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LEGISLACION GENERAL
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P02 Oficina 234
Of. Administrativa: Piso P02 Oficina 235
Secretario Administrativo DR. TRIANTAFILO GUILLERMO
Miércoles 16.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 60752248 Internos 2248
clgeneral@hcdn.gob.ar
- PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
- LEGISLACION GENERAL
- FINANZAS
Reunión del día 20/03/2018
- PROYECTO DE LEY SOBRE RÉGIMEN DE SIMPLIFICACIÓN Y DESBUROCRATIZACIÓN PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA NACIÓN
EXPEDIENTES
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo de 2018, a la hora 15 y 31:
SR. PRESIDENTE MACIAS Buenas tardes a todos. Con el quórum suficiente para comenzar este plenario, doy la bienvenida a todos los diputados integrantes de las tres comisiones a fin de tratar el proyecto de ley sobre régimen de simplificación y desburocratización para el desarrollo productivo de la Nación, contenido en el expediente
6830-d-2017.
Considero que este es el camino jurídico y políticamente correcto para el tratamiento de temas tan importantes para el desarrollo y crecimiento de las pymes, que llevan adelante actividades que son uno de los pilares fundamentales para la economía de nuestro país.
Saludo al presidente de la Comisión de Finanzas, diputado Eduardo Amadeo, y al presidente de la Comisión de Legislación General, diputado Daniel Lipovetzky.
En primer lugar, hará uso de la palabra el señor presidente de la Comisión de Legislación General para explicar de qué se trata este proyecto de ley.
Considero que este es el camino jurídico y políticamente correcto para el tratamiento de temas tan importantes para el desarrollo y crecimiento de las pymes, que llevan adelante actividades que son uno de los pilares fundamentales para la economía de nuestro país.
Saludo al presidente de la Comisión de Finanzas, diputado Eduardo Amadeo, y al presidente de la Comisión de Legislación General, diputado Daniel Lipovetzky.
En primer lugar, hará uso de la palabra el señor presidente de la Comisión de Legislación General para explicar de qué se trata este proyecto de ley.
SR. LIPOVETZKY Gracias, señor presidente.
Si bien ya hemos tenido una reunión informativa sobre este proyecto cuando concurrió el ministro Cabrera, sobre la base de las conversaciones que mantuvimos con los señores diputados en cuanto a la regulación de la posibilidad del embargo de las cuentas sueldo, hemos decidido eliminar el artículo 114, tomando la propuesta del bloque Argentina Federal, para que no haya ningún tipo de dudas al respecto.
En principio, creíamos que la redacción tal como estaba propuesta podía ser una mejor solución para los trabajadores porque las cuentas eran inembargables hasta tres sueldos; hoy tienen una embargabilidad de hasta un 20 por ciento de un solo sueldo. Más allá de eso, atendiendo a los cuestionamientos, entendimos que era mejor eliminar el citado artículo y quizás en algún momento hacer un debate sobre la regulación de este tema en el ámbito que corresponde, que es la Comisión de Legislación del Trabajo.
Por otra parte, este proyecto de ley -como todos sabemos- está vinculado con el decreto 27/2018, que ya ha sido tratado en su momento en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, y que también fue tema de tratamiento en la reunión de la que participó el señor ministro Cabrera.
En tal sentido, teniendo en cuenta que la iniciativa en tratamiento reitera los términos de ese decreto, estamos incorporando un artículo en el que derogamos expresamente los capítulos del decreto 27/2018 contenidos en el proyecto de ley en consideración.
De esta forma, creo que hemos avanzado con algunos de los temas tratados y seguramente lograremos cumplir con el objetivo de ratificar el trabajo de este Congreso en lo que se refiere a avanzar en proyectos que contribuyan a mejorar la productividad y competitividad de la economía argentina, actualizando mucha legislación que resolvía este decreto que ahora hemos convertido en proyecto de ley -como corresponde- para ratificar la tarea de este Honorable Congreso.
Si bien ya hemos tenido una reunión informativa sobre este proyecto cuando concurrió el ministro Cabrera, sobre la base de las conversaciones que mantuvimos con los señores diputados en cuanto a la regulación de la posibilidad del embargo de las cuentas sueldo, hemos decidido eliminar el artículo 114, tomando la propuesta del bloque Argentina Federal, para que no haya ningún tipo de dudas al respecto.
En principio, creíamos que la redacción tal como estaba propuesta podía ser una mejor solución para los trabajadores porque las cuentas eran inembargables hasta tres sueldos; hoy tienen una embargabilidad de hasta un 20 por ciento de un solo sueldo. Más allá de eso, atendiendo a los cuestionamientos, entendimos que era mejor eliminar el citado artículo y quizás en algún momento hacer un debate sobre la regulación de este tema en el ámbito que corresponde, que es la Comisión de Legislación del Trabajo.
Por otra parte, este proyecto de ley -como todos sabemos- está vinculado con el decreto 27/2018, que ya ha sido tratado en su momento en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, y que también fue tema de tratamiento en la reunión de la que participó el señor ministro Cabrera.
En tal sentido, teniendo en cuenta que la iniciativa en tratamiento reitera los términos de ese decreto, estamos incorporando un artículo en el que derogamos expresamente los capítulos del decreto 27/2018 contenidos en el proyecto de ley en consideración.
De esta forma, creo que hemos avanzado con algunos de los temas tratados y seguramente lograremos cumplir con el objetivo de ratificar el trabajo de este Congreso en lo que se refiere a avanzar en proyectos que contribuyan a mejorar la productividad y competitividad de la economía argentina, actualizando mucha legislación que resolvía este decreto que ahora hemos convertido en proyecto de ley -como corresponde- para ratificar la tarea de este Honorable Congreso.
SR. PRESIDENTE MACIAS Gracias, señor diputado.
Teniendo en cuenta que son varios los bloques que van a presentar dictámenes en minoría y que se están anotando para hacer uso de la palabra, les solicitamos que sean breves. Y los que van a presentar dictamen, que se lo hagan llegar al secretario de la Comisión, José Vega. Vamos a dar un plazo estimativo de dos horas después de finalizada esta reunión, porque sabemos que los tiempos son demasiado cortos y necesitamos tener todas las herramientas a fin de analizarlas una por una. Así que, les voy a agradecer la brevedad.
Tiene la palabra el señor diputado Lavagna.
Teniendo en cuenta que son varios los bloques que van a presentar dictámenes en minoría y que se están anotando para hacer uso de la palabra, les solicitamos que sean breves. Y los que van a presentar dictamen, que se lo hagan llegar al secretario de la Comisión, José Vega. Vamos a dar un plazo estimativo de dos horas después de finalizada esta reunión, porque sabemos que los tiempos son demasiado cortos y necesitamos tener todas las herramientas a fin de analizarlas una por una. Así que, les voy a agradecer la brevedad.
Tiene la palabra el señor diputado Lavagna.
SR. LAVAGNA Señor Presidente: simplemente quiero pedir un poco de flexibilidad en el plazo que está proponiendo.
Se trata de dictámenes largos, sobre todo el que vamos a tratar ahora, y entre que uno lo compagina y termina, lleva tiempo. Trataremos de hacer el esfuerzo de entregarlo antes de las dos horas que usted propone, pero solicito algún grado flexibilidad en aras de que podamos terminarlo en forma correcta.
Nosotros vamos a presentar un dictamen propio; por eso le pido un poco de flexibilidad. Reitero que haremos todo el esfuerzo para presentarlo en el tiempo, pero sepan ser un poco indulgentes.
Se trata de dictámenes largos, sobre todo el que vamos a tratar ahora, y entre que uno lo compagina y termina, lleva tiempo. Trataremos de hacer el esfuerzo de entregarlo antes de las dos horas que usted propone, pero solicito algún grado flexibilidad en aras de que podamos terminarlo en forma correcta.
Nosotros vamos a presentar un dictamen propio; por eso le pido un poco de flexibilidad. Reitero que haremos todo el esfuerzo para presentarlo en el tiempo, pero sepan ser un poco indulgentes.
SR. PRESIDENTE MACIAS Señor diputado: le agradeceremos porque si no, no llegamos para mañana; por eso es el apuro, pero vamos a tener en cuenta su pedido.
Tiene la palabra el señor diputado Lipovetzky.
Tiene la palabra el señor diputado Lipovetzky.
SR. LIPOVETZKY Señor presidente: quisiera agregar que a las 17 hemos convocado otro plenario de la Comisión de Legislación General conjunto con la Comisión de Transportes. En el proyecto que se va a tratar se incorpora un artículo donde se derogan los capítulos correspondientes al DNU vinculado con ese proyecto. Y seguramente en la reunión que tenemos prevista para el día de mañana haremos lo mismo con el proyecto que se debata.
Por lo tanto, cuando dictaminemos los tres proyectos de ley habremos cubierto todos los capítulos incluidos en el decreto de necesidad y urgencia 27/2018.
Por lo tanto, cuando dictaminemos los tres proyectos de ley habremos cubierto todos los capítulos incluidos en el decreto de necesidad y urgencia 27/2018.
SR. PRESIDENTE MACIAS Tiene la palabra el señor diputado Lavagna.
SR. LAVAGNA Señor presidente: quisiera hacer una aclaración.
En realidad, lo que correspondería, más que derogar el decreto, es tratar los dictámenes de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo por los que se pueda aceptar o rechazar el decreto.
En definitiva, acá estamos hablando de un DNU, entonces, lo legislativamente correcto sería aceptarlo o rechazarlo. Con lo cual, les pediría que incluyan en el orden del día los dictámenes para que se voten.
Si no se van a incorporar los dictámenes de la Comisión Bicameral, vamos a plantear la nulidad del DNU, que no es exactamente lo mismo que la derogación.
Como ustedes saben, nosotros tenemos un cuestionamiento, más allá del contenido del decreto y de las leyes que estamos discutiendo, sobre la forma irregular en la cual se pone en funcionamiento este DNU. Hicimos un planteo judicial porque creemos que esta es la vía para discutir las leyes.
Entonces, me parece que lo correcto sería que tratemos los dictámenes de la Comisión Bicameral.
En realidad, lo que correspondería, más que derogar el decreto, es tratar los dictámenes de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo por los que se pueda aceptar o rechazar el decreto.
En definitiva, acá estamos hablando de un DNU, entonces, lo legislativamente correcto sería aceptarlo o rechazarlo. Con lo cual, les pediría que incluyan en el orden del día los dictámenes para que se voten.
Si no se van a incorporar los dictámenes de la Comisión Bicameral, vamos a plantear la nulidad del DNU, que no es exactamente lo mismo que la derogación.
Como ustedes saben, nosotros tenemos un cuestionamiento, más allá del contenido del decreto y de las leyes que estamos discutiendo, sobre la forma irregular en la cual se pone en funcionamiento este DNU. Hicimos un planteo judicial porque creemos que esta es la vía para discutir las leyes.
Entonces, me parece que lo correcto sería que tratemos los dictámenes de la Comisión Bicameral.
SR. PRESIDENTE MACIAS Tiene la palabra el señor diputado Tonelli.
SR. TONELLI Señor presidente: quiero hacer una aclaración. Discrepo con el diputado Lavagna con respecto a lo que ha dicho.
De acuerdo con el régimen constitucional y legal establecido en la ley 26.122, los decretos de necesidad y urgencia tienen la misma jerarquía normativa que una ley; de hecho, por su contenido, son una ley. Por lo tanto, rigen hasta tanto sean declarados inválidos por las dos Cámaras del Congreso o hasta que sean reemplazados o derogados por otra ley.
De modo que no hay necesidad estricta de declarar la invalidez o la nulidad del decreto de necesidad y urgencia 27/2018. Es perfectamente lícito y válido que, si se aprueba una ley cuyo contenido reemplaza o sustituye al del decreto 27/2018, simplemente esa misma ley lo derogue como haría con cualquier otra ley antecedente o anterior a la norma de que se trata.
Dejo esto aclarado porque me parece que si no, nos vamos a meter en una discusión ociosa y que carece de sentido.
De acuerdo con el régimen constitucional y legal establecido en la ley 26.122, los decretos de necesidad y urgencia tienen la misma jerarquía normativa que una ley; de hecho, por su contenido, son una ley. Por lo tanto, rigen hasta tanto sean declarados inválidos por las dos Cámaras del Congreso o hasta que sean reemplazados o derogados por otra ley.
De modo que no hay necesidad estricta de declarar la invalidez o la nulidad del decreto de necesidad y urgencia 27/2018. Es perfectamente lícito y válido que, si se aprueba una ley cuyo contenido reemplaza o sustituye al del decreto 27/2018, simplemente esa misma ley lo derogue como haría con cualquier otra ley antecedente o anterior a la norma de que se trata.
Dejo esto aclarado porque me parece que si no, nos vamos a meter en una discusión ociosa y que carece de sentido.
SR. PRESIDENTE MACÍAS Tiene la palabra la señora diputada Siley.
Sra. Siley.- Señor presidente: buenas tardes a todos y a todas.
En primer lugar, nuestro bloque plantea que estamos discutiendo un proyecto de ley que ya se encuentra en vigencia a través de un decreto de necesidad y urgencia del que solicitamos -en forma paralela- su derogación en la comisión bicameral respectiva.
Nuestro bloque ratifica la solicitud de derogación del decreto de necesidad y urgencia mencionado y el rechazo a este tipo de proyecto de ley.
Me interesaría referirme en particular a un aspecto contenido en este proyecto de ley relacionado con el mundo del trabajo: la modificación del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales.
Tal como deben saber los diputados y diputadas, en este registro denominado REPSAL se coloca a los empleadores y personas que tienen trabajadores y trabajadoras bajo su dependencia, que han cometido el delito de falta de registración laboral -donde se encuadra el ministro de Trabajo, que fue denunciado en dos ocasiones por trabajadoras bajo su dependencia que no fueron registradas debidamente-, de falta de aportes al sistema de seguridad social y que impiden el ingreso a los inspectores del Trabajo a los establecimientos donde hay trabajadores y trabajadoras en negro. Este gobierno ha utilizado al gran problema del blanqueo como excusa para impulsar el llamado proyecto de reforma laboral, que por suerte frenamos en el Senado.
El proyecto en consideración reduce el plazo durante el cual los empresarios están incluidos en este registro, lo cual ya fue establecido por medio de un DNU. O sea, lo que estamos discutiendo en un proyecto de ley ya está vigente a través de un decreto de necesidad y urgencia. El plazo durante el cual el infractor está incluido en el registro pasa de 60 a 30 días.
Los infractores, o sea los empresarios que cometieron estos delitos, están incluidos en un registro a modo de sanción, por lo cual no pueden tomar créditos, no pueden formar parte de licitaciones ni pueden recibir subsidios del Estado. Están sancionados porque están cometiendo el delito de tener trabajadores y trabajadoras en negro. Entonces, si la política del gobierno es reducir el trabajo en negro y blanquear, ¿por qué reducen las sanciones como el plazo durante el cual están incluidos en el registro de infractores los empresarios que han cometido estos delitos? Esta es otra "flagrante" contradicción -palabra que está tan de moda- por parte de gobierno de Cambiemos. Este creo que es uno de los puntos más graves del proyecto en consideración.
El otro asunto al que quiero hacer referencia es la reforma del artículo 4° de la ley 24.240, de defensa del consumidor. El gobierno ha impulsado un foro del consumo. Este es un reclamo formulado tanto por el sector empresarial gráfico como por la Federación de Trabajadores Gráficos con respecto al daño que se produce cuando todas aquellas empresas que emiten facturas, recibos y otras notificaciones a los consumidores de bienes y servicios puedan hacerlo de manera digital y no por medio de soporte físico, o sea en papel. Esto daña la industria gráfica y sobre todas las cosas los principios generales de los derechos de los consumidores, los cuales son el principio protectorio, el orden público, in dubio pro consumidor, trato digno y equitativo, gratuidad y deber de información. ¿Cuántos consumidores pueden acceder a información respecto de sus servicios o -para ser simples y sencillos- respecto de los datos de su tarjeta de crédito si no tienen el soporte papel? Solamente muy pocos.
Hemos insistido en que se sostenga la redacción anterior de la ley 24.240, de modo que el principal soporte sea el físico, el papel. Si el consumidor no quiere recibir la copia en papel, que pueda elegir la opción de la vía digital. Por supuesto, más allá de que nosotros modifiquemos el proyecto de ley, esto seguirá vigente en el DNU. Insistimos por ello en la derogación de esa norma.
Sra. Siley.- Señor presidente: buenas tardes a todos y a todas.
En primer lugar, nuestro bloque plantea que estamos discutiendo un proyecto de ley que ya se encuentra en vigencia a través de un decreto de necesidad y urgencia del que solicitamos -en forma paralela- su derogación en la comisión bicameral respectiva.
Nuestro bloque ratifica la solicitud de derogación del decreto de necesidad y urgencia mencionado y el rechazo a este tipo de proyecto de ley.
Me interesaría referirme en particular a un aspecto contenido en este proyecto de ley relacionado con el mundo del trabajo: la modificación del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales.
Tal como deben saber los diputados y diputadas, en este registro denominado REPSAL se coloca a los empleadores y personas que tienen trabajadores y trabajadoras bajo su dependencia, que han cometido el delito de falta de registración laboral -donde se encuadra el ministro de Trabajo, que fue denunciado en dos ocasiones por trabajadoras bajo su dependencia que no fueron registradas debidamente-, de falta de aportes al sistema de seguridad social y que impiden el ingreso a los inspectores del Trabajo a los establecimientos donde hay trabajadores y trabajadoras en negro. Este gobierno ha utilizado al gran problema del blanqueo como excusa para impulsar el llamado proyecto de reforma laboral, que por suerte frenamos en el Senado.
El proyecto en consideración reduce el plazo durante el cual los empresarios están incluidos en este registro, lo cual ya fue establecido por medio de un DNU. O sea, lo que estamos discutiendo en un proyecto de ley ya está vigente a través de un decreto de necesidad y urgencia. El plazo durante el cual el infractor está incluido en el registro pasa de 60 a 30 días.
Los infractores, o sea los empresarios que cometieron estos delitos, están incluidos en un registro a modo de sanción, por lo cual no pueden tomar créditos, no pueden formar parte de licitaciones ni pueden recibir subsidios del Estado. Están sancionados porque están cometiendo el delito de tener trabajadores y trabajadoras en negro. Entonces, si la política del gobierno es reducir el trabajo en negro y blanquear, ¿por qué reducen las sanciones como el plazo durante el cual están incluidos en el registro de infractores los empresarios que han cometido estos delitos? Esta es otra "flagrante" contradicción -palabra que está tan de moda- por parte de gobierno de Cambiemos. Este creo que es uno de los puntos más graves del proyecto en consideración.
El otro asunto al que quiero hacer referencia es la reforma del artículo 4° de la ley 24.240, de defensa del consumidor. El gobierno ha impulsado un foro del consumo. Este es un reclamo formulado tanto por el sector empresarial gráfico como por la Federación de Trabajadores Gráficos con respecto al daño que se produce cuando todas aquellas empresas que emiten facturas, recibos y otras notificaciones a los consumidores de bienes y servicios puedan hacerlo de manera digital y no por medio de soporte físico, o sea en papel. Esto daña la industria gráfica y sobre todas las cosas los principios generales de los derechos de los consumidores, los cuales son el principio protectorio, el orden público, in dubio pro consumidor, trato digno y equitativo, gratuidad y deber de información. ¿Cuántos consumidores pueden acceder a información respecto de sus servicios o -para ser simples y sencillos- respecto de los datos de su tarjeta de crédito si no tienen el soporte papel? Solamente muy pocos.
Hemos insistido en que se sostenga la redacción anterior de la ley 24.240, de modo que el principal soporte sea el físico, el papel. Si el consumidor no quiere recibir la copia en papel, que pueda elegir la opción de la vía digital. Por supuesto, más allá de que nosotros modifiquemos el proyecto de ley, esto seguirá vigente en el DNU. Insistimos por ello en la derogación de esa norma.
SR. PRESIDENTE MACÍAS Tiene la palabra el señor diputado Grana.
SR. GRANA Señor presidente: tenemos diferencias de opinión respecto de lo que está sucediendo con esta superposición de normas que estamos discutiendo.
Entendemos que la derogación parcial del DNU es una práctica por lo menos precaria. Básicamente estamos convencidos -y lo hemos planteado en todas las reuniones informativas que se hicieron- de que el decreto de necesidad y urgencia está viciado de nulidad por distintos motivos. No hay necesidad y urgencia que lo ampare y el Ejecutivo legisla sobre materias -penales, por ejemplo- en las que taxativamente no puede hacerlo.
Creemos que es una norma que está absolutamente viciada y que debe ser derogada en su totalidad, sobre todo si se quiere hacer ver que lo discutimos en el Congreso.
Es probable -y se está buscando un nuevo artilugio- que si este Congreso decide otra cosa, el decreto siga vigente. Entendemos que hay una enorme desprolijidad en ese sentido.
A nuestro entender, el proyecto tiene un título pomposo, y pareciera ser que para el Ejecutivo el Congreso es parte de la burocratización que hay que desburocratizar. De aquí que se incluyan tantos temas en el presente decreto.
Para resolver el problema, se presentan tres proyectos de ley que -debemos decirlo- son absolutamente inconexos. Cada uno de ellos modifica leyes vigentes que tratan cuestiones totalmente diferentes. De hecho, este proyecto que estamos considerando refiere a cuestiones económicas y a temáticas vinculadas al arte, al mundo del trabajo y al control del Estado. Se tratan en un mismo proyecto temas absolutamente inconexos entre sí. Entendemos que, si consideramos la técnica legislativa y la validez de lo que estamos discutiendo, esta no es una herramienta correcta.
Sin embargo, insisten, y se valen de una supuesta mayoría; veremos entre hoy y mañana cómo se lleva adelante esa mayoría o, mejor dicho, cómo se llevan por delante las atribuciones del Congreso de la Nación.
Puntualmente -así como lo hizo mi compañera Vanesa Siley- quiero referirme a las obras de arte. Este proyecto plantea una flexibilización en términos del movimiento de obras de arte hacia el exterior, lo que genera una posibilidad bien concreta de perder el patrimonio cultural de los argentinos y las argentinas.
A partir de este proyecto se evita el paso por la Aduana sin modificar el Código Aduanero, que es lo que debería hacerse para llevar adelante lo que aquí se plantea. Solo hay que hacer un aviso de movimiento de obras de arte, fundamentalmente de artistas que llevan más de cincuenta años fallecidos.
Por lo tanto, estamos generando una situación de desprotección absoluta. Esto no significa desburocratizar. Lo que se hace en el marco de este proyecto y con esta normativa es correr al Estado de la protección del patrimonio cultural. ¿Cuál es la excusa? Facilitar el movimiento y que no sea tan engorroso.
Sin embargo, hay cosas que deben ser engorrosas. Necesitamos preservar nuestro patrimonio cultural, tanto para mover una obra de arte como una pieza encontrada en las excavaciones que se realizan en el Norte de nuestro país, que tienen que ver con nuestra historia, con cómo se constituyeron nuestras sociedades y los pueblos originarios a partir de las técnicas que utilizaban. Todo eso tiene muchísimo valor en el mundo y los museos de las grandes capitales están llenos de piezas que valen millones porque tienen miles de años de antigüedad; sin embargo, nosotros estamos permitiendo que se muevan libremente en función de la necesidad del supuesto dueño o poseedor de dicha obra. Creemos que esto es absolutamente lesivo para el acervo y el patrimonio cultural de nuestro pueblo.
El resto de los compañeros se referirá a otros puntos de este proyecto de ley, pero con todos los vicios que tiene desde el punto de vista de la técnica legislativa y con el vicio de origen de ser el desarmado de un DNU, que nosotros entendemos ilegal, consideramos que sigue desprotegiendo a los argentinos, en este caso en lo relativo al patrimonio cultural, y antes mencionó la compañera Vanesa Siley en relación con los derechos laborales y la necesidad de regularizar la legislación que da protección a los trabajadores.
Por todo lo expuesto, adelantamos nuestro rechazo a este proyecto de ley. Gracias, señor presidente.
Entendemos que la derogación parcial del DNU es una práctica por lo menos precaria. Básicamente estamos convencidos -y lo hemos planteado en todas las reuniones informativas que se hicieron- de que el decreto de necesidad y urgencia está viciado de nulidad por distintos motivos. No hay necesidad y urgencia que lo ampare y el Ejecutivo legisla sobre materias -penales, por ejemplo- en las que taxativamente no puede hacerlo.
Creemos que es una norma que está absolutamente viciada y que debe ser derogada en su totalidad, sobre todo si se quiere hacer ver que lo discutimos en el Congreso.
Es probable -y se está buscando un nuevo artilugio- que si este Congreso decide otra cosa, el decreto siga vigente. Entendemos que hay una enorme desprolijidad en ese sentido.
A nuestro entender, el proyecto tiene un título pomposo, y pareciera ser que para el Ejecutivo el Congreso es parte de la burocratización que hay que desburocratizar. De aquí que se incluyan tantos temas en el presente decreto.
Para resolver el problema, se presentan tres proyectos de ley que -debemos decirlo- son absolutamente inconexos. Cada uno de ellos modifica leyes vigentes que tratan cuestiones totalmente diferentes. De hecho, este proyecto que estamos considerando refiere a cuestiones económicas y a temáticas vinculadas al arte, al mundo del trabajo y al control del Estado. Se tratan en un mismo proyecto temas absolutamente inconexos entre sí. Entendemos que, si consideramos la técnica legislativa y la validez de lo que estamos discutiendo, esta no es una herramienta correcta.
Sin embargo, insisten, y se valen de una supuesta mayoría; veremos entre hoy y mañana cómo se lleva adelante esa mayoría o, mejor dicho, cómo se llevan por delante las atribuciones del Congreso de la Nación.
Puntualmente -así como lo hizo mi compañera Vanesa Siley- quiero referirme a las obras de arte. Este proyecto plantea una flexibilización en términos del movimiento de obras de arte hacia el exterior, lo que genera una posibilidad bien concreta de perder el patrimonio cultural de los argentinos y las argentinas.
A partir de este proyecto se evita el paso por la Aduana sin modificar el Código Aduanero, que es lo que debería hacerse para llevar adelante lo que aquí se plantea. Solo hay que hacer un aviso de movimiento de obras de arte, fundamentalmente de artistas que llevan más de cincuenta años fallecidos.
Por lo tanto, estamos generando una situación de desprotección absoluta. Esto no significa desburocratizar. Lo que se hace en el marco de este proyecto y con esta normativa es correr al Estado de la protección del patrimonio cultural. ¿Cuál es la excusa? Facilitar el movimiento y que no sea tan engorroso.
Sin embargo, hay cosas que deben ser engorrosas. Necesitamos preservar nuestro patrimonio cultural, tanto para mover una obra de arte como una pieza encontrada en las excavaciones que se realizan en el Norte de nuestro país, que tienen que ver con nuestra historia, con cómo se constituyeron nuestras sociedades y los pueblos originarios a partir de las técnicas que utilizaban. Todo eso tiene muchísimo valor en el mundo y los museos de las grandes capitales están llenos de piezas que valen millones porque tienen miles de años de antigüedad; sin embargo, nosotros estamos permitiendo que se muevan libremente en función de la necesidad del supuesto dueño o poseedor de dicha obra. Creemos que esto es absolutamente lesivo para el acervo y el patrimonio cultural de nuestro pueblo.
El resto de los compañeros se referirá a otros puntos de este proyecto de ley, pero con todos los vicios que tiene desde el punto de vista de la técnica legislativa y con el vicio de origen de ser el desarmado de un DNU, que nosotros entendemos ilegal, consideramos que sigue desprotegiendo a los argentinos, en este caso en lo relativo al patrimonio cultural, y antes mencionó la compañera Vanesa Siley en relación con los derechos laborales y la necesidad de regularizar la legislación que da protección a los trabajadores.
Por todo lo expuesto, adelantamos nuestro rechazo a este proyecto de ley. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE MACIAS Tiene la palabra el señor diputado Carro.
SR. CARRO Señor presidente: veo que nos toca intervenir a todos los integrantes de mi bloque juntos.
Quisiera hacer una consideración general para sumar a lo ya dicho por nuestros compañeros y compañeras. En primer lugar, señalar la desprolijidad del gobierno al emitir un decreto de necesidad y urgencia cuando no había ninguna urgencia y cuando el Congreso estaba funcionando como para tratar estos proyectos.
En segundo término, me parece una desprolijidad que se eliminen o deroguen del decreto los aspectos que vayan siendo aprobados en este paquete de leyes.
Además, tengo que felicitar el ingenio que tienen para colocar títulos a los proyectos de ley porque el que nos toca discutir en la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas se titula: "Ley de simplificación y desburocratización para el desarrollo productivo de la Nación". Personalmente le pondría "ley de flexibilización, desprotección y ajuste" porque lo que busca es quitar derechos a quienes menos tienen, no solo a los trabajadores.
Por otra parte, quiero señalar que aquí también debería estar presente la Comisión de Legislación del Trabajo, ya que ahora nos dicen que se va a quitar el artículo referido a la inembargabilidad de la cuenta sueldo y eso atañe a los derechos laborales de manera específica.
Por último, quiero señalar que se favorece a las empresas y no solo a las que tienen que enviarnos resúmenes en papel. Si este proyecto incluyera que lo que se ahorra la empresa para hacer eso va al bolsillo de los usuarios sería una cosa, pero aquí claramente va a quedar en el bolsillo de los empresarios.
También en cuanto al hecho de que no se sancione o se baje el plazo a los empresarios que no cumplan, que ya lo dijo la diputada Siley con mucha claridad pero me parece que vale la pena repetirlo. Si lo que nosotros queremos es blanquear el trabajo en la Argentina, si lo que queremos es regularizar la situación del trabajo en la Argentina, para las empresas que incumplen con la legislación laboral debería haber mano dura y clara, porque un gobierno de empresarios que no castigue a los empresarios que incumplen las leyes es un gobierno que gobierna para los empresarios. (Aplausos.)
Quisiera hacer una consideración general para sumar a lo ya dicho por nuestros compañeros y compañeras. En primer lugar, señalar la desprolijidad del gobierno al emitir un decreto de necesidad y urgencia cuando no había ninguna urgencia y cuando el Congreso estaba funcionando como para tratar estos proyectos.
En segundo término, me parece una desprolijidad que se eliminen o deroguen del decreto los aspectos que vayan siendo aprobados en este paquete de leyes.
Además, tengo que felicitar el ingenio que tienen para colocar títulos a los proyectos de ley porque el que nos toca discutir en la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas se titula: "Ley de simplificación y desburocratización para el desarrollo productivo de la Nación". Personalmente le pondría "ley de flexibilización, desprotección y ajuste" porque lo que busca es quitar derechos a quienes menos tienen, no solo a los trabajadores.
Por otra parte, quiero señalar que aquí también debería estar presente la Comisión de Legislación del Trabajo, ya que ahora nos dicen que se va a quitar el artículo referido a la inembargabilidad de la cuenta sueldo y eso atañe a los derechos laborales de manera específica.
Por último, quiero señalar que se favorece a las empresas y no solo a las que tienen que enviarnos resúmenes en papel. Si este proyecto incluyera que lo que se ahorra la empresa para hacer eso va al bolsillo de los usuarios sería una cosa, pero aquí claramente va a quedar en el bolsillo de los empresarios.
También en cuanto al hecho de que no se sancione o se baje el plazo a los empresarios que no cumplan, que ya lo dijo la diputada Siley con mucha claridad pero me parece que vale la pena repetirlo. Si lo que nosotros queremos es blanquear el trabajo en la Argentina, si lo que queremos es regularizar la situación del trabajo en la Argentina, para las empresas que incumplen con la legislación laboral debería haber mano dura y clara, porque un gobierno de empresarios que no castigue a los empresarios que incumplen las leyes es un gobierno que gobierna para los empresarios. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE MACIAS Tiene la palabra el señor diputado Pereyra.
SR. PEREYRA Señor presidente: ya han dicho aquí que este famoso DNU ómnibus, que está dividido en tres proyectos, es muy abarcativo; hay para hablar de todo porque en estos proyectos se incluye de todo.
Me voy a referir a algo que me gustaría que corrigiera este gobierno cuanto antes, que es la preocupación que hay con las pymes que están cerrando, y si dejamos de hablar del mercado interno que va en baja, por lo menos tratemos de venderles a tantos que nos venden.
Hubo un déficit récord de la balanza comercial en el 2017 de 9.000 millones de dólares, y este año 2018 se estima en 10.000 millones de dólares. Me gustaría hacer una pregunta, para no decir sugerencia porque a quien el pueblo ha puesto para que gobierne debe hacerlo según su proyecto, como piensa y cree que es mejor para los argentinos. Pero lo que todos sabemos es que este Poder Ejecutivo está conformado por gente que viene de grandes empresas, los denominados CEO, o sea que vienen del mundo de los grandes negocios, de las grandes empresas argentinas. Cualquiera puede pensar que son las personas indicadas para hacer los mejores negocios en cuanto a los intereses de los argentinos.
Es bien sabido que dicen que nos abrimos al mundo, pero debemos discutir y defender los intereses de nuestra patria y los que están enfrente defenderán los intereses de su patria; está bien que sea así en esta libertad de mercado.
Pero si nosotros nos abrimos al mundo para que nos vendan lo que nosotros producimos y quien produce lo nuestro, que son muchas pymes y economías regionales que tienen que ir cerrando sus puertas porque no pueden competir, estamos en problemas.
Entonces, deberíamos mejorar en ese aspecto porque ya está muy claro que los buenos negocios son para la gente de afuera y no para nuestra gente, para los argentinos. Por eso quería decir esto.
Tengo experiencia muy exitosa desde muy joven en el mundo de los negocios hasta que vine a la política, y cuando fui intendente en varios períodos trataba de hacer las compras de la mejor manera posible y defendiendo los intereses del Estado, en ese caso, del estamento local. Ahora estamos debatiendo los intereses del estamento más importante como es el nacional.
Por lo tanto, creo que la gente que tiene contactos con el señor presidente y se comunica con los señores ministros debería decirles que mejoren un poco la puntería en este aspecto porque vamos en decadencia y todos esos déficits sabemos que se pagarán con créditos y más créditos. Esta película luego la veremos nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, pero seguramente no será la más maravillosa y feliz para los argentinos.
Me voy a referir a algo que me gustaría que corrigiera este gobierno cuanto antes, que es la preocupación que hay con las pymes que están cerrando, y si dejamos de hablar del mercado interno que va en baja, por lo menos tratemos de venderles a tantos que nos venden.
Hubo un déficit récord de la balanza comercial en el 2017 de 9.000 millones de dólares, y este año 2018 se estima en 10.000 millones de dólares. Me gustaría hacer una pregunta, para no decir sugerencia porque a quien el pueblo ha puesto para que gobierne debe hacerlo según su proyecto, como piensa y cree que es mejor para los argentinos. Pero lo que todos sabemos es que este Poder Ejecutivo está conformado por gente que viene de grandes empresas, los denominados CEO, o sea que vienen del mundo de los grandes negocios, de las grandes empresas argentinas. Cualquiera puede pensar que son las personas indicadas para hacer los mejores negocios en cuanto a los intereses de los argentinos.
Es bien sabido que dicen que nos abrimos al mundo, pero debemos discutir y defender los intereses de nuestra patria y los que están enfrente defenderán los intereses de su patria; está bien que sea así en esta libertad de mercado.
Pero si nosotros nos abrimos al mundo para que nos vendan lo que nosotros producimos y quien produce lo nuestro, que son muchas pymes y economías regionales que tienen que ir cerrando sus puertas porque no pueden competir, estamos en problemas.
Entonces, deberíamos mejorar en ese aspecto porque ya está muy claro que los buenos negocios son para la gente de afuera y no para nuestra gente, para los argentinos. Por eso quería decir esto.
Tengo experiencia muy exitosa desde muy joven en el mundo de los negocios hasta que vine a la política, y cuando fui intendente en varios períodos trataba de hacer las compras de la mejor manera posible y defendiendo los intereses del Estado, en ese caso, del estamento local. Ahora estamos debatiendo los intereses del estamento más importante como es el nacional.
Por lo tanto, creo que la gente que tiene contactos con el señor presidente y se comunica con los señores ministros debería decirles que mejoren un poco la puntería en este aspecto porque vamos en decadencia y todos esos déficits sabemos que se pagarán con créditos y más créditos. Esta película luego la veremos nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, pero seguramente no será la más maravillosa y feliz para los argentinos.
SR. PRESIDENTE MACÍAS Tiene la palabra el señor diputado Kicillof.
SR. KICILLOF Señor presidente: me parece que mi bloque ya ha sido claro en diferentes instancias al denunciar la violación que han hecho sobre nuestro orden institucional tanto el decreto como los posteriores proyectos de ley fragmentarios. La verdad que con este decreto y este proyecto de ley nuevamente se aplica lo más paupérrimo del método de gobierno de Macri, quien, al inicio de su gestión hizo lo mismo al nombrar a dos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por medio de un decreto, aplicando el "si pasa, pasa". Después tuvo que recular y terminó considerándose este tema en el Parlamento.
Durante el verano nos desayunamos por los medios que tratarían de legislar lo menos posible en el Parlamento luego de la experiencia que tuvieron en el mes de diciembre cuando intentaron dar sanción a tres proyectos de ley, de los cuales uno no pudo ser aprobado.
Alerto a los compañeros legisladores que los proyectos más complicados, como el de reforma laboral, intentarán sancionarlos durante el Mundial de Fútbol. Esto no tiene nada de democrático, de abierto, de dialoguista, de consensuado ni de republicano. Este mega decreto va en el mismo sentido porque es un engendro jurídico, es un engendro conceptual y ahora es un engendro legal.
Varias veces trataron de hacer pasar un decreto, como ya probaron varias veces, que al igual que otras leyes tiene el efecto Caperucita y el lobo: estamos frente a la abuelita con el lobo escondido adentro.
Nos presentan un decreto de "desburocratización", pero la verdad que no podemos hablar de desburocratización a la retirada del control del Estado, a darle más atribuciones al Poder Ejecutivo o a eludir la responsabilidad de los funcionarios públicos.
Esas son buenas intenciones con las que pretenden encubrir cosas tan groseras como las iniciativas que ya tuvieron que bajar. No sólo aplican el "si pasa, pasa" y no pasó el decreto y lo tienen que convertir en un proyecto de ley, sino que el "si pasa, pasa" fue el método que trataron de usar para embargar las cuentas sueldo a aquellos que este gobierno contribuyó a endeudar. En los diarios ahora salen notas todos los días sobre la preocupación que tienen los bancos en el sentido de si se pueden o no pagar los créditos UVA. Les recuerdo que con estos créditos trataron de reactivar la economía antes de las elecciones. La verdad que esto es peligroso y ustedes lo saben, porque quien tomó un crédito UVA al principio del régimen por un millón de pesos pagaba una cuota de 7.000 pesos y, luego de todos estos meses, la cuota es de 12.000 pesos pero le ocurre lo más perverso del sistema financiero: la persona pagó todas las cuotas y hoy debe 1.400.000 pesos. Luego de haber pagado todo, debe más dinero. Ahora las cuotas son casi el doble porque se ajustan por la inflación, que desde que asumió el presidente Macri ha sido del 88 por ciento. Esta situación afecta la cuota, pero a su vez como están ajustando el capital, los bancos y el sistema financiero están preocupados por la debilidad que pueden generarles el hecho de que no se puedan pagar los créditos UVA.
Esta debilidad también aparece en el proyecto del FGS, que probablemente traten de hacerlo actuar de garante para securitizar los créditos UVA. Me permito decir que esto es lo que llevó a la crisis de 2008, y no es un eufemismo ni un paralelismo tirado de los pelos sino una realidad. Cuando hay un sistema crediticio muy desarrollado y las familias no pueden sostener el pago de los créditos, se generan esos "balurdos" que hemos visto en la economía norteamericana y europea.
La verdad que es muy llamativo que dieran los créditos UVA y ahora planteen que hay mucho riesgo para los bancos. Están viendo cómo asegurar a los bancos, no a la gente. Y esto iría en paralelo con el decreto -que hoy está vigente y que, a espaldas de este Parlamento, ya firmó el presidente Macri- por el cual, a quien sacó un crédito UVA y no puede pagar, le van a manotear la cuenta sueldo.
La verdad es que no se puede gobernar más en contra de la gente.
Durante el verano nos desayunamos por los medios que tratarían de legislar lo menos posible en el Parlamento luego de la experiencia que tuvieron en el mes de diciembre cuando intentaron dar sanción a tres proyectos de ley, de los cuales uno no pudo ser aprobado.
Alerto a los compañeros legisladores que los proyectos más complicados, como el de reforma laboral, intentarán sancionarlos durante el Mundial de Fútbol. Esto no tiene nada de democrático, de abierto, de dialoguista, de consensuado ni de republicano. Este mega decreto va en el mismo sentido porque es un engendro jurídico, es un engendro conceptual y ahora es un engendro legal.
Varias veces trataron de hacer pasar un decreto, como ya probaron varias veces, que al igual que otras leyes tiene el efecto Caperucita y el lobo: estamos frente a la abuelita con el lobo escondido adentro.
Nos presentan un decreto de "desburocratización", pero la verdad que no podemos hablar de desburocratización a la retirada del control del Estado, a darle más atribuciones al Poder Ejecutivo o a eludir la responsabilidad de los funcionarios públicos.
Esas son buenas intenciones con las que pretenden encubrir cosas tan groseras como las iniciativas que ya tuvieron que bajar. No sólo aplican el "si pasa, pasa" y no pasó el decreto y lo tienen que convertir en un proyecto de ley, sino que el "si pasa, pasa" fue el método que trataron de usar para embargar las cuentas sueldo a aquellos que este gobierno contribuyó a endeudar. En los diarios ahora salen notas todos los días sobre la preocupación que tienen los bancos en el sentido de si se pueden o no pagar los créditos UVA. Les recuerdo que con estos créditos trataron de reactivar la economía antes de las elecciones. La verdad que esto es peligroso y ustedes lo saben, porque quien tomó un crédito UVA al principio del régimen por un millón de pesos pagaba una cuota de 7.000 pesos y, luego de todos estos meses, la cuota es de 12.000 pesos pero le ocurre lo más perverso del sistema financiero: la persona pagó todas las cuotas y hoy debe 1.400.000 pesos. Luego de haber pagado todo, debe más dinero. Ahora las cuotas son casi el doble porque se ajustan por la inflación, que desde que asumió el presidente Macri ha sido del 88 por ciento. Esta situación afecta la cuota, pero a su vez como están ajustando el capital, los bancos y el sistema financiero están preocupados por la debilidad que pueden generarles el hecho de que no se puedan pagar los créditos UVA.
Esta debilidad también aparece en el proyecto del FGS, que probablemente traten de hacerlo actuar de garante para securitizar los créditos UVA. Me permito decir que esto es lo que llevó a la crisis de 2008, y no es un eufemismo ni un paralelismo tirado de los pelos sino una realidad. Cuando hay un sistema crediticio muy desarrollado y las familias no pueden sostener el pago de los créditos, se generan esos "balurdos" que hemos visto en la economía norteamericana y europea.
La verdad que es muy llamativo que dieran los créditos UVA y ahora planteen que hay mucho riesgo para los bancos. Están viendo cómo asegurar a los bancos, no a la gente. Y esto iría en paralelo con el decreto -que hoy está vigente y que, a espaldas de este Parlamento, ya firmó el presidente Macri- por el cual, a quien sacó un crédito UVA y no puede pagar, le van a manotear la cuenta sueldo.
La verdad es que no se puede gobernar más en contra de la gente.
SR. AMADEO Sí se puede; lo hiciste vos.
SR. KICILLOF Ese es el problema que tenemos.
Está muy bien que hayan sacado ese artículo, pero está muy mal el procedimiento. Estos proyectos de ley no son correctos, y me voy a referir a algunos artículos. La posición clara de nuestro bloque no es en cada capítulo derogar esa parte en la que han subdivido caprichosamente ese mega decreto.
Me permito decir que seguramente esto lo escribieron los privados. Dudo que se haya reunido una importante comisión de expertos para escribir todo esto que hoy tenemos que analizar rapidito, entre gallos y medianoche. Se necesita mucho trabajo. Se trata de un proyecto que favorece a los privados, que fue escrito por los privados, y es un decreto vigente.
Lo que tenemos que hacer es otra ley que derogue el decreto, y debemos hacerlo ya. Eso es lo que hay que hacer, no derogar capítulo por capítulo.
A esto se agregan puntos que ya han planteado mis compañeros.
Creo que debiéramos barajar y dar de nuevo. Si tienen estas ideas, si quieren favorecer a las pymes, juntémonos de nuevo, veamos cómo hacerlo. No se hace por medio de un megadecreto del presidente durante las vacaciones que, si no resulta, se envía a este Parlamento para que recoja la basura que quedó dividida en tres proyectos y lo convierta en ley.
Lo que no funcionó, no funcionó. Retírenlo. Sáquenlo. Sería lo más digno. Sobre todo, teniendo en cuenta que estamos todos corriendo -como nos tienen acostumbrados- para tratarlo mañana en la sesión. Ya está; no funcionó. Tengan un poquito de contemplación y vean la realidad. No insistan, no anduvo; retrocedan, den el tratamiento que corresponde en todas las comisiones, hagan funcionar al Parlamento.
La idea de esto era legislar sin el Parlamento. Como no funcionó, ahora quieren legislar con el Parlamento a un 10 por ciento. Pero quieren que nosotros seamos la escribanía de esta locura. La verdad es que no lo vamos a ser. Podemos también ir punto por punto, pero lo cierto es que no debieran siquiera someter esto a la consideración de los integrantes de su bloque. Ni saben lo que estamos votando. Quiero que cada uno me explique en detalle estos artículos. Hay algunos que son complicados y debiéramos poderlos discutir en este ámbito, y no en dos días, porque estamos amagando y viendo si se cae o no el decreto. Ahora vienen con este cambio respecto de la embargabilidad de las cuentas sueldo -que ya era algo muy grueso-, que es el tema que hemos planteado, pero en realidad esto tiene cinco o diez frentes en los que también debieran ir para atrás.
Creo que si le dan tiempo a la sociedad y al Parlamento de discutir esta iniciativa, van a tener que retroceder en cada una de las cuestiones. De aquí el apuro. Por eso gobiernan prepoteando y tratan de sacarlo por decreto; total, si no funciona, va al Parlamento, pero en dos días y sin que pase por todas las comisiones.
La verdad, no es así. No podemos discutirlo acá. No se puede discutir así.
Uno de los puntos graves que se han mencionado es el relativo al REPSAL; en este sentido, al bajar las sanciones de quienes fue probado fehacientemente que no registraron a su personal, van a contramano de todo lo que dicen por los canales de televisión. ¿Quién está de acuerdo con esto? No veo por qué este Parlamento lo tiene que votar. ¿En favor de quién hay que votarlo? Ya le dimos el blanqueo a los evasores. Ahora les vamos a dar el blanqueo a quienes no registran a sus empleados, a los "negreadores".
Con todas estas leyes estamos desprotegiendo a los trabajadores.
Son varias las cuestiones a las que queremos referirnos; hoy vamos a comentar algunas. Si bien muchas van a estar en nuestros dictámenes, no podemos dejar pasar lo relativo al registro en papel. Cuando vino Cabrera, el ministro de Producción, dijo que el resumen debe llegar impreso y que, si alguien quiere, lo puede recibir por internet, en cuyo caso a veces se paga menos porque tiene menos mantenimiento.
Esto invierte la opción: se debe solicitar el envío en papel. Y no es taxativo ni claro que no se vaya a cobrar. ¡Miren qué gracioso! Al segmento de la población que no tiene acceso a los medios virtuales o informáticos, los bancos -que cobran todo- se lo van a cobrar. Por lo menos tengamos la decencia de sacarlo del proyecto de ley. No sé quién puede decidir que es obligatorio recibirlos por Internet, no sé cuál es la razón ni de qué tipo de desburocratización se trata, fuera de segregar a la gente que tiene más dificultades. Al único que se defiende es al banco para que se ahorre unos mangos en lugar de hacerlo con quien tiene que recibir la factura. ¿Estamos defendiendo a los bancos para que se ahorren unos mangos? Por lo menos, tengamos la decencia de colocar en el proyecto que no se lo pueden cobrar. De todas formas, se lo van a dar de baja y cuando se enteren, veremos qué trámite hay que hacer. No sé si intentaron llamar a un banco para hacer un reclamo, es algo realmente muy difícil.
Entonces, estamos mandando a nuestros jubilados y a la población sin acceso a la red a que llamen al banco para pedir que nuevamente les envíen sus resúmenes impresos y veremos si no se los cobran. Esto no va, no sé en qué pensaba el presidente o mejor dicho, sospecho en qué pensaba. Este Parlamento no puede hacerlo. Que alguien defienda aquí esta iniciativa, el tema del REPSAL y sus leyes. Digan por qué, para qué, a quiénes quieren beneficiar y qué desburocratización está implícita en este tema.
Por otra parte, en relación con las sociedades anónimas -y estoy tratando de ser breve-, les están quitando la obligación de colocar el objeto claro y taxativo. ¿Para qué existe eso? Cuando uno abre una sociedad anónima tiene que definir el objeto, para no estafar a la clientela y evitar que luego aparezca un objeto oculto que le permita hacer otra cosa que la que dice que hace. En este proyecto quitan ese punto. ¿Quieren que toda la Argentina sea un paraíso fiscal, una offshore? ¿Qué pasa? Cada vez se piden menos requisitos y se abren empresas en 24 horas sin explicar nada. ¿Qué vamos a hacer cuando aparezcan los estafados? ¿Decir que era para desburocratizar?
El punto es que no pueden defender nada de todo esto, por eso el presidente lo saca por decreto y ahora ustedes vienen a discutirlo en dos horitas y ni siquiera lo derogan. No es lo que corresponde.
Ya se habló de lo relacionado con las obras de arte y también de otros temas, pero se trata de cientos de artículos que trataron de pasar por decreto y que tienen un pecado original. Esta ley está podrida porque se notó que trataron de pasarla de contrabando y como no pudieron, ahora tratan de hacerlo a las apuradas en el Congreso, pero hay muy pocas cosas defendibles y por eso hacen todo esto. No quieren venir al Congreso a discutir y no pueden defender el proyecto.
Quisiera agregar en relación con las pymes -todo el mascarón de proa que sería beneficiar a las pymes- que es una de cal y una de arena y que ni siquiera se trata de los problemas graves de las pequeñas y medianas empresas. Si quieren defenderlas, les podemos presentar montones de proyectos para que las tarifas no peguen de lleno en ellas como lo están haciendo.
En este sentido, quiero recordar -porque ya lo reclamamos en otra comisión- que el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, dejó de publicar el dato de las empresas que cierran por rubro. Entonces, como ahora decae el empleo industrial y aparece un 60 por ciento de crecimiento de monotributo dicen que está mejorando el empleo. No, no es así.
En cuanto a las empresas, con esta iniciativa se podrían crear 200 mil empresas por Internet. Si no nos dicen ni el rubro ni el tamaño, no sabemos y van a decir que se crearon más empresas. Sin embargo, todos sabemos que las pymes están en dificultades, porque les bajaron el salario y quieren seguir haciéndolo con paritarias al 12 o 15 por ciento, que ningún consultor dice que va a ser la tasa de inflación. Quieren manotear a los trabajadores 5, 6, 7 u 8 puntos más de salario real. Me pregunto cómo quieren que vendan las pymes, a quién y dónde, si están rompiendo el mercado interno. Con la tasa de interés de las LEBAC el financiamiento para las pymes es inaccesible. Un descuento de cheque -una clásica operación pyme- 80 por ciento. ¿Alguien tiene otro dato? No.
Entonces, ¿qué problema tenemos? El crédito carísimo, la demanda caída y los servicios creciendo. Ahora dicen que el gas va a crecer el 40 por ciento, sobre el mil por ciento de electricidad o el 800 por ciento de gas que ya aplicaron. Por lo tanto, 40 por ciento de mil por ciento no es 1.040 por ciento, es 1.400 y están concluyendo el plan Aranguren de subir 1.600 por ciento todos los servicios, mientras la producción de gas y petróleo cae.
Estas medidas eran para sacarnos de una crisis energética porque había poco gas y petróleo, pero cobran la tarifa y cada vez se produce menos. ¿Dónde se queda la plata? Hay importaciones, hay empresas que cobran, vimos los balances que se publicaron hace poco de las empresas eléctricas y son abultadísimos; se están llenando de guita con las tarifas que le cobran a la gente.
La verdad es que los problemas de las pymes son las tarifas, las tasas de interés inaccesibles, la caída de la demanda y la apertura de las importaciones. Acá tenemos a algunos compañeros de esta y otras bancadas que vienen siguiendo el tema de las importaciones. El otro día hasta la UIA hizo referencia a la cantidad de latas de tomates que importa la Argentina, ¿para qué? ¿Bajaron los precios? ¿Están controlando algo? No, están fundiendo empresas. Y ahora quieren firmar el acuerdo Unión Europea-Mercosur, donde ya quedó muy claro que nos van a dar tres empanadas, como en la película. Ese es el equivalente por persona de la carne que vamos a poder exportar, cuatro veces menos de lo que ofrecían hace unos años; y eso sería lo único bueno, que no es bueno. Todo lo demás es apertura de la economía para el ingreso de importaciones, como estamos haciendo, que pone en grave riesgo, cuando no lleva al quiebre a buena parte de nuestro tejido industrial.
O sea, ni por la forma ni por el contenido hay manera de que acompañemos este proyecto; no lo podemos acompañar, como no deberían hacerlo ustedes hasta leerlo, entenderlo y ver cuáles son los resultados. Porque ahora que está en el Congreso, por lo menos, dennos el tiempo en las comisiones y los procedimientos adecuados para discutirlo a fondo, a ver si sirve o no.
Los votaron a ustedes para estar acá. Sepan qué están votando. Este proyecto no hay que aprobarlo. Así que esa es la posición de nuestro bloque. (Aplausos.)
Está muy bien que hayan sacado ese artículo, pero está muy mal el procedimiento. Estos proyectos de ley no son correctos, y me voy a referir a algunos artículos. La posición clara de nuestro bloque no es en cada capítulo derogar esa parte en la que han subdivido caprichosamente ese mega decreto.
Me permito decir que seguramente esto lo escribieron los privados. Dudo que se haya reunido una importante comisión de expertos para escribir todo esto que hoy tenemos que analizar rapidito, entre gallos y medianoche. Se necesita mucho trabajo. Se trata de un proyecto que favorece a los privados, que fue escrito por los privados, y es un decreto vigente.
Lo que tenemos que hacer es otra ley que derogue el decreto, y debemos hacerlo ya. Eso es lo que hay que hacer, no derogar capítulo por capítulo.
A esto se agregan puntos que ya han planteado mis compañeros.
Creo que debiéramos barajar y dar de nuevo. Si tienen estas ideas, si quieren favorecer a las pymes, juntémonos de nuevo, veamos cómo hacerlo. No se hace por medio de un megadecreto del presidente durante las vacaciones que, si no resulta, se envía a este Parlamento para que recoja la basura que quedó dividida en tres proyectos y lo convierta en ley.
Lo que no funcionó, no funcionó. Retírenlo. Sáquenlo. Sería lo más digno. Sobre todo, teniendo en cuenta que estamos todos corriendo -como nos tienen acostumbrados- para tratarlo mañana en la sesión. Ya está; no funcionó. Tengan un poquito de contemplación y vean la realidad. No insistan, no anduvo; retrocedan, den el tratamiento que corresponde en todas las comisiones, hagan funcionar al Parlamento.
La idea de esto era legislar sin el Parlamento. Como no funcionó, ahora quieren legislar con el Parlamento a un 10 por ciento. Pero quieren que nosotros seamos la escribanía de esta locura. La verdad es que no lo vamos a ser. Podemos también ir punto por punto, pero lo cierto es que no debieran siquiera someter esto a la consideración de los integrantes de su bloque. Ni saben lo que estamos votando. Quiero que cada uno me explique en detalle estos artículos. Hay algunos que son complicados y debiéramos poderlos discutir en este ámbito, y no en dos días, porque estamos amagando y viendo si se cae o no el decreto. Ahora vienen con este cambio respecto de la embargabilidad de las cuentas sueldo -que ya era algo muy grueso-, que es el tema que hemos planteado, pero en realidad esto tiene cinco o diez frentes en los que también debieran ir para atrás.
Creo que si le dan tiempo a la sociedad y al Parlamento de discutir esta iniciativa, van a tener que retroceder en cada una de las cuestiones. De aquí el apuro. Por eso gobiernan prepoteando y tratan de sacarlo por decreto; total, si no funciona, va al Parlamento, pero en dos días y sin que pase por todas las comisiones.
La verdad, no es así. No podemos discutirlo acá. No se puede discutir así.
Uno de los puntos graves que se han mencionado es el relativo al REPSAL; en este sentido, al bajar las sanciones de quienes fue probado fehacientemente que no registraron a su personal, van a contramano de todo lo que dicen por los canales de televisión. ¿Quién está de acuerdo con esto? No veo por qué este Parlamento lo tiene que votar. ¿En favor de quién hay que votarlo? Ya le dimos el blanqueo a los evasores. Ahora les vamos a dar el blanqueo a quienes no registran a sus empleados, a los "negreadores".
Con todas estas leyes estamos desprotegiendo a los trabajadores.
Son varias las cuestiones a las que queremos referirnos; hoy vamos a comentar algunas. Si bien muchas van a estar en nuestros dictámenes, no podemos dejar pasar lo relativo al registro en papel. Cuando vino Cabrera, el ministro de Producción, dijo que el resumen debe llegar impreso y que, si alguien quiere, lo puede recibir por internet, en cuyo caso a veces se paga menos porque tiene menos mantenimiento.
Esto invierte la opción: se debe solicitar el envío en papel. Y no es taxativo ni claro que no se vaya a cobrar. ¡Miren qué gracioso! Al segmento de la población que no tiene acceso a los medios virtuales o informáticos, los bancos -que cobran todo- se lo van a cobrar. Por lo menos tengamos la decencia de sacarlo del proyecto de ley. No sé quién puede decidir que es obligatorio recibirlos por Internet, no sé cuál es la razón ni de qué tipo de desburocratización se trata, fuera de segregar a la gente que tiene más dificultades. Al único que se defiende es al banco para que se ahorre unos mangos en lugar de hacerlo con quien tiene que recibir la factura. ¿Estamos defendiendo a los bancos para que se ahorren unos mangos? Por lo menos, tengamos la decencia de colocar en el proyecto que no se lo pueden cobrar. De todas formas, se lo van a dar de baja y cuando se enteren, veremos qué trámite hay que hacer. No sé si intentaron llamar a un banco para hacer un reclamo, es algo realmente muy difícil.
Entonces, estamos mandando a nuestros jubilados y a la población sin acceso a la red a que llamen al banco para pedir que nuevamente les envíen sus resúmenes impresos y veremos si no se los cobran. Esto no va, no sé en qué pensaba el presidente o mejor dicho, sospecho en qué pensaba. Este Parlamento no puede hacerlo. Que alguien defienda aquí esta iniciativa, el tema del REPSAL y sus leyes. Digan por qué, para qué, a quiénes quieren beneficiar y qué desburocratización está implícita en este tema.
Por otra parte, en relación con las sociedades anónimas -y estoy tratando de ser breve-, les están quitando la obligación de colocar el objeto claro y taxativo. ¿Para qué existe eso? Cuando uno abre una sociedad anónima tiene que definir el objeto, para no estafar a la clientela y evitar que luego aparezca un objeto oculto que le permita hacer otra cosa que la que dice que hace. En este proyecto quitan ese punto. ¿Quieren que toda la Argentina sea un paraíso fiscal, una offshore? ¿Qué pasa? Cada vez se piden menos requisitos y se abren empresas en 24 horas sin explicar nada. ¿Qué vamos a hacer cuando aparezcan los estafados? ¿Decir que era para desburocratizar?
El punto es que no pueden defender nada de todo esto, por eso el presidente lo saca por decreto y ahora ustedes vienen a discutirlo en dos horitas y ni siquiera lo derogan. No es lo que corresponde.
Ya se habló de lo relacionado con las obras de arte y también de otros temas, pero se trata de cientos de artículos que trataron de pasar por decreto y que tienen un pecado original. Esta ley está podrida porque se notó que trataron de pasarla de contrabando y como no pudieron, ahora tratan de hacerlo a las apuradas en el Congreso, pero hay muy pocas cosas defendibles y por eso hacen todo esto. No quieren venir al Congreso a discutir y no pueden defender el proyecto.
Quisiera agregar en relación con las pymes -todo el mascarón de proa que sería beneficiar a las pymes- que es una de cal y una de arena y que ni siquiera se trata de los problemas graves de las pequeñas y medianas empresas. Si quieren defenderlas, les podemos presentar montones de proyectos para que las tarifas no peguen de lleno en ellas como lo están haciendo.
En este sentido, quiero recordar -porque ya lo reclamamos en otra comisión- que el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, dejó de publicar el dato de las empresas que cierran por rubro. Entonces, como ahora decae el empleo industrial y aparece un 60 por ciento de crecimiento de monotributo dicen que está mejorando el empleo. No, no es así.
En cuanto a las empresas, con esta iniciativa se podrían crear 200 mil empresas por Internet. Si no nos dicen ni el rubro ni el tamaño, no sabemos y van a decir que se crearon más empresas. Sin embargo, todos sabemos que las pymes están en dificultades, porque les bajaron el salario y quieren seguir haciéndolo con paritarias al 12 o 15 por ciento, que ningún consultor dice que va a ser la tasa de inflación. Quieren manotear a los trabajadores 5, 6, 7 u 8 puntos más de salario real. Me pregunto cómo quieren que vendan las pymes, a quién y dónde, si están rompiendo el mercado interno. Con la tasa de interés de las LEBAC el financiamiento para las pymes es inaccesible. Un descuento de cheque -una clásica operación pyme- 80 por ciento. ¿Alguien tiene otro dato? No.
Entonces, ¿qué problema tenemos? El crédito carísimo, la demanda caída y los servicios creciendo. Ahora dicen que el gas va a crecer el 40 por ciento, sobre el mil por ciento de electricidad o el 800 por ciento de gas que ya aplicaron. Por lo tanto, 40 por ciento de mil por ciento no es 1.040 por ciento, es 1.400 y están concluyendo el plan Aranguren de subir 1.600 por ciento todos los servicios, mientras la producción de gas y petróleo cae.
Estas medidas eran para sacarnos de una crisis energética porque había poco gas y petróleo, pero cobran la tarifa y cada vez se produce menos. ¿Dónde se queda la plata? Hay importaciones, hay empresas que cobran, vimos los balances que se publicaron hace poco de las empresas eléctricas y son abultadísimos; se están llenando de guita con las tarifas que le cobran a la gente.
La verdad es que los problemas de las pymes son las tarifas, las tasas de interés inaccesibles, la caída de la demanda y la apertura de las importaciones. Acá tenemos a algunos compañeros de esta y otras bancadas que vienen siguiendo el tema de las importaciones. El otro día hasta la UIA hizo referencia a la cantidad de latas de tomates que importa la Argentina, ¿para qué? ¿Bajaron los precios? ¿Están controlando algo? No, están fundiendo empresas. Y ahora quieren firmar el acuerdo Unión Europea-Mercosur, donde ya quedó muy claro que nos van a dar tres empanadas, como en la película. Ese es el equivalente por persona de la carne que vamos a poder exportar, cuatro veces menos de lo que ofrecían hace unos años; y eso sería lo único bueno, que no es bueno. Todo lo demás es apertura de la economía para el ingreso de importaciones, como estamos haciendo, que pone en grave riesgo, cuando no lleva al quiebre a buena parte de nuestro tejido industrial.
O sea, ni por la forma ni por el contenido hay manera de que acompañemos este proyecto; no lo podemos acompañar, como no deberían hacerlo ustedes hasta leerlo, entenderlo y ver cuáles son los resultados. Porque ahora que está en el Congreso, por lo menos, dennos el tiempo en las comisiones y los procedimientos adecuados para discutirlo a fondo, a ver si sirve o no.
Los votaron a ustedes para estar acá. Sepan qué están votando. Este proyecto no hay que aprobarlo. Así que esa es la posición de nuestro bloque. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE MACIAS Tiene la palabra el señor diputado Lavagna.
SR. LAVAGNA Señor presidente: vuelvo a hacer un planteo que hicimos en la reunión informativa anterior. No voy a polemizar con el diputado Tonelli porque un poco más que yo de temas legales sabe, así que le voy a dar la derecha.
Creo que todo lo que estamos discutiendo permanentemente es la utilización de los DNU como herramienta para saltear al Congreso. En esa línea vuelvo a plantear lo que vengo diciendo: es necesario que este año discutamos la modificación de la ley de DNU. El primer punto debe ser dar vuelta atrás el cambio que se hizo en el 2006, pero creo que podemos mejorar mucho. Digo esto para salvar la discusión de DNU.
Ya me anticipé diciendo que en nuestro dictamen nosotros vamos a plantear la nulidad del decreto.
Y voy a ir específicamente a algunos capítulos concretos que me gustaría marcar sobre el proyecto de desarrollo productivo de la Nación.
El primer punto es el Capítulo II, denominado "Fondo de Garantía argentino". Nosotros rechazamos todo este capítulo porque ya lo tratamos hace dos o tres meses, cuando consideramos el presupuesto. Cuando debatimos el presupuesto, que terminó siendo la ley 27.431, contemplamos en su artículo 56: "...extinguir y liquidar el Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fonapyme), el Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fogapyme)..." Esto es lo mismo que estamos modificando con este capítulo. Entonces, si hace tres meses el Congreso decidió liquidarlo -dicho sea de paso, les comento que me opuse a esa liquidación porque creo que es un error- no veo por qué ahora estamos aprobando una ley que modifica algo que estamos liquidando.
El otro día lo pregunté, pero no tuve respuesta sobre este tema. Por lo tanto, nuestro planteo va a ser directamente eliminar todo el capítulo, por lo que no lo vamos a incluir en nuestro dictamen.
En cuanto al Capítulo III, que tiene que ver con las SGR, les comento que soy un gran defensor de esas sociedades porque creo que son una herramienta muy válida para el financiamiento de las pymes y en particular de las pymes regionales. Lamentablemente en la Argentina no está funcionando como debería hacerlo.
Creo que hay que hacer un cambio más profundo. Por medio de este proyecto se proponen algunas modificaciones, sobre las que no tengo mayores objeciones por lo que voy a proponer algunos cambios, pero el problema de fondo es que las SGR no terminan siendo lo que deberían ser y el proyecto no lo soluciona. Creo que tiene que haber un cambio más profundo. Seguramente durante el transcurso del año nosotros propondremos algún proyecto de ley o un cambio más profundo sobre el sistema porque entiendo que es lo que hay que hacer.
Voy a mostrar algunos números para que todos entendamos de qué estamos hablando. El costo fiscal del sistema SGR es de 3.188 millones de pesos por año según el presupuesto de 2018. Por medio de este sistema se da garantía sólo a 14.000 pymes, lo que significa que gastamos 227.000 pesos por empresa. Considero que es más fácil darle este monto a cada empresa porque de esta manera obtendrá un beneficio mayor. Esta es la lógica que debemos cambiar. Insisto nuevamente en que soy un gran defensor del sistema de garantías recíprocas pero debemos discutir el problema de fondo.
El tema que más ruido nos hace en el capítulo de sociedades es la obligatoriedad que pareciera tener la utilización de la plataforma de modernización, porque creo que estas son atribuciones de cada de las provincias. Yo suavizaría la redacción o no lo pondría como algo obligatorio o taxativo.
No tenemos ningún inconveniente con el fondo social ni con el de Industria.
En relación con el tema de las obras de arte hay dos cosas que queremos mencionar: una es la que hace a este capítulo y la otra la vamos a tratar mañana que son las modificaciones que se proponen en la UIF. Los dos temas tienen alguna injerencia. Vamos a aceptar los cambios y propondremos algunas modificaciones principalmente en lo referente al control de la Aduana. Porque de acuerdo a lo establecido en el proyecto se pueden exportar hasta 15 obras de arte sin el control de la Aduana, por lo tanto, puedo exportar 20 obras de arte. Por otra parte, quiero saber quién fija los valores de estas obras de arte, porque si se trabaja a través de declaraciones juradas claramente existe el riesgo de fomentar el lavado de dinero, lo que se une con el tema de la UIF sobre lo que luego vamos hacer una proposición. Nuestro dictamen va a incluir algunos cambios en relación con la incorporación de la Aduana y de más controles.
Si bien estamos de acuerdo en hacer más sencilla la exportación de obras de arte, sobre todo en el caso de las galerías que quieren hacer exposiciones en el extranjero, esto no debe significar la pérdida de todo tipo de control de parte de la Aduana.
Otro de los puntos preocupantes es el del SENASA. Por medio este proyecto de ley se derogan prácticamente 15 leyes o decretos muy viejos. Hay algunas normas que datan de 1988. Creo que la legislación debe ser actualizada, pero hace falta una estrategia de sanidad un poco más clara y hoy no ocurre esto. Nosotros vamos a aceptar el artículo 111 que deroga las normas mencionadas, pero propondremos la incorporación de otro artículo que genere la obligación de que el SENASA o la autoridad del Ministerio de Agricultura presente semestralmente ante la Comisión de Agricultura del Congreso de la Nación un informe sobre los trabajos en materia de sanidad que se están realizando y cuál es el programa de sanidad que efectivamente se está llevando adelante.
Con respecto al tema de la cuenta sueldo, seguramente se eliminará en el dictamen del oficialismo; también lo hacemos en el nuestro. El diputado Arroyo fue más que claro en las comisiones al manifestar nuestro rechazo de ese artículo.
También vamos a proponer algunos cambios en materia de inclusión financiera -principalmente en lo que tiene que ver con la firma digital- a los fines de que los mercados sean los más amplios posibles, sobre todo en descuentos de cheques y demás. No quiero leer artículo por artículo, pero vamos a incluir algunas modificaciones. Espero que las podamos discutir, de modo de poder aprobarlas en el recinto y permitir que se amplíen los mercados en los que se puedan descontar cheques y otros instrumentos, que son los que efectivamente necesitan con urgencia las pymes. De lo contrario, corremos el riesgo -y también lo corre la SGR, como decíamos antes- de terminar financiando siempre a un pequeño sector, sin tener un mercado financiero que esté a disposición de la pequeña y mediana empresa y de las empresas regionales y que les permitan apalancarse y desarrollarse con más claridad.
Obviamente, hay otras cuestiones pero, a grandes rasgos, estas son las que incluiremos en el dictamen que vamos a presentar -seguramente será en minoría-; esperamos seguir discutiendo para poder incorporarlas.
Creo que todo lo que estamos discutiendo permanentemente es la utilización de los DNU como herramienta para saltear al Congreso. En esa línea vuelvo a plantear lo que vengo diciendo: es necesario que este año discutamos la modificación de la ley de DNU. El primer punto debe ser dar vuelta atrás el cambio que se hizo en el 2006, pero creo que podemos mejorar mucho. Digo esto para salvar la discusión de DNU.
Ya me anticipé diciendo que en nuestro dictamen nosotros vamos a plantear la nulidad del decreto.
Y voy a ir específicamente a algunos capítulos concretos que me gustaría marcar sobre el proyecto de desarrollo productivo de la Nación.
El primer punto es el Capítulo II, denominado "Fondo de Garantía argentino". Nosotros rechazamos todo este capítulo porque ya lo tratamos hace dos o tres meses, cuando consideramos el presupuesto. Cuando debatimos el presupuesto, que terminó siendo la ley 27.431, contemplamos en su artículo 56: "...extinguir y liquidar el Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fonapyme), el Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fogapyme)..." Esto es lo mismo que estamos modificando con este capítulo. Entonces, si hace tres meses el Congreso decidió liquidarlo -dicho sea de paso, les comento que me opuse a esa liquidación porque creo que es un error- no veo por qué ahora estamos aprobando una ley que modifica algo que estamos liquidando.
El otro día lo pregunté, pero no tuve respuesta sobre este tema. Por lo tanto, nuestro planteo va a ser directamente eliminar todo el capítulo, por lo que no lo vamos a incluir en nuestro dictamen.
En cuanto al Capítulo III, que tiene que ver con las SGR, les comento que soy un gran defensor de esas sociedades porque creo que son una herramienta muy válida para el financiamiento de las pymes y en particular de las pymes regionales. Lamentablemente en la Argentina no está funcionando como debería hacerlo.
Creo que hay que hacer un cambio más profundo. Por medio de este proyecto se proponen algunas modificaciones, sobre las que no tengo mayores objeciones por lo que voy a proponer algunos cambios, pero el problema de fondo es que las SGR no terminan siendo lo que deberían ser y el proyecto no lo soluciona. Creo que tiene que haber un cambio más profundo. Seguramente durante el transcurso del año nosotros propondremos algún proyecto de ley o un cambio más profundo sobre el sistema porque entiendo que es lo que hay que hacer.
Voy a mostrar algunos números para que todos entendamos de qué estamos hablando. El costo fiscal del sistema SGR es de 3.188 millones de pesos por año según el presupuesto de 2018. Por medio de este sistema se da garantía sólo a 14.000 pymes, lo que significa que gastamos 227.000 pesos por empresa. Considero que es más fácil darle este monto a cada empresa porque de esta manera obtendrá un beneficio mayor. Esta es la lógica que debemos cambiar. Insisto nuevamente en que soy un gran defensor del sistema de garantías recíprocas pero debemos discutir el problema de fondo.
El tema que más ruido nos hace en el capítulo de sociedades es la obligatoriedad que pareciera tener la utilización de la plataforma de modernización, porque creo que estas son atribuciones de cada de las provincias. Yo suavizaría la redacción o no lo pondría como algo obligatorio o taxativo.
No tenemos ningún inconveniente con el fondo social ni con el de Industria.
En relación con el tema de las obras de arte hay dos cosas que queremos mencionar: una es la que hace a este capítulo y la otra la vamos a tratar mañana que son las modificaciones que se proponen en la UIF. Los dos temas tienen alguna injerencia. Vamos a aceptar los cambios y propondremos algunas modificaciones principalmente en lo referente al control de la Aduana. Porque de acuerdo a lo establecido en el proyecto se pueden exportar hasta 15 obras de arte sin el control de la Aduana, por lo tanto, puedo exportar 20 obras de arte. Por otra parte, quiero saber quién fija los valores de estas obras de arte, porque si se trabaja a través de declaraciones juradas claramente existe el riesgo de fomentar el lavado de dinero, lo que se une con el tema de la UIF sobre lo que luego vamos hacer una proposición. Nuestro dictamen va a incluir algunos cambios en relación con la incorporación de la Aduana y de más controles.
Si bien estamos de acuerdo en hacer más sencilla la exportación de obras de arte, sobre todo en el caso de las galerías que quieren hacer exposiciones en el extranjero, esto no debe significar la pérdida de todo tipo de control de parte de la Aduana.
Otro de los puntos preocupantes es el del SENASA. Por medio este proyecto de ley se derogan prácticamente 15 leyes o decretos muy viejos. Hay algunas normas que datan de 1988. Creo que la legislación debe ser actualizada, pero hace falta una estrategia de sanidad un poco más clara y hoy no ocurre esto. Nosotros vamos a aceptar el artículo 111 que deroga las normas mencionadas, pero propondremos la incorporación de otro artículo que genere la obligación de que el SENASA o la autoridad del Ministerio de Agricultura presente semestralmente ante la Comisión de Agricultura del Congreso de la Nación un informe sobre los trabajos en materia de sanidad que se están realizando y cuál es el programa de sanidad que efectivamente se está llevando adelante.
Con respecto al tema de la cuenta sueldo, seguramente se eliminará en el dictamen del oficialismo; también lo hacemos en el nuestro. El diputado Arroyo fue más que claro en las comisiones al manifestar nuestro rechazo de ese artículo.
También vamos a proponer algunos cambios en materia de inclusión financiera -principalmente en lo que tiene que ver con la firma digital- a los fines de que los mercados sean los más amplios posibles, sobre todo en descuentos de cheques y demás. No quiero leer artículo por artículo, pero vamos a incluir algunas modificaciones. Espero que las podamos discutir, de modo de poder aprobarlas en el recinto y permitir que se amplíen los mercados en los que se puedan descontar cheques y otros instrumentos, que son los que efectivamente necesitan con urgencia las pymes. De lo contrario, corremos el riesgo -y también lo corre la SGR, como decíamos antes- de terminar financiando siempre a un pequeño sector, sin tener un mercado financiero que esté a disposición de la pequeña y mediana empresa y de las empresas regionales y que les permitan apalancarse y desarrollarse con más claridad.
Obviamente, hay otras cuestiones pero, a grandes rasgos, estas son las que incluiremos en el dictamen que vamos a presentar -seguramente será en minoría-; esperamos seguir discutiendo para poder incorporarlas.
SR. PRESIDENTE MACÍAS Tiene la palabra la señora diputada Passo.
SRA. PASSO Señor presidente: en primer lugar, y en el marco de esta intención de tratamiento exprés de los tres megaproyectos de ley que vienen a reemplazar -como bien expresó técnicamente mi compañero Lavagna- el decreto de necesidad y urgencia viciado de nulidad, lamento que este proyecto en tratamiento no haya sido girado a la Comisión de Defensa del Consumidor, el Usuario y la Competencia, ya que justamente en uno de los artículos del Capítulo XIV se pretende modificar un artículo de la ley de Defensa al Consumidor, la 24.240.
En el mismo sentido y por los mismos argumentos, debemos expresar que estamos en contra del artículo 117.
Con estos dos artículos se pretende avalar -lo que a nuestro entender es inaceptable- que las empresas dejen de enviar las facturas y los resúmenes de las tarjetas de crédito en soporte papel sin consentimiento previo del usuario.
Consideramos que esto va en contra de muchas normas de defensa del consumidor y también en contra de la Constitución Nacional, que en su artículo 42 consagra el derecho de los usuarios y consumidores a poder elegir.
Creemos que lo que quieren hacer es dar prioridad de elección a las empresas proveedoras y no a los usuarios, con todos los problemas que sabemos que tendrán si este proyecto prospera con esos dos puntos, que se eliminan en nuestro dictamen.
Entiendo que quieren hacerle ahorrar plata a las empresas a costa del derecho de los usuarios, lo que incluso se agrava en un contexto en el que -como aquí se ha dicho- las prestadoras y los bancos han tenido muchas ganancias gracias a los desproporcionados aumentos de tarifas que los usuarios y los consumidores hemos tenido desde el comienzo de esta gestión, incrementos que no se condicen con los aumentos salariales ni con una mejora en la prestación de los servicios.
En cuanto a las dificultades tecnológicas a las que aún se enfrenta este país y los usuarios y consumidores, quiero compartir con ustedes unos datos que surgen de declaraciones del ministro de Modernización de la Nación en el marco de la Asamblea de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones. Allí ha dicho que el 70 por ciento del territorio argentino no posee acceso a internet, que dicho acceso es de malísima calidad, que un alto porcentaje de quienes sí pueden acceder no la sabe usar y que el precio de la prestación de dicho servicio la hace inaccesible para muchas familias. Esto lo dijo el propio ministro de Modernización de la Nación.
Entonces, teniendo a la vista estos datos y los pésimos servicios de telecomunicaciones de este país, ¿cómo vamos a pretender abrir la puerta para que las empresas bajen sus costos, vulnerando los derechos de los usuarios, que si estos dos artículos prosperaran dejarían de recibir sus resúmenes o facturas en soporte papel para ser obligados en principio a hacerlo en forma electrónica?
Otra vez el esfuerzo queda en manos de los más débiles, otra vez se produce el atropello de los derechos, en este caso de los usuarios y consumidores.
Por esa razón, como consideramos que los derechos de usuarios y consumidores deben estar por encima de los beneficios de las empresas, en nuestro dictamen proponemos la eliminación de estos dos artículos.
En el mismo sentido y por los mismos argumentos, debemos expresar que estamos en contra del artículo 117.
Con estos dos artículos se pretende avalar -lo que a nuestro entender es inaceptable- que las empresas dejen de enviar las facturas y los resúmenes de las tarjetas de crédito en soporte papel sin consentimiento previo del usuario.
Consideramos que esto va en contra de muchas normas de defensa del consumidor y también en contra de la Constitución Nacional, que en su artículo 42 consagra el derecho de los usuarios y consumidores a poder elegir.
Creemos que lo que quieren hacer es dar prioridad de elección a las empresas proveedoras y no a los usuarios, con todos los problemas que sabemos que tendrán si este proyecto prospera con esos dos puntos, que se eliminan en nuestro dictamen.
Entiendo que quieren hacerle ahorrar plata a las empresas a costa del derecho de los usuarios, lo que incluso se agrava en un contexto en el que -como aquí se ha dicho- las prestadoras y los bancos han tenido muchas ganancias gracias a los desproporcionados aumentos de tarifas que los usuarios y los consumidores hemos tenido desde el comienzo de esta gestión, incrementos que no se condicen con los aumentos salariales ni con una mejora en la prestación de los servicios.
En cuanto a las dificultades tecnológicas a las que aún se enfrenta este país y los usuarios y consumidores, quiero compartir con ustedes unos datos que surgen de declaraciones del ministro de Modernización de la Nación en el marco de la Asamblea de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones. Allí ha dicho que el 70 por ciento del territorio argentino no posee acceso a internet, que dicho acceso es de malísima calidad, que un alto porcentaje de quienes sí pueden acceder no la sabe usar y que el precio de la prestación de dicho servicio la hace inaccesible para muchas familias. Esto lo dijo el propio ministro de Modernización de la Nación.
Entonces, teniendo a la vista estos datos y los pésimos servicios de telecomunicaciones de este país, ¿cómo vamos a pretender abrir la puerta para que las empresas bajen sus costos, vulnerando los derechos de los usuarios, que si estos dos artículos prosperaran dejarían de recibir sus resúmenes o facturas en soporte papel para ser obligados en principio a hacerlo en forma electrónica?
Otra vez el esfuerzo queda en manos de los más débiles, otra vez se produce el atropello de los derechos, en este caso de los usuarios y consumidores.
Por esa razón, como consideramos que los derechos de usuarios y consumidores deben estar por encima de los beneficios de las empresas, en nuestro dictamen proponemos la eliminación de estos dos artículos.
SR. PRESIDENTE MACIAS Tiene la palabra el señor diputado Contigiani.
SR. CONTIGIANI Señor presidente: en primer lugar, quisiera señalar una cuestión de forma y luego algunas cuestiones de fondo.
En relación con la cuestión de forma me quiero sumar a las diferentes intervenciones que hicieron hincapié en la falta de legitimidad del decreto de necesidad de urgencia de enero de este año.
El señor diputado Lavagna pregunta desde la legitimidad y el señor diputado Tonelli contesta desde la formalidad. Se trata una vieja discusión en la teoría política en relación con la legitimidad y la legalidad sobre la que podríamos estar horas debatiendo.
El punto de esta cuestión es que no existe una legitimidad de origen del instrumento fundamental que es el DNU. No existe ninguna causa excepcional o extraordinaria que haya habilitado el dictado de este decreto de necesidad y urgencia, ni siquiera en los términos del artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional. Podrá ser formalmente legal porque pasó por una comisión bicameral, fue recubierto de legalidad y cuenta con mayoría parlamentaria, porque todos los gobiernos tratan de tener mayoría en esas comisiones. Perfecto, tiene legalidad pero no es legítimo; ese decreto es nulo.
Entonces, posiblemente el día de mañana vamos a sancionar una ley que va a derogar un decreto que es ilegítimo y nulo. Se trata de una ciencia ficción jurídica. Es muy difícil sostener y fundamentar esto, incluso para muchos de ustedes que integran el bloque oficialista y entienden de estos temas.
Por esa razón, si me dan los tiempos -porque integro un bloque unipersonal- voy a presentar un dictamen en minoría, al igual que otros bloques, planteando la nulidad del decreto de necesidad y urgencia.
En relación con la cuestión de fondo, si algo muestra que no existe ningún carácter excepcional que ameritó firmar este DNU son los variados temas que tiene esta ley ómnibus o el decreto. Se trata de temas que en su gran mayoría son instrumentales y no de política de fondo, si bien comparto con algunos el rechazo y la preocupación que me generan; son temas instrumentales.
Voy a la cuestión de fondo para compartir -sin ser reiterativo- que se trata de un proyecto de ley que no jerarquiza al usuario frente a las empresas, en un momento de nuestra sociedad en el que es fundamental equilibrar el poder de usuarios y consumidores.
Por otra parte, comparto las dudas que se plantean con respecto a nuestro patrimonio de bienes culturales y a la flexibilización de su exportación.
Además, tengo algunas diferencias en el capítulo referido a las sociedades que fundamentaré mañana en el recinto y en cuanto a la extensión de la sociedad de garantía recíproca a otros sectores empresarios.
No quiero extenderme en temas técnicos pero sí recordar que el señor ministro Cabrera semanas atrás dijo -y figura en la versión taquigráfica- que la orientación general de este proyecto es facilitar la vida de las pymes. En mi opinión -no creo que en líneas generales se busque eso sino por el contrario-, se las ayudaría discutiendo la política industrial de fondo en la Argentina y no con este instrumento. Se las ayuda recuperando la caída del poder adquisitivo del 7,1 por ciento en los últimos dos años. Se las ayuda dando marcha atrás a la eliminación de la resolución 181 de enero de 2017 de Comercio Exterior que elimina el registro de importadores y en donde ahora estamos a ciegas, no sabemos quién importa. Se las ayuda administrando el comercio exterior, rechazando de plano una economía cerrada, como también una economía que regala el mercado interno. Y hablo de importaciones en términos de volumen, no solo en dólares, porque hay que mirarla en términos de volumen y cómo impacta esa cantidad en un mercado económico recesivo.
Se las ayuda en el acceso al crédito. En esta ley hay capítulos muy importantes que creo que merecen una discusión mayor, que pueden estar en un camino razonable, pero es instrumental porque por un lado contemplan estos capítulos y por el otro han discontinuado la línea de inversión productiva, que era una herramienta fundamental para nuestro sector industrial y pyme en la Argentina.
Son cuestiones de fondo que ayudan a la vida de las pymes, como discutir la rentabilidad y cómo se componen la rentabilidad y las posiciones dominantes, especialmente en cada una de las cadenas agroindustriales de la Argentina, para que no tengamos esa brecha de 500 por ciento entre el precio de origen y el precio de destino.
Eso es lo que ayudaría a la vida de las pymes, una alta política, una discusión de fondo del perfil industrial de la Argentina para que no sobren 20 millones de argentinos; lo demás es instrumental que no necesita ningún carácter excepcional para colocarlo en un DNU y que en todo caso necesitaría, como todo instrumento, tiempo administrativo, de discusión y enriquecimiento. (Aplausos.)
En relación con la cuestión de forma me quiero sumar a las diferentes intervenciones que hicieron hincapié en la falta de legitimidad del decreto de necesidad de urgencia de enero de este año.
El señor diputado Lavagna pregunta desde la legitimidad y el señor diputado Tonelli contesta desde la formalidad. Se trata una vieja discusión en la teoría política en relación con la legitimidad y la legalidad sobre la que podríamos estar horas debatiendo.
El punto de esta cuestión es que no existe una legitimidad de origen del instrumento fundamental que es el DNU. No existe ninguna causa excepcional o extraordinaria que haya habilitado el dictado de este decreto de necesidad y urgencia, ni siquiera en los términos del artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional. Podrá ser formalmente legal porque pasó por una comisión bicameral, fue recubierto de legalidad y cuenta con mayoría parlamentaria, porque todos los gobiernos tratan de tener mayoría en esas comisiones. Perfecto, tiene legalidad pero no es legítimo; ese decreto es nulo.
Entonces, posiblemente el día de mañana vamos a sancionar una ley que va a derogar un decreto que es ilegítimo y nulo. Se trata de una ciencia ficción jurídica. Es muy difícil sostener y fundamentar esto, incluso para muchos de ustedes que integran el bloque oficialista y entienden de estos temas.
Por esa razón, si me dan los tiempos -porque integro un bloque unipersonal- voy a presentar un dictamen en minoría, al igual que otros bloques, planteando la nulidad del decreto de necesidad y urgencia.
En relación con la cuestión de fondo, si algo muestra que no existe ningún carácter excepcional que ameritó firmar este DNU son los variados temas que tiene esta ley ómnibus o el decreto. Se trata de temas que en su gran mayoría son instrumentales y no de política de fondo, si bien comparto con algunos el rechazo y la preocupación que me generan; son temas instrumentales.
Voy a la cuestión de fondo para compartir -sin ser reiterativo- que se trata de un proyecto de ley que no jerarquiza al usuario frente a las empresas, en un momento de nuestra sociedad en el que es fundamental equilibrar el poder de usuarios y consumidores.
Por otra parte, comparto las dudas que se plantean con respecto a nuestro patrimonio de bienes culturales y a la flexibilización de su exportación.
Además, tengo algunas diferencias en el capítulo referido a las sociedades que fundamentaré mañana en el recinto y en cuanto a la extensión de la sociedad de garantía recíproca a otros sectores empresarios.
No quiero extenderme en temas técnicos pero sí recordar que el señor ministro Cabrera semanas atrás dijo -y figura en la versión taquigráfica- que la orientación general de este proyecto es facilitar la vida de las pymes. En mi opinión -no creo que en líneas generales se busque eso sino por el contrario-, se las ayudaría discutiendo la política industrial de fondo en la Argentina y no con este instrumento. Se las ayuda recuperando la caída del poder adquisitivo del 7,1 por ciento en los últimos dos años. Se las ayuda dando marcha atrás a la eliminación de la resolución 181 de enero de 2017 de Comercio Exterior que elimina el registro de importadores y en donde ahora estamos a ciegas, no sabemos quién importa. Se las ayuda administrando el comercio exterior, rechazando de plano una economía cerrada, como también una economía que regala el mercado interno. Y hablo de importaciones en términos de volumen, no solo en dólares, porque hay que mirarla en términos de volumen y cómo impacta esa cantidad en un mercado económico recesivo.
Se las ayuda en el acceso al crédito. En esta ley hay capítulos muy importantes que creo que merecen una discusión mayor, que pueden estar en un camino razonable, pero es instrumental porque por un lado contemplan estos capítulos y por el otro han discontinuado la línea de inversión productiva, que era una herramienta fundamental para nuestro sector industrial y pyme en la Argentina.
Son cuestiones de fondo que ayudan a la vida de las pymes, como discutir la rentabilidad y cómo se componen la rentabilidad y las posiciones dominantes, especialmente en cada una de las cadenas agroindustriales de la Argentina, para que no tengamos esa brecha de 500 por ciento entre el precio de origen y el precio de destino.
Eso es lo que ayudaría a la vida de las pymes, una alta política, una discusión de fondo del perfil industrial de la Argentina para que no sobren 20 millones de argentinos; lo demás es instrumental que no necesita ningún carácter excepcional para colocarlo en un DNU y que en todo caso necesitaría, como todo instrumento, tiempo administrativo, de discusión y enriquecimiento. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE MACIAS Quedan anotados dos oradores. Les solicito brevedad porque a las 17 debemos desocupar la sala para la próxima reunión.
Tiene la palabra el señor diputado Amadeo.
Tiene la palabra el señor diputado Amadeo.
SR. AMADEO Señor presidente: quiero comenzar mi breve exposición compartiendo con los señores diputados una muy buena noticia. El INDEC acaba de dar el nuevo número de desempleo: ha caído al 7,2 por ciento, lo cual es coherente con lo que venimos diciendo en término de varios trimestres de crecimiento, del aumento de la inversión y de la caída del desempleo. Así que estamos muy contentos y queremos festejarlo. (Aplausos.)
SR. LAVAGNA Quisiera hacerle una pregunta. Me gustaría saber cuál es la tasa de actividad que registró el INDEC, si dio también para abajo.
Varios señores diputados.- Para arriba.
Varios señores diputados.- Para arriba.
SR. LAVAGNA ¿La de la población económicamente activa?
SR. AMADEO No lo puedo saber porque lo leí en un tuit del INDEC.
En segundo lugar, simplemente quiero hacer un comentario, porque algún diputado ha hecho reiteradas referencias a la escribanía, al tratamiento exprés, etcétera. En el 2014, cuando discutimos el presupuesto del 2015, el tratamiento de ese proyecto duró 50 minutos y el ministro de Economía de aquel momento nos hizo una exposición sobre la economía de Chipre como una manera de mostrarnos la relación entre la economía de la Argentina y la economía del mundo.
Desde el 2009 al 2014 los diputados de la oposición presentamos 1.500 pedidos de informes por año, de los cuales solo el 2 por ciento fueron contestados; presentamos 512 pedidos de informe in voce invitando a los ministros a venir, y no vino nadie. Pedimos 21 interpelaciones que ni siquiera fueron contestadas.
Por lo tanto, creo que estamos viviendo un nuevo tiempo en el Congreso, un tiempo muy positivo donde realmente todos tienen la oportunidad de expresarse.
Dicho esto, quiero comentar, por respeto a las preocupaciones que han manifestado los señores diputados, dos o tres de los temas más reiterados. En particular quiero hacer referencia al tema del REPSAL.
Nuestra interpretación es que una empresa es una comunidad de capital y trabajo, por lo tanto, si yo castigo a la empresa probablemente castigo al empresario, pero también a los trabajadores. Y si yo reduzco la presión sobre la empresa genero más trabajo.
Las condiciones actuales del REPSAL que estamos queriendo transformar provocan que muchas veces en un promedio de 120 días, pero en algunos casos hasta un año, la empresa quedara aislada del mundo aun cuando hubiera pagado las multas que se le habían aplicado.
Por lo tanto, los que se perjudicaban por este plazo que estamos cambiando no eran los empresas a los que queremos ayudar sino también los trabajadores, porque esas empresas no podían anotarse en licitaciones ni hacer ningún tipo de venta al sector público. De modo que esa es la razón por la cual lo hemos hecho, señores diputados. No se trata de beneficiar al empresario sino de que el conjunto de capital y trabajo no quede fuera de mercado, sobre todo, insisto, cuando ha pagado la multa que correspondía.
Con respecto al tema de las obras de arte, el artículo 50 de la ley que estamos modificando dice claramente que se aplicarán todos los controles aduaneros cuando se trate de obras u objetos de arte de más de cincuenta años o de autores fallecidos, porque allí es donde seguramente radica la mayor posibilidad de producir robos o exportaciones ilegales. Para el resto, con esto hemos respondido a un pedido masivo de la comunidad artística.
Yo no sé ustedes, pero yo he recibido en mi correo de aquí muchos mensajes de comunidades artísticas, artistas jóvenes, grupos juveniles de artistas diciendo que necesitaban esto porque no podían ir a una exposición en Uruguay, lo que les limitaba enormemente las posibilidades de crecimiento.
Finalmente, si bien he manifestado públicamente mi disidencia con el tema de las cuentas sueldos, quiero tomar también un comentario final del señor diputado Lavagna acerca de los temas de inclusión financiera e invitarlo a que escribamos una ley sobre estas dimensiones de la inclusión financiera para los más pobres. Yo personalmente creo que el artículo de la cuenta sueldos era correcto, por razones que hemos conversado varias veces, pero creo que es una magnífica oportunidad para que le dediquemos tiempo a trabajar el tema de la inclusión financiera para los más pobres.
En segundo lugar, simplemente quiero hacer un comentario, porque algún diputado ha hecho reiteradas referencias a la escribanía, al tratamiento exprés, etcétera. En el 2014, cuando discutimos el presupuesto del 2015, el tratamiento de ese proyecto duró 50 minutos y el ministro de Economía de aquel momento nos hizo una exposición sobre la economía de Chipre como una manera de mostrarnos la relación entre la economía de la Argentina y la economía del mundo.
Desde el 2009 al 2014 los diputados de la oposición presentamos 1.500 pedidos de informes por año, de los cuales solo el 2 por ciento fueron contestados; presentamos 512 pedidos de informe in voce invitando a los ministros a venir, y no vino nadie. Pedimos 21 interpelaciones que ni siquiera fueron contestadas.
Por lo tanto, creo que estamos viviendo un nuevo tiempo en el Congreso, un tiempo muy positivo donde realmente todos tienen la oportunidad de expresarse.
Dicho esto, quiero comentar, por respeto a las preocupaciones que han manifestado los señores diputados, dos o tres de los temas más reiterados. En particular quiero hacer referencia al tema del REPSAL.
Nuestra interpretación es que una empresa es una comunidad de capital y trabajo, por lo tanto, si yo castigo a la empresa probablemente castigo al empresario, pero también a los trabajadores. Y si yo reduzco la presión sobre la empresa genero más trabajo.
Las condiciones actuales del REPSAL que estamos queriendo transformar provocan que muchas veces en un promedio de 120 días, pero en algunos casos hasta un año, la empresa quedara aislada del mundo aun cuando hubiera pagado las multas que se le habían aplicado.
Por lo tanto, los que se perjudicaban por este plazo que estamos cambiando no eran los empresas a los que queremos ayudar sino también los trabajadores, porque esas empresas no podían anotarse en licitaciones ni hacer ningún tipo de venta al sector público. De modo que esa es la razón por la cual lo hemos hecho, señores diputados. No se trata de beneficiar al empresario sino de que el conjunto de capital y trabajo no quede fuera de mercado, sobre todo, insisto, cuando ha pagado la multa que correspondía.
Con respecto al tema de las obras de arte, el artículo 50 de la ley que estamos modificando dice claramente que se aplicarán todos los controles aduaneros cuando se trate de obras u objetos de arte de más de cincuenta años o de autores fallecidos, porque allí es donde seguramente radica la mayor posibilidad de producir robos o exportaciones ilegales. Para el resto, con esto hemos respondido a un pedido masivo de la comunidad artística.
Yo no sé ustedes, pero yo he recibido en mi correo de aquí muchos mensajes de comunidades artísticas, artistas jóvenes, grupos juveniles de artistas diciendo que necesitaban esto porque no podían ir a una exposición en Uruguay, lo que les limitaba enormemente las posibilidades de crecimiento.
Finalmente, si bien he manifestado públicamente mi disidencia con el tema de las cuentas sueldos, quiero tomar también un comentario final del señor diputado Lavagna acerca de los temas de inclusión financiera e invitarlo a que escribamos una ley sobre estas dimensiones de la inclusión financiera para los más pobres. Yo personalmente creo que el artículo de la cuenta sueldos era correcto, por razones que hemos conversado varias veces, pero creo que es una magnífica oportunidad para que le dediquemos tiempo a trabajar el tema de la inclusión financiera para los más pobres.
SR. PRESIDENTE MACÍAS Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado Lavagna.
SR. LAVAGNA Señor presidente: quiero indicar al señor diputado Amadeo que ya hemos votado eso en la ley de mercado de capitales o la ley de financiamiento productivo donde agregamos un capítulo sobre inclusión financiera. Allí le dimos un plazo al Poder Ejecutivo para presentar un proyecto de ley sobre inclusión financiera con parámetros muy claros. Entiendo que la modificación que ha mencionado el diputado Amadeo está en el marco del proyecto de ley que votamos previamente y que espera ser sancionado en el Senado.
Sr. Presidente (Macías).- Tiene la palabra la señora diputada Moisés.
SRA. MOISÉS Señor presidente: antes de comenzar mi exposición quiero consultar el señor diputado Amadeo si el índice que ha manifestado es visible o invisible. (Risas.)
Sr. Amadeo.- Esto sucede porque confiamos en el INDEC.
Sra. Moisés.- Señor presidente: simplemente era una broma que leí en Twitter, señor diputado.
Quiero expresar en representación del bloque Argentina Federal que proponemos la derogación del decreto de referencia y que en cada uno de los despachos que se produzcan en los plenarios se exprese claramente que lo que se deroga es en función de lo que estamos legislando. Creo que los argumentos han sido abordados en su totalidad en las reuniones previas.
Quiero formular algunas observaciones sobre determinados puntos en particular. Con respecto al fondo fiduciario para el desarrollo del capital emprendedor hemos hecho algunas consultas que todavía no han tenido respuesta como, por ejemplo, por qué se lo está modificando cuando en realidad -lo han planteado otro de los señores diputados- ya se sancionó una norma en ese sentido que ha sido publicada en el Boletín Oficial el 12 de abril de 2017.
Entendemos que no está muy clara la información del impacto en el mercado de las sociedades de garantías recíprocas y la justificación del tratamiento de esta norma. Por lo tanto, necesitamos seguir trabajando en esto y haremos una propuesta alternativa sobre el particular.
En relación con las sociedades se están proponiendo modificaciones a los artículos 18 al 36. En este capítulo se introducen modificaciones al régimen de sociedades y compartimos la idea de la agilización de los trámites que plantea el proyecto eliminando la obligación de que la sociedad comercial presente los libros contables encuadernados.
Pero, al mismo tiempo, creemos que con la redacción actual del proyecto se puede llegar a interpretar que se vulneran principios constitucionales -por ejemplo, el contenido en el artículo 121 de la Constitución Nacional sobre facultades no delegadas por las provincias-, por lo que deberá adecuarse la redacción en ese punto en particular.
En lo relativo a las obras de arte -tema al cual se refirió el diputado Amadeo y que fue planteado por varios legisladores-, proponemos el rechazo total. En primer lugar, porque tenemos en cuenta la realidad de los bienes patrimoniales -no solo de las obras de arte- y porque hemos evaluado y conocemos la metodología y el mecanismo que hoy está planteado; si bien consideramos que se requiere de distintos trámites, estimamos que son necesarios. En el caso particular que plantea el diputado Amadeo respecto de las exposiciones de obras de arte en países vecinos -o en cualquier otro país del mundo-, el mecanismo está previsto, con exportaciones parciales y con reingreso de las obras en un tiempo prudencial -que creo que es de alrededor de un año para que los artistas vuelvan a traer al país las obras-; hoy en día el trámite, si fuera eficiente el Ministerio de Cultura, se hace en unos 15 días.
Además, consideramos que tenemos la responsabilidad de proteger nuestros bienes, sobre todo los patrimoniales que tienen que ver con bienes culturales no catalogados y que no tienen registrados tampoco un autor. Por su parte, hay varias provincias fronterizas en las que el contrabando de este tipo de obras es multimillonario, así como también de algunos animales exóticos. Creemos que la habilitación de este mecanismo nos expone a perder bienes de muchísimo valor patrimonial.
En cuanto al título sobre la promoción del trabajo -artículos 52 a 57-, propiciamos la eliminación total.
Con respecto a "marcas y patentes", consideramos que debemos evaluarlo, ya que en el informe sobre el impacto en la industria farmacéutica el cambio no queda claro.
Asimismo, en nuestra participación en el resto de las comisiones quedó manifestado que no acompañamos en absoluto la embargabilidad de las cuentas sueldo.
En cuanto a los artículos 115 y 117, hice una intervención y pasé el texto. Pido autorización a la Presidencia para leer la propuesta de nuestro bloque respecto a este artículo. Dice así:
"Información: el proveedor está obligado a suministrar al consumidor, en forma cierta, clara y detallada, todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee y las condiciones de su comercialización. La información para el consumidor debe ser proporcionada en el soporte que el proveedor determine, salvo que el consumidor opte por el soporte digital. En todos los casos, la información debe ser gratuita y se debe garantizar al consumidor el acceso a la misma en tiempo y forma".
El diputado Zottos me pide una interrupción para poder agregar unos datos puntuales del interior del país, que creo que pueden sumar al debate.
Sra. Moisés.- Señor presidente: simplemente era una broma que leí en Twitter, señor diputado.
Quiero expresar en representación del bloque Argentina Federal que proponemos la derogación del decreto de referencia y que en cada uno de los despachos que se produzcan en los plenarios se exprese claramente que lo que se deroga es en función de lo que estamos legislando. Creo que los argumentos han sido abordados en su totalidad en las reuniones previas.
Quiero formular algunas observaciones sobre determinados puntos en particular. Con respecto al fondo fiduciario para el desarrollo del capital emprendedor hemos hecho algunas consultas que todavía no han tenido respuesta como, por ejemplo, por qué se lo está modificando cuando en realidad -lo han planteado otro de los señores diputados- ya se sancionó una norma en ese sentido que ha sido publicada en el Boletín Oficial el 12 de abril de 2017.
Entendemos que no está muy clara la información del impacto en el mercado de las sociedades de garantías recíprocas y la justificación del tratamiento de esta norma. Por lo tanto, necesitamos seguir trabajando en esto y haremos una propuesta alternativa sobre el particular.
En relación con las sociedades se están proponiendo modificaciones a los artículos 18 al 36. En este capítulo se introducen modificaciones al régimen de sociedades y compartimos la idea de la agilización de los trámites que plantea el proyecto eliminando la obligación de que la sociedad comercial presente los libros contables encuadernados.
Pero, al mismo tiempo, creemos que con la redacción actual del proyecto se puede llegar a interpretar que se vulneran principios constitucionales -por ejemplo, el contenido en el artículo 121 de la Constitución Nacional sobre facultades no delegadas por las provincias-, por lo que deberá adecuarse la redacción en ese punto en particular.
En lo relativo a las obras de arte -tema al cual se refirió el diputado Amadeo y que fue planteado por varios legisladores-, proponemos el rechazo total. En primer lugar, porque tenemos en cuenta la realidad de los bienes patrimoniales -no solo de las obras de arte- y porque hemos evaluado y conocemos la metodología y el mecanismo que hoy está planteado; si bien consideramos que se requiere de distintos trámites, estimamos que son necesarios. En el caso particular que plantea el diputado Amadeo respecto de las exposiciones de obras de arte en países vecinos -o en cualquier otro país del mundo-, el mecanismo está previsto, con exportaciones parciales y con reingreso de las obras en un tiempo prudencial -que creo que es de alrededor de un año para que los artistas vuelvan a traer al país las obras-; hoy en día el trámite, si fuera eficiente el Ministerio de Cultura, se hace en unos 15 días.
Además, consideramos que tenemos la responsabilidad de proteger nuestros bienes, sobre todo los patrimoniales que tienen que ver con bienes culturales no catalogados y que no tienen registrados tampoco un autor. Por su parte, hay varias provincias fronterizas en las que el contrabando de este tipo de obras es multimillonario, así como también de algunos animales exóticos. Creemos que la habilitación de este mecanismo nos expone a perder bienes de muchísimo valor patrimonial.
En cuanto al título sobre la promoción del trabajo -artículos 52 a 57-, propiciamos la eliminación total.
Con respecto a "marcas y patentes", consideramos que debemos evaluarlo, ya que en el informe sobre el impacto en la industria farmacéutica el cambio no queda claro.
Asimismo, en nuestra participación en el resto de las comisiones quedó manifestado que no acompañamos en absoluto la embargabilidad de las cuentas sueldo.
En cuanto a los artículos 115 y 117, hice una intervención y pasé el texto. Pido autorización a la Presidencia para leer la propuesta de nuestro bloque respecto a este artículo. Dice así:
"Información: el proveedor está obligado a suministrar al consumidor, en forma cierta, clara y detallada, todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee y las condiciones de su comercialización. La información para el consumidor debe ser proporcionada en el soporte que el proveedor determine, salvo que el consumidor opte por el soporte digital. En todos los casos, la información debe ser gratuita y se debe garantizar al consumidor el acceso a la misma en tiempo y forma".
El diputado Zottos me pide una interrupción para poder agregar unos datos puntuales del interior del país, que creo que pueden sumar al debate.
SR. ZOTTOS Señor presidente: seré breve. De acuerdo con lo mencionado por la diputada Moisés, de la provincia Jujuy, quiero agregar -para conocimiento de todos- unos datos importantes que nos brindó el ministro de Modernización de la Nación, Andrés Ibarra, en el marco de la VII Asamblea de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, CITEL.
Reconoció en ese momento que el 30 por ciento de los argentinos no tiene acceso a internet y que el 40 que sí lo tiene no sabe cómo utilizarlo. También reconoció que los problemas principales a resolver en el país son la falta de acceso y la baja velocidad de internet en los hogares. En este punto quiero agregar algunos datos importantes para tener en cuenta. Por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay aproximadamente 1.336.842 usuarios y la provincia de Buenos Aires tiene 3.191.569 de usuarios; es decir, el 44,2 por ciento tiene acceso al servicio de Internet fijo.
En relación con el tema de Internet fijo quiero dar un dato importante referido a Salta, la provincia que represento. ¿Saben cuál es el porcentaje de Internet fijo? El 1,45 por ciento.
Por lo tanto, me pregunto si lo que estamos haciendo es justo, si vamos a defender al consumidor o si defenderemos a las empresas, los bancos y las tarjetas de crédito que van a bajar sus costos perjudicando al consumidor. Creo que tenemos que legislar a favor de la gente y de nuestro pueblo.
Quería agregar estos datos que considero importantes porque no podemos aprobar la modificación del artículo 4° de la ley 24.240 por el 115 y 117, como manifestaron quienes me precedieron en el uso de la palabra.
Reconoció en ese momento que el 30 por ciento de los argentinos no tiene acceso a internet y que el 40 que sí lo tiene no sabe cómo utilizarlo. También reconoció que los problemas principales a resolver en el país son la falta de acceso y la baja velocidad de internet en los hogares. En este punto quiero agregar algunos datos importantes para tener en cuenta. Por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay aproximadamente 1.336.842 usuarios y la provincia de Buenos Aires tiene 3.191.569 de usuarios; es decir, el 44,2 por ciento tiene acceso al servicio de Internet fijo.
En relación con el tema de Internet fijo quiero dar un dato importante referido a Salta, la provincia que represento. ¿Saben cuál es el porcentaje de Internet fijo? El 1,45 por ciento.
Por lo tanto, me pregunto si lo que estamos haciendo es justo, si vamos a defender al consumidor o si defenderemos a las empresas, los bancos y las tarjetas de crédito que van a bajar sus costos perjudicando al consumidor. Creo que tenemos que legislar a favor de la gente y de nuestro pueblo.
Quería agregar estos datos que considero importantes porque no podemos aprobar la modificación del artículo 4° de la ley 24.240 por el 115 y 117, como manifestaron quienes me precedieron en el uso de la palabra.
SR. PRESIDENTE MACIAS Tiene la palabra la señora diputada Moisés.
SRA. MOISÉS En nombre del bloque Argentina Federal creo que ha estado muy clara nuestra posición y que, en función a la economía de tiempo que nos propuso la presidencia de la comisión, he cumplido acabadamente con el horario.
No sé si tomaron la redacción del artículo que proponemos, si no fue así puedo acercarla a la presidencia. De todas formas, vamos a firmar el despacho en disidencia parcial.
No sé si tomaron la redacción del artículo que proponemos, si no fue así puedo acercarla a la presidencia. De todas formas, vamos a firmar el despacho en disidencia parcial.
SR. PRESIDENTE MACIAS Gracias, señora diputada.
Informo a los señores diputados que luego de haberlos escuchado se encuentran circulando los distintos dictámenes para que procedan a la firma.
Tiene la palabra el señor diputado Lavagna.
Informo a los señores diputados que luego de haberlos escuchado se encuentran circulando los distintos dictámenes para que procedan a la firma.
Tiene la palabra el señor diputado Lavagna.
SR. LAVAGNA Simplemente quería preguntar si los dictámenes en minoría se entregan en la comisión.
SR. PRESIDENTE MACIAS Así es, señor diputado.
SR. LAVAGNA ¿El tiempo son dos horas con algo de flexibilidad llegado el caso?
SR. PRESIDENTE MACIAS Se entregan en la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas y recuerdo al señor diputado Lavagna que tenga en cuenta el plazo para dicha entrega.
Como no quedan más asuntos que tratar, damos por finalizada la reunión.
Como no quedan más asuntos que tratar, damos por finalizada la reunión.
- Es la hora 16 y 53.