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LEGISLACION GENERAL
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P02 Oficina 234
Of. Administrativa: Piso P02 Oficina 235
Secretario Administrativo DR. TRIANTAFILO GUILLERMO
Miércoles 16.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 60752248 Internos 2248
clgeneral@hcdn.gob.ar
- LEGISLACION GENERAL
Reunión del día 01/11/2016
- CONJUNTA
En Buenos Aires, al primer día del mes de noviembre de 2016, a la hora 13 y 30:
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Queda abierta la reunión del plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda.
Vamos a continuar con el tratamiento del proyecto de participación público-privada, que, como ustedes saben, la semana pasada se votó en el recinto la vuelta a comisión justamente para que todos los cambios que se vinieron trabajando podamos hacerlas en el ámbito de esta reunión plenaria de las comisiones para evitar, de alguna manera, tener que hacer tantos cambios en una ley a la que hemos incorporado muchas modificaciones propuestas por parte de los diferentes bloques parlamentarios y creo que han terminado por mejorar mucho el texto que vino con sanción del Honorable Senado de la Nación.
Si les parece, empezaría haciendo un punteo de cada una de las modificaciones que hemos ido incorporando al proyecto para luego dar la palabra a los señores diputados que quieran expresarse.
En primer lugar, se redujo el campo de proyectos a los que puede ser de aplicación la ley, eliminando servicios conexos a los mismos, que estaba establecido al final del primer párrafo del artículo 1° del proyecto que vino del Senado.
También se incorporó en una mención expresa, en los casos de que los contratos de participación público-privada involucren la prestación de servicios públicos regidos por marcos regulatorios específicos, que dichos marcos regulatorios serán de aplicación a la prestación de tales servicios públicos, algo que fue planteado como necesidad de ajustar esa redacción.
También en el artículo 4°, entre los deberes de la entidad contratante que tiene que cumplir en oportunidad de estructurar proyectos de PPP, hemos incorporado algunas modificaciones, como por ejemplo el deber de fomentar la generación de valor agregado dentro de los límites del territorio nacional. Se trata de un tema que trabajamos, sobre todo, por un pedido expreso del bloque del Frente Renovador y del Bloque Justicialista.
Se agregó como inciso k) del artículo 4° el deber de "promover el desarrollo de aquellos proyectos que coadyuven a la preservación del medio ambiente y a la sustentabilidad económico, social y ambiental del área donde estos se ejecutarán, todo ello de conformidad con la legislación y los acuerdos internacionales vigentes en la materia;".
Se agregó el deber de "considerar las externalidades positivas que puedan ocasionar la elección del contratista en los procesos de selección," lo cual también es una manera de establecer algunas condiciones más a la elección del contratista.
También en el artículo 5° se agregó: "En la documentación contractual deberán especificarse las obligaciones de índole ambiental que recaigan sobre cada parte del contrato, así como contener los mecanismos que aseguren el cumplimiento por parte de la contratista de todas las obligaciones que la legislación ambiental aplicable pudiere imponerle."
Además, se agregó la expresión "previo a la aprobación de la documentación contractual deberá tomar intervención el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación."
Creo que el artículo 5° quedó muy mejorado y, de alguna manera, estamos incorporando una redacción que ayuda a la protección, sobre todo del medio ambiente, y dándole una intervención al área específica del Poder Ejecutivo vinculada justamente con esta temática, como es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
En el artículo 6°, en lo que hace al régimen de programación financiera y responsabilidad fiscal, se estableció que estará sujeto a las leyes 24.156, que es la Ley de Administración Financiera y control del sector público nacional, y la ley 25.152, que es la ley de equilibrio fiscal. Se estableció la obligación de que "El Poder Ejecutivo nacional deberá informar al Honorable Congreso de la Nación el impacto fiscal de los compromisos asumidos y deberá incorporar dichos impactos fiscales en las respectivas leyes de presupuesto, tanto en lo referente a los proyectos iniciados y no concluidos como los adjudicados pero no comenzados."
Y también se "deberá incluir en el Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento del sector público nacional informado por la Secretaría de Hacienda de la Nación una línea específica con el gasto que en dicho mes demandaron los proyectos abarcados por el presente régimen", lo cual también es importante a manera de información al Congreso de la Nación
También se estableció en el artículo 8º que el Poder Ejecutivo nacional, a los fines de establecer los vehículos por los cuales se ejecutarán los proyectos, podrá recurrir a la utilización de fideicomisos ya existentes, que tengan suficiente capacidad técnica para celebrar esta clase de contratos, siempre y cuando no se altere su objeto.
Al artículo 9º, que es un artículo muy extenso y que realmente requirió un gran trabajo de todos los diputados y que trata de las previsiones que deberán contener los contratos de PPP, se le fueron incorporando muchas sugerencias. Son bastantes y las voy a enumerar.
Primero, el inciso e) del artículo 8° dice lo siguiente: "Los requerimientos técnicos mínimos aplicables a la infraestructura a desarrollar, los estándares objetivos de calidad y eficiencia en el cumplimiento de las obligaciones asumidas, así como sus respectivos mecanismos y procedimientos de medición, evaluación y control;"
También se limitó la facultad de ceder total o parcialmente el contrato a un tercero, un tema que justamente había surgido durante el debate del proyecto, es decir, en la reunión plenaria para tratar la iniciativa.
Se eliminó la facultad del Poder Ejecutivo de exceptuar en casos específicos del cumplimiento de requisitos que el proyecto impone al contrato. Esto está en el inciso t) del mismo artículo. A esos fines se estableció lo siguiente: "Previo a la autorización de la cesión por parte de la autoridad contratante, deberá contarse con un dictamen fundado del órgano que ejerza el control de la ejecución del contrato..." Es decir, incorporamos un control más sobre esto, en relación con los cumplimientos de las condiciones legales previstas, para poder ceder el contrato.
Por otro lado, también el dictamen deberá versar sobre el grado de cumplimiento por parte del cedente de las obligaciones asumidas.
Además, a pedido del bloque Justicialista, se agregó un dictamen de la Procuración del Tesoro sobre los riesgos que en virtud de tal cesión asume el Estado nacional. Dicho dictamen deberá ser informado a la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Contratos de PPP, que también estamos creando como una nueva incorporación al articulado. Es decir, ahora estamos creando una Comisión Bicameral para intervención del Congreso.
También se agregó que previo al perfeccionamiento de cualquier cesión por supuesto debe tener intervención la Unidad de Participación Público Privada, que es el organismo que estamos creando y que se va a encargar de estos temas por parte del Poder Ejecutivo.
Siguiendo con el artículo 9°, en materia de subcontratación se modificó un inciso exigiendo la aprobación y el consentimiento de la autoridad contratante respecto de toda subcontratación, eliminándose la posibilidad de que dicha aprobación no fuera necesaria según la característica del proyecto cuando se tratase de contrato con prestaciones intuito personae, es decir, en todo caso de subcontratación tiene que haber justamente un control más estricto.
En materia de resolución de disputas de índole técnica, interpretativa o patrimonial se agregó que el panel técnico respectivo, que deberá ser previsto en el contrato: "...deberá ser integrado por profesionales y/o representantes de universidades nacionales o extranjeras, en todos los casos, de acreditada independencia, imparcialidad, idoneidad y trayectoria nacional e internacional en la materia." Esto respecto a la posibilidad de resoluciones de tipo técnico, que también fue un tema que surgió en el debate, cuando hay un problema de resolución de disputas.
En materia del procedimiento de selección del contratista se establecieron varias modificaciones y están en el Capítulo II del proyecto.
En el segundo párrafo del artículo 12 se incorporó que la autoridad convocante: "...deberá procurar la comparabilidad de las propuestas, garantizando la homogeneidad de criterios, suministrando y estableciendo, con claridad, las bases, requisitos y demás proyecciones que resulten necesarias para la elaboración de las ofertas." Es decir, se incorporaron algunas pautas más de cómo deberían tenerse en cuenta justamente este tipo de evaluaciones.
Otra incorporación que creo es muy importante se refiere al tercer párrafo del artículo 12 donde se establece que en los procedimiento de selección se deberá promover, de acuerdo a las características del proyecto, el fomento de la industria y el trabajo nacional -justamente otra de las preocupaciones de los integrantes de las dos comisiones que trataron este proyecto y de varios diputados que no integran esas comisiones-, para que este instrumento de participación público privada que estamos tratando genere mayor empleo y desarrollo de la industria local.
También se incorporó, en lo relativo a la provisión de bienes y servicios que deben realizarse en el marco de los contratos de PPP, que los pliegos y demás documentación contractual deberán contener previsiones que establezcan que tales bienes y servicios tengan como mínimo un 25 por ciento de componente nacional. Este también fue un pedido de los diferentes bloques de la oposición, creo que en este caso una solicitud del Frente Renovador, y responde a la necesidad de que aseguremos un mínimo de producción nacional en cada uno de los proyectos que se estén tratando. Considero que esta también es una incorporación importante que responde a algunas preocupaciones de los señores diputados.
Por otra parte, se estableció que la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Contratos de PPP pueda requerir en todo momento que la Unidad de Participación Público Privada o la autoridad contratante informe sobre el cumplimiento de la exigencia contenida, justamente el 25 por ciento que les comentaba. Esto de alguna manera faculta a este Honorable Congreso a controlar que se cumpla el 25 por ciento como mínimo de componente nacional.
También se incorporó en el artículo 13, respecto del dictamen que se tiene que realizar previo al llamado a licitación, que en ese dictamen se deben incluir las razones por las cuales se considera que el interés público se verá mejor atendido mediante el recurso al contrato de PPP u otras modalidades de contratación. Esto es para que se justifique por qué se utiliza este instrumento y no cualquier otro de los que hoy están vigentes en la legislación, vinculados con las contrataciones del Estado.
Además, se incorporó que en ese dictamen se deberá establecer el impacto que provocará el proyecto en la competitividad en la economía nacional y/o regional y en el fomento de la industria nacional en general, "...indicando la cantidad de puestos de trabajo directos e indirectos que se estima que serán generados a través del proyecto así como el porcentaje de participación de la industria nacional en general y de las pequeñas y medianas empresas en especial que se estima que tendrá lugar, de modo directo o indirecto, durante la ejecución del proyecto." Esto está establecido en el inciso f), que hemos incorporado, del artículo 13. En definitiva, está direccionado a que se evalúe claramente el impacto sobre el empleo y sobre las pequeñas y medianas empresas de cualquiera de estos proyectos, por supuesto esperando que la evaluación sea siempre de un impacto positivo.
Por otra parte, incorporamos como inciso h) el siguiente: "Evaluación de costo-beneficio respecto del recurso a esta modalidad contractual, considerando los riesgos en caso de extinción del contrato."
Además, hemos agregado lo siguiente en el último párrafo del artículo 13: "El dictamen al que se refiere el presente artículo deberá ser comunicado por la autoridad convocante a la Unidad de Participación Público Privada...", para que se proceda a su publicación por lo menos treinta días antes del llamado a licitación. Es decir, el dictamen de la autoridad licitante será girado a la Unidad de Participación Público Privada, quien deberá publicarlo para darle la suficiente publicidad, a fin de que todos los ciudadanos tengan acceso.
Se incorporó en el artículo 15 la necesidad de que en materia de adjudicación haya un dictamen previo de la Unidad de Participación Público Privada y en caso de igualdad de ofertas, en vez de establecer que se priorizará a las empresas nacionales, se incluyó lo siguiente en el artículo 15, a pedido del bloque Justicialista: "Los pliegos licitatorios deberán promover en sus pautas de selección del adjudicatario criterios que determinen ventajas comparativas a favor de las empresas nacionales sobre las extranjeras y sobre aquellas a favor de las consideradas micro, pequeñas y medianas empresas conforme lo establecido en la ley 25.300...". Esta ley precisamente es la que califica y considera a las pymes. Me parece que esta es una incorporación muy importante porque más allá de las pautas del artículo 12 estamos estableciendo que en los pliegos debe haber un criterio de selección que determine una ventaja para las pymes nacionales.
Con respecto al compromiso de recursos públicos que están establecidos en el artículo 16, también se fija que es necesario, previo a la convocatoria, que haya una autorización legislativa, que está establecida por el artículo 15 de la ley 24.156, de administración financiera, por la ley de presupuesto o una ley especial.
Además, se estableció como límite que el monto a comprometer no puede exceder el 7 por ciento del PBI a precios corrientes del año anterior.
En materia de solución de controversias -otro de los temas que surgieron durante el tratamiento en comisión-, se agregó que en caso de optarse por el arbitraje con prórroga de jurisdicción, la aprobación por parte del Poder Ejecutivo nacional, que ya estaba exigida en el proyecto, deberá ser comunicada al Congreso de la Nación.
Con respecto a la competencia de la Unidad de Participación Público Privada, se agregó en el artículo 28 que deberá concentrar toda la documentación antecedente de cada uno de los contratos suscriptos en los términos de la ley, y será la autoridad responsable en los términos de la ley 27.275, sobre acceso a la información pública, que aprobamos este año en el Congreso de la Nación.
En el artículo 29 se estableció un plazo en cuanto a que no puede convocarse a licitación o concurso público alguno antes de que hubieran transcurrido treinta días desde que la Unidad de Participación Público Privada hubiese publicado en su sitio específico de Internet la totalidad de los estudios e informes relativos al proyecto en cuestión, así como los dictámenes de la autoridad convocante exigido por el artículo 13 del proyecto de ley.
Justamente una de las buenas incorporaciones que hemos hecho es generar mayor publicidad. Y en este punto le estamos estableciendo la obligación a la UPPP de dar la suficiente publicidad a todos los informes y dictámenes, de manera que haya un buen acceso a la información pública de todos los interesados.
También se incorporó en el artículo 30 la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento de Contratos de Participación Público Privada, integrada por siete senadores y siete diputados. Las competencias tendrán que ver con el seguimiento de los proyectos a efectos de verificar el cumplimiento de las exigencias dispuestas por la propia ley. La comisión deberá contar con acceso a toda la documentación pertinente, incluyendo los contratos que se firmen, no pudiéndose oponer a estos efectos eventuales cláusulas de confidencialidad que se acuerden en dichos contratos. Esto fue una incorporación. En el supuesto que haya alguna información que amerite la confidencialidad, en ese caso los miembros de la comisión tendrán que cumplir con ese requerimiento de confidencialidad.
También se estableció justamente que el titular de la autoridad del Ejecutivo -que es la Unidad de Participación Pública Privada- deberá concurrir anualmente ante la comisión de seguimiento de los PPP a los fines de brindar un informe fundado sobre el estado de la ejecución y cumplimiento de los contratos de PPP que se encontraran en curso, así como las respectivas condiciones y características de todos aquellos proyectos que se estén considerando.
También se le da facultades a la comisión para formular observaciones, propuestas y recomendaciones que estime pertinentes, comunicando a los respectivos cuerpos.
Finalmente, incorporamos una disposición transitoria. Se trata del artículo 32, mediante el cual se establece para el ejercicio 2017 un tope del 5 por ciento del presupuesto general de la Nación que se podrá utilizar para proyectos de PPP, debiendo para los años subsiguientes indicar con precisión en el proyecto de presupuesto las partidas presupuestarias destinadas a estos proyectos.
Vamos a continuar con el tratamiento del proyecto de participación público-privada, que, como ustedes saben, la semana pasada se votó en el recinto la vuelta a comisión justamente para que todos los cambios que se vinieron trabajando podamos hacerlas en el ámbito de esta reunión plenaria de las comisiones para evitar, de alguna manera, tener que hacer tantos cambios en una ley a la que hemos incorporado muchas modificaciones propuestas por parte de los diferentes bloques parlamentarios y creo que han terminado por mejorar mucho el texto que vino con sanción del Honorable Senado de la Nación.
Si les parece, empezaría haciendo un punteo de cada una de las modificaciones que hemos ido incorporando al proyecto para luego dar la palabra a los señores diputados que quieran expresarse.
En primer lugar, se redujo el campo de proyectos a los que puede ser de aplicación la ley, eliminando servicios conexos a los mismos, que estaba establecido al final del primer párrafo del artículo 1° del proyecto que vino del Senado.
También se incorporó en una mención expresa, en los casos de que los contratos de participación público-privada involucren la prestación de servicios públicos regidos por marcos regulatorios específicos, que dichos marcos regulatorios serán de aplicación a la prestación de tales servicios públicos, algo que fue planteado como necesidad de ajustar esa redacción.
También en el artículo 4°, entre los deberes de la entidad contratante que tiene que cumplir en oportunidad de estructurar proyectos de PPP, hemos incorporado algunas modificaciones, como por ejemplo el deber de fomentar la generación de valor agregado dentro de los límites del territorio nacional. Se trata de un tema que trabajamos, sobre todo, por un pedido expreso del bloque del Frente Renovador y del Bloque Justicialista.
Se agregó como inciso k) del artículo 4° el deber de "promover el desarrollo de aquellos proyectos que coadyuven a la preservación del medio ambiente y a la sustentabilidad económico, social y ambiental del área donde estos se ejecutarán, todo ello de conformidad con la legislación y los acuerdos internacionales vigentes en la materia;".
Se agregó el deber de "considerar las externalidades positivas que puedan ocasionar la elección del contratista en los procesos de selección," lo cual también es una manera de establecer algunas condiciones más a la elección del contratista.
También en el artículo 5° se agregó: "En la documentación contractual deberán especificarse las obligaciones de índole ambiental que recaigan sobre cada parte del contrato, así como contener los mecanismos que aseguren el cumplimiento por parte de la contratista de todas las obligaciones que la legislación ambiental aplicable pudiere imponerle."
Además, se agregó la expresión "previo a la aprobación de la documentación contractual deberá tomar intervención el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación."
Creo que el artículo 5° quedó muy mejorado y, de alguna manera, estamos incorporando una redacción que ayuda a la protección, sobre todo del medio ambiente, y dándole una intervención al área específica del Poder Ejecutivo vinculada justamente con esta temática, como es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
En el artículo 6°, en lo que hace al régimen de programación financiera y responsabilidad fiscal, se estableció que estará sujeto a las leyes 24.156, que es la Ley de Administración Financiera y control del sector público nacional, y la ley 25.152, que es la ley de equilibrio fiscal. Se estableció la obligación de que "El Poder Ejecutivo nacional deberá informar al Honorable Congreso de la Nación el impacto fiscal de los compromisos asumidos y deberá incorporar dichos impactos fiscales en las respectivas leyes de presupuesto, tanto en lo referente a los proyectos iniciados y no concluidos como los adjudicados pero no comenzados."
Y también se "deberá incluir en el Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento del sector público nacional informado por la Secretaría de Hacienda de la Nación una línea específica con el gasto que en dicho mes demandaron los proyectos abarcados por el presente régimen", lo cual también es importante a manera de información al Congreso de la Nación
También se estableció en el artículo 8º que el Poder Ejecutivo nacional, a los fines de establecer los vehículos por los cuales se ejecutarán los proyectos, podrá recurrir a la utilización de fideicomisos ya existentes, que tengan suficiente capacidad técnica para celebrar esta clase de contratos, siempre y cuando no se altere su objeto.
Al artículo 9º, que es un artículo muy extenso y que realmente requirió un gran trabajo de todos los diputados y que trata de las previsiones que deberán contener los contratos de PPP, se le fueron incorporando muchas sugerencias. Son bastantes y las voy a enumerar.
Primero, el inciso e) del artículo 8° dice lo siguiente: "Los requerimientos técnicos mínimos aplicables a la infraestructura a desarrollar, los estándares objetivos de calidad y eficiencia en el cumplimiento de las obligaciones asumidas, así como sus respectivos mecanismos y procedimientos de medición, evaluación y control;"
También se limitó la facultad de ceder total o parcialmente el contrato a un tercero, un tema que justamente había surgido durante el debate del proyecto, es decir, en la reunión plenaria para tratar la iniciativa.
Se eliminó la facultad del Poder Ejecutivo de exceptuar en casos específicos del cumplimiento de requisitos que el proyecto impone al contrato. Esto está en el inciso t) del mismo artículo. A esos fines se estableció lo siguiente: "Previo a la autorización de la cesión por parte de la autoridad contratante, deberá contarse con un dictamen fundado del órgano que ejerza el control de la ejecución del contrato..." Es decir, incorporamos un control más sobre esto, en relación con los cumplimientos de las condiciones legales previstas, para poder ceder el contrato.
Por otro lado, también el dictamen deberá versar sobre el grado de cumplimiento por parte del cedente de las obligaciones asumidas.
Además, a pedido del bloque Justicialista, se agregó un dictamen de la Procuración del Tesoro sobre los riesgos que en virtud de tal cesión asume el Estado nacional. Dicho dictamen deberá ser informado a la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Contratos de PPP, que también estamos creando como una nueva incorporación al articulado. Es decir, ahora estamos creando una Comisión Bicameral para intervención del Congreso.
También se agregó que previo al perfeccionamiento de cualquier cesión por supuesto debe tener intervención la Unidad de Participación Público Privada, que es el organismo que estamos creando y que se va a encargar de estos temas por parte del Poder Ejecutivo.
Siguiendo con el artículo 9°, en materia de subcontratación se modificó un inciso exigiendo la aprobación y el consentimiento de la autoridad contratante respecto de toda subcontratación, eliminándose la posibilidad de que dicha aprobación no fuera necesaria según la característica del proyecto cuando se tratase de contrato con prestaciones intuito personae, es decir, en todo caso de subcontratación tiene que haber justamente un control más estricto.
En materia de resolución de disputas de índole técnica, interpretativa o patrimonial se agregó que el panel técnico respectivo, que deberá ser previsto en el contrato: "...deberá ser integrado por profesionales y/o representantes de universidades nacionales o extranjeras, en todos los casos, de acreditada independencia, imparcialidad, idoneidad y trayectoria nacional e internacional en la materia." Esto respecto a la posibilidad de resoluciones de tipo técnico, que también fue un tema que surgió en el debate, cuando hay un problema de resolución de disputas.
En materia del procedimiento de selección del contratista se establecieron varias modificaciones y están en el Capítulo II del proyecto.
En el segundo párrafo del artículo 12 se incorporó que la autoridad convocante: "...deberá procurar la comparabilidad de las propuestas, garantizando la homogeneidad de criterios, suministrando y estableciendo, con claridad, las bases, requisitos y demás proyecciones que resulten necesarias para la elaboración de las ofertas." Es decir, se incorporaron algunas pautas más de cómo deberían tenerse en cuenta justamente este tipo de evaluaciones.
Otra incorporación que creo es muy importante se refiere al tercer párrafo del artículo 12 donde se establece que en los procedimiento de selección se deberá promover, de acuerdo a las características del proyecto, el fomento de la industria y el trabajo nacional -justamente otra de las preocupaciones de los integrantes de las dos comisiones que trataron este proyecto y de varios diputados que no integran esas comisiones-, para que este instrumento de participación público privada que estamos tratando genere mayor empleo y desarrollo de la industria local.
También se incorporó, en lo relativo a la provisión de bienes y servicios que deben realizarse en el marco de los contratos de PPP, que los pliegos y demás documentación contractual deberán contener previsiones que establezcan que tales bienes y servicios tengan como mínimo un 25 por ciento de componente nacional. Este también fue un pedido de los diferentes bloques de la oposición, creo que en este caso una solicitud del Frente Renovador, y responde a la necesidad de que aseguremos un mínimo de producción nacional en cada uno de los proyectos que se estén tratando. Considero que esta también es una incorporación importante que responde a algunas preocupaciones de los señores diputados.
Por otra parte, se estableció que la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Contratos de PPP pueda requerir en todo momento que la Unidad de Participación Público Privada o la autoridad contratante informe sobre el cumplimiento de la exigencia contenida, justamente el 25 por ciento que les comentaba. Esto de alguna manera faculta a este Honorable Congreso a controlar que se cumpla el 25 por ciento como mínimo de componente nacional.
También se incorporó en el artículo 13, respecto del dictamen que se tiene que realizar previo al llamado a licitación, que en ese dictamen se deben incluir las razones por las cuales se considera que el interés público se verá mejor atendido mediante el recurso al contrato de PPP u otras modalidades de contratación. Esto es para que se justifique por qué se utiliza este instrumento y no cualquier otro de los que hoy están vigentes en la legislación, vinculados con las contrataciones del Estado.
Además, se incorporó que en ese dictamen se deberá establecer el impacto que provocará el proyecto en la competitividad en la economía nacional y/o regional y en el fomento de la industria nacional en general, "...indicando la cantidad de puestos de trabajo directos e indirectos que se estima que serán generados a través del proyecto así como el porcentaje de participación de la industria nacional en general y de las pequeñas y medianas empresas en especial que se estima que tendrá lugar, de modo directo o indirecto, durante la ejecución del proyecto." Esto está establecido en el inciso f), que hemos incorporado, del artículo 13. En definitiva, está direccionado a que se evalúe claramente el impacto sobre el empleo y sobre las pequeñas y medianas empresas de cualquiera de estos proyectos, por supuesto esperando que la evaluación sea siempre de un impacto positivo.
Por otra parte, incorporamos como inciso h) el siguiente: "Evaluación de costo-beneficio respecto del recurso a esta modalidad contractual, considerando los riesgos en caso de extinción del contrato."
Además, hemos agregado lo siguiente en el último párrafo del artículo 13: "El dictamen al que se refiere el presente artículo deberá ser comunicado por la autoridad convocante a la Unidad de Participación Público Privada...", para que se proceda a su publicación por lo menos treinta días antes del llamado a licitación. Es decir, el dictamen de la autoridad licitante será girado a la Unidad de Participación Público Privada, quien deberá publicarlo para darle la suficiente publicidad, a fin de que todos los ciudadanos tengan acceso.
Se incorporó en el artículo 15 la necesidad de que en materia de adjudicación haya un dictamen previo de la Unidad de Participación Público Privada y en caso de igualdad de ofertas, en vez de establecer que se priorizará a las empresas nacionales, se incluyó lo siguiente en el artículo 15, a pedido del bloque Justicialista: "Los pliegos licitatorios deberán promover en sus pautas de selección del adjudicatario criterios que determinen ventajas comparativas a favor de las empresas nacionales sobre las extranjeras y sobre aquellas a favor de las consideradas micro, pequeñas y medianas empresas conforme lo establecido en la ley 25.300...". Esta ley precisamente es la que califica y considera a las pymes. Me parece que esta es una incorporación muy importante porque más allá de las pautas del artículo 12 estamos estableciendo que en los pliegos debe haber un criterio de selección que determine una ventaja para las pymes nacionales.
Con respecto al compromiso de recursos públicos que están establecidos en el artículo 16, también se fija que es necesario, previo a la convocatoria, que haya una autorización legislativa, que está establecida por el artículo 15 de la ley 24.156, de administración financiera, por la ley de presupuesto o una ley especial.
Además, se estableció como límite que el monto a comprometer no puede exceder el 7 por ciento del PBI a precios corrientes del año anterior.
En materia de solución de controversias -otro de los temas que surgieron durante el tratamiento en comisión-, se agregó que en caso de optarse por el arbitraje con prórroga de jurisdicción, la aprobación por parte del Poder Ejecutivo nacional, que ya estaba exigida en el proyecto, deberá ser comunicada al Congreso de la Nación.
Con respecto a la competencia de la Unidad de Participación Público Privada, se agregó en el artículo 28 que deberá concentrar toda la documentación antecedente de cada uno de los contratos suscriptos en los términos de la ley, y será la autoridad responsable en los términos de la ley 27.275, sobre acceso a la información pública, que aprobamos este año en el Congreso de la Nación.
En el artículo 29 se estableció un plazo en cuanto a que no puede convocarse a licitación o concurso público alguno antes de que hubieran transcurrido treinta días desde que la Unidad de Participación Público Privada hubiese publicado en su sitio específico de Internet la totalidad de los estudios e informes relativos al proyecto en cuestión, así como los dictámenes de la autoridad convocante exigido por el artículo 13 del proyecto de ley.
Justamente una de las buenas incorporaciones que hemos hecho es generar mayor publicidad. Y en este punto le estamos estableciendo la obligación a la UPPP de dar la suficiente publicidad a todos los informes y dictámenes, de manera que haya un buen acceso a la información pública de todos los interesados.
También se incorporó en el artículo 30 la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento de Contratos de Participación Público Privada, integrada por siete senadores y siete diputados. Las competencias tendrán que ver con el seguimiento de los proyectos a efectos de verificar el cumplimiento de las exigencias dispuestas por la propia ley. La comisión deberá contar con acceso a toda la documentación pertinente, incluyendo los contratos que se firmen, no pudiéndose oponer a estos efectos eventuales cláusulas de confidencialidad que se acuerden en dichos contratos. Esto fue una incorporación. En el supuesto que haya alguna información que amerite la confidencialidad, en ese caso los miembros de la comisión tendrán que cumplir con ese requerimiento de confidencialidad.
También se estableció justamente que el titular de la autoridad del Ejecutivo -que es la Unidad de Participación Pública Privada- deberá concurrir anualmente ante la comisión de seguimiento de los PPP a los fines de brindar un informe fundado sobre el estado de la ejecución y cumplimiento de los contratos de PPP que se encontraran en curso, así como las respectivas condiciones y características de todos aquellos proyectos que se estén considerando.
También se le da facultades a la comisión para formular observaciones, propuestas y recomendaciones que estime pertinentes, comunicando a los respectivos cuerpos.
Finalmente, incorporamos una disposición transitoria. Se trata del artículo 32, mediante el cual se establece para el ejercicio 2017 un tope del 5 por ciento del presupuesto general de la Nación que se podrá utilizar para proyectos de PPP, debiendo para los años subsiguientes indicar con precisión en el proyecto de presupuesto las partidas presupuestarias destinadas a estos proyectos.
SR. SOLÁ Señor presidente: ¿podría leer más despacio? Es un tema muy importante.
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Le pido disculpas, señor diputado Solá.
Reitero que la última incorporación es la del artículo 32, que es una disposición transitoria para el presupuesto del año 2017 y señala que el límite para utilizar en proyectos de PPP será del 5 por ciento del total del presupuesto.
He tratado de ser sintético y les pido disculpas por haber ido muy rápido en mi lectura. Como verán, hemos incorporado muchas modificaciones al proyecto, que creo que lo han mejorado bastante, en el ámbito de los controles por parte del Estado; en asegurar la protección de las pequeñas y medianas empresas y de la industria nacional; en los controles necesarios en cualquier tipo de operación; en los controles por parte de este Congreso a través de la creación de una comisión específica, y también poniendo límites en cuanto a la utilización de los recursos públicos. Por lo tanto, creo que ha quedado un proyecto muy mejorado.
Si les parece bien, voy a abrir la lista de oradores para quienes quieran hacer uso de la palabra.
En primer lugar, le voy a ceder el uso de la palabra al señor diputado Conesa.
Reitero que la última incorporación es la del artículo 32, que es una disposición transitoria para el presupuesto del año 2017 y señala que el límite para utilizar en proyectos de PPP será del 5 por ciento del total del presupuesto.
He tratado de ser sintético y les pido disculpas por haber ido muy rápido en mi lectura. Como verán, hemos incorporado muchas modificaciones al proyecto, que creo que lo han mejorado bastante, en el ámbito de los controles por parte del Estado; en asegurar la protección de las pequeñas y medianas empresas y de la industria nacional; en los controles necesarios en cualquier tipo de operación; en los controles por parte de este Congreso a través de la creación de una comisión específica, y también poniendo límites en cuanto a la utilización de los recursos públicos. Por lo tanto, creo que ha quedado un proyecto muy mejorado.
Si les parece bien, voy a abrir la lista de oradores para quienes quieran hacer uso de la palabra.
En primer lugar, le voy a ceder el uso de la palabra al señor diputado Conesa.
SR. CONESA Señor presidente: efectivamente, se trata...
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Señor diputado Conesa: el señor diputado Doñate le solicita una interrupción. ¿Se la concede?
SR. CONESA Sí, señor presidente.
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Doñate.
SR. DOÑATE Gracias señor presidente. Les pido disculpas por la interrupción a todos los diputados integrantes de ambas comisiones. Simplemente, antes de ingresar al debate del expediente que nos convoca, quiero reclamar y denunciar en el marco de la Comisión de Legislación General que se está incumpliendo con un acuerdo que establecimos en la comisión la semana pasada. Se trata de un compromiso que asumió usted, el diputado Petri y el diputado Tonelli de postergar para esta semana, con el compromiso de convocar a la comisión para el tratamiento del expediente
0119-d-2016, que tiene sanción del Senado. Ha venido mucha gente del interior, representantes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que han hecho un gran esfuerzo para asistir al tratamiento del expediente referido en la reunión de la Comisión de Legislación General. Nos sorprende que no se haya cumplido el acuerdo parlamentario para tratar dicha iniciativa en la comisión.
Estamos profundamente preocupados porque es necesario tratar ese proyecto cuanto antes. El año legislativo se está terminando y, por lo tanto, hay riesgo de que este año no se sancione esa importante norma para un gran sector de la economía argentina.
Hoy hemos recibido una nota de la Presidencia de la comisión por la cual se convoca a una reunión informativa la semana próxima para tratar el expediente 0119-s-2016. Queremos contar con el compromiso de la Presidencia de que la próxima convocatoria a reunión de comisión, el 9 de noviembre, sea resolutiva y no informativa, así firmamos el dictamen de ese expediente que reclama toda la Argentina y que significa un acompañamiento muy fuerte a uno de los grandes motores que tiene nuestro país, que es el sector de la mediana empresa.
Hoy estamos tratando una iniciativa relacionada con la temática y que ustedes consideran que es muy importante para las inversiones. Entonces, nos parece muy importante contar con la definición de la Presidencia de la Comisión de Legislación General -en virtud también de resolver el compromiso que están postergando los diputados Tonelli y Petri que nos pidieron tratarlo esta semana pero que hoy están incumpliendo- que sin falta el miércoles próximo hagamos una reunión resolutiva y firmemos el dictamen sobre el proyecto mencionado.
Estamos profundamente preocupados porque es necesario tratar ese proyecto cuanto antes. El año legislativo se está terminando y, por lo tanto, hay riesgo de que este año no se sancione esa importante norma para un gran sector de la economía argentina.
Hoy hemos recibido una nota de la Presidencia de la comisión por la cual se convoca a una reunión informativa la semana próxima para tratar el expediente 0119-s-2016. Queremos contar con el compromiso de la Presidencia de que la próxima convocatoria a reunión de comisión, el 9 de noviembre, sea resolutiva y no informativa, así firmamos el dictamen de ese expediente que reclama toda la Argentina y que significa un acompañamiento muy fuerte a uno de los grandes motores que tiene nuestro país, que es el sector de la mediana empresa.
Hoy estamos tratando una iniciativa relacionada con la temática y que ustedes consideran que es muy importante para las inversiones. Entonces, nos parece muy importante contar con la definición de la Presidencia de la Comisión de Legislación General -en virtud también de resolver el compromiso que están postergando los diputados Tonelli y Petri que nos pidieron tratarlo esta semana pero que hoy están incumpliendo- que sin falta el miércoles próximo hagamos una reunión resolutiva y firmemos el dictamen sobre el proyecto mencionado.
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Gracias diputado Doñate. Coincido en que el proyecto es muy importante. En la última reunión nos referimos a esto y dijimos que hace diez años que no se modifica la ley de tarjetas de crédito en la Argentina. El compromiso era tratar ese proyecto de ley esta semana, pero al día siguiente el cuerpo decidió que el proyecto sobre el que firmamos dictamen volviera a comisión. Por lo tanto, también hubo que dar cumplimiento a esta resolución del cuerpo y por eso estamos reunidos en esta comisión.
A los fines de cumplir con el compromiso citado, quise convocar con tanta anticipación a la reunión de la próxima semana, donde podremos debatir con mucho detenimiento los alcances de las modificaciones de la ley de tarjetas de crédito que viene del Senado y escuchar cuáles son las posiciones de los distintos bloques.
Si hubiera consenso, no tenga duda de que vamos a firmar el dictamen lo antes posible. Para esto pusimos fecha para la consideración del proyecto.
A los fines de cumplir con el compromiso citado, quise convocar con tanta anticipación a la reunión de la próxima semana, donde podremos debatir con mucho detenimiento los alcances de las modificaciones de la ley de tarjetas de crédito que viene del Senado y escuchar cuáles son las posiciones de los distintos bloques.
Si hubiera consenso, no tenga duda de que vamos a firmar el dictamen lo antes posible. Para esto pusimos fecha para la consideración del proyecto.
SR. PEDRINI Señor presidente: solicito la palabra para hacer mención a este tema.
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Ahora le cedo el uso de la palabra, señor diputado. Les recuerdo que contamos con una larga lista de oradores y estamos tratando el proyecto incluidos en el orden del día.
Tiene la palabra el señor diputado Pedrini.
Tiene la palabra el señor diputado Pedrini.
SR. PEDRINI Señor presidente: quiero proponer concretamente que estando las dos comisiones reunidas, primero tratemos el proyecto sobre tarjetas de crédito, que es lo que pidiendo los representantes de la CAME de todo el país presentes. Estamos acostumbrados a largas sesiones. No nos va a pasar nada por volver a estar muchas horas en este lugar. Tuvimos un incremento salarial inconsulto que generó muchos problemas, por lo tanto, lo menos que podemos hacer es quedarnos a trabajar.
Señor presidente: consideremos en primer lugar el proyecto sobre tarjetas de crédito para luego tratar el proyecto de ley sobre participación público privada.
Señor presidente: consideremos en primer lugar el proyecto sobre tarjetas de crédito para luego tratar el proyecto de ley sobre participación público privada.
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY La Presidencia informa al señor diputado que el proyecto de modificación de la ley de tarjetas de crédito tiene giro a diferentes comisiones de las que tiene el proyecto en consideración y como acabo de informar hemos convocado a una reunión para la próxima semana. No podemos tratarlo en esta reunión plenaria convocada con un objeto específico, que es tratar el proyecto sobre participación público privada. Insisto, la decisión para que vuelva a comisión fue tomada en el recinto, incluso con el voto del bloque que usted integra.
Si les parece, seguimos con la lista de oradores.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Conesa.
Si les parece, seguimos con la lista de oradores.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Conesa.
SR. CONESA Señor presidente: creo que estamos en presencia de un proyecto de ley esencial, muy importante, particularmente en estos momentos en que hay un fuerte déficit fiscal y este proyecto de ley permite que una gran cantidad de obras se hagan con dinero que van a poner los contratistas y no el Estado y, de esta manera, permite aliviar considerablemente este déficit.
Creo que el momento es realmente muy oportuno para que se avance con este proyecto de ley. Y precisamente, para asegurar que la ley funcione bien y rápidamente, creo que hay que "matar" algo a lo que la ley hace referencia e incluso penaliza, que es el tráfico de influencias. Cuando el artículo 15, por ejemplo, establece que "se adjudicará a la oferta más conveniente", la expresión "más conveniente" provoca muchas dudas, hay muchas interpretaciones de lo que es "más conveniente". Para el grupo empresario A será su oferta, para el grupo empresario B será la suya y así sucesivamente, y entonces empieza el tráfico de influencias. Por más que la ley lo prohíba, va a ser una realidad, y la forma de evitar el tráfico de influencias y hacer que la adjudicación se haga rápidamente y la obra se haga pronto y no se tarden 5 años discutiendo cuál es la oferta más conveniente es la incorporación de un artículo que yo he propuesto y que reemplaza al artículo 15 del proyecto -y que lo he hecho llegar con el control de cambios- que dice exactamente: "Las ofertas en las licitaciones se presentarán en dos sobres. En el primero se especificarán los detalles del proyecto y se presentará la garantía bancaria. Si las ofertas del primer sobre cumplen con las condiciones del pliego de la licitación, los oferentes respectivos tendrán derecho a que se abra un segundo sobre que contendrá el factor de adjudicación, que deberá ser único y podrá ser el precio, la tarifa, una fórmula polinómica o cualquier otro que asegure claramente, en forma indubitable, quién es el ganador de la licitación. En caso de igualdad del factor de adjudicación, se priorizará a las empresas nacionales y la adjudicación será por sorteo."
Creo que eso es muy importante para acelerar la contratación de las obras y evitar la corrupción y el tráfico de influencias, que está mencionado en la ley. Pero resulta que está penalizado el tráfico de influencias y, por otra parte, esta forma de adjudicación a la oferta "más conveniente" lo que hace es fomentar el tráfico de influencias. Por eso creo que la sanción de este artículo en la ley es fundamental para el éxito mismo de la ley.
Hay otras disposiciones que a mí me causan un cierto escozor, que son las relativas a la prórroga de jurisdicción. Puede ser muy buena, muy conveniente, pero en caso de que se haga a favor de tribunales internacionales, no a los jueces de otro país. Si es a los jueces de otro país entiendo que está prohibida por el artículo 116 de la Constitución Nacional, que dice que la Corte Suprema de la Nación y los tribunales federales inferiores son competentes para entender en las causas en que la Nación sea parte. Esta cláusula tiene su origen en el principio de la igualdad jurídica de los Estados: par in parem non habet imperium. Es un viejo principio de derecho internacional y si nuestro país se somete a los jueces de otro país se convierte en una especie de municipalidad de otro país y eso es lo que la Constitución no quiere. La Constitución defiende la soberanía nacional. Si hay que hacer la prórroga de jurisdicción, que se haga a favor de tribunales internacionales y no a jueces de otros países. En definitiva, esta es mi postura.
Creo que el momento es realmente muy oportuno para que se avance con este proyecto de ley. Y precisamente, para asegurar que la ley funcione bien y rápidamente, creo que hay que "matar" algo a lo que la ley hace referencia e incluso penaliza, que es el tráfico de influencias. Cuando el artículo 15, por ejemplo, establece que "se adjudicará a la oferta más conveniente", la expresión "más conveniente" provoca muchas dudas, hay muchas interpretaciones de lo que es "más conveniente". Para el grupo empresario A será su oferta, para el grupo empresario B será la suya y así sucesivamente, y entonces empieza el tráfico de influencias. Por más que la ley lo prohíba, va a ser una realidad, y la forma de evitar el tráfico de influencias y hacer que la adjudicación se haga rápidamente y la obra se haga pronto y no se tarden 5 años discutiendo cuál es la oferta más conveniente es la incorporación de un artículo que yo he propuesto y que reemplaza al artículo 15 del proyecto -y que lo he hecho llegar con el control de cambios- que dice exactamente: "Las ofertas en las licitaciones se presentarán en dos sobres. En el primero se especificarán los detalles del proyecto y se presentará la garantía bancaria. Si las ofertas del primer sobre cumplen con las condiciones del pliego de la licitación, los oferentes respectivos tendrán derecho a que se abra un segundo sobre que contendrá el factor de adjudicación, que deberá ser único y podrá ser el precio, la tarifa, una fórmula polinómica o cualquier otro que asegure claramente, en forma indubitable, quién es el ganador de la licitación. En caso de igualdad del factor de adjudicación, se priorizará a las empresas nacionales y la adjudicación será por sorteo."
Creo que eso es muy importante para acelerar la contratación de las obras y evitar la corrupción y el tráfico de influencias, que está mencionado en la ley. Pero resulta que está penalizado el tráfico de influencias y, por otra parte, esta forma de adjudicación a la oferta "más conveniente" lo que hace es fomentar el tráfico de influencias. Por eso creo que la sanción de este artículo en la ley es fundamental para el éxito mismo de la ley.
Hay otras disposiciones que a mí me causan un cierto escozor, que son las relativas a la prórroga de jurisdicción. Puede ser muy buena, muy conveniente, pero en caso de que se haga a favor de tribunales internacionales, no a los jueces de otro país. Si es a los jueces de otro país entiendo que está prohibida por el artículo 116 de la Constitución Nacional, que dice que la Corte Suprema de la Nación y los tribunales federales inferiores son competentes para entender en las causas en que la Nación sea parte. Esta cláusula tiene su origen en el principio de la igualdad jurídica de los Estados: par in parem non habet imperium. Es un viejo principio de derecho internacional y si nuestro país se somete a los jueces de otro país se convierte en una especie de municipalidad de otro país y eso es lo que la Constitución no quiere. La Constitución defiende la soberanía nacional. Si hay que hacer la prórroga de jurisdicción, que se haga a favor de tribunales internacionales y no a jueces de otros países. En definitiva, esta es mi postura.
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Tiene la palabra el señor diputado Solá.
SR. SOLÁ Señor presidente: como a un viejo senador, se me han mezclado un poco los papeles pero quiero decirle que respecto al dictamen del sector del Estado que sea contratante, hay unos diez artículos que obligan a cumplir con sus normas en la formación de ese dictamen.
Luego en el proyecto se crea la autoridad, pero a esa autoridad de los proyectos de Participación Público Privada se le dan funciones de control, y lo único que dice antes respecto de los dictámenes del contratante es que éste deberá remitirlo o informarlo a la autoridad que se crea después. Esto me parece muy débil porque si uno tiene funciones de control no puede recibir ex post las cosas. ¿Se entiende? Me parece que hay una flojedad en este concepto. Confieso que no tengo una propuesta alternativa en este momento pero es una cuestión más de fondo sobre la que, como a veces ocurre, tengo el 80 por ciento de seguridad en lo que digo y no el 20 por ciento restante, por lo cual sería muy bueno poder charlar las opiniones en ese sentido.
Me parece que hay que reforzar la autoridad creada respecto de cuándo recibe los dictámenes y qué tiempo se le da. Se trata de un dictamen muy completo según las exigencias, donde ya viene todo cocinado. A eso me refiero, señor presidente.
Voy a pedir la palabra más tarde, cuando tenga más ordenadas mis cosas. Muchas gracias.
Luego en el proyecto se crea la autoridad, pero a esa autoridad de los proyectos de Participación Público Privada se le dan funciones de control, y lo único que dice antes respecto de los dictámenes del contratante es que éste deberá remitirlo o informarlo a la autoridad que se crea después. Esto me parece muy débil porque si uno tiene funciones de control no puede recibir ex post las cosas. ¿Se entiende? Me parece que hay una flojedad en este concepto. Confieso que no tengo una propuesta alternativa en este momento pero es una cuestión más de fondo sobre la que, como a veces ocurre, tengo el 80 por ciento de seguridad en lo que digo y no el 20 por ciento restante, por lo cual sería muy bueno poder charlar las opiniones en ese sentido.
Me parece que hay que reforzar la autoridad creada respecto de cuándo recibe los dictámenes y qué tiempo se le da. Se trata de un dictamen muy completo según las exigencias, donde ya viene todo cocinado. A eso me refiero, señor presidente.
Voy a pedir la palabra más tarde, cuando tenga más ordenadas mis cosas. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Tiene la palabra el señor diputado Pedrini.
SR. PEDRINI Señor presidente: creo que tendríamos que hablar con propiedad. En realidad, más que un contrato de participación público privada lo que estamos debatiendo es la apertura de la obra pública en la Argentina. Ese es el punto principal. Estamos viendo cómo se abre la obra pública a capitales y a empresas extranjeras, con la consiguiente pérdida de influencia en este ámbito de las empresas nacionales.
Históricamente se consideró a la obra pública -y se la considera en la mayoría de los países- como una posibilidad de desarrollo pero también de generación de empleo y de formación de un capitalismo nacional, protegiendo a las empresas nacionales en el desarrollo del mismo.
Creo que esta apertura de la obra pública lógicamente es el correlato de un gobierno que nos está endeudando en términos absolutamente históricos y desconocidos hasta ahora, un récord de deuda pública que ya es insostenible y lo va seguir siendo.
El correlato de esta apertura económica tiene que ver con la entrega de la obra pública. Creo que el capitalismo, también el capitalismo relacionado con las empresas de obras públicas, requiere de mayores territorios para su expansión. Así como muchas automotrices necesitaron del Mercosur para poder expandirse, también empresas de este tipo requieren de una apertura en distintos países, particularmente lo vemos en los que forman parte de la Alianza del Pacífico, a la que parece ser que vamos.
También se trata de una forma de privatización sin decirlo, la posibilidad de mayor deuda externa y de que el Estado termine avalando obligaciones que contraigan en divisas las empresas extranjeras.
La verdad es que este proyecto tuvo muchísimas críticas. Creo que es positivo que se incluya un 25 por ciento de componente de industria nacional pero es insuficiente. Brasil, por ejemplo, tiene un 50 por ciento. A la industria nacional, a las pequeñas y medianas empresas, no las vamos a proteger con fórmulas gramaticales, no las vamos a defender con la letra de una ley. Concretamente se las defiende con porcentajes exclusivos que aquí, en este proyecto, al menos brillan por su ausencia.
Luego, lo que se propone como mayores controles en realidad se trata de un pase de controles dentro de una misma órbita, que es la del Poder Ejecutivo. Todos sabemos que el Poder Ejecutivo es unipersonal y que las distintas instancias de control que dependen del Poder Ejecutivo lamentablemente no van a tener mayores injerencias en esta cuestión.
También es positivo que exista una comisión bicameral, pero vemos con preocupación que seguimos con otras cuestiones. La prórroga de jurisdicción es claramente inconstitucional, tal como explicó el diputado Conesa, pero parecería ser que no aprendimos la lección de los fondos buitre, de lo que pasó con Griesa, y esto nos convierte absolutamente en un país del subdesarrollo.
Hay una falta de ética por parte de este Parlamento y una falta de apego a la Constitución Nacional que es realmente preocupante. Todas estas cláusulas son propias de la década infame y no del momento que deberíamos estar viviendo en la República Argentina.
De modo que, salvo las dos cuestiones a las que hice referencia -la imposición del 25 por ciento de compre nacional y la creación de una Comisión Bicameral de contralor-, el resto es absolutamente cosmético y no podemos permitir una apertura de la obra pública en la Argentina.
En este sentido, adelantamos nuestro más enfático rechazo al proyecto en tratamiento. (Aplausos.)
Históricamente se consideró a la obra pública -y se la considera en la mayoría de los países- como una posibilidad de desarrollo pero también de generación de empleo y de formación de un capitalismo nacional, protegiendo a las empresas nacionales en el desarrollo del mismo.
Creo que esta apertura de la obra pública lógicamente es el correlato de un gobierno que nos está endeudando en términos absolutamente históricos y desconocidos hasta ahora, un récord de deuda pública que ya es insostenible y lo va seguir siendo.
El correlato de esta apertura económica tiene que ver con la entrega de la obra pública. Creo que el capitalismo, también el capitalismo relacionado con las empresas de obras públicas, requiere de mayores territorios para su expansión. Así como muchas automotrices necesitaron del Mercosur para poder expandirse, también empresas de este tipo requieren de una apertura en distintos países, particularmente lo vemos en los que forman parte de la Alianza del Pacífico, a la que parece ser que vamos.
También se trata de una forma de privatización sin decirlo, la posibilidad de mayor deuda externa y de que el Estado termine avalando obligaciones que contraigan en divisas las empresas extranjeras.
La verdad es que este proyecto tuvo muchísimas críticas. Creo que es positivo que se incluya un 25 por ciento de componente de industria nacional pero es insuficiente. Brasil, por ejemplo, tiene un 50 por ciento. A la industria nacional, a las pequeñas y medianas empresas, no las vamos a proteger con fórmulas gramaticales, no las vamos a defender con la letra de una ley. Concretamente se las defiende con porcentajes exclusivos que aquí, en este proyecto, al menos brillan por su ausencia.
Luego, lo que se propone como mayores controles en realidad se trata de un pase de controles dentro de una misma órbita, que es la del Poder Ejecutivo. Todos sabemos que el Poder Ejecutivo es unipersonal y que las distintas instancias de control que dependen del Poder Ejecutivo lamentablemente no van a tener mayores injerencias en esta cuestión.
También es positivo que exista una comisión bicameral, pero vemos con preocupación que seguimos con otras cuestiones. La prórroga de jurisdicción es claramente inconstitucional, tal como explicó el diputado Conesa, pero parecería ser que no aprendimos la lección de los fondos buitre, de lo que pasó con Griesa, y esto nos convierte absolutamente en un país del subdesarrollo.
Hay una falta de ética por parte de este Parlamento y una falta de apego a la Constitución Nacional que es realmente preocupante. Todas estas cláusulas son propias de la década infame y no del momento que deberíamos estar viviendo en la República Argentina.
De modo que, salvo las dos cuestiones a las que hice referencia -la imposición del 25 por ciento de compre nacional y la creación de una Comisión Bicameral de contralor-, el resto es absolutamente cosmético y no podemos permitir una apertura de la obra pública en la Argentina.
En este sentido, adelantamos nuestro más enfático rechazo al proyecto en tratamiento. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Tiene la palabra el señor diputado Amadeo.
SR. AMADEO Señor presidente: la ley que espero votemos afirmativamente es tal vez la más importante, después del presupuesto, que va a generar este Congreso a efectos de la integración federal de la Argentina.
Nuestro país tiene un drama, que es la falta absoluta de ahorro. El porcentaje de ahorro sobre el producto bruto en la Argentina es nimio. Por lo tanto, estamos en una carrera contra el tiempo, en un país desintegrado, con enormes niveles de pobreza y que necesita recuperar la integración federal a través de obras.
Por ese motivo este mecanismo de financiamiento es esencial, seguramente no para nosotros sino para millones de personas que en las provincias están esperando que nos acordemos de ellas.
No voy a hacer más comentarios sobre los temas puntuales porque creo que el proyecto de ley ha mejorado muchísimo y una vez más, desde nuestro bloque, agradezco a los demás bloques que nos han aportado estas ideas creativas e importantes para tener una mejor ley.
Simplemente quiero leer, para información de los señores diputados que tal vez no lo conozcan, un listado no exhaustivo de las obras que son posibles y que se iniciarán gracias al proyecto de ley que espero aprobemos: la rehabilitación de trenes de carga del Belgrano Norte, Belgrano Sur y Mitre; la compra de material rodante y el freno automático para todos los trenes de la Argentina; nuevas áreas de riego; Colonia Josefa, de Río Negro; meseta intermedia de Chubut; Río Limay y Neuquén.
Vialidad: ruta nacional 20 en San Juan; ruta nacional 9 en Santiago del Estero-Villa del Totoral; ruta nacional 33 Rosario Sección Firmat-Sanford.
Programas de vivienda social en las provincias de Buenos Aires, Jujuy, Tucumán, Salta y La Rioja; acueducto y planta potabilizadora de Salta capital, planta de líquidos cloacales en Concepción en la provincia de Tucumán y red de agua de Salta capital.
Por eso, señor presidente, debemos asumir la responsabilidad que tenemos como Congreso de responder a las expectativas de millones de argentinos que están esperando que estas obras les lleven bienestar. Esta obligación es mucho más importante que la política o la ideología.
Nuestro país tiene un drama, que es la falta absoluta de ahorro. El porcentaje de ahorro sobre el producto bruto en la Argentina es nimio. Por lo tanto, estamos en una carrera contra el tiempo, en un país desintegrado, con enormes niveles de pobreza y que necesita recuperar la integración federal a través de obras.
Por ese motivo este mecanismo de financiamiento es esencial, seguramente no para nosotros sino para millones de personas que en las provincias están esperando que nos acordemos de ellas.
No voy a hacer más comentarios sobre los temas puntuales porque creo que el proyecto de ley ha mejorado muchísimo y una vez más, desde nuestro bloque, agradezco a los demás bloques que nos han aportado estas ideas creativas e importantes para tener una mejor ley.
Simplemente quiero leer, para información de los señores diputados que tal vez no lo conozcan, un listado no exhaustivo de las obras que son posibles y que se iniciarán gracias al proyecto de ley que espero aprobemos: la rehabilitación de trenes de carga del Belgrano Norte, Belgrano Sur y Mitre; la compra de material rodante y el freno automático para todos los trenes de la Argentina; nuevas áreas de riego; Colonia Josefa, de Río Negro; meseta intermedia de Chubut; Río Limay y Neuquén.
Vialidad: ruta nacional 20 en San Juan; ruta nacional 9 en Santiago del Estero-Villa del Totoral; ruta nacional 33 Rosario Sección Firmat-Sanford.
Programas de vivienda social en las provincias de Buenos Aires, Jujuy, Tucumán, Salta y La Rioja; acueducto y planta potabilizadora de Salta capital, planta de líquidos cloacales en Concepción en la provincia de Tucumán y red de agua de Salta capital.
Por eso, señor presidente, debemos asumir la responsabilidad que tenemos como Congreso de responder a las expectativas de millones de argentinos que están esperando que estas obras les lleven bienestar. Esta obligación es mucho más importante que la política o la ideología.
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Tiene la palabra el señor diputado Grana.
SR. GRANA Señor presidente: mientras el señor diputado Amadeo hacía la descripción de las obras que se iban a hacer, faltaba la que anunció el ex presidente Menem cuando expresó que un avión iba a salir a la estratosfera e iba a llegar al otro lado del mundo en dos horas. ¡Es impresionante! Todavía no votamos el proyecto y ya saben cuáles son las obras que se van a hacer. Parece raro, pero será el realismo mágico de esta época.
Vemos que en estos días se ha avanzado con un cantidad de cambios en el proyecto que, como decía el compañero Pedrini, nos parecen absolutamente insuficientes y cosméticos ante la gravedad institucional del proyecto que estamos tratando y en términos de la suma de complejidades que se abrirían con esta situación.
Lamentablemente, hoy en Argentina estamos siendo víctimas de una campaña de desprestigio y de estigmatización de la obra pública, sobre todo la de nuestro gobierno entre el año 2003 y 2015. Fue una obra pública que tenía un sentido, más allá del volumen que fue extraordinario. Me refiero a los 597 mil millones de pesos. Tenía un sentido que era el de acercar a los argentinos y argentinas, en función de sus necesidades en cada uno de los lugares de nuestro país, las obras que hacían falta.
Ahora se genera otro paradigma. Se trata de un paradigma ya conocido por la Argentina y que fue el de los años 90. Se trataba de hacer obra pública para favorecer al mercado y a los actores del mercado. No necesariamente esto ayuda a los argentinos y argentinas. Les recuerdo a los señores diputados y diputadas, en esta nueva oda al mercado que se inició el 10 de diciembre de 2015, que cuando el Estado se corre de sus responsabilidades, el mercado pasa a ser mercado negro y ahí pierden todos, excepto aquellos que son los dueños del capital, que son las minorías de la Argentina y algunos grupos económicos del exterior. Eso no trae desarrollo ni producción; solamente trae exclusión y hambre.
Este proyecto plantea una cantidad de situaciones bien peligrosas. En principio, en ningún lugar dice qué pasa con la titularidad de las obras después de finalizadas. Ya no solamente estamos ante la posibilidad de que las empresas que generan obra pública las puedan concesionar durante un tiempo para soportar lo que fue la financiación de la misma, sino que ahora -por ausencia de letra en la norma que estamos tratando- podemos hablar de la propiedad, es decir de la titularidad para aquellos que ofrecieron la obra pública. Desde un paso a nivel, una escuela, un hospital, una cárcel o una autopista de Ushuaia a La Quiaca, puede hacerse en esta modalidad de empresas mixtas y quedar en manos y titularidad de los oferentes.
Creemos que esto es algo bien complejo. Ante la excusa de utilizar la modalidad de empresas mixtas, el Estado se deslinda de cualquier cumplimiento del régimen de contrataciones, por lo tanto, como decíamos antes puede no haber licitaciones, sin importar el volumen de la obra.
Este proyecto de ley nos embarca nuevamente en una situación bien compleja para los argentinos que es perder soberanía jurídica. A pedido del componente privado en la formación de las empresas mixtas, nosotros podríamos ceder la jurisdicción en las disputas que se generen, es decir, volver al CIADI, con lo que ello significa.
Puede haber alguna empresa mixta en función de alguna obra pública que así lo amerite. Esto debería tener un expreso estudio por parte de esta Cámara y del Senado, y obtener la habilitación correspondiente. Ahora, como norma, que nosotros renunciemos a la soberanía jurídica es una locura. Esto es lo que se está consagrando por medio de este proyecto de ley.
Para colmo de males, este proyecto habla poco, para mí casi nada, de la defensa del trabajo y la producción argentinos.
Por esto digo que, descontado nuestro rechazo a esta iniciativa, el Frente para la Victoria - PJ, no va a acompañar en el recinto este proyecto de ley que es bien complejo y que hipoteca el futuro de las próximas generaciones.
También hay una inconsistencia política profunda entre este proyecto y el relato cotidiano que está haciendo el gobierno de Mauricio Macri en el sentido de transparentar la obra pública. No tenemos ningún inconveniente con ello, por eso este bloque acaba de presentar un proyecto de ley para auditar toda la obra pública de los últimos trece años y medio y para auditarla permanentemente año tras año para que no quede dudas de cómo se utilizan los dinero públicos en este sentido.
Ahora, el camino de liberalizar el mercado, de poner en manos de las empresas los dineros públicos, es el peor camino para la transparencia, porque es entregar la responsabilidad del Estado a manos de los privados. La Argentina tiene una gran y nefasta experiencia al respecto. Lo único que genera eso es desigualdad social, mayor diferencia entre los más pobres y los más ricos e inestabilidad política y social.
Vemos que en estos días se ha avanzado con un cantidad de cambios en el proyecto que, como decía el compañero Pedrini, nos parecen absolutamente insuficientes y cosméticos ante la gravedad institucional del proyecto que estamos tratando y en términos de la suma de complejidades que se abrirían con esta situación.
Lamentablemente, hoy en Argentina estamos siendo víctimas de una campaña de desprestigio y de estigmatización de la obra pública, sobre todo la de nuestro gobierno entre el año 2003 y 2015. Fue una obra pública que tenía un sentido, más allá del volumen que fue extraordinario. Me refiero a los 597 mil millones de pesos. Tenía un sentido que era el de acercar a los argentinos y argentinas, en función de sus necesidades en cada uno de los lugares de nuestro país, las obras que hacían falta.
Ahora se genera otro paradigma. Se trata de un paradigma ya conocido por la Argentina y que fue el de los años 90. Se trataba de hacer obra pública para favorecer al mercado y a los actores del mercado. No necesariamente esto ayuda a los argentinos y argentinas. Les recuerdo a los señores diputados y diputadas, en esta nueva oda al mercado que se inició el 10 de diciembre de 2015, que cuando el Estado se corre de sus responsabilidades, el mercado pasa a ser mercado negro y ahí pierden todos, excepto aquellos que son los dueños del capital, que son las minorías de la Argentina y algunos grupos económicos del exterior. Eso no trae desarrollo ni producción; solamente trae exclusión y hambre.
Este proyecto plantea una cantidad de situaciones bien peligrosas. En principio, en ningún lugar dice qué pasa con la titularidad de las obras después de finalizadas. Ya no solamente estamos ante la posibilidad de que las empresas que generan obra pública las puedan concesionar durante un tiempo para soportar lo que fue la financiación de la misma, sino que ahora -por ausencia de letra en la norma que estamos tratando- podemos hablar de la propiedad, es decir de la titularidad para aquellos que ofrecieron la obra pública. Desde un paso a nivel, una escuela, un hospital, una cárcel o una autopista de Ushuaia a La Quiaca, puede hacerse en esta modalidad de empresas mixtas y quedar en manos y titularidad de los oferentes.
Creemos que esto es algo bien complejo. Ante la excusa de utilizar la modalidad de empresas mixtas, el Estado se deslinda de cualquier cumplimiento del régimen de contrataciones, por lo tanto, como decíamos antes puede no haber licitaciones, sin importar el volumen de la obra.
Este proyecto de ley nos embarca nuevamente en una situación bien compleja para los argentinos que es perder soberanía jurídica. A pedido del componente privado en la formación de las empresas mixtas, nosotros podríamos ceder la jurisdicción en las disputas que se generen, es decir, volver al CIADI, con lo que ello significa.
Puede haber alguna empresa mixta en función de alguna obra pública que así lo amerite. Esto debería tener un expreso estudio por parte de esta Cámara y del Senado, y obtener la habilitación correspondiente. Ahora, como norma, que nosotros renunciemos a la soberanía jurídica es una locura. Esto es lo que se está consagrando por medio de este proyecto de ley.
Para colmo de males, este proyecto habla poco, para mí casi nada, de la defensa del trabajo y la producción argentinos.
Por esto digo que, descontado nuestro rechazo a esta iniciativa, el Frente para la Victoria - PJ, no va a acompañar en el recinto este proyecto de ley que es bien complejo y que hipoteca el futuro de las próximas generaciones.
También hay una inconsistencia política profunda entre este proyecto y el relato cotidiano que está haciendo el gobierno de Mauricio Macri en el sentido de transparentar la obra pública. No tenemos ningún inconveniente con ello, por eso este bloque acaba de presentar un proyecto de ley para auditar toda la obra pública de los últimos trece años y medio y para auditarla permanentemente año tras año para que no quede dudas de cómo se utilizan los dinero públicos en este sentido.
Ahora, el camino de liberalizar el mercado, de poner en manos de las empresas los dineros públicos, es el peor camino para la transparencia, porque es entregar la responsabilidad del Estado a manos de los privados. La Argentina tiene una gran y nefasta experiencia al respecto. Lo único que genera eso es desigualdad social, mayor diferencia entre los más pobres y los más ricos e inestabilidad política y social.
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Tiene la palabra el señor diputado Julio Raffo.
SR. RAFFO Señor presidente: ya compartimos con usted, cuando estábamos en la Legislatura de Buenos Aires, en diferentes partidos, la idea de que algunas normas a veces hay que adecuarlas y agilizarlas. Pero me parece que este proyecto en algunas de sus disposiciones merece y debe ser corregido. No integro las comisiones, por consiguiente no he estado en los acuerdos que se mencionaron, que bienvenidos sean. Yo tenía previsto decir algo respecto al medio ambiente, celebro y aplaudo la modificación realizada.
Quiero hacer tres o cuatro reflexiones sobre el proyecto. Esta iniciativa excluye la aplicación de la ley 13.064. Yo creo que esa exclusión in totum es un error. El artículo 4° de esa norma dice que el proyecto de obra pública deberá prever para su aprobación en los casos de obras que impliquen el acceso de público, la supresión de las barreras arquitectónicas limitativas a la accesibilidad de las personas con discapacidad. Como se borra esto, la obra pública no cuenta con esta restricción. Debo decir que la Argentina ha celebrado un convenio internacional de protección a las personas con discapacidad y hay un capítulo sobre la accesibilidad.
Entonces, yo entiendo que no se quiso hacer algo en perjuicio de los discapacitados, pero si no se quiso hacer digámoslo e incluyamos este artículo 4° que está en la ley 13.064.
El inciso e) del artículo 4° hace referencia a la rentabilidad económica y/o social. Yo creo que debe ser "y social", no que sea una alternativa. No le basta al Estado que haya rentabilidad económica para justificar la aplicación de fondos públicos, más allá de que "y/o" no es una expresión castellana, pero se entiende el sentido. El Estado siempre que aplica fondos públicos no puede hacerlo solamente por rentabilidad económica, porque si lo hace es un empresario más y el Estado no es un empresario más.
En el artículo 4° se establece que en oportunidad de estructurarse proyectos de participación público-privada, teniendo en consideración la circunstancia característica de cada proyecto, la contratante -el Estado- deberá respetar los intereses y derechos de los destinatarios de los servicios y actividades mencionadas. ¿Y la contratada no? ¿Solamente en cabeza de la contratante se pone esta obligación? ¿La empresa que venga a contratar está afuera? Un criterio de interpretación estricto dice que esta obligación es para el contratante, para el Estado; la contratista no tiene esta obligación. Me parece que las dos partes deben respetar estos intereses de los ciudadanos involucrados en el uso de la obra pública.
El artículo 9° establece que "los contratos deberán contener las siguientes previsiones:" y hay una enumeración. "Deberán contener", pero en ningún lado dice cuál es la consecuencia jurídica si no las contiene. ¿Es una nulidad total, es una nulidad parcial, una nulidad relativa, es confirmable? Todo incumplimiento de un deber, en principio, debemos entender que trae como consecuencia una reacción del Estado y del derecho. Decimos "debe" y no cumplió el deber. ¿Qué pasa? No se sabe. Si es una facultad, no es un deber, y si es un deber hay que establecer cuál es la consecuencia ante el incumplimiento de ese deber.
Respecto de los incisos j) y s) del artículo 9°, vemos que reproducen los artículos 1091 y 1031 del Código Civil con relación a la teoría de la imprevisión y con relación a lo que se llama exceptio non adimpleti contractus, que si una parte no cumple, la otra puede no cumplir. Me da la sensación de que a veces nos olvidamos de que hay un nuevo Código Civil y que esta Cámara hace poco lo hizo. Si ya está en el Código Civil, ya tiene sus previsiones, se estudió, la comisión lo hizo, se consultó al país entero y se aprobó, ¿ahora lo ponemos de nuevo con otras palabras? Me parece que es un error de técnica legislativa ignorar que toda ley se integra al conjunto del ordenamiento jurídico y en ese conjunto el Código Civil es una pieza central.
El inciso k) del artículo 9° faculta al Estado -la contratante- a establecer las garantías de ingresos mínimos, utilidad garantizada. Es un principio que no es bueno. El empresario hace sus cálculos, ve, se presenta, hace la oferta y la tiene, ¿pero hay que prever esa garantía? A las pymes, que generan el mayor empleo, ¿quién les garantiza utilidad mínima de nada? Asumen su riesgo empresario y a muchas de ellas les va mal. ¿Y nosotros tenemos que prever garantizar esto? Me parece que es un error. Es legal, pero me parece que es una pésima política.
Respecto del inciso x) del artículo 9°, comparto y hago mías las palabras del diputado Conesa, que está en juego la soberanía nacional y me parece que la prórroga de jurisdicción que ahí se prevé debemos modificarla, a lo sumo, en beneficio de tribunales internacionales.
Yo estuve en contra cuando el presidente Kirchner le otorgó al juez Griesa la jurisdicción para resolver el tema de nuestra deuda y sigo en contra ahora. Me alegra que algunos hayan comprendido que esto de entregar la soberanía a jueces extranjeros está mal. Ahora somos más.
Quiero hacer tres o cuatro reflexiones sobre el proyecto. Esta iniciativa excluye la aplicación de la ley 13.064. Yo creo que esa exclusión in totum es un error. El artículo 4° de esa norma dice que el proyecto de obra pública deberá prever para su aprobación en los casos de obras que impliquen el acceso de público, la supresión de las barreras arquitectónicas limitativas a la accesibilidad de las personas con discapacidad. Como se borra esto, la obra pública no cuenta con esta restricción. Debo decir que la Argentina ha celebrado un convenio internacional de protección a las personas con discapacidad y hay un capítulo sobre la accesibilidad.
Entonces, yo entiendo que no se quiso hacer algo en perjuicio de los discapacitados, pero si no se quiso hacer digámoslo e incluyamos este artículo 4° que está en la ley 13.064.
El inciso e) del artículo 4° hace referencia a la rentabilidad económica y/o social. Yo creo que debe ser "y social", no que sea una alternativa. No le basta al Estado que haya rentabilidad económica para justificar la aplicación de fondos públicos, más allá de que "y/o" no es una expresión castellana, pero se entiende el sentido. El Estado siempre que aplica fondos públicos no puede hacerlo solamente por rentabilidad económica, porque si lo hace es un empresario más y el Estado no es un empresario más.
En el artículo 4° se establece que en oportunidad de estructurarse proyectos de participación público-privada, teniendo en consideración la circunstancia característica de cada proyecto, la contratante -el Estado- deberá respetar los intereses y derechos de los destinatarios de los servicios y actividades mencionadas. ¿Y la contratada no? ¿Solamente en cabeza de la contratante se pone esta obligación? ¿La empresa que venga a contratar está afuera? Un criterio de interpretación estricto dice que esta obligación es para el contratante, para el Estado; la contratista no tiene esta obligación. Me parece que las dos partes deben respetar estos intereses de los ciudadanos involucrados en el uso de la obra pública.
El artículo 9° establece que "los contratos deberán contener las siguientes previsiones:" y hay una enumeración. "Deberán contener", pero en ningún lado dice cuál es la consecuencia jurídica si no las contiene. ¿Es una nulidad total, es una nulidad parcial, una nulidad relativa, es confirmable? Todo incumplimiento de un deber, en principio, debemos entender que trae como consecuencia una reacción del Estado y del derecho. Decimos "debe" y no cumplió el deber. ¿Qué pasa? No se sabe. Si es una facultad, no es un deber, y si es un deber hay que establecer cuál es la consecuencia ante el incumplimiento de ese deber.
Respecto de los incisos j) y s) del artículo 9°, vemos que reproducen los artículos 1091 y 1031 del Código Civil con relación a la teoría de la imprevisión y con relación a lo que se llama exceptio non adimpleti contractus, que si una parte no cumple, la otra puede no cumplir. Me da la sensación de que a veces nos olvidamos de que hay un nuevo Código Civil y que esta Cámara hace poco lo hizo. Si ya está en el Código Civil, ya tiene sus previsiones, se estudió, la comisión lo hizo, se consultó al país entero y se aprobó, ¿ahora lo ponemos de nuevo con otras palabras? Me parece que es un error de técnica legislativa ignorar que toda ley se integra al conjunto del ordenamiento jurídico y en ese conjunto el Código Civil es una pieza central.
El inciso k) del artículo 9° faculta al Estado -la contratante- a establecer las garantías de ingresos mínimos, utilidad garantizada. Es un principio que no es bueno. El empresario hace sus cálculos, ve, se presenta, hace la oferta y la tiene, ¿pero hay que prever esa garantía? A las pymes, que generan el mayor empleo, ¿quién les garantiza utilidad mínima de nada? Asumen su riesgo empresario y a muchas de ellas les va mal. ¿Y nosotros tenemos que prever garantizar esto? Me parece que es un error. Es legal, pero me parece que es una pésima política.
Respecto del inciso x) del artículo 9°, comparto y hago mías las palabras del diputado Conesa, que está en juego la soberanía nacional y me parece que la prórroga de jurisdicción que ahí se prevé debemos modificarla, a lo sumo, en beneficio de tribunales internacionales.
Yo estuve en contra cuando el presidente Kirchner le otorgó al juez Griesa la jurisdicción para resolver el tema de nuestra deuda y sigo en contra ahora. Me alegra que algunos hayan comprendido que esto de entregar la soberanía a jueces extranjeros está mal. Ahora somos más.
SR. RECALDE No fue Kirchner.
SR. RAFFO Respecto del artículo 10, se hace referencia a los daños y perjuicios "que se hubieran previsto en el contrato"; es decir, hay que prever los daños y perjuicios. Los daños y perjuicios muchas veces son inesperados. No va a haber una enumeración exhaustiva de todos los daños posibles. Quiere decir que si no se previeron especialmente los daños y perjuicios, por ejemplo derrame de ácido, nadie va a poner una lista completa de todos los daños y perjuicios posibles. Entonces, es dar un bill de impunidad a la contratista restringir la indemnización por daños y perjuicios a aquello que se hubiera previsto en el contrato. Siempre va a estar más afuera del contrato que lo que esté dentro del contrato. Un viejo axioma dice que siempre hay más en lo dado que en lo conocido y en lo previsto. Lo dado trae este tipo de sorpresas. Creo que esto debe modificarse.
Con respecto al artículo 11, quiero recordar que hay un nuevo Código Civil que algunas cosas dice. Creo que en este artículo Kafka habrá participado como activo colaborador, porque respecto a la responsabilidad patrimonial de las partes contratantes se establece que se aplican supletoriamente las normas pertinentes del Código Civil y Comercial de la Nación. Pero resulta que el Código Civil y Comercial de la Nación en su artículo 1764 dice: "Las disposiciones del Capítulo 1 de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria." El artículo siguiente remite a las leyes administrativas, y la ley 21.499 establece que aquí no se aplica en nada el Código Civil. Entonces, esta remisión del Código Civil tampoco se aplica. No se sabe entonces cuál es la normativa supletoria aplicable en estos casos. Hay un Código Civil que, entre otros, hizo esta Cámara, por lo tanto, solicito que se armonicen las cosas.
Con respecto el artículo 14, la norma prevé lo siguiente. Cuando la complejidad o el monto del proyecto lo justifiquen, podrá establecerse un procedimiento transparente de consulta, debate o intercambio de opiniones. ¿Quiere decir que hay obras públicas que la complejidad o sus montos no justifican procedimientos transparentes? ¿Habrá obras públicas menores, donde no importan las transparencias y las consultas con los destinatarios, y otras mayores? Me parece que toda obra pública merece esta precaución, la mediana, la chica, la chiquita, la grande. No hay obra pública que sea equivalente a reparar el jardín de una casa, todas son grandes.
Con respecto al artículo 22, creo que hay un problema de redacción que pasó inadvertido. Ese artículo dice que se encomienda a la Auditoría General de la Nación que incluya la auditoría de la totalidad de los contratos existentes de participación público privada. La totalidad significa todos.
¿Estarán incluidos los que harán la Ciudad de Buenos Aires y las provincias a las cuales invita a adherir? Una provincia adhiere. ¿Es un contrato de obra pública de acuerdo con la ley? Sí. Tiene que venir a la Auditoría General de la Nación. ¿Y sus órganos provinciales de control y auditoría que se superponen? ¿Se excluyen? ¿Cómo es esto? Creo que va a generar un problema si se aplica literalmente. "Totalidad de los contratos" significa todos. Me parece que no corresponde que para las obras públicas que hagan con esta ley las provincias que adhieran tenga que venir la Auditoría General de la Nación a auditar. Tienen sus propios órganos, así es el federalismo, y este artículo debe ser modificado.
Con respecto al inciso f) del artículo 23 -también está vinculado al artículo 24-, me llama mucho la atención que existan importantes restricciones para ser ofertante. No puede ser ofertante quien ha sido asesor o funcionario público vinculado con estos temas, el concursado o quebrado en trámite, quien haya sido sancionado por lesión al medio ambiente. Pero el condenado o procesado por cohecho, por estafa al Estado, puede. Yo creo que el señor José López debe estar mandando una carta de agradecimiento porque con estas restricciones va a poder presentarse.
Considero que esto debería redactarse de manera tal que no solo los concursados en trámite, los que hayan provocado daño ambiental o los que han sido funcionarios públicos no puedan ser ofertantes sino tampoco los que están procesados con procesamiento firme, sobre todo condenados, como el señor Jaime, por hechos de esa naturaleza. A mi juicio, eso es más grave que estar concursado en trámite. El concursado en trámite es alguien al que le fue mal económicamente, está en concurso y quiere salir pero no es estrictamente un delincuente. Creo que esto hay que modificarlo.
Por otra parte, subrayo el tema de la competencia de nuestros tribunales o por lo menos de los tribunales internacionales para esto.
Por último, solicito que se nos envíe el dictamen a todos los diputados, sobre todo a los que no somos parte de la comisión, porque tenemos que estar pidiéndolo a otros diputados.
Con respecto al artículo 11, quiero recordar que hay un nuevo Código Civil que algunas cosas dice. Creo que en este artículo Kafka habrá participado como activo colaborador, porque respecto a la responsabilidad patrimonial de las partes contratantes se establece que se aplican supletoriamente las normas pertinentes del Código Civil y Comercial de la Nación. Pero resulta que el Código Civil y Comercial de la Nación en su artículo 1764 dice: "Las disposiciones del Capítulo 1 de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria." El artículo siguiente remite a las leyes administrativas, y la ley 21.499 establece que aquí no se aplica en nada el Código Civil. Entonces, esta remisión del Código Civil tampoco se aplica. No se sabe entonces cuál es la normativa supletoria aplicable en estos casos. Hay un Código Civil que, entre otros, hizo esta Cámara, por lo tanto, solicito que se armonicen las cosas.
Con respecto el artículo 14, la norma prevé lo siguiente. Cuando la complejidad o el monto del proyecto lo justifiquen, podrá establecerse un procedimiento transparente de consulta, debate o intercambio de opiniones. ¿Quiere decir que hay obras públicas que la complejidad o sus montos no justifican procedimientos transparentes? ¿Habrá obras públicas menores, donde no importan las transparencias y las consultas con los destinatarios, y otras mayores? Me parece que toda obra pública merece esta precaución, la mediana, la chica, la chiquita, la grande. No hay obra pública que sea equivalente a reparar el jardín de una casa, todas son grandes.
Con respecto al artículo 22, creo que hay un problema de redacción que pasó inadvertido. Ese artículo dice que se encomienda a la Auditoría General de la Nación que incluya la auditoría de la totalidad de los contratos existentes de participación público privada. La totalidad significa todos.
¿Estarán incluidos los que harán la Ciudad de Buenos Aires y las provincias a las cuales invita a adherir? Una provincia adhiere. ¿Es un contrato de obra pública de acuerdo con la ley? Sí. Tiene que venir a la Auditoría General de la Nación. ¿Y sus órganos provinciales de control y auditoría que se superponen? ¿Se excluyen? ¿Cómo es esto? Creo que va a generar un problema si se aplica literalmente. "Totalidad de los contratos" significa todos. Me parece que no corresponde que para las obras públicas que hagan con esta ley las provincias que adhieran tenga que venir la Auditoría General de la Nación a auditar. Tienen sus propios órganos, así es el federalismo, y este artículo debe ser modificado.
Con respecto al inciso f) del artículo 23 -también está vinculado al artículo 24-, me llama mucho la atención que existan importantes restricciones para ser ofertante. No puede ser ofertante quien ha sido asesor o funcionario público vinculado con estos temas, el concursado o quebrado en trámite, quien haya sido sancionado por lesión al medio ambiente. Pero el condenado o procesado por cohecho, por estafa al Estado, puede. Yo creo que el señor José López debe estar mandando una carta de agradecimiento porque con estas restricciones va a poder presentarse.
Considero que esto debería redactarse de manera tal que no solo los concursados en trámite, los que hayan provocado daño ambiental o los que han sido funcionarios públicos no puedan ser ofertantes sino tampoco los que están procesados con procesamiento firme, sobre todo condenados, como el señor Jaime, por hechos de esa naturaleza. A mi juicio, eso es más grave que estar concursado en trámite. El concursado en trámite es alguien al que le fue mal económicamente, está en concurso y quiere salir pero no es estrictamente un delincuente. Creo que esto hay que modificarlo.
Por otra parte, subrayo el tema de la competencia de nuestros tribunales o por lo menos de los tribunales internacionales para esto.
Por último, solicito que se nos envíe el dictamen a todos los diputados, sobre todo a los que no somos parte de la comisión, porque tenemos que estar pidiéndolo a otros diputados.
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Tiene la palabra el señor diputado Abraham.
SR. ABRAHAM Señor presidente: no me voy a referir a los aspectos técnicos del proyecto de ley que están describiendo mis compañeros y otros señores legisladores, como el señor diputado Raffo sobre las falencias y deficiencias que tiene este proyecto.
Creo que esta iniciativa no es una nueva herramienta de política económica para atraer inversiones, como se ha querido decir acá. No considero que sea la ley más importante después del presupuesto, aunque no sé qué presupuesto vamos a aprobar. Pienso que esta iniciativa es la consagración del fracaso de las políticas económicas del gobierno.
Voy a hacer una breve reseña histórica desde el momento mismo del debate presidencial. Recuerdo que el presidente dijo en ese debate que la Argentina no necesitaba endeudarse ya que generaba dólares, también expresó muchas otras cosas que después, con el devenir de la gestión de gobierno, vemos que no se han cumplido. En ese momento el candidato a presidente quizás podía tener una visión distinta o un análisis equivocado de la situación.
Apenas asumió su cargo, el presidente tomó una decisión que creo es la causante de muchos de los problemas que hoy tiene la Argentina, la eliminación de las retenciones a los sectores agroexportadores y mineros. Todo esto lo ha ayudado con la eliminación del denominado cepo, que en otros términos generó una devaluación de más del 50 por ciento de la moneda.
Creo que quienes tomaron estas medidas se imaginaron que estos sectores concentrados de la economía argentina iban a liquidar sus ganancias, los dólares que tenían y a liquidar la soja y que de ese modo ingresaría la famosa lluvia de dólares al Estado argentino. Vimos que esto no sucedió porque estos sectores liquidaron muy poco, evidentemente especulaban con mayores utilidades y más rentas para sus producciones. Esto implicó el gran rojo que hoy tenemos en la Argentina, pero lo más grave también es que disparó un proceso inflacionario acompañado con un proceso recesivo, situación que también agravó no solo la economía nacional y la economía particular de cada uno de los argentinos, que no solo se empezó a perder poder adquisitivo sino también puestos de trabajo, y agravó obviamente la recaudación fiscal de la Argentina.
Entonces, ante esta medida de fracaso, el gobierno quiso buscar otra solución y apeló al pago a los fondos buitre como una forma de congraciarse con el capital financiero internacional especulativo, pensando que de esta manera, como se dijo en este recinto, iban a llover las inversiones, cosa que a la postre tampoco aconteció. Por el contrario, comenzó un proceso distinto que no fue la lluvia de dólares sino un endeudamiento de la Argentina que nuevamente vamos viendo hasta la fecha.
Como esta medida tampoco dio resultado, el gobierno nacional decide mandarnos una ley con un título grandilocuente: reparación histórica a los jubilados, pero en su articulado en realidad lo que estaba buscando era el famoso blanqueo de capitales.
Ahora la última noticia nos dice que solamente en esta etapa se blanquearían capitales por cerca de 4.600 millones de dólares, cuando las estimaciones más negativas y pesimistas eran de 20.000 millones de dólares, es decir, un nuevo fracaso en otra medida económica.
Entonces, empezamos a ver las retenciones, el pago a los fondos buitre, el endeudamiento, inflación, recesión, el fracaso del blanqueo, al que vamos en camino directo, con mayor endeudamiento; hay estimaciones entre 40 mil y 50 mil millones. Lo grave es el camino que se ha tomado. Y tampoco llegan las inversiones. Apelamos entonces a esta medida para tratar de cubrir ese rojo y atraer inversiones a lo que dé lugar, como sea y como venga.
Ya se ha dicho mucho respecto de la pérdida de soberanía. Quienes somos peronistas consideramos la soberanía política y la independencia económica como dos de las patas de nuestra doctrina política.
Existe un agravante, señor presidente. Además de todas las partes técnicas que tiene la ley, creemos que es sumar un endeudamiento al otro. Para el año que viene, según consta en el proyecto de presupuesto 2017 -si es que esa parte no se ha cambiado- tendríamos un endeudamiento cercano a los 30 mil millones de dólares. Si lo sumamos a este año más los pagos de intereses, junto al déficit fiscal que se cubre con emisión, vamos a tener un doble endeudamiento: me refiero a ese endeudamiento que es de gastos corrientes, más este otro endeudamiento, que ojalá Dios nos bendiga y el sector financiero internacional, los grandes capitales y las grandes empresas decidan invertir algún peso en estas obras que los argentinos les proponemos a costa de nuestra entrega soberana.
Concretamente, vamos a estar rondando prácticamente en un número cercano a los 100.000 millones de dólares en dos años de endeudamiento externo, que luego lo tendremos que pagar los 40 millones de argentinos porque se decidió beneficiar a muy pocos, es decir, a los ricos. Creo que no se tienen que enojar cuando decimos o se dice que este es un gobierno de ricos para ricos. Los hechos y este tipo de leyes así lo están demostrando.
Además, aquí hay un engaño. Se dice que esto va a ser para obras públicas tan necesarias para las provincias al igual que la infraestructura caminera. Es verdad, las necesitamos. Pero yo me acuerdo que en oportunidad de tratarse el presupuesto del año 2016 -aprobado en el 2015- en general todas las obras venían con las previsiones presupuestarias para poder realizarse y se hacían con fondos nacionales. En ese momento todavía no habíamos hecho la transferencia de recursos al sector concentrado de la economía. ¿Qué pasó este año? No se hicieron porque no estaban los fondos, debido a que se transfirieron a quienes no se debían transferir. ¿Qué buscamos ahora? Tratar de hacer esas obras y vemos con sorpresa que para el año 2017, salvo algunas contadas obras, la gran mayoría -voy a hablar de mi provincia, es decir, Mendoza- vienen con sumas que son irrisorias. Por ejemplo, la doble vía a San Juan. Nuestro gobernador junto con el presidente de la Nación concurrieron al lugar para anunciar el inicio de la obra y del proceso de licitación. Nosotros habíamos previsto para el ejercicio 2016 la suma de 500 millones de pesos destinados a dar comienzo a esa obra. Para el 2017 hay solamente previsto 9 millones de pesos. Las planillas son larguísimas y habrán visto los señores legisladores que casi todas las obras para el 2017 contienen casi una enunciación nominal o un valor muy chico como para que queden incorporadas al presupuesto porque tienen que tener algún monto. Entonces, surge esta ley y hoy nos empezamos a enterar que muchas de estas obras pretenden financiarse con esta norma.
Es decir, de acuerdo a estos precedentes históricos recientes que estoy mencionando del fracaso del gobierno en estas políticas de lluvia de dólares e inversiones, los argentinos quedaremos a expensas de que determinados capitales quieran invertir en el país. Para que lo puedan hacer y el gobierno pueda salvar la ropa, les entregamos todo: controles, soberanía, todo. Lo más grave es que estamos engañando a los ciudadanos de cada una de las provincias porque estamos dejando sujetas todas estas obras, no a una concreción efectiva de las mismas, sino a una condición suspensiva de que alguien quiera invertir en esta Argentina, en la que al parecer nadie quiere invertir.
En la campaña dijeron que este gobierno de Cambiemos iba a dotar de seguridad jurídica y transparencia a la Argentina. Pero al parecer, como bien dijo el diputado Raffo, estamos cambiando casi todo un ordenamiento jurídico para que vengan las inversiones.
Señor presidente: yo diría que retomemos y desandemos el camino cuando nos hemos equivocado -cuando digo "hemos" es porque el gobierno somos todos- y volvamos a gravar a quien debemos hacerlo, que son los ricos y los sectores concentrados de la economía argentina, que con esos fondos podamos financiar la obra pública que tanto necesita nuestro pueblo, y no nos sometamos a una legislación con la que vamos a dejar endeudados a nuestros hijos y a nuestros nietos por los próximos años, encima con la incertidumbre de no saber si estas obras son nuestras o de otros.
Con esta pequeña reseña histórica reafirmo el rechazo a esta iniciativa, que no es ni más ni menos que la consagración del fracaso de las políticas económicas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri. (Aplausos.)
Creo que esta iniciativa no es una nueva herramienta de política económica para atraer inversiones, como se ha querido decir acá. No considero que sea la ley más importante después del presupuesto, aunque no sé qué presupuesto vamos a aprobar. Pienso que esta iniciativa es la consagración del fracaso de las políticas económicas del gobierno.
Voy a hacer una breve reseña histórica desde el momento mismo del debate presidencial. Recuerdo que el presidente dijo en ese debate que la Argentina no necesitaba endeudarse ya que generaba dólares, también expresó muchas otras cosas que después, con el devenir de la gestión de gobierno, vemos que no se han cumplido. En ese momento el candidato a presidente quizás podía tener una visión distinta o un análisis equivocado de la situación.
Apenas asumió su cargo, el presidente tomó una decisión que creo es la causante de muchos de los problemas que hoy tiene la Argentina, la eliminación de las retenciones a los sectores agroexportadores y mineros. Todo esto lo ha ayudado con la eliminación del denominado cepo, que en otros términos generó una devaluación de más del 50 por ciento de la moneda.
Creo que quienes tomaron estas medidas se imaginaron que estos sectores concentrados de la economía argentina iban a liquidar sus ganancias, los dólares que tenían y a liquidar la soja y que de ese modo ingresaría la famosa lluvia de dólares al Estado argentino. Vimos que esto no sucedió porque estos sectores liquidaron muy poco, evidentemente especulaban con mayores utilidades y más rentas para sus producciones. Esto implicó el gran rojo que hoy tenemos en la Argentina, pero lo más grave también es que disparó un proceso inflacionario acompañado con un proceso recesivo, situación que también agravó no solo la economía nacional y la economía particular de cada uno de los argentinos, que no solo se empezó a perder poder adquisitivo sino también puestos de trabajo, y agravó obviamente la recaudación fiscal de la Argentina.
Entonces, ante esta medida de fracaso, el gobierno quiso buscar otra solución y apeló al pago a los fondos buitre como una forma de congraciarse con el capital financiero internacional especulativo, pensando que de esta manera, como se dijo en este recinto, iban a llover las inversiones, cosa que a la postre tampoco aconteció. Por el contrario, comenzó un proceso distinto que no fue la lluvia de dólares sino un endeudamiento de la Argentina que nuevamente vamos viendo hasta la fecha.
Como esta medida tampoco dio resultado, el gobierno nacional decide mandarnos una ley con un título grandilocuente: reparación histórica a los jubilados, pero en su articulado en realidad lo que estaba buscando era el famoso blanqueo de capitales.
Ahora la última noticia nos dice que solamente en esta etapa se blanquearían capitales por cerca de 4.600 millones de dólares, cuando las estimaciones más negativas y pesimistas eran de 20.000 millones de dólares, es decir, un nuevo fracaso en otra medida económica.
Entonces, empezamos a ver las retenciones, el pago a los fondos buitre, el endeudamiento, inflación, recesión, el fracaso del blanqueo, al que vamos en camino directo, con mayor endeudamiento; hay estimaciones entre 40 mil y 50 mil millones. Lo grave es el camino que se ha tomado. Y tampoco llegan las inversiones. Apelamos entonces a esta medida para tratar de cubrir ese rojo y atraer inversiones a lo que dé lugar, como sea y como venga.
Ya se ha dicho mucho respecto de la pérdida de soberanía. Quienes somos peronistas consideramos la soberanía política y la independencia económica como dos de las patas de nuestra doctrina política.
Existe un agravante, señor presidente. Además de todas las partes técnicas que tiene la ley, creemos que es sumar un endeudamiento al otro. Para el año que viene, según consta en el proyecto de presupuesto 2017 -si es que esa parte no se ha cambiado- tendríamos un endeudamiento cercano a los 30 mil millones de dólares. Si lo sumamos a este año más los pagos de intereses, junto al déficit fiscal que se cubre con emisión, vamos a tener un doble endeudamiento: me refiero a ese endeudamiento que es de gastos corrientes, más este otro endeudamiento, que ojalá Dios nos bendiga y el sector financiero internacional, los grandes capitales y las grandes empresas decidan invertir algún peso en estas obras que los argentinos les proponemos a costa de nuestra entrega soberana.
Concretamente, vamos a estar rondando prácticamente en un número cercano a los 100.000 millones de dólares en dos años de endeudamiento externo, que luego lo tendremos que pagar los 40 millones de argentinos porque se decidió beneficiar a muy pocos, es decir, a los ricos. Creo que no se tienen que enojar cuando decimos o se dice que este es un gobierno de ricos para ricos. Los hechos y este tipo de leyes así lo están demostrando.
Además, aquí hay un engaño. Se dice que esto va a ser para obras públicas tan necesarias para las provincias al igual que la infraestructura caminera. Es verdad, las necesitamos. Pero yo me acuerdo que en oportunidad de tratarse el presupuesto del año 2016 -aprobado en el 2015- en general todas las obras venían con las previsiones presupuestarias para poder realizarse y se hacían con fondos nacionales. En ese momento todavía no habíamos hecho la transferencia de recursos al sector concentrado de la economía. ¿Qué pasó este año? No se hicieron porque no estaban los fondos, debido a que se transfirieron a quienes no se debían transferir. ¿Qué buscamos ahora? Tratar de hacer esas obras y vemos con sorpresa que para el año 2017, salvo algunas contadas obras, la gran mayoría -voy a hablar de mi provincia, es decir, Mendoza- vienen con sumas que son irrisorias. Por ejemplo, la doble vía a San Juan. Nuestro gobernador junto con el presidente de la Nación concurrieron al lugar para anunciar el inicio de la obra y del proceso de licitación. Nosotros habíamos previsto para el ejercicio 2016 la suma de 500 millones de pesos destinados a dar comienzo a esa obra. Para el 2017 hay solamente previsto 9 millones de pesos. Las planillas son larguísimas y habrán visto los señores legisladores que casi todas las obras para el 2017 contienen casi una enunciación nominal o un valor muy chico como para que queden incorporadas al presupuesto porque tienen que tener algún monto. Entonces, surge esta ley y hoy nos empezamos a enterar que muchas de estas obras pretenden financiarse con esta norma.
Es decir, de acuerdo a estos precedentes históricos recientes que estoy mencionando del fracaso del gobierno en estas políticas de lluvia de dólares e inversiones, los argentinos quedaremos a expensas de que determinados capitales quieran invertir en el país. Para que lo puedan hacer y el gobierno pueda salvar la ropa, les entregamos todo: controles, soberanía, todo. Lo más grave es que estamos engañando a los ciudadanos de cada una de las provincias porque estamos dejando sujetas todas estas obras, no a una concreción efectiva de las mismas, sino a una condición suspensiva de que alguien quiera invertir en esta Argentina, en la que al parecer nadie quiere invertir.
En la campaña dijeron que este gobierno de Cambiemos iba a dotar de seguridad jurídica y transparencia a la Argentina. Pero al parecer, como bien dijo el diputado Raffo, estamos cambiando casi todo un ordenamiento jurídico para que vengan las inversiones.
Señor presidente: yo diría que retomemos y desandemos el camino cuando nos hemos equivocado -cuando digo "hemos" es porque el gobierno somos todos- y volvamos a gravar a quien debemos hacerlo, que son los ricos y los sectores concentrados de la economía argentina, que con esos fondos podamos financiar la obra pública que tanto necesita nuestro pueblo, y no nos sometamos a una legislación con la que vamos a dejar endeudados a nuestros hijos y a nuestros nietos por los próximos años, encima con la incertidumbre de no saber si estas obras son nuestras o de otros.
Con esta pequeña reseña histórica reafirmo el rechazo a esta iniciativa, que no es ni más ni menos que la consagración del fracaso de las políticas económicas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Tiene la palabra el señor diputado Álvaro González.
SR. GONZÁLEZ (A. G.) Señor presidente: como ya se ha hablado mucho de las cuestiones técnicas que tiene esta iniciativa, quiero hacer dos o tres consideraciones de índole política.
Lo primero que quiero destacar es que después de lo que ocurrió el miércoles pasado en el recinto, hoy estamos, tal como se acordó políticamente, el día martes firmando el dictamen con todas las modificaciones que se iban a hacer en el recinto y tenemos la oportunidad de hacer esto en la comisión. Celebro que en esta casa se respete la palabra empeñada.
En segundo lugar, he escuchado con atención algunas de las alocuciones de distintos diputados que tienen una visión de este proyecto, que es válida pero que desde nuestro punto de vista no compartimos.
El mismo proyecto en su artículo 2° dice que estamos aprobando una iniciativa que se suma a lo que ya existía como forma de contratación. Justamente, los que más denuestan este proyecto son los que se aferraron a las alternativas que ya existían en la ley para la contratación de la obra pública.
Hoy cuando encendemos el televisor, lo único que ha aumentado es la cantidad de panelistas que son cronistas judiciales y que solo hablan de la obra pública. Por eso me parece que los argentinos nos merecemos por lo menos tener otra alternativa. Eso no significa que desde cualquier punto de vista político pueda ser valorada en forma positiva o negativa.
A las pruebas me remito: muchos de los problemas que hoy estamos viviendo, surgieron con las leyes vigentes y que se aplicaron en forma displicente en cuanto a sus controles, o de mínimo, haciéndose los distraídos.
Desde ese punto de vista yo no creo que hoy estemos haciendo otra cosa que aprobar un mecanismo distinto para conseguir lo que creo que cualquier diputado de la Nación quiere para su pueblo: que las obras se realicen. En definitiva, cuando uno realiza una obra pública, le resuelve un problema a la gente. Hoy estamos discutiendo una modalidad. Algunos estamos a favor y otros en contra. Lo que solicito es que tengamos una mirada más optimista, menos ideologizada, mucho menos cargada de preconceptos sobre herramientas con las que va a contar el gobierno. Reitero, se trata de herramientas que sirven para resolver los problemas a la gente.
Lo primero que quiero destacar es que después de lo que ocurrió el miércoles pasado en el recinto, hoy estamos, tal como se acordó políticamente, el día martes firmando el dictamen con todas las modificaciones que se iban a hacer en el recinto y tenemos la oportunidad de hacer esto en la comisión. Celebro que en esta casa se respete la palabra empeñada.
En segundo lugar, he escuchado con atención algunas de las alocuciones de distintos diputados que tienen una visión de este proyecto, que es válida pero que desde nuestro punto de vista no compartimos.
El mismo proyecto en su artículo 2° dice que estamos aprobando una iniciativa que se suma a lo que ya existía como forma de contratación. Justamente, los que más denuestan este proyecto son los que se aferraron a las alternativas que ya existían en la ley para la contratación de la obra pública.
Hoy cuando encendemos el televisor, lo único que ha aumentado es la cantidad de panelistas que son cronistas judiciales y que solo hablan de la obra pública. Por eso me parece que los argentinos nos merecemos por lo menos tener otra alternativa. Eso no significa que desde cualquier punto de vista político pueda ser valorada en forma positiva o negativa.
A las pruebas me remito: muchos de los problemas que hoy estamos viviendo, surgieron con las leyes vigentes y que se aplicaron en forma displicente en cuanto a sus controles, o de mínimo, haciéndose los distraídos.
Desde ese punto de vista yo no creo que hoy estemos haciendo otra cosa que aprobar un mecanismo distinto para conseguir lo que creo que cualquier diputado de la Nación quiere para su pueblo: que las obras se realicen. En definitiva, cuando uno realiza una obra pública, le resuelve un problema a la gente. Hoy estamos discutiendo una modalidad. Algunos estamos a favor y otros en contra. Lo que solicito es que tengamos una mirada más optimista, menos ideologizada, mucho menos cargada de preconceptos sobre herramientas con las que va a contar el gobierno. Reitero, se trata de herramientas que sirven para resolver los problemas a la gente.
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Tiene la palabra el señor diputado Carmona.
SR. CARMONA Señor presidente: tengo que confesar que cuando escuché por primera vez la mención de este proyecto como PPP me sorprendí y me alarmé pensando que probablemente, por una cuestión que se llama parónimo -palabras que suenan similar pero se escriben diferente y su significado es diferente-, estábamos hablando de una iniciativa para arrancar con el TPP, el Tratado del Transpacífico. Y tuve una pasajera tranquilidad después de enterarme de que se trataba de un proyecto vinculado con las contrataciones públicas, particularmente con inversiones en obras públicas.
El problema es cuando en el bloque del Frente para la Victoria-PJ comenzamos el estudio con este tema, empezaron a aparecer algunos elementos que me llevaron a considerar que las similitudes no eran solamente del sonido de las palabras sino de los contenidos.
Quiero muy brevemente compartir con ustedes lo que dice el gobierno de la hermana República de Chile sobre el Tratado de Transpacífico -que Chile ha suscripto, que está en debate ante el Congreso nacional chileno- en el capítulo de contrataciones públicas. Esta es la versión del gobierno de Chile, por lo tanto es una mirada amigable con el tratado que han suscripto.
Leo lo que dice: "¿Qué oportunidades ofrece el capítulo de Contratación Pública? Este capítulo se propone abrir de forma justa y transparente los mercados de contratación pública de los distintos miembros del TPP, garantizando la competencia entre los agentes económicos locales y extranjeros. Cubre todas las contrataciones de bienes, servicios y construcción, incluidos los contratos de concesión de obras públicas realizadas por las entidades del Estado, que se encuentran listadas en los Anexos del Capítulo.
"Con el TPP, Chile extenderá estas disciplinas a tres nuevos mercados: Perú, Vietnam y Malasia, ya que los TLC con estos países no abarcan esta área. De esta forma, nuestros exportadores obtienen acceso a nuevos mercados de contratación pública: Vietnam con un mercado de..." y da detalles de los casos. "El principio central de este capítulo es el otorgamiento de Trato Nacional y No Discriminatorio a los proveedores provenientes de los otros miembros del TPP en los procesos de contratación pública, siempre y cuando la licitación pública cumpla con las condiciones establecidas en el capítulo. Al mismo tiempo, contempla exclusiones generales en virtud de la protección de la vida, salud, seguridad y propiedad intelectual.
"Entre los aspectos novedosos del Capítulo se pueden mencionar las cláusulas incluidas para facilitar la participación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en los procesos de contratación pública de las respectivas Partes. Esto permitirá ayudar a internacionalizar las MIPYMES en los mercados de contratación pública. De esta forma, se espera establecer mecanismos, como acceso a la información, gratuidad de documentación y recepción por medios electrónicos, todo lo cual permitirá otorgar mayores oportunidades, a las empresas de menor tamaño, para acceder a los mercados de Contratación Pública de los socios TPP. Asimismo, en relación a las PYMES, los países conservaron la posibilidad de otorgar un tratamiento preferencial para sus PYMES en la adjudicación de licitaciones públicas."
No es casual que las palabras que utiliza el gobierno de la hermana República de Chile para describir al Tratado de Transpacífico que ha suscripto se repitan en este proyecto de ley que estamos tratando. La apelación a la trasparencia, a las condiciones justas, a la no discriminación, a la protección de las pymes con la promesa, en Chile, de que las pymes chilenas van a poder competir en otros mercados en contrataciones públicas, promesas que no nos ofrece este proyecto de ley, tenemos que decir; promesas que probablemente nos empiecen a presentar como espejitos de colores pronto cuando nos blanqueen lo que ya está ocurriendo, lo que tímidamente algunos funcionarios se animan a reconocer, que es que están avanzando en el proceso de negociación de tratados de libre comercio. Se trata de varios a la vez.
¿Sabe qué pasa, señor presidente? Con esta iniciativa alentada por diputados del oficialismo, el Poder Ejecutivo está creando condiciones.
Las condiciones que plantea este proyecto de ley por el que se prevé este sistema de PPP, son las mismas que exigen los Estados poderosos del mundo para incorporar a los países periféricos en esos tratados de libre comercio repletos de promesas futuras. Estos tratados preanuncian la imposibilidad de desarrollar cualquier tipo de industria en los Estados de nuestra región y de otras.
El problema es que nosotros no somos la República de Chile, un país que desde hace muchos años por decisión soberana de sus gobiernos -aunque probablemente con condicionamientos- aplica políticas de apertura económica, comercial y financiera así como políticas de mercado que han llevado a que tenga una bajísima o prácticamente nula industrialización.
Este camino es el que eligió Chile pero no es el que elegimos los argentinos cuando hablamos de industria nacional y de proteger a nuestras pymes, no solamente a las de producción agropecuaria sino también a nuestras pymes industriales. Esa no es la Argentina que queremos. No queremos que nuestro país se vea arrasado por condiciones de introducción de empresas transnacionales que barran con la capacidad productiva que, con muchísimo esfuerzo, hemos llevado adelante los argentinos.
Soy parte de una fuerza política que se identifica orgullosamente como industrialista pero quiero señalar que ni siquiera el oficialismo se animaría a alegar por una Argentina solamente agroexportadora. Yo escucho a los diputados y a los funcionarios del Ejecutivo cuando en sus tímidas intervenciones al hablar de la industria no se animan a ir más allá.
Con esto que están haciendo, señor presidente, sin lugar a dudas están yendo más allá. A pesar de los arreglos que se han intentado hacer al texto en este espíritu constructivo que sobrevuela la Cámara, se están llevando puestas las posibilidades de nuestras pymes, lo que implica que a la larga se vean amenazadas y afectadas.
La promesa de que las pymes argentinas se van a poder internacionalizar en algún momento, lo que seguramente vendrá también con la negociación de los tratados de libre comercio, es otra falsa promesa. ¿Qué competencia pueden sostener nuestras micro, pequeñas y medianas empresas contra las transnacionales que demuestran arrasar con mercados enteros, incluso con empresas de gran porte en otros países?
En su negociación con la Unión Europea por el tratado de libre comercio, Estados Unidos se ha resistido a discutir el capítulo acerca de las contrataciones públicas. Estados Unidos, país proteccionista que proclama el libre cambio para los demás, está defendiendo de esa manera sus propios intereses. Señor presidente: nosotros proponemos defender nuestros propios intereses.
Quiero terminar diciendo que me equivoqué antes cuando dije que se trataba de un parónimo; es más, ni siquiera se trata de un homónimo. Estamos ante un sinónimo: PPP -que es la participación público-privada- es TPP, ya que tiene la filosofía de los tratados de libre comercio que impregna en este momento los despachos gubernamentales del gobierno nacional y que expresan los legisladores oficialistas, en coherencia con las propias declaraciones del presidente ante la Embajada de los Estados Unidos hace unos años.
Aceptamos que este gobierno sea promercado y proempresas, pero nos cuesta mucho entender que fuerzas de la oposición que sostienen un claro discurso y una práctica industrialista -como en muchos casos me consta- accedan a aprobar esta iniciativa, con la sugerencia de propuestas, que va en contra de los intereses nacionales y de las posibilidades de desarrollo nacional a futuro. (Aplausos.)
El problema es cuando en el bloque del Frente para la Victoria-PJ comenzamos el estudio con este tema, empezaron a aparecer algunos elementos que me llevaron a considerar que las similitudes no eran solamente del sonido de las palabras sino de los contenidos.
Quiero muy brevemente compartir con ustedes lo que dice el gobierno de la hermana República de Chile sobre el Tratado de Transpacífico -que Chile ha suscripto, que está en debate ante el Congreso nacional chileno- en el capítulo de contrataciones públicas. Esta es la versión del gobierno de Chile, por lo tanto es una mirada amigable con el tratado que han suscripto.
Leo lo que dice: "¿Qué oportunidades ofrece el capítulo de Contratación Pública? Este capítulo se propone abrir de forma justa y transparente los mercados de contratación pública de los distintos miembros del TPP, garantizando la competencia entre los agentes económicos locales y extranjeros. Cubre todas las contrataciones de bienes, servicios y construcción, incluidos los contratos de concesión de obras públicas realizadas por las entidades del Estado, que se encuentran listadas en los Anexos del Capítulo.
"Con el TPP, Chile extenderá estas disciplinas a tres nuevos mercados: Perú, Vietnam y Malasia, ya que los TLC con estos países no abarcan esta área. De esta forma, nuestros exportadores obtienen acceso a nuevos mercados de contratación pública: Vietnam con un mercado de..." y da detalles de los casos. "El principio central de este capítulo es el otorgamiento de Trato Nacional y No Discriminatorio a los proveedores provenientes de los otros miembros del TPP en los procesos de contratación pública, siempre y cuando la licitación pública cumpla con las condiciones establecidas en el capítulo. Al mismo tiempo, contempla exclusiones generales en virtud de la protección de la vida, salud, seguridad y propiedad intelectual.
"Entre los aspectos novedosos del Capítulo se pueden mencionar las cláusulas incluidas para facilitar la participación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en los procesos de contratación pública de las respectivas Partes. Esto permitirá ayudar a internacionalizar las MIPYMES en los mercados de contratación pública. De esta forma, se espera establecer mecanismos, como acceso a la información, gratuidad de documentación y recepción por medios electrónicos, todo lo cual permitirá otorgar mayores oportunidades, a las empresas de menor tamaño, para acceder a los mercados de Contratación Pública de los socios TPP. Asimismo, en relación a las PYMES, los países conservaron la posibilidad de otorgar un tratamiento preferencial para sus PYMES en la adjudicación de licitaciones públicas."
No es casual que las palabras que utiliza el gobierno de la hermana República de Chile para describir al Tratado de Transpacífico que ha suscripto se repitan en este proyecto de ley que estamos tratando. La apelación a la trasparencia, a las condiciones justas, a la no discriminación, a la protección de las pymes con la promesa, en Chile, de que las pymes chilenas van a poder competir en otros mercados en contrataciones públicas, promesas que no nos ofrece este proyecto de ley, tenemos que decir; promesas que probablemente nos empiecen a presentar como espejitos de colores pronto cuando nos blanqueen lo que ya está ocurriendo, lo que tímidamente algunos funcionarios se animan a reconocer, que es que están avanzando en el proceso de negociación de tratados de libre comercio. Se trata de varios a la vez.
¿Sabe qué pasa, señor presidente? Con esta iniciativa alentada por diputados del oficialismo, el Poder Ejecutivo está creando condiciones.
Las condiciones que plantea este proyecto de ley por el que se prevé este sistema de PPP, son las mismas que exigen los Estados poderosos del mundo para incorporar a los países periféricos en esos tratados de libre comercio repletos de promesas futuras. Estos tratados preanuncian la imposibilidad de desarrollar cualquier tipo de industria en los Estados de nuestra región y de otras.
El problema es que nosotros no somos la República de Chile, un país que desde hace muchos años por decisión soberana de sus gobiernos -aunque probablemente con condicionamientos- aplica políticas de apertura económica, comercial y financiera así como políticas de mercado que han llevado a que tenga una bajísima o prácticamente nula industrialización.
Este camino es el que eligió Chile pero no es el que elegimos los argentinos cuando hablamos de industria nacional y de proteger a nuestras pymes, no solamente a las de producción agropecuaria sino también a nuestras pymes industriales. Esa no es la Argentina que queremos. No queremos que nuestro país se vea arrasado por condiciones de introducción de empresas transnacionales que barran con la capacidad productiva que, con muchísimo esfuerzo, hemos llevado adelante los argentinos.
Soy parte de una fuerza política que se identifica orgullosamente como industrialista pero quiero señalar que ni siquiera el oficialismo se animaría a alegar por una Argentina solamente agroexportadora. Yo escucho a los diputados y a los funcionarios del Ejecutivo cuando en sus tímidas intervenciones al hablar de la industria no se animan a ir más allá.
Con esto que están haciendo, señor presidente, sin lugar a dudas están yendo más allá. A pesar de los arreglos que se han intentado hacer al texto en este espíritu constructivo que sobrevuela la Cámara, se están llevando puestas las posibilidades de nuestras pymes, lo que implica que a la larga se vean amenazadas y afectadas.
La promesa de que las pymes argentinas se van a poder internacionalizar en algún momento, lo que seguramente vendrá también con la negociación de los tratados de libre comercio, es otra falsa promesa. ¿Qué competencia pueden sostener nuestras micro, pequeñas y medianas empresas contra las transnacionales que demuestran arrasar con mercados enteros, incluso con empresas de gran porte en otros países?
En su negociación con la Unión Europea por el tratado de libre comercio, Estados Unidos se ha resistido a discutir el capítulo acerca de las contrataciones públicas. Estados Unidos, país proteccionista que proclama el libre cambio para los demás, está defendiendo de esa manera sus propios intereses. Señor presidente: nosotros proponemos defender nuestros propios intereses.
Quiero terminar diciendo que me equivoqué antes cuando dije que se trataba de un parónimo; es más, ni siquiera se trata de un homónimo. Estamos ante un sinónimo: PPP -que es la participación público-privada- es TPP, ya que tiene la filosofía de los tratados de libre comercio que impregna en este momento los despachos gubernamentales del gobierno nacional y que expresan los legisladores oficialistas, en coherencia con las propias declaraciones del presidente ante la Embajada de los Estados Unidos hace unos años.
Aceptamos que este gobierno sea promercado y proempresas, pero nos cuesta mucho entender que fuerzas de la oposición que sostienen un claro discurso y una práctica industrialista -como en muchos casos me consta- accedan a aprobar esta iniciativa, con la sugerencia de propuestas, que va en contra de los intereses nacionales y de las posibilidades de desarrollo nacional a futuro. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Tiene la palabra el señor diputado De Mendiguren.
SR. DE MENDIGUREN Señor presidente: es cierto que estamos ante una iniciativa que no es simplemente una forma de poder contratar obra pública sino una norma bisagra en nuestro país.
Cuando Argentina toma decisiones de esta naturaleza sabemos que es clave el impacto que van a tener no solamente en la infraestructura del país sino en su desarrollo, en el de sus pequeñas y medianas empresas y del empresariado nacional. Ningún país del mundo desarrollado descuida esto ante la posibilidad de emprendimientos de esta naturaleza, porque se sabe que el poder de compra del Estado es una las herramientas más importantes que se tiene para el desarrollo local.
Esta preocupación no es reciente para nosotros, también la tuvimos hace dos años cuando tratamos los acuerdos con China. En ese momento alzamos la voz y expusimos con toda claridad que nos preocupaba que por conseguir financiamiento permitamos la adjudicación directa y hasta la contratación de personal extranjero para realizar estas obras, con prórroga de jurisdicción y con todo lo que aquí estamos discutiendo.
Hoy por hoy queremos ser coherentes con lo que planteamos. Muchos compañeros de nuestro bloque así como el diputado Julio Raffo han hecho aclaraciones sobre nuestra preocupación en cuanto a la delegación de la jurisdicción y demás.
Además, señor presidente, quiero comentarle que miembros de algunas comisiones de este Parlamento -de la Comisión de Industria, de la Comisión de Economía- estuvimos reunidos con representantes de la CGT el día lunes pasado. Las preocupaciones que los trabajadores nos plantearon en relación con este proyecto que viene del Senado fueron precisamente estas, es decir, cómo esta iniciativa impactaría en el empleo y cómo podría dejar fuera del proceso de desarrollo nacional a las pequeñas y medianas empresas.
Es cierto que se le introdujeron modificaciones importantes al proyecto en cuanto a la transparencia y a darle más participación al Parlamento en este régimen de contratación pero, teniendo en cuenta su amplitud, no cesó nuestra preocupación sobre esos puntos que desarrollamos en la reunión con la CGT.
Sabemos que todos los países del mundo tienen regímenes de este tipo pero son la excepción; en cambio, nosotros lo estamos convirtiendo en la generalidad. Como dijo el diputado Kicillof, con esta norma podemos incorporar desde un cordón cuneta hasta una represa o desde una estación de servicio hasta una destilería. Todo entra dentro de este régimen.
Si no se toman las previsiones de trasparencia y de oportunidades y, sobre todo, del desarrollo y la participación del sector privado nacional, podríamos relegar definitivamente a la Argentina a ser un país primario, es decir, a que acepte el rol que el mundo nos quiere dar: proveedor de porotos de soja y de cereales.
Por lo tanto, después de la reunión que hemos tenido con los representantes de la Confederación General del Trabajo, hay dos preocupaciones que mantenemos latentes y queremos que sean incorporadas en este proyecto de ley. En primer lugar, queremos que se contemple la participación de la pequeña y mediana empresa a través del compre nacional. Pero, como esto no es suficiente, también queremos una reserva de mercado. Queremos que este régimen sea transparente y que se sepa cuánto va a derramar internamente cada proyecto.
Por lo tanto, para ser coherentes con la posición que siempre hemos mantenido desde el Frente Renovador y en particular en la reunión que tuvimos con los trabajadores, queremos que se modifique este proyecto para que la participación del sector nacional -es decir, esa reserva de mercado- se amplíe como mínimo a un tercio de lo que se esté licitando. Creo que eso nos permitiría saber que la intervención nacional será real y que no podrá quedar excluida a través de dibujos en el pliego de licitación.
Esa es nuestra propuesta. Queremos que se incluya y se amplíe a un tercio de todas las contrataciones para el sector nacional.
Cuando Argentina toma decisiones de esta naturaleza sabemos que es clave el impacto que van a tener no solamente en la infraestructura del país sino en su desarrollo, en el de sus pequeñas y medianas empresas y del empresariado nacional. Ningún país del mundo desarrollado descuida esto ante la posibilidad de emprendimientos de esta naturaleza, porque se sabe que el poder de compra del Estado es una las herramientas más importantes que se tiene para el desarrollo local.
Esta preocupación no es reciente para nosotros, también la tuvimos hace dos años cuando tratamos los acuerdos con China. En ese momento alzamos la voz y expusimos con toda claridad que nos preocupaba que por conseguir financiamiento permitamos la adjudicación directa y hasta la contratación de personal extranjero para realizar estas obras, con prórroga de jurisdicción y con todo lo que aquí estamos discutiendo.
Hoy por hoy queremos ser coherentes con lo que planteamos. Muchos compañeros de nuestro bloque así como el diputado Julio Raffo han hecho aclaraciones sobre nuestra preocupación en cuanto a la delegación de la jurisdicción y demás.
Además, señor presidente, quiero comentarle que miembros de algunas comisiones de este Parlamento -de la Comisión de Industria, de la Comisión de Economía- estuvimos reunidos con representantes de la CGT el día lunes pasado. Las preocupaciones que los trabajadores nos plantearon en relación con este proyecto que viene del Senado fueron precisamente estas, es decir, cómo esta iniciativa impactaría en el empleo y cómo podría dejar fuera del proceso de desarrollo nacional a las pequeñas y medianas empresas.
Es cierto que se le introdujeron modificaciones importantes al proyecto en cuanto a la transparencia y a darle más participación al Parlamento en este régimen de contratación pero, teniendo en cuenta su amplitud, no cesó nuestra preocupación sobre esos puntos que desarrollamos en la reunión con la CGT.
Sabemos que todos los países del mundo tienen regímenes de este tipo pero son la excepción; en cambio, nosotros lo estamos convirtiendo en la generalidad. Como dijo el diputado Kicillof, con esta norma podemos incorporar desde un cordón cuneta hasta una represa o desde una estación de servicio hasta una destilería. Todo entra dentro de este régimen.
Si no se toman las previsiones de trasparencia y de oportunidades y, sobre todo, del desarrollo y la participación del sector privado nacional, podríamos relegar definitivamente a la Argentina a ser un país primario, es decir, a que acepte el rol que el mundo nos quiere dar: proveedor de porotos de soja y de cereales.
Por lo tanto, después de la reunión que hemos tenido con los representantes de la Confederación General del Trabajo, hay dos preocupaciones que mantenemos latentes y queremos que sean incorporadas en este proyecto de ley. En primer lugar, queremos que se contemple la participación de la pequeña y mediana empresa a través del compre nacional. Pero, como esto no es suficiente, también queremos una reserva de mercado. Queremos que este régimen sea transparente y que se sepa cuánto va a derramar internamente cada proyecto.
Por lo tanto, para ser coherentes con la posición que siempre hemos mantenido desde el Frente Renovador y en particular en la reunión que tuvimos con los trabajadores, queremos que se modifique este proyecto para que la participación del sector nacional -es decir, esa reserva de mercado- se amplíe como mínimo a un tercio de lo que se esté licitando. Creo que eso nos permitiría saber que la intervención nacional será real y que no podrá quedar excluida a través de dibujos en el pliego de licitación.
Esa es nuestra propuesta. Queremos que se incluya y se amplíe a un tercio de todas las contrataciones para el sector nacional.
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Tiene la palabra el señor diputado Laspina, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
SR. LASPINA Señor presidente: en primer lugar, felicito el trabajo de todos los bloques y de todos los diputados que han podido incorporar mejoras a este proyecto de ley de participación público privada, que traza esa diagonal que siempre se necesita entre los extremos. Me refiero a esa diagonal entre el estatismo y el privatismo, extremos que, por distintas razones, fracasaron en la Argentina.
Esto permite combinar lo mejor del sector público en la preservación de los intereses nacionales, en la búsqueda de las mejoras de competitividad, en el desarrollo de la industria nacional, con lo mejor del sector privado, que es la eficiencia, el aporte del capital, el ingenio para pensar, imaginar y soñar obras de todo tipo en la Argentina.
La verdad es que es un marco que si bien existía ya en la Argentina desde 2005, creo que esta ley viene a potenciarlo y permite generar las condiciones para que el desarrollo de la infraestructura que hoy necesita el país -teniendo en cuenta la situación crítica en que se encuentra- pueda venir no solo de la mano de la obra pública. Como todos sabemos, también tiene algunos defectos. Se habla mucho de este régimen; he escuchado a diputados del Frente para la Victoria criticando este régimen, pero también sabemos que la obra pública en la Argentina ha tenido muchas falencias que debemos corregir.
Entre ellas, por ejemplo, muchos contratos de obra pública que se firmaron con concesiones muy importantes que perjudicaron la participación de las empresas nacionales. Con esto quiero decir que, como ejemplo de lo que se habla, nos referimos a cuál es la política que va a seguir el gobierno respecto a la preservación de la industria nacional y las fuentes de trabajo. No se trata tan solo de la retórica. Tampoco el régimen hace a la política, más allá de que estamos aquí para legislar y poner condiciones al régimen que estamos discutiendo. Está claro que hemos visto muchos ejemplos que se han hecho en el marco de los regímenes vigentes de obra pública y contratación previos a la sanción de esta ley, que han tenido los defectos y vicios que un diputado mencionó anteriormente. Es decir, obras que vienen llave en mano y con muy baja participación de la industria nacional. Hemos escuchado hace pocos días al ministro de Transporte Guillermo Dietrich explicar cómo habían tenido que sentarse a renegociar los contratos con China para que los durmientes se pudieran hacer en la Argentina, porque los durmientes venían desde China.
Entonces, el argumento que se utiliza de que esto es en detrimento de la industria nacional y del empleo argentino, es falaz. Eso lo vamos a preservar, no solo con el marco regulatorio sino con la política. Los ejemplos que di están relacionados con el hecho de ir en la dirección contraria a la que se señalaba en marcos normativos que no son el de participación pública privada que, como señalé, tiene muchas virtudes. La principal virtud es que libera de la mochila del Estado la carga financiera de muchas obras, en un país que tiene la doble restricción de tener una gran problemática en materia de infraestructura y también un elevado déficit fiscal, que estamos obligados a ir reduciendo en el tiempo para no abusar del crédito que hoy tiene Argentina en los mercados internacionales.
Dicho esto quiero señalar que hoy por la mañana tuvimos una reunión con la cúpula de la CGT -encabezada por Héctor Daer- con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, doctor Emilio Monzó, donde se plantearon algunos puntos. Como decía el señor diputado De Mendiguren, todavía había objeciones de parte de la Confederación General del Trabajo y de otros sindicatos, como, por ejemplo, el de la industria metalmecánica. Ellos nos han manifestado su preocupación en el sentido de que no vuelva a ocurrir en los contratos de obra pública, pero mucho menos en los contratos de PPP, que haya un menoscabo a la industria o al empleo nacional.
El proyecto en consideración incluye muchísimas modificaciones encaminadas a dar preferencias en los pliegos licitatorios y en las adjudicaciones al valor agregado nacional y a la industria nacional.
Atento a la reunión que mantuvimos y a la preocupación que nos transmitiera la cúpula de la CGT, en honor a que estamos convencidos de que el diálogo y el consenso en la Argentina llegó para quedarse, que eso tiene que darse no solo dentro del Parlamento sino con todos los sectores -y en esto represento no solo al diputado Lipovetzky, que también está al tanto de la decisión, sino a nuestro bloque, a todos los compañeros, correligionarios y amigos que tengo sentados al lado mío, diputados del interbloque Cambiemos-, vamos a acompañar el pedido de que haya un piso de un tercio de componente nacional en los proyectos de participación público privada, por supuesto dejando un margen de excepción para proyectos de alta tecnología y casos excepcionales que por supuesto impidan cumplir con este piso.
De modo tal que, celebrando este diálogo y esta propuesta, vamos a acompañar ese pedido. Con esto creo expresar la voluntad de todos los diputados del interbloque Cambiemos. (Aplausos.)
Esto permite combinar lo mejor del sector público en la preservación de los intereses nacionales, en la búsqueda de las mejoras de competitividad, en el desarrollo de la industria nacional, con lo mejor del sector privado, que es la eficiencia, el aporte del capital, el ingenio para pensar, imaginar y soñar obras de todo tipo en la Argentina.
La verdad es que es un marco que si bien existía ya en la Argentina desde 2005, creo que esta ley viene a potenciarlo y permite generar las condiciones para que el desarrollo de la infraestructura que hoy necesita el país -teniendo en cuenta la situación crítica en que se encuentra- pueda venir no solo de la mano de la obra pública. Como todos sabemos, también tiene algunos defectos. Se habla mucho de este régimen; he escuchado a diputados del Frente para la Victoria criticando este régimen, pero también sabemos que la obra pública en la Argentina ha tenido muchas falencias que debemos corregir.
Entre ellas, por ejemplo, muchos contratos de obra pública que se firmaron con concesiones muy importantes que perjudicaron la participación de las empresas nacionales. Con esto quiero decir que, como ejemplo de lo que se habla, nos referimos a cuál es la política que va a seguir el gobierno respecto a la preservación de la industria nacional y las fuentes de trabajo. No se trata tan solo de la retórica. Tampoco el régimen hace a la política, más allá de que estamos aquí para legislar y poner condiciones al régimen que estamos discutiendo. Está claro que hemos visto muchos ejemplos que se han hecho en el marco de los regímenes vigentes de obra pública y contratación previos a la sanción de esta ley, que han tenido los defectos y vicios que un diputado mencionó anteriormente. Es decir, obras que vienen llave en mano y con muy baja participación de la industria nacional. Hemos escuchado hace pocos días al ministro de Transporte Guillermo Dietrich explicar cómo habían tenido que sentarse a renegociar los contratos con China para que los durmientes se pudieran hacer en la Argentina, porque los durmientes venían desde China.
Entonces, el argumento que se utiliza de que esto es en detrimento de la industria nacional y del empleo argentino, es falaz. Eso lo vamos a preservar, no solo con el marco regulatorio sino con la política. Los ejemplos que di están relacionados con el hecho de ir en la dirección contraria a la que se señalaba en marcos normativos que no son el de participación pública privada que, como señalé, tiene muchas virtudes. La principal virtud es que libera de la mochila del Estado la carga financiera de muchas obras, en un país que tiene la doble restricción de tener una gran problemática en materia de infraestructura y también un elevado déficit fiscal, que estamos obligados a ir reduciendo en el tiempo para no abusar del crédito que hoy tiene Argentina en los mercados internacionales.
Dicho esto quiero señalar que hoy por la mañana tuvimos una reunión con la cúpula de la CGT -encabezada por Héctor Daer- con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, doctor Emilio Monzó, donde se plantearon algunos puntos. Como decía el señor diputado De Mendiguren, todavía había objeciones de parte de la Confederación General del Trabajo y de otros sindicatos, como, por ejemplo, el de la industria metalmecánica. Ellos nos han manifestado su preocupación en el sentido de que no vuelva a ocurrir en los contratos de obra pública, pero mucho menos en los contratos de PPP, que haya un menoscabo a la industria o al empleo nacional.
El proyecto en consideración incluye muchísimas modificaciones encaminadas a dar preferencias en los pliegos licitatorios y en las adjudicaciones al valor agregado nacional y a la industria nacional.
Atento a la reunión que mantuvimos y a la preocupación que nos transmitiera la cúpula de la CGT, en honor a que estamos convencidos de que el diálogo y el consenso en la Argentina llegó para quedarse, que eso tiene que darse no solo dentro del Parlamento sino con todos los sectores -y en esto represento no solo al diputado Lipovetzky, que también está al tanto de la decisión, sino a nuestro bloque, a todos los compañeros, correligionarios y amigos que tengo sentados al lado mío, diputados del interbloque Cambiemos-, vamos a acompañar el pedido de que haya un piso de un tercio de componente nacional en los proyectos de participación público privada, por supuesto dejando un margen de excepción para proyectos de alta tecnología y casos excepcionales que por supuesto impidan cumplir con este piso.
De modo tal que, celebrando este diálogo y esta propuesta, vamos a acompañar ese pedido. Con esto creo expresar la voluntad de todos los diputados del interbloque Cambiemos. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Por lo tanto, se modificaría el artículo 12, cuarto párrafo, del proyecto en consideración.
Tiene la palabra el señor diputado Felipe Solá, que había quedado sin finalizar su alocución.
Tiene la palabra el señor diputado Felipe Solá, que había quedado sin finalizar su alocución.
SR. SOLÁ Señor presidente: en primer lugar, me parece que lo más importante que hay que plantear y hacer especial hincapié en este proyecto de ley es la gran inclinación y vocación por negociar cada punto que ha tenido el oficialismo y el gran trabajo realizado por los bloques de la oposición en ese sentido que han introducido una enorme cantidad de modificaciones.
Queremos que se modifique el segundo párrafo del artículo 25 sobre solución de controversias. Allí debe decir que es fundamental que en caso de optarse por el arbitraje con prórroga de jurisdicción, éste deberá ser aprobado en forma expresa por la comisión bicameral correspondiente, no por el Poder Ejecutivo. Es decir, que la decisión de prorrogar la jurisdicción debe pertenecer al Congreso. Mejorando la redacción que acabo de mencionar, estamos proponiendo que la prórroga sea cuestión del Congreso, porque ahí está una de las madres de todas las batallas.
En segundo lugar, y acompañando la decisión reciente que anunció el diputado Laspina a pedido del diputado De Mendiguren, solicito que en el inciso i) del artículo 4°, que dice: "Fomentar la participación directa o indirecta de pequeñas o medianas empresas, del desarrollo de la capacidad empresarial del sector privado, la generación de valor agregado dentro del territorio nacional y la provisión de nuevas y más eficientes tecnologías y servicios", se cambie el verbo "fomentar" por "...priorizar, en la medida en que sus capacidades técnicas y operativas lo permitan, la participación directa o indirecta de pequeñas o medianas empresas, del desarrollo de la capacidad...". Todo lo demás, queda igual. Priorizar en la medida en que se pueda, en la medida en que las capacidades den. Es decir, a igualdad de capacidad con otra pyme que no sea nacional o con otro aporte de ese tipo.
Quiero proponer también una modificación en el artículo 12, donde se asegura un 25 por ciento de integración nacional para los bienes y servicios que estén presentes en los contratos que vaya a utilizar la contratista. Se toma como referencia la ley 25.551, que justamente habla de ese 25 por ciento, y dice: "las preferencias establecidas por la ley 25.551 a favor de bienes de origen nacional resultarán de aplicación en las contrataciones que se efectúen al amparo de la presente ley." Y después sigue algo que pone en duda todo el artículo, que dice: "salvo que la Unidad de Participación Público Privada que se crea mediante la presente ley, mediante informe fundado, previa intervención del Ministerio de Producción de la Nación, justifique fundadamente la conveniencia o necesidad de esa exclusión..." -o sea de no utilizar la ley 25.551, de no cumplir con ese 25 por ciento mínimo de integración nacional- "...en las condiciones o necesidades particulares del proyecto."
Propongo que se elimine la parte del párrafo que sigue a la palabra "salvo", de forma tal que si hubiera una necesidad de excluir se ponga de otra manera, que sea una excepcionalidad mucho mayor que esta, que es simplemente alguien que está haciendo el pliego dice que no va a poder cumplir, entonces se le informa a la Unidad y ésta al Ministerio y listo. No, es demasiado importante este punto como para dejarlo en manos del señor ministro de la Producción.
Finalmente, al final del artículo 21 -espero tener bien el articulado respecto de la versión final- dice: "La reglamentación o los pliegos podrán prever la posibilidad de acudir a auditores externos con suficiente idoneidad técnica, independencia e imparcialidad y comprobada trayectoria nacional o internacional para controlar la ejecución de los proyectos." Este párrafo hay que quitarlo. Si es necesario acudir a estos fenomenales auditores externos, que saben mucho más que los nuestros -y que nadie puede explicar bien por qué- y que son mucho más neutrales que los nuestros -y nadie puede explicar bien por qué son más neutrales que los nuestros- que se explicite, pero no los habilitemos de entrada, como si no tuviéramos suficientes profesionales, capacitados, neutrales, etcétera.
Entonces, esto es ponerlo para que una empresa diga que quiere poner a su auditor. No, el auditor es nacional. Si la empresa quiere hacer una excepción con eso, que sea un problema que se trate en la Comisión Bicameral. Me dicen que ya está modificado. Si es así pido disculpas si ese párrafo se ha quitado.
Queremos que se modifique el segundo párrafo del artículo 25 sobre solución de controversias. Allí debe decir que es fundamental que en caso de optarse por el arbitraje con prórroga de jurisdicción, éste deberá ser aprobado en forma expresa por la comisión bicameral correspondiente, no por el Poder Ejecutivo. Es decir, que la decisión de prorrogar la jurisdicción debe pertenecer al Congreso. Mejorando la redacción que acabo de mencionar, estamos proponiendo que la prórroga sea cuestión del Congreso, porque ahí está una de las madres de todas las batallas.
En segundo lugar, y acompañando la decisión reciente que anunció el diputado Laspina a pedido del diputado De Mendiguren, solicito que en el inciso i) del artículo 4°, que dice: "Fomentar la participación directa o indirecta de pequeñas o medianas empresas, del desarrollo de la capacidad empresarial del sector privado, la generación de valor agregado dentro del territorio nacional y la provisión de nuevas y más eficientes tecnologías y servicios", se cambie el verbo "fomentar" por "...priorizar, en la medida en que sus capacidades técnicas y operativas lo permitan, la participación directa o indirecta de pequeñas o medianas empresas, del desarrollo de la capacidad...". Todo lo demás, queda igual. Priorizar en la medida en que se pueda, en la medida en que las capacidades den. Es decir, a igualdad de capacidad con otra pyme que no sea nacional o con otro aporte de ese tipo.
Quiero proponer también una modificación en el artículo 12, donde se asegura un 25 por ciento de integración nacional para los bienes y servicios que estén presentes en los contratos que vaya a utilizar la contratista. Se toma como referencia la ley 25.551, que justamente habla de ese 25 por ciento, y dice: "las preferencias establecidas por la ley 25.551 a favor de bienes de origen nacional resultarán de aplicación en las contrataciones que se efectúen al amparo de la presente ley." Y después sigue algo que pone en duda todo el artículo, que dice: "salvo que la Unidad de Participación Público Privada que se crea mediante la presente ley, mediante informe fundado, previa intervención del Ministerio de Producción de la Nación, justifique fundadamente la conveniencia o necesidad de esa exclusión..." -o sea de no utilizar la ley 25.551, de no cumplir con ese 25 por ciento mínimo de integración nacional- "...en las condiciones o necesidades particulares del proyecto."
Propongo que se elimine la parte del párrafo que sigue a la palabra "salvo", de forma tal que si hubiera una necesidad de excluir se ponga de otra manera, que sea una excepcionalidad mucho mayor que esta, que es simplemente alguien que está haciendo el pliego dice que no va a poder cumplir, entonces se le informa a la Unidad y ésta al Ministerio y listo. No, es demasiado importante este punto como para dejarlo en manos del señor ministro de la Producción.
Finalmente, al final del artículo 21 -espero tener bien el articulado respecto de la versión final- dice: "La reglamentación o los pliegos podrán prever la posibilidad de acudir a auditores externos con suficiente idoneidad técnica, independencia e imparcialidad y comprobada trayectoria nacional o internacional para controlar la ejecución de los proyectos." Este párrafo hay que quitarlo. Si es necesario acudir a estos fenomenales auditores externos, que saben mucho más que los nuestros -y que nadie puede explicar bien por qué- y que son mucho más neutrales que los nuestros -y nadie puede explicar bien por qué son más neutrales que los nuestros- que se explicite, pero no los habilitemos de entrada, como si no tuviéramos suficientes profesionales, capacitados, neutrales, etcétera.
Entonces, esto es ponerlo para que una empresa diga que quiere poner a su auditor. No, el auditor es nacional. Si la empresa quiere hacer una excepción con eso, que sea un problema que se trate en la Comisión Bicameral. Me dicen que ya está modificado. Si es así pido disculpas si ese párrafo se ha quitado.
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Tiene la palabra el señor diputado Kicillof.
SR. KICILLOF Señor presidente, señores diputados: estamos ante un capítulo más de lo que fue la fallida discusión que tuvimos en la Cámara el otro día con respecto a esta ley.
Yo quiero empezar por algo que supongo que es un buen punto de partida, que es discutir cuál es la importancia de esta ley. He escuchado a los compañeros diputados, aun de otras bancadas, debatirse entre si era la más importante del año o si era absolutamente intrascendente.
¿Por qué digo absolutamente intrascendente? Si bien se matizó, se plantea que es una modalidad más, que es una alternativa, que es algo que eventualmente se puede usar, si sirviera. Pero, por otro lado, si fuera así, tenemos que se trata de una ley de poca importancia, visión que contrasta muy fuertemente con aquellos que dicen que no, que es una ley central porque vendría a significar una especie de revolución en el sistema de contrataciones del Estado, que aparentemente es vulnerable, anda mal, promueve la corrupción, no sirve para hacer obras y no ha funcionado.
En primer lugar, percibo -y lo he escuchado de boca de diputados del oficialismo- que se prevé que aproximadamente un tercio de la obra que aprobaríamos en el presupuesto provenga de estos contratos, es decir, de los que surgen, emanan y están regulados por este régimen de asociación público-privada. No es poco; es una norma que viene a revolucionar la forma en la que se hace obra pública en la Argentina. Creo que hay que considerar esta iniciativa como lo que es.
Esta iniciativa surge de la voluntad del mismo gobierno que en la época de los fondos buitres nos dijo que iba a venir una lluvia de inversiones y que había que tomar deuda pero que iban a ser muy precavidos. Se trata del gobierno que en los anales de la historia más endeudó a la Argentina en tan corto período, aunque aquí nos hicieron creer que iban a tratar con muchísima responsabilidad la cuestión del endeudamiento. No fue así; eso fue mentira. Han usado un instrumento que les proveyó el Congreso para endeudarse "a tontas y a locas", como dice una nota de la BBC que leí hoy.
¿Se endeudaron para hacer obras? No, porque nos dicen que la obra todavía no ha arrancado y, además, está subejecutada en el propio presupuesto. ¿Se endeudaron para ayudar a algún sector vulnerable? No. ¿Se endeudaron para pagar los salarios de los trabajadores? No. Se endeudaron porque ha habido una enorme y gigantesca fuga de capitales. Eso es lo que objetivamente pasó.
Incluso, los medios de comunicación extranjeros que le dieron un enorme apoyo al gobierno de Macri, hoy están poniendo en duda cuál es la sostenibilidad de la deuda que ya ha contraído.
Efectivamente, el presupuesto del 2016 admitía la posibilidad de endeudarse pero, tal como se había dispuesto en los demás presupuestos de nuestro gobierno, de forma responsable y cumpliendo con esa norma implícita e, incluso, explícita en nuestra propia legislación por la que se le recomienda y se le pide al Poder Ejecutivo que, después de la enorme crisis del 2001, utilice los instrumentos que tiene para desendeudarse. Bueno, no se ha hecho esto. Por el contrario, han iniciado una carrera de endeudamiento masivo que nos dejó en la situación en la que hoy estamos.
El último dato de crecimiento dado por el INDEC es de alrededor de un menos 4 por ciento, contra lo que decía el ministro Prat-Gay acerca de que íbamos a crecer el 1 por ciento, y con un presupuesto que plantea que vamos a caer 1,5 por ciento; al menos casi lo duplicó al revés.
Ahora, valorando todos los indicadores, vemos que es mentira, que no es un error. No va a pasar eso mientras se apliquen estas políticas. Lo único que se ha hecho bien consecuentemente es lo peor que un gobierno le puede hacer a un país: endeudarlo. Eso es lo que ha pasado. ¿Para qué? No sabemos; todavía estamos entendiendo para qué se usó esa enorme cantidad de recursos.
Dicen que se usó para no emitir. ¡Minga! Toman deuda, la convierten en pesos y pagan, la que no fuga. Es decir, emiten lo mismo. Olvídense los que, sin conocer cómo son estos mecanismos, pensaban que emitir es cuando se le pide al Banco Central.
Cuando toman deuda en dólares, ¿qué creen que hacen? ¿Creen que le pagan en dólares a Calcaterra? No, le pagan en pesos que emiten porque no los recaudan. Así están financiando el déficit, es decir, con la misma emisión.
Entonces, ahora estamos en una situación en la que se nos pide que aprobemos un proyecto de ley que permite que ya el año que viene, según está plasmado en el proyecto de ley de presupuesto que concomitantemente se está discutiendo -por eso el apuro-, un tercio de esa revolución de la obra pública se haga con estos contratos de asociación público privada, porque no llegó la lluvia de inversiones.
Claro, si un tercio de la obra pública que va a hacer el gobierno el año que viene reposa sobre estos contratos, estamos diciendo que a partir de ahora la obra pública -y esto es un subterfugio que se ha intentado usar montones de veces- va a eludir al derecho administrativo argentino. Es decir, cada caso de obra pública va a tener condiciones particulares.
No dicen: "Porque falta financiamiento, bienvenida la obra." No es sólo el financiamiento, porque para financiarse ya se endeudaron mucho y el año que viene se quieren endeudar 44.000 millones de dólares más. No es por el financiamiento; es por las condiciones que les imponen los privados por si eventualmente ponen el financiamiento, ya que no están obligados. Cada contrato va a ser distinto y nos los van a vender como la panacea.
No sólo está el tema del financiamiento, también está la ejecución de la obra y la propiedad resultante, que a veces puede ser propiedad y otras veces concesiones de hasta treinta y cinco años. Vamos a tener que discutir, porque con la excusa de que nuestro régimen no servía, fíjense para qué se usa: en lugar de mejorarlo se lo evade o aparta y se arma una autopista enorme donde se va a poder contratar todo: bienes, servicios, obras, etcétera.
La verdad es que están cambiando la modalidad de contratación del Estado, no para mejorarla sino para hacer una que esté al servicio, a la medida y al tamaño de los privados. Es decir, es una forma de sumisión anunciada ante cada uno de los proyectos privados que aparezcan.
Hay un trabajo que se ha hecho al respecto y en el que hemos participado -porque quiero dejar en claro que nuestra labor como oposición ha sido marcar cada uno de los defectos de este proyecto de ley-, por el que se determinó que con la idea de garantizar y seducir al privado se estaban entregando prerrogativas del Estado y se estaban poniendo en riesgo los regímenes de concesión, de contratación y de financiamiento del Estado.
Quiero advertirles a los diputados que cuando nos lleguen los contratos de doscientas mil páginas hechos con un privado y con el público metido adentro, vamos a tener que analizar sus cláusulas una por una, como sucede con cualquier contrato, como todo aquel que tenga un poco de experiencia lo sabe. Vamos a estar analizando esos contratos porque le estamos habilitando al gobierno de Macri que el año que viene haga un tercio de la obra pública por fuera de la normativa vigente y de acuerdo a este régimen que se está debatiendo.
Ustedes dicen que van a restringir ese régimen y a atacarlo por determinado lado; bienvenido sea. Pero ¿cuál es el problema con el 25 por ciento de componente nacional?
Como sabe cualquiera que haya hecho una obrita en su casa, la cuenta más o menos da que el 50 por ciento es para pagar mano de obra y el otro 50 por ciento para pagar materiales. A veces es así, a veces no, pero para decirlo a ojo de buen cubero en términos de valores es así. Entonces, ese 25 por ciento lo van a cubrir con los albañiles que levanten la represa. En cambio, en relación con los componentes nacionales y los bienes nacionales, como diría el presidente técnica y jurídicamente: "te la debo".
Por lo tanto, vamos a estar ante un régimen de contratación de todos casos particulares, no de una obra de envergadura. Si el gobierno de Macri hubiera conseguido hacer un cohete espacial en la Argentina -aplausos-, con mano de obra nacional, pero la tecnología,... No, no es así. Como dije la otra vez, con esta norma se podrá hacer un cordón cuneta, una cloaca, una aeroisla, cambiar una vereda y vaya uno a saber qué otras cosas más. Todo va a venir por este régimen.
Incluso, se consagra que los privados van a traer sus iniciativas. La verdad, señores diputados, es que están planeando hacer como mínimo un tercio de la obra pública de esta manera y con contratistas como, probablemente, esa empresa -que no la quiero mencionar porque son trascendidos- que habría puesto como condición para invertir acá que se sancione este régimen.
Me permito decir que probablemente este proyecto está escrito por algún estudio de abogados que trabaja con esos proveedores, porque este procedimiento lo conocemos bien. Me refiero al famoso "Estado bobo", que ahora lo estamos consagrando y lo estamos volviendo estructuralmente bobo, ya que la comisión va a tener que revisar contratos de gran tamaño para hacer cualquier cosa.
¿Qué puntos le faltan como mínimo a esta iniciativa? La cuestión de la propiedad y las concesiones. No podemos hacer obra pública con plata y sin riesgo, porque aquí se dice claramente e, incluso, se incentiva a ver la cuestión del riesgo por parte del contratante. En efecto, el riesgo siempre es para el Estado al igual que la reparación ambiental, y si la obra se planta es culpa del Estado, mientras que el privado tiene garantizadas las ganancias.
Ya conocemos algunos de estos convenios. Van a cubrir la pérdida. Por ejemplo, van a privatizarnos una ruta que va a la nada, luego nos cobran peaje y la diferencia la pone el Estado.
¿Las tarifas son en dólares o en pesos? Acá no se dice, por fuera de todas nuestras normas.
Vamos a estar discutiendo todo en cada uno de los contratos y, como no lo vamos a poder discutir antes, va a ser ex post; si no, el Congreso tendría que tener el poder que tiene el Ejecutivo para contratar la obra y discutir los contratos, pero eso no corresponde y no lo podemos hacer.
Entonces le vamos poniendo algunas limitaciones que serán bienvenidas -cuantas más tenga mejor- pero creo que este régimen está podrido antes de nacer. Lo digo porque nuestro gobierno sacó por decreto uno que era más restrictivo que este y no lo usó porque es muy difícil con los privados llegar a este tipo de convenio sin que te pidan el oro y el moro. Entonces, lo mandas por la obra pública y si no pueden venir y adecuarse a las leyes argentinas, no se hace. Una obra de gran envergadura, dos represas, las más grandes de la Argentina, lo podremos discutir. Cuando eran oposición los que ahora están apoyando el Belgrano Cargas y dicen que lo mejoraron, estaban en contra. Ahora como oficialismo están a favor. Yo no sé si cambiaron de opinión. Yo estaba a favor como oficialismo y estoy a favor como oposición. Pero son obras de enorme envergadura; justifican que nos tomemos el trabajo, que veamos lo de la jurisdicción, que tomemos nota incluso si los materiales son nacionales o no, y habrá que discutirlo. Pero nos vamos a quedar con obra pública de envergadura. Pongamos un límite. ¿Qué podrán hacer de esto? ¿Cinco o diez contratos? Es un montón. ¿Por qué montos? Significativos. Si no, cuando llegue el tema de una ruta provincial, ahí los quiero ver analizando los contratos que cierren los gobiernos provinciales con estas facultades que les estamos dando y que estamos invitando a que tomen.
Me parece que están cambiando al Estado por un método cuasi-privado, dominado por los privados, al servicio de los privados, con garantía para los privados y nada para el Estado.
Me imagino que ahora firmen una obra que dure cinco o diez años; se larga la obra, después la tienen 25 años cobrando no sé qué, indexado por no sé qué, con cláusulas que no se conocen, y vienen con planteos de mayor fuerza, porque la Argentina es la Argentina, y estaremos en una situación en la que esto quedará en los tribunales que se pacten acá, teniendo TBI o no. Los TBI son un legado que nos ha dejado el neoliberalismo y esto es una especie de "micro-maxi TBI" para toda obra que aparezca dando vuelta. ¿Qué privado va a querer ir por los mecanismos contractuales habituales teniendo este instrumento? Con un Estado que contiene adentro de las estructuras buena parte de los que hasta ayer eran los privados que eran contratistas del Estado, empezando por el propio presidente. Tenemos un Estado donde los dos lados del mostrador se conocen bien; en algunos casos son empresas que no se sabe de quién son -lo estamos discerniendo-, que ya contrataron por decreto.
Creo que es lo mismo que la deuda: no hay recaudo que sea suficiente para parar esto. Recuerden que cuando se votó el tema fondos buitre era por una lluvia de inversiones del segundo semestre, los brotes verdes, etcétera. Y aquí estamos: nada. Esta ley es la que nos va a traer la enorme obra pública, que no se puede hacer de ninguna otra manera.
Señores: la verdad es que nosotros no podemos bañar al bebé con el agua sucia. ¿No les gusta el mecanismo de contratación, lo quieren mejorar, han encontrado otra cosa? Lo están usando, pero igual les parece malo. Han contratado, sí, y por decreto. ¿Les parece malo? Cambiemos los mecanismos, no los tiremos a la basura y hagamos una autopista paralela donde se pueda discutir un contrato de cualquier cosa, es decir, desde telefonía celular a cloacas y obras viales.
¿Qué nos va a pasar cuando se hagan obras de vialidad y no haya rentabilidad en alguna ruta? Vamos terminar en tribunales todos los días. Vamos a estar privatizando el financiamiento al mismo tipo que le privatizamos la factura de la obra y al que le dejamos el servicio. ¡Que los privados se compren un Estado y que hagan lo que quieran!
Creo que no hay mecanismo de contralor, no hay mecanismo de evaluación, no hay mecanismo de seguimiento que con un régimen de este grado de laxitud nos dé alguna chance de impedir que pasen cosas que ya hemos visto al gobierno de Macri haciendo o intentando hacer.
Me permito decir algo: cuando hablamos del ensayo y error, ahora este proyecto se ha modificado mucho. ¿Pero qué pasa con el Poder Ejecutivo? ¿No trabaja? ¿Tira un borrador a ver qué pasa? No, el Poder Ejecutivo tiene la convicción sobre ese proyecto, que se mejoró levemente en Senado. Quiere ese proyecto, el original. Si la oposición no se comporta como oposición y lo para tal como viene, sale como está. Ese es el inconsciente del gobierno: esos proyectos, los tarifazos del 1.600 por ciento, es lo que quiere hacer y no le importa nada. Después lo manda y se congratula porque hemos dialogado. No, no puede pasar. Se lo pararon. Este proyecto se lo paró la CGT porque no puede ser. Se lo paró ADIMRA y también los diputados.
Si queremos sancionar este régimen para dejarlo en manos de este gobierno, debemos tener en cuenta que es sumamente riesgoso; esto ya lo vimos. Siempre discutieron la obra del soterramiento, que fue adjudicada a un consorcio, que de acuerdo con la licitación se lo obligaba a traer el financiamiento. ¿Qué pasó con esa obra? Los brasileños del BNDES que iban a aportar el financiamiento para que Odebrecht hiciera una obra en la Argentina tuvieron los problemas que todos conocemos. Como el BNDES dejó de financiar, no apareció la plata y no se pudo hacer la obra.
¿Qué hace el Estado nacional? Bajo la presidencia de Macri le concesiona a su pariente -que ahora es titular de una empresa que desconocemos todos, y no tenemos presunciones de que no sean las que figuran en la prensa- una obra de 45.000 millones de pesos. Después nos dicen que no hay plata, por ejemplo, para reducir el impuesto a las ganancias, porque sale como 25.000 millones de pesos. Me gustaría saber cuánto se le pagó por una obra que hasta hace poco estaba mal hecha, mal adjudicada y mal pensada. Pero fíjense, para esto se utilizó un instrumento que es un decreto. Este instrumento va a permitir planteos de obra que hoy ni nos imaginamos. Luego no quiero ver, tal como está ocurriendo, que se festeja que alguien vino a invertir y por fin se pueden hacer las obras bajo este régimen que le garantiza la propiedad, le pone garantías a los privados, le quita el riesgo, le asegura que la cuestión ambiental queda en manos y hombros de los argentinos y que si no se termina la obra siempre será culpa del Estado.
Este régimen para ser seductor se ha vuelto absolutamente garantista de la rentabilidad privada. Entiendo que si se ofrece el oro y el moro puede aparecer muchísima deuda, obras, ideas, anteproyectos e incluso inicios de obras.
Pero perdón, esto no es capitalismo; el privado tiene que arriesgar. Claro que van a invertir si nosotros les cubrimos todos los riesgos; claro que iban a "timbrar" en la Argentina si la tasa de interés que pagaba el Banco Central era 38 por ciento, ahora está en 28 por ciento, prácticamente con un seguro de cambio. ¿Llegaron los capitales? ¿Creen en la Argentina? Compran un seguro de cambio, un dólar futuro, meten la plata, hacen una ganancia como no existe en ninguna parte del mundo y tenemos que festejar que somos muy atractivos. Aun así nos critican, preguntándose si no se estará endeudando demasiado.
La verdad que estamos en una situación -lo voy a decir desde el punto de vista de nuestro bloque- que no podemos acompañar. Nuevamente vamos a presentar un dictamen de minoría. Además, vamos a estudiar a fondos todos estos cambios, porque algunos se han hecho recientemente. El sentido de los cambios es positivo, pero cuando uno ve tantas modificaciones, siempre se queda con la duda, porque tenemos un régimen de contratación que es perfectible. Tenemos un montón de herramientas si lo que buscamos es financiamiento, no sacrifiquemos el poder de compra del Estado, más aun frente a la crisis internacional que se vive en el mundo por caída del salario que provoca la falta de demanda.
¿Estamos dispuestos a sacrificar el poder de compra del Estado, que es una de las pocas cosas que le queda a nuestra industria y a nuestra economía para crecer? No lo hagamos, se van a arrepentir como ya se deben estar arrepintiendo los que entendieron que lo de los fondos buitres era la revolución de la alegría. No fue así. Entonces, no lo hagamos nuevamente, ahora con algo tan importante como las contrataciones públicas. Sometamos a discusión los regímenes que el Poder Ejecutivo está usando. Incluso ha puesto por decreto, si hacía falta, menos control y menos transparencia.
Si quieren, lo podemos discutir. No tiremos todo a la basura por imposición de las empresas extranjeras y de los organismos multilaterales de crédito. Esta es una idea del Banco Mundial para que la obra la hagan los países centrales en los países periféricos. En qué idioma nos lo tienen que decir para que lo entendamos. Es eso y punto. (Aplausos.)
Yo quiero empezar por algo que supongo que es un buen punto de partida, que es discutir cuál es la importancia de esta ley. He escuchado a los compañeros diputados, aun de otras bancadas, debatirse entre si era la más importante del año o si era absolutamente intrascendente.
¿Por qué digo absolutamente intrascendente? Si bien se matizó, se plantea que es una modalidad más, que es una alternativa, que es algo que eventualmente se puede usar, si sirviera. Pero, por otro lado, si fuera así, tenemos que se trata de una ley de poca importancia, visión que contrasta muy fuertemente con aquellos que dicen que no, que es una ley central porque vendría a significar una especie de revolución en el sistema de contrataciones del Estado, que aparentemente es vulnerable, anda mal, promueve la corrupción, no sirve para hacer obras y no ha funcionado.
En primer lugar, percibo -y lo he escuchado de boca de diputados del oficialismo- que se prevé que aproximadamente un tercio de la obra que aprobaríamos en el presupuesto provenga de estos contratos, es decir, de los que surgen, emanan y están regulados por este régimen de asociación público-privada. No es poco; es una norma que viene a revolucionar la forma en la que se hace obra pública en la Argentina. Creo que hay que considerar esta iniciativa como lo que es.
Esta iniciativa surge de la voluntad del mismo gobierno que en la época de los fondos buitres nos dijo que iba a venir una lluvia de inversiones y que había que tomar deuda pero que iban a ser muy precavidos. Se trata del gobierno que en los anales de la historia más endeudó a la Argentina en tan corto período, aunque aquí nos hicieron creer que iban a tratar con muchísima responsabilidad la cuestión del endeudamiento. No fue así; eso fue mentira. Han usado un instrumento que les proveyó el Congreso para endeudarse "a tontas y a locas", como dice una nota de la BBC que leí hoy.
¿Se endeudaron para hacer obras? No, porque nos dicen que la obra todavía no ha arrancado y, además, está subejecutada en el propio presupuesto. ¿Se endeudaron para ayudar a algún sector vulnerable? No. ¿Se endeudaron para pagar los salarios de los trabajadores? No. Se endeudaron porque ha habido una enorme y gigantesca fuga de capitales. Eso es lo que objetivamente pasó.
Incluso, los medios de comunicación extranjeros que le dieron un enorme apoyo al gobierno de Macri, hoy están poniendo en duda cuál es la sostenibilidad de la deuda que ya ha contraído.
Efectivamente, el presupuesto del 2016 admitía la posibilidad de endeudarse pero, tal como se había dispuesto en los demás presupuestos de nuestro gobierno, de forma responsable y cumpliendo con esa norma implícita e, incluso, explícita en nuestra propia legislación por la que se le recomienda y se le pide al Poder Ejecutivo que, después de la enorme crisis del 2001, utilice los instrumentos que tiene para desendeudarse. Bueno, no se ha hecho esto. Por el contrario, han iniciado una carrera de endeudamiento masivo que nos dejó en la situación en la que hoy estamos.
El último dato de crecimiento dado por el INDEC es de alrededor de un menos 4 por ciento, contra lo que decía el ministro Prat-Gay acerca de que íbamos a crecer el 1 por ciento, y con un presupuesto que plantea que vamos a caer 1,5 por ciento; al menos casi lo duplicó al revés.
Ahora, valorando todos los indicadores, vemos que es mentira, que no es un error. No va a pasar eso mientras se apliquen estas políticas. Lo único que se ha hecho bien consecuentemente es lo peor que un gobierno le puede hacer a un país: endeudarlo. Eso es lo que ha pasado. ¿Para qué? No sabemos; todavía estamos entendiendo para qué se usó esa enorme cantidad de recursos.
Dicen que se usó para no emitir. ¡Minga! Toman deuda, la convierten en pesos y pagan, la que no fuga. Es decir, emiten lo mismo. Olvídense los que, sin conocer cómo son estos mecanismos, pensaban que emitir es cuando se le pide al Banco Central.
Cuando toman deuda en dólares, ¿qué creen que hacen? ¿Creen que le pagan en dólares a Calcaterra? No, le pagan en pesos que emiten porque no los recaudan. Así están financiando el déficit, es decir, con la misma emisión.
Entonces, ahora estamos en una situación en la que se nos pide que aprobemos un proyecto de ley que permite que ya el año que viene, según está plasmado en el proyecto de ley de presupuesto que concomitantemente se está discutiendo -por eso el apuro-, un tercio de esa revolución de la obra pública se haga con estos contratos de asociación público privada, porque no llegó la lluvia de inversiones.
Claro, si un tercio de la obra pública que va a hacer el gobierno el año que viene reposa sobre estos contratos, estamos diciendo que a partir de ahora la obra pública -y esto es un subterfugio que se ha intentado usar montones de veces- va a eludir al derecho administrativo argentino. Es decir, cada caso de obra pública va a tener condiciones particulares.
No dicen: "Porque falta financiamiento, bienvenida la obra." No es sólo el financiamiento, porque para financiarse ya se endeudaron mucho y el año que viene se quieren endeudar 44.000 millones de dólares más. No es por el financiamiento; es por las condiciones que les imponen los privados por si eventualmente ponen el financiamiento, ya que no están obligados. Cada contrato va a ser distinto y nos los van a vender como la panacea.
No sólo está el tema del financiamiento, también está la ejecución de la obra y la propiedad resultante, que a veces puede ser propiedad y otras veces concesiones de hasta treinta y cinco años. Vamos a tener que discutir, porque con la excusa de que nuestro régimen no servía, fíjense para qué se usa: en lugar de mejorarlo se lo evade o aparta y se arma una autopista enorme donde se va a poder contratar todo: bienes, servicios, obras, etcétera.
La verdad es que están cambiando la modalidad de contratación del Estado, no para mejorarla sino para hacer una que esté al servicio, a la medida y al tamaño de los privados. Es decir, es una forma de sumisión anunciada ante cada uno de los proyectos privados que aparezcan.
Hay un trabajo que se ha hecho al respecto y en el que hemos participado -porque quiero dejar en claro que nuestra labor como oposición ha sido marcar cada uno de los defectos de este proyecto de ley-, por el que se determinó que con la idea de garantizar y seducir al privado se estaban entregando prerrogativas del Estado y se estaban poniendo en riesgo los regímenes de concesión, de contratación y de financiamiento del Estado.
Quiero advertirles a los diputados que cuando nos lleguen los contratos de doscientas mil páginas hechos con un privado y con el público metido adentro, vamos a tener que analizar sus cláusulas una por una, como sucede con cualquier contrato, como todo aquel que tenga un poco de experiencia lo sabe. Vamos a estar analizando esos contratos porque le estamos habilitando al gobierno de Macri que el año que viene haga un tercio de la obra pública por fuera de la normativa vigente y de acuerdo a este régimen que se está debatiendo.
Ustedes dicen que van a restringir ese régimen y a atacarlo por determinado lado; bienvenido sea. Pero ¿cuál es el problema con el 25 por ciento de componente nacional?
Como sabe cualquiera que haya hecho una obrita en su casa, la cuenta más o menos da que el 50 por ciento es para pagar mano de obra y el otro 50 por ciento para pagar materiales. A veces es así, a veces no, pero para decirlo a ojo de buen cubero en términos de valores es así. Entonces, ese 25 por ciento lo van a cubrir con los albañiles que levanten la represa. En cambio, en relación con los componentes nacionales y los bienes nacionales, como diría el presidente técnica y jurídicamente: "te la debo".
Por lo tanto, vamos a estar ante un régimen de contratación de todos casos particulares, no de una obra de envergadura. Si el gobierno de Macri hubiera conseguido hacer un cohete espacial en la Argentina -aplausos-, con mano de obra nacional, pero la tecnología,... No, no es así. Como dije la otra vez, con esta norma se podrá hacer un cordón cuneta, una cloaca, una aeroisla, cambiar una vereda y vaya uno a saber qué otras cosas más. Todo va a venir por este régimen.
Incluso, se consagra que los privados van a traer sus iniciativas. La verdad, señores diputados, es que están planeando hacer como mínimo un tercio de la obra pública de esta manera y con contratistas como, probablemente, esa empresa -que no la quiero mencionar porque son trascendidos- que habría puesto como condición para invertir acá que se sancione este régimen.
Me permito decir que probablemente este proyecto está escrito por algún estudio de abogados que trabaja con esos proveedores, porque este procedimiento lo conocemos bien. Me refiero al famoso "Estado bobo", que ahora lo estamos consagrando y lo estamos volviendo estructuralmente bobo, ya que la comisión va a tener que revisar contratos de gran tamaño para hacer cualquier cosa.
¿Qué puntos le faltan como mínimo a esta iniciativa? La cuestión de la propiedad y las concesiones. No podemos hacer obra pública con plata y sin riesgo, porque aquí se dice claramente e, incluso, se incentiva a ver la cuestión del riesgo por parte del contratante. En efecto, el riesgo siempre es para el Estado al igual que la reparación ambiental, y si la obra se planta es culpa del Estado, mientras que el privado tiene garantizadas las ganancias.
Ya conocemos algunos de estos convenios. Van a cubrir la pérdida. Por ejemplo, van a privatizarnos una ruta que va a la nada, luego nos cobran peaje y la diferencia la pone el Estado.
¿Las tarifas son en dólares o en pesos? Acá no se dice, por fuera de todas nuestras normas.
Vamos a estar discutiendo todo en cada uno de los contratos y, como no lo vamos a poder discutir antes, va a ser ex post; si no, el Congreso tendría que tener el poder que tiene el Ejecutivo para contratar la obra y discutir los contratos, pero eso no corresponde y no lo podemos hacer.
Entonces le vamos poniendo algunas limitaciones que serán bienvenidas -cuantas más tenga mejor- pero creo que este régimen está podrido antes de nacer. Lo digo porque nuestro gobierno sacó por decreto uno que era más restrictivo que este y no lo usó porque es muy difícil con los privados llegar a este tipo de convenio sin que te pidan el oro y el moro. Entonces, lo mandas por la obra pública y si no pueden venir y adecuarse a las leyes argentinas, no se hace. Una obra de gran envergadura, dos represas, las más grandes de la Argentina, lo podremos discutir. Cuando eran oposición los que ahora están apoyando el Belgrano Cargas y dicen que lo mejoraron, estaban en contra. Ahora como oficialismo están a favor. Yo no sé si cambiaron de opinión. Yo estaba a favor como oficialismo y estoy a favor como oposición. Pero son obras de enorme envergadura; justifican que nos tomemos el trabajo, que veamos lo de la jurisdicción, que tomemos nota incluso si los materiales son nacionales o no, y habrá que discutirlo. Pero nos vamos a quedar con obra pública de envergadura. Pongamos un límite. ¿Qué podrán hacer de esto? ¿Cinco o diez contratos? Es un montón. ¿Por qué montos? Significativos. Si no, cuando llegue el tema de una ruta provincial, ahí los quiero ver analizando los contratos que cierren los gobiernos provinciales con estas facultades que les estamos dando y que estamos invitando a que tomen.
Me parece que están cambiando al Estado por un método cuasi-privado, dominado por los privados, al servicio de los privados, con garantía para los privados y nada para el Estado.
Me imagino que ahora firmen una obra que dure cinco o diez años; se larga la obra, después la tienen 25 años cobrando no sé qué, indexado por no sé qué, con cláusulas que no se conocen, y vienen con planteos de mayor fuerza, porque la Argentina es la Argentina, y estaremos en una situación en la que esto quedará en los tribunales que se pacten acá, teniendo TBI o no. Los TBI son un legado que nos ha dejado el neoliberalismo y esto es una especie de "micro-maxi TBI" para toda obra que aparezca dando vuelta. ¿Qué privado va a querer ir por los mecanismos contractuales habituales teniendo este instrumento? Con un Estado que contiene adentro de las estructuras buena parte de los que hasta ayer eran los privados que eran contratistas del Estado, empezando por el propio presidente. Tenemos un Estado donde los dos lados del mostrador se conocen bien; en algunos casos son empresas que no se sabe de quién son -lo estamos discerniendo-, que ya contrataron por decreto.
Creo que es lo mismo que la deuda: no hay recaudo que sea suficiente para parar esto. Recuerden que cuando se votó el tema fondos buitre era por una lluvia de inversiones del segundo semestre, los brotes verdes, etcétera. Y aquí estamos: nada. Esta ley es la que nos va a traer la enorme obra pública, que no se puede hacer de ninguna otra manera.
Señores: la verdad es que nosotros no podemos bañar al bebé con el agua sucia. ¿No les gusta el mecanismo de contratación, lo quieren mejorar, han encontrado otra cosa? Lo están usando, pero igual les parece malo. Han contratado, sí, y por decreto. ¿Les parece malo? Cambiemos los mecanismos, no los tiremos a la basura y hagamos una autopista paralela donde se pueda discutir un contrato de cualquier cosa, es decir, desde telefonía celular a cloacas y obras viales.
¿Qué nos va a pasar cuando se hagan obras de vialidad y no haya rentabilidad en alguna ruta? Vamos terminar en tribunales todos los días. Vamos a estar privatizando el financiamiento al mismo tipo que le privatizamos la factura de la obra y al que le dejamos el servicio. ¡Que los privados se compren un Estado y que hagan lo que quieran!
Creo que no hay mecanismo de contralor, no hay mecanismo de evaluación, no hay mecanismo de seguimiento que con un régimen de este grado de laxitud nos dé alguna chance de impedir que pasen cosas que ya hemos visto al gobierno de Macri haciendo o intentando hacer.
Me permito decir algo: cuando hablamos del ensayo y error, ahora este proyecto se ha modificado mucho. ¿Pero qué pasa con el Poder Ejecutivo? ¿No trabaja? ¿Tira un borrador a ver qué pasa? No, el Poder Ejecutivo tiene la convicción sobre ese proyecto, que se mejoró levemente en Senado. Quiere ese proyecto, el original. Si la oposición no se comporta como oposición y lo para tal como viene, sale como está. Ese es el inconsciente del gobierno: esos proyectos, los tarifazos del 1.600 por ciento, es lo que quiere hacer y no le importa nada. Después lo manda y se congratula porque hemos dialogado. No, no puede pasar. Se lo pararon. Este proyecto se lo paró la CGT porque no puede ser. Se lo paró ADIMRA y también los diputados.
Si queremos sancionar este régimen para dejarlo en manos de este gobierno, debemos tener en cuenta que es sumamente riesgoso; esto ya lo vimos. Siempre discutieron la obra del soterramiento, que fue adjudicada a un consorcio, que de acuerdo con la licitación se lo obligaba a traer el financiamiento. ¿Qué pasó con esa obra? Los brasileños del BNDES que iban a aportar el financiamiento para que Odebrecht hiciera una obra en la Argentina tuvieron los problemas que todos conocemos. Como el BNDES dejó de financiar, no apareció la plata y no se pudo hacer la obra.
¿Qué hace el Estado nacional? Bajo la presidencia de Macri le concesiona a su pariente -que ahora es titular de una empresa que desconocemos todos, y no tenemos presunciones de que no sean las que figuran en la prensa- una obra de 45.000 millones de pesos. Después nos dicen que no hay plata, por ejemplo, para reducir el impuesto a las ganancias, porque sale como 25.000 millones de pesos. Me gustaría saber cuánto se le pagó por una obra que hasta hace poco estaba mal hecha, mal adjudicada y mal pensada. Pero fíjense, para esto se utilizó un instrumento que es un decreto. Este instrumento va a permitir planteos de obra que hoy ni nos imaginamos. Luego no quiero ver, tal como está ocurriendo, que se festeja que alguien vino a invertir y por fin se pueden hacer las obras bajo este régimen que le garantiza la propiedad, le pone garantías a los privados, le quita el riesgo, le asegura que la cuestión ambiental queda en manos y hombros de los argentinos y que si no se termina la obra siempre será culpa del Estado.
Este régimen para ser seductor se ha vuelto absolutamente garantista de la rentabilidad privada. Entiendo que si se ofrece el oro y el moro puede aparecer muchísima deuda, obras, ideas, anteproyectos e incluso inicios de obras.
Pero perdón, esto no es capitalismo; el privado tiene que arriesgar. Claro que van a invertir si nosotros les cubrimos todos los riesgos; claro que iban a "timbrar" en la Argentina si la tasa de interés que pagaba el Banco Central era 38 por ciento, ahora está en 28 por ciento, prácticamente con un seguro de cambio. ¿Llegaron los capitales? ¿Creen en la Argentina? Compran un seguro de cambio, un dólar futuro, meten la plata, hacen una ganancia como no existe en ninguna parte del mundo y tenemos que festejar que somos muy atractivos. Aun así nos critican, preguntándose si no se estará endeudando demasiado.
La verdad que estamos en una situación -lo voy a decir desde el punto de vista de nuestro bloque- que no podemos acompañar. Nuevamente vamos a presentar un dictamen de minoría. Además, vamos a estudiar a fondos todos estos cambios, porque algunos se han hecho recientemente. El sentido de los cambios es positivo, pero cuando uno ve tantas modificaciones, siempre se queda con la duda, porque tenemos un régimen de contratación que es perfectible. Tenemos un montón de herramientas si lo que buscamos es financiamiento, no sacrifiquemos el poder de compra del Estado, más aun frente a la crisis internacional que se vive en el mundo por caída del salario que provoca la falta de demanda.
¿Estamos dispuestos a sacrificar el poder de compra del Estado, que es una de las pocas cosas que le queda a nuestra industria y a nuestra economía para crecer? No lo hagamos, se van a arrepentir como ya se deben estar arrepintiendo los que entendieron que lo de los fondos buitres era la revolución de la alegría. No fue así. Entonces, no lo hagamos nuevamente, ahora con algo tan importante como las contrataciones públicas. Sometamos a discusión los regímenes que el Poder Ejecutivo está usando. Incluso ha puesto por decreto, si hacía falta, menos control y menos transparencia.
Si quieren, lo podemos discutir. No tiremos todo a la basura por imposición de las empresas extranjeras y de los organismos multilaterales de crédito. Esta es una idea del Banco Mundial para que la obra la hagan los países centrales en los países periféricos. En qué idioma nos lo tienen que decir para que lo entendamos. Es eso y punto. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Tiene la palabra el señor diputado Sánchez.
SR. SÁNCHEZ Señor presidente: pido la palabra solamente para proponer una modificación.
Mi opinión del proyecto la voy a manifestar en el recinto, seguramente en cinco minutos. El inciso b) del artículo 23, si es que no leyó ninguna modificación en tal sentido, propondría que quede redactado de la siguiente manera: "Haber actuado como asesores contratados por la contratante en la implementación del proyecto en el que pretenden participar como potenciales oferentes.", quitando la expresión: "siempre que dicha participación pueda suponer un trato privilegiado con respecto al resto de los potenciales oferentes;", porque es una aclaración que, en realidad, pone más dudas que certezas.
Mi opinión del proyecto la voy a manifestar en el recinto, seguramente en cinco minutos. El inciso b) del artículo 23, si es que no leyó ninguna modificación en tal sentido, propondría que quede redactado de la siguiente manera: "Haber actuado como asesores contratados por la contratante en la implementación del proyecto en el que pretenden participar como potenciales oferentes.", quitando la expresión: "siempre que dicha participación pueda suponer un trato privilegiado con respecto al resto de los potenciales oferentes;", porque es una aclaración que, en realidad, pone más dudas que certezas.
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Tomamos en cuenta la modificación del artículo 23.
Tiene la palabra la señora diputada Gaillard.
Tiene la palabra la señora diputada Gaillard.
SRA. GAILLARD Señor presidente: está muy claro que este proyecto está hecho a la medida de las empresas. También es triste que hoy estemos debatiendo este proyecto porque soy de esa generación que fue a la secundaria durante los 90 y después vivimos las políticas neoliberales que aplicó ese gobierno.
Entre esas políticas, una de ellas fue la suscripción de más de cincuenta tratados bilaterales de inversión por parte de este Estado nacional, como dijo el diputado Kicillof. Esos tratados significaron bajarse los pantalones y acceder a todos los condicionamientos que pedía el capital financiero trasnacional para poder venir a invertir a nuestro país.
Los resultados fueron que no llegó ninguna inversión. Nosotros firmamos más de cincuenta TBI y no llegaron las inversiones y si llegaron terminaron con conflictos en el CIADI, que fueron sumamente onerosos para nuestro país, producto de las cláusulas leoninas que establecían esos tratados bilaterales de inversión. Es decir que no funciona bajarse los pantalones y perder el Estado su potestad de controlar y regular. Eso nuestro país ya lo vivió y conocemos los resultados.
Por otra parte, en el caso de Brasil, firmaron solamente tres tratados bilaterales de inversiones y recibieron más inversiones que nuestro país, lo cual demuestra que no necesariamente cuando uno establece este tipo de regulaciones, que es totalmente favorable para las empresas, obtiene el resultado de atraer las inversiones.
En lo personal me preocupa este proyecto, porque lo que estoy viendo, en primer lugar, es que algunas cláusulas que se establecieron en los 90 en los tratados bilaterales de inversión se repiten, como por ejemplo la prórroga de jurisdicción, es decir, el Estado argentino renuncia a entender en caso de conflicto o en caso de diferendos en la aplicación de estos contratos que se van a celebrar público-privado. Esto puede terminar siendo terriblemente oneroso para nuestro Estado nacional, porque estaríamos renunciando a la soberanía.
En segundo lugar, quiero hablar de algo que me parece importante que lo tengamos claro. En el derecho privado, el principio es que todo lo que no está prohibido está permitido, o sea que el privado puede hacer todo lo que no se prohíba por ley. En el caso del Estado, el principio es diferente en el derecho público -y es el principio de legalidad-: el Estado sólo puede atenerse a ejercer sus potestades y sus facultades en tanto esto esté establecido en la norma, en la ley donde se establezca un organismo competente y un conjunto de materias que caen bajo su jurisdicción, es decir de cada organismo que entiende.
Lo que veo en este proyecto, como bien decía, es que se trata de una iniciativa a medida de las empresas, porque no se establece claramente el rol del Estado, no quedan definidas cuáles son sus potestades, queda todo muy abierto a la interpretación de distintos comités que a lo largo del proyecto se establecen en algunos artículos. Entre ellos me voy a referir al inciso w) del artículo 9°, donde se establece -y aquí van las observaciones al proyecto- que "Los procedimientos y métodos que resultarán de aplicación para dirimir las controversias de índole técnica, interpretativa o patrimonial que puedan suscitarse durante la ejecución y terminación del contrato. A estos efectos, podrá constituirse un panel técnico a partir de la entrada en vigencia del contrato, integrado por profesionales y/o representantes de universidades nacionales o extranjeras,..." Es decir, en este panel técnico podrá haber especialistas de universidades extranjeras y no nacionales porque no dice "universidades nacionales y extranjeras". Propongo que allí se suprima la palabra "extranjeras".
Además, considero que no corresponde que haya un comité técnico para dirimir las controversias. En efecto, cuando se llega a un acuerdo entre el sector público y el sector privado tiene que estar todo allí determinado de forma específica y taxativa, en virtud del principio de legalidad del Estado que, como dije, es lo que da seguridad jurídica. La seguridad jurídica de las empresas está dada justamente porque todo lo que no está prohibido está permitido. Entonces, está claro que esta iniciativa tan abierta a la interpretación siempre va a favorecer al sector privado.
Por lo tanto, en artículo 9º, inciso w), propongo que se suprima la palabra "extranjeras" y que se revea el tema del plantel técnico.
El inciso x) de ese artículo dice: "En el caso de optarse por la vía del arbitraje para solucionar las demás controversias, deberá incluirse la respectiva cláusula arbitral de conformidad con lo establecido en la presente ley. El Poder Ejecutivo Nacional deberá informar inmediatamente al Honorable Congreso de la Nación, en caso que se optase por el arbitraje con prórroga de jurisdicción."
Esta cláusula implica resignar soberanía y no estamos de acuerdo con eso. Las controversias se tienen que dirimir en la órbita y en la esfera de la Justicia Nacional en su última instancia. De ninguna manera nos podemos resignar a que tales diferendos se terminen resolviendo en estos comités de arbitraje ya que todos sabemos el poder de lobby que tiene el capital financiero transnacional sobre estos al momento de fallar. Además, no intervienen los Estados ya que son tribunales que están hechos a la medida de los privados.
Esto es en cuanto a los incisos w) y x) del artículo 9º.
También quiero remarcar algo en relación con lo que usted dijo acerca de la modificación del artículo 12 solicitada por la CGT respecto del tema del "compre nacional" y del 25 por ciento. Me informan que, como la CGT pidió que ese componente sea del 50 por ciento, no habrían llegado a un acuerdo porque no es lo que ellos estarían solicitando.
Me refiero al cuarto párrafo del artículo 12 que dice: "En lo relativo a la provisión de bienes y servicios que deba realizarse en el marco de los contratos que se celebren al amparo de la presente ley, los pliegos y demás documentación contractual deberán contener previsiones que establezcan que tales bienes y servicios tengan, como mínimo, un veinticinco por ciento de componente nacional."
La CGT me informó que pidió que este componente nacional sea del 50 por ciento por lo que no están de acuerdo con que sea del 25 por ciento.
El artículo continúa diciendo: "El Poder Ejecutivo determinará..." y luego, el párrafo siguiente -y así lo vemos a lo largo de todo el proyecto- establece estas incorporaciones o aportes que, de acuerdo a lo que usted dice, se tomaron de los distintos bloques. Sin embargo, inmediatamente se establece la excepción.
En efecto, el párrafo que sigue dice: "En casos particulares, el Poder Ejecutivo Nacional podrá exceptuar o limitar las exigencias y preferencias mencionadas en el párrafo precedente en aquellas contrataciones en las cuáles la Unidad de Participación Público Privada, mediante dictamen fundado y previa intervención del Ministerio de Producción de la Nación, justifique la conveniencia o necesidad de dicha excepción o limitación en las condiciones o necesidades particulares del proyecto."
Entonces, si estamos incorporando y garantizando que la industria nacional va a tener determinada participación, es contradictorio que inmediatamente se disponga que el Poder Ejecutivo Nacional puede, en el caso particular y que considere -es decir, arbitrariamente-, establecer una excepción. Esto tornaría abstracto lo que se dispone anteriormente.
Estas consideraciones son en relación con el quinto párrafo del artículo 12.
Por otra parte, el artículo 11, y en esto coincido con el diputado Raffo, habla de la responsabilidad patrimonial de las partes contratantes y dice que "...se sujetará a lo dispuesto en la presente ley..." Sin embargo, este proyecto de ley no habla de cuál va a ser la responsabilidad patrimonial.
Respecto a las empresas, su responsabilidad está establecida en el Código Civil y Comercial y no puede ser limitada bajo ningún punto de vista sujetándosela "a lo dispuesto en la presente ley, en su reglamentación, en los pliegos y en los contratos", como dice el artículo 11 del proyecto, ya que son circunstancias específicas. Nuestro ordenamiento jurídico nacional regula la responsabilidad patrimonial y las empresas no pueden sustraerse de este.
En segundo término, el mismo artículo dispone a continuación: "Supletoriamente se aplicarán las normas pertinentes del Código Civil y Comercial de la Nación."
En el caso del Estado, rige la ley de obras públicas y el régimen de contrataciones.
Por todo lo expuesto, habría que reformular este artículo porque si no estaríamos acotando la responsabilidad de los privados. Los privados tienen responsabilidad ya que si van a invertir y a percibir ganancias tienen que asumir el riesgo que eso implica.
Asimismo, me parece que es muy importante y es clave que, si se va a llevar adelante un proyecto de esta magnitud, quede bien claro cuál es el rol del Estado y cuál es la responsabilidad de los privados.
Nosotros no estamos de acuerdo en resignar soberanía. Eso es algo que ya vivimos en nuestro país y que nos ha resultado muy oneroso, no solamente para los ciudadanos.
Particularmente quienes vivimos la década de los 90 y las consecuencias de la crisis del 2001 sabemos que este país se fue al tacho y que un hombre, como Néstor Kirchner, comenzó su recuperación en el 2003.
Vivimos doce años en los que siempre se garantizó la defensa de los intereses nacionales en todos los aspectos. Es por ello que me duele ver que cada política que lleva adelante este gobierno es como un revival de los 90, década a la que no queremos volver.
Por último, voy a leer una nota de la Red Federal de Mujeres, donde está la doctora Mercedes Marcó del Pont entre otras economistas y mujeres que son gerentas de empresas. Ellas le envían a usted esta nota por la que se pronuncian acerca de este proyecto.
La nota dice así: "La Red Federal de Mujeres nos dirigimos por su intermedio a las diputadas y diputados integrantes de esa comisión para recomendar importantes consideraciones respecto del proyecto de creación de un Régimen de Contratación Público-Privado hoy en debate. Hemos seguido atentamente los debates de este proyecto de ley y vemos con beneplácito que luego de la media sanción del Senado sobre el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, el tema sea tratado nuevamente en comisión ya que se trata de una norma que reformula el papel del Estado y el funcionamiento de la estructura productiva de nuestro país.
"Conscientes de esta importancia, es que intervenimos necesariamente en este debate crucial. Creemos que el impulso necesario a la inversión privada para el desarrollo de obras públicas requiere tener en cuenta dos asuntos esenciales: 1) la fijación de reglas claras y la definición del rol de Estado, en su capacidad de regulación y de establecer un equilibrio frente a las inversiones del sector privado, para garantizar que no se provoque el desmantelamiento de sectores de la producción nacional que generan alto valor agregado y trabajo de calidad; 2) el rol que ocuparán las pymes en este proyecto a la hora de definir las reglas de la inversión, y el impacto que ello supone para el desarrollo productivo y el trabajo argentino.
"La necesidad de cumplir con estas reglas se fundamenta en que las pymes son las principales generadoras de empleo y valor agregado de una economía, venden el 90 por ciento de su producción en el mercado local y reinvierten en el país. Más del sesenta por ciento de la mano de obra que genera el sector privado viene de la mano de la pequeña y mediana empresa. Por tanto, como representantes de un espacio multisectorial de mujeres, queremos puntualizar la preocupación que supone la participación o no del sector pyme a la hora de definir las reglas de la inversión. Por esto es que consideramos fundamental que la sanción definitiva de esta norma contemple reglas claras y un enfoque que priorice algunos aspectos que deben quedar definidos de manera taxativa en el articulado del mismo.
"Por tanto, se debe incluir la exigibilidad de cuotas significativas de 'compre nacional' y reducir la discrecionalidad de las empresas adjudicatarias para seleccionar los criterios de competencia y los proveedores. Es necesario pensar que esta puede ser una oportunidad para poner en valor el sector pyme y que ello debe estar contemplado en la normativa en debate de manera expresa. De no ser así ya conocemos las consecuencias a las que quedamos expuestos, como es la posible destrucción sistemática de pequeñas y medianas empresas, con los costes sociales que ello conlleva.
"Como mujeres empresarias, trabajadoras referentes sociales, académicas y de diversos ámbitos del quehacer social integrantes de la Red Federal de Mujeres consideramos que proteger nuestras pequeñas empresas y el trabajo argentino es fundamental para fortalecer una sociedad integrada, saludable, con la potencia para enfrentar los desafíos que nuestras complejas sociedades demandan. Les deseamos un fructífero debate y esperamos que nuestras consideraciones sean tomadas en cuenta a la hora de la sanción definitiva de una ley que marcará los años por venir."
Me pidieron que les acerque esta carta con estas consideraciones. (Aplausos.)
Entre esas políticas, una de ellas fue la suscripción de más de cincuenta tratados bilaterales de inversión por parte de este Estado nacional, como dijo el diputado Kicillof. Esos tratados significaron bajarse los pantalones y acceder a todos los condicionamientos que pedía el capital financiero trasnacional para poder venir a invertir a nuestro país.
Los resultados fueron que no llegó ninguna inversión. Nosotros firmamos más de cincuenta TBI y no llegaron las inversiones y si llegaron terminaron con conflictos en el CIADI, que fueron sumamente onerosos para nuestro país, producto de las cláusulas leoninas que establecían esos tratados bilaterales de inversión. Es decir que no funciona bajarse los pantalones y perder el Estado su potestad de controlar y regular. Eso nuestro país ya lo vivió y conocemos los resultados.
Por otra parte, en el caso de Brasil, firmaron solamente tres tratados bilaterales de inversiones y recibieron más inversiones que nuestro país, lo cual demuestra que no necesariamente cuando uno establece este tipo de regulaciones, que es totalmente favorable para las empresas, obtiene el resultado de atraer las inversiones.
En lo personal me preocupa este proyecto, porque lo que estoy viendo, en primer lugar, es que algunas cláusulas que se establecieron en los 90 en los tratados bilaterales de inversión se repiten, como por ejemplo la prórroga de jurisdicción, es decir, el Estado argentino renuncia a entender en caso de conflicto o en caso de diferendos en la aplicación de estos contratos que se van a celebrar público-privado. Esto puede terminar siendo terriblemente oneroso para nuestro Estado nacional, porque estaríamos renunciando a la soberanía.
En segundo lugar, quiero hablar de algo que me parece importante que lo tengamos claro. En el derecho privado, el principio es que todo lo que no está prohibido está permitido, o sea que el privado puede hacer todo lo que no se prohíba por ley. En el caso del Estado, el principio es diferente en el derecho público -y es el principio de legalidad-: el Estado sólo puede atenerse a ejercer sus potestades y sus facultades en tanto esto esté establecido en la norma, en la ley donde se establezca un organismo competente y un conjunto de materias que caen bajo su jurisdicción, es decir de cada organismo que entiende.
Lo que veo en este proyecto, como bien decía, es que se trata de una iniciativa a medida de las empresas, porque no se establece claramente el rol del Estado, no quedan definidas cuáles son sus potestades, queda todo muy abierto a la interpretación de distintos comités que a lo largo del proyecto se establecen en algunos artículos. Entre ellos me voy a referir al inciso w) del artículo 9°, donde se establece -y aquí van las observaciones al proyecto- que "Los procedimientos y métodos que resultarán de aplicación para dirimir las controversias de índole técnica, interpretativa o patrimonial que puedan suscitarse durante la ejecución y terminación del contrato. A estos efectos, podrá constituirse un panel técnico a partir de la entrada en vigencia del contrato, integrado por profesionales y/o representantes de universidades nacionales o extranjeras,..." Es decir, en este panel técnico podrá haber especialistas de universidades extranjeras y no nacionales porque no dice "universidades nacionales y extranjeras". Propongo que allí se suprima la palabra "extranjeras".
Además, considero que no corresponde que haya un comité técnico para dirimir las controversias. En efecto, cuando se llega a un acuerdo entre el sector público y el sector privado tiene que estar todo allí determinado de forma específica y taxativa, en virtud del principio de legalidad del Estado que, como dije, es lo que da seguridad jurídica. La seguridad jurídica de las empresas está dada justamente porque todo lo que no está prohibido está permitido. Entonces, está claro que esta iniciativa tan abierta a la interpretación siempre va a favorecer al sector privado.
Por lo tanto, en artículo 9º, inciso w), propongo que se suprima la palabra "extranjeras" y que se revea el tema del plantel técnico.
El inciso x) de ese artículo dice: "En el caso de optarse por la vía del arbitraje para solucionar las demás controversias, deberá incluirse la respectiva cláusula arbitral de conformidad con lo establecido en la presente ley. El Poder Ejecutivo Nacional deberá informar inmediatamente al Honorable Congreso de la Nación, en caso que se optase por el arbitraje con prórroga de jurisdicción."
Esta cláusula implica resignar soberanía y no estamos de acuerdo con eso. Las controversias se tienen que dirimir en la órbita y en la esfera de la Justicia Nacional en su última instancia. De ninguna manera nos podemos resignar a que tales diferendos se terminen resolviendo en estos comités de arbitraje ya que todos sabemos el poder de lobby que tiene el capital financiero transnacional sobre estos al momento de fallar. Además, no intervienen los Estados ya que son tribunales que están hechos a la medida de los privados.
Esto es en cuanto a los incisos w) y x) del artículo 9º.
También quiero remarcar algo en relación con lo que usted dijo acerca de la modificación del artículo 12 solicitada por la CGT respecto del tema del "compre nacional" y del 25 por ciento. Me informan que, como la CGT pidió que ese componente sea del 50 por ciento, no habrían llegado a un acuerdo porque no es lo que ellos estarían solicitando.
Me refiero al cuarto párrafo del artículo 12 que dice: "En lo relativo a la provisión de bienes y servicios que deba realizarse en el marco de los contratos que se celebren al amparo de la presente ley, los pliegos y demás documentación contractual deberán contener previsiones que establezcan que tales bienes y servicios tengan, como mínimo, un veinticinco por ciento de componente nacional."
La CGT me informó que pidió que este componente nacional sea del 50 por ciento por lo que no están de acuerdo con que sea del 25 por ciento.
El artículo continúa diciendo: "El Poder Ejecutivo determinará..." y luego, el párrafo siguiente -y así lo vemos a lo largo de todo el proyecto- establece estas incorporaciones o aportes que, de acuerdo a lo que usted dice, se tomaron de los distintos bloques. Sin embargo, inmediatamente se establece la excepción.
En efecto, el párrafo que sigue dice: "En casos particulares, el Poder Ejecutivo Nacional podrá exceptuar o limitar las exigencias y preferencias mencionadas en el párrafo precedente en aquellas contrataciones en las cuáles la Unidad de Participación Público Privada, mediante dictamen fundado y previa intervención del Ministerio de Producción de la Nación, justifique la conveniencia o necesidad de dicha excepción o limitación en las condiciones o necesidades particulares del proyecto."
Entonces, si estamos incorporando y garantizando que la industria nacional va a tener determinada participación, es contradictorio que inmediatamente se disponga que el Poder Ejecutivo Nacional puede, en el caso particular y que considere -es decir, arbitrariamente-, establecer una excepción. Esto tornaría abstracto lo que se dispone anteriormente.
Estas consideraciones son en relación con el quinto párrafo del artículo 12.
Por otra parte, el artículo 11, y en esto coincido con el diputado Raffo, habla de la responsabilidad patrimonial de las partes contratantes y dice que "...se sujetará a lo dispuesto en la presente ley..." Sin embargo, este proyecto de ley no habla de cuál va a ser la responsabilidad patrimonial.
Respecto a las empresas, su responsabilidad está establecida en el Código Civil y Comercial y no puede ser limitada bajo ningún punto de vista sujetándosela "a lo dispuesto en la presente ley, en su reglamentación, en los pliegos y en los contratos", como dice el artículo 11 del proyecto, ya que son circunstancias específicas. Nuestro ordenamiento jurídico nacional regula la responsabilidad patrimonial y las empresas no pueden sustraerse de este.
En segundo término, el mismo artículo dispone a continuación: "Supletoriamente se aplicarán las normas pertinentes del Código Civil y Comercial de la Nación."
En el caso del Estado, rige la ley de obras públicas y el régimen de contrataciones.
Por todo lo expuesto, habría que reformular este artículo porque si no estaríamos acotando la responsabilidad de los privados. Los privados tienen responsabilidad ya que si van a invertir y a percibir ganancias tienen que asumir el riesgo que eso implica.
Asimismo, me parece que es muy importante y es clave que, si se va a llevar adelante un proyecto de esta magnitud, quede bien claro cuál es el rol del Estado y cuál es la responsabilidad de los privados.
Nosotros no estamos de acuerdo en resignar soberanía. Eso es algo que ya vivimos en nuestro país y que nos ha resultado muy oneroso, no solamente para los ciudadanos.
Particularmente quienes vivimos la década de los 90 y las consecuencias de la crisis del 2001 sabemos que este país se fue al tacho y que un hombre, como Néstor Kirchner, comenzó su recuperación en el 2003.
Vivimos doce años en los que siempre se garantizó la defensa de los intereses nacionales en todos los aspectos. Es por ello que me duele ver que cada política que lleva adelante este gobierno es como un revival de los 90, década a la que no queremos volver.
Por último, voy a leer una nota de la Red Federal de Mujeres, donde está la doctora Mercedes Marcó del Pont entre otras economistas y mujeres que son gerentas de empresas. Ellas le envían a usted esta nota por la que se pronuncian acerca de este proyecto.
La nota dice así: "La Red Federal de Mujeres nos dirigimos por su intermedio a las diputadas y diputados integrantes de esa comisión para recomendar importantes consideraciones respecto del proyecto de creación de un Régimen de Contratación Público-Privado hoy en debate. Hemos seguido atentamente los debates de este proyecto de ley y vemos con beneplácito que luego de la media sanción del Senado sobre el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, el tema sea tratado nuevamente en comisión ya que se trata de una norma que reformula el papel del Estado y el funcionamiento de la estructura productiva de nuestro país.
"Conscientes de esta importancia, es que intervenimos necesariamente en este debate crucial. Creemos que el impulso necesario a la inversión privada para el desarrollo de obras públicas requiere tener en cuenta dos asuntos esenciales: 1) la fijación de reglas claras y la definición del rol de Estado, en su capacidad de regulación y de establecer un equilibrio frente a las inversiones del sector privado, para garantizar que no se provoque el desmantelamiento de sectores de la producción nacional que generan alto valor agregado y trabajo de calidad; 2) el rol que ocuparán las pymes en este proyecto a la hora de definir las reglas de la inversión, y el impacto que ello supone para el desarrollo productivo y el trabajo argentino.
"La necesidad de cumplir con estas reglas se fundamenta en que las pymes son las principales generadoras de empleo y valor agregado de una economía, venden el 90 por ciento de su producción en el mercado local y reinvierten en el país. Más del sesenta por ciento de la mano de obra que genera el sector privado viene de la mano de la pequeña y mediana empresa. Por tanto, como representantes de un espacio multisectorial de mujeres, queremos puntualizar la preocupación que supone la participación o no del sector pyme a la hora de definir las reglas de la inversión. Por esto es que consideramos fundamental que la sanción definitiva de esta norma contemple reglas claras y un enfoque que priorice algunos aspectos que deben quedar definidos de manera taxativa en el articulado del mismo.
"Por tanto, se debe incluir la exigibilidad de cuotas significativas de 'compre nacional' y reducir la discrecionalidad de las empresas adjudicatarias para seleccionar los criterios de competencia y los proveedores. Es necesario pensar que esta puede ser una oportunidad para poner en valor el sector pyme y que ello debe estar contemplado en la normativa en debate de manera expresa. De no ser así ya conocemos las consecuencias a las que quedamos expuestos, como es la posible destrucción sistemática de pequeñas y medianas empresas, con los costes sociales que ello conlleva.
"Como mujeres empresarias, trabajadoras referentes sociales, académicas y de diversos ámbitos del quehacer social integrantes de la Red Federal de Mujeres consideramos que proteger nuestras pequeñas empresas y el trabajo argentino es fundamental para fortalecer una sociedad integrada, saludable, con la potencia para enfrentar los desafíos que nuestras complejas sociedades demandan. Les deseamos un fructífero debate y esperamos que nuestras consideraciones sean tomadas en cuenta a la hora de la sanción definitiva de una ley que marcará los años por venir."
Me pidieron que les acerque esta carta con estas consideraciones. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Tiene la palabra la señora diputada Cornelia Schmidt Liermann.
SRA. SCHMIDT LIERMANN Señor presidente: voy a ser muy breve.
En primer lugar, quiero decir que hoy descubrí que Axel Kicillof además de ser economista es psicólogo; me encanta cuando analiza el inconsciente de nuestro gobierno. Quiero hacerle saber al señor diputado que no debe preocuparse ya que nosotros tenemos buena voluntad y vamos a trabajar bien.
La verdad es que la democracia realmente es libertad organizada. Necesitamos dar reglas de confianza. La productividad no se impone por el Estado sino por reglas claras, dándole confianza tanto a privados como a extranjeros para que puedan invertir en este país.
Hoy simplemente estamos haciendo eso. Estamos dando reglas claras para que se pueda trabajar en libertad.
Si ustedes tienen desconfianza nos lo harán saber en su momento y nos estarán controlando. Esperemos que nos controlen siendo una oposición crítica y constructiva. Si somos solamente destructivos, estaremos destruyendo a nuestra patria y a nuestro país.
En primer lugar, quiero decir que hoy descubrí que Axel Kicillof además de ser economista es psicólogo; me encanta cuando analiza el inconsciente de nuestro gobierno. Quiero hacerle saber al señor diputado que no debe preocuparse ya que nosotros tenemos buena voluntad y vamos a trabajar bien.
La verdad es que la democracia realmente es libertad organizada. Necesitamos dar reglas de confianza. La productividad no se impone por el Estado sino por reglas claras, dándole confianza tanto a privados como a extranjeros para que puedan invertir en este país.
Hoy simplemente estamos haciendo eso. Estamos dando reglas claras para que se pueda trabajar en libertad.
Si ustedes tienen desconfianza nos lo harán saber en su momento y nos estarán controlando. Esperemos que nos controlen siendo una oposición crítica y constructiva. Si somos solamente destructivos, estaremos destruyendo a nuestra patria y a nuestro país.
SR. PRESIDENTE LIPOVETSKY Para una aclaración, tiene la palabra el señor diputado Grana.
SR. GRANA Señor presidente: más que una aclaración es una breve reflexión. Escuchaba al oficialismo decir que están en una búsqueda permanente acerca de que el Congreso deje de ser una escribanía del Poder Ejecutivo; creo que lo han logrado y los felicito. Sin embargo, se ha convertido en un Registro Civil donde permanentemente hay nuevos matrimonios permanentes, como por ejemplo el de las familias Massa y Macri, que se han unido en este proyecto. Veo que se han ido a la fiesta y quizás estén arrancando la fogosa luna de miel. Quería hacer esta observación. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Tiene la palabra el señor diputado Pastori.
SR. CARMONA Señor presidente: ¿hay dictamen?
SR. PRESIDENTE LIPOVETKSY Hay dictamen. Además, los diputados quieran presentar dictámenes de minoría, tienen una hora para hacerlo.
SR. PASTORI Señor presidente: lamento que varias de las cosas breves que voy a decir, dado lo avanzado de la reunión, no vayan a ser escuchadas por muchos de los señores diputados que han hecho uso de la palabra y han dicho cosas que quisiera rebatir desde mi humilde opinión.
Quiero decir que este sí es un régimen de contrataciones alternativo. No venimos a derogar, modificar o eliminar ningún sistema de contrataciones que esté vigente en este momento en el derecho positivo argentino y en materia de contrataciones que realiza el Estado. Lo que se está haciendo es agregar un nuevo sistema de contrataciones que viene a complementar y ponernos a tono con sistemas similares vigentes en muchos países del mundo que se han desarrollado. Asimismo, han desarrollado su economía gracias a mecanismos como el que estamos proponiendo en esta instancia.
Quiero decir que este régimen tiene antecedentes. Hay un decreto del gobierno de de la Rúa del año 2000 que establecía un régimen de contratación público privada y un decreto del año 2005 de Néstor Kirchner. Ambos decretos e intentos han fracasado. En un caso, el contexto económico en el que se desenvolvía el país no lo hizo creíble ni confiable para los privados. El otro caso, tal vez una deficiente regulación hizo que también fracasara. Como dijo el diputado Kicillof que no lo querían aplicar, entonces ¿por qué lo aplicaron? Si no creían en este sistema, ¿por qué lo sacaron? Lo sacaron porque si bien pensaron que podrían conseguir inversiones a través de este mecanismo, lo cierto es que no lo lograron porque no creyeron en él. No tenían la reacción suficientemente convincente. Además, era un decreto y no una ley. En consecuencia, como no creyeron, fracasó.
¿Qué cambia en el 2016 para que este nuevo intento no fracase? Hay un gobierno nuevo con una credibilidad también nueva. Hay variables macroeconómicas que están expresadas en el proyecto de presupuesto que son realistas. Se apuesta fuertemente a la inversión. Tiene que crecer, según las estimaciones del presupuesto, en más del 14 por ciento el año que viene. Esta inversión va a crecer con aportes de la obra pública, con aportes del sector privado y con aportes conjuntos en asociaciones entre públicos y privados. Apostamos a la inversión como uno -no es el único- de los importantes y principales factores que harán crecer a nuestra economía.
Un diputado preguntó qué ocurriría cuando se finalicen las obras. Creer que una escuela, un hospital o una autopista van a quedar en manos privadas es muy poco serio. Decir que una autopista, que es un bien de dominio público, va a quedar en manos de un privado porque éste la construyó, más bien fue una chicana mal expresada. Esto realmente no fue dicho de buena fe porque si no, no lo podría haber expresado en esta reunión.
Otro diputado dijo que van a contratar por este mecanismo y que en algunos casos no se hará licitación; lo invito a que lea el proyecto en tratamiento. Si lo leyó, por favor, revea nuevamente el artículo 12 que dice que siempre este tipo de contratos surgirá previa licitación y/o concursos públicos según sea el objeto. Acá no habrá contratación directa, ni un funcionario dándole una obra a su amigo para que la ejecute. Será por concurso o licitación.
El artículo 12 también hace mención a la participación de las pymes y de la industria y el trabajo nacional, lo que luego se repite en otros artículos con más precisión. Por lo tanto, el reclamo de que debe asegurarse la participación de las pymes en forma directa e indirecta y de la industria y el trabajo nacional, ya está debidamente garantizado en el proyecto. Ahora, puede ser que no lo crean, pero ese es otro problema. Podrán creerlo o no, pero eso es lo que dice el proyecto de ley y es lo que este gobierno está dispuesto a hacer.
Porque antes se decía y hacía cualquier cosa, no hay que pensar que ahora va a ocurrir lo mismo.
Creo que el diputado Solá, cuando hizo mención a los auditores externos -en referencia al artículo 21-, solicitó que fueran eliminados. El proyecto dice que la reglamentación de los pliegos podrá prever la posibilidad de acudir a auditores externos con suficiente idoneidad técnica, independencia e imparcialidad y comprobada trayectoria. Los auditores externos son aquellos que no pertenecen al organismo; son auditores de afuera del instituto, no quiere decir que sean de otros países, o sea internacionales. Cuando una sociedad anónima contrata a un contador público independiente para que haga la auditoría del balance de la empresa, estamos hablando de un auditor externo. A lo mejor vive en la cuadra de al lado, pero se llama así porque es externo al organismo y no externo en el sentido de ser un auditor de otro país. Creo que ese es el sentido real del artículo. Tal vez habrá que cotejarlo, pero este es el sentido de la auditoría externa en cualquier manual de auditoría que se consulte.
El diputado Kicillof dijo que este régimen de PPP en manos de este gobierno, le da mucho temor; tal vez hubiese querido tenerlo en manos de su gobierno para ver qué hacían; yo ni me lo quiero imaginar.
También se hizo mención a la falta de control. Los invito a leer el artículo 22, donde está claro que este proyecto obliga a la AGN a auditar todos y cada uno de los proyecto. No se van a auditar en forma aleatoria los proyectos, mediante una selección como se hace habitualmente, cuando se elige por medios estadísticos organismos o proyectos. Acá se va a auditar el ciento por ciento de los proyectos que ingresen bajo este régimen, como lo indica el artículo 22 del proyecto en tratamiento.
En cuanto a la prórroga de jurisdicción, pareciera ser que antes era buena y ahora es mala; para algunos ahora esto es sinónimo de entrega de soberanía. ¿No cedimos soberanía cuando designamos al juez Griesa? ¿No cedimos soberanía recientemente cuando se cedió la jurisdicción en caso de controversia en los contratos para la construcción de represas en Santa Cruz?
No es la norma, como dijo un señor diputado. Está claro que en caso de optarse por la vía del arbitraje para solucionar controversias que no se hubieran resuelto de otra manera, se aplicará la cláusula arbitral, que debe ser informada inmediatamente al Honorable Congreso de la Nación.
La prórroga de jurisdicción no es la norma; es la excepción. Opera solamente cuando no se haya tenido éxito con otras posibles soluciones y, por la complejidad del tema, resulte necesario recurrir en ese caso a un tribunal arbitral internacional o a la Justicia de otro país. Esto es norma en todos los contratos en los cuales intervienen contratistas extranjeros. De lo contrario, cuando en la Argentina no haya suficientes empresas en condiciones de llevar a cabo una obra, sería imposible lograr el interés de alguna firma del exterior.
Decían que no tiene limitaciones. También se dijo que se agregó una cláusula transitoria, según la cual bajo este régimen se podrá llevar adelante sólo hasta el 5 por ciento del total del presupuesto para el ejercicio 2017. Justamente, esto fue propuesto por señores diputados de la oposición y fue aceptado de buen agrado por el oficialismo. Ese límite rige para 2017; los presupuestos siguientes fijarán el límite para cada año. Esto es lo que establece ese artículo. Pero hay un límite más general que funciona como paraguas, según el cual la sumatoria de los proyectos en ningún caso podrá superar el 7 por ciento del producto bruto interno.
Nos criticaron -creo que fue el señor diputado Kicillof- porque se cambia todo a partir del trabajo de la oposición y de los debates. Lo cierto es que ese es el sentido del Parlamento. Antes no se cambiaba ni una coma. Estuve acá cuando Kicillof se sentaba en el lugar que hoy ocupa el señor diputado Lipovetsky, hablaba media hora para presentar el presupuesto, luego se iba porque tenía otro compromiso, dejaba a sus secretarios para que continuaran la reunión con los diputados y a la semana siguiente el proyecto se debatía y se aprobaba en el recinto sin modificar una sola coma; no se cambiaba nada. Parece que tiene alguna predilección por esa forma de tratar los proyectos. Acá cambiamos todo lo que haga falta. Antes no se podía cambiar absolutamente nada.
Nos acusó de que este va a ser un Estado bobo. Yo no sé quién es más bobo. Creo que es más bobo aquel Estado que pagó por obras que nunca se hicieron o que se ejecutaron muy parcialmente, pero que se cobraron en su totalidad. Si ese no es un Estado bobo, no sé qué lo es.
Esta es una norma central. Por supuesto que el Poder Ejecutivo la envió porque tiene la intención de ponerla en práctica. No como dijera el señor diputado, que dictaron el decreto en 2005, pero que en realidad no tenían intención de llevarlo adelante. Si se aprueba este proyecto de ley se va a ocupar de generar todas aquellas obras de infraestructura que hacen falta en la República Argentina, en cada una de las veintitrés provincias más la Capital Federal, que hacen al desarrollo de una economía con redistribución del ingreso y con equilibrio territorial. Hoy tenemos un país absolutamente desequilibrado, con un gran desarrollo en el Centro, pero no así en el Norte -de donde provengo-, con el NEA y el NOA totalmente olvidados.
Equilibrio territorial significa que el 12 por ciento del total de la obra pública de la Nación no vaya a una sola provincia, como ocurrió en el caso de Santa Cruz, y además que de ese total el 80 por ciento recaiga en una sola empresa, que es la que siempre ganaba las licitaciones.
Esto persigue mejorar la calidad de vida de los argentinos. Fracasó el blanqueo anterior, y dicen que éste ahora ha fracasado, cuando vence el 31 de marzo. Tienen un poder de predicción impresionante. Si el 1° de abril me dicen que el blanqueo fracasó, podemos aceptarlo y salir juntos a decir que el blanqueo fracasó. Pero termina el 31 de marzo, y hoy estamos a 1° de noviembre. Me parece que no entendieron la ley que aprobamos hace poco en la Cámara. Nueve veces prorrogaron el blanqueo y nueve veces fracasaron. Fracasaron con el decreto del PPP y pretenden que ahora también fracasen el blanqueo y el PPP.
Se habló de parónimos, y después se dijo: "No, no son parónimos; estos son sinónimos". Sí, blanqueo es sinónimo de blanqueo, como PPP es sinónimo de PPP. Solamente que hay unos que fracasaron, y otros que apostamos a que tengan éxito con estas leyes que estamos proponiendo, y seguramente con un Poder Ejecutivo que le sabrá dar la debida consideración para que tomando estas herramientas que estamos dando podamos tener una Argentina mucho más integrada, desarrollada y en crecimiento, con las obras de infraestructura que mejoren la calidad de vida de la gente. Para eso hacemos política; si no, esto no serviría de nada, ni los PPP, ni las concesiones, ni la obra pública ni ley de contrataciones. No servirían de nada si todo esto no termina finalmente mejorando la calidad de vida de nuestra gente.
Por eso apoyamos este proyecto y vamos a votar el dictamen que propone la mayoría. (Aplausos.)
Quiero decir que este sí es un régimen de contrataciones alternativo. No venimos a derogar, modificar o eliminar ningún sistema de contrataciones que esté vigente en este momento en el derecho positivo argentino y en materia de contrataciones que realiza el Estado. Lo que se está haciendo es agregar un nuevo sistema de contrataciones que viene a complementar y ponernos a tono con sistemas similares vigentes en muchos países del mundo que se han desarrollado. Asimismo, han desarrollado su economía gracias a mecanismos como el que estamos proponiendo en esta instancia.
Quiero decir que este régimen tiene antecedentes. Hay un decreto del gobierno de de la Rúa del año 2000 que establecía un régimen de contratación público privada y un decreto del año 2005 de Néstor Kirchner. Ambos decretos e intentos han fracasado. En un caso, el contexto económico en el que se desenvolvía el país no lo hizo creíble ni confiable para los privados. El otro caso, tal vez una deficiente regulación hizo que también fracasara. Como dijo el diputado Kicillof que no lo querían aplicar, entonces ¿por qué lo aplicaron? Si no creían en este sistema, ¿por qué lo sacaron? Lo sacaron porque si bien pensaron que podrían conseguir inversiones a través de este mecanismo, lo cierto es que no lo lograron porque no creyeron en él. No tenían la reacción suficientemente convincente. Además, era un decreto y no una ley. En consecuencia, como no creyeron, fracasó.
¿Qué cambia en el 2016 para que este nuevo intento no fracase? Hay un gobierno nuevo con una credibilidad también nueva. Hay variables macroeconómicas que están expresadas en el proyecto de presupuesto que son realistas. Se apuesta fuertemente a la inversión. Tiene que crecer, según las estimaciones del presupuesto, en más del 14 por ciento el año que viene. Esta inversión va a crecer con aportes de la obra pública, con aportes del sector privado y con aportes conjuntos en asociaciones entre públicos y privados. Apostamos a la inversión como uno -no es el único- de los importantes y principales factores que harán crecer a nuestra economía.
Un diputado preguntó qué ocurriría cuando se finalicen las obras. Creer que una escuela, un hospital o una autopista van a quedar en manos privadas es muy poco serio. Decir que una autopista, que es un bien de dominio público, va a quedar en manos de un privado porque éste la construyó, más bien fue una chicana mal expresada. Esto realmente no fue dicho de buena fe porque si no, no lo podría haber expresado en esta reunión.
Otro diputado dijo que van a contratar por este mecanismo y que en algunos casos no se hará licitación; lo invito a que lea el proyecto en tratamiento. Si lo leyó, por favor, revea nuevamente el artículo 12 que dice que siempre este tipo de contratos surgirá previa licitación y/o concursos públicos según sea el objeto. Acá no habrá contratación directa, ni un funcionario dándole una obra a su amigo para que la ejecute. Será por concurso o licitación.
El artículo 12 también hace mención a la participación de las pymes y de la industria y el trabajo nacional, lo que luego se repite en otros artículos con más precisión. Por lo tanto, el reclamo de que debe asegurarse la participación de las pymes en forma directa e indirecta y de la industria y el trabajo nacional, ya está debidamente garantizado en el proyecto. Ahora, puede ser que no lo crean, pero ese es otro problema. Podrán creerlo o no, pero eso es lo que dice el proyecto de ley y es lo que este gobierno está dispuesto a hacer.
Porque antes se decía y hacía cualquier cosa, no hay que pensar que ahora va a ocurrir lo mismo.
Creo que el diputado Solá, cuando hizo mención a los auditores externos -en referencia al artículo 21-, solicitó que fueran eliminados. El proyecto dice que la reglamentación de los pliegos podrá prever la posibilidad de acudir a auditores externos con suficiente idoneidad técnica, independencia e imparcialidad y comprobada trayectoria. Los auditores externos son aquellos que no pertenecen al organismo; son auditores de afuera del instituto, no quiere decir que sean de otros países, o sea internacionales. Cuando una sociedad anónima contrata a un contador público independiente para que haga la auditoría del balance de la empresa, estamos hablando de un auditor externo. A lo mejor vive en la cuadra de al lado, pero se llama así porque es externo al organismo y no externo en el sentido de ser un auditor de otro país. Creo que ese es el sentido real del artículo. Tal vez habrá que cotejarlo, pero este es el sentido de la auditoría externa en cualquier manual de auditoría que se consulte.
El diputado Kicillof dijo que este régimen de PPP en manos de este gobierno, le da mucho temor; tal vez hubiese querido tenerlo en manos de su gobierno para ver qué hacían; yo ni me lo quiero imaginar.
También se hizo mención a la falta de control. Los invito a leer el artículo 22, donde está claro que este proyecto obliga a la AGN a auditar todos y cada uno de los proyecto. No se van a auditar en forma aleatoria los proyectos, mediante una selección como se hace habitualmente, cuando se elige por medios estadísticos organismos o proyectos. Acá se va a auditar el ciento por ciento de los proyectos que ingresen bajo este régimen, como lo indica el artículo 22 del proyecto en tratamiento.
En cuanto a la prórroga de jurisdicción, pareciera ser que antes era buena y ahora es mala; para algunos ahora esto es sinónimo de entrega de soberanía. ¿No cedimos soberanía cuando designamos al juez Griesa? ¿No cedimos soberanía recientemente cuando se cedió la jurisdicción en caso de controversia en los contratos para la construcción de represas en Santa Cruz?
No es la norma, como dijo un señor diputado. Está claro que en caso de optarse por la vía del arbitraje para solucionar controversias que no se hubieran resuelto de otra manera, se aplicará la cláusula arbitral, que debe ser informada inmediatamente al Honorable Congreso de la Nación.
La prórroga de jurisdicción no es la norma; es la excepción. Opera solamente cuando no se haya tenido éxito con otras posibles soluciones y, por la complejidad del tema, resulte necesario recurrir en ese caso a un tribunal arbitral internacional o a la Justicia de otro país. Esto es norma en todos los contratos en los cuales intervienen contratistas extranjeros. De lo contrario, cuando en la Argentina no haya suficientes empresas en condiciones de llevar a cabo una obra, sería imposible lograr el interés de alguna firma del exterior.
Decían que no tiene limitaciones. También se dijo que se agregó una cláusula transitoria, según la cual bajo este régimen se podrá llevar adelante sólo hasta el 5 por ciento del total del presupuesto para el ejercicio 2017. Justamente, esto fue propuesto por señores diputados de la oposición y fue aceptado de buen agrado por el oficialismo. Ese límite rige para 2017; los presupuestos siguientes fijarán el límite para cada año. Esto es lo que establece ese artículo. Pero hay un límite más general que funciona como paraguas, según el cual la sumatoria de los proyectos en ningún caso podrá superar el 7 por ciento del producto bruto interno.
Nos criticaron -creo que fue el señor diputado Kicillof- porque se cambia todo a partir del trabajo de la oposición y de los debates. Lo cierto es que ese es el sentido del Parlamento. Antes no se cambiaba ni una coma. Estuve acá cuando Kicillof se sentaba en el lugar que hoy ocupa el señor diputado Lipovetsky, hablaba media hora para presentar el presupuesto, luego se iba porque tenía otro compromiso, dejaba a sus secretarios para que continuaran la reunión con los diputados y a la semana siguiente el proyecto se debatía y se aprobaba en el recinto sin modificar una sola coma; no se cambiaba nada. Parece que tiene alguna predilección por esa forma de tratar los proyectos. Acá cambiamos todo lo que haga falta. Antes no se podía cambiar absolutamente nada.
Nos acusó de que este va a ser un Estado bobo. Yo no sé quién es más bobo. Creo que es más bobo aquel Estado que pagó por obras que nunca se hicieron o que se ejecutaron muy parcialmente, pero que se cobraron en su totalidad. Si ese no es un Estado bobo, no sé qué lo es.
Esta es una norma central. Por supuesto que el Poder Ejecutivo la envió porque tiene la intención de ponerla en práctica. No como dijera el señor diputado, que dictaron el decreto en 2005, pero que en realidad no tenían intención de llevarlo adelante. Si se aprueba este proyecto de ley se va a ocupar de generar todas aquellas obras de infraestructura que hacen falta en la República Argentina, en cada una de las veintitrés provincias más la Capital Federal, que hacen al desarrollo de una economía con redistribución del ingreso y con equilibrio territorial. Hoy tenemos un país absolutamente desequilibrado, con un gran desarrollo en el Centro, pero no así en el Norte -de donde provengo-, con el NEA y el NOA totalmente olvidados.
Equilibrio territorial significa que el 12 por ciento del total de la obra pública de la Nación no vaya a una sola provincia, como ocurrió en el caso de Santa Cruz, y además que de ese total el 80 por ciento recaiga en una sola empresa, que es la que siempre ganaba las licitaciones.
Esto persigue mejorar la calidad de vida de los argentinos. Fracasó el blanqueo anterior, y dicen que éste ahora ha fracasado, cuando vence el 31 de marzo. Tienen un poder de predicción impresionante. Si el 1° de abril me dicen que el blanqueo fracasó, podemos aceptarlo y salir juntos a decir que el blanqueo fracasó. Pero termina el 31 de marzo, y hoy estamos a 1° de noviembre. Me parece que no entendieron la ley que aprobamos hace poco en la Cámara. Nueve veces prorrogaron el blanqueo y nueve veces fracasaron. Fracasaron con el decreto del PPP y pretenden que ahora también fracasen el blanqueo y el PPP.
Se habló de parónimos, y después se dijo: "No, no son parónimos; estos son sinónimos". Sí, blanqueo es sinónimo de blanqueo, como PPP es sinónimo de PPP. Solamente que hay unos que fracasaron, y otros que apostamos a que tengan éxito con estas leyes que estamos proponiendo, y seguramente con un Poder Ejecutivo que le sabrá dar la debida consideración para que tomando estas herramientas que estamos dando podamos tener una Argentina mucho más integrada, desarrollada y en crecimiento, con las obras de infraestructura que mejoren la calidad de vida de la gente. Para eso hacemos política; si no, esto no serviría de nada, ni los PPP, ni las concesiones, ni la obra pública ni ley de contrataciones. No servirían de nada si todo esto no termina finalmente mejorando la calidad de vida de nuestra gente.
Por eso apoyamos este proyecto y vamos a votar el dictamen que propone la mayoría. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Hemos cerrado la lista de oradores. Solo deseo hacer dos o tres consideraciones.
En primer lugar, reitero que los bloques disponen de una hora para presentar dictámenes de minoría.
Respecto de la prórroga de jurisdicción -de la que se habló mucho aquí-, solamente quiero agregar un dato para un análisis más profundo que se quiera hacer: actualmente la ley 11.672, complementaria de presupuesto, en su artículo 40 habilita al Poder Ejecutivo a realizar prórrogas de jurisdicción. Es una norma vigente de hace más de veinte años. Por otro lado, como se dijo por aquí, el gobierno anterior utilizó la prórroga de jurisdicción en varias ocasiones.
Por último, respecto del análisis sobre los tratados bilaterales de inversión firmados en los 90, el debate sobre su utilidad seguramente lo podremos dar si en algún momento viene algún tratado para intervención del Congreso. Por supuesto, durante el gobierno anterior esos tratados siguieron vigentes y el gobierno no denunció ninguno. Si el gobierno saliente no estaba de acuerdo con ellos -como parecieran reflejar acá los diputados del bloque del Frente para la Victoria-, podrían haberlos denunciado, pero no lo hicieron. Pero ese es un debate que no hay que darlo en el marco de este proyecto, sino que lo deberemos dar si en algún momento viene para la aprobación parlamentaria algún tratado bilateral de inversiones que haya firmado el Poder Ejecutivo.
Para cerrar, nuevamente reconozco el trabajo de todos los legisladores, sobre todo los señores diputados de los bloques de la oposición, del bloque Justicialista -al diputado Ziliotto, a quien quiero agradecer especialmente todos los aportes que ha hecho-, a los diputados del bloque del Frente Renovador, por supuesto a todos los diputadas del bloque Cambiemos y a todos los que han participado en este extenso debate y en el trámite de esta iniciativa.
Realmente, creo que con el dictamen que estamos aprobando hemos conseguido el texto de una norma muy buena. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes.
En primer lugar, reitero que los bloques disponen de una hora para presentar dictámenes de minoría.
Respecto de la prórroga de jurisdicción -de la que se habló mucho aquí-, solamente quiero agregar un dato para un análisis más profundo que se quiera hacer: actualmente la ley 11.672, complementaria de presupuesto, en su artículo 40 habilita al Poder Ejecutivo a realizar prórrogas de jurisdicción. Es una norma vigente de hace más de veinte años. Por otro lado, como se dijo por aquí, el gobierno anterior utilizó la prórroga de jurisdicción en varias ocasiones.
Por último, respecto del análisis sobre los tratados bilaterales de inversión firmados en los 90, el debate sobre su utilidad seguramente lo podremos dar si en algún momento viene algún tratado para intervención del Congreso. Por supuesto, durante el gobierno anterior esos tratados siguieron vigentes y el gobierno no denunció ninguno. Si el gobierno saliente no estaba de acuerdo con ellos -como parecieran reflejar acá los diputados del bloque del Frente para la Victoria-, podrían haberlos denunciado, pero no lo hicieron. Pero ese es un debate que no hay que darlo en el marco de este proyecto, sino que lo deberemos dar si en algún momento viene para la aprobación parlamentaria algún tratado bilateral de inversiones que haya firmado el Poder Ejecutivo.
Para cerrar, nuevamente reconozco el trabajo de todos los legisladores, sobre todo los señores diputados de los bloques de la oposición, del bloque Justicialista -al diputado Ziliotto, a quien quiero agradecer especialmente todos los aportes que ha hecho-, a los diputados del bloque del Frente Renovador, por supuesto a todos los diputadas del bloque Cambiemos y a todos los que han participado en este extenso debate y en el trámite de esta iniciativa.
Realmente, creo que con el dictamen que estamos aprobando hemos conseguido el texto de una norma muy buena. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes.
- Es la hora 16 y 10.