicios públicos? Porque son legales. No son empresas sino proveedores de servicios que tendrían que estar sujetos al control de los entes reguladores y de la participación de los usuarios.
También hablamos de las empresas que producen bienes, como estos sobre los que estamos debatiendo hoy. En una reunión de las tres comisiones hablamos del tema de la leche.
En este sentido, hicimos referencia a cuánto cuesta la leche. El litro de leche en cualquier tranquera de tambo de la Argentina cuesta doce pesos, pero cuando se produce el descontrol de estas empresas aparecen los oligopsonios que se apoderan de la compra.
Hoy en la Argentina existe una sola empresa que compra el litro de leche a nueve pesos y, como consecuencia de eso, paulatinamente han ido desapareciendo los tambos de los campos de nuestra Argentina. Eso no es lo peor, sino que por el descontrol de un sistema que controle la competencia, cuando una persona va a comprar ese litro de leche en una góndola la encuentra a sesenta pesos, aunque en esta Capital la he visto hasta a sesenta y ocho pesos. No es un tema menor el problema del descontrol de estas empresas que se han apoderado de la economía y del comercio minorista.
Mi exposición ha sido extensa, pero quiero destacar tres cuestiones técnicas del dictamen que vamos a firmar. La primera de ellas es el porcentaje de los productos: se discutía si tenía que ser el 20 por ciento, el 30 por ciento o un porcentaje mayor.
A los que no están de acuerdo les quiero decir que hemos llegado a un acuerdo sobre la base de que una de estas grandes empresas puede tener un 30 por ciento de la góndola, pero no el resto.
La Serenísima ofrece, de manera monopólica, toda la góndola con su litro de leche a sesenta pesos. Entonces, se piensa en instrumentar un sistema de precios esenciales o cuidados con otra marca. Como no hay control, la empresa La Serenísima hace un cartel -que es una actividad criminal- que consiste en tener dos marcas del mismo dueño, haciendo trampa al consumidor. Por ello, en vez de venderla a sesenta pesos y existir la leche La Armonía o La Martona, esa leche debiera valer cuarenta pesos y debería haber otras que cuesten treinta y cinco pesos, pero son todas del mismo dueño porque no existe control del Estado.
El objetivo del dictamen, que ojalá se convierta en ley, es que La Serenísima tenga solamente el 30 por ciento y que otra empresa, otro productor, pueda ofrecer sus productos.
Respecto de la exhibición, siempre doy el ejemplo de aquellos que nos dedicamos a proteger el derecho de los consumidores. En los supermercados una persona jubilada se tiene que agachar para ver si en la góndola existe un producto de los programas Precios Cuidados o Precios Esenciales. Este proyecto termina con esa historia. ¡Esperemos que así sea!
El otro punto se refiere al apriete a los proveedores por parte de estos grandes, al cual se refirió el señor diputado de Mendiguren en una reunión anterior. ¡Terminemos con eso! El proyecto prevé que no se puede patear hacia adelante el pago por más de sesenta días, y son treinta días en el caso de las empresas regionales o locales de la economía familiar.
Ponernos de acuerdo en esta cuestión ha sido muy importante. Los diputados del oficialismo tienen que saber que lamentamos que estén en desacuerdo con este proyecto porque estamos buscando que haya competencia.
Consideramos que no es adecuado que haya dos dictámenes; tendría que haber uno solo, a fin de no dejar una norma lábil para que estos grandes sigan apoderándose del comercio minorista. Creo que este punto es parte de la responsabilidad que no quieren asumir desde el oficialismo para lograr la sanción de una ley que proteja realmente a los consumidores.
Desde nuestro bloque, Protectora, vamos a apoyar el dictamen que está circulando y esperamos que también lo acompañe el bloque oficialista.
SR. PRESIDENTA PASSO Tiene la palabra señora diputada Ana Carla Carrizo.
SRA. CARRIZO (A.C.) Señora presidenta: nosotros, desde el bloque Evolución, vamos a acompañar el dictamen del oficialismo pero con disidencia parcial. Tenemos dos observaciones que esperamos se puedan incorporar en el tratamiento en el recinto.
La primera observación es sobre el artículo 15, que justamente se refiere al fomento de la competencia en la canasta básica alimentaria, pero no estamos de acuerdo con la cantidad de proveedores que se ofrecen, que son tres como máximo.
Consideramos que, en lugar de proteger a los débiles, se fortalece a los fuertes con esa cantidad destinada a garantizar la oferta en una misma categoría de productos. Es decir, no se entiende si este artículo protege a los consumidores o es una garantía a los grandes proveedores. Queremos que se establezcan más de tres proveedores, y esto me parece que es lo importante en el artículo 15.
La segunda observación que realizaremos se vincula con el artículo 31, porque allí no se indica cuál es el destino de los fondos recaudados en virtud de las multas aplicadas. Creemos que hay que especificarlos y que tienen que ser distribuidos de determinada manera. El 70 por ciento se destinaría al desarrollo del Plan Nacional para Fortalecimiento de la Cadena de Valor Alimenticia, porque es un plan que se crea, al cual se le asignan numerosas funciones, pero no se puntualiza cómo será financiado. El 30 por ciento restante será destinado a favorecer y cuidar a aquellos sectores que esta norma quiere proteger, que son básicamente la agricultura familiar y los sectores de la economía popular.
Esas son nuestras dos observaciones, que trataremos de incorporar en el recinto.
La primera observación es sobre el artículo 15, que justamente se refiere al fomento de la competencia en la canasta básica alimentaria, pero no estamos de acuerdo con la cantidad de proveedores que se ofrecen, que son tres como máximo.
Consideramos que, en lugar de proteger a los débiles, se fortalece a los fuertes con esa cantidad destinada a garantizar la oferta en una misma categoría de productos. Es decir, no se entiende si este artículo protege a los consumidores o es una garantía a los grandes proveedores. Queremos que se establezcan más de tres proveedores, y esto me parece que es lo importante en el artículo 15.
La segunda observación que realizaremos se vincula con el artículo 31, porque allí no se indica cuál es el destino de los fondos recaudados en virtud de las multas aplicadas. Creemos que hay que especificarlos y que tienen que ser distribuidos de determinada manera. El 70 por ciento se destinaría al desarrollo del Plan Nacional para Fortalecimiento de la Cadena de Valor Alimenticia, porque es un plan que se crea, al cual se le asignan numerosas funciones, pero no se puntualiza cómo será financiado. El 30 por ciento restante será destinado a favorecer y cuidar a aquellos sectores que esta norma quiere proteger, que son básicamente la agricultura familiar y los sectores de la economía popular.
Esas son nuestras dos observaciones, que trataremos de incorporar en el recinto.
SRA. PRESIDENTA PASSO Tiene la palabra el señor diputado Contigiani.
SR. CONTIGIANI Señora presidenta: quiero señalar tres dimensiones en relación con este tema. En este sentido, me referiré a un aspecto positivo, a un aspecto negativo y a la necesidad de que entendamos que con esta iniciativa necesitaremos ir mucho más allá, en busca de políticas integrales para resolver el problema de fondo.
El aspecto positivo que quiero señalar es que estamos dictaminando un proyecto que considero muy importante e histórico para este período democrático. Es la primera vez que el interés público aparece, a partir de este dictamen y esta futura ley, prevaleciendo sobre un interés económico concentrado y altamente sensible para nuestra población, que es la comercialización de alimentos y demás productos.
Asimismo, es la primera vez que una política de Estado, mediante esta futura ley, fijará los criterios y las prioridades desde el interés público. Por eso, es importante este consenso y es positivo este dictamen. Nos estamos conectando con la demanda real y directa que padecen nuestros usuarios, consumidores y la gran mayoría del pueblo argentino.
Es preciso tener en cuenta que, en las últimas décadas de nuestro país, en el período en el que avanzó el proceso de concentración de producción y comercialización de alimentos en la Argentina, hubo porcentajes en la comercialización -solamente de alimentos- que fueron del 74 al 78 por ciento y son comercializados en el país por no más de seis grandes cadenas de supermercados.
Por eso, es fundamental establecer este interés público sobre esos intereses privados y concentrados que caminaron y caminan siempre por el camino del abuso, del monopolio, del apriete a los proveedores, de la exclusión de las pymes, de los productos de la economía popular, de la agricultura familiar y, además, de hacer juegos con los bienes importados que establecen los dictámenes para bajar el precio, perjudicando a la industria y al trabajo nacionales. Por eso, celebro esta situación.
Asimismo, desde mi espacio quiero expresar un aspecto negativo para que quede planteado. Considero que el artículo más importante en los dictámenes es el referido a la autoridad de aplicación, y no está definido. O sea que la autoridad de aplicación quedará en manos de una definición del Poder Ejecutivo; no importa quien gobierne, pues no estoy prejuzgando.
Desde mi punto de vista, en este tipo de leyes, que son puramente de observancia y control legales, la voluntad política tiene que estar reflejada en uno de sus pilares fundamentales, que es la autoridad aplicación. Por ello, tendríamos que definir quién es, sus facultades y su poder. Asimismo, es conveniente dar participación a los organismos de usuarios, de defensa del consumidor, a las entidades de la producción de la agricultura familiar y a las pymes industriales, para que ayuden a esa autoridad de aplicación.
Advierto que por esta debilidad que tienen los dictámenes se nos pueden colar aquellos intereses que tratarán de paralizar o debilitar la iniciativa, o directamente intentar que no se aplique la ley de góndolas. Quiero dejarlo expresamente marcado.
Finalmente, quiero decir que es muy importante que estemos avanzando en la regulación del último eslabón de la comercialización de alimentos. Pero no debemos confundirnos en un punto. Estamos regulando la etapa final de la comercialización de alimentos y otros productos, pero tenemos que ir hacia atrás. Y hacia atrás, en términos de regulación y producción de alimentos, la Argentina es tierra de nadie. Por eso, necesitamos aprovechar este debate para poner en foco que a las pymes hay que defenderlas no solo desde las góndolas sino también desde la producción primaria. Es necesario que los mercados estén institucionalizados y que haya determinación transparente de precios en todas las economías regionales. Por ejemplo, que transparenten cuánto vale un cajón de manzanas. ¿Quién determina el valor de un kilo de pera en la Argentina? ¿La oferta y la demanda? ¿Quién determina la calidad de los productos de las economías regionales? ¿La oferta y la demanda, los mercados institucionalizados, los precios de referencia? No. Nada de eso. Pero sería bueno lograrlo para tener una economía sana. Los que definen eso, en cambio, son los sectores de la comercialización industrial concentrada que va perjudicando a los pequeños y medianos productores, a la industria familiar y a las economías regionales.
Junto con la ley de góndolas nos merecemos transparentar, a través de una política integral, las treinta y una cadenas de la economía regional agroalimentaria que existen en este país. Tenemos que lograr un país productor de alimentos transparente y sano, con el fin de generar mucha más riqueza social.
El aspecto positivo que quiero señalar es que estamos dictaminando un proyecto que considero muy importante e histórico para este período democrático. Es la primera vez que el interés público aparece, a partir de este dictamen y esta futura ley, prevaleciendo sobre un interés económico concentrado y altamente sensible para nuestra población, que es la comercialización de alimentos y demás productos.
Asimismo, es la primera vez que una política de Estado, mediante esta futura ley, fijará los criterios y las prioridades desde el interés público. Por eso, es importante este consenso y es positivo este dictamen. Nos estamos conectando con la demanda real y directa que padecen nuestros usuarios, consumidores y la gran mayoría del pueblo argentino.
Es preciso tener en cuenta que, en las últimas décadas de nuestro país, en el período en el que avanzó el proceso de concentración de producción y comercialización de alimentos en la Argentina, hubo porcentajes en la comercialización -solamente de alimentos- que fueron del 74 al 78 por ciento y son comercializados en el país por no más de seis grandes cadenas de supermercados.
Por eso, es fundamental establecer este interés público sobre esos intereses privados y concentrados que caminaron y caminan siempre por el camino del abuso, del monopolio, del apriete a los proveedores, de la exclusión de las pymes, de los productos de la economía popular, de la agricultura familiar y, además, de hacer juegos con los bienes importados que establecen los dictámenes para bajar el precio, perjudicando a la industria y al trabajo nacionales. Por eso, celebro esta situación.
Asimismo, desde mi espacio quiero expresar un aspecto negativo para que quede planteado. Considero que el artículo más importante en los dictámenes es el referido a la autoridad de aplicación, y no está definido. O sea que la autoridad de aplicación quedará en manos de una definición del Poder Ejecutivo; no importa quien gobierne, pues no estoy prejuzgando.
Desde mi punto de vista, en este tipo de leyes, que son puramente de observancia y control legales, la voluntad política tiene que estar reflejada en uno de sus pilares fundamentales, que es la autoridad aplicación. Por ello, tendríamos que definir quién es, sus facultades y su poder. Asimismo, es conveniente dar participación a los organismos de usuarios, de defensa del consumidor, a las entidades de la producción de la agricultura familiar y a las pymes industriales, para que ayuden a esa autoridad de aplicación.
Advierto que por esta debilidad que tienen los dictámenes se nos pueden colar aquellos intereses que tratarán de paralizar o debilitar la iniciativa, o directamente intentar que no se aplique la ley de góndolas. Quiero dejarlo expresamente marcado.
Finalmente, quiero decir que es muy importante que estemos avanzando en la regulación del último eslabón de la comercialización de alimentos. Pero no debemos confundirnos en un punto. Estamos regulando la etapa final de la comercialización de alimentos y otros productos, pero tenemos que ir hacia atrás. Y hacia atrás, en términos de regulación y producción de alimentos, la Argentina es tierra de nadie. Por eso, necesitamos aprovechar este debate para poner en foco que a las pymes hay que defenderlas no solo desde las góndolas sino también desde la producción primaria. Es necesario que los mercados estén institucionalizados y que haya determinación transparente de precios en todas las economías regionales. Por ejemplo, que transparenten cuánto vale un cajón de manzanas. ¿Quién determina el valor de un kilo de pera en la Argentina? ¿La oferta y la demanda? ¿Quién determina la calidad de los productos de las economías regionales? ¿La oferta y la demanda, los mercados institucionalizados, los precios de referencia? No. Nada de eso. Pero sería bueno lograrlo para tener una economía sana. Los que definen eso, en cambio, son los sectores de la comercialización industrial concentrada que va perjudicando a los pequeños y medianos productores, a la industria familiar y a las economías regionales.
Junto con la ley de góndolas nos merecemos transparentar, a través de una política integral, las treinta y una cadenas de la economía regional agroalimentaria que existen en este país. Tenemos que lograr un país productor de alimentos transparente y sano, con el fin de generar mucha más riqueza social.
SRA. PRESIDENTA PASSO Tiene la palabra el señor diputado Cabandié.
SR. CABANDIÉ Señora presidenta: del mismo modo que manifestaron los diputados preopinantes, celebro que tengamos quórum y podamos dictaminar estos proyectos de tanta necesidad y urgencia debido a las condiciones económicas por las que atraviesa nuestro país.
Me parece que es importante hacerlo también porque estamos acostumbrados a que los consumidores y usuarios en nuestro país no sean protegidos y cuidados. Avanzar con esto me parece sumamente importante.
Cuando hay una situación económica grave como la actual, se incrementa la vulnerabilidad que sufren los consumidores. En el caso de la compra de alimentos, es muy preocupante por la concentración en pocas manos de la venta de alimentos. Pero no solo por eso: las estadísticas indican que el 60 por ciento del consumo minorista se produce en supermercados; y dentro de ese 60 por ciento, solamente hay tres cadenas de supermercados que concentran el 70 por ciento. Es decir que hay una extraordinaria concentración.
En Chile sucede algo similar en cuanto a la venta y compra de alimentos: cuatro cadenas concentran más del 80 por ciento. Incluso en Chile también sucede lo mismo con el tema de las farmacias. Teléfono para Quintana y Farmacity. El modelo que pretende el gobierno es similar al de Chile, no solamente en cuanto a la comercialización de medicamentos o alimentos sino en líneas generales. Es un país con acuerdos con Estados Unidos.
Pero para no entrar en chicanas, porque simplemente hice una descripción, quiero referirme al hecho de que ahora estamos defendiendo a los usuarios y consumidores. Es importante el hecho de que los distintos bloques de la oposición nos hayamos puesto de acuerdo respecto a que una marca o producto no pueda tener más del 30 por ciento de la góndola, así como respecto a que tiene que haber cinco productos como mínimo. Esto también nos parece un avance.
Lo que estamos haciendo es cuidar a los consumidores. No es cierto que no haya legislación comparada. En Estados Unidos está la "ley Clayton". En Europa sucede lo mismo: existen distintas regulaciones que no permiten la concentración a los grandes supermercadistas, en ferviente defensa de los consumidores.
Miramos a Estados Unidos o a Europa cuando nos conviene, y cuando no nos conviene no los miramos. Hay que mirar también las legislaciones que existen en ese sentido.
Lo que estamos haciendo en realidad es descular la ingeniería del supermercadista en cuanto al consumo: qué significa poner un producto a un metro setenta de altura, en punta de góndola o en una isla. Hay que estudiar cuántos segundos dedica un consumidor a cada producto. El hecho de que un producto figure en punta de góndola es importante, así como que esté ubicado a un metro setenta de altura. En ambos casos el producto es más visible y más caro, lo cual conviene al supermercado porque así obtiene más utilidades. Las ofertas, en cambio, están abajo.
Eso hay que regularlo. Hemos dado un avance en ese sentido. Dicho sea de paso, estamos cuidando a las pymes. Muchas veces nos llenamos la boca diciendo que las pymes son las empresas que más trabajo generan en nuestro país. Es cierto. Pero a veces no las defendemos como se lo merecen. Entonces, cuando redactamos este conjunto de artículos que hoy van a tener dictamen, lo hicimos con el fin de cuidar a las pymes, porque, entre otras cosas, hay una situación abusiva por parte de las grandes cadenas en cuanto a los pagos, como dijeron algunos diputados preopinantes. Hay pymes proveedoras de grandes cadenas que reciben los pagos a los noventa o a los ciento ochenta días. Además, tienen cláusulas unilaterales. Cuando una cadena inaugura una nueva sucursal, existe la costumbre de sacarle un porcentaje de ganancia al proveedor. Así lo decide la cadena unilateralmente. Cuando una pyme ingresa a una cadena grande para vender sus productos -con lo difícil que es-, la cadena al principio le pide que le regale miles de sus productos. Si se trata de jarras, por ejemplo, le dicen al proveedor: "Me tenés que dar 5.000 jarras gratis". O sea que los primeros dos meses el proveedor no va a facturar.
He escuchado a un proveedor de un artículo de limpieza, con quien tuve una reunión hace un par de años, decir que una cadena le exigía subir el precio de sus productos porque otro proveedor de ese mismo artículo de limpieza con posición dominante -es decir, la marca más reconocida- le exigía al nuevo que subiera los precios porque, si no, le iba a sacar el mercado.
Entonces, si nos preocupa la inflación, ¡cómo no vamos a estar de acuerdo con una regulación a favor de las mayorías, que tiene que ver justamente con los consumidores! Celebremos el hecho de poder tener esta legislación.
También creo que es importante que hayamos introducido en el proyecto que elaboramos con los bloques de la oposición -puede ser que tengamos dictamen de mayoría, o al menos tenemos dictamen de minoría- el tema de la comercialización on line de alimentos. El 20 por ciento de las ventas de las grandes cadenas se hace vía on line. No regular que todos los productos, y sobre todo los de menor precio, estén en las primeras páginas sería una tontera. De hecho, ya terminó el hot sale y se sabe que tuvo una gran repercusión porque los productos más vendidos fueron alimentos. Evidentemente, tenemos un problema con la comida en este contexto del país.
Somos un país que se jacta de que puede alimentar a 400.000.000 de habitantes. Claro, los que se jactan de eso son los exportadores. Ellos insisten y presionan para tener las mejores utilidades, las mejores ganancias, y no les importa lo que pasa en el mercado interno.
Entonces, resulta que un país que es productor de alimentos, hace tres años y medio que tiene problemas con los alimentos. No significa que antes vivíamos en el mundo ideal. Lo que significa es que en estos tres años y medio se incrementó y agudizó el problema, y no quieren reconocerlo.
Por eso es importante esta iniciativa, que finalmente tendrá su dictamen, y también es bueno que el oficialismo entienda que es necesario tratarla en el recinto lo antes posible. Asimismo, es preciso advertir que esta no es la solución a los males de la situación económica que acontece en nuestro país, pero por lo menos ayuda.
Considero que el problema de los males que aquejan a nuestro país son las decisiones económicas que se vienen tomando desde hace tres años y medio, con una deuda proyectada en 200.000 millones de dólares y nadie sabe dónde están.
A mí me da la sensación de que hay un debate dentro del bloque oficialista: están los que quieren esta regulación y los que no la quieren porque ideológicamente, en sus entrañas, se ubican en el lugar opuesto a una regulación con estas características. Ellos creen que esto es parte del "intervencionismo estatizante" que mencionó un ministro de Economía el 2 de abril de 1976, frase que quedó grabada en la memoria negativa de los argentinos. En esa época nos decían que había sillas argentinas, pero si se rompían las patas había que importarlas.
Llegamos a tal punto que hoy en las góndolas tienen cada vez más lugar los productos que vienen del exterior cuando somos un país productor de alimentos.
Entonces, se oscila entre la posición del "intervencionismo estatizante" y la de considerar esta iniciativa como una futura ley estalinista, porque en realidad piensan que debe haber un libre flujo de oferta y demanda y que el Estado no tiene que intervenir. Claro, pero si el Estado no interviene, sucede lo que sucede hoy, que se está agravando.
Por eso, llamamos a la reflexión al ala que está a favor de esta iniciativa para que la discusión interna que tiene ese sector le gane a los que creen que esta es una ley estalinista, porque en el medio hay mucha gente que tiene problemas con la comida.
Reitero que esta cuestión no va a solucionar el problema. Me parece que a veces, en esa ingeniería de la comunicación y la manipulación, utilizan un mascarón de proa para decir que están a favor de los consumidores pero en realidad no es así.
Dujovne dio la mejor definición que he escuchado por parte de un funcionario de gobierno. Hace unos meses dijo que nunca un gobierno que ajustó tanto se pudo mantener. Es cierto. Se mantiene gracias a la manipulación y el engaño. Yo no quiero que el proyecto que está favor de los consumidores sea parte de la manipulación y el engaño cuando en realidad no están ni un poquito a favor de esto.
Por eso, pido encarecidamente al ala que está a favor de los consumidores que pueda dar la discusión para que esta cuestión se trate rápidamente en el recinto. (Aplausos.)
Me parece que es importante hacerlo también porque estamos acostumbrados a que los consumidores y usuarios en nuestro país no sean protegidos y cuidados. Avanzar con esto me parece sumamente importante.
Cuando hay una situación económica grave como la actual, se incrementa la vulnerabilidad que sufren los consumidores. En el caso de la compra de alimentos, es muy preocupante por la concentración en pocas manos de la venta de alimentos. Pero no solo por eso: las estadísticas indican que el 60 por ciento del consumo minorista se produce en supermercados; y dentro de ese 60 por ciento, solamente hay tres cadenas de supermercados que concentran el 70 por ciento. Es decir que hay una extraordinaria concentración.
En Chile sucede algo similar en cuanto a la venta y compra de alimentos: cuatro cadenas concentran más del 80 por ciento. Incluso en Chile también sucede lo mismo con el tema de las farmacias. Teléfono para Quintana y Farmacity. El modelo que pretende el gobierno es similar al de Chile, no solamente en cuanto a la comercialización de medicamentos o alimentos sino en líneas generales. Es un país con acuerdos con Estados Unidos.
Pero para no entrar en chicanas, porque simplemente hice una descripción, quiero referirme al hecho de que ahora estamos defendiendo a los usuarios y consumidores. Es importante el hecho de que los distintos bloques de la oposición nos hayamos puesto de acuerdo respecto a que una marca o producto no pueda tener más del 30 por ciento de la góndola, así como respecto a que tiene que haber cinco productos como mínimo. Esto también nos parece un avance.
Lo que estamos haciendo es cuidar a los consumidores. No es cierto que no haya legislación comparada. En Estados Unidos está la "ley Clayton". En Europa sucede lo mismo: existen distintas regulaciones que no permiten la concentración a los grandes supermercadistas, en ferviente defensa de los consumidores.
Miramos a Estados Unidos o a Europa cuando nos conviene, y cuando no nos conviene no los miramos. Hay que mirar también las legislaciones que existen en ese sentido.
Lo que estamos haciendo en realidad es descular la ingeniería del supermercadista en cuanto al consumo: qué significa poner un producto a un metro setenta de altura, en punta de góndola o en una isla. Hay que estudiar cuántos segundos dedica un consumidor a cada producto. El hecho de que un producto figure en punta de góndola es importante, así como que esté ubicado a un metro setenta de altura. En ambos casos el producto es más visible y más caro, lo cual conviene al supermercado porque así obtiene más utilidades. Las ofertas, en cambio, están abajo.
Eso hay que regularlo. Hemos dado un avance en ese sentido. Dicho sea de paso, estamos cuidando a las pymes. Muchas veces nos llenamos la boca diciendo que las pymes son las empresas que más trabajo generan en nuestro país. Es cierto. Pero a veces no las defendemos como se lo merecen. Entonces, cuando redactamos este conjunto de artículos que hoy van a tener dictamen, lo hicimos con el fin de cuidar a las pymes, porque, entre otras cosas, hay una situación abusiva por parte de las grandes cadenas en cuanto a los pagos, como dijeron algunos diputados preopinantes. Hay pymes proveedoras de grandes cadenas que reciben los pagos a los noventa o a los ciento ochenta días. Además, tienen cláusulas unilaterales. Cuando una cadena inaugura una nueva sucursal, existe la costumbre de sacarle un porcentaje de ganancia al proveedor. Así lo decide la cadena unilateralmente. Cuando una pyme ingresa a una cadena grande para vender sus productos -con lo difícil que es-, la cadena al principio le pide que le regale miles de sus productos. Si se trata de jarras, por ejemplo, le dicen al proveedor: "Me tenés que dar 5.000 jarras gratis". O sea que los primeros dos meses el proveedor no va a facturar.
He escuchado a un proveedor de un artículo de limpieza, con quien tuve una reunión hace un par de años, decir que una cadena le exigía subir el precio de sus productos porque otro proveedor de ese mismo artículo de limpieza con posición dominante -es decir, la marca más reconocida- le exigía al nuevo que subiera los precios porque, si no, le iba a sacar el mercado.
Entonces, si nos preocupa la inflación, ¡cómo no vamos a estar de acuerdo con una regulación a favor de las mayorías, que tiene que ver justamente con los consumidores! Celebremos el hecho de poder tener esta legislación.
También creo que es importante que hayamos introducido en el proyecto que elaboramos con los bloques de la oposición -puede ser que tengamos dictamen de mayoría, o al menos tenemos dictamen de minoría- el tema de la comercialización on line de alimentos. El 20 por ciento de las ventas de las grandes cadenas se hace vía on line. No regular que todos los productos, y sobre todo los de menor precio, estén en las primeras páginas sería una tontera. De hecho, ya terminó el hot sale y se sabe que tuvo una gran repercusión porque los productos más vendidos fueron alimentos. Evidentemente, tenemos un problema con la comida en este contexto del país.
Somos un país que se jacta de que puede alimentar a 400.000.000 de habitantes. Claro, los que se jactan de eso son los exportadores. Ellos insisten y presionan para tener las mejores utilidades, las mejores ganancias, y no les importa lo que pasa en el mercado interno.
Entonces, resulta que un país que es productor de alimentos, hace tres años y medio que tiene problemas con los alimentos. No significa que antes vivíamos en el mundo ideal. Lo que significa es que en estos tres años y medio se incrementó y agudizó el problema, y no quieren reconocerlo.
Por eso es importante esta iniciativa, que finalmente tendrá su dictamen, y también es bueno que el oficialismo entienda que es necesario tratarla en el recinto lo antes posible. Asimismo, es preciso advertir que esta no es la solución a los males de la situación económica que acontece en nuestro país, pero por lo menos ayuda.
Considero que el problema de los males que aquejan a nuestro país son las decisiones económicas que se vienen tomando desde hace tres años y medio, con una deuda proyectada en 200.000 millones de dólares y nadie sabe dónde están.
A mí me da la sensación de que hay un debate dentro del bloque oficialista: están los que quieren esta regulación y los que no la quieren porque ideológicamente, en sus entrañas, se ubican en el lugar opuesto a una regulación con estas características. Ellos creen que esto es parte del "intervencionismo estatizante" que mencionó un ministro de Economía el 2 de abril de 1976, frase que quedó grabada en la memoria negativa de los argentinos. En esa época nos decían que había sillas argentinas, pero si se rompían las patas había que importarlas.
Llegamos a tal punto que hoy en las góndolas tienen cada vez más lugar los productos que vienen del exterior cuando somos un país productor de alimentos.
Entonces, se oscila entre la posición del "intervencionismo estatizante" y la de considerar esta iniciativa como una futura ley estalinista, porque en realidad piensan que debe haber un libre flujo de oferta y demanda y que el Estado no tiene que intervenir. Claro, pero si el Estado no interviene, sucede lo que sucede hoy, que se está agravando.
Por eso, llamamos a la reflexión al ala que está a favor de esta iniciativa para que la discusión interna que tiene ese sector le gane a los que creen que esta es una ley estalinista, porque en el medio hay mucha gente que tiene problemas con la comida.
Reitero que esta cuestión no va a solucionar el problema. Me parece que a veces, en esa ingeniería de la comunicación y la manipulación, utilizan un mascarón de proa para decir que están a favor de los consumidores pero en realidad no es así.
Dujovne dio la mejor definición que he escuchado por parte de un funcionario de gobierno. Hace unos meses dijo que nunca un gobierno que ajustó tanto se pudo mantener. Es cierto. Se mantiene gracias a la manipulación y el engaño. Yo no quiero que el proyecto que está favor de los consumidores sea parte de la manipulación y el engaño cuando en realidad no están ni un poquito a favor de esto.
Por eso, pido encarecidamente al ala que está a favor de los consumidores que pueda dar la discusión para que esta cuestión se trate rápidamente en el recinto. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA PASSO Para ir cerrando la lista de oradores, tiene la palabra el señor diputado Lipovetzky.
Sr. Lipovetzky.- Señora presidenta: quiero hacer algunas aclaraciones.
La única verdad es la realidad, decía el general. ¿Cuál es la realidad? La realidad es el problema que tienen los proveedores con las grandes cadenas de comercialización, que están buscando resolver. La realidad son los problemas que tienen los consumidores cuando van a esas grandes cadenas y se encuentran con que los productos de las pymes o los productos más baratos están muy abajo en las góndolas. Pero pregunto: ¿esto es un problema de ahora? ¿Esto pasa desde hace tres años y medio o pasa desde hace muchos años en la Argentina?
A quienes van a los supermercados les pregunto: ¿vieron un gran cambio y se encontraron con que a partir de que asumió el presidente Macri las cadenas de supermercados comenzaron a colocar los productos caros a la altura de la vista del consumidor y los productos baratos en la parte de abajo? ¿O eso se hace desde hace muchos años? Yo voy al supermercado, como seguramente muchos de ustedes, y les puedo asegurar que esto pasa desde hace muchísimos años.
¿Qué hizo el gobierno anterior con esta problemática? ¿Hizo algo? Aquí se habló de la intervención del Estado. Pregunto: ¿intervino el Estado durante los doce años que gobernaron? Yo creo que no.
Voy a mencionar otra realidad: la concentración de productores de los productos alimenticios que se venden en las grandes cadenas, ya que estamos hablando de solamente doce o quince. Pregunto: ¿esto también es de ahora? ¿Ocurre desde hace tres años y medio o viene ocurriendo desde hace muchos años?
Acá se habla mucho de la leche. ¿Hace cuánto que tenemos uno o dos productores de leche en la Argentina? ¿Hace tres años y medio? No; creo que desde hace mucho más. ¿Qué hizo el gobierno anterior durante los doce años en los que gobernó? Estaba la vieja ley de competencia, ¿la aplicaron? Prácticamente no la aplicaron nunca. ¿La reformaron o actualizaron? No.
¿Dónde está la intervención del Estado? ¿Qué era lo que tenían que hacer? Primero, tenían que aplicar la ley, pero no lo hicieron. Si era una mala ley, deberían haberla modificado, pero tampoco lo hicieron. ¿Quién modificó la ley de defensa de la competencia para evitar los abusos de la posición dominante y los monopolios? Lo hizo este gobierno. Lo hicimos nosotros, con un proyecto del oficialismo; más precisamente, de la diputada Carrió, la misma diputada que es autora de uno de los proyectos que estamos tratando hoy.
¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es la realidad? ¿De qué me hablan cuando se refieren a las divisiones del bloque? ¿Cuál es el bloque que está sentado acá, en su gran mayoría, firmando el dictamen? Es el bloque del oficialismo. ¿Cuál fue el bloque que dio quórum la semana pasada y cuál fue el bloque que no estuvo y prácticamente no hubo quórum por eso? Me parece que hay que decir las cosas por su nombre.
¡La realidad es que el gobierno que nos precedió, que estuvo doce años en el poder, no hizo nada para resolver los problemas de los consumidores! ¡Nada! ¡Tampoco hizo nada por resolver los problemas de los pequeños proveedores que tienen que competir en condiciones desiguales contra las grandes cadenas de comercialización!
Acá se habló de Farmacity, pero no empezó a trabajar en la Argentina hace tres años y medio. ¿O me equivoco? ¿Entró ahora? No; entró hace muchísimos años.
Entonces, vamos a sincerar las cosas. Esta es la realidad. Reitero que la única verdad es la realidad. ¡No hicieron nada para resolver los problemas de concentración! ¡Es más, de alguna manera promovieron la concentración, porque el mayor registro se produjo en la oferta de productos alimenticios durante el gobierno anterior! De eso no hay ninguna duda, y a las pruebas me remito.
Respecto del dictamen que estamos aprobando, considero que es un gran avance y celebro que se pueda concretar. Se ha dicho que existe legislación comparada. En este sentido, existen regulaciones pero no están vinculadas con la legislación. Por ejemplo, hay fallos de la Corte Europea, del Tribunal de Francia, pero legislación comparada hay muy poca. De todos modos, si la hubiera, es muy diferente a la que estamos aprobando. Creo que en América Latina no hay ninguna; quizás exista alguna, pero no es igual a esta norma.
Considero que estamos siendo pioneros en este tema porque antes no hubo una iniciativa similar. Quizás el modelo de legislación que estamos tratando hoy lo tomen como marco de referencia otros países.
Aquí se manifestó que en su momento se había presentado un proyecto. No recuerdo haber visto proyectos sobre este tema presentados por el oficialismo antes de 2015. Si hubo iniciativas -como dijeron-, no se trataron, e imagino que hubo numerosas ocasiones para tratarlas, porque recordemos que tenían la mayoría y podían aprobar el proyecto que quisieran. Es raro, pero no aprobaron ninguna.
Nosotros, acá estamos, impulsando los proyectos, pensando en los consumidores, pensando en los pequeños y medianos proveedores, y por eso también hemos aprobado una ley de pymes.
Entonces, reitero, me parece que hay que decir las cosas como son. La voluntad política está presente. Estamos trabajando acá para resolver esta problemática y estamos avanzando con una legislación innovadora. De alguna manera, nos estamos haciendo cargo de los problemas que tiene la Argentina. Antes miraban para otro lado con la excusa de "estamos bien", "tenemos menos pobres que Alemania", "podemos comer con seis pesos", y entonces no era necesario regular nada.
Era el relato. La gente no veía eso. Nosotros nos hacemos cargo de la situación y pensamos en cómo resolver el problema de la Argentina. En eso estamos.
Por eso, hoy nos estamos haciendo cargo de esta situación y haciendo un muy buen aporte para que nuestros consumidores puedan tener acceso a una mayor oferta y no estén sometidos a ciertos manejos que se hacen en la oferta dentro de las grandes cadenas de comercialización.
Pero lo más importante -y en esto coincido con lo que decía el señor diputado Cabandié- es que con este proyecto resolvemos el problema de los proveedores, a quienes las grandes cadenas les imponían condiciones unilaterales para ingresar.
Los dos proyectos coinciden en este punto. Estamos prohibiendo las modificaciones unilaterales de los contratos y estamos prohibiendo que se les impongan condiciones sin una contraprestación.
En ese sentido, le estamos resolviendo un gran problema a nuestras pymes nacionales, que se enfrentan al poderío económico y lógico de las grandes cadenas, que es algo que nos preocupa mucho.
Por otro lado, estamos proponiendo que en la oferta al público se identifiquen los productos nacionales para que el consumidor también sepa que cuando compra un producto de origen nacional está generando y apoyando al empleo argentino. Muchísimas gracias. (Aplausos.)
Sr. Lipovetzky.- Señora presidenta: quiero hacer algunas aclaraciones.
La única verdad es la realidad, decía el general. ¿Cuál es la realidad? La realidad es el problema que tienen los proveedores con las grandes cadenas de comercialización, que están buscando resolver. La realidad son los problemas que tienen los consumidores cuando van a esas grandes cadenas y se encuentran con que los productos de las pymes o los productos más baratos están muy abajo en las góndolas. Pero pregunto: ¿esto es un problema de ahora? ¿Esto pasa desde hace tres años y medio o pasa desde hace muchos años en la Argentina?
A quienes van a los supermercados les pregunto: ¿vieron un gran cambio y se encontraron con que a partir de que asumió el presidente Macri las cadenas de supermercados comenzaron a colocar los productos caros a la altura de la vista del consumidor y los productos baratos en la parte de abajo? ¿O eso se hace desde hace muchos años? Yo voy al supermercado, como seguramente muchos de ustedes, y les puedo asegurar que esto pasa desde hace muchísimos años.
¿Qué hizo el gobierno anterior con esta problemática? ¿Hizo algo? Aquí se habló de la intervención del Estado. Pregunto: ¿intervino el Estado durante los doce años que gobernaron? Yo creo que no.
Voy a mencionar otra realidad: la concentración de productores de los productos alimenticios que se venden en las grandes cadenas, ya que estamos hablando de solamente doce o quince. Pregunto: ¿esto también es de ahora? ¿Ocurre desde hace tres años y medio o viene ocurriendo desde hace muchos años?
Acá se habla mucho de la leche. ¿Hace cuánto que tenemos uno o dos productores de leche en la Argentina? ¿Hace tres años y medio? No; creo que desde hace mucho más. ¿Qué hizo el gobierno anterior durante los doce años en los que gobernó? Estaba la vieja ley de competencia, ¿la aplicaron? Prácticamente no la aplicaron nunca. ¿La reformaron o actualizaron? No.
¿Dónde está la intervención del Estado? ¿Qué era lo que tenían que hacer? Primero, tenían que aplicar la ley, pero no lo hicieron. Si era una mala ley, deberían haberla modificado, pero tampoco lo hicieron. ¿Quién modificó la ley de defensa de la competencia para evitar los abusos de la posición dominante y los monopolios? Lo hizo este gobierno. Lo hicimos nosotros, con un proyecto del oficialismo; más precisamente, de la diputada Carrió, la misma diputada que es autora de uno de los proyectos que estamos tratando hoy.
¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es la realidad? ¿De qué me hablan cuando se refieren a las divisiones del bloque? ¿Cuál es el bloque que está sentado acá, en su gran mayoría, firmando el dictamen? Es el bloque del oficialismo. ¿Cuál fue el bloque que dio quórum la semana pasada y cuál fue el bloque que no estuvo y prácticamente no hubo quórum por eso? Me parece que hay que decir las cosas por su nombre.
¡La realidad es que el gobierno que nos precedió, que estuvo doce años en el poder, no hizo nada para resolver los problemas de los consumidores! ¡Nada! ¡Tampoco hizo nada por resolver los problemas de los pequeños proveedores que tienen que competir en condiciones desiguales contra las grandes cadenas de comercialización!
Acá se habló de Farmacity, pero no empezó a trabajar en la Argentina hace tres años y medio. ¿O me equivoco? ¿Entró ahora? No; entró hace muchísimos años.
Entonces, vamos a sincerar las cosas. Esta es la realidad. Reitero que la única verdad es la realidad. ¡No hicieron nada para resolver los problemas de concentración! ¡Es más, de alguna manera promovieron la concentración, porque el mayor registro se produjo en la oferta de productos alimenticios durante el gobierno anterior! De eso no hay ninguna duda, y a las pruebas me remito.
Respecto del dictamen que estamos aprobando, considero que es un gran avance y celebro que se pueda concretar. Se ha dicho que existe legislación comparada. En este sentido, existen regulaciones pero no están vinculadas con la legislación. Por ejemplo, hay fallos de la Corte Europea, del Tribunal de Francia, pero legislación comparada hay muy poca. De todos modos, si la hubiera, es muy diferente a la que estamos aprobando. Creo que en América Latina no hay ninguna; quizás exista alguna, pero no es igual a esta norma.
Considero que estamos siendo pioneros en este tema porque antes no hubo una iniciativa similar. Quizás el modelo de legislación que estamos tratando hoy lo tomen como marco de referencia otros países.
Aquí se manifestó que en su momento se había presentado un proyecto. No recuerdo haber visto proyectos sobre este tema presentados por el oficialismo antes de 2015. Si hubo iniciativas -como dijeron-, no se trataron, e imagino que hubo numerosas ocasiones para tratarlas, porque recordemos que tenían la mayoría y podían aprobar el proyecto que quisieran. Es raro, pero no aprobaron ninguna.
Nosotros, acá estamos, impulsando los proyectos, pensando en los consumidores, pensando en los pequeños y medianos proveedores, y por eso también hemos aprobado una ley de pymes.
Entonces, reitero, me parece que hay que decir las cosas como son. La voluntad política está presente. Estamos trabajando acá para resolver esta problemática y estamos avanzando con una legislación innovadora. De alguna manera, nos estamos haciendo cargo de los problemas que tiene la Argentina. Antes miraban para otro lado con la excusa de "estamos bien", "tenemos menos pobres que Alemania", "podemos comer con seis pesos", y entonces no era necesario regular nada.
Era el relato. La gente no veía eso. Nosotros nos hacemos cargo de la situación y pensamos en cómo resolver el problema de la Argentina. En eso estamos.
Por eso, hoy nos estamos haciendo cargo de esta situación y haciendo un muy buen aporte para que nuestros consumidores puedan tener acceso a una mayor oferta y no estén sometidos a ciertos manejos que se hacen en la oferta dentro de las grandes cadenas de comercialización.
Pero lo más importante -y en esto coincido con lo que decía el señor diputado Cabandié- es que con este proyecto resolvemos el problema de los proveedores, a quienes las grandes cadenas les imponían condiciones unilaterales para ingresar.
Los dos proyectos coinciden en este punto. Estamos prohibiendo las modificaciones unilaterales de los contratos y estamos prohibiendo que se les impongan condiciones sin una contraprestación.
En ese sentido, le estamos resolviendo un gran problema a nuestras pymes nacionales, que se enfrentan al poderío económico y lógico de las grandes cadenas, que es algo que nos preocupa mucho.
Por otro lado, estamos proponiendo que en la oferta al público se identifiquen los productos nacionales para que el consumidor también sepa que cuando compra un producto de origen nacional está generando y apoyando al empleo argentino. Muchísimas gracias. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA PASSO Antes de finalizar, quiero volver a agradecer a todos los diputados y diputadas y a los equipos técnicos que han trabajado arduamente a lo largo de todo este proceso. Hubo llamadas telefónicas, reuniones, aportes y creo que todo eso ha enriquecido la posibilidad de interacción en la búsqueda de una norma sustentable.
Por eso, más allá de las coincidencias y las disidencias, les pido a todos que no se olviden de firmar el dictamen que cada uno acompaña, así agilizamos la tarea de la secretaría de cada una de las posiciones.
Concuerdo con la convicción de que esta no es una norma que soluciona todos los problemas, pero sí es un gran aporte para favorecer a los consumidores, no solamente ahora sino en un futuro próximo, cuando las cosas estén mejor. Es por eso que esperamos el pronto tratamiento de este tema en el recinto. (Aplausos.)
Queda finalizada la reunión.
Por eso, más allá de las coincidencias y las disidencias, les pido a todos que no se olviden de firmar el dictamen que cada uno acompaña, así agilizamos la tarea de la secretaría de cada una de las posiciones.
Concuerdo con la convicción de que esta no es una norma que soluciona todos los problemas, pero sí es un gran aporte para favorecer a los consumidores, no solamente ahora sino en un futuro próximo, cuando las cosas estén mejor. Es por eso que esperamos el pronto tratamiento de este tema en el recinto. (Aplausos.)
Queda finalizada la reunión.