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LEGISLACION GENERAL
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P02 Oficina 234
Of. Administrativa: Piso P02 Oficina 235
Secretario Administrativo DR. TRIANTAFILO GUILLERMO
Miércoles 16.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 60752248 Internos 2248
clgeneral@hcdn.gob.ar
- LEGISLACION GENERAL
- PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
- FINANZAS
Reunión del día 07/03/2018
- CONJUNTA
- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los siete días del mes de marzo de 2018, a la hora 11 y 12:
SR. PRESIDENTE MACÍAS Damos comienzo a la reunión conjunta de las comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas, de Legislación General y de Finanzas. Agradezco la presencia a los señores diputados de las diferentes comisiones.
En conjunto con el presidente de la Comisión de Finanzas, doctor Eduardo Amadeo, damos la bienvenida al señor ministro de Producción, ingeniero Francisco Cabrera, a quien concedo el uso de la palabra.
En conjunto con el presidente de la Comisión de Finanzas, doctor Eduardo Amadeo, damos la bienvenida al señor ministro de Producción, ingeniero Francisco Cabrera, a quien concedo el uso de la palabra.
SR. MINISTRO DE PRODUCCIÓN Señor presidente: hoy he venido con un equipo relativamente importante de gente del Ministerio de Producción. También me acompaña gente de otros ámbitos del gobierno nacional, porque este proyecto de ley que venimos a presentar contiene diferentes temas. Algunos no parecen estar conectados unos con otros, pero tienen un hilo conductor que diría que tiene que ver con la simplificación burocrática. Tienen que ver también, en general, con la inclusión de pymes en el tema de financiamiento, aunque algunos no necesariamente tienen que ver con esto. Por último, una mirada federal de los temas.
Solicité que me acompañe gente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y del Banco Central por si hay dudas o preguntas más técnicas y profundas respecto de estas modificaciones.
En términos generales, creo que no es polémico este proyecto de ley. Esto en el sentido que seguramente todos consideramos que facilitar la vida a las pymes, simplificar las cosas y hacer ordenamientos normativos, es lo que se deberíamos hacer.
Como forma de comenzar con la presentación de los temas y antes de ir las preguntas, haré un seguimiento de los títulos sobre los diferentes temas. Para esto me hice un cuadro donde están agrupados por este hilo conductor que mencioné anteriormente.
Voy a comenzar con lo relativo a pymes, emprendedores y financiamiento.
Uno de los temas que toca este proyecto de ley es el FONDCE, que es el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor. Lo que estamos haciendo respecto de este fondo, que fue creado por la ley de emprendedores recientemente sancionada, es permitir ampliar la posibilidad de acceso a los beneficios del FONCE a determinadas pymes.
Por la forma como estaba sancionada la ley, hacía que solamente pudieran acceder al FONDCE las compañías que tenían menos de siete años de antigüedad. Entonces, lo que estamos haciendo es que, bajo determinadas condiciones, las pymes que tienen el espíritu de ser compañías emprendedoras que quieren crecer pero que, por alguna razón, han pasado más de siete años donde no han podido desarrollarse o acceder a fondos para llevar adelante sus ideas creativas, emprendedoras, etcétera, también puedan acceder. Esto era algo que había quedado pendiente o estaba restringido en la ley de emprendedores y que ahora estamos modificando.
Ustedes saben que este Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor es una iniciativa que fue compartida ampliamente por todos y que está compuesta por el Fondo Semilla, por el Fondo Aceleración y por el Fondo Expansión. O sea que permitiría a emprendedores y pequeñas empresas, acceder a cada una de estas etapas en la vida y el desarrollo del emprendedorismo.
Otro de los elementos que toca este proyecto de ley es la redefinición del registro pyme, para que las empresas categorizadas de esa manera puedan acceder a ciertos beneficios como son los préstamos, los subsidios o las facilitaciones. Todavía hay diferentes registros que definen y categorizan a las pymes de acuerdo con quién lo haga: el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de Producción o la AFIP. Entonces, hemos decidido consolidar esto en el registro pyme que administra el Ministerio de Producción. Ahora, simplemente con la mera inscripción en el registro, alcanza para acreditar la categorización de pyme de las pequeñas y medianas empresas. De esta manera no se le vuelven a pedir balances ni información para definir si es o no una pyme, ya que con este certificado la pyme puede acceder.
Como decía antes, esto tampoco es polémico porque es un pedido de las compañías para facilitarles la vida. Por lo tanto, se delega en la autoridad de aplicación establecer las limitaciones aplicables a las mipymes que estén vinculadas o no a empresas que no sean pymes. Esto respecto de pymes y de emprendedorismo.
Ahora paso al tema de garantías, que está relacionado con las pymes, pero tiene más que ver con el financiamiento. En este proyecto de ley estamos proponiendo la creación de un fondo de garantías, que reemplaza a un viejo fondo que se llamaba Fogapyme, y que lo llamaremos FOGAR. El objetivo es dar garantías en respaldo de las que emitan las sociedades de garantías recíprocas, directas o indirectas entidades financieras y no financieras e inversores e instrumentos emitidos bajo el régimen de oferta pública, y respaldar a las que emitan otros fondos públicos, pymes y no pymes. Es un fondo estatal de garantías y, por lo tanto, los aportes son efectuados por el Fogapyme.
Hay algunos temas que tocan el régimen de sociedad de garantías recíprocas, que tienen que ver con lo siguiente: poder dar garantías a las pymes sin necesidad de que formen parte de la SGR y, por lo tanto, sin necesidad de que sean socios partícipes -aquí hay una facilitación- y que no exista el límite operativo del 25 por ciento por acreedor para los bancos. Antes, esto era solo para los públicos; ahora, con esta medida, favorecemos la diversificación de la cartera de la sociedad de garantías recíproca entre la banca pública y privada.
Nosotros, a través de estas sociedades de garantía recíproca, damos la garantía para que moneticen los bancos -públicos o privados- sin necesidad de aporte de contragarantía por parte de las pymes. Es decir, estamos sacando la contragarantía a las pymes. Me parece que les facilitamos la vida si simplemente les damos la garantía desde las sociedades de garantía recíproca, sin necesidad de firma certificada por escribano para el contrato de contragarantía. Se permite además la firma digital.
Mencionaré algunos temas tributarios. Se podrá elevar las condiciones mínimas exigidas para que los aportes sean deducidos del impuesto a las ganancias, a través de aumentar el período mínimo de permanencia de las inversiones privadas en los fondos de riesgo y poder pasar de dos a cuatro años. Es decir, que el sistema no sea usado para no pagar el impuesto a las ganancias, sino que verdaderamente tenga vocación de financiar a las pymes.
También se propone aumentar el apalancamiento mínimo exigido; hoy es de un 80 por ciento y pasará al 400 por ciento. Esto, que explicaré oportunamente cuando se formulen las preguntas, tiene que ver con la relación entre el capital de riesgo y lo que se llama el capital vivo, que es lo que está financiando. Es decir, el capital de riesgo es lo que aportan los socios protectores y el capital vivo es el que está garantizando cada SGR. Si ese apalancamiento es alto, se multiplica la posibilidad de financiamiento de las pymes.
Para que tengan una idea, todo el sistema de sociedades de garantías recíprocas financia alrededor de 13.000 pymes en la Argentina. Nosotros creemos que es poco y por eso queremos hacer una modificación para que en cuatro años tengamos un financiamiento para alrededor de 100.000 pymes.
También tengamos en cuenta que el mundo de las pymes es de 850.000. Hay 150.000 que tienen financiamiento de algún tipo en la Argentina; el resto no accede al financiamiento. Esto en cuanto al tema de sociedades de garantías recíprocas.
Hay algunos puntos que tienen que ver con sociedades comerciales. Por supuesto que la recientemente aprobada ley para tener sociedades por acciones simplificadas la hicimos para facilitar el crecimiento y la apertura de nuevas empresas en la Argentina. Queremos que estas sociedades por acciones simplificadas -punto que no estaba incluido- puedan realizar oferta pública de sus acciones. Por lo tanto, estamos corrigiendo la redacción para que esto sea así y, de esta manera, les damos mayor flexibilidad.
También las SAS tienen ciertas limitaciones en cuanto a qué tipo de sociedades pueden controlar o estar vinculadas. Con esta modificación se establece que el plazo para regularizar la situación ante algún incumplimiento comienza a correr desde que la SAS toma conocimiento de la infracción.
También queremos corregir el objetivo. Como creemos que debería tener un objetivo amplio, eliminamos la obligación de enunciar en forma taxativa todas las actividades que eventualmente pueda realizar una SAS.
Reitero: esto es simplificación, es abaratamiento y pretende que una sociedad por acciones simplificadas pueda, como toda sociedad, hacer cualquier cosa dentro de lo que marca la ley y actividades lícitas, y que no necesariamente tenga que estar modificando su protocolo si quiere hacer una nueva actividad. Es una cuestión de forma, no de fondo. Creo que no es polémica y que seguramente todos estaremos de acuerdo en llevar adelante.
Respecto a las sociedades, queremos permitir que los registros públicos puedan reglamentar la utilización de libros digitales para todos los tipos societarios. Repito: la idea es impulsar la digitalización de la economía, desburocratizar y simplificar.
Un tema muy importante es que se prohíbe expresamente en este proyecto de ley la existencia de las figuras del socio oculto y del socio aparente, que se encuentran incluidas en la Ley de Sociedades Comerciales.
Antes se los regulaba y se establecía que, de existir, eran solidaria e ilimitadamente responsables por los actos de la sociedad. La sanción sigue siendo la misma; pero, con esta nueva propuesta, ahora están expresamente prohibidos.
Luego, se establece que el Registro Nacional de Sociedades, el Registro Nacional de Asociaciones Civiles y Fundaciones, el Registro Nacional de Sociedades no Accionarias y el Registro Nacional de Sociedades Extranjeras dependerán del Ministerio de Justicia y ya no de la Inspección General de Justicia. Asimismo, que los sistemas serán aportados por el Ministerio de Modernización, o quien el Poder Ejecutivo designe, y ya no por la AFIP. Esto tiene que ver con un ordenamiento, una simplificación y con poner las cosas de la forma correcta y donde deben estar.
Se establece que la organización y funcionamiento del Registro de Concursos y Quiebras dependa del Ministerio de Justicia.
Se incluye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como una jurisdicción más que deberá, eventualmente, aportar los datos a los registros nacionales; esto también tiene que ver con la federalización.
Hasta aquí, la explicación corresponde a sociedades. Como dije antes, iré abarcando diferentes temas con un solo hilo conductor.
Respecto del Fondo Fiduciario de Capital Social, se adecua el concepto de renta anual para ordenar y simplificar el criterio contable aplicado a los fines de la administración del fondo. Este fondo es importante en tanto las microfinanzas son consideradas un eslabón principal en la estrategia de inclusión financiera. Dicha inclusión promueve el acceso a los servicios financieros, generando una economía más equilibrada, en la que se eliminan barreras de acceso, se brindan oportunidades de desarrollo y se genera la entrada de nuevos participantes a los sectores productivos. Las microempresas de menores recursos tienen alto impacto en la reducción de la pobreza y en la generación del empleo, razón por la que estamos haciendo esto.
El fondo depende del Ministerio de Finanzas y su fiduciario es el FONCAP, que es una empresa del Estado. El mismo otorga microcréditos y capacitación a microemprendedores con el objeto de desarrollar la microempresa.
Seguramente habrá preguntas sobre cada uno de los temas; pero, como mencioné, primero hago un pantallazo respecto de qué significan los cambios que estamos haciendo, y cuáles son sus objetivos y fundamentos.
Respecto del Registro Industrial de la Nación, el objetivo es derogarlo. Toda persona que lleva a cabo cualquier tipo de actividad industrial en el país, aun cuando su domicilio o sede social se encuentre situado en el exterior, antes debía registrarse y no se le permitía hacer ningún trámite, ni siquiera una apertura de cuenta bancaria, sin la presentación del certificado vigente. Era una pérdida de tiempo y de dinero para las empresas que venían retrasando su posibilidad de operar. Por lo tanto, lo vamos a derogar.
Otro tema que tiene que ver con la industria es la derogación del artículo 3° de la ley 21.932, por el cual la aprobación de la localización de una terminal automotriz debía hacerse por decreto presidencial. Creemos que no tiene sentido que exista esa excepcionalidad para la instalación de una planta automotriz y por eso lo queremos derogar.
Muchos de estos instrumentos son viejos, antiguos y tienen que ver con necesidades de otros momentos.
Un tema muy impulsado por el Ministerio de Cultura es la desregulación y facilitación de todo lo relacionado con los movimientos de obras de arte: exposiciones en el exterior, importación, exportación como equipaje acompañado, trámites, régimen de garantías y buenas prácticas en general. Si hay preguntas respecto de este tema, con mucho gusto las responderé.
Algo que está más relacionado con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social es el REPSAL, el registro de empresas que han cometido alguna infracción. También lo estamos simplificando y ordenando porque, más allá de las infracciones y las multas impuestas por cometer infracciones, como es obligación incorporarlas a este registro pasan a tener una situación en la que no pueden acceder al crédito y a ciertos beneficios.
Por eso, lo que decimos es que estén incluidas en el REPSAL durante un tiempo determinado y que si la administración pública -por alguna razón- se olvida o deja de incorporarlas al REPSAL, a los treinta días estén incorporadas por default. De este modo, para facilitar y desburocratizar, usamos los criterios generales del silencio por la positiva.
Por otro lado, la modernización del sistema métrico legal es una cuestión absolutamente técnica. Tiene que ver con una revisión integral de los procedimientos respecto a cómo llevamos adelante esto y también con la actualización de multas para quienes no cumplan con estos sistemas.
Paso a un tema de marcas y patentes, que no es una cuestión de fondo, sino que tiene que ver con la desburocratización, facilitación, presentación de documentación y con la digitalización. Es decir, no nos metemos con la discusión de fondo de qué es patentable y qué no, sino con la facilitación de la presentación de marcas. Esto afecta a las compañías chicas que presentan sus marcas y que, de alguna manera, desisten de su uso cuando se generan oposiciones; también hay marcas "paraguas", que son aquellas que no se usan durante muchos años, pero están resguardadas. En ese sentido, lo que proponemos es poner períodos perentorios de uso para que, si no se usa una marca, se pueda volver a usar.
Hay un tema de forma, de simplificación y de orden que tiene que ver con la energía y los hidrocarburos. Básicamente, se cambia la autoridad de aplicación de la Ley de Hidrocarburos a la Secretaría de Energía y Minería de la Nación. De esta manera, se baja el nivel de firmas y se dan facultades como las de determinar zonas del país donde se quiere promover la actividad, otorgar permisos o prorrogarlos, que hasta ahora las tenía solamente el Poder Ejecutivo nacional. Con la reforma, estas cuestiones se delegan en el Ministerio de Energía y Minería de la Nación.
Otro tema relevante es la federalización de los reclamos respecto de las autoridades que regulan las cuestiones del gas. En este sentido, vamos a permitir que los consumidores puedan apelar las resoluciones del Enargas en los tribunales federales de sus provincias y no solo en los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como actualmente establece la norma.
Por otro lado, hemos derogado quince leyes vinculadas con el SENASA que se encuentran superadas por normas posteriores y que están en desuso. Algunas son del siglo XIX, no se usan y por eso proponemos derogarlas. Esto simplemente tiene que ver con el ordenamiento normativo.
En cuanto a los seguros, y particularmente el seguro de vida obligatorio, la idea es permitir contratar y rescindir seguros por medios electrónicos, lo que dinamiza la relación contractual. Esto permite que el contrato de seguro pueda probarse por medios digitales, algo que se hace en casi todos los países. El cambio que proponemos es permitir que sea suscripto digitalmente.
Por otro lado, está la propuesta de derogar la ley de seguro de vida obligatorio para el personal del Estado. El fundamento principal es que, actualmente, mediante un decreto del año 1974, se prevé un seguro de vida obligatorio para todo empleador público y privado. Entonces, el empleado público tiene dos seguros de vida que devienen obligatorios para empleados. Por eso se propone derogar la ley de 1947 y encomendar a la superintendencia la reglamentación de un seguro de vida que sea de carácter optativo para el empleado. De esta manera, se quedaría con un seguro de vida obligatorio y no con dos. Esta situación tiene que ver con la época en que la Caja de Seguros era estatal. Esto no es más así. Hoy hay un seguro que se paga y por eso es redundante.
Un tema sobre el que seguramente habrá muchas preguntas es el de la cuenta sueldo. Esto lo hacemos para mejorar el nivel crediticio de los asalariados: se establece una base de tres salarios a partir de la cual la cuenta sueldo es embargable. Creemos que es algo positivo para la inclusión financiera.
Creo que la medida es polémica y, por lo que estuve escuchando en radio, hay malentendidos, aunque estoy seguro de que no en este ámbito, respecto de la embargabilidad de los sueldos. Esta propuesta que estamos llevando adelante se vincula con la inclusión financiera de una persona que tiene una cuenta sueldo que, por el hecho de ser embargable sin importar el saldo o nivel salarial que tenga este empleado, no le sirve como garantía para obtener un crédito. Esta es la modificación que estamos haciendo.
Respecto de los documentos comerciales, estamos queriendo digitalizar y "despapelizar". Se van a establecer medios electrónicos para firmar documentos comerciales y títulos de crédito, contratos de tarjetas de crédito, pagarés, letras de cambio, etcétera.
Otro punto es la simplificación normativa respecto del régimen cambiario. Las infracciones cambiarias remiten, increíblemente, a una ley que ya está derogada. Con esta modificación se actualiza y se remite a la ley vigente que es la Ley de Entidades Financieras.
Por otro lado, aumentar y ampliar la competitividad: ampliar el acceso de nuevos participantes al mercado cambiario contemplando no solo a las entidades financieras, sino también a todas las personas autorizadas por el Banco Central de la República Argentina para dedicarse de manera habitual al comercio de moneda extranjera.
Otro tema que también puede ser polémico es la "despapelización" del deber de información que tiene que ver con los medios digitales. Se propone modificar las leyes de tarjetas de crédito y de defensa del consumidor estableciéndose que toda la información que la empresa proveedora está obligada a dar al consumidor -inclusive el resumen de cuenta de la tarjeta de crédito- será enviada en formato digital a menos que el consumidor la solicite en papel. Esto estaba establecido al revés; entonces, queremos invertir esta situación.
Estos son los títulos principales. He solicitado que me acompañe gente del ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y un director del Banco Central para responder a las preguntas.
Solicité que me acompañe gente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y del Banco Central por si hay dudas o preguntas más técnicas y profundas respecto de estas modificaciones.
En términos generales, creo que no es polémico este proyecto de ley. Esto en el sentido que seguramente todos consideramos que facilitar la vida a las pymes, simplificar las cosas y hacer ordenamientos normativos, es lo que se deberíamos hacer.
Como forma de comenzar con la presentación de los temas y antes de ir las preguntas, haré un seguimiento de los títulos sobre los diferentes temas. Para esto me hice un cuadro donde están agrupados por este hilo conductor que mencioné anteriormente.
Voy a comenzar con lo relativo a pymes, emprendedores y financiamiento.
Uno de los temas que toca este proyecto de ley es el FONDCE, que es el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor. Lo que estamos haciendo respecto de este fondo, que fue creado por la ley de emprendedores recientemente sancionada, es permitir ampliar la posibilidad de acceso a los beneficios del FONCE a determinadas pymes.
Por la forma como estaba sancionada la ley, hacía que solamente pudieran acceder al FONDCE las compañías que tenían menos de siete años de antigüedad. Entonces, lo que estamos haciendo es que, bajo determinadas condiciones, las pymes que tienen el espíritu de ser compañías emprendedoras que quieren crecer pero que, por alguna razón, han pasado más de siete años donde no han podido desarrollarse o acceder a fondos para llevar adelante sus ideas creativas, emprendedoras, etcétera, también puedan acceder. Esto era algo que había quedado pendiente o estaba restringido en la ley de emprendedores y que ahora estamos modificando.
Ustedes saben que este Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor es una iniciativa que fue compartida ampliamente por todos y que está compuesta por el Fondo Semilla, por el Fondo Aceleración y por el Fondo Expansión. O sea que permitiría a emprendedores y pequeñas empresas, acceder a cada una de estas etapas en la vida y el desarrollo del emprendedorismo.
Otro de los elementos que toca este proyecto de ley es la redefinición del registro pyme, para que las empresas categorizadas de esa manera puedan acceder a ciertos beneficios como son los préstamos, los subsidios o las facilitaciones. Todavía hay diferentes registros que definen y categorizan a las pymes de acuerdo con quién lo haga: el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de Producción o la AFIP. Entonces, hemos decidido consolidar esto en el registro pyme que administra el Ministerio de Producción. Ahora, simplemente con la mera inscripción en el registro, alcanza para acreditar la categorización de pyme de las pequeñas y medianas empresas. De esta manera no se le vuelven a pedir balances ni información para definir si es o no una pyme, ya que con este certificado la pyme puede acceder.
Como decía antes, esto tampoco es polémico porque es un pedido de las compañías para facilitarles la vida. Por lo tanto, se delega en la autoridad de aplicación establecer las limitaciones aplicables a las mipymes que estén vinculadas o no a empresas que no sean pymes. Esto respecto de pymes y de emprendedorismo.
Ahora paso al tema de garantías, que está relacionado con las pymes, pero tiene más que ver con el financiamiento. En este proyecto de ley estamos proponiendo la creación de un fondo de garantías, que reemplaza a un viejo fondo que se llamaba Fogapyme, y que lo llamaremos FOGAR. El objetivo es dar garantías en respaldo de las que emitan las sociedades de garantías recíprocas, directas o indirectas entidades financieras y no financieras e inversores e instrumentos emitidos bajo el régimen de oferta pública, y respaldar a las que emitan otros fondos públicos, pymes y no pymes. Es un fondo estatal de garantías y, por lo tanto, los aportes son efectuados por el Fogapyme.
Hay algunos temas que tocan el régimen de sociedad de garantías recíprocas, que tienen que ver con lo siguiente: poder dar garantías a las pymes sin necesidad de que formen parte de la SGR y, por lo tanto, sin necesidad de que sean socios partícipes -aquí hay una facilitación- y que no exista el límite operativo del 25 por ciento por acreedor para los bancos. Antes, esto era solo para los públicos; ahora, con esta medida, favorecemos la diversificación de la cartera de la sociedad de garantías recíproca entre la banca pública y privada.
Nosotros, a través de estas sociedades de garantía recíproca, damos la garantía para que moneticen los bancos -públicos o privados- sin necesidad de aporte de contragarantía por parte de las pymes. Es decir, estamos sacando la contragarantía a las pymes. Me parece que les facilitamos la vida si simplemente les damos la garantía desde las sociedades de garantía recíproca, sin necesidad de firma certificada por escribano para el contrato de contragarantía. Se permite además la firma digital.
Mencionaré algunos temas tributarios. Se podrá elevar las condiciones mínimas exigidas para que los aportes sean deducidos del impuesto a las ganancias, a través de aumentar el período mínimo de permanencia de las inversiones privadas en los fondos de riesgo y poder pasar de dos a cuatro años. Es decir, que el sistema no sea usado para no pagar el impuesto a las ganancias, sino que verdaderamente tenga vocación de financiar a las pymes.
También se propone aumentar el apalancamiento mínimo exigido; hoy es de un 80 por ciento y pasará al 400 por ciento. Esto, que explicaré oportunamente cuando se formulen las preguntas, tiene que ver con la relación entre el capital de riesgo y lo que se llama el capital vivo, que es lo que está financiando. Es decir, el capital de riesgo es lo que aportan los socios protectores y el capital vivo es el que está garantizando cada SGR. Si ese apalancamiento es alto, se multiplica la posibilidad de financiamiento de las pymes.
Para que tengan una idea, todo el sistema de sociedades de garantías recíprocas financia alrededor de 13.000 pymes en la Argentina. Nosotros creemos que es poco y por eso queremos hacer una modificación para que en cuatro años tengamos un financiamiento para alrededor de 100.000 pymes.
También tengamos en cuenta que el mundo de las pymes es de 850.000. Hay 150.000 que tienen financiamiento de algún tipo en la Argentina; el resto no accede al financiamiento. Esto en cuanto al tema de sociedades de garantías recíprocas.
Hay algunos puntos que tienen que ver con sociedades comerciales. Por supuesto que la recientemente aprobada ley para tener sociedades por acciones simplificadas la hicimos para facilitar el crecimiento y la apertura de nuevas empresas en la Argentina. Queremos que estas sociedades por acciones simplificadas -punto que no estaba incluido- puedan realizar oferta pública de sus acciones. Por lo tanto, estamos corrigiendo la redacción para que esto sea así y, de esta manera, les damos mayor flexibilidad.
También las SAS tienen ciertas limitaciones en cuanto a qué tipo de sociedades pueden controlar o estar vinculadas. Con esta modificación se establece que el plazo para regularizar la situación ante algún incumplimiento comienza a correr desde que la SAS toma conocimiento de la infracción.
También queremos corregir el objetivo. Como creemos que debería tener un objetivo amplio, eliminamos la obligación de enunciar en forma taxativa todas las actividades que eventualmente pueda realizar una SAS.
Reitero: esto es simplificación, es abaratamiento y pretende que una sociedad por acciones simplificadas pueda, como toda sociedad, hacer cualquier cosa dentro de lo que marca la ley y actividades lícitas, y que no necesariamente tenga que estar modificando su protocolo si quiere hacer una nueva actividad. Es una cuestión de forma, no de fondo. Creo que no es polémica y que seguramente todos estaremos de acuerdo en llevar adelante.
Respecto a las sociedades, queremos permitir que los registros públicos puedan reglamentar la utilización de libros digitales para todos los tipos societarios. Repito: la idea es impulsar la digitalización de la economía, desburocratizar y simplificar.
Un tema muy importante es que se prohíbe expresamente en este proyecto de ley la existencia de las figuras del socio oculto y del socio aparente, que se encuentran incluidas en la Ley de Sociedades Comerciales.
Antes se los regulaba y se establecía que, de existir, eran solidaria e ilimitadamente responsables por los actos de la sociedad. La sanción sigue siendo la misma; pero, con esta nueva propuesta, ahora están expresamente prohibidos.
Luego, se establece que el Registro Nacional de Sociedades, el Registro Nacional de Asociaciones Civiles y Fundaciones, el Registro Nacional de Sociedades no Accionarias y el Registro Nacional de Sociedades Extranjeras dependerán del Ministerio de Justicia y ya no de la Inspección General de Justicia. Asimismo, que los sistemas serán aportados por el Ministerio de Modernización, o quien el Poder Ejecutivo designe, y ya no por la AFIP. Esto tiene que ver con un ordenamiento, una simplificación y con poner las cosas de la forma correcta y donde deben estar.
Se establece que la organización y funcionamiento del Registro de Concursos y Quiebras dependa del Ministerio de Justicia.
Se incluye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como una jurisdicción más que deberá, eventualmente, aportar los datos a los registros nacionales; esto también tiene que ver con la federalización.
Hasta aquí, la explicación corresponde a sociedades. Como dije antes, iré abarcando diferentes temas con un solo hilo conductor.
Respecto del Fondo Fiduciario de Capital Social, se adecua el concepto de renta anual para ordenar y simplificar el criterio contable aplicado a los fines de la administración del fondo. Este fondo es importante en tanto las microfinanzas son consideradas un eslabón principal en la estrategia de inclusión financiera. Dicha inclusión promueve el acceso a los servicios financieros, generando una economía más equilibrada, en la que se eliminan barreras de acceso, se brindan oportunidades de desarrollo y se genera la entrada de nuevos participantes a los sectores productivos. Las microempresas de menores recursos tienen alto impacto en la reducción de la pobreza y en la generación del empleo, razón por la que estamos haciendo esto.
El fondo depende del Ministerio de Finanzas y su fiduciario es el FONCAP, que es una empresa del Estado. El mismo otorga microcréditos y capacitación a microemprendedores con el objeto de desarrollar la microempresa.
Seguramente habrá preguntas sobre cada uno de los temas; pero, como mencioné, primero hago un pantallazo respecto de qué significan los cambios que estamos haciendo, y cuáles son sus objetivos y fundamentos.
Respecto del Registro Industrial de la Nación, el objetivo es derogarlo. Toda persona que lleva a cabo cualquier tipo de actividad industrial en el país, aun cuando su domicilio o sede social se encuentre situado en el exterior, antes debía registrarse y no se le permitía hacer ningún trámite, ni siquiera una apertura de cuenta bancaria, sin la presentación del certificado vigente. Era una pérdida de tiempo y de dinero para las empresas que venían retrasando su posibilidad de operar. Por lo tanto, lo vamos a derogar.
Otro tema que tiene que ver con la industria es la derogación del artículo 3° de la ley 21.932, por el cual la aprobación de la localización de una terminal automotriz debía hacerse por decreto presidencial. Creemos que no tiene sentido que exista esa excepcionalidad para la instalación de una planta automotriz y por eso lo queremos derogar.
Muchos de estos instrumentos son viejos, antiguos y tienen que ver con necesidades de otros momentos.
Un tema muy impulsado por el Ministerio de Cultura es la desregulación y facilitación de todo lo relacionado con los movimientos de obras de arte: exposiciones en el exterior, importación, exportación como equipaje acompañado, trámites, régimen de garantías y buenas prácticas en general. Si hay preguntas respecto de este tema, con mucho gusto las responderé.
Algo que está más relacionado con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social es el REPSAL, el registro de empresas que han cometido alguna infracción. También lo estamos simplificando y ordenando porque, más allá de las infracciones y las multas impuestas por cometer infracciones, como es obligación incorporarlas a este registro pasan a tener una situación en la que no pueden acceder al crédito y a ciertos beneficios.
Por eso, lo que decimos es que estén incluidas en el REPSAL durante un tiempo determinado y que si la administración pública -por alguna razón- se olvida o deja de incorporarlas al REPSAL, a los treinta días estén incorporadas por default. De este modo, para facilitar y desburocratizar, usamos los criterios generales del silencio por la positiva.
Por otro lado, la modernización del sistema métrico legal es una cuestión absolutamente técnica. Tiene que ver con una revisión integral de los procedimientos respecto a cómo llevamos adelante esto y también con la actualización de multas para quienes no cumplan con estos sistemas.
Paso a un tema de marcas y patentes, que no es una cuestión de fondo, sino que tiene que ver con la desburocratización, facilitación, presentación de documentación y con la digitalización. Es decir, no nos metemos con la discusión de fondo de qué es patentable y qué no, sino con la facilitación de la presentación de marcas. Esto afecta a las compañías chicas que presentan sus marcas y que, de alguna manera, desisten de su uso cuando se generan oposiciones; también hay marcas "paraguas", que son aquellas que no se usan durante muchos años, pero están resguardadas. En ese sentido, lo que proponemos es poner períodos perentorios de uso para que, si no se usa una marca, se pueda volver a usar.
Hay un tema de forma, de simplificación y de orden que tiene que ver con la energía y los hidrocarburos. Básicamente, se cambia la autoridad de aplicación de la Ley de Hidrocarburos a la Secretaría de Energía y Minería de la Nación. De esta manera, se baja el nivel de firmas y se dan facultades como las de determinar zonas del país donde se quiere promover la actividad, otorgar permisos o prorrogarlos, que hasta ahora las tenía solamente el Poder Ejecutivo nacional. Con la reforma, estas cuestiones se delegan en el Ministerio de Energía y Minería de la Nación.
Otro tema relevante es la federalización de los reclamos respecto de las autoridades que regulan las cuestiones del gas. En este sentido, vamos a permitir que los consumidores puedan apelar las resoluciones del Enargas en los tribunales federales de sus provincias y no solo en los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como actualmente establece la norma.
Por otro lado, hemos derogado quince leyes vinculadas con el SENASA que se encuentran superadas por normas posteriores y que están en desuso. Algunas son del siglo XIX, no se usan y por eso proponemos derogarlas. Esto simplemente tiene que ver con el ordenamiento normativo.
En cuanto a los seguros, y particularmente el seguro de vida obligatorio, la idea es permitir contratar y rescindir seguros por medios electrónicos, lo que dinamiza la relación contractual. Esto permite que el contrato de seguro pueda probarse por medios digitales, algo que se hace en casi todos los países. El cambio que proponemos es permitir que sea suscripto digitalmente.
Por otro lado, está la propuesta de derogar la ley de seguro de vida obligatorio para el personal del Estado. El fundamento principal es que, actualmente, mediante un decreto del año 1974, se prevé un seguro de vida obligatorio para todo empleador público y privado. Entonces, el empleado público tiene dos seguros de vida que devienen obligatorios para empleados. Por eso se propone derogar la ley de 1947 y encomendar a la superintendencia la reglamentación de un seguro de vida que sea de carácter optativo para el empleado. De esta manera, se quedaría con un seguro de vida obligatorio y no con dos. Esta situación tiene que ver con la época en que la Caja de Seguros era estatal. Esto no es más así. Hoy hay un seguro que se paga y por eso es redundante.
Un tema sobre el que seguramente habrá muchas preguntas es el de la cuenta sueldo. Esto lo hacemos para mejorar el nivel crediticio de los asalariados: se establece una base de tres salarios a partir de la cual la cuenta sueldo es embargable. Creemos que es algo positivo para la inclusión financiera.
Creo que la medida es polémica y, por lo que estuve escuchando en radio, hay malentendidos, aunque estoy seguro de que no en este ámbito, respecto de la embargabilidad de los sueldos. Esta propuesta que estamos llevando adelante se vincula con la inclusión financiera de una persona que tiene una cuenta sueldo que, por el hecho de ser embargable sin importar el saldo o nivel salarial que tenga este empleado, no le sirve como garantía para obtener un crédito. Esta es la modificación que estamos haciendo.
Respecto de los documentos comerciales, estamos queriendo digitalizar y "despapelizar". Se van a establecer medios electrónicos para firmar documentos comerciales y títulos de crédito, contratos de tarjetas de crédito, pagarés, letras de cambio, etcétera.
Otro punto es la simplificación normativa respecto del régimen cambiario. Las infracciones cambiarias remiten, increíblemente, a una ley que ya está derogada. Con esta modificación se actualiza y se remite a la ley vigente que es la Ley de Entidades Financieras.
Por otro lado, aumentar y ampliar la competitividad: ampliar el acceso de nuevos participantes al mercado cambiario contemplando no solo a las entidades financieras, sino también a todas las personas autorizadas por el Banco Central de la República Argentina para dedicarse de manera habitual al comercio de moneda extranjera.
Otro tema que también puede ser polémico es la "despapelización" del deber de información que tiene que ver con los medios digitales. Se propone modificar las leyes de tarjetas de crédito y de defensa del consumidor estableciéndose que toda la información que la empresa proveedora está obligada a dar al consumidor -inclusive el resumen de cuenta de la tarjeta de crédito- será enviada en formato digital a menos que el consumidor la solicite en papel. Esto estaba establecido al revés; entonces, queremos invertir esta situación.
Estos son los títulos principales. He solicitado que me acompañe gente del ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y un director del Banco Central para responder a las preguntas.
SR. PRESIDENTE MACÍAS Luego de la exposición del señor ministro, pasamos a las preguntas.
Tiene la palabra el señor diputado Doñate.
Tiene la palabra el señor diputado Doñate.
SR. DOÑATE Señor presidente: buenos días a todos. Agradezco la presencia de las autoridades del Poder Ejecutivo y a las comisiones por la convocatoria.
Como introducción, antes de comenzar con preguntas más técnicas que quizá puedan tener los compañeros integrantes de nuestro bloque y los diputados de las diferentes comisiones, debemos dejar muy claro desde nuestro bloque que la vigencia del decreto de necesidad y urgencia que emitió el Poder Ejecutivo en enero de este año es inconstitucional.
Es insólito estar discutiendo tres paquetes de leyes sobre la vigencia de un DNU absolutamente inconstitucional. Es inconstitucional desde el punto de vista que no había ninguna necesidad ni urgencia. La propia explicación que usted hace sobre los artículos, señor ministro, así lo indican.
Estamos viviendo esta excepcionalidad en la cual el Poder Ejecutivo se arroga facultades legislativas de manera ilegal, ya que la Constitución no lo permite. Por ello, hoy en un juzgado federal hay denuncias contra funcionarios públicos por incumplimiento de los deberes que tienen como tales, además de otras vinculadas con demás artículos del Código Penal.
El señor ministro hablaba del hilo conductor que tiene este paquete de leyes. La verdad es que tenemos una gran confusión porque seguimos discutiendo iniciativas que están en el marco de un DNU que es un bodoque de una serie interminable de afectaciones que incluye derogación y modificación de distintas leyes. Más que un hilo conductor, yo particularmente veo dos hilos conductores en este paquete de leyes. Por un lado, que es una propuesta hecha con un recetario del Fondo Monetario Internacional y de la Organización Mundial del Comercio.
El otro hilo conductor es la inconstitucionalidad de lo que estamos discutiendo. Esto en función de que si estos proyectos de ley no se sancionan porque no nos ponemos de acuerdo o no se consigue la mayoría, sigue en vigencia el DNU. Esto es algo insólito.
Por otro lado, quiero señalar el contexto en el que se emitió este decreto. El Poder Ejecutivo habilitó el período de sesiones extraordinarias para discutir leyes en este Congreso y nos hubiera gustado recibir este paquete de leyes porque hay muchas cosas con las que estamos de acuerdo. Ya que el Poder Ejecutivo había adelantado que se iban a seguir discutiendo proyectos en el período extraordinario de sesiones, hubiera sido sano, saludable y esperable hacerlo durante el mes de diciembre o febrero. No hubiéramos tenido ningún problema en debatir todos y cada uno de los artículos que usted plantea, señor ministro, porque estoy seguro de que estamos de acuerdo con la mayoría de las modificaciones de forma que quiere hacer el Poder Ejecutivo.
No nos sorprendemos, pero lamentamos muchísimo la mecánica que ha tenido este gobierno desde el primer minuto de querer incorporar ministros a la Corte Suprema de Justicia con decretos de necesidad y urgencia de manera inconstitucional.
Hace unos momentos mencionaba el contexto en el que se dio, porque en diciembre se habilitó el período de sesiones extraordinarias y se podrían haber debatido estos proyectos. Me parece que no lo hacen porque, en realidad, están evitando el debate público de cuestiones que muchas veces no tienen anclaje popular; por ejemplo, estas modificaciones laborales que afectan los derechos de los trabajadores.
También está la imposibilidad de discutir más ampliamente estos temas; creo que debería haber más comisiones invitadas al debate porque hay un abanico muy grande de afectación de derechos y modificaciones de leyes que debería incluir a otras comisiones.
Antes de entrar en cuestiones técnicas, la pregunta es: ¿por qué la decisión del Poder Ejecutivo de llevar adelante un decreto de necesidad y urgencia inconstitucional cuando podríamos haber discutido -como lo estamos haciendo ahora- este proyecto de ley que nada tiene de urgencia y de necesidad y que, en todo caso, podría proteger lo más sagrado que tenemos que es la Constitución de la Nación Argentina?
Sr. Presidente (Macías).- Tiene la palabra el señor ministro de Producción.
Como introducción, antes de comenzar con preguntas más técnicas que quizá puedan tener los compañeros integrantes de nuestro bloque y los diputados de las diferentes comisiones, debemos dejar muy claro desde nuestro bloque que la vigencia del decreto de necesidad y urgencia que emitió el Poder Ejecutivo en enero de este año es inconstitucional.
Es insólito estar discutiendo tres paquetes de leyes sobre la vigencia de un DNU absolutamente inconstitucional. Es inconstitucional desde el punto de vista que no había ninguna necesidad ni urgencia. La propia explicación que usted hace sobre los artículos, señor ministro, así lo indican.
Estamos viviendo esta excepcionalidad en la cual el Poder Ejecutivo se arroga facultades legislativas de manera ilegal, ya que la Constitución no lo permite. Por ello, hoy en un juzgado federal hay denuncias contra funcionarios públicos por incumplimiento de los deberes que tienen como tales, además de otras vinculadas con demás artículos del Código Penal.
El señor ministro hablaba del hilo conductor que tiene este paquete de leyes. La verdad es que tenemos una gran confusión porque seguimos discutiendo iniciativas que están en el marco de un DNU que es un bodoque de una serie interminable de afectaciones que incluye derogación y modificación de distintas leyes. Más que un hilo conductor, yo particularmente veo dos hilos conductores en este paquete de leyes. Por un lado, que es una propuesta hecha con un recetario del Fondo Monetario Internacional y de la Organización Mundial del Comercio.
El otro hilo conductor es la inconstitucionalidad de lo que estamos discutiendo. Esto en función de que si estos proyectos de ley no se sancionan porque no nos ponemos de acuerdo o no se consigue la mayoría, sigue en vigencia el DNU. Esto es algo insólito.
Por otro lado, quiero señalar el contexto en el que se emitió este decreto. El Poder Ejecutivo habilitó el período de sesiones extraordinarias para discutir leyes en este Congreso y nos hubiera gustado recibir este paquete de leyes porque hay muchas cosas con las que estamos de acuerdo. Ya que el Poder Ejecutivo había adelantado que se iban a seguir discutiendo proyectos en el período extraordinario de sesiones, hubiera sido sano, saludable y esperable hacerlo durante el mes de diciembre o febrero. No hubiéramos tenido ningún problema en debatir todos y cada uno de los artículos que usted plantea, señor ministro, porque estoy seguro de que estamos de acuerdo con la mayoría de las modificaciones de forma que quiere hacer el Poder Ejecutivo.
No nos sorprendemos, pero lamentamos muchísimo la mecánica que ha tenido este gobierno desde el primer minuto de querer incorporar ministros a la Corte Suprema de Justicia con decretos de necesidad y urgencia de manera inconstitucional.
Hace unos momentos mencionaba el contexto en el que se dio, porque en diciembre se habilitó el período de sesiones extraordinarias y se podrían haber debatido estos proyectos. Me parece que no lo hacen porque, en realidad, están evitando el debate público de cuestiones que muchas veces no tienen anclaje popular; por ejemplo, estas modificaciones laborales que afectan los derechos de los trabajadores.
También está la imposibilidad de discutir más ampliamente estos temas; creo que debería haber más comisiones invitadas al debate porque hay un abanico muy grande de afectación de derechos y modificaciones de leyes que debería incluir a otras comisiones.
Antes de entrar en cuestiones técnicas, la pregunta es: ¿por qué la decisión del Poder Ejecutivo de llevar adelante un decreto de necesidad y urgencia inconstitucional cuando podríamos haber discutido -como lo estamos haciendo ahora- este proyecto de ley que nada tiene de urgencia y de necesidad y que, en todo caso, podría proteger lo más sagrado que tenemos que es la Constitución de la Nación Argentina?
Sr. Presidente (Macías).- Tiene la palabra el señor ministro de Producción.
SR. MINISTRO DE PRODUCCIÓN Señor presidente: en primer lugar, agradezco por su pregunta al señor diputado Doñate. Es un tema técnico legal que excede mi capacidad de responder por qué razón se hizo de esa manera. Creo que el señor diputado Tonelli tiene algo que decir al respecto.
SR. PRESIDENTE MACÍAS Tiene la palabra el señor diputado Tonelli.
SR. TONELLI Señor presidente...
SR. DOÑATE Le solicito una interrupción, señor diputado Tonelli.
SR. TONELLI Bueno, señor diputado.
SR. PRESIDENTE MACÍAS Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado Doñate.
SR. DOÑATE Señor presidente: el señor ministro firmó el decreto de necesidad y urgencia. Entonces, debería dar explicaciones; no puede desconocer el decreto de necesidad y urgencia, y tampoco sus fundamentos y objetivos.
SR. MINISTRO DE PRODUCCIÓN Lo conozco perfectamente.
SR. DOÑATE Debería darnos explicaciones sobre por qué firmó un decreto de necesidad y urgencia en el contexto en que se dio, cuando no había necesidad ni urgencia. No son cuestiones técnicas.
Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. PRESIDENTE MACÍAS Ordenémonos un poquito, por favor.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Tonelli.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Tonelli.
SR. TONELLI Señor presidente: me parece que el reclamo que se hace al ministro no corresponde. Él no vino a dar ese tipo de explicaciones o de razones, sino a explicar el contenido, el sentido y el propósito del proyecto de ley.
Seguir hablando del decreto de necesidad y urgencia carece absolutamente de sentido cuando estamos discutiendo un proyecto de ley que, en caso de ser aprobado, reemplazará dicho decreto de necesidad y urgencia. Por lo tanto, me parece que tenemos que discutir sobre este proyecto de ley y ver si estamos de acuerdo, o no, con su contenido.
Por otra parte, respecto de la reiterada alegación de inconstitucionalidad del decreto 27, quiero que quede claro que esta es una opinión del diputado preopinante; inclusive, ese decreto ya ha sido considerado por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, prevista en el artículo 99, inciso 3º de la Constitución Nacional, y en la ley 26.122, y la mayoría de sus miembros ha dictaminado en favor de la validez del decreto. De modo que el fundamento de inconstitucionalidad está lejísimo de ser una realidad. En todo caso, reitero, es una opinión del diputado preopinante.
Las razones por las cuales el Poder Ejecutivo, en su momento, dictó el decreto tampoco me parece que sea importante analizarlas aquí; sí las analizamos en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo cuando discutimos la validez del decreto, y la Cámara va a tener oportunidad de volver a analizarlas cuando toque considerar el dictamen de dicha comisión.
Hoy me parece que, más allá de las opiniones que cada uno tenga respecto de la constitucionalidad, o no, del decreto 27 -yo insisto en que es un decreto perfectamente constitucional-, lo que tenemos que hacer es discutir el contenido de un proyecto de ley. Olvidémonos del decreto; tenemos que discutir el contenido de un proyecto de ley. A eso ha venido el señor ministro; es lo que ha hecho hasta ahora y está listo para contestar preguntas referidas al contenido del proyecto.
Seguir hablando del decreto de necesidad y urgencia carece absolutamente de sentido cuando estamos discutiendo un proyecto de ley que, en caso de ser aprobado, reemplazará dicho decreto de necesidad y urgencia. Por lo tanto, me parece que tenemos que discutir sobre este proyecto de ley y ver si estamos de acuerdo, o no, con su contenido.
Por otra parte, respecto de la reiterada alegación de inconstitucionalidad del decreto 27, quiero que quede claro que esta es una opinión del diputado preopinante; inclusive, ese decreto ya ha sido considerado por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, prevista en el artículo 99, inciso 3º de la Constitución Nacional, y en la ley 26.122, y la mayoría de sus miembros ha dictaminado en favor de la validez del decreto. De modo que el fundamento de inconstitucionalidad está lejísimo de ser una realidad. En todo caso, reitero, es una opinión del diputado preopinante.
Las razones por las cuales el Poder Ejecutivo, en su momento, dictó el decreto tampoco me parece que sea importante analizarlas aquí; sí las analizamos en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo cuando discutimos la validez del decreto, y la Cámara va a tener oportunidad de volver a analizarlas cuando toque considerar el dictamen de dicha comisión.
Hoy me parece que, más allá de las opiniones que cada uno tenga respecto de la constitucionalidad, o no, del decreto 27 -yo insisto en que es un decreto perfectamente constitucional-, lo que tenemos que hacer es discutir el contenido de un proyecto de ley. Olvidémonos del decreto; tenemos que discutir el contenido de un proyecto de ley. A eso ha venido el señor ministro; es lo que ha hecho hasta ahora y está listo para contestar preguntas referidas al contenido del proyecto.
SR. PRESIDENTE MACÍAS Tiene la palabra el señor diputado Ramón.
SR. RAMÓN Señor presidente: las preguntas van a ser para el señor ministro Cabrera.
En oportunidad de la reunión que hubo el mes pasado en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que trató en DNU 27/18, nosotros tomamos participación. Yo represento al Partido Intransigente de Mendoza y vengo también en representación del interbloque Socialdemócrata.
En primer lugar -voy a hacer mías las palabras del diputado que me antecedió en el uso de la palabra-, el decreto de necesidad y urgencia tiene ciertos requisitos que son constitucionales pero el abuso y la manera en que se pretende modificar ciertos aspectos técnicos que hoy vamos a tratar, lo hacen inconstitucional.
Es decir, por más que le den la vuelta, esa comisión bicameral no le da validez constitucional al dictado del decreto de necesidad y urgencia porque no se dan los requisitos que exige la Constitución en el artículo 99. Este es el primer punto.
En este sentido, hemos elaborado un documento con un análisis y preguntas para el señor ministro que me interesaría que se inserte en la versión taquigráfica, porque es muy largo, que tiene que ver con cada uno de los puntos que se incorporan en el proyecto de ley que hoy se pretende tratar.
Me quiero referir a un tema específico que tiene que ver con algo que desde el Poder Ejecutivo se nota, como también desde el Ministerio de Producción y el Ministerio de Energía. Me refiero a que pareciera ser que los usuarios y consumidores no estamos incorporados en el artículo 42 de la Constitución.
Cuando se reformó la Constitución en el año 1994, el artículo 42 sobre usuarios y consumidores de un producto o servicio público o privado, como por ejemplo un banco que brinda una tarjeta de crédito, o el servicio de gas o electricidad, estableció ciertos parámetros que hacen que dicho artículo no sea una expresión meramente declarativa de la Constitución. Es un artículo operativo que establece que aquel que preste un servicio público, privado, o venda un bien, lo tiene que hacer de manera tal que garantice el acceso a la información del usuario y consumidor. Le tienen que garantizar la salud y, por sobre todas las cosas, la protección de su interés económico.
En el capítulo XIV de este proyecto de ley cambian la carga de aquello que impone el artículo 42. En la comisión bicameral hubo varios diputados que planteamos esto y lo insertamos en la discusión.
Si se quiere modificar el artículo 42 de la Constitución, que impone al proveedor de servicios dar información adecuada y veraz, se tiene que reformar la Constitución. No pueden hacerlo a través de un artículo meramente declarativo y de una ley que reglamente su ejercicio.
Por eso, la modificación del artículo 4° de la Ley de Defensa del Consumidor no es, ni más ni menos, que una modificación de tipo inconstitucional. Para poder hacerla, se requiere modificar la Constitución en su artículo 42.
Mi pregunta es: ¿a quién se está favoreciendo con eso? Permítanme responderles: al pequeño grupo de los grandes proveedores que son los bancos, las pequeñas empresas proveedoras de gas domiciliario, las tarjetas de crédito y las compañías de seguro que, para evitar la cantidad de dinero que implica dar información adecuada y veraz a su cliente, zafan a partir de que le pueden enviar el resumen de cuenta en un correo electrónico.
Quiero decir lo siguiente al señor ministro: tenemos un problema en la Argentina porque todavía no está desarrollado el 4G, el 5G, el 3G ni el 2G en muchos lugares. Es más, le voy a dar un ejemplo que conoce. En Los Chañaritos, provincia de Córdoba, como en Buen Orden, en San Martín -y usted sabe de qué le hablo-, no hay manera de conectarse a Internet. Los viejos -entre comillas y subrayado- que viven en esos lugares, como muchos de los que viven en la Capital Federal, no tienen acceso a Internet. Uno de cada tres argentinos no lo tiene y no es poca cosa, señor ministro.
Le aseguro que, desde nuestra agrupación protectora, el Partido Intransigente de Mendoza, queremos que la Argentina a fines del siglo XXI esté en un mundo de maravillas, donde a través del celular uno pueda comunicarse y tener acceso a la información adecuada y veraz. Hoy, la única manera para uno de cada tres argentinos es tener la información en papel.
En el marco de esta modificación es cuando se dice: ¡hay que meter a la Argentina en el futuro! Claro que todos queremos ver en el celular las cosas, algo que para nosotros es muy fácil. A mí me encanta cuando vengo a la Capital Federal a trabajar como diputado porque me anda el 4G, una fantasía maravillosa de nuestro teléfono celular. Pero el INDEC -aclaro que me refiero a cifras oficiales- dice porcentajes muy distintos.
Señor ministro: la pregunta es por qué quiere modificar la Constitución. Es muy importante que se sepa que el artículo 42 es operativo y que se necesita de un proceso de reforma constitucional para quitarnos derechos. No me refiero al derecho que yo tengo como diputado, que tienen mi secretario y otras personas de mi ámbito -soy de Chacras de Coria, provincia de Mendoza-, donde vivo correctamente y tengo acceso a la información adecuada y veraz de mi resumen bancario, de mis servicios públicos de gas y de electricidad-, sino que estoy hablando del abuelo.
Hay un 50 por ciento de la población en el interior de nuestra Argentina que no tiene acceso a Internet. Entonces, si se quiere planificar esa Argentina maravillosa y digital, la primera pregunta que hago al señor ministro es si tiene conocimiento de cómo son los planes de este servicio universal de acceso a la red que debiéramos tener todos los argentinos. Porque los consumidores y los usuarios de los servicios públicos, privados y bancarios aceptaríamos con mucho gusto la propuesta si un viejo -entre comillas y subrayado, dicho esto con todo respeto por nuestros adultos mayores- pudiese mirar el resumen desde su celular a través del correo electrónico.
¿Sabe qué, señor ministro? Aún con papel, los bancos, las compañías de seguro y aquellos que nos venden los servicios públicos, nos hacen trampa.
Hacen trampa y uno tiene que estar reclamando. A esto sumemos que hay mucha gente que, incluso con la boleta en papel, no sabe cómo reclamar en Defensa del Consumidor, que ya sabemos cómo funciona.
La pregunta que le hago, señor ministro, es ¿a quién se está protegiendo con esta modificación de la Constitución? Lo digo con todas las letras, porque no le está hablando alguien que quiere poner una piedra en el camino. Le está hablando alguien que quiere que tengamos un sistema de información adecuado y veraz, como exige la Constitución Nacional, para todos los argentinos y no solamente para el pequeño grupito de los grandes proveedores del Estado que se han apoderado de la prestación del servicio público, de los servicios bancarios, etcétera, en perjuicio de los consumidores.
El resto de las preguntas forma parte del documento que me gustaría se inserte en la versión taquigráfica.
En oportunidad de la reunión que hubo el mes pasado en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que trató en DNU 27/18, nosotros tomamos participación. Yo represento al Partido Intransigente de Mendoza y vengo también en representación del interbloque Socialdemócrata.
En primer lugar -voy a hacer mías las palabras del diputado que me antecedió en el uso de la palabra-, el decreto de necesidad y urgencia tiene ciertos requisitos que son constitucionales pero el abuso y la manera en que se pretende modificar ciertos aspectos técnicos que hoy vamos a tratar, lo hacen inconstitucional.
Es decir, por más que le den la vuelta, esa comisión bicameral no le da validez constitucional al dictado del decreto de necesidad y urgencia porque no se dan los requisitos que exige la Constitución en el artículo 99. Este es el primer punto.
En este sentido, hemos elaborado un documento con un análisis y preguntas para el señor ministro que me interesaría que se inserte en la versión taquigráfica, porque es muy largo, que tiene que ver con cada uno de los puntos que se incorporan en el proyecto de ley que hoy se pretende tratar.
Me quiero referir a un tema específico que tiene que ver con algo que desde el Poder Ejecutivo se nota, como también desde el Ministerio de Producción y el Ministerio de Energía. Me refiero a que pareciera ser que los usuarios y consumidores no estamos incorporados en el artículo 42 de la Constitución.
Cuando se reformó la Constitución en el año 1994, el artículo 42 sobre usuarios y consumidores de un producto o servicio público o privado, como por ejemplo un banco que brinda una tarjeta de crédito, o el servicio de gas o electricidad, estableció ciertos parámetros que hacen que dicho artículo no sea una expresión meramente declarativa de la Constitución. Es un artículo operativo que establece que aquel que preste un servicio público, privado, o venda un bien, lo tiene que hacer de manera tal que garantice el acceso a la información del usuario y consumidor. Le tienen que garantizar la salud y, por sobre todas las cosas, la protección de su interés económico.
En el capítulo XIV de este proyecto de ley cambian la carga de aquello que impone el artículo 42. En la comisión bicameral hubo varios diputados que planteamos esto y lo insertamos en la discusión.
Si se quiere modificar el artículo 42 de la Constitución, que impone al proveedor de servicios dar información adecuada y veraz, se tiene que reformar la Constitución. No pueden hacerlo a través de un artículo meramente declarativo y de una ley que reglamente su ejercicio.
Por eso, la modificación del artículo 4° de la Ley de Defensa del Consumidor no es, ni más ni menos, que una modificación de tipo inconstitucional. Para poder hacerla, se requiere modificar la Constitución en su artículo 42.
Mi pregunta es: ¿a quién se está favoreciendo con eso? Permítanme responderles: al pequeño grupo de los grandes proveedores que son los bancos, las pequeñas empresas proveedoras de gas domiciliario, las tarjetas de crédito y las compañías de seguro que, para evitar la cantidad de dinero que implica dar información adecuada y veraz a su cliente, zafan a partir de que le pueden enviar el resumen de cuenta en un correo electrónico.
Quiero decir lo siguiente al señor ministro: tenemos un problema en la Argentina porque todavía no está desarrollado el 4G, el 5G, el 3G ni el 2G en muchos lugares. Es más, le voy a dar un ejemplo que conoce. En Los Chañaritos, provincia de Córdoba, como en Buen Orden, en San Martín -y usted sabe de qué le hablo-, no hay manera de conectarse a Internet. Los viejos -entre comillas y subrayado- que viven en esos lugares, como muchos de los que viven en la Capital Federal, no tienen acceso a Internet. Uno de cada tres argentinos no lo tiene y no es poca cosa, señor ministro.
Le aseguro que, desde nuestra agrupación protectora, el Partido Intransigente de Mendoza, queremos que la Argentina a fines del siglo XXI esté en un mundo de maravillas, donde a través del celular uno pueda comunicarse y tener acceso a la información adecuada y veraz. Hoy, la única manera para uno de cada tres argentinos es tener la información en papel.
En el marco de esta modificación es cuando se dice: ¡hay que meter a la Argentina en el futuro! Claro que todos queremos ver en el celular las cosas, algo que para nosotros es muy fácil. A mí me encanta cuando vengo a la Capital Federal a trabajar como diputado porque me anda el 4G, una fantasía maravillosa de nuestro teléfono celular. Pero el INDEC -aclaro que me refiero a cifras oficiales- dice porcentajes muy distintos.
Señor ministro: la pregunta es por qué quiere modificar la Constitución. Es muy importante que se sepa que el artículo 42 es operativo y que se necesita de un proceso de reforma constitucional para quitarnos derechos. No me refiero al derecho que yo tengo como diputado, que tienen mi secretario y otras personas de mi ámbito -soy de Chacras de Coria, provincia de Mendoza-, donde vivo correctamente y tengo acceso a la información adecuada y veraz de mi resumen bancario, de mis servicios públicos de gas y de electricidad-, sino que estoy hablando del abuelo.
Hay un 50 por ciento de la población en el interior de nuestra Argentina que no tiene acceso a Internet. Entonces, si se quiere planificar esa Argentina maravillosa y digital, la primera pregunta que hago al señor ministro es si tiene conocimiento de cómo son los planes de este servicio universal de acceso a la red que debiéramos tener todos los argentinos. Porque los consumidores y los usuarios de los servicios públicos, privados y bancarios aceptaríamos con mucho gusto la propuesta si un viejo -entre comillas y subrayado, dicho esto con todo respeto por nuestros adultos mayores- pudiese mirar el resumen desde su celular a través del correo electrónico.
¿Sabe qué, señor ministro? Aún con papel, los bancos, las compañías de seguro y aquellos que nos venden los servicios públicos, nos hacen trampa.
Hacen trampa y uno tiene que estar reclamando. A esto sumemos que hay mucha gente que, incluso con la boleta en papel, no sabe cómo reclamar en Defensa del Consumidor, que ya sabemos cómo funciona.
La pregunta que le hago, señor ministro, es ¿a quién se está protegiendo con esta modificación de la Constitución? Lo digo con todas las letras, porque no le está hablando alguien que quiere poner una piedra en el camino. Le está hablando alguien que quiere que tengamos un sistema de información adecuado y veraz, como exige la Constitución Nacional, para todos los argentinos y no solamente para el pequeño grupito de los grandes proveedores del Estado que se han apoderado de la prestación del servicio público, de los servicios bancarios, etcétera, en perjuicio de los consumidores.
El resto de las preguntas forma parte del documento que me gustaría se inserte en la versión taquigráfica.
SR. PRESIDENTE MACÍAS Tiene la palabra el señor ministro de Producción.
SR. MINISTRO DE PRODUCCIÓN Señor presidente: en primer lugar, no quiero cambiar la Constitución. Creo que no hace falta hacerlo.
Esta es una decisión que tomamos en favor de los más débiles, de los consumidores. Finalmente, quien quiera recibir las boletas en papel, lo puede hacer; pero creo que cuando alguien tiene que recibir por correo un papel, un resumen, terminan cobrándoselo. Lo que yo quiero es que no se lo cobren, que sea gratuito y a través de Internet. Si por alguna razón -como dijo el diputado-, en Los Chañaritos no tienen acceso a Internet, que lo pidan en papel y les llegará en ese soporte.
No creo que este sea un tema que tenga que ver con niveles constitucionales. Tiene que ver con acceder a bajar los costos de todos los servicios en la Argentina, que finalmente es algo que beneficia a los más débiles.
Esta es una decisión que tomamos en favor de los más débiles, de los consumidores. Finalmente, quien quiera recibir las boletas en papel, lo puede hacer; pero creo que cuando alguien tiene que recibir por correo un papel, un resumen, terminan cobrándoselo. Lo que yo quiero es que no se lo cobren, que sea gratuito y a través de Internet. Si por alguna razón -como dijo el diputado-, en Los Chañaritos no tienen acceso a Internet, que lo pidan en papel y les llegará en ese soporte.
No creo que este sea un tema que tenga que ver con niveles constitucionales. Tiene que ver con acceder a bajar los costos de todos los servicios en la Argentina, que finalmente es algo que beneficia a los más débiles.
SR. RAMÓN Discúlpeme, señor ministro....
Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. PRESIDENTE MACÍAS Por favor, señor diputado. Evitemos el diálogo.
SR. RAMÓN Era para hacer una aclaración, señor presidente.
El tema es que en este artículo 115 está abierta la posibilidad de que esos grandes proveedores puedan cobrar al usuario que pida la boleta en papel. Eso no está expresamente prohibido.
El tema es que en este artículo 115 está abierta la posibilidad de que esos grandes proveedores puedan cobrar al usuario que pida la boleta en papel. Eso no está expresamente prohibido.
SR. TONELLI El proyecto de ley dice que la información siempre tiene que ser gratuita. Se está haciendo una tergiversación.
SR. RAMÓN Esperemos que así sea cuando el consumidor pretenda recibirla en papel. Ya lo dice la Constitución, que está por encima de la ley...
SR. TONELLI ¿Qué dice la Constitución? Que la información debe ser veraz y adecuada.
SR. RAMÓN ¿Le parece poco?
Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. PRESIDENTE MACÍAS Pido a los señores diputados que nos ordenemos en el uso de la palabra.
Tiene la palabra el señor Inchauspe.
Tiene la palabra el señor Inchauspe.
SR. INCHAUSPE Señor presidente: es importante entender que el artículo dice que la información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada en el soporte que el proveedor determine, salvo que el consumidor opte por el soporte físico. Con lo cual, el consumidor siempre va a tener la palabra final y, cuando sea necesario, la va a pedir en soporte físico. Sin ninguna duda, esto va a abaratar costos en los servicios.
SR. PRESIDENTE MACÍAS Tiene la palabra la señora diputada Pitiot.
SRA. PITIOT Señor presidente, señor ministro, señores funcionarios: gracias por su presencia.
Voy a ser muy breve para que mi compañero de bloque, el señor diputado Arroyo, pueda plantear una consulta en particular.
Aunque seamos reiterativos, ya que algunos diputados preopinantes hicieron referencia al tema, desde el Frente Renovador queremos recalcar que en nuestro rol de diputados tenemos que defender nuestra función de parlamentarios. Digo esto en el contexto de nuestro primer encuentro después del cierre de la actividad parlamentaria del 2017. No podemos soslayar ni queremos dejar pasar desde nuestro bloque la irregularidad en la que se dictó el decreto 27/18.
Esta norma no solo se dictó diez días después de cerrada la actividad del Congreso sino que, pese a que esta se extendió -casi estuvimos festejando juntos la Navidad- por pedido del Poder Ejecutivo para tratar temas de suma importancia y todos estuvimos debatiendo proyectos vinculados a cuestiones fiscales, presupuestarias y previsionales que no debemos olvidar, este tema no se consideró.
Perfectamente, en el arduo trabajo durante el mes de diciembre se podrían haber incluido estos ciento noventa y dos artículos que contiene el decreto y que nos sorprendió a todos en enero. Si bien el proyecto que nos aboca hoy tiene que ver parcialmente con la simplificación y desburocratización del desarrollo productivo de la Nación, tenemos que decir que cuando se dictó el decreto no estaba constituida la comisión bicameral. Con lo cual, desde el Frente Renovador no nos quedó otra alternativa que ir a la Justicia, donde interpusimos una acción declarativa de inconstitucionalidad que se encuentra en trámite.
Por muchas cuestiones que mencionaron varios diputados preopinantes -que no voy a repetir para no ser reiterativa-, para nosotros no hubo necesidad ni urgencia para dictar el decreto. De lo contrario, no estaríamos acá, seamos sinceros. De todos modos, celebramos el debate.
Hay que decir que, en esta comisión bicameral, si bien participan diputados de otros bloques, el oficialismo se ocupó muy bien de hacer un blindaje al momento de su conformación para tener la mayoría. Yo entiendo que nuestra Constitución habla del control parlamentario y que por eso esta comisión bicameral es no solamente importante sino también imprescindible para el control que ejercemos como diputados. La inconstitucionalidad va por otra vía, que es la judicial, donde se deberá resolver oportunamente.
Como el sabio hace al principio lo que el necio al final, hoy estamos acá porque han ingresado proyectos vinculados con artículos contenidos en el decreto 27/18 del Poder Ejecutivo, lo cual celebramos desde el Frente Renovador. Hay muchas de estas normas en las que vamos a estar de acuerdo y vamos a coincidir. Hay otras en las que no y nos preocupan. Una de ellas es la modificación del artículo 147 de la Ley de Contrato de Trabajo, y me gustaría que comience su exposición el señor diputado Arroyo para finalizar nuestra presentación. Seguramente, luego el señor diputado Lavagna también hará uso de la palabra.
Voy a ser muy breve para que mi compañero de bloque, el señor diputado Arroyo, pueda plantear una consulta en particular.
Aunque seamos reiterativos, ya que algunos diputados preopinantes hicieron referencia al tema, desde el Frente Renovador queremos recalcar que en nuestro rol de diputados tenemos que defender nuestra función de parlamentarios. Digo esto en el contexto de nuestro primer encuentro después del cierre de la actividad parlamentaria del 2017. No podemos soslayar ni queremos dejar pasar desde nuestro bloque la irregularidad en la que se dictó el decreto 27/18.
Esta norma no solo se dictó diez días después de cerrada la actividad del Congreso sino que, pese a que esta se extendió -casi estuvimos festejando juntos la Navidad- por pedido del Poder Ejecutivo para tratar temas de suma importancia y todos estuvimos debatiendo proyectos vinculados a cuestiones fiscales, presupuestarias y previsionales que no debemos olvidar, este tema no se consideró.
Perfectamente, en el arduo trabajo durante el mes de diciembre se podrían haber incluido estos ciento noventa y dos artículos que contiene el decreto y que nos sorprendió a todos en enero. Si bien el proyecto que nos aboca hoy tiene que ver parcialmente con la simplificación y desburocratización del desarrollo productivo de la Nación, tenemos que decir que cuando se dictó el decreto no estaba constituida la comisión bicameral. Con lo cual, desde el Frente Renovador no nos quedó otra alternativa que ir a la Justicia, donde interpusimos una acción declarativa de inconstitucionalidad que se encuentra en trámite.
Por muchas cuestiones que mencionaron varios diputados preopinantes -que no voy a repetir para no ser reiterativa-, para nosotros no hubo necesidad ni urgencia para dictar el decreto. De lo contrario, no estaríamos acá, seamos sinceros. De todos modos, celebramos el debate.
Hay que decir que, en esta comisión bicameral, si bien participan diputados de otros bloques, el oficialismo se ocupó muy bien de hacer un blindaje al momento de su conformación para tener la mayoría. Yo entiendo que nuestra Constitución habla del control parlamentario y que por eso esta comisión bicameral es no solamente importante sino también imprescindible para el control que ejercemos como diputados. La inconstitucionalidad va por otra vía, que es la judicial, donde se deberá resolver oportunamente.
Como el sabio hace al principio lo que el necio al final, hoy estamos acá porque han ingresado proyectos vinculados con artículos contenidos en el decreto 27/18 del Poder Ejecutivo, lo cual celebramos desde el Frente Renovador. Hay muchas de estas normas en las que vamos a estar de acuerdo y vamos a coincidir. Hay otras en las que no y nos preocupan. Una de ellas es la modificación del artículo 147 de la Ley de Contrato de Trabajo, y me gustaría que comience su exposición el señor diputado Arroyo para finalizar nuestra presentación. Seguramente, luego el señor diputado Lavagna también hará uso de la palabra.
SR. PRESIDENTE MACÍAS Tiene la palabra el señor diputado Arroyo.
SR. ARROYO Señor presidente: agradezco la presencia del señor ministro de Producción. Voy a marcar un punto sobre la embargabilidad de la cuenta sueldo.
Entiendo la lógica del proyecto y el supuesto de que, si se puede embargar la cuenta sueldo, deberían bajar las tasas de interés y parte de la gente que hoy no puede calificar para créditos podría hacerlo. Con todo respeto, creo que va a salir exactamente al revés.
Hoy, en la Argentina, gran parte de los trabajadores provinciales y municipales están por debajo del salario mínimo fijado por la ley. El sistema de crédito funciona así: el que tiene tarjeta de crédito paga el mínimo y patea para adelante la deuda con un 45 a 60 por ciento de interés anual. El que va a la financiera de la esquina paga entre 80 y 100 por ciento de interés anual, el que va al financista del barrio paga lo que el financista quiere, y el que vende droga y presta plata, lo que fuere.
En este contexto, donde las familias están sobreendeudadas a tasas que decir que son usurarias es ser respetuoso, avanzar con el embargo de la cuenta sueldo me parece un error grande. Interpreto que alguien pueda creer que es al revés y que esto le dará la posibilidad de calificar para un crédito bancario. La realidad es otra: hoy cualquiera accede a un crédito haciendo clic y, adjuntando una fotocopia del DNI, accede a otro; luego saca otro "recrédito" y así es como gran parte de la gente está sobreendeudada.
En verdad creo que el planteo del embargo de la cuenta sueldo y el límite del monto equivalente a tres sueldos tiene una base teórica que alguien puede entender, pero que no tiene nada que ver con lo que funciona en la realidad. Me parece, y lo digo con todo respeto, que estamos abriendo una caja de Pandora y que vamos a meter en un lío bárbaro a un montón de gente que ya está sobreendeudada.
Quisiera saber si hubo un estudio, más allá del concepto de que la embargabilidad de la cuenta sueldo permite que alguien acceda al crédito. Me refiero a un estudio de una idea real sobre qué nivel de sobreendeudamiento tienen las familias hoy en la Argentina.
Entiendo la lógica del proyecto y el supuesto de que, si se puede embargar la cuenta sueldo, deberían bajar las tasas de interés y parte de la gente que hoy no puede calificar para créditos podría hacerlo. Con todo respeto, creo que va a salir exactamente al revés.
Hoy, en la Argentina, gran parte de los trabajadores provinciales y municipales están por debajo del salario mínimo fijado por la ley. El sistema de crédito funciona así: el que tiene tarjeta de crédito paga el mínimo y patea para adelante la deuda con un 45 a 60 por ciento de interés anual. El que va a la financiera de la esquina paga entre 80 y 100 por ciento de interés anual, el que va al financista del barrio paga lo que el financista quiere, y el que vende droga y presta plata, lo que fuere.
En este contexto, donde las familias están sobreendeudadas a tasas que decir que son usurarias es ser respetuoso, avanzar con el embargo de la cuenta sueldo me parece un error grande. Interpreto que alguien pueda creer que es al revés y que esto le dará la posibilidad de calificar para un crédito bancario. La realidad es otra: hoy cualquiera accede a un crédito haciendo clic y, adjuntando una fotocopia del DNI, accede a otro; luego saca otro "recrédito" y así es como gran parte de la gente está sobreendeudada.
En verdad creo que el planteo del embargo de la cuenta sueldo y el límite del monto equivalente a tres sueldos tiene una base teórica que alguien puede entender, pero que no tiene nada que ver con lo que funciona en la realidad. Me parece, y lo digo con todo respeto, que estamos abriendo una caja de Pandora y que vamos a meter en un lío bárbaro a un montón de gente que ya está sobreendeudada.
Quisiera saber si hubo un estudio, más allá del concepto de que la embargabilidad de la cuenta sueldo permite que alguien acceda al crédito. Me refiero a un estudio de una idea real sobre qué nivel de sobreendeudamiento tienen las familias hoy en la Argentina.
SR. PRESIDENTE MACÍAS Tiene la palabra el señor ministro de Producción.
SR. MINISTRO DE PRODUCCIÓN Señor presidente: como dice el señor diputado, tenemos la intención de incorporar a esa gente para que tenga mayores facilidades. Él cree que el resultado puede salir al revés, pero nosotros creemos que no.
Si se me permite, quiero ceder la palabra al señor Horacio Liendo, director del Banco Central, para que nos cuente un poco cómo está viendo esto y cuáles son las razones por las que nosotros creemos que esto es positivo para el crédito personal, y no negativo.
Si se me permite, quiero ceder la palabra al señor Horacio Liendo, director del Banco Central, para que nos cuente un poco cómo está viendo esto y cuáles son las razones por las que nosotros creemos que esto es positivo para el crédito personal, y no negativo.
SR. PRESIDENTE MACÍAS Tiene la palabra el señor Liendo.
SR. LIENDO Señor presidente: en primer lugar, hago una pequeña aclaración: la embargabilidad de la cuenta sueldo nunca estuvo clara. La reforma de 2016 fue muy interesante porque lo que hacía era proteger el porcentaje de embargabilidad del salario. Como el embargo se hace en fuente y eso se mantiene, el embargo sobre el salario tiene que hacerse en el empleador.
Hay una frase en el proyecto, que anoté para no olvidar, que dice: "...no pudiéndose trabar embargos de ningún tipo sobre la cuenta sueldo." Allí está hablando del embargo al salario, que tampoco ahora se puede trabar sobre la cuenta sueldo. Lo único que agregamos es que, si hay un saldo equivalente a tres salarios, tampoco se puede embargar por cualquier otro embargo. Es decir, por un embargo nominal comercial, no directamente sobre el salario.
Esa aclaración no estaba definida en la jurisprudencia; no es que los jueces entendieron unánimemente que cualquier depósito en la cuenta sueldo era inembargable. Esto lo único que hace es traer claridad sobre la situación, y creemos que esa claridad va a ayudar al acceso al crédito exactamente en la lógica que acaban de explicar.
Hay una frase en el proyecto, que anoté para no olvidar, que dice: "...no pudiéndose trabar embargos de ningún tipo sobre la cuenta sueldo." Allí está hablando del embargo al salario, que tampoco ahora se puede trabar sobre la cuenta sueldo. Lo único que agregamos es que, si hay un saldo equivalente a tres salarios, tampoco se puede embargar por cualquier otro embargo. Es decir, por un embargo nominal comercial, no directamente sobre el salario.
Esa aclaración no estaba definida en la jurisprudencia; no es que los jueces entendieron unánimemente que cualquier depósito en la cuenta sueldo era inembargable. Esto lo único que hace es traer claridad sobre la situación, y creemos que esa claridad va a ayudar al acceso al crédito exactamente en la lógica que acaban de explicar.
SR. PRESIDENTE MACÍAS Tiene la palabra el señor diputado Grana.
SR. GRANA Señor presidente: hay una cuestión que a nosotros nos sigue preocupando por más que el señor diputado Tonelli se ponga nervioso. No entendemos la necesidad y la urgencia de este megaemprendimiento del Poder Ejecutivo nacional.
Como bien se decía recién acá, el oficialismo ha blindado con mayoría propia a la comisión bicameral, e independientemente de que pueda dar por válido el decreto, creemos que no es la última instancia de discusión sobre la validez de ninguna norma. Está la Justicia para determinar la constitucionalidad o no de las normas. Por lo tanto, que una comisión bicameral haya dictaminado favorablemente el decreto no quiere decir que haya vía libre para hacer cualquier cosa.
Ahora bien, hay una pregunta que es interesante que nos hagamos: por qué ese "mega DNU" hoy está dividido en tres proyectos que están en discusión en esta Cámara. Hoy estamos tratando particularmente uno de ellos. Esto sigue siendo una aberración en términos legislativos. Estos ciento treinta y cinco artículos hablan de materias bien disímiles: desde la embargabilidad de la cuenta sueldo hasta la ampliación de lo que era el fondo para las pymes para que también puedan ingresar grandes empresas. Es decir, hay un sinfín de temas a tratar en un solo instrumento legislativo que es este proyecto de ley. Después de lo del DNU, esto es un mamarracho más en términos legislativos.
Hay otra cuestión que parece ser muy poco seria. Se reconoce que lo del DNU no iba a funcionar y por eso entran estos tres proyectos de ley. Pero mientras tanto, el DNU sigue corriendo a espaldas de la decisión de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Entonces, para hacer serio este debate y para que podamos meternos en profundidad en cada uno de los temas, deberíamos tener la garantía de que este DNU se va a derogar y no una espada de Damocles sobre la cabeza.
La actitud que corresponde al diálogo, a la construcción de consenso es que el Poder Ejecutivo derogue el DNU y que lo podamos discutir; si no, es una tomada de pelo, señor ministro.
Encima, nos dice que no sabe cuáles son las condiciones que se dieron para que sea de necesidad y urgencia; más tomada de pelo, porque el señor ministro es firmante del DNU. Pido por favor que recapaciten porque esto ya viene pasando; es una actitud reiterativa del oficialismo y del Poder Ejecutivo. Ya desde la campaña vienen diciendo que no van a hacer cosas que después hacen. Ahora están cambiando; hacen cosas que dicen que después las discuten y, mientras tanto funcionan, como sucede con este DNU.
La verdad, que se trate de esta manera, nos parece una tomada de pelo a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, independientemente de que, en términos legislativos, no tienen los hilos conductores -como ya dijeron varios compañeros-, que sí tienen en materia de construcción del modelo económico y de sociedad.
Claramente, las medidas que se están planteando -sobre todo las que tienen incidencia económica- en cada uno de los artículos que estamos tratando tienden a mejorar la situación de los que están bien, o muy bien, en la Argentina y a empeorar la de los que están mal, o muy mal. Esto es una línea de trabajo con la cual nuestro bloque no está de acuerdo. No creemos en eso y, de hecho, se lo decimos con todas las letras.
Por ejemplo, hace meses que la factura de Edenor -fácil año y medio- que no llega a mi domicilio; me la mandan por correo electrónico. He pedido infinidad de veces que me la envíen en papel y no lo hacen. Puede ser que yo sea un poco torpe para pedirla, no soy muy amigo de la informática y puede ser que sea una torpeza mía. Ahora bien, hace meses que no llega y constantemente la tarifa me sale más cara, a mí como al conjunto de los argentinos, producto de las políticas que se están llevando adelante.
El problema de los servicios no tiene que ver con que haya soporte papel, o no; el problema de los servicios tiene que ver con una política que ustedes han definido: liberalizar los precios de la economía y de los servicios en ese marco.
Entonces, si queremos discutir las cosas de verdad, y cómo hacemos para que la carga sea menor para los argentinos, revisemos de verdad el conjunto del plan económico. Discutámoslo de verdad acá en el recinto y no con un decreto de necesidad y urgencia como han hecho ustedes, y que ahora, para la tele, nos ponen a discutir aquí sobre temas que ya están legislados; excepto que la Justicia se ponga en contra. Nada más.
Como bien se decía recién acá, el oficialismo ha blindado con mayoría propia a la comisión bicameral, e independientemente de que pueda dar por válido el decreto, creemos que no es la última instancia de discusión sobre la validez de ninguna norma. Está la Justicia para determinar la constitucionalidad o no de las normas. Por lo tanto, que una comisión bicameral haya dictaminado favorablemente el decreto no quiere decir que haya vía libre para hacer cualquier cosa.
Ahora bien, hay una pregunta que es interesante que nos hagamos: por qué ese "mega DNU" hoy está dividido en tres proyectos que están en discusión en esta Cámara. Hoy estamos tratando particularmente uno de ellos. Esto sigue siendo una aberración en términos legislativos. Estos ciento treinta y cinco artículos hablan de materias bien disímiles: desde la embargabilidad de la cuenta sueldo hasta la ampliación de lo que era el fondo para las pymes para que también puedan ingresar grandes empresas. Es decir, hay un sinfín de temas a tratar en un solo instrumento legislativo que es este proyecto de ley. Después de lo del DNU, esto es un mamarracho más en términos legislativos.
Hay otra cuestión que parece ser muy poco seria. Se reconoce que lo del DNU no iba a funcionar y por eso entran estos tres proyectos de ley. Pero mientras tanto, el DNU sigue corriendo a espaldas de la decisión de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Entonces, para hacer serio este debate y para que podamos meternos en profundidad en cada uno de los temas, deberíamos tener la garantía de que este DNU se va a derogar y no una espada de Damocles sobre la cabeza.
La actitud que corresponde al diálogo, a la construcción de consenso es que el Poder Ejecutivo derogue el DNU y que lo podamos discutir; si no, es una tomada de pelo, señor ministro.
Encima, nos dice que no sabe cuáles son las condiciones que se dieron para que sea de necesidad y urgencia; más tomada de pelo, porque el señor ministro es firmante del DNU. Pido por favor que recapaciten porque esto ya viene pasando; es una actitud reiterativa del oficialismo y del Poder Ejecutivo. Ya desde la campaña vienen diciendo que no van a hacer cosas que después hacen. Ahora están cambiando; hacen cosas que dicen que después las discuten y, mientras tanto funcionan, como sucede con este DNU.
La verdad, que se trate de esta manera, nos parece una tomada de pelo a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, independientemente de que, en términos legislativos, no tienen los hilos conductores -como ya dijeron varios compañeros-, que sí tienen en materia de construcción del modelo económico y de sociedad.
Claramente, las medidas que se están planteando -sobre todo las que tienen incidencia económica- en cada uno de los artículos que estamos tratando tienden a mejorar la situación de los que están bien, o muy bien, en la Argentina y a empeorar la de los que están mal, o muy mal. Esto es una línea de trabajo con la cual nuestro bloque no está de acuerdo. No creemos en eso y, de hecho, se lo decimos con todas las letras.
Por ejemplo, hace meses que la factura de Edenor -fácil año y medio- que no llega a mi domicilio; me la mandan por correo electrónico. He pedido infinidad de veces que me la envíen en papel y no lo hacen. Puede ser que yo sea un poco torpe para pedirla, no soy muy amigo de la informática y puede ser que sea una torpeza mía. Ahora bien, hace meses que no llega y constantemente la tarifa me sale más cara, a mí como al conjunto de los argentinos, producto de las políticas que se están llevando adelante.
El problema de los servicios no tiene que ver con que haya soporte papel, o no; el problema de los servicios tiene que ver con una política que ustedes han definido: liberalizar los precios de la economía y de los servicios en ese marco.
Entonces, si queremos discutir las cosas de verdad, y cómo hacemos para que la carga sea menor para los argentinos, revisemos de verdad el conjunto del plan económico. Discutámoslo de verdad acá en el recinto y no con un decreto de necesidad y urgencia como han hecho ustedes, y que ahora, para la tele, nos ponen a discutir aquí sobre temas que ya están legislados; excepto que la Justicia se ponga en contra. Nada más.
SR. PRESIDENTE MACÍAS Tiene la palabra el señor diputado Cabandié.
SR. CABANDIÉ Señor presidente: nos encontramos ante un DNU que tiene tres ramas de discusión en este Parlamento, siendo una de ellas el proyecto que estamos discutiendo, que modifica veinticuatro leyes. Entonces, eso va a requerir un debate pormenorizado y específico.
Ahora bien, si yo tuviera que definir lo que estamos discutiendo en esta jornada, podría decir que este es un intento de ley. Creo que es un proyecto de ley que está apuntando a la vigencia y preponderancia del capitalismo financiero. El gobierno al cual pertenece el señor ministro, que ya tiene más de dos años, restituyó esa visión del capitalismo financiero versus el capitalismo industrial.
Dicho sea de paso, el ministro que nos visita en la jornada de hoy ha sido uno de los fundadores de Máxima AFJP. Lo digo sin eufemismos y con vehemencia: las AFJP cagaron a nuestros jubilados. Entonces, no me sorprende que usted, ministro, o el gobierno que representa, esté avanzando en la lógica financiera, en la especulación financiera. No por nada el jefe de Gabinete de Ministros dijo hace poco en un programa de televisión que "Toto" Caputo era uno de los mejores quince funcionarios, nuestro "lobo de Wall Street", y que los argentinos tendríamos que estar agradecidos por tenerlo en el gobierno. Hablamos de quien nos endeuda constantemente, de quien va a postergar el futuro de las próximas generaciones y de la actual también con esa lógica del endeudamiento serial y la apuesta al sistema financiero permanente.
Quiero decir esto porque uno de los aspectos que estamos discutiendo vinculado con la industria es la derogación del Registro Industrial de la Nación. Yo no sé si un organismo del Estado es indispensable para un perfil industrial en la Argentina, y no puedo asegurar tampoco que el gobierno tenga un perfil industrial.
Habrá debates en el mundo sobre las nuevas industrias y las fábricas limpias; nosotros estamos en esa discusión. Pero una cosa es esa discusión industrial y otra la preponderancia o hegemonía hacia las cuestiones de especulación financiera. Por eso, quiero preguntar por qué se elimina el Registro Industrial de la Nación.
En contraposición con ello, hay aspectos que vale la pena mencionar. Por ejemplo, hasta el año 2015 -o sea, hasta nuestro gobierno-, para desprenderse de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, había que tener autorización de dos tercios de la Cámara. Todos sabemos que con la ley de reparación histórica y el blanqueo eso ya no tiene dicha restricción, sino que pueden hacerlo directamente. De hecho, durante la actual gestión se fueron desprendiendo de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Recordemos qué es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad: es aquella plata que estaba en manos de, por ejemplo, Máxima AFJP -plata que usted, señor ministro, como su fundador y CEO tenía, porque se quedaban con la plata de los jubilados-, y que logramos que volviera a pertenecer al Estado. Hoy, se están desprendiendo de activos del Fondo de Garantía.
Además, hay otro aspecto que quiero mencionar. Me refiero al artículo 5° de la Ley de Administración de los Recursos Públicos, la 25.152, que establece la creación de fondos fiduciarios, obviamente mediante el dictado de una ley.
Ustedes están yendo en contra de eso al contradecir una ley vigente. No la están modificando, la están pasando por arriba. Es decir, se van a poder crear fondos fiduciarios con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad con la plata de los jubilados, la misma que ustedes muchas veces mencionaron cuando no eran gobierno.
Sin embargo, no hubo gobierno que la cuidase más y que incrementase incluso el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en más de un 300 por ciento como el de Cristina. Ustedes se jactaban y se escandalizaban hablando de la plata de los jubilados y hoy la están poniendo en la timba financiera. Están rifando la plata de los jubilados; y no solamente de los jubilados, también de los trabajadores activos. Quiero preguntarle, señor ministro, cuál es el criterio para hacer esto y si ustedes estaban conscientes de que están saltando una ley.
Por ello, nosotros decimos que esto es un DNU inconstitucional y que, por lo tanto, de aprobarse esta iniciativa, será una ley también inconstitucional. Por lo tanto, va a tener que dirimirse en otros lugares la constitucionalidad de una ley aprobada que contradice leyes vigentes.
Para terminar, tengo una tía lejana -no es un familiar sanguíneo, es indirecto- que se llama Gertrudis. Ella tiene una obra de arte valuada, más o menos, en diez millones de dólares. Esa tía quiere saber cuánto le va a salir exportar una de sus obras de arte. Este es un interés de mi tía Gertrudis, que es de la misma clase que integran varios funcionarios del gobierno -un sector de poder adquisitivo alto- y seguramente esto les interesa, no así a la población en general.
También quiero remarcar que con esto están yendo en contra de algunas posturas de la UNESCO en relación con la protección y el cuidado de bienes culturales.
Seguramente será bien visto por las "tías Gertrudis" que anden por ahí, poder sacar del país obras de arte que son bienes culturales. Lo que a mí me preocupa, justamente, es el contrabando de las obras de arte, porque un cuadro de Quinquela Martín podrá salir del país con restricciones, pero con muchas más facilidades de las que tenía hasta ahora. Eso configura un problema para el patrimonio cultural de nuestro país.
Por eso, más allá de que esto conforme a algunas "tías Gertrudis" que anden dando vueltas por ahí, me parece que deberíamos tener una mirada más exhaustiva en relación con el patrimonio cultural de nuestro país que puede ser víctima de contrabando, como ha hecho el amigo de un periodista que anda por los medios de televisión y que está acusado de traficar obras de arte.
Ahora bien, si yo tuviera que definir lo que estamos discutiendo en esta jornada, podría decir que este es un intento de ley. Creo que es un proyecto de ley que está apuntando a la vigencia y preponderancia del capitalismo financiero. El gobierno al cual pertenece el señor ministro, que ya tiene más de dos años, restituyó esa visión del capitalismo financiero versus el capitalismo industrial.
Dicho sea de paso, el ministro que nos visita en la jornada de hoy ha sido uno de los fundadores de Máxima AFJP. Lo digo sin eufemismos y con vehemencia: las AFJP cagaron a nuestros jubilados. Entonces, no me sorprende que usted, ministro, o el gobierno que representa, esté avanzando en la lógica financiera, en la especulación financiera. No por nada el jefe de Gabinete de Ministros dijo hace poco en un programa de televisión que "Toto" Caputo era uno de los mejores quince funcionarios, nuestro "lobo de Wall Street", y que los argentinos tendríamos que estar agradecidos por tenerlo en el gobierno. Hablamos de quien nos endeuda constantemente, de quien va a postergar el futuro de las próximas generaciones y de la actual también con esa lógica del endeudamiento serial y la apuesta al sistema financiero permanente.
Quiero decir esto porque uno de los aspectos que estamos discutiendo vinculado con la industria es la derogación del Registro Industrial de la Nación. Yo no sé si un organismo del Estado es indispensable para un perfil industrial en la Argentina, y no puedo asegurar tampoco que el gobierno tenga un perfil industrial.
Habrá debates en el mundo sobre las nuevas industrias y las fábricas limpias; nosotros estamos en esa discusión. Pero una cosa es esa discusión industrial y otra la preponderancia o hegemonía hacia las cuestiones de especulación financiera. Por eso, quiero preguntar por qué se elimina el Registro Industrial de la Nación.
En contraposición con ello, hay aspectos que vale la pena mencionar. Por ejemplo, hasta el año 2015 -o sea, hasta nuestro gobierno-, para desprenderse de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, había que tener autorización de dos tercios de la Cámara. Todos sabemos que con la ley de reparación histórica y el blanqueo eso ya no tiene dicha restricción, sino que pueden hacerlo directamente. De hecho, durante la actual gestión se fueron desprendiendo de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Recordemos qué es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad: es aquella plata que estaba en manos de, por ejemplo, Máxima AFJP -plata que usted, señor ministro, como su fundador y CEO tenía, porque se quedaban con la plata de los jubilados-, y que logramos que volviera a pertenecer al Estado. Hoy, se están desprendiendo de activos del Fondo de Garantía.
Además, hay otro aspecto que quiero mencionar. Me refiero al artículo 5° de la Ley de Administración de los Recursos Públicos, la 25.152, que establece la creación de fondos fiduciarios, obviamente mediante el dictado de una ley.
Ustedes están yendo en contra de eso al contradecir una ley vigente. No la están modificando, la están pasando por arriba. Es decir, se van a poder crear fondos fiduciarios con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad con la plata de los jubilados, la misma que ustedes muchas veces mencionaron cuando no eran gobierno.
Sin embargo, no hubo gobierno que la cuidase más y que incrementase incluso el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en más de un 300 por ciento como el de Cristina. Ustedes se jactaban y se escandalizaban hablando de la plata de los jubilados y hoy la están poniendo en la timba financiera. Están rifando la plata de los jubilados; y no solamente de los jubilados, también de los trabajadores activos. Quiero preguntarle, señor ministro, cuál es el criterio para hacer esto y si ustedes estaban conscientes de que están saltando una ley.
Por ello, nosotros decimos que esto es un DNU inconstitucional y que, por lo tanto, de aprobarse esta iniciativa, será una ley también inconstitucional. Por lo tanto, va a tener que dirimirse en otros lugares la constitucionalidad de una ley aprobada que contradice leyes vigentes.
Para terminar, tengo una tía lejana -no es un familiar sanguíneo, es indirecto- que se llama Gertrudis. Ella tiene una obra de arte valuada, más o menos, en diez millones de dólares. Esa tía quiere saber cuánto le va a salir exportar una de sus obras de arte. Este es un interés de mi tía Gertrudis, que es de la misma clase que integran varios funcionarios del gobierno -un sector de poder adquisitivo alto- y seguramente esto les interesa, no así a la población en general.
También quiero remarcar que con esto están yendo en contra de algunas posturas de la UNESCO en relación con la protección y el cuidado de bienes culturales.
Seguramente será bien visto por las "tías Gertrudis" que anden por ahí, poder sacar del país obras de arte que son bienes culturales. Lo que a mí me preocupa, justamente, es el contrabando de las obras de arte, porque un cuadro de Quinquela Martín podrá salir del país con restricciones, pero con muchas más facilidades de las que tenía hasta ahora. Eso configura un problema para el patrimonio cultural de nuestro país.
Por eso, más allá de que esto conforme a algunas "tías Gertrudis" que anden dando vueltas por ahí, me parece que deberíamos tener una mirada más exhaustiva en relación con el patrimonio cultural de nuestro país que puede ser víctima de contrabando, como ha hecho el amigo de un periodista que anda por los medios de televisión y que está acusado de traficar obras de arte.
SR. PRESIDENTE MACÍAS Tiene la palabra el señor ministro de Producción.
Sr. Ministro de Producción.- Señor presidente: el Fondo de Garantía de Sustentabilidad no forma parte de este proyecto de ley. Le recuerdo que está en otro, que se va a tratar esta tarde. De manera que en ese momento le darán la respuesta.
En cuanto a la eliminación del Registro Industrial de la Nación, se trata del pedido de todas las cámaras industriales que dicen que no sirve. De hecho, hay menos de mil empresas inscriptas en el Registro Industrial de la Nación, cuando hace muchísimos años que existe. Nos piden que lo saquemos y por eso lo estamos haciendo.
Sr. Ministro de Producción.- Señor presidente: el Fondo de Garantía de Sustentabilidad no forma parte de este proyecto de ley. Le recuerdo que está en otro, que se va a tratar esta tarde. De manera que en ese momento le darán la respuesta.
En cuanto a la eliminación del Registro Industrial de la Nación, se trata del pedido de todas las cámaras industriales que dicen que no sirve. De hecho, hay menos de mil empresas inscriptas en el Registro Industrial de la Nación, cuando hace muchísimos años que existe. Nos piden que lo saquemos y por eso lo estamos haciendo.
SR. PRESIDENTE MACÍAS Tiene la palabra el señor diputado Bazze.
Sr. Bazze.- Señor presidente: me parece que el decreto de necesidad y urgencia ya fue analizado y discutido en la comisión bicameral correspondiente. En todo caso, si algún bloque pretende volver a analizarlo, tenemos la oportunidad de discutirlo en el recinto de la Cámara de Diputados.
En esta reunión estamos analizando problemas mucho más graves, que afectan la situación de la producción en la Argentina y a las pequeñas y medianas empresas.
Por eso creo que debemos profundizar en ese tema; de ninguna manera podemos convertir esta reunión en un cuestionamiento político cuando, en realidad, lo que se está haciendo -y en ese sentido felicito al señor ministro-es avanzar en resolver problemas que son realmente importantes para la pequeña y mediana empresa en la Argentina.
Tengo la impresión de que no asumimos como corresponde esta situación. Si realmente estamos buscando generar trabajo, terminar con la pobreza y avanzar en la posibilidad de exportar cada vez más en la Argentina para mejorar la economía en general y, en consecuencia, levantar el nivel de vida del conjunto de la sociedad, tenemos que asumir que en nuestro país existe un problema gravísimo en cuanto a la relación del Estado y la pequeña y mediana empresa.
Las trabas que tiene la pequeña y mediana empresa en el país son superiores a las que observamos en cualquier otro país del mundo o en la mayoría de ellos. Esto hace que se encarezcan los productos de estas pymes para el consumidor nacional, y también dificulta la exportación y la competencia de nuestros productos en el comercio internacional. Por eso creo que tenemos que avanzar decididamente en estas cuestiones.
En ese sentido, creo que cualquier otro tipo de cuestionamientos nos aleja de la realidad. Me preocupa que esta situación nos parezca una cuestión casi secundaria.
Estamos en la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas, justamente para avanzar en esta dirección. En todo caso, creo que tenemos que abocarnos a trabajar para mejorar el proyecto en tratamiento, que avanza de manera sustancial en este sentido.
Por eso, señor presidente, quisiera saber cómo piensa el gobierno nacional avanzar en esta dirección con las provincias, porque es necesario que ellas también avancen en este sentido respetando, por supuesto, la organización federal de la Argentina. Lo cierto es que si se avanza desde la Nación con este proyecto -que me parece muy bueno-, también deberíamos lograr un acuerdo con las provincias que sea nacional y federal, y que permita a las pequeñas y medianas empresas terminar con las trabas burocráticas que desde el ámbito provincial limitan el crecimiento y el desarrollo.
Sr. Bazze.- Señor presidente: me parece que el decreto de necesidad y urgencia ya fue analizado y discutido en la comisión bicameral correspondiente. En todo caso, si algún bloque pretende volver a analizarlo, tenemos la oportunidad de discutirlo en el recinto de la Cámara de Diputados.
En esta reunión estamos analizando problemas mucho más graves, que afectan la situación de la producción en la Argentina y a las pequeñas y medianas empresas.
Por eso creo que debemos profundizar en ese tema; de ninguna manera podemos convertir esta reunión en un cuestionamiento político cuando, en realidad, lo que se está haciendo -y en ese sentido felicito al señor ministro-es avanzar en resolver problemas que son realmente importantes para la pequeña y mediana empresa en la Argentina.
Tengo la impresión de que no asumimos como corresponde esta situación. Si realmente estamos buscando generar trabajo, terminar con la pobreza y avanzar en la posibilidad de exportar cada vez más en la Argentina para mejorar la economía en general y, en consecuencia, levantar el nivel de vida del conjunto de la sociedad, tenemos que asumir que en nuestro país existe un problema gravísimo en cuanto a la relación del Estado y la pequeña y mediana empresa.
Las trabas que tiene la pequeña y mediana empresa en el país son superiores a las que observamos en cualquier otro país del mundo o en la mayoría de ellos. Esto hace que se encarezcan los productos de estas pymes para el consumidor nacional, y también dificulta la exportación y la competencia de nuestros productos en el comercio internacional. Por eso creo que tenemos que avanzar decididamente en estas cuestiones.
En ese sentido, creo que cualquier otro tipo de cuestionamientos nos aleja de la realidad. Me preocupa que esta situación nos parezca una cuestión casi secundaria.
Estamos en la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas, justamente para avanzar en esta dirección. En todo caso, creo que tenemos que abocarnos a trabajar para mejorar el proyecto en tratamiento, que avanza de manera sustancial en este sentido.
Por eso, señor presidente, quisiera saber cómo piensa el gobierno nacional avanzar en esta dirección con las provincias, porque es necesario que ellas también avancen en este sentido respetando, por supuesto, la organización federal de la Argentina. Lo cierto es que si se avanza desde la Nación con este proyecto -que me parece muy bueno-, también deberíamos lograr un acuerdo con las provincias que sea nacional y federal, y que permita a las pequeñas y medianas empresas terminar con las trabas burocráticas que desde el ámbito provincial limitan el crecimiento y el desarrollo.
SR. PRESIDENTE MACÍAS Tiene la palabra el señor ministro de Producción.
SR. MINISTRO DE PRODUCCIÓN Señor presidente: para nosotros también es una prioridad que en las provincias se avance en estas leyes que mejoran la competitividad de las pymes. Muchas provincias han adherido a la ley pyme, que ha sido una ley histórica que bajó impuestos y simplificó fuertemente la vida de las pequeñas y medianas empresas. También han adherido a la ley de ART, así como a la ley de emprendedores, con quienes estamos trabajando actualmente. Muchas provincias han adherido a la ley de participación público-privada, con impacto en infraestructura, que es tan necesaria para los Estados provinciales.
Asimismo, estamos trabajando con muchas provincias en los registros públicos de comercio o, según sea el caso, las inspecciones generales de justicia, para llevar adelante la simplificación y poder implementar las sociedades por acciones simplificadas.
Además de todos los proyectos con las provincias referidos al emprendedorismo, estamos viendo cómo federalizar el financiamiento a través del fondo para el desarrollo del capital emprendedor. Desde ya, quedo a disposición de los señores diputados para profundizar sobre este tema y explicarles cómo estamos trabajando en apoyo al sector productivo y, en particular, a las pymes.
Asimismo, estamos trabajando con muchas provincias en los registros públicos de comercio o, según sea el caso, las inspecciones generales de justicia, para llevar adelante la simplificación y poder implementar las sociedades por acciones simplificadas.
Además de todos los proyectos con las provincias referidos al emprendedorismo, estamos viendo cómo federalizar el financiamiento a través del fondo para el desarrollo del capital emprendedor. Desde ya, quedo a disposición de los señores diputados para profundizar sobre este tema y explicarles cómo estamos trabajando en apoyo al sector productivo y, en particular, a las pymes.
SR. PRESIDENTE MACÍAS Tiene la palabra la señora diputada Ana Carla Carrizo.
SRA. CARRIZO (A.C.) Señor presidente: buenos días a todos.
Soy Ana Carla Carrizo e integro el bloque Evolución Radical de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto con los diputados Martín Lousteau y Teresita Villavicencio.
Celebro el pluralismo de este Congreso. Nosotros vamos a acompañar este debate y, por supuesto, vamos a hacer observaciones particulares en algunos puntos que creemos generan tensión. Me refiero a los problemas de atribuciones jurisdiccionales entre el Ejecutivo, el Poder Judicial y la Administración Pública, y obviamente a la necesidad de fortalecer los controles.
Consideramos que es necesario saber qué Estado tenemos. Evidentemente, es una estructura de obstáculos que impide que la ciudadanía acceda a un bien público como es el comercio.
Ahora bien, quisiera hacer algunas reflexiones. He escuchado a mis colegas hablar del tema de los decretos de necesidad y urgencia en la Argentina. A mí me parece que necesitamos nivelar para arriba la discusión. ¿Qué quiero decir? Es una pena que el Congreso no pueda controlar mejor y posicionarse mejor frente a los Ejecutivos cuando éstos emiten un decreto de necesidad y urgencia. Pero podemos controlarlo mal, como ocurrió en 2006 en este Congreso: diputados y senadores del Frente para la Victoria y del Frente Renovador, por entonces partidos de gobierno, avalados por los partidos que tenemos también tradición de gobierno, comprendimos que los sistemas presidenciales y federales funcionan cuando el Ejecutivo necesita ordenar la agenda de negociación en un Congreso sin mayorías. No es el caso de 2006. Fue el gobierno de Néstor Kirchner el que reguló la ley que hoy da impotencia al Congreso frente al Ejecutivo. ¿Por qué se hizo eso? Propongo que nos sinceremos: la posición frente a los decretos de necesidad y urgencia de los partidos que han sido gobierno no es la misma que la de los partidos parlamentarios. Desde 1994, cuando se reformó la Constitución, todos los presidentes constitucionales gobernaron y ordenaron el proceso de negociación en el Congreso emitiendo decretos de necesidad y urgencia, más aún aquellos que no tuvieron mayoría en alguna de las Cámaras. Ese fue el caso de la primera gestión del kirchnerismo. El expresidente Néstor Kirchner emitió 4,5 decretos por año. ¿Está mal? No, no está mal. Con sistemas presidencialistas, se gobierna así. En Brasil, el 70 por ciento de las medidas que ordenan la negociación con el Congreso son provisorias, es decir, aplicadas mediante decretos de necesidad y urgencia. En el caso de Chile, no hay decretos de necesidad y urgencia sino tratamientos urgentes. Peor aún: los diputados debaten durante cuatro meses y, si no logran articular algo mejor que el Ejecutivo, la medida se ratifica tácitamente. Por tales motivos, pido que nivelemos para arriba la discusión.
Voy a decir algo más. Todos conocemos cómo opera el Congreso; lo sabe cualquier estudiante de Ciencias Políticas. ¿Cómo puede ser que los diputados y senadores hablemos de las instituciones con un republicanismo de ocasión? Obviamente, en un presidencialismo federal la responsabilidad de gestión es distinta para los partidos de gobierno que para los partidos parlamentarios. ¿Cómo actuó cada partido en las comisiones bicamerales desde 1994 en adelante? Quiero que sepan que los partidos que tuvieron experiencia de gestión, como el radicalismo y el peronismo, en todas sus versiones -menemismo, kirchnerismo-, ratificaron todos los decretos. ¿Quiénes se opusieron? Los partidos parlamentarios. Son distintas las responsabilidades. Necesitamos sincerarnos.
¿Queremos herramientas más fuertes? Pues entonces modifiquemos la ley de 2006. Pero no pidamos a este presidente ni a esta gestión, que es la que menos utilizó estos decretos aun teniendo minoría en ambas Cámaras, algo que no pudimos ni quisimos hacer cuando se gobernó con mayoría tanto en Diputados como en Senadores.
Se habló de judicialización. ¿Quieren que les diga algo? Lo que se ha judicializado no son los decretos de necesidad y urgencia sino las leyes que salieron de este Congreso. Recordamos, entre otras tantas, la ley de medios.
Lo primero es la responsabilidad pública. Queremos construir instituciones con eficiencia. Pero no queremos que solamente la administración pública tenga eficiencia. Hablemos de cómo funcionan los presidencialismos y las democracias, y de cómo queremos que este Congreso lleve a cabo el control.
Voy a dar un dato. ¿Por qué los partidos de gobierno, tanto en sus versiones radicales como peronistas, le hacen las cosas fáciles al presidente cuando no tienen mayoría en ambas Cámaras? Este Congreso no es ningún sello de goma. La Argentina tiene la tasa de rechazo a iniciativas presidenciales más alta de la región. O en otras palabras: tiene la tasa de fracaso presidencial más alta de la región. Entonces, los diputados y senadores que integramos partidos con responsabilidad de gobernar debemos tener la responsabilidad de construir instituciones sin hacer republicanismo de ocasión. Eso no le sirve al Congreso ni a los ciudadanos.
Celebro la decisión de empezar a debatir aquellas cuestiones que producen tensión y que a través de este Congreso puedan obtener legitimidad. Me refiero a estas tres iniciativas en las que se transformó aquel decreto. Los decretos emitidos por todos los presidentes constitucionales tuvieron siempre la misma legitimidad hasta que el Congreso aprobaba tácitamente. Les digo más: ¿saben cuánto demoraba la aprobación de un decreto, desde que iba a la bicameral hasta que llegaba al recinto, durante el ciclo kirchnerista? En promedio, menos de un mes y medio.
La sociedad espera la construcción de instituciones mucho más compartidas, pero también mucho más responsables.
Soy Ana Carla Carrizo e integro el bloque Evolución Radical de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto con los diputados Martín Lousteau y Teresita Villavicencio.
Celebro el pluralismo de este Congreso. Nosotros vamos a acompañar este debate y, por supuesto, vamos a hacer observaciones particulares en algunos puntos que creemos generan tensión. Me refiero a los problemas de atribuciones jurisdiccionales entre el Ejecutivo, el Poder Judicial y la Administración Pública, y obviamente a la necesidad de fortalecer los controles.
Consideramos que es necesario saber qué Estado tenemos. Evidentemente, es una estructura de obstáculos que impide que la ciudadanía acceda a un bien público como es el comercio.
Ahora bien, quisiera hacer algunas reflexiones. He escuchado a mis colegas hablar del tema de los decretos de necesidad y urgencia en la Argentina. A mí me parece que necesitamos nivelar para arriba la discusión. ¿Qué quiero decir? Es una pena que el Congreso no pueda controlar mejor y posicionarse mejor frente a los Ejecutivos cuando éstos emiten un decreto de necesidad y urgencia. Pero podemos controlarlo mal, como ocurrió en 2006 en este Congreso: diputados y senadores del Frente para la Victoria y del Frente Renovador, por entonces partidos de gobierno, avalados por los partidos que tenemos también tradición de gobierno, comprendimos que los sistemas presidenciales y federales funcionan cuando el Ejecutivo necesita ordenar la agenda de negociación en un Congreso sin mayorías. No es el caso de 2006. Fue el gobierno de Néstor Kirchner el que reguló la ley que hoy da impotencia al Congreso frente al Ejecutivo. ¿Por qué se hizo eso? Propongo que nos sinceremos: la posición frente a los decretos de necesidad y urgencia de los partidos que han sido gobierno no es la misma que la de los partidos parlamentarios. Desde 1994, cuando se reformó la Constitución, todos los presidentes constitucionales gobernaron y ordenaron el proceso de negociación en el Congreso emitiendo decretos de necesidad y urgencia, más aún aquellos que no tuvieron mayoría en alguna de las Cámaras. Ese fue el caso de la primera gestión del kirchnerismo. El expresidente Néstor Kirchner emitió 4,5 decretos por año. ¿Está mal? No, no está mal. Con sistemas presidencialistas, se gobierna así. En Brasil, el 70 por ciento de las medidas que ordenan la negociación con el Congreso son provisorias, es decir, aplicadas mediante decretos de necesidad y urgencia. En el caso de Chile, no hay decretos de necesidad y urgencia sino tratamientos urgentes. Peor aún: los diputados debaten durante cuatro meses y, si no logran articular algo mejor que el Ejecutivo, la medida se ratifica tácitamente. Por tales motivos, pido que nivelemos para arriba la discusión.
Voy a decir algo más. Todos conocemos cómo opera el Congreso; lo sabe cualquier estudiante de Ciencias Políticas. ¿Cómo puede ser que los diputados y senadores hablemos de las instituciones con un republicanismo de ocasión? Obviamente, en un presidencialismo federal la responsabilidad de gestión es distinta para los partidos de gobierno que para los partidos parlamentarios. ¿Cómo actuó cada partido en las comisiones bicamerales desde 1994 en adelante? Quiero que sepan que los partidos que tuvieron experiencia de gestión, como el radicalismo y el peronismo, en todas sus versiones -menemismo, kirchnerismo-, ratificaron todos los decretos. ¿Quiénes se opusieron? Los partidos parlamentarios. Son distintas las responsabilidades. Necesitamos sincerarnos.
¿Queremos herramientas más fuertes? Pues entonces modifiquemos la ley de 2006. Pero no pidamos a este presidente ni a esta gestión, que es la que menos utilizó estos decretos aun teniendo minoría en ambas Cámaras, algo que no pudimos ni quisimos hacer cuando se gobernó con mayoría tanto en Diputados como en Senadores.
Se habló de judicialización. ¿Quieren que les diga algo? Lo que se ha judicializado no son los decretos de necesidad y urgencia sino las leyes que salieron de este Congreso. Recordamos, entre otras tantas, la ley de medios.
Lo primero es la responsabilidad pública. Queremos construir instituciones con eficiencia. Pero no queremos que solamente la administración pública tenga eficiencia. Hablemos de cómo funcionan los presidencialismos y las democracias, y de cómo queremos que este Congreso lleve a cabo el control.
Voy a dar un dato. ¿Por qué los partidos de gobierno, tanto en sus versiones radicales como peronistas, le hacen las cosas fáciles al presidente cuando no tienen mayoría en ambas Cámaras? Este Congreso no es ningún sello de goma. La Argentina tiene la tasa de rechazo a iniciativas presidenciales más alta de la región. O en otras palabras: tiene la tasa de fracaso presidencial más alta de la región. Entonces, los diputados y senadores que integramos partidos con responsabilidad de gobernar debemos tener la responsabilidad de construir instituciones sin hacer republicanismo de ocasión. Eso no le sirve al Congreso ni a los ciudadanos.
Celebro la decisión de empezar a debatir aquellas cuestiones que producen tensión y que a través de este Congreso puedan obtener legitimidad. Me refiero a estas tres iniciativas en las que se transformó aquel decreto. Los decretos emitidos por todos los presidentes constitucionales tuvieron siempre la misma legitimidad hasta que el Congreso aprobaba tácitamente. Les digo más: ¿saben cuánto demoraba la aprobación de un decreto, desde que iba a la bicameral hasta que llegaba al recinto, durante el ciclo kirchnerista? En promedio, menos de un mes y medio.
La sociedad espera la construcción de instituciones mucho más compartidas, pero también mucho más responsables.
SR. PRESIDENTE MACÍAS Tiene la palabra la señora diputada Moisés.
SRA. MOISÉS Señor presidente: buenos días a todos.
Soy Carolina Moisés, de la provincia de Jujuy, y represento al bloque Argentina Federal.
En primer lugar, quiero expresar que no sé cómo va a ser la metodología del debate. En mi caso, quiero aportar algunas modificaciones relacionadas con el capítulo VII, que versa sobre obras de arte. Me preocupa lo que allí está establecido, así como las modificaciones que se plantean, ya que flexibilizan la disposición de las obras de arte para la entrada y salida del país en todos sus tipos y formas.
Ya he podido trabajar en este tema en más de una oportunidad, y a menudo he renegado del sistema vigente porque es muy exigente a la hora de autorizar la movilización de cualquier obra de arte. Entiendo que somos un país riquísimo en producciones contemporáneas. Pero, fundamentalmente, tenemos un acervo y una reserva cultural muy ricos. En provincias como la mía, todavía no están catalogadas todas las obras, y hoy se encuentran en manos de cualquier persona que pudo haberlas heredado, de familia a familia. En muchos casos, se trata de obras de arte de antaño, e incluso pueden pertenecer a las culturas precolombinas, o provenir de tiempos anteriores a la existencia de los límites y de los países.
Con respecto a este capítulo en su totalidad, señor presidente, le voy a acercar después algunas observaciones porque entiendo que se podrán ir tomando para llegar al despacho final.
Realmente me preocupa muchísimo el tema del artículo 115. Comparto y coincido plenamente con todos los argumentos del diputado Ramón. Quiero decirle, señor funcionario, que lo que es beneficioso o no para la gente es, en definitiva, algo subjetivo. Con las cosas que se vienen haciendo y las decisiones que se vienen tomando, está claro que lo que es beneficioso para unos -o lo que uno entiende como beneficioso- para otros, no solo no lo es, sino que es bastante perjudicial.
En este caso, para sumar un argumento más, no se trata solamente de una cuestión de conectividad; hay localidades donde es deficitaria -como decía el diputado- y otras en las que directamente no existe. El problema comenzó a resolverse con la fibra óptica; empezamos con un proyecto como Nación para llegar con conectividad a todos los puntos de nuestro país, pero el territorio es demasiado extenso y eso no va a suceder en lo inmediato. Yo tengo la responsabilidad -como muchos de nosotros que representamos al interior- de pensar en las personas que viven en esas localidades.
También está la cuestión cultural; hay mucha gente que no se adapta a estas cosas. Quizá acá en la provincia de Buenos Aires y en las grandes ciudades no lo entendamos así, pero a mí me toca.
Casi todas las veces que voy a un cajero automático en Jujuy -que además son muy pocos en función de la cantidad de población hoy bancarizada- me ha pasado que la gente me hace preguntas; no solamente los abuelos o adultos mayores. O sea, es gente que vive en zona rural que ya se siente incómoda con el propio cajero automático. Imagínense teniendo que obligarlos a acceder a un medio electrónico para saber qué deben pagar, qué no, qué conceptos y por qué. Ello no solo está relacionado con que algunos puedan tener, o no, acceso a la tecnología; hay muchos que no la tienen.
En provincias como la nuestra, el Programa "Conectar igualdad" funcionaba porque el alumno que tenía la computadora le hacía el trámite al abuelo, al papá, a la mamá y a la maestra. No son cosas con las que convivimos excepcionalmente, son generalidades.
Escuchaba al diputado preopinante en cuanto a que cuando pedimos las facturas en papel, no nos llegan. En mi caso particular, sucede lo mismo con el resumen de la tarjeta de crédito. Se lo pido al banco, no me lo pueden dar, se lo pido a las tarjetas y tampoco, me canso de llamar por teléfono. Llevo más de un año en el cual pago, pago y pago, pero no sé lo que pago porque jamás puedo ver cuál es el resumen, ni siquiera electrónicamente; o sea, el problema no se da solo cuando lo pido en soporte papel. Creo que eso nos pasa a todos con algún servicio.
Para ser concreta -porque me parece que es lo más grave-, el artículo está redactado de una manera ambigua y abierta donde expresamente, y tal como está redactado, habilita la posibilidad de que aquél que quiera el resumen en papel deba pagarlo. ¿Por qué? Porque, así como en matemática el orden de los factores no altera el producto, en política y en técnica legislativa, el orden de las palabras modifica absolutamente todo.
La nueva redacción propuesta para el artículo 4° de la ley 24.240 dice así: "El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada en el soporte que el proveedor determine, salvo que el consumidor opte por el soporte físico." Con lo cual, el fragmento "salvo que el consumidor opte por el soporte físico" sugiere que, si opta por el soporte físico, se lo pueden cobrar.
Entonces, propongo que el artículo diga: "La información para el consumidor debe ser proporcionada en el soporte que el proveedor determine, salvo que el consumidor opte por el soporte físico y, en todos los casos, deberá ser gratuita y llegar a manos del consumidor en tiempo y forma."
Soy Carolina Moisés, de la provincia de Jujuy, y represento al bloque Argentina Federal.
En primer lugar, quiero expresar que no sé cómo va a ser la metodología del debate. En mi caso, quiero aportar algunas modificaciones relacionadas con el capítulo VII, que versa sobre obras de arte. Me preocupa lo que allí está establecido, así como las modificaciones que se plantean, ya que flexibilizan la disposición de las obras de arte para la entrada y salida del país en todos sus tipos y formas.
Ya he podido trabajar en este tema en más de una oportunidad, y a menudo he renegado del sistema vigente porque es muy exigente a la hora de autorizar la movilización de cualquier obra de arte. Entiendo que somos un país riquísimo en producciones contemporáneas. Pero, fundamentalmente, tenemos un acervo y una reserva cultural muy ricos. En provincias como la mía, todavía no están catalogadas todas las obras, y hoy se encuentran en manos de cualquier persona que pudo haberlas heredado, de familia a familia. En muchos casos, se trata de obras de arte de antaño, e incluso pueden pertenecer a las culturas precolombinas, o provenir de tiempos anteriores a la existencia de los límites y de los países.
Con respecto a este capítulo en su totalidad, señor presidente, le voy a acercar después algunas observaciones porque entiendo que se podrán ir tomando para llegar al despacho final.
Realmente me preocupa muchísimo el tema del artículo 115. Comparto y coincido plenamente con todos los argumentos del diputado Ramón. Quiero decirle, señor funcionario, que lo que es beneficioso o no para la gente es, en definitiva, algo subjetivo. Con las cosas que se vienen haciendo y las decisiones que se vienen tomando, está claro que lo que es beneficioso para unos -o lo que uno entiende como beneficioso- para otros, no solo no lo es, sino que es bastante perjudicial.
En este caso, para sumar un argumento más, no se trata solamente de una cuestión de conectividad; hay localidades donde es deficitaria -como decía el diputado- y otras en las que directamente no existe. El problema comenzó a resolverse con la fibra óptica; empezamos con un proyecto como Nación para llegar con conectividad a todos los puntos de nuestro país, pero el territorio es demasiado extenso y eso no va a suceder en lo inmediato. Yo tengo la responsabilidad -como muchos de nosotros que representamos al interior- de pensar en las personas que viven en esas localidades.
También está la cuestión cultural; hay mucha gente que no se adapta a estas cosas. Quizá acá en la provincia de Buenos Aires y en las grandes ciudades no lo entendamos así, pero a mí me toca.
Casi todas las veces que voy a un cajero automático en Jujuy -que además son muy pocos en función de la cantidad de población hoy bancarizada- me ha pasado que la gente me hace preguntas; no solamente los abuelos o adultos mayores. O sea, es gente que vive en zona rural que ya se siente incómoda con el propio cajero automático. Imagínense teniendo que obligarlos a acceder a un medio electrónico para saber qué deben pagar, qué no, qué conceptos y por qué. Ello no solo está relacionado con que algunos puedan tener, o no, acceso a la tecnología; hay muchos que no la tienen.
En provincias como la nuestra, el Programa "Conectar igualdad" funcionaba porque el alumno que tenía la computadora le hacía el trámite al abuelo, al papá, a la mamá y a la maestra. No son cosas con las que convivimos excepcionalmente, son generalidades.
Escuchaba al diputado preopinante en cuanto a que cuando pedimos las facturas en papel, no nos llegan. En mi caso particular, sucede lo mismo con el resumen de la tarjeta de crédito. Se lo pido al banco, no me lo pueden dar, se lo pido a las tarjetas y tampoco, me canso de llamar por teléfono. Llevo más de un año en el cual pago, pago y pago, pero no sé lo que pago porque jamás puedo ver cuál es el resumen, ni siquiera electrónicamente; o sea, el problema no se da solo cuando lo pido en soporte papel. Creo que eso nos pasa a todos con algún servicio.
Para ser concreta -porque me parece que es lo más grave-, el artículo está redactado de una manera ambigua y abierta donde expresamente, y tal como está redactado, habilita la posibilidad de que aquél que quiera el resumen en papel deba pagarlo. ¿Por qué? Porque, así como en matemática el orden de los factores no altera el producto, en política y en técnica legislativa, el orden de las palabras modifica absolutamente todo.
La nueva redacción propuesta para el artículo 4° de la ley 24.240 dice así: "El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada en el soporte que el proveedor determine, salvo que el consumidor opte por el soporte físico." Con lo cual, el fragmento "salvo que el consumidor opte por el soporte físico" sugiere que, si opta por el soporte físico, se lo pueden cobrar.
Entonces, propongo que el artículo diga: "La información para el consumidor debe ser proporcionada en el soporte que el proveedor determine, salvo que el consumidor opte por el soporte físico y, en todos los casos, deberá ser gratuita y llegar a manos del consumidor en tiempo y forma."
SR. PRESIDENTE MACÍAS Gracias, señora diputada. Le voy a responder lo que me preguntó: el debate se va a dar en la comisión porque esta es una reunión informativa.
Tiene la palabra el señor diputado Ramón.
Tiene la palabra el señor diputado Ramón.
SR. RAMÓN Señor presidente: quiero hacer algunas preguntas concretas y técnicas, ya que mi primera exposición tuvo que ver con el artículo 42 de la Constitución, algo que me preocupa sobremanera.
Agradezco a la diputada preopinante que apoye esta iniciativa que vamos a presentar como dictamen de minoría.
Una de las cosas que me quedaron pendientes tiene que ver con el registro de pymes. Considero que es muy bueno, porque es una manera de habilitar algo que sí es un problema de necesidad y urgencia de las pymes de todo el país.
Tengo un ejemplo concreto. En Mendoza, los emprendedores no son solamente aquellos que tienen acceso a la informática y a las nuevas metodologías de la información; es decir, no son solamente los pibes millennials que hacen cosas extraordinarias, sino que hay emprendedores y pequeñas y medianas empresas que emprenden temas productivos.
En Mendoza tenemos un problema muy serio con la viticultura, que es distinta de la vitivinicultura. Son dos conceptos diferentes. El viticultor es el productor pyme, o sea, pequeño y mediano. Luego están los productores frutihortícolas, los panaderos y los hoteleros.
Hago esta introducción, señor ministro, porque creo que es un tema de necesidad y urgencia el valor de las tarifas de electricidad y de gas. Ahora hablamos de desburocratización y de tratar de favorecer a las pymes para que se puedan desarrollar. Ustedes acompañan medidas que son muy buenas, que tienen que ver con el financiamiento, pero tenemos un problema con los costos de las pequeñas y medianas empresas. No sé acá en la Capital, pero en Mendoza es un problema serio y le voy a dar un ejemplo porque vale la pena.
En una finca ubicada en Agrelo, o en Gobernador Benegas en el distrito de Godoy Cruz, a un productor viticultor le llega una factura de 35.000 pesos de electricidad; en el documento que quiero insertar, está la copia. A una panadería que utiliza el gas como costo...
Agradezco a la diputada preopinante que apoye esta iniciativa que vamos a presentar como dictamen de minoría.
Una de las cosas que me quedaron pendientes tiene que ver con el registro de pymes. Considero que es muy bueno, porque es una manera de habilitar algo que sí es un problema de necesidad y urgencia de las pymes de todo el país.
Tengo un ejemplo concreto. En Mendoza, los emprendedores no son solamente aquellos que tienen acceso a la informática y a las nuevas metodologías de la información; es decir, no son solamente los pibes millennials que hacen cosas extraordinarias, sino que hay emprendedores y pequeñas y medianas empresas que emprenden temas productivos.
En Mendoza tenemos un problema muy serio con la viticultura, que es distinta de la vitivinicultura. Son dos conceptos diferentes. El viticultor es el productor pyme, o sea, pequeño y mediano. Luego están los productores frutihortícolas, los panaderos y los hoteleros.
Hago esta introducción, señor ministro, porque creo que es un tema de necesidad y urgencia el valor de las tarifas de electricidad y de gas. Ahora hablamos de desburocratización y de tratar de favorecer a las pymes para que se puedan desarrollar. Ustedes acompañan medidas que son muy buenas, que tienen que ver con el financiamiento, pero tenemos un problema con los costos de las pequeñas y medianas empresas. No sé acá en la Capital, pero en Mendoza es un problema serio y le voy a dar un ejemplo porque vale la pena.
En una finca ubicada en Agrelo, o en Gobernador Benegas en el distrito de Godoy Cruz, a un productor viticultor le llega una factura de 35.000 pesos de electricidad; en el documento que quiero insertar, está la copia. A una panadería que utiliza el gas como costo...
SR. AMADEO ¿Me permite una interrupción, señor presidente?
SR. RAMÓN Diputado Amadeo, permítame terminar porque es cortito.
SR. AMADEO Podemos hablar de temas médicos, militares, de cualquier cosa, pero estamos acá para otra cosa; por favor, respétenos.
SR. RAMÓN Permítame treinta segundos, diputado Amadeo. No voy a decir algo raro, solo quiero hacer una pregunta al señor ministro.
Respecto de ese registro de pequeñas y medianas empresas, mi pregunta es si está previsto que haya una tarifa diferenciada para aquellas pymes incluidas en él, porque el problema que tenemos en Mendoza -supongo que más de un diputado que representa al interior por otras provincias también lo tiene- es serio. Las pymes generan trabajo genuino, y si cierran por este tema de los costos tenemos un problema. Entonces, la pregunta es: entre los planes para poder aumentar los beneficios que dicen que van a tener desde el punto de vista financiero, ¿tenemos la posibilidad de tener una tarifa diferencial de electricidad y de gas? ¿Se entiende? Esa es mi primera pregunta.
Sr. Presidente (Macías).- Le solicito que sea breve, señor diputado.
Respecto de ese registro de pequeñas y medianas empresas, mi pregunta es si está previsto que haya una tarifa diferenciada para aquellas pymes incluidas en él, porque el problema que tenemos en Mendoza -supongo que más de un diputado que representa al interior por otras provincias también lo tiene- es serio. Las pymes generan trabajo genuino, y si cierran por este tema de los costos tenemos un problema. Entonces, la pregunta es: entre los planes para poder aumentar los beneficios que dicen que van a tener desde el punto de vista financiero, ¿tenemos la posibilidad de tener una tarifa diferencial de electricidad y de gas? ¿Se entiende? Esa es mi primera pregunta.
Sr. Presidente (Macías).- Le solicito que sea breve, señor diputado.
SR. RAMÓN Sí, señor presidente, ya termino.
Me parece muy buena la creación del registro de pymes y es algo que apoyo. Pero quiero ver si desde el Ministerio de Producción está previsto -ya que es algo que está dentro de su ámbito- el tema de que la ley 24.240 excluye los contratos interempresarios como parte de la relación de consumo.
En otras palabras, queremos saber si está previsto que en los contratos interempresarios donde participa una empresa registrada como pyme, exista la posibilidad de que ese contrato sea considerado relación de consumo.
Esas son las preguntas que quería hacerle, señor ministro. Gracias señor presidente por permitirme hacer uso de la palabra y discúlpeme, señor diputado Amadeo.
Me parece muy buena la creación del registro de pymes y es algo que apoyo. Pero quiero ver si desde el Ministerio de Producción está previsto -ya que es algo que está dentro de su ámbito- el tema de que la ley 24.240 excluye los contratos interempresarios como parte de la relación de consumo.
En otras palabras, queremos saber si está previsto que en los contratos interempresarios donde participa una empresa registrada como pyme, exista la posibilidad de que ese contrato sea considerado relación de consumo.
Esas son las preguntas que quería hacerle, señor ministro. Gracias señor presidente por permitirme hacer uso de la palabra y discúlpeme, señor diputado Amadeo.
SR. PRESIDENTE MACÍAS Tiene la palabra el señor ministro de Producción.
SR. MINISTRO DE PRODUCCIÓN Señor diputado: con muchísimo gusto nos podemos juntar para discutir toda nuestra estrategia respecto de las pymes, nuestro apoyo a este tipo de empresas y el tema tarifario; particularmente el de Mendoza, donde discutimos sobre este tema cuando concurrí a la Fiesta Nacional de la Vendimia. Pero me parece una falta de respeto que, cuando estamos tratando un proyecto de ley donde hemos especificado cada uno de los puntos, usted se ponga a hablar sobre temas que no tienen nada que ver con el asunto en debate ni con el que estamos informando.
Dicho esto, estoy dispuesto a trabajar con ustedes y presentar acá todo lo que sea necesario.
Dicho esto, estoy dispuesto a trabajar con ustedes y presentar acá todo lo que sea necesario.
SR. PRESIDENTE MACÍAS Muchas gracias, señor ministro.
Tiene la palabra el señor diputado David.
Tiene la palabra el señor diputado David.
SR. DAVID Señor presidente, señor ministro: quiero hacer referencia a dos o tres temas puntuales.
Cuando el año pasado tratamos la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, la norma contenía la posibilidad de entregar fondos públicos al sector privado para alentar justamente al emprendedor.
La norma tiene un régimen bastante amplio -que inclusive debatimos acá- porque hay aportes no reintegrables, se puede aportar hasta un 70 por ciento de la inversión, etcétera.
En ese momento, nosotros decíamos que era demasiado amplio para el sector público. La historia argentina muestra claramente que cada vez que el sector público ha intervenido ayudando al sector privado, ha habido hijos y entenados. Algunos llegan rápidamente y consiguen grandes financiamientos y otros jamás lo ven.
La verdad es que eso también sucede a nivel territorial. Si uno ve dónde han ido a parar los fondos a lo largo de la historia argentina, a través de distintas herramientas que se han utilizado desde el sector público hacia el sector privado, nota una concentración en determinados sectores, sobre todo en la Capital Federal.
Esa ley se sancionó y hoy se modifica con la incorporación de las pymes, un gran sector que contiene a miles y miles de empresas que, a partir de ahora, van a poder ser beneficiarias en forma discrecional. Lamentablemente, en la Argentina esa discrecionalidad cae en la arbitrariedad de otorgar fondos públicos casi sin límites; porque no estamos hablando de créditos a devolver, sino que, en muchos casos, estamos hablando de aportes no reintegrables por valores que, a veces, igualan lo que pone el sector privado.
De esta manera, el Estado pasa a ser un socio en poner la plata, pero no ve ningún beneficio, salvo el de tener más empresas, con el que podemos coincidir.
Por eso creo que la modificación de la incorporación de las pymes amerita claramente mayor control.
El señor ministro recién decía que antes existía el límite de siete años y que ahora van a poder entrar todas. Tal vez esto pueda ser un beneficio, pero también se necesita muchísimo más control. Yo no veo que haya un criterio objetivo, menos aún un criterio territorial en la Argentina -algo que planteamos el año pasado-, para la entrega de estos fondos públicos.
Si vamos a incorporar beneficiarios con estas características, yo pregunto cuáles serían los criterios objetivos que hoy se aplican y que, en definitiva, se pueden o tienen pensado aplicar en el futuro. Porque necesitamos agregar a la ley algunos criterios razonables para que esa discrecionalidad se restrinja lo máximo posible y no caigamos en la arbitrariedad.
Esa es la primera pregunta que quiero hacer al señor ministro.
Vinculado a lo mismo, como este decreto de necesidad y urgencia ya se está aplicando quiero saber si se entregó algún tipo de beneficio a algunas pymes en la Argentina.
El segundo tema tiene que ver con las modificaciones que se hacen a la IGJ.
Ustedes saben que las competencias son provinciales. Es competencia no delegada al Estado nacional, y la IGJ tiene su participación principalmente en lo que tiene que ver con el registro de lo que en su momento era la Capital Federal, que luego pasó a ser la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el texto de la ley se han quitado algunas palabras que, como decía una diputada preopinante, a veces cambian los criterios. Ya no hay adhesión por parte de las provincias, sino que se habla de que las provincias deben hacer esto o aquello. Quisiera dejar en claro entonces que una ley de ese tipo, que cambie este régimen de competencias en facultades no delegadas al Estado nacional, sería inconstitucional. Pero tal vez se trate de una cuestión de redacción y sólo tengamos que corregir el texto.
La última pregunta tiene que ver con el Registro Industrial de la Nación. Como dice el ministro, no funciona correctamente. Quisiera saber si tienen pensando algún criterio por el cual sacarían las estadísticas que muestran cómo y dónde funcionan, o quiénes están activos y quiénes no en el sector industrial. ¿Tienen pensando hacer algo desde el propio Poder Ejecutivo con las provincias? ¿Cuál va a ser la metodología por la cual se reemplazarían algunas de las funciones y objetivos del Registro Industrial?
Cuando el año pasado tratamos la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, la norma contenía la posibilidad de entregar fondos públicos al sector privado para alentar justamente al emprendedor.
La norma tiene un régimen bastante amplio -que inclusive debatimos acá- porque hay aportes no reintegrables, se puede aportar hasta un 70 por ciento de la inversión, etcétera.
En ese momento, nosotros decíamos que era demasiado amplio para el sector público. La historia argentina muestra claramente que cada vez que el sector público ha intervenido ayudando al sector privado, ha habido hijos y entenados. Algunos llegan rápidamente y consiguen grandes financiamientos y otros jamás lo ven.
La verdad es que eso también sucede a nivel territorial. Si uno ve dónde han ido a parar los fondos a lo largo de la historia argentina, a través de distintas herramientas que se han utilizado desde el sector público hacia el sector privado, nota una concentración en determinados sectores, sobre todo en la Capital Federal.
Esa ley se sancionó y hoy se modifica con la incorporación de las pymes, un gran sector que contiene a miles y miles de empresas que, a partir de ahora, van a poder ser beneficiarias en forma discrecional. Lamentablemente, en la Argentina esa discrecionalidad cae en la arbitrariedad de otorgar fondos públicos casi sin límites; porque no estamos hablando de créditos a devolver, sino que, en muchos casos, estamos hablando de aportes no reintegrables por valores que, a veces, igualan lo que pone el sector privado.
De esta manera, el Estado pasa a ser un socio en poner la plata, pero no ve ningún beneficio, salvo el de tener más empresas, con el que podemos coincidir.
Por eso creo que la modificación de la incorporación de las pymes amerita claramente mayor control.
El señor ministro recién decía que antes existía el límite de siete años y que ahora van a poder entrar todas. Tal vez esto pueda ser un beneficio, pero también se necesita muchísimo más control. Yo no veo que haya un criterio objetivo, menos aún un criterio territorial en la Argentina -algo que planteamos el año pasado-, para la entrega de estos fondos públicos.
Si vamos a incorporar beneficiarios con estas características, yo pregunto cuáles serían los criterios objetivos que hoy se aplican y que, en definitiva, se pueden o tienen pensado aplicar en el futuro. Porque necesitamos agregar a la ley algunos criterios razonables para que esa discrecionalidad se restrinja lo máximo posible y no caigamos en la arbitrariedad.
Esa es la primera pregunta que quiero hacer al señor ministro.
Vinculado a lo mismo, como este decreto de necesidad y urgencia ya se está aplicando quiero saber si se entregó algún tipo de beneficio a algunas pymes en la Argentina.
El segundo tema tiene que ver con las modificaciones que se hacen a la IGJ.
Ustedes saben que las competencias son provinciales. Es competencia no delegada al Estado nacional, y la IGJ tiene su participación principalmente en lo que tiene que ver con el registro de lo que en su momento era la Capital Federal, que luego pasó a ser la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el texto de la ley se han quitado algunas palabras que, como decía una diputada preopinante, a veces cambian los criterios. Ya no hay adhesión por parte de las provincias, sino que se habla de que las provincias deben hacer esto o aquello. Quisiera dejar en claro entonces que una ley de ese tipo, que cambie este régimen de competencias en facultades no delegadas al Estado nacional, sería inconstitucional. Pero tal vez se trate de una cuestión de redacción y sólo tengamos que corregir el texto.
La última pregunta tiene que ver con el Registro Industrial de la Nación. Como dice el ministro, no funciona correctamente. Quisiera saber si tienen pensando algún criterio por el cual sacarían las estadísticas que muestran cómo y dónde funcionan, o quiénes están activos y quiénes no en el sector industrial. ¿Tienen pensando hacer algo desde el propio Poder Ejecutivo con las provincias? ¿Cuál va a ser la metodología por la cual se reemplazarían algunas de las funciones y objetivos del Registro Industrial?
SR. PRESIDENTE MACÍAS Tiene la palabra el señor ministro de Producción.
SR. MINISTRO DE PRODUCCIÓN Señor presidente: voy a responder, en primer lugar, a la pregunta referida al fondo para el desarrollo del capital emprendedor. En principio, no ha habido movimiento respecto de lo que implica la ley de emprendedores que ustedes sancionaron, por la que se crea el fondo que acabo de mencionar. Respecto de la arbitrariedad, a veces ocurre lo que el señor diputado dijo: cuando se transfieren recursos públicos a los privados puede haber hijos y entenados, o poca transparencia. Pero los criterios no los hemos cambiado, siguen siendo los mismos que ustedes aprobaron.
Para decirlo en términos generales, donde mayor riesgo hay porque hay más cantidad de dinero que se transfiere a determinados emprendimientos, el sector privado tiene que poner el 60 por ciento del financiamiento en el mismo emprendimiento que invierte el sector público. Por lo tanto, el que toma más riesgos es el sector privado. Nosotros seguimos esa selección y riesgo que toma el sector privado, que está especializado en la selección de emprendedores. Es el modelo israelí, que tuvo tanto éxito en el mundo y que han adoptado casi todos los países que quieren impulsar lo que llamamos "capital emprendedor".
La segunda pregunta estaba referida al tema de las IGJ. Las IGJ mantienen su independencia. Si quieren, adhieren al régimen nacional. De hecho, como dije anteriormente, estamos trabajando con muchas IGJ -o registros públicos de comercio- de las provincias para tener sistemas interoperables y así poder implementar en poco tiempo la constitución de una sociedad anónima. Lo veo todo muy bien, y no tenemos que quitarles ningún tipo de independencia ni ningún criterio federalista. No lo permitirían los propios gobiernos y legislaturas provinciales, y tampoco está en nuestro espíritu hacerlo.
Con respecto al Registro Industrial de la Nación, lo que yo decía era que actualmente no hay buena información respecto de la actividad industrial, de los servicios y del comercio. El sistema de información de producción de la Nación deja mucho que desear. Por ejemplo, el Registro Industrial prácticamente no tenía uso. De sesenta mil empresas industriales en la Argentina, había registradas mucho menos de mil. Las empresas nos pedían a gritos que por favor elimináramos ese paso burocrático que no servía para nada.
Dicho esto, a nosotros nos interesa que, mediante diferentes mecanismos, muchos de los cuales están vinculados con las encuestas, podamos ir conociendo cuál es la situación de la salud o de la competitividad del sector productivo argentino.
Nuevamente quiero aclarar que estoy dispuesto a venir a hablar sobre todo lo que ustedes quieran saber acerca de nuestra estrategia en apoyo al sector productivo. Fíjense que no digo "industrial" sino "productivo". Queda un poco viejo aquello de "industrial", porque hoy en día la mayoría de las industrias separan muchos de sus servicios en algo que se cataloga como servicio, pero en verdad es industria. El sector industrial, aun así es el que más crece y exporta en la Argentina. Como ustedes saben, en el sector industrial este último mes crecieron las exportaciones en un 30 por ciento.
Para decirlo en términos generales, donde mayor riesgo hay porque hay más cantidad de dinero que se transfiere a determinados emprendimientos, el sector privado tiene que poner el 60 por ciento del financiamiento en el mismo emprendimiento que invierte el sector público. Por lo tanto, el que toma más riesgos es el sector privado. Nosotros seguimos esa selección y riesgo que toma el sector privado, que está especializado en la selección de emprendedores. Es el modelo israelí, que tuvo tanto éxito en el mundo y que han adoptado casi todos los países que quieren impulsar lo que llamamos "capital emprendedor".
La segunda pregunta estaba referida al tema de las IGJ. Las IGJ mantienen su independencia. Si quieren, adhieren al régimen nacional. De hecho, como dije anteriormente, estamos trabajando con muchas IGJ -o registros públicos de comercio- de las provincias para tener sistemas interoperables y así poder implementar en poco tiempo la constitución de una sociedad anónima. Lo veo todo muy bien, y no tenemos que quitarles ningún tipo de independencia ni ningún criterio federalista. No lo permitirían los propios gobiernos y legislaturas provinciales, y tampoco está en nuestro espíritu hacerlo.
Con respecto al Registro Industrial de la Nación, lo que yo decía era que actualmente no hay buena información respecto de la actividad industrial, de los servicios y del comercio. El sistema de información de producción de la Nación deja mucho que desear. Por ejemplo, el Registro Industrial prácticamente no tenía uso. De sesenta mil empresas industriales en la Argentina, había registradas mucho menos de mil. Las empresas nos pedían a gritos que por favor elimináramos ese paso burocrático que no servía para nada.
Dicho esto, a nosotros nos interesa que, mediante diferentes mecanismos, muchos de los cuales están vinculados con las encuestas, podamos ir conociendo cuál es la situación de la salud o de la competitividad del sector productivo argentino.
Nuevamente quiero aclarar que estoy dispuesto a venir a hablar sobre todo lo que ustedes quieran saber acerca de nuestra estrategia en apoyo al sector productivo. Fíjense que no digo "industrial" sino "productivo". Queda un poco viejo aquello de "industrial", porque hoy en día la mayoría de las industrias separan muchos de sus servicios en algo que se cataloga como servicio, pero en verdad es industria. El sector industrial, aun así es el que más crece y exporta en la Argentina. Como ustedes saben, en el sector industrial este último mes crecieron las exportaciones en un 30 por ciento.
SR. CABANDIÉ ¿Comparado con qué año? ¿Con 2016? Ese fue el peor año de la economía.
SR. MINISTRO DE PRODUCCIÓN Este 30 por ciento obviamente es el resultado de la comparación con el año 2017.
El sector industrial acaba de invertir en la Argentina, a través del sector automotriz -que suele decirse que es la madre de todas las industrias-, 5.100.000.000 de dólares. Acaba de cambiar toda la base productiva. Este año va a crecer un 25 por ciento en producción y un 43 por ciento en exportaciones. Me gustaría poder acercarme aquí nuevamente para comentar en detalle todo lo que está sucediendo en este sentido.
El sector industrial acaba de invertir en la Argentina, a través del sector automotriz -que suele decirse que es la madre de todas las industrias-, 5.100.000.000 de dólares. Acaba de cambiar toda la base productiva. Este año va a crecer un 25 por ciento en producción y un 43 por ciento en exportaciones. Me gustaría poder acercarme aquí nuevamente para comentar en detalle todo lo que está sucediendo en este sentido.
SR. PRESIDENTE MACÍAS Tiene la palabra el señor diputado Correa.
SR. CORREA Señor presidente: buenos días.
Quisiera hacer hincapié en dos cuestiones referidas al mundo del trabajo.
En principio, quiero destacar que el artículo 52 modifica el artículo 8º de la ley 26.940, de promoción del trabajo registrado y prevención del fraude laboral. Acá lo que se hace es achicar los tiempos. A aquellos sectores patronales que incumplen las leyes laborales y cometen fraude, puntualmente en relación con el trabajo en negro, se les achica el plazo de noventa a treinta días. Cuando uno procede a realizar la denuncia ante el incumplimiento de algún sector o de determinado patrón, el Ministerio de Trabajo, que es la autoridad de aplicación, requiere de un mínimo de noventa días para llegar a una solución. Cuando desde las organizaciones sindicales realicemos esta tarea, nos vamos a encontrar con que no vamos a poder arreglar la situación de los trabajadores y con que estos sectores patronales que cometen fraude laboral van a salir lisa y llanamente del registro.
Ahora voy a hacer referencia al artículo 114, que modifica el artículo 147 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo modificado es claro y conciso: dice que no se pueden embargar los sueldos ni las cuentas de los laburantes. En cambio, lo que acá se pretende es que las cuentas sueldo no sean solo de los trabajadores y de las empresas sino también de los bancos y de las finanzas.
Por tales razones, nosotros entendemos que las cuestiones laborales tienen que discutirse en la Comisión de Legislación del Trabajo, y que no deben ser incorporadas al tratamiento de los DNU. Nuestra posición, así como la del bloque que represento, es que este asunto se dirija a la Comisión de Legislación del Trabajo, que está en vías de conformación. Nos preguntamos por qué razón quieren direccionar todo a los sectores patronales y a los sectores financieros, en contra de los salarios de los trabajadores.
Quisiera hacer hincapié en dos cuestiones referidas al mundo del trabajo.
En principio, quiero destacar que el artículo 52 modifica el artículo 8º de la ley 26.940, de promoción del trabajo registrado y prevención del fraude laboral. Acá lo que se hace es achicar los tiempos. A aquellos sectores patronales que incumplen las leyes laborales y cometen fraude, puntualmente en relación con el trabajo en negro, se les achica el plazo de noventa a treinta días. Cuando uno procede a realizar la denuncia ante el incumplimiento de algún sector o de determinado patrón, el Ministerio de Trabajo, que es la autoridad de aplicación, requiere de un mínimo de noventa días para llegar a una solución. Cuando desde las organizaciones sindicales realicemos esta tarea, nos vamos a encontrar con que no vamos a poder arreglar la situación de los trabajadores y con que estos sectores patronales que cometen fraude laboral van a salir lisa y llanamente del registro.
Ahora voy a hacer referencia al artículo 114, que modifica el artículo 147 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo modificado es claro y conciso: dice que no se pueden embargar los sueldos ni las cuentas de los laburantes. En cambio, lo que acá se pretende es que las cuentas sueldo no sean solo de los trabajadores y de las empresas sino también de los bancos y de las finanzas.
Por tales razones, nosotros entendemos que las cuestiones laborales tienen que discutirse en la Comisión de Legislación del Trabajo, y que no deben ser incorporadas al tratamiento de los DNU. Nuestra posición, así como la del bloque que represento, es que este asunto se dirija a la Comisión de Legislación del Trabajo, que está en vías de conformación. Nos preguntamos por qué razón quieren direccionar todo a los sectores patronales y a los sectores financieros, en contra de los salarios de los trabajadores.
SR. PRESIDENTE MACÍAS Tiene la palabra el señor diputado Solanas.
SR. SOLANAS Señor presidente: considero que centrar la discusión solamente en este proyecto de ley es una equivocación.
He escuchado manifestar que tenemos que elevar el debate. A mi entender, elevar el debate es tener el oído en el pueblo, en los ciudadanos, en los hombres y mujeres de a pie. Creo que este Congreso debe estar conteste de esta situación.
Entiendo que hay una cantidad de cuestiones derivadas del reglamento de este Congreso, de todo lo que implica su funcionalidad; pero me parece que este Parlamento nos debe llevar día a día a elevar el debate defendiendo los intereses del pueblo, no solamente los de un sector en particular de la sociedad. Por lo menos, quiero hacer este aporte.
Obviamente que esta situación -haciéndome eco de lo manifestado por el diputado preopinante- está emparentada con lo que se dice que vamos a rediscutir dentro de un tiempo: la Ley de Contrato de Trabajo. Evidentemente, hay una situación en la Argentina que hay que poner en blanco sobre negro para la sociedad. Se quiere favorecer a los bancos privados y esto, evidentemente, nos habilita a perjudicar a los trabajadores; me parece que ello hay que tenerlo muy en cuenta.
Hay 9 millones en las cuentas sueldo en la República Argentina. Repito: 9 millones. ¡Qué torta y qué negocio para los bancos! Como dijo el compañero recién, la cuenta sueldo es parte de una construcción y, fundamentalmente, es el penar de los asalariados en la Argentina. Remítanse a un día domingo en el que no hayan repuesto el dinero en los cajeros; los ciudadanos pululan con la cara desencajada porque no tienen cómo cobrar el fin de semana. Esto es una realidad incontrastable.
También quiero aportar, humildemente, a la visión federal del gobierno que conduce Macri, quien el otro día en el recinto dijo que estamos logrando interconectar con Internet a todo el país. ¡Bienvenido! En nuestra gestión anterior, encabezada por Néstor y Cristina, hubo una tarea enorme al respecto. Pero hay un detalle, ¿saben qué dijo?: esto va a servir para pedir turno en el Garrahan. Por supuesto que lo van a pedir más rápido; yo diría por qué no nos ponemos a trabajar con los efectores de salud para que haya cinco o seis Garrahan a lo largo y a lo ancho de la Patria. Eso es federalismo. Lo otro, pedir un turno más rápido para ir al Garrahan. Es una concepción totalmente unitaria, donde nuestros enfermos tienen que recurrir aquí y muchas veces de favor, lo que alguna vez se cuestionó. Son modelos.
Nosotros estamos a favor de la conexión extraordinaria, pero no solamente para pedir rápidamente un turno en el Garrahan. Es absolutamente cuestionable lo que dijo el presidente Macri el otro día, en el sentido del federalismo real y concreto.
No quiero explayarme porque quizá se enoje el diputado Amadeo, pero el otro día en Nogoyá, Entre Ríos, una mujer de la Sociedad Rural manifestaba que está muy descontenta con el gobierno actual. Ella lo había apoyado por la direccionalidad de las políticas para sostener a las pymes, en su caso, de los pequeños tambos en Entre Ríos. Cerraron alrededor de más de veinte tambos. ¿Saben por qué? Porque los productores reciben 5,30 o 5,40 pesos, mientras que la leche se vende -todos lo que vamos a comprar lo sabemos- a 28, 29 o 35 pesos la descremada. Es un problema candente; estamos discutiendo sobre este proyecto de ley, pero no podemos hacerlo sin contextualizarlo respecto de lo que pasa en la República Argentina.
Es casi imposible hablar de pymes cuando han soportado decididamente un aumento del costo energético de casi un mil por ciento y también en el gas. Obviamente, esto trajo aparejado que muchas de ellas no solo han cerrado, sino que además han tenido que dejar trabajadores en la calle.
Yo tengo una pregunta concreta con respecto a esto, pero creo que el gobierno que ustedes defienden -y está bien que lo hagan- debe elevar el debate, tal como dijo la diputada por la Capital Federal. Elevar el debate es ocuparse de lo que le pasa al pueblo, a los ciudadanos, a los trabajadores. Es no dejarlos precarizados, y esto lo digo porque cuando se dice que se crearon no sé cuántos puestos de trabajo, son en precarización absoluta puesto que la mayoría son monotributistas. ¿Eso qué implica? La zozobra de un ciudadano trabajador y de su familia, porque sabe que a los seis meses lo pueden echar, que pueden prescindir de él. Es una política real de este gobierno precarizar a los trabajadores, fundamentalmente a través del famoso monotributo.
Por más que se quiera justificar y que hubo presidentes anteriores que lo hicieron, en este aspecto el DNU es absolutamente innecesario. Por algo ustedes reaccionan y meten tres proyectos de ley para discutirlo. Como dijo el diputado Grana, actualmente está en vigencia el DNU y esto es lo grave; nos someten a una discusión de tres proyectos de ley estando en vigencia el DNU.
Haré una pregunta concreta para que no crean que este es un discurso puramente de oposición política. Con respecto a los montos que existen en una cuenta que exceden los tres sueldos, la pregunta es: ¿van a tener el mínimo del 20 por ciento o pueden ser embargados en su totalidad? Me refiero a los que excedan los tres sueldos, señor ministro, porque la ley no dice claramente si sacándole el 20 por ciento pueden acceder al embargo del 20 por ciento, o en su totalidad lo que exceda. Este es muy importante.
Para finalizar, se ufanan permanentemente de las pymes cuando están en bancarrota, señor ministro. En las provincias, nuestras pymes deambulan por falta de crédito blando; con más razón en aquellas que sufren la sequía, como la nuestra.
Con respecto a la energía eléctrica -que dijeron que no se puede tocar el tema-, me parece que la Nación debe tener una posición muy clara. Nosotros proponemos que la Nación exima a las casas de familia del ciento por ciento del IVA y que, en función del esfuerzo que debe hacer, haga un pedido a las provincias y los municipios.
Otra cosa que proponemos, también referente a las pymes, es que a la alícuota del 27 por ciento aplicada para el pago del IVA al comercio y la industria se baje el 50 por ciento de la general; es decir, el 13,5 por ciento. Es solo una propuesta, señor ministro, pero a lo mejor la puede llevar al seno de la discusión de su gabinete y del presidente.
Los hombres de tierra adentro no nos comemos más el amague, señor ministro. Hablan de federalismo y no lo practican en absoluto.
He escuchado manifestar que tenemos que elevar el debate. A mi entender, elevar el debate es tener el oído en el pueblo, en los ciudadanos, en los hombres y mujeres de a pie. Creo que este Congreso debe estar conteste de esta situación.
Entiendo que hay una cantidad de cuestiones derivadas del reglamento de este Congreso, de todo lo que implica su funcionalidad; pero me parece que este Parlamento nos debe llevar día a día a elevar el debate defendiendo los intereses del pueblo, no solamente los de un sector en particular de la sociedad. Por lo menos, quiero hacer este aporte.
Obviamente que esta situación -haciéndome eco de lo manifestado por el diputado preopinante- está emparentada con lo que se dice que vamos a rediscutir dentro de un tiempo: la Ley de Contrato de Trabajo. Evidentemente, hay una situación en la Argentina que hay que poner en blanco sobre negro para la sociedad. Se quiere favorecer a los bancos privados y esto, evidentemente, nos habilita a perjudicar a los trabajadores; me parece que ello hay que tenerlo muy en cuenta.
Hay 9 millones en las cuentas sueldo en la República Argentina. Repito: 9 millones. ¡Qué torta y qué negocio para los bancos! Como dijo el compañero recién, la cuenta sueldo es parte de una construcción y, fundamentalmente, es el penar de los asalariados en la Argentina. Remítanse a un día domingo en el que no hayan repuesto el dinero en los cajeros; los ciudadanos pululan con la cara desencajada porque no tienen cómo cobrar el fin de semana. Esto es una realidad incontrastable.
También quiero aportar, humildemente, a la visión federal del gobierno que conduce Macri, quien el otro día en el recinto dijo que estamos logrando interconectar con Internet a todo el país. ¡Bienvenido! En nuestra gestión anterior, encabezada por Néstor y Cristina, hubo una tarea enorme al respecto. Pero hay un detalle, ¿saben qué dijo?: esto va a servir para pedir turno en el Garrahan. Por supuesto que lo van a pedir más rápido; yo diría por qué no nos ponemos a trabajar con los efectores de salud para que haya cinco o seis Garrahan a lo largo y a lo ancho de la Patria. Eso es federalismo. Lo otro, pedir un turno más rápido para ir al Garrahan. Es una concepción totalmente unitaria, donde nuestros enfermos tienen que recurrir aquí y muchas veces de favor, lo que alguna vez se cuestionó. Son modelos.
Nosotros estamos a favor de la conexión extraordinaria, pero no solamente para pedir rápidamente un turno en el Garrahan. Es absolutamente cuestionable lo que dijo el presidente Macri el otro día, en el sentido del federalismo real y concreto.
No quiero explayarme porque quizá se enoje el diputado Amadeo, pero el otro día en Nogoyá, Entre Ríos, una mujer de la Sociedad Rural manifestaba que está muy descontenta con el gobierno actual. Ella lo había apoyado por la direccionalidad de las políticas para sostener a las pymes, en su caso, de los pequeños tambos en Entre Ríos. Cerraron alrededor de más de veinte tambos. ¿Saben por qué? Porque los productores reciben 5,30 o 5,40 pesos, mientras que la leche se vende -todos lo que vamos a comprar lo sabemos- a 28, 29 o 35 pesos la descremada. Es un problema candente; estamos discutiendo sobre este proyecto de ley, pero no podemos hacerlo sin contextualizarlo respecto de lo que pasa en la República Argentina.
Es casi imposible hablar de pymes cuando han soportado decididamente un aumento del costo energético de casi un mil por ciento y también en el gas. Obviamente, esto trajo aparejado que muchas de ellas no solo han cerrado, sino que además han tenido que dejar trabajadores en la calle.
Yo tengo una pregunta concreta con respecto a esto, pero creo que el gobierno que ustedes defienden -y está bien que lo hagan- debe elevar el debate, tal como dijo la diputada por la Capital Federal. Elevar el debate es ocuparse de lo que le pasa al pueblo, a los ciudadanos, a los trabajadores. Es no dejarlos precarizados, y esto lo digo porque cuando se dice que se crearon no sé cuántos puestos de trabajo, son en precarización absoluta puesto que la mayoría son monotributistas. ¿Eso qué implica? La zozobra de un ciudadano trabajador y de su familia, porque sabe que a los seis meses lo pueden echar, que pueden prescindir de él. Es una política real de este gobierno precarizar a los trabajadores, fundamentalmente a través del famoso monotributo.
Por más que se quiera justificar y que hubo presidentes anteriores que lo hicieron, en este aspecto el DNU es absolutamente innecesario. Por algo ustedes reaccionan y meten tres proyectos de ley para discutirlo. Como dijo el diputado Grana, actualmente está en vigencia el DNU y esto es lo grave; nos someten a una discusión de tres proyectos de ley estando en vigencia el DNU.
Haré una pregunta concreta para que no crean que este es un discurso puramente de oposición política. Con respecto a los montos que existen en una cuenta que exceden los tres sueldos, la pregunta es: ¿van a tener el mínimo del 20 por ciento o pueden ser embargados en su totalidad? Me refiero a los que excedan los tres sueldos, señor ministro, porque la ley no dice claramente si sacándole el 20 por ciento pueden acceder al embargo del 20 por ciento, o en su totalidad lo que exceda. Este es muy importante.
Para finalizar, se ufanan permanentemente de las pymes cuando están en bancarrota, señor ministro. En las provincias, nuestras pymes deambulan por falta de crédito blando; con más razón en aquellas que sufren la sequía, como la nuestra.
Con respecto a la energía eléctrica -que dijeron que no se puede tocar el tema-, me parece que la Nación debe tener una posición muy clara. Nosotros proponemos que la Nación exima a las casas de familia del ciento por ciento del IVA y que, en función del esfuerzo que debe hacer, haga un pedido a las provincias y los municipios.
Otra cosa que proponemos, también referente a las pymes, es que a la alícuota del 27 por ciento aplicada para el pago del IVA al comercio y la industria se baje el 50 por ciento de la general; es decir, el 13,5 por ciento. Es solo una propuesta, señor ministro, pero a lo mejor la puede llevar al seno de la discusión de su gabinete y del presidente.
Los hombres de tierra adentro no nos comemos más el amague, señor ministro. Hablan de federalismo y no lo practican en absoluto.
SR. PRESIDENTE MACÍAS Vamos a terminar con las preguntas y luego va a contestar el señor ministro.
Tiene la palabra el señor diputado Lavagna.
Tiene la palabra el señor diputado Lavagna.
SR. LAVAGNA Señor presidente: en primer lugar, quiero referime a una cuestión que tiene que ver más con lo estructural y que un poco estuvo presente en todo el debate. Si bien no corresponde específicamente al tratamiento del proyecto, me parece que es importante decirlo. Este año, este Congreso tiene que debatir un cambio en la ley de los DNU. Creo que la modificación que se hizo en el año 2006 fue mala; significó un retroceso institucional y considero que tenemos que tratar con urgencia un cambio en cómo regulamos los DNU, y cuándo un Poder Ejecutivo puede utilizarlos y cuándo no.
En relación con los proyectos de ley, pido al ministro que con un dedito para arriba o para abajo indique si mis preguntas corresponden a su área. Mis análisis fueron hechos en función del DNU, pero como está separado en tres proyectos de ley, necesito que me diga si las preguntas corresponden a su cartera o a esta iniciativa en particular.
En primer lugar, coincido en un ciento por ciento con lo que dijo el diputado David. Creo que a los cambios que se introducen en la ley de emprendedores hay que mirarlos con mucho cuidado. Es sabido que soy de los primeros que insisten en dar más financiamiento, más acceso y más herramientas a las pymes. Es más; muchas de las modificaciones introducidas a la ley original tuvieron que ver con las pymes.
Con muchas de estas reformas, más allá de la discrecionalidad -de la que ya se habló- estamos cambiando la lógica de la ley que sancionó el Congreso.
En relación con los proyectos de ley, pido al ministro que con un dedito para arriba o para abajo indique si mis preguntas corresponden a su área. Mis análisis fueron hechos en función del DNU, pero como está separado en tres proyectos de ley, necesito que me diga si las preguntas corresponden a su cartera o a esta iniciativa en particular.
En primer lugar, coincido en un ciento por ciento con lo que dijo el diputado David. Creo que a los cambios que se introducen en la ley de emprendedores hay que mirarlos con mucho cuidado. Es sabido que soy de los primeros que insisten en dar más financiamiento, más acceso y más herramientas a las pymes. Es más; muchas de las modificaciones introducidas a la ley original tuvieron que ver con las pymes.
Con muchas de estas reformas, más allá de la discrecionalidad -de la que ya se habló- estamos cambiando la lógica de la ley que sancionó el Congreso.
SR. MINISTRO DE PRODUCCIÓN Sí, pero no es lo que queremos.
SR. LAVAGNA Me gustaría justamente que lo veamos. Es decir, cuál es el límite y a qué pymes está apuntando.
Reitero que coincido en la necesidad de dar más herramientas a las pymes, pero me parece importante marcar algunas diferencias. El señor ministro hablaba del modelo israelí. Ese modelo tiene algunas diferencias que no son menores y que tienen que ver con los porcentajes con lo que se queda el Estado israelí, que vende y recupera parte de la inversión que realiza. Eso no está en la ley que nosotros aprobamos. Fue una discusión que dimos en ese momento, pero no está en la ley.
De modo que habría que tener cuidado en ver cómo recuperar fondos como crédito y no como parte de la ganancia exponencial. Pero me puedo estar equivocando.
El segundo punto al que quiero referirme tiene que ver con el capítulo que habla sobre el Fogapyme.
Mi pregunta es para qué está este capítulo si por el artículo 56 de la ley 27.431, de presupuesto de la administración nacional, liquidamos y extinguimos el Fogapyme. No termino de entender cuál es la lógica, si es algo temporal o cuál es el motivo. Si hay alguna razón más de largo plazo, hay que ver algunas cuestiones, como la eliminación de la obligatoriedad de decir quién es el fiduciario, que no es un tema menor. Como son contratos más largos, que el Poder Ejecutivo me pueda cambiar a discrecionalidad el fiduciario, puede tener algún impacto. Con lo cual, creo que eso hay que verlo en detalle.
En cuanto al tema de la IGJ, también voy a coincidir con lo expresado por el señor diputado David. Pero, además, quiero preguntar cuál es el motivo por el cual se le está pasando todo al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y, por lo tanto, en lugar de estar desburocratizando, no estamos incluyendo alguna burocratización adicional, siendo que el IGJ es el órgano nacional que regula o registra todas las sociedades.
¿Cuál es el motivo por el cual se pone esto en cabeza del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y se le sacan algunas atribuciones a la IGJ y otras a la AFIP?
Me interesaría entender cuál es el motivo de esos cambios y qué es lo que estiman que se puede lograr haciendo la sustitución por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El tema de marcas y patentes me parece que no es menor; tiene muchas implicancias y veo algunos puntos que me generan muchas dudas. Digo esto más allá de coincidir en que es bienvenido todo proceso que podamos establecer para agilizar los trámites.
Sin embargo, hay algunas eliminaciones que me generan dudas. Por ejemplo, se sustituye el artículo 55 de la ley 24.481 y se eliminan algunos conceptos de restricciones en términos de patentes. El artículo propuesto dice: "Serán requisitos esenciales para que proceda la expedición de estos certificados que los inventos contemplados en este título...", No dan patentes en los casos que sean inventos conocidos o que hayan tenido alguna divulgación en el exterior. Esa parte la eliminan. Por lo tanto, tengo dudas de cuál es la implicancia de eso.
Por otro lado, hay un artículo donde se establecen seis meses de protección para que se puedan registrar las patentes, sobre todo, aquellas que vienen del extranjero. Esa restricción se elimina, con lo cual una patente que viene del extranjero puede tener protección indefinida. Antes se establecía el margen de los seis meses, pero al eliminarse esa parte, no queda establecido cuál es el margen. Me gustaría que el señor ministro haga alguna apreciación al respecto y comente la implicancia que tiene.
En cuanto al capítulo sobre energía no voy a hacer preguntas ya que no es un sector de su competencia.
Todavía no terminamos de entender cuáles son los impactos que pueden tener muchas de estas cosas. Cuando hablé de marcas y patentes, resumí el asunto en dos preguntas. No obstante, me gustaría tener mayor claridad en cuanto a los impactos. Se trata de una ley muy neurálgica, y uno de los temas sobre los que hay que tener cuidado es el del impacto. Ocurre lo mismo en relación con la ley de emprendedores, sobre la que hablamos hace un rato. ¿Va a tener un impacto fiscal distinto? Creo que todavía nos falta información al respecto.
Reitero que coincido en la necesidad de dar más herramientas a las pymes, pero me parece importante marcar algunas diferencias. El señor ministro hablaba del modelo israelí. Ese modelo tiene algunas diferencias que no son menores y que tienen que ver con los porcentajes con lo que se queda el Estado israelí, que vende y recupera parte de la inversión que realiza. Eso no está en la ley que nosotros aprobamos. Fue una discusión que dimos en ese momento, pero no está en la ley.
De modo que habría que tener cuidado en ver cómo recuperar fondos como crédito y no como parte de la ganancia exponencial. Pero me puedo estar equivocando.
El segundo punto al que quiero referirme tiene que ver con el capítulo que habla sobre el Fogapyme.
Mi pregunta es para qué está este capítulo si por el artículo 56 de la ley 27.431, de presupuesto de la administración nacional, liquidamos y extinguimos el Fogapyme. No termino de entender cuál es la lógica, si es algo temporal o cuál es el motivo. Si hay alguna razón más de largo plazo, hay que ver algunas cuestiones, como la eliminación de la obligatoriedad de decir quién es el fiduciario, que no es un tema menor. Como son contratos más largos, que el Poder Ejecutivo me pueda cambiar a discrecionalidad el fiduciario, puede tener algún impacto. Con lo cual, creo que eso hay que verlo en detalle.
En cuanto al tema de la IGJ, también voy a coincidir con lo expresado por el señor diputado David. Pero, además, quiero preguntar cuál es el motivo por el cual se le está pasando todo al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y, por lo tanto, en lugar de estar desburocratizando, no estamos incluyendo alguna burocratización adicional, siendo que el IGJ es el órgano nacional que regula o registra todas las sociedades.
¿Cuál es el motivo por el cual se pone esto en cabeza del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y se le sacan algunas atribuciones a la IGJ y otras a la AFIP?
Me interesaría entender cuál es el motivo de esos cambios y qué es lo que estiman que se puede lograr haciendo la sustitución por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El tema de marcas y patentes me parece que no es menor; tiene muchas implicancias y veo algunos puntos que me generan muchas dudas. Digo esto más allá de coincidir en que es bienvenido todo proceso que podamos establecer para agilizar los trámites.
Sin embargo, hay algunas eliminaciones que me generan dudas. Por ejemplo, se sustituye el artículo 55 de la ley 24.481 y se eliminan algunos conceptos de restricciones en términos de patentes. El artículo propuesto dice: "Serán requisitos esenciales para que proceda la expedición de estos certificados que los inventos contemplados en este título...", No dan patentes en los casos que sean inventos conocidos o que hayan tenido alguna divulgación en el exterior. Esa parte la eliminan. Por lo tanto, tengo dudas de cuál es la implicancia de eso.
Por otro lado, hay un artículo donde se establecen seis meses de protección para que se puedan registrar las patentes, sobre todo, aquellas que vienen del extranjero. Esa restricción se elimina, con lo cual una patente que viene del extranjero puede tener protección indefinida. Antes se establecía el margen de los seis meses, pero al eliminarse esa parte, no queda establecido cuál es el margen. Me gustaría que el señor ministro haga alguna apreciación al respecto y comente la implicancia que tiene.
En cuanto al capítulo sobre energía no voy a hacer preguntas ya que no es un sector de su competencia.
Todavía no terminamos de entender cuáles son los impactos que pueden tener muchas de estas cosas. Cuando hablé de marcas y patentes, resumí el asunto en dos preguntas. No obstante, me gustaría tener mayor claridad en cuanto a los impactos. Se trata de una ley muy neurálgica, y uno de los temas sobre los que hay que tener cuidado es el del impacto. Ocurre lo mismo en relación con la ley de emprendedores, sobre la que hablamos hace un rato. ¿Va a tener un impacto fiscal distinto? Creo que todavía nos falta información al respecto.
SR. PRESIDENTE MACÍAS Tiene la palabra el señor ministro de Producción.
SR. MINISTRO DE PRODUCCIÓN Señor presidente: considero que todas las preguntas que acaba de formular el señor diputado son pertinentes. Voy a ir contestando algunas, y mi equipo hará lo propio con otras.
Empecemos por el tema del fondo para el desarrollo del capital emprendedor. Como dije al diputado David, no hay ningún criterio que haya cambiado respecto de la asignación. Por lo tanto, la pyme que eventualmente esté categorizada como tal, y tenga más de siete años de existencia, debería atravesar los mismos procesos de selección que aprobamos.
En cuanto a su otra preocupación, no va a haber un mayor impacto fiscal. Por supuesto que puedo profundizar en todo lo que ustedes quieran, pero en términos generales, no va a haber arbitrariedad ni riesgo ni mayor impacto fiscal.
Empecemos por el tema del fondo para el desarrollo del capital emprendedor. Como dije al diputado David, no hay ningún criterio que haya cambiado respecto de la asignación. Por lo tanto, la pyme que eventualmente esté categorizada como tal, y tenga más de siete años de existencia, debería atravesar los mismos procesos de selección que aprobamos.
En cuanto a su otra preocupación, no va a haber un mayor impacto fiscal. Por supuesto que puedo profundizar en todo lo que ustedes quieran, pero en términos generales, no va a haber arbitrariedad ni riesgo ni mayor impacto fiscal.
SR. LAVAGNA En ese sentido, la ley tampoco cambia.
SR. MINISTRO DE PRODUCCIÓN Exactamente. El criterio es absolutamente el mismo. La pregunta es muy buena. No es que dijimos que ahora este instrumento será para financiar pymes. En verdad, es para financiar el espíritu emprendedor de quien, por alguna razón, constituyó una pyme porque le parecía la forma societaria adecuada para llevar adelante un emprendimiento. La idea es que en estos casos esa sociedad no se vea excluida del apoyo al capital emprendedor. Pero, como dije, el espíritu es el mismo.
Respecto de las IGJ, en primer lugar, quiero decir que éstas ya dependen del Ministerio de Justicia, con lo cual no estamos haciendo un cambio importante. No estamos afectando el criterio federal de las inspecciones generales de justicia o de los registros públicos de comercio, ya que tienen nombres distintos según cada provincia. Nos parece más federal el criterio que determina que no sea un organismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el que regule. Tenemos que poner en pie de igualdad a todas las provincias.
Respecto de las IGJ, en primer lugar, quiero decir que éstas ya dependen del Ministerio de Justicia, con lo cual no estamos haciendo un cambio importante. No estamos afectando el criterio federal de las inspecciones generales de justicia o de los registros públicos de comercio, ya que tienen nombres distintos según cada provincia. Nos parece más federal el criterio que determina que no sea un organismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el que regule. Tenemos que poner en pie de igualdad a todas las provincias.
SR. INCHAUSPE Si se me permite, con respecto a las IGJ, el Registro Nacional de Sociedades, con toda la sensibilización que implica compartir información, era uno de los actores que había que sacar. Eso motivó el movimiento al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Con respecto al sistema que estaba en la AFIP, que fue nombrado por el diputado Lavagna, nos pasaba que en el circuito para compartir información entraba en juego el secreto fiscal. Entonces, al final del día, el Registro Nacional de Sociedades quedaba prácticamente vacío, y hoy cumple cuarenta y cinco años de vigencia. Ahora que estamos trabajando con todos los registros públicos y los estamos apoyando en este proceso de modernización y digitalización, la idea es que puedan compartir la información y, finalmente, podamos contar con un Registro Nacional de Sociedades.
En relación con el FONDCE, como dijo recién el ministro, las bases y condiciones no cambiaron. Nos seguimos apoyando tanto en las incubadoras como en las aceleradoras y los fondos. Hay más de trescientas incubadoras en todo el país, con lo cual se está aplicando el concepto de federalización. Lo que sí cambiamos es que no damos más ANR, que son los Aportes No Reembolsables. Ahora solamente otorgamos préstamos a seis años, con un año de gracia, en el primer eslabón del Fondo Semilla.
Con respecto al sistema que estaba en la AFIP, que fue nombrado por el diputado Lavagna, nos pasaba que en el circuito para compartir información entraba en juego el secreto fiscal. Entonces, al final del día, el Registro Nacional de Sociedades quedaba prácticamente vacío, y hoy cumple cuarenta y cinco años de vigencia. Ahora que estamos trabajando con todos los registros públicos y los estamos apoyando en este proceso de modernización y digitalización, la idea es que puedan compartir la información y, finalmente, podamos contar con un Registro Nacional de Sociedades.
En relación con el FONDCE, como dijo recién el ministro, las bases y condiciones no cambiaron. Nos seguimos apoyando tanto en las incubadoras como en las aceleradoras y los fondos. Hay más de trescientas incubadoras en todo el país, con lo cual se está aplicando el concepto de federalización. Lo que sí cambiamos es que no damos más ANR, que son los Aportes No Reembolsables. Ahora solamente otorgamos préstamos a seis años, con un año de gracia, en el primer eslabón del Fondo Semilla.
SR. LAVAGNA ¿Esa es una disposición de ustedes que no está en el proyecto?
SR. INCHAUSPE Nosotros lo cambiamos y ese cambio está reflejado en el proyecto de ley. Lo que cambiamos es que ya no hay Aporte No Reembolsable, ya que a partir de ahora se tendrá que devolver el aporte al Estado. Estamos hablando del apoyo al primer eslabón del fondo para el desarrollo del capital emprendedor.
En cuanto a la coinversión con los fondos de expansión, el Estado argentino coinvierte con los fondos privados y luego estos fondos cuidan la renta y tienen opción de recompra durante determinado tiempo. Ahí sí se cuida, ya que esa plata vuelve al Estado con sus ganancias. Esa es la lógica.
En cuanto a la coinversión con los fondos de expansión, el Estado argentino coinvierte con los fondos privados y luego estos fondos cuidan la renta y tienen opción de recompra durante determinado tiempo. Ahí sí se cuida, ya que esa plata vuelve al Estado con sus ganancias. Esa es la lógica.
SR. MINISTRO DE PRODUCCIÓN Quiero hacer un comentario. Israel ya dejó de hacerlo. Creció lo suficiente como para que hoy sea absolutamente privado. El Estado dejó de coinvertir.
SR. LAVAGNA Nosotros estamos en la parte previa.
SR. INCHAUSPE Con respecto al tema de marcas y patentes, me parece importante que intervenga el presidente del INPI, Dámaso Pardo. Él podrá responder mejor a las preguntas, que fueron bastante técnicas.
SR. PRESIDENTE MACÍAS Tiene la palabra el señor Pardo.
SR. PARDO Señor presidente: el INPI tiene jurisdicción sobre patentes, diseños, modelos industriales y marcas de fábrica. En realidad, hay que distinguir entre los diseños y los modelos de utilidad. Los modelos de utilidad son una pequeña patente. Por ejemplo, toda nueva disposición que tenga un producto o herramienta apunta a fortalecer la relación de las pymes con los pequeños desarrolladores para que puedan obtener esos derechos más rápidamente. En ese sentido, no ha habido modificaciones en cuanto a lo temporal, sino que simplemente seguimos no exigiendo la altura inventiva a aquellos pequeños inventos.
Lo que usted mencionó, probablemente refiera a los diseños industriales, donde sí hubo muchos cambios. Lo que hemos receptado proviene de un proyecto de ley que ha presentado el gobierno anterior, que vimos con muy buenos ojos, pero no tuvo éxito porque no se sancionó. Ahora estamos incorporando la mayoría de esos aspectos. Lo que se da ahora al diseñador o al artesano es seis meses de gracia, en el caso de que torpemente haya divulgado el invento. La idea es que, a pesar de esa divulgación, tenga la posibilidad de presentarlo y beneficiarse con ese derecho. También le damos seis meses de plazo para retenerlo antes de la publicación, en caso de que sea un diseñador argentino importante que quiera lanzar ese proyecto en equis cantidad de países a la vez.
Quiero señalar nuevamente lo que ya se dijo: las reformas son de procedimiento. Apuntan a dar facilidades a las pymes. En algunos casos hablamos de economías regionales para que, quienes tengan que competir con un brasilero, australiano o peruano, no tengan que esperar tanto tiempo para obtener la marca, el diseño o la patente porque es precisamente eso lo que les da la posibilidad de estar en esos mercados.
Quedamos a disposición para cualquier otra pregunta.
Lo que usted mencionó, probablemente refiera a los diseños industriales, donde sí hubo muchos cambios. Lo que hemos receptado proviene de un proyecto de ley que ha presentado el gobierno anterior, que vimos con muy buenos ojos, pero no tuvo éxito porque no se sancionó. Ahora estamos incorporando la mayoría de esos aspectos. Lo que se da ahora al diseñador o al artesano es seis meses de gracia, en el caso de que torpemente haya divulgado el invento. La idea es que, a pesar de esa divulgación, tenga la posibilidad de presentarlo y beneficiarse con ese derecho. También le damos seis meses de plazo para retenerlo antes de la publicación, en caso de que sea un diseñador argentino importante que quiera lanzar ese proyecto en equis cantidad de países a la vez.
Quiero señalar nuevamente lo que ya se dijo: las reformas son de procedimiento. Apuntan a dar facilidades a las pymes. En algunos casos hablamos de economías regionales para que, quienes tengan que competir con un brasilero, australiano o peruano, no tengan que esperar tanto tiempo para obtener la marca, el diseño o la patente porque es precisamente eso lo que les da la posibilidad de estar en esos mercados.
Quedamos a disposición para cualquier otra pregunta.
SR. LAVAGNA En cuanto a las patentes extranjeras, ¿se elimina el plazo de seis meses?
SR. PARDO No. No hay ninguna modificación respecto de las patentes extranjeras. En el régimen de patentes hay tres requisitos que son universales, que fueron absorbidos por nuestra ley 24.481 en el año 2000, después de que la Argentina adoptara el acuerdo TRIPS. La novedad debe ser absoluta. Me refiero a cualquier divulgación por cualquier medio, escrito u oral, en Japón, China o La Quiaca. Esto afecta a todos por igual en cualquier lugar del mundo. No se puede dar una patente para algo que ya está divulgado. Este primer requisito es fundamental.
El segundo requisito es el de la altura inventiva, que es algo bastante complicado y subjetivo, e implica que el invento no sea obvio para un experto en la materia.
El tercero es que sea aplicable industrialmente. Pero no ha habido ningún cambio en este sentido. Puedo garantizarlo, y si quieren nos podemos juntar otro día para hablar más en detalle de esto.
El segundo requisito es el de la altura inventiva, que es algo bastante complicado y subjetivo, e implica que el invento no sea obvio para un experto en la materia.
El tercero es que sea aplicable industrialmente. Pero no ha habido ningún cambio en este sentido. Puedo garantizarlo, y si quieren nos podemos juntar otro día para hablar más en detalle de esto.
SR. PRESIDENTE MACÍAS Con la próxima intervención, cerramos la lista de oradores de esta reunión informativa.
Tiene la palabra el señor diputado Cabandié.
Tiene la palabra el señor diputado Cabandié.
SR. CABANDIÉ Señor presidente: voy a ser breve.
Me faltó decir algo en mi intervención anterior, que tiene que ver con la preocupación que manifestaron algunos diputados preopinantes en relación con los consumidores. Pienso que ya saben que está en vigencia una ley -el proyecto del Poder Ejecutivo fue aprobado en Diputados en 2015 y recibió sanción definitiva en el Senado al año siguiente- vinculada con las facturas y su formato digital. Esta ley establece básicamente que todo usuario tiene que recibir su factura en papel. No obstante, si pide el formato digital, se lo tienen que brindar. Considero que esto entra en el universo de la protección de los usuarios y los consumidores.
La ley 24.240 insta justamente a que, ante la asimetría entre un consumidor y una compañía, siempre legislemos en favor del primero. Entonces me parece que, en ese sentido, tenemos que llamarnos a la racionalidad. Alguna vez juguemos a favor de los más débiles, que son los usuarios, no son las empresas. En el mundo está establecido que en esa asimetría los más débiles son los usuarios. Juguemos una vez para ellos; hay muchas personas que no tienen acceso digital a sus facturas. Además, con la papeleta en la mano después se puede reclamar, generar un control y saber si están cobrando bien o mal.
Quizá este tema sea parecido al debate sobre el voto electrónico. Ustedes creen que establecer el sistema de voto electrónico es meternos en la modernidad, cuando quienes están en la modernidad, es decir, los países más desarrollados, salieron del voto electrónico porque nada reemplaza el papel a la vista, el mirar lo que se tiene enfrente.
Yo estoy de acuerdo con que hay que reducir la producción de papel por el cuidado del medio ambiente. Me pregunto por qué, entonces, el presidente Macri tiene parques de árboles -que heredará Antonia- en alguna provincia de la Argentina; o por qué el ministro del Interior también los tiene en la provincia de Entre Ríos. Son discusiones anexas, pero creo que hay una cuestión de fondo. Hago este planteo para llamar a la racionalidad y a la reflexión, porque me parece que tenemos que jugar una vez en favor de los más débiles.
Ustedes les están dando muchísimos beneficios a los bancos; yo diría que toda esta ley es para el sistema financiero. Durante la campaña del año pasado, a través de créditos Argenta, se entregaron 1.500 millones de pesos, y encima ahora les subieron las tasas. Siempre se suben las tasas, siempre hay especulación financiera, siempre se actúa en favor de los bancos. Aunque sea una vez jueguen para el lado de los consumidores; en este caso, sería que puedan disponer del resumen en papel. Nada más.
Me faltó decir algo en mi intervención anterior, que tiene que ver con la preocupación que manifestaron algunos diputados preopinantes en relación con los consumidores. Pienso que ya saben que está en vigencia una ley -el proyecto del Poder Ejecutivo fue aprobado en Diputados en 2015 y recibió sanción definitiva en el Senado al año siguiente- vinculada con las facturas y su formato digital. Esta ley establece básicamente que todo usuario tiene que recibir su factura en papel. No obstante, si pide el formato digital, se lo tienen que brindar. Considero que esto entra en el universo de la protección de los usuarios y los consumidores.
La ley 24.240 insta justamente a que, ante la asimetría entre un consumidor y una compañía, siempre legislemos en favor del primero. Entonces me parece que, en ese sentido, tenemos que llamarnos a la racionalidad. Alguna vez juguemos a favor de los más débiles, que son los usuarios, no son las empresas. En el mundo está establecido que en esa asimetría los más débiles son los usuarios. Juguemos una vez para ellos; hay muchas personas que no tienen acceso digital a sus facturas. Además, con la papeleta en la mano después se puede reclamar, generar un control y saber si están cobrando bien o mal.
Quizá este tema sea parecido al debate sobre el voto electrónico. Ustedes creen que establecer el sistema de voto electrónico es meternos en la modernidad, cuando quienes están en la modernidad, es decir, los países más desarrollados, salieron del voto electrónico porque nada reemplaza el papel a la vista, el mirar lo que se tiene enfrente.
Yo estoy de acuerdo con que hay que reducir la producción de papel por el cuidado del medio ambiente. Me pregunto por qué, entonces, el presidente Macri tiene parques de árboles -que heredará Antonia- en alguna provincia de la Argentina; o por qué el ministro del Interior también los tiene en la provincia de Entre Ríos. Son discusiones anexas, pero creo que hay una cuestión de fondo. Hago este planteo para llamar a la racionalidad y a la reflexión, porque me parece que tenemos que jugar una vez en favor de los más débiles.
Ustedes les están dando muchísimos beneficios a los bancos; yo diría que toda esta ley es para el sistema financiero. Durante la campaña del año pasado, a través de créditos Argenta, se entregaron 1.500 millones de pesos, y encima ahora les subieron las tasas. Siempre se suben las tasas, siempre hay especulación financiera, siempre se actúa en favor de los bancos. Aunque sea una vez jueguen para el lado de los consumidores; en este caso, sería que puedan disponer del resumen en papel. Nada más.
SR. PRESIDENTE MACÍAS La Presidencia agradece al señor ministro de Producción, a todo su equipo y a los presidentes de las otras dos comisiones intervinientes, diputados Lipovetzky y Amadeo, por su presencia en esta reunión. Por supuesto, este debate simplifica la tarea de avanzar en las comisiones con las distintas propuestas que hay.
No habiendo otros asuntos, declaro finalizada la reunión.
No habiendo otros asuntos, declaro finalizada la reunión.
Es la hora 13 y 27.