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LEGISLACION GENERAL
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P02 Oficina 234
Of. Administrativa: Piso P02 Oficina 235
Secretario Administrativo DR. TRIANTAFILO GUILLERMO
Miércoles 16.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 60752248 Internos 2248
clgeneral@hcdn.gob.ar
- ASUNTOS CONSTITUCIONALES
- LEGISLACION GENERAL
Reunión del día 30/05/2017
- REUNIÓN INFORMATIVA
INVITADOS
- señor Adrian Peréz Representante: Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los treinta días del mes de mayo de 2017, a la hora 14 y 29:
SR. PRESIDENTE TONELLI Pasada la media hora del horario de convocatoria y dado que esta es una reunión meramente informativa de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, vamos a dar comienzo a la reunión convocada para el día de la fecha.
Está presente el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Adrián Pérez, quien hará la presentación del proyecto de ley que fuera enviado por el Poder Ejecutivo sobre regulación de la gestión de intereses.
También nos acompaña la subsecretaria de fortalecimiento institucional del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Marina Carbajal, y la subsecretaria de relaciones parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, Alejandra Svetaz, a quien seguramente todos conocen por su pasado aquí en el Congreso.
Al término de esta reunión, siempre y cuando tengamos quórum, tenemos previsto realizar una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales solamente.
Tiene la palabra el señor Adrián Pérez, que no necesita presentación ya que todos lo conocen por su pasado como diputado de la Nación durante más tiempo que el que lleva como secretario de Estado, y lo consideramos uno de los nuestros.
Está presente el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Adrián Pérez, quien hará la presentación del proyecto de ley que fuera enviado por el Poder Ejecutivo sobre regulación de la gestión de intereses.
También nos acompaña la subsecretaria de fortalecimiento institucional del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Marina Carbajal, y la subsecretaria de relaciones parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, Alejandra Svetaz, a quien seguramente todos conocen por su pasado aquí en el Congreso.
Al término de esta reunión, siempre y cuando tengamos quórum, tenemos previsto realizar una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales solamente.
Tiene la palabra el señor Adrián Pérez, que no necesita presentación ya que todos lo conocen por su pasado como diputado de la Nación durante más tiempo que el que lleva como secretario de Estado, y lo consideramos uno de los nuestros.
SR. PERÉZ Señor presidente: es un gusto estar de nuevo en esta casa. Voy a ser muy breve y luego vemos si hay preguntas, ya que es un proyecto sencillo.
Desde la Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales pensamos que había que impulsar tres iniciativas con un mismo sentido y una misma idea, que era la de hacer eje en la transparencia y la equidad.
La primera norma ya fue sancionada por el Congreso, comienza a regir a partir de octubre, y es la Ley de Derecho de Acceso a la Información Púbica. Dicho sea de paso, hace unos días estuvieron presentes en la Argentina integrantes de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública Iberoamericana, representantes de los países que tienen una ley de acceso a la información pública y de los órganos de aplicación. En dicha oportunidad, se hizo una evaluación muy positiva respecto de nuestra norma como una iniciativa que cumple con los estándares de ley modelo de la OEA, que es de avanzada y muy importante en la región.
La segunda ley es el proyecto que enviamos de lobby o de gestión de intereses. Y la tercera, una que enviaremos prontamente de financiamiento de los partidos políticos.
Desde la Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales pensamos que había que impulsar tres iniciativas con un mismo sentido y una misma idea, que era la de hacer eje en la transparencia y la equidad.
La primera norma ya fue sancionada por el Congreso, comienza a regir a partir de octubre, y es la Ley de Derecho de Acceso a la Información Púbica. Dicho sea de paso, hace unos días estuvieron presentes en la Argentina integrantes de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública Iberoamericana, representantes de los países que tienen una ley de acceso a la información pública y de los órganos de aplicación. En dicha oportunidad, se hizo una evaluación muy positiva respecto de nuestra norma como una iniciativa que cumple con los estándares de ley modelo de la OEA, que es de avanzada y muy importante en la región.
La segunda ley es el proyecto que enviamos de lobby o de gestión de intereses. Y la tercera, una que enviaremos prontamente de financiamiento de los partidos políticos.
SR. PRESIDENTE TONELLI Perdón por la interrupción.
Aprovecho la referencia que hace Adrián Pérez a la ley de financiamiento para informarles -o recordarles a los que ya lo saben- que hemos convocado a una reunión de carácter informativo para el próximo martes a las 11 para escuchar a un profesor de la Universidad de Nueva York que es un experto en temas de financiamiento, que está visitando el país y que lo vamos a aprovechar para que se refiera precisamente a financiamiento electoral.
Tenemos la ventaja de que este profesor, además de ser un experto en la materia, habla perfecto castellano.
Así que quedan todos invitados, sean o no integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales, a participar de esa reunión el próximo martes a las 11.
Continúa en el uso de la palabra el señor secretario de Asuntos Políticos.
Aprovecho la referencia que hace Adrián Pérez a la ley de financiamiento para informarles -o recordarles a los que ya lo saben- que hemos convocado a una reunión de carácter informativo para el próximo martes a las 11 para escuchar a un profesor de la Universidad de Nueva York que es un experto en temas de financiamiento, que está visitando el país y que lo vamos a aprovechar para que se refiera precisamente a financiamiento electoral.
Tenemos la ventaja de que este profesor, además de ser un experto en la materia, habla perfecto castellano.
Así que quedan todos invitados, sean o no integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales, a participar de esa reunión el próximo martes a las 11.
Continúa en el uso de la palabra el señor secretario de Asuntos Políticos.
SR. PÉREZ Otra cosa que quiero comentar muy brevemente es que para llegar a este proyecto hicimos una especie de proceso participativo para la elaboración de normas, convocando en el ámbito del Poder Ejecutivo a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema de la transparencia, a sindicatos, a representantes de empresarios, etcétera. En este sentido, participaron representantes de la UIA, de CAME, de las entidades agropecuarias y varias ONGs que trabajan temas de transparencia.
Así fuimos tomando y recabando ese material, que en septiembre de 2016 terminó en un documento que está colgado en la página del Ministerio del Interior denominado "Encuentro de Debate Institucional: Para una Gestión de Intereses transparente, íntegra y participativa". Ese documento refleja el contenido de esas reuniones que llevamos adelante en el Poder Ejecutivo y que de alguna forma son los fundamentos del proyecto de ley que hemos enviado al Congreso de la Nación.
Todos sabemos que hay una relación entre lo público y lo privado en forma permanente, tanto en el ámbito del Congreso como en el del Ejecutivo, y en ese marco de la relación entre los sectores que, insisto, va desde el sector empresario hasta sectores de la sociedad civil, intentan incidir manifestando su interés para que se sancione, para que se corrija o para que se aplique una determinada normativa.
En la medida en que sea trasparente, eso no es malo en sí mismo. Se trata de una acción cotidiana.
Lo que nosotros pretendemos con esta norma es simplemente que ese proceso de diálogo que se da entre el sector público y el sector privado sea absolutamente trasparente y pueda ser conocido por la ciudadanía.
Lo que se propicia es que cada una de las reuniones que tenga el sector público con el privado quede asentada en un registro de audiencias -donde se establezca el día, la hora, el motivo y el contenido de las reuniones- y que el mismo sea de acceso público y ciudadano.
En cuanto a quiénes consideramos que deben ser los sujetos obligados, obviamente será el Poder Ejecutivo, sus funcionarios hasta el rango de Presidente y de director nacional, los miembros del Congreso de la Nación, de la AGN, el defensor del Pueblo, el regulador Penitenciario, las empresas del Estado. En realidad, en cuanto a los sujetos obligados hemos sido bastante ambiciosos, como creo que también lo hemos sido con los sujetos obligados en la ley de Acceso a la Información Pública.
No estamos partiendo de cero, sino de un buen antecedente, el decreto 1172. En materia de acceso a la información pública partimos del mismo antecedente. En el caso de este decreto, no queda el registro de audiencias y se circunscribe exclusivamente al ámbito del Poder Ejecutivo. Nosotros acá lo estamos haciendo abierto, como decía anteriormente, y extensivo al Poder Legislativo, a las empresas del Estado, al defensor del Pueblo, etcétera.
Por su parte, establecemos una cláusula mediante la cual, luego de escuchar a un sector en determinada temática, se debe abrir la posibilidad de escuchar a quienes tienen una posición divergente o diferente sobre el tema.
En los países donde hay leyes sobre gestión de intereses o lobby, no solo se promueve la trasparencia, sino también la igualdad de trato. Esto también se establece en el proyecto.
Cuando comenzamos a trabajar sobre este tema, además de convocar a distintas organizaciones -como dije anteriormente- convocamos también a expertos, académicos y funcionarios que aplican leyes de gestión de intereses en otros países. En este sentido, nos resultó particularmente interesante la presencia en estos talleres de integrantes del Consejo para la Transparencia, de Chile. Dicho país tiene una buena legislación y en general produjo buenos avances en materia institucional.
Existen dos posiciones en materia de gestión de intereses. En lo que hace a la regulación del lobby, algunos países establecen dos registraciones, una desde el sector público y otra de los "lobbistas". Es decir, por un lado hay un registro que efectúa el funcionario cuando realiza la audiencia -para que la misma quede registrada, pueda ser conocida, pública y trasparente- y, por otro, hay un registro de "lobbistas", por lo que quien quiere acceder a un funcionario debe quedar previamente registrado. Algunos países tienen una visión integral de estas dos registraciones y otros de una sola registración, como la que propiciamos nosotros.
En el caso de Chile, los funcionarios que vinieron aquí nos sugirieron comenzar en una primera etapa solo con una registración como obligatoria para los funcionarios.
Para ellos lejos de ser un avance era una dificultad, porque en definitiva la registración de "lobbistas" terminó siendo un esquema muy rígido, muy burocrático. Nadie quería registrarse. Por lo tanto, se dificultaba también la registración de la audiencia para el funcionario público. Los mismos funcionarios allí decían: "Si tuviéramos que empezar de nuevo, lo haríamos por un régimen exclusivamente de registración y obligación para los funcionarios públicos". Esto de alguna manera también surgió en las reuniones que llevamos adelante.
Del documento que señalaba anteriormente -que voy a dejar a la Presidencia-, quiero remarcar lo que se manifestó en estas reuniones respecto del registro de audiencias. Allí dice lo siguiente: "Quienes se oponen a una eventual creación de un Registro de Gestores, afirman que acrecienta la burocratización y la rigidez, lo que pone trabas a la actividad, carga de obligaciones legales y puede generar evasión o reticencia por parte de los 'lobbistas'. Tal registro puede generar el efecto alfombra roja, que implica legitimar determinados 'cotos' de acceso a funcionarios o a determinados operadores como única vía de acceso a las autoridades públicas." "También se lo considera restrictivo para minorías, gestores con poca incidencia, representantes de sectores poco influyentes, gestores no profesionales o no remunerados, y/o intereses espontáneos o contingentes -que necesitan una audiencia por un tema puntual y no se encuentran inscriptos ni forman parte de organizaciones formalizadas. Por último, se enfatizó que tener un registro de gestores iría en contra del principio de equidad oportunamente planteado."
Les cuento esto porque una de las cosas que debatimos fue qué camino elegir. Optamos por el que parece más simple, menos burocrático y menos rígido, y estamos convencidos de que va a ayudar muchísimo: es el camino correcto para poner transparencia a las relaciones que existen entre el sector público y el sector privado.
El régimen de sanciones no difiere del régimen de sanciones de la ley de ética pública o del que contempla la ley de acceso a la información pública; tampoco difiere mucho del régimen preexistente en el decreto 1172/2003.
Finalmente, también teniendo en cuenta que hay una ley de acceso a la información pública que crea organismos encargados para su aplicación y que estos tienen determinadas características -son autónomos, establecen un proceso de designación con participación ciudadana, son autárquicos, etcétera-, lo que nosotros proponemos es que esos mismos organismos que se están creando a partir de octubre sean también los encargados de velar por la aplicación de la ley de lobby.
Esa es la presentación en términos generales. Obviamente, quedo abierto a las preguntas que quieran realizar.
Así fuimos tomando y recabando ese material, que en septiembre de 2016 terminó en un documento que está colgado en la página del Ministerio del Interior denominado "Encuentro de Debate Institucional: Para una Gestión de Intereses transparente, íntegra y participativa". Ese documento refleja el contenido de esas reuniones que llevamos adelante en el Poder Ejecutivo y que de alguna forma son los fundamentos del proyecto de ley que hemos enviado al Congreso de la Nación.
Todos sabemos que hay una relación entre lo público y lo privado en forma permanente, tanto en el ámbito del Congreso como en el del Ejecutivo, y en ese marco de la relación entre los sectores que, insisto, va desde el sector empresario hasta sectores de la sociedad civil, intentan incidir manifestando su interés para que se sancione, para que se corrija o para que se aplique una determinada normativa.
En la medida en que sea trasparente, eso no es malo en sí mismo. Se trata de una acción cotidiana.
Lo que nosotros pretendemos con esta norma es simplemente que ese proceso de diálogo que se da entre el sector público y el sector privado sea absolutamente trasparente y pueda ser conocido por la ciudadanía.
Lo que se propicia es que cada una de las reuniones que tenga el sector público con el privado quede asentada en un registro de audiencias -donde se establezca el día, la hora, el motivo y el contenido de las reuniones- y que el mismo sea de acceso público y ciudadano.
En cuanto a quiénes consideramos que deben ser los sujetos obligados, obviamente será el Poder Ejecutivo, sus funcionarios hasta el rango de Presidente y de director nacional, los miembros del Congreso de la Nación, de la AGN, el defensor del Pueblo, el regulador Penitenciario, las empresas del Estado. En realidad, en cuanto a los sujetos obligados hemos sido bastante ambiciosos, como creo que también lo hemos sido con los sujetos obligados en la ley de Acceso a la Información Pública.
No estamos partiendo de cero, sino de un buen antecedente, el decreto 1172. En materia de acceso a la información pública partimos del mismo antecedente. En el caso de este decreto, no queda el registro de audiencias y se circunscribe exclusivamente al ámbito del Poder Ejecutivo. Nosotros acá lo estamos haciendo abierto, como decía anteriormente, y extensivo al Poder Legislativo, a las empresas del Estado, al defensor del Pueblo, etcétera.
Por su parte, establecemos una cláusula mediante la cual, luego de escuchar a un sector en determinada temática, se debe abrir la posibilidad de escuchar a quienes tienen una posición divergente o diferente sobre el tema.
En los países donde hay leyes sobre gestión de intereses o lobby, no solo se promueve la trasparencia, sino también la igualdad de trato. Esto también se establece en el proyecto.
Cuando comenzamos a trabajar sobre este tema, además de convocar a distintas organizaciones -como dije anteriormente- convocamos también a expertos, académicos y funcionarios que aplican leyes de gestión de intereses en otros países. En este sentido, nos resultó particularmente interesante la presencia en estos talleres de integrantes del Consejo para la Transparencia, de Chile. Dicho país tiene una buena legislación y en general produjo buenos avances en materia institucional.
Existen dos posiciones en materia de gestión de intereses. En lo que hace a la regulación del lobby, algunos países establecen dos registraciones, una desde el sector público y otra de los "lobbistas". Es decir, por un lado hay un registro que efectúa el funcionario cuando realiza la audiencia -para que la misma quede registrada, pueda ser conocida, pública y trasparente- y, por otro, hay un registro de "lobbistas", por lo que quien quiere acceder a un funcionario debe quedar previamente registrado. Algunos países tienen una visión integral de estas dos registraciones y otros de una sola registración, como la que propiciamos nosotros.
En el caso de Chile, los funcionarios que vinieron aquí nos sugirieron comenzar en una primera etapa solo con una registración como obligatoria para los funcionarios.
Para ellos lejos de ser un avance era una dificultad, porque en definitiva la registración de "lobbistas" terminó siendo un esquema muy rígido, muy burocrático. Nadie quería registrarse. Por lo tanto, se dificultaba también la registración de la audiencia para el funcionario público. Los mismos funcionarios allí decían: "Si tuviéramos que empezar de nuevo, lo haríamos por un régimen exclusivamente de registración y obligación para los funcionarios públicos". Esto de alguna manera también surgió en las reuniones que llevamos adelante.
Del documento que señalaba anteriormente -que voy a dejar a la Presidencia-, quiero remarcar lo que se manifestó en estas reuniones respecto del registro de audiencias. Allí dice lo siguiente: "Quienes se oponen a una eventual creación de un Registro de Gestores, afirman que acrecienta la burocratización y la rigidez, lo que pone trabas a la actividad, carga de obligaciones legales y puede generar evasión o reticencia por parte de los 'lobbistas'. Tal registro puede generar el efecto alfombra roja, que implica legitimar determinados 'cotos' de acceso a funcionarios o a determinados operadores como única vía de acceso a las autoridades públicas." "También se lo considera restrictivo para minorías, gestores con poca incidencia, representantes de sectores poco influyentes, gestores no profesionales o no remunerados, y/o intereses espontáneos o contingentes -que necesitan una audiencia por un tema puntual y no se encuentran inscriptos ni forman parte de organizaciones formalizadas. Por último, se enfatizó que tener un registro de gestores iría en contra del principio de equidad oportunamente planteado."
Les cuento esto porque una de las cosas que debatimos fue qué camino elegir. Optamos por el que parece más simple, menos burocrático y menos rígido, y estamos convencidos de que va a ayudar muchísimo: es el camino correcto para poner transparencia a las relaciones que existen entre el sector público y el sector privado.
El régimen de sanciones no difiere del régimen de sanciones de la ley de ética pública o del que contempla la ley de acceso a la información pública; tampoco difiere mucho del régimen preexistente en el decreto 1172/2003.
Finalmente, también teniendo en cuenta que hay una ley de acceso a la información pública que crea organismos encargados para su aplicación y que estos tienen determinadas características -son autónomos, establecen un proceso de designación con participación ciudadana, son autárquicos, etcétera-, lo que nosotros proponemos es que esos mismos organismos que se están creando a partir de octubre sean también los encargados de velar por la aplicación de la ley de lobby.
Esa es la presentación en términos generales. Obviamente, quedo abierto a las preguntas que quieran realizar.
SR. PRESIDENTE TONELLI Muchas gracias, señor secretario. Personalmente creo que la norma tiene dos aspectos destacables. El primero es la sencillez y la brevedad. El segundo tiene que ver con lo que recién se señalaba, es decir, con la posibilidad de aprovechar la existencia de los órganos encargados de la aplicación de la ley de acceso a la información pública para darles la atribución de ser la autoridad de aplicación de esta misma norma. De manera tal que sin crear nuevas estructuras burocráticas ni nuevos organismos, estimo que se podrá lograr una eficiente y ágil aplicación de la ley. En ese sentido, celebro la iniciativa.
Si algún diputado quiere hacer una alguna pregunta, el secretario está a su disposición.
Tiene la palabra la señora diputada Banfi.
Si algún diputado quiere hacer una alguna pregunta, el secretario está a su disposición.
Tiene la palabra la señora diputada Banfi.
SRA. BANFI En primer lugar, más que una pregunta quisiera hacer un comentario.
Celebro la idea y la iniciativa por parte del Poder Ejecutivo de avanzar con este tipo de normas. Como dijimos el año pasado cuando trabajamos en esta misma comisión, la ley de acceso a la información pública era la nave nodriza de una plataforma de distintas normas que tenían que empezar a surgir en el marco jurídico argentino, principalmente para fortalecer la lucha contra la corrupción y para permitir la transparencia a todos aquellos que administramos y gestionamos fondos públicos.
En ese sentido, me parece importante destacar la sencillez de esta norma y celebro que así sea.
Creo que lo más importante del planteo que realiza el señor secretario es poder apoyarse en la experiencia comparada, no inventar la rueda, sino aprovechar aquellos canales de diálogo que se van gestando a nivel internacional, y especialmente a partir de la experiencia en la implementación que llevó adelante Chile.
Efectivamente, he conversado con funcionarios chilenos y plantean una cuestión más progresiva. A veces, impulsados por la innovación, podemos producir algún tipo de anclas. Al tomar un circuito progresivo en este tipo de normas, donde hay que adecuar todo un sistema que incluye no solamente al sector público, sino también al privado, es importante ir acompañando este aprendizaje.
El valor que tiene un proyecto de este tipo representa un nuevo modo de gobernar, a través de la cooperación y la colaboración entre diferentes sectores, el de la sociedad civil y el sector privado, con respecto a la relación con el sector público.
Hay algunas cuestiones que se podrían incorporar, pero eso lo vamos a dejar para tratar en la reunión de asesores.
Destaco el compromiso de la Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales por dar fortalecimiento a una agenda de transparencia a partir del trabajo que se inició el año pasado en este cambio de época.
Celebro la idea y la iniciativa por parte del Poder Ejecutivo de avanzar con este tipo de normas. Como dijimos el año pasado cuando trabajamos en esta misma comisión, la ley de acceso a la información pública era la nave nodriza de una plataforma de distintas normas que tenían que empezar a surgir en el marco jurídico argentino, principalmente para fortalecer la lucha contra la corrupción y para permitir la transparencia a todos aquellos que administramos y gestionamos fondos públicos.
En ese sentido, me parece importante destacar la sencillez de esta norma y celebro que así sea.
Creo que lo más importante del planteo que realiza el señor secretario es poder apoyarse en la experiencia comparada, no inventar la rueda, sino aprovechar aquellos canales de diálogo que se van gestando a nivel internacional, y especialmente a partir de la experiencia en la implementación que llevó adelante Chile.
Efectivamente, he conversado con funcionarios chilenos y plantean una cuestión más progresiva. A veces, impulsados por la innovación, podemos producir algún tipo de anclas. Al tomar un circuito progresivo en este tipo de normas, donde hay que adecuar todo un sistema que incluye no solamente al sector público, sino también al privado, es importante ir acompañando este aprendizaje.
El valor que tiene un proyecto de este tipo representa un nuevo modo de gobernar, a través de la cooperación y la colaboración entre diferentes sectores, el de la sociedad civil y el sector privado, con respecto a la relación con el sector público.
Hay algunas cuestiones que se podrían incorporar, pero eso lo vamos a dejar para tratar en la reunión de asesores.
Destaco el compromiso de la Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales por dar fortalecimiento a una agenda de transparencia a partir del trabajo que se inició el año pasado en este cambio de época.
SRA. CARRIZO Señor presidente: celebro también que haya llegado a presentarse este proyecto ya que hemos trabajado en el mismo en diferentes eventos.
Lo que me parece interesante, y lo dejo como inquietud, es ver el modo de incorporar la defensa de voces. Es decir, igual trato para todos. Es obvio que el registro de funcionarios recepta con quiénes se reúnen y demás, pero hay que garantizar el igual trato cuando ingresa un interés con un funcionario.
Por lo tanto, habría que ver el modo de garantizar esa equidad en la influencia cuando los funcionarios registran un interés incisivo de parte de alguna asociación, lobby, etcétera. En este sentido, vamos a estudiar alguna propuesta para acercarles.
Lo que me parece interesante, y lo dejo como inquietud, es ver el modo de incorporar la defensa de voces. Es decir, igual trato para todos. Es obvio que el registro de funcionarios recepta con quiénes se reúnen y demás, pero hay que garantizar el igual trato cuando ingresa un interés con un funcionario.
Por lo tanto, habría que ver el modo de garantizar esa equidad en la influencia cuando los funcionarios registran un interés incisivo de parte de alguna asociación, lobby, etcétera. En este sentido, vamos a estudiar alguna propuesta para acercarles.
SR. PÉREZ El artículo 9° del presente proyecto prevé la igualdad de trato. De todas formas, es cierto que no es un artículo muy reglamentarista y eso se debe a que preveíamos que la autoridad de aplicación quizá podía reglamentarlo, pero tranquilamente podría estar reglamentado en la norma y establecer un procedimiento para garantizar esa igualdad de trato que es un aspecto importante para nosotros también.
Es la hora 14 y 49.