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LEGISLACION GENERAL
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P02 Oficina 235
Of. Administrativa: Piso P02 Oficina 234
Secretario Administrativo DR. TRIANTAFILO GUILLERMO
Miércoles 16.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 60752246 Internos 2246
clgeneral@hcdn.gob.ar
SR. PRESIDENTE MARCONATO Damos comienzo a la reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General.
Hoy vamos a considerar el proyecto presentado por los señores diputados West, Prieto, Alejandro Rossi, Vaca Narvaja, Basteiro, Fadel y Agustín Rossi, expediente 6538-d-08.
Tiene la palabra el señor diputado West.
Hoy vamos a considerar el proyecto presentado por los señores diputados West, Prieto, Alejandro Rossi, Vaca Narvaja, Basteiro, Fadel y Agustín Rossi, expediente 6538-d-08.
Tiene la palabra el señor diputado West.
SR. WEST Señor presidente: en primer lugar quiero hacer un breve racconto de estos días, desde que hemos comenzado a tratar la ley 26.412 hasta el ingreso de este proyecto para la declaración de utilidad pública y sujetas a expropiación de Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima y Austral Líneas Aéreas-Cielos del Sur Sociedad Anónima y sus controladas.
El 3 de septiembre fue sancionada y el 18 del mismo mes promulgada la ley 26.412, por la que nos propusimos garantizar el servicio público de transporte aerocomercial mediante el rescate y la compra de las acciones de las empresas.
Este cuerpo en ese momento le dio a la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones que presido la tarea de realizar el seguimiento del proceso de tasación. En muy breve plazo la comisión se constituyó y emitió distintos dictámenes.
No podemos dejar de recordar el estado de abandono en que se encontraban ambas empresas cuando nos abocamos al tratamiento de la ley 26.412. Recordemos solamente lo que ocurrió cuando cayeron un 30 y un 40 por ciento los vuelos, el escándalo público y el daño a los pasajeros que eso significó en los vuelos de cabotaje y la actitud que en ese momento había asumido el grupo Interinvest de no pagar más sueldos ni hacerse cargo de los gastos más elementales de combustible y funcionamiento de las empresas.
El Estado desde ese momento se hizo cargo del sostenimiento del servicio público y al día de hoy ha invertido en ello aproximadamente 800 millones de pesos.
Los primeros días de octubre la comisión bicameral -ya constituida- comprobó que tanto el Tribunal de Tasaciones de la Nación como la Auditoría General de la Nación se encontraban con bastantes dificultades para acceder a la información. Por eso emitimos dictamen para que en un plazo perentorio la Presidencia y el Directorio de Aerolíneas Argentinas remitieran la memoria de los estados contables especiales al 17 de julio. También se dispuso que dicha empresa debía brindar la colaboración y la asistencia necesaria a la Auditoría General de la Nación y facilitar todos los medios que requiriera el Tribunal de Tasaciones de la Nación. En ese momento le consultamos a la Auditoría Nacional el plazo en que iba a poder concluir su tarea.
Esa actitud de ocultar información fue quizá el hecho más grave de esos días de julio, porque en ese momento, incumpliendo con la ley, no habían presentado todavía los balances auditados del cierre del año 2007, los que al conocerse terminaron teniendo un patrimonio neto negativo, lo que según los términos de nuestra legislación implica una empresa en disolución.
A partir de esa actuación el Tribunal de Tasaciones de la Nación hizo un trabajo exhaustivo muy completo, lo presentó a la comisión bicameral y el 13 de noviembre emitimos dictamen, que creo conveniente que conozcan todos los señores legisladores en detalle.
Si bien lo podría leer todo, quisiera mencionar solamente algunos enunciados. Se solicitó al Poder Ejecutivo que arbitre las medidas necesarias para garantizar el servicio público. Se rechazó el criterio técnico de flujo de fondos para la tasación de las empresas, dado que su evolución histórica no permite realizar una proyección positiva de ingresos netos y el resultado negativo acumulado que arrojan los estados contables en conjunto hace peligrar la continuidad de sus operaciones sin la asistencia del Estado. Se aprobó el criterio técnico y la metodología de valuación aplicados por el Tribunal de Tasaciones de la Nación y la tasación determinada en forma conjunta para las empresas Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima y Austral Líneas Aéreas-Cielos del Sur Sociedad Anónima y sus controladas.
Así como también los reajustes que corresponden practicar por las asistencias financieras que realiza el Poder Ejecutivo nacional, conforme al artículo 5º de la ley 26.412, o por los pasivos contingentes no reflejados en los estados contables que sirvieron de base para la misma y cualquier otra circunstancia que surja del dictamen definitivo de la Auditoría General de la Nación. Se convocó al presidente de Aerolíneas Argentinas a fin de que manifestara su opinión sobre la valuación que había realizado el Tribunal de Tasaciones de la Nación.
El 18 de noviembre se hizo presente el señor Fargosi, presidente a cargo de Aerolíneas Argentinas, quien manifestó que no estaba en condiciones de opinar sobre la valuación, pero que sí deberían estarlo los apoderados de la empresa designados, los señores Vicente Muñoz y Eduardo Aranda. Al retirarse presentó una nota donde constaba la opinión de estos apoderados de la empresa Interinvest. En dicha nota se manifiesta que Interinvest no acepta bajo ninguna circunstancia que el valor de las empresas sea cero o menos de cero, y que no venderá las acciones de acuerdo al precio establecido. Un rescate por compra se puede realizar si hay acuerdo. Si no hay acuerdo es imposible realizar el rescate por compra.
En consecuencia, redactamos el dictamen de la comisión bicameral el mismo 18 de noviembre, que dice: "1º. Ratificar el criterio técnico y la metodología de valuación aplicada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación y la tasación determinada en forma conjunta por las empresas Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima y Austral Líneas Aéreas-Cielos del Sur Sociedad Anónima y sus controladas, aprobado en su dictamen de fecha 13 de noviembre de 2008, con sujeción a las salvedades allí expresadas.
"2º. Recomendar al Poder Ejecutivo Nacional arbitre todas las medidas que estén a su alcance para garantizar el servicio público de transporte aerocomercial de pasajeros, correo y carga por intermedio de ambas empresas y sus controladas, toda vez que en atención de la nota de Interinvest Sociedad Anónima, no resulta factible el rescate de dichas empresas mediante compra de sus acciones societarias en los términos de la ley 26.412.
"3º. Propiciar la sanción de una ley por la que se declaren a Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima y a Austral Líneas Aéreas-Cielos del Sur Sociedad Anónima y sus controladas, de utilidad pública y sujetas a expropiación, en los términos de la ley de expropiaciones 21.499, con la disidencia de los diputados nacionales Rubén O. Lanceta y Esteban J. Bullrich, en cuanto a que la declaración de utilidad publica y sujeta a expropiación sólo comprende a los activos de las empresas mencionadas.
"4°.- Notificar a Interinvest Sociedad Anónima del presente dictamen y dejar sin efecto la invitación a una próxima reunión de esta comisión bicameral..."
En la mencionada comisión hubo un amplio marco de coincidencia y quienes estábamos presentes -luego el señor senador Rodríguez Saá, por ejemplo, que no había concurrido, presentó su disidencia- arribamos a la conclusión de que era necesario proceder a la expropiación para dar cumplimiento a las disposiciones de la ley 26.412. En otras palabras, al rescate del servicio público mediante la compra de las acciones de las empresas.
En ese marco de coincidencias llegamos a la elaboración de este dictamen. Sólo nos faltó ponernos a trabajar concretamente en el proyecto de expropiación.
Quiero dejar en claro que en nuestro Estado de derecho, la expropiación es un instituto previsto en la Constitución Nacional y plenamente aplicable en este caso. Es la única solución posible para resolver la situación en que se encuentran las empresas y garantizar la prestación de un servicio público esencial; además, es un instituto que se ajusta a la expresa reserva incorporada por el artículo V del Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones entre la República Argentina y el Reino de España, aprobado por ley 24.118, que establece que la expropiación deberá aplicarse por causa de utilidad pública a instancias del Congreso Nacional y conforme a las leyes vigentes.
Por las razones expuestas es que traemos a consideración de las comisiones este proyecto de ley.
El 3 de septiembre fue sancionada y el 18 del mismo mes promulgada la ley 26.412, por la que nos propusimos garantizar el servicio público de transporte aerocomercial mediante el rescate y la compra de las acciones de las empresas.
Este cuerpo en ese momento le dio a la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones que presido la tarea de realizar el seguimiento del proceso de tasación. En muy breve plazo la comisión se constituyó y emitió distintos dictámenes.
No podemos dejar de recordar el estado de abandono en que se encontraban ambas empresas cuando nos abocamos al tratamiento de la ley 26.412. Recordemos solamente lo que ocurrió cuando cayeron un 30 y un 40 por ciento los vuelos, el escándalo público y el daño a los pasajeros que eso significó en los vuelos de cabotaje y la actitud que en ese momento había asumido el grupo Interinvest de no pagar más sueldos ni hacerse cargo de los gastos más elementales de combustible y funcionamiento de las empresas.
El Estado desde ese momento se hizo cargo del sostenimiento del servicio público y al día de hoy ha invertido en ello aproximadamente 800 millones de pesos.
Los primeros días de octubre la comisión bicameral -ya constituida- comprobó que tanto el Tribunal de Tasaciones de la Nación como la Auditoría General de la Nación se encontraban con bastantes dificultades para acceder a la información. Por eso emitimos dictamen para que en un plazo perentorio la Presidencia y el Directorio de Aerolíneas Argentinas remitieran la memoria de los estados contables especiales al 17 de julio. También se dispuso que dicha empresa debía brindar la colaboración y la asistencia necesaria a la Auditoría General de la Nación y facilitar todos los medios que requiriera el Tribunal de Tasaciones de la Nación. En ese momento le consultamos a la Auditoría Nacional el plazo en que iba a poder concluir su tarea.
Esa actitud de ocultar información fue quizá el hecho más grave de esos días de julio, porque en ese momento, incumpliendo con la ley, no habían presentado todavía los balances auditados del cierre del año 2007, los que al conocerse terminaron teniendo un patrimonio neto negativo, lo que según los términos de nuestra legislación implica una empresa en disolución.
A partir de esa actuación el Tribunal de Tasaciones de la Nación hizo un trabajo exhaustivo muy completo, lo presentó a la comisión bicameral y el 13 de noviembre emitimos dictamen, que creo conveniente que conozcan todos los señores legisladores en detalle.
Si bien lo podría leer todo, quisiera mencionar solamente algunos enunciados. Se solicitó al Poder Ejecutivo que arbitre las medidas necesarias para garantizar el servicio público. Se rechazó el criterio técnico de flujo de fondos para la tasación de las empresas, dado que su evolución histórica no permite realizar una proyección positiva de ingresos netos y el resultado negativo acumulado que arrojan los estados contables en conjunto hace peligrar la continuidad de sus operaciones sin la asistencia del Estado. Se aprobó el criterio técnico y la metodología de valuación aplicados por el Tribunal de Tasaciones de la Nación y la tasación determinada en forma conjunta para las empresas Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima y Austral Líneas Aéreas-Cielos del Sur Sociedad Anónima y sus controladas.
Así como también los reajustes que corresponden practicar por las asistencias financieras que realiza el Poder Ejecutivo nacional, conforme al artículo 5º de la ley 26.412, o por los pasivos contingentes no reflejados en los estados contables que sirvieron de base para la misma y cualquier otra circunstancia que surja del dictamen definitivo de la Auditoría General de la Nación. Se convocó al presidente de Aerolíneas Argentinas a fin de que manifestara su opinión sobre la valuación que había realizado el Tribunal de Tasaciones de la Nación.
El 18 de noviembre se hizo presente el señor Fargosi, presidente a cargo de Aerolíneas Argentinas, quien manifestó que no estaba en condiciones de opinar sobre la valuación, pero que sí deberían estarlo los apoderados de la empresa designados, los señores Vicente Muñoz y Eduardo Aranda. Al retirarse presentó una nota donde constaba la opinión de estos apoderados de la empresa Interinvest. En dicha nota se manifiesta que Interinvest no acepta bajo ninguna circunstancia que el valor de las empresas sea cero o menos de cero, y que no venderá las acciones de acuerdo al precio establecido. Un rescate por compra se puede realizar si hay acuerdo. Si no hay acuerdo es imposible realizar el rescate por compra.
En consecuencia, redactamos el dictamen de la comisión bicameral el mismo 18 de noviembre, que dice: "1º. Ratificar el criterio técnico y la metodología de valuación aplicada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación y la tasación determinada en forma conjunta por las empresas Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima y Austral Líneas Aéreas-Cielos del Sur Sociedad Anónima y sus controladas, aprobado en su dictamen de fecha 13 de noviembre de 2008, con sujeción a las salvedades allí expresadas.
"2º. Recomendar al Poder Ejecutivo Nacional arbitre todas las medidas que estén a su alcance para garantizar el servicio público de transporte aerocomercial de pasajeros, correo y carga por intermedio de ambas empresas y sus controladas, toda vez que en atención de la nota de Interinvest Sociedad Anónima, no resulta factible el rescate de dichas empresas mediante compra de sus acciones societarias en los términos de la ley 26.412.
"3º. Propiciar la sanción de una ley por la que se declaren a Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima y a Austral Líneas Aéreas-Cielos del Sur Sociedad Anónima y sus controladas, de utilidad pública y sujetas a expropiación, en los términos de la ley de expropiaciones 21.499, con la disidencia de los diputados nacionales Rubén O. Lanceta y Esteban J. Bullrich, en cuanto a que la declaración de utilidad publica y sujeta a expropiación sólo comprende a los activos de las empresas mencionadas.
"4°.- Notificar a Interinvest Sociedad Anónima del presente dictamen y dejar sin efecto la invitación a una próxima reunión de esta comisión bicameral..."
En la mencionada comisión hubo un amplio marco de coincidencia y quienes estábamos presentes -luego el señor senador Rodríguez Saá, por ejemplo, que no había concurrido, presentó su disidencia- arribamos a la conclusión de que era necesario proceder a la expropiación para dar cumplimiento a las disposiciones de la ley 26.412. En otras palabras, al rescate del servicio público mediante la compra de las acciones de las empresas.
En ese marco de coincidencias llegamos a la elaboración de este dictamen. Sólo nos faltó ponernos a trabajar concretamente en el proyecto de expropiación.
Quiero dejar en claro que en nuestro Estado de derecho, la expropiación es un instituto previsto en la Constitución Nacional y plenamente aplicable en este caso. Es la única solución posible para resolver la situación en que se encuentran las empresas y garantizar la prestación de un servicio público esencial; además, es un instituto que se ajusta a la expresa reserva incorporada por el artículo V del Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones entre la República Argentina y el Reino de España, aprobado por ley 24.118, que establece que la expropiación deberá aplicarse por causa de utilidad pública a instancias del Congreso Nacional y conforme a las leyes vigentes.
Por las razones expuestas es que traemos a consideración de las comisiones este proyecto de ley.
SR. PRESIDENTE MARCONATO Tiene la palabra el señor diputado Morán.
SR. MORÁN Señor presidente: si algún otro miembro de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones desea exponer algún otro informe, cedería el uso de la palabra porque mi intervención tiene por objeto aportar más información.
SR. PRESIDENTE MARCONATO La Presidencia realizó las consultas pertinentes y el señor diputado West ha hablado como miembro informante de la comisión. Por lo tanto, queda abierto el debate.
SR. MORÁN ¿No hay legisladores que informarán sobre los demás dictámenes?
SR. PRESIDENTE MARCONATO A raíz de la pregunta del señor diputado Morán, la Presidencia considera conveniente hacer una aclaración y poner en conocimiento de los señores diputados una decisión tomada junto con la señora presidenta de la Comisión de Legislación General.
La aclaración es que se trata de dos proyectos distintos con giro a las mismas comisiones, razón por la cual la citación a esta reunión es para tratar ambos.
La decisión que hemos adoptado junto con la señora presidenta de la Comisión de Legislación General es que el debate sobre el tema está abierto para que quien quiera exponer acerca del otro proyecto, lo haga.
El objetivo de esta reunión es emitir dictamen para llevar adelante el procedimiento previsto.
En este marco, si el señor diputado Morán quiere comenzar con su exposición, tiene la palabra.
La aclaración es que se trata de dos proyectos distintos con giro a las mismas comisiones, razón por la cual la citación a esta reunión es para tratar ambos.
La decisión que hemos adoptado junto con la señora presidenta de la Comisión de Legislación General es que el debate sobre el tema está abierto para que quien quiera exponer acerca del otro proyecto, lo haga.
El objetivo de esta reunión es emitir dictamen para llevar adelante el procedimiento previsto.
En este marco, si el señor diputado Morán quiere comenzar con su exposición, tiene la palabra.
SR. MORÁN Señor presidente: luego de escuchar al señor diputado West y de conocer las distintas posiciones expuestas durante estos días, sentimos, al igual que hace dos meses, cuando se hablaba de ratificar o no aquella acta de rescate de las empresas firmada por Ricardo Jaime y Julio de Vido con el grupo Marsans -que trajo como consecuencia la hipoteca de nuestros recursos públicos en casi 1.000 millones de dólares-, que se está analizando una foto y se ignora todo el proceso. Dicho de otra forma, pareciera que se quiere apartar a distintos actores o las responsabilidades que cada uno tiene.
Si uno plantea que no comparte el proyecto de ley en tratamiento y que al mismo tiempo está en contra de que se dé ese paso formal que existe en todo proceso de expropiación -la declaración de utilidad pública de los bienes que quiere expropiar el gobierno-, cuando está en juego un servicio público que todos estamos de acuerdo en que exista y que apoyamos -el servicio de aeronavegación-, surge la sensación de que no corresponde hacerlo o de que no es pertinente.
Si se me permite deseo ir un poco hacia atrás, porque de lo contrario terminaremos sacándonos el lazo de un montón de responsabilidades. Pareciera ser que entre el 7 y 8 de julio se dio una situación que terminó, el 17 de ese mismo mes, en un acta de rescate que cayó del cielo e instaló una empresa absolutamente vaciada, que el gobierno no tiene ningún tipo de responsabilidad y que a partir de allí comenzaron a analizarse los distintos pasos a seguir.
Lo cierto es que esto no es así, y no es así porque yo creo que a esta altura uno no puede atribuir como errores muchas actitudes que lamentablemente se siguen repitiendo. Como ocurrió en la época del menemismo, nos plantean que esta es la única salida y que si no está el abismo. La opción entonces era el acta de rescate o el abismo, el proyecto de ley que no derogaba ni rechazaba el acta de rescate o el abismo. Ahora es la declaración de utilidad pública de Aerolíneas Argentinas o el abismo, y la verdad es que no estamos dispuestos a debatir la salida del transporte de aeronavegación en la Argentina en esos términos.
Por un lado, todos somos conscientes y sabemos que existió en su momento una privatización. Hoy nos sorprende -y hasta gratamente- que aquel juez que en su momento sobreseyó y archivó un expediente donde se planteaba si en aquella privatización se había cometido algún ilícito hoy -integrando la Cámara de Apelaciones- vuelva a abrir la indagatoria y la investigación a los funcionarios de aquella época, particularmente a Menem, Cavallo y quienes fueron responsables de la privatización. Nos sorprende esta actitud de la justicia.
Nos parece bárbaro que se investigue no solamente esa privatización sino todas las privatizaciones y el achicamiento del Estado, que el partido justicialista -presidido ayer por Carlos Menem y hoy por Néstor Kirchner- se haga responsable y que se puedan analizar alguna vez en Argentina con absoluta transparencia los negocios públicos que se dan por millones de pesos, o millones de dólares en ese momento, en el Estado argentino.
En segundo lugar, quiero recordar que llegamos al vaciamiento de una empresa. Es cierto que cuando analizamos el dictamen del Tribunal de Tasaciones observamos que en sus dos variantes -tanto en la variante patrimonial como la variante de flujo futuro de fondo analizado por descuento- claramente existe un vaciamiento e inclusive parte de la deuda es con algunas empresas relacionadas a los mismos empresarios. Evidentemente es casi como una trampa, como un pase de deuda, y seguramente hay que investigar y promover todas las acciones para que aquellos empresarios que tienen una responsabilidad en el vaciamiento de la empresa sean investigados y condenados a devolver la plata, que de lo contrario van a pagar todos los argentinos.
Pero de la misma forma que hay que ver esa situación y que desde el Estado nacional y desde los distintos poderes del Estado -sea el Ejecutivo o el Legislativo- tenemos que promover esas acciones judiciales contra los empresarios, también desde la Coalición Cívica queremos decir que no vamos a parar -y así lo estamos haciendo en la justicia penal; lamentablemente la Fiscalía de Investigaciones tiene recortadas sus facultades por el procurador de la Nación, amigo también del poder político- hasta que no se investigue la connivencia de los distintos funcionarios públicos en ese vaciamiento.
Y quiero destacar sólo algunos hechos, porque la historia la conocemos todos; creo que tanto el oficialismo como la oposición hemos repasado aquí la historia. Pero quiero mencionar simplemente algunos hechos para que esto no quede como una foto de hoy sino que analicemos la película completa. La verdad es que también se debe analizar dentro de esta situación el acuerdo firmado el 21 de junio de 2006, cuando el Estado nacional crecía entre el 1,5 y el 5 por ciento en las acciones y paralelamente se daba el retiro de las impugnaciones judiciales que había realizado acertadamente en la primera etapa el gobierno de Kirchner con respecto a los balances que iban construyendo el fraude que hoy vamos a pagar todos los argentinos -o que al menos en el proyecto del gobierno se pretende que paguemos todos los argentinos- y que ascenderá tarde o temprano a mil millones de dólares. En las leyes y en la figura política que ustedes nos planteen, quizás ocultando lo que verdaderamente va a pasar en los tribunales internacionales, lo que está claro es que el vaciamiento con la connivencia de gobierno termina en que todos los argentinos paguemos mil millones de dólares. Esto está absolutamente claro.
Esa acta fue firmada por Ricardo Jaime; cuando firma un secretario de Transporte uno puede pensar que es un funcionario de segunda línea de un ministerio y que no es el Poder Ejecutivo, pero sí es el Poder Ejecutivo, porque los hechos, los actos jurídicos y administrativos posteriores del ministro De Vido, del presidente Kirchner o de la presidenta Kirchner -sea en los cuatro años anteriores o éste-, siempre lo ratifican; es como el acta de rescate del 17 de julio. ¿Por qué sale a declarar el oficialismo que no existe, si la ha ratificado en absolutamente todos los hechos el Poder Ejecutivo? No solo existe el principio de ejecución de esa acta de rescate, existe absoluta ejecución en cada acto administrativo y jurídico cuando las decisiones administrativas del jefe de Gabinete sacaron dinero, entre otras cosas, del plan para los sin techo, en una actitud absolutamente de distribución de la riqueza, para pagar la defraudación de los empresarios extranjeros; ese es un hecho que genera principio de ejecución.
Los hechos posteriores que se fueron dando demuestran, y se acaba de reconocer en el proyecto, como muy bien planteó el Diputado West, que se trata de 737 millones de pesos al 10 de noviembre, que seguramente son más al día de hoy, llegando al 31 de diciembre a mil millones.
La verdad es que cuando uno analiza eso observa que todos esos hechos del Poder Ejecutivo avanzaron en ejecutar esta acta de rescate. Tarde o temprano, aunque nosotros sigamos mirando para otro lado, como hizo el bloque oficialista y los bloques opositores -que quizá confundieron una cuestión dogmática, creyendo que acá se estaba estatizando el servicio de aeronavegación y no en realidad escondiendo un negocio público, tratando de saldar el vaciamiento y la connivencia-, y en la medida en que sigamos avanzando sin profundizar en el centro del problema -el 21 de junio de 2006 y el 17 de julio de 2008-, seguiremos generando antecedentes jurídicos para que si no es en la justicia argentina, terminemos en la justicia internacional -quizá no este gobierno, nosotros aspiramos a que el próximo gobierno lógicamente sea de la Coalición Cívica-, después de 2011, pagando los mil millones de dólares que lamentablemente han hipotecado la aeronavegación con estas políticas del gobierno.
El 21 de junio de 2006 se lo preguntamos cuando vino el secretario de Transporte. Creo que el señor diputado Bullrich, del PRO, le consultó cuánto representaba el 3,5 o 4 por ciento de las acciones, porque multiplicando automáticamente podía saber lo que valía la empresa a esa fecha. Él decía que no les había salido un peso; terminó contestando que por arriba de la mesa, en el trato que había hecho el 21 de junio, no les había salido un peso. La verdad es que vendió como si hubiera sido una actitud positiva que no le hubiera salido un peso al gobierno nacional crecer en las acciones. Pero como se lo dijimos en ese momento, como lo dijimos en la justicia en la denuncia penal que hemos presentado y como seguramente ampliaremos la semana que viene -creemos que es un paso más de una asociación ilícita que lamentablemente se ha enquistado en el poder-, creemos que no le salió un peso por arriba de la mesa, pero por abajo de la mesa nos costó mucho a todos los argentinos. Nos costó a los argentinos, por ejemplo, retirar las impugnaciones judiciales que bien el gobierno de Kirchner de los primeros dos años había planteado. Nos costó a los argentinos aprobar los balances de 2005 y 2006. Y nos costó también a todos los argentinos la devolución de favores que existieron entre aquellos que hoy demonizan, como es la estrategia de este bloque oficialista y de este gobierno.
Demonizan a los pool de siembra, demonizan a las AFJP y demonizan a Marsans. Ahora bien, la realidad es que respecto de los pool de siembra, se sacan la foto con Grobocopatel en Olivos y lo promocionan en Venezuela; respecto de las AFJP, no controlan ni los sueldos de 17 mil pesos ni las rentas extraordinarias que tuvieron durante años; y en relación con el tema de Aerolíneas pasa exactamente lo mismo: no las controlaron y negociaron plata para la campaña política. Acá está el informe de Poder Ciudadano. El principal aportante es Marsans Internacional Argentina S.A., con 398 mil pesos. Esto es en blanco; nosotros vamos a la Justicia porque queremos saber cuánto más le dio. Estas son las cosas de las que nos tenemos que hacer cargo. Hay mucha hipocresía en estos debates y es hora de que saquemos las caretas de los hipócritas. El Credit Suisse termina siendo el banco de confianza que le hace la tasación a Marsans Internacional. Qué casualidad que sea el banco amigo de Kirchner que le protege los fondos en el extranjero. Qué casualidad que es el mismo banco que financia al capitalista amigo de Eskenazi la compra de YPF. Porque si YPF da ganancia, que se la quede un amigo de Kirchner; y si Aerolíneas da pérdida, que la paguemos todos los argentinos. "Negocio pampa".
Voy terminando. Hubo dos tasaciones. Lo que evidentemente nos comprometió -o que vino a blanquear la situación de vaciamiento con la connivencia del gobierno actual- fue el acta del 17 de julio. Nosotros pensábamos que el bloque oficialista había aprendido de lo que pasó con la resolución 125 porque generó un cambio. Inclusive, en nuestros discursos de ese momento decíamos que era la presidenta la que no había aprendido, porque otra vez mandaba una ratificación de un acto del Ejecutivo, a pesar de que el bloque oficialista estaba dispuesto a abrir y discutir el proyecto, como de hecho lo hizo. Pero ignoraba el acta de rescate. Y al ignorarla, fuimos en esa oportunidad unos setenta u ochenta diputados los que nos opusimos. Hubo bloques que no se opusieron y la acompañaron. Nosotros dijimos que, en la medida en que no la rechazaran, por lo menos tenía que producirse un conflicto de poderes entre el Poder Ejecutivo, que había firmado el acta, y los legisladores, que debían rechazarla. Finalmente, se produjo en agosto, cuando solo habíamos gastado el 20 por ciento de esa plata y no teníamos el principio de ejecución o la ejecución completa del acta rescate. Hoy sí la tenemos, lo que tarde o temprano nos va a condenar en el CIADI. Y lo decíamos: "generemos ahí". "Si ustedes quieren cambiar, generen un primer artículo que diga que rechaza esa acta de rescate". Evidentemente, la orden era que podían cambiar, pero no cambiar eso. Los hechos posteriores demuestran, si nos sinceramos, que el no haberla rechazado fue un gravísimo error legislativo. Nosotros no estamos dispuestos a seguir convalidando eso.
Voy a hablar en mejores términos, aunque estoy convencido -y por eso nos presentamos en la Justicia- de que existió connivencia. Pero si quieren hablemos de errores, para no seguir convalidando con un error otros errores. Este es un nuevo error, un nuevo paso equivocado. En aquel momento nosotros presentamos una propuesta. Nos decían que era un disparate, que no tenía análisis de inversión.
También dijeron "no" a la propuesta que la Coalición Cívica, junto con la UCR, el PRO, el Frejuli y varios bloques minoritarios, hizo de crear una nueva empresa. Conceptualmente el planteo político era crear una nueva empresa con treinta aviones más chicos, que quizás generan un costo operativo menor que un conjunto de aviones cuya antigüedad promedio, según el dictamen del Tribunal de Tasaciones de la Nación, es de veintiséis años. Tal vez el señor diputado Basteiro y otros señores diputados que conocen los detalles técnicos del sistema de aeronavegación podrán corregirme en este punto.
Además, hagámonos cargo de los vuelos de cabotaje, señor presidente. Lógicamente aun de los deficitarios, porque todos estamos convencidos de que hay que garantizar la aeronavegación como un servicio público. Aerolíneas Argentinas ha sido muy importante durante todos estos años; como bien decía un diputado en defensa de la posición oficial, esta empresa ha sido la mejor ambulancia para aquellas provincias en las que ha habido problemas sanitarios, dado que sus servicios siempre estuvieron a disposición.
Todos coincidimos en que es preciso garantizar esos servicios, pero entendemos que se debe analizar la posibilidad de crear una nueva empresa y de rescatar lo único que hay que rescatar: la capacitación de los empleados. El recurso más importante es el recurso humano de Aerolíneas Argentinas, que es necesario para cualquier empresa. Hoy resulta absolutamente claro que no sólo marcamos el error de no rechazar el acta firmada el 17 de julio sino también la necesidad de analizar esa posibilidad.
Hemos tenido propuestas y las hemos planteado, y desde la Coalición Cívica queremos señalar que rechazamos absolutamente el proyecto oficial de declarar de utilidad pública las acciones de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral, y de sus empresas controladas. Pero sobre todo, en este ámbito legislativo de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, queremos ratificar que no cesaremos en las investigaciones judiciales hasta lograr que quienes son responsables del vaciamiento de estas compañías no puedan salir del país, y que los funcionarios que actuaron en connivencia para que se llegara a ese vaciamiento, vayan presos. Continuaremos investigando hasta que sean declarados no sólo responsables políticos y penales sino también responsables económicos, para que a través de sus dineros o de los de sus amigos, tan vinculados a ellos en algunos casos, sean ellos quienes paguen las deudas y los problemas económicos generados por las políticas de connivencia del gobierno, y no el pueblo argentino.
Si uno plantea que no comparte el proyecto de ley en tratamiento y que al mismo tiempo está en contra de que se dé ese paso formal que existe en todo proceso de expropiación -la declaración de utilidad pública de los bienes que quiere expropiar el gobierno-, cuando está en juego un servicio público que todos estamos de acuerdo en que exista y que apoyamos -el servicio de aeronavegación-, surge la sensación de que no corresponde hacerlo o de que no es pertinente.
Si se me permite deseo ir un poco hacia atrás, porque de lo contrario terminaremos sacándonos el lazo de un montón de responsabilidades. Pareciera ser que entre el 7 y 8 de julio se dio una situación que terminó, el 17 de ese mismo mes, en un acta de rescate que cayó del cielo e instaló una empresa absolutamente vaciada, que el gobierno no tiene ningún tipo de responsabilidad y que a partir de allí comenzaron a analizarse los distintos pasos a seguir.
Lo cierto es que esto no es así, y no es así porque yo creo que a esta altura uno no puede atribuir como errores muchas actitudes que lamentablemente se siguen repitiendo. Como ocurrió en la época del menemismo, nos plantean que esta es la única salida y que si no está el abismo. La opción entonces era el acta de rescate o el abismo, el proyecto de ley que no derogaba ni rechazaba el acta de rescate o el abismo. Ahora es la declaración de utilidad pública de Aerolíneas Argentinas o el abismo, y la verdad es que no estamos dispuestos a debatir la salida del transporte de aeronavegación en la Argentina en esos términos.
Por un lado, todos somos conscientes y sabemos que existió en su momento una privatización. Hoy nos sorprende -y hasta gratamente- que aquel juez que en su momento sobreseyó y archivó un expediente donde se planteaba si en aquella privatización se había cometido algún ilícito hoy -integrando la Cámara de Apelaciones- vuelva a abrir la indagatoria y la investigación a los funcionarios de aquella época, particularmente a Menem, Cavallo y quienes fueron responsables de la privatización. Nos sorprende esta actitud de la justicia.
Nos parece bárbaro que se investigue no solamente esa privatización sino todas las privatizaciones y el achicamiento del Estado, que el partido justicialista -presidido ayer por Carlos Menem y hoy por Néstor Kirchner- se haga responsable y que se puedan analizar alguna vez en Argentina con absoluta transparencia los negocios públicos que se dan por millones de pesos, o millones de dólares en ese momento, en el Estado argentino.
En segundo lugar, quiero recordar que llegamos al vaciamiento de una empresa. Es cierto que cuando analizamos el dictamen del Tribunal de Tasaciones observamos que en sus dos variantes -tanto en la variante patrimonial como la variante de flujo futuro de fondo analizado por descuento- claramente existe un vaciamiento e inclusive parte de la deuda es con algunas empresas relacionadas a los mismos empresarios. Evidentemente es casi como una trampa, como un pase de deuda, y seguramente hay que investigar y promover todas las acciones para que aquellos empresarios que tienen una responsabilidad en el vaciamiento de la empresa sean investigados y condenados a devolver la plata, que de lo contrario van a pagar todos los argentinos.
Pero de la misma forma que hay que ver esa situación y que desde el Estado nacional y desde los distintos poderes del Estado -sea el Ejecutivo o el Legislativo- tenemos que promover esas acciones judiciales contra los empresarios, también desde la Coalición Cívica queremos decir que no vamos a parar -y así lo estamos haciendo en la justicia penal; lamentablemente la Fiscalía de Investigaciones tiene recortadas sus facultades por el procurador de la Nación, amigo también del poder político- hasta que no se investigue la connivencia de los distintos funcionarios públicos en ese vaciamiento.
Y quiero destacar sólo algunos hechos, porque la historia la conocemos todos; creo que tanto el oficialismo como la oposición hemos repasado aquí la historia. Pero quiero mencionar simplemente algunos hechos para que esto no quede como una foto de hoy sino que analicemos la película completa. La verdad es que también se debe analizar dentro de esta situación el acuerdo firmado el 21 de junio de 2006, cuando el Estado nacional crecía entre el 1,5 y el 5 por ciento en las acciones y paralelamente se daba el retiro de las impugnaciones judiciales que había realizado acertadamente en la primera etapa el gobierno de Kirchner con respecto a los balances que iban construyendo el fraude que hoy vamos a pagar todos los argentinos -o que al menos en el proyecto del gobierno se pretende que paguemos todos los argentinos- y que ascenderá tarde o temprano a mil millones de dólares. En las leyes y en la figura política que ustedes nos planteen, quizás ocultando lo que verdaderamente va a pasar en los tribunales internacionales, lo que está claro es que el vaciamiento con la connivencia de gobierno termina en que todos los argentinos paguemos mil millones de dólares. Esto está absolutamente claro.
Esa acta fue firmada por Ricardo Jaime; cuando firma un secretario de Transporte uno puede pensar que es un funcionario de segunda línea de un ministerio y que no es el Poder Ejecutivo, pero sí es el Poder Ejecutivo, porque los hechos, los actos jurídicos y administrativos posteriores del ministro De Vido, del presidente Kirchner o de la presidenta Kirchner -sea en los cuatro años anteriores o éste-, siempre lo ratifican; es como el acta de rescate del 17 de julio. ¿Por qué sale a declarar el oficialismo que no existe, si la ha ratificado en absolutamente todos los hechos el Poder Ejecutivo? No solo existe el principio de ejecución de esa acta de rescate, existe absoluta ejecución en cada acto administrativo y jurídico cuando las decisiones administrativas del jefe de Gabinete sacaron dinero, entre otras cosas, del plan para los sin techo, en una actitud absolutamente de distribución de la riqueza, para pagar la defraudación de los empresarios extranjeros; ese es un hecho que genera principio de ejecución.
Los hechos posteriores que se fueron dando demuestran, y se acaba de reconocer en el proyecto, como muy bien planteó el Diputado West, que se trata de 737 millones de pesos al 10 de noviembre, que seguramente son más al día de hoy, llegando al 31 de diciembre a mil millones.
La verdad es que cuando uno analiza eso observa que todos esos hechos del Poder Ejecutivo avanzaron en ejecutar esta acta de rescate. Tarde o temprano, aunque nosotros sigamos mirando para otro lado, como hizo el bloque oficialista y los bloques opositores -que quizá confundieron una cuestión dogmática, creyendo que acá se estaba estatizando el servicio de aeronavegación y no en realidad escondiendo un negocio público, tratando de saldar el vaciamiento y la connivencia-, y en la medida en que sigamos avanzando sin profundizar en el centro del problema -el 21 de junio de 2006 y el 17 de julio de 2008-, seguiremos generando antecedentes jurídicos para que si no es en la justicia argentina, terminemos en la justicia internacional -quizá no este gobierno, nosotros aspiramos a que el próximo gobierno lógicamente sea de la Coalición Cívica-, después de 2011, pagando los mil millones de dólares que lamentablemente han hipotecado la aeronavegación con estas políticas del gobierno.
El 21 de junio de 2006 se lo preguntamos cuando vino el secretario de Transporte. Creo que el señor diputado Bullrich, del PRO, le consultó cuánto representaba el 3,5 o 4 por ciento de las acciones, porque multiplicando automáticamente podía saber lo que valía la empresa a esa fecha. Él decía que no les había salido un peso; terminó contestando que por arriba de la mesa, en el trato que había hecho el 21 de junio, no les había salido un peso. La verdad es que vendió como si hubiera sido una actitud positiva que no le hubiera salido un peso al gobierno nacional crecer en las acciones. Pero como se lo dijimos en ese momento, como lo dijimos en la justicia en la denuncia penal que hemos presentado y como seguramente ampliaremos la semana que viene -creemos que es un paso más de una asociación ilícita que lamentablemente se ha enquistado en el poder-, creemos que no le salió un peso por arriba de la mesa, pero por abajo de la mesa nos costó mucho a todos los argentinos. Nos costó a los argentinos, por ejemplo, retirar las impugnaciones judiciales que bien el gobierno de Kirchner de los primeros dos años había planteado. Nos costó a los argentinos aprobar los balances de 2005 y 2006. Y nos costó también a todos los argentinos la devolución de favores que existieron entre aquellos que hoy demonizan, como es la estrategia de este bloque oficialista y de este gobierno.
Demonizan a los pool de siembra, demonizan a las AFJP y demonizan a Marsans. Ahora bien, la realidad es que respecto de los pool de siembra, se sacan la foto con Grobocopatel en Olivos y lo promocionan en Venezuela; respecto de las AFJP, no controlan ni los sueldos de 17 mil pesos ni las rentas extraordinarias que tuvieron durante años; y en relación con el tema de Aerolíneas pasa exactamente lo mismo: no las controlaron y negociaron plata para la campaña política. Acá está el informe de Poder Ciudadano. El principal aportante es Marsans Internacional Argentina S.A., con 398 mil pesos. Esto es en blanco; nosotros vamos a la Justicia porque queremos saber cuánto más le dio. Estas son las cosas de las que nos tenemos que hacer cargo. Hay mucha hipocresía en estos debates y es hora de que saquemos las caretas de los hipócritas. El Credit Suisse termina siendo el banco de confianza que le hace la tasación a Marsans Internacional. Qué casualidad que sea el banco amigo de Kirchner que le protege los fondos en el extranjero. Qué casualidad que es el mismo banco que financia al capitalista amigo de Eskenazi la compra de YPF. Porque si YPF da ganancia, que se la quede un amigo de Kirchner; y si Aerolíneas da pérdida, que la paguemos todos los argentinos. "Negocio pampa".
Voy terminando. Hubo dos tasaciones. Lo que evidentemente nos comprometió -o que vino a blanquear la situación de vaciamiento con la connivencia del gobierno actual- fue el acta del 17 de julio. Nosotros pensábamos que el bloque oficialista había aprendido de lo que pasó con la resolución 125 porque generó un cambio. Inclusive, en nuestros discursos de ese momento decíamos que era la presidenta la que no había aprendido, porque otra vez mandaba una ratificación de un acto del Ejecutivo, a pesar de que el bloque oficialista estaba dispuesto a abrir y discutir el proyecto, como de hecho lo hizo. Pero ignoraba el acta de rescate. Y al ignorarla, fuimos en esa oportunidad unos setenta u ochenta diputados los que nos opusimos. Hubo bloques que no se opusieron y la acompañaron. Nosotros dijimos que, en la medida en que no la rechazaran, por lo menos tenía que producirse un conflicto de poderes entre el Poder Ejecutivo, que había firmado el acta, y los legisladores, que debían rechazarla. Finalmente, se produjo en agosto, cuando solo habíamos gastado el 20 por ciento de esa plata y no teníamos el principio de ejecución o la ejecución completa del acta rescate. Hoy sí la tenemos, lo que tarde o temprano nos va a condenar en el CIADI. Y lo decíamos: "generemos ahí". "Si ustedes quieren cambiar, generen un primer artículo que diga que rechaza esa acta de rescate". Evidentemente, la orden era que podían cambiar, pero no cambiar eso. Los hechos posteriores demuestran, si nos sinceramos, que el no haberla rechazado fue un gravísimo error legislativo. Nosotros no estamos dispuestos a seguir convalidando eso.
Voy a hablar en mejores términos, aunque estoy convencido -y por eso nos presentamos en la Justicia- de que existió connivencia. Pero si quieren hablemos de errores, para no seguir convalidando con un error otros errores. Este es un nuevo error, un nuevo paso equivocado. En aquel momento nosotros presentamos una propuesta. Nos decían que era un disparate, que no tenía análisis de inversión.
También dijeron "no" a la propuesta que la Coalición Cívica, junto con la UCR, el PRO, el Frejuli y varios bloques minoritarios, hizo de crear una nueva empresa. Conceptualmente el planteo político era crear una nueva empresa con treinta aviones más chicos, que quizás generan un costo operativo menor que un conjunto de aviones cuya antigüedad promedio, según el dictamen del Tribunal de Tasaciones de la Nación, es de veintiséis años. Tal vez el señor diputado Basteiro y otros señores diputados que conocen los detalles técnicos del sistema de aeronavegación podrán corregirme en este punto.
Además, hagámonos cargo de los vuelos de cabotaje, señor presidente. Lógicamente aun de los deficitarios, porque todos estamos convencidos de que hay que garantizar la aeronavegación como un servicio público. Aerolíneas Argentinas ha sido muy importante durante todos estos años; como bien decía un diputado en defensa de la posición oficial, esta empresa ha sido la mejor ambulancia para aquellas provincias en las que ha habido problemas sanitarios, dado que sus servicios siempre estuvieron a disposición.
Todos coincidimos en que es preciso garantizar esos servicios, pero entendemos que se debe analizar la posibilidad de crear una nueva empresa y de rescatar lo único que hay que rescatar: la capacitación de los empleados. El recurso más importante es el recurso humano de Aerolíneas Argentinas, que es necesario para cualquier empresa. Hoy resulta absolutamente claro que no sólo marcamos el error de no rechazar el acta firmada el 17 de julio sino también la necesidad de analizar esa posibilidad.
Hemos tenido propuestas y las hemos planteado, y desde la Coalición Cívica queremos señalar que rechazamos absolutamente el proyecto oficial de declarar de utilidad pública las acciones de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral, y de sus empresas controladas. Pero sobre todo, en este ámbito legislativo de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, queremos ratificar que no cesaremos en las investigaciones judiciales hasta lograr que quienes son responsables del vaciamiento de estas compañías no puedan salir del país, y que los funcionarios que actuaron en connivencia para que se llegara a ese vaciamiento, vayan presos. Continuaremos investigando hasta que sean declarados no sólo responsables políticos y penales sino también responsables económicos, para que a través de sus dineros o de los de sus amigos, tan vinculados a ellos en algunos casos, sean ellos quienes paguen las deudas y los problemas económicos generados por las políticas de connivencia del gobierno, y no el pueblo argentino.
SR. PRESIDENTE MARCONATO Antes de conceder el uso de la palabra al señor diputado Albrisi, la Presidencia manifiesta que confía en el equilibrio que siempre ha habido en las reuniones de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, máxime cuando hay muchísimos diputados anotados para hacer uso de la palabra, y pide a los señores diputados que sean breves en sus exposiciones. Obviamente, es lógico que se fundamenten antecedentes, pero dada la extensión de la lista de oradores solicita que los discursos sean pronunciados en el recinto cuando se trate el tema.
Tiene la palabra el señor diputado Albrisi.
Tiene la palabra el señor diputado Albrisi.
SR. ALBRISI Señor presidente: luego de escuchar la exposición del señor diputado Morán, trataré de hablar sobre la historia reciente, que involucra al Congreso de la Nación a partir de la llegada del mensaje 1201 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo -expediente
0018-pe-2008-, que termina en la sanción de la ley 26.412, cuyo objetivo es garantizar el servicio público de transporte aerocomercial prestado por las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur y de sus empresas controladas.
Esa historia nueva, más allá del voto de cada uno de nosotros, es sumamente interesante. Venía con un acuerdo previo, en principio firmado por una especie de segunda línea del Ministerio de Planificación Federal, y una segunda línea de Interinvest en representación de Marsans -llámese el secretario de Transporte Jaime y un señor de apellido vasco, "Arzuaga" o algo similar. Eso fue el 17 de julio; el 21 de julio ratificó este acuerdo el ministro De Vido y el señor Díaz Ferrán, presidente de Marsans.
Como si fuera poco la presidenta, en un acto en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, anunció el rescate por compra de las acciones de Aerolíneas Argentinas y Cielos del Sur mediante un plan establecido y con el desarrollo de esta acta que había sido pactada.
En el informe que se dio en las comisiones de Transportes y de Presupuesto y Hacienda, cuidadosamente el secretario Jaime no admitió la posibilidad de un plan B sino que refirió la capacidad organizacional del Poder Ejecutivo para llevar adelante el rescate por compra de acciones. Explicó cómo lo iba a hacer y contó con el apoyo de importantes sectores del personal y de las agrupaciones sindicales y gremiales de Aerolíneas Argentinas y de Austral en el sentido del rescate de Aerolíneas y Cielos del Sur por compra de sus acciones. Esto dio como resultado la ley 26.412, una ley que si bien no ratificó el acta en absoluto la rechazó. La observó pero no la incorporó al Congreso, sin embargo existió y en ningún momento sufrió ningún daño de naturaleza jurídica y económica. Es más, el acta permitió la incorporación del doctor Julio Alak como gerente general.
Esa historia nueva, más allá del voto de cada uno de nosotros, es sumamente interesante. Venía con un acuerdo previo, en principio firmado por una especie de segunda línea del Ministerio de Planificación Federal, y una segunda línea de Interinvest en representación de Marsans -llámese el secretario de Transporte Jaime y un señor de apellido vasco, "Arzuaga" o algo similar. Eso fue el 17 de julio; el 21 de julio ratificó este acuerdo el ministro De Vido y el señor Díaz Ferrán, presidente de Marsans.
Como si fuera poco la presidenta, en un acto en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, anunció el rescate por compra de las acciones de Aerolíneas Argentinas y Cielos del Sur mediante un plan establecido y con el desarrollo de esta acta que había sido pactada.
En el informe que se dio en las comisiones de Transportes y de Presupuesto y Hacienda, cuidadosamente el secretario Jaime no admitió la posibilidad de un plan B sino que refirió la capacidad organizacional del Poder Ejecutivo para llevar adelante el rescate por compra de acciones. Explicó cómo lo iba a hacer y contó con el apoyo de importantes sectores del personal y de las agrupaciones sindicales y gremiales de Aerolíneas Argentinas y de Austral en el sentido del rescate de Aerolíneas y Cielos del Sur por compra de sus acciones. Esto dio como resultado la ley 26.412, una ley que si bien no ratificó el acta en absoluto la rechazó. La observó pero no la incorporó al Congreso, sin embargo existió y en ningún momento sufrió ningún daño de naturaleza jurídica y económica. Es más, el acta permitió la incorporación del doctor Julio Alak como gerente general.
- Ocupa la presidencia la señora diputada Ibarra.
SR. ALBRISI Bien explicó el informante del dictamen de mayoría, que por la misma ley se encargó a la Comisión de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, el seguimiento de este proceso en el rescate por compra, y paralelamente le votamos un interesante e importante presupuesto hasta el 31 de diciembre de 2008 para el mantenimiento y recuperación del servicio aerocomercial. En realidad terminó siendo una buena ley. Se remitía -historia nueva estoy hablando- a la facultad y a la capacidad organizacional del Poder Ejecutivo que con toda responsabilidad, incluso en cabeza de la presidenta de la Nación -que firmaba el mensaje 1201 que mencioné y que presentó el proyecto públicamente-, se dedicaba al rescate por compra de las acciones.
Se pusieron a negociar, demoraron las negociaciones, se hicieron inversiones; el proceso de mejora del servicio aerocomercial se notó en principio, decayó el final, volvió a levantar. En definitiva, es un proceso lábil que parece seguir el fracaso o el éxito de las conversaciones, pero por si fuera poco en octubre, en la ley de presupuesto, en el artículo 26, con toda responsabilidad el Poder Ejecutivo le pidió al Congreso que sancione en ese artículo la posibilidad de extender -a los efectos de rescatar nuevamente por compra de acciones o hasta el 31 de diciembre de 2009, un año más-, la posibilidad de seguir en las negociaciones y que el jefe de Gabinete pueda autorizar partidas para seguir operando en el sostenimiento. Recuerdo haber intervenido en ese debate y se me contestó que todo tendía al mejor destino del mantenimiento del servicio y del patrimonio de los argentinos.
Desde el Congreso le dimos dos leyes al Poder Ejecutivo. El Ejecutivo es el que tiene la responsabilidad organizacional, no es el Congreso. El Poder Ejecutivo es el que tiene la iniciativa en la ley de ministerios y es el que organiza su forma de trabajar, sus secretarios, ministros, su gabinete y hombres de gestión. No es el Congreso. El Congreso le dio dos leyes, primero cuando consintió el rescate y luego con la ampliación incluida en el artículo 26 de la ley de presupuesto de la Nación para el año próximo.
Decía expresamente "hasta el rescate o hasta el 31 diciembre de 2009", lo que sucediera primero. Esa es la situación en la que estamos hoy; no veo por qué según la actitud del Congreso se tenga que transformar en una situación distinta. ¿Por qué aparece el Congreso ahora, suplantando la gestión? ¿Por qué aparece el Congreso pidiendo una expropiación, por más que sea su facultad? No es el Congreso el que trabajó; el Congreso no fue Julio Alak, el Congreso no fue Jaime, el Congreso no fue De Vido. ¿Qué hace el Congreso responsabilizándose en la iniciativa de pedir una expropiación?
El Congreso con toda generosidad otorgó las leyes porque entendió positivo el valor estratégico y geopolítico del servicio aerocomercial. Lo digo yo que soy de Córdoba, para quien el sentimiento aeronáutico tiene una profunda significación. No veo qué hace el Congreso hoy pidiendo que se ejecute la sujeción a utilidad pública y luego la expropiación de las acciones para cumplir un cometido negativo. Esa no fue la idea. El Congreso le encargó al Poder Ejecutivo que negocie, que negocie bien, que cuide el patrimonio de los argentinos. No le dijo "me voy a autodenominar expropiador de las acciones de algo que no manejo ni conozco". Como bien ha dicho el señor diputado Morán, ¿quién conoce de gestión aerocomercial? ¿Qué hacemos pidiendo la expropiación?
En mi modesta forma de ver es absolutamente impropio el proyecto de ley presentado por la mayoría de sujeción a utilidad pública y declaración de expropiación de las acciones, con todo lo que significa y que bien se ha explicado aquí, dadas las significaciones económicas que esto tiene.
En consecuencia, para ser breve, según lo solicitado por el señor presidente, quiero solamente agregar que en forma personal, y en la concepción de las conversaciones mantenidas con mis compañeros de bloque, disentimos absolutamente con esta actitud del Congreso de cargarse sobre los hombros algo para lo cual no está capacitado, no está suficientemente informado y no está suficientemente actuado.
Estamos invirtiendo los roles. Pareciera ser que en las duras está el Congreso y en las maduras está el Poder Ejecutivo.
Se pusieron a negociar, demoraron las negociaciones, se hicieron inversiones; el proceso de mejora del servicio aerocomercial se notó en principio, decayó el final, volvió a levantar. En definitiva, es un proceso lábil que parece seguir el fracaso o el éxito de las conversaciones, pero por si fuera poco en octubre, en la ley de presupuesto, en el artículo 26, con toda responsabilidad el Poder Ejecutivo le pidió al Congreso que sancione en ese artículo la posibilidad de extender -a los efectos de rescatar nuevamente por compra de acciones o hasta el 31 de diciembre de 2009, un año más-, la posibilidad de seguir en las negociaciones y que el jefe de Gabinete pueda autorizar partidas para seguir operando en el sostenimiento. Recuerdo haber intervenido en ese debate y se me contestó que todo tendía al mejor destino del mantenimiento del servicio y del patrimonio de los argentinos.
Desde el Congreso le dimos dos leyes al Poder Ejecutivo. El Ejecutivo es el que tiene la responsabilidad organizacional, no es el Congreso. El Poder Ejecutivo es el que tiene la iniciativa en la ley de ministerios y es el que organiza su forma de trabajar, sus secretarios, ministros, su gabinete y hombres de gestión. No es el Congreso. El Congreso le dio dos leyes, primero cuando consintió el rescate y luego con la ampliación incluida en el artículo 26 de la ley de presupuesto de la Nación para el año próximo.
Decía expresamente "hasta el rescate o hasta el 31 diciembre de 2009", lo que sucediera primero. Esa es la situación en la que estamos hoy; no veo por qué según la actitud del Congreso se tenga que transformar en una situación distinta. ¿Por qué aparece el Congreso ahora, suplantando la gestión? ¿Por qué aparece el Congreso pidiendo una expropiación, por más que sea su facultad? No es el Congreso el que trabajó; el Congreso no fue Julio Alak, el Congreso no fue Jaime, el Congreso no fue De Vido. ¿Qué hace el Congreso responsabilizándose en la iniciativa de pedir una expropiación?
El Congreso con toda generosidad otorgó las leyes porque entendió positivo el valor estratégico y geopolítico del servicio aerocomercial. Lo digo yo que soy de Córdoba, para quien el sentimiento aeronáutico tiene una profunda significación. No veo qué hace el Congreso hoy pidiendo que se ejecute la sujeción a utilidad pública y luego la expropiación de las acciones para cumplir un cometido negativo. Esa no fue la idea. El Congreso le encargó al Poder Ejecutivo que negocie, que negocie bien, que cuide el patrimonio de los argentinos. No le dijo "me voy a autodenominar expropiador de las acciones de algo que no manejo ni conozco". Como bien ha dicho el señor diputado Morán, ¿quién conoce de gestión aerocomercial? ¿Qué hacemos pidiendo la expropiación?
En mi modesta forma de ver es absolutamente impropio el proyecto de ley presentado por la mayoría de sujeción a utilidad pública y declaración de expropiación de las acciones, con todo lo que significa y que bien se ha explicado aquí, dadas las significaciones económicas que esto tiene.
En consecuencia, para ser breve, según lo solicitado por el señor presidente, quiero solamente agregar que en forma personal, y en la concepción de las conversaciones mantenidas con mis compañeros de bloque, disentimos absolutamente con esta actitud del Congreso de cargarse sobre los hombros algo para lo cual no está capacitado, no está suficientemente informado y no está suficientemente actuado.
Estamos invirtiendo los roles. Pareciera ser que en las duras está el Congreso y en las maduras está el Poder Ejecutivo.
SRA. PRESIDENTA IBARRA Tiene la palabra el señor diputado Galvalisi.
SR. GALVALISI Más que nada quiero plantear interrogantes para el día de mañana. Ya tuvimos una ardua sesión y un arduo debate cuando hablamos de si aceptábamos o no el acta acuerdo y la recompra de las acciones. Las dudas que nos quedaron siguen quedando ahora. Para nosotros éste es un mero acto formal, en el cual hemos rechazado el acta acuerdo firmada por dos funcionarios designados teóricamente por el Poder Ejecutivo. Pero si el día de mañana esto sale mal diagramado seguramente no se harán responsables. Empecemos a analizar: ¿van a ser ellos los que van a sacar de sus bolsillos los mil millones de deuda cuando tengamos que hacernos cargo de Aerolíneas? No, va a salir del pueblo de la Nación argentina. ¿Los 2 mil millones que estamos poniendo para la operatividad de Aerolíneas Argentinas, los van a pagar De Vido y Jaime de sus bolsillos? No, los va a pagar el pueblo de la Nación argentina. Cuando terminen expropiando y un avión viaje a Nueva York y ahí lo embarquen, ¿se van a hacer cargo De Vido y Jaime? No, se va a hacer cargo el pueblo de la Nación argentina, por un costo más que le vamos a poner. Varios de nosotros dijimos en su momento que la empresa no valía nada, que aunque valiera un peso y la recompraran iba a perjudicar al pueblo y a los ciudadanos. Creo que no nos equivocamos, pese a que Marsans decía que lo mejor que podía pasar era que la Nación se hiciera cargo, que el gobierno comprara la empresa. Nosotros objetábamos esa situación porque creemos que de la deuda del sector privado se tiene que hacer cargo el sector privado. Hasta ahora estos interrogantes no fueron solucionados ni subsanados, ni en esta comisión ni en el recinto. Ahora lo único que queda es que seamos avales de una decisión ya tomada de antemano por el Poder Ejecutivo.
Para ser breve, como pedía el diputado Marconato, yo quiero saber quiénes van a ser los responsables. También quiero que me digan si realmente vamos a seguir siendo una bandera internacional, qué va a pasar con los futuros embargos y juicios, y de quién va a ser la responsabilidad en esos casos.
Para ser breve, como pedía el diputado Marconato, yo quiero saber quiénes van a ser los responsables. También quiero que me digan si realmente vamos a seguir siendo una bandera internacional, qué va a pasar con los futuros embargos y juicios, y de quién va a ser la responsabilidad en esos casos.
SRA. PRESIDENTA IBARRA Tiene la palabra la señora diputada Baldata.
SRA. BALDATA Lo que voy a decir es muy simple, es una sola pregunta. La posición del bloque de la Coalición Cívica ya quedó muy clara a través de la intervención del diputado Morán. La pregunta es para usted y para el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. ¿Cuál es la razón por la cual este proyecto, que bien girado está a ambas comisiones, no fue también girado a la Comisión de Transporte? Nosotros creemos que el proyecto de ley debe pasar por esa comisión también. Concretamente, quiero saber si es a los efectos de evitar a la presidenta de Transportes, la diputada Daher, sólo porque hoy no es parte del oficialismo. ¿Cuáles son las razones técnico-jurídicas y parlamentarias por las cuales este proyecto no ha sido girado a esa comisión.
- Ocupa la presidencia el señor diputado Marconato.
SR. PRESIDENTE MARCONATO Ya hemos expresado junto con la presidenta Vilma Ibarra que ninguno de estos presidentes es responsable de los giros. O sea que tenemos que hacernos cargo de los giros correspondientes, por eso estamos hoy reunidos.
SR. ROSSI (A.L.) Señor presidente: creo que el argumento es bastante sencillo.
La Comisión de Transportes no tiene incumbencia en el tema porque no está precisamente vinculado con el transporte. Lo estuvo en su momento, cuando el Estado decidió adquirir el paquete accionario de las compañías mediante compra.
Esta instancia es una continuidad de aquel proceso ante la negativa de vender por parte de quien debía hacerlo. Es decir que se ha pasado de una situación de naturaleza contractual y voluntaria a otra de imposición de la potestad jurídica del Estado, prevista en la Constitución Nacional, sobre el mismo objeto.
Estamos discutiendo ambas cuestiones: el encuadre presupuestario de esta norma, como corresponde, y los aspectos relacionados con la expropiación; por eso esta reunión se realiza conjuntamente con Legislación General. Además, uno de los dictámenes de minoría contiene identificaciones de bienes muebles e inmuebles y, según el reglamento, ello es competencia de la mencionada comisión.
Creo que la cuestión no es compleja y que no hay otros motivos por los cuales el expediente no ha sido girado a la Comisión de Transportes.
La Comisión de Transportes no tiene incumbencia en el tema porque no está precisamente vinculado con el transporte. Lo estuvo en su momento, cuando el Estado decidió adquirir el paquete accionario de las compañías mediante compra.
Esta instancia es una continuidad de aquel proceso ante la negativa de vender por parte de quien debía hacerlo. Es decir que se ha pasado de una situación de naturaleza contractual y voluntaria a otra de imposición de la potestad jurídica del Estado, prevista en la Constitución Nacional, sobre el mismo objeto.
Estamos discutiendo ambas cuestiones: el encuadre presupuestario de esta norma, como corresponde, y los aspectos relacionados con la expropiación; por eso esta reunión se realiza conjuntamente con Legislación General. Además, uno de los dictámenes de minoría contiene identificaciones de bienes muebles e inmuebles y, según el reglamento, ello es competencia de la mencionada comisión.
Creo que la cuestión no es compleja y que no hay otros motivos por los cuales el expediente no ha sido girado a la Comisión de Transportes.
SR. PRESIDENTE MARCONATO Tiene la palabra el señor diputado Pinedo.
SR. PINEDO Señor presidente: como soy abogado y hay taquígrafos presentes, quiero aprovechar la ocasión para decir que no comparto la opinión de algunos colegas respecto de eventuales derechos de Marsans de demandar con éxito al Estado argentino. Para que conste en actas, paso a explicar por qué.
El Poder Ejecutivo envió al Congreso el acuerdo suscripto por el ingeniero Jaime para que los legisladores lo ratificáramos o no. A mi juicio, esto implica un reconocimiento del Poder Ejecutivo de que el secretario de Transporte no tiene facultades para concluir esa negociación sino que debe ser el Congreso de la Nación quien dé su visto bueno. Entonces, no estamos ante una ratificación por parte del Poder Ejecutivo de la negociación del ingeniero Jaime sino todo lo contrario: es el Congreso de la Nación quien debe perfeccionar el acto jurídico.
En consecuencia, Marsans tal vez pueda reclamar al ingeniero Jaime, pero no a la Nación argentina.
Por otra parte, cuando el Poder Legislativo sancionó la ley por la que encomienda al Poder Ejecutivo negociar la compra de Aerolíneas Argentinas y de Austral, modificó las pautas contenidas en el convenio suscripto por el secretario de Transporte, lo que indica claramente que no había ratificación alguna. En un aspecto tan central en el proceso de compraventa como es el precio, el Congreso de la Nación fijó pautas distintas a las del acta firmada por el ingeniero Jaime.
Por último, creo que no debe llevar a confusión el hecho de que el Estado argentino haya invertido dinero en la compañía. Es la compañía la que tiene a su cargo la prestación de un servicio público pero resulta que el Estado está obligado a mantener su funcionamiento, ya que podía colapsar si no se ponía dinero. Está claro que si el Estado ponía dinero era no para beneficio de Marsans sino para mantener el servicio público. De todas formas, creo que la manera como se condujo el Estado argentino en todo este proceso fue disparatada.
Con estas palabras he querido dejar en claro que, a mi entender, Marsans no tiene derecho de demandar al Estado argentino sino obligaciones, porque en caso de aprobarse el proyecto presentado por la mayoría, el pueblo argentino se estaría haciendo cargo de la deuda de 900 millones de dólares que dejó el grupo español. Es decir que en ese caso, sería deudor y no acreedor.
Además, no desde el punto de vista de Marsans sino de la compañía Aerolíneas Argentinas y Austral, me parece que también son deudoras del Estado argentino por una enorme cantidad de dinero que el Estado puso en las compañías luego de la declaración de falencias de Aerolíneas Argentinas que fue puesta de manifiesto explícitamente en este Congreso antes del tratamiento del proyecto de ley por los propios interesados. Con esto para mí queda terminado el tema jurídico de Marsans y Aerolíneas Argentinas contra el Estado nacional. Es probable que tengamos que hacerle nosotros un juicio a Marsans y a Aerolíneas; con nosotros me refiero a los argentinos.
En segundo lugar, me referiré solamente a las distintas alternativas que tenemos para asegurar el servicio público. Podemos hacer dos cosas: la primera es operar el servicio público a través de Aerolíneas y Austral, la otra es hacerlo a través una tercera compañía. La propuesta unificada de la oposición fue operar a través de una tercera compañía, que era un mecanismo para evitar que el pueblo argentino se cargue con una deuda de 900 millones de dólares de un grupo privado.
Lo que hay que ver aquí es cuál es el interés público protegido, cuál es el objetivo público protegido, qué es lo que tenemos que defender. Lo que tenemos que defender claramente en este caso no son los intereses de Marsans. Lo que tenemos que defender en este caso no son los intereses de los sindicalistas que representan a trabajadores de Aerolíneas. Lo que tenemos que defender en este caso claramente es el servicio público, la continuidad del servicio público. Es una obligación indelegable del Estado para todos los servicios públicos.
Entonces, si esto es así cualquiera de las dos hipótesis es posible y plausible, sea operar a través de una tercera compañía o a través de Aerolíneas Argentinas y Austral. El mecanismo que propuso la oposición no era el único posible para evitar cargarnos con la deuda de 900 millones de dólares. Había otro mecanismo obvio, que es permitir que la compañía siga el procedimiento que fijan las leyes para todas las compañías, incluidas las de servicios públicos, que es el procedimiento concursal.
Procedimiento concursal no significa hecatombe; es fundamentalmente un mecanismo para determinar cuáles son los pasivos reales de la empresa. Nosotros creemos que aquí hay pasivos ilegítimos de la empresa y que en consecuencia es ridículo que el pueblo argentino se cargue no solamente con pasivos de privados sino con pasivos ilegítimos de privados. El procedimiento concursal lo que posibilita es discriminar legítimo de ilegítimo y además permite la igualdad entre los acreedores, uno de los cuales no menor es el Estado argentino. De modo tal que no ir al procedimiento concursal por el miedo prejuicioso o infantil a la palabra quiebra es un poco incierto.
Como todos ustedes saben, en los procedimientos de quiebra existe el mecanismo de continuidad de la empresa, por lo que no está en peligro la continuidad por el hecho de que haya una quiebra. Por otro lado, el Estado nacional puede hacerse cargo de la compañía por el principio de continuidad del servicio público, con lo cual esta es la alternativa plausible y posible para operar el servicio público a través de Aerolíneas si el gobierno o la mayoría del Congreso quiere operar a través de Aerolíneas y no de una empresa nueva. Esto es lo que ha propuesto en su momento el diputado Sarghini, y es lo que propuso en la comisión bicameral el senador Adolfo Rodríguez Saa.
La propuesta de Rodríguez Saa de todas maneras me da la impresión que no agota lo que habría que establecer, ya que dispone el mecanismo de quiebra pero no cómo se daría la continuidad del servicio. Creo que eso se debe aclarar en una ley. Lo cierto es que a mí me da lo mismo desde el punto de vista de la defensa del interés público que creo representar operar a través de Aerolíneas Argentinas quebrada con continuidad de la empresa o a través de una empresa nueva. En ese sentido lo que voy a privilegiar es que la oposición -no la oposición política sino quienes se oponen a la solución oficial que mandó el Poder Ejecutivo- trate de unificar una posición. Si no lo podemos hacer creo que nuestro bloque mantendrá lo que dijo antes, el proyecto conjunto de operar a través de una empresa nueva o el dictamen de minoría de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, que firmó el diputado Bullrich, que estipula un ítem adicional a lo que es la operación por parte de una compañía nueva, que es que si el Estado nacional, operando con una compañía nueva, considera que necesita algún bien para mantener la continuidad del servicio pueda comprarlo, y si el vendedor no se lo quiere vender lo pueda expropiar. En definitiva, si necesita un avión porque si no se corta el servicio, me parece que hay que darle las herramientas a la nueva empresa y al Estado nacional para comprar el avión que necesita y mantener la continuidad del servicio público, lo que es una obligación.
Me parece que no hay que confundir expropiación pensando que es algo terrible con la posibilidad de que para mantener un servicio público alguien tenga que comprar una llave o un avión.
El Poder Ejecutivo envió al Congreso el acuerdo suscripto por el ingeniero Jaime para que los legisladores lo ratificáramos o no. A mi juicio, esto implica un reconocimiento del Poder Ejecutivo de que el secretario de Transporte no tiene facultades para concluir esa negociación sino que debe ser el Congreso de la Nación quien dé su visto bueno. Entonces, no estamos ante una ratificación por parte del Poder Ejecutivo de la negociación del ingeniero Jaime sino todo lo contrario: es el Congreso de la Nación quien debe perfeccionar el acto jurídico.
En consecuencia, Marsans tal vez pueda reclamar al ingeniero Jaime, pero no a la Nación argentina.
Por otra parte, cuando el Poder Legislativo sancionó la ley por la que encomienda al Poder Ejecutivo negociar la compra de Aerolíneas Argentinas y de Austral, modificó las pautas contenidas en el convenio suscripto por el secretario de Transporte, lo que indica claramente que no había ratificación alguna. En un aspecto tan central en el proceso de compraventa como es el precio, el Congreso de la Nación fijó pautas distintas a las del acta firmada por el ingeniero Jaime.
Por último, creo que no debe llevar a confusión el hecho de que el Estado argentino haya invertido dinero en la compañía. Es la compañía la que tiene a su cargo la prestación de un servicio público pero resulta que el Estado está obligado a mantener su funcionamiento, ya que podía colapsar si no se ponía dinero. Está claro que si el Estado ponía dinero era no para beneficio de Marsans sino para mantener el servicio público. De todas formas, creo que la manera como se condujo el Estado argentino en todo este proceso fue disparatada.
Con estas palabras he querido dejar en claro que, a mi entender, Marsans no tiene derecho de demandar al Estado argentino sino obligaciones, porque en caso de aprobarse el proyecto presentado por la mayoría, el pueblo argentino se estaría haciendo cargo de la deuda de 900 millones de dólares que dejó el grupo español. Es decir que en ese caso, sería deudor y no acreedor.
Además, no desde el punto de vista de Marsans sino de la compañía Aerolíneas Argentinas y Austral, me parece que también son deudoras del Estado argentino por una enorme cantidad de dinero que el Estado puso en las compañías luego de la declaración de falencias de Aerolíneas Argentinas que fue puesta de manifiesto explícitamente en este Congreso antes del tratamiento del proyecto de ley por los propios interesados. Con esto para mí queda terminado el tema jurídico de Marsans y Aerolíneas Argentinas contra el Estado nacional. Es probable que tengamos que hacerle nosotros un juicio a Marsans y a Aerolíneas; con nosotros me refiero a los argentinos.
En segundo lugar, me referiré solamente a las distintas alternativas que tenemos para asegurar el servicio público. Podemos hacer dos cosas: la primera es operar el servicio público a través de Aerolíneas y Austral, la otra es hacerlo a través una tercera compañía. La propuesta unificada de la oposición fue operar a través de una tercera compañía, que era un mecanismo para evitar que el pueblo argentino se cargue con una deuda de 900 millones de dólares de un grupo privado.
Lo que hay que ver aquí es cuál es el interés público protegido, cuál es el objetivo público protegido, qué es lo que tenemos que defender. Lo que tenemos que defender claramente en este caso no son los intereses de Marsans. Lo que tenemos que defender en este caso no son los intereses de los sindicalistas que representan a trabajadores de Aerolíneas. Lo que tenemos que defender en este caso claramente es el servicio público, la continuidad del servicio público. Es una obligación indelegable del Estado para todos los servicios públicos.
Entonces, si esto es así cualquiera de las dos hipótesis es posible y plausible, sea operar a través de una tercera compañía o a través de Aerolíneas Argentinas y Austral. El mecanismo que propuso la oposición no era el único posible para evitar cargarnos con la deuda de 900 millones de dólares. Había otro mecanismo obvio, que es permitir que la compañía siga el procedimiento que fijan las leyes para todas las compañías, incluidas las de servicios públicos, que es el procedimiento concursal.
Procedimiento concursal no significa hecatombe; es fundamentalmente un mecanismo para determinar cuáles son los pasivos reales de la empresa. Nosotros creemos que aquí hay pasivos ilegítimos de la empresa y que en consecuencia es ridículo que el pueblo argentino se cargue no solamente con pasivos de privados sino con pasivos ilegítimos de privados. El procedimiento concursal lo que posibilita es discriminar legítimo de ilegítimo y además permite la igualdad entre los acreedores, uno de los cuales no menor es el Estado argentino. De modo tal que no ir al procedimiento concursal por el miedo prejuicioso o infantil a la palabra quiebra es un poco incierto.
Como todos ustedes saben, en los procedimientos de quiebra existe el mecanismo de continuidad de la empresa, por lo que no está en peligro la continuidad por el hecho de que haya una quiebra. Por otro lado, el Estado nacional puede hacerse cargo de la compañía por el principio de continuidad del servicio público, con lo cual esta es la alternativa plausible y posible para operar el servicio público a través de Aerolíneas si el gobierno o la mayoría del Congreso quiere operar a través de Aerolíneas y no de una empresa nueva. Esto es lo que ha propuesto en su momento el diputado Sarghini, y es lo que propuso en la comisión bicameral el senador Adolfo Rodríguez Saa.
La propuesta de Rodríguez Saa de todas maneras me da la impresión que no agota lo que habría que establecer, ya que dispone el mecanismo de quiebra pero no cómo se daría la continuidad del servicio. Creo que eso se debe aclarar en una ley. Lo cierto es que a mí me da lo mismo desde el punto de vista de la defensa del interés público que creo representar operar a través de Aerolíneas Argentinas quebrada con continuidad de la empresa o a través de una empresa nueva. En ese sentido lo que voy a privilegiar es que la oposición -no la oposición política sino quienes se oponen a la solución oficial que mandó el Poder Ejecutivo- trate de unificar una posición. Si no lo podemos hacer creo que nuestro bloque mantendrá lo que dijo antes, el proyecto conjunto de operar a través de una empresa nueva o el dictamen de minoría de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, que firmó el diputado Bullrich, que estipula un ítem adicional a lo que es la operación por parte de una compañía nueva, que es que si el Estado nacional, operando con una compañía nueva, considera que necesita algún bien para mantener la continuidad del servicio pueda comprarlo, y si el vendedor no se lo quiere vender lo pueda expropiar. En definitiva, si necesita un avión porque si no se corta el servicio, me parece que hay que darle las herramientas a la nueva empresa y al Estado nacional para comprar el avión que necesita y mantener la continuidad del servicio público, lo que es una obligación.
Me parece que no hay que confundir expropiación pensando que es algo terrible con la posibilidad de que para mantener un servicio público alguien tenga que comprar una llave o un avión.
SR. PRESIDENTE MARCONATO Tiene la palabra el señor diputado Cicogna.
SR. CICOGNA Señor presidente: le quiero hacer una pregunta al señor diputado Pinedo, quien es un noble opositor con el que da gusto conversar, debatir, acordar y discrepar.
La pregunta que le quiero formular es que no me resulta claro en el proyecto presentado por su bloque si la expropiación que se propone es de bienes situados en la Argentina en la hipótesis de que fueran aviones que vayan a ser utilizados en vuelos de cabotaje, o implica la expropiación de todos los bienes de las empresas ubicados dentro y fuera país y/o de aviones destinados a vuelos internacionales. No surge del texto y me resulta interesante saberlo.
La pregunta que le quiero formular es que no me resulta claro en el proyecto presentado por su bloque si la expropiación que se propone es de bienes situados en la Argentina en la hipótesis de que fueran aviones que vayan a ser utilizados en vuelos de cabotaje, o implica la expropiación de todos los bienes de las empresas ubicados dentro y fuera país y/o de aviones destinados a vuelos internacionales. No surge del texto y me resulta interesante saberlo.
SR. PRESIDENTE MARCONATO Tiene la palabra el señor diputado Pinedo.
SR. PINEDO El Congreso de la Nación no expropia. El que expropia es el Poder Ejecutivo. El Congreso de la Nación lo único que hace es declarar la utilidad pública, que es una herramienta para que el Poder Ejecutivo pueda operar.
De manera tal que nosotros lo que decimos es que el Congreso declara de utilidad pública los elementos de la compañía que presta el servicio público y que sean imprescindibles para mantener la continuidad del servicio público. Si su pregunta se refiere a si los vuelos internacionales forman parte o no del servicio público, es difícil de responder, la respuesta no es obvia. En el transporte internacional podría considerarse que no hay servicio público, pero me inclino a considerar que sí lo hay.
Me parece que Aerolíneas brinda muchos servicios que si no se prestaran generarían un déficit de servicio en Argentina. No tengo ninguna discriminación en ese sentido, si hubiera que expropiar algo que hace al servicio internacional me parece que el Poder Ejecutivo podría expropiar lo que fuera necesario.
De manera tal que nosotros lo que decimos es que el Congreso declara de utilidad pública los elementos de la compañía que presta el servicio público y que sean imprescindibles para mantener la continuidad del servicio público. Si su pregunta se refiere a si los vuelos internacionales forman parte o no del servicio público, es difícil de responder, la respuesta no es obvia. En el transporte internacional podría considerarse que no hay servicio público, pero me inclino a considerar que sí lo hay.
Me parece que Aerolíneas brinda muchos servicios que si no se prestaran generarían un déficit de servicio en Argentina. No tengo ninguna discriminación en ese sentido, si hubiera que expropiar algo que hace al servicio internacional me parece que el Poder Ejecutivo podría expropiar lo que fuera necesario.
SR. PRESIDENTE MARCONATO Tiene la palabra el señor diputado Lanceta.
SR. LANCETA Señor presidente, señores diputados: después de bastante tiempo de trabajar en la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones no puedo menos que manifestar que la tarea se hizo en un espacio de diálogo, de profundas divergencias en algunos casos, manejado y mantenido con el mayor de los respetos. Las disidencias no estuvieron centradas en que la oposición tenga un deterioro de una posición política sino más bien lo contrario. Desde el comienzo dijimos que estábamos para sumar, para ayudar y para ver de qué manera podemos solucionar los desaguisados de tanto tiempo y de tantas privatizadas -en este caso es Aerolíneas Argentinas- que prestan un servicio público esencial y que cada vez son más esenciales a la concepción misma del Estado. Como dice León Duguit, el famoso jurista francés, ya el Estado en la noción de soberanía es cada vez más una corporación o comunidad del conjunto de servicios públicos que ese Estado debe prestar a la comunidad.
Y este tema de Aerolíneas, por cierto y aquí se ha dicho, lejos está de ser una historia nueva. Lo que pasa es que la resolución de este problema en esta instancia aparece como que un Estado bobo debe hacerse cargo de deudas que no le son propias. Cuando en la década del noventa el peronismo privatizó la empresa, el Estado argentino invirtió bastantes millones de dólares para que el entonces operador de Iberia se hiciera cargo del muerto. Conocemos lo que pasó en 2001. La SEPI tuvo que poner 758 millones de dólares para que Marsans pudiese operar la empresa, afrontar pasivos por una parte y, por otra, poner en valor la empresa, esto es, invertir para que pudiera prestar correctamente este servicio público. La historia se repite, pero la solución se invierte. Hoy Marsans nos entrega una empresa virtualmente quebrada, inoperable, como lo han manifestado el Tribunal de Tasaciones de la Nación y la AGN, cuya deuda ronda los mil millones de dólares. Nadie tiene la certeza definitiva de si esa cifra puede ser mayor, de si no hay pasivos ocultos, pasivos potenciales o reservas para contingencias judiciales, etcétera. El Estado argentino en lugar de recibir el valor de Marsans para operar la empresa y prestar este servicio público esencial, va a abonar dicho monto, que obviamente surge de las arcas del pueblo argentino. Porque este monto lo paga el pueblo. Es verdad que el Estado también generó la deuda, pero hay una cosa que no es un detalle. Lo decíamos cuando tratamos lo que terminó siendo la ley 26.412 en el recinto y está en la versión taquigráfica: había que rechazar el acta. Con el rescate del Poder Ejecutivo, al contener la consagración del acta, se estaba cometiendo una atrocidad. Porque la famosa acta o papel, como denominaba Pinedo, por la cual un secretario de Estado compra una aerolínea, constituye una vía administrativa, son actos jurídicos inexistentes. Quiero compartir lo que decía Pinedo en el sentido de que no ratificarla y dar una nueva normativa para que supuestamente operásemos el rescate de Aerolíneas Argentinas podría haber sido interpretado como un rechazo.
No voy a abundar en particular porque no quisiera que mi discurso se convirtiera en los fundamentos de una demanda de nuestro adversario Marsans ante el CIADI. En todo caso, lo podemos hablar en privado. Pero cuando se hizo esta ley dijimos que Aerolíneas volvía al Congreso para reclamar que estaba sujeta a expropiación. Yo pedía por favor que no fueran las acciones de la empresa, sino los activos que necesitáramos, tangibles o intangibles. De esa manera, siguiendo el folclore de nuestra tradición aerocomercial, habríamos podido tener la marca de Aerolíneas Argentinas como bien intangible en el marco de un modelo societario que ya tenemos o a crear, con el fin de prestar nuevamente el servicio. El tiempo me dio la razón parcial. Volvió al Congreso, ya por una expropiación de la Nación. Yo llamo a la reflexión. Lo digo con absoluta humildad y honestidad: estamos cometiendo un grave error. Tenemos noticias de que en el Juzgado Nº 35 de Madrid han sido procesados los titulares de Marsans. Ahora, además, son procesados tres funcionarios de la SEPI por la disposición irregular que hicieron de fondos públicos del gobierno español, cuando le otorgaron los famosos 78 millones de dólares para parar los pasivos y poner en valor a la empresa.
Todos sabemos que hay una cuenta bloqueada, y que para destrabar esos fondos y enviarlos a la empresa son necesarias las firmas de un directivo de Marsans y de un directivo de la SEPI; si no me equivoco, de su presidente. Todos sabemos, además, que los empresarios que conducen la compañía son el presidente y el vicepresidente de la CEOE, y que los españoles los necesitan porque el país no está pasando por un buen momento y representan algo más que nuestra UIA, por decirlo de alguna manera, en España. Los cinco están procesados.
Asimismo, todos sabemos que el abogado Caro Moya, querellante en la causa que se tramita en el juzgado N° 35 de Madrid, pidió el embargo de las acciones de Aerolíneas Argentinas, lo que estaba sujeto al eventual procesamiento de las personas denunciadas; es decir, de los funcionarios de la SEPI y de los operadores privados.
El procesamiento comenzó. Es verdad que nada obliga a la jueza actuante a habilitar el embargo de las acciones, pero no menos cierto es que hay una gran posibilidad de que dicho embargo se concrete.
En caso de que se apruebe el dictamen de la mayoría estaremos expropiando una empresa que debe 1.000 millones de dólares, que no está en condiciones de ser operativa y cuyas acciones probablemente sean embargadas. Entonces, pido que reflexionemos.
Nosotros no nos quedamos con la negativa expresada por el oficialismo al rechazar el acta Jaime-de Vido sino que fuimos a la Justicia, concretamente al Juzgado N° 10 en lo Contencioso Administrativo Federal, para pelear la nulidad de esa acta que viola de manera flagrante las leyes 25.686 y 19.549.
El artículo 9° de esta última se refiere a las famosas vías de hecho que, como es sabido, son vías sin contención jurídica ni marco de derecho y, por lo tanto, insalvablemente nulas. Esto no lo va a jorobar al ingeniero Jaime -y si lo joroba, no le importa- y salvará definitivamente al Estado argentino, porque si el acta es declarada nula o es expresamente revocada, no se generarán derechos subjetivos a favor de terceros o contratantes. Recordemos que el contratante no es un hombre común, un lego que anda boyando por la vida y un día decidió comprar una aerolínea, sino un empresario supuestamente conocedor del derecho que un día se sentó a firmar un acta a sabiendas de su segura nulidad, quizás creyendo que el Congreso se santiguaría ante ella.
Como decía el señor diputado Pinedo, junto con el señor diputado Bullrich proponemos humildemente la expropiación de los activos. Les consta al señor presidente y a los señores diputados Rossi y Basteiro, que por separado llevamos adelante dictámenes muy disímiles en el contenido pero con fundamentos comunes y, por supuesto, muy diferentes en la resolución. Nos reunimos con el señor diputado Bullrich y modificamos el dictamen que nos había propuesto la mayoría para presentar un solo texto con la disidencia, porque no podemos ser nosotros quienes hagamos los fundamentos de una demanda a los españoles en el CIADI.
Estas son las razones que nos inspiraron a dejar dos carillas escritas; compartimos los fundamentos de la mayoría pero con una diferencia sustancial, ya que ellos proponen la expropiación de las empresas y nosotros, de las acciones.
Digo esto no para parecer un cordero, que no lo soy, sino para que se advierta el espíritu que reina en la oposición respecto a que todavía estamos a tiempo de no cometer un gran error que va a significar un tremendo costo político para el gobierno, lo que también implica un costo para la política, para todos.
Nosotros queremos que al gobierno le vaya bien; de esa manera nos irá bien a todos. No somos destituyentes, como por ahí alguien suele decir. Somos propositivos, acertados o equivocados. Tenemos posibilidad de salvarnos. Hagamos el esfuerzo de sacar un dictamen que no constituya esto que será inexorablemente una exacción al pueblo argentino, pero además hagamos un esfuerzo para ver si conseguimos un management en materia política aerocomercial, porque no hay políticas.
En el mejor de los casos esta compañía que hoy es deficitaria -algunos dicen de 60 millones de dólares mensuales, otros de 50, sumas importantes por cierto- no tiene una política aerocomercial.
He indagado a gente que ha trabajado en otros tiempos y me habla de un plan de acción para el sector aerocomercial de Aerolíneas Argentinas y Austral y las líneas relacionadas. La verdad es que veo pautas esenciales de un plan regulador, de un plan de operaciones, de un plan de contingencia, y hablo del día después que esto se concrete con el modelo propuesto por la oposición o por el oficialismo, cualquiera fuera.
Tenemos que ver de qué manera -esto no se pone en el proyecto pero también es política- conseguimos un management público para que esta empresa, sea como fuere, funcione en serio, porque aún en manos del Estado nada garantiza que no se caiga. Claro, no va a quebrar nunca porque siempre vamos a seguir poniendo plata, pero creo que este no es el objetivo.
No soy enemigo de la gestión pública en materia de servicios públicos, pero quiero un buen management público para la prestación de servicios, porque la mala prestación por el Estado de los servicios públicos le hace campo orégano a aquellos que andan caminando detrás de los despachos para quedarse con la prestación de los servicios cuando se caen, someter al usuario y extorsionar al poder político y al Estado.
No creamos que una mala gestión del Estado es neutra en materia prestacional. Es absolutamente negativa porque estamos tirándole por la cabeza los servicios a empresas privadas que son tan inoperantes como lo somos a veces nosotros, con la diferencia de que se quedan con el dinero del pueblo y viven presionando al poder político.
Conclusión: repensemos; nuestra propuesta no está cerrada. El señor diputado Cicogna, el presidente de la Comisión de Justicia, muy pícaro advirtió un pequeño error en el proyecto que firmamos, que tiene que ver en realidad con lo urgente, porque a mí no se me escapa que las rutas aerocomerciales de cabotaje son nuestras y las internacionales son parte de convenios bilaterales. Tampoco se me pasa por alto que las rutas que constituyen un servicio público esencial son las de cabotaje, sobre todo en un país como el nuestro. Tampoco se me escapa que las que dan dinero son las internacionales, pero la urgencia me llevaba a priorizar el cabotaje y ver de qué manera, de la forma más económica y eficiente posible, podemos hacer funcionar esta aerolínea; pero no nos cerramos a ese proyecto, podemos cambiarlo.
Busquemos la forma de decir que no vamos a pagar la deuda que no es del Estado argentino, que no vamos a pagar una deuda de privados, que no vamos a pagar una deuda que es de gente que malversó dinero, como bien dice en la exposición de motivos el proyecto anterior que mandó la señora presidenta de la Nación.
Con la sola exposición de motivos de ese proyecto bastaba para tener un contenido absolutamente distinto de la ley que se remitió con posterioridad, me refiero a la 26.412. Con esa caracterización del empresario deudor de la Argentina, con esa caracterización del empresario que ha malversado fondos públicos del propio gobierno español, ¿vamos a ir a pagar la deuda? Si no son mil millones serán 500 millones de dólares. ¿Le podemos dar ese dinero? ¿En nombre de qué? Busqúemosle la vuelta.
Debemos armar un proyecto común con la Secretaría de Transporte, con el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y debemos pedirle a la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, que para eso también sirve, un plan de gestión, un plan de contingencia.
No tenemos management público. Vamos a ver si contratamos un privado y lo ponemos de empleado para que lo opere. Porque "el día después" va a ser fatal en cualquier escenario. Nuestro déficit va a seguir siendo el mismo, o peor. Y más tarde o más temprano se la vamos a terminar tirando por la cabeza a un privado y poniendo otra vez 700 mil millones de dólares. Estamos a punto de cometer un grave error.
Para finalizar, quiero decir que el dictamen de la oposición está hecho de la mejor manera posible, de la forma más propositiva; no estamos tratando de endilgar una derrota al oficialismo sino un triunfo a la Nación.
Y este tema de Aerolíneas, por cierto y aquí se ha dicho, lejos está de ser una historia nueva. Lo que pasa es que la resolución de este problema en esta instancia aparece como que un Estado bobo debe hacerse cargo de deudas que no le son propias. Cuando en la década del noventa el peronismo privatizó la empresa, el Estado argentino invirtió bastantes millones de dólares para que el entonces operador de Iberia se hiciera cargo del muerto. Conocemos lo que pasó en 2001. La SEPI tuvo que poner 758 millones de dólares para que Marsans pudiese operar la empresa, afrontar pasivos por una parte y, por otra, poner en valor la empresa, esto es, invertir para que pudiera prestar correctamente este servicio público. La historia se repite, pero la solución se invierte. Hoy Marsans nos entrega una empresa virtualmente quebrada, inoperable, como lo han manifestado el Tribunal de Tasaciones de la Nación y la AGN, cuya deuda ronda los mil millones de dólares. Nadie tiene la certeza definitiva de si esa cifra puede ser mayor, de si no hay pasivos ocultos, pasivos potenciales o reservas para contingencias judiciales, etcétera. El Estado argentino en lugar de recibir el valor de Marsans para operar la empresa y prestar este servicio público esencial, va a abonar dicho monto, que obviamente surge de las arcas del pueblo argentino. Porque este monto lo paga el pueblo. Es verdad que el Estado también generó la deuda, pero hay una cosa que no es un detalle. Lo decíamos cuando tratamos lo que terminó siendo la ley 26.412 en el recinto y está en la versión taquigráfica: había que rechazar el acta. Con el rescate del Poder Ejecutivo, al contener la consagración del acta, se estaba cometiendo una atrocidad. Porque la famosa acta o papel, como denominaba Pinedo, por la cual un secretario de Estado compra una aerolínea, constituye una vía administrativa, son actos jurídicos inexistentes. Quiero compartir lo que decía Pinedo en el sentido de que no ratificarla y dar una nueva normativa para que supuestamente operásemos el rescate de Aerolíneas Argentinas podría haber sido interpretado como un rechazo.
No voy a abundar en particular porque no quisiera que mi discurso se convirtiera en los fundamentos de una demanda de nuestro adversario Marsans ante el CIADI. En todo caso, lo podemos hablar en privado. Pero cuando se hizo esta ley dijimos que Aerolíneas volvía al Congreso para reclamar que estaba sujeta a expropiación. Yo pedía por favor que no fueran las acciones de la empresa, sino los activos que necesitáramos, tangibles o intangibles. De esa manera, siguiendo el folclore de nuestra tradición aerocomercial, habríamos podido tener la marca de Aerolíneas Argentinas como bien intangible en el marco de un modelo societario que ya tenemos o a crear, con el fin de prestar nuevamente el servicio. El tiempo me dio la razón parcial. Volvió al Congreso, ya por una expropiación de la Nación. Yo llamo a la reflexión. Lo digo con absoluta humildad y honestidad: estamos cometiendo un grave error. Tenemos noticias de que en el Juzgado Nº 35 de Madrid han sido procesados los titulares de Marsans. Ahora, además, son procesados tres funcionarios de la SEPI por la disposición irregular que hicieron de fondos públicos del gobierno español, cuando le otorgaron los famosos 78 millones de dólares para parar los pasivos y poner en valor a la empresa.
Todos sabemos que hay una cuenta bloqueada, y que para destrabar esos fondos y enviarlos a la empresa son necesarias las firmas de un directivo de Marsans y de un directivo de la SEPI; si no me equivoco, de su presidente. Todos sabemos, además, que los empresarios que conducen la compañía son el presidente y el vicepresidente de la CEOE, y que los españoles los necesitan porque el país no está pasando por un buen momento y representan algo más que nuestra UIA, por decirlo de alguna manera, en España. Los cinco están procesados.
Asimismo, todos sabemos que el abogado Caro Moya, querellante en la causa que se tramita en el juzgado N° 35 de Madrid, pidió el embargo de las acciones de Aerolíneas Argentinas, lo que estaba sujeto al eventual procesamiento de las personas denunciadas; es decir, de los funcionarios de la SEPI y de los operadores privados.
El procesamiento comenzó. Es verdad que nada obliga a la jueza actuante a habilitar el embargo de las acciones, pero no menos cierto es que hay una gran posibilidad de que dicho embargo se concrete.
En caso de que se apruebe el dictamen de la mayoría estaremos expropiando una empresa que debe 1.000 millones de dólares, que no está en condiciones de ser operativa y cuyas acciones probablemente sean embargadas. Entonces, pido que reflexionemos.
Nosotros no nos quedamos con la negativa expresada por el oficialismo al rechazar el acta Jaime-de Vido sino que fuimos a la Justicia, concretamente al Juzgado N° 10 en lo Contencioso Administrativo Federal, para pelear la nulidad de esa acta que viola de manera flagrante las leyes 25.686 y 19.549.
El artículo 9° de esta última se refiere a las famosas vías de hecho que, como es sabido, son vías sin contención jurídica ni marco de derecho y, por lo tanto, insalvablemente nulas. Esto no lo va a jorobar al ingeniero Jaime -y si lo joroba, no le importa- y salvará definitivamente al Estado argentino, porque si el acta es declarada nula o es expresamente revocada, no se generarán derechos subjetivos a favor de terceros o contratantes. Recordemos que el contratante no es un hombre común, un lego que anda boyando por la vida y un día decidió comprar una aerolínea, sino un empresario supuestamente conocedor del derecho que un día se sentó a firmar un acta a sabiendas de su segura nulidad, quizás creyendo que el Congreso se santiguaría ante ella.
Como decía el señor diputado Pinedo, junto con el señor diputado Bullrich proponemos humildemente la expropiación de los activos. Les consta al señor presidente y a los señores diputados Rossi y Basteiro, que por separado llevamos adelante dictámenes muy disímiles en el contenido pero con fundamentos comunes y, por supuesto, muy diferentes en la resolución. Nos reunimos con el señor diputado Bullrich y modificamos el dictamen que nos había propuesto la mayoría para presentar un solo texto con la disidencia, porque no podemos ser nosotros quienes hagamos los fundamentos de una demanda a los españoles en el CIADI.
Estas son las razones que nos inspiraron a dejar dos carillas escritas; compartimos los fundamentos de la mayoría pero con una diferencia sustancial, ya que ellos proponen la expropiación de las empresas y nosotros, de las acciones.
Digo esto no para parecer un cordero, que no lo soy, sino para que se advierta el espíritu que reina en la oposición respecto a que todavía estamos a tiempo de no cometer un gran error que va a significar un tremendo costo político para el gobierno, lo que también implica un costo para la política, para todos.
Nosotros queremos que al gobierno le vaya bien; de esa manera nos irá bien a todos. No somos destituyentes, como por ahí alguien suele decir. Somos propositivos, acertados o equivocados. Tenemos posibilidad de salvarnos. Hagamos el esfuerzo de sacar un dictamen que no constituya esto que será inexorablemente una exacción al pueblo argentino, pero además hagamos un esfuerzo para ver si conseguimos un management en materia política aerocomercial, porque no hay políticas.
En el mejor de los casos esta compañía que hoy es deficitaria -algunos dicen de 60 millones de dólares mensuales, otros de 50, sumas importantes por cierto- no tiene una política aerocomercial.
He indagado a gente que ha trabajado en otros tiempos y me habla de un plan de acción para el sector aerocomercial de Aerolíneas Argentinas y Austral y las líneas relacionadas. La verdad es que veo pautas esenciales de un plan regulador, de un plan de operaciones, de un plan de contingencia, y hablo del día después que esto se concrete con el modelo propuesto por la oposición o por el oficialismo, cualquiera fuera.
Tenemos que ver de qué manera -esto no se pone en el proyecto pero también es política- conseguimos un management público para que esta empresa, sea como fuere, funcione en serio, porque aún en manos del Estado nada garantiza que no se caiga. Claro, no va a quebrar nunca porque siempre vamos a seguir poniendo plata, pero creo que este no es el objetivo.
No soy enemigo de la gestión pública en materia de servicios públicos, pero quiero un buen management público para la prestación de servicios, porque la mala prestación por el Estado de los servicios públicos le hace campo orégano a aquellos que andan caminando detrás de los despachos para quedarse con la prestación de los servicios cuando se caen, someter al usuario y extorsionar al poder político y al Estado.
No creamos que una mala gestión del Estado es neutra en materia prestacional. Es absolutamente negativa porque estamos tirándole por la cabeza los servicios a empresas privadas que son tan inoperantes como lo somos a veces nosotros, con la diferencia de que se quedan con el dinero del pueblo y viven presionando al poder político.
Conclusión: repensemos; nuestra propuesta no está cerrada. El señor diputado Cicogna, el presidente de la Comisión de Justicia, muy pícaro advirtió un pequeño error en el proyecto que firmamos, que tiene que ver en realidad con lo urgente, porque a mí no se me escapa que las rutas aerocomerciales de cabotaje son nuestras y las internacionales son parte de convenios bilaterales. Tampoco se me pasa por alto que las rutas que constituyen un servicio público esencial son las de cabotaje, sobre todo en un país como el nuestro. Tampoco se me escapa que las que dan dinero son las internacionales, pero la urgencia me llevaba a priorizar el cabotaje y ver de qué manera, de la forma más económica y eficiente posible, podemos hacer funcionar esta aerolínea; pero no nos cerramos a ese proyecto, podemos cambiarlo.
Busquemos la forma de decir que no vamos a pagar la deuda que no es del Estado argentino, que no vamos a pagar una deuda de privados, que no vamos a pagar una deuda que es de gente que malversó dinero, como bien dice en la exposición de motivos el proyecto anterior que mandó la señora presidenta de la Nación.
Con la sola exposición de motivos de ese proyecto bastaba para tener un contenido absolutamente distinto de la ley que se remitió con posterioridad, me refiero a la 26.412. Con esa caracterización del empresario deudor de la Argentina, con esa caracterización del empresario que ha malversado fondos públicos del propio gobierno español, ¿vamos a ir a pagar la deuda? Si no son mil millones serán 500 millones de dólares. ¿Le podemos dar ese dinero? ¿En nombre de qué? Busqúemosle la vuelta.
Debemos armar un proyecto común con la Secretaría de Transporte, con el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y debemos pedirle a la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, que para eso también sirve, un plan de gestión, un plan de contingencia.
No tenemos management público. Vamos a ver si contratamos un privado y lo ponemos de empleado para que lo opere. Porque "el día después" va a ser fatal en cualquier escenario. Nuestro déficit va a seguir siendo el mismo, o peor. Y más tarde o más temprano se la vamos a terminar tirando por la cabeza a un privado y poniendo otra vez 700 mil millones de dólares. Estamos a punto de cometer un grave error.
Para finalizar, quiero decir que el dictamen de la oposición está hecho de la mejor manera posible, de la forma más propositiva; no estamos tratando de endilgar una derrota al oficialismo sino un triunfo a la Nación.
SR. PRESIDENTE MARCONATO Quisiera confirmar la lista de oradores para poder cerrarla. Daré lectura de los señores diputados que se han anotado para hacer uso de la palabra. Tengo anotados a los señores diputados Basteiro, Lemos, Montero, Vargas Aignase, Martín, Sánchez, Ibarra, Giubergia, Rossi y Cicogna Y Raimundi.
Tiene la palabra el señor diputado Basteiro.
Tiene la palabra el señor diputado Basteiro.
SR. BASTEIRO Este proceso de Aerolíneas creo que por fin está llegando en buen término a un final sobre el que veníamos trabajando todos los diputados para encontrar la mejor salida, una solución al transporte aerocomercial, las empresas, sus trabajadores y usuarios.
Quizá para hacer un poco de historia y no remontarnos a la nefasta década del 90 con su proceso de privatización -particularmente en Aerolíneas, con todo el vaciamiento de activos que dejó-, podemos decir que la historia que hoy nos toca solucionar con los proyectos de ley que vamos a considerar, comienza en 2001. No en octubre de 2001, cuando se hace el traspaso, sino un poco antes, cuando la SEPI se hace cargo de la empresa.
Uno de los conflictos grandes que tuvo esta compañía para poder proyectar una política aerocomercial, como recién bien planteaba el señor diputado Lanceta, es que hubo pocos períodos de estabilidad y continuidad para poder llevarlo adelante. La empresa cada cuatro o cinco años tenía cambios rotundos; se privatizó, pasó a American Airlines, vino la SEPI y luego se la vendió al grupo Marsans. No hubo un período de estabilidad, de tranquilidad, como para poder proyectar hacia futuro una política acorde al interés de la empresa y la actividad aerocomercial.
Creo que podemos empezar a cimentar ese camino. Particularmente, cuando la SEPI entrega -durante el gobierno radical, de de la Rúa- la empresa al grupo Marsans -y en esto creo que también podemos llegar a coincidir todos en que fue una actitud al menos displicente del gobierno, que permitió que la SEPI entregara una empresa de la envergadura de Aerolíneas Argentinas a un grupo que no tenía en la actividad experiencia ni estructura para poder hacerse cargo- cometimos el primer error, hecho que objetábamos en las organizaciones gremiales; particularmente en esta Cámara de Diputados me tocó denunciar el error de avanzar en ese sentido. Pero particularmente ese proceso comienza a cambiar en junio de 2006, cuando el Estado empieza a tener participación y a fijar determinadas condiciones para que la empresa pueda satisfacer la necesidad de todos los argentinos brindando un servicio aerocomercial y realizando las inversiones que estaban comprometidas desde hacía mucho tiempo y que la empresa se negaba a realizar, escapándose pese a las presiones y negociaciones permanentes que se hacían.
La negociación de julio de 2006, que logra que el gobierno nacional alcance el 5 por ciento de las acciones con posibilidad de sumar posteriormente un 20 por ciento, deriva en lo que hoy estamos planteando como restatización, nacionalización o, diría yo, recuperación para todos los argentinos de nuestra histórica empresa de bandera, la empresa emblemática del transporte aerocomercial en el país. Este hecho no es menor y vale la pena remarcarlo. Además, reivindico las palabras de los diputados Pinedo y Lancetta con respecto a preservar y priorizar el interés de la Nación y de los argentinos ante posibles actitudes que pudiera asumir el grupo español Marsans, un grupo que no se caracteriza precisamente por ser transparente en sus funciones. De hecho, en España están procesados Gerardo Díaz y Gonzalo Pascual por malversación de fondos y administración fraudulenta de esos 758 millones de dólares que la SEPI depositó en Aerolíneas Argentinas y que el grupo Marsans desvió a empresas de sus grupos. Creo que en muy poco tiempo habrá sentencia desfavorable para estos dos empresarios.
Pero, ante esta situación, es este gobierno en particular el que posibilitó que se cambiara la actitud con la que veníamos. Llegamos al acta del 14 de junio, que algunos diputados planteaban como un elemento de error por parte del gobierno argentino en esta negociación. Repito que me preocupa que haya diputados que tengan una actitud de alianza o de compromiso con el empresariado español, que reivindiquen sus planteos y argumentos para evitar que avancemos en las medidas que tenemos que tomar. Parecería que están trabajando para el enemigo. Eso realmente me preocupa. Por eso reivindico las nobles actitudes de Pinedo y de Lancetta, que no equivocan el rumbo hacia donde hay que trabajar.
Esa acta que tanto preocupa hay que entenderla como un acta que normalmente se puede firmar cuando se adquieren empresas de las dimensiones de Aerolíneas Argentinas. Una empresa como esta necesita, en primer lugar, lo que se conoce en el mundo de los negocios como new diligence, es decir, la posibilidad de abrir las cuentas, los números, los balances, y permitir hacer la valuación de los bienes para acordar un precio. En un principio, esa acta hablaba de la voluntad de comprar y de vender. En ningún momento se planteó que se iba a comprar. Los términos eran potenciales y por eso nunca fueron determinantes. Vale la pena aclarar que cuando esa acta llegó al Congreso para avalarla o no, el Congreso impuso la ley 26.412, que obviamente le delega y le ordena al Congreso la posibilidad de cualquier tipo de reclamo por parte del grupo español ante tribunales nacionales e internacionales. En ese sentido, quedémonos tranquilos. No creo que les hayamos dado, ni desde el Congreso ni desde el Poder Ejecutivo, argumentos como para tener consecuencias negativas hacia el futuro.
También vale la pena remarcar que la amenaza del Grupo Marsans de acudir a tribunales internacionales está más asentada en una actitud de victimización que de querer salirse del negocio, en una actitud de fuerza. No pueden irse diciendo: "La verdad tienen razón, robamos todo, malversamos fondos, administramos mal, pusimos a la empresa al borde de la quiebra y aceptamos que nos estén echando porque en verdad nos lo merecemos". Más vale que tienen una actitud de fuerza; amenazan y protestan. Escuchamos a Muñoz, el apoderado del Grupo Marsans, en negociaciones con el gobierno nacional donde planteó argumentos que creo, como argentinos, deberíamos repudiar.
Han dicho, por ejemplo, que el Poder Ejecutivo se dejó influenciar por un sindicato; concretamente, por APLA. Creo que es subestimar a una presidenta, a un gobierno, decir que un sindicato de mil trabajadores -o quizás menos- puede influir en las políticas que debe tomar un gobierno.
No conformes con ello han manifestado que la comisión bicameral trabajó en forma parcializada, porque sólo escuchó las voces que quería escuchar y no convocó a la consultora propuesta por el grupo Marsans para hacer la valuación, lo que es mentira porque buscamos la manera de citar al Credit Suisse y fue imposible hacerlo.
Como bien lo explicara el señor diputado West, cuando los representantes de la empresa fueron a la comisión respondieron con evasivas, y cuando la comisión pasó a un cuarto intermedio dejaron en Secretaría, a espaldas de los miembros de la comisión, una nota en la que manifestaban que no aceptarían vender a menos que no fuera al precio fijado por ellos, es decir, 400 millones de dólares. Plantear la compra de Aerolíneas Argentinas en 400 millones de dólares es una locura, algo absolutamente irrisorio, y si el Congreso lo hubiera aceptado habría sido totalmente contrario a los intereses de la Nación.
Al sostener que el Congreso trabaja en forma parcializada, Marsans desconoce al Poder Legislativo de la Nación.
Además, se ha quejado de la actitud de la Justicia cuando intervino la empresa y posteriormente inició investigaciones.
Es decir que critica y objeta a los tres poderes del Estado porque, obviamente, juegan en contra de sus intereses empresarios. Siempre ostentan esa actitud de que todo el mundo está en contra de ellos; entonces, creo que Marsans debería plantearse si el error está en los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial o quizás en ellos.
Apoyamos el dictamen de la mayoría porque consideramos que apunta a lo que es necesario e imprescindible hacer para lograr lo que en un principio intentamos concretar a través de la sanción de la ley 26.412, por la que autorizamos al gobierno nacional a iniciar el proceso de compra de la empresa.
El estudio efectuado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, que fijó un valor negativo de 800 millones, fue auditado y respaldado en forma unánime por la Auditoría General de la Nación, organismo que proviene del propio Congreso Nacional porque en él se encuentran representados prácticamente todos los bloques. Posteriormente, técnicos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y del Plan Fénix manifestaron que era correcta la valuación del Tribunal de Tasaciones.
La imposibilidad de negociar hizo que se abriera una alternativa, como mecanismo concreto y genuino, de garantizar la prestación del servicio público del transporte aerocomercial de nuestro país mediante la declaración de utilidad pública. Por eso la expropiación tiene un paso anterior. Cuando a principios de noviembre se celebra la asamblea de accionistas y el Estado pide que se capitalicen los fondos invertidos desde el mes de junio, el grupo Marsans, como accionista mayoritario, se niega.
Normalmente no tendría asidero ni elementos genuinos y concretos para oponerse si hubiera planteado una alternativa superadora de inversión, recuperación y potenciación de la compañía.
Se niegan a capitalizar pero también se niegan a restituir los fondos invertidos por el Estado, con lo cual no dejan otra alternativa. No quieren devolver el dinero que teóricamente el Estado les reclamó sobre la inversión. Algunos diputados plantean esto como gasto y en realidad creo que fue una forma de garantizar el servicio público; como ha mencionado el señor diputado Pinedo, no es el dinero que se le puso al grupo Marsans sino al servicio público de transporte aerocomercial en nuestro país.
En esa actitud de no querer capitalizar, de no permitir la restitución de los fondos, de no querer vender, ¿qué otra alternativa le queda al gobierno o al Parlamento argentino para poder garantizar la continuidad de la empresa y la continuidad incluso de 20 mil puestos de trabajo, 9.200 en forma directa y otros tantos en forma indirecta?
Obviamente no voy a extenderme en esto porque ya lo hemos conversado durante el debate que hemos dado en el mes de septiembre. Hemos conversado ya sobre las consecuencias y la importancia del transporte aerocomercial en el interior del país.
Quiero plantear también que, excepto la posición del señor diputado Lanceta y en algún aspecto del señor diputado Bullrich, los demás diputados que han hecho uso de la palabra no han realizado propuestas. Solamente escuché críticas, la oposición al proyecto de la mayoría, pero no se hizo una propuesta superadora. Antes de preocuparse tanto por objetar situaciones que están claramente determinadas por la propia consecuencia de la realidad, debería haber una discusión superadora para plantear propuestas, no quedarse tan sólo en el elemento objetivo.
Un tema que me parece que vale la pena mencionar, y que se planteó hace unos momentos, respecto al proyecto de la minoría, es la situación que se genera con la expropiación. Es importante resaltar las coincidencias que hubo en este aspecto; entre todos se ha considerado que era necesario expropiar la empresa y declararla de utilidad pública. En eso había una coincidencia casi unánime.
Hay una coincidencia unánime en los fundamentos. La objeción o las diferencias están en si se pueden expropiar solamente los activos o se tiene que expropiar la empresa Aerolíneas Argentinas y Austral en su totalidad.
Me parece que de avanzar en el proyecto de la minoría nos estaríamos encontrando con una acción ilegal, porque se contrapone con lo que plantea la ley de expropiaciones, que no permite ni especifica la forma en que uno puede expropiar los activos sin expropiar también la deuda. Si uno solamente expropiara los activos debiéramos estar pagando una suma millonaria, porque el activo de Aerolíneas Argentinas, si bien es mucho menor al que históricamente la empresa supo tener, debe rondar los 150 millones de dólares.
Expropiar esos activos implicaría que tengamos que pagar por la empresa según la valuación concreta y genuina que se hiciera. En cambio, con la deuda de 800, 900 millones de dólares que tiene la compañía, esos activos no tienen valor y por ende se puede expropiar al valor de cero peso, un peso, un dólar, un euro, el monto significativo que le pongamos.
Un tema que no me parece menor tampoco es el que se plantea en el proyecto de los señores diputados Lanceta y Bullrich, firmado también por otros diputados, respecto al servicio público de cabotaje.
En este sentido quisiera decirle a los señores diputados -no por ponerme en profesor sino por algún conocimiento que puedo tener de la actividad, como bien se dijo recién- que el transporte aerocomercial a nivel internacional es fundamental en una empresa de la dimensión de Aerolíneas Argentinas para poder sostener rentabilidad o equilibrio económico. No sería conveniente no hacer vuelos internacionales que son los que generan ingresos en dólares, euros u otras divisas y que permiten nivelar cuentas en el transporte aerocomercial de cabotaje. Los vuelos de cabotaje siguen en muchos casos sin generar rentabilidad e incluso generan pérdida, pese a las políticas de ayuda y fomento que se instrumentaron en los últimos tiempos.
El otro tema es que la empresa Aerolíneas Argentinas tiene montada su estructura en un 60 por ciento en base a los vuelos internacionales -la estructura de aeronaves, de personal comercial. Si vamos a volar solamente cabotaje, como planteaba ese proyecto, entonces no expropiemos aviones que nada sirven para los vuelos de cabotaje. No serían ni todos los activos, con lo cual estaríamos cometiendo un error que posibilitaría que luego en organismos internacionales el grupo Marsans pueda hacer un reclamo legítimo.
Tendría otras cuestiones que plantear, pero creo que vale la pena destacar que la posibilidad de tener perjuicios ante la presencia del grupo Marsans en los organismos o tribunales internacionales está ligado al hecho de que el grupo Marsans en el último año, antes de que la gestión la tome el Estado nacional, incumplió la ley penal tributaria, evadió impuestos de todo tipo -cargas sociales, ganancias, IVA-, no pagó nada. De hecho el acreedor principal de esa deuda es el Estado nacional, y si se llegara a avanzar en lo que se plantea -o la quiebra o la expropiación de los activos solamente- el Estado nacional estaría perdiendo la posibilidad de recuperar en algún momento esos 400 millones de dólares. Con la empresa en funcionamiento, nuevamente activada, generando divisas e ingresos, podría obviamente entrar en una moratoria y pagar la deuda que Aerolíneas Argentinas tiene con el Estado.
Si el Estado solamente expropiara los activos estaría perdiendo lo mismo que si adoptáramos el mecanismo que plantean algunos diputados de la oposición.
Quería destacar que el grupo Marsans prácticamente no pagó impuestos. Está violando la ley penal tributaria. Incumplió servicios permanentemente durante los últimos tiempos y esto llevó a que la Secretaría de Transporte y las autoridades de aplicación -Fuerza Aérea y entidades relacionadas con el transporte aerocomercial- le haya impuesto multas y denuncias. Tiene denuncias de enero y febrero realizadas por organizaciones de defensa al consumidor por sobrevender vuelos en forma indiscriminada. En la actividad es normal y lógico que se pueda sobrevender un vuelo en un 10 por ciento de su capacidad, pero nunca en un 200 por ciento, como en algunos casos hizo el grupo Marsans en los meses de enero, febrero o marzo. Eso generó una parte importante de la deuda concreta en pasajes vendidos y no volados. La deuda por esos pasajes vendidos y no volados se irá saldando con el propio funcionamiento de la empresa, es decir que no cuesta nada, porque si queremos tener la empresa funcionando para seguir prestando servicios el mismo cumplimiento del contrato que se hizo con el usuario irá eliminando esa otra importante parte de la deuda que tiene el Estado.
Por último, respecto al Tribunal de Cuentas de Madrid y el proceso que tiene el grupo español, creo que para que el grupo español pueda llegar con algún grado de éxito a un tribunal internacional no debería tener tantos muertos en el placard. Tendría que haber sido más prolijo. Creo que no está en condiciones de ponerse en una actitud de reclamo cuando incumplió todos y cada uno de los procesos legales, jurídicos, en el tema del propio concurso de acreedores. En este sentido vale la pena destacar que hoy hay concurso de acreedores dentro de Aerolíneas Argentinas, por lo cual no sería necesario reabrirlo, como planteaba el señor diputado Pinedo. Hay un concurso de acreedores que lamentablemente -en eso sí puedo coincidir con algún diputado-, la justicia parece que activa muchos temas cuando impactan en la opinión pública, de lo contrario trata de dejarlos pasar y lamentablemente a veces se pierden posibilidades muy concretas de solucionar las distintas problemáticas en forma precoz, como podría haber ocurrido con el caso de Aerolíneas Argentinas.
Quiero plantear también que no fue equivocado el proceso que tomó esta Cámara de Diputados, que comenzó con las decisiones del gobierno nacional al haber buscado el proceso de compra de acciones -es decir, buscar el salvataje en la compañía y la compra de acciones- y, después de todos los pasos administrativos que vimos en la comisión bicameral para llamar a todos los actores y cumplimentando todos los pasos administrativos que existen en la legislación, avanzar con la expropiación. Creo que eso fue lo inteligente. No hubiese sido inteligente plantear la expropiación, como algunos bloques planteaban allá por el mes de septiembre, en el momento de la negociación. Habría creado consecuencias jurídicas negativas para el país, para la Nación, para todos los argentinos. Lo correcto, lo inteligente, fue el proceso que llevamos adelante. Quizás fue más largo, requirió mucho más debate y generó más ansiedad, pero creo que fue lo efectivo y lo que realmente va a posibilitar el rescate de la empresa.
Quiero terminar planteando que, a diferencia de lo que decía recién el diputado Lanceta -lamento que ahora no esté presente-, yo digo que no vamos a caer nuevamente en los errores del pasado. Ya nos tropezamos dos veces con la misma piedra y esa experiencia nos tiene que servir para potenciar una compañía, a sus trabajadores, a los usuarios, al pueblo argentino, a todos. Estamos trabajando para tener una empresa modelo que -creo yo- estamos en condiciones de poder alcanzar. El paso que estamos dando es histórico y va a ser beneficioso para todos.
Quizá para hacer un poco de historia y no remontarnos a la nefasta década del 90 con su proceso de privatización -particularmente en Aerolíneas, con todo el vaciamiento de activos que dejó-, podemos decir que la historia que hoy nos toca solucionar con los proyectos de ley que vamos a considerar, comienza en 2001. No en octubre de 2001, cuando se hace el traspaso, sino un poco antes, cuando la SEPI se hace cargo de la empresa.
Uno de los conflictos grandes que tuvo esta compañía para poder proyectar una política aerocomercial, como recién bien planteaba el señor diputado Lanceta, es que hubo pocos períodos de estabilidad y continuidad para poder llevarlo adelante. La empresa cada cuatro o cinco años tenía cambios rotundos; se privatizó, pasó a American Airlines, vino la SEPI y luego se la vendió al grupo Marsans. No hubo un período de estabilidad, de tranquilidad, como para poder proyectar hacia futuro una política acorde al interés de la empresa y la actividad aerocomercial.
Creo que podemos empezar a cimentar ese camino. Particularmente, cuando la SEPI entrega -durante el gobierno radical, de de la Rúa- la empresa al grupo Marsans -y en esto creo que también podemos llegar a coincidir todos en que fue una actitud al menos displicente del gobierno, que permitió que la SEPI entregara una empresa de la envergadura de Aerolíneas Argentinas a un grupo que no tenía en la actividad experiencia ni estructura para poder hacerse cargo- cometimos el primer error, hecho que objetábamos en las organizaciones gremiales; particularmente en esta Cámara de Diputados me tocó denunciar el error de avanzar en ese sentido. Pero particularmente ese proceso comienza a cambiar en junio de 2006, cuando el Estado empieza a tener participación y a fijar determinadas condiciones para que la empresa pueda satisfacer la necesidad de todos los argentinos brindando un servicio aerocomercial y realizando las inversiones que estaban comprometidas desde hacía mucho tiempo y que la empresa se negaba a realizar, escapándose pese a las presiones y negociaciones permanentes que se hacían.
La negociación de julio de 2006, que logra que el gobierno nacional alcance el 5 por ciento de las acciones con posibilidad de sumar posteriormente un 20 por ciento, deriva en lo que hoy estamos planteando como restatización, nacionalización o, diría yo, recuperación para todos los argentinos de nuestra histórica empresa de bandera, la empresa emblemática del transporte aerocomercial en el país. Este hecho no es menor y vale la pena remarcarlo. Además, reivindico las palabras de los diputados Pinedo y Lancetta con respecto a preservar y priorizar el interés de la Nación y de los argentinos ante posibles actitudes que pudiera asumir el grupo español Marsans, un grupo que no se caracteriza precisamente por ser transparente en sus funciones. De hecho, en España están procesados Gerardo Díaz y Gonzalo Pascual por malversación de fondos y administración fraudulenta de esos 758 millones de dólares que la SEPI depositó en Aerolíneas Argentinas y que el grupo Marsans desvió a empresas de sus grupos. Creo que en muy poco tiempo habrá sentencia desfavorable para estos dos empresarios.
Pero, ante esta situación, es este gobierno en particular el que posibilitó que se cambiara la actitud con la que veníamos. Llegamos al acta del 14 de junio, que algunos diputados planteaban como un elemento de error por parte del gobierno argentino en esta negociación. Repito que me preocupa que haya diputados que tengan una actitud de alianza o de compromiso con el empresariado español, que reivindiquen sus planteos y argumentos para evitar que avancemos en las medidas que tenemos que tomar. Parecería que están trabajando para el enemigo. Eso realmente me preocupa. Por eso reivindico las nobles actitudes de Pinedo y de Lancetta, que no equivocan el rumbo hacia donde hay que trabajar.
Esa acta que tanto preocupa hay que entenderla como un acta que normalmente se puede firmar cuando se adquieren empresas de las dimensiones de Aerolíneas Argentinas. Una empresa como esta necesita, en primer lugar, lo que se conoce en el mundo de los negocios como new diligence, es decir, la posibilidad de abrir las cuentas, los números, los balances, y permitir hacer la valuación de los bienes para acordar un precio. En un principio, esa acta hablaba de la voluntad de comprar y de vender. En ningún momento se planteó que se iba a comprar. Los términos eran potenciales y por eso nunca fueron determinantes. Vale la pena aclarar que cuando esa acta llegó al Congreso para avalarla o no, el Congreso impuso la ley 26.412, que obviamente le delega y le ordena al Congreso la posibilidad de cualquier tipo de reclamo por parte del grupo español ante tribunales nacionales e internacionales. En ese sentido, quedémonos tranquilos. No creo que les hayamos dado, ni desde el Congreso ni desde el Poder Ejecutivo, argumentos como para tener consecuencias negativas hacia el futuro.
También vale la pena remarcar que la amenaza del Grupo Marsans de acudir a tribunales internacionales está más asentada en una actitud de victimización que de querer salirse del negocio, en una actitud de fuerza. No pueden irse diciendo: "La verdad tienen razón, robamos todo, malversamos fondos, administramos mal, pusimos a la empresa al borde de la quiebra y aceptamos que nos estén echando porque en verdad nos lo merecemos". Más vale que tienen una actitud de fuerza; amenazan y protestan. Escuchamos a Muñoz, el apoderado del Grupo Marsans, en negociaciones con el gobierno nacional donde planteó argumentos que creo, como argentinos, deberíamos repudiar.
Han dicho, por ejemplo, que el Poder Ejecutivo se dejó influenciar por un sindicato; concretamente, por APLA. Creo que es subestimar a una presidenta, a un gobierno, decir que un sindicato de mil trabajadores -o quizás menos- puede influir en las políticas que debe tomar un gobierno.
No conformes con ello han manifestado que la comisión bicameral trabajó en forma parcializada, porque sólo escuchó las voces que quería escuchar y no convocó a la consultora propuesta por el grupo Marsans para hacer la valuación, lo que es mentira porque buscamos la manera de citar al Credit Suisse y fue imposible hacerlo.
Como bien lo explicara el señor diputado West, cuando los representantes de la empresa fueron a la comisión respondieron con evasivas, y cuando la comisión pasó a un cuarto intermedio dejaron en Secretaría, a espaldas de los miembros de la comisión, una nota en la que manifestaban que no aceptarían vender a menos que no fuera al precio fijado por ellos, es decir, 400 millones de dólares. Plantear la compra de Aerolíneas Argentinas en 400 millones de dólares es una locura, algo absolutamente irrisorio, y si el Congreso lo hubiera aceptado habría sido totalmente contrario a los intereses de la Nación.
Al sostener que el Congreso trabaja en forma parcializada, Marsans desconoce al Poder Legislativo de la Nación.
Además, se ha quejado de la actitud de la Justicia cuando intervino la empresa y posteriormente inició investigaciones.
Es decir que critica y objeta a los tres poderes del Estado porque, obviamente, juegan en contra de sus intereses empresarios. Siempre ostentan esa actitud de que todo el mundo está en contra de ellos; entonces, creo que Marsans debería plantearse si el error está en los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial o quizás en ellos.
Apoyamos el dictamen de la mayoría porque consideramos que apunta a lo que es necesario e imprescindible hacer para lograr lo que en un principio intentamos concretar a través de la sanción de la ley 26.412, por la que autorizamos al gobierno nacional a iniciar el proceso de compra de la empresa.
El estudio efectuado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, que fijó un valor negativo de 800 millones, fue auditado y respaldado en forma unánime por la Auditoría General de la Nación, organismo que proviene del propio Congreso Nacional porque en él se encuentran representados prácticamente todos los bloques. Posteriormente, técnicos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y del Plan Fénix manifestaron que era correcta la valuación del Tribunal de Tasaciones.
La imposibilidad de negociar hizo que se abriera una alternativa, como mecanismo concreto y genuino, de garantizar la prestación del servicio público del transporte aerocomercial de nuestro país mediante la declaración de utilidad pública. Por eso la expropiación tiene un paso anterior. Cuando a principios de noviembre se celebra la asamblea de accionistas y el Estado pide que se capitalicen los fondos invertidos desde el mes de junio, el grupo Marsans, como accionista mayoritario, se niega.
Normalmente no tendría asidero ni elementos genuinos y concretos para oponerse si hubiera planteado una alternativa superadora de inversión, recuperación y potenciación de la compañía.
Se niegan a capitalizar pero también se niegan a restituir los fondos invertidos por el Estado, con lo cual no dejan otra alternativa. No quieren devolver el dinero que teóricamente el Estado les reclamó sobre la inversión. Algunos diputados plantean esto como gasto y en realidad creo que fue una forma de garantizar el servicio público; como ha mencionado el señor diputado Pinedo, no es el dinero que se le puso al grupo Marsans sino al servicio público de transporte aerocomercial en nuestro país.
En esa actitud de no querer capitalizar, de no permitir la restitución de los fondos, de no querer vender, ¿qué otra alternativa le queda al gobierno o al Parlamento argentino para poder garantizar la continuidad de la empresa y la continuidad incluso de 20 mil puestos de trabajo, 9.200 en forma directa y otros tantos en forma indirecta?
Obviamente no voy a extenderme en esto porque ya lo hemos conversado durante el debate que hemos dado en el mes de septiembre. Hemos conversado ya sobre las consecuencias y la importancia del transporte aerocomercial en el interior del país.
Quiero plantear también que, excepto la posición del señor diputado Lanceta y en algún aspecto del señor diputado Bullrich, los demás diputados que han hecho uso de la palabra no han realizado propuestas. Solamente escuché críticas, la oposición al proyecto de la mayoría, pero no se hizo una propuesta superadora. Antes de preocuparse tanto por objetar situaciones que están claramente determinadas por la propia consecuencia de la realidad, debería haber una discusión superadora para plantear propuestas, no quedarse tan sólo en el elemento objetivo.
Un tema que me parece que vale la pena mencionar, y que se planteó hace unos momentos, respecto al proyecto de la minoría, es la situación que se genera con la expropiación. Es importante resaltar las coincidencias que hubo en este aspecto; entre todos se ha considerado que era necesario expropiar la empresa y declararla de utilidad pública. En eso había una coincidencia casi unánime.
Hay una coincidencia unánime en los fundamentos. La objeción o las diferencias están en si se pueden expropiar solamente los activos o se tiene que expropiar la empresa Aerolíneas Argentinas y Austral en su totalidad.
Me parece que de avanzar en el proyecto de la minoría nos estaríamos encontrando con una acción ilegal, porque se contrapone con lo que plantea la ley de expropiaciones, que no permite ni especifica la forma en que uno puede expropiar los activos sin expropiar también la deuda. Si uno solamente expropiara los activos debiéramos estar pagando una suma millonaria, porque el activo de Aerolíneas Argentinas, si bien es mucho menor al que históricamente la empresa supo tener, debe rondar los 150 millones de dólares.
Expropiar esos activos implicaría que tengamos que pagar por la empresa según la valuación concreta y genuina que se hiciera. En cambio, con la deuda de 800, 900 millones de dólares que tiene la compañía, esos activos no tienen valor y por ende se puede expropiar al valor de cero peso, un peso, un dólar, un euro, el monto significativo que le pongamos.
Un tema que no me parece menor tampoco es el que se plantea en el proyecto de los señores diputados Lanceta y Bullrich, firmado también por otros diputados, respecto al servicio público de cabotaje.
En este sentido quisiera decirle a los señores diputados -no por ponerme en profesor sino por algún conocimiento que puedo tener de la actividad, como bien se dijo recién- que el transporte aerocomercial a nivel internacional es fundamental en una empresa de la dimensión de Aerolíneas Argentinas para poder sostener rentabilidad o equilibrio económico. No sería conveniente no hacer vuelos internacionales que son los que generan ingresos en dólares, euros u otras divisas y que permiten nivelar cuentas en el transporte aerocomercial de cabotaje. Los vuelos de cabotaje siguen en muchos casos sin generar rentabilidad e incluso generan pérdida, pese a las políticas de ayuda y fomento que se instrumentaron en los últimos tiempos.
El otro tema es que la empresa Aerolíneas Argentinas tiene montada su estructura en un 60 por ciento en base a los vuelos internacionales -la estructura de aeronaves, de personal comercial. Si vamos a volar solamente cabotaje, como planteaba ese proyecto, entonces no expropiemos aviones que nada sirven para los vuelos de cabotaje. No serían ni todos los activos, con lo cual estaríamos cometiendo un error que posibilitaría que luego en organismos internacionales el grupo Marsans pueda hacer un reclamo legítimo.
Tendría otras cuestiones que plantear, pero creo que vale la pena destacar que la posibilidad de tener perjuicios ante la presencia del grupo Marsans en los organismos o tribunales internacionales está ligado al hecho de que el grupo Marsans en el último año, antes de que la gestión la tome el Estado nacional, incumplió la ley penal tributaria, evadió impuestos de todo tipo -cargas sociales, ganancias, IVA-, no pagó nada. De hecho el acreedor principal de esa deuda es el Estado nacional, y si se llegara a avanzar en lo que se plantea -o la quiebra o la expropiación de los activos solamente- el Estado nacional estaría perdiendo la posibilidad de recuperar en algún momento esos 400 millones de dólares. Con la empresa en funcionamiento, nuevamente activada, generando divisas e ingresos, podría obviamente entrar en una moratoria y pagar la deuda que Aerolíneas Argentinas tiene con el Estado.
Si el Estado solamente expropiara los activos estaría perdiendo lo mismo que si adoptáramos el mecanismo que plantean algunos diputados de la oposición.
Quería destacar que el grupo Marsans prácticamente no pagó impuestos. Está violando la ley penal tributaria. Incumplió servicios permanentemente durante los últimos tiempos y esto llevó a que la Secretaría de Transporte y las autoridades de aplicación -Fuerza Aérea y entidades relacionadas con el transporte aerocomercial- le haya impuesto multas y denuncias. Tiene denuncias de enero y febrero realizadas por organizaciones de defensa al consumidor por sobrevender vuelos en forma indiscriminada. En la actividad es normal y lógico que se pueda sobrevender un vuelo en un 10 por ciento de su capacidad, pero nunca en un 200 por ciento, como en algunos casos hizo el grupo Marsans en los meses de enero, febrero o marzo. Eso generó una parte importante de la deuda concreta en pasajes vendidos y no volados. La deuda por esos pasajes vendidos y no volados se irá saldando con el propio funcionamiento de la empresa, es decir que no cuesta nada, porque si queremos tener la empresa funcionando para seguir prestando servicios el mismo cumplimiento del contrato que se hizo con el usuario irá eliminando esa otra importante parte de la deuda que tiene el Estado.
Por último, respecto al Tribunal de Cuentas de Madrid y el proceso que tiene el grupo español, creo que para que el grupo español pueda llegar con algún grado de éxito a un tribunal internacional no debería tener tantos muertos en el placard. Tendría que haber sido más prolijo. Creo que no está en condiciones de ponerse en una actitud de reclamo cuando incumplió todos y cada uno de los procesos legales, jurídicos, en el tema del propio concurso de acreedores. En este sentido vale la pena destacar que hoy hay concurso de acreedores dentro de Aerolíneas Argentinas, por lo cual no sería necesario reabrirlo, como planteaba el señor diputado Pinedo. Hay un concurso de acreedores que lamentablemente -en eso sí puedo coincidir con algún diputado-, la justicia parece que activa muchos temas cuando impactan en la opinión pública, de lo contrario trata de dejarlos pasar y lamentablemente a veces se pierden posibilidades muy concretas de solucionar las distintas problemáticas en forma precoz, como podría haber ocurrido con el caso de Aerolíneas Argentinas.
Quiero plantear también que no fue equivocado el proceso que tomó esta Cámara de Diputados, que comenzó con las decisiones del gobierno nacional al haber buscado el proceso de compra de acciones -es decir, buscar el salvataje en la compañía y la compra de acciones- y, después de todos los pasos administrativos que vimos en la comisión bicameral para llamar a todos los actores y cumplimentando todos los pasos administrativos que existen en la legislación, avanzar con la expropiación. Creo que eso fue lo inteligente. No hubiese sido inteligente plantear la expropiación, como algunos bloques planteaban allá por el mes de septiembre, en el momento de la negociación. Habría creado consecuencias jurídicas negativas para el país, para la Nación, para todos los argentinos. Lo correcto, lo inteligente, fue el proceso que llevamos adelante. Quizás fue más largo, requirió mucho más debate y generó más ansiedad, pero creo que fue lo efectivo y lo que realmente va a posibilitar el rescate de la empresa.
Quiero terminar planteando que, a diferencia de lo que decía recién el diputado Lanceta -lamento que ahora no esté presente-, yo digo que no vamos a caer nuevamente en los errores del pasado. Ya nos tropezamos dos veces con la misma piedra y esa experiencia nos tiene que servir para potenciar una compañía, a sus trabajadores, a los usuarios, al pueblo argentino, a todos. Estamos trabajando para tener una empresa modelo que -creo yo- estamos en condiciones de poder alcanzar. El paso que estamos dando es histórico y va a ser beneficioso para todos.
SR. PRESIDENTE MARCONATO Tiene la palabra la señora diputada Lemos.
SRA. LEMOS Yo voy a ser mucho más breve. Voy a hacer un comentario y una pregunta. El comentario es en relación al giro del expediente. Pero es sólo un comentario, porque la presidencia de esta comisión explicó bien que no tiene responsabilidad sobre el giro. Ahora bien, también me gustaría que las expropiaciones del mural de Sequeiros y de la confitería El Molino fueran tratadas en la Comisión de Cultura como comisión cabecera. Y si el criterio del giro es tener en cuenta el sistema de expropiación, debería haber ido primero a Transportes. Entonces, se están cambiando los criterios.
Voy a la pregunta. Nosotros no entendemos por qué se persiste en rescatar el paquete accionario y expropiarlo. En este punto voy a disentir con el diputado Basteiro, ya que las acciones representan una porción del capital social. El capital social es el patrimonio de la empresa. Algunos discuten si es una parte del patrimonio o es todo, pero eso no importa. En general, uno podría hacer una simplificación y decir que el capital es el patrimonio. En los fundamentos del proyecto que estamos tratando se habla de una tasación hecha por el Tribunal de Tasaciones de la Nación de 2.540 millones de pesos, que equivale a aproximadamente 800 millones de dólares. Hay que tener en cuenta que lo que nosotros compramos en el paquete accionario es ese pasivo, cuyo valor es el que indica el Tribunal de Tasaciones. Es decir que, diputado Basteiro, es mucho más barato expropiar bienes -que es lo que dice el otro proyecto- de cualquier tipo que expropiar las acciones. Si expropiamos las acciones vamos a tener que pagar ese pasivo. La pregunta es si los autores del proyecto tienen previsto algún mecanismo, algo que yo no conozca y que me gustaría aprender, para eludir que cada argentino se haga cargo de este pasivo de 800 millones de dólares. Ya los gastos operativos nos están costando una cifra importante. Llevamos, como se dice en el informe de la auditoría, alrededor de 800 millones de pesos. Pero es un dato a la época del informe, porque queda lo del resto del año. Todavía queda la gran pregunta de qué va a significar el 2009.
No soy muy optimista respecto de los plazos, porque creo que será un proceso un poco más largo ya que, al igual que en el presupuesto para el año 2009, no se establece un límite ni se hacen aproximaciones o estimaciones.
En este caso hablamos de hacernos cargo de 800 millones. Entonces, mi pregunta es qué mecanismos ha previsto el oficialismo, o bien los autores de esta iniciativa, para evitar que el Estado argentino deba cargar con esa responsabilidad.
Voy a la pregunta. Nosotros no entendemos por qué se persiste en rescatar el paquete accionario y expropiarlo. En este punto voy a disentir con el diputado Basteiro, ya que las acciones representan una porción del capital social. El capital social es el patrimonio de la empresa. Algunos discuten si es una parte del patrimonio o es todo, pero eso no importa. En general, uno podría hacer una simplificación y decir que el capital es el patrimonio. En los fundamentos del proyecto que estamos tratando se habla de una tasación hecha por el Tribunal de Tasaciones de la Nación de 2.540 millones de pesos, que equivale a aproximadamente 800 millones de dólares. Hay que tener en cuenta que lo que nosotros compramos en el paquete accionario es ese pasivo, cuyo valor es el que indica el Tribunal de Tasaciones. Es decir que, diputado Basteiro, es mucho más barato expropiar bienes -que es lo que dice el otro proyecto- de cualquier tipo que expropiar las acciones. Si expropiamos las acciones vamos a tener que pagar ese pasivo. La pregunta es si los autores del proyecto tienen previsto algún mecanismo, algo que yo no conozca y que me gustaría aprender, para eludir que cada argentino se haga cargo de este pasivo de 800 millones de dólares. Ya los gastos operativos nos están costando una cifra importante. Llevamos, como se dice en el informe de la auditoría, alrededor de 800 millones de pesos. Pero es un dato a la época del informe, porque queda lo del resto del año. Todavía queda la gran pregunta de qué va a significar el 2009.
No soy muy optimista respecto de los plazos, porque creo que será un proceso un poco más largo ya que, al igual que en el presupuesto para el año 2009, no se establece un límite ni se hacen aproximaciones o estimaciones.
En este caso hablamos de hacernos cargo de 800 millones. Entonces, mi pregunta es qué mecanismos ha previsto el oficialismo, o bien los autores de esta iniciativa, para evitar que el Estado argentino deba cargar con esa responsabilidad.
SR. NIEVA Si el señor presidente me permite, quiero hacer un comentario.
SR. PRESIDENTE MARCONATO Antes de conceder el uso de la palabra al próximo orador, la Presidencia autoriza al señor diputado Nieva a hacer un comentario.
SR. NIEVA Señor presidente: aunque sé que hay apuro en emitir dictamen, creo que el tema amerita contar con toda la información disponible. Por eso pido a los presidentes de ambas comisiones que en sesión secreta recibamos al procurador del Tesoro de la Nación a efectos de que nos informe sobre la evaluación que está haciendo el Estado argentino para cuidar de sus intereses legales ante la posibilidad de que se inicien juicios. En otras palabras, para que nos hable sobre las implicancias que tendría el proceso de expropiación y las eventuales demandas ante el CIADI que se han anunciado en estos días.
Debemos manejarnos con todo el cuidado que corresponde porque se trata de los intereses de los contribuyentes. El Estado argentino está haciéndose cargo de una empresa que genera un déficit muy importante.
Además, sería bueno que contáramos con alguna información sobre las perspectivas de la empresa.
Reitero, y no sé qué pensarán los señores diputados, que sería muy importante contar con esa información por parte del procurador del Tesoro de la Nación en el marco de una sesión secreta de ambas comisiones.
Debemos manejarnos con todo el cuidado que corresponde porque se trata de los intereses de los contribuyentes. El Estado argentino está haciéndose cargo de una empresa que genera un déficit muy importante.
Además, sería bueno que contáramos con alguna información sobre las perspectivas de la empresa.
Reitero, y no sé qué pensarán los señores diputados, que sería muy importante contar con esa información por parte del procurador del Tesoro de la Nación en el marco de una sesión secreta de ambas comisiones.
SR. PRESIDENTE MARCONATO A continuación la Presidencia concederá el uso de la palabra al señor diputado Alejandro Rossi, quien forma parte de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, para que exponga sobre la inquietud planteada por la señora diputada Lemos.
En lo que se refiere al pedido del señor diputado Nieva, tengo entendido -pido al señor diputado Rossi que me corrija si me equivoco- que la comisión bicameral recabó esa información. Si no es así, habría que analizar la propuesta formulada.
Tiene la palabra el señor diputado Rossi.
En lo que se refiere al pedido del señor diputado Nieva, tengo entendido -pido al señor diputado Rossi que me corrija si me equivoco- que la comisión bicameral recabó esa información. Si no es así, habría que analizar la propuesta formulada.
Tiene la palabra el señor diputado Rossi.
SR. ROSSI (A.L.) Señor presidente: en lo que se refiere a la solicitud del señor diputado Nieva, creo que en general estamos discutiendo una cuestión de puro derecho: el cambio de estatus jurídico necesario ante la negativa de los propietarios de Aerolíneas Argentinas y Austral de proceder a la venta, a fin de que se cumpla con la ley que dispone el rescate de ambas compañías por prestar un servicio público esencial.
Ocupa la Presidencia la señora presidenta de la Comisión de Legislación General, diputada Vilma Lidia Ibarra.
SR. ROSSI (A.L.) Entiendo que las consecuencias jurídicas de esos actos, que seguramente podrán darse -eso se verá en su momento-, podrán ser requeridas por otra vía y, eventualmente, informarse como corresponde. Pero lo que está claro es que hay voluntad política del gobierno, expresada a partir de un método jurídico sancionado por ley que ahora intentamos sancionar por vía de otra norma.
Por las razones expuestas, considero que no es apropiado hacer otras citaciones además de las que ya se hicieron en su momento.
En lo que se refiere a cuánto le costaría al Estado argentino llevar adelante el proyecto de la oposición...
Por las razones expuestas, considero que no es apropiado hacer otras citaciones además de las que ya se hicieron en su momento.
En lo que se refiere a cuánto le costaría al Estado argentino llevar adelante el proyecto de la oposición...
SRA. LEMOS El proyecto del oficialismo.
SR. ROSSI (A.L.) No, el proyecto de la oposición. De acuerdo con la iniciativa del oficialismo, el costo de este proceso sería cero y tendría que hacerse cargo de una compañía que presenta un pasivo abultado y comprende deuda exigible, deuda no exigible y muchas otras cuestiones; por ejemplo, el 40 por ciento que corresponde a deudas fiscales.
Cuando alguien compra una compañía, se hace cargo de los activos y también de los pasivos. Esto es notorio y de público conocimiento, pero si la diputada estaba esperando que se lo dijera, se lo digo. Vamos a pagar cero y nos haremos cargo de un pasivo cuyo 40 por ciento corresponde a deudas fiscales, y de un 30 por ciento que también -le aclaro- se extinguiría en caso de quiebra; de lo contrario, la cuestión se complicaría.
No hablamos con propiedad de algunos procedimientos. Ese pasivo también se extinguiría porque no tiene bienes realizables y no se podría comprar.
Me gustaría dejar en claro que hay un 30 por ciento de ese pasivo que corresponde a los propietarios de los aviones que seguramente será negociado y hay una buena parte de ese pasivo que no es exigible. Ponemos a vuestra disposición el estudio de flujo de fondos hecho por la UBA que nos daría que en un período relativamente razonable teniendo en cuenta el estado en que se encuentra la empresa podría ser cancelado por su propio funcionamiento. Cuando digo plazo razonable, me refiero a cinco años; no estoy hablando de meses.
Hay que profundizar el planteo económico que hace la oposición sobre cuánto. En este sentido, tengamos en cuenta que las acciones son representativas de la porción del capital y de la propiedad jurídica de la empresa, es decir tiene un valor de representación de la propiedad de la persona jurídica.
Para responder ese planteo voy a citar algunas cuestiones que me parecen interesantes. Habría que pagar aproximadamente 124 millones de pesos por inmuebles radicados en la Argentina y 29 millones de pesos por inmuebles radicados en el exterior, habría que expropiarle aviones a quince leasors, entre los cuales están los principales del país, lo que seguramente nos llevaría a todos los conflictos que tienen que ver con los tratados de protección de las inversiones que funcionan con la Argentina, sobre todo en los Estados Unidos.
Si tomáramos solamente en cuenta lo que Aerolíneas Argentinas le debe a estas compañías por el alquiler de esos aviones, serían 450 millones de pesos.
Como no podemos tomar lo que Argentina ya pagó, porque sería un tercero extraño a la relación, es probable que para conseguir la flota que Aerolíneas tiene en la actualidad haya que pagar entre 800 y 900 millones de pesos. Los señores diputados saben que si se declara la utilidad pública, aprobada la ley, debe depositarse conforme a esta tasación.
El resto de los rubros sería redundante. Habría repuestos por 400 millones; rodados, muebles y software por 40 millones más.
En conclusión, si lleváramos adelante el proyecto de la oposición, que cuida el patrimonio de los argentinos, arrancaríamos poniendo 1.200 millones de pesos para hacernos cargo de algo que ni siquiera el proyecto de la oposición prevé una estructura jurídica de soporte sobre la cual pueda sostenerse.
Según el Tribunal de Tasaciones, la tasación ya está hecha. Excluyo las marcas Austral y Aerolíneas Argentinas porque como el señor diputado Lanceta sabe, el Tribunal no les dio valor, es decir las valuó como cero peso. Entiendo que si uno fuera a expropiar por separado el conjunto de la compañía, esas marcas adquirirían valor y probablemente también habría que pagar por ello.
En síntesis, hemos tomado una decisión de continuar con una línea para el rescate de la compañía que nos parece la más apropiada en términos políticos, la más razonable en lo jurídico y la menos costosa en términos económicos.
El resto de hipótesis que se han vertido desde la quiebra con continuidad u otras alternativas que se han escuchado también, ninguna de ellas ha tenido ni el sustento económico ni la cuantificación de lo que en realidad costará.
Nosotros proponemos comprar una compañía, la propiedad jurídica de las dos compañías a valor cero peso, y nos hacemos cargo de un pasivo que se reitera en montos casi parecidos durante los últimos treinta años de la historia argentina.
En vez de dedicarnos permanentemente a ver conspiraciones y planteos de naturaleza ética, deberíamos generar un debate razonable para ver por qué la aeronavegación comercial argentina ha colapsado cada diez años sistemáticamente en las últimas tres décadas.
Me quiero detener en las palabras del señor diputado Morán. Suele ser muy difícil hablar de cuestiones de derecho y de economía cuando quien arranca la exposición marca la cancha tratando esto como un problema ético, moral o de corrupción, porque genera un piso para el debate que impide estos aspectos razonables que estoy leyendo sobre la base de la información producida por el Tribunal de Tasaciones y dar un encuadre para que los argentinos sepan de qué se trata.
Mis colegas y yo nos sentimos parte de un contrato social que genera y crea al Estado. Todos los contratos se celebran para ser cumplidos y ejecutados de buena fe. Somos todos diputados, señor Morán, elegidos por la voluntad popular -igual que usted- y todos ejercemos el cargo con la más absoluta buena fe y con la mayor plenitud de nuestras convicciones.
Cada vez que usted -porque lo hace reiteradamente- arranca una de sus exposiciones con estos temas nos ofende profundamente, porque nos quita la posibilidad de opinar, nos censura, nos corre y no nos permite tratar lo que acá deberíamos tratar, cuál de los dos caminos que el Congreso señaló para adquirir la compañía: el proyecto de expropiación de las acciones o el expropiación de los bienes es el menos costoso y el que mejor asegura el futuro de la aeronavegación en la Argentina.
Cuando alguien compra una compañía, se hace cargo de los activos y también de los pasivos. Esto es notorio y de público conocimiento, pero si la diputada estaba esperando que se lo dijera, se lo digo. Vamos a pagar cero y nos haremos cargo de un pasivo cuyo 40 por ciento corresponde a deudas fiscales, y de un 30 por ciento que también -le aclaro- se extinguiría en caso de quiebra; de lo contrario, la cuestión se complicaría.
No hablamos con propiedad de algunos procedimientos. Ese pasivo también se extinguiría porque no tiene bienes realizables y no se podría comprar.
Me gustaría dejar en claro que hay un 30 por ciento de ese pasivo que corresponde a los propietarios de los aviones que seguramente será negociado y hay una buena parte de ese pasivo que no es exigible. Ponemos a vuestra disposición el estudio de flujo de fondos hecho por la UBA que nos daría que en un período relativamente razonable teniendo en cuenta el estado en que se encuentra la empresa podría ser cancelado por su propio funcionamiento. Cuando digo plazo razonable, me refiero a cinco años; no estoy hablando de meses.
Hay que profundizar el planteo económico que hace la oposición sobre cuánto. En este sentido, tengamos en cuenta que las acciones son representativas de la porción del capital y de la propiedad jurídica de la empresa, es decir tiene un valor de representación de la propiedad de la persona jurídica.
Para responder ese planteo voy a citar algunas cuestiones que me parecen interesantes. Habría que pagar aproximadamente 124 millones de pesos por inmuebles radicados en la Argentina y 29 millones de pesos por inmuebles radicados en el exterior, habría que expropiarle aviones a quince leasors, entre los cuales están los principales del país, lo que seguramente nos llevaría a todos los conflictos que tienen que ver con los tratados de protección de las inversiones que funcionan con la Argentina, sobre todo en los Estados Unidos.
Si tomáramos solamente en cuenta lo que Aerolíneas Argentinas le debe a estas compañías por el alquiler de esos aviones, serían 450 millones de pesos.
Como no podemos tomar lo que Argentina ya pagó, porque sería un tercero extraño a la relación, es probable que para conseguir la flota que Aerolíneas tiene en la actualidad haya que pagar entre 800 y 900 millones de pesos. Los señores diputados saben que si se declara la utilidad pública, aprobada la ley, debe depositarse conforme a esta tasación.
El resto de los rubros sería redundante. Habría repuestos por 400 millones; rodados, muebles y software por 40 millones más.
En conclusión, si lleváramos adelante el proyecto de la oposición, que cuida el patrimonio de los argentinos, arrancaríamos poniendo 1.200 millones de pesos para hacernos cargo de algo que ni siquiera el proyecto de la oposición prevé una estructura jurídica de soporte sobre la cual pueda sostenerse.
Según el Tribunal de Tasaciones, la tasación ya está hecha. Excluyo las marcas Austral y Aerolíneas Argentinas porque como el señor diputado Lanceta sabe, el Tribunal no les dio valor, es decir las valuó como cero peso. Entiendo que si uno fuera a expropiar por separado el conjunto de la compañía, esas marcas adquirirían valor y probablemente también habría que pagar por ello.
En síntesis, hemos tomado una decisión de continuar con una línea para el rescate de la compañía que nos parece la más apropiada en términos políticos, la más razonable en lo jurídico y la menos costosa en términos económicos.
El resto de hipótesis que se han vertido desde la quiebra con continuidad u otras alternativas que se han escuchado también, ninguna de ellas ha tenido ni el sustento económico ni la cuantificación de lo que en realidad costará.
Nosotros proponemos comprar una compañía, la propiedad jurídica de las dos compañías a valor cero peso, y nos hacemos cargo de un pasivo que se reitera en montos casi parecidos durante los últimos treinta años de la historia argentina.
En vez de dedicarnos permanentemente a ver conspiraciones y planteos de naturaleza ética, deberíamos generar un debate razonable para ver por qué la aeronavegación comercial argentina ha colapsado cada diez años sistemáticamente en las últimas tres décadas.
Me quiero detener en las palabras del señor diputado Morán. Suele ser muy difícil hablar de cuestiones de derecho y de economía cuando quien arranca la exposición marca la cancha tratando esto como un problema ético, moral o de corrupción, porque genera un piso para el debate que impide estos aspectos razonables que estoy leyendo sobre la base de la información producida por el Tribunal de Tasaciones y dar un encuadre para que los argentinos sepan de qué se trata.
Mis colegas y yo nos sentimos parte de un contrato social que genera y crea al Estado. Todos los contratos se celebran para ser cumplidos y ejecutados de buena fe. Somos todos diputados, señor Morán, elegidos por la voluntad popular -igual que usted- y todos ejercemos el cargo con la más absoluta buena fe y con la mayor plenitud de nuestras convicciones.
Cada vez que usted -porque lo hace reiteradamente- arranca una de sus exposiciones con estos temas nos ofende profundamente, porque nos quita la posibilidad de opinar, nos censura, nos corre y no nos permite tratar lo que acá deberíamos tratar, cuál de los dos caminos que el Congreso señaló para adquirir la compañía: el proyecto de expropiación de las acciones o el expropiación de los bienes es el menos costoso y el que mejor asegura el futuro de la aeronavegación en la Argentina.
SR. MORÁN En primer lugar, no tengo dudas en lo personal porque tengo un gran respeto por el señor diputado Alejandro Rossi, pero cada uno se manifiesta libremente, como de hecho ha ocurrido.
En segundo término, nosotros no ponemos dudas sobre la situación sino que hacemos denuncias concretas. Lo que ha dicho en la primera parte de su exposición el señor diputado Alejandro Rossi es muy importante, porque es el primer reconocimiento que va a quedar en versión taquigráfica que esto no cuesta cero peso sino que finalmente lo que va a terminar costando es un pasivo de acuerdo con el cálculo patrimonial de 832 millones de dólares.
No estoy planteando dudas; hacemos denuncias contra Ricardo Jaime.
En segundo término, nosotros no ponemos dudas sobre la situación sino que hacemos denuncias concretas. Lo que ha dicho en la primera parte de su exposición el señor diputado Alejandro Rossi es muy importante, porque es el primer reconocimiento que va a quedar en versión taquigráfica que esto no cuesta cero peso sino que finalmente lo que va a terminar costando es un pasivo de acuerdo con el cálculo patrimonial de 832 millones de dólares.
No estoy planteando dudas; hacemos denuncias contra Ricardo Jaime.
SR. LANCETA Señor presidente: respecto a los dichos del señor diputado Alejandro Rossi, yo tengo la tasación del Tribunal de Tasaciones de la Nación de activos por 730 millones de pesos.
De cualquier manera, cuando nosotros planteamos la utilidad pública se refiere a los activos necesarios. Es decir que es función expropiatoria del Poder Ejecutivo utilizar los activos que entienda que resulten beneficiosos en términos económicos, funcionales y prestacionales a la prestación del servicio aerocomercial en la República Argentina.
Me alegro que coincidamos en que tenemos que ir al diseño de un plan en materia de política aerocomercial en la Argentina, porque de lo contrario quizás antes del vencimiento de nuestro mandato estemos viendo cuánto le pagamos a un privado para que se haga cargo de una aerolínea que no hemos sabido llevar adelante.
De cualquier manera, cuando nosotros planteamos la utilidad pública se refiere a los activos necesarios. Es decir que es función expropiatoria del Poder Ejecutivo utilizar los activos que entienda que resulten beneficiosos en términos económicos, funcionales y prestacionales a la prestación del servicio aerocomercial en la República Argentina.
Me alegro que coincidamos en que tenemos que ir al diseño de un plan en materia de política aerocomercial en la Argentina, porque de lo contrario quizás antes del vencimiento de nuestro mandato estemos viendo cuánto le pagamos a un privado para que se haga cargo de una aerolínea que no hemos sabido llevar adelante.
SR. PRESIDENTE MARCONATO Tiene la palabra la señora diputada Montero.
SRA. MONTERO Nuestra posición fue muy clara en el debate anterior. Nosotros considerábamos que el transporte aerocomercial de la Argentina estaba realmente en crisis, que a la situación había que ponerle un punto y que había que tomar alguna decisión respecto del restablecimiento de los servicios y al normal funcionamiento de los servicios porque había una empresa que estaba en quiebra prácticamente y que no estaba dispuesta a pagar sueldos ni a pagar gastos operativos para darle continuidad al servicio.
Por eso planteamos que, dada esta situación, existen diferentes alternativas para encontrar la solución a este conflicto, como la rescisión de contratos de concesión de las líneas. Era una cuestión bastante más clara porque implicaba darle la quiebra a la empresa para que después el Estado pudiera comprar luego de una liquidación una empresa que no iba a valer absolutamente nada.
Además, en el transcurso tal vez podía resolver operativamente el funcionamiento de la empresa. Pero evidentemente hablar de quiebra, rescisión de la concesión de las líneas aéreas y demás, en ese momento era un planteo casi imposible por la conflictividad que había. Hay que tener en cuenta la eventual paralización del servicio si se instalaba el concepto, con la posibilidad de perder la aerolínea de bandera y no poder reubicar a los 9 mil empleados. Entonces, pensamos qué otras opciones teníamos para hacer frente al conflicto. Había que conservar la línea de bandera y tratar de sostener los 9 mil puestos de trabajo -y las 9 mil familias que hay detrás de esos puestos de trabajo- de la manera menos gravosa posible para el Estado. En ese momento entendimos que había dos opciones: una era la compra y la otra la expropiación. En relación a la opción de compra dijimos que no se podía comprar, y menos con un acta establecida en el artículo 2º del proyecto de ley inicial que valuaba la empresa como flujo de fondo futuro. Así, pensamos que ese artículo no lo podíamos convalidar en el Congreso, porque si no habría que haber convalidado todas las acciones que se plantean en los fundamentos, esto es, problemas operativos, defraudación al Estado, y demás cuestiones que no se pueden convalidar en el acta. Por estas razones, dijimos que la opción correcta sería la expropiación. No soy abogada para decir que la expropiación podría haber llegado a más, pero entendimos que la expropiación era algo claro, una herramienta contundente que además no obligaba, como la compra, a negociar algún valor con la empresa. Además, sabíamos que la empresa no iba a estar de acuerdo con el valor. Evidentemente, ellos estaban tratando de valuarla y nosotros decíamos que no valía nada porque estaba vacía y prácticamente quebrada.
En definitiva, quiero decir que estamos de acuerdo con el concepto de expropiación. Esto fue lo primero que planteamos y adjuntamos. Así pudimos evitar el artículo 2º, diciendo, además, que había que preparar el plan B porque se trataba de una expropiación encubierta. Por eso queremos que la cuestión de la expropiación se acote. Por otra parte, quiero plantear algunas observaciones que en su momento adjuntamos y que deberían quedar claras. En principio, creo que no se debe hablar más de "rescate" en el artículo 1º. Quienes entienden los términos legales tal vez lo sepan mejor. Nosotros no deberíamos plantear más que esto es un bien de utilidad pública, que debe ser expropiado justamente por su utilidad pública y porque el Estado nacional tiene la obligación de reestablecer el servicio de transporte aerocomercial en la Argentina para el bienestar de los argentinos. Por lo tanto, nosotros creemos que la palabra "rescate" está desdibujando alguna relación de derecho contractual que existía. Me parece mucho más nítido plantear que no exista esa palabra en el artículo 1º, quedando la redacción de esta manera: "Declárense de utilidad pública y sujetas a expropiación por parte del Estado nacional en los términos previstos por la ley 21.499, las acciones que la empresa Aerolíneas Argentinas y otras líneas aéreas tienen con Interinvest".
El texto es un poco más largo, pero simplemente quiero destacar que el término "rescate" puede llegar a validar alguna cuestión contractual.
Por otro lado, creemos que debe incluirse la evaluación del Tribunal de Tasaciones de la Nación, para que quede en claro que en el marco del proceso de expropiación, el valor de la empresa debe coincidir con el que tenía al 1° de julio, que es cuando se hizo la tasación. Tengamos en cuenta que el valor obtenido luego de la tasación es negativo; entonces, es preciso que no quede abierta la posibilidad de fijar ese valor.
Asimismo, entendemos que se debe generar la posibilidad de que en el proyecto de ley se incluya una indicación al Poder Ejecutivo sobre la restructuración de la empresa. Anteriormente nosotros planteamos que en el dictamen que íbamos a presentar incluiríamos un artículo sobre esa cuestión; era el artículo 11, que nos gustaría adjuntar para ver si existe alguna posibilidad de que este punto sea considerado en el dictamen de la mayoría.
En ese contexto, pensamos que la expropiación es una herramienta válida para restablecer el servicio, hacer una planificación a mediano y largo plazo, salvaguardar la situación del personal afectado a la empresa y mantener una aerolínea que ha sido orgullo nacional en muchos momentos pero que, lamentablemente, estuvo en manos de un grupo extranjero que no cumplió con sus funciones. La empresa cayó en una eventual quiebra y se vio imposibilitada de prestar el servicio.
De ser considerada esta sugerencia, acompañaríamos el dictamen de la mayoría; de no ser así, presentaríamos una disidencia parcial y veríamos si nuestra propuesta es contemplada en el debate en particular.
Por eso planteamos que, dada esta situación, existen diferentes alternativas para encontrar la solución a este conflicto, como la rescisión de contratos de concesión de las líneas. Era una cuestión bastante más clara porque implicaba darle la quiebra a la empresa para que después el Estado pudiera comprar luego de una liquidación una empresa que no iba a valer absolutamente nada.
Además, en el transcurso tal vez podía resolver operativamente el funcionamiento de la empresa. Pero evidentemente hablar de quiebra, rescisión de la concesión de las líneas aéreas y demás, en ese momento era un planteo casi imposible por la conflictividad que había. Hay que tener en cuenta la eventual paralización del servicio si se instalaba el concepto, con la posibilidad de perder la aerolínea de bandera y no poder reubicar a los 9 mil empleados. Entonces, pensamos qué otras opciones teníamos para hacer frente al conflicto. Había que conservar la línea de bandera y tratar de sostener los 9 mil puestos de trabajo -y las 9 mil familias que hay detrás de esos puestos de trabajo- de la manera menos gravosa posible para el Estado. En ese momento entendimos que había dos opciones: una era la compra y la otra la expropiación. En relación a la opción de compra dijimos que no se podía comprar, y menos con un acta establecida en el artículo 2º del proyecto de ley inicial que valuaba la empresa como flujo de fondo futuro. Así, pensamos que ese artículo no lo podíamos convalidar en el Congreso, porque si no habría que haber convalidado todas las acciones que se plantean en los fundamentos, esto es, problemas operativos, defraudación al Estado, y demás cuestiones que no se pueden convalidar en el acta. Por estas razones, dijimos que la opción correcta sería la expropiación. No soy abogada para decir que la expropiación podría haber llegado a más, pero entendimos que la expropiación era algo claro, una herramienta contundente que además no obligaba, como la compra, a negociar algún valor con la empresa. Además, sabíamos que la empresa no iba a estar de acuerdo con el valor. Evidentemente, ellos estaban tratando de valuarla y nosotros decíamos que no valía nada porque estaba vacía y prácticamente quebrada.
En definitiva, quiero decir que estamos de acuerdo con el concepto de expropiación. Esto fue lo primero que planteamos y adjuntamos. Así pudimos evitar el artículo 2º, diciendo, además, que había que preparar el plan B porque se trataba de una expropiación encubierta. Por eso queremos que la cuestión de la expropiación se acote. Por otra parte, quiero plantear algunas observaciones que en su momento adjuntamos y que deberían quedar claras. En principio, creo que no se debe hablar más de "rescate" en el artículo 1º. Quienes entienden los términos legales tal vez lo sepan mejor. Nosotros no deberíamos plantear más que esto es un bien de utilidad pública, que debe ser expropiado justamente por su utilidad pública y porque el Estado nacional tiene la obligación de reestablecer el servicio de transporte aerocomercial en la Argentina para el bienestar de los argentinos. Por lo tanto, nosotros creemos que la palabra "rescate" está desdibujando alguna relación de derecho contractual que existía. Me parece mucho más nítido plantear que no exista esa palabra en el artículo 1º, quedando la redacción de esta manera: "Declárense de utilidad pública y sujetas a expropiación por parte del Estado nacional en los términos previstos por la ley 21.499, las acciones que la empresa Aerolíneas Argentinas y otras líneas aéreas tienen con Interinvest".
El texto es un poco más largo, pero simplemente quiero destacar que el término "rescate" puede llegar a validar alguna cuestión contractual.
Por otro lado, creemos que debe incluirse la evaluación del Tribunal de Tasaciones de la Nación, para que quede en claro que en el marco del proceso de expropiación, el valor de la empresa debe coincidir con el que tenía al 1° de julio, que es cuando se hizo la tasación. Tengamos en cuenta que el valor obtenido luego de la tasación es negativo; entonces, es preciso que no quede abierta la posibilidad de fijar ese valor.
Asimismo, entendemos que se debe generar la posibilidad de que en el proyecto de ley se incluya una indicación al Poder Ejecutivo sobre la restructuración de la empresa. Anteriormente nosotros planteamos que en el dictamen que íbamos a presentar incluiríamos un artículo sobre esa cuestión; era el artículo 11, que nos gustaría adjuntar para ver si existe alguna posibilidad de que este punto sea considerado en el dictamen de la mayoría.
En ese contexto, pensamos que la expropiación es una herramienta válida para restablecer el servicio, hacer una planificación a mediano y largo plazo, salvaguardar la situación del personal afectado a la empresa y mantener una aerolínea que ha sido orgullo nacional en muchos momentos pero que, lamentablemente, estuvo en manos de un grupo extranjero que no cumplió con sus funciones. La empresa cayó en una eventual quiebra y se vio imposibilitada de prestar el servicio.
De ser considerada esta sugerencia, acompañaríamos el dictamen de la mayoría; de no ser así, presentaríamos una disidencia parcial y veríamos si nuestra propuesta es contemplada en el debate en particular.
SRA. PRESIDENTA IBARRA Tiene la palabra el señor diputado Vargas Aignasse.
SR. VARGAS AIGNASSE Señora presidenta: la diputada preopinante planteó la posibilidad de modificar el artículo 1° eliminando la primera parte, es decir, cuando dice: "A fin de cumplir con el rescate previsto en el artículo 1º de la ley 26.412".
Pienso que la redacción del artículo es razonable, porque lo que se pretende con esa primera frase es dejar en claro que en el Parlamento hubo una voluntad mayoritaria para rescatar a Aerolíneas Argentinas de acuerdo con lo previsto en la ley 26.412, lo que obviamente, por cuestiones ajenas, no se pudo hacer. En otras palabras, es una manera de dejar en claro que de parte del gobierno nacional hubo voluntad de resolver la cuestión sin llegar al extremo de la expropiación, algo que naturalmente va a servir si el tema termina judicializándose.
He escuchado a compañeros diputados de la oposición plantear sus temores ante una posible judicialización, pese a que en realidad hubo muchos procesos de privatización en los que se registró un flagrante incumplimiento de parte de quienes prestaban el servicio, que terminaron en la Justicia.
En la provincia de Tucumán, por ejemplo, estamos en juicio con la empresa francesa que brindaba el servicio de agua y cloacas. Obviamente, debimos terminar corriéndola de la provincia porque nunca cumplió con las metas de inversión. No había agua o no era potable, no tendió redes y encima comenzó con una campaña compulsiva de cobros judiciales cuando, en realidad, era ella la que no cumplía con la prestación del servicio.
No tenemos temor de los juicios porque contamos con pruebas para demostrar el incumplimiento de las empresas; pero lo que es más importante, no podemos permitir que por miedo a un tribunal, que sabemos no es del todo objetivo e imparcial porque sirvió a los intereses de las empresas que llegaron a nuestro país en la década del 90, no sigamos adelante.
Por temor a ellos tampoco vamos a caer en la indignidad de permitir que sigan estando en la Argentina sin brindar el servicio al que contractualmente estaban obligados.
Por eso no debemos tenerle miedo. Si llega la instancia judicial del CIADI, seguramente nos vamos a defender con todos los argumentos y con todos los elementos jurídicos que tiene el gobierno nacional, que son claros, son contundentes, que nadie de los que está acá sentado desconoce y que nos van a servir como argumento suficiente para ganar esta pelea en cualquier tribunal arbitral o judicial del mundo.
Hay un hecho real: estamos hablando en primer orden de un servicio público absolutamente deficitario. Yo provengo de una provincia donde recién hace seis meses el gobierno tomó la decisión de acordar con otra empresa privada que bajo el mecanismo de subsidios está brindando el servicio de transporte en Tucumán.
El servicio de Aerolíneas era francamente un caos. Los tucumanos hemos perdido millones y millones de pesos en concepto de turismo, porque las empresas de turismo no llegaban por Tucumán sino por otras provincias vecinas que sí tenían convenios con líneas privadas -que no era Aerolíneas Argentinas naturalmente- porque llegar al norte del país vía Tucumán implicaba necesariamente tres o cuatro horas de atraso en cada vuelo. Imagínense a un turista extranjero que viene al norte del país y la empresa intermediaria que lo va a traer tiene la opción de llevarlo por Tucumán por Aerolíneas, haciéndolo esperar tres o más horas en el aeropuerto, o directamente ir por Salta que tiene el servicio de Andes o LAN que salen y llegan en horario.
Este tipo de falencias del servicio público ha afectado profundamente a mucha gente. Y esto es algo que nosotros no podemos ignorar y que naturalmente a la hora de hablar de que estamos por declarar de utilidad pública a la empresa y que se va a avanzar en un proceso expropiatorio para recuperar un servicio público que hoy no se está brindando, eso implica necesariamente un costo.
Pensar que absorber o tomar una empresa que viene hace muchos años incumpliendo con el servicio público y, por lo tanto, siendo sistemáticamente vaciada, malversada y mal administrada no va a tener un costo, es no entender que el Estado debe hacerse cargo de una empresa que no ha cumplido y que lamentablemente en ese incumplimiento ha generado numerosas irregularidades en su funcionamiento. Para poder recuperarla y poder cumplir con ese servicio vamos a tener que afrontar ese costo.
El funcionario público que vaya a pagar cuando esta empresa empiece a funcionar, lo va a hacer con los organismos de control convenientes de control legal que hoy están contemplados en nuestras leyes y en la Constitución Nacional. Acá no se va a pagar nada que no corresponda.
Creer que se va a tomar una empresa con absoluta irresponsabilidad es desconocer la historia de este gobierno. Podemos recordar con lo que fue recuperar el Correo Argentino. Diga alguien de los presentes si el Correo Argentino desde que el Grupo Macri lo dejó y lo tomó el gobierno nacional no ha funcionado mejor. Pero no sólo eso, ha tomado más trabajadores y hoy tiene superávit; podemos mostrar con balances cómo el Estado ha sido mucho mejor administrador del Correo Argentino que el Grupo Macri. ¿Por qué pensar que si hemos hecho algo bien con el Correo Argentino no podemos hacer lo mismo e igual de bien con Aerolíneas Argentinas?
Rescato alguna buena voluntad de muchos diputados, pero no es bueno hacer futurología política. Los argentinos hemos aprendido una muy dura lección en los últimos años y hoy nadie resiste ni tolera cualquier improvisación vinculada con los servicios públicos. Los argentinos hemos aprendido por sufrimiento propio lo que es el abandono del servicio público por parte de empresas privadas.
Esperemos poder avanzar de la mejor manera. Lo más razonable para todos es discutir este punto desde la realidad de los hechos evitando hacer futurología desconociendo la historia corta de nuestro país y cómo hemos recuperado empresas de servicios públicos del Estado que estaban mal privatizadas, pues las hemos ordenado y realmente hoy funcionan de buena manera.
Pienso que la redacción del artículo es razonable, porque lo que se pretende con esa primera frase es dejar en claro que en el Parlamento hubo una voluntad mayoritaria para rescatar a Aerolíneas Argentinas de acuerdo con lo previsto en la ley 26.412, lo que obviamente, por cuestiones ajenas, no se pudo hacer. En otras palabras, es una manera de dejar en claro que de parte del gobierno nacional hubo voluntad de resolver la cuestión sin llegar al extremo de la expropiación, algo que naturalmente va a servir si el tema termina judicializándose.
He escuchado a compañeros diputados de la oposición plantear sus temores ante una posible judicialización, pese a que en realidad hubo muchos procesos de privatización en los que se registró un flagrante incumplimiento de parte de quienes prestaban el servicio, que terminaron en la Justicia.
En la provincia de Tucumán, por ejemplo, estamos en juicio con la empresa francesa que brindaba el servicio de agua y cloacas. Obviamente, debimos terminar corriéndola de la provincia porque nunca cumplió con las metas de inversión. No había agua o no era potable, no tendió redes y encima comenzó con una campaña compulsiva de cobros judiciales cuando, en realidad, era ella la que no cumplía con la prestación del servicio.
No tenemos temor de los juicios porque contamos con pruebas para demostrar el incumplimiento de las empresas; pero lo que es más importante, no podemos permitir que por miedo a un tribunal, que sabemos no es del todo objetivo e imparcial porque sirvió a los intereses de las empresas que llegaron a nuestro país en la década del 90, no sigamos adelante.
Por temor a ellos tampoco vamos a caer en la indignidad de permitir que sigan estando en la Argentina sin brindar el servicio al que contractualmente estaban obligados.
Por eso no debemos tenerle miedo. Si llega la instancia judicial del CIADI, seguramente nos vamos a defender con todos los argumentos y con todos los elementos jurídicos que tiene el gobierno nacional, que son claros, son contundentes, que nadie de los que está acá sentado desconoce y que nos van a servir como argumento suficiente para ganar esta pelea en cualquier tribunal arbitral o judicial del mundo.
Hay un hecho real: estamos hablando en primer orden de un servicio público absolutamente deficitario. Yo provengo de una provincia donde recién hace seis meses el gobierno tomó la decisión de acordar con otra empresa privada que bajo el mecanismo de subsidios está brindando el servicio de transporte en Tucumán.
El servicio de Aerolíneas era francamente un caos. Los tucumanos hemos perdido millones y millones de pesos en concepto de turismo, porque las empresas de turismo no llegaban por Tucumán sino por otras provincias vecinas que sí tenían convenios con líneas privadas -que no era Aerolíneas Argentinas naturalmente- porque llegar al norte del país vía Tucumán implicaba necesariamente tres o cuatro horas de atraso en cada vuelo. Imagínense a un turista extranjero que viene al norte del país y la empresa intermediaria que lo va a traer tiene la opción de llevarlo por Tucumán por Aerolíneas, haciéndolo esperar tres o más horas en el aeropuerto, o directamente ir por Salta que tiene el servicio de Andes o LAN que salen y llegan en horario.
Este tipo de falencias del servicio público ha afectado profundamente a mucha gente. Y esto es algo que nosotros no podemos ignorar y que naturalmente a la hora de hablar de que estamos por declarar de utilidad pública a la empresa y que se va a avanzar en un proceso expropiatorio para recuperar un servicio público que hoy no se está brindando, eso implica necesariamente un costo.
Pensar que absorber o tomar una empresa que viene hace muchos años incumpliendo con el servicio público y, por lo tanto, siendo sistemáticamente vaciada, malversada y mal administrada no va a tener un costo, es no entender que el Estado debe hacerse cargo de una empresa que no ha cumplido y que lamentablemente en ese incumplimiento ha generado numerosas irregularidades en su funcionamiento. Para poder recuperarla y poder cumplir con ese servicio vamos a tener que afrontar ese costo.
El funcionario público que vaya a pagar cuando esta empresa empiece a funcionar, lo va a hacer con los organismos de control convenientes de control legal que hoy están contemplados en nuestras leyes y en la Constitución Nacional. Acá no se va a pagar nada que no corresponda.
Creer que se va a tomar una empresa con absoluta irresponsabilidad es desconocer la historia de este gobierno. Podemos recordar con lo que fue recuperar el Correo Argentino. Diga alguien de los presentes si el Correo Argentino desde que el Grupo Macri lo dejó y lo tomó el gobierno nacional no ha funcionado mejor. Pero no sólo eso, ha tomado más trabajadores y hoy tiene superávit; podemos mostrar con balances cómo el Estado ha sido mucho mejor administrador del Correo Argentino que el Grupo Macri. ¿Por qué pensar que si hemos hecho algo bien con el Correo Argentino no podemos hacer lo mismo e igual de bien con Aerolíneas Argentinas?
Rescato alguna buena voluntad de muchos diputados, pero no es bueno hacer futurología política. Los argentinos hemos aprendido una muy dura lección en los últimos años y hoy nadie resiste ni tolera cualquier improvisación vinculada con los servicios públicos. Los argentinos hemos aprendido por sufrimiento propio lo que es el abandono del servicio público por parte de empresas privadas.
Esperemos poder avanzar de la mejor manera. Lo más razonable para todos es discutir este punto desde la realidad de los hechos evitando hacer futurología desconociendo la historia corta de nuestro país y cómo hemos recuperado empresas de servicios públicos del Estado que estaban mal privatizadas, pues las hemos ordenado y realmente hoy funcionan de buena manera.
SR. PRESIDENTE MARCONATO Tiene la palabra la señora diputada Martín.
SRA. MARTÍN Voy a dar mi visión sobre algunos aspectos que se están discutiendo.
El primer tema es el de la famosa acta acuerdo o borrador, que fue motivo de discusión. Como ya se ha dicho acá, no me cabe duda de que Marsans nada tiene que reclamar al Estado nacional como consecuencia de ello.
El compromiso que se esboza en ese papel es de medios, en el cual el Estado nacional de ninguna forma se compromete a una compraventa porque falta el elemento esencial que es el precio. Si bien fija un procedimiento para determinarlo, el precio tiene que ser cierto y parte integrante del acto donde se realiza la compraventa.
Además, hay otro elemento esencial que es el de la personería o de las facultades que tiene aquel funcionario interviniente por el Estado nacional, dado que los funcionarios que intervinieron no tenían competencia en absoluto para obligar al Estado en una compraventa.
Con esto no puede verse engañada Marsans, pues sabe perfectamente el alcance de las competencias de los funcionarios que intervinieron. De manera que no puede haberse equivocado ni haberse visto burlada su buena fe respecto de los alcances que podía tener ese acuerdo que celebraron. De eso no cabe duda.
Lógicamente, si esta empresa cree tener algún derecho, el Estado nacional deberá defenderse como corresponde dentro de las instancias que inicien, si es que ocurre.
El otro tema es cómo caminamos hacia el futuro, desde esta situación en la que hoy estamos parados. Para ello creo que hay algunas pautas que nosotros entendemos que debemos satisfacer respecto de ese futuro.
En primer lugar, está el tema del servicio público, en relación con el cual debemos pensar cómo hacemos para darle respuesta satisfactoria a ese servicio para la gente desde el Estado nacional.
En segundo término, nos preocupa también la situación de los trabajadores que están involucrados con las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral.
Creemos que una buena opción puede ser la expropiación de los bienes materiales e inmateriales, derechos necesarios para que el Estado nacional encare la explotación de estas líneas áreas.
Se nos presenta la duda, que en realidad no es duda, respecto del tema de la expropiación de las acciones. ¿Cómo lo vemos? Expropiar las acciones es como expropiar una caja de Pandora: no sabemos qué estamos expropiando. Es un poco lo que pasa con la crisis mundial que estamos atravesando: no sabemos cuál es el riesgo real al que nos han enfrentado los fondos de inversión. De manera que, frente a tantas equivocaciones a lo largo de la historia de nuestro país, nos inclinamos a tener una posición más firme, para caminar sobre pasos más seguros. ¿A qué me refiero con esto? A que los pasos más seguros serían los bienes que necesariamente el Estado nacional debería disponer para poder continuar la explotación. También es cierto que el Estado nacional hizo adelantos a la empresa por medio de distintos salvatajes, que deben ser computados como pago a cuenta de aquellos bienes que expropia. Si nosotros expropiamos acciones nos metemos en un fárrago de deudas tanto legítimas como ilegítimas, y en una serie de dilucidaciones legales que pueden llegar a ser eternas para el Estado nacional en perjuicio de la obligación de prestar el servicio. Por eso, creo que debemos dar pasos firmes expropiando los bienes que necesitamos para trabajar y considerando esos adelantos -que son ciertos porque están perfectamente computarizados, y me imagino que el Estado nacional los tendrá documentados- como parte del pago de lo que estamos expropiando. No es cierto que las acciones valgan cero. Las acciones valen menos de cero. De acuerdo a la valuación del Tribunal de Tasaciones hay un valor patrimonial de menos 832 millones de dólares; de acuerdo al valor de flujo de fondos ese valor es menos 622 millones de dólares.
De manera que tenemos un menú de opciones. Estamos a las puertas de una coincidencia en cuanto a que es el Estado nacional el que debe hacerse cargo de esto. El tema es cómo lo hacemos y cuál es la opción más ventajosa para el Estado nacional. Creo que debemos pensar en el tema de las certidumbres. Las certidumbres hoy son un valor muy importante; está probado en la economía y en la realidad de las cosas.
La certidumbre está en los bienes, en los pagos que hizo el Estado nacional.
En los que se refiere a los créditos fiscales, deberán ir a concurso con los demás créditos o deudas que pueda tener la empresa en un orden de prelación que se establecerá de acuerdo con la naturaleza de ellos.
El primer tema es el de la famosa acta acuerdo o borrador, que fue motivo de discusión. Como ya se ha dicho acá, no me cabe duda de que Marsans nada tiene que reclamar al Estado nacional como consecuencia de ello.
El compromiso que se esboza en ese papel es de medios, en el cual el Estado nacional de ninguna forma se compromete a una compraventa porque falta el elemento esencial que es el precio. Si bien fija un procedimiento para determinarlo, el precio tiene que ser cierto y parte integrante del acto donde se realiza la compraventa.
Además, hay otro elemento esencial que es el de la personería o de las facultades que tiene aquel funcionario interviniente por el Estado nacional, dado que los funcionarios que intervinieron no tenían competencia en absoluto para obligar al Estado en una compraventa.
Con esto no puede verse engañada Marsans, pues sabe perfectamente el alcance de las competencias de los funcionarios que intervinieron. De manera que no puede haberse equivocado ni haberse visto burlada su buena fe respecto de los alcances que podía tener ese acuerdo que celebraron. De eso no cabe duda.
Lógicamente, si esta empresa cree tener algún derecho, el Estado nacional deberá defenderse como corresponde dentro de las instancias que inicien, si es que ocurre.
El otro tema es cómo caminamos hacia el futuro, desde esta situación en la que hoy estamos parados. Para ello creo que hay algunas pautas que nosotros entendemos que debemos satisfacer respecto de ese futuro.
En primer lugar, está el tema del servicio público, en relación con el cual debemos pensar cómo hacemos para darle respuesta satisfactoria a ese servicio para la gente desde el Estado nacional.
En segundo término, nos preocupa también la situación de los trabajadores que están involucrados con las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral.
Creemos que una buena opción puede ser la expropiación de los bienes materiales e inmateriales, derechos necesarios para que el Estado nacional encare la explotación de estas líneas áreas.
Se nos presenta la duda, que en realidad no es duda, respecto del tema de la expropiación de las acciones. ¿Cómo lo vemos? Expropiar las acciones es como expropiar una caja de Pandora: no sabemos qué estamos expropiando. Es un poco lo que pasa con la crisis mundial que estamos atravesando: no sabemos cuál es el riesgo real al que nos han enfrentado los fondos de inversión. De manera que, frente a tantas equivocaciones a lo largo de la historia de nuestro país, nos inclinamos a tener una posición más firme, para caminar sobre pasos más seguros. ¿A qué me refiero con esto? A que los pasos más seguros serían los bienes que necesariamente el Estado nacional debería disponer para poder continuar la explotación. También es cierto que el Estado nacional hizo adelantos a la empresa por medio de distintos salvatajes, que deben ser computados como pago a cuenta de aquellos bienes que expropia. Si nosotros expropiamos acciones nos metemos en un fárrago de deudas tanto legítimas como ilegítimas, y en una serie de dilucidaciones legales que pueden llegar a ser eternas para el Estado nacional en perjuicio de la obligación de prestar el servicio. Por eso, creo que debemos dar pasos firmes expropiando los bienes que necesitamos para trabajar y considerando esos adelantos -que son ciertos porque están perfectamente computarizados, y me imagino que el Estado nacional los tendrá documentados- como parte del pago de lo que estamos expropiando. No es cierto que las acciones valgan cero. Las acciones valen menos de cero. De acuerdo a la valuación del Tribunal de Tasaciones hay un valor patrimonial de menos 832 millones de dólares; de acuerdo al valor de flujo de fondos ese valor es menos 622 millones de dólares.
De manera que tenemos un menú de opciones. Estamos a las puertas de una coincidencia en cuanto a que es el Estado nacional el que debe hacerse cargo de esto. El tema es cómo lo hacemos y cuál es la opción más ventajosa para el Estado nacional. Creo que debemos pensar en el tema de las certidumbres. Las certidumbres hoy son un valor muy importante; está probado en la economía y en la realidad de las cosas.
La certidumbre está en los bienes, en los pagos que hizo el Estado nacional.
En los que se refiere a los créditos fiscales, deberán ir a concurso con los demás créditos o deudas que pueda tener la empresa en un orden de prelación que se establecerá de acuerdo con la naturaleza de ellos.
SR. ROSSI (A.L.) ¿Me permite una interrupción, señora diputada, con el permiso de la Presidencia?
SRA. MARTÍN Sí, señor diputado.
SR. PRESIDENTE MARCONATO Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Rossi.
SR. ROSSI (A.L.) Señor presidente: me gustaría hacer algunas apreciaciones sobre cuestiones técnicas que probablemente la señora diputada no conoce, y que creo sería importante que tuviera en cuenta.
En primer lugar, ambas empresas están concursadas y buena parte de sus pasivos son de naturaleza postconcursal.
En segundo término, quisiera detenerme en un tema sobre el que hace un rato hablaba con el señor diputado Lancetta: la manera como se haría la expropiación y de qué forma se pueden tomar los créditos.
Aerolíneas Argentinas tiene de su titularidad jurídica veinticinco aviones, de los cuales dieciocho están declarados y dados de baja por desguace en condiciones de chatarra. De los siete restantes, tres están volando y cuatro no son operativos.
En conclusión, en la hipótesis que plantea la señora diputada de compensar una parte de los adelantos para afrontar la expropiación de esos tres aviones, la diferencia con el aporte que el Estado ha realizado es mínima. Como seguramente sabrá la señora diputada, desde el mes de julio el Estado ha aportado cifras considerables para mantener la operatividad de la compañía. Esto es, no sólo para pagar sueldos y a proveedores sino también para regularizar un conjunto de situaciones bastante difíciles de computar a cuenta de esos tres aviones. O sea que en este caso, sólo alcanzaría para el pago de esas aeronaves.
En el marco de la hipótesis planteada por la señora diputada, si nosotros avanzáramos en el armado de una compañía llamada "Aerolíneas Argentinas" que contara con lo mínimo que hoy cuenta la empresa para operar, se generarían litigios con quince lessors, que son los propietarios de los aviones. Estos quince lessors son empresas radicadas en los Estados Unidos y en cinco países europeos, varios de los cuales han celebrado tratados de protección de las inversiones con la Argentina. Es decir que estaríamos amplificando la misma situación que pretendemos evitar con Marsans.
A esto debemos agregar que buena parte de esos aviones ya fueron pagados por Aerolíneas Argentinas. Es decir que tendríamos que volver a pagar, porque al ser nosotros quienes expropiamos las aeronaves directamente a su propietario, no podríamos computar el pago realizado a cuenta por parte de un tercero, en este caso el grupo Marsans y Aerolíneas Argentinas.
Me he tomado el trabajo de analizar minuciosamente la viabilidad del proyecto que la oposición presentó y, agradeciendo la interrupción de la señora diputada, ratifico lo siguiente: si se sancionara ese proyecto, se generaría una situación patrimonial muchísimo más gravosa que hacerse cargo de la compañía por un valor igual a cero y tomando su pasivo.
En primer lugar, ambas empresas están concursadas y buena parte de sus pasivos son de naturaleza postconcursal.
En segundo término, quisiera detenerme en un tema sobre el que hace un rato hablaba con el señor diputado Lancetta: la manera como se haría la expropiación y de qué forma se pueden tomar los créditos.
Aerolíneas Argentinas tiene de su titularidad jurídica veinticinco aviones, de los cuales dieciocho están declarados y dados de baja por desguace en condiciones de chatarra. De los siete restantes, tres están volando y cuatro no son operativos.
En conclusión, en la hipótesis que plantea la señora diputada de compensar una parte de los adelantos para afrontar la expropiación de esos tres aviones, la diferencia con el aporte que el Estado ha realizado es mínima. Como seguramente sabrá la señora diputada, desde el mes de julio el Estado ha aportado cifras considerables para mantener la operatividad de la compañía. Esto es, no sólo para pagar sueldos y a proveedores sino también para regularizar un conjunto de situaciones bastante difíciles de computar a cuenta de esos tres aviones. O sea que en este caso, sólo alcanzaría para el pago de esas aeronaves.
En el marco de la hipótesis planteada por la señora diputada, si nosotros avanzáramos en el armado de una compañía llamada "Aerolíneas Argentinas" que contara con lo mínimo que hoy cuenta la empresa para operar, se generarían litigios con quince lessors, que son los propietarios de los aviones. Estos quince lessors son empresas radicadas en los Estados Unidos y en cinco países europeos, varios de los cuales han celebrado tratados de protección de las inversiones con la Argentina. Es decir que estaríamos amplificando la misma situación que pretendemos evitar con Marsans.
A esto debemos agregar que buena parte de esos aviones ya fueron pagados por Aerolíneas Argentinas. Es decir que tendríamos que volver a pagar, porque al ser nosotros quienes expropiamos las aeronaves directamente a su propietario, no podríamos computar el pago realizado a cuenta por parte de un tercero, en este caso el grupo Marsans y Aerolíneas Argentinas.
Me he tomado el trabajo de analizar minuciosamente la viabilidad del proyecto que la oposición presentó y, agradeciendo la interrupción de la señora diputada, ratifico lo siguiente: si se sancionara ese proyecto, se generaría una situación patrimonial muchísimo más gravosa que hacerse cargo de la compañía por un valor igual a cero y tomando su pasivo.
SR. PRESIDENTE MARCONATO Continúa en el uso de la palabra la señora diputada Martín.
SRA. MARTÍN Señor presidente: desde mi punto de vista, la situación es exactamente al revés de la que plantea el señor diputado Rossi.
Si compramos acciones, también adquirimos ese pasivo incierto del que habló el señor diputado y la chatarra de los tres aviones, dado que tanto ese pasivo como la chatarra pertenecen a la empresa que estaríamos comprando en caso de que adquiramos las acciones.
Si compramos bienes -o expropiamos, para utilizar el término correcto- deberíamos hacerlo considerando los bienes necesarios para la continuación de la explotación. Es decir que tendríamos que expropiar lo que sirva a ese fin, no lo que no sirva. Esto, lógicamente, deberá determinarlo el Poder Ejecutivo porque así lo indica el procedimiento.
En cuanto a los bienes necesarios para la continuación de la explotación, justamente el argumento que usted me da va en contra de lo que propone. El argumento que usted me da se contrapone con el remedio que propone, que es comprar esa chatarra y esa deuda...
Si compramos acciones, también adquirimos ese pasivo incierto del que habló el señor diputado y la chatarra de los tres aviones, dado que tanto ese pasivo como la chatarra pertenecen a la empresa que estaríamos comprando en caso de que adquiramos las acciones.
Si compramos bienes -o expropiamos, para utilizar el término correcto- deberíamos hacerlo considerando los bienes necesarios para la continuación de la explotación. Es decir que tendríamos que expropiar lo que sirva a ese fin, no lo que no sirva. Esto, lógicamente, deberá determinarlo el Poder Ejecutivo porque así lo indica el procedimiento.
En cuanto a los bienes necesarios para la continuación de la explotación, justamente el argumento que usted me da va en contra de lo que propone. El argumento que usted me da se contrapone con el remedio que propone, que es comprar esa chatarra y esa deuda...
SR. ROSSI ¿Los aviones no son necesarios? ¿Cuántos aviones habría que comprar? Los mismos que tiene ahora...
SRA. MARTÍN Es imposible que yo le dé la respuesta; eso lo determinará un estudio técnico.
Si compramos las acciones, estamos comprando chatarra. Ni siquiera sabemos lo que estamos comprando. Estamos comprando deuda.
Lo que usted, señor diputado, de que Marsans ya está en concurso abunda en lo que yo le estoy diciendo. Los bienes de ese concurso que sirvan para la explotación deberán ser expropiados por el Estado nacional para destinarlos a una empresa del Estado. Y los créditos que el Estado nacional puede tener por deuda impositiva, eso sí deberán ventilarse en el concurso. Nosotros no lo podemos traer. Pero sí podemos traer los adelantos que hayamos dado en función de la continuidad de la explotación.
Esos adelantos que no tienen una causa, nada más que un acto de liberalidad del Estado para continuar esa obligación de cumplir con el servicio público, lo podemos computar a cuenta del pago de los bienes que podamos expropiar.
He dado mi disidencia en los puntos de vista y hago una valoración final: esto cierra el ciclo de una era muy difícil que vivió nuestro país de pensamiento neoliberal en el cual el Estado no servía, era ineficiente, no garantizaba a la gente los servicios esenciales y sí lo hacían los privados.
Creo que esta es la derrota de esa teoría. Evidentemente esto no es así y el mundo lo demuestra. Lo que planteamos en aquella época de las privatizaciones y lo que continuamos planteando en este momento es que el Estado debe hacerse cargo de ese servicio público y que debemos expropiar esos bienes necesarios para la explotación.
Pero hay una deuda que los argentinos tenemos pendiente. Esa deuda, después de tantas ideas y venidas, es por qué o qué nos llevó a los argentinos a que se pensase de esa manera en el sentido del que el Estado nacional no servía y que no daba respuesta a las necesidades de la gente.
Esa es una discusión pendiente que tenemos que es muy importante para no volver a cometer los errores que seguramente ha cometido nuestro país en su historia.
Si compramos las acciones, estamos comprando chatarra. Ni siquiera sabemos lo que estamos comprando. Estamos comprando deuda.
Lo que usted, señor diputado, de que Marsans ya está en concurso abunda en lo que yo le estoy diciendo. Los bienes de ese concurso que sirvan para la explotación deberán ser expropiados por el Estado nacional para destinarlos a una empresa del Estado. Y los créditos que el Estado nacional puede tener por deuda impositiva, eso sí deberán ventilarse en el concurso. Nosotros no lo podemos traer. Pero sí podemos traer los adelantos que hayamos dado en función de la continuidad de la explotación.
Esos adelantos que no tienen una causa, nada más que un acto de liberalidad del Estado para continuar esa obligación de cumplir con el servicio público, lo podemos computar a cuenta del pago de los bienes que podamos expropiar.
He dado mi disidencia en los puntos de vista y hago una valoración final: esto cierra el ciclo de una era muy difícil que vivió nuestro país de pensamiento neoliberal en el cual el Estado no servía, era ineficiente, no garantizaba a la gente los servicios esenciales y sí lo hacían los privados.
Creo que esta es la derrota de esa teoría. Evidentemente esto no es así y el mundo lo demuestra. Lo que planteamos en aquella época de las privatizaciones y lo que continuamos planteando en este momento es que el Estado debe hacerse cargo de ese servicio público y que debemos expropiar esos bienes necesarios para la explotación.
Pero hay una deuda que los argentinos tenemos pendiente. Esa deuda, después de tantas ideas y venidas, es por qué o qué nos llevó a los argentinos a que se pensase de esa manera en el sentido del que el Estado nacional no servía y que no daba respuesta a las necesidades de la gente.
Esa es una discusión pendiente que tenemos que es muy importante para no volver a cometer los errores que seguramente ha cometido nuestro país en su historia.
SR. PRESIDENTE MARCONATO Tiene la palabra el señor diputado Sánchez.
SR. SÁNCHEZ En primer lugar, debo aclarar algunas cuestiones porque hay discursos, sobre todo de diputados del oficialismo, que parece que no han entendido que en este tema hay consensos bastante grandes.
Cuando los bloques de la Coalición Cívica y algunos otros planteamos cuál era la posición estratégica respecto de este conflicto habíamos establecido tres puntos y había un amplio consenso entre todos los bloques, amén de los dictámenes que se hayan emitido y de las distintas consideraciones técnicas que se hayan hecho.
Siempre dijimos que había tres intereses fundamentales que debíamos defender: el sistema de transporte aerocomercial de la Argentina que hace a la soberanía y al desarrollo nacional; el activo más importante a defender, que son los trabajadores y la paz social, y tenemos que recordar que la paz social se vio perturbada cuando quebraron empresas muchos más chicas del mismo sistema de transporte -como Dinar y SW- y creíamos también fundamental defender el patrimonio de los argentinos.
En ese sentido, no se estaba discutiendo como en otras épocas la privatización de Aerolíneas Argentinas ni ninguna otra cuestión. Por ello, considero que este tipo de debate está agotado por consenso absoluto.
La segunda cuestión es que hay que descartar los discursos prejuiciosos que pretenden derivar hacia una cuestión central sobre cómo solucionamos este tema. Lo escuchaba al señor diputado Vargas Aignasse hablar de la conveniencia de la gestión del Estado. Eso estaba subsanado; ya habíamos emitido un dictamen donde establecíamos la creación de una empresa ciento por ciento estatal con el rescate del principal activos de Aerolíneas Argentinas: sus trabajadores. Me parece que dimos suficientes garantías de no querer entrar en disensos ficticios y no querer desviar la discusión hacia ningún otro lado que no tenga que ver con lo fundamental.
Nosotros no podemos acompañar el dictamen de mayoría, porque justamente lo que no vemos -aunque lo empezamos a ver tímidamente con algunas palabras del señor diputado Alejandro Rossi- son las responsabilidades pasadas del gobierno nacional en su doble rol de controlador de la actividad aerocomercial y de las empresas, y de dueño de la empresa Aerolíneas Argentinas, aunque fuera en carácter minoritario.
El señor diputado Basteiro dijo que el Estado nacional tomó una decisión estratégica desde el punto de vista del gobierno nacional de intervenir cada vez de manera más creciente respecto de las decisiones y, por tanto, del patrimonio o del capital de la empresa justamente para establecer lo que el gobierno nacional creía que eran las estrategias respecto de la empresa y del transporte aerocomercial.
Por lo tanto, nos resulta sumamente importante que por lo menos a partir del 2006 nos diga el Estado nacional, a partir de la responsabilidad del secretario Jaime y del ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, qué hizo para que la empresa no termine durante todo ese período y antes y a la fecha en la situación que dijo el miembro informante de la Comisión Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, el señor diputado West, es decir, que la empresa estaba en un estado de total abandono.
El Estado es dueño de parte de la empresa. ¿Por qué el gobierno nacional decidió acompañar esa política de Marsans y dejar que la empresa llegara a un estado de total abandono? No se mencionan esas cuestiones.
Cuando el secretario de Transporte vino a esa sala y mencionó los incumplimientos fundamentales de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral en la responsabilidad de sus administradores mayoritarios -Marsans-, no las dimensionó y tampoco dio las fechas de esos incumplimientos.
Nos parece fundamental que eso se diga para que podamos analizar si va a ser el gobierno nacional un digno depositario de la confianza de la totalidad de esta Cámara, o por lo menos de una mayoría considerable para que haya una sola solución planteada a este tema.
Como no nos dicen estas y algunas otras cosas, o nos las dicen de manera confusa o contradictoria, por decisiones de decretos de necesidad y urgencia y por la misma ley de presupuesto nacional le estamos otorgando a esta empresa aportes que hoy queremos que se computen a cuenta de vaya a saber qué cosa cuando se las transferimos en términos de subsidios.
Me parece fue difícil que haya un discurso en contra de un mal administrador privado como único responsable cuando fuimos -como gobierno nacional ustedes, y como Estado nacional todos- corresponsables de esa pésima administración.
No podemos acompañar el dictamen porque los argumentos del propio oficialismo son sumamente contradictorios y esconden parte de la verdad. Esa verdad es sumamente importante a la hora de que nosotros podamos decidir la mejor salida para este conflicto, que es la responsabilidad del Estado y nacional y de sus funcionarios del Poder Ejecutivo respecto de la situación de la empresa.
No podemos decir tampoco que nosotros deseamos que la empresa privada Marsans vaya a los Tribunales internacionales a reclamar. Marsans es uno de los responsables fundamentales del vaciamiento y de la situación actual de la empresa.
Lo que estamos diciendo es que el Estado nacional, a partir de las acciones que ha ido tomando, le ha brindado y ha dejado en manos de Marsans los mejores instrumentos para acudir a esos tribunales con las mayores posibilidades de éxito en sus reclamos. No es que nosotros estamos deseando que vaya Marsans ni que gane ese reclamo. Todo lo contrario, desde el primer momento hablamos de su responsabilidad patrimonial y penal. Pero lo que también estamos queriendo decir son las otras dos cuestiones: que el Estado nacional -o el gobierno nacional, o el oficialismo- fue corresponsable de la situación y, con un discurso engañoso, le acercó las mejores condiciones para que esa presentación ante los tribunales internacionales fuera ganada por la empresa.
La cuarta cuestión es que probablemente ni siquiera sea necesario que Marsans acuda a esos tribunales internacionales. Podría ser hasta benévolo con nosotros. Porque como bien dijo el diputado Alejandro Rossi a partir de la pregunta de la diputada Lemos, cuando nosotros compremos la responsabilidad de deuda junto con los activos de las empresas lo que va a haber es casi un acuerdo, ya que, como dijo la diputada del bloque del socialismo, los activos son más o menos ciertos y de poco valor, mientras que las deudas son un tanto inciertas y crecientes. Marsans no va a tener que pagar absolutamente nada y no va a ser responsable de absolutamente nada. Nosotros vamos a estar pagando activos y nos vamos a hacer cargo de la deuda. Entonces, ni siquiera van a tener que ir a reclamar a los tribunales internacionales por una indemnización o por vaya a saber qué cosa.
Me parece que hay algunas otras cuestiones no solo referidas a este tema sino al discurso general de estos tiempos que preocupan mucho. En el día de ayer estábamos discutiendo la emergencia económica. Estábamos tratando de defender como una cuestión fundamental el superávit fiscal. Hoy el diputado Alejandro Rossi esgrimió como argumento que no era tanta la deuda de la empresa contra el Estado nacional porque se anulaba. Las deudas contra el Estado nacional no se anulan. Las deudas previsionales y tributarias se pagan o se condonan, pero en tal caso se restan a los ingresos del Estado nacional. Entonces, si ayer defendíamos el superávit fiscal, hoy no podemos estar dando argumentos tirando por la ventana cuestiones que van en contra del sostenimiento del superávit fiscal. Seamos coherentes. Si no, la Argentina no va a entender las soluciones que ustedes están planteando para solucionar el conflicto.
Otro punto. El diputado Basteiro dijo que hasta acá no había escuchado posiciones ni soluciones alternativas. Todos los proyectos de dictamen que se han presentado en la anterior oportunidad de tratamiento de la cuestión de Aerolíneas Argentinas establecían diferentes salidas a esto. El problema es que la mayoría decidió por la más conveniente, según sus objetivos fundamentales: evitar la responsabilidad penal y patrimonial de funcionarios y de la empresa. Yo creo que la mayor parte de las cosas que se han dicho acá están de más. No se está discutiendo ni reprivatizar ni nada por el estilo. La decisión que se ha tomado por parte de la oposición ha sido ratificar la importancia del Estado en la administración de las acciones y decisiones fundamentales para el desarrollo nacional.
Quisiera terminar haciendo un resumen de lo que se dijo acá, que creo es lo más importante de lo que yo quería decir. La consideración moral respecto de lo que nosotros planteamos no está de más ni tenemos por qué ponerla al final de nuestros argumentos. Nosotros creemos que debemos empezar siempre con esa consideración. Lo que nosotros queremos saber es dónde se fue la plata del vaciamiento de Aerolíneas Argentinas. Y el vaciamiento es un hecho reconocido por el oficialismo y por la oposición.
Nosotros queremos saber quiénes y con qué intenciones tomaron la decisión de transferir esos fondos que hoy alegremente pretendemos que aparezcan a cuenta de alguna compra. Asimismo queremos saber cuáles son las responsabilidades de esos funcionarios que aparecieron una sola vez por esta Cámara y que no nos dieron ninguna respuesta más convincente que las respuestas que brindaron los dueños de Marsans.
Entonces la consideración moral no invalida el discurso del oficialismo pero debe estar puesto en primer lugar de las consideraciones que nosotros hacemos a la hora que le creamos cualquiera de las alternativas que plantean para la decisión de esta cuestión.
Quiero que quede bien claro que muchas eran las salidas válidas para esta cuestión, pero nosotros debemos poder creer en el gobierno nacional. Y como en este sentido no creemos en el gobierno nacional nuestra posición es de rechazo del planteo que está haciendo hoy el bloque de la mayoría.
Cuando los bloques de la Coalición Cívica y algunos otros planteamos cuál era la posición estratégica respecto de este conflicto habíamos establecido tres puntos y había un amplio consenso entre todos los bloques, amén de los dictámenes que se hayan emitido y de las distintas consideraciones técnicas que se hayan hecho.
Siempre dijimos que había tres intereses fundamentales que debíamos defender: el sistema de transporte aerocomercial de la Argentina que hace a la soberanía y al desarrollo nacional; el activo más importante a defender, que son los trabajadores y la paz social, y tenemos que recordar que la paz social se vio perturbada cuando quebraron empresas muchos más chicas del mismo sistema de transporte -como Dinar y SW- y creíamos también fundamental defender el patrimonio de los argentinos.
En ese sentido, no se estaba discutiendo como en otras épocas la privatización de Aerolíneas Argentinas ni ninguna otra cuestión. Por ello, considero que este tipo de debate está agotado por consenso absoluto.
La segunda cuestión es que hay que descartar los discursos prejuiciosos que pretenden derivar hacia una cuestión central sobre cómo solucionamos este tema. Lo escuchaba al señor diputado Vargas Aignasse hablar de la conveniencia de la gestión del Estado. Eso estaba subsanado; ya habíamos emitido un dictamen donde establecíamos la creación de una empresa ciento por ciento estatal con el rescate del principal activos de Aerolíneas Argentinas: sus trabajadores. Me parece que dimos suficientes garantías de no querer entrar en disensos ficticios y no querer desviar la discusión hacia ningún otro lado que no tenga que ver con lo fundamental.
Nosotros no podemos acompañar el dictamen de mayoría, porque justamente lo que no vemos -aunque lo empezamos a ver tímidamente con algunas palabras del señor diputado Alejandro Rossi- son las responsabilidades pasadas del gobierno nacional en su doble rol de controlador de la actividad aerocomercial y de las empresas, y de dueño de la empresa Aerolíneas Argentinas, aunque fuera en carácter minoritario.
El señor diputado Basteiro dijo que el Estado nacional tomó una decisión estratégica desde el punto de vista del gobierno nacional de intervenir cada vez de manera más creciente respecto de las decisiones y, por tanto, del patrimonio o del capital de la empresa justamente para establecer lo que el gobierno nacional creía que eran las estrategias respecto de la empresa y del transporte aerocomercial.
Por lo tanto, nos resulta sumamente importante que por lo menos a partir del 2006 nos diga el Estado nacional, a partir de la responsabilidad del secretario Jaime y del ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, qué hizo para que la empresa no termine durante todo ese período y antes y a la fecha en la situación que dijo el miembro informante de la Comisión Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, el señor diputado West, es decir, que la empresa estaba en un estado de total abandono.
El Estado es dueño de parte de la empresa. ¿Por qué el gobierno nacional decidió acompañar esa política de Marsans y dejar que la empresa llegara a un estado de total abandono? No se mencionan esas cuestiones.
Cuando el secretario de Transporte vino a esa sala y mencionó los incumplimientos fundamentales de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral en la responsabilidad de sus administradores mayoritarios -Marsans-, no las dimensionó y tampoco dio las fechas de esos incumplimientos.
Nos parece fundamental que eso se diga para que podamos analizar si va a ser el gobierno nacional un digno depositario de la confianza de la totalidad de esta Cámara, o por lo menos de una mayoría considerable para que haya una sola solución planteada a este tema.
Como no nos dicen estas y algunas otras cosas, o nos las dicen de manera confusa o contradictoria, por decisiones de decretos de necesidad y urgencia y por la misma ley de presupuesto nacional le estamos otorgando a esta empresa aportes que hoy queremos que se computen a cuenta de vaya a saber qué cosa cuando se las transferimos en términos de subsidios.
Me parece fue difícil que haya un discurso en contra de un mal administrador privado como único responsable cuando fuimos -como gobierno nacional ustedes, y como Estado nacional todos- corresponsables de esa pésima administración.
No podemos acompañar el dictamen porque los argumentos del propio oficialismo son sumamente contradictorios y esconden parte de la verdad. Esa verdad es sumamente importante a la hora de que nosotros podamos decidir la mejor salida para este conflicto, que es la responsabilidad del Estado y nacional y de sus funcionarios del Poder Ejecutivo respecto de la situación de la empresa.
No podemos decir tampoco que nosotros deseamos que la empresa privada Marsans vaya a los Tribunales internacionales a reclamar. Marsans es uno de los responsables fundamentales del vaciamiento y de la situación actual de la empresa.
Lo que estamos diciendo es que el Estado nacional, a partir de las acciones que ha ido tomando, le ha brindado y ha dejado en manos de Marsans los mejores instrumentos para acudir a esos tribunales con las mayores posibilidades de éxito en sus reclamos. No es que nosotros estamos deseando que vaya Marsans ni que gane ese reclamo. Todo lo contrario, desde el primer momento hablamos de su responsabilidad patrimonial y penal. Pero lo que también estamos queriendo decir son las otras dos cuestiones: que el Estado nacional -o el gobierno nacional, o el oficialismo- fue corresponsable de la situación y, con un discurso engañoso, le acercó las mejores condiciones para que esa presentación ante los tribunales internacionales fuera ganada por la empresa.
La cuarta cuestión es que probablemente ni siquiera sea necesario que Marsans acuda a esos tribunales internacionales. Podría ser hasta benévolo con nosotros. Porque como bien dijo el diputado Alejandro Rossi a partir de la pregunta de la diputada Lemos, cuando nosotros compremos la responsabilidad de deuda junto con los activos de las empresas lo que va a haber es casi un acuerdo, ya que, como dijo la diputada del bloque del socialismo, los activos son más o menos ciertos y de poco valor, mientras que las deudas son un tanto inciertas y crecientes. Marsans no va a tener que pagar absolutamente nada y no va a ser responsable de absolutamente nada. Nosotros vamos a estar pagando activos y nos vamos a hacer cargo de la deuda. Entonces, ni siquiera van a tener que ir a reclamar a los tribunales internacionales por una indemnización o por vaya a saber qué cosa.
Me parece que hay algunas otras cuestiones no solo referidas a este tema sino al discurso general de estos tiempos que preocupan mucho. En el día de ayer estábamos discutiendo la emergencia económica. Estábamos tratando de defender como una cuestión fundamental el superávit fiscal. Hoy el diputado Alejandro Rossi esgrimió como argumento que no era tanta la deuda de la empresa contra el Estado nacional porque se anulaba. Las deudas contra el Estado nacional no se anulan. Las deudas previsionales y tributarias se pagan o se condonan, pero en tal caso se restan a los ingresos del Estado nacional. Entonces, si ayer defendíamos el superávit fiscal, hoy no podemos estar dando argumentos tirando por la ventana cuestiones que van en contra del sostenimiento del superávit fiscal. Seamos coherentes. Si no, la Argentina no va a entender las soluciones que ustedes están planteando para solucionar el conflicto.
Otro punto. El diputado Basteiro dijo que hasta acá no había escuchado posiciones ni soluciones alternativas. Todos los proyectos de dictamen que se han presentado en la anterior oportunidad de tratamiento de la cuestión de Aerolíneas Argentinas establecían diferentes salidas a esto. El problema es que la mayoría decidió por la más conveniente, según sus objetivos fundamentales: evitar la responsabilidad penal y patrimonial de funcionarios y de la empresa. Yo creo que la mayor parte de las cosas que se han dicho acá están de más. No se está discutiendo ni reprivatizar ni nada por el estilo. La decisión que se ha tomado por parte de la oposición ha sido ratificar la importancia del Estado en la administración de las acciones y decisiones fundamentales para el desarrollo nacional.
Quisiera terminar haciendo un resumen de lo que se dijo acá, que creo es lo más importante de lo que yo quería decir. La consideración moral respecto de lo que nosotros planteamos no está de más ni tenemos por qué ponerla al final de nuestros argumentos. Nosotros creemos que debemos empezar siempre con esa consideración. Lo que nosotros queremos saber es dónde se fue la plata del vaciamiento de Aerolíneas Argentinas. Y el vaciamiento es un hecho reconocido por el oficialismo y por la oposición.
Nosotros queremos saber quiénes y con qué intenciones tomaron la decisión de transferir esos fondos que hoy alegremente pretendemos que aparezcan a cuenta de alguna compra. Asimismo queremos saber cuáles son las responsabilidades de esos funcionarios que aparecieron una sola vez por esta Cámara y que no nos dieron ninguna respuesta más convincente que las respuestas que brindaron los dueños de Marsans.
Entonces la consideración moral no invalida el discurso del oficialismo pero debe estar puesto en primer lugar de las consideraciones que nosotros hacemos a la hora que le creamos cualquiera de las alternativas que plantean para la decisión de esta cuestión.
Quiero que quede bien claro que muchas eran las salidas válidas para esta cuestión, pero nosotros debemos poder creer en el gobierno nacional. Y como en este sentido no creemos en el gobierno nacional nuestra posición es de rechazo del planteo que está haciendo hoy el bloque de la mayoría.
SR. PRESIDENTE MARCONATO Tiene la palabra el señor diputado Raimundi.
SR. RAIMUNDI Primero quiero destacar -para encuadrar un poco desde qué perspectiva estamos planteando este debate- lo valioso que fue debatir este tema durante estos meses. Se empezó debatiendo entre posiciones extremas: el acta acuerdo de un lado y rechazar todo del otro.
Me parece que ahora estamos discutiendo cuál es la mejor modalidad de expropiación. Yo creo que todo eso se fue ganando a través de un debate que terminó poniendo este tema sobre dos grandes ejes. Primero la validez del rescate del Estado del servicio esencial y en segundo lugar, que la Argentina no debe pagar más de lo que corresponde.
Me parece que es un encuadre interesante que pone al debate en un mejor clima y en mejor calidad que otros debates que hemos tenido, tanto en esta comisión como en el recinto.
La segunda cuestión que quiero plantear es que nuestra posición -la del bloque Solidaridad e Igualdad- perfectamente podría ser deducida -sin que yo hablara en esta comisión- por una línea conceptual que está marcada por todas las anteriores intervenciones, tanto en la comisión como en el recinto.
Recuerdo que cuando vino el secretario Jaime, tomamos distancia muy clara y muy explícita de la política de transporte del secretario. Después propusimos algunas mejoras al proyecto: una de ellas era desechar el acta acuerdo, cosa que terminó siendo la ley 26.412. Algunas de estas mejoras fueron tomadas en cuenta, otras no. Todo esto está en las versiones taquigráficas, o sea que no puedo excluirme de lo que ya dijimos.
Yo no quisiera cometer ninguna infidencia, pero algunas de estas mejoras que nosotros proponíamos iban dirigidas a una acción muy fuerte del Estado en el proceso de discriminación de pasivos, para discriminar los pasivos lícitos de los dolosos. Esto ya figuraba en el proyecto que después terminó siendo la ley.
Otra de las mejoras que nosotros proponíamos era explicitar en el proyecto que el Estado argentino iba a acudir a las sedes judiciales para reforzar la posición argentina. ¿Con qué argumentos? Con todos los que figuran en las dieciséis páginas de fundamentos que ponía el Poder Ejecutivo acompañando el proyecto original, es decir, el primer proyecto que tratamos hace dos meses. Esos fundamentos por el proceso de la empresa por parte del Grupo Marsans eran archisuficientes para fortalecer la posición argentina en las causas judiciales que se habían iniciado, tanto dentro como fuera del país.
¿Qué se nos respondió? Si nosotros estamos queriendo rescatar la empresa para terminar comprándola a un precio razonable, viendo la relación activos - pasivos, no podemos
ir después a los tribunales a descubrirles todos los chanchullos a nuestro socio. Digo esto porque durante el trayecto del rescate a la expropiación o a la compra, el grupo privado y el Estado argentino van a ser socios, porque de hecho están manejando conjuntamente la empresa, por lo menos en términos formales. Esta fue la respuesta.
Este es un concepto que, desde el bloque oficialista lo comprendo porque el proceso de Aerolíneas tuvo tres andariveles. Por un lado, el andarivel legislativo, que fue impecable o muy cercano a lo impecable, por el proceso de debate, por cómo se mejoró el proyecto, por lo que pasó en la Comisión Bicameral después y también por este debate. Por lo tanto, no hago ningún cuestionamiento al andarivel legislativo de este proceso.
Por otro lado, tiene un andarivel judicial. ¿Quién es el que va al andarivel judicial y quién maneja en términos prácticos el proceso? El Poder Ejecutivo. En su momento nos respondieron: "no nos hagan poner en la ley algo que perjudique la relación con quien va a ser nuestro socio hasta el momento en que nosotros le compremos la empresa". Eso es entendible desde el punto de vista de la confianza política que tiene un bloque oficialista con su gobierno. Yo se los puedo decir porque yo también pertenecí alguna vez al bloque oficialista de un gobierno. Yo sé cómo se razona en estos casos. Lo que tengo que decir es que no nos pidan que tengamos la misma confianza en el gobierno que tiene su bloque. Nosotros no nos podemos hacer cargo. ¿Por qué? En esto hay una cuestión muy valiosa, que son las intervenciones de los diputados del oficialismo, porque -repito- constituyen una fuente indirecta de derecho; no directa, porque la directa es el texto de la ley.
Las fuentes indirectas son por ejemplo, cuando el diputado Basteiro dice: "Con el flujo de los negocios, con lo que entra por los negocios en una empresa en actividad, el Estado va a recuperar parte de la deuda". Yo lo planteo en términos positivos y me acoplo a esto.
También cuando el diputado Rossi dice: "Esta no es sólo la mejor solución política sino que es la mejor solución económica". O cuando el diputado Vargas Aignasse dice: "Quédense tranquilos que no se va a pagar nada que no corresponda." Eso dicho desde el oficialismo lo comprendo. ¿Saben qué pasa? Creo que tanto el ministro De Vido como el secretario Jaime pagan cosas que no corresponden. Ahí está el eje de la diferencias de la posición, porque nosotros ya no entramos en un terreno donde la esencia de lo que se está discutiendo no es el texto jurídico sino que es la confianza política en quién va a llevar adelante esto. No es tanta la brecha de la diferencia que tenemos en cuanto al formato de la expropiación sino sinceramente que tengo dudas de cómo se va a manejar este proceso.
Por eso, adelanto la posición de nuestro bloque, nosotros no vamos a votar en contra del proyecto, porque votar en contra sería debilitar la posibilidad de que el Estado se haga cargo con la mayor limpieza posible de la empresa y del servicio.
Lo que sí vamos a hacer es presentar un dictamen en el que convirtamos en fuente directa de derecho las cosas que se dicen en las intervenciones.
Es decir, de la misma manera que están todas las demás obligaciones que el Poder Ejecutivo asume al expropiar -o mejor dicho el Estado argentino-, que también se comprometa a discriminar los pasivos legales de los dolosos; y que el Ejecutivo nacional se comprometa a intervenir en todas las causas judiciales que determinen responsabilidades civiles y penales del grupo económico que estuvo a cargo de la empresa.
Si esas cosas se convirtieran en fuente positiva de derecho, en fuente directa de derecho y acotaran el margen de dudas que tenemos de cómo los funcionarios que están a cargo van a manejar este proceso, no tendríamos problema en acompañar el proyecto. Si eso no es así, tendremos que discutir en nuestro bloque cuál es la posición a seguir, siempre con el límite de que no vamos a rechazar el proyecto.
A veces a uno los años lo ubican en algunas cuestiones prácticas. ¿Cómo fue este proceso desde el punto de vista práctico? Hace un par de años el Estado argentino recuperó el 5 por ciento de las acciones y ponía un director en la empresa a cambio de que aprobara los balances que se habían impugnado. Yo no puedo tener prueba jurídica del proceso -si bien nuestra lectura puede ser equivocada, es la nuestra y es legítima. Se trata de acuerdos políticos.
El gobierno español tiene muchos intereses en Argentina, tiene un stock y un flujo de inversiones muy grande. Comprendo perfectamente que haya negociaciones políticas de gobierno a gobierno. Parte de esa negociación de gobierno a gobierno hizo que se mejorara el acta acuerdo, que tenía muchísimos puntos cuestionables, y se hiciera el proyecto de ley en la confianza de que con él se iba a llegar a la solución. No se llegó porque no hubo una sola tasación, porque Marsans acudió a la consultora internacional -que tasó una cosa completamente insostenible para las negociaciones de la Argentina- y ahora hay que recurrir a un nuevo instrumento legal que reencauce el proceso dentro de lo que fue el acuerdo político original.
¿Qué decía ese acuerdo original? "Esta es una empresa quebrada. ¿Cuánto hay que poner? Tanto." Y no digo esto de manera peyorativa, sino que quiero expresar cómo se arreglan en la práctica estas cosas.
Para poner un tiro para el otro lado: en la práctica si hay un tribunal internacional los que van por Marsan seguramente van a querer que gane él. Si va el Estado argentino y soy abogado de Marsans, lo primero que hago es revisar las versiones taquigráficas y decirle al juez: "En la Argentina misma dicen que van a perder. ¿Cómo no van a perder si en la Argentina misma hay diputados electos por el pueblo que dicen que la Argentina va a perder?" Si soy un juez e interpreto esto lo primero que hago es ponerme en el lugar de los argumentos surgidos de la propia Argentina para que ella pierda.
Para finalizar, vamos a presentar un dictamen en el que la figura es la expropiación. Inclusive ayer hablaba con el señor diputado West y en el primer proyecto de ley que presentamos poníamos la figura de la intervención; eso no existe, la figura es la expropiación.
Lo que necesitaríamos es que el proyecto establezca límites mucho más estrechos que encuadren de manera muy estricta la labor que van a llevar a cabo los funcionarios que estén a cargo.
¿Sabe por qué? Quiero hacer un comentario práctico. Anoche volvía de la sesión en el auto y escuché por la radio al señor De Vido decir que estaba garantizado el servicio eléctrico. Eso fue hasta que llegué a mi casa... (Risas.)
Dije: "Será un ratito". Hoy me levanté, hace poco llamé a casa para ver si los chicos tenían luz y sigo sin tener el servicio eléctrico garantizado por el señor De Vido.
Me parece que ahora estamos discutiendo cuál es la mejor modalidad de expropiación. Yo creo que todo eso se fue ganando a través de un debate que terminó poniendo este tema sobre dos grandes ejes. Primero la validez del rescate del Estado del servicio esencial y en segundo lugar, que la Argentina no debe pagar más de lo que corresponde.
Me parece que es un encuadre interesante que pone al debate en un mejor clima y en mejor calidad que otros debates que hemos tenido, tanto en esta comisión como en el recinto.
La segunda cuestión que quiero plantear es que nuestra posición -la del bloque Solidaridad e Igualdad- perfectamente podría ser deducida -sin que yo hablara en esta comisión- por una línea conceptual que está marcada por todas las anteriores intervenciones, tanto en la comisión como en el recinto.
Recuerdo que cuando vino el secretario Jaime, tomamos distancia muy clara y muy explícita de la política de transporte del secretario. Después propusimos algunas mejoras al proyecto: una de ellas era desechar el acta acuerdo, cosa que terminó siendo la ley 26.412. Algunas de estas mejoras fueron tomadas en cuenta, otras no. Todo esto está en las versiones taquigráficas, o sea que no puedo excluirme de lo que ya dijimos.
Yo no quisiera cometer ninguna infidencia, pero algunas de estas mejoras que nosotros proponíamos iban dirigidas a una acción muy fuerte del Estado en el proceso de discriminación de pasivos, para discriminar los pasivos lícitos de los dolosos. Esto ya figuraba en el proyecto que después terminó siendo la ley.
Otra de las mejoras que nosotros proponíamos era explicitar en el proyecto que el Estado argentino iba a acudir a las sedes judiciales para reforzar la posición argentina. ¿Con qué argumentos? Con todos los que figuran en las dieciséis páginas de fundamentos que ponía el Poder Ejecutivo acompañando el proyecto original, es decir, el primer proyecto que tratamos hace dos meses. Esos fundamentos por el proceso de la empresa por parte del Grupo Marsans eran archisuficientes para fortalecer la posición argentina en las causas judiciales que se habían iniciado, tanto dentro como fuera del país.
¿Qué se nos respondió? Si nosotros estamos queriendo rescatar la empresa para terminar comprándola a un precio razonable, viendo la relación activos - pasivos, no podemos
ir después a los tribunales a descubrirles todos los chanchullos a nuestro socio. Digo esto porque durante el trayecto del rescate a la expropiación o a la compra, el grupo privado y el Estado argentino van a ser socios, porque de hecho están manejando conjuntamente la empresa, por lo menos en términos formales. Esta fue la respuesta.
Este es un concepto que, desde el bloque oficialista lo comprendo porque el proceso de Aerolíneas tuvo tres andariveles. Por un lado, el andarivel legislativo, que fue impecable o muy cercano a lo impecable, por el proceso de debate, por cómo se mejoró el proyecto, por lo que pasó en la Comisión Bicameral después y también por este debate. Por lo tanto, no hago ningún cuestionamiento al andarivel legislativo de este proceso.
Por otro lado, tiene un andarivel judicial. ¿Quién es el que va al andarivel judicial y quién maneja en términos prácticos el proceso? El Poder Ejecutivo. En su momento nos respondieron: "no nos hagan poner en la ley algo que perjudique la relación con quien va a ser nuestro socio hasta el momento en que nosotros le compremos la empresa". Eso es entendible desde el punto de vista de la confianza política que tiene un bloque oficialista con su gobierno. Yo se los puedo decir porque yo también pertenecí alguna vez al bloque oficialista de un gobierno. Yo sé cómo se razona en estos casos. Lo que tengo que decir es que no nos pidan que tengamos la misma confianza en el gobierno que tiene su bloque. Nosotros no nos podemos hacer cargo. ¿Por qué? En esto hay una cuestión muy valiosa, que son las intervenciones de los diputados del oficialismo, porque -repito- constituyen una fuente indirecta de derecho; no directa, porque la directa es el texto de la ley.
Las fuentes indirectas son por ejemplo, cuando el diputado Basteiro dice: "Con el flujo de los negocios, con lo que entra por los negocios en una empresa en actividad, el Estado va a recuperar parte de la deuda". Yo lo planteo en términos positivos y me acoplo a esto.
También cuando el diputado Rossi dice: "Esta no es sólo la mejor solución política sino que es la mejor solución económica". O cuando el diputado Vargas Aignasse dice: "Quédense tranquilos que no se va a pagar nada que no corresponda." Eso dicho desde el oficialismo lo comprendo. ¿Saben qué pasa? Creo que tanto el ministro De Vido como el secretario Jaime pagan cosas que no corresponden. Ahí está el eje de la diferencias de la posición, porque nosotros ya no entramos en un terreno donde la esencia de lo que se está discutiendo no es el texto jurídico sino que es la confianza política en quién va a llevar adelante esto. No es tanta la brecha de la diferencia que tenemos en cuanto al formato de la expropiación sino sinceramente que tengo dudas de cómo se va a manejar este proceso.
Por eso, adelanto la posición de nuestro bloque, nosotros no vamos a votar en contra del proyecto, porque votar en contra sería debilitar la posibilidad de que el Estado se haga cargo con la mayor limpieza posible de la empresa y del servicio.
Lo que sí vamos a hacer es presentar un dictamen en el que convirtamos en fuente directa de derecho las cosas que se dicen en las intervenciones.
Es decir, de la misma manera que están todas las demás obligaciones que el Poder Ejecutivo asume al expropiar -o mejor dicho el Estado argentino-, que también se comprometa a discriminar los pasivos legales de los dolosos; y que el Ejecutivo nacional se comprometa a intervenir en todas las causas judiciales que determinen responsabilidades civiles y penales del grupo económico que estuvo a cargo de la empresa.
Si esas cosas se convirtieran en fuente positiva de derecho, en fuente directa de derecho y acotaran el margen de dudas que tenemos de cómo los funcionarios que están a cargo van a manejar este proceso, no tendríamos problema en acompañar el proyecto. Si eso no es así, tendremos que discutir en nuestro bloque cuál es la posición a seguir, siempre con el límite de que no vamos a rechazar el proyecto.
A veces a uno los años lo ubican en algunas cuestiones prácticas. ¿Cómo fue este proceso desde el punto de vista práctico? Hace un par de años el Estado argentino recuperó el 5 por ciento de las acciones y ponía un director en la empresa a cambio de que aprobara los balances que se habían impugnado. Yo no puedo tener prueba jurídica del proceso -si bien nuestra lectura puede ser equivocada, es la nuestra y es legítima. Se trata de acuerdos políticos.
El gobierno español tiene muchos intereses en Argentina, tiene un stock y un flujo de inversiones muy grande. Comprendo perfectamente que haya negociaciones políticas de gobierno a gobierno. Parte de esa negociación de gobierno a gobierno hizo que se mejorara el acta acuerdo, que tenía muchísimos puntos cuestionables, y se hiciera el proyecto de ley en la confianza de que con él se iba a llegar a la solución. No se llegó porque no hubo una sola tasación, porque Marsans acudió a la consultora internacional -que tasó una cosa completamente insostenible para las negociaciones de la Argentina- y ahora hay que recurrir a un nuevo instrumento legal que reencauce el proceso dentro de lo que fue el acuerdo político original.
¿Qué decía ese acuerdo original? "Esta es una empresa quebrada. ¿Cuánto hay que poner? Tanto." Y no digo esto de manera peyorativa, sino que quiero expresar cómo se arreglan en la práctica estas cosas.
Para poner un tiro para el otro lado: en la práctica si hay un tribunal internacional los que van por Marsan seguramente van a querer que gane él. Si va el Estado argentino y soy abogado de Marsans, lo primero que hago es revisar las versiones taquigráficas y decirle al juez: "En la Argentina misma dicen que van a perder. ¿Cómo no van a perder si en la Argentina misma hay diputados electos por el pueblo que dicen que la Argentina va a perder?" Si soy un juez e interpreto esto lo primero que hago es ponerme en el lugar de los argumentos surgidos de la propia Argentina para que ella pierda.
Para finalizar, vamos a presentar un dictamen en el que la figura es la expropiación. Inclusive ayer hablaba con el señor diputado West y en el primer proyecto de ley que presentamos poníamos la figura de la intervención; eso no existe, la figura es la expropiación.
Lo que necesitaríamos es que el proyecto establezca límites mucho más estrechos que encuadren de manera muy estricta la labor que van a llevar a cabo los funcionarios que estén a cargo.
¿Sabe por qué? Quiero hacer un comentario práctico. Anoche volvía de la sesión en el auto y escuché por la radio al señor De Vido decir que estaba garantizado el servicio eléctrico. Eso fue hasta que llegué a mi casa... (Risas.)
Dije: "Será un ratito". Hoy me levanté, hace poco llamé a casa para ver si los chicos tenían luz y sigo sin tener el servicio eléctrico garantizado por el señor De Vido.
SRA. PRESIDENTA IBARRA Somos dos, diputado. (Risas.)
SR. RAIMUNDI Es decir, no tengo la confianza política -que sí le asigno al bloque del oficialismo- en los funcionarios que van a manejar este proceso. Por eso creo que hay que dar al proyecto de ley un encuadre mucho más estricto.
Seguramente me quedan cosas por decir, pero en líneas generales esta es la posición que quería manifestar.
Seguramente me quedan cosas por decir, pero en líneas generales esta es la posición que quería manifestar.
SRA. PRESIDENTA IBARRA Tiene la palabra el señor diputado Cigogna.
SRA. PRESIDENTA IBARRA Tiene la palabra el señor diputado Cigogna.
SR. CIGOGNA Cuando era estudiante hacíamos actos o movilizaciones, y llegado al mediodía solía ralear la concurrencia. Un compañero mío, sociólogo aficionado, observador de las conductas humanas, reflexionaba y decía: "La toma de la Bastilla seguramente no debe haber ocurrido al mediodía". Seguramente no debe de haber ocurrido al mediodía, cosa que acá se pone en evidencia, con la honrosa presencia de los diputados de la oposición que han permanecido. Hay otros que tienen la generosidad de ilustrarnos con su sabiduría pero después, como tienen obligaciones importantes, no se quedan para soportar los pobres argumentos que a lo mejor alguno puede esgrimir para contrarrestar o simplemente para tratar de aclarar o expresar una opinión.
Dicho esto medio en broma y medio en serio, paso a la consideración del tema en cuestión.
Mis compañeros West, Basteiro, Rossi y Vargas Aignasse han sido sumamente elocuentes respecto de la conveniencia de nuestro proyecto de mayoría respecto del de minoría, y voy agregar sólo dos cosas más.
Lo que asegura el proyecto de mayoría es la continuidad de la empresa -después voy a aclarar por qué lo digo- en su actividad de cabotaje y en sus vuelos internacionales, y tengo la convicción de que el proyecto de minoría no es igualmente eficiente en tal sentido. A eso apuntaba cuando le pregunté hoy a Pinedo si la expropiación que proponían -aunque con su sapiencia él aclaró que acá estábamos solamente declarando bienes de utilidad pública, pero esto conduce a la expropiación- es sobre bienes situados en el territorio nacional o también fuera de él o, en el caso de que fueron aeronaves, si se trata de aeronaves destinadas a cabotaje o a vuelos internacionales. La diferencia es importantísima.
Del texto propuesto por la minoría y de sus fundamentos pareciera que sólo apuntan a garantizar el servicio esencial de cabotaje. Creemos nosotros que es sumamente inconveniente restringirlo de esa manera por un sinnúmero de razones, entre otras, porque -como mencionó Basteiro- son mucho más rentables los vuelos internacionales.
Ahora bien, planteadas así las cosas, la propuesta de expropiar bienes es inconveniente desde dos puntos de vista. Si estamos pensando en bienes situados en el exterior, lo primero que tengo que decir es que no podemos expropiar bienes que no están en la República Argentina. La declaración de utilidad pública que justifique la expropiación tiene que ver con lo que acontece fronteras adentro, con el orden público, etcétera. No podemos ir a expropiar un bien en España, en los Estados Unidos o donde fuere. No podemos expropiar rutas internacionales. Entonces, si pensamos en servicios internacionales, es absolutamente inconducente el mecanismo de expropiar bienes tangibles o intangibles.
Por otra parte, hay otro problema y es que en esta etapa de su historia la Argentina tiene problemas en el exterior. Nos han embargado bienes...
Dicho esto medio en broma y medio en serio, paso a la consideración del tema en cuestión.
Mis compañeros West, Basteiro, Rossi y Vargas Aignasse han sido sumamente elocuentes respecto de la conveniencia de nuestro proyecto de mayoría respecto del de minoría, y voy agregar sólo dos cosas más.
Lo que asegura el proyecto de mayoría es la continuidad de la empresa -después voy a aclarar por qué lo digo- en su actividad de cabotaje y en sus vuelos internacionales, y tengo la convicción de que el proyecto de minoría no es igualmente eficiente en tal sentido. A eso apuntaba cuando le pregunté hoy a Pinedo si la expropiación que proponían -aunque con su sapiencia él aclaró que acá estábamos solamente declarando bienes de utilidad pública, pero esto conduce a la expropiación- es sobre bienes situados en el territorio nacional o también fuera de él o, en el caso de que fueron aeronaves, si se trata de aeronaves destinadas a cabotaje o a vuelos internacionales. La diferencia es importantísima.
Del texto propuesto por la minoría y de sus fundamentos pareciera que sólo apuntan a garantizar el servicio esencial de cabotaje. Creemos nosotros que es sumamente inconveniente restringirlo de esa manera por un sinnúmero de razones, entre otras, porque -como mencionó Basteiro- son mucho más rentables los vuelos internacionales.
Ahora bien, planteadas así las cosas, la propuesta de expropiar bienes es inconveniente desde dos puntos de vista. Si estamos pensando en bienes situados en el exterior, lo primero que tengo que decir es que no podemos expropiar bienes que no están en la República Argentina. La declaración de utilidad pública que justifique la expropiación tiene que ver con lo que acontece fronteras adentro, con el orden público, etcétera. No podemos ir a expropiar un bien en España, en los Estados Unidos o donde fuere. No podemos expropiar rutas internacionales. Entonces, si pensamos en servicios internacionales, es absolutamente inconducente el mecanismo de expropiar bienes tangibles o intangibles.
Por otra parte, hay otro problema y es que en esta etapa de su historia la Argentina tiene problemas en el exterior. Nos han embargado bienes...
SRA. PRESIDENTA IBARRA Perdón, diputado Cigogna. La diputada Martín le está solicitando una interrupción. ¿Se la concede?
SR. CIGOGNA Sí, señora presidenta.
SRA. PRESIDENTA IBARRA Para una interrupción tiene la palabra la diputada Martín.
SRA. MARTÍN Sí, podemos expropiar bienes aunque no estén en nuestro país porque, en realidad, "expropiar" quiere decir quitar la propiedad. Es decir, si la propiedad la tiene una persona física o jurídica que está en nuestro país o tiene su domicilio aquí pero tiene bienes fuera del país, a esa persona jurídica o física se le pueden expropiar bienes situados fuera del país.
SR. CIGOGNA Sería interesante saber después a qué convenio internacional privado alude usted, que permite que el criterio leguis por decisión del Congreso de la Nación Argentina pudiéramos ir a expropiar, lo cual significa...
SRA. MARTÍN Doctor, escúcheme...
SRA. PRESIDENTA IBARRA Perdón diputada, pero no vamos a hacer un debate entre dos...
SRA. MARTÍN No se rige por un convenio internacional, se rige por derecho interno...
SRA. PRESIDENTA IBARRA Diputada Martí: usted es de las que pide que se cumplan las reglas, no las infrinja de ese modo porque no es bueno. Con que pida la palabra gentilmente, se la concedo.
¿Quiere hablar ahora, o ya habló encima de la otra persona?
¿Quiere hablar ahora, o ya habló encima de la otra persona?
SRA. MARTÍN No, ya hablé.
SRA. PRESIDENTA IBARRA Diputado Cigogna: le voy a pedir a usted también que no dialogue porque sino vamos a entrar en un debate.
El diputado Raimundi le solicita una interrupción, ¿se la concede?
El diputado Raimundi le solicita una interrupción, ¿se la concede?
SR. CIGOGNA Sí, señora presidenta.
SRA. PRESIDENTA IBARRA Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Raimundi.
SR. RAIMUNDI Me parece que también hay una cuestión práctica que es cuanto más segmentado esté el proceso de expropiación mayor grado de incertidumbre jurídica genera a futuro.
Hay una relación directamente proporcional entre el grado de segmentación y el proceso de un proyecto de expropiación y la incertidumbre jurídica.
Vamos a suponer que yo digo que para esto no necesito seis aviones, necesito tres. Es decir, los bienes estrictamente necesarios. Entonces digo, expropio estos tres y estos tres no a un mismo leso, que me va a decir que tiene un contrato y una relación jurídica por seis, no por tres. Después puede suceder que uno ande o no, que tenga problemas en la gestión operativa de la empresa y no es mi responsabilidad. Esto puede llevar a la cancelación del servicio o al aumento del precio del servicio.
Por lo tanto, me parece que conceptualmente, a mayor segmentación del proceso expropiatorio, mayor nivel de incertidumbre para los intereses de la Argentina.
Hay una relación directamente proporcional entre el grado de segmentación y el proceso de un proyecto de expropiación y la incertidumbre jurídica.
Vamos a suponer que yo digo que para esto no necesito seis aviones, necesito tres. Es decir, los bienes estrictamente necesarios. Entonces digo, expropio estos tres y estos tres no a un mismo leso, que me va a decir que tiene un contrato y una relación jurídica por seis, no por tres. Después puede suceder que uno ande o no, que tenga problemas en la gestión operativa de la empresa y no es mi responsabilidad. Esto puede llevar a la cancelación del servicio o al aumento del precio del servicio.
Por lo tanto, me parece que conceptualmente, a mayor segmentación del proceso expropiatorio, mayor nivel de incertidumbre para los intereses de la Argentina.
SR. CIGOGNA Afortunadamente no vamos a saber cómo actuaría un tribunal extranjero respecto de una expropiación que hiciéramos desde un inmueble situado en territorio de otra nación.
Otra cosa más que no se dice en el proyecto de minoría pero que es obvio que prevén que primero se expropian esos bienes y que luego hay que dárselos a alguien para que los opere. Presumo que piensan en la formación de una empresa. Si esa fuera una empresa estatal sería otro gravísimo error que voy a explicar ahora. Pero sería menor si se pensara en una forma jurídica de derecho privado como es Aerolíneas Argentinas, Austral y las que están en juego acá.
De cualquier manera habría un período de tiempo en el cual esos bienes permanecerían en patrimonio del Estado argentino. Allí tenemos el problema de nuestros acreedores en el exterior que podrían caer y tratar de embargarnos.
En el mismo orden del razonamiento aludo a las palabras de la diputada Montero -que lamentablemente no está presente-, quien objetó el uso de la expresión rescate. Mi interpretación es exactamente al revés de lo que ella sostiene.
Observen que tanto en la ley anterior -la 26.412- como en esta se alude expresamente al concepto de rescate. En el debate anterior -afortunadamente hoy no se dio la expresión acá- se usó desaprensivamente la palabra estatización. Nosotros no estamos estatizando nada y esto va en resguardo del interés de la Nación Argentina, porque si estatizamos caemos otra vez en el problema de nuestros acreedores insatisfechos que pueden caer sobre nuestros bienes en el exterior.
El concepto de rescate que se utiliza en la ley anterior y en la actual es un concepto del derecho administrativo por el cual se alude al rescate del servicio.
Lo que hemos hecho con el proyecto de ley anterior, que no se ha podido llevar a la práctica, es perfeccionando la compra, y lo que estamos buscando ahora, es quedarnos con las acciones, expropiar acciones. Es decir, la mayor parte del papel accionario de estas empresas, que son sociedades anónimas de derecho privado, va a ser adquirido por el Estado argentino, pero van a seguir siendo empresas de derecho privado.
En consecuencia, por aquello de la diferencia de la personalidad entre la persona jurídica y los accionistas o miembros integrantes, el Estado argentino -a mi juicio- no correrá riesgo ninguno respecto del patrimonio de estas sociedades anónimas que estén en el exterior o que, si son aeronaves, irán al exterior y regresarán de él.
Por lo tanto, creo que es muy conveniente el proyecto de mayoría. Incluso se alude al concepto de orden público que parece también algo muy importante para subsanar inconvenientes que podrían suscitarse en la materialización del proyecto de ley.
Por esto, obviamente, acompañamos el proyecto.
Otra cosa más que no se dice en el proyecto de minoría pero que es obvio que prevén que primero se expropian esos bienes y que luego hay que dárselos a alguien para que los opere. Presumo que piensan en la formación de una empresa. Si esa fuera una empresa estatal sería otro gravísimo error que voy a explicar ahora. Pero sería menor si se pensara en una forma jurídica de derecho privado como es Aerolíneas Argentinas, Austral y las que están en juego acá.
De cualquier manera habría un período de tiempo en el cual esos bienes permanecerían en patrimonio del Estado argentino. Allí tenemos el problema de nuestros acreedores en el exterior que podrían caer y tratar de embargarnos.
En el mismo orden del razonamiento aludo a las palabras de la diputada Montero -que lamentablemente no está presente-, quien objetó el uso de la expresión rescate. Mi interpretación es exactamente al revés de lo que ella sostiene.
Observen que tanto en la ley anterior -la 26.412- como en esta se alude expresamente al concepto de rescate. En el debate anterior -afortunadamente hoy no se dio la expresión acá- se usó desaprensivamente la palabra estatización. Nosotros no estamos estatizando nada y esto va en resguardo del interés de la Nación Argentina, porque si estatizamos caemos otra vez en el problema de nuestros acreedores insatisfechos que pueden caer sobre nuestros bienes en el exterior.
El concepto de rescate que se utiliza en la ley anterior y en la actual es un concepto del derecho administrativo por el cual se alude al rescate del servicio.
Lo que hemos hecho con el proyecto de ley anterior, que no se ha podido llevar a la práctica, es perfeccionando la compra, y lo que estamos buscando ahora, es quedarnos con las acciones, expropiar acciones. Es decir, la mayor parte del papel accionario de estas empresas, que son sociedades anónimas de derecho privado, va a ser adquirido por el Estado argentino, pero van a seguir siendo empresas de derecho privado.
En consecuencia, por aquello de la diferencia de la personalidad entre la persona jurídica y los accionistas o miembros integrantes, el Estado argentino -a mi juicio- no correrá riesgo ninguno respecto del patrimonio de estas sociedades anónimas que estén en el exterior o que, si son aeronaves, irán al exterior y regresarán de él.
Por lo tanto, creo que es muy conveniente el proyecto de mayoría. Incluso se alude al concepto de orden público que parece también algo muy importante para subsanar inconvenientes que podrían suscitarse en la materialización del proyecto de ley.
Por esto, obviamente, acompañamos el proyecto.
SR. PRESIDENTE MARCONATO Tiene la palabra el señor diputado Prieto.
SR. PRIETO Señor presidente: este proceso, que ha seguido el trámite para el rescate del servicio aéreo en la Argentina debe ser resaltado por la forma en que ha sido realizado.
Brevemente quiero mencionar que, como todos recordarán, vino un proyecto del Poder Ejecutivo sobre la base de un acta, que fue notoriamente mejorado en este Congreso. Se buscaron consensos que dan mayor estabilidad y certeza a la cuestión con la idea básica de rescatar el servicio público, tal como lo define la propia ley de política nacional de transporte aéreo. No fue posible realizarlo por venta de acciones, como fue la idea original. Esto no fue responsabilidad del Estado sino del grupo Marsans, que no aceptó el precio que de una forma imparcial, justa e inobjetable estimó el Tribunal de Tasación.
Entonces, ahora, luego de que la Comisión de Seguimiento se expidiera y analizara esta cuestión con toda responsabilidad, es el Congreso el que viene a buscar cuál es la mejor forma de llevar adelante este proceso. Ya hay avances importantes porque se hablaba hace unos meses de dejar quebrar a la empresa, lo cual era una solución absolutamente desastrosa porque implicaba dejar a los argentinos sin aviones en forma inmediata. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar este servicio público y lo tiene que hacer de la mejor manera posible, es decir, resguardando los intereses del conjunto y del bien común.
Esa es la principal obligación jurídica, política y moral del gobierno, dado que se ha hablado de moralidad. Ahora estamos discutiendo cuál es la mejor forma: si la expropiación de la empresa o la expropiación de bienes. Sobre esto tratan los dos proyectos en consideración.
Creo que la expropiación de las acciones equivale a la expropiación de las empresas e implica -como está muy claro para todos- tomar tanto el activo como el pasivo. Pero en realidad lo que se toma es una empresa en marcha, endeudada, con un pasivo importante. Pero la única forma de que se pueda remontar cualquier pasivo para cualquier empresa comercial, que no dejan de ser empresas comerciales, tanto Aerolíneas como Austral, es trabajando, es decir, ejerciendo su actividad. Y el Estado tiene la obligación por ley, no solo por decisión política sino por ley, de apoyar esta actividad. Apoyar y sostener significa poner los recursos que sean necesarios.
Hay que analizar todas las alternativas. No me parece mal que analicemos los proyectos alternativos, al contrario, pero creo que tiene que quedar muy claro en qué consiste el proyecto alternativo que estamos analizando.
Se habla de la expropiación de los bienes necesarios para garantizar el servicio. Como también se señaló, esto significa determinar qué bienes son necesarios para armar la empresa que va a prestar el servicio. Independientemente de que será una complicación el lapso que va desde que se produce la declaración de utilidad pública hasta el momento en que se constituya la empresa, en la Argentina no podemos quedarnos un solo día sin aviones.
Existe otro inconveniente no menor: la expropiación de las acciones significa erogación cero para el Estado. La expropiación de bienes significa, como lo garantiza nuestra Constitución nacional, el pago de una indemnización previa.
Es decir, si nosotros expropiamos los bienes A, B y C de Aerolíneas Argentinas, de Austral o de cualquier otra empresa, el Estado debe pagar previamente ese activo y no importa si está afectado a una actividad empresaria.
Esto además tiene otra consecuencia inmediata. En primer lugar, hay que poner una suma importante de dinero -tema que ya explicitó el señor diputado Rossi- pero además, significa seguramente la imposibilidad de recuperar ese dinero porque el control de la mayoría accionaria de la empresa es de propiedad del grupo Marsans y ninguno de nosotros piensa que esto será rápidamente devuelto al Estado.
De modo que me parece que no hay mejor alternativa posible que la que está analizando y proyectando este Congreso por iniciativa de varios señores diputados integrantes de la comisión.
Creo que sería bueno llegar a una decisión de consenso sobre este proyecto de ley. Efectivamente, esto sirve para defender y sostener los intereses de la Nación que son mucho más importantes que los intereses particulares o circunstanciales de un grupo que puede tener mayor o menor confianza en el gobierno.
Considero que tiene que quedar perfectamente claro que se están tomando todos los recaudos para fortalecer la posición argentina por eventuales reclamos ante el CIADI.
Es bastante dudoso que el grupo Marsans pueda acudir al CIADI, porque la prestación del servicio aéreo en la Argentina se debe realizar de acuerdo con el Código Aeronáutico, que prevé que las acciones deben ser de titularidad de personas físicas y con domicilio en el país; ha habido varias cuestiones al respecto.
Además, la posibilidad de la expropiación está expresamente prevista en el tratado con el Reino de España que prevé la protección y fomento recíproco de las inversiones. Esta causal de pérdida de la propiedad accionaria está prevista y ni siquiera regula -como sí lo dice nuestra Constitución- el pago previo de la indemnización, pero sí requiere que no sea discriminatoria.
La aplicación del procedimiento general de la ley de expropiaciones tiende a garantizar esto y quedan absolutamente resguardados los derechos de la Argentina si potencialmente fuera demandada ante el CIADI.
Para terminar, quiero señalar que el bloque de la Concertación no sólo va a acompañar esta iniciativa sino que participa de ella para restituir a los Argentinos el control del transporte aerocomercial.
Brevemente quiero mencionar que, como todos recordarán, vino un proyecto del Poder Ejecutivo sobre la base de un acta, que fue notoriamente mejorado en este Congreso. Se buscaron consensos que dan mayor estabilidad y certeza a la cuestión con la idea básica de rescatar el servicio público, tal como lo define la propia ley de política nacional de transporte aéreo. No fue posible realizarlo por venta de acciones, como fue la idea original. Esto no fue responsabilidad del Estado sino del grupo Marsans, que no aceptó el precio que de una forma imparcial, justa e inobjetable estimó el Tribunal de Tasación.
Entonces, ahora, luego de que la Comisión de Seguimiento se expidiera y analizara esta cuestión con toda responsabilidad, es el Congreso el que viene a buscar cuál es la mejor forma de llevar adelante este proceso. Ya hay avances importantes porque se hablaba hace unos meses de dejar quebrar a la empresa, lo cual era una solución absolutamente desastrosa porque implicaba dejar a los argentinos sin aviones en forma inmediata. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar este servicio público y lo tiene que hacer de la mejor manera posible, es decir, resguardando los intereses del conjunto y del bien común.
Esa es la principal obligación jurídica, política y moral del gobierno, dado que se ha hablado de moralidad. Ahora estamos discutiendo cuál es la mejor forma: si la expropiación de la empresa o la expropiación de bienes. Sobre esto tratan los dos proyectos en consideración.
Creo que la expropiación de las acciones equivale a la expropiación de las empresas e implica -como está muy claro para todos- tomar tanto el activo como el pasivo. Pero en realidad lo que se toma es una empresa en marcha, endeudada, con un pasivo importante. Pero la única forma de que se pueda remontar cualquier pasivo para cualquier empresa comercial, que no dejan de ser empresas comerciales, tanto Aerolíneas como Austral, es trabajando, es decir, ejerciendo su actividad. Y el Estado tiene la obligación por ley, no solo por decisión política sino por ley, de apoyar esta actividad. Apoyar y sostener significa poner los recursos que sean necesarios.
Hay que analizar todas las alternativas. No me parece mal que analicemos los proyectos alternativos, al contrario, pero creo que tiene que quedar muy claro en qué consiste el proyecto alternativo que estamos analizando.
Se habla de la expropiación de los bienes necesarios para garantizar el servicio. Como también se señaló, esto significa determinar qué bienes son necesarios para armar la empresa que va a prestar el servicio. Independientemente de que será una complicación el lapso que va desde que se produce la declaración de utilidad pública hasta el momento en que se constituya la empresa, en la Argentina no podemos quedarnos un solo día sin aviones.
Existe otro inconveniente no menor: la expropiación de las acciones significa erogación cero para el Estado. La expropiación de bienes significa, como lo garantiza nuestra Constitución nacional, el pago de una indemnización previa.
Es decir, si nosotros expropiamos los bienes A, B y C de Aerolíneas Argentinas, de Austral o de cualquier otra empresa, el Estado debe pagar previamente ese activo y no importa si está afectado a una actividad empresaria.
Esto además tiene otra consecuencia inmediata. En primer lugar, hay que poner una suma importante de dinero -tema que ya explicitó el señor diputado Rossi- pero además, significa seguramente la imposibilidad de recuperar ese dinero porque el control de la mayoría accionaria de la empresa es de propiedad del grupo Marsans y ninguno de nosotros piensa que esto será rápidamente devuelto al Estado.
De modo que me parece que no hay mejor alternativa posible que la que está analizando y proyectando este Congreso por iniciativa de varios señores diputados integrantes de la comisión.
Creo que sería bueno llegar a una decisión de consenso sobre este proyecto de ley. Efectivamente, esto sirve para defender y sostener los intereses de la Nación que son mucho más importantes que los intereses particulares o circunstanciales de un grupo que puede tener mayor o menor confianza en el gobierno.
Considero que tiene que quedar perfectamente claro que se están tomando todos los recaudos para fortalecer la posición argentina por eventuales reclamos ante el CIADI.
Es bastante dudoso que el grupo Marsans pueda acudir al CIADI, porque la prestación del servicio aéreo en la Argentina se debe realizar de acuerdo con el Código Aeronáutico, que prevé que las acciones deben ser de titularidad de personas físicas y con domicilio en el país; ha habido varias cuestiones al respecto.
Además, la posibilidad de la expropiación está expresamente prevista en el tratado con el Reino de España que prevé la protección y fomento recíproco de las inversiones. Esta causal de pérdida de la propiedad accionaria está prevista y ni siquiera regula -como sí lo dice nuestra Constitución- el pago previo de la indemnización, pero sí requiere que no sea discriminatoria.
La aplicación del procedimiento general de la ley de expropiaciones tiende a garantizar esto y quedan absolutamente resguardados los derechos de la Argentina si potencialmente fuera demandada ante el CIADI.
Para terminar, quiero señalar que el bloque de la Concertación no sólo va a acompañar esta iniciativa sino que participa de ella para restituir a los Argentinos el control del transporte aerocomercial.
SR. PRESIDENTE MARCONATO Tiene la palabra la presidenta de la Comisión de Legislación Nacional, diputada Ibarra.
SRA. PRESIDENTA IBARRA Agradezco el tratamiento que tuvimos en conjunto las dos comisiones respecto de este tema.
Quiero ser muy breve, estamos todos muy cansados después de estas horas de debate. Quería plantear algunos temas que habían quedado pendientes y dedicarme a dos o tres temas jurídicos del articulado.
En realidad, tengo algunas críticas que hacer al proceso que se ha desarrollado, pero sinceramente me dio tanto temor ser confundida con alguna de las posiciones que asumió algún primer diputado que abrió el debate, de un nivel ofensivo respecto de quienes estamos dispuestos a acompañar el proyecto de expropiación de acciones, que temo decirlo.
Soy fuertemente crítica de la gestión que se ha tenido respecto de Aerolíneas por parte del secretario de Transporte y del ministro De Vido. Creo que el acta acuerdo fue muy mala y realmente me parece bien deslindar responsabilidades en ese sentido. No se ha llegado de cualquier modo a la situación que se llegó.
Ahora bien, nosotros hoy estamos tratando de resolver -y en este sentido se expidieron muchos diputados y diputadas- la garantía de un servicio público que es de enorme valor, no sólo para el país sino para la ciudadanía en su conjunto, para las provincias, y que tiene la responsabilidad de la mayor cantidad de vuelos de cabotaje en la Argentina.
En esta instancia y fracasada la posibilidad del rescate por compra, tenemos dos alternativas: ir a la quiebra o analizar los dos proyectos que se plantearon acá. Y como yo no me siento socia de una asociación ilícita, y la verdad es que tengo la impresión de que los diputados de la mayoría del oficialismo tampoco se sienten socios sino que sentimos que estamos defendiendo un buen proyecto, que me ocupé de analizar jurídicamente, consultarlo y ver en materia política, jurídica y económica cuál era la salida posible a la situación actual que tenemos con la línea que garantiza los vuelos sobre todo de cabotaje en la Argentina, es que tenemos que tomar una decisión. Y con total convicción de estar llevando adelante el mejor proyecto y con algunos aportes que pude hacer, quiero defender la decisión que se está tomando.
En primer lugar quiero plantear el tema del acta acuerdo, porque creo que no hay que desecharlo. Creo que fue un gravísimo error haber firmado el acta acuerdo tal como se firmó por parte del secretario Jaime y su posterior ratificación por el ministro De Vido, pero si nosotros ahora la dejamos sin efecto le habremos dado efecto hasta el día de hoy. Si nosotros por ley decimos que esa acta acuerdo deja de tener valor, tuvo valor hasta hoy, lo que le permitiría a las empresas salir a hacer un reclamo judicial por algo que tuvo principio de ejecución y que se lo reconocimos legalmente. Es decir que la imposibilidad de tener que decidir por ley respecto de esta acta acuerdo es un problema legal.
Quiero además agregar que nosotros tenemos que pensar que este es un proceso conflictivo y difícil. No es que llegamos bien avenidos a esta decisión, y nosotros tenemos que pensar en dejar bien parado a nuestro país ante los organismos internacionales y ante los estrados judiciales. No es bueno, para quien razonablemente se diga patriota, decir que vamos a perder ante el CIADI. La verdad es que no me parece bueno defender a nuestro país dando argumentos a quienes pueden querer, defendiendo su dinero y habiendo dado un mal servicio en la Argentina -sin duda con una fuerte responsabilidad por parte de quienes fueron los operadores de Aerolíneas Argentinas y Austral- tener la razón en esas instancias. Nosotros tenemos que defender los intereses de nuestro país. Somos legisladores de un país que tiene un problema serio con una línea que está garantizando los vuelos de cabotaje.
El acta acuerdo -y en esto voy a coincidir con el diputado Pinedo- tiene la fortaleza para nosotros -y lo tenemos que decir en el recinto, para que quede en la versión taquigráfica y se pueda utilizar eventualmente ante un tribunal- de que nadie puede alegar que firmó esa acta acuerdo pensando que tiene valor legal si no lo aprueba el Congreso nacional.
Porque el único que puede comprar una empresa con fondos públicos y puede disponer esa compra es el Congreso Nacional. Al respecto nuestra Constitución es específica: quien va y contrata con un secretario de Estado una compra, no puede desconocer las normas que rigen en la Argentina, porque la Constitución Nacional establece que cualquier compra en esas condiciones la decide el Congreso Nacional. Sólo puede interpretarse esa firma ad referendum del Congreso y por aprobación de una ley.
Motivo por el cual no solo no lo aprobamos sino que además específicamente dijimos lo disvalioso que era. Ese acta acuerdo no le podemos dar carácter legal ni para dejarla sin efecto porque le habremos dado sentido. Esto es como comprar una casa a un condómino, necesita la aprobación del otro condómino, no me puede vender el total, me puede vender sólo su parte.
Me pareció muy malo que funcionarios firmaran el acta acuerdo, pero dicho esto no le demos nosotros un argumento que jurídicamente no tienen las empresas con las que hoy estamos con ese problema para litigar en los tribunales.
Quiero plantear algunas cosas sumadas a la excelente exposición que hizo el diputado Rossi sobre algunos problemas que yo veo del proyecto de la oposición que quiero decir que lo leí y que estaba buscando la mejor forma de encontrar una solución a un problema que a esta altura sabemos que cualquiera de los caminos que tomemos tiene costo, que no es gratis, no es fácil llevar adelante este proceso en la situación en que nos encontramos habiéndose caído la posibilidad del rescate por fondo.
En primer lugar expropiar sólo activos, significa pagar porque la compañía como tal tiene valor negativo, pero los activos sueltos en sí mismos tienen valor. No es verdad que los activos no tienen valor. O sea que la propuesta de un sector de la oposición es una propuesta que cuesta plata. No es exploto solo activos y esto no se paga. Cada activo que uno expropia cuesta plata.
Acá estamos hablando de activos que se corresponden en muchos casos -y como bien lo decía el diputado Rossi-, estamos hablando de aviones que además por estar en modo de leasing ya se ha pagado parte importante de ellos y estaríamos perdiendo lo que se pagó porque no lo podríamos adquirir. Además tendríamos que empezar de cero.
Significaría también perder gran parte de lo que se puso en el sistema operativo porque estaríamos expropiando mucho de los aviones a los cuales estuvimos manteniendo operativamente. Tenemos un problema que es que esta suerte de decidir expropiar solo activos significaría una forma de vaciamiento legal: saco lo que vale plata y dejo pasivos.
Quiero decir que los acreedores de las aerolíneas van a litigar contra el Estado, que es el que expropió los activos. No es verdad que quienes sean acreedores en este momento de ARSA no van a litigar. Si el Estado a través de sus legisladores por ley expropia solo activos, que sería la garantía posible del cual se cobrarían los acreedores, esos acreedores van a venir a litigar contra el Estado.
No se crea una figura -y esto lo decía el diputado Cigogna, por lo que no voy a ahondar en esto- que le dé sustento a qué se va a hacer con todos los bienes expropiados. Pero además habría que capitalizar a la empresa. Con lo cual ese costo de capitalizar la empresa -y esto lo aclaró correctamente el diputado Rossi- con los costos que estamos hablando de volver a cubrir leasing de aviones sería un costo enorme, es de un costo altísimo económicamente llevar adelante el camino de la propuesta que plantea la oposición.
Respecto del proyecto de mayoría quiero dejar dos temas planteados, en realidad uno, porque el otro lo pudimos resolver en un debate con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. La primera parte se vincula con la cita mencionada en los artículos 58 y 59 de la ley de expropiación.
Nosotros estamos estableciendo en el dictamen que estamos firmando, que el Estado nacional puede tomar una ocupación temporánea de los bienes hasta que se configure y establezca la expropiación. Esto está establecido en los artículos 58 y 59 de la ley de expropiación. Creo que para todos los que estamos preocupados por lo que vamos a pagar o no, es bueno determinar que probablemente vamos a tener que incorporar -y va a ser un tema para estudiar y llevar al recinto- si tenemos que establecer o no que la ocupación temporanea tiene que ser anormal, en los términos de la figura que establece la ley de expropiación, que puede ser normal o anormal. Si no explicamos que es una ocupación temporánea anormal, podría dar lugar a una indemnización.
Este tema lo vamos a tener que analizar en cuanto a la materia expropiatoria, porque acá todos hicimos discursos vinculados con el tema económico. Estos son los temas que hay que ver en la letra de la ley si es que no especificamos qué tipo de ocupación temporánea hacemos, que no nos impongan una indemnización por la ocupación hasta la expropiación.
El segundo punto que se había planteado era que en el proyecto de mayoría se estaba estableciendo la autorización para tomar créditos con avales del Estado. Sin embargo, la ley de administración financiera, como bien planteaba el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, exige que se establezcan los montos de los créditos a tomar, las características de los avales y el plazo. Por este motivo, hemos eliminado esa posibilidad, que creo que además era confusa, para que en caso de que se vaya a tomar deuda para compra de aviones, establezcamos por ley: montos, plazos y tipo de deuda.
Por lo tanto, el inciso b) de un artículo se eliminó y quedaría pendiente analizar el tema de la ocupación temporánea, para el debate en el recinto. De este modo estamos buscando la forma posible para resolver la expropiación de Aerolíneas y garantizar un servicio público que no podemos dejar sin resolución. A esta altura, teniendo en cuenta el camino que se recorrió, toda salida va a tener sus dificultades y costos. Lo importante es resolverlo del modo sensato y jurídicamente correcto, que nos permita estar en mejores condiciones para resolver los desafíos que se aproximen, probablemente en el ámbito jurídico, pero creo que estamos con muy buenos argumentos para defenderlo.
Quiero ser muy breve, estamos todos muy cansados después de estas horas de debate. Quería plantear algunos temas que habían quedado pendientes y dedicarme a dos o tres temas jurídicos del articulado.
En realidad, tengo algunas críticas que hacer al proceso que se ha desarrollado, pero sinceramente me dio tanto temor ser confundida con alguna de las posiciones que asumió algún primer diputado que abrió el debate, de un nivel ofensivo respecto de quienes estamos dispuestos a acompañar el proyecto de expropiación de acciones, que temo decirlo.
Soy fuertemente crítica de la gestión que se ha tenido respecto de Aerolíneas por parte del secretario de Transporte y del ministro De Vido. Creo que el acta acuerdo fue muy mala y realmente me parece bien deslindar responsabilidades en ese sentido. No se ha llegado de cualquier modo a la situación que se llegó.
Ahora bien, nosotros hoy estamos tratando de resolver -y en este sentido se expidieron muchos diputados y diputadas- la garantía de un servicio público que es de enorme valor, no sólo para el país sino para la ciudadanía en su conjunto, para las provincias, y que tiene la responsabilidad de la mayor cantidad de vuelos de cabotaje en la Argentina.
En esta instancia y fracasada la posibilidad del rescate por compra, tenemos dos alternativas: ir a la quiebra o analizar los dos proyectos que se plantearon acá. Y como yo no me siento socia de una asociación ilícita, y la verdad es que tengo la impresión de que los diputados de la mayoría del oficialismo tampoco se sienten socios sino que sentimos que estamos defendiendo un buen proyecto, que me ocupé de analizar jurídicamente, consultarlo y ver en materia política, jurídica y económica cuál era la salida posible a la situación actual que tenemos con la línea que garantiza los vuelos sobre todo de cabotaje en la Argentina, es que tenemos que tomar una decisión. Y con total convicción de estar llevando adelante el mejor proyecto y con algunos aportes que pude hacer, quiero defender la decisión que se está tomando.
En primer lugar quiero plantear el tema del acta acuerdo, porque creo que no hay que desecharlo. Creo que fue un gravísimo error haber firmado el acta acuerdo tal como se firmó por parte del secretario Jaime y su posterior ratificación por el ministro De Vido, pero si nosotros ahora la dejamos sin efecto le habremos dado efecto hasta el día de hoy. Si nosotros por ley decimos que esa acta acuerdo deja de tener valor, tuvo valor hasta hoy, lo que le permitiría a las empresas salir a hacer un reclamo judicial por algo que tuvo principio de ejecución y que se lo reconocimos legalmente. Es decir que la imposibilidad de tener que decidir por ley respecto de esta acta acuerdo es un problema legal.
Quiero además agregar que nosotros tenemos que pensar que este es un proceso conflictivo y difícil. No es que llegamos bien avenidos a esta decisión, y nosotros tenemos que pensar en dejar bien parado a nuestro país ante los organismos internacionales y ante los estrados judiciales. No es bueno, para quien razonablemente se diga patriota, decir que vamos a perder ante el CIADI. La verdad es que no me parece bueno defender a nuestro país dando argumentos a quienes pueden querer, defendiendo su dinero y habiendo dado un mal servicio en la Argentina -sin duda con una fuerte responsabilidad por parte de quienes fueron los operadores de Aerolíneas Argentinas y Austral- tener la razón en esas instancias. Nosotros tenemos que defender los intereses de nuestro país. Somos legisladores de un país que tiene un problema serio con una línea que está garantizando los vuelos de cabotaje.
El acta acuerdo -y en esto voy a coincidir con el diputado Pinedo- tiene la fortaleza para nosotros -y lo tenemos que decir en el recinto, para que quede en la versión taquigráfica y se pueda utilizar eventualmente ante un tribunal- de que nadie puede alegar que firmó esa acta acuerdo pensando que tiene valor legal si no lo aprueba el Congreso nacional.
Porque el único que puede comprar una empresa con fondos públicos y puede disponer esa compra es el Congreso Nacional. Al respecto nuestra Constitución es específica: quien va y contrata con un secretario de Estado una compra, no puede desconocer las normas que rigen en la Argentina, porque la Constitución Nacional establece que cualquier compra en esas condiciones la decide el Congreso Nacional. Sólo puede interpretarse esa firma ad referendum del Congreso y por aprobación de una ley.
Motivo por el cual no solo no lo aprobamos sino que además específicamente dijimos lo disvalioso que era. Ese acta acuerdo no le podemos dar carácter legal ni para dejarla sin efecto porque le habremos dado sentido. Esto es como comprar una casa a un condómino, necesita la aprobación del otro condómino, no me puede vender el total, me puede vender sólo su parte.
Me pareció muy malo que funcionarios firmaran el acta acuerdo, pero dicho esto no le demos nosotros un argumento que jurídicamente no tienen las empresas con las que hoy estamos con ese problema para litigar en los tribunales.
Quiero plantear algunas cosas sumadas a la excelente exposición que hizo el diputado Rossi sobre algunos problemas que yo veo del proyecto de la oposición que quiero decir que lo leí y que estaba buscando la mejor forma de encontrar una solución a un problema que a esta altura sabemos que cualquiera de los caminos que tomemos tiene costo, que no es gratis, no es fácil llevar adelante este proceso en la situación en que nos encontramos habiéndose caído la posibilidad del rescate por fondo.
En primer lugar expropiar sólo activos, significa pagar porque la compañía como tal tiene valor negativo, pero los activos sueltos en sí mismos tienen valor. No es verdad que los activos no tienen valor. O sea que la propuesta de un sector de la oposición es una propuesta que cuesta plata. No es exploto solo activos y esto no se paga. Cada activo que uno expropia cuesta plata.
Acá estamos hablando de activos que se corresponden en muchos casos -y como bien lo decía el diputado Rossi-, estamos hablando de aviones que además por estar en modo de leasing ya se ha pagado parte importante de ellos y estaríamos perdiendo lo que se pagó porque no lo podríamos adquirir. Además tendríamos que empezar de cero.
Significaría también perder gran parte de lo que se puso en el sistema operativo porque estaríamos expropiando mucho de los aviones a los cuales estuvimos manteniendo operativamente. Tenemos un problema que es que esta suerte de decidir expropiar solo activos significaría una forma de vaciamiento legal: saco lo que vale plata y dejo pasivos.
Quiero decir que los acreedores de las aerolíneas van a litigar contra el Estado, que es el que expropió los activos. No es verdad que quienes sean acreedores en este momento de ARSA no van a litigar. Si el Estado a través de sus legisladores por ley expropia solo activos, que sería la garantía posible del cual se cobrarían los acreedores, esos acreedores van a venir a litigar contra el Estado.
No se crea una figura -y esto lo decía el diputado Cigogna, por lo que no voy a ahondar en esto- que le dé sustento a qué se va a hacer con todos los bienes expropiados. Pero además habría que capitalizar a la empresa. Con lo cual ese costo de capitalizar la empresa -y esto lo aclaró correctamente el diputado Rossi- con los costos que estamos hablando de volver a cubrir leasing de aviones sería un costo enorme, es de un costo altísimo económicamente llevar adelante el camino de la propuesta que plantea la oposición.
Respecto del proyecto de mayoría quiero dejar dos temas planteados, en realidad uno, porque el otro lo pudimos resolver en un debate con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. La primera parte se vincula con la cita mencionada en los artículos 58 y 59 de la ley de expropiación.
Nosotros estamos estableciendo en el dictamen que estamos firmando, que el Estado nacional puede tomar una ocupación temporánea de los bienes hasta que se configure y establezca la expropiación. Esto está establecido en los artículos 58 y 59 de la ley de expropiación. Creo que para todos los que estamos preocupados por lo que vamos a pagar o no, es bueno determinar que probablemente vamos a tener que incorporar -y va a ser un tema para estudiar y llevar al recinto- si tenemos que establecer o no que la ocupación temporanea tiene que ser anormal, en los términos de la figura que establece la ley de expropiación, que puede ser normal o anormal. Si no explicamos que es una ocupación temporánea anormal, podría dar lugar a una indemnización.
Este tema lo vamos a tener que analizar en cuanto a la materia expropiatoria, porque acá todos hicimos discursos vinculados con el tema económico. Estos son los temas que hay que ver en la letra de la ley si es que no especificamos qué tipo de ocupación temporánea hacemos, que no nos impongan una indemnización por la ocupación hasta la expropiación.
El segundo punto que se había planteado era que en el proyecto de mayoría se estaba estableciendo la autorización para tomar créditos con avales del Estado. Sin embargo, la ley de administración financiera, como bien planteaba el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, exige que se establezcan los montos de los créditos a tomar, las características de los avales y el plazo. Por este motivo, hemos eliminado esa posibilidad, que creo que además era confusa, para que en caso de que se vaya a tomar deuda para compra de aviones, establezcamos por ley: montos, plazos y tipo de deuda.
Por lo tanto, el inciso b) de un artículo se eliminó y quedaría pendiente analizar el tema de la ocupación temporánea, para el debate en el recinto. De este modo estamos buscando la forma posible para resolver la expropiación de Aerolíneas y garantizar un servicio público que no podemos dejar sin resolución. A esta altura, teniendo en cuenta el camino que se recorrió, toda salida va a tener sus dificultades y costos. Lo importante es resolverlo del modo sensato y jurídicamente correcto, que nos permita estar en mejores condiciones para resolver los desafíos que se aproximen, probablemente en el ámbito jurídico, pero creo que estamos con muy buenos argumentos para defenderlo.
SR. MORÁN Le pido treinta segundos, señor presidente, simplemente...
SR. PRESIDENTE MARCONATO No fue aludido, señor diputado.
SR. MORÁN Creo que contribuye.
SR. PRESIDENTE MARCONATO Vamos a ser claros: no fue aludido, señor diputado; antes le di la palabra porque había sido aludido. Ahora se hizo referencia a los discursos de la oposición, señor diputado. Se entendió claramente; no fue aludido. Le pediría, por favor, si podemos cerrar el debate. Gracias.
¿El diputado Rossi quiere hacer alguna intervención?
¿El diputado Rossi quiere hacer alguna intervención?
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. PRESIDENTE MARCONATO Doy por cerrado el debate. Pasamos a la firma el dictamen y les recuerdo a los señores diputados que tenemos tiempo hasta el día de mañana para emitir el despacho.
Queda levantada la reunión.
Queda levantada la reunión.