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LEGISLACION GENERAL
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P02 Oficina 235
Of. Administrativa: Piso P02 Oficina 234
Secretario Administrativo DR. TRIANTAFILO GUILLERMO
Miércoles 16.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 60752246 Internos 2246
clgeneral@hcdn.gob.ar
- LEGISLACION GENERAL
- PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
Reunión del día 21/03/2018
- CONJUNTA
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo de 2018, a la hora 9 y 21:
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Damos comienzo a la reunión de las comisiones de Legislación General y de Previsión y Seguridad Social.
Muchísimas gracias por estar presentes tan temprano en esta reunión plenaria. Agradezco especialmente la presencia del presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, diputado Martín Maquieyra.
Para los miembros de la Comisión de Legislación General ayer fue un día largo porque estuvimos presentes en varias reuniones. Hoy, además, va a haber sesión, de manera que es muy importante el quórum que hemos logrado para tratar el proyecto de ley de los diputados Mario Negri, Nicolás Massot y Juan Manuel López sobre Régimen de Simplificación y Desburocratización de la Administración Pública Nacional, contenido en el expediente 6829-d-2018.
Como ustedes saben, en su momento hemos recibido al titular de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, doctor Pablo Clusellas, quien vino a exponer sus consideraciones sobre este proyecto de ley. En el marco de las propuestas que hicieron varios diputados, sobre todo aquellos que integran el bloque Argentina Federal, hemos considerado eliminar el capítulo III, por el que se regula el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. De esta manera, los artículos que lo integran -si mal no recuerdo, son los artículos 14 y 15- quedan eliminados de acuerdo con el dictamen que vamos a proponer.
Además, al igual que en los otros dos proyectos que dictaminamos en el día de ayer junto con las comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas, de Finanzas y de Transportes, hemos agregado un último artículo a través del cual derogamos los capítulos correspondientes al DNU 27/2018. Estos capítulos estaban, de alguna manera, contenidos en la redacción del proyecto de ley en tratamiento. Por lo tanto, al haber dos normas con jerarquías similares, la ley, que es posterior, deroga el decreto que estaba antes. Eso es lo que hemos establecido para que no haya ningún tipo de dudas acerca de la vigencia del proyecto de ley que vamos a dictaminar y que más tarde trataremos en el recinto.
Pongo a consideración el proyecto de ley. Está abierta la lista de oradores.
Tiene la palabra la señora diputada Carla Pitiot.
Muchísimas gracias por estar presentes tan temprano en esta reunión plenaria. Agradezco especialmente la presencia del presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, diputado Martín Maquieyra.
Para los miembros de la Comisión de Legislación General ayer fue un día largo porque estuvimos presentes en varias reuniones. Hoy, además, va a haber sesión, de manera que es muy importante el quórum que hemos logrado para tratar el proyecto de ley de los diputados Mario Negri, Nicolás Massot y Juan Manuel López sobre Régimen de Simplificación y Desburocratización de la Administración Pública Nacional, contenido en el expediente 6829-d-2018.
Como ustedes saben, en su momento hemos recibido al titular de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, doctor Pablo Clusellas, quien vino a exponer sus consideraciones sobre este proyecto de ley. En el marco de las propuestas que hicieron varios diputados, sobre todo aquellos que integran el bloque Argentina Federal, hemos considerado eliminar el capítulo III, por el que se regula el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. De esta manera, los artículos que lo integran -si mal no recuerdo, son los artículos 14 y 15- quedan eliminados de acuerdo con el dictamen que vamos a proponer.
Además, al igual que en los otros dos proyectos que dictaminamos en el día de ayer junto con las comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas, de Finanzas y de Transportes, hemos agregado un último artículo a través del cual derogamos los capítulos correspondientes al DNU 27/2018. Estos capítulos estaban, de alguna manera, contenidos en la redacción del proyecto de ley en tratamiento. Por lo tanto, al haber dos normas con jerarquías similares, la ley, que es posterior, deroga el decreto que estaba antes. Eso es lo que hemos establecido para que no haya ningún tipo de dudas acerca de la vigencia del proyecto de ley que vamos a dictaminar y que más tarde trataremos en el recinto.
Pongo a consideración el proyecto de ley. Está abierta la lista de oradores.
Tiene la palabra la señora diputada Carla Pitiot.
SRA. PITIOT Señor presidente: iba a ceder la palabra a la señora diputada Mirta Tundis para que diera nuestra apreciación sobre el capítulo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, pero usted acaba de manifestar que lo han sacado.
Nosotros vamos a presentar un dictamen propio. Este proyecto de ley consta de cuatro capítulos, sobre los cuales hemos aceptado algunas modificaciones relativas al sistema de Gestión Documental Electrónica. En relación con los dos capítulos a los que me voy a referir ahora, vamos a receptar las siguientes modificaciones.
En primera instancia, me voy a referir al capítulo II, relacionado con la administración de los bienes del Estado. Nosotros entendemos que las modificaciones propuestas en el proyecto no son las adecuadas. En este sentido, proponemos la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento de los Bienes del Estado. ¿Cuál es el motivo y la justificación de esta propuesta? Tiene que ver con el estudio que hicimos del presupuesto 2018, del cual surge un crecimiento de más del 200 por ciento en los ingresos provenientes de las ventas de activos. Por ello, queremos que el Congreso tenga una intervención más directa.
Señor presidente: ¿puede pedir al resto de los diputados que hagan silencio?
Nosotros vamos a presentar un dictamen propio. Este proyecto de ley consta de cuatro capítulos, sobre los cuales hemos aceptado algunas modificaciones relativas al sistema de Gestión Documental Electrónica. En relación con los dos capítulos a los que me voy a referir ahora, vamos a receptar las siguientes modificaciones.
En primera instancia, me voy a referir al capítulo II, relacionado con la administración de los bienes del Estado. Nosotros entendemos que las modificaciones propuestas en el proyecto no son las adecuadas. En este sentido, proponemos la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento de los Bienes del Estado. ¿Cuál es el motivo y la justificación de esta propuesta? Tiene que ver con el estudio que hicimos del presupuesto 2018, del cual surge un crecimiento de más del 200 por ciento en los ingresos provenientes de las ventas de activos. Por ello, queremos que el Congreso tenga una intervención más directa.
Señor presidente: ¿puede pedir al resto de los diputados que hagan silencio?
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY La Presidencia solicita a los señores diputados que guarden silencio para que podamos escuchar a la oradora.
Continúa en el uso de la palabra la señora diputada Pitiot.
Continúa en el uso de la palabra la señora diputada Pitiot.
SRA. PITIOT Es muy breve lo que tengo que decir, señor presidente.
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Le pido que se exprese con absoluta tranquilidad, señora diputada, pues debemos llevar adelante este tratamiento con absoluta seriedad.
SRA. PITIOT Gracias, señor presidente.
No tenemos que pasar por alto este crecimiento de más del 200 por ciento de ingresos proveniente de la venta de activos que llevó a cabo el Estado nacional. Por esa razón, consideramos que una intervención parlamentaria es más que necesaria. Los diputados y senadores debemos tener un acceso más directo y poder así llevar adelante el seguimiento de las ventas que efectúe el Estado. Por ello, repito, proponemos la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento de los Bienes del Estado. A esta comisión debería concurrir, anual y puntualmente, el titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado para que informe a los legisladores, mediante una presentación fundada, sobre cuál es la situación de los inmuebles del sector público nacional y de todas las operaciones que se realizan con ellos.
Por otro lado, hay comentarios respecto de no tratar artículo por artículo, pero no me quiero extender sobre el particular.
A su vez, nos pareció importante tomar en conocimiento que este proyecto elimina el requisito de que toda transferencia de inmuebles debe ser comunicada al Jefe de Gabinete de Ministros. No entendemos por qué hay que suprimirlo.
Por otra parte, pasaré por alto el tema del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Simplemente quiero decir que celebramos su eliminación.
Con respecto al capítulo IV -sobre la Unidad de Información Financiera- tenemos algunas objeciones. Concretamente, el artículo 16 dice: "Colaborar con los órganos judiciales y del Ministerio Público Fiscal en la persecución penal de los delitos reprimidos por esta ley, de acuerdo a las pautas que se establezcan reglamentariamente." Consideramos que esto último no debería ser así, pues el artículo anterior a la modificación se refería a las pautas establecidas por ley. Entendemos, pues, que es una delegación inapropiada.
Uno de los aspectos que más nos preocupa de este proyecto -aclaro que no vamos a aceptar esta modificación- se relaciona con el artículo 18, que sustituye el artículo 19 de la ley 25.246 y sus modificatorias. ¿Por qué entendemos que este artículo es insostenible? Porque convierte a la UIF en un órgano superior a la procuración al pasar por encima de ella e informar directamente al juez interviniente. Asimismo, acota los delitos que investiga la UIF, pues en el texto menciona solamente el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Además, delimita el accionar de la Justicia respecto al momento en que puede hacer un aporte a la investigación. Entendemos que es inapropiado e insostenible.
Finalmente, el artículo 19 sustituye el inciso c) del artículo 21 de la ley 25.246. En este caso, no se entiende por qué está dejando fuera la posibilidad de compartir los legajos a varios de los sujetos obligados. Por ello, sostenemos que "abstenerse de revelar al cliente o a terceros las actuaciones que se estén realizando en cumplimiento de la presente ley", debería estar dirigido a todos los sujetos obligados a los que se refiere el artículo 20 de la citada norma. No hay que excluir la posibilidad de compartir los legajos con las personas que explotan juegos de azar -no lo entendemos-, los registros públicos de comercio, las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades y otros bienes suntuarios, los escribanos públicos, los despachantes de aduana, los organismos de la administración pública, los profesionales matriculados, algunas personas jurídicas, los agentes o corredores inmobiliarios, y las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de autos, camiones, aeronaves, etcétera. No vamos a aceptar esa modificación y adelanto que presentaremos un dictamen propio que refleja nuestra posición.
Quiero compartir el tiempo destinado a hacer uso de la palabra con la señora diputada Tundis.
No tenemos que pasar por alto este crecimiento de más del 200 por ciento de ingresos proveniente de la venta de activos que llevó a cabo el Estado nacional. Por esa razón, consideramos que una intervención parlamentaria es más que necesaria. Los diputados y senadores debemos tener un acceso más directo y poder así llevar adelante el seguimiento de las ventas que efectúe el Estado. Por ello, repito, proponemos la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento de los Bienes del Estado. A esta comisión debería concurrir, anual y puntualmente, el titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado para que informe a los legisladores, mediante una presentación fundada, sobre cuál es la situación de los inmuebles del sector público nacional y de todas las operaciones que se realizan con ellos.
Por otro lado, hay comentarios respecto de no tratar artículo por artículo, pero no me quiero extender sobre el particular.
A su vez, nos pareció importante tomar en conocimiento que este proyecto elimina el requisito de que toda transferencia de inmuebles debe ser comunicada al Jefe de Gabinete de Ministros. No entendemos por qué hay que suprimirlo.
Por otra parte, pasaré por alto el tema del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Simplemente quiero decir que celebramos su eliminación.
Con respecto al capítulo IV -sobre la Unidad de Información Financiera- tenemos algunas objeciones. Concretamente, el artículo 16 dice: "Colaborar con los órganos judiciales y del Ministerio Público Fiscal en la persecución penal de los delitos reprimidos por esta ley, de acuerdo a las pautas que se establezcan reglamentariamente." Consideramos que esto último no debería ser así, pues el artículo anterior a la modificación se refería a las pautas establecidas por ley. Entendemos, pues, que es una delegación inapropiada.
Uno de los aspectos que más nos preocupa de este proyecto -aclaro que no vamos a aceptar esta modificación- se relaciona con el artículo 18, que sustituye el artículo 19 de la ley 25.246 y sus modificatorias. ¿Por qué entendemos que este artículo es insostenible? Porque convierte a la UIF en un órgano superior a la procuración al pasar por encima de ella e informar directamente al juez interviniente. Asimismo, acota los delitos que investiga la UIF, pues en el texto menciona solamente el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Además, delimita el accionar de la Justicia respecto al momento en que puede hacer un aporte a la investigación. Entendemos que es inapropiado e insostenible.
Finalmente, el artículo 19 sustituye el inciso c) del artículo 21 de la ley 25.246. En este caso, no se entiende por qué está dejando fuera la posibilidad de compartir los legajos a varios de los sujetos obligados. Por ello, sostenemos que "abstenerse de revelar al cliente o a terceros las actuaciones que se estén realizando en cumplimiento de la presente ley", debería estar dirigido a todos los sujetos obligados a los que se refiere el artículo 20 de la citada norma. No hay que excluir la posibilidad de compartir los legajos con las personas que explotan juegos de azar -no lo entendemos-, los registros públicos de comercio, las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades y otros bienes suntuarios, los escribanos públicos, los despachantes de aduana, los organismos de la administración pública, los profesionales matriculados, algunas personas jurídicas, los agentes o corredores inmobiliarios, y las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de autos, camiones, aeronaves, etcétera. No vamos a aceptar esa modificación y adelanto que presentaremos un dictamen propio que refleja nuestra posición.
Quiero compartir el tiempo destinado a hacer uso de la palabra con la señora diputada Tundis.
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY La Presidencia solicita la mayor celeridad posible, porque tenemos sesión y no hay mucho margen de tiempo para la presentación de los dictámenes.
Tiene la palabra la señora diputada Tundis.
Tiene la palabra la señora diputada Tundis.
SRA. TUNDIS Señor presidente: voy a ser breve. Tal como dijo la señora diputada Pitiot, celebro que se haya retirado la modificación a los artículos 153 y 154 respecto del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Ya lo habíamos planteado aquí durante el plenario.
Ese fondo se creó con lo recuperado de las AFJP cuando se creó el SIPA en 2009. Lo cierto es que, si bien no tiene una apertura tan grande para inversiones, se hizo para tener menos riesgo, porque estamos hablando del capital de jubilados y trabajadores. En definitiva, es el dinero de los trabajadores lo que se recuperó y es un fondo anticíclico. Por eso el abanico de inversiones se estableció en esas condiciones, para no correr grandes riesgos.
Muchos de nosotros, en el plenario de las comisiones, planteamos la falta de transparencia y de controles, la posibilidad de crear fondos fiduciarios, financieros o no, etcétera. Esto escapa a la ley de responsabilidad penal empresaria, que establece que ante una operación debe estar la firma de un funcionario con rango no menor al de ministro. Acá puede firmar cualquiera, porque se le otorga autoridad absoluta al ente administrador, que es la ANSES.
Nos parece que faltan los controles necesarios para defender los fondos de quienes son hoy nuestros jubilados y también de quienes se jubilarán en el futuro. Insisto en señalar que ese dinero es el que se recuperó de trabajadores que, lamentablemente, creyeron en los sistemas privados, que terminaron estafándolos. Esto lo demuestra la ley, porque hay más de doscientos mil jubilados del viejo sistema de capitalización que hoy están siendo estafados, de los cuales veinte mil están cobrando menos de un haber mínimo; aproximadamente entre 500 y 1.000 pesos.
Tenemos un proyecto que tuvo dictamen en noviembre de 2016 -unificado con el Frente para la Victoria y otros espacios-, que sirvió para que hoy puedan estar cobrando el haber mínimo. Lamentablemente, la Comisión de Presupuesto y Hacienda lo dejó caer, pero actualmente muchos espacios lo están rescatando.
Reitero que celebro que hayan tomado la decisión responsable de sacar de este proyecto el desfalco que se podía hacer con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, siendo que ya hemos tenido bastantes pruebas con la venta de Petrobras, con Axis, empresa que sabemos a quién pertenece, etcétera.
En la Ley de Reparación Histórica -que se había aceptado en los acuerdos con el oficialismo- se establecía que estaba prohibido que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad pudiera vender acciones de importancia. Se refería solamente a las que estaban en quiebra, en situación de litigio o las que funcionaban con ciertos controles; pero, lamentablemente, se desprendieron de las mejores acciones.
En el "megadecreto", que luego fue dividido en diversos proyectos -uno de los cuales es el que estamos considerando-, se otorga autoridad absoluta a la ANSES para crear fondos fiduciarios, financieros o no, alquilar o prestar títulos y acciones, etcétera. La consecuencia de la creación de fondos fiduciarios con empresas que iban a quedar atomizadas y sobre las cuales no se iban a poder ejercer controles, es algo que explicamos acá.
Nuestro mayor problema era la falta de transparencia y de controles. Insisto que estos fueron los motivos que nos llevaron a plantear en los acuerdos que era inviable aceptar estos cambios respecto del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Sr. Presidente (Lipovetzky).- Tiene la palabra el señor diputado Solanas.
Ese fondo se creó con lo recuperado de las AFJP cuando se creó el SIPA en 2009. Lo cierto es que, si bien no tiene una apertura tan grande para inversiones, se hizo para tener menos riesgo, porque estamos hablando del capital de jubilados y trabajadores. En definitiva, es el dinero de los trabajadores lo que se recuperó y es un fondo anticíclico. Por eso el abanico de inversiones se estableció en esas condiciones, para no correr grandes riesgos.
Muchos de nosotros, en el plenario de las comisiones, planteamos la falta de transparencia y de controles, la posibilidad de crear fondos fiduciarios, financieros o no, etcétera. Esto escapa a la ley de responsabilidad penal empresaria, que establece que ante una operación debe estar la firma de un funcionario con rango no menor al de ministro. Acá puede firmar cualquiera, porque se le otorga autoridad absoluta al ente administrador, que es la ANSES.
Nos parece que faltan los controles necesarios para defender los fondos de quienes son hoy nuestros jubilados y también de quienes se jubilarán en el futuro. Insisto en señalar que ese dinero es el que se recuperó de trabajadores que, lamentablemente, creyeron en los sistemas privados, que terminaron estafándolos. Esto lo demuestra la ley, porque hay más de doscientos mil jubilados del viejo sistema de capitalización que hoy están siendo estafados, de los cuales veinte mil están cobrando menos de un haber mínimo; aproximadamente entre 500 y 1.000 pesos.
Tenemos un proyecto que tuvo dictamen en noviembre de 2016 -unificado con el Frente para la Victoria y otros espacios-, que sirvió para que hoy puedan estar cobrando el haber mínimo. Lamentablemente, la Comisión de Presupuesto y Hacienda lo dejó caer, pero actualmente muchos espacios lo están rescatando.
Reitero que celebro que hayan tomado la decisión responsable de sacar de este proyecto el desfalco que se podía hacer con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, siendo que ya hemos tenido bastantes pruebas con la venta de Petrobras, con Axis, empresa que sabemos a quién pertenece, etcétera.
En la Ley de Reparación Histórica -que se había aceptado en los acuerdos con el oficialismo- se establecía que estaba prohibido que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad pudiera vender acciones de importancia. Se refería solamente a las que estaban en quiebra, en situación de litigio o las que funcionaban con ciertos controles; pero, lamentablemente, se desprendieron de las mejores acciones.
En el "megadecreto", que luego fue dividido en diversos proyectos -uno de los cuales es el que estamos considerando-, se otorga autoridad absoluta a la ANSES para crear fondos fiduciarios, financieros o no, alquilar o prestar títulos y acciones, etcétera. La consecuencia de la creación de fondos fiduciarios con empresas que iban a quedar atomizadas y sobre las cuales no se iban a poder ejercer controles, es algo que explicamos acá.
Nuestro mayor problema era la falta de transparencia y de controles. Insisto que estos fueron los motivos que nos llevaron a plantear en los acuerdos que era inviable aceptar estos cambios respecto del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Sr. Presidente (Lipovetzky).- Tiene la palabra el señor diputado Solanas.
SR. SOLANAS En verdad, me voy a hacer una pregunta en voz alta: ¿cuál fue el interés del gobierno nacional de imponer este artículo, primero en un decreto que rechazamos de cuajo y luego en esta mélange de tres proyectos? Yo no celebro que lo saquen y me pregunto por qué lo incluyeron. ¿Cuál fue el interés del gobierno nacional? ¿Qué inspiró a quienes lo elaboraron?
No voy a abundar en lo que dijo recién la señora diputada Tundis, con quien concuerdo en todo menos en la celebración porque me gustaría saber cuál fue ese interés. Tiene que ver, veladamente, con volver a dar un negocio a las AFJP, como fue alguna vez en la República Argentina.
Abonamos el sistema de la seguridad social solidaria y de reparto. Ratificamos, desde el bloque del Frente para la Victoria, la concepción de recuperar los fondos de los jubilados y de los trabajadores de la República Argentina. Fíjese que lo decía ayer algún diputado: hay que ser conservador -es absolutamente inverso el criterio que inspiró a quienes mandaron este proyecto de ley- y resguardar el dinero de los jubilados actuales y de los que vendrán.
Por eso, quiero dejar en claro que no celebro y me pregunto: ¿por qué el intento de apropiarse del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los trabajadores y de los jubilados? Esa pregunta queda para que la contesten, o no; pero lo cierto es que nos vamos a oponer a cualquier intento de volver a un sistema que no tiene nada que ver con los trabajadores y con los jubilados de la República Argentina.
Adelanto, y quiero que quede constancia en la versión taquigráfica, que nuestro bloque se va a oponer a cualquier intento de apropiarse del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los trabajadores y de los jubilados. Lo pregunto nuevamente, señor presidente: ¿por qué este intento que algunos ahora celebran pero que no tendría que haberse hecho nunca?
No voy a abundar en lo que dijo recién la señora diputada Tundis, con quien concuerdo en todo menos en la celebración porque me gustaría saber cuál fue ese interés. Tiene que ver, veladamente, con volver a dar un negocio a las AFJP, como fue alguna vez en la República Argentina.
Abonamos el sistema de la seguridad social solidaria y de reparto. Ratificamos, desde el bloque del Frente para la Victoria, la concepción de recuperar los fondos de los jubilados y de los trabajadores de la República Argentina. Fíjese que lo decía ayer algún diputado: hay que ser conservador -es absolutamente inverso el criterio que inspiró a quienes mandaron este proyecto de ley- y resguardar el dinero de los jubilados actuales y de los que vendrán.
Por eso, quiero dejar en claro que no celebro y me pregunto: ¿por qué el intento de apropiarse del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los trabajadores y de los jubilados? Esa pregunta queda para que la contesten, o no; pero lo cierto es que nos vamos a oponer a cualquier intento de volver a un sistema que no tiene nada que ver con los trabajadores y con los jubilados de la República Argentina.
Adelanto, y quiero que quede constancia en la versión taquigráfica, que nuestro bloque se va a oponer a cualquier intento de apropiarse del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los trabajadores y de los jubilados. Lo pregunto nuevamente, señor presidente: ¿por qué este intento que algunos ahora celebran pero que no tendría que haberse hecho nunca?
SR. TONELLI ¿Puedo contestar al señor diputado, señor presidente?
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Sí, señor diputado.
Tiene la palabra el señor diputado Tonelli.
Tiene la palabra el señor diputado Tonelli.
SR. TONELLI Señor presidente: no se trata de apropiarse de los fondos de los jubilados ni de nadie. Simplemente, se trata de dar a la ANSES más posibilidades a la hora de administrar los fondos. Pero no hay apropiación ni traspaso ni nada de eso. Invito al señor diputado a que lea el artículo, porque si lo hace se va a dar cuenta. Simplemente, se trata de dar a la ANSES más herramientas para administrar mejor los fondos de los jubilados.
SR. SOLANAS Me alegra que el diputado Bonelli... (Risas.) Perdón, Tonelli, abone, resguarde y respalde un sistema que tiene que ver fundamentalmente con la timba.
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY Tiene la palabra el señor diputado Doñate.
SR. DOÑATE Señor presidente: además de acompañar lo que ha dicho nuestro compañero Solanas, informo que desde nuestro bloque suscribiremos un dictamen para rechazar este proyecto de ley, tal como hicimos con las otras dos iniciativas derivadas del decreto del Poder Ejecutivo. Los fundamentos los ampliaremos en el debate que vamos a dar dentro de un par de horas en el pleno de la Cámara.
Trataré de ser breve. Podríamos repetir el argumento de la inconstitucionalidad del DNU, hablar de la mentira de este mascarón de proa que es la desburocratización -ya que, en realidad, es la desregulación y el retiro del Estado de sus facultades de control- y referirnos a la inconexión que hay entre los capítulos no solo del DNU sino también de los proyectos de ley.
Además, no quiero dejar de señalar una irregularidad que observamos no en este debate en particular sino en el de los otros dos proyectos: la falta de participación de algunas comisiones que, a nuestro juicio, tendrían que haber estado presentes, y de los dictámenes correspondientes. Quiero subrayar esta grave irregularidad de la Cámara.
Trataré de ser breve. Podríamos repetir el argumento de la inconstitucionalidad del DNU, hablar de la mentira de este mascarón de proa que es la desburocratización -ya que, en realidad, es la desregulación y el retiro del Estado de sus facultades de control- y referirnos a la inconexión que hay entre los capítulos no solo del DNU sino también de los proyectos de ley.
Además, no quiero dejar de señalar una irregularidad que observamos no en este debate en particular sino en el de los otros dos proyectos: la falta de participación de algunas comisiones que, a nuestro juicio, tendrían que haber estado presentes, y de los dictámenes correspondientes. Quiero subrayar esta grave irregularidad de la Cámara.
SR. PRESIDENTE LIPOVETZKY No hay más pedidos para hacer uso de la palabra.
A quienes vayan a presentar dictámenes, la Presidencia les pide que lo hagan de manera urgente ya que tenemos muy poco tiempo antes de llegar al recinto. En este caso, no es posible dar el plazo usual de dos horas porque en una hora deberían estar presentados.
Seguiremos debatiendo sobre este asunto en el recinto. En cuanto al tema de fondo, en algún momento lo vamos a considerar en la Comisión de Previsión y Seguridad Social. Se trata de un debate que debemos darnos. Al respecto, ratificamos que estamos a favor del sistema público de reparto; ya lo hicimos durante el tratamiento de la ley de reparación histórica que sancionamos en 2016.
Sin más asuntos que tratar, damos por finalizada la reunión.
A quienes vayan a presentar dictámenes, la Presidencia les pide que lo hagan de manera urgente ya que tenemos muy poco tiempo antes de llegar al recinto. En este caso, no es posible dar el plazo usual de dos horas porque en una hora deberían estar presentados.
Seguiremos debatiendo sobre este asunto en el recinto. En cuanto al tema de fondo, en algún momento lo vamos a considerar en la Comisión de Previsión y Seguridad Social. Se trata de un debate que debemos darnos. Al respecto, ratificamos que estamos a favor del sistema público de reparto; ya lo hicimos durante el tratamiento de la ley de reparación histórica que sancionamos en 2016.
Sin más asuntos que tratar, damos por finalizada la reunión.
Es la hora 9 y 41.